Número Identificador RES20 2 4

______

__________ _____ Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

RICARDO HERNÁNDEZ

ROSSY Demandante

- Peticionario

Vs.
BRIDGE SECURITY SERVICES, INC. Y OTROS Demandado

- Recurrido KL CE 202400 272 CERTIORARI p rocedente del Tribunal de Primera Instancia , Sala Superior de Bayamón
Caso Núm. BY2020CV03447 Sala: 505 Sobre: Daños y otros Panel integrado por su president e , el Juez Rivera Colón , e l Juez Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo

.
Cruz Hiraldo, Juez Ponente
RESOLUC IÓ N En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 20 2 4

. Comparece la parte p eticionaria, Ricardo Hernández Rossy, (en adelante, “parte p eticionaria” o “ S r . Hernández Rossy”) para solicitarnos que se revise n la s Resoluciones emitidas el 31 de enero de 2024 y notificadas el 1 de febrero de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, (en adelante , “TPI” o “Foro Recurrido”) en las cuales se declaró Con Lugar la Moción In
Limine , donde se excluy eron unas grabaciones de “ WhatsApp ” y se declaró No H

a Lugar la solicitud de la parte p eticionaria de que se d ieran por admitidas las alegaciones de l o s codemandad o s . 1 Las partes recurridas, Universidad de Puerto Rico , (en adelante, “parte r ecurrida” o “UPR” ) y Bridge Security Services, Inc., (en adelante, “parte r ecurrida” o “Bridge”), comparecieron mediante Oposición a la expedición de l auto de C ertiorari

. Por los fundamentos que se exponen a continuación, se deniega el auto de c ertiorari solicitado . Veamos.

1 Apéndice del recurso, Págs. 235

- 238.KLCE202400 272 2
I La parte peticionaria presentó D emanda el 2 de noviembre de
2020 , por alegado discrimen, represalias, salarios, difamación y daños y perjuicios

. 2 Por su parte, e l 16 de noviembre de 2020, Bridge contestó la D emanda

. 3 En su contestación, la parte recurrida negó la alegación número 35 de la D emanda por falta de información o creencia suficiente que le permit iera formular una opinión respecto a la veracidad de lo as everado

. A su vez, e l 20 de septiembre de 2022 la UPR contestó la D emanda

. 4 La UPR en su contestación a la querella negó las alegaciones número 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de la
Demanda por falta de información y conocimiento suficiente para emitir una opinión en torno a la veracid ad o mendacidad de lo allí alegado. En la vista celebrada por videoconferencia el 19 de mayo de 2023, el TPI ordenó que el descubrimiento de prueba finaliza ra el 29 de septiembre de 2023

. 5 El 28 de julio de 2023, la parte p eticionari a contestó las objeci ones de la UPR a las contestaciones de l Sr. Hernández Rossy al Pliego de Interrogatorios notificado por la UPR

. E n dicha contestación a la objeción presentada , la parte peticionaria anunció como parte de su prueba “unos voice mails”

. 6 El 15 de septiembre de 2023 la UPR envió un correo electrónico a la parte peticionaria solicitándole que enviara nuevamente las contestaciones a las objeciones, debido a que el correo electrónico que había enviado el 28 de julio de 2023, contenía unos enlaces que no se podía n abrir

. Finalmente, las contestaciones a las objeciones
fueron enviadas nuevamente e l 20 de septiembre d e 2023

. El 16 de octubre de 2023, la UPR presentó Moción para que se Convierta Conferencia con Antelación al Juicio en Vista de Estado de

2 Apéndice del recurso, Págs. 1

- 7. 3 Apéndice del recurso, Págs. 8

- 17. 4 Apéndice del recurso, Págs. 18

- 30. 5 Apéndice del recurso, Págs. 31

- 33. 6 Apéndice del recurso, Págs. 150

- 181.KLCE202400 272 3

los Procedimientos y solicitó al TPI que se le permit iera tomarle una deposición a la parte p eticionari a . 7 El 17 de octubre de 2023 la parte
p eticionaria presentó Opo sición a Conversión

. 8 El TPI denegó la solicitud de la UPR mediante Orden emitida el 17 de octubre de
2023

. 9 Así pues, l a UPR radicó Moción de Reconsideración el 24 de octubre de 2023. El 6 de noviembre de 2023 la parte peticionaria presentó Oposición a Moción de Reconsideración y mediante
Resolución del 7 de noviembre de 2023 el TPI declaró No ha Lugar la
R econsideración

. 10 El 7 de noviembre de 2023, se presentó el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio y en el mismo la parte
p eticionaria anunció como parte de su prueba “ los voice mails de WhatsApp ”

. 11 El 8 de noviembre de 2023 se celebró la conferencia con antelación al juicio y la parte recurrida solicitó extensión del descubrimiento de prueba para to mar deposición a la parte
p eticionaria. El 9 de noviembre de 2023, la parte p eticionaria solicitó que se dieran por admitidas las alegaciones en contra de ambas partes r ecurridas que fueron negadas en la contestación a la
Demanda por falta de información suficiente al amparo de la Regla
6 de Procedimiento Civil 12 y las partes r ecurridas se opusieron

. 13 El 21 de noviembre de 2023 , el TPI emitió una Minuta en la cual aprobó
el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio con unas enmiendas discutidas en la vista, sin embargo, esa minuta no fue firmada por el TPI. El 27 de noviembre de 2023 la UPR presentó
Moción In Limine , mediante la cual solicitó que el TPI realizara una determinación de inadmisibilidad y que decretara la exclusión de los “voice mails”

. 14 El 11 de diciembre de 2023, la parte p eticionaria

7 Apéndice del recurso, Págs. 34

- 36. 8 Apéndice del recurso, Págs. 37

- 38. 9 Apéndice del recurso, Págs. 40

- 42. 10 Apéndice del recurso, Págs. 43

- 58. 11 Apéndice del recurso, Págs. 59

- 117. 12 Apéndice del recurso, Págs. 118

- 120. 13 Apéndice del recurso, Págs. 182

- 189; 190

- 205. 14 Apéndice del recurso, Págs. 125

- 181.KLCE202400 272 4

radicó Oposición a Moción In Limine , alegando que los “voice mails” fueron anunciados oportunamente y que alegadamente la UPR no
se interesó en ellos

. 15 El 13 de dicie mbre de 2023, la UPR solicitó que se emitiera la Minuta de la Conferencia con Antelación a Juicio nuevamente, ya que este Tribunal se había declarado sin jurisdicción en el KLCE202301384 y ese mismo día el TPI la
emitió

. 16 El 31 de enero de 2024 y notificada el 1 de febrero del mismo año, el TPI emitió Resolución mediante la cual excluyó unas grabaciones alegadamente enviadas a la parte p eticionari a mediante la plataforma de WhatsApp por otro empleado del patrono
demandado . Igualmente, para este mismo día el TPI emitió otra
Resolución donde denegó que se dieran por admitidas las alegaciones de la s partes recurridas, pues no fueron enmendadas antes de darse por aprobado el Informe de Conferencia con
Antelación al Juicio

. In conforme con el dictamen d el TPI , la parte p eticionaria presentó el auto de C ertiorari ante nos, donde le imputó al F oro R ecurrido los siguientes señalamientos de error: PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI, INCURRIÓ EN CRASO ABUSO DE DISCRECI [ Ó ] N, PREJUICIO Y ERROR MANIFIESTO, AL DECLARAR CON LUGAR LA MOCIÓN IN LIMINE DE LA RECURRIDA, PRIVANDO A LA PARTE DEMANDANTE

- PETICIONARIA DE UNAS GRABACIONES (VOICE MAILS) DE WHATSAPP A PESAR [DE] QUE HABÍAN SIDO ANUNCIADAS DURANTE EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEB A. SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI, INCURRIÓ EN CRASO ABUSO DE DISCRECI[Ó]N, PREJUICIO Y ERROR MANIFIESTO, AL NO DAR POR ADMITIDAS LAS ALEGACIONES QUE LAS RECURRIDAS NEGARON EN SU CON T ESTACI[Ó]N A L A DEMANDA “POR FALTA DE INFORMACIÓN SU F ICIENTE PARA FORMULAR UNA OPINI [ Ó ] N SOBRE SU VERACIDAD”, A PESAR DE QUE LAS RECURRIDAS NO ENMENDARON LAS MISMAS ANTES DE DARSE POR ACEPTADO EL INFORME DE CONFERENCIA CON ANTELACI [ Ó ] N A JUICIO.

15 Apéndice del recurso, Págs. 224

- 227. 16 Apéndice del recurso, Pág s. 231

- 234.KLCE202400 272 5 Examinado el recurso en su totalidad y con la comparecencia de las partes, procedemos a establecer el derecho aplicable y
resolver.
II

- A El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una decisión d e un tribunal inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros , 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez , 211 DPR 821, 846

- 847 (2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al. , 207 DPR 994, 1004, (2 021); 800 Ponce de León v. AIG , 205 DPR 163, 174

- 175 (2020). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con respecto a lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente: El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, solamente será expedido por el Tribuna l de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá rev isar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebel día, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. [. . .] Según se desprende de la citada Regla, este Foro Apelativo intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente,
cuando se recurre de decisiones sobre la admi sibilidad de testigosKLCE202400 272 6

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de
familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias en las que revisar el dictamen evi taría un irremediable fracaso de la justicia, entre otras contadas excepciones. Rivera Gómez y otros v. Arcos de Dorado Puerto Rico, Inc. y otros , supra ; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710

- 711 (2019). Luego de auscultar si el recurso disc recional cumple con las disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra , el tribunal procederá a evaluar el recurso a la luz de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII

- B, R. 40. La mencionada regla expone los cr iterios que esta Curia deberá considerar para ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las controversias ante sí. Rivera Gómez y otros v. Arcos de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros , supra ; Pueblo v. Rivera Montalvo , 205 DPR 352, 372 (2020)

. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty , 175 DPR 83, 96

- 97 (2008); Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,
supra , funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra . Torres González v. Zaragoza Meléndez , supra , a la pág.
848

. La precitada Regla dispone lo siguiente: El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa: (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recu rrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema. (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.KLCE202400 272 7 (E) Si la etapa de los procedimientos en que se pres enta el caso es la más propicia para su consideración. (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio. (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII

- B, R. 40. Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una
lista exhaustiva. García v. Padró , 165 DPR 32 4, 335 (2005). Por lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro apelativo
intermedio evaluar a tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la más apropiada p ara intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty , supra , a la pág. 97. (Énfasis omitido). Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de ordinario, el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial ”. Rivera y otros v. Bco. Popular , 152 DPR 140, 155 (2000); Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co ., 132 DPR 170, 181 (1992);
cit ando a Lluch v. España Service Sta. , 117 DPR 729, 745 (1986). Finalmente, precisa señalar que la denegatoria a expedir un recurso discrecional no implica la ausencia de error en el dictamen, cuya revisión se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus méritos. Al contrario, responde a la facultad discrecional del foroKLCE202400 272 8

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado por el foro de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty , supra , a la pág. 98.

- B El procedimiento para llevar a cabo el descubrimiento de prueba está regido por las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R 23.1 (2009). El descubrimiento de prueba es “la médula del esfuerzo de destruir de una vez y para siempre la deportiva teoría de ju sticia que tanta mina la fe del pueblo en el
sistema judicial”. McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras , 2060 DPR 659, 672 (2021), Rivera et al. v. Arcos Dorados et
al. , supra ,; Alvarado v. Alemany , 157 DPR 672, 682 (2002).
El descubrimiento de prueba es el mecanismo utilizado por las partes para “obtener hechos, título, documentos u otras cosas que están en poder del demandado o que son de su exclusivo conocimiento y que son necesarias [...] para hacer valer sus derechos”. (citas omitidas). Los foros primarios gozan de amplia discreción para regular el descubrimiento de prueba, por lo que los foros apelativos no deben intervenir con dicha discreción, salvo que medie prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la aplicación de una norma procesal o sustantiva. Rivera y otros v. Bco. Popular , 152 DPR 140,
154

– 155 (2000). Este criterio también concierne a la intervención de los foros apelativos con las determinaciones interlocutori as de los tribunales de primera instancia. McNeil Healthcare, LLC v. Municipio
de Las Piedras , 2060 DPR 659, 672 (2021). Meléndez v. Caribbean
Int'l. News , 151 DPR 649, 664 (2000). De la misma forma, e n términos generales, el propósito del descubrimiento de prueba es: (1) delimitar las controversias; (2) facilitar la consecución de evidencia; (3) evitar las sorpresas en el juicio; (4) facilitar la búsqueda de la verdad, y (5) perpetuar laKLCE202400 272 9

prueba. Véase R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico:
Derecho Procesal Civil , 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, Sec. 2802, págs. 333

- 334. Es por ello, que nuestro Máximo Foro Judicial ha reiterado que el alcance del descubrimiento de prueba es amplio y liberal. Cruz Flores v. Hospital Ryder Memorial Inc. 210 DPR 465, 29 (2022)

. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II , 206 DPR 659, 672 (2021) ; Scotiabank v. ZAF Corp. et al

. , 202 DPR 478, 490 (2019) ; Casasnovas et al

. v. UBS Financial et al

. , 198 DPR 1040, 1054 (2017)

. (Énfasis suplido). Ese alcance amplio y liberal claramente propende a que, mediante el buen uso del descubrimiento, se aceleren “los procedimientos, se propicien las transacciones y se eviten las sorpresas indeseables durante el juicio. McNeil Healthcare v. Mun.
Las Piedras II

, supra . De igual forma, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que los tribunales de instancia tienen amplia discreción para regular el ámbito del descubrimiento, pues es su obligación garantizar una soluc ión justa, rápida y económica del caso, sin ventajas para ninguna de las partes. Cruz Flores v. Hospital Ryder Memorial Inc. , supra . Consecuentemente, en la regla 23 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra , se establece los parámetros que regulan
el d escubrimiento de prueba en los casos civiles. Específicamente, el inciso (a) de la Regla 23.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 23.1(a), dispone que las partes en litigio podrán indagar “sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea per tinente al asunto en controversia en el pleito pendiente [...]”. Torres González v. Zaragoza Meléndez , 2023 TSPR 46; 211 DPR 821, 21(2023)
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático, que dentro del descubrimiento de prueba existen dos limitacione s: (1) pertinencia y (2) materia privilegiada. Explica el más alto Foro deKLCE202400 272 10

Puerto Rico, que la prueba pertinente es la que produzca o pueda producir, entre otras: [...] (a) prueba que sea admisible en el juicio; (b) hechos que puedan servir para descubrir evidencia admisible; (c) datos que puedan facilitar el desarrollo del proceso; (d) admisiones que puedan limitar las cuestiones realmente litigiosas entre las partes; (e) datos que puedan servir para impugnar la credibilidad de los testigos; (f) hechos qu e puedan usarse para contrainterrogar a los testigos de la otra parte; (g) nombres de los testigos que la parte interrogada espera utilizar en el juicio. McNeil Healthcare , supra , a la pág., 674; Berrios Falcon v. Torres Merced , 175 DPR 962, 972 (2009) Sie rra v. Tribunal , 81 DPR 554, 573 (1959). E.L.A. v. Casta , 162 DPR 1, 13 (2004). Alvarado v. Alemañy , 157 DPR 672, 683 (2002), citando a García Rivera et al. v. Enríquez , 153 DPR 323,334(2001).
Por su parte, la moción In Limine es una solicitud para obtener del tribunal una decisión sobre la admisibilidad de evidencia anunciada, antes de que se trate de presentar formalmente en el juicio plenario. McCormick on Evidence , Fourth Edition , West Publishing, 1992, pág. 74. La concesión de dicha moción es una que cae perfectamente dent ro de la amplia discreción que tiene el tribunal para dirigir el proceso judicial. Sierra v. T ribunal S uperior

, 81 DPR 554, 560 (1959). Es decir, una moción In Limine se basa en la prueba que ya fue anuncia da por la parte contraria, por lo que no es sorpresiva.

- C
La Regla 6.2 de Procedimiento Civil , 32 LPRA Ap. V, establece las normas concernientes a la presentación de alegaciones responsivas. En sus porciones pertinentes, la misma dispone lo siguiente: (a) La parte a quien corresponda presentar una alegación responsiva admitirá o negará las aseveraciones en que descanse la parte contraria y expondrá sus defensas contra cada reclamación interpuesta, junto con una relación de los hechos demost rativos de que le asisten tales defensas. (b) En caso de que la parte que presente una alegación responsiva incumpla total o parcialmente con los requisitos impuestos en el inciso (a) de esta regla, el tribunal, a iniciativa propia o a solicitud de parte , podráKLCE202400 272 11 dictar una orden para requerirle que satisfaga las exigencias de dicho inciso. (c) Si la parte no tiene el conocimiento o la información suficiente para formar una opinión en cuanto a la veracidad de alguna de las aseveraciones expuestas, por tratarse de hechos que no pueden constatarse dentro del término concedido para contestar, así lo hará constar. La parte que proceda de este modo estará obligada a investigar la veracidad o falsedad de la aseveración negada por falta de infor mación y conocimiento, y a enmendar su alegación dentro del término que fije el tribunal en la conferencia inicial o, en o antes de la fecha señalada para la conferencia con antelación al juicio . Si a la parte respondiente no le es posible constatar las as everaciones así negadas, luego del uso de los métodos de descubrimiento disponibles y de otras diligencias razonables, deberá enmendar su alegación para negarla. Si la alegación no se enmienda para admitir o negar las aseveraciones negadas por falta de inf ormación y conocimiento, éstas se considerarán admitidas . (Énfasis nuestro).
III La parte peticionaria recurre ante nos solicitando que dejemos
sin efecto las Resoluciones emitidas por el TPI . En la primera Resolución , se declaró Con Lugar una Moción In Limine y no se le permitió a la parte peticionaria presentar unos “voice mails ” de

“ WhatsApp”

. En cuanto a la segunda Resolución , el TPI no dio por admitidas ciertas alegaciones que las partes recurridas negaron en
su contestación a la Demanda po r falta de información suficiente para formular una opinión sobre su veracidad. Sin embargo, el descubrimiento de prueba , en conjunto a la Moción In limine y la Regla 6.2 de Procedimiento Civil , supra , no constituye n asunto s a ser evaluado s bajo la Regla 5 2.1 de las de Procedimiento Civil, supra , ni constituye un fracaso de la justicia. Luego de analizar la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra , antes citada y habida cuenta de que, entendemos que no medió pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, y que el criterio rector se basa en la razonabilidad, encontramos que no surge evidencia suficiente que pruebe las alegaciones de la parte pet icionaria y rebata la presunción de corrección que merece nuestra deferencia hacia el Foro Primario.KLCE202400 272 12 En síntesis, n o hemos identificado ningún atisbo de prejuicio,
arbitrariedad o error craso. Tampoco estamos ante alguna otra instancia de las contempladas en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra , que requiera nuestra intervención

. Ello, nos hace concluir que nuestra intervención, en esta etapa de los procedimientos, no resulta oportuna

. IV Por los fundamentos que anteceden, se deniega el auto de

c ertiorari solicitad o. Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solí s Secreta ria del Tribunal de Apelaciones