Número Identificador

RES2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE 

MANATÍ, INC.

DEMANDANTES

v.

PAOLA N. REYMUNDÍ 

VEGA, AXEL ORTIZ WEIR,

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES 

COMPUESTA POR PAOLA 

N. REYMUNDÍ Y AXEL 

ORTIZ WEIR Y OTROS

RECURRIDOS

EVERTEC GROUP, LLC

PETICIONARIA

KLCE202400860

Certiorari

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Arecibo

Caso Núm. 

MT2022CV00900

Sobre: 

Incumplimiento de 

Contrato; Fraude, 

Daños Contractuales

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, y el Juez Rodríguez Flores.

Pagán Ocasio, juez ponente

RESOLUC IÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2024.

I.

El 8 de agosto de 2024, Evertec Group LLC (Evertec o parte 

peticionaria) presentó una Petición de Certiorari en la que nos solicitó 

que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Arecibo (TPI o foro recurrido) el 8 de julio 

de 2024, notificada y archivada digitalmente en autos al día 

siguiente.1 En el dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar una Moción 

de desestimación promovida por la parte peticionaria en la que 

solicitó que se desestimara una Demanda contra tercero presentada 

en su contra por la señora Paola N. Reymundí Vega y el señor Axel 

1 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 182-183.
KLCE202400860 2

Ortiz Weir (en conjunto, recurridos) dentro de una Demanda 

instada, a su vez, en contra de estos últimos por la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Manatí, Inc. (Cooperativa) por incumplimiento 

de contrato, fraude y daños contractuales.

Junto a la Petición de Certiorari, la parte peticionaria incluyó 

una Moción en auxilio de jurisdicción en la que solicitó que se 

paralizaran los procedimientos ante el foro recurrido, toda vez que

forzar a Evertec a continuar en el pleito, sin alegación alguna que le 

involucre, le causaría daño irreparable. A su vez, adujo que la 

paralización no le causaría daños a los recurridos porque la acción 

contra la parte peticionaria se encuentra en una etapa inicial.

El 8 de agosto de 2024, un panel especial de este Tribunal 

emitió una Resolución en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de 

orden en auxilio de jurisdicción y le concedió a los recurridos un 

término de diez (10) días para exponer sus razones por las que no

se debería expedir el auto solicitado y revocar el dictamen recurrido. 

El 19 de agosto de 2024, los recurridos radicaron una Moción 

solicitando término adicional en la que solicitaron la extensión del 

término provisto para mostrar causa y exponer las razones por las 

cuales no se debía expedir el auto de certiorari.

El 21 de agosto de 2024, emitimos una Resolución en la que 

le concedimos a los recurridos un término final hasta el 27 de agosto 

de 2024 para exponer su posición sobre los méritos del recurso.

El 27 de agosto de 2024, los recurridos presentaron un 

Alegato en oposición a solicitud de certiorari en el que solicitaron que 

deneguemos la expedición del Certiorari o, en la alternativa, que 

confirmemos la Resolución recurrida.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, damos por 

perfeccionado el recurso. En adelante, pormenorizamos los hechos 

procesales más relevantes a la atención del presente caso.
KLCE202400860 3

II.

El caso de marras tiene su génesis el 12 de diciembre de 2022 

cuando la Cooperativa presentó una Demanda sobre

incumplimiento de contrato, fraude y daños contractuales en contra 

de la señora Paola N. Reymundí Vega (señora Reymundí Vega), el 

señor Axel Ortiz Weir (señor Ortiz Weir) y la Sociedad Legal de 

Gananciales, compuesta por ambos, aquí recurridos.

2 Según la

reclamación, la señora Reymundí Vega, quien operaba un negocio 

en Vega Alta, y el señor Ortiz Weir se valieron de un error técnico en 

los dispositivos de punto de venta – utilizados para cobrarle a 

clientes con tarjetas de crédito o débito – para realizar transacciones 

ficticias y así apropiarse de $1,318,727.16. A su vez, alegó que, 

luego de descubrir el error, Evertec, compañía proveedora de los 

dispositivos, reembolsó $723,699.91 a la Cooperativa. Por esa 

razón, planteó que a los recurridos les correspondía satisfacer la 

pérdida no reembolsada de $595,027.25.

Luego de múltiples trámites procesales, el 19 de octubre de 

2023, los recurridos radicaron una Contestación a la demanda y 

Demanda contra tercero en la que, además de negar los hechos 

materiales de la Demanda, formularon su propia reclamación en 

contra de Evertec.

3 En ella, argumentaron que la parte peticionaria

era responsable por las pérdidas económicas reclamadas por la 

Cooperativa debido al error técnico en los dispositivos de punto de 

venta. En lo pertinente, realizaron las siguientes alegaciones:

1. La parte Demandada y Demandante contra Tercero la 

compone la PAOLA NICHOL [sic] EREYMUENID [sic] VEGA y 

AXEL ORTIZ WEIR, quienes son mayores de edad, solteros y 

vecinos de Vega Baja, Puerto Rico. 

2. Por información y creencia, la tercera demandada, 

EVERTEC GROUP, LLC h/n/c EVERTEC (en adelante 

Evertec), es una compañía de responsabilidad limitada 

creada y autorizada a realizar negocios en Puerto Rico bajo 

la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico. Siendo esta 

misma entidad jurídica su Agente Residente. Su dirección 

2 Íd., págs. 001-006.

3 Íd., págs. 029-033.
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postal es: P.O. Box 3645527, San Juan, Puerto Rico 00936-

4527. Su dirección física es: Carretera 176, Km. 1.3, Cupey, 

Puerto Rico. Su número teléfono es: 787-759-9999.

3. Que la codemandada Paola N. Reymundi Vega era la 

dueña de un negocio de venta de bizcochos y dulces ubicado 

en el Centro Gran Caribe en Vega Alta, Puerto Rico. Dicho 

negocio se conocía como Sweet Pao’s Cake. 

4. Que el 24 de agosto del 2017, la codemandada Paola N. 

Reymundi Vega y la demandante Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de Manatí (en adelante Coop. Manatí), suscribieron 

varios acuerdos por escrito para el manejo de los fondos del 

negocio incluyendo un terminal “Point of Sale” (POS) para 

procesar transacciones electrónicas. 

5. El terminal POS instalado en el negocio de la 

codemandada, es propiedad de EVERTEC. 

6. Que fue la compañía EVERTEC la que instaló, configuró y 

programó el “software” de todo el sistema de dicho terminal 

en el negocio de la codemandada. 

7. Que fue la compañía EVERTEC la que adiestró a la 

codemandada sobre el uso y funcionamiento del terminal 

POS. 

8. Que transcurridos varios años le fue informado a la 

codemandada, Paola N. Reymundi Vega por la Demandante 

Coop. Manatí, que ellos habían cometió un error relacionado 

al dispositivo de punto de venta utilizado en el negocio de la 

codemandada. 

9. Que posteriormente le indicaron que el error en las 

transacciones fue cometido por EVERTEC. 

10. Que estas transacciones rechazadas y no satisfechas por 

EVERTEC, debieron ser reportados en un documento 

conocido como Reporte de Transacciones Rechazadas el [que]

nunca ha sido provisto a la parte Codemandada. 

11. Que fue informado a la codemandada Paoa N. Reymundi 

Vega por la Demandante Coop. Manatí mediante la presente 

demanda, que por el error en la configuración del dispositivo, 

EVERTEC no le reembolsó a la demandante Coop. Manatí la 

suma de $1,318,727.16. 

12. Que fue informado a la codemandada Paoa N. Reymundi 

Vega por la Demandante Coop. Manatí mediante la presente 

demanda, que luego de una investigación interna le fue 

reembolsado la suma de $723,699.91 por EVERTEC y no la 

suma total de $1,318,727.16.

13. Interesados en recobrar la suma no reembolsada por 

EVERTEC, la Demandante reclama un alegado patrón de 

compras simuladas por parte de los codemandados y 

terceros que no menciona por sus nombres, y reclama que 

sean estos quienes le restituyan la suma no reembolsada por 

EVERTEC. 

14. Que la causa única y directa de la p[é]rdida alegada por 

la parte Demanda[da] es atribuible al error en la 

programación cometido por EVERTEC. 

15. Que es [sic] EVERTEC nunca ha provisto de algún 

informe sobre transacciones rechazadas o no cubiertas, 
KLCE202400860 5

durante el tiempo que la codemandada Paola N. Reymundi 

Vega utilizó el terminal POS. 

16. Que es el tercero demandado EVERTEC, la parte que 

debe responder en todo o en gran parte por las alegadas 

p[é]rdidas de la parte Demandante Coop. Manatí y los gastos 

relacionados a este pleito. 

17. Que esta situación le ha causado y continúa causándole 

a la parte Codemandada, angustias y sufrimientos mentales 

al verse envueltos en la presente reclamación.

18. [...]

Por todo ello, solicitaron que se condenara a Evertec a satisfacer las 

pérdidas reclamadas por la Cooperativa, más una suma no menor 

de $50,000.00 para cada uno de los recurridos por los sufrimientos 

y angustias mentales que alegadamente padecieron producto de su 

negligencia.

Posteriormente, el 14 de diciembre de 2023, la Cooperativa 

presentó una Demanda Enmendada.

4 En esta ocasión, añadió como 

demandante a Hojalatería y Pintura Waxel Corp., una corporación 

registrada por los recurridos, e incluyó entre sus alegaciones que 

estos utilizaron dicha compañía para esconder dinero que podría 

vincularse a las acciones dolosas que se imputaron en la 

reclamación, todo ello en fraude de acreedores.

El 14 de diciembre de 2023, el TPI emitió una Orden en la que 

permitió la presentación de la Demanda enmendada y calendarizó 

la expedición del emplazamiento a la nueva parte demandada.5

El 2 de abril de 2024, los recurridos radicaron una 

Contestación a la Demanda Enmendada en la que negaron los 

hechos materiales de la reclamación.6

El 5 de abril de 2024, Hojalatería y Pintura Waxel Corp 

presentó su Contestación a Demanda Enmendada en la que, además 

de negar los hechos materiales dirigidos en su contra, afirmó que 

era una entidad independiente sin relación a los hechos por los que 

4 Íd., págs. 062-069.

5 Íd., pág. 070.

6 Íd., págs. 071-073.
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se demandó.7 En consecuencia, solicitó que se desestimara la 

Demanda enmendada en cuanto a ella por tratarse de un intento de 

congelar o identificar bienes para garantizar el cobro de la 

reclamación, cuyo alegado fraude no estaba vinculado a los actos 

de la corporación.

El 10 de mayo de 2024, Evertec radicó una Moción de 

desestimación en la que solicitó que la Demanda contra tercero fuera 

desestimada con perjuicio.

8 A su entender, no existía una 

reclamación vigente en su contra porque los recurridos no 

reanudaron la Demanda contra tercero en su Contestación a la 

Demanda Enmendada.

Además, argumentó que, de todas formas, la Demanda contra 

tercero no incluyó alegaciones que responsabilizaran a Evertec por 

los actos fraudulentos de los recurridos. Sobre esto, argumentó que 

las alegaciones no fueron específicas; no adujeron que entre Evertec 

y los recurridos existiera una relación contractual; y no esbozaron 

cómo los actos de la parte peticionaria resultaron en las 

transacciones fraudulentas, centrales en este caso.

En la alternativa, arguyó que, incluso tomando como cierta la 

imputación de error técnico a Evertec, este no fue la causa próxima 

o directa de la pérdida económica sufrida por la Cooperativa. Por 

ello, razonó que, aun dando por ciertas las alegaciones en su contra,

tampoco procedería imponerle responsabilidad a la parte 

peticionaria. 

El 26 de junio de 2024, los recurridos presentaron una Moción 

en oposición a solicitud de desestimación presentada por el tercero 

demandado Evertec Group, LLC en la que solicitaron al TPI que 

declarara No Ha Lugar la desestimación y, así, mantuviera vigente 

7 Íd., págs. 074-078.

8 Íd., págs. 082-090.
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la Demanda contra tercero.

9 En ella, plantearon que una Demanda 

contra tercero no está atada a la Contestación a la demanda, puesto 

que la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 12.1, 

permite que esta se presente con permiso del tribunal, una vez 

hayan expirado los treinta (30) días posteriores a la presentación de 

la Contestación a la demanda. Sobre la suficiencia de las 

alegaciones, argumentaron que la reclamación contra Evertec debía 

proceder en esta etapa porque existía la probabilidad de 

responsabilidad por las sumas incluidas en la Demanda 

Enmendada, ya sea por incumplimiento contractual, o por actos 

culposos o negligentes de la parte peticionaria.

El 8 de julio de 2024, el TPI emitió la Resolución recurrida en 

la que declaró No Ha Lugar la Moción de desestimación promovida 

por Evertec.10 A esos efectos, resolvió:

No Ha Lugar la Moción de desestimación presentada por la 

tercera demandada Evertec Group, LLC. La Regla 5.1 de las 

de Procedimiento Civil establece la Demanda de Tercero 

como una de las alegaciones permitidas en un 

procedimiento. Como alegación permitida, es una distinta a 

la contestación a la demanda. 

Interpretada la demanda de tercero de la forma más liberal 

posible a favor de la parte Demandada / Demandante de 

Tercero, la misma expone hechos suficientes para la 

concesión de un remedio. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. 

Corp., 174 D.P.R. 409 (2008).11

A nivel del foro recurrido, a petición12 de Evertec, el TPI 

extendió el término para contestar la Demanda contra tercero.

13

Posterior a la radicación de la presente Petición de Certorari, la parte 

peticionaria cumplió oportunamente con dicho plazo al radicar su 

Contestación a Demanda contra Tercero en la que negó las 

alegaciones materiales de la reclamación en su contra.14

9 Íd., págs. 161-171.

10 Íd., págs. 182-183. Notificada y archivada digitalmente en autos el 9 de julio de 

2024.

11 Íd.

12 Íd., págs. 192-193.

13 Íd., pág. 194.

14 Entrada Núm. 136 del expediente digital del caso en el Sistema Unificado de 

Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
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Inconforme, el 8 de agosto de 2024, Evertec radicó ante nos el 

recurso de epígrafe en el que le imputó al TPI la comisión de los 

siguientes errores:

A. Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Moción de 

desestimación de Evertec sin tomar en consideración ni 

decidir si una demanda contra tercero sobrevive luego de 

que se presenta una demanda enmendada en un caso en 

el cual no se reanuda la demanda contra tercero.

B. Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Moción de 

desestimación de Evertec a base de que alegadamente la 

Demanda contra tercero expone hechos suficientes para 

la concesión de un remedio, sin considerar los criterios 

que regulan las demandas contra tercero.

C. Erró el TPI al no tomar en consideración para desestimar 

la Demanda contra tercero bajo el estándar de la Regla 

10.2(5) de Procedimiento Civil que los alegados actos 

cometidos por Evertec no son la causa próxima o directa 

de la pérdida económica de la Cooperativa.

Es su contención que se configuran todos los elementos necesarios 

para la expedición del certiorari. Entretanto, en los méritos, plantea 

que no existía una reclamación en su contra después de que la 

Cooperativa enmendó su demanda y los recurridos no renovaron su 

Demanda contra tercero en su Contestación a Demanda Enmendada.

Asimismo, argumenta que las alegaciones de la Demanda contra 

tercero no cumplen con los requisitos de las Reglas de Procedimiento 

Civil, supra, respecto a las alegaciones contra tercero y, siendo 

generales y conclusorias, no permiten transferirle responsabilidad a 

Evertec por sus propios actos fraudulentos que no involucraron a la 

parte peticionaria. Igualmente, arguye que, en todo caso, los actos 

que los recurridos le imputan a Evertec – error en la validación de 

ventas y falta de notificación de las transacciones rechazadas – no 

son la causa próxima o directa de los daños reclamados por la 

Cooperativa. Además, señala que Evertec fue emplazada con copia 

de la Demanda original, pese a que la Demanda Enmendada había 

sido presentada casi tres (3) meses antes.

El 27 de agosto de 2024, los recurridos radicaron un Alegato 

en oposición a solicitud de certiorari en el que argumentan que no 
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procedía la expedición del auto solicitado por no configurarse los 

requisitos estatuidos para la intervención discrecional de esta Curia. 

Además, esbozan que no procede revocar la Resolución recurrida 

porque: (1) la Demanda contra tercero no está atada a la 

Contestación a la Demanda; (2) los casos citados por la parte 

peticionaria versan sobre el efecto de la Demanda Enmendada sobre 

la Demanda original y no establecen que la primera anule la validez 

de una Demanda contra tercero; (3) por el contrario, se ha 

reconocido la independencia de la Demanda contra tercero cuando 

se ha establecido una controversia real entre el demandante original 

y el tercero demandado; (4) las alegaciones contenidas en la 

Demanda contra tercero detallan una relación entre Evertec, la 

Cooperativa y los dispositivos de venta envueltos en los hechos 

alegados por la Demanda Enmendada; (5) si los actos señalados en 

contra de la parte peticionaria son la causa próxima o adecuada de 

los daños reclamados por la Cooperativa es, precisamente, una 

controversia real y sustancial que deberá ser adjudicada en los 

méritos por el TPI; y (6) lo reclamado por los recurridos constituye 

una controversia sustancial que también deberá ser evaluada por el 

foro recurrido.

En adelante, pormenorizamos el derecho aplicable a la 

Petición de Certiorari de epígrafe.

III.

A.

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG 

Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia 

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad 
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de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 52.1,

15

establece las instancias en las que le foro revisor posee autoridad 

para expedir un auto de certiorari sobre materia civil. Scotiabank 

v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478 (2019). La citada regla delimita 

el alcance jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones para atender 

un recurso de certiorari que se trate sobre la revisión de dictámenes 

interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia. Mun. Caguas v. 

JRO Contruction, Inc., 201 DPR 703 (2019). 

Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, debemos pasar entonces a un 

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que 

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir 

y adjudicar en sus méritos el caso. 

Con el fin de que podamos ejercer de manera sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, establece los 

criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de un auto de certiorari.16

15 Esta Regla dispone que: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y 

por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic), 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el 

Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de 

apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 

16 Esta Regla dispone lo siguiente: 
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B.

La Regla 10 de las de Procedimiento Civil, supra, R. 10, 

establece el mecanismo que las partes deben utilizar para presentar 

sus defensas y objeciones en un pleito. De acuerdo con la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, supra, R. 10.2, las defensas de hechos o de 

derecho contra una reclamación deben exponerse en la alegación 

responsiva. Ahora bien, la citada Regla también enumera varias 

defensas que, a opción de la parte y excepcionalmente, pueden 

levantarse mediante una moción al efecto debidamente 

fundamentada.

De esta forma, el inciso (5) de la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, supra, permite que un demandado solicite al tribunal la 

desestimación de la demanda presentada en su contra por dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio.

Al resolverse una moción de desestimación realizada al amparo 

de este fundamento, el tribunal está llamado a tomar como ciertos 

todos los hechos que en la demanda fueron bien alegados, 

aseverados de manera clara y concluyente y que de su faz no den 

margen a dudas. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 

DPR 409, 428 (2008). Esto es, tiene que dar por ciertas y buenas 

todas las alegaciones fácticas incluidas en la demanda. Colón 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden 

de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 

luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 

alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia. 
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Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013). Además, dichas 

alegaciones tienen que interpretarse conjunta, liberal y 

favorablemente hacia la parte demandante. Aut. Tierras v. Moreno 

& Ruiz Dev. Corp., supra, págs. 428-429.

De esta forma, la demanda solo será desestimada si se 

demuestra que la parte demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquiera de los hechos que pudiera probar. Íd., pág. 

429. En esencia, el tribunal tiene que evaluar, a la luz de la 

interpretación más favorable a la parte demandante y resolviendo 

toda duda a su favor, si la demanda es suficiente para constituir 

una reclamación válida. Íd.

En fin, la moción de desestimación por este fundamento debe 

demostrar “de forma certera en ella que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que se 

pudiese probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando la 

demanda lo más liberalmente a su favor". Ortiz Matías, et al., v. 

Mora Development Corp., 187 DPR 649, 654 (2013).

C.

La Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 12.1, autoriza 

que se presente una demanda contra “una persona que no sea parte 

en el pleito y que sea o pueda ser responsable a la parte demandada 

por la totalidad o parte de la reclamación de la parte demandante, o 

que sea o pueda ser responsable a cualquier parte en el pleito”. A 

esta reclamación se le conoce como una demanda contra tercero.

Conforme al texto expreso de la Regla, se puede solicitar la inclusión 

de un tercero para que le responda directamente al demandado, al 

demandante o a cualquier otra parte en el pleito.

Mediante la demanda contra tercero se permite que en un 

mismo pleito se diluciden controversias surgidas de unos mismos 

hechos y relacionadas entre sí. Maldonado Rivera v. Suárez y 

otros, 195 DPR 182, 191 (2016). Así, su propósito es promover la 
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economía procesal y facilitar la pronta y eficaz resolución de 

controversias. Íd. De esa forma, nuestro más alto foro ha precisado 

que este mecanismo no crea, extiende o limita derechos sustantivos, 

sino que acelera su dilucidación. Íd.; Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. 

Ramos, 148 DPR 523, 534 (1999). En aras de lograr esto último, 

esta Regla debe interpretarse liberalmente. Colón Negrón et al. v. 

Mun. Bayamón, 149 DPR 449, 514 (2015); Camaleglo v. Dorado 

Wings, Inc., 118 DPR 20, 28 (1986). 

Por otra parte, el mecanismo de la demanda contra tercero no 

permite la inclusión de cualquier controversia por el solo hecho de 

tener en común un mismo supuesto fáctico. Maldonado Rivera v. 

Suárez y otros, supra, págs. 191-192. En suma, para que se 

permita la radicación de una demanda contra tercero se requiere 

que: (1) la reclamación contra el tercero sea contingente al resultado 

de la demanda original; y (2) exista una relación suficientemente 

estrecha entre ambas reclamaciones, lo cual se ha identificado como 

un “entronque común”. Íd., pág. 192. Esto, a su vez, debe ser 

evaluado según las circunstancias particulares de cada caso. Íd. Esa 

relación, sin embargo, debe ser lo suficientemente estrecha como 

para no acumular controversias dispares en un mismo pleito por el 

mero hecho de que tengan alguna relación en común. Colón Negrón 

et al. v. Mun. Bayamón, supra, pág. 521.

Por último, ante una moción de desestimación de la demanda 

contra tercero, los tribunales deben balancear, por un lado, los 

beneficios de economía procesal derivados de ventilar en un solo 

pleito todas las controversias que emanan de una misma situación 

de hechos, ante un juez compenetrado con el caso, vis a vis la falta 

de diligencia y los perjuicios que la tardanza en presentar la 

demanda contra tercero le pueda ocasionar al demandante o al 

tercero demandado. Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., supra, pág. 

29. Así, un tribunal puede negarse a permitir la demanda contra 
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tercero si se convence de que el demandado ha incurrido en una 

crasa falta de diligencia o que los perjuicios que causaría la 

demanda contra tercero son insalvables y sobrepasan los beneficios 

de permitirla, incluso ante posibles medidas cautelares. Íd., págs. 

29-30.

De otra parte, debe recordarse que la determinación de si una 

demanda contra tercero sobrevive no es un ejercicio de lógica 

abstracta, sino un análisis práctico de los hechos. Mercado 

Figueroa v. Mun. de San Juan, 192 DPR 279, 287 (2015). Ese 

análisis debe tomar en cuenta: (1) los principios que permean las 

reglas procesales; (2) el interés público de que los pleitos se tramiten 

de forma justa, rápida y económica; y (3) la política judicial que 

favorece que los casos se ventilen en sus méritos. Íd., págs. 287-

288.

IV.

En el caso de marras, el TPI rechazó una solicitud de 

desestimación, resolviendo que la Demanda contra tercero es una 

alegación permitida distinta a la contestación a la demanda y que 

las alegaciones contenidas en ella exponen hechos suficientes para 

justificar la concesión de un remedio. En desacuerdo con esa 

determinación, Evertec argumenta que: (1) la Demanda contra 

tercero no debe subsistir si no se ha renovado tras una enmienda a 

la demanda original y una contestación a la nueva reclamación; (2) 

los hechos no son suficientes para sostener la concesión de un 

remedio; y (3) los actos imputados a Evertec no son la causa próxima 

o directa de la pérdida económica de la Cooperativa. En apoyo del 

dictamen, los recurridos plantean que la Demanda contra tercero no 

está atada a la contestación de la demanda y, por ello, no es 

requerido que sea renovada tras la presentación de una demanda 

enmendada. Asimismo, arguyen que las alegaciones establecieron 

una reclamación posible por la relación de Evertec, los dispositivos 
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de venta que instalaron y configuraron, y los hechos alegados por la 

Cooperativa; todo lo cual constituye una controversia real y 

sustancial que deberá ser evaluada en los méritos por el TPI.

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente 

del caso, en correcta práctica adjudicativa apelativa, a la luz de los 

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, resolvemos que debemos abstenernos de ejercer nuestra 

función revisora y rechazar intervenir con la determinación del TPI. 

Un examen sosegado del expediente ante nuestra consideración, de 

la Resolución recurrida y los hechos procesales del caso no arroja 

error que amerite nuestra intervención. Por el contrario, el rechazo 

a desestimar la Demanda contra tercero es cónsono con la normativa 

aplicable, toda vez que, interpretándose liberalmente, esta incluye 

una controversia que tiene un entronque común con la reclamación 

principal en este caso y plantea hechos suficientes para la 

continuación de su causa, en esta etapa de los procedimientos. 

Desestimar la reclamación en contra de un tercero porque no se 

presentó nuevamente tras la radicación de la Demanda Enmendada 

desvirtuaría el ánimo de promover la economía procesal y la pronta 

resolución de las controversias que permea la Regla 12.1 de 

Procedimiento Civil, supra, y el resto de las Reglas de Procedimiento 

Civil, supra. Más aún, cuando las alegaciones contenidas en ella no 

se vieron afectadas por la Demanda Enmendada e, incluso, 

mantuvieron su relación con la controversia central de la 

reclamación. En fin, la actuación del foro primario fue esencialmente 

correcta en derecho y, por ello, no debemos variar su criterio. 

Procede denegar la expedición del certiorari solicitado.
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V.

Por los fundamentos pormenorizados, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones