Número Identificador

RES2024 _________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

COMPAÑÍA DE 

FOMENTO INDUSTRIAL 

DE PUERTO RICO

Recurrida

v.

MOTOPAC, CORP.; 

DEFPAC CORPORATION; 

TRIPLE-S PROPIEDAD, 

INC.; COMPAÑÍA 

ASEGURADORA ABC; 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA XYZ; 

COMPAÑÍA ABC; 

FULANO DE TAL

Peticionaria

MOTOPAC, CORP.; 

DEFPAC CORPORATION; 

TRIPLE-S PROPIEDAD, 

INC.; COMPAÑÍA 

ASEGURADORA ABC; 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA XYZ; 

COMPAÑÍA ABC; 

FULANO DE TAL

v.

LA CASA DEL 

CAMIONERO, INC., Y 

OTROS

KLCE202301099

Certiorari

Procedente del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de BAYAMÓN

Caso Núm.:

BY2018CV02412 

consolidado con 

BY2019CV04781

Sobre:

Entredicho Provisional, 

Daños, Injunction 

permanente, Daños y 

Perjuicios Contractuales, 

Incumplimiento de 

Contrato

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla 

Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

Comparece ante nos Triple-S Propiedad, Inc. (en adelante Triple-S o 

la peticionaria) mediante un recurso de Certiorari en el que solicita la 

revocación de la Resolución emitida el 16 de agosto de 2023, notificada el 17,

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (en adelante TPI o 
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foro recurrido). Por virtud del aludido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar

la Moción de Sentencia Sumaria sometida por la peticionaria. 

Examinado el expediente ante nos, en virtud del derecho aplicable 

que más adelante consignamos, denegamos expedir el auto de Certiorari

solicitado. Veamos.

-IEl caso de epígrafe inició con una demanda instada por la Compañía 

de Fomento Industrial de Puerto Rico (en adelante PRIDCo), por 

incumplimiento de contrato de arrendamiento y daños y perjuicios, contra 

varios demandados, entre éstos Motopac Corp. (en adelante Motopac), 

Defpac Corporation (en adelante Defpac) y su compañía aseguradora 

Triple-S.1 En síntesis, PRIDCo adujo que, un incendio, provocó un derrame 

de aceite de motor, lubricantes y otras sustancias, ocasionando daños 

físicos, estructurales en una propiedad que arrienda a Motopac y Defpac. 

Asimismo, alegó la ocurrencia de daños ambientales en cuerpos de agua y 

otras áreas aledañas a la misma. Según se indicó en la Demanda, la 

propiedad arrendada está localizada en la carretera PR-28 de la Zona 

Luchetti en Bayamón, Puerto Rico. 

Motopac y Defpac por su parte, instaron un pleito independiente en 

contra de La Casa del Camionero, Inc. (en adelante LCC) y otros 

demandados, en la cual alegan que incurrieron en gastos por la limpieza 

inicial de la emergencia ambiental, reubicación de labores y defensa legal 

del pleito instado por PRIDCo.

2 Así las cosas, el foro recurrido ordenó la 

consolidación de ambos casos civiles.3 

Luego de varios trámites procesales, el 11 de octubre de 2022, TripleS sometió una Moción solicitando sentencia sumaria sobre el caso civil 

BY2018CV02412. En esta, sostuvo la existencia de la póliza de seguro 

1 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 1 – 79.

2 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 172 – 180.

3 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 199.
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número 30-CP-81090156-1 a favor de Motopac. Además, señaló que en 

dicha póliza Defpac era un asegurado adicional y reclamó la ausencia de 

causa de acción en la Demanda que pueda estar cubierta por los términos y 

condiciones de la póliza expedida, por lo que debía desestimarse.

El 10 de noviembre de 2022, PRIDCo se opuso a la moción 

dispositiva. Al así hacerlo, adujo que es un tercero para efectos de la 

cubierta de la póliza de seguro.4 Además, argumentó que la Cláusula de 

Exclusión de Contaminación 2(f) de la forma Commercial General Liability de 

la Póliza no era aplicable porque la contaminación no fue la causa del daño, 

sino que el derrame se debió al incendio. 

Posteriormente, el 17 de noviembre de 2022, Triple-S presentó una 

Moción solicitando se dicte sentencia sumaria a tenor con la Regla 36.2 de 

Procedimiento Civil de 2009, dirigida a obtener la desestimación de la 

reclamación que Motopac y Defpac instaron contra La Casa del Camionero

(Civil Núm. BY2019CV04781). En dicho escrito, sostuvo que no existía 

controversia sobre once (11) hechos. Basándose en estos, y por las razones 

específicas señaladas en su escrito, Triple-S negó que la póliza que emitió a 

favor de A1 Generator cubra los daños a la estructura arrendada por 

Motopac a PRIDCo. Así, en virtud de tal inaplicabilidad, sostuvo la 

ausencia de una causa de acción en la Demanda que pueda estar cubierta 

por los términos y condiciones de la póliza expedida.

5 Sobre este último, 

Triple-S alegó que no respondía por los daños causado por ser el daño 

ocurrido uno de naturaleza ambiental, expresamente excluido de la

cubierta de la póliza de seguro.

El 11 de enero de 2023, Motopac y Defpac sometieron Oposición a 

“Moción solicitando se dicte sentencia sumaria a tenor con la Regla 36.2 de 

Procedimiento Civil de 2009”, en la que sostuvieron que los daños reclamados 

4 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 962 – 993.

5 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 210 – 950.
KLCE202301099 4

no son contractuales, sino que por las actuaciones negligentes de AI

Generator se constituyeron daños a la propiedad rentada al asegurado. 6

Evaluadas las posiciones de las partes, el TPI emitió Resolución en la cual 

determinó No Ha Lugar a la Moción Solicitando Sentencia Sumaria.

7

Específicamente, al resolver denegar las mociones dispositivas, el foro 

recurrido enunció lo que a continuación transcribimos:

La cláusula citada expresamente excluye contaminantes solo 

cuando: “bodily injury” or “property damage” (1) “Bodily injury” 

or “property damage” arising out of the actual, alleged or 

threatened discharge, dispersal, seepage, migration, realease or 

escape of “pollutants”. La exclusión no aplica a un incendio, como 

el ocurrido en el presente caso. Más aún, la exclusión se activa 

únicamente si la causa del daño a la propiedad es un evento de 

contaminación ambiental. El uso de la frase “arising out” para 

describir el elemento de causalidad es clave, porque requiere que 

se establezca que el daño a la propiedad no habría surgido a no ser 

por el derrame de contaminantes. Ahora bien, el caso ante nos, 

distinguible toda vez que el daño a la propiedad surgió por causa 

del incendio.

El daño a la propiedad causado por el incendio fue el que posibilitó

el derrame de aceite, lubricantes y otras sustancias contaminantes 

que Motopac y Defpac tenían almacenadas en la propiedad 

arrendada a PRIDCO. El evento de contaminación ambiental fue 

una de las consecuencias, y no la causa, del incendio. Por lo 

anterior, no es aplicable la exclusión de contaminación 

(“pollution”) aludida por Triple-S. Como toda exclusión en un 

contrato de seguro, la de “pollution” en la póliza emitida por 

Triple-S debe ser interpretada restrictivamente a favor de la parte 

asegurada con el propósito de garantizarle la mayor protección 

posible. Monteagudo Pérez v. ELA, 172 DPR 12 (2007).

En resumen, concluimos que en el presente caso la póliza emitida 

por Triple-S cubre todos los daños alegados en la demanda 

presentada por PRIDCO y no procede desestimar la reclamación 

respecto a la aseguradora en el caso civil núm. BY2018CV02412. 8

No conforme con lo resuelto por el foro primario, la peticionaria 

presentó ante este Tribunal de Apelaciones el recurso de epígrafe, en el cual 

enunció el siguiente señalamiento de error:

ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LAS PETICIONES DE SENTENCIA 

SUMARIA PRESENTADAS POR TPS [Triple-S] EN LOS CASOS 

CONSOLIDADOS BY2018CV02412 Y BY2019CV04781 Y 

DETERMINAR QUE LAS PÓLIZAS DE SEGURO NÚMERO 30-

CP-81090156-1 Y 30-CP-81093339-0, EMITIDAS POR TRIPLE-S 

PROPIEDAD, INC. A FAVOR DE MOTOPAC CORP Y DEFPAC 

CORPORATION, PROVEEN CUBIERTA PARA DAÑOS 

6 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 1047 – 1108.

7 Apéndice de la parte peticionaria, págs. 1203 – 1230.

8

Íd. en las págs. 1226 – 1227.
KLCE202301099 5

RESULTANTES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

(“POLLUTION”). 

Atendido el recurso, el 11 de octubre de 2023, emitimos Resolución 

mediante la que concedimos a las partes recurridas un término para 

expresarse en cuanto a este. El término concedido fue prorrogado en varias 

ocasiones ante diferentes solicitudes de prórrogas sometidas 

individualmente por las distintas partes debido a la probabilidad de 

alcanzar un acuerdo transaccional. Pendiente de vencer uno de los términos 

concedidos, PRIDCo compareció el 7 de diciembre de 2023 y sometió su 

Oposición a que se expida el auto de certiorari. Ante la presentación de este 

escrito, el 8 de diciembre de 2023, le ordenamos a Motopac y Defpac 

informarnos del estatus del acuerdo transaccional. En cumplimiento con 

ello, el 14 de diciembre de 2023 sometieron Moción en cumplimiento de orden. 

Posteriormente, el 22 de diciembre de 2023, presentaron su Oposición a 

Petición de certiorari.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, damos por 

sometido el asunto y estando listos para resolver, así lo hacemos.

II

-AEl vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. McNeil 

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); 800 Ponce de 

León v. AIG, 205 DPR 163 (2020). La determinación de expedir o denegar 

este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción 

judicial. Íd. De ordinario, la discreción consiste en “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723, 729 (2016). Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica 
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la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo 

abstracción del resto del derecho.” Íd.

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil 

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp et al., 202 

DPR 478 (2019). La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un 

recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u orden bajo 

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 800 Ponce de León v. 

AIG, supra. Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, en asuntos relacionados a privilegios 

evidenciarios, en casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones 

de familia, en casos revestidos de interés público o en cualquier situación 

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.” McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra. 

El examen de estos autos discrecionales no se da en el vacío o en 

ausencia de otros parámetros. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 

supra, a la pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra. Para ello, la Regla 40 

de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a tomar en 

consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari.

9

Estos, pautan el ejercicio sabio y prudente de la facultad discrecional 

judicial. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La 

9 Estos son: si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho; si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema; si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia; si el asunto 

planteado exige una consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados; si la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso es la más propicia para su consideración; si la expedición del auto o de 

la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio; si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
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delimitación que imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como 

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de controversias 

que pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación.” 

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra.

-BLa Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36, regula 

todo lo concerniente a la moción de sentencia sumaria- mecanismo procesal 

que se utiliza en aquellos litigios que no presentan controversias genuinas 

de hechos materiales y que, por consiguiente, no ameritan la celebración de 

un juicio en su fondo. Cruz Vélez v. CEE, 206 DPR 694 (2021) al citar a 

Mejías Montalvo v Carrasquillo Martínez, 185 DPR 288, 299 (2012) y otros. 

Esta regla, establece que un demandante podrá presentar dicha moción

siempre y cuando esté fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos esenciales y pertinentes. Íd., al mencionar a Bobé v. UBS Financial 

Services, 198 DPR 6, 20 (2017) y demás casos allí citados.

La Regla 36.2 y 36.3 del discutido cuerpo reglamentario, 32 LPRA 

Ap. V, R.36.2-36.3, disponen los requisitos de forma que deberá observar la 

parte promovente de una solución por la vía sumaria. La última de estas, 

debe ser cumplida también por quien se opone a que se dicte sentencia 

sumariamente. En particular, al contestar una moción de sentencia sumaria, 

el promovido deberá presentar una relación concisa y organizada de 

aquellos hechos esenciales y pertinentes que, a su juicio, estén en 

controversia, citando específicamente los párrafos según fueron 

enumerados por el promovente de la moción. Íd., citando a Bobé v. UBS 

Financial Services, supra, a la pág. 21; Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 

DPR 307, 326 (2013) y Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 221 (2010). 

También, enumerará los hechos que no están en controversia, indicando los 
KLCE202301099 8

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible 

donde se establezcan los mismos. Íd. Ello es así, puesto que la parte que se 

opone a que se dicte sentencia sumaria no puede descansar en meras 

alegaciones. Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 136 (2015). Al 

final de cuentas, cualquier duda no es suficiente para derrotar una moción 

de sentencia sumaria, sino que tiene que ser una que permita concluir la 

existencia de una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 932, 934(2010) al citar a 

Ramos Pérez v. Univisión, supra.

Ahora, el hecho de que la parte promovida no presente prueba que 

controvierta la evidencia presentada por la parte promovente de la moción 

de sentencia sumaria no implica necesariamente que dicha moción 

procederá automáticamente si efectivamente existe una controversia 

sustancial sobre hechos esenciales y materiales. Cruz Vélez v. CEE al citar 

a Mun. de Añasco v. ASES et al., supra, a la pág. 327 y otros. Por tanto, un 

tribunal podrá dictar sentencia sumaria si de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones, interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a las 

declaraciones juradas -- si las hubiere -- surge que no existe una 

controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y solo 

restaría por resolver una controversia de estricto derecho. Véase, Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, supra, y Pepsi-Cola Manufacturing v. Mun. Cidra 

et al., 186 DPR 713, 755-56 (2012).

En cuanto a la revisión judicial de la procedencia de una moción de 

sentencia sumaria, es harto conocido que los tribunales apelativos estamos 

en la misma posición que el TPI. Cruz Vélez v. CEE, supra, a la pág. 720. Por 

ello, “[e]n el proceso de evaluar una sentencia sumaria dictada por el foro 

primario, los tribunales revisores están llamados a examinar el expediente 

de novo y verificar que las partes cumplieron con las exigencias de la Regla 

36.3[ ...]. Además, deberán comprobar que, si existen hechos en 
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controversia, el juez que dictó sentencia sumaria los haya consignado. En el 

caso de que no se encuentren hechos materiales en controversia, igualmente 

procede revisar de novo si se aplicó el Derecho correctamente a la 

controversia planteada”. Rivera Matos v. ELA, 204 DPR 1010, 1025 (2020).

-CEl contrato de seguro es aquel acuerdo mediante el cual una persona 

se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o proveerle un beneficio específico 

o determinable al producirse un evento incierto previsto en el mismo. Art. 

1.020 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 102. Véase también, Rivera 

Matos v. ELA, supra. En este, el asegurador asume determinados riesgos a 

cambio del cobro de una prima o cuota periódica, en virtud de la que se 

obliga a responder por la carga económica que recaiga sobre el asegurado 

de ocurrir un suceso especificado en el contrato. ECP Incorporated v. OCS, 

205 DPR 268 (2020), citando a S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 

372 (2009) y otros allí citados. Así pues, la función primordial de una póliza 

de seguro es establecer un mecanismo para transferir un riesgo y de esta 

manera proteger al asegurado de ciertos eventos identificados en el 

contrato de seguros. Savary et al. v. Mun. Fajardo et al., 198 DPR 1014, 1023 

(2017), citando a R.J. Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 699 (2017) y otros.10

El Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 101 et seq., 

(Código de Seguros) es la ley que reglamenta las prácticas y los requisitos 

del negocio de seguros. Jiménez López et al v. SIMED, 180 DPR 1 (2010). 

Tal negocio, está revestido de un alto interés público, por lo que ha sido 

regulado ampliamente por el Estado. Molina v. Plaza Acuática, 166 DPR 

260, 266 (2005). Conforme establece el Código de Seguros, todo contrato de 

seguro deberá interpretarse globalmente, a base del conjunto total de sus 

términos y condiciones, según se expresen en la póliza y según se hayan 

10 Se denomina póliza el documento donde se consignan los términos que rigen el contrato 

de seguro. Art. 11.140(1) del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1114(1).
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ampliado, extendido, o modificado por aditamento, endoso o solicitud 

adherido a la póliza y que forme parte de ésta. 26 LPRA sec. 1125. Así pues, 

corresponde interpretar el lenguaje plasmado en la póliza en su acepción 

de uso común general, sin ceñirse demasiado al rigor gramatical. Rivera 

Matos v. ELA, supra, al citar a Jiménez López et al. v. Simed, supra; SLG 

Francis-Acevedo v. SIMED, supra; y Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 

355 (2008). Asimismo, las cláusulas de la póliza se examinarán desde el 

punto de vista de una persona normal de inteligencia promedio que fuese 

a adquirir el seguro. Rivera Matos v. ELA, supra, mencionando a S.L.G.

Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 (2011).

En cuanto al ejercicio de interpretación, es menester establecer que 

los términos del contrato de seguro se consideran claros cuando su lenguaje 

es específico, sin que dé lugar a dudas, ambigüedades o sea susceptible de 

diferentes interpretaciones. Sin embargo, toda vez que el contrato de seguro 

es uno de adhesión, redactado en su totalidad por el asegurador, aquellas 

cláusulas dudosas o ambiguas deben interpretarse liberalmente en 

beneficio del asegurado para hacer cumplir el designio intrínseco de la 

póliza: dar protección al asegurado. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 

185 DPR 880 (2012). Igualmente, será necesario examinar si existen 

cláusulas de exclusión en el contrato por virtud de las que la aseguradora 

exceptúa determinados eventos, riesgos o peligros de la cubierta. Viruet et 

al. v. SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 271 (2015). Tales exclusiones deben 

interpretarse restrictivamente en contra del asegurador. No obstante, si los 

términos de las cláusulas de exclusión son claros y aplican a una situación 

determinada, no podría responsabilizarse a la aseguradora por aquellos 

riesgos expresamente exceptuados. Íd., pág. 279.

Cabe destacar que le corresponde al asegurado el peso de establecer 

que su reclamación está comprendida dentro de las disposiciones del 

contrato de seguro. Por su parte, es la aseguradora quien tiene que 
KLCE202301099 11

evidenciar que aplica alguna exclusión. Rivera Matos v. ELA, supra, citando 

a Insurance Claims and Disputes, 6ta ed., St. Paul, Minn., Ed. Thompson 

Reuters, 2013, Sec. 9.1, págs. 9-2 y 9.6 (2013).

-IIIAntes de atender los planteamientos sometidos por Triple-S, es 

menester destacar que la determinación recurrida deniega la concesión de 

una moción de carácter dispositivo. Por tanto, el asunto traído ante nuestra 

consideración versa sobre una de las materias interlocutorias sobre las que, 

conforme la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, podrá expedirse el 

auto discrecional del Certiorari. Sin embargo, a la luz de los criterios 

dispuestos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, rechazamos intervenir en los méritos del dictamen recurrido, para 

variar la determinación del foro recurrido. Veamos. 

Según expresamos al exponer los hechos procesales, Triple-S 

argumenta que el foro primario incidió al denegar su petición de sentencia 

sumaria sometida en el caso de epígrafe y determinar que las dos pólizas, 

la primera a favor de Motopac y la segunda a favor de AI Generator, 

proveen cubierta para daños resultantes de contaminación ambiental. 

Además, adujo que la cláusula de exclusión de contaminación 2(f) de la 

forma Commercial General Liability de la póliza era clara y libre de 

ambigüedad, y, por lo tanto, aplicable al caso que obra en autos. Asimismo, 

sostiene que la decisión recurrida debe ser revocada porque la única 

cubierta disponible para los reclamantes es bajo el límite de $100,000, según 

la Sección III de Límite de Seguro en su Cláusula de Damage to Premises

Rented to you de la póliza.

Los recurridos, en cambio, al defender la decisión argumentan que 

los planteamientos levantados por Triple-S para fundamentar la concesión 

de su moción dispositiva, además de incorrectos y en total abstracción de 

la jurisprudencia relativa a la interpretación de las cláusulas de una póliza 
KLCE202301099 12

de seguros, descansan en jurisprudencia claramente distinguible de la 

situación factual del caso. 

Antes de atender estos planteamientos y explicar nuestra decisión, 

tal cual nos es exigido, debemos examinar si las mociones de sentencia 

sumaria interpuestas por Triple-S para cada una de las causas consolidadas, 

así como las respectivas oposiciones instadas ante ellas, cumplieron con los 

requisitos de forma que exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra. 

Examinadas ambas mociones, así como las réplicas y demás escritos sobre 

el asunto, concluimos que tanto las mociones solicitando sentencia sumaria 

de la peticionaria, así como las oposiciones frente a estas instadas, 

cumplieron con tales requisitos. 

Habiéndose determinado lo anterior, procede que evaluemos si en el 

presente caso existen controversias de hechos materiales que impidan la 

resolución sumaria del pleito. De haberlos, tenemos que exponer 

concretamente cuáles son los hechos materiales sobre los que encontramos 

existe controversia y cuáles están incontrovertidos. De lo contrario, resta 

examinar si la aplicación del derecho fue correcta.

Conforme surge del expediente, el foro primario en su Resolución 

consideró que no existía controversia sustancial sobre veintinueve (29)

hechos. Ahora bien, el foro recurrido identificó como hechos en 

controversia, lo siguiente:

1. A cuánto asciende el daño ambiental producto del incendio.

2. Si el incendio fue ocasionado por una falla interna de una 

batería que estaba colocada en una silla de vinil; y si es o no 

usual que se coloque una batería con un cargador sobre material 

combustible.

3. Si Victory fue responsable por el incendio.

4. Si procede imponer responsabilidad por el incendio AI

Generator y las compañías aseguradas por Triple-S, bajo la 

póliza núm. 30-CP-81093339-0; y la valoración del daño. 

Al ejercer nuestro rol revisor, tras haber evaluado las mociones 

dispositivas sometidas por Triple-S, los documentos que acompañaron sus 
KLCE202301099 13

escritos, así como a los argumentos planteados por las partes, coincidimos 

con el foro primario en su análisis de hechos incontrovertidos, así como de 

aquellos que permanecen en controversia. No identificamos, por tanto,

alguna de las condiciones previstas por nuestro ordenamiento jurídico con 

respecto al auto de certiorari que nos muevan a intervenir. Siendo ello así, 

procede denegar el recurso.

Lo aquí resuelto, advertimos, no tiene efecto de juzgar o considerar 

en los méritos ninguna de las controversias de derecho planteadas por las 

partes, de modo que estas podrían ser planteadas nuevamente en una etapa 

posterior al juicio. Esto es así, ya que, como es sabido, una resolución 

denegatoria de un auto de Certiorari ni implica posición alguna del Tribunal 

respecto a los méritos de la causa sobre la cual trata dicho recurso. La 

resolución denegatoria simplemente es indicio de la facultad discrecional 

del tribunal revisor de negarse a revisar en determinado momento una 

decisión emitida por el tribunal de instancia. Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 

195 DPR 1, 12 (2016) al citar a SLG v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755 

(1992) y otros.

-IVPor todo lo antes consignado, denegamos la expedición del auto de 

Certiorari solicitado por la parte peticionaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones