# Diario Oficial C 111/2011

| | ISSN 1725-244X
  doi:10.3000/1725244X.C_2011.111.spa |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 111 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 54o año9 de abril de 2011 |

ISSN 1725-244X

doi:10.3000/1725244X.C_2011.111.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 111

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

54o año9 de abril de 2011

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | II   Comunicaciones |
| | COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Comisión Europea |
| 2011/C 111/01 | Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones (
  1
  ) | 1 |
| 2011/C 111/02 | Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones (
  2
  ) | 5 |
| 2011/C 111/03 | No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6147 — Rosneft Oil Company/BP/Ruhr Oel) (
  2
  ) | 9 |
| 2011/C 111/04 | No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6116 — Europ Assistance France/Malakoff Mederic/EAP France) (
  2
  ) | 9 |

Número de información

Sumario

Página

II   Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

2011/C 111/01

Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones (
  1
  )

1

1

2011/C 111/02

Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones (
  2
  )

2

5

2011/C 111/03

No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6147 — Rosneft Oil Company/BP/Ruhr Oel) (
  2
  )

2

9

2011/C 111/04

No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6116 — Europ Assistance France/Malakoff Mederic/EAP France) (
  2
  )

2

9

| | IV   Información |
| --- | --- |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Comisión Europea |
| 2011/C 111/05 | Tipo de cambio del euro | 10 |
| 2011/C 111/06 | Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido en su reunión, de 2 de julio de 2010, en relación con un proyecto de Decisión relativa al Asunto COMP/38.866 (1) — Fosfatos para alimentación animal — Ponente: Grecia | 11 |
| 2011/C 111/07 | Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido en su reunión, de 16 de julio de 2010, en relación con un proyecto de Decisión relativa al Asunto COMP/38.866 (2) — Fosfatos para alimentación animal — Ponente: Grecia | 12 |
| 2011/C 111/08 | Informe final del Consejero Auditor — Asunto COMP/38.866 — Fosfatos para alimentación animal | 13 |
| 2011/C 111/09 | Resumen de la Decisión de la Comisión, de 20 de julio de 2010, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/38.866 — Fosfatos para alimentación animal) [notificada con el número C(2010) 5004]
   (
  2
  ) | 15 |
| 2011/C 111/10 | Resumen de la Decisión de la Comisión, de 20 de julio de 2010, relativa a un procedimiento en virtud al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/38.866 — Fosfatos para alimentación animal) [notificada con el número C(2010) 5004]
   (
  2
  ) | 19 |

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

2011/C 111/05

Tipo de cambio del euro

10

2011/C 111/06

Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido en su reunión, de 2 de julio de 2010, en relación con un proyecto de Decisión relativa al Asunto COMP/38.866 (1) — Fosfatos para alimentación animal — Ponente: Grecia

11

2011/C 111/07

Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido en su reunión, de 16 de julio de 2010, en relación con un proyecto de Decisión relativa al Asunto COMP/38.866 (2) — Fosfatos para alimentación animal — Ponente: Grecia

12

2011/C 111/08

Informe final del Consejero Auditor — Asunto COMP/38.866 — Fosfatos para alimentación animal

13

2011/C 111/09

Resumen de la Decisión de la Comisión, de 20 de julio de 2010, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/38.866 — Fosfatos para alimentación animal) [notificada con el número C(2010) 5004]
   (
  2
  )

[notificada con el número C(2010) 5004]

2

15

2011/C 111/10

Resumen de la Decisión de la Comisión, de 20 de julio de 2010, relativa a un procedimiento en virtud al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/38.866 — Fosfatos para alimentación animal) [notificada con el número C(2010) 5004]
   (
  2
  )

[notificada con el número C(2010) 5004]

2

19

| | V   Anuncios |
| --- | --- |
| | PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA |
| | Comisión Europea |
| 2011/C 111/11 | Ayuda estatal — Alemania — Ayuda estatal C 33/10 (ex N 700/09) — Ayuda a los productores de metales no férreos para los costes del CO2 en los precios de la electricidad — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (
  2
  ) | 22 |
| 2011/C 111/12 | Ayuda estatal — Portugal — Ayuda estatal C 28/10 (ex NN 19/10) — Seguro de crédito a la exportación a corto plazo — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del TFUE (
  2
  ) | 46 |
| 2011/C 111/13 | Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.6170 — First Reserve Fund XII/Finmeccanica/Ansaldo Energia) (
  2
  ) | 54 |

V   Anuncios

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión Europea

2011/C 111/11

Ayuda estatal — Alemania — Ayuda estatal C 33/10 (ex N 700/09) — Ayuda a los productores de metales no férreos para los costes del CO2 en los precios de la electricidad — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (
  2
  )

2

2

22

2011/C 111/12

Ayuda estatal — Portugal — Ayuda estatal C 28/10 (ex NN 19/10) — Seguro de crédito a la exportación a corto plazo — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del TFUE (
  2
  )

2

46

2011/C 111/13

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.6170 — First Reserve Fund XII/Finmeccanica/Ansaldo Energia) (
  2
  )

2

54

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Texto pertinente a efectos del EEE excepto en lo referente a los productos contemplados en el anexo I del Tratado |
| | (2)   Texto pertinente a efectos del EEE |

---

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE excepto en lo referente a los productos contemplados en el anexo I del Tratado

1

(2)   Texto pertinente a efectos del EEE

2

| ES | |
| --- | --- |

ES

---

II Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

| 9.4.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 111/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.4.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 111/1

---

Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE

Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

(Texto pertinente a efectos del EEE excepto en lo referente a los productos contemplados en el anexo I del Tratado)

2011/C 111/01

| Fecha de adopción de la Decisión | 10.2.2011 |
| --- | --- |
| Número de referencia de ayuda estatal | NN 58/05 (ex N 576/2000) |
| Estado miembro | Reino Unido de Gran Bretaña |
| Región | Scotland |
| Denominación (y/o nombre del beneficiario) | Modification of the Rural Development Plan for Scotland: Stand alone Aids |
| Base jurídica | | ESA Scheme
  The Agriculture Act 1986 (Section 18) |

Fecha de adopción de la Decisión

10.2.2011

Número de referencia de ayuda estatal

NN 58/05 (ex N 576/2000)

Estado miembro

Reino Unido de Gran Bretaña

Región

Scotland

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Modification of the Rural Development Plan for Scotland: Stand alone Aids

Base jurídica

ESA Scheme

The Agriculture Act 1986 (Section 18)

| | CPS
  Section 98 of the Environment Act 1995
  The Countryside Premium Scheme (Scotland) Regulations 1997: SI 1997 No 330 (S.23) |
| --- | --- |

CPS

Section 98 of the Environment Act 1995

The Countryside Premium Scheme (Scotland) Regulations 1997: SI 1997 No 330 (S.23)

| | RSS
  Section 98 of the Environment Act 1995
  The Rural Stewardship Scheme (Scotland) Regulations 2001
  The Rural Stewardship Scheme (Scotland) Amendment Regulations 2003
  The Rural Stewardship Scheme (Scotland) Amendment (No 2) Regulations 2003 |
| --- | --- |

RSS

Section 98 of the Environment Act 1995

The Rural Stewardship Scheme (Scotland) Regulations 2001

The Rural Stewardship Scheme (Scotland) Amendment Regulations 2003

The Rural Stewardship Scheme (Scotland) Amendment (No 2) Regulations 2003

| | OAS
  The Organic Aid (Scotland) Regulations 1994
  The Organic Aid (Scotland) Amendment Regulations 1996
  The Organic Aid (Scotland) Amendment Regulations 1999
  The Organic Aid (Scotland) Regulations 2004 |
| --- | --- |

OAS

The Organic Aid (Scotland) Regulations 1994

The Organic Aid (Scotland) Amendment Regulations 1996

The Organic Aid (Scotland) Amendment Regulations 1999

The Organic Aid (Scotland) Regulations 2004

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

Acuerdos agroambientales

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Gasto total previsto: 54 908,1 millones GBP (aproximadamente 64 280,9 millones EUR)

Intensidad

Variable

Duración

Según el régimen: CPS 2010, ESA 2012, OAS 2011, RSS 2010

Sectores económicos

Agricultura

Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas

| The Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department (SEERAD) |
| --- |
| Mailpoint 1-E |
| Pentland House |
| 47 Robb's Loan |
| Edinburgh |
| EH14 ITY |
| UNITED KINGDOM |

The Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department (SEERAD)

Mailpoint 1-E

Pentland House

47 Robb's Loan

Edinburgh

EH14 ITY

UNITED KINGDOM

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm

| Fecha de adopción de la decisión | 23.2.2011 |
| --- | --- |
| Número de referencia de ayuda estatal | N 601/09 |
| Estado miembro | Luxemburgo |
| Región | Luxembourg (Grand-Duché) | Artículo 107.3.c |
| Denominación (y/o nombre del beneficiario) | Régime d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique |
| Base jurídica | Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
  Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (art. 26)
  Projet de règlement grand-ducal instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique |
| Tipo de medida | Régimen | — |
| Objetivo | Compromisos agroambientales, Inversiones en las explotaciones agrícolas, Silvicultura |
| Forma de la ayuda | Subvención directa |
| Presupuesto | Presupuesto total: 5,40 EUR (en millones) |
| Intensidad | 90 % |
| Duración | hasta el 31.12.2013 |
| Sectores económicos | Agricultura, Ganadería, silvicultura y pesca |
| Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas | Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural |
| 1 Rue de la Congrégation |
| 2913 Luxembourg |
| LUXEMBOURG |

Fecha de adopción de la decisión

23.2.2011

Número de referencia de ayuda estatal

N 601/09

Estado miembro

Luxemburgo

Región

Luxembourg (Grand-Duché)

Artículo 107.3.c

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Régime d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique

Base jurídica

Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (art. 26)

Projet de règlement grand-ducal instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique

Tipo de medida

Régimen

—

Objetivo

Compromisos agroambientales, Inversiones en las explotaciones agrícolas, Silvicultura

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Presupuesto total: 5,40 EUR (en millones)

Intensidad

90 %

Duración

hasta el 31.12.2013

Sectores económicos

Agricultura, Ganadería, silvicultura y pesca

Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas

Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural

1 Rue de la Congrégation

2913 Luxembourg

LUXEMBOURG

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm

| Fecha de adopción de la decisión | 25.2.2011 |
| --- | --- |
| Número de referencia de ayuda estatal | N 268/10 |
| Estado miembro | Finlandia |
| Región | — |
| Denominación (y/o nombre del beneficiario) | Maatalousalan valtiontakaukset |
| Base jurídica | Laki maatalouden rakennetuista
  Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta |
| Tipo de medida | Régimen de ayudas |
| Objetivo | Método de cálculo del elemento de ayuda concedido en forma de garantía |
| Forma de la ayuda | Garantía |
| Presupuesto | — |
| Intensidad | Variable |
| Duración | Hasta el 31.12.2015 |
| Sectores económicos | A1 — Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas |
| Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas | Maa- ja metsätalousministeriö |
| PL 30 |
| FI-00023 Valtioneuvosto |
| SUOMI/FINLAND |

Fecha de adopción de la decisión

25.2.2011

Número de referencia de ayuda estatal

N 268/10

Estado miembro

Finlandia

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Maatalousalan valtiontakaukset

Base jurídica

Laki maatalouden rakennetuista

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

Método de cálculo del elemento de ayuda concedido en forma de garantía

Forma de la ayuda

Garantía

Presupuesto

—

Intensidad

Variable

Duración

Hasta el 31.12.2015

Sectores económicos

A1 — Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

SUOMI/FINLAND

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm

| Fecha de adopción de la decisión | 11.2.2011 |
| --- | --- |
| Número de referencia de ayuda estatal | N 546/10 |
| Estado miembro | Bulgaria |
| Región | — | Artículo 107.3.c |
| Denominación (y/o nombre del beneficiario) | „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък“ |
| Base jurídica | Чл. 189б, ал. 1—4, от Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО),
  Чл. 48, ал. 6—7 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) |
| Tipo de medida | Régimen | — |
| Objetivo | Inversiones en las explotaciones agrícolas |
| Forma de la ayuda | Desgravación fiscal |
| Presupuesto | Presupuesto total: 132,02 BGN (en millones) |
| Intensidad | 50 % |
| Duración | hasta el 31.12.2013 |
| Sectores económicos | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas |
| Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas | Национална агенция за приходите (НАП) |
| бул. Княз Дондуков No 52 |
| 1000 София/Sofia |
| БЪЛГАРИЯ/BULGARIA |

Fecha de adopción de la decisión

11.2.2011

Número de referencia de ayuda estatal

N 546/10

Estado miembro

Bulgaria

Región

—

Artículo 107.3.c

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

„Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък“

Base jurídica

Чл. 189б, ал. 1—4, от Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО),

Чл. 48, ал. 6—7 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Tipo de medida

Régimen

—

Objetivo

Inversiones en las explotaciones agrícolas

Forma de la ayuda

Desgravación fiscal

Presupuesto

Presupuesto total: 132,02 BGN (en millones)

Intensidad

50 %

Duración

hasta el 31.12.2013

Sectores económicos

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas

Национална агенция за приходите (НАП)

бул. Княз Дондуков No 52

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm

| Fecha de adopción de la decisión | 28.2.2011 |
| --- | --- |
| Número de referencia de ayuda estatal | SA.32185-2011N |
| Estado miembro | Suecia |
| Región | — | — |
| Denominación (y/o nombre del beneficiario) | Stöd för marknadsfrämjande åtgärder för ekologiska produkter |
| Base jurídica | 17 § förordningen (2011:93) om stöd till insatser på livsmedelsområdet |
| Tipo de medida | Régimen | — |
| Objetivo | Publicidad (AGRI), Protección del medio ambiente |
| Forma de la ayuda | Subvención directa |
| Presupuesto | | Presupuesto total: 48,00 SEK (en millones) |

Fecha de adopción de la decisión

28.2.2011

Número de referencia de ayuda estatal

SA.32185-2011N

Estado miembro

Suecia

Región

—

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Stöd för marknadsfrämjande åtgärder för ekologiska produkter

Base jurídica

17 § förordningen (2011:93) om stöd till insatser på livsmedelsområdet

Tipo de medida

Régimen

—

Objetivo

Publicidad (AGRI), Protección del medio ambiente

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Presupuesto total: 48,00 SEK (en millones)

| | Presupuesto anual: 8,00 SEK (en millones) |
| --- | --- |

Presupuesto anual: 8,00 SEK (en millones)

Intensidad

50 %

Duración

1.3.2011-31.12.2016

Sectores económicos

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas

| Statens Jordbruksverk |
| --- |
| Jordbruksverket |
| SE-551 82 Jönköping |
| SVERIGE |

Statens Jordbruksverk

Jordbruksverket

SE-551 82 Jönköping

SVERIGE

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm

---

| 9.4.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 111/5 |
| --- | --- | --- | --- |

9.4.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 111/5

---

Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE

Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2011/C 111/02

| Fecha de adopción de la decisión | 17.12.2010 |
| --- | --- |
| Número de referencia de ayuda estatal | SA.32030 (2010/N) |
| Estado miembro | Alemania |
| Región | — |
| Denominación (y/o nombre del beneficiario) | Prolongation of the Federal Framework for low interest loans („Bundesrahmenregelung Niedrigverzinsliche Darlehen“) (N 38/09) |
| Base jurídica | Regelung zur vorübergehenden Gewährung niedrigverzinslicher Darlehen („Bundesrahmenregelung Niedrigverzinsliche Darlehen“) |
| Tipo de medida | Régimen de ayudas |
| Objetivo | Remedio de una perturbación grave de la economía |
| Forma de la ayuda | Bonificación de intereses |
| Presupuesto | | Gasto anual previsto 2 500 mill. EUR |

Fecha de adopción de la decisión

17.12.2010

Número de referencia de ayuda estatal

SA.32030 (2010/N)

Estado miembro

Alemania

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Prolongation of the Federal Framework for low interest loans („Bundesrahmenregelung Niedrigverzinsliche Darlehen“) (N 38/09)

Base jurídica

Regelung zur vorübergehenden Gewährung niedrigverzinslicher Darlehen („Bundesrahmenregelung Niedrigverzinsliche Darlehen“)

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

Remedio de una perturbación grave de la economía

Forma de la ayuda

Bonificación de intereses

Presupuesto

Gasto anual previsto 2 500 mill. EUR

| | Importe total de la ayuda prevista 2 500 mill. EUR |
| --- | --- |

Importe total de la ayuda prevista 2 500 mill. EUR

Intensidad

—

Duración

1.1.2011-31.12.2011

Sectores económicos

Todos los sectores

Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas

—

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm

| Fecha de adopción de la decisión | 14.2.2011 |
| --- | --- |
| Número de referencia de ayuda estatal | SA.32054 (2010/N) |
| Estado miembro | Italia |
| Región | — |
| Denominación (y/o nombre del beneficiario) | Aiuto al salvataggio di Agile S.r.l. in A.S. |
| Base jurídica | Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»; |
| Tipo de medida | Ayuda individual |
| Objetivo | Salvamento de empresas en crisis |
| Forma de la ayuda | Garantía |
| Presupuesto | Importe total de la ayuda prevista 15 mill. EUR |
| Intensidad | — |
| Duración | febrero 2011-agosto 2011 |
| Sectores económicos | Informática y actividades conexas |
| Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas | Ministero dello Sviluppo Economico |
| Via Molise 2 |
| 00196 Roma RM |
| ITALIA |

Fecha de adopción de la decisión

14.2.2011

Número de referencia de ayuda estatal

SA.32054 (2010/N)

Estado miembro

Italia

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Aiuto al salvataggio di Agile S.r.l. in A.S.

Base jurídica

Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Tipo de medida

Ayuda individual

Objetivo

Salvamento de empresas en crisis

Forma de la ayuda

Garantía

Presupuesto

Importe total de la ayuda prevista 15 mill. EUR

Intensidad

—

Duración

febrero 2011-agosto 2011

Sectores económicos

Informática y actividades conexas

Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas

Ministero dello Sviluppo Economico

Via Molise 2

00196 Roma RM

ITALIA

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm

| Fecha de adopción de la decisión | 21.1.2011 |
| --- | --- |
| Número de referencia de ayuda estatal | SA.32157 (2010/N) |
| Estado miembro | Portugal |
| Región | — |
| Denominación (y/o nombre del beneficiario) | Extenção do regime de recapitalização pública das instituições de crédito em Portugal |
| Base jurídica | Lei n.o 63-A/2008, de 24 de Novembro, Lei do Orçamento do Estado para 2011 (Proposta de lei no 42/XI) |
| Tipo de medida | Régimen de ayudas |
| Objetivo | Remedio de una perturbación grave de la economía |
| Forma de la ayuda | Otras formas de participación en el capital |
| Presupuesto | Importe total de la ayuda prevista 3 000 mill. EUR |
| Intensidad | — |
| Duración | hasta el 30.6.2011 |
| Sectores económicos | Intermediación financiera |
| Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas | Ministro de Estado e das Finanças |
| Av. Infante D. Henrique 1.o |
| 1149-009 Lisboa |
| PORTUGAL |

Fecha de adopción de la decisión

21.1.2011

Número de referencia de ayuda estatal

SA.32157 (2010/N)

Estado miembro

Portugal

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Extenção do regime de recapitalização pública das instituições de crédito em Portugal

Base jurídica

Lei n.o 63-A/2008, de 24 de Novembro, Lei do Orçamento do Estado para 2011 (Proposta de lei no 42/XI)

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

Remedio de una perturbación grave de la economía

Forma de la ayuda

Otras formas de participación en el capital

Presupuesto

Importe total de la ayuda prevista 3 000 mill. EUR

Intensidad

—

Duración

hasta el 30.6.2011

Sectores económicos

Intermediación financiera

Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas

Ministro de Estado e das Finanças

Av. Infante D. Henrique 1.o

1149-009 Lisboa

PORTUGAL

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm

| Fecha de adopción de la decisión | 21.1.2011 |
| --- | --- |
| Número de referencia de ayuda estatal | SA.32158 (2010/N) |
| Estado miembro | Portugal |
| Región | — |
| Denominación (y/o nombre del beneficiario) | Extenção do regime de concessão estraordinária de garantias pessoais pelo estado, no âmbito do sistema financeiro |
| Base jurídica | Lei n.o 60-A/2008, de 20 de Outubro, Lei do Orçamento do Estado para 2011 (Proposta de lei no 42/XI) |
| Tipo de medida | Régimen de ayudas |
| Objetivo | Remedio de una perturbación grave de la economía |
| Forma de la ayuda | Garantía |
| Presupuesto | Importe total de la ayuda prevista 9 146,2 mill. EUR |
| Intensidad | — |
| Duración | hasta el 30.6.2011 |
| Sectores económicos | Intermediación financiera |
| Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas | Ministro de Estado e das Finanças |
| Av. Infante D. Henrique 1.o |
| 1149-009 Lisboa |
| PORTUGAL |

Fecha de adopción de la decisión

21.1.2011

Número de referencia de ayuda estatal

SA.32158 (2010/N)

Estado miembro

Portugal

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Extenção do regime de concessão estraordinária de garantias pessoais pelo estado, no âmbito do sistema financeiro

Base jurídica

Lei n.o 60-A/2008, de 20 de Outubro, Lei do Orçamento do Estado para 2011 (Proposta de lei no 42/XI)

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

Remedio de una perturbación grave de la economía

Forma de la ayuda

Garantía

Presupuesto

Importe total de la ayuda prevista 9 146,2 mill. EUR

Intensidad

—

Duración

hasta el 30.6.2011

Sectores económicos

Intermediación financiera

Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas

Ministro de Estado e das Finanças

Av. Infante D. Henrique 1.o

1149-009 Lisboa

PORTUGAL

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm

| Fecha de adopción de la decisión | 30.3.2011 |
| --- | --- |
| Número de referencia de ayuda estatal | SA.32171 (2010/N) |
| Estado miembro | Austria |
| Región | — |
| Denominación (y/o nombre del beneficiario) | Weitere Gewährung von 500 000 EUR — Pauschalbeihilfen nach dem „Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmen“ (N 47a/09) |
| Base jurídica | Konjunkturbelebungsgesetz 2008 — KMU-Förderungsgesetz — Arbeitsmarktförderungsgesetz — Garantiegesetz — Forschungs- und Technologieförderungsgesetz (FTFG) — Wirtschaftsförderungsgesetze der Bundesländer — Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften-Gesetz (MiFiG-Gesetz) |
| Tipo de medida | Régimen de ayudas |
| Objetivo | Remedio de una perturbación grave de la economía |
| Forma de la ayuda | Subvención directa, Garantía, Bonificación de intereses |
| Presupuesto | Importe total de la ayuda prevista 300 mill. EUR |
| Intensidad | — |
| Duración | hasta el 31.12.2011 |
| Sectores económicos | — |
| Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas | — |
| Información adicional | — |

Fecha de adopción de la decisión

30.3.2011

Número de referencia de ayuda estatal

SA.32171 (2010/N)

Estado miembro

Austria

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Weitere Gewährung von 500 000 EUR — Pauschalbeihilfen nach dem „Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmen“ (N 47a/09)

Base jurídica

Konjunkturbelebungsgesetz 2008 — KMU-Förderungsgesetz — Arbeitsmarktförderungsgesetz — Garantiegesetz — Forschungs- und Technologieförderungsgesetz (FTFG) — Wirtschaftsförderungsgesetze der Bundesländer — Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften-Gesetz (MiFiG-Gesetz)

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

Remedio de una perturbación grave de la economía

Forma de la ayuda

Subvención directa, Garantía, Bonificación de intereses

Presupuesto

Importe total de la ayuda prevista 300 mill. EUR

Intensidad

—

Duración

hasta el 31.12.2011

Sectores económicos

—

Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas

—

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm

---

| 9.4.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 111/9 |
| --- | --- | --- | --- |

9.4.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 111/9

---

No oposición a una concentración notificada

(Asunto COMP/M.6147 — Rosneft Oil Company/BP/Ruhr Oel)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2011/C 111/03

El 10 de marzo de 2011, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

| — | en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad, |
| --- | --- |

—

en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,

| — | en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32011M6147. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea. |
| --- | --- |

—

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32011M6147. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea.

---

| 9.4.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 111/9 |
| --- | --- | --- | --- |

9.4.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 111/9

---

No oposición a una concentración notificada

(Asunto COMP/M.6116 — Europ Assistance France/Malakoff Mederic/EAP France)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2011/C 111/04

El 1 de abril de 2011, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la decisión solo está disponible en francés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

| — | en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad, |
| --- | --- |

—

en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,

| — | en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32011M6116. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea. |
| --- | --- |

—

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32011M6116. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea.

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

| 9.4.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 111/10 |
| --- | --- | --- | --- |

9.4.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 111/10

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Tipo de cambio del euro (1)

8 de abril de 2011

2011/C 111/05

1 euro =

| | Moneda | Tipo de cambio |
| --- | --- | --- |
| USD | dólar estadounidense | 1,4401 |
| JPY | yen japonés | 122,80 |
| DKK | corona danesa | 7,4572 |
| GBP | libra esterlina | 0,88095 |
| SEK | corona sueca | 8,9895 |
| CHF | franco suizo | 1,3163 |
| ISK | corona islandesa | |
| NOK | corona noruega | 7,8020 |
| BGN | lev búlgaro | 1,9558 |
| CZK | corona checa | 24,430 |
| HUF | forint húngaro | 264,09 |
| LTL | litas lituana | 3,4528 |
| LVL | lats letón | 0,7090 |
| PLN | zloty polaco | 3,9560 |
| RON | leu rumano | 4,1118 |
| TRY | lira turca | 2,1646 |
| AUD | dólar australiano | 1,3687 |
| CAD | dólar canadiense | 1,3741 |
| HKD | dólar de Hong Kong | 11,1889 |
| NZD | dólar neozelandés | 1,8446 |
| SGD | dólar de Singapur | 1,8105 |
| KRW | won de Corea del Sur | 1 559,19 |
| ZAR | rand sudafricano | 9,5811 |
| CNY | yuan renminbi | 9,4115 |
| HRK | kuna croata | 7,3655 |
| IDR | rupia indonesia | 12 454,48 |
| MYR | ringgit malayo | 4,3441 |
| PHP | peso filipino | 61,908 |
| RUB | rublo ruso | 40,4165 |
| THB | baht tailandés | 43,275 |
| BRL | real brasileño | 2,2619 |
| MXN | peso mexicano | 16,8978 |
| INR | rupia india | 63,4720 |

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,4401

JPY

yen japonés

122,80

DKK

corona danesa

7,4572

GBP

libra esterlina

0,88095

SEK

corona sueca

8,9895

CHF

franco suizo

1,3163

ISK

corona islandesa

NOK

corona noruega

7,8020

BGN

lev búlgaro

1,9558

CZK

corona checa

24,430

HUF

forint húngaro

264,09

LTL

litas lituana

3,4528

LVL

lats letón

0,7090

PLN

zloty polaco

3,9560

RON

leu rumano

4,1118

TRY

lira turca

2,1646

AUD

dólar australiano

1,3687

CAD

dólar canadiense

1,3741

HKD

dólar de Hong Kong

11,1889

NZD

dólar neozelandés

1,8446

SGD

dólar de Singapur

1,8105

KRW

won de Corea del Sur

1 559,19

ZAR

rand sudafricano

9,5811

CNY

yuan renminbi

9,4115

HRK

kuna croata

7,3655

IDR

rupia indonesia

12 454,48

MYR

ringgit malayo

4,3441

PHP

peso filipino

61,908

RUB

rublo ruso

40,4165

THB

baht tailandés

43,275

BRL

real brasileño

2,2619

MXN

peso mexicano

16,8978

INR

rupia india

63,4720

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(1)  Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

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| 9.4.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 111/11 |
| --- | --- | --- | --- |

9.4.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 111/11

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Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido en su reunión de 2 de julio de 2010 en relación con un proyecto de Decisión relativa al Asunto COMP/38.866 (1) — Fosfatos para alimentación animal

Ponente: Grecia

2011/C 111/06

| 1. | El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que los destinatarios de los proyectos de decisiones han participado en un acuerdo o práctica concertada con arreglo al artículo 101 del Tratado y al artículo 53 del Acuerdo EEE. |
| --- | --- |

1.

El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que los destinatarios de los proyectos de decisiones han participado en un acuerdo o práctica concertada con arreglo al artículo 101 del Tratado y al artículo 53 del Acuerdo EEE.

| 2. | El Comité Consultivo coincide con la valoración de la Comisión sobre el producto y el territorio geográfico del acuerdo y/o práctica concertada incluidos en los proyectos de decisiones. |
| --- | --- |

2.

El Comité Consultivo coincide con la valoración de la Comisión sobre el producto y el territorio geográfico del acuerdo y/o práctica concertada incluidos en los proyectos de decisiones.

| 3. | El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que los destinatarios de los proyectos de decisiones han participado en una infracción única y continuada del artículo 101 del TFUE y al artículo 53 del Acuerdo EEE. |
| --- | --- |

3.

El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que los destinatarios de los proyectos de decisiones han participado en una infracción única y continuada del artículo 101 del TFUE y al artículo 53 del Acuerdo EEE.

| 4. | El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que el objeto del acuerdo o práctica concertada era restringir la competencia según lo dispuesto en el artículo 101 del TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE. |
| --- | --- |

4.

El Comité Consultivo coincide con la Comisión en que el objeto del acuerdo o práctica concertada era restringir la competencia según lo dispuesto en el artículo 101 del TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE.

| 5. | El Comité Consultivo está de acuerdo con la Comisión en que el acuerdo y/o práctica concertada han podido afectar significativamente al comercio entre los Estados miembros de la UE. |
| --- | --- |

5.

El Comité Consultivo está de acuerdo con la Comisión en que el acuerdo y/o práctica concertada han podido afectar significativamente al comercio entre los Estados miembros de la UE.

| 6. | El Comité Consultivo coincide con la evaluación de la Comisión a propósito de la duración de la infracción de cada destinatario. |
| --- | --- |

6.

El Comité Consultivo coincide con la evaluación de la Comisión a propósito de la duración de la infracción de cada destinatario.

| 7. | El Comité Consultivo coincide con los proyectos de decisiones de la Comisión sobre los destinatarios de las decisiones, concretamente en lo que respecta a la imputación de la responsabilidad a las empresas matrices de los grupos afectados. |
| --- | --- |

7.

El Comité Consultivo coincide con los proyectos de decisiones de la Comisión sobre los destinatarios de las decisiones, concretamente en lo que respecta a la imputación de la responsabilidad a las empresas matrices de los grupos afectados.

| 8. | El Comité Consultivo está de acuerdo en que la Comisión aplique el procedimiento establecido en el artículo 10 bis del Reglamento (CE) no 773/2004, modificado por el Reglamento (CE) no 622/2008 de la Comisión, de 30 de junio de 2008, y la Comunicación de la Comisión sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción en casos de cártel. |
| --- | --- |

8.

El Comité Consultivo está de acuerdo en que la Comisión aplique el procedimiento establecido en el artículo 10 bis del Reglamento (CE) no 773/2004, modificado por el Reglamento (CE) no 622/2008 de la Comisión, de 30 de junio de 2008, y la Comunicación de la Comisión sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción en casos de cártel.

| 9. | El Comité Consultivo tiene la intención de pedir a la Comisión que tome en consideración las demás observaciones formuladas durante el debate. |
| --- | --- |

9.

El Comité Consultivo tiene la intención de pedir a la Comisión que tome en consideración las demás observaciones formuladas durante el debate.

| 10. | El Comité consultivo recomienda la publicación de su dictamen en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
| --- | --- |

10.

El Comité consultivo recomienda la publicación de su dictamen en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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| 9.4.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 111/12 |
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9.4.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 111/12

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Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido en su reunión de 16 de julio de 2010 en relación con un proyecto de Decisión relativa al Asunto COMP/38.866 (2) — Fosfatos para alimentación animal

Ponente: Grecia

2011/C 111/07

| 1. | El Comité Consultivo está de acuerdo con la Comisión Europea sobre la aplicación de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003. |
| --- | --- |

1.

El Comité Consultivo está de acuerdo con la Comisión Europea sobre la aplicación de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003.

| 2. | El Comité Consultivo coincide con la Comisión Europea en cuanto a los importes básicos de las multas para cada destinatario de los proyectos de decisiones. |
| --- | --- |

2.

El Comité Consultivo coincide con la Comisión Europea en cuanto a los importes básicos de las multas para cada destinatario de los proyectos de decisiones.

| 3. | El Comité Consultivo está de acuerdo con la Comisión en que en el presente caso no se pueden aplicar circunstancias agravantes ni atenuantes a ninguno de los destinatarios de los proyectos de decisiones. |
| --- | --- |

3.

El Comité Consultivo está de acuerdo con la Comisión en que en el presente caso no se pueden aplicar circunstancias agravantes ni atenuantes a ninguno de los destinatarios de los proyectos de decisiones.

| 4. | El Comité Consultivo está de acuerdo con la Comisión en los importes de las reducciones de las multas basados en la Comunicación de la Comisión de 2002 relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel. |
| --- | --- |

4.

El Comité Consultivo está de acuerdo con la Comisión en los importes de las reducciones de las multas basados en la Comunicación de la Comisión de 2002 relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel.

| 5. | El Comité Consultivo está de acuerdo con la Comisión Europea sobre la aplicación de la pertinente reducción, con arreglo a la Comunicación sobre los procedimientos de transacción, al importe de la multa a las partes del procedimiento de transacción. |
| --- | --- |

5.

El Comité Consultivo está de acuerdo con la Comisión Europea sobre la aplicación de la pertinente reducción, con arreglo a la Comunicación sobre los procedimientos de transacción, al importe de la multa a las partes del procedimiento de transacción.

| 6. | El Comité Consultivo coincide con la evaluación de la Comisión Europea sobre la incapacidad para pagar. |
| --- | --- |

6.

El Comité Consultivo coincide con la evaluación de la Comisión Europea sobre la incapacidad para pagar.

| 7. | El Comité Consultivo coincide con la Comisión en cuanto a los importes definitivos de las multas. |
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7.

El Comité Consultivo coincide con la Comisión en cuanto a los importes definitivos de las multas.

| 8. | El Comité consultivo recomienda la publicación de su dictamen en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
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8.

El Comité consultivo recomienda la publicación de su dictamen en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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| 9.4.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 111/13 |
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9.4.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 111/13

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Informe final del Consejero Auditor (1)

Asunto COMP/38.866 — Fosfatos para alimentación animal

2011/C 111/08

El presente caso se refiere a un cártel entre seis grupos de empresas dedicadas a la producción de fosfatos para alimentación animal (2). Las empresas participaron en un cártel que funcionó durante un periodo general de unos 35 años (1969-2004) y abarcó a varios Estados miembros.

Por lo que respecta a cinco grupos de empresas, el proyecto de Decisión es resultado del procedimiento de transacción (3), mientras que un grupo que prefirió no sumarse a dicho procedimiento optó, por lo tanto, por el procedimiento ordinario (se trataría pues de un asunto híbrido). En consecuencia, en el presente asunto se adoptarán dos decisiones distintas, una decisión común para las empresas que optaron por el procedimiento de transacción y una decisión para la otra empresa.

Antecedentes

A consecuencia de una solicitud de dispensa presentada por Kenira en noviembre de 2003, se llevó a cabo una serie de inspecciones por sorpresa en febrero de 2004. Cinco años después, el 19 de febrero de 2009, la Comisión incoó oficialmente los procedimientos e invitó a las empresas afectadas a que indicaran por escrito si estaban dispuestas a iniciar conversaciones con vistas a una transacción con el fin de presentar solicitudes de transacción (4). Todas las empresas aceptaron la invitación y lo mismo ocurrió con las conversaciones bilaterales con vistas a una transacción entre la DG Competencia y cada uno de los destinatarios.

Tras estas conversaciones todas las empresas, excepto Timab Industries S.A. y su empresa matriz Compagnie Financière et de Participations Roullier (en adelante Timab/CFPR) presentaron solicitudes de transacción. Por consiguiente, en lo que se refiere a Timab/CFPR, el procedimiento volvió a ser ordinario.

Fase escrita del procedimiento

Pliego de cargos

La Comisión aprobó, el 23 de noviembre de 2009, un paquete de seis pliegos de cargos que se notificaron individualmente a cada parte del procedimiento. Según los pliegos de cargos, las empresas Ercros, FMC Foret, Kemira, Tessenderlo, Quimitécnica y Timab/CFPR participaron, del 19 de marzo de 1969, por lo menos, hasta el 10 de febrero de 2004, por lo menos, durante diferentes periodos en una infracción única y continuada del artículo 101 del TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE. El ámbito geográfico del cártel cubrió, en todo momento, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido, y a partir de 1992 y 1993 España y Portugal respectivamente (5). En relación con Timab/CFPR la supuesta infracción se extendió del 16 de septiembre de 1993 al 10 de febrero de 2004. La infracción consistía en compartir una gran parte del mercado de la UE repartiéndose ventas, cuotas y clientes y en coordinar precios y condiciones de venta. En el pliego de cargos la Comisión anunció su intención de adoptar una decisión de infracción e imponer multas (6).

Acceso al expediente

Antes de que se notificara el pliego de cargos y durante las conversaciones con vistas a una transacción se había informado ya oralmente a los grupos de empresas que optaron por el procedimiento de transacción de los cargos previstos y se les había dado acceso a las pruebas incluidas en el expediente de la Comisión. En sus solicitudes de transacción, estos grupos confirmaron que se les había dado suficiente oportunidad para dar a conocer sus puntos de vista y que ya no necesitarían acceder de nuevo, siempre que el pliego de cargos reflejara sus solicitudes de transacción.

Tras recibir el pliego de cargos las partes de la transacción confirmaron, en términos inequívocos, que el pliego de cargos corresponde al contenido de sus solicitudes de transacción y que seguían estando comprometidos con el procedimiento de transacción.

Tras recibir el pliego de cargos, Gtimab/CFPR tuvo pleno acceso al expediente de investigación de la Comisión a través de un DVD y accediendo a los locales de la Comisión para las declaraciones de las empresas, así como a una versión no confidencial de las solicitudes de transacción de las demás partes. Además, posteriormente Timab/CFPR solicitó, y se le concedió, acceso adicional a reconocimientos del pliego de cargos por las partes de la transacción en los locales de la Comisión.

Plazos para responder

Tras recibir el pliego de cargos se concedió a las partes de la transacción un plazo de dos semanas para responder de conformidad con el punto 26 de la Comunicación sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción. A petición de una de las partes de la transacción, Ercros, se concedió una prórroga de dos días para presentar la respuesta.

En principio se concedió a Timab/CFPR un plazo de cuatro semanas para responder al pliego de cargos. A petición suya se prorrogó cinco semanas adicionales.

Fase oral del procedimiento

Audiencia

El 24 de febrero de 2010 se celebró una audiencia a petición de Timab/CFPR.

A pesar de que las partes de la transacción habían renunciado a su derecho a solicitar una audiencia, el Consejero Auditor responsable del caso en aquel momento decidió, en aras de transparencia y equidad, invitarlas a la audiencia, como partes interesadas en el procedimiento. Todos los grupos de empresas, excepto Tessenderlo, aceptaron la invitación y asistieron a la audiencia.

Proyecto de Decisión

En relación con las partes de la transacción, el proyecto de Decisión mantiene los cargos expuestos en el pliego de cargos y refleja también las respectivas solicitudes de transacción de las partes. Por consiguiente, el proyecto de Decisión solo se refiere a los cargos en relación con los cuales se ha brindado a las partes de la transacción la posibilidad de expresar sus puntos de vista. A este respecto he tomado también nota del hecho de que las partes del procedimiento han confirmado inequívocamente en sus solicitudes de transacción que se les ha concedido suficiente oportunidad para dar a conocer sus puntos de vista y no han planteado cuestiones de procedimiento ante el Consejero Auditor.

También por lo que respecta a Timab/CFPR el proyecto de Decisión mantiene los cargos expuestos en el pliego de cargos. Sin embargo, a la vista de las solicitudes escrita y oral de Timab/CFPR, la duración de la infracción se ha reducido considerablemente, de aproximadamente 25 años a menos de once años.

Considero que en este asunto se ha respetado el derecho de todos los participantes a ser oídos durante el procedimiento.

Bruselas, el 14 de julio de 2010.

Michael ALBERS

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(1)  De conformidad con los artículos 15 y 16 de la Decisión (2001/462/CE, CECA) de la Comisión, de 23 de mayo de 2001, relativa al mandato de los consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia — DO L 162 de 19.6.2001, p. 21.

1

(2)  Ercros (Ercros S.A., Ercros Industrial S.A.), FMC Foret (FMC Foret S.A., FMC Chemicals Netherlands B.V., FMC Corporation), Kemira, (Kemira Oyj, Yara Phosphates Oy, Yara Soumi Oy), Tessenderlo Chemie N.V., Quimitécnica (Quimitécnica.com — Comercio e Industria Química S.A., José de Mello SGPS S.A.) y Timab (Timab Industries S.A., Compagnie Financière et de Participations Roullier).

2

Ercros

FMC Foret

Kemira

Tessenderlo Chemie N.V.

Quimitécnica

Timab

(3)  Reglamento (CE) no 622/2008 de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (CE) no 773/2004 en lo que respecta al desarrollo de los procedimientos de transacción en casos de cártel, DO L 171 de 1.7.2008, p. 3 y Comunicación de la Comisión de sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción con vistas a la adopción de decisiones con arreglo a los artículos 7 y 23 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo en casos de cártel, DO C 167 de 2.7.2008, p. 1.

3

o

o

o

(4)  Artículo 10 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 773/2004 (DO L 123 de 27.4.2004, p. 18).

4

bis

o

(5)  A efectos de la aplicación del art. 101 del TFUE y/o del 53 del EEE, la jurisdicción de la Comisión Europea para Austria, Finlandia, Noruega y Suecia existe a partir del 1 de enero de 1994.

5

(6)  Artículo 7 y 23 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.

6

o

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| 9.4.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 111/15 |
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9.4.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 111/15

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Resumen de la Decisión de la Comisión

de 20 de julio de 2010

relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 53 del Acuerdo EEE

(Asunto COMP/38.866 — Fosfatos para alimentación animal)

[notificada con el número C(2010) 5004]

(Los textos en lengua inglesa y francesa son los únicos auténticos)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2011/C 111/09

El 20 de julio de 2010, la Comisión adoptó una Decisión relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo
   (1), la Comisión publica por el presente resumen los nombres de las partes y el contenido fundamental de la Decisión, incluidas las sanciones impuestas, teniendo en cuenta el interés legítimo de las empresas en que no se revelen sus secretos comerciales.

1.   INTRODUCCIÓN

| (1) | En el presente asunto se han adoptado dos decisiones: por una parte, una decisión más «simplificada» para las empresas que reconocieron su participación en el cártel respecto a la venta de fosfatos alimenticios utilizados en alimentación animal en sus solicitudes formales de transacción («propuestas de transacción») (2) y, por otra parte, una decisión relativa a las empresas Timab Industries S.A. y Compagnie Financière et de Participations Roullier (FR) (en adelante, «CFPR/Timab»), que abandonaron el procedimiento de transacción. El presente resumen se refiere a la Decisión destinada a las partes del procedimiento de transacción. |
| --- | --- |

(1)

En el presente asunto se han adoptado dos decisiones: por una parte, una decisión más «simplificada» para las empresas que reconocieron su participación en el cártel respecto a la venta de fosfatos alimenticios utilizados en alimentación animal en sus solicitudes formales de transacción («propuestas de transacción») (2) y, por otra parte, una decisión relativa a las empresas Timab Industries S.A. y Compagnie Financière et de Participations Roullier (FR) (en adelante, «CFPR/Timab»), que abandonaron el procedimiento de transacción. El presente resumen se refiere a la Decisión destinada a las partes del procedimiento de transacción.

| (2) | Los once destinatarios de la Decisión participaron en una única y continua infracción del artículo 101 del TFUE y, a partir del 1 de enero de 1994, del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en adelante «Acuerdo EEE»), por la cual se pusieron de acuerdo en la venta de fosfatos alimenticios utilizados en alimentación animal. |
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(2)

Los once destinatarios de la Decisión participaron en una única y continua infracción del artículo 101 del TFUE y, a partir del 1 de enero de 1994, del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en adelante «Acuerdo EEE»), por la cual se pusieron de acuerdo en la venta de fosfatos alimenticios utilizados en alimentación animal.

2.   DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

2.1.   Procedimiento

| (3) | El procedimiento se incoó sobre la base de una solicitud de inmunidad presentada por Kemira el 28 de noviembre de 2003. La solicitud se refería al periodo de 1989 a 2003. La Comisión obtuvo otras pruebas en inspecciones efectuadas los días 10 y 11 de febrero de 2004. El 18 de febrero de 2004, Tessenderlo presentó una solicitud de clemencia. Posteriormente la Comisión recibió otras solicitudes de clemencia de Quimitécnica y CFPR/Timab. |
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(3)

El procedimiento se incoó sobre la base de una solicitud de inmunidad presentada por Kemira el 28 de noviembre de 2003. La solicitud se refería al periodo de 1989 a 2003. La Comisión obtuvo otras pruebas en inspecciones efectuadas los días 10 y 11 de febrero de 2004. El 18 de febrero de 2004, Tessenderlo presentó una solicitud de clemencia. Posteriormente la Comisión recibió otras solicitudes de clemencia de Quimitécnica y CFPR/Timab.

| (4) | La decisión de incoar un procedimiento para llegar a una transacción se notificó a las partes por carta de 19 de enero de 2009. Tras una serie de conversaciones a este respecto, todas las partes presentaron sus propuestas de transacción en los plazos respectivos que se les habían fijado, a excepción de CFPR/Timab, que abandonó el procedimiento de transacción. |
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(4)

La decisión de incoar un procedimiento para llegar a una transacción se notificó a las partes por carta de 19 de enero de 2009. Tras una serie de conversaciones a este respecto, todas las partes presentaron sus propuestas de transacción en los plazos respectivos que se les habían fijado, a excepción de CFPR/Timab, que abandonó el procedimiento de transacción.

| (5) | El 23 de noviembre de 2009, la Comisión adoptó una serie de seis pliegos de cargos destinados a todas las partes. A excepción de CFPR/Timab, todas las partes respondieron confirmando que el pliego de cargos correspondía al contenido de sus propuestas de transacción y que, en consecuencia, seguían comprometidos a proseguir el procedimiento de transacción. |
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(5)

El 23 de noviembre de 2009, la Comisión adoptó una serie de seis pliegos de cargos destinados a todas las partes. A excepción de CFPR/Timab, todas las partes respondieron confirmando que el pliego de cargos correspondía al contenido de sus propuestas de transacción y que, en consecuencia, seguían comprometidos a proseguir el procedimiento de transacción.

| (6) | El Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitió un dictamen favorable el 2 de julio de 2010 y el 16 de julio de 2010. Esta decisión (así como la decisión destinada a TIMAB/CFPR) se adoptó el 20 de julio de 2010. |
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(6)

El Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitió un dictamen favorable el 2 de julio de 2010 y el 16 de julio de 2010. Esta decisión (así como la decisión destinada a TIMAB/CFPR) se adoptó el 20 de julio de 2010.

2.2.   Resumen de la infracción

| (7) | El presente asunto se refiere a una infracción del artículo 101 del TFUE y, a partir del 1 de enero de 1994, del artículo 53 del Acuerdo EEE en relación con la venta de fosfatos alimenticios. El cártel tenía por finalidad compartir una gran parte del mercado europeo de fosfatos alimenticios repartiendo cuotas de ventas entre los miembros del cártel y coordinando los precios y, en la medida necesaria, las condiciones de venta. |
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(7)

El presente asunto se refiere a una infracción del artículo 101 del TFUE y, a partir del 1 de enero de 1994, del artículo 53 del Acuerdo EEE en relación con la venta de fosfatos alimenticios. El cártel tenía por finalidad compartir una gran parte del mercado europeo de fosfatos alimenticios repartiendo cuotas de ventas entre los miembros del cártel y coordinando los precios y, en la medida necesaria, las condiciones de venta.

| (8) | Los acuerdos colusorios, conocidos como el «Club», el CEPA (Centro de Estudios de los Fosfatos Alimenticios) o, más tarde, el Super CEPA, se han revelado sólidos y capaces de adaptarse, con los años, a condiciones industriales y comerciales diferentes. |
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(8)

Los acuerdos colusorios, conocidos como el «Club», el CEPA (Centro de Estudios de los Fosfatos Alimenticios) o, más tarde, el Super CEPA, se han revelado sólidos y capaces de adaptarse, con los años, a condiciones industriales y comerciales diferentes.

| (9) | El objetivo principal de la coordinación era compartir los volúmenes de fosfatos alimenticios suministrados en varios países europeos, entre ellos algunos Estados miembros efectivos o futuros, y algunos que pasaron a ser Partes contratantes del Acuerdo EEE. Las empresas coordinaban también ciertas restricciones de producción (por ejemplo, la producción basada en la técnica del ácido fosfórico o la reorientación de una parte de las materias primas y de los excedentes de producción hacia el mercado de abonos) y se repartían los clientes. En particular, el cártel fijó un sistema de cuotas que cubría diferentes zonas geográficas de Europa sobre cuya base se asignaban a los productores volúmenes de ventas y clientes específicos. En su caso, se aplicaban compensaciones para corregir las diferencias. |
| --- | --- |

(9)

El objetivo principal de la coordinación era compartir los volúmenes de fosfatos alimenticios suministrados en varios países europeos, entre ellos algunos Estados miembros efectivos o futuros, y algunos que pasaron a ser Partes contratantes del Acuerdo EEE. Las empresas coordinaban también ciertas restricciones de producción (por ejemplo, la producción basada en la técnica del ácido fosfórico o la reorientación de una parte de las materias primas y de los excedentes de producción hacia el mercado de abonos) y se repartían los clientes. En particular, el cártel fijó un sistema de cuotas que cubría diferentes zonas geográficas de Europa sobre cuya base se asignaban a los productores volúmenes de ventas y clientes específicos. En su caso, se aplicaban compensaciones para corregir las diferencias.

| (10) | El cártel tenía también por objeto permitir a los miembros interesados coordinar los precios aplicados en cada país y, en su caso, las condiciones de venta. |
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(10)

El cártel tenía también por objeto permitir a los miembros interesados coordinar los precios aplicados en cada país y, en su caso, las condiciones de venta.

| (11) | Las empresas se pusieron en contacto con frecuencia y se encontraron a intervalos regulares para proceder a esta coordinación mediante acuerdos sobre el control de los precios y el reparto del mercado, tanto a nivel europeo como en los diferentes países. Previeron y utilizaron mecanismos de control y de compensación para vigilar el acuerdo de reparto del mercado, así como intervenir en los litigios relativos a las diferencias importantes respecto a las cuotas acordadas a niveles europeo y nacional y solucionarlos. Ello no impidió a las partes aprovechar las ocasiones de presentar datos incorrectos para inducirse a error mutuamente. |
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(11)

Las empresas se pusieron en contacto con frecuencia y se encontraron a intervalos regulares para proceder a esta coordinación mediante acuerdos sobre el control de los precios y el reparto del mercado, tanto a nivel europeo como en los diferentes países. Previeron y utilizaron mecanismos de control y de compensación para vigilar el acuerdo de reparto del mercado, así como intervenir en los litigios relativos a las diferencias importantes respecto a las cuotas acordadas a niveles europeo y nacional y solucionarlos. Ello no impidió a las partes aprovechar las ocasiones de presentar datos incorrectos para inducirse a error mutuamente.

| (12) | Los precios, los incrementos de precios y otras condiciones comerciales o de compra, en lo que respecta a éstas solo cuando era necesario, se discutieron y coordinaron país por país. |
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(12)

Los precios, los incrementos de precios y otras condiciones comerciales o de compra, en lo que respecta a éstas solo cuando era necesario, se discutieron y coordinaron país por país.

| (13) | La infracción global se extendió por la mayor parte de la Unión, así como, posteriormente, a una gran parte del territorio del EEE (3) y duró del 19 de marzo de 1969, por lo menos, al 10 de febrero de 2004, por lo menos. |
| --- | --- |

(13)

La infracción global se extendió por la mayor parte de la Unión, así como, posteriormente, a una gran parte del territorio del EEE (3) y duró del 19 de marzo de 1969, por lo menos, al 10 de febrero de 2004, por lo menos.

2.3.   Destinatarios y duración

| (14) | En la presente Decisión, se considerará responsables de la infracción durante los periodos señalados a las siguientes personas jurídicas:






  — | Yara Phosphates Oy: como mínimo del 19 de Marzo de 1969 al 28 de noviembre de 2003, |
| --- | --- | --- |

(14)

En la presente Decisión, se considerará responsables de la infracción durante los periodos señalados a las siguientes personas jurídicas:

—

Yara Phosphates Oy: como mínimo del 19 de Marzo de 1969 al 28 de noviembre de 2003,

| — | Kemira Oyj: como mínimo del 1 de abril de 1989 al 28 de noviembre de 2003, |
| --- | --- |

—

Kemira Oyj: como mínimo del 1 de abril de 1989 al 28 de noviembre de 2003,

| — | Yara Suomi Oy: como mínimo del 1 de enero de 1994 al 28 de noviembre de 2003, |
| --- | --- |

—

Yara Suomi Oy: como mínimo del 1 de enero de 1994 al 28 de noviembre de 2003,

| — | Tessenderlo Chemie N.V.: como mínimo del 19 de Marzo de 1969 al 10 de febrero de 2004, |
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—

Tessenderlo Chemie N.V.: como mínimo del 19 de Marzo de 1969 al 10 de febrero de 2004,

| — | Ercros S.A.: como mínimo del 31 de enero de 1992 al 10 de febrero de 2004, |
| --- | --- |

—

Ercros S.A.: como mínimo del 31 de enero de 1992 al 10 de febrero de 2004,

| — | Ercros Industrial S.A.: como mínimo del 31 de enero de 1992 al 10 de febrero de 2004, |
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—

Ercros Industrial S.A.: como mínimo del 31 de enero de 1992 al 10 de febrero de 2004,

| — | FMC Foret S.A.: como mínimo del 31 de enero de 1992 al 31 de diciembre de 2001, |
| --- | --- |

—

FMC Foret S.A.: como mínimo del 31 de enero de 1992 al 31 de diciembre de 2001,

| — | FMC Chemicals Netherlands B.V.: como mínimo del 31 de enero de 1992 al 31 de diciembre de 2001, |
| --- | --- |

—

FMC Chemicals Netherlands B.V.: como mínimo del 31 de enero de 1992 al 31 de diciembre de 2001,

| — | FMC Corporation: como mínimo del 31 de enero de 1992 al 31 de diciembre de 2001, |
| --- | --- |

—

FMC Corporation: como mínimo del 31 de enero de 1992 al 31 de diciembre de 2001,

| — | Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química S.A.: como mínimo del 21 de octubre de 1993 al 10 de febrero de 2004, |
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—

Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química S.A.: como mínimo del 21 de octubre de 1993 al 10 de febrero de 2004,

| — | José de Mello SGPS S.A.: como mínimo del 1 de enero de 1997 al 10 de febrero de 2004. |
| --- | --- |

—

José de Mello SGPS S.A.: como mínimo del 1 de enero de 1997 al 10 de febrero de 2004.

2.4.   Medidas correctoras

| (15) | Para determinar las multas que se deben imponer, la Comisión se basa en los principios definidos en las Directrices para el cálculo de las multas de 2006 (4). También aplica las disposiciones de la Comunicación sobre clemencia de 2002 y de su Comunicación sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción con vistas a la adopción de decisiones con arreglo a los artículos 7 y 23 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo en casos de cártel. |
| --- | --- |

(15)

Para determinar las multas que se deben imponer, la Comisión se basa en los principios definidos en las Directrices para el cálculo de las multas de 2006 (4). También aplica las disposiciones de la Comunicación sobre clemencia de 2002 y de su Comunicación sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción con vistas a la adopción de decisiones con arreglo a los artículos 7 y 23 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo en casos de cártel.

2.4.1.   Importe básico de la multa

| (16) | De conformidad con las Directrices para el cálculo de las multas, los importes básicos de las multas que se deben imponer a cada una de las partes se obtienen de la suma de un importe variable y un importe adicional. El importe variable de la multa se vincula a una proporción, comprendida entre 0 y 30 % del valor de las ventas, determinada en función del grado de gravedad de la infracción, multiplicada por el número de años de infracción. El importe adicional representa una suma de entre el 15 y el 25 % del valor de las ventas de bienes o servicios afectados por la infracción en el curso de un ejercicio dado (o sea, en principio, el último año de la infracción). |
| --- | --- |

(16)

De conformidad con las Directrices para el cálculo de las multas, los importes básicos de las multas que se deben imponer a cada una de las partes se obtienen de la suma de un importe variable y un importe adicional. El importe variable de la multa se vincula a una proporción, comprendida entre 0 y 30 % del valor de las ventas, determinada en función del grado de gravedad de la infracción, multiplicada por el número de años de infracción. El importe adicional representa una suma de entre el 15 y el 25 % del valor de las ventas de bienes o servicios afectados por la infracción en el curso de un ejercicio dado (o sea, en principio, el último año de la infracción).

| (17) | El cálculo de la multa que se debe imponer a las empresas que hayan aceptado tomar parte en un procedimiento de transacción se calcula según el método expuesto en las Directrices para el cálculo de las multas, tal como se aplica a las empresas que no optan por tal procedimiento (CFPR/Timab) en la otra decisión a que se ha hecho referencia anteriormente. Sin embargo, solo se benefician de una reducción con arreglo a la Comunicación sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción las empresas que toman parte en dichos procedimientos. |
| --- | --- |

(17)

El cálculo de la multa que se debe imponer a las empresas que hayan aceptado tomar parte en un procedimiento de transacción se calcula según el método expuesto en las Directrices para el cálculo de las multas, tal como se aplica a las empresas que no optan por tal procedimiento (CFPR/Timab) en la otra decisión a que se ha hecho referencia anteriormente. Sin embargo, solo se benefician de una reducción con arreglo a la Comunicación sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción las empresas que toman parte en dichos procedimientos.

| (18) | De conformidad con las Directrices para el cálculo de las multas, el importe básico de la multa se fija en el 17 % de las ventas de fosfatos alimenticios utilizados para alimentación animal que realicen las empresas en los países del EEE a que afecta la infracción. |
| --- | --- |

(18)

De conformidad con las Directrices para el cálculo de las multas, el importe básico de la multa se fija en el 17 % de las ventas de fosfatos alimenticios utilizados para alimentación animal que realicen las empresas en los países del EEE a que afecta la infracción.

| (19) | El importe básico se multiplica por el número de años de participación en el cártel para tener plenamente en cuenta la duración de la participación de cada empresa individual en la infracción. |
| --- | --- |

(19)

El importe básico se multiplica por el número de años de participación en el cártel para tener plenamente en cuenta la duración de la participación de cada empresa individual en la infracción.

2.4.2.   Ajustes del importe básico

| (20) | En este caso no hay circunstancias agravantes ni atenuantes. |
| --- | --- |

(20)

En este caso no hay circunstancias agravantes ni atenuantes.

2.4.3.   Aplicación del límite del 10 % del volumen de negocios

| (21) | El artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003, establece que la multa impuesta a cada empresa no podrá ser superior al 10 % de su volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior a la fecha de la decisión de la Comisión. Dado que los importes básicos de Tessenderlo Chemie N.V., Yara Suomi Oy, Yara Phosphates Oy y Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química S.A. superan el tope del 10 % del volumen de negocios de 2009, los importes básicos de las multas que se les van a imponer se ajustan de conformidad con el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003. |
| --- | --- |

(21)

El artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003, establece que la multa impuesta a cada empresa no podrá ser superior al 10 % de su volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior a la fecha de la decisión de la Comisión. Dado que los importes básicos de Tessenderlo Chemie N.V., Yara Suomi Oy, Yara Phosphates Oy y Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química S.A. superan el tope del 10 % del volumen de negocios de 2009, los importes básicos de las multas que se les van a imponer se ajustan de conformidad con el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003.

2.4.4.   Aplicación de la Comunicación sobre Clemencia de 2002: reducción del importe de las multas

| (22) | Kemira presentó una solicitud de dispensa del pago de las multas el 28 de noviembre de 2003. Al cumplir las condiciones de la Comunicación sobre clemencia, se concedió a Kemira una dispensa de las multas condicional el 16 de diciembre de 2003. Yara Phosphates y Yara Suomi, que formaban parte de la misma empresa que Kemira en el momento en que se presentó la solicitud de dispensa, se benefician de la misma dispensa del pago de la multa. |
| --- | --- |

(22)

Kemira presentó una solicitud de dispensa del pago de las multas el 28 de noviembre de 2003. Al cumplir las condiciones de la Comunicación sobre clemencia, se concedió a Kemira una dispensa de las multas condicional el 16 de diciembre de 2003. Yara Phosphates y Yara Suomi, que formaban parte de la misma empresa que Kemira en el momento en que se presentó la solicitud de dispensa, se benefician de la misma dispensa del pago de la multa.

| (23) | Las pruebas comunicadas por Tessenderlo aportan un valor añadido significativo en el sentido de la Comunicación sobre clemencia. Se concedió a Tessenderlo una reducción del 50 % de la multa que, en otro caso, se le habría impuesto por el periodo posterior al 31 de marzo de 1989. Además, de acuerdo con el punto 23 de la Comunicación sobre clemencia, se concedió a Tessenderlo una dispensa parcial ya que su solicitud de clemencia permitió a la Comisión prolongar la duración de la infracción. |
| --- | --- |

(23)

Las pruebas comunicadas por Tessenderlo aportan un valor añadido significativo en el sentido de la Comunicación sobre clemencia. Se concedió a Tessenderlo una reducción del 50 % de la multa que, en otro caso, se le habría impuesto por el periodo posterior al 31 de marzo de 1989. Además, de acuerdo con el punto 23 de la Comunicación sobre clemencia, se concedió a Tessenderlo una dispensa parcial ya que su solicitud de clemencia permitió a la Comisión prolongar la duración de la infracción.

| (24) | Las pruebas comunicadas por Quimitécnica el 27 de marzo de 2007 y completadas posteriormente aportan un valor añadido significativo en el sentido de la Comunicación sobre clemencia. Se concede a Quimitécnica una reducción del 25 % de la multa que de otro modo le habría sido impuesta. José de Mello, que formaba parte de la misma empresa que Quimitécnica en el momento en que se presentó la solicitud de dispensa, se beneficia de la misma reducción de la multa. |
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(24)

Las pruebas comunicadas por Quimitécnica el 27 de marzo de 2007 y completadas posteriormente aportan un valor añadido significativo en el sentido de la Comunicación sobre clemencia. Se concede a Quimitécnica una reducción del 25 % de la multa que de otro modo le habría sido impuesta. José de Mello, que formaba parte de la misma empresa que Quimitécnica en el momento en que se presentó la solicitud de dispensa, se beneficia de la misma reducción de la multa.

| (25) | El 14 de octubre de 2008, CFPR/Timab presentó una solicitud en virtud de la Comunicación sobre clemencia, solicitud que completó el 28 de octubre de 2008. Se le concedió una reducción del 5 % en aplicación de la Comunicación sobre clemencia en la decisión destinada a dichas empresas. |
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(25)

El 14 de octubre de 2008, CFPR/Timab presentó una solicitud en virtud de la Comunicación sobre clemencia, solicitud que completó el 28 de octubre de 2008. Se le concedió una reducción del 5 % en aplicación de la Comunicación sobre clemencia en la decisión destinada a dichas empresas.

2.4.5.   Aplicación de la Comunicación sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción

| (26) | De conformidad con el punto 32 de Comunicación sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción (5), la recompensa por la transacción resultará en la reducción de un 10 % del importe de la multa a imponer una vez aplicado el límite máximo del 10 % con arreglo a las Directrices para el cálculo de las multas. Cuando en los casos decididos en el marco del procedimiento de transacción también estén implicados solicitantes de clemencia, la reducción de la multa que se les conceda por la transacción se añadirá a la recompensa por clemencia, de conformidad con el punto 33 de la Comunicación sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción. Tras la aplicación de la Comunicación sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción, la multa que se debe imponer a todos los destinatarios de la presente Decisión, se reducirá en un 10 %. |
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(26)

De conformidad con el punto 32 de Comunicación sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción (5), la recompensa por la transacción resultará en la reducción de un 10 % del importe de la multa a imponer una vez aplicado el límite máximo del 10 % con arreglo a las Directrices para el cálculo de las multas. Cuando en los casos decididos en el marco del procedimiento de transacción también estén implicados solicitantes de clemencia, la reducción de la multa que se les conceda por la transacción se añadirá a la recompensa por clemencia, de conformidad con el punto 33 de la Comunicación sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción. Tras la aplicación de la Comunicación sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción, la multa que se debe imponer a todos los destinatarios de la presente Decisión, se reducirá en un 10 %.

2.4.6.   Capacidad contributiva

| (27) | Dos de las empresas del presente caso han invocado su «incapacidad contributiva» en virtud del punto 35 de las Directrices para el cálculo de las multas de 2006. La Comisión ha vuelto a examinar estas solicitudes y analizado cuidadosamente los datos financieros disponibles relativos a estas empresas. Como resultado de este examen, ha aceptado una de las solicitudes y ha concedido una reducción del 70 % del importe de la multa. |
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(27)

Dos de las empresas del presente caso han invocado su «incapacidad contributiva» en virtud del punto 35 de las Directrices para el cálculo de las multas de 2006. La Comisión ha vuelto a examinar estas solicitudes y analizado cuidadosamente los datos financieros disponibles relativos a estas empresas. Como resultado de este examen, ha aceptado una de las solicitudes y ha concedido una reducción del 70 % del importe de la multa.

3.   DECISIÓN

| (28) | Las multas impuestas con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003 son las siguientes:






  0 EUR | Conjunta y solidariamente a Yara Phosphates Oy, Yara Suomi Oy y Kemira Oyj. |
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| 83 752 000 EUR | a Tessenderlo Chemie N.V. |
| 1 750 905 EUR | Conjunta y solidariamente a Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química S.A. y José de Mello SGPS S.A. |
| 1 044 095 EUR | a José de Mello SGPS S.A. |
| 14 400 000 EUR | Conjunta y solidariamente a FMC Foret S.A., FMC Chemicals Netherlands B.V. y FMC Corporation |
| 14 850 000 EUR | Conjunta y solidariamente a Ercros Industrial S.A. y Ercros S.A. |

(28)

Las multas impuestas con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003 son las siguientes:

0 EUR

Conjunta y solidariamente a Yara Phosphates Oy, Yara Suomi Oy y Kemira Oyj.

83 752 000 EUR

a Tessenderlo Chemie N.V.

1 750 905 EUR

Conjunta y solidariamente a Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química S.A. y José de Mello SGPS S.A.

1 044 095 EUR

a José de Mello SGPS S.A.

14 400 000 EUR

Conjunta y solidariamente a FMC Foret S.A., FMC Chemicals Netherlands B.V. y FMC Corporation

14 850 000 EUR

Conjunta y solidariamente a Ercros Industrial S.A. y Ercros S.A.

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(1)  DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.

(2)  De conformidad con el artículo 10 bis, apartado 2, del Reglamento (CE) no 773/2004, modificado por el Reglamento (CE) no 622/2008 en lo que respecta al desarrollo de los procedimientos de transacción en casos de cártel.

(3)  El ámbito geográfico del cártel se extendió en todo momento a Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido, mientras que otros países, como España y Portugal, se vieron afectados a partir, respectivamente, de 1992 y 1993.

(4)  DO C 210 de 1.9.2006, p. 2.

(5)  Reglamento (CE) no 622/2008 de la Comisión, de 30 de junio de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 773/2004 en lo que respecta al desarrollo de los procedimientos de transacción en casos de cártel (DO L 171 de 1.7.2008, p. 3) y Comunicación de la Comisión de sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción con vistas a la adopción de decisiones con arreglo a los artículos 7 y 23 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo en casos de cártel (DO C 167 de 2.7.2008, p. 1).

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| 9.4.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 111/19 |
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9.4.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 111/19

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Resumen de la Decisión de la Comisión

de 20 de julio de 2010

relativa a un procedimiento en virtud al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al artículo 53 del Acuerdo EEE

(Asunto COMP/38.866 — Fosfatos para alimentación animal)

[notificada con el número C(2010) 5004]

(Los textos en lenguas inglesa y francesa son los únicos auténticos)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2011/C 111/10

El 20 de julio de 2010, la Comisión adoptó una Decisión relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. De conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo
   (1), la Comisión publica por la presente los nombres de las partes y los aspectos más importantes del contenido de la decisión, incluidas las sanciones impuestas, teniendo en cuenta el legítimo interés de las empresas en la protección de sus secretos comerciales.

1.   INTRODUCCIÓN

| (1) | En el marco de este asunto se han adoptado dos decisiones, a saber, por una parte una decisión «simplificada» a favor de las empresas que hayan reconocido en sus solicitudes formales de transacción («propuestas de transacción») (2) su participación en el cártel en lo que se refiere a la venta de fosfatos alimenticios utilizados en alimentación animal y, por otra parte, una decisión relativa a las empresas Timab Industries S.A. y Compagnie Financière et de Participations Roullier (Francia) (en adelante, «CFPR/Timab»), que han abandonado el procedimiento de transacción. El presente resumen se refiere a la Decisión destinada a CFPR/Timab. |
| --- | --- |

(1)

En el marco de este asunto se han adoptado dos decisiones, a saber, por una parte una decisión «simplificada» a favor de las empresas que hayan reconocido en sus solicitudes formales de transacción («propuestas de transacción») (2) su participación en el cártel en lo que se refiere a la venta de fosfatos alimenticios utilizados en alimentación animal y, por otra parte, una decisión relativa a las empresas Timab Industries S.A. y Compagnie Financière et de Participations Roullier (Francia) (en adelante, «CFPR/Timab»), que han abandonado el procedimiento de transacción. El presente resumen se refiere a la Decisión destinada a CFPR/Timab.

| (2) | Los destinatarios de la Decisión han participado en una única y continua infracción del artículo 101 del TFUE y, a partir del 1 de enero de 1994, del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en adelante «Acuerdo EEE»), por la cual se pusieron de acuerdo en la venta de fosfatos alimenticios utilizados en alimentación animal del 16 de septiembre de 1993 al 10 de febrero de 2004. |
| --- | --- |

(2)

Los destinatarios de la Decisión han participado en una única y continua infracción del artículo 101 del TFUE y, a partir del 1 de enero de 1994, del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en adelante «Acuerdo EEE»), por la cual se pusieron de acuerdo en la venta de fosfatos alimenticios utilizados en alimentación animal del 16 de septiembre de 1993 al 10 de febrero de 2004.

2.   DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

2.1.   Procedimiento

| (3) | El procedimiento se incoó a consecuencia de una solicitud de inmunidad presentada por Kemira el 28 de noviembre de 2003 en relación con el periodo 1989-2003. La Comisión obtuvo otras pruebas en inspecciones efectuadas los días 10 y 11 de febrero de 2004. El 18 de febrero de 2004, Tessenderlo presentó una solicitud de clemencia. Posteriormente la Comisión recibió otras solicitudes de clemencia de Quimitécnica y CFPR/Timab. |
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(3)

El procedimiento se incoó a consecuencia de una solicitud de inmunidad presentada por Kemira el 28 de noviembre de 2003 en relación con el periodo 1989-2003. La Comisión obtuvo otras pruebas en inspecciones efectuadas los días 10 y 11 de febrero de 2004. El 18 de febrero de 2004, Tessenderlo presentó una solicitud de clemencia. Posteriormente la Comisión recibió otras solicitudes de clemencia de Quimitécnica y CFPR/Timab.

| (4) | La decisión relativa a la incoación de un procedimiento para llegar a una transacción se notificó a las partes por carta de 19 de enero de 2009. Tras una serie de conversaciones a este respecto, todas las partes presentaron sus propuestas de transacción en los plazos respectivos que se les habían fijado, a excepción de CFPR/Timab, que abandonó el procedimiento de transacción. |
| --- | --- |

(4)

La decisión relativa a la incoación de un procedimiento para llegar a una transacción se notificó a las partes por carta de 19 de enero de 2009. Tras una serie de conversaciones a este respecto, todas las partes presentaron sus propuestas de transacción en los plazos respectivos que se les habían fijado, a excepción de CFPR/Timab, que abandonó el procedimiento de transacción.

| (5) | El 23 de noviembre de 2009, la Comisión adoptó una serie de seis pliegos de cargos destinados al conjunto de las partes. A excepción de CFPR/Timab, todas las partes respondieron confirmando que el pliego de cargos correspondía al contenido de sus propuestas de transacción y que, en consecuencia, su compromiso para seguir el procedimiento de transacción estaba fuera de toda duda. |
| --- | --- |

(5)

El 23 de noviembre de 2009, la Comisión adoptó una serie de seis pliegos de cargos destinados al conjunto de las partes. A excepción de CFPR/Timab, todas las partes respondieron confirmando que el pliego de cargos correspondía al contenido de sus propuestas de transacción y que, en consecuencia, su compromiso para seguir el procedimiento de transacción estaba fuera de toda duda.

| (6) | Tras haber tenido pleno acceso al expediente, CFPR/Timab respondió por escrito al pliego de cargos el 2 de febrero de 2010 y participó en la audiencia que tuvo lugar el 24 de febrero de 2010. |
| --- | --- |

(6)

Tras haber tenido pleno acceso al expediente, CFPR/Timab respondió por escrito al pliego de cargos el 2 de febrero de 2010 y participó en la audiencia que tuvo lugar el 24 de febrero de 2010.

| (7) | El Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitió un dictamen favorable los días 2 y 16 de julio de 2010. Esta decisión se adoptó el 20 de julio de 2010 (igual que la decisión que tenía como destinatarios las partes del procedimiento de transacción). |
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(7)

El Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitió un dictamen favorable los días 2 y 16 de julio de 2010. Esta decisión se adoptó el 20 de julio de 2010 (igual que la decisión que tenía como destinatarios las partes del procedimiento de transacción).

2.2.   Resumen de la infracción

| (8) | El asunto de que se trata se refiere a una infracción del artículo 101 del TFUE y, a partir del 1 de enero de 1994, del artículo 53 del Acuerdo EEE en relación con la venta de fosfatos alimenticios. El cártel tenía por finalidad compartir una gran parte del mercado europeo de fosfatos alimenticios repartiendo cuotas de ventas entre los miembros del cártel, así como coordinando los precios y, en la medida necesaria, las condiciones de venta. |
| --- | --- |

(8)

El asunto de que se trata se refiere a una infracción del artículo 101 del TFUE y, a partir del 1 de enero de 1994, del artículo 53 del Acuerdo EEE en relación con la venta de fosfatos alimenticios. El cártel tenía por finalidad compartir una gran parte del mercado europeo de fosfatos alimenticios repartiendo cuotas de ventas entre los miembros del cártel, así como coordinando los precios y, en la medida necesaria, las condiciones de venta.

| (9) | Los acuerdos colusorios, bautizados el «Club», el CEPA (Centro de Estudios de los Fosfatos Alimenticios) y, más tarde, el Super CEPA, se han revelado sólidos y capaces de adaptarse, de año en año, a condiciones industriales y comerciales en constante evolución. |
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(9)

Los acuerdos colusorios, bautizados el «Club», el CEPA (Centro de Estudios de los Fosfatos Alimenticios) y, más tarde, el Super CEPA, se han revelado sólidos y capaces de adaptarse, de año en año, a condiciones industriales y comerciales en constante evolución.

| (10) | La coordinación tenía como objetivo principal compartir los volúmenes de fosfatos alimenticios suministrados en varios países europeos, entre ellos algunos Estados miembros efectivos o futuros, y algunos países que posteriormente pasaron a ser Partes contratantes del Acuerdo EEE. Las empresas coordinaban también ciertas limitaciones de producción (por ejemplo, respecto a la producción basada en la técnica del ácido fosfórico o la reorientación de una parte de las materias primas y de los excedentes de producción hacia el mercado de abonos) y se repartían los clientes. Los miembros del cártel se pusieron de acuerdo, en concreto, en un sistema de cuotas que cubría diferentes zonas geográficas de Europa sobre cuya base se asignaban a los productores volúmenes de ventas y clientes específicos. En su caso, se aplicaban compensaciones para corregir las diferencias. |
| --- | --- |

(10)

La coordinación tenía como objetivo principal compartir los volúmenes de fosfatos alimenticios suministrados en varios países europeos, entre ellos algunos Estados miembros efectivos o futuros, y algunos países que posteriormente pasaron a ser Partes contratantes del Acuerdo EEE. Las empresas coordinaban también ciertas limitaciones de producción (por ejemplo, respecto a la producción basada en la técnica del ácido fosfórico o la reorientación de una parte de las materias primas y de los excedentes de producción hacia el mercado de abonos) y se repartían los clientes. Los miembros del cártel se pusieron de acuerdo, en concreto, en un sistema de cuotas que cubría diferentes zonas geográficas de Europa sobre cuya base se asignaban a los productores volúmenes de ventas y clientes específicos. En su caso, se aplicaban compensaciones para corregir las diferencias.

| (11) | El cártel tenía también por objeto permitir a los miembros interesados coordinar los precios aplicados en cada país y, en su caso, las condiciones de venta. |
| --- | --- |

(11)

El cártel tenía también por objeto permitir a los miembros interesados coordinar los precios aplicados en cada país y, en su caso, las condiciones de venta.

| (12) | Las empresas se pusieron en contacto con frecuencia y se encontraron a intervalos regulares para proceder a esta coordinación mediante acuerdos sobre el control de los precios y el reparto del mercado, tanto a nivel europeo como en los diferentes países. Previeron y utilizaron mecanismos de control y de compensación para vigilar el acuerdo de reparto del mercado, así como intervenir en los litigios relativos a las diferencias importantes respecto a las cuotas acordadas a los niveles europeo y nacional y solucionarlos, lo que no impidió a las partes aprovechar las ocasiones de presentar datos incorrectos para inducirse a error mutuamente. |
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(12)

Las empresas se pusieron en contacto con frecuencia y se encontraron a intervalos regulares para proceder a esta coordinación mediante acuerdos sobre el control de los precios y el reparto del mercado, tanto a nivel europeo como en los diferentes países. Previeron y utilizaron mecanismos de control y de compensación para vigilar el acuerdo de reparto del mercado, así como intervenir en los litigios relativos a las diferencias importantes respecto a las cuotas acordadas a los niveles europeo y nacional y solucionarlos, lo que no impidió a las partes aprovechar las ocasiones de presentar datos incorrectos para inducirse a error mutuamente.

| (13) | Los precios, los incrementos de precios y otras condiciones comerciales o de compra, en lo que respecta a éstas solo cuando era necesario, se discutieron y coordinaron país por país. |
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(13)

Los precios, los incrementos de precios y otras condiciones comerciales o de compra, en lo que respecta a éstas solo cuando era necesario, se discutieron y coordinaron país por país.

| (14) | La infracción global se extendió por la mayor parte de la Unión, así como, posteriormente, a una gran parte del territorio del EEE (3) y duró del 19 de marzo de 1969, por lo menos, al 10 de febrero de 2004, por lo menos. |
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(14)

La infracción global se extendió por la mayor parte de la Unión, así como, posteriormente, a una gran parte del territorio del EEE (3) y duró del 19 de marzo de 1969, por lo menos, al 10 de febrero de 2004, por lo menos.

| (15) | Por lo que respecta a Timab, ha quedado demostrado que ha tomado parte de los acuerdos Super CEPA y en el cártel global sobre los fosfatos alimenticios, y ha estado plenamente integrada en ellos, del 16 de septiembre de 1993 al 10 de febrero de 2004. |
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(15)

Por lo que respecta a Timab, ha quedado demostrado que ha tomado parte de los acuerdos Super CEPA y en el cártel global sobre los fosfatos alimenticios, y ha estado plenamente integrada en ellos, del 16 de septiembre de 1993 al 10 de febrero de 2004.

| (16) | CFPR (sociedad matriz última del grupo Rouiller) está considerada conjunta y solidariamente responsable, con Timab, de su participación en la infracción, del 16 de septiembre de 1993 por lo menos al 10 de febrero de 2004. |
| --- | --- |

(16)

CFPR (sociedad matriz última del grupo Rouiller) está considerada conjunta y solidariamente responsable, con Timab, de su participación en la infracción, del 16 de septiembre de 1993 por lo menos al 10 de febrero de 2004.

2.3.   Destinatarios y duración

| (17) | Se considerará responsables de la infracción durante los periodos señalados a las siguientes personas jurídicas:






  — | Timab Industries S.A.: del 16 de septiembre de 1993 por lo menos al 10 de febrero de 2004, |
| --- | --- | --- |

(17)

Se considerará responsables de la infracción durante los periodos señalados a las siguientes personas jurídicas:

—

Timab Industries S.A.: del 16 de septiembre de 1993 por lo menos al 10 de febrero de 2004,

| — | Compagnie Financière et de Participations Roullier: del 16 de septiembre de 1993 por lo menos al 10 de febrero de 2004. |
| --- | --- |

—

Compagnie Financière et de Participations Roullier: del 16 de septiembre de 1993 por lo menos al 10 de febrero de 2004.

2.4.   Medidas correctoras

| (18) | Para determinar las multas que se deben imponer, la Comisión se basa en los principios definidos en las Directrices para el cálculo de las multas de 2006 (4). También aplica las disposiciones de la Comunicación sobre clemencia de 2002 y de su Comunicación sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción con vistas a la adopción de decisiones con arreglo a los artículos 7 y 23 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo en casos de cártel. |
| --- | --- |

(18)

Para determinar las multas que se deben imponer, la Comisión se basa en los principios definidos en las Directrices para el cálculo de las multas de 2006 (4). También aplica las disposiciones de la Comunicación sobre clemencia de 2002 y de su Comunicación sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción con vistas a la adopción de decisiones con arreglo a los artículos 7 y 23 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo en casos de cártel.

2.4.1.   Importe básico de las multas

| (19) | De conformidad con las Directrices para el cálculo de las multas, los importes básicos de las multas que se deben imponer a cada una de las partes se obtienen de la suma de un importe variable y un importe adicional. El importe variable de la multa se vincula a una proporción, comprendida entre 0 y 30 %, del valor de las ventas, determinada en función del grado de gravedad de la infracción, multiplicada por el número de años de infracción. El importe adicional representa 15 a 25 % del valor de las ventas de bienes o servicios afectados por la infracción en el curso de un ejercicio dado (o sea, en principio, el último año de la infracción). |
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(19)

De conformidad con las Directrices para el cálculo de las multas, los importes básicos de las multas que se deben imponer a cada una de las partes se obtienen de la suma de un importe variable y un importe adicional. El importe variable de la multa se vincula a una proporción, comprendida entre 0 y 30 %, del valor de las ventas, determinada en función del grado de gravedad de la infracción, multiplicada por el número de años de infracción. El importe adicional representa 15 a 25 % del valor de las ventas de bienes o servicios afectados por la infracción en el curso de un ejercicio dado (o sea, en principio, el último año de la infracción).

| (20) | La multa que se debe imponer a las empresas que hayan aceptado tomar parte en un procedimiento de transacción se calcula según el método expuesto en las Directrices para el cálculo de las multas, que es el mismo que el de las empresas que no optan por tal procedimiento (o sea, en el presente caso, CFPR/Timab). Sin embargo, solo las primeras se benefician de una reducción con arreglo a la Comunicación sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción. |
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(20)

La multa que se debe imponer a las empresas que hayan aceptado tomar parte en un procedimiento de transacción se calcula según el método expuesto en las Directrices para el cálculo de las multas, que es el mismo que el de las empresas que no optan por tal procedimiento (o sea, en el presente caso, CFPR/Timab). Sin embargo, solo las primeras se benefician de una reducción con arreglo a la Comunicación sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción.

| (21) | De conformidad con las Directrices para el cálculo de las multas, el importe básico de la multa se fija en el 17 % de las ventas de fosfatos alimenticios utilizados para alimentación animal que realicen las empresas en los países del EEE a que afecta la infracción. |
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(21)

De conformidad con las Directrices para el cálculo de las multas, el importe básico de la multa se fija en el 17 % de las ventas de fosfatos alimenticios utilizados para alimentación animal que realicen las empresas en los países del EEE a que afecta la infracción.

| (22) | El importe básico se multiplica por el número de años de participación en el cártel para tener plenamente en cuenta la duración de la participación de cada empresa individual en la infracción. |
| --- | --- |

(22)

El importe básico se multiplica por el número de años de participación en el cártel para tener plenamente en cuenta la duración de la participación de cada empresa individual en la infracción.

2.4.2.   Ajustes del importe básico

| (23) | En este caso no hay circunstancias agravantes ni atenuantes. |
| --- | --- |

(23)

En este caso no hay circunstancias agravantes ni atenuantes.

2.4.3.   Aplicación del límite del 10 % del volumen de negocios

| (24) | En virtud del artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003, la multa impuesta a cada empresa no podrá ser superior al 10 % de su volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior a la fecha de la decisión de la Comisión. |
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(24)

En virtud del artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003, la multa impuesta a cada empresa no podrá ser superior al 10 % de su volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior a la fecha de la decisión de la Comisión.

2.4.4.   Aplicación de la Comunicación sobre clemencia de 2002: reducción del importe de las multas

| (25) | Kemira presentó una solicitud de dispensa del pago de las multas el 28 de noviembre de 2003 a la que se accedió el 16 de diciembre de 2003, al cumplir el interesado las condiciones de la Comunicación sobre clemencia. Yara Phosphates y Yara Suomi, que formaban parte de la misma empresa que Kemira en el momento en que se presentó la solicitud de dispensa, se benefician de la misma dispensa del pago de la multa. |
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(25)

Kemira presentó una solicitud de dispensa del pago de las multas el 28 de noviembre de 2003 a la que se accedió el 16 de diciembre de 2003, al cumplir el interesado las condiciones de la Comunicación sobre clemencia. Yara Phosphates y Yara Suomi, que formaban parte de la misma empresa que Kemira en el momento en que se presentó la solicitud de dispensa, se benefician de la misma dispensa del pago de la multa.

| (26) | Las pruebas comunicadas por Tessenderlo aportan un valor añadido significativo en el sentido de la Comunicación sobre clemencia. Se concedió a Tessenderlo una reducción del 50 % de la multa que, en otro caso, se le habría impuesto por el periodo posterior al 31 de marzo de 1989. Además, de acuerdo con el punto 23 de la Comunicación sobre clemencia, se concedió a Tessenderlo una dispensa parcial ya que su solicitud de clemencia permitió a la Comisión prolongar la duración de la infracción. |
| --- | --- |

(26)

Las pruebas comunicadas por Tessenderlo aportan un valor añadido significativo en el sentido de la Comunicación sobre clemencia. Se concedió a Tessenderlo una reducción del 50 % de la multa que, en otro caso, se le habría impuesto por el periodo posterior al 31 de marzo de 1989. Además, de acuerdo con el punto 23 de la Comunicación sobre clemencia, se concedió a Tessenderlo una dispensa parcial ya que su solicitud de clemencia permitió a la Comisión prolongar la duración de la infracción.

| (27) | Las pruebas comunicadas por Quimitécnica el 27 de marzo de 2007 y completadas posteriormente aportan un valor añadido significativo en el sentido de la Comunicación sobre clemencia. Procede conceder a Quimitécnica una reducción del 25 % de la multa que de otro modo le habría sido impuesta. José de Mello, que formaba parte de la misma empresa que Quimitécnica en el momento en que se presentó la solicitud de dispensa, se beneficia de la misma reducción de la multa. |
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(27)

Las pruebas comunicadas por Quimitécnica el 27 de marzo de 2007 y completadas posteriormente aportan un valor añadido significativo en el sentido de la Comunicación sobre clemencia. Procede conceder a Quimitécnica una reducción del 25 % de la multa que de otro modo le habría sido impuesta. José de Mello, que formaba parte de la misma empresa que Quimitécnica en el momento en que se presentó la solicitud de dispensa, se beneficia de la misma reducción de la multa.

| (28) | El 14 de octubre de 2008, CFPR/Timab presentó una solicitud en virtud de la Comunicación sobre clemencia, solicitud que completó el 28 de octubre de 2008. Se le concedió una reducción del 5 % en aplicación de la Comunicación sobre clemencia. |
| --- | --- |

(28)

El 14 de octubre de 2008, CFPR/Timab presentó una solicitud en virtud de la Comunicación sobre clemencia, solicitud que completó el 28 de octubre de 2008. Se le concedió una reducción del 5 % en aplicación de la Comunicación sobre clemencia.

2.4.5.   Capacidad contributiva

| (29) | Dos de las empresas del presente caso han invocado su «incapacidad contributiva» en virtud del punto 35 de las Directrices para el cálculo de las multas de 2006. La Comisión ha vuelto a examinar estas solicitudes y analizado cuidadosamente los datos financieros relativos a estas empresas. Como resultado de este examen, ha aceptado una de las solicitudes y ha concedido una reducción del 70 % del importe de la multa. |
| --- | --- |

(29)

Dos de las empresas del presente caso han invocado su «incapacidad contributiva» en virtud del punto 35 de las Directrices para el cálculo de las multas de 2006. La Comisión ha vuelto a examinar estas solicitudes y analizado cuidadosamente los datos financieros relativos a estas empresas. Como resultado de este examen, ha aceptado una de las solicitudes y ha concedido una reducción del 70 % del importe de la multa.

3.   DECISIÓN

| (30) | Las multas impuestas con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003 son las siguientes:






  59 850 000 EUR | adeudados conjunta y solidariamente por Timab Industries S.A. y Compagnie Financière et de Participations Roullier |
| --- | --- | --- |

(30)

Las multas impuestas con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003 son las siguientes:

59 850 000 EUR

adeudados conjunta y solidariamente por Timab Industries S.A. y Compagnie Financière et de Participations Roullier

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(1)  DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.

(2)  De conformidad con lo previsto en el artículo 10 bis, apartado 2, del Reglamento (CE) no 773/2004, modificado por el Reglamento (CE) no 622/2008 en lo que respecta al desarrollo de los procedimientos de transacción en casos de cártel.

(3)  El ámbito geográfico del cártel se extendió en todo momento a Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido, mientras que otros países, como España y Portugal, se vieron afectados a partir, respectivamente, de 1992 y 1993.

(4)  DO C 210 de 1.9.2006, p. 2.

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V Anuncios

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión Europea

| 9.4.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 111/22 |
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9.4.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 111/22

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AYUDA ESTATAL — ALEMANIA

Ayuda estatal C 33/10 (ex N 700/09) — Ayuda a los productores de metales no férreos para los costes del CO2 en los precios de la electricidad

Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2011/C 111/11

Por carta de 17 de noviembre de 2010, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Alemania su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con la ayuda antes citada.

Los interesados podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

| Comisión Europea |
| --- |
| Dirección General de Competencia |
| Registro de Ayudas Estatales |
| Rue Joseph II/Jozef II-straat 70 |
| 1049 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |
| Fax +32 2296124 |

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Ayudas Estatales

Rue Joseph II/Jozef II-straat 70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 2296124

Dichas observaciones se comunicarán a Alemania. Los interesados que presenten observaciones podrán solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada de forma confidencial.

RESUMEN SIGNIFICATIVO

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

Alemania tiene intención de conceder 40 millones EUR a los productores de metales no férreos (aluminio primario, Código NACE 2442; zinc con excepción de plomo y estaño, Código NACE 2443; y cobre, Código NACE 2444; en lo sucesivo, metales NF). La medida está concebida para compensar por parte de los costes por las emisiones indirectas de CO2 incurridos por los beneficiarios en la segunda mitad de 2009, un periodo en el que, como consecuencia de la crisis económica, los productores de metales NF experimentaron una fase de precios excepcionalmente bajos. Las autoridades alemanas alegan que la medida es necesaria para evitar que los productores alemanes de metales NF trasladen su producción a países situados al margen del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (en lo sucesivo, el ETS) en los que los costes de CO2 son más bajos. Las autoridades alemanas alegan que la ayuda está justificada para evitar el riesgo de fuga de carbono.

La ayuda se concederá en forma de pagos compensatorios por los costes de CO2 de toda la electricidad consumida por encima de un GWh/año, es decir, que no se abonará compensación alguna por el primer GWh consumido. La ayuda se calculará sobre la base del consumo anual de electricidad de los solicitantes (menos 1 GWh) multiplicado por un importe por MWh que se define a nivel subsectorial (aluminio, cobre, zinc). Las autoridades alemanas señalan que estos importes se calculan sobre la base de unos costes de CO2 de 19 EUR/MWh (justificados por ser aproximadamente el 75 % de la cotización media de los derechos de emisión de CO2 para el año siguiente en los primeros meses de 2008, que es de aproximadamente 24 EUR) (1). De este importe las autoridades alemanas deducen un margen de seguridad del 10 % para calcular la compensación máxima de 17 EUR/MWh para el aluminio. La compensación prevista para el zinc es de 16 EUR/MWh y para el cobre de 9 EUR/MWh. La cifra exacta por beneficiario depende de su consumo de electricidad en la segunda mitad de 2009, ya que la ayuda se asigna en función del consumo real de los beneficiarios y del precio antes mencionado por MWh de la electricidad consumida para producir aluminio, zinc y cobre. En caso de cierre de la producción o de traslado de la misma fuera de Alemania antes de que finalice 2010, los beneficiarios tendrían que reembolsar toda ayuda que hubieran recibido hasta entonces.

EVALUACIÓN

La Comisión opina que la medida propuesta es constitutiva de ayuda estatal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, concedida a los productores alemanes de metales no férreos. La Comisión alberga dudas de que la ayuda estatal sea compatible con el Mercado Interior. Las autoridades alemanas han alegado una serie de objetivos de interés común que la ayuda pretende supuestamente alcanzar. La Comisión ha evaluado la ayuda notificada a la luz de cada uno de estos objetivos y ha examinado si la medida es adecuada, necesaria y proporcionada para lograrlos.

En primer lugar, las autoridades alemanas indicaron que la ayuda produce un beneficio para el medio ambiente y podría ser autorizada al amparo de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, ya que sirve para evitar el traslado de los productores de metales NF a países de fuera de la UE con obligaciones menos estrictas de reducción de emisiones de CO2, lo que podría conducir a un incremento de estas emisiones a escala planetaria (fuga de carbono). En particular, las autoridades alemanas alegan que en Alemania los precios de la electricidad son superiores a la media mundial como consecuencia fundamentalmente del componente del coste de CO2 originado por el ETS de la UE y que los productores alemanes de metales NF no pueden repercutir estos costes extraordinarios a sus clientes sin perder cuotas de mercado frente a los competidores de terceros países, ya que el mercado de metales NF es mundial. Las autoridades alemanas afirman que esta situación se ha agravado por una caída de los precios de los metales NF en la Bolsa de Metales de Londres (LME) producida en 2009. Las autoridades alemanas concluyen que esta medida es necesaria y proporcionada para evitar que los productores alemanes de metales NF abandonen su actividad en Alemania y se trasladen a terceros países fuera del ETS de la UE.

Cuando la Comisión solicitó a Alemania que facilitase datos en apoyo de sus argumentos, las autoridades alemanas alegaron que la mayor parte de estos datos no podían facilitarse porque contenían secretos profesionales y que, en cualquier caso, resultaría inoportuno solicitarles datos puesto que el riesgo de fuga de carbono ya había sido calculado por la Decisión relativa a la lista de fuga de carbono (2).

No obstante, la Comisión duda de que el efecto incentivador de una compensación por el coste de emisiones indirectas pueda calcularse exclusivamente en función de una Decisión relativa a la lista de fuga de carbono que establece los sectores elegibles para los derechos de emisión para las emisiones directas. Además, los informes anuales de que se dispone procedentes de importantes beneficiarios indican que estas empresas siguieron siendo rentables a pesar de los bajos precios de la LME. Por consiguiente, parece cuestionable que los beneficiarios vayan a abandonar sus actividades en Alemania sin la ayuda, habida cuenta especialmente de que los precios de la LME están volviendo a subir. Por otra parte, sin la información solicitada la Comisión no está en condiciones de evaluar adecuadamente si, en caso de cierre de centros de producción en Alemania, las capacidades serían asumidas por unidades de producción en otros Estados miembros y permanecerían por tanto dentro del ETS de la UE o si verdaderamente serían asumidas por empresas que operan fuera del ETS de la UE. Por último, la Comisión señala que suele considerarse que las ayudas de funcionamiento producen un efecto especialmente distorsionador de la competencia, sobre todo por lo que respecta a las empresas de otros Estados miembros de la UE o de dentro del EEE, lo que podría llevar a una carrera de subvenciones. En consecuencia, en este momento la Comisión alberga dudas de que la medida pueda ser considerada compatible en calidad de ayuda destinada a la protección medioambiental con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. La incoación del procedimiento de investigación formal parece adecuada con vistas a obtener más información y recibir las observaciones de los terceros interesados.

En segundo lugar, las autoridades alemanas alegan que, al evitar la deslocalización de los productores de metales NF, la medida contribuye al mantenimiento del empleo en este sector y en los sectores descendentes, con lo que se apoya el desarrollo sectorial a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. No obstante, la Comisión no está segura de que evitar la deslocalización fuera de Alemania pueda considerarse un objetivo de interés común, habida cuenta especialmente de que, en esta fase, no puede descartarse que la medida mejore la competitividad de los productores alemanes de metales NF en relación con sus competidores europeos.

En tercer lugar, las autoridades alemanas alegaron que la conjunción de unos costes elevados de CO2 por emisiones indirectas y de precios bajos de la LME constituye una grave perturbación en la economía a tenor del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. Las autoridades alemanas señalan que la existencia de una grave perturbación en la economía ha sido reconocida por la Comisión en su Marco Temporal (3). No obstante, la Comisión duda de que la lógica de la crisis financiera, que consistía esencialmente en dificultades de acceso al capital, pueda aplicarse a la medida que nos ocupa, ya que no parece que ninguno de los beneficiarios haya tenido tales problemas. Por otra parte, ni los costes de CO2 de la generación eléctrica, ni la fluctuación de los precios de la LME parecen constituir una perturbación de la economía. El hecho de tener en cuenta los costes de CO2 a la hora de calcular los precios es un objetivo del ETS con vistas a alcanzar la reducción de emisiones y, por lo que respecta a los precios de la LME, la información de que se dispone indica que las fluctuaciones de precios representan más una oscilación natural del ciclo económico de la oferta y la demanda que una «grave perturbación». Además, la Comisión no está segura de que la menor competitividad de los productores alemanes de NF implique una grave perturbación para los sectores descendentes y la economía alemana en su conjunto.

Por consiguiente, la Comisión alberga dudas de que la ayuda estatal notificada pueda considerarse compatible a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 3, letras b) o c), del TFUE.

Habida cuenta de estas dudas, la Comisión ha decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 108, apartado 2, del TFUE e invita a los terceros interesados a presentar sus observaciones.

TEXTO DE LA CARTA

«hiermit teilt die Kommission Deutschland mit, dass sie nach der Prüfung der von Deutschland übermittelten Informationen über die vorstehend genannten Maßnahme beschlossen hat, das förmliche Prüfverfahren nach Artikel 108 Absatz 2 AEUV (4) zu eröffnen.

I.   VERFAHREN

| (1) | Am 17. Dezember 2009 meldete Deutschland die vorstehend genannte Maßnahme bei der Kommission an. Am 16. Februar 2010 wurde Deutschland ein erstes Auskunftsersuchen übermittelt. Am 15. März 2010 beantragte Deutschland eine Verlängerung der Frist zur Erteilung der geforderten Auskünfte, die daraufhin bis zum 10. Mai 2010 verlängert wurde. Die Kommission erhielt die Antwort Deutschlands am 10. Mai 2010 und übermittelte Deutschland nach Prüfung der Informationen am 9. Juli 2010 ein weiteres Auskunftsersuchen. Am 19. August 2010 beantragte Deutschland eine Verlängerung der Frist, die daraufhin bis zum 20. September 2010 verlängert wurde. Am 21. September 2010 übermittelte Deutschland die geforderten Informationen. |
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(1)

Am 17. Dezember 2009 meldete Deutschland die vorstehend genannte Maßnahme bei der Kommission an. Am 16. Februar 2010 wurde Deutschland ein erstes Auskunftsersuchen übermittelt. Am 15. März 2010 beantragte Deutschland eine Verlängerung der Frist zur Erteilung der geforderten Auskünfte, die daraufhin bis zum 10. Mai 2010 verlängert wurde. Die Kommission erhielt die Antwort Deutschlands am 10. Mai 2010 und übermittelte Deutschland nach Prüfung der Informationen am 9. Juli 2010 ein weiteres Auskunftsersuchen. Am 19. August 2010 beantragte Deutschland eine Verlängerung der Frist, die daraufhin bis zum 20. September 2010 verlängert wurde. Am 21. September 2010 übermittelte Deutschland die geforderten Informationen.

II.   BESCHREIBUNG DER MASSNAHME

| (2) | Deutschland beabsichtigt, Erzeugern von Nichteisen-Metallen (nachstehend ‚NE-Metalle‘ genannt) 40 Mio. EUR zu gewähren. Mit der Maßnahme soll ein Teil der CO2-Kosten für indirekte Emissionen kompensiert werden, die die Begünstigten im zweiten Halbjahr 2009 zu tragen hatten. Deutschland zufolge ist die Maßnahme notwendig, um zu verhindern, dass deutsche NE-Metallerzeuger ihre Produktion in Länder verlagern, in denen das Europäische Emissionshandelsystem (nachstehend ‚EHS‘ genannt) nicht gilt und in denen die CO2-Kosten niedriger sind. |
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(2)

Deutschland beabsichtigt, Erzeugern von Nichteisen-Metallen (nachstehend ‚NE-Metalle‘ genannt) 40 Mio. EUR zu gewähren. Mit der Maßnahme soll ein Teil der CO2-Kosten für indirekte Emissionen kompensiert werden, die die Begünstigten im zweiten Halbjahr 2009 zu tragen hatten. Deutschland zufolge ist die Maßnahme notwendig, um zu verhindern, dass deutsche NE-Metallerzeuger ihre Produktion in Länder verlagern, in denen das Europäische Emissionshandelsystem (nachstehend ‚EHS‘ genannt) nicht gilt und in denen die CO2-Kosten niedriger sind.

1.   Ziel der Maßnahme

| (3) | Nach Angaben Deutschlands sollen mit der Maßnahme in erster Linie die sektorale Entwicklung der Erzeugung von Primäraluminium (NACE-Code 2242), Zink (NACE-Code 2243 ausgenommen Blei und Zinn) und Kupfer (NACE-Code 2244) unterstützt und eine beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben behoben werden. Deutschland gibt ferner an, dass die Beihilfe — als sekundäre Ziele — auch den Umweltschutz und die Beschäftigung fördern solle. |
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(3)

Nach Angaben Deutschlands sollen mit der Maßnahme in erster Linie die sektorale Entwicklung der Erzeugung von Primäraluminium (NACE-Code 2242), Zink (NACE-Code 2243 ausgenommen Blei und Zinn) und Kupfer (NACE-Code 2244) unterstützt und eine beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben behoben werden. Deutschland gibt ferner an, dass die Beihilfe — als sekundäre Ziele — auch den Umweltschutz und die Beschäftigung fördern solle.

| (4) | Deutschland erklärt, dass die 2008 ausgebrochene Finanzkrise zu einem Fall der Weltmarktpreise für NE-Metalle an der Londoner Metallbörse (nachstehend ‚LME‘ genannt) geführt habe, während die Strompreise in der EU aufgrund der durch das EHS bedingten CO2-Kosten für indirekte Emissionen hoch blieben. Deutschland argumentiert, dass die Kombination von niedrigen Preisen auf dem Weltmarkt und hohen Strompreisen in der EU die Wettbewerbsfähigkeit von NE-Metallerzeugern in der EU gegenüber NE-Metallerzeugern außerhalb der EU geschwächt habe. |
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(4)

Deutschland erklärt, dass die 2008 ausgebrochene Finanzkrise zu einem Fall der Weltmarktpreise für NE-Metalle an der Londoner Metallbörse (nachstehend ‚LME‘ genannt) geführt habe, während die Strompreise in der EU aufgrund der durch das EHS bedingten CO2-Kosten für indirekte Emissionen hoch blieben. Deutschland argumentiert, dass die Kombination von niedrigen Preisen auf dem Weltmarkt und hohen Strompreisen in der EU die Wettbewerbsfähigkeit von NE-Metallerzeugern in der EU gegenüber NE-Metallerzeugern außerhalb der EU geschwächt habe.

| (5) | Deutschland gibt an, dass der Wettbewerbsnachteil europäischen NE-Metallerzeuger möglicherweise einen Anreiz bietet, ihre Produktion in Nicht-EU-Länder zu verlagern, in denen keine hohen CO2-Kosten anfallen. Nach Angaben Deutschlands könnten Standortverlagerungen deutscher NE-Metallerzeuger gravierende Auswirkungen auf die nachgelagerten Industrien (z.B. Bausektor, Automobilindustrie, Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt) haben, die von großer Bedeutung für die deutsche und die europäische Industrie sind. Des Weiteren würde eine solche Verlagerung in Länder, die nicht am EHS teilnehmen, auf globaler Ebene zu einem höheren CO2-Ausstoß führen, da die NE-Metallerzeugung dort nicht unter CO2-Auflagen erfolgen würde, anders als in der EU, in der eine verbindliche Emissionsobergrenze gilt (Verlagerung von CO2-Emissionen, sog. Carbon Leakage). |
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(5)

Deutschland gibt an, dass der Wettbewerbsnachteil europäischen NE-Metallerzeuger möglicherweise einen Anreiz bietet, ihre Produktion in Nicht-EU-Länder zu verlagern, in denen keine hohen CO2-Kosten anfallen. Nach Angaben Deutschlands könnten Standortverlagerungen deutscher NE-Metallerzeuger gravierende Auswirkungen auf die nachgelagerten Industrien (z.B. Bausektor, Automobilindustrie, Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt) haben, die von großer Bedeutung für die deutsche und die europäische Industrie sind. Des Weiteren würde eine solche Verlagerung in Länder, die nicht am EHS teilnehmen, auf globaler Ebene zu einem höheren CO2-Ausstoß führen, da die NE-Metallerzeugung dort nicht unter CO2-Auflagen erfolgen würde, anders als in der EU, in der eine verbindliche Emissionsobergrenze gilt (Verlagerung von CO2-Emissionen, sog. Carbon Leakage).

| (6) | Deutschland kommt zu dem Schluss, dass die geplante Maßnahme ein angemessenes Mittel sei, um einer Standortverlagerung und ihren negativen Folgen für die EU-Industrie sowie für die Anstrengungen der EU, den CO2-Ausstoß zu verringern, vorzubeugen. |
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(6)

Deutschland kommt zu dem Schluss, dass die geplante Maßnahme ein angemessenes Mittel sei, um einer Standortverlagerung und ihren negativen Folgen für die EU-Industrie sowie für die Anstrengungen der EU, den CO2-Ausstoß zu verringern, vorzubeugen.

2.   Rechtsgrundlage

| (7) | Rechtsgrundlage der Maßnahme ist die deutsche ‚Richtlinie zur Förderung der Herstellung von klimaschonenden NE-Metallen‘ vom 6. August 2009 (nachstehend ‚Förderrichtlinie‘ genannt). Die Förderrichtlinie enthält eine Stillhalteklausel, nach der die Bewilligungsbehörde die Beihilfe erst nach Genehmigung der Regelung durch die Kommission gewähren kann. |
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(7)

Rechtsgrundlage der Maßnahme ist die deutsche ‚Richtlinie zur Förderung der Herstellung von klimaschonenden NE-Metallen‘ vom 6. August 2009 (nachstehend ‚Förderrichtlinie‘ genannt). Die Förderrichtlinie enthält eine Stillhalteklausel, nach der die Bewilligungsbehörde die Beihilfe erst nach Genehmigung der Regelung durch die Kommission gewähren kann.

3.   Begünstigte

| (8) | Gemäß der Anmeldung kann die Beihilfe Erzeugern von Aluminium, Zink (ausgenommen Blei und Zinn) und Kupfer unter der Voraussetzung gewährt werden, dass sich die Produktionsanlage in Deutschland befindet, die Produktion mehr als 10 GWh Strom jährlich erfordert und die Stromkosten mehr als 15 % der Bruttowertschöpfung ausmachen. Die Kosten für die erste GWh des Jahresstromverbrauchs sind von der Kompensation ausgenommen. Deutschland erklärte, dass die Begünstigten die Kompensation monatlich für den Folgemonat beantragen mussten, für den die Kompensationszahlung gewährt wurde. Da die Beihilfe für das zweite Halbjahr 2009 gewährt werden sollte, bestand die erste Möglichkeit zur Beantragung der Beihilfe im Juni 2009 für die Kompensation für Juli 2009 und die letzte Möglichkeit im November 2009 für die Kompensation für Dezember 2009. Deutschland hat mitgeteilt, dass 11 Begünstigte Anträge eingereicht hatten. Nach den vorliegenden Informationen gehen 80 % der Beihilfe an drei Aluminiumerzeuger, von denen einer allein ([...] (5)) 46 % der Beihilfe erhalten wird. In Anhang 1 ist eine Tabelle zum Energieverbrauch der einzelnen Begünstigten und der für sie bestimmten Beihilfen aufgeführt. |
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(8)

Gemäß der Anmeldung kann die Beihilfe Erzeugern von Aluminium, Zink (ausgenommen Blei und Zinn) und Kupfer unter der Voraussetzung gewährt werden, dass sich die Produktionsanlage in Deutschland befindet, die Produktion mehr als 10 GWh Strom jährlich erfordert und die Stromkosten mehr als 15 % der Bruttowertschöpfung ausmachen. Die Kosten für die erste GWh des Jahresstromverbrauchs sind von der Kompensation ausgenommen. Deutschland erklärte, dass die Begünstigten die Kompensation monatlich für den Folgemonat beantragen mussten, für den die Kompensationszahlung gewährt wurde. Da die Beihilfe für das zweite Halbjahr 2009 gewährt werden sollte, bestand die erste Möglichkeit zur Beantragung der Beihilfe im Juni 2009 für die Kompensation für Juli 2009 und die letzte Möglichkeit im November 2009 für die Kompensation für Dezember 2009. Deutschland hat mitgeteilt, dass 11 Begünstigte Anträge eingereicht hatten. Nach den vorliegenden Informationen gehen 80 % der Beihilfe an drei Aluminiumerzeuger, von denen einer allein ([...] (5)) 46 % der Beihilfe erhalten wird. In Anhang 1 ist eine Tabelle zum Energieverbrauch der einzelnen Begünstigten und der für sie bestimmten Beihilfen aufgeführt.

4.   Höhe der Beihilfe

| (9) | Der Gesamtbeihilfebetrag beläuft sich auf 40 Mio. EUR und wird für das zweite Halbjahr 2009 gewährt. Deutschland gibt an, dass derzeit nicht beabsichtigt werde, die Regelung zu verlängern, was teilweise durch haushaltsrechtliche Vorgaben bedingt sei. Die Beihilferegelung enthält eine Stillhalteklausel und die Beihilfen werden erst nach Genehmigung durch die Kommission gewährt. |
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(9)

Der Gesamtbeihilfebetrag beläuft sich auf 40 Mio. EUR und wird für das zweite Halbjahr 2009 gewährt. Deutschland gibt an, dass derzeit nicht beabsichtigt werde, die Regelung zu verlängern, was teilweise durch haushaltsrechtliche Vorgaben bedingt sei. Die Beihilferegelung enthält eine Stillhalteklausel und die Beihilfen werden erst nach Genehmigung durch die Kommission gewährt.

5.   Form der Beihilfe und Finanzierung

| (10) | Die Begünstigten mussten die Beihilfe beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragen. Die einzelnen Beihilfebeträge hängen vom Stromverbrauch des jeweiligen Antragstellers ab. Nur der direkt mit dem Produktionsprozess verbundene Stromverbrauch ist beihilfefähig. Bei Aluminium wird die Kompensation für die Stromkosten der Elektrolyse gewährt, bei Kupfer und Zink auch für die Kosten anderer stromintensiver Produktionsprozesse (z.B. Elektroöfen). Im Fall von Zink und Kupfer ist eine Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundärerzeugung nicht möglich und auch nicht notwendig, da die Unterschiede in der Stromintensität minimal sind. |
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(10)

Die Begünstigten mussten die Beihilfe beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragen. Die einzelnen Beihilfebeträge hängen vom Stromverbrauch des jeweiligen Antragstellers ab. Nur der direkt mit dem Produktionsprozess verbundene Stromverbrauch ist beihilfefähig. Bei Aluminium wird die Kompensation für die Stromkosten der Elektrolyse gewährt, bei Kupfer und Zink auch für die Kosten anderer stromintensiver Produktionsprozesse (z.B. Elektroöfen). Im Fall von Zink und Kupfer ist eine Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundärerzeugung nicht möglich und auch nicht notwendig, da die Unterschiede in der Stromintensität minimal sind.

| (11) | Die Beihilfe wird den Begünstigten in Form von direkten Zuschüssen gewährt. Sie wird aus dem Bundeshauhalt finanziert und in Form von Kompensationszahlungen für die CO2-Kosten vergeben, die durch den über 1 GWh/Jahr hinausgehenden Stromverbrauch anfallen (d. h. für die erste verbrauchte GWh wird keine Kompensation gezahlt). Die Beihilfe wird auf der Grundlage des Jahresstromverbrauchs des Antragstellers (abzüglich 1 GWh) berechnet, der mit einem bestimmten, nach Teilsektoren (Aluminium, Kupfer, Zink) festgelegten Betrag pro MWh multipliziert wird. Nach Angaben Deutschlands werden diese Beträge auf der Basis von CO2-Kosten in Höhe von 19 EUR/MWh berechnet, was damit begründet wird, dass dies etwa 0,75 % der jahresdurchschnittlichen CO2-Zertifikatskosten in den ersten Monaten des Jahres 2008 entspricht, die bei rund 24 EUR lagen. Von diesem Betrag zieht Deutschland einen Sicherheitsabschlag von 10 % ab, wodurch sich eine Höchstkompensation von 17 EUR/MWh für Aluminium ergibt. Die für Zink vorgesehene Kompensation beträgt 16 EUR/MWh und für Kupfer 9 EUR/MWh. Die genauen Beträge für die Begünstigen hängen von deren Stromverbrauch im zweiten Halbjahr 2009 ab, da die Beihilfe auf der Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs der Begünstigten und dem vorstehend genannte Preis pro MWh des für die Aluminium-, Zink- und Kupfererzeugung benötigten Stroms berechnet wird. In Anhang 1 ist eine Tabelle zum Energieverbrauch der einzelnen Begünstigten und der für sie bestimmten Beihilfen aufgeführt. Wird die Produktion bis Ende 2010 eingestellt oder aus Deutschland verlagert, muss das betreffende Unternehmen die gesamte bis dahin erhaltene Beihilfe zurückzahlen. |
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(11)

Die Beihilfe wird den Begünstigten in Form von direkten Zuschüssen gewährt. Sie wird aus dem Bundeshauhalt finanziert und in Form von Kompensationszahlungen für die CO2-Kosten vergeben, die durch den über 1 GWh/Jahr hinausgehenden Stromverbrauch anfallen (d. h. für die erste verbrauchte GWh wird keine Kompensation gezahlt). Die Beihilfe wird auf der Grundlage des Jahresstromverbrauchs des Antragstellers (abzüglich 1 GWh) berechnet, der mit einem bestimmten, nach Teilsektoren (Aluminium, Kupfer, Zink) festgelegten Betrag pro MWh multipliziert wird. Nach Angaben Deutschlands werden diese Beträge auf der Basis von CO2-Kosten in Höhe von 19 EUR/MWh berechnet, was damit begründet wird, dass dies etwa 0,75 % der jahresdurchschnittlichen CO2-Zertifikatskosten in den ersten Monaten des Jahres 2008 entspricht, die bei rund 24 EUR lagen. Von diesem Betrag zieht Deutschland einen Sicherheitsabschlag von 10 % ab, wodurch sich eine Höchstkompensation von 17 EUR/MWh für Aluminium ergibt. Die für Zink vorgesehene Kompensation beträgt 16 EUR/MWh und für Kupfer 9 EUR/MWh. Die genauen Beträge für die Begünstigen hängen von deren Stromverbrauch im zweiten Halbjahr 2009 ab, da die Beihilfe auf der Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs der Begünstigten und dem vorstehend genannte Preis pro MWh des für die Aluminium-, Zink- und Kupfererzeugung benötigten Stroms berechnet wird. In Anhang 1 ist eine Tabelle zum Energieverbrauch der einzelnen Begünstigten und der für sie bestimmten Beihilfen aufgeführt. Wird die Produktion bis Ende 2010 eingestellt oder aus Deutschland verlagert, muss das betreffende Unternehmen die gesamte bis dahin erhaltene Beihilfe zurückzahlen.

6.   Laufzeit

| (12) | Deutschland gibt an, dass die Regelung nur für das zweite Halbjahr 2009 gelte und nicht beabsichtigt sei, die Maßnahme über 2009 hinaus zu verlängern, was auch durch haushaltsrechtliche Vorgaben bedingt sei. Deutschland bestätigte zwar, dass die für die Gewährung der Beihilfe angeführten Gründe (d.h., dass die Stromkosten in Deutschland im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt aufgrund der CO2-Kosten höher sind) auch nach 2009 noch bestehen, erklärte jedoch, dass mit der Maßnahme für 2009 zumindest teilweise die Zeit bis 2013 überbrückt werden solle; Deutschland erwartet, dass dann eine vergleichbare Lösung nach den EU-Beihilfevorschriften möglich sein wird (6). |
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(12)

Deutschland gibt an, dass die Regelung nur für das zweite Halbjahr 2009 gelte und nicht beabsichtigt sei, die Maßnahme über 2009 hinaus zu verlängern, was auch durch haushaltsrechtliche Vorgaben bedingt sei. Deutschland bestätigte zwar, dass die für die Gewährung der Beihilfe angeführten Gründe (d.h., dass die Stromkosten in Deutschland im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt aufgrund der CO2-Kosten höher sind) auch nach 2009 noch bestehen, erklärte jedoch, dass mit der Maßnahme für 2009 zumindest teilweise die Zeit bis 2013 überbrückt werden solle; Deutschland erwartet, dass dann eine vergleichbare Lösung nach den EU-Beihilfevorschriften möglich sein wird (6).

7.   Kumulierung

| (13) | Deutschland gibt an, dass die Beihilfe nicht mit Beihilfen nach anderen lokalen, regionalen, nationalen und Gemeinschaftsregelungen zur Deckung derselben beihilfefähigen Kosten kumuliert werden könne. |
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(13)

Deutschland gibt an, dass die Beihilfe nicht mit Beihilfen nach anderen lokalen, regionalen, nationalen und Gemeinschaftsregelungen zur Deckung derselben beihilfefähigen Kosten kumuliert werden könne.

III.   STANDPUNKT DEUTSCHLANDS

1.   Ausführungen Deutschlands zu den Stromkosten

| (14) | Deutschland argumentiert, dass deutsche NE-Metallerzeuger Stromkosten von etwa 50 EUR/MWh tragen müssten. Wettbewerber aus anderen Ländern wie z. B. aus Russland, China, Indien, Südamerika oder Afrika zahlten dagegen Stromkosten von unter 25 EUR/MWh (7). Nach Angaben Deutschlands ist die Preisdifferenz von etwa 25 EUR/MWh überwiegend auf die CO2-Kosten für indirekte Emissionen zurückzuführen. Die CO2-Kosten für indirekte Emissionen ergäben sich aus der Tatsache, dass Stromerzeuger — obgleich sie bis Ende 2012 die Emissionsberechtigungen kostenfrei erhielten — diese als Opportunitätskosten in die Strompreise einpreisten (8). Nach Angaben Deutschlands belaufen sich diese Kosten indirekter Emissionen auf 19 EUR/MWh. Deutschland begründet diesen Wert wie folgt:






  — | Der durchschnittliche CO2-Emissionsberechtigungspreis lag in den ersten Monaten des Jahres 2008 bei rund 24 EUR/t CO2. |
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(14)

Deutschland argumentiert, dass deutsche NE-Metallerzeuger Stromkosten von etwa 50 EUR/MWh tragen müssten. Wettbewerber aus anderen Ländern wie z. B. aus Russland, China, Indien, Südamerika oder Afrika zahlten dagegen Stromkosten von unter 25 EUR/MWh (7). Nach Angaben Deutschlands ist die Preisdifferenz von etwa 25 EUR/MWh überwiegend auf die CO2-Kosten für indirekte Emissionen zurückzuführen. Die CO2-Kosten für indirekte Emissionen ergäben sich aus der Tatsache, dass Stromerzeuger — obgleich sie bis Ende 2012 die Emissionsberechtigungen kostenfrei erhielten — diese als Opportunitätskosten in die Strompreise einpreisten (8). Nach Angaben Deutschlands belaufen sich diese Kosten indirekter Emissionen auf 19 EUR/MWh. Deutschland begründet diesen Wert wie folgt:

—

Der durchschnittliche CO2-Emissionsberechtigungspreis lag in den ersten Monaten des Jahres 2008 bei rund 24 EUR/t CO2.

| — | Die durchschnittliche CO2-Intensität der deutschen Stromproduktion liegt unter Berücksichtigung der durchschnittlichen deutschen Mischung aus Kraftwerken mit verschiedenen CO2-Intensitäten (z.B. moderne Gaskraftwerke mit weniger als 0,4 t CO2/MWh und alte Braunkohlekraftwerke mit bis zu 1,2 t CO2/MWh) bei 0,75 t CO2/MWh. |
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—

Die durchschnittliche CO2-Intensität der deutschen Stromproduktion liegt unter Berücksichtigung der durchschnittlichen deutschen Mischung aus Kraftwerken mit verschiedenen CO2-Intensitäten (z.B. moderne Gaskraftwerke mit weniger als 0,4 t CO2/MWh und alte Braunkohlekraftwerke mit bis zu 1,2 t CO2/MWh) bei 0,75 t CO2/MWh.

| — | Daher beläuft sich die durch das EHS bedingte durchschnittliche Preiserhöhung der Stromproduktionskosten auf 0,75 t CO2/MWh mal 24 EUR/t CO2, was 19 EUR/MWh ergibt (9). |
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—

Daher beläuft sich die durch das EHS bedingte durchschnittliche Preiserhöhung der Stromproduktionskosten auf 0,75 t CO2/MWh mal 24 EUR/t CO2, was 19 EUR/MWh ergibt (9).

| (15) | Daher haben deutsche NE-Metallerzeuger Deutschland zufolge einen strukturellen Nachteil gegenüber denjenigen internationalen Wettbewerbern, die Strom zu einem niedrigeren Preis beziehen, insbesondere weil die Stromkosten letzterer in Drittländern keine CO2-Kosten umfassen. Die Entwicklung der Strompreise, die an der EEX in Leipzig seit 2005 notiert wurden, ist als Anhang 2 beigefügt. Die Entwicklung der CO2-Emissionspreise ist als Anhang 3 beigefügt. |
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(15)

Daher haben deutsche NE-Metallerzeuger Deutschland zufolge einen strukturellen Nachteil gegenüber denjenigen internationalen Wettbewerbern, die Strom zu einem niedrigeren Preis beziehen, insbesondere weil die Stromkosten letzterer in Drittländern keine CO2-Kosten umfassen. Die Entwicklung der Strompreise, die an der EEX in Leipzig seit 2005 notiert wurden, ist als Anhang 2 beigefügt. Die Entwicklung der CO2-Emissionspreise ist als Anhang 3 beigefügt.

2.   Ausführungen Deutschlands zu den NE-Metallmärkten

| (16) | Deutschland erklärt, dass sich die NE-Metallmärkte durch einheitliche Preise auszeichnen, die an der LME ermittelt und in USD pro Tonne angegeben werden (10). Deutschland argumentiert daher, dass die relevanten räumlichen Märkte für Aluminium, Kupfer und Zink die jeweiligen Weltmärkte seien. Der Hauptgrund hierfür sei, dass NE-Metalle zu einem Stückkostenpreis transportiert werden könnten, der im Vergleich zu ihrem Mehrwert relativ niedrig sei. Deutschland gibt an, dass die Preise an der LME während des Wirtschaftsaufschwungs vor 2009 relativ hoch gewesen, infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise jedoch dramatisch gefallen seien (z.B. für Aluminium von 3,359 USD/t im Juli 2008 auf 1,635 USD/t im Juli 2009). Nach Angaben Deutschlands stellte dieser Verfall der LME-Preise einen exogenen Schock für die Begünstigten dar, der sich als beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben Deutschlands im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV auswirkte. Die Entwicklung der LME-Preise für Aluminium, Kupfer und Zink ist als Anhang 4 beigefügt (11). |
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(16)

Deutschland erklärt, dass sich die NE-Metallmärkte durch einheitliche Preise auszeichnen, die an der LME ermittelt und in USD pro Tonne angegeben werden (10). Deutschland argumentiert daher, dass die relevanten räumlichen Märkte für Aluminium, Kupfer und Zink die jeweiligen Weltmärkte seien. Der Hauptgrund hierfür sei, dass NE-Metalle zu einem Stückkostenpreis transportiert werden könnten, der im Vergleich zu ihrem Mehrwert relativ niedrig sei. Deutschland gibt an, dass die Preise an der LME während des Wirtschaftsaufschwungs vor 2009 relativ hoch gewesen, infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise jedoch dramatisch gefallen seien (z.B. für Aluminium von 3,359 USD/t im Juli 2008 auf 1,635 USD/t im Juli 2009). Nach Angaben Deutschlands stellte dieser Verfall der LME-Preise einen exogenen Schock für die Begünstigten dar, der sich als beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben Deutschlands im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV auswirkte. Die Entwicklung der LME-Preise für Aluminium, Kupfer und Zink ist als Anhang 4 beigefügt (11).

3.   Ausführungen Deutschlands zur Situation der einzelnen Begünstigten

| (17) | Deutschland gibt an, dass sich die LME-Preise seit dem zweiten Halbjahr 2009 zwar erholt hätten (12), es für NE-Metallerzeuger aber aufgrund der Differenz zwischen den hohen Stromkosten in Deutschland und den niedrigen Stromkosten in anderen Ländern (insbesondere außerhalb der EU) unattraktiv sei, ihre Produktion in Deutschland aufrechtzuerhalten. Deutschland hat Daten vorgelegt, denen zufolge die Stromkosten seit der Einführung des EHS 2005 durchschnittlich etwa 40 % der Erlöse der deutschen NE-Metallerzeuger (die durch die LME-Preise bestimmt werden) entsprechen. Die in den Strompreisen enthaltenen CO2-Kosten für indirekte Emissionen belaufen sich auf etwa 20-25 % der Stromkosten und somit auf etwa 10 % des LME-Aluminiumpreises. In Anhang 5 ist eine Graphik zur Darstellung der Stromkosten der deutschen NE-Metallerzeuger im Verhältnis zu den LME-Preisen beigefügt. |
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(17)

Deutschland gibt an, dass sich die LME-Preise seit dem zweiten Halbjahr 2009 zwar erholt hätten (12), es für NE-Metallerzeuger aber aufgrund der Differenz zwischen den hohen Stromkosten in Deutschland und den niedrigen Stromkosten in anderen Ländern (insbesondere außerhalb der EU) unattraktiv sei, ihre Produktion in Deutschland aufrechtzuerhalten. Deutschland hat Daten vorgelegt, denen zufolge die Stromkosten seit der Einführung des EHS 2005 durchschnittlich etwa 40 % der Erlöse der deutschen NE-Metallerzeuger (die durch die LME-Preise bestimmt werden) entsprechen. Die in den Strompreisen enthaltenen CO2-Kosten für indirekte Emissionen belaufen sich auf etwa 20-25 % der Stromkosten und somit auf etwa 10 % des LME-Aluminiumpreises. In Anhang 5 ist eine Graphik zur Darstellung der Stromkosten der deutschen NE-Metallerzeuger im Verhältnis zu den LME-Preisen beigefügt.

| (18) | Zusammenfassend lautet das Argument Deutschlands, dass die angemeldete Beihilfe notwendig sei, um zu verhindern, dass die deutschen NE-Metallerzeuger ihre Produktion in Deutschland einstellen. Deutschland führt an, dass infolge einer solchen Produktionseinstellung die Kapazitäten von Erzeugern außerhalb des EHS übernommen würden, was zu einer Verlagerung von CO2-Emissionen führe, da für die Produktion außerhalb der EU weniger strikte CO2-Auflagen als in der EU gälten, in der es eine verbindliche Emissionsobergrenze gibt. |
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(18)

Zusammenfassend lautet das Argument Deutschlands, dass die angemeldete Beihilfe notwendig sei, um zu verhindern, dass die deutschen NE-Metallerzeuger ihre Produktion in Deutschland einstellen. Deutschland führt an, dass infolge einer solchen Produktionseinstellung die Kapazitäten von Erzeugern außerhalb des EHS übernommen würden, was zu einer Verlagerung von CO2-Emissionen führe, da für die Produktion außerhalb der EU weniger strikte CO2-Auflagen als in der EU gälten, in der es eine verbindliche Emissionsobergrenze gibt.

| (19) | Deutschland macht geltend, dass das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen im Zusammenhang mit der Überprüfung der EHS-Richtlinie (13) und dem darauf folgenden Kommissionsbeschluss zur Erstellung eines Verzeichnisses von Sektoren, in denen es ein solches Risiko gibt, anerkannt wurde, und dass dieses Risiko den Umweltschutzzielen des EHS entgegenstehe und mit Blick auf die Erhaltung eines rentablen Industriestandorts in der Europäischen Union nicht wünschenswert sei. |
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(19)

Deutschland macht geltend, dass das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen im Zusammenhang mit der Überprüfung der EHS-Richtlinie (13) und dem darauf folgenden Kommissionsbeschluss zur Erstellung eines Verzeichnisses von Sektoren, in denen es ein solches Risiko gibt, anerkannt wurde, und dass dieses Risiko den Umweltschutzzielen des EHS entgegenstehe und mit Blick auf die Erhaltung eines rentablen Industriestandorts in der Europäischen Union nicht wünschenswert sei.

Kostenstrukturen der Begünstigten und ihrer Wettbewerber

| (20) | Angesichts der vorstehenden Ausführungen forderten die Kommissionsdienststellen Deutschland auf, Informationen zu den Folgen für die Rentabilität der Begünstigten zu übermitteln. Deutschland lehnte es jedoch ab, diese Daten zur Verfügung zu stellen, und begründete dies damit, dass die Frage Geschäftsgeheimnisse betreffe, die die Unternehmen nicht offenlegen könnten (14). Dementsprechend verfügt die Kommission nur über sehr begrenzte Informationen über die Kostenstruktur der Begünstigten und ihrer Wettbewerber. |
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(20)

Angesichts der vorstehenden Ausführungen forderten die Kommissionsdienststellen Deutschland auf, Informationen zu den Folgen für die Rentabilität der Begünstigten zu übermitteln. Deutschland lehnte es jedoch ab, diese Daten zur Verfügung zu stellen, und begründete dies damit, dass die Frage Geschäftsgeheimnisse betreffe, die die Unternehmen nicht offenlegen könnten (14). Dementsprechend verfügt die Kommission nur über sehr begrenzte Informationen über die Kostenstruktur der Begünstigten und ihrer Wettbewerber.

| (21) | Deutschland erkennt an, dass es deutschen NE-Metallerzeugern durch bestimmte Faktoren möglich sein könnte, ihre Gewinnspanne gegenüber der ihrer globalen Wettbewerber zu verbessern. So sind die deutschen NE-Metallerzeuger stark mit wichtigen nachgelagerten Industrien wie dem Elektro- und Automobilsektor verflochten. Sie arbeiten eng mit Forschungseinrichtungen und Kunden in sogenannten Clustern zusammen. Infolgedessen können die deutschen NE-Metallerzeuger spezielle Formate, Legierungen, kleine Mengen und Just-in-time-Lieferungen anbieten. Deutschland bringt jedoch vor, dass diese Vorteile lediglich einen Preisaufschlag von in der Regel nicht mehr als 5 % auf den LME-Preis rechtfertigten und nicht ausreichend seien, um die Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene sicherzustellen. |
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(21)

Deutschland erkennt an, dass es deutschen NE-Metallerzeugern durch bestimmte Faktoren möglich sein könnte, ihre Gewinnspanne gegenüber der ihrer globalen Wettbewerber zu verbessern. So sind die deutschen NE-Metallerzeuger stark mit wichtigen nachgelagerten Industrien wie dem Elektro- und Automobilsektor verflochten. Sie arbeiten eng mit Forschungseinrichtungen und Kunden in sogenannten Clustern zusammen. Infolgedessen können die deutschen NE-Metallerzeuger spezielle Formate, Legierungen, kleine Mengen und Just-in-time-Lieferungen anbieten. Deutschland bringt jedoch vor, dass diese Vorteile lediglich einen Preisaufschlag von in der Regel nicht mehr als 5 % auf den LME-Preis rechtfertigten und nicht ausreichend seien, um die Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene sicherzustellen.

| (22) | Deutschland bleibt jedoch bei seinem Standpunkt, dass auch ohne die geforderten Daten offensichtlich sei, dass die deutschen Erzeuger aufgrund der höheren CO2-Kosten für indirekte Emissionen eine geringere Rentabilität als ihre außereuropäischen Wettbewerber erzielen. |
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(22)

Deutschland bleibt jedoch bei seinem Standpunkt, dass auch ohne die geforderten Daten offensichtlich sei, dass die deutschen Erzeuger aufgrund der höheren CO2-Kosten für indirekte Emissionen eine geringere Rentabilität als ihre außereuropäischen Wettbewerber erzielen.

Möglichkeit der Abwälzung der CO2-Kosten für indirekte Emissionen

| (23) | Die Kommission forderte Deutschland auf, Informationen über die Möglichkeiten einer Abwälzung der CO2-Kosten für indirekte Emissionen auf die Kunden zur Verfügung zu stellen. Hierzu gibt Deutschland an, dass die Begünstigten ihre CO2-Kosten für indirekte Emissionen nicht auf ihre Kunden abwälzen können. Deutschland erklärt, dass sich beispielsweise im Fall von Aluminium die CO2-Kosten für indirekte Emissionen auf bis zu 10 % des LME-Preises belaufen und daher die durchschnittlichen Aufschläge von 5 % auf den LME-Preis (15), den deutsche NE-Metallerzeuger ihren lokalen Kunden für Just-in-time-Lieferungen, Speziallegierungen, kleine Mengen etc. auferlegen können, aufwiegen würden. Deutschland betont, dass die meisten Kunden ebenso wie die Begünstigten auch auf den Weltmärkten tätig seien und Sonderkosten für lokale Komponenten, die teurer seien als andernorts erworbene Komponenten, nicht abwälzen könnten. |
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(23)

Die Kommission forderte Deutschland auf, Informationen über die Möglichkeiten einer Abwälzung der CO2-Kosten für indirekte Emissionen auf die Kunden zur Verfügung zu stellen. Hierzu gibt Deutschland an, dass die Begünstigten ihre CO2-Kosten für indirekte Emissionen nicht auf ihre Kunden abwälzen können. Deutschland erklärt, dass sich beispielsweise im Fall von Aluminium die CO2-Kosten für indirekte Emissionen auf bis zu 10 % des LME-Preises belaufen und daher die durchschnittlichen Aufschläge von 5 % auf den LME-Preis (15), den deutsche NE-Metallerzeuger ihren lokalen Kunden für Just-in-time-Lieferungen, Speziallegierungen, kleine Mengen etc. auferlegen können, aufwiegen würden. Deutschland betont, dass die meisten Kunden ebenso wie die Begünstigten auch auf den Weltmärkten tätig seien und Sonderkosten für lokale Komponenten, die teurer seien als andernorts erworbene Komponenten, nicht abwälzen könnten.

Verlagerung von CO2-Emissionen

| (24) | Die Kommission forderte Deutschland auf, Informationen darüber zur Verfügung zu stellen, wie sich die indirekten Kosten auf die Investitionsentscheidungen der Begünstigten auswirken. Hierzu gab Deutschland an, dass die meisten Begünstigten in den vergangenen Jahren keine Investitionen in Nicht-EHS-Ländern getätigt hätten (16). Im Gegensatz hierzu hätten die meisten Begünstigten in den letzten Jahren beträchtliche Investitionen in ihre lokalen Produktionsanlagen vorgenommen (etwa 682 Mio. EUR). Deutschland weist jedoch darauf hin, dass sich ein großer Teil der Investitionen auf die Instandhaltung bezogen haben könnte und nur ein kleiner Teil der Investitionen für neue Kapazitäten aufgewendet worden sei. |
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(24)

Die Kommission forderte Deutschland auf, Informationen darüber zur Verfügung zu stellen, wie sich die indirekten Kosten auf die Investitionsentscheidungen der Begünstigten auswirken. Hierzu gab Deutschland an, dass die meisten Begünstigten in den vergangenen Jahren keine Investitionen in Nicht-EHS-Ländern getätigt hätten (16). Im Gegensatz hierzu hätten die meisten Begünstigten in den letzten Jahren beträchtliche Investitionen in ihre lokalen Produktionsanlagen vorgenommen (etwa 682 Mio. EUR). Deutschland weist jedoch darauf hin, dass sich ein großer Teil der Investitionen auf die Instandhaltung bezogen haben könnte und nur ein kleiner Teil der Investitionen für neue Kapazitäten aufgewendet worden sei.

| (25) | Deutschland übermittelte keine weiteren Informationen zu der Frage, ob die Begünstigten im Fall einer Standortverlagerung sich zwangsläufig für ein Land außerhalb des EWR entscheiden oder vielleicht in andere EU-Mitgliedstaaten abwandern würden, in denen die Strompreis trotz eingepreister CO2-Kosten aufgrund der komparativen Vorteile in dem betreffenden Mitgliedstaat niedriger sein könnten, oder in EWR-Länder, in denen das preissetzende Grenzkraftwerk eine niedrigere CO2-Komponente hat. Deutschland gab jedoch an, dass eine im Vergleich zu den Geschäftsmöglichkeiten in Nicht-EHS-Ländern geringere Rentabilität ausreichend Anreiz für die deutschen NE-Metallerzeuger sein könnte, ihren Standort in Nicht-EHS-Länder zu verlagern, ohne festzustellen, ob die Rentabilität in Nicht-EHS-Ländern höher oder niedriger ist als in anderen EHS-Ländern. |
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(25)

Deutschland übermittelte keine weiteren Informationen zu der Frage, ob die Begünstigten im Fall einer Standortverlagerung sich zwangsläufig für ein Land außerhalb des EWR entscheiden oder vielleicht in andere EU-Mitgliedstaaten abwandern würden, in denen die Strompreis trotz eingepreister CO2-Kosten aufgrund der komparativen Vorteile in dem betreffenden Mitgliedstaat niedriger sein könnten, oder in EWR-Länder, in denen das preissetzende Grenzkraftwerk eine niedrigere CO2-Komponente hat. Deutschland gab jedoch an, dass eine im Vergleich zu den Geschäftsmöglichkeiten in Nicht-EHS-Ländern geringere Rentabilität ausreichend Anreiz für die deutschen NE-Metallerzeuger sein könnte, ihren Standort in Nicht-EHS-Länder zu verlagern, ohne festzustellen, ob die Rentabilität in Nicht-EHS-Ländern höher oder niedriger ist als in anderen EHS-Ländern.

| (26) | Deutschland betonte, dass die Begünstigten die Rentabilität ihrer Produktionsanlagen kontinuierlich beobachteten. Die Entscheidung über eine Standortverlagerung könne schnell getroffen werden, wenn feststehe, dass die negativen Veränderungen bei den Produktionsparametern nicht nur vorübergehend sondern dauerhaft seien. Für die Begünstigten sei die Höhe der Stromkosten entscheidend und ein dauerhafter Anstieg könne den Ausschlag für eine Standortverlagerung geben. Deutschland gibt an, dass die Begünstigten diese Möglichkeit in Erwägung gezogen hätten, und die nur geringen neuen Investitionen im Sektor (unabhängig von Instandhaltungsinvestitionen) mehr als ein Warnsignal seien. Die Initiative der deutschen Regierung, die in Rede stehende Beihilfe zu gewähren, hat die Begünstigten — bislang — dazu bewogen, von einer Standortverlagerung abzusehen. |
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(26)

Deutschland betonte, dass die Begünstigten die Rentabilität ihrer Produktionsanlagen kontinuierlich beobachteten. Die Entscheidung über eine Standortverlagerung könne schnell getroffen werden, wenn feststehe, dass die negativen Veränderungen bei den Produktionsparametern nicht nur vorübergehend sondern dauerhaft seien. Für die Begünstigten sei die Höhe der Stromkosten entscheidend und ein dauerhafter Anstieg könne den Ausschlag für eine Standortverlagerung geben. Deutschland gibt an, dass die Begünstigten diese Möglichkeit in Erwägung gezogen hätten, und die nur geringen neuen Investitionen im Sektor (unabhängig von Instandhaltungsinvestitionen) mehr als ein Warnsignal seien. Die Initiative der deutschen Regierung, die in Rede stehende Beihilfe zu gewähren, hat die Begünstigten — bislang — dazu bewogen, von einer Standortverlagerung abzusehen.

4.   Ausführungen Deutschlands zur Situation der nachgelagerten Industrien

| (27) | Deutschland gibt zu den nachgelagerten Industrien an, dass eine umfangreiche und enge Zusammenarbeit zwischen den Begünstigten und den nachgelagerten Kunden bestehe (z.B. im Hinblick auf gemeinsame Forschung und Entwicklung). Deutschland zufolge hätte eine Standortverlagerung negative Folgen für den Automobil- und Elektrosektor sowie andere wichtige nachgelagerte Industrien. |
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(27)

Deutschland gibt zu den nachgelagerten Industrien an, dass eine umfangreiche und enge Zusammenarbeit zwischen den Begünstigten und den nachgelagerten Kunden bestehe (z.B. im Hinblick auf gemeinsame Forschung und Entwicklung). Deutschland zufolge hätte eine Standortverlagerung negative Folgen für den Automobil- und Elektrosektor sowie andere wichtige nachgelagerte Industrien.

IV.   BEIHILFERECHTLICHE WÜRDIGUNG

| (28) | Die Kommission hat die vorgeschlagenen Änderungen im Einklang mit Artikel 107 ff. AEUV und Artikel 61 ff. EWR-Abkommen (17) geprüft und hat nach einer vorläufigen Bewertung zum gegenwärtigen Zeitpunkt Zweifel, dass die Beihilfe als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden kann. |
| --- | --- |

(28)

Die Kommission hat die vorgeschlagenen Änderungen im Einklang mit Artikel 107 ff. AEUV und Artikel 61 ff. EWR-Abkommen (17) geprüft und hat nach einer vorläufigen Bewertung zum gegenwärtigen Zeitpunkt Zweifel, dass die Beihilfe als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden kann.

1.   Vorliegen einer staatlichen Beihilfe

| (29) | Eine Maßnahme stellt eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV dar, wenn die folgenden vier Voraussetzungen erfüllt sind: Erstens wird die Maßnahme vom Staat oder aus staatlichen Mitteln finanziert. Zweitens verschafft die Maßnahme dem Empfänger einen Vorteil. Drittens begünstigt die Maßnahme selektiv bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige. Viertens ist die Maßnahme geeignet, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen und den Wettbewerb im Binnenmarkt zu verfälschen. |
| --- | --- |

(29)

Eine Maßnahme stellt eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV dar, wenn die folgenden vier Voraussetzungen erfüllt sind: Erstens wird die Maßnahme vom Staat oder aus staatlichen Mitteln finanziert. Zweitens verschafft die Maßnahme dem Empfänger einen Vorteil. Drittens begünstigt die Maßnahme selektiv bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige. Viertens ist die Maßnahme geeignet, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen und den Wettbewerb im Binnenmarkt zu verfälschen.

| (30) | Die angemeldete Maßnahme erfüllt alle diese Voraussetzungen. Die Beihilfe stammt aus staatlichen Mitteln, da sie aus dem Bundeshaushalt finanziert wird. Sie verschafft dem Begünstigten einen Vorteil, indem sie die Belastungen vermindert, ‚die ein Unternehmen normalerweise zu tragen hat‘ (18) (Stromkosten). Die Maßnahme ist selektiv, da sie nur Begünstigten in zuvor festgelegten Sektoren (d.h. im Aluminium-, Kupfer- und Zinksektor) gewährt wird und innerhalb dieser Sektoren weiter auf große Stromendverbraucher (d.h. mehr als 10 GWh/jährlich) beschränkt ist. Sie ist geeignet, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen und den Wettbewerb zu verfälschen, da die Begünstigten in einem Wirtschaftszweig tätig sind, in dem innerhalb der EU Wettbewerb herrscht. Unabhängig davon, ob es tatsächlich Handel mit bestimmten NE-Metallen zwischen den Mitgliedstaaten gibt, stehen EU-Erzeuger auf dem Weltmarkt im Wettbewerb miteinander, und ein Vorteil, der einem von ihnen verschafft wird, führt zu einem möglichen Absatzrückgang der anderen oder behindert eine Absatzsteigerung. |
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(30)

Die angemeldete Maßnahme erfüllt alle diese Voraussetzungen. Die Beihilfe stammt aus staatlichen Mitteln, da sie aus dem Bundeshaushalt finanziert wird. Sie verschafft dem Begünstigten einen Vorteil, indem sie die Belastungen vermindert, ‚die ein Unternehmen normalerweise zu tragen hat‘ (18) (Stromkosten). Die Maßnahme ist selektiv, da sie nur Begünstigten in zuvor festgelegten Sektoren (d.h. im Aluminium-, Kupfer- und Zinksektor) gewährt wird und innerhalb dieser Sektoren weiter auf große Stromendverbraucher (d.h. mehr als 10 GWh/jährlich) beschränkt ist. Sie ist geeignet, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen und den Wettbewerb zu verfälschen, da die Begünstigten in einem Wirtschaftszweig tätig sind, in dem innerhalb der EU Wettbewerb herrscht. Unabhängig davon, ob es tatsächlich Handel mit bestimmten NE-Metallen zwischen den Mitgliedstaaten gibt, stehen EU-Erzeuger auf dem Weltmarkt im Wettbewerb miteinander, und ein Vorteil, der einem von ihnen verschafft wird, führt zu einem möglichen Absatzrückgang der anderen oder behindert eine Absatzsteigerung.

| (31) | Daher handelt es sich bei der angemeldeten Maßnahme um eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV. |
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(31)

Daher handelt es sich bei der angemeldeten Maßnahme um eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV.

2.   Rechtmäßigkeit der Beihilfe

| (32) | In dem Gesetzesentwurf zur Durchführung der angemeldeten Regelung, der der Kommission übermittelt wurde, ist festgehalten, dass die Zahlung der Beihilfe erst nach Genehmigung durch die Europäische Kommission erfolgt. Deutschland ist durch die Anmeldung der Beihilfemaßnahme vor ihrer Durchführung seiner Verpflichtung aus Artikel 108 Absatz 3 AEUV nachgekommen. |
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(32)

In dem Gesetzesentwurf zur Durchführung der angemeldeten Regelung, der der Kommission übermittelt wurde, ist festgehalten, dass die Zahlung der Beihilfe erst nach Genehmigung durch die Europäische Kommission erfolgt. Deutschland ist durch die Anmeldung der Beihilfemaßnahme vor ihrer Durchführung seiner Verpflichtung aus Artikel 108 Absatz 3 AEUV nachgekommen.

3.   Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Binnenmarkt

| (33) | In Abweichung vom allgemeinen Beihilfeverbot gemäß Artikel 107 Absatz 1 AEUV kann eine Beihilfe als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden, wenn sie die Voraussetzung für eine der im Vertrag genannten Ausnahmen erfüllt. Deutschland hat angeführt, dass die Beihilfe dem NE-Metallsektor dabei helfen soll, eine beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV zu beheben. Des Weiteren argumentiert Deutschland, dass die Maßnahme durch die Verhinderung einer Abwanderung der NE-Metallerzeuger zur Erhaltung von Arbeitsplätzen im NE-Metallsektor und den nachgelagerten Industrien beiträgt und somit die sektorale Entwicklung im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV fördert. Zudem erklärt Deutschland, dass die Beihilfe einen Umweltvorteil mit sich bringt, da sie eine Standortverlagerung der NE-Metallerzeuger in Nicht-EU-Länder verhindert, in denen es weniger strenge CO2-Auflagen gibt, so dass es ohne die Maßnahme zu einem Anstieg des globalen CO2-Ausstoßes kommen könnte (Carbon Leakage). Die Kommission hat die angemeldete Maßnahme im Hinblick auf alle vorgebrachten Ziele von gemeinsamem Interesse der EU geprüft, um die Vereinbarkeit der Förderung mit dem Binnenmarkt zu bewerten. |
| --- | --- |

(33)

In Abweichung vom allgemeinen Beihilfeverbot gemäß Artikel 107 Absatz 1 AEUV kann eine Beihilfe als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden, wenn sie die Voraussetzung für eine der im Vertrag genannten Ausnahmen erfüllt. Deutschland hat angeführt, dass die Beihilfe dem NE-Metallsektor dabei helfen soll, eine beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV zu beheben. Des Weiteren argumentiert Deutschland, dass die Maßnahme durch die Verhinderung einer Abwanderung der NE-Metallerzeuger zur Erhaltung von Arbeitsplätzen im NE-Metallsektor und den nachgelagerten Industrien beiträgt und somit die sektorale Entwicklung im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV fördert. Zudem erklärt Deutschland, dass die Beihilfe einen Umweltvorteil mit sich bringt, da sie eine Standortverlagerung der NE-Metallerzeuger in Nicht-EU-Länder verhindert, in denen es weniger strenge CO2-Auflagen gibt, so dass es ohne die Maßnahme zu einem Anstieg des globalen CO2-Ausstoßes kommen könnte (Carbon Leakage). Die Kommission hat die angemeldete Maßnahme im Hinblick auf alle vorgebrachten Ziele von gemeinsamem Interesse der EU geprüft, um die Vereinbarkeit der Förderung mit dem Binnenmarkt zu bewerten.

| (34) | Hierzu hat die Kommission die mögliche Vereinbarkeit der Beihilfe auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstaben a, b und c AEUV geprüft. Die Kommission hat bei Beihilfesachen, die unter Artikel 107 Absatz 3 AEUV fallen, einen weiten Ermessensspielraum (19). In Ausübung dieses Ermessens hat sie Leitlinien und Mitteilungen veröffentlicht, in denen die Kriterien dargelegt sind, nach denen bestimmte Arten von Beihilfen auf Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden können. Nach ständiger Rechtssprechung ist die Kommission durch die von ihr im Bereich Beihilfenkontrolle veröffentlichten Leitlinien und Mitteilungen insofern gebunden, als diese nicht von den Vorschriften des EU-Vertrags abweichen und von den Mitgliedstaaten akzeptiert werden (20). Daher muss zunächst geprüft werden, ob die angemeldete Beihilfe in den Anwendungsbereich einer oder mehrerer Leitlinien oder Mitteilungen fällt. Ist dies der Fall, so ist die Kommission bei der Ausübung ihres Ermessensspielraums nach Artikel 107 Absatz 3 AEUV durch den entsprechenden Text gebunden. Ist dies nicht der Fall, so muss die Kommission klären, ob die Beihilfe direkt auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b und/oder Buchstabe c AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden kann. |
| --- | --- |

(34)

Hierzu hat die Kommission die mögliche Vereinbarkeit der Beihilfe auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstaben a, b und c AEUV geprüft. Die Kommission hat bei Beihilfesachen, die unter Artikel 107 Absatz 3 AEUV fallen, einen weiten Ermessensspielraum (19). In Ausübung dieses Ermessens hat sie Leitlinien und Mitteilungen veröffentlicht, in denen die Kriterien dargelegt sind, nach denen bestimmte Arten von Beihilfen auf Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden können. Nach ständiger Rechtssprechung ist die Kommission durch die von ihr im Bereich Beihilfenkontrolle veröffentlichten Leitlinien und Mitteilungen insofern gebunden, als diese nicht von den Vorschriften des EU-Vertrags abweichen und von den Mitgliedstaaten akzeptiert werden (20). Daher muss zunächst geprüft werden, ob die angemeldete Beihilfe in den Anwendungsbereich einer oder mehrerer Leitlinien oder Mitteilungen fällt. Ist dies der Fall, so ist die Kommission bei der Ausübung ihres Ermessensspielraums nach Artikel 107 Absatz 3 AEUV durch den entsprechenden Text gebunden. Ist dies nicht der Fall, so muss die Kommission klären, ob die Beihilfe direkt auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b und/oder Buchstabe c AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden kann.

3.1   
  Spezifische Rahmen und Leitlinien

| (35) | Die Kommission hat auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstaben a, b und c AEUV eine Reihe von Rahmen und Leitlinien aufgestellt, mit denen den Mitgliedstaaten Möglichkeiten an die Hand gegeben werden, beträchtliche Störungen in ihrem Wirtschaftsleben zu beheben, die Beschäftigung zu fördern, Unternehmen in Schwierigkeiten durch Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen zu helfen, Regionalbeihilfen in förderfähigen Regionen zu vergeben oder Beihilfen zur Verbesserung des Umweltschutzes zu gewähren. |
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(35)

Die Kommission hat auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstaben a, b und c AEUV eine Reihe von Rahmen und Leitlinien aufgestellt, mit denen den Mitgliedstaaten Möglichkeiten an die Hand gegeben werden, beträchtliche Störungen in ihrem Wirtschaftsleben zu beheben, die Beschäftigung zu fördern, Unternehmen in Schwierigkeiten durch Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen zu helfen, Regionalbeihilfen in förderfähigen Regionen zu vergeben oder Beihilfen zur Verbesserung des Umweltschutzes zu gewähren.

Leitlinien für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen

| (36) | Die Leitlinien für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen (21) gelten für Unternehmen in Schwierigkeiten (22), insbesondere solche, die die nach innerstaatlichem Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens erfüllen. Eine weitere Bedingung für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen ist das Vorliegen eines tragfähigen Umstrukturierungsplans. Deutschland schließt jedoch Unternehmen, für die ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist, von der Beihilfe aus, so dass es unwahrscheinlich ist, dass einer der Begünstigten als Unternehmen in Schwierigkeiten einzustufen wäre. Daher fällt die Maßnahme nicht in den Anwendungsbereich der Leitlinien für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen. |
| --- | --- |

(36)

Die Leitlinien für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen (21) gelten für Unternehmen in Schwierigkeiten (22), insbesondere solche, die die nach innerstaatlichem Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens erfüllen. Eine weitere Bedingung für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen ist das Vorliegen eines tragfähigen Umstrukturierungsplans. Deutschland schließt jedoch Unternehmen, für die ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist, von der Beihilfe aus, so dass es unwahrscheinlich ist, dass einer der Begünstigten als Unternehmen in Schwierigkeiten einzustufen wäre. Daher fällt die Maßnahme nicht in den Anwendungsbereich der Leitlinien für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen.

Regionalbeihilfen

| (37) | Nach den Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2007-2013 (23) sind Betriebsbeihilfen wie die vorliegende Maßnahme in der Regel untersagt, sofern nicht ganz bestimmte Umstände vorliegen (z. B. Arbeitslosigkeit, niedriger Lebensstandard) und die Region unter Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV fällt. Die Kommission stellt fest, dass einige der Unternehmen, die unter die Regelung fallen, ihren Sitz in einem Fördergebiet nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV haben könnten, das für Regionalbeihilfen in Frage kommt. |
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(37)

Nach den Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2007-2013 (23) sind Betriebsbeihilfen wie die vorliegende Maßnahme in der Regel untersagt, sofern nicht ganz bestimmte Umstände vorliegen (z. B. Arbeitslosigkeit, niedriger Lebensstandard) und die Region unter Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV fällt. Die Kommission stellt fest, dass einige der Unternehmen, die unter die Regelung fallen, ihren Sitz in einem Fördergebiet nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV haben könnten, das für Regionalbeihilfen in Frage kommt.

| (38) | Ziel der Regelung ist es jedoch nicht, die wirtschaftliche Entwicklung in Regionen zu fördern, in denen der Lebensstandard außergewöhnlich niedrig ist. Daher ist die Kommission zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Auffassung, dass die Maßnahme nicht in den durch die Regionalbeihilfeleitlinien ausgelegten Anwendungsbereich von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV fällt. |
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(38)

Ziel der Regelung ist es jedoch nicht, die wirtschaftliche Entwicklung in Regionen zu fördern, in denen der Lebensstandard außergewöhnlich niedrig ist. Daher ist die Kommission zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Auffassung, dass die Maßnahme nicht in den durch die Regionalbeihilfeleitlinien ausgelegten Anwendungsbereich von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV fällt.

Beschäftigungsbeihilfen

| (39) | Die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung sieht Beschäftigungsbeihilfen vor, die mit Investitionen verbunden sind oder zugunsten behinderter oder benachteiligter Arbeitnehmer gewährt werden (24). Die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung ersetzt einen früheren, weiter gesteckten Rahmen für Beschäftigungsbeihilfen, der 2008 außer Kraft trat (25). Durch ihre Ausgestaltung fällt die deutsche Maßnahme nicht unter die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung. |
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(39)

Die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung sieht Beschäftigungsbeihilfen vor, die mit Investitionen verbunden sind oder zugunsten behinderter oder benachteiligter Arbeitnehmer gewährt werden (24). Die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung ersetzt einen früheren, weiter gesteckten Rahmen für Beschäftigungsbeihilfen, der 2008 außer Kraft trat (25). Durch ihre Ausgestaltung fällt die deutsche Maßnahme nicht unter die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung.

Vorübergehender Gemeinschaftsrahmen

| (40) | Im Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmen (26) hat die Kommission anerkannt, dass die Finanzkrise eine beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben der Mitgliedstaaten darstellt. Die Störung besteht in den unmittelbaren Auswirkungen der Krise auf den Bankensektor sowie den mittelbaren Auswirkungen auf die Realwirtschaft, insofern als Unternehmen nur erschwert Zugang zu erschwinglichen Finanzierungsmitteln haben. Die in Rede stehende Maßnahme zielt jedoch nicht auf Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang zu Finanzierungsmitteln ab. Deutschland argumentierte selbst, dass die vom Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmen vorgesehenen Instrumente die Probleme der NE-Metallindustrie nicht lösen können, die in den im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt hohen Kosten für indirekte Emissionen in Deutschland und nicht in einem erschwerten Zugang zu Finanzierungsmitteln bestehen. Daher fällt die Maßnahme nicht in den Anwendungsbereich des Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmens. |
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(40)

Im Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmen (26) hat die Kommission anerkannt, dass die Finanzkrise eine beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben der Mitgliedstaaten darstellt. Die Störung besteht in den unmittelbaren Auswirkungen der Krise auf den Bankensektor sowie den mittelbaren Auswirkungen auf die Realwirtschaft, insofern als Unternehmen nur erschwert Zugang zu erschwinglichen Finanzierungsmitteln haben. Die in Rede stehende Maßnahme zielt jedoch nicht auf Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang zu Finanzierungsmitteln ab. Deutschland argumentierte selbst, dass die vom Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmen vorgesehenen Instrumente die Probleme der NE-Metallindustrie nicht lösen können, die in den im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt hohen Kosten für indirekte Emissionen in Deutschland und nicht in einem erschwerten Zugang zu Finanzierungsmitteln bestehen. Daher fällt die Maßnahme nicht in den Anwendungsbereich des Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmens.

Gemeinschaftsrahmen für staatliche Umweltschutzbeihilfen

| (41) | Im Gemeinschaftsrahmens für staatliche Umweltschutzbeihilfen (27) ist dessen Anwendungsbereich wie folgt festgelegt:






  ‚(58) | Diese Leitlinien gelten für staatliche Umweltschutzbeihilfen. Sie werden im Einklang mit anderen Maßnahmen der Gemeinschaft im Beihilfesektor, anderen Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und des Vertrags über die Europäische Union sowie dem auf der Grundlage dieser Verträge erlassenen abgeleiteten Recht angewandt. |
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(41)

Im Gemeinschaftsrahmens für staatliche Umweltschutzbeihilfen (27) ist dessen Anwendungsbereich wie folgt festgelegt:

‚(58)

Diese Leitlinien gelten für staatliche Umweltschutzbeihilfen. Sie werden im Einklang mit anderen Maßnahmen der Gemeinschaft im Beihilfesektor, anderen Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und des Vertrags über die Europäische Union sowie dem auf der Grundlage dieser Verträge erlassenen abgeleiteten Recht angewandt.

| (59) | Sie gelten für Beihilfen zur Förderung des Umweltschutzes in allen Bereichen des EG-Vertrags, einschließlich der Bereiche, in denen für staatliche Beihilfen besondere Gemeinschaftsvorschriften gelten (Stahl, Schiffbau, Kraftfahrzeuge, Kunstfasern, Verkehr, Steinkohlenbergbau, Landwirtschaft und Fischerei), sofern diese nichts anderes bestimmen.‘ |
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(59)

Sie gelten für Beihilfen zur Förderung des Umweltschutzes in allen Bereichen des EG-Vertrags, einschließlich der Bereiche, in denen für staatliche Beihilfen besondere Gemeinschaftsvorschriften gelten (Stahl, Schiffbau, Kraftfahrzeuge, Kunstfasern, Verkehr, Steinkohlenbergbau, Landwirtschaft und Fischerei), sofern diese nichts anderes bestimmen.‘

| (42) | In den darauf folgenden Absätzen des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Umweltschutzbeihilfen wird der Anwendungsbereich des Rahmens weiter ausgeführt; keine der Bestimmungen bezieht sich jedoch auf die Verlagerung von CO2-Emissionen. |
| --- | --- |

(42)

In den darauf folgenden Absätzen des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Umweltschutzbeihilfen wird der Anwendungsbereich des Rahmens weiter ausgeführt; keine der Bestimmungen bezieht sich jedoch auf die Verlagerung von CO2-Emissionen.

| (43) | Ferner lässt Artikel 10a Absatz 6 der EHS-Richtlinie darauf schließen, dass mit der Anerkennung eines möglichen Bedarfs an staatlichen Beihilfen zur Verhinderung einer Verlagerung von CO2-Emissionen, die aus den strengen EU-Umweltvorschriften (EHS) resultiert, auch vorgesehen wurde, dass neue Vorschriften in diesem Bereich erlassen werden müssen, mit denen Benchmarks für die indirekten CO2-Emissionen pro Produktionseinheit festgelegt werden (28). Dies legt wiederum nahe, dass der derzeitige Gemeinschaftsrahmen für staatliche Umweltschutzbeihilfen das Problem der Verlagerung von CO2-Emissionen nicht behandelt. |
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(43)

Ferner lässt Artikel 10a Absatz 6 der EHS-Richtlinie darauf schließen, dass mit der Anerkennung eines möglichen Bedarfs an staatlichen Beihilfen zur Verhinderung einer Verlagerung von CO2-Emissionen, die aus den strengen EU-Umweltvorschriften (EHS) resultiert, auch vorgesehen wurde, dass neue Vorschriften in diesem Bereich erlassen werden müssen, mit denen Benchmarks für die indirekten CO2-Emissionen pro Produktionseinheit festgelegt werden (28). Dies legt wiederum nahe, dass der derzeitige Gemeinschaftsrahmen für staatliche Umweltschutzbeihilfen das Problem der Verlagerung von CO2-Emissionen nicht behandelt.

| (44) | Daher fällt die Maßnahme nicht in den Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Umweltschutzbeihilfen. |
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(44)

Daher fällt die Maßnahme nicht in den Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Umweltschutzbeihilfen.

Schlussfolgerung

| (45) | Die Kommission ist daher zu diesem Zeitpunkt der Auffassung, dass die Maßnahme nicht in den Anwendungsbereich bestehender Leitlinien oder eines bestehenden Gemeinschaftsrahmens fällt. Daher muss sie prüfen, ob die Beihilfe direkt auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstaben b und c AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden kann. |
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(45)

Die Kommission ist daher zu diesem Zeitpunkt der Auffassung, dass die Maßnahme nicht in den Anwendungsbereich bestehender Leitlinien oder eines bestehenden Gemeinschaftsrahmens fällt. Daher muss sie prüfen, ob die Beihilfe direkt auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstaben b und c AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden kann.

3.2   
  Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige (Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV)

| (46) | Nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV können Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs kann die Kommission staatliche Beihilfen als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklären, wenn die staatliche Beihilfe ein Ziel von gemeinsamem Interesse verfolgt (29), zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist (30) und die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändert, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. |
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(46)

Nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV können Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs kann die Kommission staatliche Beihilfen als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklären, wenn die staatliche Beihilfe ein Ziel von gemeinsamem Interesse verfolgt (29), zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist (30) und die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändert, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.

| (47) | Nach ständiger Praxis der Kommission (31) können Maßnahmen unmittelbar auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden, sofern sie erforderlich und angemessen sind und der positive Beitrag zur Verwirklichung des Ziels von gemeinsamem Interesse die negativen Folgen für Handel und Wettbewerb aufwiegt. Daher betrachtet es die Kommission als angemessen, die folgenden Fragen zu prüfen:






  1. | Dient die Beihilfemaßnahme einem genau definierten Ziel von gemeinsamem Interesse? |
| --- | --- | --- |

(47)

Nach ständiger Praxis der Kommission (31) können Maßnahmen unmittelbar auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden, sofern sie erforderlich und angemessen sind und der positive Beitrag zur Verwirklichung des Ziels von gemeinsamem Interesse die negativen Folgen für Handel und Wettbewerb aufwiegt. Daher betrachtet es die Kommission als angemessen, die folgenden Fragen zu prüfen:

1.

Dient die Beihilfemaßnahme einem genau definierten Ziel von gemeinsamem Interesse?

| 2. | Ist die Beihilfe geeignet, das Ziel von gemeinsamem Interesse zu verwirklichen? Insbesondere:






  a) | Ist die Beihilfemaßnahme ein geeignetes und erforderliches Instrument, d.h. gibt es andere, bessere Instrumente? |
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2.

Ist die Beihilfe geeignet, das Ziel von gemeinsamem Interesse zu verwirklichen? Insbesondere:

a)

Ist die Beihilfemaßnahme ein geeignetes und erforderliches Instrument, d.h. gibt es andere, bessere Instrumente?

| b) | Hat sie einen Anreizeffekt, d.h. ändert sie das Verhalten von Unternehmen? |
| --- | --- |

b)

Hat sie einen Anreizeffekt, d.h. ändert sie das Verhalten von Unternehmen?

| c) | Ist die Beihilfe verhältnismäßig, d.h. könnte dieselbe Verhaltensänderung auch mit weniger Beihilfen erreicht werden? |
| --- | --- |

c)

Ist die Beihilfe verhältnismäßig, d.h. könnte dieselbe Verhaltensänderung auch mit weniger Beihilfen erreicht werden?

| 3. | Sind die Verfälschungen von Wettbewerb und Handel in ihrem Ausmaß begrenzt, so dass die positiven Folgen die negativen überwiegen? |
| --- | --- |

3.

Sind die Verfälschungen von Wettbewerb und Handel in ihrem Ausmaß begrenzt, so dass die positiven Folgen die negativen überwiegen?

3.2.1   Verlagerung von CO2-Emissionen (Carbon Leakage)

| (48) | Deutschland führt an, dass die Beihilfe einen Umweltvorteil mit sich bringt, da sie einer Standortverlagerung der NE-Metallerzeuger in Länder außerhalb der EU vorbeugt, in denen es weniger strikte CO2-Auflagen gibt, was ohne die Maßnahme zu einem Anstieg des globalen CO2-Ausstoßes führen könnte (Verlagerung von CO2-Emissionen, sog. Carbon Leakage). |
| --- | --- |

(48)

Deutschland führt an, dass die Beihilfe einen Umweltvorteil mit sich bringt, da sie einer Standortverlagerung der NE-Metallerzeuger in Länder außerhalb der EU vorbeugt, in denen es weniger strikte CO2-Auflagen gibt, was ohne die Maßnahme zu einem Anstieg des globalen CO2-Ausstoßes führen könnte (Verlagerung von CO2-Emissionen, sog. Carbon Leakage).

Ziel von gemeinsamem Interesse

| (49) | Ein Ziel von gemeinsamem Interesse ist ein Ziel, das von der EU solches anerkannt ist. Die Kommission teilt die Auffassung, dass die Verhinderung einer Verlagerung von CO2-Emissionen, die Folge der strengen EU-Umweltvorschriften (EHS) ist, ein Ziel von gemeinsamem Interesse darstellen kann. Die EHS-Richtlinie sieht zu den Auswirkungen des EHS auf die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie und auf die Verlagerung von CO2-Emissionen in Randnummer 24 und 27 Folgendes vor:






  ‚(24) | Die Gemeinschaft wird bei der Aushandlung eines ehrgeizigen internationalen Abkommens über den Klimawandel, mit dem das Ziel der Begrenzung des Anstiegs der Erdtemperatur auf einen Anstieg von 2 °C erreicht wird, weiterhin Vorreiter sein und fühlt sich angesichts der auf der 13. Konferenz der Vertragsparteien des UNFCCC und dem 3. Treffen der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls vom 3. bis 14. Dezember 2007 in Bali, Indonesien, erzielten Fortschritte in dieser Richtung bestärkt. Sollten andere Industrieländer und andere Großemittenten von Treibhausgasen diesem internationalen Abkommen nicht beitreten, so könnte dies zu einem Anstieg von Treibhausgasemissionen in Drittländern führen, deren Industrien nicht an vergleichbare CO2-Auflagen gebunden sind (Verlagerung von CO2-Emissionen), und zugleich eine wirtschaftliche Benachteiligung bestimmter energieintensiver, im internationalen Wettbewerb stehender Sektoren und Teilsektoren in der Gemeinschaft bedeuten. Dies könnte die Umweltintegrität und den Nutzen von Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben. [...]
  Die Mitgliedstaaten können es für notwendig erachten, Anlagen, für die ein erhebliches Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen ermittelt wurde, übergangsweise für Kosten zu entschädigen, die im Zusammenhang mit den Treibhausgasemissionen stehen, deren Kosten auf den Strompreis abgewälzt werden. Diese Unterstützung sollte nur dann gewährt werden, wenn sie notwendig und verhältnismäßig ist, wobei sichergestellt werden sollte, dass das Gemeinschaftssystem auch weiterhin einen Anreiz für Energieeinsparungen und die Umstellung von ‚grauem‘ auf ‚grünen‘ Strom bietet.‘ |
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(49)

Ein Ziel von gemeinsamem Interesse ist ein Ziel, das von der EU solches anerkannt ist. Die Kommission teilt die Auffassung, dass die Verhinderung einer Verlagerung von CO2-Emissionen, die Folge der strengen EU-Umweltvorschriften (EHS) ist, ein Ziel von gemeinsamem Interesse darstellen kann. Die EHS-Richtlinie sieht zu den Auswirkungen des EHS auf die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie und auf die Verlagerung von CO2-Emissionen in Randnummer 24 und 27 Folgendes vor:

‚(24)

Die Gemeinschaft wird bei der Aushandlung eines ehrgeizigen internationalen Abkommens über den Klimawandel, mit dem das Ziel der Begrenzung des Anstiegs der Erdtemperatur auf einen Anstieg von 2 °C erreicht wird, weiterhin Vorreiter sein und fühlt sich angesichts der auf der 13. Konferenz der Vertragsparteien des UNFCCC und dem 3. Treffen der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls vom 3. bis 14. Dezember 2007 in Bali, Indonesien, erzielten Fortschritte in dieser Richtung bestärkt. Sollten andere Industrieländer und andere Großemittenten von Treibhausgasen diesem internationalen Abkommen nicht beitreten, so könnte dies zu einem Anstieg von Treibhausgasemissionen in Drittländern führen, deren Industrien nicht an vergleichbare CO2-Auflagen gebunden sind (Verlagerung von CO2-Emissionen), und zugleich eine wirtschaftliche Benachteiligung bestimmter energieintensiver, im internationalen Wettbewerb stehender Sektoren und Teilsektoren in der Gemeinschaft bedeuten. Dies könnte die Umweltintegrität und den Nutzen von Gemeinschaftsmaßnahmen untergraben. [...]

Die Mitgliedstaaten können es für notwendig erachten, Anlagen, für die ein erhebliches Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen ermittelt wurde, übergangsweise für Kosten zu entschädigen, die im Zusammenhang mit den Treibhausgasemissionen stehen, deren Kosten auf den Strompreis abgewälzt werden. Diese Unterstützung sollte nur dann gewährt werden, wenn sie notwendig und verhältnismäßig ist, wobei sichergestellt werden sollte, dass das Gemeinschaftssystem auch weiterhin einen Anreiz für Energieeinsparungen und die Umstellung von ‚grauem‘ auf ‚grünen‘ Strom bietet.‘

| (50) | Aus diesen Randnummern sowie aus Artikel 10a Absatz 6 der EHS-Richtlinie ergibt sich, dass es im gemeinsamen Interesse ist, die Verlagerung von CO2-Emissionen, die aus den strengen EU-Umweltvorschriften resultiert, so weit wie möglich zu verhindern, da diese Verlagerung von CO2-Emissionen bestimmte energienintensive Sektoren und Teilsektoren in der EU, die im internationalen Wettbewerb stehen, wirtschaftlich in einem Maße benachteiligen kann, dass sie ihre Produktion möglicherweise in Drittländer verlagern, was einen Anstieg der CO2-Emissionen auf globaler Ebene mit sich bringen kann. |
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(50)

Aus diesen Randnummern sowie aus Artikel 10a Absatz 6 der EHS-Richtlinie ergibt sich, dass es im gemeinsamen Interesse ist, die Verlagerung von CO2-Emissionen, die aus den strengen EU-Umweltvorschriften resultiert, so weit wie möglich zu verhindern, da diese Verlagerung von CO2-Emissionen bestimmte energienintensive Sektoren und Teilsektoren in der EU, die im internationalen Wettbewerb stehen, wirtschaftlich in einem Maße benachteiligen kann, dass sie ihre Produktion möglicherweise in Drittländer verlagern, was einen Anstieg der CO2-Emissionen auf globaler Ebene mit sich bringen kann.

Geeignetes und erforderliches Mittel

| (51) | Die gewährte Beihilfe muss ein geeignetes und erforderliches Mittel sein, um das angestrebte Ziel, d. h. die Verlagerung von CO2-Emissionen zu verhindern, zu erreichen. Ein Mittel ist geeignet und erforderlich, wenn es keine anderen, weniger wettbewerbsverfälschenden Mittel gibt, mit denen dieselben Ergebnisse erzielt werden könnten. |
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(51)

Die gewährte Beihilfe muss ein geeignetes und erforderliches Mittel sein, um das angestrebte Ziel, d. h. die Verlagerung von CO2-Emissionen zu verhindern, zu erreichen. Ein Mittel ist geeignet und erforderlich, wenn es keine anderen, weniger wettbewerbsverfälschenden Mittel gibt, mit denen dieselben Ergebnisse erzielt werden könnten.

| (52) | Deutschland betont, die Kommission habe sich während der Verhandlungen über die EHS-Richtlinie politisch verpflichtet, die Kompensation von CO2-Kosten für indirekte Emissionen mangels eines internationalen Abkommens ab 2013 zu gestatten und die Beihilfevorschriften anzupassen, um die Kriterien für die Vereinbarkeit solcher Beihilfen für indirekte Emissionen mit dem AEUV darzulegen. Deutschland zufolge ist eine solche Beihilfe damit zu begründen, dass Stromerzeuger die Kosten für CO2-Zertifikate in ihre Strompreise einpreisen. Da dieser Einpreisungseffekt schon jetzt bestehe, auch wenn er auf einem anderen CO2-Preis beruhe als bei der Annahme der Richtlinie für die Zeit nach 2013 angenommen, sei es angemessen, Beihilfen für solche indirekten Emissionen schon vor 2013 zu gestatten. |
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(52)

Deutschland betont, die Kommission habe sich während der Verhandlungen über die EHS-Richtlinie politisch verpflichtet, die Kompensation von CO2-Kosten für indirekte Emissionen mangels eines internationalen Abkommens ab 2013 zu gestatten und die Beihilfevorschriften anzupassen, um die Kriterien für die Vereinbarkeit solcher Beihilfen für indirekte Emissionen mit dem AEUV darzulegen. Deutschland zufolge ist eine solche Beihilfe damit zu begründen, dass Stromerzeuger die Kosten für CO2-Zertifikate in ihre Strompreise einpreisen. Da dieser Einpreisungseffekt schon jetzt bestehe, auch wenn er auf einem anderen CO2-Preis beruhe als bei der Annahme der Richtlinie für die Zeit nach 2013 angenommen, sei es angemessen, Beihilfen für solche indirekten Emissionen schon vor 2013 zu gestatten.

| (53) | Die Gesetzgeber haben in der geänderten EHS-Richtlinie (32) vereinbart, den Mechanismus zur Vorbeugung von CO2-Verlagerungen erst ab 2013 einzuführen. Dies scheint gerechtfertigt, da ab 2013 eine strengere Obergrenze für CO2-Emissionen gilt, die — sofern alle anderen Umstände unverändert bleiben — wohl zu höheren CO2-Preisen als zuvor führen wird. |
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(53)

Die Gesetzgeber haben in der geänderten EHS-Richtlinie (32) vereinbart, den Mechanismus zur Vorbeugung von CO2-Verlagerungen erst ab 2013 einzuführen. Dies scheint gerechtfertigt, da ab 2013 eine strengere Obergrenze für CO2-Emissionen gilt, die — sofern alle anderen Umstände unverändert bleiben — wohl zu höheren CO2-Preisen als zuvor führen wird.

| (54) | Aus wirtschaftlicher Sicht könnte jedoch schon vor 2013 das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen bestehen. So geht die öffentliche Debatte über das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen weiter. Es ist von größter Bedeutung, dieses Risiko eingehend zu prüfen, da sich solche Beihilfen sehr wettbewerbsverfälschend auswirken. Im vorliegenden Fall verfügt die Kommission jedoch nicht über die notwendigen Informationen, um das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen für die Begünstigten zu prüfen. Im Übrigen haben die Mitgliedstaaten auch jetzt schon die Möglichkeit, energieintensive Industrien beim Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft zu unterstützen, indem sie Energiesparmaßnahmen und CO2-freie grüne Stromerzeugungsalternativen fördern, oder energieintensiven Unternehmen einen Ausgleich für einen Teil ihrer Stromkosten zu zahlen (z.B. durch Energiesteuerermäßigungen oder -befreiungen nach Kapitel 4 der Umweltbeihilfenleitlinien). |
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(54)

Aus wirtschaftlicher Sicht könnte jedoch schon vor 2013 das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen bestehen. So geht die öffentliche Debatte über das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen weiter. Es ist von größter Bedeutung, dieses Risiko eingehend zu prüfen, da sich solche Beihilfen sehr wettbewerbsverfälschend auswirken. Im vorliegenden Fall verfügt die Kommission jedoch nicht über die notwendigen Informationen, um das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen für die Begünstigten zu prüfen. Im Übrigen haben die Mitgliedstaaten auch jetzt schon die Möglichkeit, energieintensive Industrien beim Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft zu unterstützen, indem sie Energiesparmaßnahmen und CO2-freie grüne Stromerzeugungsalternativen fördern, oder energieintensiven Unternehmen einen Ausgleich für einen Teil ihrer Stromkosten zu zahlen (z.B. durch Energiesteuerermäßigungen oder -befreiungen nach Kapitel 4 der Umweltbeihilfenleitlinien).

| (55) | Daher hat die Kommission Zweifel, ob die in Rede stehende Maßnahme ein angemessenes Mittel ist, um einer Verlagerung von CO2-Emissionen in der Handelsperiode 2008-2012 vorzubeugen. |
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(55)

Daher hat die Kommission Zweifel, ob die in Rede stehende Maßnahme ein angemessenes Mittel ist, um einer Verlagerung von CO2-Emissionen in der Handelsperiode 2008-2012 vorzubeugen.

Anreizeffekt

| (56) | Staatliche Beihilfen haben einen Anreizeffekt, wenn der Begünstigte sein Verhalten mit Blick auf die Erreichung des Ziels von gemeinsamem Interesse ändert. Deutschland zufolge bringt die Maßnahme insofern einen mittelbaren Umweltvorteil mit sich, als sie einer Verlagerung von CO2-Emissionen vorbeugt, und somit habe sie auch einen Anreizeffekt. |
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(56)

Staatliche Beihilfen haben einen Anreizeffekt, wenn der Begünstigte sein Verhalten mit Blick auf die Erreichung des Ziels von gemeinsamem Interesse ändert. Deutschland zufolge bringt die Maßnahme insofern einen mittelbaren Umweltvorteil mit sich, als sie einer Verlagerung von CO2-Emissionen vorbeugt, und somit habe sie auch einen Anreizeffekt.

Beihilfefähige Sektoren — Beschluss zur Festlegung der dem Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen ausgesetzten Sektoren und Teilsektoren

| (57) | Deutschland führt an, dass es seitens der Kommission unangebracht sei, den Anreizeffekt der Beihilfe in Frage zu stellen. Schließlich habe die Kommission mit dem Beschluss zur Festlegung der dem Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen ausgesetzten Sektoren und Teilsektoren (33) das Risiko einer Abwanderung der betreffenden Sektoren aus der EU schon deutlich zum Ausdruck gebracht. In diesem Beschluss ist ein Verzeichnis der Sektoren festgelegt, die für einen höheren Anteil kostenfreier Zertifikatszuteilungen für direkte Emissionen in Frage kommen. Da die Sektoren für Aluminium, Kupfer und Zink in der Liste aufgeführt sind, sei das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen für diese Sektoren anerkannt worden, so das Argument Deutschlands. Ferner habe sich die Kommission während der Verhandlungen über die EHS-Richtlinie politisch verpflichtet, die Kompensation von CO2-Kosten für indirekte Emissionen mangels eines internationalen Abkommens zu gestatten und die Beihilfevorschriften anzupassen, um die Kriterien für die Vereinbarkeit solcher Beihilfen für indirekte Emissionen mit dem AEUV für die 2013 beginnende Handelsperiode darzulegen. Deutschland führt an, dass eine solche Beihilfe dadurch begründet sei, dass Stromerzeuger die Kosten für CO2-Berechtigungen in ihre Strompreise einpreisen. Da dieser Effekt bereits jetzt bestehe, solle die Kommission Beihilfen für solche indirekten Emissionen für die im vorgenannten Beschluss aufgeführten Sektoren schon jetzt gestatten. |
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(57)

Deutschland führt an, dass es seitens der Kommission unangebracht sei, den Anreizeffekt der Beihilfe in Frage zu stellen. Schließlich habe die Kommission mit dem Beschluss zur Festlegung der dem Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen ausgesetzten Sektoren und Teilsektoren (33) das Risiko einer Abwanderung der betreffenden Sektoren aus der EU schon deutlich zum Ausdruck gebracht. In diesem Beschluss ist ein Verzeichnis der Sektoren festgelegt, die für einen höheren Anteil kostenfreier Zertifikatszuteilungen für direkte Emissionen in Frage kommen. Da die Sektoren für Aluminium, Kupfer und Zink in der Liste aufgeführt sind, sei das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen für diese Sektoren anerkannt worden, so das Argument Deutschlands. Ferner habe sich die Kommission während der Verhandlungen über die EHS-Richtlinie politisch verpflichtet, die Kompensation von CO2-Kosten für indirekte Emissionen mangels eines internationalen Abkommens zu gestatten und die Beihilfevorschriften anzupassen, um die Kriterien für die Vereinbarkeit solcher Beihilfen für indirekte Emissionen mit dem AEUV für die 2013 beginnende Handelsperiode darzulegen. Deutschland führt an, dass eine solche Beihilfe dadurch begründet sei, dass Stromerzeuger die Kosten für CO2-Berechtigungen in ihre Strompreise einpreisen. Da dieser Effekt bereits jetzt bestehe, solle die Kommission Beihilfen für solche indirekten Emissionen für die im vorgenannten Beschluss aufgeführten Sektoren schon jetzt gestatten.

| (58) | Die Kommission stellt fest, dass der Beschluss zur Festlegung der dem Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen ausgesetzten Sektoren und Teilsektoren erst ab 2013 (34) gilt. Daher kann er nicht als Rechtsgrundlage für die Rechtfertigung einer für das Jahr 2009 bestimmten staatlichen Beihilfe herangezogen werden. |
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(58)

Die Kommission stellt fest, dass der Beschluss zur Festlegung der dem Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen ausgesetzten Sektoren und Teilsektoren erst ab 2013 (34) gilt. Daher kann er nicht als Rechtsgrundlage für die Rechtfertigung einer für das Jahr 2009 bestimmten staatlichen Beihilfe herangezogen werden.

| (59) | Deutschland argumentierte, dass die Kommission verpflichtet sei, den Beschluss zur Festlegung der dem Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen ausgesetzten Sektoren und Teilsektoren analog anzuwenden. In diesem Zusammenhang erinnert die Kommission daran, dass eine EU-Vorschrift nach ständiger Rechtssprechung des Gerichtshofs nur unter den folgenden beiden Voraussetzungen analog angewandt werden kann (35):






  a) | Die für den betreffenden Sachverhalt geltenden Vorschriften sind denen sehr ähnlich, die analog angewandt werden sollen; und |
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(59)

Deutschland argumentierte, dass die Kommission verpflichtet sei, den Beschluss zur Festlegung der dem Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen ausgesetzten Sektoren und Teilsektoren analog anzuwenden. In diesem Zusammenhang erinnert die Kommission daran, dass eine EU-Vorschrift nach ständiger Rechtssprechung des Gerichtshofs nur unter den folgenden beiden Voraussetzungen analog angewandt werden kann (35):

a)

Die für den betreffenden Sachverhalt geltenden Vorschriften sind denen sehr ähnlich, die analog angewandt werden sollen; und

| b) | die für den betreffenden Sachverhalt geltenden Vorschriften enthalten eine Lücke, die mit einem allgemeinen Grundsatz des EU-Rechts unvereinbar ist und die durch eine analoge Anwendung geschlossen werden kann. |
| --- | --- |

b)

die für den betreffenden Sachverhalt geltenden Vorschriften enthalten eine Lücke, die mit einem allgemeinen Grundsatz des EU-Rechts unvereinbar ist und die durch eine analoge Anwendung geschlossen werden kann.

| (60) | Die Kommission stellt fest, dass es im vorliegenden Fall keine solche Lücke gibt, die mit einem allgemeinen Grundsatz des EU-Rechts unvereinbar ist. Die vorliegende Beihilfesache fällt in den Anwendungsbereich von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV und die Kommission muss diesen Artikel, wie er in der ständigen Rechtssprechung des Gerichtshofs ausgelegt wurde, anwenden, d. h., sie muss prüfen, ob die staatliche Beihilfe ein Ziel von gemeinsamem Interesse verfolgt (36), zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist (37) und die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändert, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. In Ermangelung allgemein anwendbarer Vorschriften wird eine Einzelfallprüfung durchgeführt. Für die Prüfung der in Rede stehenden Beihilfesache muss das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen daher auf der Grundlage des Sachverhalts des Falles erfolgen. |
| --- | --- |

(60)

Die Kommission stellt fest, dass es im vorliegenden Fall keine solche Lücke gibt, die mit einem allgemeinen Grundsatz des EU-Rechts unvereinbar ist. Die vorliegende Beihilfesache fällt in den Anwendungsbereich von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV und die Kommission muss diesen Artikel, wie er in der ständigen Rechtssprechung des Gerichtshofs ausgelegt wurde, anwenden, d. h., sie muss prüfen, ob die staatliche Beihilfe ein Ziel von gemeinsamem Interesse verfolgt (36), zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist (37) und die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändert, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. In Ermangelung allgemein anwendbarer Vorschriften wird eine Einzelfallprüfung durchgeführt. Für die Prüfung der in Rede stehenden Beihilfesache muss das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen daher auf der Grundlage des Sachverhalts des Falles erfolgen.

| (61) | Auf die von Deutschland vorgebrachten Argumente ist zu erwidern, dass die Rechtsinstrumente, mit denen die Kompensation für indirekte Emissionen gestattet wird, sich nur auf die in den Strompreis eingepreisten CO2-Kosten (38) beziehen sollten. Daher bestehen Zweifel, ob der Beschluss zur Festlegung der dem Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen ausgesetzten Sektoren und Teilsektoren direkt auf die Kompensation von in den Strompreis eingepreisten CO2-Kosten angewandt werden kann. In der Tat wurde mit der politischen Verpflichtung, Beihilfen zum Ausgleich von Kosten indirekter Emissionen zuzulassen, beabsichtigt, in Ausnahmefällen gezielt ausgerichtete Beihilfen für die Sektoren zu gestatten, die durch indirekte Emissionen einem beträchtlichen Kostenanstieg ausgesetzt und nicht in der Lage sind, diesen CO2-bedingten Kostenanstieg abzuwälzen. |
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(61)

Auf die von Deutschland vorgebrachten Argumente ist zu erwidern, dass die Rechtsinstrumente, mit denen die Kompensation für indirekte Emissionen gestattet wird, sich nur auf die in den Strompreis eingepreisten CO2-Kosten (38) beziehen sollten. Daher bestehen Zweifel, ob der Beschluss zur Festlegung der dem Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen ausgesetzten Sektoren und Teilsektoren direkt auf die Kompensation von in den Strompreis eingepreisten CO2-Kosten angewandt werden kann. In der Tat wurde mit der politischen Verpflichtung, Beihilfen zum Ausgleich von Kosten indirekter Emissionen zuzulassen, beabsichtigt, in Ausnahmefällen gezielt ausgerichtete Beihilfen für die Sektoren zu gestatten, die durch indirekte Emissionen einem beträchtlichen Kostenanstieg ausgesetzt und nicht in der Lage sind, diesen CO2-bedingten Kostenanstieg abzuwälzen.

Zweifel im Hinblick auf das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen auf der Grundlage des von Deutschland übermittelten Sachverhalts

| (62) | Das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen könnte dann geltend gemacht werden, wenn die Strompreise aufgrund des EHS in einem Maß ansteigen würden, das Unternehmen einen Anreiz gibt, ihre Produktion in EHS-Ländern einzustellen, und die Kapazitäten dieser Unternehmen dann von Produktionsanlagen in Nicht-EHS-Ländern übernommen würden, was einen Anstieg der globalen Emissionen zur Folge hätte. |
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(62)

Das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen könnte dann geltend gemacht werden, wenn die Strompreise aufgrund des EHS in einem Maß ansteigen würden, das Unternehmen einen Anreiz gibt, ihre Produktion in EHS-Ländern einzustellen, und die Kapazitäten dieser Unternehmen dann von Produktionsanlagen in Nicht-EHS-Ländern übernommen würden, was einen Anstieg der globalen Emissionen zur Folge hätte.

| (63) | Die Kommission hat jedoch Zweifel, ob die Begünstigten bei einer Nichtgewährung der Beihilfe ihre Standorte in Deutschland aufgrund einer CO2-Kosten-Differenz schließen würden. In dieser Hinsicht bilden die CO2-Kostendifferenz und die Möglichkeit, solche Kosten auf Kunden abzuwälzen, die Schlüsselkriterien für die Prüfung eines solchen Risikos. Die Kommission hatte Deutschland daher aufgefordert, Informationen zu diesen beiden Aspekten zur Verfügung zu stellen. Nach Angaben Deutschlands betrachten die Begünstigten Angaben zur Kostenstruktur und ihren Gewinnspannen jedoch als Geschäftsgeheimnisse und lehnten es daher ab, der deutschen Regierung die entsprechenden Zahlen zu übermitteln (39). Daher kann die Kommission das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen in Bezug auf die betreffenden Begünstigten nicht auf der Grundlage der bisher von Deutschland vorgelegten Fakten prüfen. Die Kommission fordert daher Deutschland und Dritte auf, ihr alle relevanten Informationen zu übermitteln, insbesondere zur Kostenstruktur im Sektor und den Möglichkeiten, die CO2-Kostendifferenz auf die Kunden abzuwälzen. |
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(63)

Die Kommission hat jedoch Zweifel, ob die Begünstigten bei einer Nichtgewährung der Beihilfe ihre Standorte in Deutschland aufgrund einer CO2-Kosten-Differenz schließen würden. In dieser Hinsicht bilden die CO2-Kostendifferenz und die Möglichkeit, solche Kosten auf Kunden abzuwälzen, die Schlüsselkriterien für die Prüfung eines solchen Risikos. Die Kommission hatte Deutschland daher aufgefordert, Informationen zu diesen beiden Aspekten zur Verfügung zu stellen. Nach Angaben Deutschlands betrachten die Begünstigten Angaben zur Kostenstruktur und ihren Gewinnspannen jedoch als Geschäftsgeheimnisse und lehnten es daher ab, der deutschen Regierung die entsprechenden Zahlen zu übermitteln (39). Daher kann die Kommission das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen in Bezug auf die betreffenden Begünstigten nicht auf der Grundlage der bisher von Deutschland vorgelegten Fakten prüfen. Die Kommission fordert daher Deutschland und Dritte auf, ihr alle relevanten Informationen zu übermitteln, insbesondere zur Kostenstruktur im Sektor und den Möglichkeiten, die CO2-Kostendifferenz auf die Kunden abzuwälzen.

| (64) | Auch wenn die Rentabilität an sich kein entscheidendes Element ist, so werden doch die Zweifel daran, dass die Unternehmen ihre indirekten CO2-Kosten nicht abwälzen können, in gewissem Umfang durch die Jahresberichte der wichtigsten Begünstigten verstärkt, da diese nahe legen, dass die Unternehmen — trotz der niedrigen LME-Preise — während des geplanten Beihilfezeitraums weiterhin rentabel waren. Die Betriebsergebnisse von Trimet (Aluminium), Xtrata (Zink) und Aurubis (Kupfer) sind in Anhang 6 beigefügt. |
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(64)

Auch wenn die Rentabilität an sich kein entscheidendes Element ist, so werden doch die Zweifel daran, dass die Unternehmen ihre indirekten CO2-Kosten nicht abwälzen können, in gewissem Umfang durch die Jahresberichte der wichtigsten Begünstigten verstärkt, da diese nahe legen, dass die Unternehmen — trotz der niedrigen LME-Preise — während des geplanten Beihilfezeitraums weiterhin rentabel waren. Die Betriebsergebnisse von Trimet (Aluminium), Xtrata (Zink) und Aurubis (Kupfer) sind in Anhang 6 beigefügt.

| (65) | Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass bedingt durch das EHS das Risiko einer Schließung von deutschen Produktionsstandorten besteht, so hat die Kommission aber auch Zweifel, ob dies zwangsläufig zu einer Übernahme von Kapazitäten durch Produktionsanlagen in Nicht-EHS-Ländern führen würde. Es kann in der Tat nicht ausgeschlossen werden, dass die betreffenden Kapazitäten durch Produktionsanlagen in anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaaten übernommen werden, in denen das EHS-System Anwendung findet. Im Hinblick darauf forderte die Kommission genaue Informationen zu den Strommärkten in anderen Mitgliedstaaten sowie zur Wettbewerbssituation von NE-Metallerzeugern in anderen Mitgliedstaaten, in denen die Stromkosten aufgrund von Produktionsvorteilen möglicherweise niedriger sind, oder in EWR-Staaten, in denen das preisbestimmende Grenzkraftwerk einen geringeren CO2-Ausstoß hat. Des Weiteren hat die Kommission Informationen zu den im Strompreis enthaltenen Kosten für indirekte Emissionen in anderen Mitgliedstaaten angefordert. Deutschland gab an, dass ihm keine Informationen über die Kostenstruktur von NE-Metallerzeugern in anderen Mitgliedstaaten oder über den CO2-Kostenanteil am Strompreis in anderen Mitgliedstaaten vorliegen. Ohne diese Informationen kann die Kommission jedoch nicht einwandfrei prüfen, ob die Kapazitäten — im Fall von Standortschließungen in Deutschland — von Produktionsanlagen in anderen Mitgliedstaaten übernommen und somit weiterhin dem EHS (40) unterliegen würden, oder ob sie tatsächlich von in Nicht-EHS-Ländern produzierenden Unternehmen übernommen würden. |
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(65)

Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass bedingt durch das EHS das Risiko einer Schließung von deutschen Produktionsstandorten besteht, so hat die Kommission aber auch Zweifel, ob dies zwangsläufig zu einer Übernahme von Kapazitäten durch Produktionsanlagen in Nicht-EHS-Ländern führen würde. Es kann in der Tat nicht ausgeschlossen werden, dass die betreffenden Kapazitäten durch Produktionsanlagen in anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaaten übernommen werden, in denen das EHS-System Anwendung findet. Im Hinblick darauf forderte die Kommission genaue Informationen zu den Strommärkten in anderen Mitgliedstaaten sowie zur Wettbewerbssituation von NE-Metallerzeugern in anderen Mitgliedstaaten, in denen die Stromkosten aufgrund von Produktionsvorteilen möglicherweise niedriger sind, oder in EWR-Staaten, in denen das preisbestimmende Grenzkraftwerk einen geringeren CO2-Ausstoß hat. Des Weiteren hat die Kommission Informationen zu den im Strompreis enthaltenen Kosten für indirekte Emissionen in anderen Mitgliedstaaten angefordert. Deutschland gab an, dass ihm keine Informationen über die Kostenstruktur von NE-Metallerzeugern in anderen Mitgliedstaaten oder über den CO2-Kostenanteil am Strompreis in anderen Mitgliedstaaten vorliegen. Ohne diese Informationen kann die Kommission jedoch nicht einwandfrei prüfen, ob die Kapazitäten — im Fall von Standortschließungen in Deutschland — von Produktionsanlagen in anderen Mitgliedstaaten übernommen und somit weiterhin dem EHS (40) unterliegen würden, oder ob sie tatsächlich von in Nicht-EHS-Ländern produzierenden Unternehmen übernommen würden.

| (66) | Angesichts der anderen entscheidenden Aspekte, die Unternehmen bei der einer Standortentscheidung erwägen, kann die Kommission folglich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht feststellen, ob eine Beihilfe zur Verhinderung einer Standortverlagerung vorliegt, ob Unternehmen im Fall einer Schließung in ein Land inner- oder außerhalb der EU abwandern würden, ob dies zu einem Anstieg der globalen Emissionen führen würde und ob die Beihilfe tatsächlich das ausschlaggebende Element wäre, die Begünstigten zu einer Aufrechterhaltung ihrer Produktion in Deutschland zu veranlassen. Um alle relevanten Informationen auch von Dritten zu erhalten, erachtet die Kommission die Eröffnung eines förmlichen Prüfverfahrens für angemessen. |
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(66)

Angesichts der anderen entscheidenden Aspekte, die Unternehmen bei der einer Standortentscheidung erwägen, kann die Kommission folglich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht feststellen, ob eine Beihilfe zur Verhinderung einer Standortverlagerung vorliegt, ob Unternehmen im Fall einer Schließung in ein Land inner- oder außerhalb der EU abwandern würden, ob dies zu einem Anstieg der globalen Emissionen führen würde und ob die Beihilfe tatsächlich das ausschlaggebende Element wäre, die Begünstigten zu einer Aufrechterhaltung ihrer Produktion in Deutschland zu veranlassen. Um alle relevanten Informationen auch von Dritten zu erhalten, erachtet die Kommission die Eröffnung eines förmlichen Prüfverfahrens für angemessen.

Zweifel im Hinblick auf die Folgen für die nachgelagerten Märkte

| (67) | Deutschland gibt an, dass eine umfangreiche Zusammenarbeit zwischen den Begünstigten und ihren nachgelagerten Kunden bestehe, insbesondere im Hinblick auf gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Deutschland erklärt, dass die Standortverlagerung der Begünstigten zu einer Standortverlagerung der nachgelagerten Industrien führen könnte, wodurch das geltend gemachte Risiko einer Verlagerung der CO2-Emissionen noch steigen würde. Des Weiteren argumentierte Deutschland, dass die nachgelagerten Industrien durch die vorgebrachte enge Zusammenarbeit bei der Forschung und Entwicklung zunehmend umweltfreundliche Produkte herstellen könnten und dass diese Umweltvorteile aufs Spiel gesetzt würden, wenn die NE-Metallerzeuger ihre Produktion in Deutschland einstellen würden. |
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(67)

Deutschland gibt an, dass eine umfangreiche Zusammenarbeit zwischen den Begünstigten und ihren nachgelagerten Kunden bestehe, insbesondere im Hinblick auf gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Deutschland erklärt, dass die Standortverlagerung der Begünstigten zu einer Standortverlagerung der nachgelagerten Industrien führen könnte, wodurch das geltend gemachte Risiko einer Verlagerung der CO2-Emissionen noch steigen würde. Des Weiteren argumentierte Deutschland, dass die nachgelagerten Industrien durch die vorgebrachte enge Zusammenarbeit bei der Forschung und Entwicklung zunehmend umweltfreundliche Produkte herstellen könnten und dass diese Umweltvorteile aufs Spiel gesetzt würden, wenn die NE-Metallerzeuger ihre Produktion in Deutschland einstellen würden.

| (68) | Die Kommission ist sich zwar der Bedeutung der Wertschöpfungskette bewusst, doch hat sie Zweifel, dass die Verbindung zwischen den NE-Metallerzeugern und den nachgelagerten Industrien so stark ist, dass die Nichtgewährung der Beihilfe die nachgelagerten Tätigkeiten in dem von Deutschland behaupteten Maße gefährden würde. Vielmehr betonte Deutschland, dass die nachgelagerten Industrien ihren Bedarf anderswo auf dem Weltmarkt decken könnten und dies auch täten, wenn die deutschen NE-Metallerzeuger versuchen würden, ihre indirekten Emissionskosten abzuwälzen. Des Weiteren hat Deutschland nicht ausreichend belegt, dass die nachgelagerten Industrien nur durch die gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsarbeit mit NE-Metallen deutschen Ursprungs zunehmend umweltfreundliche Produkte herstellen können und nicht auch mit NE-Metallerzeugern, die in Drittstaaten inner- und außerhalb des EHS angesiedelt sind. |
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(68)

Die Kommission ist sich zwar der Bedeutung der Wertschöpfungskette bewusst, doch hat sie Zweifel, dass die Verbindung zwischen den NE-Metallerzeugern und den nachgelagerten Industrien so stark ist, dass die Nichtgewährung der Beihilfe die nachgelagerten Tätigkeiten in dem von Deutschland behaupteten Maße gefährden würde. Vielmehr betonte Deutschland, dass die nachgelagerten Industrien ihren Bedarf anderswo auf dem Weltmarkt decken könnten und dies auch täten, wenn die deutschen NE-Metallerzeuger versuchen würden, ihre indirekten Emissionskosten abzuwälzen. Des Weiteren hat Deutschland nicht ausreichend belegt, dass die nachgelagerten Industrien nur durch die gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsarbeit mit NE-Metallen deutschen Ursprungs zunehmend umweltfreundliche Produkte herstellen können und nicht auch mit NE-Metallerzeugern, die in Drittstaaten inner- und außerhalb des EHS angesiedelt sind.

Zweifel im Hinblick auf die Höhe der Beihilfe

| (69) | Schließlich hat die Kommission Zweifel, ob die Beihilfe genügend Anreiz bieten würde, um die Standortentscheidung der deutschen NE-Metallerzeuger zu ändern, und ob die Maßnahme als Anreiz für die Begünstigten zu einer mittel- oder langfristigen Aufrechterhaltung ihrer Produktion in Deutschland geeignet ist. Deutschland hat selbst angegeben, dass die Maßnahme das Problem höherer CO2-Kosten für indirekte Emission nicht dauerhaft lösen wird. So wird die Maßnahme nur für das zweite Halbjahr 2009 gewährt. Die einzige mit der Beihilfe verbundene Bedingung ist, dass die Begünstigten ihren Standort bis Ende 2010 nicht verlagern, und Deutschland hat erklärt, dass keine Verlängerung der Maßnahme beabsichtigt ist. Die Maßnahme scheint daher nicht geeignet zu sein, eine Standortverlagerung der Begünstigten nach 2010 zu verhindern. |
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(69)

Schließlich hat die Kommission Zweifel, ob die Beihilfe genügend Anreiz bieten würde, um die Standortentscheidung der deutschen NE-Metallerzeuger zu ändern, und ob die Maßnahme als Anreiz für die Begünstigten zu einer mittel- oder langfristigen Aufrechterhaltung ihrer Produktion in Deutschland geeignet ist. Deutschland hat selbst angegeben, dass die Maßnahme das Problem höherer CO2-Kosten für indirekte Emission nicht dauerhaft lösen wird. So wird die Maßnahme nur für das zweite Halbjahr 2009 gewährt. Die einzige mit der Beihilfe verbundene Bedingung ist, dass die Begünstigten ihren Standort bis Ende 2010 nicht verlagern, und Deutschland hat erklärt, dass keine Verlängerung der Maßnahme beabsichtigt ist. Die Maßnahme scheint daher nicht geeignet zu sein, eine Standortverlagerung der Begünstigten nach 2010 zu verhindern.

Schlussfolgerungen zum Anreizeffekt

| (70) | Angesichts der vorstehenden Ausführungen hat die Kommission Zweifel, ob während des Beihilfezeitraums — aufgrund der Kosten für indirekte Emissionen — das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen bestand und, falls dem so wäre, die in Rede stehende Maßnahme den notwendigen Anreiz geschaffen hätte, diesem Risiko wirksam zu begegnen. |
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(70)

Angesichts der vorstehenden Ausführungen hat die Kommission Zweifel, ob während des Beihilfezeitraums — aufgrund der Kosten für indirekte Emissionen — das Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen bestand und, falls dem so wäre, die in Rede stehende Maßnahme den notwendigen Anreiz geschaffen hätte, diesem Risiko wirksam zu begegnen.

Angemessenheit

| (71) | Eine staatliche Beihilfe ist dann angemessen, wenn die dem Begünstigten gewährte Beihilfe auf ein Minimum beschränkt und gleichzeitig ein Ziel von gemeinsamem Interesse erreicht wird. |
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(71)

Eine staatliche Beihilfe ist dann angemessen, wenn die dem Begünstigten gewährte Beihilfe auf ein Minimum beschränkt und gleichzeitig ein Ziel von gemeinsamem Interesse erreicht wird.

| (72) | Die Kommission stellt in diesem Fall fest, dass die Prüfung der Angemessenheit der Beihilfe komplex ist, was nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass die Standortentscheidung eines Unternehmens nicht durch ein Kostenelement, sondern durch eine Kombination verschiedener Elemente beeinflusst wird. Die Kommission hat am 28. Juli 2010 Auskünfte angefordert, um zu prüfen, ob die Beihilfe auf ein Minimum beschränkt ist. Deutschland gab an, dass die Beihilfe zeitlich und im Umfang begrenzt ist, begründete jedoch nicht, warum dasselbe Ergebnis für die betreffenden Begünstigten nicht mit einer geringeren Beihilfe hätte erzielt werden können. Tatsächlich kann die Kommission ohne die geforderten Informationen zur Kostenstruktur der Begünstigten und ihrer europäischen Wettbewerber sowie ohne Daten zur Handelsintensität auf den jeweiligen Produktmärkten und zur CO2-Intensität auf anderen EU-Strommärkten nicht ordnungsgemäß prüfen, ob die Beihilfe tatsächlich auf das Minimum beschränkt ist, das zur Verhinderung der Schließung von NE-Metallerzeugungsanlagen in Deutschland und der Abwanderung in Länder außerhalb des EHS erforderlich ist. Diese Informationen sind umso notwendiger, als es zu diesem Zeitpunkt keinen EU-Beihilferahmen gibt, der die Kriterien für die Prüfung der Angemessenheit der Beihilfe festlegt. |
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(72)

Die Kommission stellt in diesem Fall fest, dass die Prüfung der Angemessenheit der Beihilfe komplex ist, was nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass die Standortentscheidung eines Unternehmens nicht durch ein Kostenelement, sondern durch eine Kombination verschiedener Elemente beeinflusst wird. Die Kommission hat am 28. Juli 2010 Auskünfte angefordert, um zu prüfen, ob die Beihilfe auf ein Minimum beschränkt ist. Deutschland gab an, dass die Beihilfe zeitlich und im Umfang begrenzt ist, begründete jedoch nicht, warum dasselbe Ergebnis für die betreffenden Begünstigten nicht mit einer geringeren Beihilfe hätte erzielt werden können. Tatsächlich kann die Kommission ohne die geforderten Informationen zur Kostenstruktur der Begünstigten und ihrer europäischen Wettbewerber sowie ohne Daten zur Handelsintensität auf den jeweiligen Produktmärkten und zur CO2-Intensität auf anderen EU-Strommärkten nicht ordnungsgemäß prüfen, ob die Beihilfe tatsächlich auf das Minimum beschränkt ist, das zur Verhinderung der Schließung von NE-Metallerzeugungsanlagen in Deutschland und der Abwanderung in Länder außerhalb des EHS erforderlich ist. Diese Informationen sind umso notwendiger, als es zu diesem Zeitpunkt keinen EU-Beihilferahmen gibt, der die Kriterien für die Prüfung der Angemessenheit der Beihilfe festlegt.

| (73) | Die Kommission hat außerdem Zweifel, was die vorgeschlagene Methode zur Festsetzung des Beihilfebetrags angeht. Als Ausgangsbasis für die Berechnung des Beihilfebetrags setzt Deutschland den beobachteten Marktpreis für CO2-Berechtigungen an (siehe vorstehende ausführliche Beschreibung). Gleichzeitig unterscheidet Deutschland zwischen verschiedenen Teilsektoren (d. h. 17 EUR/MWh werden für Aluminium, 16 EUR/MWh für Zink und 9 EUR/MWh für Kupfer angesetzt), obwohl alle diese Teilsektoren den Kosten für indirekte Emissionen wahrscheinlich gleichermaßen ausgesetzt sind. Es bleibt unklar, ob und inwieweit die unterschiedliche Beihilfehöhe für jeden Teilsektor dadurch gerechtfertigt ist, dass diese Teilsektoren unterschiedlich stark von einer Verlagerung der CO2-Emissionen bedroht sind. Daher erachtet es die Kommission als angemessen, Dritten die Möglichkeit zur Stellungnahme hierzu zu geben. Ferner gibt Deutschland an, dass die Beihilfehöhe auf der Grundlage der durchschnittlichen CO2-Intensität der deutschen Stromerzeugung berechnet wird, die bei 0,75 t CO2/MWh liegen soll, wobei ein Kraftwerkpark mit einer Mischung aus Kraftwerken mit verschiedenen CO2-Intensitäten (z.B. moderne Gaskraftwerken mit weniger als 0,4 t CO2/MWh und alte Braunkohlekraftwerke mit bis zu 1,2 t CO2/MWh) zugrunde gelegt wird. Deutschland hat jedoch keine weiteren Belege zur durchschnittlichen Beihilfeintensität übermittelt und die Kommission möchte Dritten die Möglichkeit geben, zu diesen Daten Stellung zu nehmen. Abschließend stellt die Kommission fest, dass die von den Begünstigen gezahlten Nettostrompreise von einer Reihe von Kriterien beeinflusst werden, so z. B. durch steuerliche Sonderregelungen (Spitzenausgleich) oder Verträge mit einer Option der Versorgungsunterbrechung. Die Kommission weist insbesondere darauf hin, dass die von der EEX festgelegten Strompreise (Anhang 2) keine auf Verbraucherebene erhobenen Steuern beinhalten. Die Kommission erachtet es als angemessen, Dritten die Möglichkeit zur Stellungnahme zu dieser Frage zu geben. |
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(73)

Die Kommission hat außerdem Zweifel, was die vorgeschlagene Methode zur Festsetzung des Beihilfebetrags angeht. Als Ausgangsbasis für die Berechnung des Beihilfebetrags setzt Deutschland den beobachteten Marktpreis für CO2-Berechtigungen an (siehe vorstehende ausführliche Beschreibung). Gleichzeitig unterscheidet Deutschland zwischen verschiedenen Teilsektoren (d. h. 17 EUR/MWh werden für Aluminium, 16 EUR/MWh für Zink und 9 EUR/MWh für Kupfer angesetzt), obwohl alle diese Teilsektoren den Kosten für indirekte Emissionen wahrscheinlich gleichermaßen ausgesetzt sind. Es bleibt unklar, ob und inwieweit die unterschiedliche Beihilfehöhe für jeden Teilsektor dadurch gerechtfertigt ist, dass diese Teilsektoren unterschiedlich stark von einer Verlagerung der CO2-Emissionen bedroht sind. Daher erachtet es die Kommission als angemessen, Dritten die Möglichkeit zur Stellungnahme hierzu zu geben. Ferner gibt Deutschland an, dass die Beihilfehöhe auf der Grundlage der durchschnittlichen CO2-Intensität der deutschen Stromerzeugung berechnet wird, die bei 0,75 t CO2/MWh liegen soll, wobei ein Kraftwerkpark mit einer Mischung aus Kraftwerken mit verschiedenen CO2-Intensitäten (z.B. moderne Gaskraftwerken mit weniger als 0,4 t CO2/MWh und alte Braunkohlekraftwerke mit bis zu 1,2 t CO2/MWh) zugrunde gelegt wird. Deutschland hat jedoch keine weiteren Belege zur durchschnittlichen Beihilfeintensität übermittelt und die Kommission möchte Dritten die Möglichkeit geben, zu diesen Daten Stellung zu nehmen. Abschließend stellt die Kommission fest, dass die von den Begünstigen gezahlten Nettostrompreise von einer Reihe von Kriterien beeinflusst werden, so z. B. durch steuerliche Sonderregelungen (Spitzenausgleich) oder Verträge mit einer Option der Versorgungsunterbrechung. Die Kommission weist insbesondere darauf hin, dass die von der EEX festgelegten Strompreise (Anhang 2) keine auf Verbraucherebene erhobenen Steuern beinhalten. Die Kommission erachtet es als angemessen, Dritten die Möglichkeit zur Stellungnahme zu dieser Frage zu geben.

| (74) | Angesichts der vorstehenden Ausführungen hat die Kommission zu diesem Zeitpunkt Zweifel, ob die Maßnahme angemessen ist. |
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(74)

Angesichts der vorstehenden Ausführungen hat die Kommission zu diesem Zeitpunkt Zweifel, ob die Maßnahme angemessen ist.

Verfälschungen des Wettbewerbs und Handels und Ausgleich

| (75) | Damit eine staatliche Beihilfe mit dem Binnenmarkt vereinbar ist, müssen die durch die Beihilfe ausgelösten Verfälschungen des Wettbewerbs und Handels beschränkt sein, so dass die Gesamtbilanz mit Blick auf das Ziel von gemeinsamem Interesse positiv ausfällt. Zu diesem Zeitpunkt kann die Kommission nicht ausschließen, dass die Maßnahme zu beträchtlichen Wettbewerbsverfälschungen führen könnte. Erstens führt die Kompensation für indirekte CO2-Kosten zu einer Verzerrung in Bezug auf den Anreiz für die begünstigten Unternehmen, die CO2-Emissionen im Rahmen des EHS zu senken; zudem geschieht dies zulasten anderer Sektoren, die keine solche Beihilfe erhalten (41). Zweitens werden Betriebsbeihilfen im Allgemeinen als besonders wettbewerbsverfälschend angesehen, da Unternehmen, denen keine Beihilfe gewährt wird, im Gegensatz zu den Begünstigten ihre vollen Betriebskosten tragen müssen (42). Es ist in der Regel auch schwieriger, eine Verbindung zwischen solchen Beihilfen und einem Ziel von gemeinsamem Interesse herzustellen, das mit der Beihilfe erreicht werden soll. Im vorliegenden Fall gibt es Hinweise darauf, dass die Maßnahme den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt vor allem mit Blick auf Unternehmen verfälschen könnte, die einen natürlichen Standortvorteil haben, weil günstigerer, aus Wasserkraft gewonnener Strom mit niedrigen CO2-Emissionen verfügbar ist (z.B. Unternehmen in Norwegen oder Island) (43). Folglich kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Maßnahme einen Subventionswettlauf mit anderen Mitgliedstaaten auslösen könnte. Die Kommission hat zusätzliche Informationen und Daten zu den möglichen Auswirkungen der Maßnahme auf deutsche und europäische Wettbewerber der Begünstigten angefordert, aber Deutschland gab an, dass es keinen Zugang zu solchen Daten hat. Ohne diese Informationen kann die Kommission jedoch nicht das Ausmaß der negativen Auswirkungen der Maßnahme auf Wettbewerb und Handel prüfen und feststellen, ob die positive Wirkung für die Umwelt diese Folgen möglicherweise überwiegt. Daher scheint die Eröffnung eines eingehenden Prüfverfahrens angemessen zu sein, um Stellungnahmen von Dritten zu erhalten. |
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(75)

Damit eine staatliche Beihilfe mit dem Binnenmarkt vereinbar ist, müssen die durch die Beihilfe ausgelösten Verfälschungen des Wettbewerbs und Handels beschränkt sein, so dass die Gesamtbilanz mit Blick auf das Ziel von gemeinsamem Interesse positiv ausfällt. Zu diesem Zeitpunkt kann die Kommission nicht ausschließen, dass die Maßnahme zu beträchtlichen Wettbewerbsverfälschungen führen könnte. Erstens führt die Kompensation für indirekte CO2-Kosten zu einer Verzerrung in Bezug auf den Anreiz für die begünstigten Unternehmen, die CO2-Emissionen im Rahmen des EHS zu senken; zudem geschieht dies zulasten anderer Sektoren, die keine solche Beihilfe erhalten (41). Zweitens werden Betriebsbeihilfen im Allgemeinen als besonders wettbewerbsverfälschend angesehen, da Unternehmen, denen keine Beihilfe gewährt wird, im Gegensatz zu den Begünstigten ihre vollen Betriebskosten tragen müssen (42). Es ist in der Regel auch schwieriger, eine Verbindung zwischen solchen Beihilfen und einem Ziel von gemeinsamem Interesse herzustellen, das mit der Beihilfe erreicht werden soll. Im vorliegenden Fall gibt es Hinweise darauf, dass die Maßnahme den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt vor allem mit Blick auf Unternehmen verfälschen könnte, die einen natürlichen Standortvorteil haben, weil günstigerer, aus Wasserkraft gewonnener Strom mit niedrigen CO2-Emissionen verfügbar ist (z.B. Unternehmen in Norwegen oder Island) (43). Folglich kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Maßnahme einen Subventionswettlauf mit anderen Mitgliedstaaten auslösen könnte. Die Kommission hat zusätzliche Informationen und Daten zu den möglichen Auswirkungen der Maßnahme auf deutsche und europäische Wettbewerber der Begünstigten angefordert, aber Deutschland gab an, dass es keinen Zugang zu solchen Daten hat. Ohne diese Informationen kann die Kommission jedoch nicht das Ausmaß der negativen Auswirkungen der Maßnahme auf Wettbewerb und Handel prüfen und feststellen, ob die positive Wirkung für die Umwelt diese Folgen möglicherweise überwiegt. Daher scheint die Eröffnung eines eingehenden Prüfverfahrens angemessen zu sein, um Stellungnahmen von Dritten zu erhalten.

Schlussfolgerung

| (76) | Die Kommission hat zu diesem Zeitpunkt Zweifel, ob die Maßnahme als Beihilfe zur Verhinderung einer Verlagerung von CO2-Emissionen nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden kann. |
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(76)

Die Kommission hat zu diesem Zeitpunkt Zweifel, ob die Maßnahme als Beihilfe zur Verhinderung einer Verlagerung von CO2-Emissionen nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden kann.

3.2.2   Vermeidung einer Standortverlagerung und Sicherung von Arbeitsplätzen

| (77) | Wie schon vorstehend ausgeführt, kann die Kommission nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs staatliche Beihilfen für mit dem Binnenmarkt vereinbar erklären, wenn die staatliche Beihilfe ein Ziel von gemeinsamem Interesse verfolgt (44), zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist (45) und die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändert, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. |
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(77)

Wie schon vorstehend ausgeführt, kann die Kommission nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs staatliche Beihilfen für mit dem Binnenmarkt vereinbar erklären, wenn die staatliche Beihilfe ein Ziel von gemeinsamem Interesse verfolgt (44), zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist (45) und die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändert, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.

| (78) | Deutschland gibt an, dass mit der Maßnahme eine Abwanderung deutscher NE-Metallerzeuger aus Deutschland verhindert werden soll, um so in der NE-Metallindustrie und den nachgelagerten Industrien Arbeitsplätze zu sichern. |
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(78)

Deutschland gibt an, dass mit der Maßnahme eine Abwanderung deutscher NE-Metallerzeuger aus Deutschland verhindert werden soll, um so in der NE-Metallindustrie und den nachgelagerten Industrien Arbeitsplätze zu sichern.

| (79) | Es ist ständige Praxis der Kommission (46), dass Maßnahmen unmittelbar auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden können, sofern sie erforderlich und angemessen sind und der positive Beitrag zur Verwirklichung des Ziels von gemeinsamem Interesse die negativen Folgen für Handel und Wettbewerb überwiegt. |
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(79)

Es ist ständige Praxis der Kommission (46), dass Maßnahmen unmittelbar auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden können, sofern sie erforderlich und angemessen sind und der positive Beitrag zur Verwirklichung des Ziels von gemeinsamem Interesse die negativen Folgen für Handel und Wettbewerb überwiegt.

| (80) | Wie vorstehend ausgeführt, kann eine Beihilfe dann nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden, wenn sie in erforderlicher und angemessener Weise ein Ziel von gemeinsamem Interesse verfolgt. Bei der Prüfung der Vereinbarkeit der in Rede stehenden Maßnahme wird die Kommission daher die vorstehenden Kriterien untersuchen (Erwägungsgrund 47). |
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(80)

Wie vorstehend ausgeführt, kann eine Beihilfe dann nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden, wenn sie in erforderlicher und angemessener Weise ein Ziel von gemeinsamem Interesse verfolgt. Bei der Prüfung der Vereinbarkeit der in Rede stehenden Maßnahme wird die Kommission daher die vorstehenden Kriterien untersuchen (Erwägungsgrund 47).

Ziel von gemeinsamen Interesse

| (81) | Ein Ziel von gemeinsamem Interesse ist ein Ziel, das von der EU als solches anerkannt ist. Auf der Grundlage der von Deutschland übermittelten Informationen scheint es fraglich, ob die Beihilfe einem klar definierten Ziel von gemeinsamem Interesse dient. |
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(81)

Ein Ziel von gemeinsamem Interesse ist ein Ziel, das von der EU als solches anerkannt ist. Auf der Grundlage der von Deutschland übermittelten Informationen scheint es fraglich, ob die Beihilfe einem klar definierten Ziel von gemeinsamem Interesse dient.

| (82) | Deutschland führt an, dass der Fall der LME-Preise in Verbindung mit hohen Stromkosten für den NE-Metallerzeugungssektor einen exogenen Schock dargestellt habe, der als Marktversagen angesehen werden könne. Mit der Maßnahme sollen die Folgen dieses Schocks abgeschwächt und einer Standortverlagerung der NE-Metallerzeuger vorgebeugt werden, um Arbeitsplätze zu sichern. Deutschland erklärte, dass eine solche Standortverlagerung nicht nur Auswirkungen auf die NE-Metallerzeuger selbst hätte, sondern auch auf eine Reihe wichtiger nachgelagerter Industrien (z. B. Automobil- und Elektroindustrie, Maschinenbau). |
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(82)

Deutschland führt an, dass der Fall der LME-Preise in Verbindung mit hohen Stromkosten für den NE-Metallerzeugungssektor einen exogenen Schock dargestellt habe, der als Marktversagen angesehen werden könne. Mit der Maßnahme sollen die Folgen dieses Schocks abgeschwächt und einer Standortverlagerung der NE-Metallerzeuger vorgebeugt werden, um Arbeitsplätze zu sichern. Deutschland erklärte, dass eine solche Standortverlagerung nicht nur Auswirkungen auf die NE-Metallerzeuger selbst hätte, sondern auch auf eine Reihe wichtiger nachgelagerter Industrien (z. B. Automobil- und Elektroindustrie, Maschinenbau).

| (83) | Die Kommission hat jedoch Zweifel, ob die Verhinderung einer Abwanderung aus Deutschland als Ziel von gemeinsamem Interesse bewertet werden kann, zumal zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszuschließen ist, dass die Maßnahme (in gewissem Umfang) die Wettbewerbsfähigkeit deutscher NE-Metallerzeuger gegenüber ihren europäischen Wettbewerbern verbessert (47). In diesem Fall wäre die Maßnahme nicht von allgemeinem europäischen Interesse, sondern würde die deutsche Industrie gegenüber ihren EU-/EWR-Wettbewerber schützen und somit möglicherweise zu einem Subventionswettlauf führen. Zur Verhinderung einer Abwanderung aus Europa, um so eine Industriebasis in Europa zu erhalten, stellt die Kommission fest, dass es in ihrer Beschlusspraxis (z.B. wurden in den Beihilfesachen Terni
   (48) und Alcoa
   (49) im Hinblick auf vergünstigte Stromtarife Negativ-Beschlüsse gefasst) oder in der Rechtssprechung des Gerichtshofs der EU keine Präzedenzfälle gibt, in denen eine staatliche Beihilfe mit einem solchen Ziel als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt worden wäre. |
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(83)

Die Kommission hat jedoch Zweifel, ob die Verhinderung einer Abwanderung aus Deutschland als Ziel von gemeinsamem Interesse bewertet werden kann, zumal zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszuschließen ist, dass die Maßnahme (in gewissem Umfang) die Wettbewerbsfähigkeit deutscher NE-Metallerzeuger gegenüber ihren europäischen Wettbewerbern verbessert (47). In diesem Fall wäre die Maßnahme nicht von allgemeinem europäischen Interesse, sondern würde die deutsche Industrie gegenüber ihren EU-/EWR-Wettbewerber schützen und somit möglicherweise zu einem Subventionswettlauf führen. Zur Verhinderung einer Abwanderung aus Europa, um so eine Industriebasis in Europa zu erhalten, stellt die Kommission fest, dass es in ihrer Beschlusspraxis (z.B. wurden in den Beihilfesachen Terni
   (48) und Alcoa
   (49) im Hinblick auf vergünstigte Stromtarife Negativ-Beschlüsse gefasst) oder in der Rechtssprechung des Gerichtshofs der EU keine Präzedenzfälle gibt, in denen eine staatliche Beihilfe mit einem solchen Ziel als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt worden wäre.

| (84) | Des Weiteren hat die Kommission Zweifel, ob der Fall der LME-Preise oder die Strompreise in Deutschland als ein Marktversagen angesehen werden können. Die Einpreisung von CO2-Kosten ist ein erklärtes Ziel des EHS, um die angestrebte Emissionssenkung zu erreichen. Mit Hinblick auf die LME-Preise scheint es, dass diese 2006-2008 bedingt durch den Wirtschaftsaufschwung ungewöhnlich hoch waren, bevor sie 2008/2009 fielen, wobei sie nun ohnehin wieder steigen. Die vorliegenden Informationen lassen darauf schließen, dass die Preisschwankungen — selbst wenn sie durch die Krise beeinflusst wurden — auf die konjunkturellen Angebots- und Nachfrageschwankungen im Sektor zurückzuführen sind, wie es auch in anderen Sektoren der Fall war. Die vorstehend genannten Schwankungen sind jedoch nicht zwangsläufig auf ein Marktversagen zurückzuführen. |
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(84)

Des Weiteren hat die Kommission Zweifel, ob der Fall der LME-Preise oder die Strompreise in Deutschland als ein Marktversagen angesehen werden können. Die Einpreisung von CO2-Kosten ist ein erklärtes Ziel des EHS, um die angestrebte Emissionssenkung zu erreichen. Mit Hinblick auf die LME-Preise scheint es, dass diese 2006-2008 bedingt durch den Wirtschaftsaufschwung ungewöhnlich hoch waren, bevor sie 2008/2009 fielen, wobei sie nun ohnehin wieder steigen. Die vorliegenden Informationen lassen darauf schließen, dass die Preisschwankungen — selbst wenn sie durch die Krise beeinflusst wurden — auf die konjunkturellen Angebots- und Nachfrageschwankungen im Sektor zurückzuführen sind, wie es auch in anderen Sektoren der Fall war. Die vorstehend genannten Schwankungen sind jedoch nicht zwangsläufig auf ein Marktversagen zurückzuführen.

| (85) | Daher hat die Kommission Zweifel, ob das Ziel, eine Abwanderung der NE-Metallproduktion aus Deutschland oder der EU zu verhindern, als Ziel von gemeinsamem Interesse eingestuft werden kann. Des Weiteren bestehen Zweifel, ob der Fall der LME-Preise in Verbindung mit den Strompreisen in Deutschland als ein Marktversagen angesehen werden kann. |
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(85)

Daher hat die Kommission Zweifel, ob das Ziel, eine Abwanderung der NE-Metallproduktion aus Deutschland oder der EU zu verhindern, als Ziel von gemeinsamem Interesse eingestuft werden kann. Des Weiteren bestehen Zweifel, ob der Fall der LME-Preise in Verbindung mit den Strompreisen in Deutschland als ein Marktversagen angesehen werden kann.

Geeignetes Mittel

| (86) | Die gewährte Beihilfe muss ein geeignetes Mittel darstellen, um das angestrebte Ziel von gemeinsamem Interesse zu erreichen. Ein Instrument ist geeignet, wenn es keine anderen, weniger wettbewerbsverfälschenden Instrumente gibt, mit denen die gleichen Ergebnisse erzielt werden könnten. Deutschland argumentiert, dass die Beihilfe zum Erhalt von Arbeitsplätzen notwendig sei, indem eine Abwanderung der NE-Metallerzeuger und der nachgelagerten Industrien verhindert werde. Es bestehen jedoch Zweifel, ob Betriebsbeihilfen zur Verhinderung einer Standortverlagerung von Unternehmen in Schwierigkeiten das am wenigsten wettbewerbsverfälschende Mittel sind, um Arbeitsplätze zu sichern. So sind Beihilfen zur Verbesserung der Arbeitsmarktlage in der Regel auf nachhaltige Maßnahmen wie die Verbesserung der Bildung und Ausbildung von Beschäftigten oder einen erleichterten Zugang zu Finanzierungsmitteln für neue Investitionen ausgerichtet. Die Kommission hat Zweifel, dass Betriebsbeihilfen ein geeignetes Instrument zur Sicherung von Arbeitsplätzen sind. |
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(86)

Die gewährte Beihilfe muss ein geeignetes Mittel darstellen, um das angestrebte Ziel von gemeinsamem Interesse zu erreichen. Ein Instrument ist geeignet, wenn es keine anderen, weniger wettbewerbsverfälschenden Instrumente gibt, mit denen die gleichen Ergebnisse erzielt werden könnten. Deutschland argumentiert, dass die Beihilfe zum Erhalt von Arbeitsplätzen notwendig sei, indem eine Abwanderung der NE-Metallerzeuger und der nachgelagerten Industrien verhindert werde. Es bestehen jedoch Zweifel, ob Betriebsbeihilfen zur Verhinderung einer Standortverlagerung von Unternehmen in Schwierigkeiten das am wenigsten wettbewerbsverfälschende Mittel sind, um Arbeitsplätze zu sichern. So sind Beihilfen zur Verbesserung der Arbeitsmarktlage in der Regel auf nachhaltige Maßnahmen wie die Verbesserung der Bildung und Ausbildung von Beschäftigten oder einen erleichterten Zugang zu Finanzierungsmitteln für neue Investitionen ausgerichtet. Die Kommission hat Zweifel, dass Betriebsbeihilfen ein geeignetes Instrument zur Sicherung von Arbeitsplätzen sind.

Anreizeffekt

| (87) | Staatliche Beihilfen haben einen Anreizeffekt, wenn der Begünstigte sein Verhalten mit Blick auf die Erreichung eines Ziels von gemeinsamem Interesse ändert. Deutschland führt an, dass mit der Maßnahme Arbeitsplätze in der Primärproduktion von NE-Metall und in den nachgelagerten Industrien gesichert werden, indem deren Abwanderung in Nicht-EU-Staaten verhindert wird. Aus den vorstehend genannten Gründen (Erwägungsgründe 56 ff.) hat die Kommission jedoch Zweifel, ob die in Rede stehende Maßnahme den erforderliche Anreizeffekt hat, um NE-Metallerzeuger von einer Einstellung ihrer Produktion in Deutschland abzuhalten. |
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(87)

Staatliche Beihilfen haben einen Anreizeffekt, wenn der Begünstigte sein Verhalten mit Blick auf die Erreichung eines Ziels von gemeinsamem Interesse ändert. Deutschland führt an, dass mit der Maßnahme Arbeitsplätze in der Primärproduktion von NE-Metall und in den nachgelagerten Industrien gesichert werden, indem deren Abwanderung in Nicht-EU-Staaten verhindert wird. Aus den vorstehend genannten Gründen (Erwägungsgründe 56 ff.) hat die Kommission jedoch Zweifel, ob die in Rede stehende Maßnahme den erforderliche Anreizeffekt hat, um NE-Metallerzeuger von einer Einstellung ihrer Produktion in Deutschland abzuhalten.

Angemessenheit

| (88) | Eine staatliche Beihilfe ist dann angemessen, wenn die den Begünstigten gewährte Beihilfe auf ein Minimum beschränkt und gleichzeitig ein Ziel von gemeinsamem Interesse erreicht wird. Aus den vorstehend genannten Gründen (Erwägungsgründe 71 ff.) hat die Kommission jedoch Zweifel, ob die Maßnahme angemessen ist. Insbesondere hat die Kommission Zweifel, ob die Beihilfe auf das Minimum beschränkt ist, das zur Verhinderung einer Abwanderung in Nicht-EU-Staaten notwendig ist. |
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(88)

Eine staatliche Beihilfe ist dann angemessen, wenn die den Begünstigten gewährte Beihilfe auf ein Minimum beschränkt und gleichzeitig ein Ziel von gemeinsamem Interesse erreicht wird. Aus den vorstehend genannten Gründen (Erwägungsgründe 71 ff.) hat die Kommission jedoch Zweifel, ob die Maßnahme angemessen ist. Insbesondere hat die Kommission Zweifel, ob die Beihilfe auf das Minimum beschränkt ist, das zur Verhinderung einer Abwanderung in Nicht-EU-Staaten notwendig ist.

Wettbewerbs- und Handelverfälschungen und Ausgleich

| (89) | Damit eine staatliche Beihilfe mit dem Binnenmarkt vereinbar ist, müssen die durch die Beihilfe ausgelösten Verfälschungen des Wettbewerbs und Handels beschränkt sein, so dass die Gesamtbilanz mit Blick auf das Ziel von gemeinsamem Interesse positiv ausfällt. Über die vorstehend genannten Erwägungen hinaus (Erwägungsgründe 75 ff.) hat die Kommission Zweifel, ob in der NE-Metallproduktion abgebaute Arbeitsplätze tatsächlich durch zusätzliche Arbeitsplätze in Nicht-EU-Staaten ersetzt würden oder ob dies nicht eher zur Schaffung von mehr Arbeitsplätzen an anderen NE-Metallproduktionsstandorten in der EU führen würde. Des Weiteren hat die Kommission Zweifel, ob die Einstellung der Primärerzeugung von NE-Metallen tatsächlich beträchtliche negative Folgen für die nachgelagerten Industrien hätte. Gleichzeitig kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass die Maßnahme den Wettbewerb zwischen den Erzeugern in den EU-Mitgliedstaaten nicht erheblich verfälschen könnte. Ohne die angeforderten, von Deutschland aber nicht zur Verfügung gestellten Informationen kann die Kommission jedoch nicht das Ausmaß der negativen Auswirkungen der Maßnahme auf Wettbewerb und Handel prüfen und feststellen, ob solche Auswirkungen durch die positiven Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation aufgewogen werden. |
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(89)

Damit eine staatliche Beihilfe mit dem Binnenmarkt vereinbar ist, müssen die durch die Beihilfe ausgelösten Verfälschungen des Wettbewerbs und Handels beschränkt sein, so dass die Gesamtbilanz mit Blick auf das Ziel von gemeinsamem Interesse positiv ausfällt. Über die vorstehend genannten Erwägungen hinaus (Erwägungsgründe 75 ff.) hat die Kommission Zweifel, ob in der NE-Metallproduktion abgebaute Arbeitsplätze tatsächlich durch zusätzliche Arbeitsplätze in Nicht-EU-Staaten ersetzt würden oder ob dies nicht eher zur Schaffung von mehr Arbeitsplätzen an anderen NE-Metallproduktionsstandorten in der EU führen würde. Des Weiteren hat die Kommission Zweifel, ob die Einstellung der Primärerzeugung von NE-Metallen tatsächlich beträchtliche negative Folgen für die nachgelagerten Industrien hätte. Gleichzeitig kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass die Maßnahme den Wettbewerb zwischen den Erzeugern in den EU-Mitgliedstaaten nicht erheblich verfälschen könnte. Ohne die angeforderten, von Deutschland aber nicht zur Verfügung gestellten Informationen kann die Kommission jedoch nicht das Ausmaß der negativen Auswirkungen der Maßnahme auf Wettbewerb und Handel prüfen und feststellen, ob solche Auswirkungen durch die positiven Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation aufgewogen werden.

Schlussfolgerung

| (90) | Die Kommission hat daher Zweifel, ob die Maßnahme als Beihilfe zur Verhinderung einer Verlagerung von CO2-Emissionen und zur Sicherung von Arbeitsplätzen nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden kann. |
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(90)

Die Kommission hat daher Zweifel, ob die Maßnahme als Beihilfe zur Verhinderung einer Verlagerung von CO2-Emissionen und zur Sicherung von Arbeitsplätzen nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden kann.

3.2.3   Schlussfolgerung zur Vereinbarkeit mit Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV

| (91) | Die Kommission hat daher Zweifel, ob die Maßnahme als nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden kann. |
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(91)

Die Kommission hat daher Zweifel, ob die Maßnahme als nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden kann.

3.3   
  Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben (Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV)

| (92) | Nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV kann die Kommission Beihilfen als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklären, die der ‚Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats‘ dienen. Eine beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats ist jede wirtschaftliche Störung, die zu beträchtlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten führt und sich auf die gesamte Wirtschaft des betreffenden Mitgliedstaats auswirkt und nicht nur auf eine seiner Regionen oder Teile seines Gebiets. Die Bestimmung ist, da sie eine Ausnahme darstellt, sehr eng auszulegen (50). |
| --- | --- |

(92)

Nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV kann die Kommission Beihilfen als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklären, die der ‚Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats‘ dienen. Eine beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats ist jede wirtschaftliche Störung, die zu beträchtlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten führt und sich auf die gesamte Wirtschaft des betreffenden Mitgliedstaats auswirkt und nicht nur auf eine seiner Regionen oder Teile seines Gebiets. Die Bestimmung ist, da sie eine Ausnahme darstellt, sehr eng auszulegen (50).

| (93) | Deutschland gibt an, dass NE-Metallerzeuger in Deutschland deutlich höhere Strompreise zu tragen hätten als ihre Wettbewerber außerhalb der EU. Laut den übermittelten Informationen liegen die deutschen Preise bei über 50 EUR/MWh, während der weltweite Durchschnitt bei unter 25 EUR/MWh liegt. Die Preisdifferenz ist angeblich auf die im Strompreis enthaltenen CO2-Kosten zurückzuführen, die nach Angaben Deutschlands im relevanten Zeitraum bei 19 EUR/MWh lagen. Deutschland gibt an, dass NE-Metallerzeuger in der EU vor der Wirtschaftskrise noch rentabel arbeiten konnten, ihre Wettbewerbsfähigkeit sich aber wegen des Falls der LME-Preise infolge der Krise deutlich verschlechtert habe. Die Kombination aus hohen indirekten CO2-Kosten und niedrigen LME-Preisen stelle eine ernsthafte Bedrohung für den europäischen NE-Metallsektor dar, die zu einer Standortverlagerung der Produktion in Nicht-EU-Länder führen könnte. Deutschland führt an, dass die Begünstigten ohne die angemeldete Beihilfe ihre Produktion in Deutschland einstellen und ihre Kapazitäten in Nicht-EHS-Länder verlagern würden. |
| --- | --- |

(93)

Deutschland gibt an, dass NE-Metallerzeuger in Deutschland deutlich höhere Strompreise zu tragen hätten als ihre Wettbewerber außerhalb der EU. Laut den übermittelten Informationen liegen die deutschen Preise bei über 50 EUR/MWh, während der weltweite Durchschnitt bei unter 25 EUR/MWh liegt. Die Preisdifferenz ist angeblich auf die im Strompreis enthaltenen CO2-Kosten zurückzuführen, die nach Angaben Deutschlands im relevanten Zeitraum bei 19 EUR/MWh lagen. Deutschland gibt an, dass NE-Metallerzeuger in der EU vor der Wirtschaftskrise noch rentabel arbeiten konnten, ihre Wettbewerbsfähigkeit sich aber wegen des Falls der LME-Preise infolge der Krise deutlich verschlechtert habe. Die Kombination aus hohen indirekten CO2-Kosten und niedrigen LME-Preisen stelle eine ernsthafte Bedrohung für den europäischen NE-Metallsektor dar, die zu einer Standortverlagerung der Produktion in Nicht-EU-Länder führen könnte. Deutschland führt an, dass die Begünstigten ohne die angemeldete Beihilfe ihre Produktion in Deutschland einstellen und ihre Kapazitäten in Nicht-EHS-Länder verlagern würden.

| (94) | Nach Angaben Deutschlands würde dies die enge Zusammenarbeit zwischen den europäischen NE-Metallerzeugern und wichtigen nachgelagerten Industrien gefährden (z.B. Automobil- und Elektroindustrie, Maschinenbau), was wiederum dazu führen könnte, dass diese Industrien ebenfalls weniger wettbewerbsfähig sind oder ebenfalls ihre Standorte verlagern (Dominoeffekt). Aufgrund der Bedeutung dieser nachgelagerten Sektoren für die deutsche Wirtschaft argumentiert Deutschland, dass die derzeitige Wirtschaftslage, der die NE-Metallerzeuger gegenüberstünden, eine ernsthafte Bedrohung für die deutsche Wirtschaft als Ganzes darstelle. Deutschland erklärt, dass der Vorübergehende Gemeinschaftsrahmen zwar nicht direkt auf die in Rede stehende Maßnahme angewandt werden könne, die angemeldete Maßnahme aber in Zusammenhang mit diesem Instrument zu sehen sei, da sie demselben Zweck diene. |
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(94)

Nach Angaben Deutschlands würde dies die enge Zusammenarbeit zwischen den europäischen NE-Metallerzeugern und wichtigen nachgelagerten Industrien gefährden (z.B. Automobil- und Elektroindustrie, Maschinenbau), was wiederum dazu führen könnte, dass diese Industrien ebenfalls weniger wettbewerbsfähig sind oder ebenfalls ihre Standorte verlagern (Dominoeffekt). Aufgrund der Bedeutung dieser nachgelagerten Sektoren für die deutsche Wirtschaft argumentiert Deutschland, dass die derzeitige Wirtschaftslage, der die NE-Metallerzeuger gegenüberstünden, eine ernsthafte Bedrohung für die deutsche Wirtschaft als Ganzes darstelle. Deutschland erklärt, dass der Vorübergehende Gemeinschaftsrahmen zwar nicht direkt auf die in Rede stehende Maßnahme angewandt werden könne, die angemeldete Maßnahme aber in Zusammenhang mit diesem Instrument zu sehen sei, da sie demselben Zweck diene.

| (95) | Die Kommission hat jedoch Zweifel, ob das Konzept des Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmens auf die in Rede stehende Maßnahme angewandt werden kann. Der Vorübergehende Gemeinschaftsrahmen bezieht sich auf die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Schwierigkeiten von Unternehmen, Zugang zu Finanzierungsmitteln zu erhalten. Es gibt aber keine Anzeichen dafür, dass die Begünstigten Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzierungsmitteln hatten. Des Weiteren scheinen weder die im Strompreis enthaltenen CO2-Kosten noch die Schwankung der LME-Preise eine Störung im Wirtschaftsleben darzustellen. Die Einpreisung von CO2-Kosten ist ein erklärtes Ziel des EHS, um die angestrebte Emissionssenkung zu erreichen. Mit Hinblick auf die LME-Preise scheint es, dass diese 2006-2008 bedingt durch einen Wirtschaftsaufschwung ungewöhnlich hoch waren, bevor sie 2008/2009 fielen, wobei sie nun ohnehin wieder steigen. Aus den vorliegenden Informationen geht hervor, dass die Preisschwankungen eher als eine natürliche Schwankung im konjunkturellen Angebots- und Nachfragezyklus und nicht als ‚beträchtliche Störung‘ zu bewerten sind. Die Entwicklung der LME-Preise für Aluminium, Kupfer und Zink ist in Anhang 4 beigefügt. |
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(95)

Die Kommission hat jedoch Zweifel, ob das Konzept des Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmens auf die in Rede stehende Maßnahme angewandt werden kann. Der Vorübergehende Gemeinschaftsrahmen bezieht sich auf die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Schwierigkeiten von Unternehmen, Zugang zu Finanzierungsmitteln zu erhalten. Es gibt aber keine Anzeichen dafür, dass die Begünstigten Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzierungsmitteln hatten. Des Weiteren scheinen weder die im Strompreis enthaltenen CO2-Kosten noch die Schwankung der LME-Preise eine Störung im Wirtschaftsleben darzustellen. Die Einpreisung von CO2-Kosten ist ein erklärtes Ziel des EHS, um die angestrebte Emissionssenkung zu erreichen. Mit Hinblick auf die LME-Preise scheint es, dass diese 2006-2008 bedingt durch einen Wirtschaftsaufschwung ungewöhnlich hoch waren, bevor sie 2008/2009 fielen, wobei sie nun ohnehin wieder steigen. Aus den vorliegenden Informationen geht hervor, dass die Preisschwankungen eher als eine natürliche Schwankung im konjunkturellen Angebots- und Nachfragezyklus und nicht als ‚beträchtliche Störung‘ zu bewerten sind. Die Entwicklung der LME-Preise für Aluminium, Kupfer und Zink ist in Anhang 4 beigefügt.

| (96) | Die Kommission ist sich zwar der Bedeutung der Wertschöpfungskette bewusst, hat jedoch ferner Zweifel, dass die Verbindung zwischen den NE-Metallerzeugern und den nachgelagerten Industrien so stark ist, dass die Nichtgewährung der Beihilfe die nachgelagerten Tätigkeiten gefährden würde. Die Kommission hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt außerdem Zweifel, ob die Belieferung nachgelagerter Industrien durch deutsche NE-Metallerzeuger nicht durch Importe aus anderen EU-Staaten oder Drittstaaten ersetzt werden könnte, da es einen Weltmarkt für primäre NE-Metalle zu geben scheint. Selbst wenn die nachgelagerten Tätigkeiten in Deutschland im Fall einer Nichtgewährung der Beihilfe in Schwierigkeiten gerieten, zweifelt die Kommission des Weiteren, ob sich dies auf die gesamte deutsche Wirtschaft auswirken würde. Zu diesem Zeitpunkt scheint es daher, dass die Beihilfe nur für den NE-Metallsektor in Deutschland positive Folgen hätte, ohne aber die Schwierigkeiten zu beheben, die durch die Wirtschaftskrise auf Ebene der gesamten deutschen Wirtschaft verursacht wurden. |
| --- | --- |

(96)

Die Kommission ist sich zwar der Bedeutung der Wertschöpfungskette bewusst, hat jedoch ferner Zweifel, dass die Verbindung zwischen den NE-Metallerzeugern und den nachgelagerten Industrien so stark ist, dass die Nichtgewährung der Beihilfe die nachgelagerten Tätigkeiten gefährden würde. Die Kommission hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt außerdem Zweifel, ob die Belieferung nachgelagerter Industrien durch deutsche NE-Metallerzeuger nicht durch Importe aus anderen EU-Staaten oder Drittstaaten ersetzt werden könnte, da es einen Weltmarkt für primäre NE-Metalle zu geben scheint. Selbst wenn die nachgelagerten Tätigkeiten in Deutschland im Fall einer Nichtgewährung der Beihilfe in Schwierigkeiten gerieten, zweifelt die Kommission des Weiteren, ob sich dies auf die gesamte deutsche Wirtschaft auswirken würde. Zu diesem Zeitpunkt scheint es daher, dass die Beihilfe nur für den NE-Metallsektor in Deutschland positive Folgen hätte, ohne aber die Schwierigkeiten zu beheben, die durch die Wirtschaftskrise auf Ebene der gesamten deutschen Wirtschaft verursacht wurden.

| (97) | Andererseits kann zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass die Maßnahme beträchtliche negative Auswirkungen auf den Wettbewerb und den Handel in der EU haben wird. Mit der Maßnahme wird den deutschen Erzeugern ein Teil ihrer Betriebskosten erstattet, weswegen sie zwangsläufig Einfluss auf die Auswahl der Standorte der NE-Metallproduktion in der EU haben dürfte. Daher besteht das Risiko, dass sich die Maßnahme auf die Verteilung von Arbeitsplätzen in der EU auswirkt. Die Kommission hat zu diesem Zeitpunkt Zweifel, ob diese negativen Folgen für Wettbewerb und Handel durch die positive Wirkung überwogen werden. |
| --- | --- |

(97)

Andererseits kann zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass die Maßnahme beträchtliche negative Auswirkungen auf den Wettbewerb und den Handel in der EU haben wird. Mit der Maßnahme wird den deutschen Erzeugern ein Teil ihrer Betriebskosten erstattet, weswegen sie zwangsläufig Einfluss auf die Auswahl der Standorte der NE-Metallproduktion in der EU haben dürfte. Daher besteht das Risiko, dass sich die Maßnahme auf die Verteilung von Arbeitsplätzen in der EU auswirkt. Die Kommission hat zu diesem Zeitpunkt Zweifel, ob diese negativen Folgen für Wettbewerb und Handel durch die positive Wirkung überwogen werden.

| (98) | Die Kommission hat daher Zweifel, ob die Beihilfe auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden kann. |
| --- | --- |

(98)

Die Kommission hat daher Zweifel, ob die Beihilfe auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden kann.

3.4   
  Schlussfolgerung

| (99) | In Anbetracht der möglichen wettbewerbsverfälschenden Auswirkungen der Beihilfe und dem fehlenden eindeutigen Beitrag zu einem Ziel von gemeinsamem Interesse sowie der Tatsache, dass die Erforderlichkeit und Angemessenheit der Beihilfe nicht belegt wurden, hat die Kommission Zweifel, dass die Beihilfe nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b oder c AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden kann. |
| --- | --- |

(99)

In Anbetracht der möglichen wettbewerbsverfälschenden Auswirkungen der Beihilfe und dem fehlenden eindeutigen Beitrag zu einem Ziel von gemeinsamem Interesse sowie der Tatsache, dass die Erforderlichkeit und Angemessenheit der Beihilfe nicht belegt wurden, hat die Kommission Zweifel, dass die Beihilfe nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b oder c AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden kann.

| (100) | Da die Kommission als Ergebnis ihrer Prüfung der Beihilfesache Zweifel an der Vereinbarkeit der Maßnahme mit dem Binnenmarkt hat, erachtet sie die Eröffnung eines förmlichen Prüfverfahrens als erforderlich. Aufgrund der möglichen Wettbewerbsverzerrungen, die durch die Maßnahme auf dem Binnenmarkt ausgelöst werden könnten, möchte die Kommission außerdem allen Dritten die Möglichkeit zur Stellungnahme geben, was nach der Verfahrensverordnung nur im Rahmen einer eingehenden Prüfung vorgesehen ist. |
| --- | --- |

(100)

Da die Kommission als Ergebnis ihrer Prüfung der Beihilfesache Zweifel an der Vereinbarkeit der Maßnahme mit dem Binnenmarkt hat, erachtet sie die Eröffnung eines förmlichen Prüfverfahrens als erforderlich. Aufgrund der möglichen Wettbewerbsverzerrungen, die durch die Maßnahme auf dem Binnenmarkt ausgelöst werden könnten, möchte die Kommission außerdem allen Dritten die Möglichkeit zur Stellungnahme geben, was nach der Verfahrensverordnung nur im Rahmen einer eingehenden Prüfung vorgesehen ist.

| (101) | Daher hat die Kommission im Einklang mit Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 beschlossen, das förmliche Prüfverfahren zu eröffnen und fordert Deutschland zur Stellungnahme auf. |
| --- | --- |

(101)

Daher hat die Kommission im Einklang mit Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 beschlossen, das förmliche Prüfverfahren zu eröffnen und fordert Deutschland zur Stellungnahme auf.

V.   BESCHLUSS

| (102) | Aus diesen Gründen fordert die Kommission Deutschland im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 108 Absatz 2 AEUV auf, innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens Stellung zu nehmen und alle für die Würdigung der Beihilfemaßnahme sachdienlichen Informationen zu übermitteln. Deutschland wird aufgefordert, unverzüglich eine Kopie dieses Schreibens an die potenziellen Beihilfeempfänger weiterzuleiten. |
| --- | --- |

(102)

Aus diesen Gründen fordert die Kommission Deutschland im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 108 Absatz 2 AEUV auf, innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens Stellung zu nehmen und alle für die Würdigung der Beihilfemaßnahme sachdienlichen Informationen zu übermitteln. Deutschland wird aufgefordert, unverzüglich eine Kopie dieses Schreibens an die potenziellen Beihilfeempfänger weiterzuleiten.

| (103) | Die Kommission erinnert Deutschland an die aufschiebende Wirkung des Artikels 108 Absatz 3 AEUV und verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates, wonach alle rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden können. |
| --- | --- |

(103)

Die Kommission erinnert Deutschland an die aufschiebende Wirkung des Artikels 108 Absatz 3 AEUV und verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates, wonach alle rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden können.

| (104) | Die Kommission weist Deutschland darauf hin, dass sie Dritte durch die Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung desselben im Amtsblatt der Europäischen Union unterrichten wird. Außerdem wird sie Dritte in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt der Europäischen Union und die EFTA-Überwachungsbehörde durch die Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens von dem Vorgang in Kenntnis setzen. Alle vorerwähnten Dritten werden aufgefordert, innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser Veröffentlichung Stellung zu nehmen. |
| --- | --- |

(104)

Die Kommission weist Deutschland darauf hin, dass sie Dritte durch die Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung desselben im Amtsblatt der Europäischen Union unterrichten wird. Außerdem wird sie Dritte in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt der Europäischen Union und die EFTA-Überwachungsbehörde durch die Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens von dem Vorgang in Kenntnis setzen. Alle vorerwähnten Dritten werden aufgefordert, innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser Veröffentlichung Stellung zu nehmen.

ANHANG 1

Energieverbrauch und Höhe der Beihilfen für die einzelnen Begünstigten

[...] (51)

ANHANG 2

Deutsche Strompreise in den vergangenen Jahren

Strom:   Forward-Preise für 2009 (grau) und 2011 (rot) — Grundlast (EEX)

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Strom:   Forward-Preise für 2009 (grau) und 2011 (rot) — Spitzenlast (EEX)

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Strom:   Forward-Preise für 2009 (grau) und 2013 (rot) — Grundlast (EEX)

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Strom:   Forward-Preise für 2009 (grau) und 2013 (rot) — Spitzenlast (EEX)

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Strom:   Spot-Preise Spitzenlast (rot) und Grundlast (schwarz) (EEX)

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Quelle: EEX

ANHANG 3

CO2-Emissionskosten in den vergangenen Jahren

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ANHANG 4

15-Monats-Terminkurs für NE-Metalle an der LME der letzten 10 Jahre in USD

LME-Aluminiumpreise der letzten 12 Jahre (15-Monats-Terminkurs)

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LME-Kupferpreise der letzten 12 Jahre (15-Monats-Terminkurs)

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LME-Zinkpreise der letzten 12 Jahre (15-Monats-Terminkurs)

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Quelle: LME

ANHANG 5

Strompreise (blau — rechte Skala), LME-Preise (grün — linke Skala) und Strompreise in % des LME-Preises (rot — rechte Skala) für 1-, 2- und 3-Jahres-Forward

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Quelle: Trimet

ANHANG 6

Rentabilität bestimmter Begünstigter in den letzten Jahren

Aluminium-Ergebnisse von Trimet in den letzten sechs Jahren

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Ergebnisse der europäischen Zinksparte von Xstrata in den letzten sechs Jahren

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Für von Deutschland als potenzielle Begünstigte benannten Zinkerzeuger lagen keine Jahresgeschäftsberichte vor. Den Jahresgeschäftsberichten der Xstrata-Holding lassen sich jedoch einige Daten entnehmen, die Rückschlüsse auf die europäische Zinkerzeugung zulassen.

Kupfer-Jahresgewinne der Norddeutschen Affinerie (Aurubis) in den vergangenen 5 Jahren

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---

(1)  La ligera inexactitud de este cálculo puede deberse al redondeo.

1

(2)  Decisión de la Comisión, de 24 de diciembre de 2009, por la que se determina, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, una lista de los sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono, DO L 1 de 5.1.2010, p. 10.

2

(3)  Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera (versión consolidada), DO C 83 de 7.4.2009, p. 1.

3

(4)  Mit Wirkung vom 1. Dezember 2009 sind an die Stelle der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag die Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) getreten. Die Artikel 87 und 88 EG-Vertrag und die Artikel 107 und 108 AEUV sind im Wesentlichen identisch. Im Rahmen dieses Beschlusses sind Bezugnahmen auf die Artikel 107 und 108 AEUV als Bezugnahmen auf die Artikel 87 und 88 EG-Vertrag zu verstehen, wo dies angebracht ist.

4

(5)  Berufsgeheimnis.

5

(6)  Deutschland bezieht sich auf die Randnummern 24 und 27 sowie Artikel 10a Absatz 6 der Richtlinie 2009/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Verbesserung und Ausweitung des Gemeinschaftssystems für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 63).

6

(7)  Quelle: [... (Berufsgeheimnis))] ‚Aluminium Smelter Power Tariffs to 2009‘. Deutschland weist darauf hin, dass sich die Strompreise innerhalb der EU unterscheiden, die CO2-Preise jedoch überall in der EU dieselben sind. Deutschland gibt an, dass die NE-Metallerzeuger in einigen EU-Mitgliedstaaten regulierte oder vergünstigte Tarife erhielten oder ihnen günstige bilaterale Verträge mit subventionierten Preisen gewährt würden, die keine CO2-Kosten für indirekte Emissionen enthielten.

7

2

2

(8)  Opportunitätskosten sind ein Schlüsselkonzept der Wirtschaft. Es handelt sich hierbei um die Kosten, die mit der nächstbesten Wahlmöglichkeit verbunden sind, die jemandem zur Verfügung steht, der unter mehreren sich gegenseitig ausschließenden Möglichkeiten gewählt hat. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass ein Erzeuger, der über eine Emissionsberechtigung verfügt, die Wahl hat, diese für die Erzeugung von Strom zu verwenden oder sie auf dem CO2-Markt zu versteigern. Die Opportunitätskosten für die Nutzung der Emissionsberechtigung sind der Preis, zu dem der Erzeuger die Berechtigung auf dem CO2-Markt hätte verkaufen können. Daher preisen Erzeuger den Wert der von ihnen genutzten CO2-Berechtigung in den Strompreis ein.

8

2

2

2

(9)  Geringfügige Abweichungen sind aufgrund von Auf- bzw. Abrundungen möglich.

9

(10)  Die LME ist die größte Metallbörse. Daneben gibt es in New York die Comex/Nymex für das amerikanische Inlandsgeschäft sowie in Shanghai die SHFE (Shanghai Futures Exchange) für das chinesische Inlandsgeschäft. Aufgrund des lebhaften Arbitragehandels zwischen den drei Börsen kann von weltweit einheitlichen Preisen gesprochen werden, die sich an den Referenzpreisen der LME orientieren.

10

(11)  LME-Preise werden in USD angegeben und werden so auch in der Tabelle dargestellt. Für Unternehmen, deren Kosten in EUR angegeben werden, sind diese in USD angegebenen Preise zum entsprechenden Umtauschkurs in EUR umzurechnen.

11

(12)  Sowohl in USD (Anhang 4) als auch in EUR (Anhang 5).

12

(13)  Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates, überarbeitet durch Richtlinie 2009/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Verbesserung und Ausweitung des Gemeinschaftssystems für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 63).

13

(14)  Deutschland erklärte jedoch, dass einige Begünstigte bereit seien, einen vereidigten Buchprüfer zur vertraulichen Prüfung der Rentabilität einschließlich der Stromkosten, Rohstoffkosten, CO2-Kosten usw. zuzulassen.

14

2

(15)  Nach Angaben Deutschlands entsprechen die Stromkosten seit 2006 ungefähr 40 % des LME-Preises für Aluminium und die indirekten Kosten machen etwa 20-25 % der Stromkosten aus.

15

(16)  Hydro hat jedoch in eine Produktionsanlage in Katar investiert.

16

(17)  Die folgende Würdigung basiert sowohl auf dem AEUV als auch auf dem EWR-Abkommen; aus Gründen der Einfachheit wird im Folgenden jedoch nur auf den AEUV Bezug genommen.

17

(18)  EuGH 15. März 1994, Banco Exterior de España SA/Ayuntamiento de Valencia, Rechtssache C-387/92, Slg. 1994, I-877, Randnummern 12 und 13.

18

Banco Exterior de España SA/Ayuntamiento de Valencia

(19)  EuGH 21. März 1990, Belgien/Kommission, Rechtssache C-142/87, Slg. 1990, I-959, Randnummer 56; EuGH 11. Juli 1996, SFEI und andere/La Poste, Rechtssache C-39/94, Slg. 1996, I-3547, Randnummer 36.

19

Belgien/Kommission

SFEI und andere/La Poste

(20)  EuGH 24. März 1993, CIRFS und andere/Kommission, Rechtssache C-313/90, Slg. 1993, I-1125, Randnummer 36; EuGH 15. Oktober 1996, Ijssel-Vliet/Minister van Economische Zaken; Rechtssache C-311/94, Slg. 1996, I-5023, Randnummer 43; EuGH 26. September 2002, Spanien/Kommission, Rechtssache C-351/98, Slg. 2002, I-8031, Randnummer 53.

20

CIRFS und andere/Kommission

Ijssel-Vliet/Minister van Economische Zaken

Spanien/Kommissio

(21)  Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (ABl. C 244 vom 1.10.2004, S. 2).

21

(22)  Nach den Leitlinien für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen geht die Kommission davon aus, dass sich ein Unternehmen im Sinne dieser Leitlinien in Schwierigkeiten befindet, wenn es nicht in der Lage ist, mit eigenen finanziellen Mitteln oder Fremdmitteln, die ihm von seinen Eigentümern/Anteilseignern oder Gläubigern zur Verfügung gestellt werden, Verluste aufzufangen, die das Unternehmen auf kurze oder mittlere Sicht so gut wie sicher in den wirtschaftlichen Untergang treiben werden, wenn der Staat nicht eingreift. Im Sinne dieser Leitlinien befindet sich ein Unternehmen unabhängig von der Größe insbesondere in folgenden Fällen in Schwierigkeiten:

22

| a) | wenn bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung mehr als die Hälfte des gezeichneten Kapitals verschwunden und mehr als ein Viertel dieses Kapitals während der letzten zwölf Monate verloren gegangen ist; |
| --- | --- |

a)

wenn bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung mehr als die Hälfte des gezeichneten Kapitals verschwunden und mehr als ein Viertel dieses Kapitals während der letzten zwölf Monate verloren gegangen ist;

| b) | wenn bei Gesellschaften, in denen mindestens einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft haften, mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel verschwunden und mehr als ein Viertel dieser Mittel während der letzten zwölf Monate verloren gegangen ist; |
| --- | --- |

b)

wenn bei Gesellschaften, in denen mindestens einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft haften, mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel verschwunden und mehr als ein Viertel dieser Mittel während der letzten zwölf Monate verloren gegangen ist;

| c) | wenn unabhängig von der Unternehmensform die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens erfüllt sind. |
| --- | --- |

c)

wenn unabhängig von der Unternehmensform die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens erfüllt sind.

(23)  Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2007-2013 ABl. C 54 vom 4.3.2006, S. 13.

23

(24)  Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 6. August 2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung), ABl. L 214 vom 9.8.2008, S. 3.

24

(25)  Verordnung (EG) Nr. 1976/2006 der Kommission vom 20. Dezember 2006 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2204/2002, (EG) Nr. 70/2001 und (EG) Nr. 68/2001 in Bezug auf die Ausdehnung ihrer Anwendungszeiträume (ABl. L 368 vom 23.12.2006, S. 85).

25

(26)  Siehe die vorstehenden Verweise auf die Mitteilungen der Kommission zum Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmen.

26

(27)  Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Umweltschutzbeihilfen (ABl. C 82 vom 1.4.2008, S. 1).

27

(28)  Nach Artikel 10a Absatz 6 EHS-Richtlinie gilt Folgendes: ‚Die Mitgliedstaaten können zugunsten der Sektoren bzw. Teilsektoren, für die ein erhebliches Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen durch auf den Strompreis übergewälzte Kosten der Treibhausgasemissionen ermittelt wurde, finanzielle Maßnahmen einführen, um diese Kosten auszugleichen, sofern dies mit den geltenden und künftigen Regeln für staatliche Beihilfen vereinbar ist. Diese Maßnahmen beruhen auf Ex-ante-Benchmarks für die indirekten CO2-Emissionen pro Produktionseinheit. Diese Ex-ante-Benchmarks werden für einen bestimmten Sektor bzw. Teilsektor berechnet als Produkt des Stromverbrauchs pro Produktionseinheit entsprechend den effizientesten verfügbaren Techniken und der CO2-Emissionen des entsprechenden europäischen Stromerzeugungsmix.‘

28

2

2

2

(29)  GeI 14. Januar 2009, Kronoply/Kommission, Rechtssache T-162/06, Slg. 2009, II-1, insb. Randnummern 65, 66, 74 und 75).

29

Kronoply/Kommission

(30)  GeI 7. Juni 2001, Agrana Zucker und Stärke/Kommission, Rechtssache T-187/99, Slg. 2001, II-01587 (siehe Randnummer 74); GeI 14. Mai 2002, Graphischer Maschinenbau/Kommission, Rechtssache T-126/99, Slg. 2002, II-2427 (siehe Randnummern 41-43); EuGH 15 April 2008, Nuova Agricast Srl/Ministero delle Attività Produttive, Rechtssache C-390/06, Slg. 2008, I-2577) (siehe Randnummern 68-69).

30

Agrana Zucker und Stärke/Kommission

Graphischer Maschinenbau/Kommission

Nuova Agricast Srl/Ministero delle Attività Produttive

(31)  Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation (ABl. C 323 vom 30.12.2006, S. 1, Abschnitt 1.3); Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Umweltschutzbeihilfen (ABl. C 82 vom 1.4.2008, S. 1, Abschnitt 1.3).

31

(32)  Richtlinie 2009/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Verbesserung und Ausweitung des Gemeinschaftssystems für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 63).

32

(33)  Beschluss der Kommission vom 24. Dezember 2009 zur Festlegung eines Verzeichnisses der Sektoren und Teilsektoren, von denen angenommen wird, dass sie einem erheblichen Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen ausgesetzt sind, gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 1 vom 5.1.2010, S. 10).

33

2

(34)  Beschluss zur Festlegung der dem Risiko einer Verlagerung von CO2-Emissionen ausgesetzten Sektoren und Teilsektoren, Randnummer 24.

34

2

(35)  EuGH 20. Februar 1975, Adolf Reich/Hauptzollamt Landau, Rechtssache 64-74, Slg. 1975, 261; EuGH 11. Juli 1978, Union française de Céréales/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Rechtssache 6/78, Slg. 1978, 1675; EuGH (Dritte Kammer) 12. Dezember 1985, John Friedrich Krohn (GmbH & Co. KG)/Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. — Ersuchen um Vorabentscheidung: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Deutschland: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Deutschland. Annullierung von Einfuhrlizenzen und Freigabe der Kaution — Kontingentierungsabkommen für Einfuhren aus Drittländern — Je nach Ursprung der Waren unterschiedliche Durchführungsbestimmungen. Rechtssache 165/84, Slg. 1985, 3997.

35

Adolf Reich/Hauptzollamt Landau

Union française de Céréales/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

John Friedrich Krohn (GmbH & Co. KG)/Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung.

(36)  GeI 14. Januar 2009, Kronoply/Kommission, Rechtssache T-162/06, Slg. 2009, II-1, insb. Randnummern 65, 66, 74 und 75.

36

Kronoply/Kommission

(37)  GeI 7. Juni 2001, Agrana Zucker und Stärke/Kommission, Rechtssache T-187/99, Slg. 2001, II-1587 (siehe Randnummer 74); GeI 14. Mai 2002, Graphischer Maschinenbau/Kommission, Rechtssache T-126/99, Slg. 2002, II-2427 (siehe Randnummern 41-43); EuGH 15. April 2008, Nuova Agricast Srl/Ministero delle Attività Produttive, Rechtssache C-390/06, Slg. 2008, I-2577) (siehe Randnummern 68-69).

37

Agrana Zucker und Stärke/Kommission

Graphischer Maschinenbau/Kommission

Nuova Agricast Srl/Ministero delle Attività Produttive

(38)  Artikel 10a Absatz 6 der EHS-Richtlinie.

38

(39)  Einige Begünstigte sind jedoch anscheinend bereit, der Kommission diese Informationen nach der Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer auf vertraulicher Basis zur Verfügung zu stellen.

39

(40)  Hierzu ist anzumerken, dass unlängst beträchtliche Investitionen in Aluminiumerzeugungskapazitäten in Ländern getätigt wurden, die dem EHS angeschlossen sind.

40

(41)  Dies ist dadurch bedingt, dass begünstigte Unternehmen, die von ihren indirekten CO2-Kosten durch die Beihilfe ‚abgeschirmt‘ werden, erheblich weniger Anreize haben, ihre indirekten CO2-Emissionen zu senken, so dass Anstrengungen zur Senkung der Emissionen, die notwendig sind, um unterhalb dieser CO2-Obergrenze zu bleiben, vom ‚nicht abgeschirmten‘ Teil der Wirtschaft getragen werden.

41

2

2

2

(42)  Hierzu ist besonders hervorzuheben, dass die vorgelegte Beihilferegelung sich sogar im Hinblick auf kleinere deutsche Erzeuger in denselben Sektoren wettbewerbsverfälschend auswirkt, da sie nur auf diejenigen deutschen Erzeuger in den betreffenden Sektoren Anwendung findet, die mehr als 10 GWh jährlich verbrauchen, und die erste GWh des Stromverbrauchs nicht berücksichtigt wird.

42

(43)  Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die Maßnahme insbesondere einen großen Wettbewerbsvorteil aufheben würde, den Island durch die Erzeugung CO2-freien Stroms aus Wasserkraft und geothermischen Quellen hat.

43

2

(44)  GeI 14. Januar 2009, Kronoply/Kommission, Rechtssache T-162/06, Slg. 2009, II-1, insb. Randnummern 65, 66, 74 und 75.

44

Kronoply/Kommission

(45)  GeI 7. Juni 2001, Agrana Zucker und Stärke/Kommission, Rechtssache T-187/99, Slg. 2001, II-01587 (siehe Randnummer 74); GeI 14. Mai 2002, Graphischer Maschinenbau/Kommission, Rechtssache T-126/99, Slg. 2002, II-2427 (siehe Randnummern 41-43); EuGH 15. April 2008, Nuova Agricast Srl/Ministero delle Attività Produttive, Rechtssache C-390/06, Slg. 2008, I-2577) (siehe Randnummern 68-69).

45

Agrana Zucker und Stärke/Kommission

Graphischer Maschinenbau/Kommission

Nuova Agricast Srl/Ministero delle Attività Produttive

(46)  Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation (ABl. C 323 vom 30.12.2006, S. 1, Abschnitt 1.3); Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Umweltschutzbeihilfen (ABl. C 82 vom 1.4.2008, S. 1, Abschnitt 1.3).

46

(47)  Da den Begünstigten (deren Kapital- und Energieintensität über dem Durchschnitt liegt) die Vorteile zulasten anderer Sektoren verschafft würden, denen keine solche Beihilfe gewährt wird (wie in Fußnote 26 ausgeführt), kann ferner nicht direkt darauf geschlossen werden, dass Beihilfen für diese Sektoren keine negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung in Deutschland insgesamt hätten.

47

(48)  Entscheidung der Kommission vom 20.11.2007 in der Sache C 36 A/06 über staatliche Beihilfen Italiens für ThyssenKrupp, Cementir und Nuova Terni Industrie Chemiche, Erwägungsgrund 145: ‚Zum angeblichen Risiko der Standortverlagerung nach außerhalb der EU stellt die Kommission fest, dass es weder in der Entscheidungspraxis noch in der Rechtssprechung der Gemeinschaftsgerichte Fälle gibt, in denen diese Argumentation als Rechtfertigung für die Gewährung einer staatlichen Beihilfe für zulässig erklärt wurde.‘

48

(49)  Entscheidung der Kommission vom 19. November 2009 über die staatlichen Beihilfen C 38/A/04 (ex NN 58/04) und C 36/B/06 (ex NN 38/06), die Italien zugunsten von Alcoa Trasformazioni gewährt hat, Erwägungsgrund 244.

49

(50)  GeI 15. Dezember 1999, Freistaat Sachsen und Volkswagen AG/Kommission, verbundene Rechtssachen T-132/96 und T-143/96, Slg. 1999, II-3663, Randnummer 167.

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Freistaat Sachsen und Volkswagen AG/Kommission

(51)  Berufsgeheimnis.

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| 9.4.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 111/46 |
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9.4.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 111/46

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AYUDA ESTATAL — PORTUGAL

Ayuda estatal C 28/10 (ex NN 19/10) — Seguro de crédito a la exportación a corto plazo

Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del TFUE

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2011/C 111/12

Por carta de 27 de octubre de 2010, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Portugal su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE en relación con la medida antes mencionada.

Los interesados podrán presentar sus observaciones sobre la medida respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la siguiente carta, enviándolas a:

| Comisión Europea |
| --- |
| Dirección General de Competencia |
| Rue Joseph II/Jozef II straat 70 |
| 1049 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |
| Fax +32 22961242 |

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Rue Joseph II/Jozef II straat 70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

Dichas observaciones se comunicarán a Portugal. Los interesados que presenten observaciones podrán solicitar por escrito que su identidad sea tratada de forma confidencial, exponiendo los motivos de su solicitud.

PROCEDIMIENTO

Portugal informó a la Comisión de su intención de instaurar un régimen de seguro de crédito a la exportación a corto plazo por correo electrónico de 9 de enero de 2009. La Comisión solicitó información adicional de Portugal por correo electrónico de 14 de enero de 2009. Portugal presentó información adicional el 2 de marzo de 2009. La Comisión envió una segunda solicitud de información por carta de 9 de marzo de 2009. Portugal presentó información el 29 de abril de 2009. La Comisión envió una solicitud de información a Portugal por carta de 13 de mayo de 2009. Se facilitó información adicional a Portugal el 31 de julio de 2009. La Comisión envió una solicitud de información a Portugal por carta de 25 de septiembre de 2009. Portugal presentó información adicional el 19 de febrero de 2010. En la medida en que las autoridades portuguesas han confirmado que el régimen fue [...] (1) aplicado en enero de 2009, ha sido transferido al registro de ayuda no notificada. Portugal facilitó información adicional el 18 de junio de 2010.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

El régimen de seguro público cubre los riesgos comerciales (como insolvencia y mora) por períodos inferiores a dos años con los países de la OCDE, incluidas las transacciones comerciales interiores. Funciona como un mecanismo de financiación de riesgo compartido (una garantía financiera complementaria) con los aseguradores privados. El seguro público solo se concede como un suplemento de cobertura suministrado por un asegurador privado con arreglo exactamente a los mismos términos y condiciones acordados con el asegurador privado. El importe cubierto por el seguro público no puede sobrepasar el importe cubierto por el asegurador privado. La prima de seguros aplicable es igual al 60 % de la prima cobrada por el asegurador privado. El régimen se aplica a través de aseguradores de crédito privados que operan en el mercado portugués (COSEC, CESCE, COFACE y Crédito y Caución). Hasta el momento actual, 361 empresas han suscrito el régimen. La cobertura total garantizada es de 204 millones EUR, de los que 85 millones corresponden a la exportación y el resto al comercio interior. Se notificó inicialmente que la medida duraría del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010. El presupuesto global de la medida asciende a 2 000 millones EUR.

EVALUACIÓN

El régimen proporciona una cobertura de seguros para el crédito a la exportación y las transacciones comerciales interiores con arreglo a unas condiciones de fijación de precios más favorables que las de los productos disponibles en el mercado. Por consiguiente, el régimen parece aportar ventajas económicas a las empresas dedicadas a una actividad comercial. Aunque la eligibilidad del régimen no se limita a un sector concreto de la economía, solo podrán solicitar la accesión al régimen público las empresas que ya posean una cobertura parcial de su límite de crédito solicitado con un asegurador privado. Por lo tanto, el régimen parece conceder una ventaja económica selectiva a ciertas empresas. Por otra parte, Portugal no puede excluir que el régimen implique una ventaja a nivel de los aseguradores privados, en la medida en que puede obviar la necesidad de que los aseguradores se reaseguren en el mercado privado.

De acuerdo con el punto 4.4 de la Comunicación de la Comisión con arreglo al artículo 93, apartado 1, del Tratado CE por el que se aplican los artículos 92 y 93 del Tratado al seguro de crédito a la exportación a corto plazo, las primas cobradas con arreglo a los regímenes públicos deben armonizarse con las tasas cobradas en otros ámbitos por los aseguradores privados de crédito a la exportación para el tipo de riesgo en cuestión. Las tasas cobradas con arreglo al régimen son inferiores a las tasas cobradas por los aseguradores privados e inferiores a las tasas históricas cobradas por los aseguradores privados antes del comienzo de la crisis financiera. No puede concluirse sobre esa base que las tasas estén adaptadas a las tasas cobradas por los aseguradores privados.

Por otra parte, aunque Portugal ha facilitado información que apunta hacia la existencia de tensiones en el mercado privado de seguros de crédito a la exportación en el contexto de la actual crisis financiera, la información suministrada no parece cumplir los requisitos del marco comunitario temporal para las medidas de ayuda estatal de apoyar el acceso a la financiación en la actual crisis financiera y económica (2), y no cabe concluir sobre esa base que haya indisponibilidad de cobertura.

Por lo que respecta al seguro mercantil interior suministrado con arreglo al régimen, la Comisión toma nota de que no es aplicable la Comunicación de la Comisión con arreglo al artículo 93, apartado 1, del Tratado CE por el que se aplican los artículos 92 y 93 del Tratado al seguro de crédito a la exportación a corto plazo. Por otra parte, la Comisión tiene dudas sobre la compatibilidad de la medida con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE. La Comisión considera en esta fase que la fijación de precios del régimen supone una ventaja para las empresas contempladas por el régimen, que pueden no tener necesidad de perseguir el objetivo de remediar una supuesta indisponibilidad de cobertura en el mercado privado de seguros comerciales interiores. Por otra parte, la Comisión no puede concluir, basándose en la información recibida, que la magnitud de la indisponibilidad de cobertura en el mercado del seguro comercial privado sea capaz de provocar una seria perturbación en la economía de Portugal.

Visto lo anteriormente expuesto, la información suministrada por Portugal no pudo disipar las dudas de la Comisión sobre la compatibilidad del régimen con el mercado interior.

CONCLUSIÓN

Ante estas dudas, la Comisión ha decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 108, apartado 2, del TFUE. De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, toda ayuda concedida ilegalmente podrá ser recuperada de su beneficiario.

TEXTO DE LA CARTA

«A Comissão deseja informar Vossa Excelência que decidiu dar início ao procedimento previsto no artigo 108.o, n.o 2, do TFUE em relação ao auxílio mencionado em epígrafe, pelas razões a seguir indicadas.

I.   PROCEDIMENTO

| (1) | Portugal informou a Comissão da sua intenção de criar um regime de seguro de crédito à exportação de operações garantidas a curto prazo por correio electrónico de 9 de Janeiro de 2009, fornecendo informações sobre a sua estrutura. Em 12 de Janeiro de 2009, o regime foi notificado por Portugal nos termos da Secção 5.1 da Comunicação da Comissão — “Quadro comunitário temporário relativo às medidas de auxílio estatal destinadas a apoiar o acesso ao financiamento durante a actual crise financeira e económica (3)” (a seguir denominado “Quadro temporário”). |
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(1)

Portugal informou a Comissão da sua intenção de criar um regime de seguro de crédito à exportação de operações garantidas a curto prazo por correio electrónico de 9 de Janeiro de 2009, fornecendo informações sobre a sua estrutura. Em 12 de Janeiro de 2009, o regime foi notificado por Portugal nos termos da Secção 5.1 da Comunicação da Comissão — “Quadro comunitário temporário relativo às medidas de auxílio estatal destinadas a apoiar o acesso ao financiamento durante a actual crise financeira e económica (3)” (a seguir denominado “Quadro temporário”).

| (2) | Por correio electrónico de 14 de Janeiro de 2009, a Comissão solicitou a Portugal informações adicionais. Em 26 de Fevereiro de 2009, foi enviada a Portugal uma carta de insistência relativa às informações solicitadas. Em 2 de Março de 2009, as autoridades portuguesas forneceram informações adicionais. Por carta de 9 de Março de 2009, a Comissão enviou um segundo pedido de informações, assinalando na mesma carta que as taxas de prémio previstas no regime não se afiguravam em conformidade com as regras em matéria de auxílios estatais. Por carta de 6 de Abril de 2009, Portugal solicitou uma prorrogação do prazo. Por carta de 21 de Abril de 2009, foi solicitada uma nova prorrogação do prazo. Em 29 de Abril de 2009, as autoridades portuguesas apresentaram as informações solicitadas pela Comissão pela carta de 9 de Março de 2009. Por carta de 13 de Maio de 2009, a Comissão enviou um terceiro pedido de informações. Por carta de 9 de Junho de 2009, Portugal solicitou uma prorrogação do prazo. A Comissão enviou uma carta de insistência em 10 de Julho de 2009. Em 31 de Julho de 2009, Portugal apresentou informações adicionais. Por carta de 25 de Setembro de 2009, a Comissão enviou a Portugal um quarto pedido de informações. Por carta de 26 de Outubro de 2009, Portugal solicitou uma prorrogação do prazo. Em 4 de Dezembro de 2009 e 1 de Fevereiro de 2010, a Comissão enviou a Portugal cartas de insistência. Portugal apresentou informações adicionais em 19 de Fevereiro de 2010. |
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(2)

Por correio electrónico de 14 de Janeiro de 2009, a Comissão solicitou a Portugal informações adicionais. Em 26 de Fevereiro de 2009, foi enviada a Portugal uma carta de insistência relativa às informações solicitadas. Em 2 de Março de 2009, as autoridades portuguesas forneceram informações adicionais. Por carta de 9 de Março de 2009, a Comissão enviou um segundo pedido de informações, assinalando na mesma carta que as taxas de prémio previstas no regime não se afiguravam em conformidade com as regras em matéria de auxílios estatais. Por carta de 6 de Abril de 2009, Portugal solicitou uma prorrogação do prazo. Por carta de 21 de Abril de 2009, foi solicitada uma nova prorrogação do prazo. Em 29 de Abril de 2009, as autoridades portuguesas apresentaram as informações solicitadas pela Comissão pela carta de 9 de Março de 2009. Por carta de 13 de Maio de 2009, a Comissão enviou um terceiro pedido de informações. Por carta de 9 de Junho de 2009, Portugal solicitou uma prorrogação do prazo. A Comissão enviou uma carta de insistência em 10 de Julho de 2009. Em 31 de Julho de 2009, Portugal apresentou informações adicionais. Por carta de 25 de Setembro de 2009, a Comissão enviou a Portugal um quarto pedido de informações. Por carta de 26 de Outubro de 2009, Portugal solicitou uma prorrogação do prazo. Em 4 de Dezembro de 2009 e 1 de Fevereiro de 2010, a Comissão enviou a Portugal cartas de insistência. Portugal apresentou informações adicionais em 19 de Fevereiro de 2010.

| (3) | Dado que as autoridades portuguesas confirmaram que o regime tem vindo a ser executado [...] (4) desde Janeiro de 2009, foi o mesmo transferido para o registo de auxílios não notificados. Por carta de 19 de Abril de 2010, a Comissão informou Portugal dessa transferência. |
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(3)

Dado que as autoridades portuguesas confirmaram que o regime tem vindo a ser executado [...] (4) desde Janeiro de 2009, foi o mesmo transferido para o registo de auxílios não notificados. Por carta de 19 de Abril de 2010, a Comissão informou Portugal dessa transferência.

| (4) | Em 7 de Junho de 2010, os representantes da Comissão reuniram-se com as autoridades portuguesas. Na sequência de tal reunião, as autoridades portuguesas forneceram informações adicionais em 18 de Junho de 2010. |
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(4)

Em 7 de Junho de 2010, os representantes da Comissão reuniram-se com as autoridades portuguesas. Na sequência de tal reunião, as autoridades portuguesas forneceram informações adicionais em 18 de Junho de 2010.

II.   MERCADO DO SEGURO DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO DE OPERAÇÕES GARANTIDAS A CURTO PRAZO EM PORTUGAL

| (5) | De acordo com as autoridades portuguesas, quatro seguradoras privadas exercem em Portugal actividades no mercado do seguro de crédito à exportação, isto é, a COSEC, a CESCE, a COFACE e a Credito Y Caución. O líder do mercado do seguro de crédito é a COSEC, com uma quota de mercado de 42 %. |
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(5)

De acordo com as autoridades portuguesas, quatro seguradoras privadas exercem em Portugal actividades no mercado do seguro de crédito à exportação, isto é, a COSEC, a CESCE, a COFACE e a Credito Y Caución. O líder do mercado do seguro de crédito é a COSEC, com uma quota de mercado de 42 %.

| (6) | Segundo as autoridades portuguesas, uma das consequências da actual crise financeira é uma atitude cada vez mais conservadora por parte das seguradoras de crédito, com reflexo ao nível da concessão de seguros do risco inerente à realização de operações comerciais. Apenas 18 % do total solicitado para operações com clientes externos foi atribuído, sendo que das aceites o risco de crédito garantido é inferior a um 1/3 do volume solicitado. O ratio de aceitação para operações com clientes nacionais é de 20 %. Enquanto que o montante das garantias em vigor a 31 de Dezembro de 2007 era de 19,1 mil milhões de EUR para operações internas e de 7,3 mil milhões de EUR para operações externas, em 31 de Agosto de 2008 o montante das garantias em vigor ascendia respectivamente, a 18 mil milhões de EUR e 6,9 mil milhões de EUR. |
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(6)

Segundo as autoridades portuguesas, uma das consequências da actual crise financeira é uma atitude cada vez mais conservadora por parte das seguradoras de crédito, com reflexo ao nível da concessão de seguros do risco inerente à realização de operações comerciais. Apenas 18 % do total solicitado para operações com clientes externos foi atribuído, sendo que das aceites o risco de crédito garantido é inferior a um 1/3 do volume solicitado. O ratio de aceitação para operações com clientes nacionais é de 20 %. Enquanto que o montante das garantias em vigor a 31 de Dezembro de 2007 era de 19,1 mil milhões de EUR para operações internas e de 7,3 mil milhões de EUR para operações externas, em 31 de Agosto de 2008 o montante das garantias em vigor ascendia respectivamente, a 18 mil milhões de EUR e 6,9 mil milhões de EUR.

| (7) | A taxa de mercado cobrada pelas seguradoras privadas era em média de 0,36 % do volume de vendas em 2009. As taxas médias de mercado foram de 0,23 % e de 0,24 %, em 2007 e 2008, respectivamente. |
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(7)

A taxa de mercado cobrada pelas seguradoras privadas era em média de 0,36 % do volume de vendas em 2009. As taxas médias de mercado foram de 0,23 % e de 0,24 %, em 2007 e 2008, respectivamente.

| (8) | Foram fornecidas cartas de exportadores em que se declara que os seus limites de seguro de crédito concedido por seguradoras privadas foram reduzidos ou cancelados. No caso de uma seguradora, as autoridades portuguesas forneceram um quadro de síntese em que se indicam os anteriores e novos limites da cobertura concedida por uma seguradora privada, revelando na maior parte dos casos a eliminação total da cobertura e num certo número de casos que os clientes sofreram uma redução da cobertura tanto para transacções externas como internas. Os motivos da recusa de cobertura, resumidos em relação a cada cliente inserido no quadro, são confidenciais ou indicam que os últimos dados financeiros da empresa candidata revelam uma situação frágil ou deficiente em termos de liquidez. Em relação a uma empresa exportadora, Portugal forneceu igualmente um elevado número de cartas de uma seguradora privada que se dedica ao ramo do seguro de crédito à exportação, em que esta empresa eliminou e nalguns casos reduziu a cobertura do risco de crédito em relação a vários clientes. Os motivos das recusas não são no entanto indicados. Por último, as autoridades portuguesas forneceram uma carta de uma seguradora privada (a COSEC) atestando o agravamento recente de risco verificado tanto em Portugal como nos mercados estrangeiros e a adopção subsequente, por parte das seguradoras, de políticas de risco mais restritivas, incluindo dados estatísticos em apoio a esta declaração tanto no que diz respeito a transacções externas como internas. Os dados estatísticos mostram em particular que o montante de garantias em vigor em 31 de Agosto de 2008 era 5,6 % e 4,9 % inferiores aos valores de 31 de Dezembro de 2007, respectivamente para os segmentos dos seguros de crédito das operações comerciais nacionais e das exportações. |
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(8)

Foram fornecidas cartas de exportadores em que se declara que os seus limites de seguro de crédito concedido por seguradoras privadas foram reduzidos ou cancelados. No caso de uma seguradora, as autoridades portuguesas forneceram um quadro de síntese em que se indicam os anteriores e novos limites da cobertura concedida por uma seguradora privada, revelando na maior parte dos casos a eliminação total da cobertura e num certo número de casos que os clientes sofreram uma redução da cobertura tanto para transacções externas como internas. Os motivos da recusa de cobertura, resumidos em relação a cada cliente inserido no quadro, são confidenciais ou indicam que os últimos dados financeiros da empresa candidata revelam uma situação frágil ou deficiente em termos de liquidez. Em relação a uma empresa exportadora, Portugal forneceu igualmente um elevado número de cartas de uma seguradora privada que se dedica ao ramo do seguro de crédito à exportação, em que esta empresa eliminou e nalguns casos reduziu a cobertura do risco de crédito em relação a vários clientes. Os motivos das recusas não são no entanto indicados. Por último, as autoridades portuguesas forneceram uma carta de uma seguradora privada (a COSEC) atestando o agravamento recente de risco verificado tanto em Portugal como nos mercados estrangeiros e a adopção subsequente, por parte das seguradoras, de políticas de risco mais restritivas, incluindo dados estatísticos em apoio a esta declaração tanto no que diz respeito a transacções externas como internas. Os dados estatísticos mostram em particular que o montante de garantias em vigor em 31 de Agosto de 2008 era 5,6 % e 4,9 % inferiores aos valores de 31 de Dezembro de 2007, respectivamente para os segmentos dos seguros de crédito das operações comerciais nacionais e das exportações.

III.   DESCRIÇÃO DA MEDIDA

3.1.   Objectivo

| (9) | O objectivo da medida consiste em obviar a uma deficiência do mercado e ajudar a restabelecer a confiança no mercado do seguro de crédito. |
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(9)

O objectivo da medida consiste em obviar a uma deficiência do mercado e ajudar a restabelecer a confiança no mercado do seguro de crédito.

| (10) | O objectivo do regime consiste assim em fornecer uma cobertura de seguro de crédito a exportadores e empresas que se encontram temporariamente confrontados com uma indisponibilidade de cobertura de seguro à exportação no mercado privado para operações com empresas sedeadas nos países da OCDE, ou de cobertura para operações comerciais nacionais. |
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(10)

O objectivo do regime consiste assim em fornecer uma cobertura de seguro de crédito a exportadores e empresas que se encontram temporariamente confrontados com uma indisponibilidade de cobertura de seguro à exportação no mercado privado para operações com empresas sedeadas nos países da OCDE, ou de cobertura para operações comerciais nacionais.

3.2.   Base jurídica

| (11) | A base jurídica nacional para a medida é o Decreto-Lei n.o 175/2008 — Criação do Finova, de 26 de Agosto de 2008, bem assim como o Decreto-Lei n.o 211/1998, de 16 de Julho de 1998, estabelecendo as regras aplicáveis às sociedades de garantia mútua (tal como modificado pelos Decretos-Lei n.o 19/2001, de 30 de Janeiro de 2001, e n.o 309-A/2007, de 7 de Setembro de 2007). |
| --- | --- |

(11)

A base jurídica nacional para a medida é o Decreto-Lei n.o 175/2008 — Criação do Finova, de 26 de Agosto de 2008, bem assim como o Decreto-Lei n.o 211/1998, de 16 de Julho de 1998, estabelecendo as regras aplicáveis às sociedades de garantia mútua (tal como modificado pelos Decretos-Lei n.o 19/2001, de 30 de Janeiro de 2001, e n.o 309-A/2007, de 7 de Setembro de 2007).

3.3.   Organismo de execução

| (12) | O regime é executado através das seguradoras privadas de crédito activas no mercado português (COSEC, CESCE, COFACE e Credito Y Caución). |
| --- | --- |

(12)

O regime é executado através das seguradoras privadas de crédito activas no mercado português (COSEC, CESCE, COFACE e Credito Y Caución).

3.4.   Modalidades e condições

| (13) | O regime cobre riscos comerciais (tais como, a insolvência e o não pagamento prolongado) relativos a transacções externas por períodos inferiores a dois anos em países da OCDE, bem assim como a operações comerciais nacionais. |
| --- | --- |

(13)

O regime cobre riscos comerciais (tais como, a insolvência e o não pagamento prolongado) relativos a transacções externas por períodos inferiores a dois anos em países da OCDE, bem assim como a operações comerciais nacionais.

| (14) | A garantia pública será atribuída em regime de partilha de risco (“cobertura complementar”) com garantias prestadas por companhias seguradoras privadas. A garantia pública será apenas atribuída em complemento de um seguro acordado por um operador privado, rigorosamente nos mesmos termos e condições. O prémio de seguro aplicável é no entanto equivalente a 60 % do prémio cobrado pela seguradora privada. O montante da garantia pública não poderá ser em caso algum superior ao seguro prestado pelo operador privado. |
| --- | --- |

(14)

A garantia pública será atribuída em regime de partilha de risco (“cobertura complementar”) com garantias prestadas por companhias seguradoras privadas. A garantia pública será apenas atribuída em complemento de um seguro acordado por um operador privado, rigorosamente nos mesmos termos e condições. O prémio de seguro aplicável é no entanto equivalente a 60 % do prémio cobrado pela seguradora privada. O montante da garantia pública não poderá ser em caso algum superior ao seguro prestado pelo operador privado.

| (15) | Em caso de sinistro, os montantes recuperados são distribuídos ao Estado e à seguradora privada que presta a cobertura de base, proporcionalmente à percentagem no total da cobertura prestada, isto é, pari passu. O mecanismo de recuperação é gerido pela seguradora privada. |
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(15)

Em caso de sinistro, os montantes recuperados são distribuídos ao Estado e à seguradora privada que presta a cobertura de base, proporcionalmente à percentagem no total da cobertura prestada, isto é, pari passu. O mecanismo de recuperação é gerido pela seguradora privada.

| (16) | Nos termos do regime, a taxa média aplicável é de 0,21 % do volume de vendas. Muito embora tenha sido notificado inicialmente como uma medida relativa ao seguro de crédito à exportação de operações garantidas a curto prazo, o regime abrange igualmente operações comerciais nacionais. |
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(16)

Nos termos do regime, a taxa média aplicável é de 0,21 % do volume de vendas. Muito embora tenha sido notificado inicialmente como uma medida relativa ao seguro de crédito à exportação de operações garantidas a curto prazo, o regime abrange igualmente operações comerciais nacionais.

| (17) | De acordo com as informações transmitidas em 18 de Junho de 2010 pelas autoridades portuguesas, 361 empresas beneficiaram do regime até esse momento. A cobertura total concedida foi de 204 milhões de EUR, dos quais 85 milhões dizem respeito a operações de exportação, correspondendo o resto a operações comerciais nacionais. |
| --- | --- |

(17)

De acordo com as informações transmitidas em 18 de Junho de 2010 pelas autoridades portuguesas, 361 empresas beneficiaram do regime até esse momento. A cobertura total concedida foi de 204 milhões de EUR, dos quais 85 milhões dizem respeito a operações de exportação, correspondendo o resto a operações comerciais nacionais.

3.5.   Duração

| (18) | A medida foi notificada em 12 de Janeiro de 2009, prevendo-se um período de vigência de 1 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2010. |
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(18)

A medida foi notificada em 12 de Janeiro de 2009, prevendo-se um período de vigência de 1 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2010.

3.6.   Orçamento

| (19) | O montante máximo de garantia pública por beneficiário é de 1,5 milhões de EUR. O orçamento global da medida, cobrindo tanto transacções externas como internas, é de 2 mil milhões de EUR. |
| --- | --- |

(19)

O montante máximo de garantia pública por beneficiário é de 1,5 milhões de EUR. O orçamento global da medida, cobrindo tanto transacções externas como internas, é de 2 mil milhões de EUR.

3.7.   Execução da medida

| (20) | O regime começou a ser executado em 1 de Janeiro de 2009. As informações transmitidas por Portugal em 18 de Junho de 2010 apresentam uma distribuição da utilização do regime, consoante a seguradora que executa a medida, distinguindo entre operações nacionais e de exportação, consoante o sector de actividade e de acordo com a dimensão da empresa. A segmentação dos limites do seguro de crédito concedidos é reproduzida nas tabelas seguintes: |
| --- | --- |

(20)

O regime começou a ser executado em 1 de Janeiro de 2009. As informações transmitidas por Portugal em 18 de Junho de 2010 apresentam uma distribuição da utilização do regime, consoante a seguradora que executa a medida, distinguindo entre operações nacionais e de exportação, consoante o sector de actividade e de acordo com a dimensão da empresa. A segmentação dos limites do seguro de crédito concedidos é reproduzida nas tabelas seguintes:

| (21) | Utilização por companhia de seguros intermediária:







  Companhia de seguros | Número de empresas | Limite de crédito em EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Cosec | 255 | 144 640 571 |
| Credito y Caucion | 41 | 28 617 071 |
| Cesce | 45 | 26 505 350 |
| Coface | 20 | 4 224 000 |
| Total | 361 | 203 986 992 |

(21)

Utilização por companhia de seguros intermediária:

Companhia de seguros

Número de empresas

Limite de crédito em EUR

Cosec

255

144 640 571

Credito y Caucion

41

28 617 071

Cesce

45

26 505 350

Coface

20

4 224 000

Total

361

203 986 992

| (22) | Repartição dos limites de crédito entre operações nacionais e de exportação: | Limite de crédito em EUR |
| --- | --- | --- |
| Operações comerciais nacionais | 119 066 366 |
| Operações de exportação | 84 920 626 |

(22)

Repartição dos limites de crédito entre operações nacionais e de exportação:

Limite de crédito em EUR

Operações comerciais nacionais

119 066 366

Operações de exportação

84 920 626

| (23) | Repartição por sector de actividade do beneficiário:







  Sector de actividade | Número de empresas | Limite de crédito em EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Indústria | 238 | 112 103 589 |
| Comércio | 111 | 87 631 904 |
| Construção | 4 | 1 700 000 |
| Transportes | 2 | 471 500 |
| Outros | 6 | 2 080 000 |
| Total | 361 | 203 986 992 |

(23)

Repartição por sector de actividade do beneficiário:

Sector de actividade

Número de empresas

Limite de crédito em EUR

Indústria

238

112 103 589

Comércio

111

87 631 904

Construção

4

1 700 000

Transportes

2

471 500

Outros

6

2 080 000

Total

361

203 986 992

| (24) | Repartição por dimensão do beneficiário:







  Dimensão | Número de empresas | Limite de crédito em EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Grandes empresas | 117 | 111 669 611 |
| Médias empresas | 141 | 70 447 200 |
| Pequenas e micro empresas | 103 | 21 870 181 |
| Total | 361 | 203 986 992 |

(24)

Repartição por dimensão do beneficiário:

Dimensão

Número de empresas

Limite de crédito em EUR

Grandes empresas

117

111 669 611

Médias empresas

141

70 447 200

Pequenas e micro empresas

103

21 870 181

Total

361

203 986 992

IV.   POSIÇÃO DAS AUTORIDADES PORTUGUESAS

| (25) | De acordo com as autoridades portuguesas, a medida notificada constitui uma medida de carácter geral posto que não acarreta qualquer vantagem económica e não suscita qualquer questão de facto ou de jure em matéria de selectividade. Em especial, a medida não implica selectividade a nível das seguradoras, na medida em que todas as companhias de seguros que operam em Portugal podem aderir ao regime. |
| --- | --- |

(25)

De acordo com as autoridades portuguesas, a medida notificada constitui uma medida de carácter geral posto que não acarreta qualquer vantagem económica e não suscita qualquer questão de facto ou de jure em matéria de selectividade. Em especial, a medida não implica selectividade a nível das seguradoras, na medida em que todas as companhias de seguros que operam em Portugal podem aderir ao regime.

| (26) | Além disso, segundo as autoridades portuguesas, não foram detectados quaisquer efeitos sobre a concorrência ou sobre o comércio, uma vez que a medida colmata uma lacuna do mercado e não entra em concorrência nem impede a actividade das companhias de seguro de crédito. |
| --- | --- |

(26)

Além disso, segundo as autoridades portuguesas, não foram detectados quaisquer efeitos sobre a concorrência ou sobre o comércio, uma vez que a medida colmata uma lacuna do mercado e não entra em concorrência nem impede a actividade das companhias de seguro de crédito.

| (27) | Segundo as autoridades portuguesas, a repartição da utilização do regime consoante o sector de actividade, a dimensão dos clientes e a distribuição regional revela uma elevada dispersão e não diverge da actividade habitual das companhias de seguros. Por outro lado, o regime também é utilizado por empresas com sede noutros Estados-Membros, o que, de acordo com as autoridades portuguesas, sublinha mais uma vez a sua natureza não discriminatória e demonstra que a concorrência não foi distorcida. |
| --- | --- |

(27)

Segundo as autoridades portuguesas, a repartição da utilização do regime consoante o sector de actividade, a dimensão dos clientes e a distribuição regional revela uma elevada dispersão e não diverge da actividade habitual das companhias de seguros. Por outro lado, o regime também é utilizado por empresas com sede noutros Estados-Membros, o que, de acordo com as autoridades portuguesas, sublinha mais uma vez a sua natureza não discriminatória e demonstra que a concorrência não foi distorcida.

V.   APRECIAÇÃO

5.1.   Existência de auxílio

| (28) | Nos termos do artigo 107.o, n.o 1, do TFUE, são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as trocas comerciais entre os Estados-Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções. |
| --- | --- |

(28)

Nos termos do artigo 107.o, n.o 1, do TFUE, são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as trocas comerciais entre os Estados-Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.

Recursos estatais

| (29) | O seguro é directamente prestado pelo Estado e eventuais perdas decorrentes da aplicação do regime afectam o orçamento do Estado. Consequentemente, o regime implica o envolvimento de recursos estatais. |
| --- | --- |

(29)

O seguro é directamente prestado pelo Estado e eventuais perdas decorrentes da aplicação do regime afectam o orçamento do Estado. Consequentemente, o regime implica o envolvimento de recursos estatais.

Selectividade da medida e vantagens conferidas

| (30) | No que diz respeito às empresas seguradas, a Comissão observa antes de mais que apenas as empresas com actividades comerciais podem beneficiar da medida, enquanto as empresas com uma actividade económica não relacionada com uma actividade comercial (e.g. serviços) não podem beneficiar do regime. Tal constatação decorre igualmente da informação fornecida por Portugal demonstrando que os beneficiários do regime se concentram maioritariamente nos sectores industrial e do comércio. |
| --- | --- |

(30)

No que diz respeito às empresas seguradas, a Comissão observa antes de mais que apenas as empresas com actividades comerciais podem beneficiar da medida, enquanto as empresas com uma actividade económica não relacionada com uma actividade comercial (e.g. serviços) não podem beneficiar do regime. Tal constatação decorre igualmente da informação fornecida por Portugal demonstrando que os beneficiários do regime se concentram maioritariamente nos sectores industrial e do comércio.

| (31) | Por outro lado, apenas empresas que disponham de um limite de cobertura de crédito junto de uma seguradora privada são elegíveis para beneficiar do regime. De facto, as empresas às quais as companhias de seguro de crédito privadas recusam totalmente uma cobertura não são elegíveis para um auxílio “complementar”. Finalmente, o regime comporta um montante máximo de garantia pública por cliente e por fornecedor que pode favorecer as PME relativamente às grandes empresas. |
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(31)

Por outro lado, apenas empresas que disponham de um limite de cobertura de crédito junto de uma seguradora privada são elegíveis para beneficiar do regime. De facto, as empresas às quais as companhias de seguro de crédito privadas recusam totalmente uma cobertura não são elegíveis para um auxílio “complementar”. Finalmente, o regime comporta um montante máximo de garantia pública por cliente e por fornecedor que pode favorecer as PME relativamente às grandes empresas.

| (32) | No que diz respeito à vantagem, as empresas exportadoras e empresas com actividades comerciais que recorrem ao regime pagam um prémio pago inferior ao prémio de mercado. Além disso, segundo as autoridades portuguesas, não existe no mercado disponibilidade para a cobertura dos riscos abrangidos pelo regime ou é a mesma reduzida. No caso presente, as empresas que beneficiam do regime recebem uma vantagem sob a forma de acesso a uma cobertura que de outra forma não estaria disponível. |
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(32)

No que diz respeito à vantagem, as empresas exportadoras e empresas com actividades comerciais que recorrem ao regime pagam um prémio pago inferior ao prémio de mercado. Além disso, segundo as autoridades portuguesas, não existe no mercado disponibilidade para a cobertura dos riscos abrangidos pelo regime ou é a mesma reduzida. No caso presente, as empresas que beneficiam do regime recebem uma vantagem sob a forma de acesso a uma cobertura que de outra forma não estaria disponível.

| (33) | Na medida em que riscos inerentes à carteira das seguradoras de crédito privadas e as necessidades de financiamento que daí decorrem são modificados pela medida, a Comissão não pode igualmente excluir nesta fase que o regime comporte elementos de selectividade e confira uma vantagem selectiva às seguradoras privadas. |
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(33)

Na medida em que riscos inerentes à carteira das seguradoras de crédito privadas e as necessidades de financiamento que daí decorrem são modificados pela medida, a Comissão não pode igualmente excluir nesta fase que o regime comporte elementos de selectividade e confira uma vantagem selectiva às seguradoras privadas.

| (34) | Com base nas considerações expostas, a Comissão é da opinião que existem indícios fortes de que a medida confere uma vantagem selectiva às empresas exportadoras e empresas com actividades comerciais que recorrem ao regime. |
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(34)

Com base nas considerações expostas, a Comissão é da opinião que existem indícios fortes de que a medida confere uma vantagem selectiva às empresas exportadoras e empresas com actividades comerciais que recorrem ao regime.

Efeitos sobre as trocas comerciais e distorção da concorrência

| (35) | O regime aplica-se simultaneamente aos créditos à exportação e às operações do mercado nacional que envolvem bens transaccionáveis, pelo que afecta directamente o comércio entre os Estados-Membros. No que diz respeito à cobertura de operações do mercado nacional, o regime pode potencialmente afectar as trocas comerciais entre os Estados-Membros na medida em que pode provocar distorções significativas dos fluxos comerciais, por exemplo ao desviar actividades económicas da exportação para o comércio nacional. |
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(35)

O regime aplica-se simultaneamente aos créditos à exportação e às operações do mercado nacional que envolvem bens transaccionáveis, pelo que afecta directamente o comércio entre os Estados-Membros. No que diz respeito à cobertura de operações do mercado nacional, o regime pode potencialmente afectar as trocas comerciais entre os Estados-Membros na medida em que pode provocar distorções significativas dos fluxos comerciais, por exemplo ao desviar actividades económicas da exportação para o comércio nacional.

| (36) | Nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça, o mero facto de ser a posição concorrencial de uma empresa reforçada em relação a outras empresas concorrentes através da concessão de uma vantagem económica que a empresa em causa não teria obtido no âmbito das suas operações normais, aponta para uma possível distorção da concorrência (5). |
| --- | --- |

(36)

Nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça, o mero facto de ser a posição concorrencial de uma empresa reforçada em relação a outras empresas concorrentes através da concessão de uma vantagem económica que a empresa em causa não teria obtido no âmbito das suas operações normais, aponta para uma possível distorção da concorrência (5).

| (37) | A medida visa suportar actividades comerciais de empresas activas em Portugal em comparação com empresas activas em outros Estados-Membros. Por conseguinte, a medida é susceptível de falsear a concorrência no mercado interno. |
| --- | --- |

(37)

A medida visa suportar actividades comerciais de empresas activas em Portugal em comparação com empresas activas em outros Estados-Membros. Por conseguinte, a medida é susceptível de falsear a concorrência no mercado interno.

Conclusão

| (38) | Por conseguinte, a Comissão considera, nesta fase, que a medida em apreço constitui um auxílio estatal no sentido do artigo 107.o, n.o 1, do TFUE. Tal auxílio pode ser considerado compatível com o mercado interno na medida em que possa beneficiar de uma das derrogações previstas pelo Tratado |
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(38)

Por conseguinte, a Comissão considera, nesta fase, que a medida em apreço constitui um auxílio estatal no sentido do artigo 107.o, n.o 1, do TFUE. Tal auxílio pode ser considerado compatível com o mercado interno na medida em que possa beneficiar de uma das derrogações previstas pelo Tratado

5.2.   Compatibilidade da medida relativa ao seguro de crédito à exportação

| (39) | A Comissão apreciou a medida relativa ao seguro de crédito à exportação de operações garantidas a curto prazo à luz do Quadro temporário e da Comunicação da Comissão aos Estados-Membros nos termos do artigo 93.o, n.o 1, do Tratado CE relativa à aplicação dos artigos 92.o e 93.o do Tratado CE ao seguro de crédito à exportação em operações garantidas a curto prazo (6) (a seguir denominada “Comunicação”). |
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(39)

A Comissão apreciou a medida relativa ao seguro de crédito à exportação de operações garantidas a curto prazo à luz do Quadro temporário e da Comunicação da Comissão aos Estados-Membros nos termos do artigo 93.o, n.o 1, do Tratado CE relativa à aplicação dos artigos 92.o e 93.o do Tratado CE ao seguro de crédito à exportação em operações garantidas a curto prazo (6) (a seguir denominada “Comunicação”).

| (40) | O ponto 2.5 da Comunicação define «riscos negociáveis» como os riscos comerciais relativos a devedores públicos e privados estabelecidos nos países enumerados no anexo da Comunicação (7). As vantagens financeiras a favor de empresas exportadoras e de seguradoras de crédito à exportação, que realizam ou cobrem, respectivamente, uma operação classificada como um risco negociável, são normalmente proibidos. |
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(40)

O ponto 2.5 da Comunicação define «riscos negociáveis» como os riscos comerciais relativos a devedores públicos e privados estabelecidos nos países enumerados no anexo da Comunicação (7). As vantagens financeiras a favor de empresas exportadoras e de seguradoras de crédito à exportação, que realizam ou cobrem, respectivamente, uma operação classificada como um risco negociável, são normalmente proibidos.

| (41) | Relativamente aos efeitos sobre a concorrência no mercado privado do seguro de crédito à exportação de operações garantidas a curto prazo, o ponto 3.1 da Comunicação estabelece que entre os factores que podem falsear a concorrência a favor das seguradoras de crédito à exportação privadas ou objecto de apoio público que cobrem riscos negociáveis se incluem as garantias do Estado, de jure ou de facto, relativamente a empréstimos contraídos ou a perdas. Uma garantia deste tipo permite às seguradoras contraírem empréstimos a taxas inferiores às taxas normais de mercado ou contribui mesmo para viabilizar a contracção de empréstimos. Além disso, supre a necessidade de as seguradoras procederem, elas próprias, a um resseguro no mercado privado. |
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(41)

Relativamente aos efeitos sobre a concorrência no mercado privado do seguro de crédito à exportação de operações garantidas a curto prazo, o ponto 3.1 da Comunicação estabelece que entre os factores que podem falsear a concorrência a favor das seguradoras de crédito à exportação privadas ou objecto de apoio público que cobrem riscos negociáveis se incluem as garantias do Estado, de jure ou de facto, relativamente a empréstimos contraídos ou a perdas. Uma garantia deste tipo permite às seguradoras contraírem empréstimos a taxas inferiores às taxas normais de mercado ou contribui mesmo para viabilizar a contracção de empréstimos. Além disso, supre a necessidade de as seguradoras procederem, elas próprias, a um resseguro no mercado privado.

| (42) | No que se refere aos países não enumerados no anexo da Comunicação, tais riscos são “não negociáveis” na acepção da Comunicação e o apoio público para garantir tais riscos está em conformidade com a Comunicação. |
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(42)

No que se refere aos países não enumerados no anexo da Comunicação, tais riscos são “não negociáveis” na acepção da Comunicação e o apoio público para garantir tais riscos está em conformidade com a Comunicação.

| (43) | Além disso, em conformidade com o ponto 4.2 da Comunicação, os Estados-Membros não deverão conceder auxílios estatais relativamente a riscos negociáveis, a menos que tais riscos possam ser considerados temporariamente não negociáveis. O ponto 4.4 da Comunicação estabelece que os riscos incorridos sobre devedores estabelecidos em países enumerados no Anexo da Comunicação só são considerados temporariamente não negociáveis se se puder demonstrar que a cobertura por parte de seguradoras privadas de riscos geralmente considerados negociáveis não se encontra disponível. Em especial, os Estados-Membros que desejarem recorrer a esta cláusula de derrogação devem apresentar um relatório de mercado demonstrando a não disponibilidade de cobertura dos riscos no mercado do seguro privado, devendo as respectivas provas reportar-se a duas grandes seguradoras de crédito privado à exportação reconhecidas internacionalmente, bem como a uma seguradora de crédito nacional. Além disso, a seguradora de crédito à exportação objecto de apoio público deverá, na medida do possível, alinhar os prémios que pratica relativamente a tais riscos não negociáveis pelas taxas aplicadas por outras seguradoras de crédito à exportação privadas em relação ao tipo de risco em questão e fornecer uma descrição das condições que a seguradora de crédito à exportação pública tenciona aplicar em relação a esses riscos. |
| --- | --- |

(43)

Além disso, em conformidade com o ponto 4.2 da Comunicação, os Estados-Membros não deverão conceder auxílios estatais relativamente a riscos negociáveis, a menos que tais riscos possam ser considerados temporariamente não negociáveis. O ponto 4.4 da Comunicação estabelece que os riscos incorridos sobre devedores estabelecidos em países enumerados no Anexo da Comunicação só são considerados temporariamente não negociáveis se se puder demonstrar que a cobertura por parte de seguradoras privadas de riscos geralmente considerados negociáveis não se encontra disponível. Em especial, os Estados-Membros que desejarem recorrer a esta cláusula de derrogação devem apresentar um relatório de mercado demonstrando a não disponibilidade de cobertura dos riscos no mercado do seguro privado, devendo as respectivas provas reportar-se a duas grandes seguradoras de crédito privado à exportação reconhecidas internacionalmente, bem como a uma seguradora de crédito nacional. Além disso, a seguradora de crédito à exportação objecto de apoio público deverá, na medida do possível, alinhar os prémios que pratica relativamente a tais riscos não negociáveis pelas taxas aplicadas por outras seguradoras de crédito à exportação privadas em relação ao tipo de risco em questão e fornecer uma descrição das condições que a seguradora de crédito à exportação pública tenciona aplicar em relação a esses riscos.

| (44) | A fim de acelerar o processo, o Quadro temporário simplifica, até 31 de Dezembro de 2010, os elementos de prova que os Estados-Membros têm de apresentar para demonstrar a indisponibilidade da cobertura. Para o efeito, os Estados-Membros têm de apresentar elementos de prova fornecidos por uma grande seguradora privada de crédito à exportação reconhecida internacionalmente, bem como de uma seguradora de crédito nacional ou por pelo menos quatro empresas exportadoras bem estabelecidas no mercado nacional. |
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(44)

A fim de acelerar o processo, o Quadro temporário simplifica, até 31 de Dezembro de 2010, os elementos de prova que os Estados-Membros têm de apresentar para demonstrar a indisponibilidade da cobertura. Para o efeito, os Estados-Membros têm de apresentar elementos de prova fornecidos por uma grande seguradora privada de crédito à exportação reconhecida internacionalmente, bem como de uma seguradora de crédito nacional ou por pelo menos quatro empresas exportadoras bem estabelecidas no mercado nacional.

Indisponibilidade de cobertura no mercado das seguradoras privadas e aplicação da cláusula de derrogação

| (45) | Portugal apresentou uma série de cartas de empresas exportadoras que demonstram que lhes tinha sido recusada cobertura de um certo número de operações. No entanto, a Comissão tem dúvidas que tais cartas demonstrem a indisponibilidade da cobertura, na medida em que os motivos aduzidos para a recusa são confidenciais ou indicam expressamente que a recusa se devia a uma liquidez e situação financeira deficientes do cliente. A este respeito, a Comissão observa que se a recusa por parte de uma seguradora privada de prestar cobertura, se baseada numa análise financeira sólida, não constitui em si mesma um elemento de prova da indisponibilidade de cobertura no mercado privado. |
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(45)

Portugal apresentou uma série de cartas de empresas exportadoras que demonstram que lhes tinha sido recusada cobertura de um certo número de operações. No entanto, a Comissão tem dúvidas que tais cartas demonstrem a indisponibilidade da cobertura, na medida em que os motivos aduzidos para a recusa são confidenciais ou indicam expressamente que a recusa se devia a uma liquidez e situação financeira deficientes do cliente. A este respeito, a Comissão observa que se a recusa por parte de uma seguradora privada de prestar cobertura, se baseada numa análise financeira sólida, não constitui em si mesma um elemento de prova da indisponibilidade de cobertura no mercado privado.

| (46) | A Comissão observa ainda que Portugal forneceu uma carta de uma seguradora privada que indicava a indisponibilidade de cobertura no mercado privado, incluindo dados em apoio de tal afirmação. Todavia, a Comissão observa que para preencher os requisitos do Quadro temporário seria necessária uma segunda carta de uma seguradora privada para demonstrar a indisponibilidade de cobertura no mercado privado de seguros. |
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(46)

A Comissão observa ainda que Portugal forneceu uma carta de uma seguradora privada que indicava a indisponibilidade de cobertura no mercado privado, incluindo dados em apoio de tal afirmação. Todavia, a Comissão observa que para preencher os requisitos do Quadro temporário seria necessária uma segunda carta de uma seguradora privada para demonstrar a indisponibilidade de cobertura no mercado privado de seguros.

| (47) | Em conclusão, embora as informações fornecidas por Portugal apontem para uma situação de tensão no mercado privado do seguro de crédito, a Comissão é da opinião que, na presente fase, tal não é suficiente para demonstrar a indisponibilidade de cobertura. |
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(47)

Em conclusão, embora as informações fornecidas por Portugal apontem para uma situação de tensão no mercado privado do seguro de crédito, a Comissão é da opinião que, na presente fase, tal não é suficiente para demonstrar a indisponibilidade de cobertura.

Alinhamento dos prémios com os praticados pelas seguradoras de crédito privadas

| (48) | As taxas de prémios praticadas ao abrigo do regime de auxílios estatais correspondem a 60 % da taxa aplicada por uma seguradora privada para cobrir o mesmo cliente. A Comissão observa além disso que o risco transferido para o Estado nos termos do regime pode ser considerado mais elevado do que o risco coberto por si só pela seguradora privada. Com efeito, dado que o limite da cobertura pelo seguro de crédito é alargado para o dobro do limite inicial concedido pela seguradora privada, existe uma probabilidade mais elevada de ocorrência do sinistro objecto do seguro. Consequentemente, na presente fase a Comissão considera que, no caso de um regime de auxílios de carácter complementar em que a decisão de alargar a cobertura só é tomada após ter sido estabelecido o prémio relativo ao limite do seguro de crédito inicial, o prémio relativo ao auxílio que assegura a complementaridade deve reflectir um risco mais elevado de um eventual excesso de cobertura. |
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(48)

As taxas de prémios praticadas ao abrigo do regime de auxílios estatais correspondem a 60 % da taxa aplicada por uma seguradora privada para cobrir o mesmo cliente. A Comissão observa além disso que o risco transferido para o Estado nos termos do regime pode ser considerado mais elevado do que o risco coberto por si só pela seguradora privada. Com efeito, dado que o limite da cobertura pelo seguro de crédito é alargado para o dobro do limite inicial concedido pela seguradora privada, existe uma probabilidade mais elevada de ocorrência do sinistro objecto do seguro. Consequentemente, na presente fase a Comissão considera que, no caso de um regime de auxílios de carácter complementar em que a decisão de alargar a cobertura só é tomada após ter sido estabelecido o prémio relativo ao limite do seguro de crédito inicial, o prémio relativo ao auxílio que assegura a complementaridade deve reflectir um risco mais elevado de um eventual excesso de cobertura.

| (49) | A Comissão observa que, de qualquer forma, os prémios praticados ao abrigo do regime são mais baixos do que os prémios actuais do mercado do seguro de crédito à exportação e também inferiores aos prémios praticados em 2007 e 2008. Consequentemente, a Comissão tem dúvidas quanto ao facto de os prémios praticados ao abrigo do regime poderem ser considerados como alinhados pelas taxas aplicadas pelas seguradoras de crédito à exportação privadas em relação ao tipo de risco em questão, tal como requerido pelo ponto 4.4 da Comunicação. |
| --- | --- |

(49)

A Comissão observa que, de qualquer forma, os prémios praticados ao abrigo do regime são mais baixos do que os prémios actuais do mercado do seguro de crédito à exportação e também inferiores aos prémios praticados em 2007 e 2008. Consequentemente, a Comissão tem dúvidas quanto ao facto de os prémios praticados ao abrigo do regime poderem ser considerados como alinhados pelas taxas aplicadas pelas seguradoras de crédito à exportação privadas em relação ao tipo de risco em questão, tal como requerido pelo ponto 4.4 da Comunicação.

| (50) | Com base no exposto, a Comissão tem nesta fase fortes dúvidas que a parte do regime relativa ao seguro de crédito à exportação possa ser considerada como um auxílio compatível à luz da Comunicação. |
| --- | --- |

(50)

Com base no exposto, a Comissão tem nesta fase fortes dúvidas que a parte do regime relativa ao seguro de crédito à exportação possa ser considerada como um auxílio compatível à luz da Comunicação.

5.3.   Compatibilidade do auxílio ao seguro de operações comerciais nacionais

| (51) | Enquanto a Comunicação e o Quadro temporário estabelecem os critérios para a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílios relativas ao seguro de crédito à exportação de operações garantidas a curto prazo, a Comunicação não é aplicável a operações comerciais nacionais. Ademais, a Comissão considera que o regime de seguro de operações comerciais nacionais pode potencialmente distorcer as trocas comerciais entre os Estados-Membros na medida em que uma cobertura a taxas inferiores às praticadas no mercado pode desviar as torças comerciais das exportações para as transacções internas ou, de facto, ter um impacto importante nas importações. |
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(51)

Enquanto a Comunicação e o Quadro temporário estabelecem os critérios para a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílios relativas ao seguro de crédito à exportação de operações garantidas a curto prazo, a Comunicação não é aplicável a operações comerciais nacionais. Ademais, a Comissão considera que o regime de seguro de operações comerciais nacionais pode potencialmente distorcer as trocas comerciais entre os Estados-Membros na medida em que uma cobertura a taxas inferiores às praticadas no mercado pode desviar as torças comerciais das exportações para as transacções internas ou, de facto, ter um impacto importante nas importações.

| (52) | No entanto, Portugal criou o regime no contexto da actual crise financeira pelo que se deve verificar à luz das consequências de grande alcance da crise económica actual se pode a medida em causa ser considerada compatível directamente ao abrigo do artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do TFUE. |
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(52)

No entanto, Portugal criou o regime no contexto da actual crise financeira pelo que se deve verificar à luz das consequências de grande alcance da crise económica actual se pode a medida em causa ser considerada compatível directamente ao abrigo do artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do TFUE.

| (53) | O artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do TFUE permite que a Comissão declare um auxílio compatível com o mercado interno se se destinar a “sanar uma perturbação grave da economia de um Estado-Membro”. A Comissão recorda que o Tribunal de Primeira Instância sublinhou que o artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do TFUE deve ser aplicado de forma restritiva e destinar-se a sanar uma perturbação grave que afecte o conjunto da economia de um Estado-Membro (8). |
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(53)

O artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do TFUE permite que a Comissão declare um auxílio compatível com o mercado interno se se destinar a “sanar uma perturbação grave da economia de um Estado-Membro”. A Comissão recorda que o Tribunal de Primeira Instância sublinhou que o artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do TFUE deve ser aplicado de forma restritiva e destinar-se a sanar uma perturbação grave que afecte o conjunto da economia de um Estado-Membro (8).

| (54) | Em conformidade com os princípios estabelecidos no Quadro temporário (ponto 4.1), a fim de serem consideradas compatíveis, tais medidas devem preencher os seguintes critérios:
  a)   Adequação: O auxílio deve ser bem orientado a fim de poder alcançar de forma eficaz o objectivo de sanar uma perturbação grave da economia. Não seria o caso se a medida não for adequada para sanar essa perturbação.
  b)   Necessidade: A medida de auxílio deve, em termos de montante e de forma, ser necessária para alcançar o objectivo. Tal implica que o seu montante deve ser o mínimo necessário para alcançar o objectivo e que a sua forma deve ser a mais adequada para sanar a perturbação. Por outras palavras, se um montante mais reduzido de auxílio ou uma medida susceptível de provocar menos distorções forem suficientes para sanar uma perturbação do conjunto da economia, a medida em questão não seria necessária. Tal orientação é confirmada pela jurisprudência constante do Tribunal de Justiça (9).
  c)   Proporcionalidade: Os efeitos positivos das medidas devem compensar de forma adequada as distorções da concorrência, por forma a que estas sejam limitadas ao mínimo necessário para atingir os objectivos visados pelas medidas. O artigo 107.o, n.o 1, do TFUE proíbe todas as medidas estatais selectivas susceptíveis de distorcerem o comércio entre Estados-Membros. Qualquer derrogação concedida ao abrigo do artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do TFUE que autorize auxílios estatais deve assegurar que tais auxílios sejam limitados ao necessário para atingir os objectivos declarados. |
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(54)

Em conformidade com os princípios estabelecidos no Quadro temporário (ponto 4.1), a fim de serem consideradas compatíveis, tais medidas devem preencher os seguintes critérios:

a)   Adequação: O auxílio deve ser bem orientado a fim de poder alcançar de forma eficaz o objectivo de sanar uma perturbação grave da economia. Não seria o caso se a medida não for adequada para sanar essa perturbação.

b)   Necessidade: A medida de auxílio deve, em termos de montante e de forma, ser necessária para alcançar o objectivo. Tal implica que o seu montante deve ser o mínimo necessário para alcançar o objectivo e que a sua forma deve ser a mais adequada para sanar a perturbação. Por outras palavras, se um montante mais reduzido de auxílio ou uma medida susceptível de provocar menos distorções forem suficientes para sanar uma perturbação do conjunto da economia, a medida em questão não seria necessária. Tal orientação é confirmada pela jurisprudência constante do Tribunal de Justiça (9).

c)   Proporcionalidade: Os efeitos positivos das medidas devem compensar de forma adequada as distorções da concorrência, por forma a que estas sejam limitadas ao mínimo necessário para atingir os objectivos visados pelas medidas. O artigo 107.o, n.o 1, do TFUE proíbe todas as medidas estatais selectivas susceptíveis de distorcerem o comércio entre Estados-Membros. Qualquer derrogação concedida ao abrigo do artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do TFUE que autorize auxílios estatais deve assegurar que tais auxílios sejam limitados ao necessário para atingir os objectivos declarados.

| (55) | A Comissão observa antes de mais que a medida foi criada no contexto da actual crise financeira e que é limitada no tempo até ao final de 2010. |
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(55)

A Comissão observa antes de mais que a medida foi criada no contexto da actual crise financeira e que é limitada no tempo até ao final de 2010.

| (56) | A Comissão recebeu cartas de exportadores e uma carta de uma seguradora privada indicando uma redução da cobertura do seguro de operações comerciais nacionais. À luz da informação recebida a respeito do seguro de operações comerciais nacionais, a Comissão tem dúvidas quanto ao potencial da referida redução do volume de cobertura (parágrafo 8) para perturbar gravemente a economia de Portugal. A distribuição do orçamento do regime entre seguros de crédito às exportações e a operações comerciais nacionais poderá no entanto ser um indício de uma deficiência no mercado do financiamento de transacções internas que necessitaria de ser documentada pelas autoridades portuguesas. Assim sendo, a Comissão tem dúvidas, nesta fase, quanto à adequação da medida para sanar uma perturbação grave da economia. |
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(56)

A Comissão recebeu cartas de exportadores e uma carta de uma seguradora privada indicando uma redução da cobertura do seguro de operações comerciais nacionais. À luz da informação recebida a respeito do seguro de operações comerciais nacionais, a Comissão tem dúvidas quanto ao potencial da referida redução do volume de cobertura (parágrafo 8) para perturbar gravemente a economia de Portugal. A distribuição do orçamento do regime entre seguros de crédito às exportações e a operações comerciais nacionais poderá no entanto ser um indício de uma deficiência no mercado do financiamento de transacções internas que necessitaria de ser documentada pelas autoridades portuguesas. Assim sendo, a Comissão tem dúvidas, nesta fase, quanto à adequação da medida para sanar uma perturbação grave da economia.

| (57) | A Comissão nota que a medida se destina a obviar uma indisponibilidade de cobertura no mercado de seguros. No entanto, a medida não só fornece uma cobertura adicional às empresas como lhes proporciona uma vantagem em termos de preço, posto que os prémios praticados são inferiores aos prémios do mercado. Tal como mencionado no parágrafo 48 relativo ao crédito à exportação, as taxas de prémios praticadas ao abrigo do regime de auxílios estatais correspondem a 60 % da taxa aplicada por uma seguradora privada para cobrir o mesmo cliente, muito embora o facto de o limite da cobertura ser alargado para o dobro do limite inicial implique um risco mais elevado, que desde logo não se reflecte no prémio. Assim sendo, a Comissão não considera, nesta fase, que o nível de prémios praticados ao abrigo do regime seja justificado à luz da necessidade de obviar a uma indisponibilidade de cobertura do seguro, nem que seja o mesmo proporcional para alcançar o seu objectivo declarado tendo em conta as distorções potenciais de concorrência que acarreta. |
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(57)

A Comissão nota que a medida se destina a obviar uma indisponibilidade de cobertura no mercado de seguros. No entanto, a medida não só fornece uma cobertura adicional às empresas como lhes proporciona uma vantagem em termos de preço, posto que os prémios praticados são inferiores aos prémios do mercado. Tal como mencionado no parágrafo 48 relativo ao crédito à exportação, as taxas de prémios praticadas ao abrigo do regime de auxílios estatais correspondem a 60 % da taxa aplicada por uma seguradora privada para cobrir o mesmo cliente, muito embora o facto de o limite da cobertura ser alargado para o dobro do limite inicial implique um risco mais elevado, que desde logo não se reflecte no prémio. Assim sendo, a Comissão não considera, nesta fase, que o nível de prémios praticados ao abrigo do regime seja justificado à luz da necessidade de obviar a uma indisponibilidade de cobertura do seguro, nem que seja o mesmo proporcional para alcançar o seu objectivo declarado tendo em conta as distorções potenciais de concorrência que acarreta.

| (58) | Assim sendo, a Comissão tem dúvidas sobre a compatibilidade da medida em apreço ao abrigo do artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do TFUE. |
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(58)

Assim sendo, a Comissão tem dúvidas sobre a compatibilidade da medida em apreço ao abrigo do artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do TFUE.

| (59) | Ademais, nesta fase do procedimento e tendo em conta as sérias preocupações exprimidas nos parágrafos 51 e seguintes, relativas à capacidade da medida em distorcer as trocas comerciais entre os Estados-Membros, a Comissão não antevê quaisquer outras disposições ao abrigo das quais a medida possa ser considerada compatível, seja por referência ao artigo 107o, n.o 2, ou ao artigo 107o, n.o 3, do TFUE, e tem fortes dúvidas quanto à sua compatibilidade com o Tratado. |
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(59)

Ademais, nesta fase do procedimento e tendo em conta as sérias preocupações exprimidas nos parágrafos 51 e seguintes, relativas à capacidade da medida em distorcer as trocas comerciais entre os Estados-Membros, a Comissão não antevê quaisquer outras disposições ao abrigo das quais a medida possa ser considerada compatível, seja por referência ao artigo 107o, n.o 2, ou ao artigo 107o, n.o 3, do TFUE, e tem fortes dúvidas quanto à sua compatibilidade com o Tratado.

5.4.   Conclusão

| (60) | A Comissão é da opinião de que Portugal não apresentou provas suficientes para dissipar as dúvidas sobre se os prémios da cobertura complementar fornecida pelo Estado estão em consonância com os requisitos da Comunicação, sendo, por conseguinte, compatíveis com o mercado interno. Além disso, a Comissão tem dúvidas, na presente fase, sobre se a cobertura está indisponível no mercado português do seguro de crédito à exportação de operações garantidas a curto prazo. Em especial, as provas de indisponibilidade da cobertura não parecem preencher os requisitos do Quadro temporário. |
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(60)

A Comissão é da opinião de que Portugal não apresentou provas suficientes para dissipar as dúvidas sobre se os prémios da cobertura complementar fornecida pelo Estado estão em consonância com os requisitos da Comunicação, sendo, por conseguinte, compatíveis com o mercado interno. Além disso, a Comissão tem dúvidas, na presente fase, sobre se a cobertura está indisponível no mercado português do seguro de crédito à exportação de operações garantidas a curto prazo. Em especial, as provas de indisponibilidade da cobertura não parecem preencher os requisitos do Quadro temporário.

| (61) | Relativamente ao regime a favor das operações comerciais no mercado nacional, a Comissão tem dúvidas quanto à necessidade, adequação e proporcionalidade do regime e à sua compatibilidade nos termos do artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do TFUE. |
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(61)

Relativamente ao regime a favor das operações comerciais no mercado nacional, a Comissão tem dúvidas quanto à necessidade, adequação e proporcionalidade do regime e à sua compatibilidade nos termos do artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do TFUE.

| (62) | Pelas razões expostas, e nesta fase do procedimento, a Comissão tem dúvidas quanto à compatibilidade da medida com o mercado interno. |
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(62)

Pelas razões expostas, e nesta fase do procedimento, a Comissão tem dúvidas quanto à compatibilidade da medida com o mercado interno.

VI.   DECISÃO

| (63) | À luz do que precede, a Comissão decidiu dar início ao procedimento previsto no artigo 108.o, n.o 2, do TFUE e solicita a Portugal que lhe forneça todos os documentos, informações e dados necessários para a apreciação do auxílio, no prazo de um mês a contar da data de recepção da presente carta. |
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(63)

À luz do que precede, a Comissão decidiu dar início ao procedimento previsto no artigo 108.o, n.o 2, do TFUE e solicita a Portugal que lhe forneça todos os documentos, informações e dados necessários para a apreciação do auxílio, no prazo de um mês a contar da data de recepção da presente carta.

| (64) | A Comissão deseja recordar a Portugal o efeito suspensivo do artigo 108.o, n.o 3, do TFUE, e chama a atenção das autoridades portuguesas para o artigo 14.o do Regulamento (EC) n.o 659/1999 do Conselho, que estipula que os auxílios ilegais poderão ser recuperados do beneficiário. |
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(64)

A Comissão deseja recordar a Portugal o efeito suspensivo do artigo 108.o, n.o 3, do TFUE, e chama a atenção das autoridades portuguesas para o artigo 14.o do Regulamento (EC) n.o 659/1999 do Conselho, que estipula que os auxílios ilegais poderão ser recuperados do beneficiário.

| (65) | A Comissão recorda a Portugal que informará as partes interessadas através da publicação da presente carta e de um resumo da mesma no Jornal Oficial da União Europeia. A Comissão informará igualmente o Órgão de Fiscalização da AECL, enviando uma cópia da presente carta. As partes interessadas serão convidadas a apresentar as suas observações no prazo de um mês a contar da data da referida publicação.» |
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(65)

A Comissão recorda a Portugal que informará as partes interessadas através da publicação da presente carta e de um resumo da mesma no Jornal Oficial da União Europeia. A Comissão informará igualmente o Órgão de Fiscalização da AECL, enviando uma cópia da presente carta. As partes interessadas serão convidadas a apresentar as suas observações no prazo de um mês a contar da data da referida publicação.»

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(1)  Información confidencial.

1

(2)  DO C 16 de 22.1.2009. La Comisión aplica el marco temporal desde el 17.12.2008, y anteriormente autorizó, el 19.1.2009, el régimen portugués de «importes limitados de ayuda» (asunto N 13/09).

2

(3)  JO C 16 de 22.1.2009. A Comissão aplica o Quadro temporário desde 17.12.2008 e autorizou anteriormente o regime português “Montantes reduzidos de auxílio” (auxílio estatal N 13/09). em 19.1.2009.

3

(4)  Dados confidenciais.

4

(5)  Acordão do Tribunal de 17 de Setembro de 1980 no processo 730/79 Philip Morris Holland BV v Comissão das Comunidades Europeias [1980] Col. 2671.

5

Philip Morris Holland BV

Comissão das Comunidades Europeias

(6)  JO C 281 de 17.9.1997, p. 4.

6

(7)  A lista inclui os países da UE e da OCDE.

7

(8)  Ver em termos de princípio os processos apensos T-132/96 e T-143/96 Freistaat Sachsen and Volkswagen AG/Comissão [1999] Col. II-3663, n.o 167. Confirmado na Decisão da Comissão relativa ao processo C 47/1996, Crédit Lyonnais (JO L 221 de 8.8.1998, p. 28), ponto 10.1.

8

Freistaat Sachsen

Volkswagen AG/

o

Crédit Lyonnais

(9)  Ver processo 730/79, Philip Morris [1980] Col. 2671. Este princípio foi recentemente reafirmado pelo Tribunal de Justiça no processo C-390/06, Nuova Agricast/Ministero delle Attività Produttive de 15 de Abril de 2008, onde o Tribunal de Justiça estabeleceu que “Conforme resulta do (processo) [...] 730/79 [...] um auxílio que conduz a uma melhoria da situação financeira da empresa beneficiária mas que não é necessário para atingir os objectivos previstos no artigo 87.o, n.o 3, CE não pode ser considerado compatível com o mercado comum [...].”

9

Philip Morris

Nuova Agricast/Ministero delle Attività Produttive

o

o

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| 9.4.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 111/54 |
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9.4.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 111/54

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Notificación previa de una operación de concentración

(Asunto COMP/M.6170 — First Reserve Fund XII/Finmeccanica/Ansaldo Energia)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2011/C 111/13

| 1. | El 31 de marzo de 2011, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual las empresas Finmeccanica SpA («FNM», Italia) y FR Mansail Limited (UK), una filial enteramente perteneciente a First Reserve Fund XII L.P. («FR», Islas Caimán), adquieren el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de Ansaldo Energia SpA («AEN», Italia), actualmente controlada por FNM, mediante adquisición de acciones. |
| --- | --- |

1.

El 31 de marzo de 2011, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual las empresas Finmeccanica SpA («FNM», Italia) y FR Mansail Limited (UK), una filial enteramente perteneciente a First Reserve Fund XII L.P. («FR», Islas Caimán), adquieren el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de Ansaldo Energia SpA («AEN», Italia), actualmente controlada por FNM, mediante adquisición de acciones.

| 2. | Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:






  — | FR: sociedad de inversiones, |
| --- | --- | --- |

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

—

FR: sociedad de inversiones,

| — | FNM: actividades en los sectores aeroespacial, de defensa y de seguridad, |
| --- | --- |

—

FNM: actividades en los sectores aeroespacial, de defensa y de seguridad,

| — | AEN: actividades en el sector de los sistemas de generación de energía y sus componentes. |
| --- | --- |

—

AEN: actividades en el sector de los sistemas de generación de energía y sus componentes.

| 3. | Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. |
| --- | --- |

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

| 4. | La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la propuesta de concentración.
  Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.6170 — First Reserve Fund XII/Finmeccanica/Ansaldo Energia, a la siguiente dirección:





  Comisión Europea |
| --- | --- |
| Dirección General de Competencia |
| Registro de Concentraciones |
| J-70 |
| 1049 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.6170 — First Reserve Fund XII/Finmeccanica/Ansaldo Energia, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

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(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento comunitario de concentraciones»).

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