Exhibit B 

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 Positive

As of: August 22, 2018 12:52 AM Z

Jaap Corporation, Recurridos v. Departamento de Estado, et als., Peticionario

Tribunal Supremo De Puerto Rico

1 de febrero de 2013

CC-2011-719

Reportero

187 D.P.R. 730 *; 2013 PR Sup. LEXIS 9 **; 2013 TSPR 11

Jaap Corporation, Recurridos v. Departamento de 

Estado, et als., Peticionario

Historia Previa: [**1] Materia: Contratos - 

Prohibición de contratación retroactiva entre 

gobierno y ente privado.

Tesis de LexisNexis ®

Governments > State & Territorial 

Governments > Finance

HN1[ ] State & Territorial Governments, 

Finance

Véase P.R. Const. Art. VI, § 9.

Governments > State & Territorial 

Governments > Finance

HN2[ ] State & Territorial Governments, 

Finance

P.R. Const. Art. VI, § 9 obliga al Estado a manejar 

los fondos públicos con los más altos principios 

éticos y fiduciarios.

Governments > State & Territorial 

Governments > Finance

HN3[ ] State & Territorial Governments, 

Finance

Véase 3 L.P.R.A. § 283a(b).

Governments > State & Territorial 

Governments > Finance

HN4[ ] State & Territorial Governments, 

Finance

La política pública de la Ley Núm. 230, 3 L.P.R.A. 

§ 283a(b), requiere que los gastos y fondos 

públicos sean legítimos y legales y promuevan la 

máxima economía y óptima utilización de los 

recursos públicos y que los gastos del Gobierno se 

hagan dentro de un marco de utilidad, necesidad y 

austeridad.

Governments > State & Territorial 

Governments > Finance

HN5[ ] State & Territorial Governments, 

Finance

La Ley Núm. 230, 3 L.P.R.A. § 283a, tiene el 

propósito de crear control previo de todas las 

operaciones del gobierno de manera que cada 

entidad gubernamental pueda planificar su 

presupuesto y programas de gobierno.

Governments > State & Territorial 

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Governments > Finance

HN6[ ] State & Territorial Governments, 

Finance

Véase 3 L.P.R.A. § 283h(a).

Governments > State & Territorial 

Governments > Finance

HN7[ ] State & Territorial Governments, 

Finance

Véase 3 L.P.R.A. sec. 283g(a).

Governments > State & Territorial 

Governments > Finance

HN8[ ] State & Territorial Governments, 

Finance

El concepto "obligación" es definido en el Art. 3(k) 

de la Ley Núm. 230, 3 L.P.R.A. § 283b(k), como un 

compromiso contraído que esté representado por 

orden de compra, Contrato o documento similar, 

pendiente de pago, firmado por autoridad 

competente para gravar las asignaciones, y que 

puede convertirse en el futuro en deuda exigible.

Governments > State & Territorial 

Governments > Finance

HN9[ ] State & Territorial Governments, 

Finance

El precepto de la sana política pública 

administrativa requiere que los Contratos 

Gubernamentales cumplan con los siguientes 

requisitos: 1) se reduzcan a escrito; 2) se mantenga 

un registro fiel con mira a prima facie establecer su 

existencia; 3) se remita copia a la Oficina del 

Contralor como medio de una doble constancia de 

su otorgamiento, términos y existencia; y 4) que se 

acredite la certeza de tiempo, esto es, haber sido 

realizado y otorgado 15 días antes. Esa norma de 

contratación aplica a los Contratos municipales con 

entes privados. No obstante, esa norma no 

solamente la ha aplicado utilizando leyes y normas 

aplicables a los municipios, sino que también la ha 

extendido a la contratación gubernamental del 

Estado.

Governments > State & Territorial 

Governments > Finance

HN10[ ] State & Territorial Governments, 

Finance

Todo contrato entre un ente privado y el Estado 

debe constar por escrito para que tenga efecto 

vinculante entre las partes. Este requisito es 

indispensable pues tiene una insoslayable 

dimensión de sana administración pública, en la 

medida que permite salvaguardar los intereses de 

las partes contratantes frente a un incumplimiento, 

permite la ordenada utilización de los fondos 

municipales, evita la incertidumbre en la 

confección del presupuesto municipal y hace 

posible la adecuada identificación de la partida 

contra la cual se harán los desembolsos públicos en 

cumplimiento con la ley.

Governments > State & Territorial 

Governments > Finance

HN11[ ] State & Territorial Governments, 

Finance

El contrato escrito constituye un mecanismo 

profiláctico tendiente a evitar pagos y 

reclamaciones fraudulentas e ilegales.

Governments > State & Territorial 

Governments > Finance

HN12[ ] State & Territorial Governments, 

Finance

187 D.P.R. 730, *730; 2013 PR Sup. LEXIS 9, **1

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Realizar una obra antes de tener un vontrato escrito 

violenta los conceptos de contratación 

gubernamental que propenden una sana 

administración pública y control en los 

desembolsos de fondos públicos.

Governments > State & Territorial 

Governments > Finance

HN13[ ] State & Territorial Governments, 

Finance

Es necesario que un ente privado se asegure de 

obtener un contrato escrito previo a la ejecución de 

una obra o el otorgamiento de prestaciones y 

contraprestaciones.

Governments > State & Territorial 

Governments > Finance

HN14[ ] State & Territorial Governments, 

Finance

Un contrato retroactivo presupone una de dos (2) 

situaciones: 1) que había un contrato verbal entre el 

Estado y la entidad privada y este último estuvo 

ejecutándolo u otorgando prestaciones sin tener un 

acuerdo escrito; o 2) que simplemente no había 

ningún tipo de contrato mientras el ente privado 

provee prestaciones al Estado, con la esperanza de 

que algún día otorguen un contrato a su favor y 

retribuyan por sus bienes o servicios. Cualquiera de 

las dos situaciones anteriores promueve la no 

otorgación de contratos escritos mientras se intenta 

crear obligaciones para gravar las asignaciones de 

fondos públicos. Sin lugar a dudas esto es contrario 

a la norma de contratación gubernamental que 

exige que los contratos entre el gobierno y un ente 

privado se rijan únicamente por contratos escritos.

Governments > State & Territorial 

Governments > Finance

HN15[ ] State & Territorial Governments, 

Finance

La contratación retroactiva sobre el arrendamiento 

de un bien, no solamente está al margen de la 

normativa de contratación municipal, sino que 

también está reñida con la contratación 

gubernamental en general. Ciertamente, la 

contratación gubernamental retroactiva hace 

inoperante todo control previo a la formación de 

una obligación del Gobierno, lo cual es contrario a 

la política pública establecida en el Art. 2(e) de la 

Ley Núm. 230, 3 L.P.R.A. § 283a(e). Esta práctica 

impide, además, que terceros como la Oficina del 

Contralor cumplan con la política pública de la Ley 

Núm. 230 y que los ciudadanos puedan obtener el 

contrato escrito para pasar juicio sobre la 

contratación, pues el contrato se escribe y publica 

luego de la ejecución y consumación de las 

obligaciones allí dispuestas.

Abogados: Tribunal de Apelaciones: Región 

Judicial de San Juan.

Oficina de la Procuradora General: Lcda. Irene 

Soroeta Kodesh Procuradora General; Lcda. Leticia 

Casalduc Rabell Procuradora General Auxiliar.

Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. Carlos A. 

Piovanetti Rivera.

Jueces: Opinión del Tribunal emitida por la Jueza 

Asociada señora Pabón Charneco.

Opinion Por: Pabón Charneco

Opinion

 [*733] Opinión del Tribunal emitida por la Jueza 

Asociada señora Pabón Charneco

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de febrero de 2013.

Hoy, en lugar de evaluar la validez de la 

retroactividad de un Contrato de Obra otorgado por 

un municipio y un ente privado -como lo hicimos 

en ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 2011 TSPR 

187 D.P.R. 730, *730; 2013 PR Sup. LEXIS 9, **1

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180, 183 D.P.R. 530, 2011 Juris P.R. 185 (2011)-, 

nos corresponde examinar la validez de un Contrato 

de Arrendamiento de Cosas pactado 

retroactivamente por el Estado y un ente privado. 

 [*734] Específicamente, debemos determinar si 

procede el pago de cánones de arrendamiento en 

virtud de un Contrato que fue otorgado posterior al 

uso y disfrute de la propiedad en cuestión. 

Resolvemos, a priori, que la contratación 

gubernamental retroactiva es contraria a nuestros 

preceptos de contratación gubernamental [**2] que 

propenden la sana administración pública.

I

El 28 de julio de 2009 Jaap Corporation (en 

adelante Jaap o recurrida) presentó una Demanda 

sobre sentencia declaratoria y cobro de dinero en 

contra del Gobierno de Puerto Rico. Surge de los 

hechos estipulados por las partes, que el 

Departamento de Estado arrendó a Jaap los pisos 

tres (3) y cuatro (4) del edificio número 151 de la 

Calle Fortaleza esquina Calle San José de Viejo 

San Juan. Cada piso fue arrendado mediante 

Contratos separados. El arrendamiento del tercer 

piso fue acordado mediante el Contrato Núm. 2001-

000043, el cual fue suscrito el 27 de octubre de 

2000. Sin embargo, se dispuso que el Contrato 

entraría en vigor desde el 16 de enero de 2000 y 

regiría hasta el 30 de junio de 2000. Las partes 

también acordaron que

si a su vencimiento ninguna de las partes 

contratantes ha notificado a la otra su intención 

de enmendarlo o resolverlo, se entenderá 

renovado sin necesidad de notificación previa 

de ambas partes, por años económicos 

sucesivos a partir del primero de julio hasta 

completar un máximo de cinco (5) años o hasta 

completar un máximo de diez (10) años si el 

contrato corresponde a oficinas y dependencias 

localizadas en Estados [**3] Unidos o país del 

extranjero incluyendo las renovaciones.1

No hay controversia en cuanto a que este Contrato 

fue presentado en la Oficina del Contralor.

1 Moción Conjunta de Hechos Estipulados, Estipulación Núm. 5.

 [*735] Pasados cinco (5) años, Jaap comenzó una 

serie de comunicaciones dirigidas a suscribir otro 

Contrato de Arrendamiento. En una de las cartas la 

corporación señaló que el Contrato de las oficinas 

de las Juntas Examinadoras que ubican en el tercer 

piso del edificio en cuestión había vencido desde 

enero de 2005.2 Según arguye la recurrida, las 

partes comenzaron negociaciones y discusiones 

sobre la otorgación de un nuevo Contrato. De 

hecho, el 1 de julio de 2005 se redactó un 

documento intitulado "Contrato de Arrendamiento 

de Locales por Cinco Años o Menos o Hasta 10 

años" para el alquiler del tercer piso.3 Ese 

documento entraría en vigor el día "1 de julio de 

2005 sujeto a la aprobación de la Administración de 

Servicios Generales".4 Asimismo, dispuso que 

regiría las relaciones contractuales hasta el 30 de 

junio de 2006.5 Empero, este documento, aunque 

contiene al margen izquierdo las iniciales "W.G.A." 

y "C.E.D.", nunca llegó a ser firmado por las 

partes; tampoco fue aprobado por [**4] la 

Administración de Servicios Generales.6

No fue hasta el 18 de julio de 2007, cuando las 

partes finalmente suscribieron el Contrato Núm. 

2008-000009, referente al arrendamiento del piso 

tres (3). En ese Contrato las partes pactaron que el 

Departamento de Estado compensaría a Jaap por 

una suma ascendente a ciento dieciséis mil 

cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con once 

centavos ($116,459.11); cantidad correspondiente 

al arrendamiento del tercer piso desde el 1 de julio 

de 2005 hasta el 30 de junio de 2006.

Sin embargo, surge del expediente que aunque el 

Departamento de Estado ocupó el tercer piso desde 

el 1 de [*736] junio de 2005 hasta el 1 de febrero 

2 Íd., Estipulación Núm. 8.

3 Íd., Estipulación Núm. 7.

4 Íd.

5 Íd.

6 Íd. Conforme la Estipulación Núm. 7, "[l]os dos primeros folios del 

documento no contienen firma alguna, mientras que los cinco (5) 

folios subsiguientes titulados "Hojas de Continuación" contienen la 

firma del señor Carlos E. Cortés Díaz".

187 D.P.R. 730, *733; 2013 PR Sup. LEXIS 9, **1

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de 2008, esta entidad gubernamental nunca emitió 

pago por el arrendamiento del piso tres (3) 

correspondiente a la renta de este periodo. Según la 

recurrida, las rentas adeudadas ascienden a un total 

de trescientos veinte mil quinientos veintiún 

 [**5] dólares con cuarenta y seis centavos 

($320,521.46). El 12 de mayo de 2008 y el 30 de 

diciembre de 2008 las dos (2) Directoras de la 

Oficina de Asuntos Legales del Departamento de 

Estado, licenciadas Lourdes Adrienne Robles 

Torres y Patricia A. Castaing Lespier, suscribieron 

cartas a la representación legal de Jaap en las que 

reconocieron la totalidad de la deuda de dicha 

agencia.

Así las cosas, Jaap instó Demanda en cobro de 

dinero contra el Departamento de Estado. Luego de 

varias incidencias procesales, el Tribunal de 

Primera Instancia resolvió, en lo pertinente a la 

reclamación del tercer piso, que no existía 

controversia en cuanto a que las partes otorgaron un 

Contrato de Arrendamiento el 18 de julio de 2007 

para compensar a Jaap por la suma de ciento 

dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y nueve 

dólares con once centavos ($116,459.11) y así 

liquidar la deuda existente por el alquiler desde el 1 

de julio de 2005 hasta el 30 de junio de 2006. 

Además, en virtud del mismo Contrato Núm. 2008-

000009, determinó que el arrendamiento del tercer 

piso se extendió por el término de vigencia del 

Contrato hasta el 30 de julio de 2007. Resolvió, 

además, que el Departamento de Estado 

permaneció [**6] ocupando el piso tres (3) hasta 

febrero de 2008, con la aquiescencia de Jaap, por lo 

cual había operado la figura de la tácita 

reconducción. En fin, el Tribunal de Primera 

Instancia declaró Con Lugar la Demanda y ordenó 

el pago de la totalidad de su reclamación.

Inconforme, el Departamento de Estado recurrió al 

Tribunal de Apelaciones. Planteó que la deuda no 

estaba sustentada por un Contrato debidamente 

perfeccionado, conforme a la normativa aplicable a 

la contratación gubernamental. [*737] De igual 

forma, arguyó que no podía aplicarse la norma de la 

tácita reconducción a este caso pues obra en contra 

del interés público y del buen manejo de fondos del 

Estado.

Sometida la controversia, el Tribunal de 

Apelaciones dictaminó que se justificaba el pago de 

cánones de arrendamiento devengados 

retroactivamente para el período comprendido 

desde el 1 de julio de 2005 hasta el 30 de junio de 

2006. Razonó que el Contrato Núm. 2008-000009 

se redujo a escrito y cumplió con los demás 

requisitos que se exigen para la contratación 

gubernamental. En cuanto a la retroactividad del 

Contrato, el tribunal apelativo intermedio entendió 

que la única disposición de ley que impide la 

contratación gubernamental retroactiva [**7] es la 

Ley Núm. 237-2004, la cual no era de aplicación al 

caso de autos al reglamentar únicamente la 

contratación de servicios profesionales o 

consultivos, mas no rige los Contratos de 

Arrendamiento de Cosas.7

A contrario sensu, en cuanto al periodo 

comprendido desde 1 de julio de 2006 al 30 de julio 

de 2007, el tribunal a quo resolvió que el Contrato 

Núm. 2008-000009 carecía de un elemento esencial 

de los Contratos de arrendamiento de cosas: precio 

cierto. Es decir, el Tribunal de Apelaciones 

interpretó que del referido Contrato no surgía un 

canon de arrendamiento pactado para el periodo 

comprendido entre el 1 de julio de 2006 al 30 de 

julio de 2007. Asimismo, dispuso que cualquier 

esfuerzo para establecer un precio o canon de 

arrendamiento, en el mejor de los casos, conduciría 

a la especulación.

En cuanto a la ocupación del tercer piso durante el 

periodo del 1 de agosto de 2007 hasta el 29 de 

febrero de 2008, el Tribunal de Apelaciones revocó 

la determinación del tribunal de instancia. El foro 

apelativo [**8] intermedio concluyó [*738] que 

no aplicaba la figura de tácita reconducción porque 

ello equivaldría a realizar un nuevo Contrato sin 

cumplir con los rigurosos requisitos y formalidades 

7 El Departamento de Estado no argumentó ante este Tribunal la 

aplicabilidad de la Ley Núm. 237-2004; por tal razón, rechazamos 

hacer una interpretación del referido estatuto en esta ocasión.

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como lo son el consentimiento escrito y expreso -no 

tácito- y el registro del Contrato en la Oficina del 

Contralor. Según el tribunal apelativo intermedio, 

permitir la operación de la figura de la tácita 

reconducción crearía una excepción a las normas de 

contratación gubernamental que permitiría el 

desembolso de fondos públicos sin exigir el 

cumplimiento de aquellas normas de contratación 

gubernamental que propenden a proteger los 

recursos fiscales del Estado contra la dispendia, 

prevaricación, el favoritismo y riesgos de 

incumplimiento.

En resumen, el tribunal a quo confirmó 

parcialmente al tribunal sentenciador en cuanto a la 

renta correspondiente al periodo comprendido ente 

julio 2005 y el 30 de junio de 2006. A contrario 

sensu, revocó al tribunal de instancia en cuanto a la 

otorgación y desembolso correspondiente de fondos 

públicos para el pago de cánones para el periodo 

comprendido entre el 1 de julio de 2006 al 30 de 

julio de 2007, por el Contrato carecer de un precio 

cierto. Asimismo, revocó al tribunal [**9] de 

instancia en cuanto al uso de fondos públicos para 

pagar cánones de arrendamiento desde el 1 de julio 

de 2006 hasta el mes de febrero 2008, en virtud de 

la tácita reconducción.

Inconforme con la determinación del Tribunal de 

Apelaciones, el Departamento de Estado presentó 

el recurso de certiorari que nos ocupa. En este 

plantea el siguiente error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

ordenar el pago de una alegada deuda que no 

está sustentada por un contrato debidamente 

perfeccionado conforme a la normativa 

aplicable a la contratación gubernamental.

Atendida la petición de certiorari, el 9 de 

diciembre de 2011, acordamos no expedir el 

recurso de epígrafe. No obstante, el 3 de febrero de 

2012, expedimos el auto en [*739] 

reconsideración. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a 

resolver el recurso de autos.

II

Toda erogación de fondos en nuestro país está 

supeditada al siguiente imperativo constitucional:

HN1[ ] Sólo se dispondrá de las propiedades 

y fondos públicos para fines públicos y para el 

sostenimiento y funcionamiento de las 

instituciones del Estado, y en todo caso por 

autoridad de ley. Art. VI, Sec. 9, Const. P.R., 

L.P.R.A., Tomo 1.

Hemos sido consistentes en reiterar [**10] que 

HN2[ ] esta disposición constitucional obliga al 

Estado a manejar los fondos públicos con los más 

altos principios éticos y fiduciarios. Véanse, por 

ejemplo, Lugo v. Municipio de Guayama, 2004 

TSPR 166, 163 D.P.R. 208, 2004 Juris P.R. 171 

(2004); Hatton v. Mun. de Ponce, 134 D.P.R. 1001, 

1994 Juris P.R. 2 (1994); Mar-Mol Co., Inc. v. 

Adm. Servicios Gens., 126 D.P.R. 864, 1990 Juris 

P.R. 111 (1990).

Con el propósito de cumplir con este precepto 

constitucional, la Asamblea Legislativa ha 

aprobado legislación diseñada a imponer controles 

fiscales y de contratación gubernamental, de 

manera que las estructuras gubernamentales 

cumplan con este mandato constitucional de la sana 

administración de los fondos públicos. Así, por 

ejemplo, la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, 

según enmendada, conocida como Ley de 

Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, 3 

L.P.R.A. sec. 283, establece la política pública del 

Estado en relación con el control y la contabilidad 

de los fondos y propiedad pública. En general, la 

política pública plasmada en esta ley consiste en 

que la contabilidad del Gobierno

HN3[ ] provea la información financiera 

necesaria para la administración de las 

operaciones gubernamentales y para la 

preparación y ejecución del presupuesto, y 

constituya un control [*740] efectivo 

 [**11] sobre los ingresos, desembolsos, 

fondos, propiedad y otros activos del gobierno. 

Art. 2(b) de la Ley Núm. 230, supra, 3 L.P.R.A. 

sec. 283a(b).

187 D.P.R. 730, *738; 2013 PR Sup. LEXIS 9, **8

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Asimismo, en RDT Const. Corp. v. Contralor I, 

141 D.P.R. 424, 451 (1996) señalamos que HN4[

] la política pública de la Ley Núm. 230, supra, 

requiere

que los gastos y fondos públicos sean legítimos 

y legales y promuevan la máxima economía y 

óptima utilización de los recursos públicos y 

que los gastos del Gobierno se hagan dentro de 

un marco de utilidad, necesidad y austeridad. 

(Énfasis en original.)

HN5[ ] Esta legislación, además, tiene el 

propósito de crear "control previo de todas las 

operaciones del gobierno" de manera que cada 

entidad gubernamental pueda planificar su 

presupuesto y programas de gobierno. Art. 2(e) de 

la Ley Núm. 230, supra 3 L.P.R.A. sec. 283a(e). El 

Art. 9(a) del estatuto dispone:

HN6[ ] Las dependencias ordenarán 

obligaciones y desembolsos de sus fondos 

públicos únicamente para obligar o pagar 

servicios, suministros de materiales y equipos, 

reclamaciones u otros conceptos que estuvieren 

autorizados por ley. El Secretario contabilizará 

las obligaciones y efectuará u contabilizará los 

desembolsos a través de documentos que 

sometan las dependencias, [**12] los cuales 

serán previamente aprobados para obligación 

o pago por el jefe de la dependencia 

correspondiente o por el funcionario o 

empleado que éste designare como su 

representante autorizado. 3 L.P.R.A. sec. 

283h(a). (Énfasis suplido.)

De igual forma, el Art. 8(a) de la Ley Núm. 230, 

supra, establece en lo pertinente que

HN7[ ] Todas las asignaciones y los fondos 

autorizados para las atenciones de un año 

económico serán aplicados exclusivamente al 

pago de los gastos legítimamente incurridos

durante el respectivo año o al pago de 

obligaciones legalmente contraídas y 

debidamente asentadas en los libros. . . . 3 

L.P.R.A. sec. 283g(a). (Énfasis suplido).

HN8[ ] El concepto "obligación" es definido en el 

Art. 3(k) de la Ley Núm. 230, supra, como [*741] 

"un compromiso contraído que esté representado 

por orden de compra, Contrato o documento 

similar, pendiente de pago, firmado por autoridad 

competente para gravar las asignaciones, y que 

puede convertirse en el futuro en deuda exigible". 3 

L.P.R.A. sec. 283b(k). De las disposiciones de ley 

antes citadas se desprende que la facultad del 

Estado para desembolsar fondos públicos está 

limitada por los procedimientos y preceptos 

establecidos en las leyes. Además, como 

 [**13] veremos más adelante, también están 

supeditados a los preceptos de sana administración 

pública delineados en nuestra jurisprudencia. 

Véanse, por ejemplo, Mun. Quebradillas v. Corp. 

Salud Lares, 2011 TSPR 27, 180 D.P.R. 1003, 2011 

Juris P.R. 32 (2011); Colón Colón v. Mun. de 

Arecibo, 170 D.P.R. 718 (2007); De Jesús 

González v. A.C., 148 D.P.R. 255 (1999).

Desde Ocasio v. Municipio de Maunabo, 121 

D.P.R. 37 (1988), hemos interpretado que HN9[ ] 

el precepto de la sana política pública 

administrativa requiere que los Contratos 

Gubernamentales cumplan con los siguientes 

requisitos: 1) se reduzcan a escrito; 2) se mantenga 

un registro fiel con mira a prima facie establecer su 

existencia; 3) se remita copia a la Oficina del 

Contralor como medio de una doble constancia de 

su otorgamiento, términos y existencia; y 4) que se 

acredite la certeza de tiempo, esto es, haber sido 

realizado y otorgado quince (15) días antes. Íd., 

pág. 54. En aquella ocasión, aplicamos esa norma 

de contratación a los Contratos municipales con 

entes privados. No obstante, no queda duda que esa 

norma no solamente la hemos aplicado utilizando 

leyes y normas aplicables a los municipios, sino 

que también la hemos extendido a la contratación 

gubernamental del Estado. Véase CMI Hospital v. 

Dpto. Salud, 2007 TSPR 99, 171 D.P.R. 313, 2007 

Juris P.R. 105 (2007).

Así [**14] las cosas, y alejándonos de la norma 

general de los Contratos, hemos establecido que 

HN10[ ] todo Contrato entre un ente privado y el 

187 D.P.R. 730, *740; 2013 PR Sup. LEXIS 9, **11

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Estado debe constar por escrito para que tenga 

efecto vinculante entre las partes. Colón [*742] 

Colón v. Mun. de Arecibo, supra, págs. 725-726. 

Este requisito es indispensable pues

tiene una insoslayable dimensión de sana 

administración pública, en la medida que 

permite salvaguardar los intereses de las partes 

contratantes frente a un incumplimiento, 

permite la ordenada utilización de los fondos 

municipales, evita la incertidumbre en la 

confección del presupuesto municipal y hace 

posible la adecuada identificación de la partida 

contra la cual se harán los desembolsos 

públicos en cumplimiento con la ley. Colón 

Colón v. Mun. de Arecibo, supra, pág. 730.

Asimismo, HN11[ ] el Contrato escrito 

"constituye un mecanismo profiláctico tendiente a 

evitar pagos y reclamaciones fraudulentas e 

ilegales". Íd.

Sin embargo, en Mun. Quebradillas v. Corp. Salud 

Lares, supra, examinamos si procedía una acción 

en cobro de dinero incoada por un municipio en 

contra de una corporación, aun cuando no existía 

Contrato entre las partes. En esa ocasión 

concluimos que, aunque no existía un Contrato 

escrito, [**15] un municipio tiene derecho a 

recobrar el dinero público que desembolsó 

incorrectamente mediante un acuerdo nulo. Íd., 

págs. 1015-1016. Fundamentamos nuestro 

dictamen en el hecho de que "estaríamos dejando 

en manos privadas unos fondos públicos que no le 

corresponden". Íd. De esta forma aclaramos que 

nuestro razonamiento en casos de contratación 

gubernamental no se fundamenta meramente en 

favorecer a los municipios o al Estado, sino que 

evaluamos cada caso bajo el crisol de la sana 

administración y la protección de los fondos 

públicos.8

8 A tales efectos dispusimos que

No hacer la distinción cuando es un ente público el que reclama 

permitiría que un funcionario inescrupuloso favorezca a ciertos 

contratistas, pagándoles de antemano por unos servicios, pero 

 [*743] La última ocasión en que nos expresamos 

en cuanto a la contratación gubernamental fue en 

ALCO Corp. v. Mun. De Toa Alta, supra.

 [**16] La controversia en ese caso surgió cuando 

ALCO obtuvo la adjudicación de la buena pro de 

una subasta de Contrato de Obra para pavimentar 

un área en el Municipio de Toa Alta. Aún sin 

obtener un Contrato escrito, ALCO comenzó a 

ejecutar la obra, entiéndase, a pavimentar. No fue 

hasta luego de completar el trabajo de 

pavimentación que las partes otorgaron el Contrato 

escrito. No había duda de que el Municipio envió 

copia a la Oficina del Contralor y fue registrado en 

los libros municipales. Pasados varios intentos de 

cobro al Municipio, ALCO presentó Demanda en 

cobro de dinero ante el Tribunal de Primera 

Instancia. Ese tribunal desestimó la Demanda 

sumariamente al entender que la rigurosidad de los 

requisitos de contratación con los municipios 

impedía que ALCO cobrara por una obra realizada 

previo al otorgamiento del Contrato escrito. El 

Tribunal de Apelaciones confirmó al tribunal 

sentenciador y resolvió que "de otra manera 

trastocaría el sistema de controles de desembolso 

de fondos públicos. . . pues se prestaría para que se 

convalidaran acuerdos llegados entre contratistas y 

municipios sin cumplir con el proceso establecido 

por nuestro ordenamiento". ALCO Corp. v. Mun. de 

Toa Alta, supra, pág. [**17] 553.

Aprovechamos aquella ocasión para rechazar 

tajantemente la validación de Contratos 

Municipales retroactivos. En ese sentido, 

concluimos que era necesario suscribir un Contrato 

escrito previo a la ejecución de la obra. "En caso 

contrario, se ignoraría el interés público de regular 

las inspecciones de la obra y restringir los 

parámetros de subcontratación, entre otras 

medidas cautelares". . . . (Énfasis en original). 

ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, pág. 551. 

sin un contrato escrito, con la intención de que cuando se inicie 

el proceso legal de cobro de dinero, se pueda presentar como 

defensa que el contrato no cumple con los requisitos formales 

exigidos por ley y el contratista no tenga que devolver lo que se 

le pagó ilegalmente. Mun. Quebradillas v. Corp. Salud, 2011 

TSPR 27, 180 D.P.R. 1003, 1016, 2011 Juris P.R. 32 (2011).

187 D.P.R. 730, *741; 2013 PR Sup. LEXIS 9, **14

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Específicamente, establecimos que validar un 

Contrato retroactivo podría fomentar el que un 

contratista realice la obra antes de la otorgación del 

Contrato escrito como medida de presión para la 

otorgación futura del Contrato. Íd., [*744] pág. 

543. Igualmente razonamos que validar los 

Contratos retroactivos propende a que un 

contratista realice la obra y espere a que cambie la 

administración del municipio para convalidar su 

acto. Por tanto, validar esa teoría

premiaría a quien se confabule con un 

funcionario corrupto del municipio para no 

seguir las normas de administración pública 

sana, consciente de que tan pronto culmine la 

obra tendrá derecho a reclamar compensación 

sin importar que no siguió la ley al contratar. 

Íd., pág. [**18] 544.

Además, al interpretar el Art. 8.004 de la Ley Núm. 

81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 

conocida como Ley de Municipios Autónomos del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, 21 

L.P.R.A. sec. 4354, resolvimos que esa actuación 

"comprometió los fondos de un año fiscal, para el 

pago de una obligación contraída ilegalmente en 

un año fiscal anterior". Íd., pág. 543. (Énfasis 

suplido.)

En fin, concluimos que HN12[ ] realizar una obra 

antes de tener un Contrato escrito violenta los 

conceptos de contratación gubernamental que 

propenden una sana administración pública y 

control en los desembolsos de fondos públicos.

A tenor con lo anterior, pasamos a aplicar los 

fundamentos esbozados al caso de autos para 

determinar si procede el cobro de la renta del tercer 

piso de la propiedad arrendada, en virtud de un 

Contrato de Arrendamiento que fue otorgado 

posterior al uso y disfrute de la propiedad en 

cuestión.

III

Según intimado, hoy, en lugar de evaluar la validez 

de un Contrato de Obra otorgado retroactivamente 

por un municipio y un ente privado como lo 

hicimos en ALCO [*745] Corp. v. Mun. de Toa 

Alta, supra, debemos examinar la validez de un 

Contrato de Arrendamiento de Cosas pactado 

retroactivamente [**19] por el Estado y un ente 

privado.

El Departamento de Estado alega que los Contratos 

retroactivos son contrarios a la normativa de la 

contratación gubernamental porque favorecen los 

acuerdos verbales, lo cual está al margen de la ley y 

de nuestros pronunciamientos. Por tanto, entiende 

que la reclamación en este caso no es exigible al 

fundamentarse en un Contrato retroactivo otorgado 

el 18 de julio de 2007, para cubrir cánones de 

arrendamiento correspondientes al periodo del 1 de 

julio de 2005 hasta el 30 de junio de 2006.

A contrario sensu, Jaap arguye que el piso tres (3) 

del edificio en cuestión fue arrendado 

originalmente mediante el Contrato Núm. 2001-

000043, el cual tuvo vigencia desde el 16 de enero 

de 2000 hasta el 30 de junio de 2000. La recurrida 

postula, además, que el arrendamiento en cuestión 

estuvo cubierto por el Contrato original pues en su 

Cláusula Tres (3) especifica que si ninguna de las 

partes notificaba a la otra su intención de 

enmendarlo o resolverlo, se renovaría 

automáticamente por cinco (5) años o por diez (10) 

si la propiedad estaba localizada en Estados 

Unidos. La posición de la corporación es que el 

Departamento de Estado ocupó el piso tres (3) 

durante un periodo [**20] de tiempo que estaba 

cubierto por la cláusula de renovación automática 

dispuesta en el Contrato Núm. 2001-000043 y que 

este Contrato pudo extenderse por diez (10) años, 

hasta el 15 de enero de 2010. Finalmente, alegó que 

el Contrato Núm. 2008-000009 tuvo el efecto 

limitado de formalizar la renovación automática 

acordada en el primer Contrato. Diferimos.

Luego de examinar la totalidad del expediente, no 

podemos concluir que hubo una renovación 

automática del arrendamiento núm. 2001-000043. 

No encontramos prueba o fundamento jurídico en 

el expediente que fundamente la posición de Jaap. 

Nuestra [*746] conclusión se hace patente al 

187 D.P.R. 730, *743; 2013 PR Sup. LEXIS 9, **17

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examinar el Contrato Núm. 2008-000009, el cual 

dispone:

CUARTO: El DEPARTAMENTO y JAAP 

Corporation, formalizaron un contrato de 

arrendamiento del tercer piso del Antiguo 

edificio Marshall en el Viejo San Juan 

(renovable automáticamente por cinco años 

consecutivos) el 16 de enero de 2000 y el 15 de 

enero de 2005, terminó la vigencia del 

acuerdo contractual (énfasis suplido). 

Contrato Núm. 2008-000009, pág. 3.

QUINTO: Que vencido el contrato entre las 

partes, JAAP Corporation consintió y estuvo 

de acuerdo en que el DEPARTAMENTO

continuara ocupando el tercer piso del 

mencionado [**21] Edificio para que los 

servicios de las juntas examinadoras a la 

ciudadanía no se interrumpieran y se vieran 

afectados, a pesar de no existir un acuerdo 

contractual escrito (énfasis suplido). Íd.

De lo anterior se desprende, en primer lugar, que 

las partes convinieron e interpretaron que el 

Contrato original tuvo vigencia hasta el 15 de 

enero de 2005, y no se extendió por diez (10) años 

como argumenta Jaap. Es decir, el Departamento de 

Estado ocupó el tercer piso desde el 1 de julio de 

2005 hasta el 29 de febrero de 2008 sin Contrato 

escrito. En segundo lugar, estas cláusulas revelan 

que Jaap consintió expresamente a que el 

Departamento de Estado continuara ocupando 

el tercer piso, sin Contrato escrito. En 

conclusión, no tiene mérito la alegación de Jaap a 

los efectos de que el Contrato Núm. 2001-000049 

se renovó automáticamente. Esa interpretación 

acomodaticia no encuentra fundamento y es 

contraria a las claras expresiones realizadas por 

ambas partes en el Contrato Núm. 2008-000009. 

No obstante, resta determinar si el Contrato 

posterior tuvo el efecto de crear una obligación 

válida para el pago retroactivo de cánones de 

arrendamiento.

El canon de arrendamiento que Jaap pretende 

obtener [**22] en virtud del Contrato Núm. 2008-

000009, tiene el propósito de cobrar una suma 

ascendente a ciento dieciséis mil cuatrocientos 

cincuenta y nueve dólares con once centavos 

($116,459.11), para así retribuir a Jaap por el uso y 

 [*747] disfrute retroactivo del piso tres (3). En 

otras palabras, lo que se pretende reconocer en el 

Contrato Núm. 2008-000009 es una obligación de 

pago que fue generada sin tener un Contrato 

escrito y perfeccionado conforme a las 

formalidades que le aplican a la contratación 

gubernamental. Sin embargo, según mencionamos 

anteriormente, en ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 

supra, pág. 551, hicimos claro que HN13[ ] es 

necesario que un ente privado se asegure de obtener 

un Contrato escrito previo a la ejecución de una 

obra o el otorgamiento de prestaciones y 

contraprestaciones, como lo es en este caso permitir 

el uso y disfrute del tercer piso del edificio 

propiedad de Jaap.

HN14[ ] Un Contrato retroactivo como el de 

autos presupone una de dos (2) situaciones: 1) que 

había un Contrato verbal entre el Estado y la 

entidad privada y este último estuvo ejecutándolo u 

otorgando prestaciones sin tener un acuerdo escrito; 

o 2) que simplemente no había ningún tipo de 

Contrato mientras el ente privado [**23] provee 

prestaciones al Estado, con la esperanza de que 

algún día otorguen un Contrato a su favor y 

retribuyan por sus bienes o servicios. Cualquiera de 

las dos (2) situaciones anteriores promueve la no 

otorgación de Contratos escritos mientras se intenta 

crear obligaciones para gravar las asignaciones de 

fondos públicos. Sin lugar a dudas esto es contrario 

a la norma de contratación gubernamental que 

exige que los Contratos entre el gobierno y un ente 

privado se rijan únicamente por Contratos escritos. 

Alco Corp. v. Municipio de Toa Alta, supra; Colón 

v. Mun. de Arecibo, supra. Basta recordar que de lo 

contrario, estaríamos premiando a quien se 

confabule con un funcionario corrupto "para no 

seguir las normas de una administración pública 

sana, consciente de que. . . tendrá derecho a 

reclamar compensación sin importar que no siguió 

la ley al contratar". ALCO Corp. v. Mun. de Toa 

Alta, supra, pág. 544.

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En este caso, Jaap permitió que el Departamento de 

Estado disfrutara y usara el tercer piso del edificio. 

Esto [*748] nos lleva a concluir que Jaap otorgó 

prestaciones propias de un Contrato de 

Arrendamiento -dar el "goce o uso de una cosa por 

tiempo determinado. . . ."9 - con la esperanza de 

 [**24] que, aun sin Contrato escrito, el 

Departamento de Estado suscribiera en el futuro un 

Contrato escrito en virtud del cual pudiera gravar 

fondos públicos para el pago de cánones de 

arrendamiento.

Hoy resolvemos que HN15[ ] la contratación 

retroactiva sobre el arrendamiento de un bien, no 

solamente está al margen de la normativa de 

contratación municipal, sino que también está 

reñida con la contratación gubernamental en 

general. Ciertamente, la contratación 

gubernamental retroactiva hace inoperante todo 

control previo a la formación de una obligación del 

Gobierno, lo cual es contrario a la política pública 

establecida en el Art. 2(e) de la Ley Núm. 230, 

supra, 3 L.P.R.A. sec. 283a(e). Esta práctica 

impide, además, que terceros como la Oficina del 

Contralor cumplan con la política pública de la Ley 

Núm. 230, supra, y que los ciudadanos puedan 

obtener el Contrato escrito para pasar juicio sobre 

la contratación, pues el Contrato se escribe y 

publica luego de la ejecución y consumación de las 

obligaciones allí dispuestas. ALCO Corp. v. Mun de 

Toa Alta, supra.

Al aplicar la normativa antes expuesta, colegimos 

que la reclamación del recurrido [**25] no es 

exigible. No podemos concluir de otra manera, 

pues la reclamación en controversia se apoya en un 

Contrato otorgado el 18 de julio de 2007 para 

cubrir los cánones de arrendamiento 

correspondientes al periodo del 1 de junio de 2005 

hasta el 30 de junio de 2006. Esta actuación 

comprometió los fondos de un año fiscal para el 

pago de una obligación contraída ilegalmente en 

un año fiscal anterior; acto que fue realizado en 

contravención al Art. 8(a) de la Ley Núm. 230, 

9 Art. 1433 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 4012.

supra, 3 L.P.R.A. sec. 283g(a). Véase ALCO Corp. 

v. Mun. de Toa Alta, supra, [*749] pág. 543. Este 

Contrato resulta ser ineficaz.10 El Estado no puede 

realizar un desembolso de fondos públicos en 

contravención a la ley y la jurisprudencia 

interpretativa de los estrictos requisitos que aplican 

a la contratación gubernamental. En consecuencia, 

no procede ordenarle al Departamento de Estado el 

cumplimiento del Contrato Núm. 2008-000009.11

IV

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos en 

parte el dictamen recurrido emitido por el Tribunal 

de Apelaciones en cuanto al pago de cánones de 

arrendamiento a Jaap por una suma ascendente a 

ciento dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y nueve 

dólares con once centavos ($116,459.11).

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

10 Por otro lado, la operación de la figura de la tácita reconducción 

presupone la existencia de un contrato válido. Art. 1456 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A 4063. Al resolver que el Contrato Núm. 2008-

000009 es ineficaz, resulta innecesaria cualquier expresión en torno a 

la operación de la doctrina [**26] de la tácita reconducción en los 

contratos gubernamentales.

11 La recurrida argumenta, en la alternativa, que de pautar una norma 

distinta a la esbozada en su alegato, no debemos aplicarla al caso de 

autos porque al otorgar el Contrato Núm. 2008-000009, Jaap confió 

en el estado de Derecho pautado por la Orden Ejecutiva Núm. 2006-

23 de 22 de junio de 2006. Esa Orden Ejecutiva disponía, en esencia, 

que las agencias e instrumentalidades públicas podían otorgar 

contratos formales con vigencia retroactiva. Sin adentrarnos en la 

validez de esta Orden Ejecutiva, la realidad es que los contratos 

retroactivos han sido objeto de contundentes señalamientos por parte 

de la Oficina del Contralor y el Departamento de Justicia. Véanse 

Oficina del Contralor, Carta Circular OC-98-01 de 8 de julio de 

1997; Op. Sec. Just. Núm. Núm. 2001-14 de 2 de julio de 2001. No 

fue hasta la emisión de la Orden Ejecutiva que se fomentó por 

primera vez el uso de contratos formales retroactivos.

La solicitud de Jaap no cambia nuestro razonamiento. Es suficiente 

examinar la cronología de los hechos para saber que Jaap permitió 

que el Departamento de Estado gozara y disfrutara el tercer piso del 

edificio en cuestión, aún [**27] cuando ni siquiera existía la Orden 

Ejecutiva Núm. 2006-23, supra.

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SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 1 de febrero de 2013.

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos en 

parte el dictamen recurrido emitido por el Tribunal 

de Apelaciones en cuanto al pago de cánones de 

arrendamiento a Jaap por una suma ascendente a 

ciento dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y nueve 

dólares con once centavos ($116,459.11).

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la 

Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza 

Asociada señora Fiol Matta y la Juez Asociada 

señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron. El 

Juez Presidente señor Hernández Denton no 

interviene.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

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