Número Identificador

RES2023 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

UNIVERSIDAD DE PUERTO 

RICO representada por su 

Presidente LUIS A. FERRAO 

DELGADO y el RECINTO 

UNIVERSITARIO DE 

MAYAGÜEZ, representada 

por el Rector AGUSTÍN 

RULLÁN TORO

Recurridos

v.

FEDERACIÓN LABORISTA 

DE EMPLEADOS 

UNIVERSITARIOS DEL 

RECINTO UNIVERSITARIO 

DE MAYAGÜEZ representado 

en este acto por su 

Presidente DANIEL 

ECHEVARRÍA, FULANO DE 

TAL, SUTANO DE TAL

Peticionarios

KLCE202301057

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Mayagüez

Civil Núm.:

MZ2023CV01404

Sobre:

Injunction

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2023.

Comparece ante este Foro la Federación Laborista de 

Empleados Universitarios del Recinto de Mayagüez, (Federación 

Laborista, FLEURUM o parte peticionaria) y solicita que revisemos 

la Resolución y Orden emitida el 25 de agosto de 2023, notificada el 

8 de septiembre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), 

Sala Superior de Mayagüez. Por medio de dicha decisión, el TPI 

determinó que ostentaba jurisdicción sobre la materia y sobre la 

persona para atender el recurso de Injunction instado por la 

Universidad de Puerto Rico y el Recinto Universitario de Mayagüez 

(parte recurrida), en cuanto al acceso a las instalaciones del Recinto 

Universitario de Mayagüez (RUM).
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.

I.

Según surge del expediente, el 14 de agosto de 2023, la 

Universidad de Puerto Rico y el Recinto Universitario de Mayagüez, 

presentaron una Demanda de Entredicho Provisional, Injunction

Preliminar y Permanente en contra de la FLEURUM. Ello, 

relacionado a varias manifestaciones organizadas por dicha 

Federación en la UPR-RUM durante el mes de agosto, 

específicamente los días 2 y 10 de agosto de 2023, donde se 

manifestaron en el portón del Departamento de Edificios y Terrenos, 

el cual fue bloqueado por zafacones y miembros de esa organización 

impidieron el acceso de los empleados que allí trabajan.

En esencia, la Universidad de Puerto Rico y el Recinto 

Universitario de Mayagüez alegaron que un grupo de empleados 

pertenecientes a la FLEURUM impidió la entrada de los estudiantes, 

profesores y empleados a la institución el primer día de clases del 

semestre agosto-diciembre de 2023. Añadieron que, como 

consecuencia de la manifestación, la universidad amaneció 

totalmente cerrada con los accesos bloqueados por miembros de la 

FLEURUM. Adujeron que dicha acción concertada de la FLEURUM 

tenía la intención específica de paralizar todas las funciones 

académicas y administrativas del RUM, lo cual es ilegal y no forma 

parte de la libertad de expresión. A su vez, argumentaron que la 

acción concertada de la FLEURUM le causaba un daño y peligro 

inminente y que no tenían otro remedio en ley para proteger los 

derechos de la comunidad universitaria a la que representaba.

Específicamente, esbozaron que la acción de la parte demandada no 

estaba cobijada bajo el derecho a la libre expresión y/o asociación, 

toda vez que no tenían derecho a obstaculizar las funciones de 
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trabajo y enseñanza de miles de estudiantes y empleados docentes 

y no docentes de la UPR-RUM.

Así las cosas, la Universidad de Puerto Rico y el Recinto 

Universitario de Mayagüez solicitaron al TPI los siguientes remedios: 

1. Dictara orden de entredicho provisional al amparo 

de la Regla 57.1 de las de Procedimiento Civil 

ordenando a la parte demandada cesar y desistir de 

bloquear y cerrar los portones e impedir el libre 

acceso a las facilidades de la UPR-RUM.

2. Dictara Sentencia de remedio interdictal al amparo 

del artículo 277 de la Ley de Estorbo Público de

Puerto Rico, 32 LPRA 2761, declarando estorbo todo 

vehículo, valla u objeto colocado en los portones y 

acceso a la UPR-RUM y ordenando su remoción 

inmediata.

3. Expidiera orden de interdicto preliminar instruyendo 

a la parte demandada cesar y desistir de las 

actuaciones que estaban causando daño irreparable 

a la UPR- RUM, sus empleados, estudiantes, 

contratistas y la comunidad en general y evitando así 

que los demandados continúen impidiendo la 

entrada y salida al Recinto, prohibiendo la 

realización de cualquier otra actividad que bloquee 

los accesos al RUM y obstruya las

labores académicas y de cualquier otra naturaleza.

4. Ordenara la celebración de una vista sobre interdicto 

permanente ya que las acciones concertadas de la 

FLEURUM son repetidas y continuamente paralizan 

las funciones de la universidad causando daños 

irreparables.

El 15 de agosto de 2023 el Tribunal, a solicitud de la 

Universidad de Puerto Rico y el Recinto Universitario de Mayagüez, 

emitió una Orden de entredicho provisional, y señaló vista de 

injunction para el 25 de agosto de 2023. El foro a quo ordenó a la 

FLEURUM cesar y desistir inmediatamente de continuar 

bloqueando y cerrando los portones del RUM e impidiendo el libre 

acceso a las facilidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

Universitario de Mayagüez. Asimismo, decretó que la FLEURUM 

debía remover cualquier vehículo u objeto que esté impidiendo o 

interfiriendo con el libre acceso a la institución de manera 

inmediata. El TPI destacó que, durante la vigencia de la Orden, la 

FLEURUM debía abstenerse de llevar a cabo cualquier acto que 
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tenga el efecto de bloquear, impedir o interferir con cualquiera de 

los portones y accesos al RUM.

La FLEURUM compareció mediante representación legal el 25 

de agosto de 2023, sin someterse a la jurisdicción. En la vista de 

injunction, la FLEURUM solicitó la desestimación de la demanda de 

autos por las siguientes razones; (1) falta de jurisdicción sobre la 

persona, debido a que, según alegado, la FLEURUM no había sido 

emplazada conforme a derecho, y (2) por falta de jurisdicción, por la 

prohibición de los tribunales de emitir injunctions conforme a la Ley 

Núm. 50 de 4 de agosto de 1947, según enmendada, conocida como 

"Ley para Limitar la Facultad de los Tribunales para Expedir 

Injunctions en Casos de Disputas Obreras" (en adelante Ley Núm. 

50).

Luego de escuchar los argumentos de ambas partes y evaluar 

los documentos que obran en el expediente, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió el dictamen que hoy revisamos. A través de este, y 

en lo concerniente al asunto bajo nuestra consideración, el TPI 

denegó la solicitud de desestimación incoada por la FLEURUM. 

Particularmente, concluyó que tiene jurisdicción sobre la materia y 

sobre la persona para atender el recurso de injunction de la UPR y 

el RUM, en cuanto al acceso a las instalaciones del RUM. El foro 

primario hizo las siguientes expresiones:

Por otro lado, de las alegaciones presentadas en la 

demanda, no surge que en el presente caso se fuera a 

atender ninguna disputa obrera. De hecho, las 

alegaciones presentadas que dieron base a la emisión 

del entredicho provisional se desprende que el asunto 

planteado y ante nuestra consideración es un asunto de 

acceso a las facilidades del Recinto Universitario de 

Mayagüez (en adelante RUM) y van dirigidas 

exclusivamente a que se cerraron todos los accesos al 

RUM, impidiendo el acceso a profesores, estudiantes, 

contratistas y demás personal; lo que afectó el sistema 

público de enseñanza en dicho recinto.

En desacuerdo, el 25 de septiembre de 2023, la FLEURUM 

acudió ante nos y alega que el foro a quo cometió el siguiente error:
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al no permitir la 

celebración de una vista y el correspondiente desfile de 

prueba para determinar si en el presente caso es de 

aplicación la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1947, Ley 

para Limitar la Jurisdicción de los Tribunales en la 

Expedición de Injunctions en Disputas Obreras.

Junto a su recurso, la FLEURUM instó una Solicitud de Auxilio 

de Jurisdicción. En esta, requirió la paralización de los 

procedimientos ante el TPI por entender que este no tiene 

jurisdicción sobre la materia. Además, solicitó que dejáramos sin 

efecto la Resolución y Orden emitida por el TPI y le ordenáramos a 

dicho foro que dilucidara a base de la prueba, si el caso de autos 

trata de un asunto que surge de una disputa obrero-patronal, por 

lo cual la solicitud de injunction presentada por la UPR y el RUM 

debía ser evaluada conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 50 

de 1947. El 25 de septiembre de 2023 emitimos Resolución, a los 

fines de declarar no ha lugar la solicitud de paralización de la 

FLEURUM. 

A tenor con la Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, este Foro puede “prescindir de 

términos no jurisdiccionales, específicos,” escritos, notificaciones o 

procedimientos adicionales, “con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho...”. Ante ello, prescindimos de la comparecencia 

de la Universidad de Puerto Rico y el Recinto Universitario de 

Mayagüez.

II.

A.

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos. Rivera 

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 

249 (2001). La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 
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52.1, dispone taxativamente los asuntos que podemos atender 

mediante el referido recurso. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 

478 (2019). 

Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición 

del auto de certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La 

discreción consiste en una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso 

constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334-335 (2005).

Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad 

discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la 

referida Regla dispone lo siguiente:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B)Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C)Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D)Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 
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o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios 

anteriormente enumerados en un caso ante nuestra consideración, 

no procede nuestra intervención.

Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y 

actuaciones judiciales se presumen correctas, por lo que le compete 

a la parte que las impugne probar lo contrario. Vargas v. González, 

149 DPR 859, 866 (1999). 

B.

La Ley para Limitar la Jurisdicción de los Tribunales en la 

Expedición de Injunctions en Disputas Obreras, Ley Núm. 50 de 4 de 

agosto de 1947, según enmendada, 29 LPRA sec. 101 et seq., 

establece que ningún tribunal de justicia de Puerto Rico tendrá 

jurisdicción para expedir orden alguna de entredicho o de injunction 

preliminar o permanente en un caso que envuelva o que surja de 

una disputa obrera, salvo de estricta conformidad con las 

disposiciones de esta ley. Artículo 1 de la Ley Núm. 50.

El Artículo 2 de la mencionada Ley, 29 LPRA sec. 102, dispone 

los actos específicos exentos de órdenes de entredicho o de 

injunction. En lo que nos atañe, estos son:

[...]

(b) Los tribunales de justicia de Puerto Rico para 

expedir órdenes de entredicho o de injunction 

preliminar o permanente en caso de actos ilegales, 

violentos o torticeros en los que pueda o puedan 

incurrir cualquier persona o personas participantes 

o interesadas en una disputa obrera. Además, los 

tribunales de justicia de Puerto Rico tendrán 

jurisdicción para expedir órdenes de entredicho o de 

injunction preliminar o permanente en caso de:

(1) actos intencionales, vandálicos, torticeros o de 

intimidación contra terceros que atenten contra 

la paz, la dignidad humana o la privacidad; o

(2) actos que constituyan perturbaciones que fueren 

perjudiciales a la salud o a los sentidos, o que 

interrumpan el libre uso de la propiedad, de modo 
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que impidan el cómodo goce de la vida o de los 

bienes; o

(3) el parar, detener, o estacionar un vehículo, 

dejarlo abandonado en las vías públicas en forma 

tal que estorbe u obstruya el tránsito o cuando 

por circunstancias excepcionales se hiciere difícil 

el fluir del mismo; o

(4) cualquier otro acto, que configure la conducta de 

un estorbo público según definido en nuestro 

ordenamiento; 

(5) que provoque daño a la propiedad de terceros; o 

(6) actos de incautación de las facilidades del 

patrono mediante obstrucción física al acceso a la 

propiedad, acoso, acecho, intimidación, daños a 

la propiedad o amenazas.

Cónsono con lo anterior, el Art, 4 (c) de la Ley Núm. 50 define 

el término “disputa obrera” como aquel que incluye cualquier 

controversia relativa a término o condiciones de empleo o relativa a 

la asociación o representación de personas al negociar, fijar, 

mantener, cambiar, o tratar de llegar a un acuerdo sobre términos 

o condiciones de empleo, aunque las partes se encuentren o no en 

la relación inmediata de patrono y empleado. 29 LPRA sec. 106.

III.

En síntesis, la parte peticionaria alega que la solicitud de 

injunction presentada por la parte recurrida está relacionada con 

controversias obrero-patronales existentes entre la UPR y los 

empleados unionados de la FLEURUM, así como las acciones 

concertadas de la FLEURUM dirigidas a que el patrono atienda los 

justos reclamos de los empleados. Añade que las disputas obreropatronales se desprenden diáfanamente de una comunicación 

circulada por la FLEURUM el día de la manifestación del 14 de 

agosto de 2023. Discute que, el hecho de que hubiese empleados 

manifestándose frente a los portones del recinto demuestra por sí 

mismo que se trataba de una disputa obrero-patronal. Así, alega que 

una vez se establece este hecho, procede que se apliquen los 

requisitos dispuestos en la Ley Núm. 50.
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Por lo anterior, la parte peticionaria argumenta que el foro 

primario carece de jurisdicción para entender en la demanda de 

injunction presentada por la parte recurrida. Arguye que el TPI debe 

permitir una vista evidenciaria a los fines de dilucidar jurisdicción 

sobre la materia al amparo de la Ley Núm. 50, supra, legislación 

especial sobre la materia. No le asiste la razón.

Según expuesto, mediante el pronunciamiento impugnado, el 

Tribunal de Primera Instancia concluyó que al caso de autos no le 

es de aplicación la Ley Núm. 50 y determinó que tiene jurisdicción 

sobre la materia y sobre la persona para atender la demanda de 

injunction en cuanto al acceso a las instalaciones del RUM. Ello, 

toda vez que de la demanda no surgían alegaciones sobre ninguna 

disputa obrera. El tribunal fue claro en apuntar que la demanda 

bajo su consideración versa sobre un asunto de acceso a las 

facilidades del RUM, dirigidas exclusivamente a que se cerraron 

todos los accesos al RUM, impidiendo el acceso a profesores, 

estudiantes, contratistas y demás personal; lo que afectó el sistema 

público de enseñanza en dicho recinto. También el Tribunal fue 

claro en expresar que, al emitir la orden de entredicho provisional, 

nunca entró; ni entrará, al evaluar los méritos del interdicto 

preliminar y permanente, en ningún aspecto laboral. 

Luego de revisar el expediente del caso de epígrafe y el derecho 

aplicable, entendemos que, aunque la controversia es revisable 

conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, por tratarse 

de una denegatoria de una moción de carácter dispositivo— resulta 

evidente que no nos encontramos en el momento idóneo para 

intervenir con la disposición discrecional del foro primario. Ello, toda 

vez que la continuación de la vista de injunction permanente ya dio 

inicio y continuará los días 26 y 28 de septiembre de 2023. Por 

tanto, denegamos expedir el auto solicitado. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 
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Advertimos que la denegatoria de un recurso de certiorari, no 

prejuzga los méritos del asunto o la cuestión planteada, y, por tanto, 

la misma puede ser reproducida nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. García v. Padró, supra, 

citando a Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749(1992). Por 

tanto, de surgir alguna circunstancia dentro de los procedimientos 

del caso, las partes tendrán la oportunidad de acudir ante este foro, 

de entenderlo necesario.

IV.

Por los fundamentos que preceden, denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones