Exhibit F

Sentencia

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Número Identificador

SEN2021 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

WPR LA CERÁMICA LP, S.E.

Recurrido

v.

ESTADO LIBRE ASOCIADO 

DE PUERTO RICO; 

DEPARTAMENTO DE LA 

FAMILIA

Peticionarios

KLCE202101045

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Carolina

Civil Núm.:

CA2020CV00895

Cobro de Dinero

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 

Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2021.

Comparece ante nos el Departamento de la Familia, por 

conducto de la Oficina del Procurador General (Departamento o 

peticionario), y solicita la revocación de la Resolución notificada el 

26 de mayo de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina (TPI). Mediante la referida determinación, el 

TPI validó la cláusula cuadragésima segunda incluida a través de 

una enmienda al contrato de arrendamiento suscrito entre las 

partes de epígrafe. A su vez, declaró No Ha Lugar las solicitudes de 

sentencia sumaria traídas a su atención.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari solicitado y revocamos el 

pronunciamiento recurrido.

I.

Según surge del expediente, el 1 de marzo de 2014 WPR La 

Cerámica LP, S.E. (en adelante, WPR o recurrida) otorgó un contrato 

de alquiler en el que figuró como parte arrendadora y el 

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Departamento de la Familia como arrendatario. Mediante el mismo 

se arrendó un local situado en Carolina, con el objetivo de utilizarlo 

como almacén central. El 7 de agosto de 2018, las partes 

enmendaron el contrato para reducir el área arrendada y acordaron 

un canon mensual de $19,479.17. En específico, la enmienda 

conllevó que la Cláusula Cuadragésima Segunda del convenio 

dispusiera lo siguiente:

VIGENCIA: Este contrato estará vigente a partir del 1 de 

marzo de 2014 hasta el 28 de febrero de 2019, sujeto a 

la disponibilidad de fondos. Luego del 28 de febrero de 

2019, si el ARRENDATARIO continúa ocupando el 

inmueble arrendado, le pagará de mes a mes la 

cantidad mensual pactada ($19,479.17) hasta que se 

renueve el contrato o el ARRENDATARIO entregue la 

llave y desaloje el inmueble. Los cánones se pagarán de 

las cifras de cuentas identificadas por la PRIMERA 

PARTE. 

Así las cosas, el 9 de marzo de 2020 WPR presentó una 

demanda de cobro de dinero contra el Estado y el Departamento de 

la Familia. Alegó que, a tenor con la cláusula cuadragésima segunda 

de la enmienda al contrato de alquiler, el acuerdo terminaba el 28 

de febrero de 2019, salvo que el Departamento continuara ocupando 

el local, en cuyo caso, se extendería de mes a mes. Adujo que el 

Departamento permaneció ocupando el local hasta agosto de 2019, 

por lo que el convenio se prolongó de mes a mes con un canon de 

$19,479.17. Añadió que el Departamento le pagó la renta de junio 

de 2019, más no así aquella relacionada a los meses de mayo, julio 

y agosto de dicho año. A tales efectos, esbozó que era acreedor de 

$58,115.13, deuda que arguyó estaba vencida, líquida y exigible.

Por su parte, el 6 de agosto de 2020 el Departamento contestó 

la demanda. En lo pertinente, argumentó en contra de la cláusula 

en la cual WPR basó su reclamación, por entender que esta 

conllevaba aplicar la doctrina de la tácita reconducción en contra 

del Estado. Específicamente, razonó que la referida doctrina no era 

compatible con las leyes y la jurisprudencia que regulan la 

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contratación gubernamental. Por tanto, solicitó al TPI que declarara 

No Ha Lugar la demanda instada en su contra.

Tras varios trámites, el 15 de diciembre de 2020 WPR solicitó 

al foro primario que emitiera una sentencia sumaria a su favor. 

Alegó que no existía controversia sobre los siguientes hechos: (1) que 

entre las partes se perfeccionó y formalizó adecuadamente un 

contrato de arrendamiento y su posterior enmienda; (2) que el 

término del acuerdo concernido era del 1 de marzo de 2014 al 28 de 

febrero de 2019; (3) que durante la vigencia del contrato este se 

enmendó para reducir el espacio alquilado y el canon mensual; (4) 

que la fecha de vencimiento continuó siendo el 28 de febrero de 2019 

y la enmienda especificó que, en caso de que el Departamento 

continuara ocupando el local, el acuerdo se extendería de mes a mes 

hasta que se renovase o se diera por terminado y (5) que llegado el 

28 de febrero de 2019, el Departamento continuó ocupando el 

edificio arrendado por un término de seis (6) meses, de marzo a 

agosto de 2019, hasta que el contrato culminó debido a la venta de 

los predios alquilados a una tercera entidad.

A raíz de lo anterior, WPR adujo que el contrato y la enmienda 

en cuestión cumplían con los rigores de ley aplicables a los acuerdos 

entre el gobierno y un ente privado, toda vez que ambos constaban 

por escrito y fueron registrados en la Oficina del Contralor dentro 

del término de 15 días siguientes a su otorgación. Además, destacó 

que no se trataba de una contratación retroactiva porque la 

enmienda se hizo dentro de la vigencia del convenio original. De 

otro lado, esgrimió que la cláusula cuadragésima segunda constaba 

por escrito, por lo que era improcedente aludir a la figura de la tácita 

reconducción. A tales efectos, razonó que dicha cláusula se ajustaba 

a las disposiciones de la jurisprudencia aplicable, pues lograba 

evitar que en situaciones en que el Estado continuara ocupando el 

local arrendado luego de la fecha de vencimiento del contrato, este 

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se lucrara injustificadamente a expensas del ente privado. Por ello, 

sostuvo que la referida estipulación era válida y eficaz en derecho en 

todos sus extremos. En relación con la deuda reclamada, WPR 

esbozó que el Departamento satisfizo los pagos de marzo, abril y 

junio de 2019, pero no los correspondientes a mayo, julio y agosto 

de 2019, generando una deuda de $58,115.13 que estaba vencida, 

líquida y exigible.1

Por su parte, el 15 de diciembre de 2020 el Departamento 

incoó una moción de sentencia sumaria. En su escrito, particularizó 

que la cláusula en cuestión violaba la normativa sobre contratación 

gubernamental y el buen manejo de fondos públicos. Subrayó que 

WPR estaba equivocado al entablar la reclamación de cobro de 

dinero a base de la enmienda al contrato de arrendamiento 

concernido. Enfatizó que la referida cláusula pactó aplicar la figura 

de la tácita reconducción al arrendamiento en el cual una parte es 

un ente gubernamental. Conforme a lo anterior, aludió que dicho 

acuerdo era contrario a la ley, pues su lenguaje abierto e 

indefinido relacionado al término del arrendamiento, con el 

propósito de autorrenovarse mes a mes, constituía otro contrato que 

no constaba por escrito y carecía de las formalidades requeridas 

para la contratación gubernamental. Así, resaltó que el lenguaje de 

la enmienda incumplía con las disposiciones jurisprudenciales y 

legislativas aplicables debido a su ambigüedad e incertidumbre en 

los fondos públicos necesarios para cubrir el nuevo contrato mes a 

mes sin fecha cierta o específica de terminación. Arguyó que distinto 

hubiera sido si las partes hubieran pactado enmendar el acuerdo 

por un tiempo de vigencia adicional o utilizar cláusulas penales 

económicas por razón de la ocupación de la propiedad posterior a la 

1

Junto a su solicitud anejó copia de los siguientes documentos: contrato de arrendamiento, la 

enmienda realizada en el 2018, facturas de los cánones de arrendamiento relacionadas a los meses 

de mayo, julio y agosto de 2019, certificación de pagos realizados a WPR por el Departamento de 

la Familia fechada 2 de septiembre de 2020, cheques emitidos a favor de WPR, Declaración Jurada 

de April Carol Niedda, contralora de WPR y correos electrónicos entre WPR y el Departamento.

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fecha de vigencia del contrato. En suma, el Departamento requirió 

al TPI que dictara sentencia sumaria a su favor.2 WPR se opuso a la 

antedicha moción oportunamente y reiteró sus argumentos previos.

Llegado a este punto, el 20 de mayo de 2021 el foro primario 

emitió el dictamen que hoy revisamos. Según adelantamos, el 

Tribunal decretó la legalidad de la cláusula cuadragésima segunda 

comprendida en la enmienda al contrato de arrendamiento que nos 

atañe. A su vez, denegó las solicitudes de sentencia sumaria 

presentadas por las partes. En lo pertinente, el TPI expresó lo 

siguiente:

En este caso no cabe hablar de tácita reconducción sino 

de una voluntad manifiesta entre las partes 

contratantes de continuar con el arrendamiento mes a 

mes por la misma cantidad del canon acordado hasta 

que ocurran uno de dos supuestos. A saber, que el 

Departamento desaloje y entregue la propiedad, o hasta 

que se renueve el contrato.

...

Que no se haya incluido una fecha fija para la 

terminación de la relación contractual no invalida el 

acuerdo; máxime, cuando se dejó en manos del Estado 

desocupar el inmueble. Más bien, se trata en este caso 

de una especie de cláusula penal pactada en común 

acuerdo la cual tiene el efecto de responsabilizar 

pecuniariamente al Estado por su permanencia en un 

local privado. Para que un contrato con una entidad 

gubernamental sea válido tienen que concurrir unos 

requisitos y estos requisitos se cumplen en este caso.

...

De otro lado, el foro a quo determinó que el caso de autos 

presentaba una disputa real y sustancial sobre si el canon 

correspondiente al mes de mayo de 2019 fue pagado. Debido a lo 

anterior, concluyó que WPR deberá presentar prueba que este canon 

se le adeuda en un juicio plenario.

Inconforme, el 10 de junio de 2021 el Estado, en 

representación del Departamento de la Familia, solicitó 

reconsideración, a lo cual se opuso WPR oportunamente. Mediante 

2

Junto a su solicitud incluyó copia del contrato de arrendamiento y la enmienda realizada en el 

2018.

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Resolución dictada el 23 de julio de 2021, el TPI denegó la referida 

petición. Ante ello, el Departamento de la Familia, por conducto de 

la Oficina del Procurador General, acude ante este Foro y le señala 

al TPI la comisión del siguiente error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 

Lugar a la Moción de Sentencia Sumaria presentada por 

la parte peticionaria habida cuenta de que la cláusula 

cuadragésima segunda de la Enmienda del Contrato de 

Arrendamiento no es válida, por lo que la parte 

recurrida no tiene derecho a recobrar deuda alguna por 

concepto de cánones de arrendamiento conforme a los 

principios mas básicos de contratación gubernamental 

que rigen en nuestro ordenamiento jurídico.

Con el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida, 

procedemos a resolver.

II.

A.

El Artículo 1456 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

4063, dispone que cuando termina un contrato de arrendamiento y 

el arrendatario permanece disfrutando de la cosa arrendada por 

quince (15) días con aquiescencia del arrendador, hay tácita 

reconducción.3 La tácita reconducción no supone una prórroga del 

contrato original, sino un contrato nuevo. Dalmau v. Hernández 

Saldaña, 103 DPR 487, 490 (1975). Esto es así porque, por 

disposición expresa de la ley, el arrendamiento cesa cuando vence 

su término, extinguiendo así el contrato original. Cesani Vargas v. 

Tribunal Superior, 92 DPR 239 (1965). No obstante, cuando 

concurren los requisitos de la tácita reconducción se renueva ese 

contrato. Íd. Del acuerdo tácito surge un nuevo contrato, cuyo 

término no es igual al estipulado en el acuerdo original, sino el que 

disponen los Arts. 1467 y 1471 del Código Civil, 31 LPRA secs. 4083 

y 4092.

3 Código Civil aplicable a los hechos del caso de autos.

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Para que opere la tácita reconducción deben concurrir los 

siguientes requisitos: (1) que al terminar el contrato de 

arrendamiento permanezca el arrendatario disfrutando por 15 días 

de la cosa arrendada; (2) que lo haga con aquiescencia del 

arrendador y (3) que no haya precedido requerimiento, o sea, 

expresión hecha por cualquiera de las partes a la otra de su voluntad 

de dar por terminado el arrendamiento. Dalmau v. Hernández 

Saldaña, supra. Es decir, el arrendamiento termina ipso facto por la 

expiración del plazo, a menos que se produzca la tácita 

reconducción por la permanencia del arrendatario en el disfrute de 

la cosa con el consentimiento del arrendador. Ahora bien, como este 

consentimiento es presunto, se deriva de su silencio y tolerancia en 

el hecho de la posesión del arrendatario sobre la cosa objeto del 

contrato, se necesita algún acto que desvirtúe aquella presunción, y 

este acto es el requerimiento hecho al arrendatario para que dé el 

contrato por terminado. León Parra v. Gerardino, 58 DPR 489, 494-

495 (1941).

De otra parte, la contratación gubernamental se considera un 

asunto revestido de alto interés público. Por tanto, los preceptos 

legales que la rigen aspiran a promover, no sólo una sana y recta 

administración pública, sino también a prevenir el despilfarro, la 

corrupción y el amiguismo. Vicar Builders v. ELA, 192 DPR 256, 263 

(2015); ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530, 537 (2011);

CMI Hospital v. Depto. Salud, 171 DPR 313, 320 (2007). Ante esta 

realidad, las normas que gobiernan la contratación entre entes 

privados y públicos son rigurosas y de aplicación restrictiva. Vicar 

Builders v. ELA, supra. La eficacia de este tipo de contrato se 

determina a base de estatutos especiales que lo regulan, y no según 

las teorías generales de contratos. ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 

supra, pág. 537, citando a Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 

DPR 994, 1000 (2009).

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Con miras a lograr la sana administración de los fondos 

públicos existe legislación para establecer un control sobre su 

desembolso y sobre la contratación gubernamental. Rodríguez 

Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448 (2014). A tales efectos, la Ley 

Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como 

Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 283a, 

establece como política pública mantener un “control previo de 

todas las operaciones del gobierno”; que la contabilidad del Gobierno 

de Puerto Rico “constituya un control efectivo sobre los ingresos, 

desembolsos, fondos, propiedad y otros activos del gobierno”; y que 

“los gastos del gobierno se hagan dentro de un marco de utilidad y 

austeridad”.

Cónsono con lo antes expuesto, la jurisprudencia ha 

establecido ciertas exigencias de forma que son indispensables para 

que el negocio jurídico en el que comparezca el Gobierno sea válido 

y exigible; a saber: (1) reducir el contrato a escrito; (2) mantener un 

registro para establecer su existencia; (3) enviar copia a la Oficina 

del Contralor de Puerto Rico, y (4) acreditar la certeza de tiempo, a 

saber, que el contrato se realizó y otorgó quince (15) días 

antes. Estos requerimientos pretenden servir como mecanismo de 

cotejo para perpetuar el negocio jurídico, así como para evitar pagos 

y reclamaciones fraudulentas. Vicar Builders v. ELA, supra, pág. 

264; Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 37, 54 

(1988). Una vez satisfechos los requisitos mencionados, los 

contratos serán válidos, exigibles y gozarán de la publicidad que 

requiere nuestro ordenamiento para la sana administración de la 

política pública en cuanto a la contratación gubernamental 

respecta. ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, pág. 538, citando 

a Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 DPR 840, 853 (2007).

Sin embargo, en Vicar Builders v. ELA, supra, pág. 267, el 

Tribunal Supremo dejó establecido que la ley y razones poderosas 

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de política pública imposibilitan que aplique la figura de la tácita 

reconducción en la contratación gubernamental. Conforme a ello, el 

máximo Foro concluyó que la naturaleza de la tácita reconducción 

no es compatible con las leyes ni con la jurisprudencia que regulan 

la contratación gubernamental. Explicó que cuando opera dicha 

figura surge un contrato nuevo mediante un acuerdo tácito entre las 

partes que emana del comportamiento del arrendador y el 

arrendatario. Véase, Dalmau v. Hernández Saldaña, supra. A tales 

efectos, puntualizó que un contrato en el que el Estado es parte no 

puede surgir de un acuerdo tácito ni de las actuaciones de las 

partes. Vicar Builders v. ELA, supra.

Asimismo, el Tribunal Supremo expresó en Vicar Builders v. 

ELA, supra, págs. 267-268:

De ahí surge la incompatibilidad de ambas figuras 

jurídicas. Si existe un contrato gubernamental por 

escrito, no cabe hablar de tácita reconducción. De igual 

forma, si están presentes los requisitos de la tácita 

reconducción no existe un contrato escrito que cumpla 

con las exigencias requeridas para vincular al Estado. 

Es decir, surgiría un contrato nuevo que no está por 

escrito, que no está registrado y que no se envió a la 

Oficina del Contralor.

Las exigencias estatutarias que excluyen la aplicación 

de la figura de la tácita reconducción son 

insubsanables. Se podría argüir que el nuevo contrato 

que surge tácitamente puede reducirse a escrito 

posteriormente y enviarse a la Oficina del Contralor, en 

cumplimiento con sus exigencias. Sin embargo, en ese 

caso estaríamos permitiendo una práctica que este 

Tribunal ha invalidado anteriormente -la contratación 

retroactiva con el gobierno-. Véase ALCO Corp. v. Mun. 

de Toa Alta, supra. Es decir, una parte estaría 

disfrutando de una cosa arrendada por un tiempo sin 

que exista una relación contractual válida y exigible. Si 

las partes decidiesen reducir a escrito el acuerdo que 

nace con la tácita reconducción, el efecto vinculante 

surgiría luego de que una parte haya obtenido un 

beneficio o disfrutado de la cosa arrendada. Si 

permitimos ese supuesto, estaríamos avalando un 

contrato que recoge una obligación anterior bajo la cual 

ya las partes han hecho prestaciones. Eso es 

precisamente lo que este Tribunal ha prohibido 

anteriormente.

La aplicación de la figura de la tácita reconducción 

concedería al Estado una vía para evadir el 

cumplimiento con los requisitos impuestos en los 

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estatutos citados y que este Tribunal ha reconocido 

como necesarios para que un contrato gubernamental 

tenga eficacia jurídica. Estaríamos abriéndole la puerta 

al Estado para renovar contratos tácitamente que, por 

falta de publicidad, no puedan ser fiscalizados por 

terceros y distorsionen la realidad contenida en los 

registros de contratos. No podemos apoyar la aplicación 

de esa figura cuando su efecto sería reducir la 

transparencia de los negocios que involucren al 

gobierno y dar paso a que el gobierno otorgue contratos 

por un término mayor al que se expresó en el contrato 

escrito. Eso es precisamente lo que las leyes en cuestión 

pretenden erradicar.

Bajo esa misma línea, el Tribunal Supremo instituyó que 

resulta nula una extensión tácita de la vigencia de un acuerdo de 

arrendamiento con el Estado. Véase, Fernández & Gutiérrez v. Mun. 

de San Juan, supra. Por tanto, es menester que las partes que 

contratan con entidades gubernamentales se ajusten a las 

exigencias de las leyes aplicables. CMI Hospital v. Depto. Salud, 

supra, pág. 321. 

Así, para evadir circunstancias irregulares en las que el 

Estado pueda lucrarse injustificadamente, las partes deberán ser 

minuciosas al otorgar sus contratos. Vicar Builders v. ELA, supra. 

Es decir, el desarrollo de las cláusulas del convenio será 

determinante al decidir qué procede cuando vence un contrato de 

arrendamiento otorgado con el gobierno. Solo así podrá subsanarse 

cualquier situación que pueda poner en desventaja a una parte 

privada ante el Estado. Íd. Debido a lo anterior, el Tribunal Supremo 

expresó que es esencial pactar de antemano en el contrato: (1) en 

qué condiciones se extendería el arrendamiento; (2) por cuánto 

tiempo adicional; (3) cuál será el canon por pagar; y (4) cláusulas 

penales para evitar que una parte se vea afectada ante el 

incumplimiento de la otra. Vicar Builders v. ELA, supra, pág. 270.

B.

Por otro lado, se ha definido una cláusula penal como “una 

convención accesoria a una obligación principal mediante la cual se 

promete realizar una prestación, generalmente pecuniaria, para el 

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caso en que una de las partes no cumpla o cumpla mal o 

irregularmente lo prometido”. Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 

184 DPR 169, 175 (2011), citando a J.R. Vélez Torres, Derecho de 

Obligaciones, 2da ed., San Juan, Programa de Educación Jurídica 

Continua de la Facultad de Derecho de la U.I.A., 1997, pág. 299. Su 

función es: (1) asegurar el cumplimiento de una obligación y (2) 

evaluar por anticipado los perjuicios que habría de ocasionar al 

acreedor el incumplimiento de la obligación. R.C. Leasing Corp. v. 

Williams Int. Ltd., 103 DPR 163 (1974).

No es necesario alegar daños bajo una cláusula penal. 

Clausells v. Salas, 51 DPR 89-95 (1937). Es decir, cuando se pacta 

este tipo de cláusula no es necesario probar los daños que sufrió el 

acreedor por el incumplimiento de la obligación. C.M. & Finance 

Corp. v. Cooley, 103 DPR 6, 9-10 (1974). “En las obligaciones con 

cláusula penal la pena substituirá la indemnización de daños y el 

abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, no siempre su 

fin es la liquidación anticipada de los daños. Tiene una función 

punitiva de violación del deber jurídico que da a la cláusula su otro 

nombre de pena convencional y que, rebasando el motivo de lucro 

en la obligación ordinaria, introduce un elemento de coerción y 

amenaza que apremia al deudor al cumplimiento.” Jack's Beach 

Resort, Inc. v. Cia. Turismo, 112 DPR 344, 349 (1982).

III.

En su escrito, el peticionario alega que el TPI se equivocó al 

emitir su dictamen y determinar que la recurrida tiene derecho a 

recobrar una deuda por concepto de cánones de arrendamiento. 

Entiende que la cláusula cuadragésima segunda del contrato de 

alquiler en cuestión resulta inoperante contra el Gobierno, por ser 

contraria a los postulados que rigen este tipo de contratación. Le 

asiste la razón.

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En este caso, el 1 de marzo de 2014 las partes suscribieron 

un contrato de arrendamiento válido que satisfizo todos los 

requisitos aplicables a los contratos gubernamentales. Es decir, el 

convenio constó por escrito, se registró y se remitió copia a la Oficina 

del Contralor. La fecha de vencimiento era el 28 de febrero de 2019. 

Sin embargo, el 7 de agosto de 2018 las partes enmendaron el 

acuerdo para incluir la cláusula bajo nuestra consideración, 

mediante la cual, si el peticionario continuaba ocupando la 

propiedad luego del 28 de febrero de 2019, se obligaba a pagar de 

mes a mes la cantidad pactada hasta que: (1) se renovara el contrato 

o (2) entregara la llave y desalojara la propiedad. La referida 

enmienda también constó por escrito y fue igualmente registrada en 

la Oficina del Contralor dentro del término dispuesto en ley. 

Al respecto, el peticionario aduce que un análisis exhaustivo 

de su texto repercute en efectos perjudiciales a la contratación 

gubernamental porque tiene los mismos efectos que la aplicación de 

la doctrina de la tácita reconducción. El TPI concluyó que no cabía 

hablar de la aludida doctrina, sino de una voluntad manifiesta de 

las partes contratantes de continuar con el arrendamiento mes a 

mes por la misma cantidad del canon acordado hasta que ocurrieran 

uno de los dos supuestos mencionados. Por su parte, la recurrida 

está de acuerdo con lo resuelto por el foro primario, pues considera 

que la cláusula concernida incluida en la enmienda cumple con 

todos los requisitos de ley relativos a la contratación gubernamental. 

En específico, destaca que la enmienda dejó inalterado el resto de 

los términos del contrato, todo sujeto a la disponibilidad de fondos. 

Particulariza que el monto total de los cánones mensuales bajo el 

acuerdo, incluyendo aquellos atribuibles al periodo de seis (6) meses 

cubiertos por la enmienda, fue menor al originalmente 

presupuestado.

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Luego de un ponderado examen de las circunstancias del caso 

de autos, junto a los escritos de ambas partes, colegimos que la 

cláusula cuadragésima segunda es inválida. Nos explicamos.

Ciertamente, podría interpretarse que el texto literal de la 

cláusula cumple con los rigores legales aplicables. Sin embargo, 

debemos tener presente que cuando se contrata con el Gobierno, la 

interpretación de dicha disposición debe ser de forma restrictiva. 

Recordemos que estos casos están revestidos del más alto interés 

público. 

Así, analizado el contenido de la cláusula cuadragésima 

segunda, notamos que esta pretendió activar una modalidad de 

reconducción, toda vez que extendió de mes a mes el término del 

contrato de arrendamiento hasta que ocurriera algunos de los 

supuestos allí sugeridos. Entendemos que esa práctica crea 

incertidumbre, la cual no es compatible en asuntos en los que sea 

parte el Gobierno, particularmente en cuanto a la disponibilidad de 

los fondos públicos necesarios para el pago de los subsiguientes 

cánones.

Conforme explicó el Tribunal Supremo en Vicar Builder v. ELA, 

supra, es claro que en la presente causa las partes no fueron 

meticulosas al momento de introducir la enmienda en cuestión, de 

modo que atendiera cualquier situación en la que una parte 

incumpliera lo pactado. Característicamente, porque una de las 

partes contratantes es el Gobierno. Ante ello, somos del criterio que 

su lenguaje adolece de vaguedad e incumple con lo requerido por 

nuestro ordenamiento jurídico. Distinto hubiera sido si el referido 

artículo tuviera una fecha exacta de inicio y fin del acuerdo y no 

meramente dejarlo en renovarse “mes a mes”, atribuyéndole al 

peticionario el momento de su fin. 

Por otro lado, tampoco nos parece que la cláusula concernida 

contiene los elementos de una cláusula penal. Si bien la existencia 

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de una cláusula de esa naturaleza no dependerá de la calificación 

de las partes contratantes, sino de la auténtica función que el pacto 

entrañe,4 entendemos que erró el foro primario al así acogerla, y 

concluir que esta tenía el efecto de responsabilizar monetariamente 

al peticionario por su permanencia en un local privado tras haber 

perdido vigencia el contrato. 

De conformidad con lo expuesto, y con el objetivo de evitar un 

fracaso de la justicia, procede expedir el auto de certiorari solicitado 

y revocar la decisión recurrida.5

IV.

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari

y se revoca la Resolución recurrida. Se devuelve el caso al TPI para 

la continuación de los procedimientos.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

La juez Barresi Ramos concurre con el resultado sin opinión 

escrita.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

4

Jack’s Beach Resort, Inc. v. Cía. Turismo, supra, pág. 349.

5 Como se sabe, el recurso de certiorari es uno de carácter discrecional. La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone taxativamente los asuntos que podemos 

atender mediante el referido recurso. Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF Corporation, 202 DPR 478 

(2019). Nuestra decisión en cuanto a su expedición está sujeta a la consideración de los siguientes 

criterios:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, 

son contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la 

prueba por el Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, 

los cuales deberán ser elevados o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

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