Número Identificador

RES2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

DOANIA DELGADO DÍAZ

Recurrida

v.

DANIEL VELÁZQUEZ 

DELGADO

Peticionario

KLCE202400027

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia

Sala Superior de 

Caguas

Civil Núm.:

CG2019CV00538 

(701)

Sobre: 

Liquidación de 

Bienes 

Gananciales

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y 

la Jueza Prats Palerm.

Bonilla Ortiz, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico a 15 de febrero de 2024.

Comparece ante este foro el Sr. Daniel Velázquez 

Delgado (señor Velázquez o el peticionario) y solicita 

que revisemos una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, la cual fue 

notificada el 8 de diciembre de 2023. Por medio del 

dictamen recurrido, el foro primario denegó una moción 

de reconsideración presentada por el peticionario, con 

relación a una Orden notificada el 1 de noviembre de 

2023, en el cual el foro recurrido declaró no ha lugar 

a la solicitud de sentencia sumaria parcial.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DENEGAMOS la expedición del auto solicitado.

I.

El 22 de febrero de 2019, la Sra. Doania Delgado 

Díaz (señora Delgado o la recurrida) instó una Demanda

sobre liquidación de comunidad de bienes en contra del 

peticionario, con quien estuvo casada bajo el régimen de 
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Sociedad Legal de Bienes Gananciales.1 Cabe destacar 

que la señora Delgado y el señor Velázquez se 

divorciaron, en virtud de una Sentencia emitida el 24 de 

abril de 2017. La recurrida expresó que no deseaba 

continuar en la comunidad de bienes, por lo que, solicitó 

que la misma fuera disuelta. En esencia, alegó que tenía 

un crédito correspondiente por estar pagando la hipoteca 

que grava un bien inmueble que adquirieron durante el 

matrimonio en el Municipio de Gurabo (Inmueble A). A su 

vez, arguyó que la Sociedad Legal de Gananciales tenía 

un crédito correspondiente a la cuenta de retiro del 

peticionario ante el patrono de este, el Departamento de 

Educación, el cual corresponde a las aportaciones 

realizadas a su cuenta de retiro con dinero ganancial. 

De igual forma, las acciones que tiene el señor Velázquez 

por ser miembro de la Asociación de Empleados de AEELA.

Por su parte, el 24 de mayo de 2019, el peticionario 

presentó Contestación a la Demanda.2 En síntesis, 

manifestó que, el bien inmueble en Gurabo fue comprado 

con aportaciones privativas de él. Señaló que, para el 

año 2002 había comprado un bien inmueble saldo (Inmueble 

B), y estando casado, en el año 2015 lo vendió por 

$65,000.00. Posteriormente, alegó que ese dinero lo

invirtió en la adquisición del bien inmueble A, en 

Gurabo. Por lo tanto, reclamó el crédito de los 

$65,000.00 por su aportación privativa. También, alegó 

tener derecho a participar de las aportaciones que la 

recurrida tiene, por retiro y seguro social, durante la 

vigencia del matrimonio.

1 Demanda, anejo II, págs. 13-15 del apéndice del recurso.

2 Contestación a la Demanda, anejo III, págs. 16-22 del apéndice 

del recurso.
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El 15 de octubre de 2019, el señor Velázquez

presentó una Reconvención.3 Mediante esta, reiteró que 

invirtió los $65,000.00 privativos en la adquisición del 

Inmueble A, por lo que, tiene un crédito en la comunidad 

de bienes post ganancial. A su vez, solicitó se 

realizara el inventario de bienes de la comunidad, se 

adjudiquen los créditos y proceda la disolución de la 

comunidad de bienes.

En respuesta, el 22 de noviembre de 2019, la señora 

Delgado presentó Réplica a Reconvención.4 Mediante esta, 

aceptó que el peticionario compró un bien inmueble en el 

2002. Sin embargo, que alegó que “el dinero utilizado 

por el señor Velázquez para adquirir dicho bien 

provinieron de un préstamo hipotecario que hicieron los 

padres de éste y el cual fue pagado en su totalidad por 

la sociedad de bienes gananciales que constituyeron las 

partes”. Por lo que, manifestó que la sociedad de bienes

gananciales era el dueño del bien inmueble y tiene un 

crédito a su favor. De otra parte, arguyó que las 

aportaciones al seguro social no son gananciales, por lo 

que, no forman parte del inventario a dividir.

Luego de varias incidencias procesales, el 8 de 

mayo de 2023, el peticionario instó una solicitud de 

sentencia sumaria parcial.5 En síntesis, argumentó la 

inexistencia de controversias de hechos esenciales que 

impidieran concluir, como cuestión de derecho, que la 

extinta Sociedad Legal de Bienes Gananciales que existió 

durante la vigencia del matrimonio, el peticionario 

tiene un crédito de $65,000.00 por concepto de la venta 

3 Reconvención, anejo IV, págs. 23-32 del apéndice del recurso.

4 Réplica a Reconvención, anejo V, págs. 33-40 del apéndice del 

recurso.

5 Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, anejo VII del 

apéndice del recurso.
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del Inmueble B, y los cuales fueron utilizados en el 

Inmueble A, en Gurabo. A su vez, un crédito por el 

dinero retirado por parte de la recurrida de la cuenta 

ganancial y un crédito por concepto de las aportaciones 

que la señora Delgado realizó a al Seguro Social durante 

la vigencia del matrimonio. 

Por su parte, el 15 de junio de 2023, la recurrida

se opuso a la solicitud de sentencia sumaria parcial 

presentada por el peticionario. En esencia, sostuvo que

la moción de sentencia sumaria parcial es improcedente

en derecho. Sostuvo que, el pago realizado al préstamo 

que hicieron los padres del peticionario para la compra 

del Inmueble B, lo realizó en su totalidad la sociedad 

legal de bienes gananciales. Además, aunque aceptó 

que ha realizado aportaciones a su cuenta del Seguro 

Social, sostuvo que esas no estaban sujetas a 

liquidación.

Evaluadas las mociones de las partes, el 1 de 

noviembre de 2023, el foro primario notificó una Orden.6 

Mediante esta, determinó que existe controversia sobre 

el dinero con el que se adquirió el Inmueble B. A su 

vez, dispuso que las aportaciones del Seguro Social no 

son colacionables, conforme a la jurisprudencia actual. 

En desacuerdo, el 16 de noviembre de 2023, el 

peticionario presentó Moción en Solicitud de 

Reconsideración.7 Por su parte, el 7 de diciembre de 

2023, la recurrida presentó Réplica a Moción en 

Solicitud de Reconsideración.8 Revisadas las mociones 

6 Orden, anejo IX del apéndice del recurso.

7 Moción en Solicitud de Reconsideración, anejo X del apéndice del 

recurso.

8 Réplica a Moción en Solicitud de Reconsideración, anejo XII del 

apéndice del recurso.
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presentadas, el foro primario la declaró No Ha Lugar

mediante una Orden notificada el 8 de diciembre de 2023.

Aún inconforme, el 8 de enero de 2024, el 

peticionario presentó una Solicitud de Certiorari, en la 

que adujo que el foro primario cometió los siguientes 

señalamientos de error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

abusar de su discreción y no declarar como 

incontrovertidos, hechos admitidos por la 

parte recurrida en sus escritos y en la 

deposición.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar que “si bien el llamado “Inmueble 

B” era uno privativo, existe controversia 

sobre el dinero con el que fue adquirido” 

cuando de las admisiones de la parte 

recurrida durante la deposición surge 

claramente que no tiene prueba alguna para 

sostener sus alegaciones.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

aplicar lo dispuesto en Hisquierdo v. 

Hisquierdo, 439 US 572 (1979); Rosa Resto 

v. Rodríguez, 111 DPR 89 (1981); Vega Rivera 

v. Soto Silva, 164 DPR 113 (2005) y declarar 

que las aportaciones al beneficio del 

Seguro Social no son colacionables, ante 

las circunstancias distinguibles del 

presente caso.

Transcurrido el término dispuesto en nuestro 

Reglamento para la presentación del alegato de la parte 

recurrida, esta no compareció a presentarnos su postura. 

Consecuentemente, declaramos perfeccionado el recurso de 

epígrafe y procedemos a su disposición, conforme a 

Derecho.

II.

-ALa Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, delimita las instancias en que el Tribunal 

de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari para 
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revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia. Es decir, cuando 

“se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 

y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo.” Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Asimismo, dispone los supuestos en que este foro 

intermedio podrá revisarlas, con carácter discrecional 

y a manera de excepción, en las siguientes instancias:

[C]uando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de 

familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la 

cual esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia. 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional; a saber, si el remedio y la 

disposición de la decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a derecho. Así también, 

debemos tomar en consideración si ha mediado prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por parte del foro primario. 

También examinaremos si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los autos 

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración. Finalmente, debemos 

analizar si la expedición del auto solicitado evita un 

fracaso de la justicia. Véase, Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra.
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-BEn nuestro ordenamiento, el mecanismo de sentencia 

sumaria procura, ante todo, aligerar la adjudicación de 

aquellos casos en los cuales no existe una controversia 

de hechos real y sustancial que exija la celebración de 

un juicio en su fondo. Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 

929 (2018). Este mecanismo, está instituido en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, y su 

función esencial es el permitir que, en aquellos 

litigios de naturaleza civil, una parte pueda mostrar, 

previo al juicio, que tras las partes contar con la 

evidencia que ha sido debidamente descubierta, no existe 

una controversia material de hecho que deba ser dirimida 

en un juicio plenario; y que, por tanto, el tribunal 

está en posición de aquilatar esa evidencia para 

disponer del caso ante sí. Rodríguez Méndez, et als v. 

Laser Eye, 195 DPR 769 (2016). 

La solicitud de sentencia sumaria puede ser 

interpuesta por cualquiera de las partes que solicite un 

remedio por medio de una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos esenciales y pertinentes. Regla 36.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2. Por 

consiguiente, se dictará sentencia sumaria, si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a 

cualquier declaración jurada que se presente, si alguna, 

demostrasen que no hay controversia real y sustancial 

sobre algún hecho esencial y pertinente y que; como 

cuestión de derecho, procediese hacerlo. Regla 36.3(e) 
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de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). 

En cuanto a los hechos esenciales y pertinentes a 

los que se refieren el precitado cuerpo de Reglas, es 

sabido que estos son los que se conocen como hechos 

materiales. Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1. Al respecto, un hecho material es aquel 

que puede afectar el resultado de la reclamación de 

acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Además, la 

controversia sobre el hecho material tiene que ser real. 

Esto es, que una controversia no es siempre real o 

sustancial o genuina. Por ello, la controversia deberá 

ser de una calidad suficiente como para que sea necesario 

que un juez la dirima a través de un juicio plenario. 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.1; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213-214 

(2010). 

Ahora bien, cuando se presente una moción de 

sentencia sumaria y se sostenga en la forma que establece 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, la parte 

contraria no podrá descansar solamente en las 

aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones; sino que dicha parte estará obligada a 

contestar en forma tan detallada y específica como lo 

haya hecho la parte promovente. De no hacerlo así, se 

dictará la sentencia sumaria en su contra, si procede. 

Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(c). Por tanto, el oponente deberá controvertir la 

prueba presentada con evidencia sustancial y no podrá 

simplemente descansar en sus alegaciones. Roldán Flores 

v. M. Cuebas et al., 199 DPR 66 (2018). 
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Quiere decir que, para derrotar una solicitud de 

sentencia sumaria, la parte opositora deberá presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que 

pongan en controversia los hechos presentados por el 

promovente. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. 

Si el oponente no controvierte los hechos propuestos de 

la forma en que lo requiere la Regla aplicable, tales 

hechos se podrán considerar como admitidos y se dictará 

la sentencia en su contra, si procediese. Roldán Flores 

v. M. Cuebas, Inc., supra. De igual forma, si la parte 

contraria no presenta su contestación a la sentencia 

sumaria en el término reglamentario provisto, se 

entenderá que la moción de sentencia sumaria quedó 

sometida para la consideración del tribunal. Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 36.3. 

Por último, es preciso recordar que nuestro Máximo 

Foro ha dispuesto que, como Tribunal de Apelaciones, nos 

encontramos en igual posición que el Tribunal de Primera 

Instancia para evaluar la procedencia o no de conceder 

una solicitud de sentencia sumaria. Meléndez González 

et al. v M. Cuebas, 193 DPR 100, 122 (2015). A tales 

efectos, nuestra revisión será una de novo y el análisis 

que realizaremos se regirá por las disposiciones 

contenidas en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 

y su jurisprudencia interpretativa. 

Por ello, de entender que procede revocar una 

sentencia sumaria, debemos indicar cuáles hechos 

esenciales y pertinentes están en controversia, e 

igualmente decir cuáles están incontrovertidos. Por el 

contrario, si encontramos que los hechos materiales,

realmente están incontrovertidos, nuestra revisión se 

limitará a revisar de novo si procedía en derecho su 
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concesión. Es decir, si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el derecho o no. Íd, págs. 118-

119.

III.

Conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, este Tribunal tiene jurisdicción para atender el 

presente recurso por recurrirse de un dictamen 

interlocutorio del Tribunal de Primera Instancia. Sin 

embargo, evaluado el expediente ante nuestra 

consideración a la luz de los criterios establecidos en 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, concluimos que 

este recurso de Certiorari no amerita nuestra 

intervención. Veamos.

En el caso de autos, el peticionario alega que el 

foro primario abusó de su discreción al determinar que

el Inmueble B era uno privativo, sin embargo, que había 

controversia sobre el dinero con el que lo adquirieron. 

A su vez, que incidió al determinar que las aportaciones 

al Seguro Social no son colacionables.

Consideramos que, en esta etapa de los 

procedimientos, la actuación del foro primario es 

razonable y toma en cuenta los mejores intereses de las 

partes. Mediante la Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial, el peticionario argumentó que el caso

de autos no plantea controversias de hechos esenciales, 

como el crédito que tiene al haber aportado 

privativamente una cantidad de dinero para adquirir el 

Inmueble A, y las aportaciones que la recurrida ha 

realizado al Seguro Social, que impidan resolver el caso 

mediante la vía sumaria. 

Sin embargo, es importante reseñar que, en casos 

como el de epígrafe, para estar en posición de adjudicar 
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la procedencia de los créditos solicitados, de 

conformidad al derecho aplicable, es necesario 

finiquitar la formación del inventario. Ello supone 

asuntos complejos de naturaleza técnica y especializada, 

por lo cual, en este momento, el mecanismo de disposición 

sumaria no resulta apropiado para la adjudicación del 

derecho aplicable.

En consecuencia, brindamos deferencia al ejercicio 

llevado a cabo por el foro primario. Por tanto, no 

habiendo el peticionario demostrado que el foro primario 

haya incurrido en abuso de discreción o errado en la 

aplicación de una norma jurídica, procede denegar la 

expedición del auto de certiorari.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS

expedir el auto de certiorari.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones