Número Identificador

RES2024 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

RICARDO HERNÁNDEZ 

ROSSY

Demandante-Peticionario

Vs.

BRIDGE SECURITY 

SERVICES, INC. Y 

OTROS

Demandado-Recurrido

KLCE202400272

CERTIORARI

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Bayamón

Caso Núm. 

BY2020CV03447

Sala: 505

Sobre: Daños y otros

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez

Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2024.

Comparece la parte peticionaria, Ricardo Hernández Rossy, 

(en adelante, “parte peticionaria” o “Sr. Hernández Rossy”) para 

solicitarnos que se revisen las Resoluciones emitidas el 31 de enero 

de 2024 y notificadas el 1 de febrero de 2024 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, (en adelante, “TPI” o 

“Foro Recurrido”) en las cuales se declaró Con Lugar la Moción In 

Limine, donde se excluyeron unas grabaciones de “WhatsApp” y se 

declaró No Ha Lugar la solicitud de la parte peticionaria de que se 

dieran por admitidas las alegaciones de los codemandados.

1

Las partes recurridas, Universidad de Puerto Rico, (en 

adelante, “parte recurrida” o “UPR”) y Bridge Security Services, Inc., 

(en adelante, “parte recurrida” o “Bridge”), comparecieron mediante 

Oposición a la expedición del auto de Certiorari.

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se

deniega el auto de certiorari solicitado. Veamos.

1 Apéndice del recurso, Págs. 235-238.
KLCE202400272 2

I

La parte peticionaria presentó Demanda el 2 de noviembre de 

2020, por alegado discrimen, represalias, salarios, difamación y 

daños y perjuicios.

2 Por su parte, el 16 de noviembre de 2020, 

Bridge contestó la Demanda.

3 En su contestación, la parte recurrida 

negó la alegación número 35 de la Demanda por falta de información

o creencia suficiente que le permitiera formular una opinión 

respecto a la veracidad de lo aseverado. A su vez, el 20 de 

septiembre de 2022 la UPR contestó la Demanda.

4 La UPR en su 

contestación a la querella negó las alegaciones número 7, 8, 9, 10, 

11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de la 

Demanda por falta de información y conocimiento suficiente para 

emitir una opinión en torno a la veracidad o mendacidad de lo allí

alegado. En la vista celebrada por videoconferencia el 19 de mayo de 

2023, el TPI ordenó que el descubrimiento de prueba finalizara el 29 

de septiembre de 2023.

5 El 28 de julio de 2023, la parte peticionaria

contestó las objeciones de la UPR a las contestaciones del Sr. 

Hernández Rossy al Pliego de Interrogatorios notificado por la UPR. 

En dicha contestación a la objeción presentada, la parte peticionaria 

anunció como parte de su prueba “unos voice mails”.

6 El 15 de 

septiembre de 2023 la UPR envió un correo electrónico a la parte 

peticionaria solicitándole que enviara nuevamente las 

contestaciones a las objeciones, debido a que el correo electrónico 

que había enviado el 28 de julio de 2023, contenía unos enlaces que 

no se podían abrir. Finalmente, las contestaciones a las objeciones 

fueron enviadas nuevamente el 20 de septiembre de 2023.

El 16 de octubre de 2023, la UPR presentó Moción para que se 

Convierta Conferencia con Antelación al Juicio en Vista de Estado de 

2 Apéndice del recurso, Págs. 1-7.

3 Apéndice del recurso, Págs. 8-17.

4 Apéndice del recurso, Págs. 18-30.

5 Apéndice del recurso, Págs. 31-33.

6 Apéndice del recurso, Págs. 150-181.
KLCE202400272 3

los Procedimientos y solicitó al TPI que se le permitiera tomarle una

deposición a la parte peticionaria.

7 El 17 de octubre de 2023 la parte 

peticionaria presentó Oposición a Conversión.

8 El TPI denegó la 

solicitud de la UPR mediante Orden emitida el 17 de octubre de 

2023.

9 Así pues, la UPR radicó Moción de Reconsideración el 24 de 

octubre de 2023. El 6 de noviembre de 2023 la parte peticionaria 

presentó Oposición a Moción de Reconsideración y mediante 

Resolución del 7 de noviembre de 2023 el TPI declaró No ha Lugar la 

Reconsideración.

10 El 7 de noviembre de 2023, se presentó el Informe 

de Conferencia con Antelación al Juicio y en el mismo la parte 

peticionaria anunció como parte de su prueba “los voice mails de 

WhatsApp”.

11 El 8 de noviembre de 2023 se celebró la conferencia 

con antelación al juicio y la parte recurrida solicitó extensión del 

descubrimiento de prueba para tomar deposición a la parte 

peticionaria. El 9 de noviembre de 2023, la parte peticionaria 

solicitó que se dieran por admitidas las alegaciones en contra de 

ambas partes recurridas que fueron negadas en la contestación a la 

Demanda por falta de información suficiente al amparo de la Regla 

6 de Procedimiento Civil12 y las partes recurridas se opusieron.

13 El 

21 de noviembre de 2023, el TPI emitió una Minuta en la cual aprobó 

el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio con unas 

enmiendas discutidas en la vista, sin embargo, esa minuta no fue 

firmada por el TPI. El 27 de noviembre de 2023 la UPR presentó 

Moción In Limine, mediante la cual solicitó que el TPI realizara una 

determinación de inadmisibilidad y que decretara la exclusión de los 

“voice mails”.

14 El 11 de diciembre de 2023, la parte peticionaria 

7 Apéndice del recurso, Págs. 34-36.

8 Apéndice del recurso, Págs. 37-38.

9 Apéndice del recurso, Págs. 40-42.

10 Apéndice del recurso, Págs. 43-58.

11 Apéndice del recurso, Págs. 59-117.

12 Apéndice del recurso, Págs. 118-120.

13 Apéndice del recurso, Págs. 182-189; 190-205.

14 Apéndice del recurso, Págs. 125-181.
KLCE202400272 4

radicó Oposición a Moción In Limine, alegando que los “voice mails” 

fueron anunciados oportunamente y que alegadamente la UPR no 

se interesó en ellos.

15 El 13 de diciembre de 2023, la UPR solicitó 

que se emitiera la Minuta de la Conferencia con Antelación a Juicio 

nuevamente, ya que este Tribunal se había declarado sin 

jurisdicción en el KLCE202301384 y ese mismo día el TPI la 

emitió.

16 El 31 de enero de 2024 y notificada el 1 de febrero del 

mismo año, el TPI emitió Resolución mediante la cual excluyó unas 

grabaciones alegadamente enviadas a la parte peticionaria mediante 

la plataforma de WhatsApp por otro empleado del patrono 

demandado. Igualmente, para este mismo día el TPI emitió otra 

Resolución donde denegó que se dieran por admitidas las 

alegaciones de las partes recurridas, pues no fueron enmendadas 

antes de darse por aprobado el Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio.

Inconforme con el dictamen del TPI, la parte peticionaria 

presentó el auto de Certiorari ante nos, donde le imputó al Foro 

Recurrido los siguientes señalamientos de error:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI, INCURRIÓ EN CRASO 

ABUSO DE DISCRECI[Ó]N, PREJUICIO Y ERROR 

MANIFIESTO, AL DECLARAR CON LUGAR LA MOCIÓN 

IN LIMINE DE LA RECURRIDA, PRIVANDO A LA PARTE 

DEMANDANTE-PETICIONARIA DE UNAS 

GRABACIONES (VOICE MAILS) DE WHATSAPP A 

PESAR [DE] QUE HABÍAN SIDO ANUNCIADAS 

DURANTE EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA.

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI, INCURRIÓ EN 

CRASO ABUSO DE DISCRECI[Ó]N, PREJUICIO Y 

ERROR MANIFIESTO, AL NO DAR POR ADMITIDAS 

LAS ALEGACIONES QUE LAS RECURRIDAS NEGARON 

EN SU CONTESTACI[Ó]N A LA DEMANDA “POR FALTA 

DE INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA FORMULAR 

UNA OPINI[Ó]N SOBRE SU VERACIDAD”, A PESAR DE 

QUE LAS RECURRIDAS NO ENMENDARON LAS 

MISMAS ANTES DE DARSE POR ACEPTADO EL 

INFORME DE CONFERENCIA CON ANTELACI[Ó]N A 

JUICIO.

15 Apéndice del recurso, Págs. 224-227.

16 Apéndice del recurso, Págs. 231-234.
KLCE202400272 5

Examinado el recurso en su totalidad y con la comparecencia 

de las partes, procedemos a establecer el derecho aplicable y 

resolver.

II

-AEl certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una 

decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos de 

Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); 

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 

1004, (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174-175 

(2020). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con 

respecto a lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios 

del Tribunal de Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, en su parte pertinente, lo 

siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 

o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión.

[. . .]

Según se desprende de la citada Regla, este Foro Apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, 

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 
KLCE202400272 6

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias 

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la 

justicia, entre otras contadas excepciones. Rivera Gómez y otros v. 

Arcos de Dorado Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Mun. de Caguas v. 

JRO Construction, 201 DPR 703, 710-711 (2019).

Luego de auscultar si el recurso discrecional cumple con las 

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, el 

tribunal procederá a evaluar el recurso a la luz de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

La mencionada regla expone los criterios que esta Curia deberá 

considerar para ejercer sabia y prudentemente su decisión de 

atender o no las controversias ante sí. Rivera Gómez y otros v. Arcos 

de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Pueblo v. Rivera Montalvo, 

205 DPR 352, 372 (2020). Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 96-97 (2008); 

Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, a la pág. 

848. La precitada Regla dispone lo siguiente:

El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
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(E) Si la etapa de los procedimientos en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una 

lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). Por lo 

que, de los factores esbozados “se deduce que el foro apelativo 

intermedio evaluara tanto la corrección de la decisión recurrida, así 

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para 

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un 

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio”. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, a la pág. 97. (Énfasis 

omitido).

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de 

ordinario, el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la 

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); 

Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); 

citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

Finalmente, precisa señalar que la denegatoria a expedir un 

recurso discrecional no implica la ausencia de error en el dictamen, 

cuya revisión se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus

méritos. Al contrario, responde a la facultad discrecional del foro 
KLCE202400272 8

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite 

pautado por el foro de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

supra, a la pág. 98. 

-BEl procedimiento para llevar a cabo el descubrimiento de 

prueba está regido por las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, R 23.1 (2009). El descubrimiento de prueba es 

“la médula del esfuerzo de destruir de una vez y para siempre la

deportiva teoría de justicia que tanta mina la fe del pueblo en el

sistema judicial”. McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras, 

2060 DPR 659, 672 (2021), Rivera et al. v. Arcos Dorados et 

al.,supra,; Alvarado v. Alemany, 157 DPR 672, 682 (2002).

El descubrimiento de prueba es el mecanismo utilizado por las 

partes para “obtener hechos, título, documentos u otras cosas que 

están en poder del demandado o que son de su exclusivo 

conocimiento y que son necesarias [...] para hacer valer sus 

derechos”. (citas omitidas). 

Los foros primarios gozan de amplia discreción para regular 

el descubrimiento de prueba, por lo que los foros apelativos no 

deben intervenir con dicha discreción, salvo que medie prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en la aplicación de una norma 

procesal o sustantiva. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 

154–155 (2000). Este criterio también concierne a la intervención de 

los foros apelativos con las determinaciones interlocutorias de los 

tribunales de primera instancia. McNeil Healthcare, LLC v. Municipio 

de Las Piedras, 2060 DPR 659, 672 (2021). Meléndez v. Caribbean 

Int'l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 

De la misma forma, en términos generales, el propósito del 

descubrimiento de prueba es: (1) delimitar las controversias; (2) 

facilitar la consecución de evidencia; (3) evitar las sorpresas en el 

juicio; (4) facilitar la búsqueda de la verdad, y (5) perpetuar la 
KLCE202400272 9

prueba. Véase R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico:

Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, Sec. 

2802, págs. 333-334. Es por ello, que nuestro Máximo Foro Judicial 

ha reiterado que el alcance del descubrimiento de prueba es amplio 

y liberal. Cruz Flores v. Hospital Ryder Memorial Inc. 210 DPR 465, 

29 (2022). McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, 206 DPR 659,

672 (2021); Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 490 (2019);

Casasnovas et al. v. UBS Financial et al., 198 DPR 1040, 1054

(2017). (Énfasis suplido). 

Ese alcance amplio y liberal claramente propende a que, 

mediante el buen uso del descubrimiento, se aceleren “los 

procedimientos, se propicien las transacciones y se eviten las 

sorpresas indeseables durante el juicio. McNeil Healthcare v. Mun.

Las Piedras II, supra. De igual forma, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que los tribunales de instancia tienen 

amplia discreción para regular el ámbito del descubrimiento, pues 

es su obligación garantizar una solución justa, rápida y económica 

del caso, sin ventajas para ninguna de las partes. Cruz Flores v. 

Hospital Ryder Memorial Inc., supra. 

Consecuentemente, en la regla 23 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, se establece los parámetros que regulan 

el descubrimiento de prueba en los casos civiles. Específicamente, 

el inciso (a) de la Regla 23.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 23.1(a), dispone que las partes en litigio podrán indagar 

“sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al 

asunto en controversia en el pleito pendiente [...]”. Torres González 

v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46; 211 DPR 821, 21(2023)

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático, que 

dentro del descubrimiento de prueba existen dos limitaciones: (1) 

pertinencia y (2) materia privilegiada. Explica el más alto Foro de 
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Puerto Rico, que la prueba pertinente es la que produzca o pueda 

producir, entre otras: 

[...] (a) prueba que sea admisible en el juicio; (b) hechos 

que puedan servir para descubrir evidencia admisible; 

(c) datos que puedan facilitar el desarrollo del proceso; 

(d) admisiones que puedan limitar las cuestiones 

realmente litigiosas entre las partes; (e) datos que 

puedan servir para impugnar la credibilidad de los 

testigos; (f) hechos que puedan usarse para 

contrainterrogar a los testigos de la otra parte; (g) 

nombres de los testigos que la parte interrogada espera 

utilizar en el juicio. McNeil Healthcare, supra, a la pág., 

674; Berrios Falcon v. Torres Merced, 175 DPR 962, 972 

(2009) Sierra v. Tribunal, 81 DPR 554, 573 

(1959). E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, 13 (2004). Alvarado 

v. Alemañy, 157 DPR 672, 683 (2002), citando a García 

Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323,334(2001). 

Por su parte, la moción In Limine es una solicitud para obtener 

del tribunal una decisión sobre la admisibilidad de evidencia 

anunciada, antes de que se trate de presentar formalmente en el 

juicio plenario. McCormick on Evidence, Fourth Edition, West 

Publishing, 1992, pág. 74. La concesión de dicha moción es una que 

cae perfectamente dentro de la amplia discreción que tiene el 

tribunal para dirigir el proceso judicial. Sierra v. Tribunal Superior, 

81 DPR 554, 560 (1959). Es decir, una moción In Limine se basa en 

la prueba que ya fue anunciada por la parte contraria, por lo que no 

es sorpresiva. 

-CLa Regla 6.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece 

las normas concernientes a la presentación de alegaciones 

responsivas. En sus porciones pertinentes, la misma dispone lo 

siguiente:

(a) La parte a quien corresponda presentar una 

alegación responsiva admitirá o negará las 

aseveraciones en que descanse la parte contraria y 

expondrá sus defensas contra cada reclamación 

interpuesta, junto con una relación de los hechos 

demostrativos de que le asisten tales defensas.

(b) En caso de que la parte que presente una alegación 

responsiva incumpla total o parcialmente con los 

requisitos impuestos en el inciso (a) de esta regla, el 

tribunal, a iniciativa propia o a solicitud de parte, podrá 
KLCE202400272 11

dictar una orden para requerirle que satisfaga las 

exigencias de dicho inciso.

(c) Si la parte no tiene el conocimiento o la información 

suficiente para formar una opinión en cuanto a la 

veracidad de alguna de las aseveraciones expuestas, 

por tratarse de hechos que no pueden constatarse 

dentro del término concedido para contestar, así lo hará 

constar. La parte que proceda de este modo estará 

obligada a investigar la veracidad o falsedad de la 

aseveración negada por falta de información y 

conocimiento, y a enmendar su alegación dentro del 

término que fije el tribunal en la conferencia inicial o, 

en o antes de la fecha señalada para la conferencia con 

antelación al juicio. Si a la parte respondiente no le es 

posible constatar las aseveraciones así negadas, luego 

del uso de los métodos de descubrimiento disponibles y 

de otras diligencias razonables, deberá enmendar su 

alegación para negarla. Si la alegación no se enmienda 

para admitir o negar las aseveraciones negadas por falta 

de información y conocimiento, éstas se considerarán 

admitidas. (Énfasis nuestro).

III

La parte peticionaria recurre ante nos solicitando que dejemos 

sin efecto las Resoluciones emitidas por el TPI. En la primera 

Resolución, se declaró Con Lugar una Moción In Limine y no se le 

permitió a la parte peticionaria presentar unos “voice mails” de 

“WhatsApp”. En cuanto a la segunda Resolución, el TPI no dio por 

admitidas ciertas alegaciones que las partes recurridas negaron en 

su contestación a la Demanda por falta de información suficiente 

para formular una opinión sobre su veracidad. Sin embargo, el 

descubrimiento de prueba, en conjunto a la Moción In limine y la 

Regla 6.2 de Procedimiento Civil, supra, no constituyen asuntos a 

ser evaluados bajo la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra, 

ni constituye un fracaso de la justicia. 

Luego de analizar la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

antes citada y habida cuenta de que, entendemos que no medió 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, y que el criterio 

rector se basa en la razonabilidad, encontramos que no surge 

evidencia suficiente que pruebe las alegaciones de la parte 

peticionaria y rebata la presunción de corrección que merece 

nuestra deferencia hacia el Foro Primario.
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En síntesis, no hemos identificado ningún atisbo de prejuicio, 

arbitrariedad o error craso. Tampoco estamos ante alguna otra 

instancia de las contempladas en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, que requiera nuestra intervención. 

Ello, nos hace concluir que nuestra intervención, en esta etapa 

de los procedimientos, no resulta oportuna. 

IV

Por los fundamentos que anteceden, se deniega el auto de 

certiorari solicitado.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones