# Diario Oficial L 58/4 de

| | ISSN 1725-2512 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | L 58 |
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| Edición en lengua española | Legislación | 48o año4 de marzo de 2005 |

ISSN 1725-2512

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 58

Edición en lengua española

Legislación

48o año4 de marzo de 2005

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| Sumario | | I   Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Reglamento (CE) no 361/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se establecen valores globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas | 1 |
| | | Reglamento (CE) no 362/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se rechazan las solicitudes de certificados de exportación de los productos del código NC 11010015 | 3 |
| | | Reglamento (CE) no 363/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se fijan los precios representativos y los importes de los derechos adicionales por importación de melaza en el sector del azúcar aplicables a partir del 4 de marzo de 2005 | 4 |
| | | Reglamento (CE) no 364/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se fijan las restituciones a la exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto sin perfeccionar | 6 |
| | | Reglamento (CE) no 365/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, que fija el importe máximo de la restitución a la exportación del azúcar blanco a determinados terceros países para la 20a licitación parcial efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en el Reglamento (CE) no 1327/2004 | 8 |
| | | Reglamento (CE) no 366/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno | 9 |
| | | Reglamento (CE) no 367/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se fijan las restituciones aplicables a los productos de los sectores de los cereales y del arroz entregados en el marco de acciones comunitarias y nacionales de ayuda alimentaria | 11 |
| | | Reglamento (CE) no 368/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, relativo a las ofertas comunicadas para la exportación de cebada en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1757/2004 | 13 |
| | | Reglamento (CE) no 369/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, relativo a las ofertas comunicadas para la exportación de avena en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1565/2004 | 14 |
| | | Reglamento (CE) no 370/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se fija la restitución máxima a la exportación de trigo blando en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 115/2005 | 15 |
| | | Reglamento (CE) no 371/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se fija la reducción máxima del derecho de importación de sorgo en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2275/2004 | 16 |
| | | Reglamento (CE) no 372/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se fija la reducción máxima del derecho de importación de maíz en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2277/2004 | 17 |
| | | Reglamento (CE) no 373/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se fija la reducción máxima del derecho de importación de maíz en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2276/2004 | 18 |
| | * | Directiva 2005/19/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, por la que se modifica la Directiva 90/434/CEE, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros | 19 |

Sumario

I   Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad

Página

Reglamento (CE) no 361/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se establecen valores globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

o

1

Reglamento (CE) no 362/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se rechazan las solicitudes de certificados de exportación de los productos del código NC 11010015

o

3

Reglamento (CE) no 363/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se fijan los precios representativos y los importes de los derechos adicionales por importación de melaza en el sector del azúcar aplicables a partir del 4 de marzo de 2005

o

4

Reglamento (CE) no 364/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se fijan las restituciones a la exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto sin perfeccionar

o

6

Reglamento (CE) no 365/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, que fija el importe máximo de la restitución a la exportación del azúcar blanco a determinados terceros países para la 20a licitación parcial efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en el Reglamento (CE) no 1327/2004

o

a

o

8

Reglamento (CE) no 366/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno

o

9

Reglamento (CE) no 367/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se fijan las restituciones aplicables a los productos de los sectores de los cereales y del arroz entregados en el marco de acciones comunitarias y nacionales de ayuda alimentaria

o

11

Reglamento (CE) no 368/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, relativo a las ofertas comunicadas para la exportación de cebada en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1757/2004

o

o

13

Reglamento (CE) no 369/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, relativo a las ofertas comunicadas para la exportación de avena en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1565/2004

o

o

14

Reglamento (CE) no 370/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se fija la restitución máxima a la exportación de trigo blando en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 115/2005

o

o

15

Reglamento (CE) no 371/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se fija la reducción máxima del derecho de importación de sorgo en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2275/2004

o

o

16

Reglamento (CE) no 372/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se fija la reducción máxima del derecho de importación de maíz en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2277/2004

o

o

17

Reglamento (CE) no 373/2005 de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se fija la reducción máxima del derecho de importación de maíz en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2276/2004

o

o

18

*

Directiva 2005/19/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, por la que se modifica la Directiva 90/434/CEE, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros

19

| | | II   Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad |
| --- | --- | --- |
| | | Consejo |
| | * | 2005/172/CE:Decisión del Consejo, de 28 de febrero de 2005, por la que se nombra a un miembro titular neerlandés del Comité de las Regiones | 28 |
| | | Comisión |
| | * | 2005/173/CE:Decisión de la Comisión, de 12 de mayo de 2004, relativa a la ayuda estatal ejecutada por España para una nueva ayuda de reestructuración de los astilleros públicos españoles Asunto de ayuda estatal C 40/00 (ex NN 61/00)
  [notificada con el número C(2004) 1620]

   (
  1
  ) | 29 |

II   Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad

Consejo

*

2005/172/CE:Decisión del Consejo, de 28 de febrero de 2005, por la que se nombra a un miembro titular neerlandés del Comité de las Regiones

28

Comisión

*

2005/173/CE:Decisión de la Comisión, de 12 de mayo de 2004, relativa a la ayuda estatal ejecutada por España para una nueva ayuda de reestructuración de los astilleros públicos españoles Asunto de ayuda estatal C 40/00 (ex NN 61/00)
  [notificada con el número C(2004) 1620]

   (
  1
  )

[notificada con el número C(2004) 1620]

1

29

| | | Corrección de errores |
| --- | --- | --- |
| | * | Corrección de errores del Reglamento (CE) no 2199/2004 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2004, que modifica el Reglamento (CEE) no 3846/87 por el que se establece la nomenclatura de los productos agrarios para las restituciones a la exportación (DO L 380 de 24.12.2004) | 46 |

Corrección de errores

*

Corrección de errores del Reglamento (CE) no 2199/2004 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2004, que modifica el Reglamento (CEE) no 3846/87 por el que se establece la nomenclatura de los productos agrarios para las restituciones a la exportación (DO L 380 de 24.12.2004)

o

o

46

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Texto pertinente a efectos del EEE |

---

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

1

| ES | Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.
  Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos. |
| --- | --- |

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

---

I Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad

| 4.3.2005 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 58/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.3.2005

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 58/1

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REGLAMENTO (CE) N
  o 361/2005 DE LA COMISIÓN

de 3 de marzo de 2005

por el que se establecen valores globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 3223/94 de la Comisión, de 21 de diciembre de 1994, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de importación de frutas y hortalizas (1), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 4,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo. |
| --- | --- |

(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

| (2) | En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento. |
| --- | --- |

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los valores globales de importación a que se refiere el artículo 4 del Reglamento (CE) no 3223/94 quedan fijados según se indica en el cuadro del anexo.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 4 de marzo de 2005.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 3 de marzo de 2005.

Por la Comisión

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura y de Desarrollo Rural

---

(1)  DO L 337 de 24.12.1994, p. 66. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1947/2002 (DO L 299 de 1.11.2002, p. 17).

1

o

---

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se establecen los valores globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

| (EUR/100 kg) |
| --- |
| Código NC | Código país tercero (1) | Valor global de importación |
| 0702 00 00 | 052 | 115,2 |
| 204 | 72,9 |
| 212 | 123,3 |
| 624 | 183,1 |
| 999 | 123,6 |
| 0707 00 05 | 052 | 170,8 |
| 068 | 164,9 |
| 204 | 165,5 |
| 220 | 230,6 |
| 999 | 183,0 |
| 0709 10 00 | 220 | 28,9 |
| 999 | 28,9 |
| 0709 90 70 | 052 | 190,1 |
| 204 | 151,0 |
| 999 | 170,6 |
| 0805 10 20 | 052 | 51,7 |
| 204 | 50,1 |
| 212 | 50,7 |
| 220 | 51,4 |
| 421 | 41,6 |
| 624 | 62,9 |
| 999 | 51,4 |
| 0805 50 10 | 052 | 60,8 |
| 220 | 76,3 |
| 624 | 67,1 |
| 999 | 68,1 |
| 0808 10 80 | 388 | 98,1 |
| 400 | 110,2 |
| 404 | 109,3 |
| 508 | 77,7 |
| 512 | 102,3 |
| 524 | 56,8 |
| 528 | 85,0 |
| 720 | 71,8 |
| 999 | 88,9 |
| 0808 20 50 | 052 | 208,3 |
| 388 | 70,3 |
| 400 | 92,1 |
| 512 | 85,3 |
| 528 | 59,7 |
| 720 | 45,1 |
| 999 | 93,5 |

(EUR/100 kg)

Código NC

Código país tercero (1)

Valor global de importación

0702 00 00

052

115,2

204

72,9

212

123,3

624

183,1

999

123,6

0707 00 05

052

170,8

068

164,9

204

165,5

220

230,6

999

183,0

0709 10 00

220

28,9

999

28,9

0709 90 70

052

190,1

204

151,0

999

170,6

0805 10 20

052

51,7

204

50,1

212

50,7

220

51,4

421

41,6

624

62,9

999

51,4

0805 50 10

052

60,8

220

76,3

624

67,1

999

68,1

0808 10 80

388

98,1

400

110,2

404

109,3

508

77,7

512

102,3

524

56,8

528

85,0

720

71,8

999

88,9

0808 20 50

052

208,3

388

70,3

400

92,1

512

85,3

528

59,7

720

45,1

999

93,5

---

(1)  Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 2081/2003 de la Comisión (DO L 313 de 28.11.2003, p. 11). El código «999» significa «otros orígenes».

---

| 4.3.2005 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 58/3 |
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4.3.2005

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 58/3

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REGLAMENTO (CE) N
  o 362/2005 DE LA COMISIÓN

de 3 de marzo de 2005

por el que se rechazan las solicitudes de certificados de exportación de los productos del código NC 1101 00 15

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1784/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales (1),

Visto el Reglamento (CE) no 1342/2003 de la Comisión, de 27 de julio de 2003, por el que se establecen disposiciones especiales de aplicación del régimen de certificados de importación en el sector de los cereales y del arroz (2), y, en particular, su artículo 8, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

| | |
| --- | --- |

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1342/2003, se rechazan las solicitudes de certificados de exportación que implican fijación anticipada de las restituciones de productos del código NC 1101 00 15, presentadas el 1 de marzo de 2005.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 4 de marzo de 2005.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 3 de marzo de 2005.

Por la Comisión

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura y de Desarrollo Rural

---

(1)  DO L 270 de 21.10.2003, p. 78.

1

(2)  DO L 189 de 29.7.2003, p. 12. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1092/2004 (DO L 209 de 11.6.2004, p. 9).

2

o

---

| 4.3.2005 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 58/4 |
| --- | --- | --- | --- |

4.3.2005

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 58/4

---

REGLAMENTO (CE) N
  o 363/2005 DE LA COMISIÓN

de 3 de marzo de 2005

por el que se fijan los precios representativos y los importes de los derechos adicionales por importación de melaza en el sector del azúcar aplicables a partir del 4 de marzo de 2005

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de junio de 2001, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (1), y en particular, el apartado 4 de su artículo 24,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El Reglamento (CE) no 1422/95 de la Comisión, de 23 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación para la importación de melaza en el sector del azúcar y se modifica el Reglamento (CEE) no 785/68 (2), dispone que el precio de importación cif de melaza, fijado de acuerdo con el Reglamento (CEE) no 785/68 de la Comisión (3), se considera el «precio representativo». Este precio se considera fijado para la calidad tipo mencionada en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 785/68. |
| --- | --- |

(1)

El Reglamento (CE) no 1422/95 de la Comisión, de 23 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación para la importación de melaza en el sector del azúcar y se modifica el Reglamento (CEE) no 785/68 (2), dispone que el precio de importación cif de melaza, fijado de acuerdo con el Reglamento (CEE) no 785/68 de la Comisión (3), se considera el «precio representativo». Este precio se considera fijado para la calidad tipo mencionada en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 785/68.

| (2) | Para la fijación de los precios representativos debe tenerse en cuenta toda la información contemplada en el artículo 3 del Reglamento (CEE) no 785/68, salvo en los casos previstos en el artículo 4 de dicho Reglamento, y, cuando corresponda, esta fijación puede efectuarse según el método citado en el artículo 7 del Reglamento (CEE) no 785/68. |
| --- | --- |

(2)

Para la fijación de los precios representativos debe tenerse en cuenta toda la información contemplada en el artículo 3 del Reglamento (CEE) no 785/68, salvo en los casos previstos en el artículo 4 de dicho Reglamento, y, cuando corresponda, esta fijación puede efectuarse según el método citado en el artículo 7 del Reglamento (CEE) no 785/68.

| (3) | En cuanto al ajuste de los precios que no se refieran a la calidad tipo, debe procederse a incrementar o disminuir los precios, según la calidad de la melaza ofrecida, en aplicación del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 785/68. |
| --- | --- |

(3)

En cuanto al ajuste de los precios que no se refieran a la calidad tipo, debe procederse a incrementar o disminuir los precios, según la calidad de la melaza ofrecida, en aplicación del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 785/68.

| (4) | Cuando exista una diferencia entre el precio desencadenante del producto de que se trate y el precio representativo, deberán fijarse derechos de importación adicionales en las condiciones mencionadas en el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1422/95. En caso de suspensión de los derechos de importación según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1422/95, es preciso fijar importes específicos para estos derechos. |
| --- | --- |

(4)

Cuando exista una diferencia entre el precio desencadenante del producto de que se trate y el precio representativo, deberán fijarse derechos de importación adicionales en las condiciones mencionadas en el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1422/95. En caso de suspensión de los derechos de importación según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1422/95, es preciso fijar importes específicos para estos derechos.

| (5) | Es pertinente fijar los precios representativos y los derechos adicionales de importación de estos productos, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 y en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1422/95. |
| --- | --- |

(5)

Es pertinente fijar los precios representativos y los derechos adicionales de importación de estos productos, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 y en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1422/95.

| (6) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar. |
| --- | --- |

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los precios representativos y los derechos adicionales aplicables en la importación de los productos mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1422/95 quedan fijados en el anexo.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 4 de marzo de 2005.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 3 de marzo de 2005.

Por la Comisión

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura y de Desarrollo Rural

---

(1)  DO L 178 de 30.6.2001, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 39/2004 de la Comisión (DO L 6 de 10.1.2004, p. 16).

1

o

(2)  DO L 141 de 24.6.1995, p. 12. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 79/2003 (DO L 13 de 18.1.2003, p. 4).

2

o

(3)  DO 145 de 27.6.1968, p. 12. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1422/1995.

3

o

---

ANEXO

Precios representativos e importes de los derechos adicionales de importación de melaza en el sector del azúcar aplicables a partir del 4 de marzo de 2005

| (EUR) |
| --- |
| Código NC | Importe del precio representativo por 100 kg netos de producto | Importe del derecho adicional por 100 kg netos de producto | Importe del derecho aplicable a la importación por el hecho de la suspensión contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1422/95 por 100 kg netos de producto (1) |
| 1703 10 00 (2) | 10,30 | — | 0 |
| 1703 90 00 (2) | 11,00 | — | 0 |

(EUR)

Código NC

Importe del precio representativo por 100 kg netos de producto

Importe del derecho adicional por 100 kg netos de producto

Importe del derecho aplicable a la importación por el hecho de la suspensión contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1422/95 por 100 kg netos de producto (1)

1703 10 00 (2)

10,30

—

0

1703 90 00 (2)

11,00

—

0

---

(1)  Este importe sustituye, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1422/95, el tipo de los derechos del arancel aduanero común fijado para estos productos.

(2)  Fijación por la calidad tipo establecida en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 785/68, modificado.

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| 4.3.2005 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 58/6 |
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4.3.2005

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 58/6

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REGLAMENTO (CE) N
  o 364/2005 DE LA COMISIÓN

de 3 de marzo de 2005

por el que se fijan las restituciones a la exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto sin perfeccionar

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de junio de 2001, por el que se establece una organización común de mercados en el sector del azúcar (1), y, en particular, el segundo párrafo del apartado 5 de su artículo 27,

Considerando lo siguiente:

| (1) | En virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/2001, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los productos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la exportación. |
| --- | --- |

(1)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/2001, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los productos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la exportación.

| (2) | Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1260/2001, las restituciones para el azúcar blanco y en bruto sin desnaturalizar y exportados sin perfeccionar deben fijarse teniendo en cuenta la situación en el mercado comunitario y en el mercado mundial del azúcar y, en particular, los elementos de precio y de costes contemplados en el artículo 28 de dicho Reglamento. Con arreglo al mismo artículo, procede tener en cuenta también el aspecto económico de las exportaciones previstas. |
| --- | --- |

(2)

Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1260/2001, las restituciones para el azúcar blanco y en bruto sin desnaturalizar y exportados sin perfeccionar deben fijarse teniendo en cuenta la situación en el mercado comunitario y en el mercado mundial del azúcar y, en particular, los elementos de precio y de costes contemplados en el artículo 28 de dicho Reglamento. Con arreglo al mismo artículo, procede tener en cuenta también el aspecto económico de las exportaciones previstas.

| (3) | Para el azúcar en bruto, la restitución debe fijarse para la calidad tipo. Ésta ha sido definida en la sección II del anexo I del Reglamento (CE) no 1260/2001. Dicha restitución debe fijarse, además, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 28 del citado Reglamento. El Reglamento (CE) no 2135/95 de la Comisión, de 7 de septiembre de 1995, relativo a las modalidades de aplicación de la concesión de las restituciones a la exportación en el sector del azúcar (2) ha definido el azúcar cande. El importe de la restitución calculado de tal modo en lo que se refiere a los azúcares aromatizados o con adición de colorantes debe aplicarse a su contenido en sacarosa y, por consiguiente, fijarse por el 1 % de dicho contenido. |
| --- | --- |

(3)

Para el azúcar en bruto, la restitución debe fijarse para la calidad tipo. Ésta ha sido definida en la sección II del anexo I del Reglamento (CE) no 1260/2001. Dicha restitución debe fijarse, además, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 28 del citado Reglamento. El Reglamento (CE) no 2135/95 de la Comisión, de 7 de septiembre de 1995, relativo a las modalidades de aplicación de la concesión de las restituciones a la exportación en el sector del azúcar (2) ha definido el azúcar cande. El importe de la restitución calculado de tal modo en lo que se refiere a los azúcares aromatizados o con adición de colorantes debe aplicarse a su contenido en sacarosa y, por consiguiente, fijarse por el 1 % de dicho contenido.

| (4) | En casos especiales, el importe de la restitución puede fijarse mediante actos de naturaleza diferente. |
| --- | --- |

(4)

En casos especiales, el importe de la restitución puede fijarse mediante actos de naturaleza diferente.

| (5) | La restitución debe fijarse cada dos semanas. Puede modificarse en el intervalo. |
| --- | --- |

(5)

La restitución debe fijarse cada dos semanas. Puede modificarse en el intervalo.

| (6) | Con arreglo a lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 5 del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/2001, cuando la situación del mercado mundial o las necesidades específicas de determinados mercados lo requieran, puede diferenciarse la restitución de los productos enumerados en el artículo 1 del citado Reglamento en función del destino. |
| --- | --- |

(6)

Con arreglo a lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 5 del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/2001, cuando la situación del mercado mundial o las necesidades específicas de determinados mercados lo requieran, puede diferenciarse la restitución de los productos enumerados en el artículo 1 del citado Reglamento en función del destino.

| (7) | El rápido y significativo incremento desde comienzos del año 2001 de las importaciones preferentes de azúcar procedentes de los países de los Balcanes occidentales, así como el de las exportaciones de azúcar de la Comunidad hacia esos países, parece revestir un carácter extremadamente artificial. |
| --- | --- |

(7)

El rápido y significativo incremento desde comienzos del año 2001 de las importaciones preferentes de azúcar procedentes de los países de los Balcanes occidentales, así como el de las exportaciones de azúcar de la Comunidad hacia esos países, parece revestir un carácter extremadamente artificial.

| (8) | Con objeto de evitar que se produzcan abusos consistentes en la reimportación en la Comunidad de productos del sector del azúcar que se han beneficiado de una restitución por exportación, se considera conveniente no fijar para los países de los Balcanes occidentales en su conjunto una restitución respecto de los productos contemplados en el presente Reglamento. |
| --- | --- |

(8)

Con objeto de evitar que se produzcan abusos consistentes en la reimportación en la Comunidad de productos del sector del azúcar que se han beneficiado de una restitución por exportación, se considera conveniente no fijar para los países de los Balcanes occidentales en su conjunto una restitución respecto de los productos contemplados en el presente Reglamento.

| (9) | Habida cuenta de estas consideraciones, así como de la actual situación de los mercados en el sector del azúcar, y, en particular, del nivel de las cotizaciones o precios del azúcar en la Comunidad y en el mercado mundial, la restitución debe fijarse en los importes apropiados. |
| --- | --- |

(9)

Habida cuenta de estas consideraciones, así como de la actual situación de los mercados en el sector del azúcar, y, en particular, del nivel de las cotizaciones o precios del azúcar en la Comunidad y en el mercado mundial, la restitución debe fijarse en los importes apropiados.

| (10) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar. |
| --- | --- |

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Las restituciones a la exportación de los productos mencionados en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1260/2001 sin perfeccionar o desnaturalizados se fijarán en los importes consignados en el anexo.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 4 de marzo de 2005.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 3 de marzo de 2005.

Por la Comisión

Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

---

(1)  DO L 178 de 30.6.2001, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 39/2004 de la Comisión (DO L 6 de 10.1.2004, p. 16).

1

o

(2)  DO L 214 de 8.9.1995, p. 16.

2

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ANEXO

RESTITUCIONES POR EXPORTACIÓN DEL AZÚCAR BLANCO Y DEL AZÚCAR EN BRUTO SIN TRANSFORMAR APLICABLES A PARTIR DEL 4 DE MARZO DE 2005 (1)

| Código de los productos | Destino | Unidad de medida | Importe de las restituciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1701 11 90 9100 | S00 | EUR/100 kg | 33,80 (2) |
| 1701 11 90 9910 | S00 | EUR/100 kg | 33,81 (2) |
| 1701 12 90 9100 | S00 | EUR/100 kg | 33,80 (2) |
| 1701 12 90 9910 | S00 | EUR/100 kg | 33,81 (2) |
| 1701 91 00 9000 | S00 | EUR/1 % de sacarosa × 100 kg de producto neto | 0,3675 |
| 1701 99 10 9100 | S00 | EUR/100 kg | 36,75 |
| 1701 99 10 9910 | S00 | EUR/100 kg | 36,76 |
| 1701 99 10 9950 | S00 | EUR/100 kg | 36,76 |
| 1701 99 90 9100 | S00 | EUR/1 % de sacarosa × 100 kg de producto neto | 0,3675 |
| Nota: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1).
  Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2081/2003 de la Comisión (DO L 313 de 28.11.2003, p. 11).
  Los demás destinos se definen de la manera siguiente:







  S00 | : | Todos los destinos (terceros países, otros territorios, avituallamiento y destinos asimilados a una exportación fuera de la Comunidad), con excepción de Albania, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro (incluido Kosovo, tal como se define en la Resolución no 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 10 de junio de 1999) y la antigua República Yugoslava de Macedonia, salvo en lo que concierne al azúcar incorporado en los productos mencionados en la letra b) del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo (DO L 297 de 21.11.1996, p. 29). |

Código de los productos

Destino

Unidad de medida

Importe de las restituciones

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,80 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,81 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,80 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,81 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de sacarosa × 100 kg de producto neto

0,3675

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,75

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,76

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,76

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de sacarosa × 100 kg de producto neto

0,3675

Nota: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1).

Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2081/2003 de la Comisión (DO L 313 de 28.11.2003, p. 11).

Los demás destinos se definen de la manera siguiente:

S00

:

Todos los destinos (terceros países, otros territorios, avituallamiento y destinos asimilados a una exportación fuera de la Comunidad), con excepción de Albania, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro (incluido Kosovo, tal como se define en la Resolución no 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 10 de junio de 1999) y la antigua República Yugoslava de Macedonia, salvo en lo que concierne al azúcar incorporado en los productos mencionados en la letra b) del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 2201/96 del Consejo (DO L 297 de 21.11.1996, p. 29).

---

(1)  Los tipos fijados en el presente anexo no son aplicables a partir del 1 de febrero de 2005, de conformidad con la Decisión 2005/45/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativa a la celebración y a la aplicación provisional del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza de 22 de julio de 1972 en lo que se refiere a las disposiciones aplicables a los productos agrícolas transformados (DO L 23 de 26.1.2005, p. 17).

(2)  El presente importe será aplicable al azúcar en bruto de un rendimiento del 92 %. Si el rendimiento del azúcar en bruto exportado se desvía del 92 %, el importe de la restitución aplicable se calculará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 28 de Reglamento (CE) no 1260/2001.

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| 4.3.2005 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 58/8 |
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4.3.2005

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 58/8

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REGLAMENTO (CE) N
  o 365/2005 DE LA COMISIÓN

de 3 de marzo de 2005

que fija el importe máximo de la restitución a la exportación del azúcar blanco a determinados terceros países para la 20a licitación parcial efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en el Reglamento (CE) no 1327/2004

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de junio de 2001, por el que se establece una organización común de mercados en el sector del azúcar (1), y, en particular, el segundo párrafo del apartado 5 de su artículo 27,

Considerando lo siguiente:

| (1) | En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1327/2004 de la Comisión, de 19 de julio de 2004, relativo a una licitación permanente correspondiente a la campaña de comercialización 2004/05 para determinar las exacciones y las restituciones por exportación del azúcar blanco (2), se procede a licitaciones parciales para la exportación de dicho azúcar a determinados terceros países. |
| --- | --- |

(1)

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1327/2004 de la Comisión, de 19 de julio de 2004, relativo a una licitación permanente correspondiente a la campaña de comercialización 2004/05 para determinar las exacciones y las restituciones por exportación del azúcar blanco (2), se procede a licitaciones parciales para la exportación de dicho azúcar a determinados terceros países.

| (2) | De conformidad con el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1327/2004, debe fijarse en su caso un importe máximo de la restitución a la exportación para la licitación parcial de que se trate, teniendo en cuenta en particular la situación de la evolución previsible del mercado del azúcar en la Comunidad y en el mercado mundial. |
| --- | --- |

(2)

De conformidad con el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1327/2004, debe fijarse en su caso un importe máximo de la restitución a la exportación para la licitación parcial de que se trate, teniendo en cuenta en particular la situación de la evolución previsible del mercado del azúcar en la Comunidad y en el mercado mundial.

| (3) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar. |
| --- | --- |

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

A efectos de la 20a licitación parcial de azúcar blanco, realizada en virtud del Reglamento (CE) no 1327/2004, el importe máximo de la restitución por exportación será de 39,898 EUR/100 kg.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 4 de marzo de 2005.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 3 de marzo de 2005.

Por la Comisión

Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

---

(1)  DO L 178 de 30.6.2001, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 39/2004 de la Comisión (DO L 6 de 10.1.2004, p. 16).

1

o

(2)  DO L 246 de 20.7.2004, p. 23. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1685/2004 (DO L 303 de 30.9.2004, p. 21).

2

o

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| 4.3.2005 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 58/9 |
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4.3.2005

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 58/9

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REGLAMENTO (CE) N
  o 366/2005 DE LA COMISIÓN

de 3 de marzo de 2005

por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1784/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establece una organización común de mercados en el sector de los cereales (1), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 13,

Considerando lo siguiente:

| (1) | En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 1784/2003, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los productos contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la exportación. |
| --- | --- |

(1)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 1784/2003, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los productos contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la exportación.

| (2) | Las restituciones deben fijarse teniendo en cuenta los elementos mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones por exportación y las medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de los cereales (2). |
| --- | --- |

(2)

Las restituciones deben fijarse teniendo en cuenta los elementos mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones por exportación y las medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de los cereales (2).

| (3) | En lo que se refiere a las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno, la restitución aplicable a dichos productos debe calcularse teniendo en cuenta la cantidad de cereales necesaria para la fabricación de los mismos. El Reglamento (CE) no 1501/95 ha fijado dichas cantidades. |
| --- | --- |

(3)

En lo que se refiere a las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno, la restitución aplicable a dichos productos debe calcularse teniendo en cuenta la cantidad de cereales necesaria para la fabricación de los mismos. El Reglamento (CE) no 1501/95 ha fijado dichas cantidades.

| (4) | La situación del mercado mundial o las exigencias específicas de determinados mercados pueden requerir la diferenciación de la restitución para determinados productos de acuerdo con su destino. |
| --- | --- |

(4)

La situación del mercado mundial o las exigencias específicas de determinados mercados pueden requerir la diferenciación de la restitución para determinados productos de acuerdo con su destino.

| (5) | La restitución debe fijarse una vez por mes y puede ser modificada en el intervalo. |
| --- | --- |

(5)

La restitución debe fijarse una vez por mes y puede ser modificada en el intervalo.

| (6) | La aplicación de dichas modalidades a la situación actual de los mercados en el sector de los cereales, y, en particular, a las cotizaciones o precios de dichos productos en la Comunidad y en el mercado mundial, conduce a fijar la restitución en los importes consignados en el anexo. |
| --- | --- |

(6)

La aplicación de dichas modalidades a la situación actual de los mercados en el sector de los cereales, y, en particular, a las cotizaciones o precios de dichos productos en la Comunidad y en el mercado mundial, conduce a fijar la restitución en los importes consignados en el anexo.

| (7) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales. |
| --- | --- |

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Se fijan en los importes consignados en el anexo las restituciones a la exportación, en el estado en que se encuentran, de los productos contemplados en las letras a), b) y c) del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1784/2003, excepto la malta.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 4 de marzo de 2005.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 3 de marzo de 2005.

Por la Comisión

Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

---

(1)  DO L 270 de 21.10.2003, p. 78.

1

(2)  DO L 147 de 30.6.1995, p. 7. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1431/2003 (DO L 203 de 12.8.2003, p. 16).

2

o

---

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno

| Código del producto | Destino | Unidad de medida | Importe de las restituciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1001 10 00 9200 | — | EUR/t | — |
| 1001 10 00 9400 | A00 | EUR/t | 0 |
| 1001 90 91 9000 | — | EUR/t | — |
| 1001 90 99 9000 | A00 | EUR/t | 0 |
| 1002 00 00 9000 | A00 | EUR/t | 0 |
| 1003 00 10 9000 | — | EUR/t | — |
| 1003 00 90 9000 | A00 | EUR/t | 0 |
| 1004 00 00 9200 | — | EUR/t | — |
| 1004 00 00 9400 | A00 | EUR/t | 0 |
| 1005 10 90 9000 | — | EUR/t | — |
| 1005 90 00 9000 | A00 | EUR/t | 0 |
| 1007 00 90 9000 | — | EUR/t | — |
| 1008 20 00 9000 | — | EUR/t | — |
| 1101 00 11 9000 | — | EUR/t | — |
| 1101 00 15 9100 | C01 | EUR/t | 13,70 |
| 1101 00 15 9130 | C01 | EUR/t | 12,80 |
| 1101 00 15 9150 | C01 | EUR/t | 11,80 |
| 1101 00 15 9170 | C01 | EUR/t | 10,90 |
| 1101 00 15 9180 | C01 | EUR/t | 10,20 |
| 1101 00 15 9190 | — | EUR/t | — |
| 1101 00 90 9000 | — | EUR/t | — |
| 1102 10 00 9500 | A00 | EUR/t | 0 |
| 1102 10 00 9700 | A00 | EUR/t | 0 |
| 1102 10 00 9900 | — | EUR/t | — |
| 1103 11 10 9200 | A00 | EUR/t | 0 |
| 1103 11 10 9400 | A00 | EUR/t | 0 |
| 1103 11 10 9900 | — | EUR/t | — |
| 1103 11 90 9200 | A00 | EUR/t | 0 |
| 1103 11 90 9800 | — | EUR/t | — |
| N.B.: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.







  C01 | : | Todos los terceros países excepto Albania, Bulgaria, Rumanía, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Liechtenstein y Suiza. |

Código del producto

Destino

Unidad de medida

Importe de las restituciones

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

13,70

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

12,80

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

11,80

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

10,90

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

10,20

1101 00 15 9190

—

EUR/t

—

1101 00 90 9000

—

EUR/t

—

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

—

EUR/t

—

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

—

EUR/t

—

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

—

EUR/t

—

N.B.: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.

C01

:

Todos los terceros países excepto Albania, Bulgaria, Rumanía, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Liechtenstein y Suiza.

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| 4.3.2005 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 58/11 |
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4.3.2005

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 58/11

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REGLAMENTO (CE) N
  o 367/2005 DE LA COMISIÓN

de 3 de marzo de 2005

por el que se fijan las restituciones aplicables a los productos de los sectores de los cereales y del arroz entregados en el marco de acciones comunitarias y nacionales de ayuda alimentaria

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1784/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establece una organización común de mercados en el sector de los cereales (1), y, en particular, el párrafo tercero de su artículo 13,

Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, por el que se establece una organización común del mercado del arroz (2), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 13,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El artículo 2 del Reglamento (CEE) no 2681/74 del Consejo, de 21 de octubre de 1974, relativo a la financiación comunitaria de los gastos resultantes del suministro de productos agrícolas en virtud de la ayuda alimentaria (3), establece que corresponde al Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria, sección «Garantía», la parte de los gastos correspondiente a las restituciones a la exportación fijadas en la materia con arreglo a las normas comunitarias. |
| --- | --- |

(1)

El artículo 2 del Reglamento (CEE) no 2681/74 del Consejo, de 21 de octubre de 1974, relativo a la financiación comunitaria de los gastos resultantes del suministro de productos agrícolas en virtud de la ayuda alimentaria (3), establece que corresponde al Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria, sección «Garantía», la parte de los gastos correspondiente a las restituciones a la exportación fijadas en la materia con arreglo a las normas comunitarias.

| (2) | Con objeto de facilitar la elaboración y la gestión del presupuesto para las acciones comunitarias de ayuda alimentaria y con el fin de permitir a los Estados miembros conocer el nivel de participación comunitaria en la financiación de las acciones nacionales de ayuda alimentaria, es necesario determinar el nivel de las restituciones concedidas para dichas acciones. |
| --- | --- |

(2)

Con objeto de facilitar la elaboración y la gestión del presupuesto para las acciones comunitarias de ayuda alimentaria y con el fin de permitir a los Estados miembros conocer el nivel de participación comunitaria en la financiación de las acciones nacionales de ayuda alimentaria, es necesario determinar el nivel de las restituciones concedidas para dichas acciones.

| (3) | Las normas generales y las modalidades de aplicación establecidas por el artículo 13 del Reglamento (CE) no 1784/2003 y por el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95 para las restituciones a la exportación son aplicables mutatis mutandis a las mencionadas operaciones. |
| --- | --- |

(3)

Las normas generales y las modalidades de aplicación establecidas por el artículo 13 del Reglamento (CE) no 1784/2003 y por el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95 para las restituciones a la exportación son aplicables mutatis mutandis a las mencionadas operaciones.

| (4) | Los criterios específicos que deben tenerse en cuenta para el cálculo de la restitución a la exportación en el caso del arroz se definen en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95. |
| --- | --- |

(4)

Los criterios específicos que deben tenerse en cuenta para el cálculo de la restitución a la exportación en el caso del arroz se definen en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95.

| (5) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales. |
| --- | --- |

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Para las acciones comunitarias y nacionales de ayuda alimentaria realizadas en el marco de convenios internacionales o de otros programas complementarios, así como para la ejecución de otras medidas comunitarias de suministro gratuito, las restituciones aplicables a los productos de los sectores de los cereales y del arroz se fijarán con arreglo al anexo.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 4 de marzo de 2005.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 3 de marzo de 2005.

Por la Comisión

Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

---

(1)  DO L 270 de 21.10.2003, p. 78.

1

(2)  DO L 329 de 30.12.1995, p. 18; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 411/2002 de la Comisión (DO L 62 de 5.3.2002, p. 27).

2

o

(3)  DO L 288 de 25.10.1974, p. 1.

3

---

ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 3 de marzo de 2005, por el que se fijan las restituciones aplicables a los productos de los sectores de los cereales y del arroz entregados en el marco de acciones comunitarias y nacionales de ayuda alimentaria

| (en EUR/t) |
| --- |
| Código del producto | Importe de las restituciones |
| 1001 10 00 9400 | 0,00 |
| 1001 90 99 9000 | 0,00 |
| 1002 00 00 9000 | 0,00 |
| 1003 00 90 9000 | 0,00 |
| 1005 90 00 9000 | 0,00 |
| 1006 30 92 9100 | 0,00 |
| 1006 30 92 9900 | 0,00 |
| 1006 30 94 9100 | 0,00 |
| 1006 30 94 9900 | 0,00 |
| 1006 30 96 9100 | 0,00 |
| 1006 30 96 9900 | 0,00 |
| 1006 30 98 9100 | 0,00 |
| 1006 30 98 9900 | 0,00 |
| 1006 30 65 9900 | 0,00 |
| 1007 00 90 9000 | 0,00 |
| 1101 00 15 9100 | 13,70 |
| 1101 00 15 9130 | 12,80 |
| 1102 10 00 9500 | 0,00 |
| 1102 20 10 9200 | 56,00 |
| 1102 20 10 9400 | 48,00 |
| 1103 11 10 9200 | 0,00 |
| 1103 13 10 9100 | 72,00 |
| 1104 12 90 9100 | 0,00 |
| Nota: Los códigos de productos se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado. |

(en EUR/t)

Código del producto

Importe de las restituciones

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

13,70

1101 00 15 9130

12,80

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

56,00

1102 20 10 9400

48,00

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

72,00

1104 12 90 9100

0,00

Nota: Los códigos de productos se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.

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| 4.3.2005 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 58/13 |
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4.3.2005

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 58/13

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REGLAMENTO (CE) N
  o 368/2005 DE LA COMISIÓN

de 3 de marzo de 2005

relativo a las ofertas comunicadas para la exportación de cebada en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1757/2004

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1784/2004 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales (1), y, en particular, el primer párrafo del apartado 3 de su artículo 13,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El Reglamento (CE) no 1757/2004 de la Comisión (2), ha abierto una licitación para la restitución a la exportación de cebada a determinados terceros países. |
| --- | --- |

(1)

El Reglamento (CE) no 1757/2004 de la Comisión (2), ha abierto una licitación para la restitución a la exportación de cebada a determinados terceros países.

| (2) | Con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones a la exportación y las medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de los cereales (3), la Comisión, basándose en las ofertas comunicadas puede decidir no dar curso a la licitación. |
| --- | --- |

(2)

Con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones a la exportación y las medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de los cereales (3), la Comisión, basándose en las ofertas comunicadas puede decidir no dar curso a la licitación.

| (3) | Teniendo en cuenta, en particular, los criterios previstos en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95, no resulta oportuno proceder a la fijación de una restitución máxima. |
| --- | --- |

(3)

Teniendo en cuenta, en particular, los criterios previstos en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95, no resulta oportuno proceder a la fijación de una restitución máxima.

| (4) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales. |
| --- | --- |

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

No se dará curso a las ofertas comunicadas del 25 de febrero al 3 de marzo de 2005 en el marco de la licitación para la restitución o el gravamen a la exportación de cebada contemplada en el Reglamento (CE) no 1757/2004.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 4 de marzo de 2005.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 3 de marzo de 2005.

Por la Comisión

Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

---

(1)  DO L 270 de 21.10.2003, p. 78.

1

(2)  DO L 313 de 12.10.2004, p. 10.

2

(3)  DO L 147 de 30.6.1995, p. 7; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 777/2004 (DO L 123 de 27.4.2004, p. 50).

3

o

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| 4.3.2005 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 58/14 |
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4.3.2005

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 58/14

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REGLAMENTO (CE) N
  o 369/2005 DE LA COMISIÓN

de 3 de marzo de 2005

relativo a las ofertas comunicadas para la exportación de avena en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1565/2004

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1784/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales (1) y, en particular, su artículo 7,

Visto el Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones a la exportación y las medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de los cereales (2), y, en particular, su artículo 7,

Visto el Reglamento (CE) no 1565/2004 de la Comisión, de 3 de septiembre de 2004, por el que se establece, para la campãna 2004/05, una medida especial de intervención en Finlandia y en Suecia destinada a la avena (3).

Considerando lo siguiente:

| (1) | El Reglamento (CE) no 1565/2004 ha abierto una licitación de la restitución de avena producida en Finlandia y en Suecia y destinada a ser exportada de Finlandia y de Suecia a todos los terceros países, excepto Bulgaria, Noruega, Rumania y Suiza. |
| --- | --- |

(1)

El Reglamento (CE) no 1565/2004 ha abierto una licitación de la restitución de avena producida en Finlandia y en Suecia y destinada a ser exportada de Finlandia y de Suecia a todos los terceros países, excepto Bulgaria, Noruega, Rumania y Suiza.

| (2) | Teniendo en cuenta, en particular, los criterios previstos en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95, no resulta oportuno proceder a la fijación de una restitución máxima. |
| --- | --- |

(2)

Teniendo en cuenta, en particular, los criterios previstos en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95, no resulta oportuno proceder a la fijación de una restitución máxima.

| (3) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales. |
| --- | --- |

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

No se dará curso a las ofertas comunicadas del 25 de febrero al 3 de marzo de 2005 en el marco de la licitación para la restitución a la exportación de avena contemplada en el Reglamento (CE) no 1565/2004.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 4 de marzo de 2005.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 3 de marzo de 2005.

Por la Comisión

Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

---

(1)  DO L 270 de 21.10.2003, p. 78.

1

(2)  DO L 147 de 30.6.1995, p. 7. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1431/2003 (DO L 203 de 12.8.2003, p. 16).

2

o

(3)  DO L 285 de 4.9.2004, p. 3.

3

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| 4.3.2005 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 58/15 |
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4.3.2005

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 58/15

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REGLAMENTO (CE) N
  o 370/2005 DE LA COMISIÓN

de 3 de marzo de 2005

por el que se fija la restitución máxima a la exportación de trigo blando en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 115/2005

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1784/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales (1), y, en particular, el primer párrafo del apartado 3 de su artículo 13,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El Reglamento (CE) no 115/2005 de la Comisión (2) ha abierto una licitación de la restitución a la exportación de trigo blando a determinados terceros países. |
| --- | --- |

(1)

El Reglamento (CE) no 115/2005 de la Comisión (2) ha abierto una licitación de la restitución a la exportación de trigo blando a determinados terceros países.

| (2) | En virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones a la exportación y a las medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de los cereales (3), la Comisión, basándose en las ofertas comunicadas, puede decidir fijar una restitución máxima a la exportación siguiendo los criterios a que se refiere el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95. En este caso, el contrato se adjudicará al licitador o licitadores cuya oferta sea igual o inferior a la restitución máxima. |
| --- | --- |

(2)

En virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones a la exportación y a las medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de los cereales (3), la Comisión, basándose en las ofertas comunicadas, puede decidir fijar una restitución máxima a la exportación siguiendo los criterios a que se refiere el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95. En este caso, el contrato se adjudicará al licitador o licitadores cuya oferta sea igual o inferior a la restitución máxima.

| (3) | La aplicación de los criterios precitados a la situación actual de los mercados del cereal considerado lleva a fijar la restitución máxima a la exportación en el importe indicado en el artículo 1. |
| --- | --- |

(3)

La aplicación de los criterios precitados a la situación actual de los mercados del cereal considerado lleva a fijar la restitución máxima a la exportación en el importe indicado en el artículo 1.

| (4) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales. |
| --- | --- |

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Para las ofertas comunicadas entre el 25 de febrero al 3 de marzo de 2005 en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 115/2005, la restitución máxima a la exportación de trigo blando se fijará en 10,00 EUR/t.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 4 de marzo de 2005.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 3 de marzo de 2005.

Por la Comisión

Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

---

(1)  DO L 270 de 21.10.2003, p. 78.

1

(2)  DO L 24 de 27.1.2005, p. 3.

2

(3)  DO L 147 de 30.6.1995, p. 7. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 777/2004 (DO L 123 de 27.4.2004, p. 50).

3

o

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| 4.3.2005 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 58/16 |
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4.3.2005

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 58/16

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REGLAMENTO (CE) N
  o 371/2005 DE LA COMISIÓN

de 3 de marzo de 2005

por el que se fija la reducción máxima del derecho de importación de sorgo en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2275/2004

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1784/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establece la organización común de mercado en el sector de los cereales (1) y, en particular, el apartado 1 de su artículo 12,

Considerando lo siguiente

| (1) | El Reglamento (CE) no 2275/2004 de la Comisión (2) ha abierto una licitación de la reducción máxima del derecho de importación de sorgo en España procedente de terceros países. |
| --- | --- |

(1)

El Reglamento (CE) no 2275/2004 de la Comisión (2) ha abierto una licitación de la reducción máxima del derecho de importación de sorgo en España procedente de terceros países.

| (2) | Con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 1839/95 de la Comisión (3), la Comisión puede decidir, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 25 del Reglamento (CE) no 1784/2003, la fijación de una reducción máxima del derecho de importación. Para dicha fijación deben tenerse en cuenta, en particular, los criterios previstos en los artículos 6 y 7 del Reglamento (CE) no 1839/95. La licitación debe ser adjudicada a todo licitador cuya oferta se sitúe al nivel de la reducción máxima del derecho de importación o a un nivel inferior. |
| --- | --- |

(2)

Con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 1839/95 de la Comisión (3), la Comisión puede decidir, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 25 del Reglamento (CE) no 1784/2003, la fijación de una reducción máxima del derecho de importación. Para dicha fijación deben tenerse en cuenta, en particular, los criterios previstos en los artículos 6 y 7 del Reglamento (CE) no 1839/95. La licitación debe ser adjudicada a todo licitador cuya oferta se sitúe al nivel de la reducción máxima del derecho de importación o a un nivel inferior.

| (3) | La aplicación de los criterios precitados a la situación actual de los mercados del cereal considerado lleva a fijar la reducción máxima del derecho de importación en el importe indicado en el artículo 1. |
| --- | --- |

(3)

La aplicación de los criterios precitados a la situación actual de los mercados del cereal considerado lleva a fijar la reducción máxima del derecho de importación en el importe indicado en el artículo 1.

| (4) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales. |
| --- | --- |

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Para las ofertas comunicadas del 25 de febrero al 3 de marzo de 2005 en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2275/2004, la reducción máxima del derecho de importación de sorgo se fijará en 22,47 EUR/t para una cantidad máxima global de 32 500 t.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 4 de marzo de 2005.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 3 de marzo de 2005.

Por la Comisión

Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

---

(1)  DO L 270 de 21.10.2003, p. 78.

1

(2)  DO L 396 de 31.12.2004, p. 32.

2

(3)  DO L 177 de 28.7.1995, p. 4. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 777/2004 (DO L 123 de 27.4.2004, p. 50).

3

o

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| 4.3.2005 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 58/17 |
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4.3.2005

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 58/17

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REGLAMENTO (CE) N
  o 372/2005 DE LA COMISIÓN

de 3 de marzo de 2005

por el que se fija la reducción máxima del derecho de importación de maíz en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2277/2004

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1784/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales (1), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 12,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El Reglamento (CE) no 2277/2004 de la Comisión (2) ha abierto una licitación de la reducción máxima del derecho de importación de maíz en España procedente de terceros países. |
| --- | --- |

(1)

El Reglamento (CE) no 2277/2004 de la Comisión (2) ha abierto una licitación de la reducción máxima del derecho de importación de maíz en España procedente de terceros países.

| (2) | Con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 1839/95 de la Comisión (3), la Comisión puede decidir, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 25 del Reglamento (CE) no 1784/2003, la fijación de una reducción máxima del derecho de importación. Para dicha fijación deben tenerse en cuenta, en particular, los criterios previstos en los artículos 6 y 7 del Reglamento (CE) no 1839/95. La licitación debe ser adjudicada a todo licitador cuya oferta se sitúe al nivel de la reducción máxima del derecho de importación o a un nivel inferior. |
| --- | --- |

(2)

Con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 1839/95 de la Comisión (3), la Comisión puede decidir, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 25 del Reglamento (CE) no 1784/2003, la fijación de una reducción máxima del derecho de importación. Para dicha fijación deben tenerse en cuenta, en particular, los criterios previstos en los artículos 6 y 7 del Reglamento (CE) no 1839/95. La licitación debe ser adjudicada a todo licitador cuya oferta se sitúe al nivel de la reducción máxima del derecho de importación o a un nivel inferior.

| (3) | La aplicación de los criterios precitados a la situación actual de los mercados del cereal considerado lleva a fijar la reducción máxima del derecho de importación en el importe indicado en el artículo 1. |
| --- | --- |

(3)

La aplicación de los criterios precitados a la situación actual de los mercados del cereal considerado lleva a fijar la reducción máxima del derecho de importación en el importe indicado en el artículo 1.

| (4) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales. |
| --- | --- |

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Para las ofertas comunicadas del 25 de febrero al 3 de marzo de 2005 en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2277/2004, la reducción máxima del derecho de importación de maíz se fijará en 30,18 EUR/t para una cantidad máxima global de 153 000 t.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 4 de marzo de 2005.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 3 de marzo de 2005.

Por la Comisión

Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

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(1)  DO L 270 de 21.10.2003, p. 78.

1

(2)  DO L 396 de 31.12.2004, p. 35.

2

(3)  DO L 177 de 28.7.1995, p. 4. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 777/2004 (DO L 123 de 27.4.2004, p. 50).

3

o

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| 4.3.2005 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 58/18 |
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4.3.2005

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 58/18

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REGLAMENTO (CE) N
  o 373/2005 DE LA COMISIÓN

de 3 de marzo de 2005

por el que se fija la reducción máxima del derecho de importación de maíz en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2276/2004

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1784/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales (1), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 12,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El Reglamento (CE) no 2276/2004 de la Comisión (2) ha abierto una licitación de la reducción máxima del derecho de importación en Portugal de maíz procedente de terceros países. |
| --- | --- |

(1)

El Reglamento (CE) no 2276/2004 de la Comisión (2) ha abierto una licitación de la reducción máxima del derecho de importación en Portugal de maíz procedente de terceros países.

| (2) | Con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 1839/95 de la Comisión (3), la Comisión puede decidir, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 25 del Reglamento (CE) no 1784/2003, la fijación de una reducción máxima del derecho de importación. Para dicha fijación deben tenerse en cuenta, en particular, los criterios previstos en los artículos 6 y 7 del Reglamento (CE) no 1839/95. La licitación debe ser adjudicada a todo licitador cuya oferta se sitúe al nivel de la reducción máxima del derecho de importación o a un nivel inferior. |
| --- | --- |

(2)

Con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 1839/95 de la Comisión (3), la Comisión puede decidir, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 25 del Reglamento (CE) no 1784/2003, la fijación de una reducción máxima del derecho de importación. Para dicha fijación deben tenerse en cuenta, en particular, los criterios previstos en los artículos 6 y 7 del Reglamento (CE) no 1839/95. La licitación debe ser adjudicada a todo licitador cuya oferta se sitúe al nivel de la reducción máxima del derecho de importación o a un nivel inferior.

| (3) | La aplicación de los criterios precitados a la situación actual de los mercados del cereal considerado lleva a fijar la reducción máxima del derecho de importación en el importe indicado en el artículo 1. |
| --- | --- |

(3)

La aplicación de los criterios precitados a la situación actual de los mercados del cereal considerado lleva a fijar la reducción máxima del derecho de importación en el importe indicado en el artículo 1.

| (4) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales. |
| --- | --- |

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Para las ofertas comunicadas del 25 de febrero al 3 de marzo de 2005, en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 2276/2004, la reducción máxima del derecho de importación de maíz se fijará en 29,75 EUR/t para una cantidad máxima global de 89 500 toneladas.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 4 de marzo de 2005.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 3 de marzo de 2005.

Por la Comisión

Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

---

(1)  DO L 270 de 21.10.2003, p. 78.

1

(2)  DO L 396 de 31.12.2004, p. 34.

2

(3)  DO L 177 de 28.7.1995, p. 4. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 777/2004 (DO L 123 de 27.4.2004, p. 50).

3

o

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| 4.3.2005 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 58/19 |
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4.3.2005

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 58/19

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DIRECTIVA 2005/19/CE DEL CONSEJO

de 17 de febrero de 2005

por la que se modifica la Directiva 90/434/CEE, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 94,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

Considerando lo siguiente:

| (1) | La Directiva 90/434/CEE del Consejo (3) introdujo disposiciones comunes, en relación con las reestructuraciones empresariales, que resultan neutras desde la óptica de la competencia. |
| --- | --- |

(1)

La Directiva 90/434/CEE del Consejo (3) introdujo disposiciones comunes, en relación con las reestructuraciones empresariales, que resultan neutras desde la óptica de la competencia.

| (2) | El objeto de la Directiva 90/434/CEE es prever el diferimiento del gravamen sobre la renta, los beneficios y las plusvalías resultantes de las reestructuraciones empresariales y preservar los derechos de imposición de los Estados miembros. |
| --- | --- |

(2)

El objeto de la Directiva 90/434/CEE es prever el diferimiento del gravamen sobre la renta, los beneficios y las plusvalías resultantes de las reestructuraciones empresariales y preservar los derechos de imposición de los Estados miembros.

| (3) | Uno de los objetivos de la Directiva 90/434/CEE es eliminar obstáculos al funcionamiento del mercado interior, como la doble imposición. Si las disposiciones de la Directiva no lo logran, los Estados miembros deberían tomar las medidas necesarias para alcanzarlo. |
| --- | --- |

(3)

Uno de los objetivos de la Directiva 90/434/CEE es eliminar obstáculos al funcionamiento del mercado interior, como la doble imposición. Si las disposiciones de la Directiva no lo logran, los Estados miembros deberían tomar las medidas necesarias para alcanzarlo.

| (4) | La experiencia adquirida desde que la Directiva 90/434/CEE comenzó a aplicarse, en enero de 1992, ha puesto de relieve diversas formas en que cabría mejorar la Directiva y extender los efectos favorables de las normas comunes aprobadas en 1990. |
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(4)

La experiencia adquirida desde que la Directiva 90/434/CEE comenzó a aplicarse, en enero de 1992, ha puesto de relieve diversas formas en que cabría mejorar la Directiva y extender los efectos favorables de las normas comunes aprobadas en 1990.

| (5) | El 8 de octubre de 2001, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) no 2157/2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) (4), y la Directiva 2001/86/CE, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (5). Asimismo, el 22 de julio de 2003, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) no 1435/2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE) (6), y la Directiva 2003/72/CE, por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (7). Entre los aspectos más destacables de estos instrumentos, figura el de permitir a la SE y a la SCE trasladar su domicilio social de un Estado miembro a otro sin que ello dé lugar a la disolución o liquidación de la sociedad. |
| --- | --- |

(5)

El 8 de octubre de 2001, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) no 2157/2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) (4), y la Directiva 2001/86/CE, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (5). Asimismo, el 22 de julio de 2003, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) no 1435/2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE) (6), y la Directiva 2003/72/CE, por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (7). Entre los aspectos más destacables de estos instrumentos, figura el de permitir a la SE y a la SCE trasladar su domicilio social de un Estado miembro a otro sin que ello dé lugar a la disolución o liquidación de la sociedad.

| (6) | El traslado del domicilio social constituye un modo de ejercer la libertad de establecimiento prevista en los artículos 43 y 48 del Tratado. No comporta la transmisión de activo alguno ni da lugar a la obtención, por la sociedad o sus socios, de rentas, beneficios ni plusvalías. La decisión de la sociedad de reorganizar su actividad mediante el traslado de su domicilio social no debe verse obstaculizada por una reglamentación fiscal discriminatoria, ni por restricciones, trabas o distorsiones derivadas de disposiciones fiscales nacionales que contravengan el Derecho comunitario. El traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro no siempre dará lugar a que la SE o la SCE dejen de tener su residencia en el primer Estado miembro. La residencia fiscal de la SE o la SCE seguirá siendo la que determinen la legislación nacional y los tratados sobre fiscalidad. |
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(6)

El traslado del domicilio social constituye un modo de ejercer la libertad de establecimiento prevista en los artículos 43 y 48 del Tratado. No comporta la transmisión de activo alguno ni da lugar a la obtención, por la sociedad o sus socios, de rentas, beneficios ni plusvalías. La decisión de la sociedad de reorganizar su actividad mediante el traslado de su domicilio social no debe verse obstaculizada por una reglamentación fiscal discriminatoria, ni por restricciones, trabas o distorsiones derivadas de disposiciones fiscales nacionales que contravengan el Derecho comunitario. El traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro no siempre dará lugar a que la SE o la SCE dejen de tener su residencia en el primer Estado miembro. La residencia fiscal de la SE o la SCE seguirá siendo la que determinen la legislación nacional y los tratados sobre fiscalidad.

| (7) | El traslado del domicilio social de una sociedad que dé lugar a que cambie la residencia fiscal o los hechos relacionados con ese traslado pueden dar pie a alguna forma de imposición en el Estado miembro a partir del cual se traslade el domicilio. La imposición puede tener lugar incluso en casos en los que el traslado del domicilio social o los hechos relacionados con dicho traslado no den pie a que cambie la residencia fiscal. Para atender a esa posibilidad en lo que atañe a la SE o la SCE se ha introducido en la Directiva 90/434/CE una serie de normas nuevas. En el caso de que, a raíz del traslado de domicilio social, los activos de la SE o de la SCE permanezcan realmente afectados a un establecimiento permanente perteneciente a la SE o la SCE y situado en el Estado miembro a partir del cual se hubiera trasladado el domicilio social, ese establecimiento permanente debe poder disfrutar de ventajas similares a las previstas en los artículos 4, 5 y 6 de la Directiva 90/434/CEE. Esos artículos se refieren a las provisiones y reservas exentas de gravamen y a la asunción de pérdidas. Además, y de conformidad con los principios establecidos en el Tratado CE, debe excluirse la imposición de los socios con ocasión del traslado de domicilio social. Teniendo en cuenta la obligación de los Estados miembros en virtud del Tratado CE de adoptar todas las medidas necesarias para suprimir la doble imposición, por el momento no es necesario establecer normas comunes que regulen el domicilio fiscal de una SE o SCE. |
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(7)

El traslado del domicilio social de una sociedad que dé lugar a que cambie la residencia fiscal o los hechos relacionados con ese traslado pueden dar pie a alguna forma de imposición en el Estado miembro a partir del cual se traslade el domicilio. La imposición puede tener lugar incluso en casos en los que el traslado del domicilio social o los hechos relacionados con dicho traslado no den pie a que cambie la residencia fiscal. Para atender a esa posibilidad en lo que atañe a la SE o la SCE se ha introducido en la Directiva 90/434/CE una serie de normas nuevas. En el caso de que, a raíz del traslado de domicilio social, los activos de la SE o de la SCE permanezcan realmente afectados a un establecimiento permanente perteneciente a la SE o la SCE y situado en el Estado miembro a partir del cual se hubiera trasladado el domicilio social, ese establecimiento permanente debe poder disfrutar de ventajas similares a las previstas en los artículos 4, 5 y 6 de la Directiva 90/434/CEE. Esos artículos se refieren a las provisiones y reservas exentas de gravamen y a la asunción de pérdidas. Además, y de conformidad con los principios establecidos en el Tratado CE, debe excluirse la imposición de los socios con ocasión del traslado de domicilio social. Teniendo en cuenta la obligación de los Estados miembros en virtud del Tratado CE de adoptar todas las medidas necesarias para suprimir la doble imposición, por el momento no es necesario establecer normas comunes que regulen el domicilio fiscal de una SE o SCE.

| (8) | La Directiva 90/434/CE no trata de las pérdidas de los establecimientos permanentes situados en otro Estado miembro reconocidas en el Estado miembro de residencia de la SE o la SCE. En particular, cuando el domicilio social de una SE o una SCE se traslade a otro Estado miembro dicho traslado no impedirá en su momento al Estado de residencia anterior reintegrar las pérdidas del establecimiento permanente. |
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(8)

La Directiva 90/434/CE no trata de las pérdidas de los establecimientos permanentes situados en otro Estado miembro reconocidas en el Estado miembro de residencia de la SE o la SCE. En particular, cuando el domicilio social de una SE o una SCE se traslade a otro Estado miembro dicho traslado no impedirá en su momento al Estado de residencia anterior reintegrar las pérdidas del establecimiento permanente.

| (9) | La Directiva 90/434/CEE no cubre el tipo de escisiones que no comportan extinción de la sociedad que transfiere sus ramas de actividad. Lo dispuesto en el artículo 4 de dicha Directiva debería, pues, hacerse extensivo a tal supuesto. |
| --- | --- |

(9)

La Directiva 90/434/CEE no cubre el tipo de escisiones que no comportan extinción de la sociedad que transfiere sus ramas de actividad. Lo dispuesto en el artículo 4 de dicha Directiva debería, pues, hacerse extensivo a tal supuesto.

| (10) | La Directiva 90/434/CEE define, en su artículo 3, las sociedades que entran en su ámbito de aplicación, y en su anexo enumera las formas de sociedad a las que les es aplicable lo dispuesto en la misma. Sin embargo, la lista del anexo no incluye ciertas formas de sociedad, aun cuando se consideren residentes a efectos fiscales en un Estado miembro y estén sujetas en él al impuesto de sociedades. A la luz de la experiencia adquirida, esta ausencia no parece justificada, por lo que debe ampliarse el ámbito de aplicación de la mencionada Directiva, de modo que englobe las entidades que pueden desarrollar actividades transfronterizas en la Comunidad y cumplen todas las condiciones establecidas en la misma. |
| --- | --- |

(10)

La Directiva 90/434/CEE define, en su artículo 3, las sociedades que entran en su ámbito de aplicación, y en su anexo enumera las formas de sociedad a las que les es aplicable lo dispuesto en la misma. Sin embargo, la lista del anexo no incluye ciertas formas de sociedad, aun cuando se consideren residentes a efectos fiscales en un Estado miembro y estén sujetas en él al impuesto de sociedades. A la luz de la experiencia adquirida, esta ausencia no parece justificada, por lo que debe ampliarse el ámbito de aplicación de la mencionada Directiva, de modo que englobe las entidades que pueden desarrollar actividades transfronterizas en la Comunidad y cumplen todas las condiciones establecidas en la misma.

| (11) | Habida cuenta de que la SE es una sociedad anónima y de que la SCE es una sociedad cooperativa, de naturaleza semejante, ambas, a otras formas de sociedad ya reguladas por la Directiva 90/434/CEE, resulta oportuno añadir la SE y la SCE a la lista recogida en el anexo de esta última Directiva. |
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(11)

Habida cuenta de que la SE es una sociedad anónima y de que la SCE es una sociedad cooperativa, de naturaleza semejante, ambas, a otras formas de sociedad ya reguladas por la Directiva 90/434/CEE, resulta oportuno añadir la SE y la SCE a la lista recogida en el anexo de esta última Directiva.

| (12) | Las demás nuevas sociedades incluidas en la lista del referido anexo a la presente Directiva son sujetos pasivos del impuesto de sociedades en su Estado miembro de residencia, si bien algunas de ellas se consideran fiscalmente transparentes, en otros Estados miembros. Para que las ventajas de la Directiva 90/434/CEE sean efectivas, los Estados miembros que otorgan a los sujetos pasivos del impuesto de sociedades no residentes la consideración de fiscalmente transparentes deben hacer extensivas a los mismos dichas ventajas. No obstante, teniendo en cuenta las diferencias en el trato fiscal que dispensan los Estados miembros a estos sujetos pasivos del impuesto de sociedades en concreto, los Estados miembros deben tener la posibilidad de no aplicar las disposiciones correspondientes de la Directiva en la imposición de las personas con participación directa o indirecta en dichos sujetos pasivos. |
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(12)

Las demás nuevas sociedades incluidas en la lista del referido anexo a la presente Directiva son sujetos pasivos del impuesto de sociedades en su Estado miembro de residencia, si bien algunas de ellas se consideran fiscalmente transparentes, en otros Estados miembros. Para que las ventajas de la Directiva 90/434/CEE sean efectivas, los Estados miembros que otorgan a los sujetos pasivos del impuesto de sociedades no residentes la consideración de fiscalmente transparentes deben hacer extensivas a los mismos dichas ventajas. No obstante, teniendo en cuenta las diferencias en el trato fiscal que dispensan los Estados miembros a estos sujetos pasivos del impuesto de sociedades en concreto, los Estados miembros deben tener la posibilidad de no aplicar las disposiciones correspondientes de la Directiva en la imposición de las personas con participación directa o indirecta en dichos sujetos pasivos.

| (13) | En el supuesto de que se considere fiscalmente transparentes a los socios de sociedades que realicen alguna de las operaciones reguladas por la Directiva 90/434/CEE, las personas que posean una participación en dichos socios no deben estar sujetas a gravamen a la hora de realizar operaciones de reestructuración. |
| --- | --- |

(13)

En el supuesto de que se considere fiscalmente transparentes a los socios de sociedades que realicen alguna de las operaciones reguladas por la Directiva 90/434/CEE, las personas que posean una participación en dichos socios no deben estar sujetas a gravamen a la hora de realizar operaciones de reestructuración.

| (14) | Se plantean ciertas dudas en cuanto a la aplicación de la Directiva 90/434/CEE a la transformación de sucursales en filiales. En estas operaciones, los activos afectados a un establecimiento permanente que constituyan una rama de actividad, de acuerdo con la definición del artículo 2, letra i), de la citada Directiva, se transfieren a una sociedad de nueva creación, la cual pasará a ser filial de la sociedad transmitente. Resulta oportuno aclarar que, cuando se trate de la aportación, por parte de una sociedad de un Estado miembro, de activos de un establecimiento permanente radicado en otro Estado miembro a una sociedad de este último Estado miembro, esta operación está sujeta a lo dispuesto en la Directiva. |
| --- | --- |

(14)

Se plantean ciertas dudas en cuanto a la aplicación de la Directiva 90/434/CEE a la transformación de sucursales en filiales. En estas operaciones, los activos afectados a un establecimiento permanente que constituyan una rama de actividad, de acuerdo con la definición del artículo 2, letra i), de la citada Directiva, se transfieren a una sociedad de nueva creación, la cual pasará a ser filial de la sociedad transmitente. Resulta oportuno aclarar que, cuando se trate de la aportación, por parte de una sociedad de un Estado miembro, de activos de un establecimiento permanente radicado en otro Estado miembro a una sociedad de este último Estado miembro, esta operación está sujeta a lo dispuesto en la Directiva.

| (15) | La actual definición de «canje de acciones» del artículo 2, letra d), de la Directiva 90/434/CE no establece si el término abarca otras adquisiciones subsiguientes además de la que garantiza una mayoría simple de los derechos de voto. No es inusual que los estatutos y las normas de votación de una sociedad estén elaborados de tal modo que sean necesarias adquisiciones subsiguientes para que el adquiriente pueda obtener el control completo de la sociedad. La definición de «canje de acciones» debería modificarse, por lo tanto, para establecer que el término abarca todas las adquisiciones subsiguientes. |
| --- | --- |

(15)

La actual definición de «canje de acciones» del artículo 2, letra d), de la Directiva 90/434/CE no establece si el término abarca otras adquisiciones subsiguientes además de la que garantiza una mayoría simple de los derechos de voto. No es inusual que los estatutos y las normas de votación de una sociedad estén elaborados de tal modo que sean necesarias adquisiciones subsiguientes para que el adquiriente pueda obtener el control completo de la sociedad. La definición de «canje de acciones» debería modificarse, por lo tanto, para establecer que el término abarca todas las adquisiciones subsiguientes.

| (16) | En toda fusión o escisión, la sociedad beneficiaria puede obtener plusvalías por la diferencia de valor entre los elementos patrimoniales recibidos y las participaciones que pudiera poseer en la sociedad transmitente, y que se anulan a raíz de las citadas operaciones. El artículo 7 de la Directiva 90/434/CEE prevé la exención fiscal de dichas plusvalías, pues tales beneficios podrían perfectamente recibirse de la sociedad transmitente en forma de beneficios distribuidos, los cuales estarían exentos de gravamen en virtud de lo dispuesto en la Directiva 90/435/CEE, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (8). Si bien es cierto que los objetivos de la Directiva 90/434/CEE y los de la Directiva 90/435/CEE coinciden a este respecto, los requisitos establecidos en una y otra difieren, por lo que la Directiva 90/434/CEE ha de modificarse al objeto de adaptar las condiciones exigidas a las de la Directiva 90/435/CEE y de atender a la reducción del porcentaje mínimo de participación prevista en esta última Directiva. |
| --- | --- |

(16)

En toda fusión o escisión, la sociedad beneficiaria puede obtener plusvalías por la diferencia de valor entre los elementos patrimoniales recibidos y las participaciones que pudiera poseer en la sociedad transmitente, y que se anulan a raíz de las citadas operaciones. El artículo 7 de la Directiva 90/434/CEE prevé la exención fiscal de dichas plusvalías, pues tales beneficios podrían perfectamente recibirse de la sociedad transmitente en forma de beneficios distribuidos, los cuales estarían exentos de gravamen en virtud de lo dispuesto en la Directiva 90/435/CEE, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (8). Si bien es cierto que los objetivos de la Directiva 90/434/CEE y los de la Directiva 90/435/CEE coinciden a este respecto, los requisitos establecidos en una y otra difieren, por lo que la Directiva 90/434/CEE ha de modificarse al objeto de adaptar las condiciones exigidas a las de la Directiva 90/435/CEE y de atender a la reducción del porcentaje mínimo de participación prevista en esta última Directiva.

| (17) | Teniendo en cuenta que la Directiva 90/434/CEE se amplía para abarcar las escisiones parciales y traslados de domicilio social de las SE o SCE, el ámbito de aplicación de la disposición relativa a las actuaciones para hacer frente a la elusión fiscal y a la evasión fiscal ha de modificarse como corresponde. |
| --- | --- |

(17)

Teniendo en cuenta que la Directiva 90/434/CEE se amplía para abarcar las escisiones parciales y traslados de domicilio social de las SE o SCE, el ámbito de aplicación de la disposición relativa a las actuaciones para hacer frente a la elusión fiscal y a la evasión fiscal ha de modificarse como corresponde.

| (18) | En consecuencia, procede modificar la Directiva 90/434/CEE oportunamente. |
| --- | --- |

(18)

En consecuencia, procede modificar la Directiva 90/434/CEE oportunamente.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La Directiva 90/434/CEE queda modificada como sigue:

| 1) | Se sustituye el título por el siguiente: |
| --- | --- |

1)

Se sustituye el título por el siguiente:

| 2) | El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:
  «Artículo 1
  Cada Estado miembro aplicará la presente Directiva a los siguientes casos:






  a) | operaciones de fusión, de escisión, de escisión parcial, de aportación de activos y de canje de acciones en las que intervengan sociedades de dos o más Estados miembros; |
| --- | --- | --- |

2)

El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 1

Cada Estado miembro aplicará la presente Directiva a los siguientes casos:

a)

operaciones de fusión, de escisión, de escisión parcial, de aportación de activos y de canje de acciones en las que intervengan sociedades de dos o más Estados miembros;

| b) | traslados del domicilio social de un Estado miembro a otro de sociedades anónimas europeas (Societas Europaea o SE), reguladas en el Reglamento (CE) no 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) (9), y sociedades cooperativas europeas (SCE), reguladas en el Reglamento (CE) no 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE) (10).». |
| --- | --- |

b)

traslados del domicilio social de un Estado miembro a otro de sociedades anónimas europeas (Societas Europaea o SE), reguladas en el Reglamento (CE) no 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) (9), y sociedades cooperativas europeas (SCE), reguladas en el Reglamento (CE) no 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE) (10).».

| 3) | El artículo 2 se modifica como sigue:






  a) | se añade la letra b) bis siguiente:






  «b) bis | “escisión parcial”: la operación por la cual una sociedad transfiere a una o varias sociedades ya existentes o nuevas, sin ser disuelta, una o varias ramas de actividad, manteniendo al menos una rama de actividad en la sociedad transmitente, mediante la atribución a sus socios, con arreglo a una norma proporcional, de títulos representativos del capital social de las sociedades beneficiarias de la aportación y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 % del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos títulos deducido de su contabilidad;»; |
| --- | --- | --- | --- |

3)

El artículo 2 se modifica como sigue:

a)

se añade la letra b) bis siguiente:

«b) bis

“escisión parcial”: la operación por la cual una sociedad transfiere a una o varias sociedades ya existentes o nuevas, sin ser disuelta, una o varias ramas de actividad, manteniendo al menos una rama de actividad en la sociedad transmitente, mediante la atribución a sus socios, con arreglo a una norma proporcional, de títulos representativos del capital social de las sociedades beneficiarias de la aportación y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 % del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos títulos deducido de su contabilidad;»;

| b) | la letra d) se sustituye por el texto siguiente:






  «d) | “canje de acciones”: la operación por la cual una sociedad adquiere una participación en el capital social de otra sociedad que le permite obtener la mayoría de los derechos de voto de dicha sociedad o, si ya dispusiere de dicha mayoría, adquirir una mayor participación mediante la atribución a los socios de la otra sociedad, a cambio de sus títulos, de títulos representativos del capital social de la primera sociedad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 % del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos títulos deducido de su contabilidad;»; |
| --- | --- | --- |

b)

la letra d) se sustituye por el texto siguiente:

«d)

“canje de acciones”: la operación por la cual una sociedad adquiere una participación en el capital social de otra sociedad que le permite obtener la mayoría de los derechos de voto de dicha sociedad o, si ya dispusiere de dicha mayoría, adquirir una mayor participación mediante la atribución a los socios de la otra sociedad, a cambio de sus títulos, de títulos representativos del capital social de la primera sociedad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 % del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos títulos deducido de su contabilidad;»;

| c) | se añade la letra j) siguiente:






  «j) | “traslado de domicilio social”: la operación en virtud de la cual una SE o una SCE traslada su domicilio social de un Estado miembro a otro, sin que ello dé lugar a la disolución de la sociedad ni a la creación de una nueva persona jurídica.». |
| --- | --- | --- |

c)

se añade la letra j) siguiente:

«j)

“traslado de domicilio social”: la operación en virtud de la cual una SE o una SCE traslada su domicilio social de un Estado miembro a otro, sin que ello dé lugar a la disolución de la sociedad ni a la creación de una nueva persona jurídica.».

| 4) | El artículo 3, letra c), octavo guión, se sustituye en lo que respecta a Italia por el texto siguiente:






  «— | imposta sul reddito delle società en Italia,». |
| --- | --- | --- |

4)

El artículo 3, letra c), octavo guión, se sustituye en lo que respecta a Italia por el texto siguiente:

«—

imposta sul reddito delle società en Italia,».

| 5) | El encabezamiento del título II se sustituye por el siguiente: |
| --- | --- |

5)

El encabezamiento del título II se sustituye por el siguiente:

| 6) | El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:
  «Artículo 4
  1.   La fusión, escisión o escisión parcial no implicará gravamen alguno sobre las plusvalías determinadas por la diferencia entre el valor real de los elementos de activo y de pasivo transferidos y su valor fiscal.
  A efectos del presente artículo, se entenderá por:






  a) | “valor fiscal”: el valor que se habría utilizado para calcular los beneficios o las pérdidas que se integrarían en la base imponible del impuesto sobre la renta, los beneficios o las plusvalías de la sociedad transmitente, si dichos elementos de activo y de pasivo se hubieran vendido en el momento de la fusión, de la escisión o de la escisión parcial, pero al margen de dicha operación; |
| --- | --- | --- |

6)

El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 4

1.   La fusión, escisión o escisión parcial no implicará gravamen alguno sobre las plusvalías determinadas por la diferencia entre el valor real de los elementos de activo y de pasivo transferidos y su valor fiscal.

A efectos del presente artículo, se entenderá por:

a)

“valor fiscal”: el valor que se habría utilizado para calcular los beneficios o las pérdidas que se integrarían en la base imponible del impuesto sobre la renta, los beneficios o las plusvalías de la sociedad transmitente, si dichos elementos de activo y de pasivo se hubieran vendido en el momento de la fusión, de la escisión o de la escisión parcial, pero al margen de dicha operación;

| b) | “elementos de activo y de pasivo transferidos”: los elementos de activo y de pasivo de la sociedad transmitente que, como consecuencia de la fusión, de la escisión o de la escisión parcial, queden efectivamente vinculados a un establecimiento permanente de la sociedad beneficiaria situado en el Estado miembro de la sociedad transmitente y que contribuyan a la obtención de los resultados integrados en la base imponible de los impuestos. |
| --- | --- |

b)

“elementos de activo y de pasivo transferidos”: los elementos de activo y de pasivo de la sociedad transmitente que, como consecuencia de la fusión, de la escisión o de la escisión parcial, queden efectivamente vinculados a un establecimiento permanente de la sociedad beneficiaria situado en el Estado miembro de la sociedad transmitente y que contribuyan a la obtención de los resultados integrados en la base imponible de los impuestos.

2.   Cuando sea de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 y un Estado miembro otorgue a una sociedad transmitente no residente la consideración de transparente a efectos fiscales, en virtud de una evaluación por dicho Estado de las características jurídicas de dicha sociedad, según determine la ley con arreglo a la cual se haya constituido y someta, por tanto, a gravamen a los socios por su participación en los beneficios de la sociedad transmitente, en el momento en que éstos se perciban, dicho Estado no gravará en modo alguno las rentas, los beneficios o las plusvalías determinadas por la diferencia entre el valor real de los elementos de activo y de pasivo transferidos y su valor fiscal.

3.   Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 únicamente será de aplicación si la sociedad beneficiaria calcula las nuevas amortizaciones y las plusvalías o minusvalías correspondientes a los elementos de activo y de pasivo transferidos en las mismas condiciones en que lo habrían hecho la sociedad o sociedades transmitentes si no se hubiera llevado a cabo la fusión, la escisión o la escisión parcial.

4.   Cuando, con arreglo a la legislación del Estado miembro de la sociedad transmitente, la sociedad beneficiaria pueda calcular las nuevas amortizaciones y las plusvalías o minusvalías correspondientes a los elementos de activo y de pasivo transferidos en condiciones distintas de las previstas en el apartado 3, el apartado 1 no se aplicará a los elementos de activo y de pasivo con respecto a los cuales la sociedad beneficiaria haya hecho uso de dicha facultad.».

| 7) | El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente:
  «Artículo 6
  En la medida en que, cuando las operaciones a que hace referencia el artículo 1, letra a), se efectúen entre sociedades del Estado miembro de la sociedad transmitente, dicho Estado miembro aplique disposiciones que permitan a la sociedad beneficiaria asumir las pérdidas de la sociedad transmitente no compensadas a efectos fiscales, el Estado miembro deberá ampliar estas disposiciones para que abarquen la asunción de dichas perdidas por parte de los establecimientos permanentes de la sociedad beneficiaria situados en su territorio.». |
| --- | --- |

7)

El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 6

En la medida en que, cuando las operaciones a que hace referencia el artículo 1, letra a), se efectúen entre sociedades del Estado miembro de la sociedad transmitente, dicho Estado miembro aplique disposiciones que permitan a la sociedad beneficiaria asumir las pérdidas de la sociedad transmitente no compensadas a efectos fiscales, el Estado miembro deberá ampliar estas disposiciones para que abarquen la asunción de dichas perdidas por parte de los establecimientos permanentes de la sociedad beneficiaria situados en su territorio.».

| 8) | El artículo 7, apartado 2, se sustituye por el texto siguiente:
  «2.   Los Estados miembros podrán establecer excepciones a lo dispuesto en el apartado 1 cuando la participación de la sociedad beneficiaria en el capital de la sociedad transmitente sea inferior al 20 %.
  A partir del 1 de enero de 2007, el porcentaje de la participación mínima será el 15 %. A partir del 1 de enero de 2009, el porcentaje de la participación mínima será el 10 %.». |
| --- | --- |

8)

El artículo 7, apartado 2, se sustituye por el texto siguiente:

«2.   Los Estados miembros podrán establecer excepciones a lo dispuesto en el apartado 1 cuando la participación de la sociedad beneficiaria en el capital de la sociedad transmitente sea inferior al 20 %.

A partir del 1 de enero de 2007, el porcentaje de la participación mínima será el 15 %. A partir del 1 de enero de 2009, el porcentaje de la participación mínima será el 10 %.».

| 9) | El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:
  «Artículo 8
  1.   La atribución, con motivo de una fusión, de una escisión o de un canje de acciones, de títulos representativos del capital social de la sociedad beneficiaria o dominante a un socio de la sociedad transmitente o dominada, a cambio de títulos representativos del capital social de esta última sociedad, no dará lugar, por sí misma, a la aplicación de impuesto alguno sobre las rentas, los beneficios o las plusvalías de dicho socio.
  2.   La atribución, con motivo de una escisión parcial, de títulos representativos del capital social de la sociedad beneficiaria a un socio de la sociedad transmitente, no dará lugar, por sí misma, a la aplicación de impuesto alguno sobre las rentas, los beneficios o las plusvalías de dicho socio.
  3.   Cuando un Estado miembro otorgue a un socio la consideración de transparente a efectos fiscales, en virtud de una evaluación por dicho Estado de las características jurídicas de dicho socio con arreglo a la ley conforme a la cual se haya constituido, y someta, por tanto, a gravamen a las personas que posean un interés en dicho socio por su participación en los beneficios del socio, en el momento en que éstos se perciban, dicho Estado no exigirá tributación a las referidas personas por las rentas, los beneficios o las plusvalías que se deriven de la atribución al socio de títulos representativos del capital social de la sociedad beneficiaria o dominante.
  4.   Lo dispuesto en los apartados 1 y 3 únicamente será de aplicación si el socio no atribuye a los títulos recibidos un valor fiscal más elevado que el que tuviesen los títulos canjeados inmediatamente antes de la fusión, la escisión o el canje de acciones.
  5.   Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 únicamente será de aplicación si el socio no atribuye al total agregado de los títulos recibidos y los que posea en la sociedad transmitente, un valor fiscal más elevado que el que tuviesen inmediatamente antes de la escisión parcial los poseídos en la sociedad transmitente.
  6.   La aplicación de los apartados 1, 2 y 3 no impedirá a los Estados miembros gravar el beneficio resultante de la ulterior cesión de los títulos recibidos de la misma forma que el beneficio resultante de la cesión de los títulos existentes antes de la adquisición.
  7.   A efectos del presente artículo, se entiende por “valor fiscal” el valor que se utilizaría como base para calcular los posibles beneficios o pérdidas que se integrarían en la base imponible del impuesto sobre la renta, los beneficios o las plusvalías del socio de la sociedad.
  8.   Cuando, en virtud de la legislación del Estado miembro en el que sea residente, un socio pueda optar por un tratamiento fiscal diferente del que se define en los apartados 4 y 5, los apartados 1, 2 y 3 no se aplicarán a los títulos respecto de los que dicho socio haya ejercido su derecho de opción.
  9.   Los apartados 1, 2 y 3 no obstarán para que los Estados miembros tomen en consideración, en la imposición de los socios, la compensación en dinero que, en su caso, se les haya entregado con motivo de la fusión, de la escisión, de la escisión parcial o del canje de acciones.». |
| --- | --- |

9)

El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 8

1.   La atribución, con motivo de una fusión, de una escisión o de un canje de acciones, de títulos representativos del capital social de la sociedad beneficiaria o dominante a un socio de la sociedad transmitente o dominada, a cambio de títulos representativos del capital social de esta última sociedad, no dará lugar, por sí misma, a la aplicación de impuesto alguno sobre las rentas, los beneficios o las plusvalías de dicho socio.

2.   La atribución, con motivo de una escisión parcial, de títulos representativos del capital social de la sociedad beneficiaria a un socio de la sociedad transmitente, no dará lugar, por sí misma, a la aplicación de impuesto alguno sobre las rentas, los beneficios o las plusvalías de dicho socio.

3.   Cuando un Estado miembro otorgue a un socio la consideración de transparente a efectos fiscales, en virtud de una evaluación por dicho Estado de las características jurídicas de dicho socio con arreglo a la ley conforme a la cual se haya constituido, y someta, por tanto, a gravamen a las personas que posean un interés en dicho socio por su participación en los beneficios del socio, en el momento en que éstos se perciban, dicho Estado no exigirá tributación a las referidas personas por las rentas, los beneficios o las plusvalías que se deriven de la atribución al socio de títulos representativos del capital social de la sociedad beneficiaria o dominante.

4.   Lo dispuesto en los apartados 1 y 3 únicamente será de aplicación si el socio no atribuye a los títulos recibidos un valor fiscal más elevado que el que tuviesen los títulos canjeados inmediatamente antes de la fusión, la escisión o el canje de acciones.

5.   Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 únicamente será de aplicación si el socio no atribuye al total agregado de los títulos recibidos y los que posea en la sociedad transmitente, un valor fiscal más elevado que el que tuviesen inmediatamente antes de la escisión parcial los poseídos en la sociedad transmitente.

6.   La aplicación de los apartados 1, 2 y 3 no impedirá a los Estados miembros gravar el beneficio resultante de la ulterior cesión de los títulos recibidos de la misma forma que el beneficio resultante de la cesión de los títulos existentes antes de la adquisición.

7.   A efectos del presente artículo, se entiende por “valor fiscal” el valor que se utilizaría como base para calcular los posibles beneficios o pérdidas que se integrarían en la base imponible del impuesto sobre la renta, los beneficios o las plusvalías del socio de la sociedad.

8.   Cuando, en virtud de la legislación del Estado miembro en el que sea residente, un socio pueda optar por un tratamiento fiscal diferente del que se define en los apartados 4 y 5, los apartados 1, 2 y 3 no se aplicarán a los títulos respecto de los que dicho socio haya ejercido su derecho de opción.

9.   Los apartados 1, 2 y 3 no obstarán para que los Estados miembros tomen en consideración, en la imposición de los socios, la compensación en dinero que, en su caso, se les haya entregado con motivo de la fusión, de la escisión, de la escisión parcial o del canje de acciones.».

| 10) | El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:
  «Artículo 10
  1.   Cuando entre los bienes aportados con motivo de una fusión, de una escisión, de una escisión parcial o de una aportación de activos figure un establecimiento permanente de la sociedad transmitente situado en un Estado miembro distinto del de dicha sociedad, el Estado miembro de la sociedad transmitente renunciará a los derechos de imposición sobre dicho establecimiento permanente.
  El Estado miembro de la sociedad transmitente podrá reintegrar en los beneficios imponibles de dicha sociedad las pérdidas anteriores del establecimiento permanente que se hayan deducido, en su caso, del beneficio imponible de la sociedad en dicho Estado y que no se hayan compensado.
  El Estado miembro en el que esté situado el establecimiento permanente y el Estado miembro de la sociedad beneficiaria aplicarán a dicha aportación las disposiciones de la presente Directiva como si el Estado miembro donde esté situado el establecimiento permanente fuese el Estado miembro de la sociedad transmitente.
  Las presentes disposiciones serán, asimismo, aplicables en el supuesto de que el establecimiento permanente esté situado en el mismo Estado miembro que aquél en el que sea residente la sociedad beneficiaria.
  2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, cuando el Estado miembro de la sociedad transmitente aplique un sistema de imposición de beneficios globales, ese Estado miembro podrá gravar cualesquiera beneficios o ganancias de capital del establecimiento permanente que sean resultado de fusión, escisión, escisión parcial o aportación de activos, siempre que garantice que el impuesto, de no ser por las disposiciones de la presente Directiva, habría gravado esos beneficios o ganancias de capital en el Estado miembro en que esté situado el establecimiento permanente, del mismo modo y en igual cuantía que se habrían aplicado si el impuesto los hubiese gravado y se hubiese pagado.». |
| --- | --- |

10)

El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 10

1.   Cuando entre los bienes aportados con motivo de una fusión, de una escisión, de una escisión parcial o de una aportación de activos figure un establecimiento permanente de la sociedad transmitente situado en un Estado miembro distinto del de dicha sociedad, el Estado miembro de la sociedad transmitente renunciará a los derechos de imposición sobre dicho establecimiento permanente.

El Estado miembro de la sociedad transmitente podrá reintegrar en los beneficios imponibles de dicha sociedad las pérdidas anteriores del establecimiento permanente que se hayan deducido, en su caso, del beneficio imponible de la sociedad en dicho Estado y que no se hayan compensado.

El Estado miembro en el que esté situado el establecimiento permanente y el Estado miembro de la sociedad beneficiaria aplicarán a dicha aportación las disposiciones de la presente Directiva como si el Estado miembro donde esté situado el establecimiento permanente fuese el Estado miembro de la sociedad transmitente.

Las presentes disposiciones serán, asimismo, aplicables en el supuesto de que el establecimiento permanente esté situado en el mismo Estado miembro que aquél en el que sea residente la sociedad beneficiaria.

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, cuando el Estado miembro de la sociedad transmitente aplique un sistema de imposición de beneficios globales, ese Estado miembro podrá gravar cualesquiera beneficios o ganancias de capital del establecimiento permanente que sean resultado de fusión, escisión, escisión parcial o aportación de activos, siempre que garantice que el impuesto, de no ser por las disposiciones de la presente Directiva, habría gravado esos beneficios o ganancias de capital en el Estado miembro en que esté situado el establecimiento permanente, del mismo modo y en igual cuantía que se habrían aplicado si el impuesto los hubiese gravado y se hubiese pagado.».

| 11) | Se añade el siguiente título:
  «TÍTULO IV bis

  Caso particular de las entidades transparentes
  Artículo 10 bis

  1.   Cuando un Estado miembro otorgue a una sociedad transmitente o dominada no residente la consideración de transparente a efectos fiscales, en virtud de una evaluación de las características jurídicas de dicha sociedad transmitente o dominada efectuada por dicho Estado con arreglo a la ley conforme a la cual se haya constituido, podrá no aplicar las disposiciones de la presente Directiva al gravar a las personas que posean una participación directa o indirecta en dicha sociedad con respecto a las rentas, los beneficios y las plusvalías procedentes de la misma.
  2.   El Estado miembro que ejerza el derecho mencionado en el apartado 1 deberá admitir la deducción del impuesto que, de no existir las disposiciones de la presente Directiva, se hubiera aplicado a la sociedad considerada transparente a efectos fiscales, por sus rentas, beneficios o plusvalías, del mismo modo y por el mismo importe por el que dicho Estado lo habría hecho si el impuesto hubiera sido aplicado y pagado.
  3.   Cuando un Estado miembro otorgue a una sociedad beneficiaria o dominante no residente la consideración de transparente a efectos fiscales, en virtud de una evaluación de las características jurídicas de dicha sociedad efectuada por dicho Estado con arreglo a la ley conforme a la cual se haya constituido, podrá no aplicar las disposiciones del artículo 8, apartados 1, 2 y 3.
  4.   Cuando un Estado miembro otorgue a una sociedad beneficiaria la consideración de transparente a efectos fiscales, en virtud de una evaluación de las características jurídicas de dicha sociedad efectuada por dicho Estado con arreglo a la ley conforme a la cual se haya constituido, dicho Estado miembro podrá aplicar a las personas que posean una participación directa o indirecta en dicha sociedad el mismo trato fiscal que aplicaría si la compañía beneficiaria residiera en dicho Estado miembro.». |
| --- | --- |

11)

Se añade el siguiente título:

«TÍTULO IV bis

Caso particular de las entidades transparentes

Artículo 10 bis

1.   Cuando un Estado miembro otorgue a una sociedad transmitente o dominada no residente la consideración de transparente a efectos fiscales, en virtud de una evaluación de las características jurídicas de dicha sociedad transmitente o dominada efectuada por dicho Estado con arreglo a la ley conforme a la cual se haya constituido, podrá no aplicar las disposiciones de la presente Directiva al gravar a las personas que posean una participación directa o indirecta en dicha sociedad con respecto a las rentas, los beneficios y las plusvalías procedentes de la misma.

2.   El Estado miembro que ejerza el derecho mencionado en el apartado 1 deberá admitir la deducción del impuesto que, de no existir las disposiciones de la presente Directiva, se hubiera aplicado a la sociedad considerada transparente a efectos fiscales, por sus rentas, beneficios o plusvalías, del mismo modo y por el mismo importe por el que dicho Estado lo habría hecho si el impuesto hubiera sido aplicado y pagado.

3.   Cuando un Estado miembro otorgue a una sociedad beneficiaria o dominante no residente la consideración de transparente a efectos fiscales, en virtud de una evaluación de las características jurídicas de dicha sociedad efectuada por dicho Estado con arreglo a la ley conforme a la cual se haya constituido, podrá no aplicar las disposiciones del artículo 8, apartados 1, 2 y 3.

4.   Cuando un Estado miembro otorgue a una sociedad beneficiaria la consideración de transparente a efectos fiscales, en virtud de una evaluación de las características jurídicas de dicha sociedad efectuada por dicho Estado con arreglo a la ley conforme a la cual se haya constituido, dicho Estado miembro podrá aplicar a las personas que posean una participación directa o indirecta en dicha sociedad el mismo trato fiscal que aplicaría si la compañía beneficiaria residiera en dicho Estado miembro.».

| 12) | Se añade el siguiente título:
  «TÍTULO IV ter

  Normas aplicables al traslado de domicilio social de una SE o una SCE
  Artículo 10 ter

  1.   Cuando






  a) | una SE o una SCE traslade su domicilio social de un Estado miembro a otro, o |
| --- | --- | --- |

12)

Se añade el siguiente título:

«TÍTULO IV ter

Normas aplicables al traslado de domicilio social de una SE o una SCE

Artículo 10 ter

1.   Cuando

a)

una SE o una SCE traslade su domicilio social de un Estado miembro a otro, o

| b) | en relación con el traslado de su domicilio social de un Estado miembro a otro, una SE o una SCE que sea residente en el primer Estado miembro deje de ser residente en dicho Estado miembro y pase a serlo en otro Estado miembro, |
| --- | --- |

b)

en relación con el traslado de su domicilio social de un Estado miembro a otro, una SE o una SCE que sea residente en el primer Estado miembro deje de ser residente en dicho Estado miembro y pase a serlo en otro Estado miembro,

el traslado del domicilio social o el término de la residencia no dará lugar a la aplicación de impuesto alguno sobre las plusvalías, calculadas con arreglo al artículo 4, apartado 1, en el Estado miembro del que haya sido trasladado el domicilio social, derivados de aquellos elementos de activo y de pasivo de la SE o SCE que, como consecuencia de ello, queden efectivamente vinculados a un establecimiento permanente de la SE o la SCE situado en el Estado miembro del que haya sido trasladado el domicilio social, y que contribuyan a la obtención de los resultados integrados en la base imponible de los impuestos.

2.   Lo dispuesto en el apartado 1 únicamente será de aplicación si la SE o la SCE calcula las nuevas amortizaciones y las plusvalías o minusvalías correspondientes a los elementos de activo y de pasivo que permanezcan realmente afectados a un establecimiento permanente, como si el traslado del domicilio social no hubiera tenido lugar o la SE o la SCE no hubieran dejado de ser residentes fiscales.

3.   Cuando, con arreglo a la legislación de dicho Estado miembro, la SE o la SCE esté autorizada a calcular las nuevas amortizaciones o las plusvalías o minusvalías correspondientes a los elementos de activo y de pasivo que permanezcan en el citado Estado miembro en condiciones distintas de las previstas en el apartado 2, el apartado 1 no se aplicará a los elementos de activo y de pasivo con respecto a los cuales se haya hecho uso de dicha facultad.

Artículo 10 quater

1.   Cuando

| a) | una SE o una SCE traslade su domicilio social de un Estado miembro a otro, o |
| --- | --- |

a)

una SE o una SCE traslade su domicilio social de un Estado miembro a otro, o

| b) | en relación con el traslado de su domicilio social de un Estado miembro a otro, una SE o una SCE que sea residente en el primer Estado miembro, deje de ser residente en dicho Estado miembro y pase a serlo en otro Estado miembro, |
| --- | --- |

b)

en relación con el traslado de su domicilio social de un Estado miembro a otro, una SE o una SCE que sea residente en el primer Estado miembro, deje de ser residente en dicho Estado miembro y pase a serlo en otro Estado miembro,

este Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que las provisiones o reservas debidamente constituidas por la SE o la SCE antes del traslado del domicilio social están total o parcialmente exentas de imposición y no derivan de un establecimiento permanente en el extranjero, estas provisiones o reservas podrán ser contabilizadas, con la misma exención fiscal, por parte de un establecimiento permanente de la SE o la SCE situado en el territorio del Estado miembro de donde fue trasladado el domicilio social.

2.   En la medida en que una sociedad que traslade su domicilio social en el interior del territorio de un Estado miembro esté autorizada a contabilizar en ejercicios anteriores o posteriores pérdidas no compensadas a efectos fiscales, dicho Estado miembro deberá autorizar al establecimiento permanente, situado en su territorio, de la SE o de la SCE que traslade su domicilio social, la asunción de las pérdidas no compensadas a efectos fiscales de la SE o de la SCE que traslade su domicilio social, siempre que una sociedad que siga teniendo su domicilio social o que siga siendo residente fiscal de dicho Estado miembro haya podido disponer en circunstancias similares de las pérdidas contabilizadas en ejercicios anteriores o posteriores.

Artículo 10 quinquies

1.   El traslado del domicilio social de una SE o una SCE no dará lugar, por sí mismo, a la aplicación de impuesto alguno sobre las rentas, los beneficios o las plusvalías de los socios.

2.   La aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 no impedirá a los Estados miembros gravar el beneficio resultante de la ulterior cesión de los títulos representativos del capital de la SE o la SCE que traslade su domicilio social.».

| 13) | El artículo 11, apartado 1, se sustituye por el texto siguiente:
  «1.   Un Estado miembro podrá negarse a aplicar total o parcialmente las disposiciones de los títulos II, III, IV y IV ter o a retirar total o parcialmente el beneficio de las mismas cuando la operación de fusión, de escisión, de escisión parcial, de aportación de activos, de canje de acciones o de traslado del domicilio social de una SE o una SCE:






  a) | tenga como principal objetivo o como uno de los principales objetivos el fraude o la evasión fiscal; el hecho de que una de las operaciones contempladas en el artículo 1 no se efectúe por motivos económicos válidos, como son la reestructuración o la racionalización de las actividades de las sociedades que participan en la operación, puede constituir una presunción de que esta operación tiene como objetivo principal o como uno de sus principales objetivos el fraude o la evasión fiscal; |
| --- | --- | --- |

13)

El artículo 11, apartado 1, se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Un Estado miembro podrá negarse a aplicar total o parcialmente las disposiciones de los títulos II, III, IV y IV ter o a retirar total o parcialmente el beneficio de las mismas cuando la operación de fusión, de escisión, de escisión parcial, de aportación de activos, de canje de acciones o de traslado del domicilio social de una SE o una SCE:

a)

tenga como principal objetivo o como uno de los principales objetivos el fraude o la evasión fiscal; el hecho de que una de las operaciones contempladas en el artículo 1 no se efectúe por motivos económicos válidos, como son la reestructuración o la racionalización de las actividades de las sociedades que participan en la operación, puede constituir una presunción de que esta operación tiene como objetivo principal o como uno de sus principales objetivos el fraude o la evasión fiscal;

| b) | tenga por resultado que una sociedad, que participe o no en la operación, ya no reúna las condiciones necesarias para la representación de los trabajadores en los órganos de la sociedad según las modalidades aplicables antes de la operación en cuestión.». |
| --- | --- |

b)

tenga por resultado que una sociedad, que participe o no en la operación, ya no reúna las condiciones necesarias para la representación de los trabajadores en los órganos de la sociedad según las modalidades aplicables antes de la operación en cuestión.».

| 14) | Se sustituye el anexo por el texto del anexo que figura en la presente Directiva. |
| --- | --- |

14)

Se sustituye el anexo por el texto del anexo que figura en la presente Directiva.

Artículo 2

1.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva en relación con el traslado del domicilio social de una SE o una SCE, así como con la letra a) del anexo de la presente Directiva, antes del 1 de enero de 2006. Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre éstas y las disposiciones de la presente Directiva.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente Directiva distintas de las señaladas en el apartado 1 antes del 1 de enero de 2007. Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre éstas y las disposiciones de la presente Directiva.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

3.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 17 de febrero de 2005.

Por el Consejo

El Presidente

J.-C. JUNCKER

---

(1)  Dictamen emitido el 10 de marzo de 2004 (no publicado aún en el Diario Oficial).

1

(2)  DO C 110 de 30.4.2004, p. 30.

2

(3)  DO L 225 de 20.8.1990, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de Adhesión de 2003.

3

(4)  DO L 294 de 10.11.2001, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 885/2004 (DO L 168 de 1.5.2004, p. 1).

4

o

(5)  DO L 294 de 10.11.2001, p. 22.

5

(6)  DO L 207 de 18.8.2003, p. 1. Reglamento modificado por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 15/2004 (DO L 116 de 22.4.2004, p. 68).

6

o

(7)  DO L 207 de 18.8.2003, p. 25.

7

(8)  DO L 225 de 20.8.1990, p. 6. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/123/CE (DO L 7 de 13.1.2004, p. 41).

8

(9)  DO L 294 de 10.11.2001, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 885/2004 (DO L 168 de 1.5.2004, p. 1).

9

o

(10)  DO L 207 de 18.8.2003, p. 1. Reglamento modificado por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 15/2004 (DO L 116 de 22.4.2004, p. 68).

10

o

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ANEXO

«ANEXO

LISTA DE LAS SOCIEDADES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 3, LETRA a)

| a) | las sociedades constituidas al amparo de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE), y la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores, y las sociedades cooperativas constituidas al amparo de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE), y la Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores; |
| --- | --- |

a)

las sociedades constituidas al amparo de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE), y la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores, y las sociedades cooperativas constituidas al amparo de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE), y la Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores;

| b) | las sociedades de Derecho belga denominadas “société anonyme”/“naamloze vennootschap”, “société en commandite par actions”/“commanditaire vennootschap op aandelen”, “société privée à responsabilité limitée”/“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”“société coopérative à responsabilité limitée”/“coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité illimitée”/“coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, “société en nom collectif”/“vennootschap onder firma”, “société en commandite simple”/ “gewone commanditaire vennootschap”, así como las entidades de Derecho público que adopten alguna de las formas jurídicas que se acaban de mencionar y otras sociedades constituidas con arreglo al Derecho belga y sujetas al impuesto de sociedades belga; |
| --- | --- |

b)

las sociedades de Derecho belga denominadas “société anonyme”/“naamloze vennootschap”, “société en commandite par actions”/“commanditaire vennootschap op aandelen”, “société privée à responsabilité limitée”/“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”“société coopérative à responsabilité limitée”/“coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité illimitée”/“coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, “société en nom collectif”/“vennootschap onder firma”, “société en commandite simple”/ “gewone commanditaire vennootschap”, así como las entidades de Derecho público que adopten alguna de las formas jurídicas que se acaban de mencionar y otras sociedades constituidas con arreglo al Derecho belga y sujetas al impuesto de sociedades belga;

| c) | las sociedades de Derecho checo denominadas “akciová společnost”, “společnost s ručením omezeným”; |
| --- | --- |

c)

las sociedades de Derecho checo denominadas “akciová společnost”, “společnost s ručením omezeným”;

| d) | las sociedades de Derecho danés denominadas “aktieselskab” y “anpartsselskab”.Otras sociedades sujetas a imposición en virtud de la Ley sobre el impuesto de sociedades, siempre y cuando su renta imponible se calcule y grave conforme a las disposiciones generales en materia tributaria aplicables a las “aktieselskaber”; |
| --- | --- |

d)

las sociedades de Derecho danés denominadas “aktieselskab” y “anpartsselskab”.Otras sociedades sujetas a imposición en virtud de la Ley sobre el impuesto de sociedades, siempre y cuando su renta imponible se calcule y grave conforme a las disposiciones generales en materia tributaria aplicables a las “aktieselskaber”;

| e) | las sociedades de Derecho alemán denominadas “Aktiengesellschaft”, “Kommanditgesellschaft auf Aktien”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, “Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” y otras sociedades constituidas con arreglo al Derecho alemán y sujetas al impuesto de sociedades alemán; |
| --- | --- |

e)

las sociedades de Derecho alemán denominadas “Aktiengesellschaft”, “Kommanditgesellschaft auf Aktien”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, “Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” y otras sociedades constituidas con arreglo al Derecho alemán y sujetas al impuesto de sociedades alemán;

| f) | las sociedades de Derecho estonio denominadas “täisühing”, “usaldusühing”, “osaühing”, “aktsiaselts”, “tulundusühistu”; |
| --- | --- |

f)

las sociedades de Derecho estonio denominadas “täisühing”, “usaldusühing”, “osaühing”, “aktsiaselts”, “tulundusühistu”;

| g) | las sociedades de Derecho helénico denominadas “αvώvυμη εταιρεία”, “εταιρεία περιoρισμέvης ευθύvης (Ε.Π.Ε.)”; |
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g)

las sociedades de Derecho helénico denominadas “αvώvυμη εταιρεία”, “εταιρεία περιoρισμέvης ευθύvης (Ε.Π.Ε.)”;

| h) | las sociedades de Derecho español denominadas “sociedad anónima”, “sociedad comanditaria por acciones”, “sociedad de responsabilidad limitada”, así como las entidades de Derecho público que operen en régimen de Derecho privado; |
| --- | --- |

h)

las sociedades de Derecho español denominadas “sociedad anónima”, “sociedad comanditaria por acciones”, “sociedad de responsabilidad limitada”, así como las entidades de Derecho público que operen en régimen de Derecho privado;

| i) | las sociedades de Derecho francés denominadas “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “sociétés par actions simplifiées”, “sociétés d’assurances mutuelles”, “caisses d’épargne et de prévoyance”, “sociétés civiles” sometidas automáticamente al impuesto de sociedades, «coopératives», «unions de coopératives», los establecimientos y empresas públicas industriales y mercantiles y otras sociedades constituidas con arreglo al Derecho francés y sujetas al impuesto de sociedades francés; |
| --- | --- |

i)

las sociedades de Derecho francés denominadas “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “sociétés par actions simplifiées”, “sociétés d’assurances mutuelles”, “caisses d’épargne et de prévoyance”, “sociétés civiles” sometidas automáticamente al impuesto de sociedades, «coopératives», «unions de coopératives», los establecimientos y empresas públicas industriales y mercantiles y otras sociedades constituidas con arreglo al Derecho francés y sujetas al impuesto de sociedades francés;

| j) | las sociedades constituidas o reconocidas de conformidad con el Derecho irlandés, las entidades registradas bajo el régimen de la «Industrial and Provident Societies Act», las «building societies» constituidas al amparo de las «Building Societies ACTS» y los «trustee savings banks» según se definen en la «Trustee Savings Banks Act» de 1989; |
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j)

las sociedades constituidas o reconocidas de conformidad con el Derecho irlandés, las entidades registradas bajo el régimen de la «Industrial and Provident Societies Act», las «building societies» constituidas al amparo de las «Building Societies ACTS» y los «trustee savings banks» según se definen en la «Trustee Savings Banks Act» de 1989;

| k) | las sociedades de Derecho italiano denominadas “società per azioni”, “società in accomandita per azioni”, “società a responsabilità limitata”, “società cooperative”, “società di mutua assicurazione”, y las entidades públicas y privadas cuya actividad sea íntegra o principalmente de carácter comercial; |
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k)

las sociedades de Derecho italiano denominadas “società per azioni”, “società in accomandita per azioni”, “società a responsabilità limitata”, “società cooperative”, “società di mutua assicurazione”, y las entidades públicas y privadas cuya actividad sea íntegra o principalmente de carácter comercial;

| l) | en virtud del Derecho chipriota: “εταιρείες” según se define en la Ley del impuesto sobre la renta; |
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l)

en virtud del Derecho chipriota: “εταιρείες” según se define en la Ley del impuesto sobre la renta;

| m) | las sociedades de Derecho letón denominadas “akciju sabiedrība”, “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”; |
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m)

las sociedades de Derecho letón denominadas “akciju sabiedrība”, “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;

| n) | las sociedades constituidas de conformidad con el Derecho de Lituania; |
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n)

las sociedades constituidas de conformidad con el Derecho de Lituania;

| o) | las sociedades de Derecho luxemburgués denominadas “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “société coopérative”, “société coopérative organisée comme une société anonyme”, “association d’assurances mutuelles”, “association d’épargne-pension”, “entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public” y otras sociedades constituidas con arreglo al Derecho luxemburgués y sujetas al impuesto de sociedades luxemburgués; |
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o)

las sociedades de Derecho luxemburgués denominadas “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “société coopérative”, “société coopérative organisée comme une société anonyme”, “association d’assurances mutuelles”, “association d’épargne-pension”, “entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public” y otras sociedades constituidas con arreglo al Derecho luxemburgués y sujetas al impuesto de sociedades luxemburgués;

| p) | las sociedades de Derecho húngaro denominadas “közkereseti társaság”, “betéti társaság”, “közös vállalat”, “korlátolt felelősségű társaság”, “részvénytársaság”, “egyesülés”, “közhasznú társaság”, “szövetkezet”; |
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p)

las sociedades de Derecho húngaro denominadas “közkereseti társaság”, “betéti társaság”, “közös vállalat”, “korlátolt felelősségű társaság”, “részvénytársaság”, “egyesülés”, “közhasznú társaság”, “szövetkezet”;

| q) | las sociedades de Derecho maltés denominadas “Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata”, “Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet”; |
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q)

las sociedades de Derecho maltés denominadas “Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata”, “Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet”;

| r) | las sociedades de Derecho neerlandés denominadas “naamloze vennootschap”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “Open commanditaire vennootschap”, “Coöperatie”, “onderlinge waarborgmaatschappij”, “Fonds voor gemene rekening”, “vereniging op coöperatieve grondslag” and “vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” y otras sociedades constituidas con arreglo al Derecho neerlandés y sujetas al impuesto de sociedades neerlandés; |
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r)

las sociedades de Derecho neerlandés denominadas “naamloze vennootschap”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “Open commanditaire vennootschap”, “Coöperatie”, “onderlinge waarborgmaatschappij”, “Fonds voor gemene rekening”, “vereniging op coöperatieve grondslag” and “vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” y otras sociedades constituidas con arreglo al Derecho neerlandés y sujetas al impuesto de sociedades neerlandés;

| s) | las sociedades de Derecho austriaco denominadas “Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”; |
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s)

las sociedades de Derecho austriaco denominadas “Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”;

| t) | las sociedades de Derecho polaco denominadas “spółka akcyjna”, “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”; |
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t)

las sociedades de Derecho polaco denominadas “spółka akcyjna”, “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

| u) | las sociedades mercantiles o las sociedades civiles con forma mercantil, así como otras personas jurídicas que ejerzan actividades comerciales o industriales, que estén constituidas de conformidad con el Derecho portugués; |
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u)

las sociedades mercantiles o las sociedades civiles con forma mercantil, así como otras personas jurídicas que ejerzan actividades comerciales o industriales, que estén constituidas de conformidad con el Derecho portugués;

| v) | las sociedades de Derecho esloveno denominadas “delniška družba”, “komanditna družba”, “družba z omejeno odgovornostjo”; |
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v)

las sociedades de Derecho esloveno denominadas “delniška družba”, “komanditna družba”, “družba z omejeno odgovornostjo”;

| w) | las sociedades de Derecho eslovaco denominadas “akciová spoločnosť”, “spoločnosť s ručením obmedzeným”, “komanditná spoločnosť”. |
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w)

las sociedades de Derecho eslovaco denominadas “akciová spoločnosť”, “spoločnosť s ručením obmedzeným”, “komanditná spoločnosť”.

| x) | las sociedades de Derecho finlandés denominadas “osakeyhtiö”/“aktiebolag”, “osuuskunta”/“andelslag”, “säästöpankki”/“sparbank” and “vakuutusyhtiö”/“försäkringsbolag”; |
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x)

las sociedades de Derecho finlandés denominadas “osakeyhtiö”/“aktiebolag”, “osuuskunta”/“andelslag”, “säästöpankki”/“sparbank” and “vakuutusyhtiö”/“försäkringsbolag”;

| y) | las sociedades de Derecho sueco denominadas “aktiebolag”, “försäkringsaktiebolag”, “ekonomiska föreningar”, “sparbanker”, “ömsesidiga försäkringsbolag”; |
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y)

las sociedades de Derecho sueco denominadas “aktiebolag”, “försäkringsaktiebolag”, “ekonomiska föreningar”, “sparbanker”, “ömsesidiga försäkringsbolag”;

| (z) | las sociedades constituidas de conformidad con el Derecho del Reino Unido.». |
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(z)

las sociedades constituidas de conformidad con el Derecho del Reino Unido.».

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II Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad

Consejo

| 4.3.2005 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 58/28 |
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4.3.2005

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 58/28

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DECISIÓN DEL CONSEJO

de 28 de febrero de 2005

por la que se nombra a un miembro titular neerlandés del Comité de las Regiones

(2005/172/CE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 263,

Vista la propuesta del Gobierno neerlandés,

Considerando lo siguiente:

| (1) | La Decisión 2002/60/CE del Consejo (1), por la que se nombra a los miembros titulares y suplentes del Comité de las Regiones. |
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(1)

La Decisión 2002/60/CE del Consejo (1), por la que se nombra a los miembros titulares y suplentes del Comité de las Regiones.

| (2) | Ha quedado vacante en el Comité de las Regiones un puesto de miembro titular como consecuencia de la dimisión de D. G.A.A. VERKERK, comunicada al Consejo el 6 de octubre de 2004. |
| --- | --- |

(2)

Ha quedado vacante en el Comité de las Regiones un puesto de miembro titular como consecuencia de la dimisión de D. G.A.A. VERKERK, comunicada al Consejo el 6 de octubre de 2004.

DECIDE:

Artículo único

Se nombra miembro titular del Comité de las Regiones a D. Pieter Theodoor VAN WOENSEL, Concejal de La Haya, en sustitución de D. G.A.A. VERKERK para el resto de su mandato, es decir hasta el 25 de enero de 2006.

Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 2005.

Por el Consejo

El Presidente

F. BODEN

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(1)  DO L 24 de 26.1.2002, p. 38.

1

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Comisión

| 4.3.2005 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 58/29 |
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4.3.2005

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 58/29

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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 12 de mayo de 2004

relativa a la ayuda estatal ejecutada por España para una nueva ayuda de reestructuración de los astilleros públicos españoles

Asunto de ayuda estatal C 40/00 (ex NN 61/00)

[notificada con el número C(2004) 1620]

(El texto en lengua española es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2005/173/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Visto el Reglamento (CE) no 1540/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, sobre ayudas a la construcción naval (1),

Visto el Reglamento (CE) no 1013/97 del Consejo, de 2 de junio de 1997, sobre ayudas a determinados astilleros en curso de reestructuración (2),

Después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, de conformidad con los citados artículos (3) y teniendo en cuenta dichas observaciones,

Considerando lo siguiente:

I.   PROCEDIMIENTO

| (1) | Basándose en el Reglamento (CE) no 1013/97, la Comisión en una Decisión de 6 de agosto de 1997 (4) autorizó una ayuda de reestructuración para astilleros públicos españoles que ascendía a aproximadamente 1 900 millones EUR. En virtud de dicho Reglamento, la condición para la aprobación de la ayuda era que no se concedieran más ayudas con fines de reestructuración. |
| --- | --- |

(1)

Basándose en el Reglamento (CE) no 1013/97, la Comisión en una Decisión de 6 de agosto de 1997 (4) autorizó una ayuda de reestructuración para astilleros públicos españoles que ascendía a aproximadamente 1 900 millones EUR. En virtud de dicho Reglamento, la condición para la aprobación de la ayuda era que no se concedieran más ayudas con fines de reestructuración.

| (2) | A través de la prensa la Comisión tuvo conocimiento de que varias transacciones que afectaban a astilleros públicos españoles de carácter civil tuvieron lugar durante los años 1999 y 2000. Por cartas de 27 de enero y 29 de marzo de 2000 la Comisión pidió información sobre este asunto. España no contestó a ninguna de las dos cartas. |
| --- | --- |

(2)

A través de la prensa la Comisión tuvo conocimiento de que varias transacciones que afectaban a astilleros públicos españoles de carácter civil tuvieron lugar durante los años 1999 y 2000. Por cartas de 27 de enero y 29 de marzo de 2000 la Comisión pidió información sobre este asunto. España no contestó a ninguna de las dos cartas.

| (3) | Mediante su Decisión de 12 de julio de 2000, la Comisión incoó el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado (en lo sucesivo, «incoación») con respecto a la transacción por la que la sociedad de cartera estatal Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) compró los dos astilleros Juliana y Cádiz y la fábrica de motores de Manises, como empresas separadas, a Astilleros Españoles SA. Se informó a las autoridades españolas de la Decisión mediante carta de la Comisión de 1 de agosto de 2000. |
| --- | --- |

(3)

Mediante su Decisión de 12 de julio de 2000, la Comisión incoó el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado (en lo sucesivo, «incoación») con respecto a la transacción por la que la sociedad de cartera estatal Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) compró los dos astilleros Juliana y Cádiz y la fábrica de motores de Manises, como empresas separadas, a Astilleros Españoles SA. Se informó a las autoridades españolas de la Decisión mediante carta de la Comisión de 1 de agosto de 2000.

| (4) | España, mediante cartas de 18 de mayo y 24 de septiembre de 2001, presentó sus comentarios sobre la incoación del procedimiento. También informó a la Comisión de que la SEPI había decidido, en julio de 2000, reagrupar todos los astilleros estatales de España en un grupo. |
| --- | --- |

(4)

España, mediante cartas de 18 de mayo y 24 de septiembre de 2001, presentó sus comentarios sobre la incoación del procedimiento. También informó a la Comisión de que la SEPI había decidido, en julio de 2000, reagrupar todos los astilleros estatales de España en un grupo.

| (5) | El 28 de noviembre de 2001, la Comisión decidió ampliar el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado (en lo sucesivo, «primera ampliación») a las transacciones suplementarias entre, por una parte, SEPI y Bazán y, por otra parte, AESA y Bazán, para crear el nuevo grupo IZAR. Por carta de 28 de noviembre de 2001, la Comisión informó a España de la ampliación del procedimiento y pidió toda la información pertinente que pudiera ayudar a evaluar el elemento de ayuda de las transacciones. Por carta de 29 de noviembre de 2002 la Comisión aclaró que para poder efectuar una evaluación apropiada necesitaba las cuentas anuales de los astilleros afectados y de AESA, así como cualquier otra documentación que aclarara cómo fueron tasadas las empresas en el momento del cambio de propiedad. |
| --- | --- |

(5)

El 28 de noviembre de 2001, la Comisión decidió ampliar el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado (en lo sucesivo, «primera ampliación») a las transacciones suplementarias entre, por una parte, SEPI y Bazán y, por otra parte, AESA y Bazán, para crear el nuevo grupo IZAR. Por carta de 28 de noviembre de 2001, la Comisión informó a España de la ampliación del procedimiento y pidió toda la información pertinente que pudiera ayudar a evaluar el elemento de ayuda de las transacciones. Por carta de 29 de noviembre de 2002 la Comisión aclaró que para poder efectuar una evaluación apropiada necesitaba las cuentas anuales de los astilleros afectados y de AESA, así como cualquier otra documentación que aclarara cómo fueron tasadas las empresas en el momento del cambio de propiedad.

| (6) | España, mediante carta de 31 de enero de 2002, presentó sus comentarios sobre la primera ampliación del procedimiento. La Comisión recordó a España, a través de una carta fechada el 28 de febrero de 2002, que aún tenía que remitir los informes anuales de las empresas. España facilitó más información mediante carta de 29 de julio de 2002, que sin embargo no incluía los informes anuales solicitados. |
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(6)

España, mediante carta de 31 de enero de 2002, presentó sus comentarios sobre la primera ampliación del procedimiento. La Comisión recordó a España, a través de una carta fechada el 28 de febrero de 2002, que aún tenía que remitir los informes anuales de las empresas. España facilitó más información mediante carta de 29 de julio de 2002, que sin embargo no incluía los informes anuales solicitados.

| (7) | Como España no facilitó los informes anuales la Comisión decidió, el 12 de agosto de 2002, enviar un requerimiento de información de conformidad con el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (5) exigiendo a España el envío de dicha información. España fue informada mediante carta de 12 de agosto de 2002. La Comisión subrayaba que si no recibía los datos solicitados tomaría una decisión final basándose en la información disponible. Mediante carta de 16 de octubre de 2002, España respondió al requerimiento pero no proporcionó los informes anuales solicitados. |
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(7)

Como España no facilitó los informes anuales la Comisión decidió, el 12 de agosto de 2002, enviar un requerimiento de información de conformidad con el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (5) exigiendo a España el envío de dicha información. España fue informada mediante carta de 12 de agosto de 2002. La Comisión subrayaba que si no recibía los datos solicitados tomaría una decisión final basándose en la información disponible. Mediante carta de 16 de octubre de 2002, España respondió al requerimiento pero no proporcionó los informes anuales solicitados.

| (8) | La Comisión decidió el 27 de mayo de 2003 ampliar de nuevo el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado (en lo sucesivo, «segunda ampliación»), para incluir una ayuda estatal que acababa de detectar y parecía ilegal, ligada a transacciones entre la SEPI y AESA y sus astilleros. Por carta de 27 de mayo de 2003, la Comisión informó a España de la ampliación del procedimiento y solicitó toda la información pertinente para evaluar la ayuda sospechosa. Por carta de 10 de julio de 2003 España respondió a la segunda ampliación. Mediante sendas cartas de 16 de octubre y 11 de noviembre de 2003 la Comisión pidió más clarificaciones. España contestó mediante carta de 25 de noviembre de 2003 y envió más información mediante carta de 14 de abril de 2004. |
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(8)

La Comisión decidió el 27 de mayo de 2003 ampliar de nuevo el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado (en lo sucesivo, «segunda ampliación»), para incluir una ayuda estatal que acababa de detectar y parecía ilegal, ligada a transacciones entre la SEPI y AESA y sus astilleros. Por carta de 27 de mayo de 2003, la Comisión informó a España de la ampliación del procedimiento y solicitó toda la información pertinente para evaluar la ayuda sospechosa. Por carta de 10 de julio de 2003 España respondió a la segunda ampliación. Mediante sendas cartas de 16 de octubre y 11 de noviembre de 2003 la Comisión pidió más clarificaciones. España contestó mediante carta de 25 de noviembre de 2003 y envió más información mediante carta de 14 de abril de 2004.

| (9) | Tras la incoación la Comisión recibió comentarios de Dinamarca, mediante carta de 18 de diciembre de 2000, y tras la primera extensión, comentarios del Reino Unido, por carta de 22 de febrero de 2002. Después de la segunda ampliación se recibieron comentarios de Royal Van Lent Shipyard, mediante carta de 24 de septiembre de 2003, de una parte que solicitó el anonimato por carta del mismo día, y de IZAR, mediante carta de 6 de octubre de 2003. Estos comentarios se enviaron a España mediante cartas de 14 de febrero de 2001, 6 de marzo de 2002 y 13 de octubre de 2003. España remitió sus comentarios a través de cartas fechadas el 14 de marzo de 2001, el 4 de abril de 2002 y el 10 de noviembre de 2003. El 14 de noviembre de 2003, IZAR interpuso un recurso contra la Comisión ante el Tribunal de Primera Instancia, solicitando la anulación de la segunda ampliación del procedimiento. |
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(9)

Tras la incoación la Comisión recibió comentarios de Dinamarca, mediante carta de 18 de diciembre de 2000, y tras la primera extensión, comentarios del Reino Unido, por carta de 22 de febrero de 2002. Después de la segunda ampliación se recibieron comentarios de Royal Van Lent Shipyard, mediante carta de 24 de septiembre de 2003, de una parte que solicitó el anonimato por carta del mismo día, y de IZAR, mediante carta de 6 de octubre de 2003. Estos comentarios se enviaron a España mediante cartas de 14 de febrero de 2001, 6 de marzo de 2002 y 13 de octubre de 2003. España remitió sus comentarios a través de cartas fechadas el 14 de marzo de 2001, el 4 de abril de 2002 y el 10 de noviembre de 2003. El 14 de noviembre de 2003, IZAR interpuso un recurso contra la Comisión ante el Tribunal de Primera Instancia, solicitando la anulación de la segunda ampliación del procedimiento.

II.   DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA AYUDA

| (10) | Las empresas afectadas son Astilleros Españoles SA (AESA), E. N. Bazán de Construcciones Navales Militares SA («Bazán»), IZAR Construcciones Navales («IZAR»), Astilleros de Cádiz SRL («Cádiz»), Astilleros de Puerto Real SRL («Puerto Real»), Astilleros de Sestao SRL («Sestao»), Astilleros de Sevilla SRL («Sevilla»), Juliana Constructora Gijonesa SA («Juliana»), Fábrica de motores diésel de Manises SA («Manises»), y Astilleros y Talleres del Noroeste («Astano», que posteriormente cambió su nombre por el de «Fene»). |
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(10)

Las empresas afectadas son Astilleros Españoles SA (AESA), E. N. Bazán de Construcciones Navales Militares SA («Bazán»), IZAR Construcciones Navales («IZAR»), Astilleros de Cádiz SRL («Cádiz»), Astilleros de Puerto Real SRL («Puerto Real»), Astilleros de Sestao SRL («Sestao»), Astilleros de Sevilla SRL («Sevilla»), Juliana Constructora Gijonesa SA («Juliana»), Fábrica de motores diésel de Manises SA («Manises»), y Astilleros y Talleres del Noroeste («Astano», que posteriormente cambió su nombre por el de «Fene»).

| (11) | Desde 1998 todos los astilleros públicos españoles pertenecen a la estructura de la sociedad de cartera estatal SEPI. Antes de 1998 todos los astilleros civiles, aparte de Astano que ya poseía directamente, eran empresas independientes propiedad de la sociedad de cartera AESA, una filial de la SEPI. AESA no realizaba actividades directas de construcción naval sino que era una sociedad de cartera que gestionaba activamente sus astilleros. La SEPI también era propietaria de Bazán, una empresa que principalmente comprendía tres astilleros militares (no como empresas independientes). A principios de 1998, la estructura de la propiedad de los astilleros públicos era la siguiente. |
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(11)

Desde 1998 todos los astilleros públicos españoles pertenecen a la estructura de la sociedad de cartera estatal SEPI. Antes de 1998 todos los astilleros civiles, aparte de Astano que ya poseía directamente, eran empresas independientes propiedad de la sociedad de cartera AESA, una filial de la SEPI. AESA no realizaba actividades directas de construcción naval sino que era una sociedad de cartera que gestionaba activamente sus astilleros. La SEPI también era propietaria de Bazán, una empresa que principalmente comprendía tres astilleros militares (no como empresas independientes). A principios de 1998, la estructura de la propiedad de los astilleros públicos era la siguiente.

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| (12) | En un primer lote de transacciones (en lo sucesivo, «transmisión 1»), el 28 de diciembre de 1999, la SEPI compró los astilleros Cádiz y Juliana y la empresa de motores de Manises a AESA por un precio de 15 300 000 EUR (6). Los astilleros Barreras y Astander fueron privatizados y ya no son objeto de la presente investigación. Esto dio como resultado la siguiente estructura. |
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(12)

En un primer lote de transacciones (en lo sucesivo, «transmisión 1»), el 28 de diciembre de 1999, la SEPI compró los astilleros Cádiz y Juliana y la empresa de motores de Manises a AESA por un precio de 15 300 000 EUR (6). Los astilleros Barreras y Astander fueron privatizados y ya no son objeto de la presente investigación. Esto dio como resultado la siguiente estructura.

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| (13) | En julio de 2000 la SEPI decidió reagrupar todos los astilleros estatales en un grupo. La fusión tuvo lugar a través de dos operaciones principales. En una operación («transmisión 2»), el grupo de astilleros militares Bazán, propiedad de la SEPI, compró los tres astilleros que le quedaban a AESA (Puerto Real, Sestao y Sevilla) por 1 peseta cada uno. |
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(13)

En julio de 2000 la SEPI decidió reagrupar todos los astilleros estatales en un grupo. La fusión tuvo lugar a través de dos operaciones principales. En una operación («transmisión 2»), el grupo de astilleros militares Bazán, propiedad de la SEPI, compró los tres astilleros que le quedaban a AESA (Puerto Real, Sestao y Sevilla) por 1 peseta cada uno.

| (14) | En la otra operación («transmisión 3»), Bazán compró tres astilleros (Juliana, Cádiz y Astano) y la Fábrica de motores de Manises directamente a la SEPI, también por 1 peseta cada uno. Todas las empresas fueron disueltas y reagrupadas en Bazán, que cambió su nombre por el de IZAR. La estructura actual de los astilleros es por ello la siguiente. |
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(14)

En la otra operación («transmisión 3»), Bazán compró tres astilleros (Juliana, Cádiz y Astano) y la Fábrica de motores de Manises directamente a la SEPI, también por 1 peseta cada uno. Todas las empresas fueron disueltas y reagrupadas en Bazán, que cambió su nombre por el de IZAR. La estructura actual de los astilleros es por ello la siguiente.

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| (15) | Al incoar el procedimiento, la Comisión declaró que tenía dudas sobre si la transmisión 1, en la que la SEPI pagó un precio a AESA que, como posteriormente se supo, ascendía a 60 millones EUR por las tres empresas Juliana, Cádiz y Manises, constituía una ayuda estatal. |
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(15)

Al incoar el procedimiento, la Comisión declaró que tenía dudas sobre si la transmisión 1, en la que la SEPI pagó un precio a AESA que, como posteriormente se supo, ascendía a 60 millones EUR por las tres empresas Juliana, Cádiz y Manises, constituía una ayuda estatal.

| (16) | También había dudas sobre si tal ayuda era compatible con el mercado común, pues parecía no serlo con la Decisión de la Comisión de 1997 que aprobó el último paquete de ayuda de reestructuración para los astilleros públicos y, por consiguiente, constituía una ayuda de reestructuración incompatible de conformidad con el artículo 5, apartado 1, párrafo segundo, primer guión, del Reglamento (CE) no 1540/98. Este planteamiento se basaba en especial en los siguientes argumentos. |
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(16)

También había dudas sobre si tal ayuda era compatible con el mercado común, pues parecía no serlo con la Decisión de la Comisión de 1997 que aprobó el último paquete de ayuda de reestructuración para los astilleros públicos y, por consiguiente, constituía una ayuda de reestructuración incompatible de conformidad con el artículo 5, apartado 1, párrafo segundo, primer guión, del Reglamento (CE) no 1540/98. Este planteamiento se basaba en especial en los siguientes argumentos.

| (17) | En primer lugar, la «venta» no parecía ser una operación auténtica sino más bien una aportación de capital que permitía a AESA y a los astilleros que seguían perteneciéndole (Puerto Real, Sevilla y Sestao) continuar funcionando de momento. |
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(17)

En primer lugar, la «venta» no parecía ser una operación auténtica sino más bien una aportación de capital que permitía a AESA y a los astilleros que seguían perteneciéndole (Puerto Real, Sevilla y Sestao) continuar funcionando de momento.

| (18) | En segundo lugar, dados su comportamiento previo y sus al parecer pobres resultados, parecía probable que ningún inversor comercial estaría dispuesto a comprar los astilleros en tales condiciones. |
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(18)

En segundo lugar, dados su comportamiento previo y sus al parecer pobres resultados, parecía probable que ningún inversor comercial estaría dispuesto a comprar los astilleros en tales condiciones.

| (19) | El 25 de noviembre de 2001 la Comisión decidió ampliar el procedimiento para abarcar las transmisiones 2 y 3, ejecutadas para reagrupar todos los astilleros estatales españoles en un grupo. En la ampliación del procedimiento la Comisión observó que había una proximidad de las transacciones que tuvieron lugar entre 1999 y el 2000, que, en definitiva, llevaron a la creación de un grupo para todos los astilleros estatales. Por ello, el procedimiento tuvo que ampliarse a todas las transacciones que llevaron a la fusión para evaluar completa y correctamente la posible ayuda estatal a los astilleros civiles contenida en las diversas transacciones del grupo SEPI. |
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(19)

El 25 de noviembre de 2001 la Comisión decidió ampliar el procedimiento para abarcar las transmisiones 2 y 3, ejecutadas para reagrupar todos los astilleros estatales españoles en un grupo. En la ampliación del procedimiento la Comisión observó que había una proximidad de las transacciones que tuvieron lugar entre 1999 y el 2000, que, en definitiva, llevaron a la creación de un grupo para todos los astilleros estatales. Por ello, el procedimiento tuvo que ampliarse a todas las transacciones que llevaron a la fusión para evaluar completa y correctamente la posible ayuda estatal a los astilleros civiles contenida en las diversas transacciones del grupo SEPI.

| (20) | En este contexto la Comisión subrayó que la aportación de capital a empresas públicas debe producirse en condiciones de mercado para excluir la existencia de ayuda estatal. Por lo tanto tenía dudas sobre si el precio de venta de 1 peseta por astillero y por la fábrica de motores podía considerarse como precio de mercado y si, por lo tanto, una ventaja económica derivada de la ayuda estatal había sido conferida a IZAR a través de dichas transacciones. |
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(20)

En este contexto la Comisión subrayó que la aportación de capital a empresas públicas debe producirse en condiciones de mercado para excluir la existencia de ayuda estatal. Por lo tanto tenía dudas sobre si el precio de venta de 1 peseta por astillero y por la fábrica de motores podía considerarse como precio de mercado y si, por lo tanto, una ventaja económica derivada de la ayuda estatal había sido conferida a IZAR a través de dichas transacciones.

| (21) | Como las disposiciones comunitarias aplicables no permitían más ayudas de salvamento y reestructuración a los astilleros civiles públicos, la Comisión tenía dudas sobre si estas transacciones eran compatibles con el mercado común. |
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(21)

Como las disposiciones comunitarias aplicables no permitían más ayudas de salvamento y reestructuración a los astilleros civiles públicos, la Comisión tenía dudas sobre si estas transacciones eran compatibles con el mercado común.

| (22) | En sus investigaciones ulteriores la Comisión descubrió que en 1999 la SEPI prestó 194 400 000 EUR a las tres empresas Cádiz, Juliana y Manises, que acababa de comprar. Como parece que estos préstamos se proporcionaron a empresas en crisis, la Comisión consideró que podían constituir una ayuda estatal. |
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(22)

En sus investigaciones ulteriores la Comisión descubrió que en 1999 la SEPI prestó 194 400 000 EUR a las tres empresas Cádiz, Juliana y Manises, que acababa de comprar. Como parece que estos préstamos se proporcionaron a empresas en crisis, la Comisión consideró que podían constituir una ayuda estatal.

| (23) | Además, la Comisión observó que el 18 de julio de 2000 AESA recibió una aportación de capital de la SEPI de 252 400 000 EUR, que podría constituir una ayuda estatal. Se comprobó que los astilleros de Puerto Real, Sestao y Sevilla recibieron casi simultáneamente aportaciones de capital de AESA por un importe similar. Esta aportación de capital de AESA a sus tres astilleros tuvo lugar solamente dos días antes de que fueran transmitidos a Bazán. |
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(23)

Además, la Comisión observó que el 18 de julio de 2000 AESA recibió una aportación de capital de la SEPI de 252 400 000 EUR, que podría constituir una ayuda estatal. Se comprobó que los astilleros de Puerto Real, Sestao y Sevilla recibieron casi simultáneamente aportaciones de capital de AESA por un importe similar. Esta aportación de capital de AESA a sus tres astilleros tuvo lugar solamente dos días antes de que fueran transmitidos a Bazán.

| (24) | Finalmente, parece que Bazán fue compensado por una pérdida de 68 200 000 EUR en relación con su compra de los astilleros Astano, Cádiz, Juliana y Manises. La Comisión por lo tanto se preguntó si la SEPI podría haber aportado esta cantidad a las cuatro empresas en relación con su transmisión a Bazán. |
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(24)

Finalmente, parece que Bazán fue compensado por una pérdida de 68 200 000 EUR en relación con su compra de los astilleros Astano, Cádiz, Juliana y Manises. La Comisión por lo tanto se preguntó si la SEPI podría haber aportado esta cantidad a las cuatro empresas en relación con su transmisión a Bazán.

| (25) | Basándose en esta nueva información, directamente relacionada con las transmisiones que llevaron a la creación de IZAR, el 27 de mayo de 2003 la Comisión decidió ampliar el procedimiento puesto que tenía dudas sobre si estos préstamos y aportaciones de capital eran compatibles con el mercado común. |
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(25)

Basándose en esta nueva información, directamente relacionada con las transmisiones que llevaron a la creación de IZAR, el 27 de mayo de 2003 la Comisión decidió ampliar el procedimiento puesto que tenía dudas sobre si estos préstamos y aportaciones de capital eran compatibles con el mercado común.

| (26) | Puede finalmente observarse que en la segunda ampliación del procedimiento la Comisión subrayó que en caso de que se confirmasen las dudas referentes a la concesión de la ayuda adicional, según lo expresado en la Decisión que puso en marcha el actual procedimiento, podría considerarse que la ayuda concedida en 1997 para la nueva reestructuración de los astilleros estatales españoles era incompatible y debía ser recuperada. |
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(26)

Puede finalmente observarse que en la segunda ampliación del procedimiento la Comisión subrayó que en caso de que se confirmasen las dudas referentes a la concesión de la ayuda adicional, según lo expresado en la Decisión que puso en marcha el actual procedimiento, podría considerarse que la ayuda concedida en 1997 para la nueva reestructuración de los astilleros estatales españoles era incompatible y debía ser recuperada.

III.   COMENTARIOS DE PARTES INTERESADAS

| (27) | Al incoarse el procedimiento la Comisión recibió comentarios de Dinamarca, que opinaba que la transacción entre AESA y la SEPI debía ser considerada como una aportación ilegal de capital que violaría el paquete de ayuda acordado en 1997 para AESA. Dinamarca apoyó por lo tanto la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento. |
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(27)

Al incoarse el procedimiento la Comisión recibió comentarios de Dinamarca, que opinaba que la transacción entre AESA y la SEPI debía ser considerada como una aportación ilegal de capital que violaría el paquete de ayuda acordado en 1997 para AESA. Dinamarca apoyó por lo tanto la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento.

| (28) | Dinamarca alegó además que puesto que Bazán recibió la ayuda en 1998 a condición de que cesara la construcción naval comercial, la compra por Bazán de varios astilleros civiles no respetaría esa condición. Finalmente, Dinamarca añadía que los astilleros daneses han sufrido la competencia de los astilleros españoles que recibieron ayuda estatal. |
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(28)

Dinamarca alegó además que puesto que Bazán recibió la ayuda en 1998 a condición de que cesara la construcción naval comercial, la compra por Bazán de varios astilleros civiles no respetaría esa condición. Finalmente, Dinamarca añadía que los astilleros daneses han sufrido la competencia de los astilleros españoles que recibieron ayuda estatal.

| (29) | La Comisión recibió comentarios del Reino Unido sobre la ampliación del procedimiento. El Reino Unido comparte las dudas de la Comisión sobre si la reestructuración de los astilleros públicos en España es compatible con los principios de mercado. Subraya que una preocupación clave es el tratamiento de las deudas de la empresa estatal AESA, que el Reino Unido afirma eran importantes en el momento de la transacción. El Reino Unido considera que reagrupar los grupos comerciales y navales en una sola entidad, IZAR, ofrece mayores oportunidades para una posible elusión de las normas de ayuda estatal. |
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(29)

La Comisión recibió comentarios del Reino Unido sobre la ampliación del procedimiento. El Reino Unido comparte las dudas de la Comisión sobre si la reestructuración de los astilleros públicos en España es compatible con los principios de mercado. Subraya que una preocupación clave es el tratamiento de las deudas de la empresa estatal AESA, que el Reino Unido afirma eran importantes en el momento de la transacción. El Reino Unido considera que reagrupar los grupos comerciales y navales en una sola entidad, IZAR, ofrece mayores oportunidades para una posible elusión de las normas de ayuda estatal.

| (30) | Según el Reino Unido, es una opinión ampliamente compartida en la industria británica que los astilleros españoles obtienen importantes contratos de construcción naval y transformación debido no a su propia competitividad sino gracias a las medidas de ayuda de las que disponen. Alega que hay ejemplos concretos en que se ha adjudicado un contrato a estos astilleros, para el que los astilleros británicos también habían presentado una oferta, en condiciones difíciles de explicar si se aplicaran unas condiciones comerciales normales. También cree que se utiliza el cambio constante de titularidad de astilleros deficitarios como un mecanismo que permite conceder continuamente subvenciones a un sector que está evitando una reestructuración que es esencial. |
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(30)

Según el Reino Unido, es una opinión ampliamente compartida en la industria británica que los astilleros españoles obtienen importantes contratos de construcción naval y transformación debido no a su propia competitividad sino gracias a las medidas de ayuda de las que disponen. Alega que hay ejemplos concretos en que se ha adjudicado un contrato a estos astilleros, para el que los astilleros británicos también habían presentado una oferta, en condiciones difíciles de explicar si se aplicaran unas condiciones comerciales normales. También cree que se utiliza el cambio constante de titularidad de astilleros deficitarios como un mecanismo que permite conceder continuamente subvenciones a un sector que está evitando una reestructuración que es esencial.

| (31) | La Comisión recibió comentarios de tres partes. Una parte que pidió el anonimato hizo un comentario conjunto para este asunto y para el asunto C 38/03 (ex NN 10/03) de ayuda estatal (7). Observa que IZAR se dedica a la construcción, reparación, mantenimiento y transformación de barcos de recreo, en especial yates de lujo, y subraya que la ayuda investigada ha creado una distorsión grave en el mercado de barcos de recreo y que las instalaciones de los astilleros militares de IZAR en Cartagena y San Fernando se utilizan para este fin. Se recibió otro comentario conjunto para este asunto y el C 38/03 de Royal van Lent Shipyard Royal BV, que se dedica a la construcción de megayates. La empresa afirma que las ayudas concedidas por el Gobierno español durante los últimos años han sido sumamente perjudiciales para muchos de los competidores en este mercado. |
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(31)

La Comisión recibió comentarios de tres partes. Una parte que pidió el anonimato hizo un comentario conjunto para este asunto y para el asunto C 38/03 (ex NN 10/03) de ayuda estatal (7). Observa que IZAR se dedica a la construcción, reparación, mantenimiento y transformación de barcos de recreo, en especial yates de lujo, y subraya que la ayuda investigada ha creado una distorsión grave en el mercado de barcos de recreo y que las instalaciones de los astilleros militares de IZAR en Cartagena y San Fernando se utilizan para este fin. Se recibió otro comentario conjunto para este asunto y el C 38/03 de Royal van Lent Shipyard Royal BV, que se dedica a la construcción de megayates. La empresa afirma que las ayudas concedidas por el Gobierno español durante los últimos años han sido sumamente perjudiciales para muchos de los competidores en este mercado.

| (32) | La Comisión también recibió comentarios de IZAR que, en primer lugar, alega que los fondos facilitados por la SEPI no deben considerarse como recursos del Estado. Con respecto a un préstamo de 194 400 000 EUR de la SEPI a AESA, IZAR afirma que no se trató de un nuevo préstamo, sino solamente de la asunción por la SEPI de un préstamo que AESA había concedido a sus astilleros. Con respecto a la aportación de capital de 254 400 000 EUR de la SEPI a AESA, IZAR alega que ésta tuvo lugar en septiembre de 2000, en un momento en que AESA no poseía ningún astillero, y que, por lo tanto, no puede considerarse como ayuda a los astilleros. Con respecto a la cobertura de pérdidas de 68 200 000 EUR por parte de la SEPI con respecto a IZAR, IZAR afirma que nunca tuvo lugar, como puede verse en su informe anual y añade, finalmente, que se utilizó una base jurídica incorrecta y que no tiene sentido recuperar ninguna ayuda concedida a los astilleros españoles públicos en 1997. |
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(32)

La Comisión también recibió comentarios de IZAR que, en primer lugar, alega que los fondos facilitados por la SEPI no deben considerarse como recursos del Estado. Con respecto a un préstamo de 194 400 000 EUR de la SEPI a AESA, IZAR afirma que no se trató de un nuevo préstamo, sino solamente de la asunción por la SEPI de un préstamo que AESA había concedido a sus astilleros. Con respecto a la aportación de capital de 254 400 000 EUR de la SEPI a AESA, IZAR alega que ésta tuvo lugar en septiembre de 2000, en un momento en que AESA no poseía ningún astillero, y que, por lo tanto, no puede considerarse como ayuda a los astilleros. Con respecto a la cobertura de pérdidas de 68 200 000 EUR por parte de la SEPI con respecto a IZAR, IZAR afirma que nunca tuvo lugar, como puede verse en su informe anual y añade, finalmente, que se utilizó una base jurídica incorrecta y que no tiene sentido recuperar ninguna ayuda concedida a los astilleros españoles públicos en 1997.

IV.   COMENTARIOS DE ESPAÑA

| (33) | En sus comentarios sobre la incoación del procedimiento España aclaró que la suma que la SEPI pagó a AESA por ambos astilleros y la fábrica de motores era considerablemente más baja que la mencionada en la incoación. De hecho, el precio por las tres empresas fue de 15 300 000 EUR (y no los 60 citados en la incoación), distribuidos del siguiente modo: 8 054 000 por Cádiz; 5 235 000 por Juliana; y 2 013 000 por Manises. |
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(33)

En sus comentarios sobre la incoación del procedimiento España aclaró que la suma que la SEPI pagó a AESA por ambos astilleros y la fábrica de motores era considerablemente más baja que la mencionada en la incoación. De hecho, el precio por las tres empresas fue de 15 300 000 EUR (y no los 60 citados en la incoación), distribuidos del siguiente modo: 8 054 000 por Cádiz; 5 235 000 por Juliana; y 2 013 000 por Manises.

| (34) | España además argumentó ante la Comisión el porqué, en su opinión, la transmisión 1 no constituía una ayuda estatal. El principal argumento era que las transacciones se efectuaron para preparar una privatización de las tres empresas. Puesto que la SEPI es especialista en privatizaciones era necesario transmitir las tres empresas a la SEPI. Sin embargo, se puso muy pronto de manifiesto que no podría encontrarse ningún comprador interesado. Ésta fue la razón de la posterior transmisión de las empresas a Bazán. |
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(34)

España además argumentó ante la Comisión el porqué, en su opinión, la transmisión 1 no constituía una ayuda estatal. El principal argumento era que las transacciones se efectuaron para preparar una privatización de las tres empresas. Puesto que la SEPI es especialista en privatizaciones era necesario transmitir las tres empresas a la SEPI. Sin embargo, se puso muy pronto de manifiesto que no podría encontrarse ningún comprador interesado. Ésta fue la razón de la posterior transmisión de las empresas a Bazán.

| (35) | Puesto que el supuesto propósito de las transacciones era preparar a las tres empresas para la privatización, España considera que la SEPI no necesitaba actuar como actor del mercado cuando compró las empresas sino solamente pagar un precio razonable, y en tales circunstancias el valor contable parecía ser la solución óptima. |
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(35)

Puesto que el supuesto propósito de las transacciones era preparar a las tres empresas para la privatización, España considera que la SEPI no necesitaba actuar como actor del mercado cuando compró las empresas sino solamente pagar un precio razonable, y en tales circunstancias el valor contable parecía ser la solución óptima.

| (36) | Tras la primera ampliación del procedimiento, España transmitió a la Comisión los siguientes argumentos sobre por qué no hubo ayuda estatal en las transmisiones 2 y 3, es decir, de por qué el precio de 1 peseta por empresa era correcto. |
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(36)

Tras la primera ampliación del procedimiento, España transmitió a la Comisión los siguientes argumentos sobre por qué no hubo ayuda estatal en las transmisiones 2 y 3, es decir, de por qué el precio de 1 peseta por empresa era correcto.

| (37) | Según España, la SEPI, como accionista del 100 % de todas las empresas afectadas, se comportó como un operador del mercado cuando decidió reorganizar toda la construcción naval en un grupo, con el objetivo de obtener sinergias. También era necesario incrementar la capacidad de producción militar, dada la gran cartera de pedidos y el aumento esperado en el futuro de este sector. |
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(37)

Según España, la SEPI, como accionista del 100 % de todas las empresas afectadas, se comportó como un operador del mercado cuando decidió reorganizar toda la construcción naval en un grupo, con el objetivo de obtener sinergias. También era necesario incrementar la capacidad de producción militar, dada la gran cartera de pedidos y el aumento esperado en el futuro de este sector.

| (38) | España también subrayó que no había ningún vínculo entre el primer grupo de transacciones en las que participaron AESA y la SEPI y el segundo grupo, que condujo a la creación de IZAR. Las primeras iban dirigidas a la privatización de las tres empresas, mientras que las segundas pretendían crear un gran grupo de construcción naval español. |
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(38)

España también subrayó que no había ningún vínculo entre el primer grupo de transacciones en las que participaron AESA y la SEPI y el segundo grupo, que condujo a la creación de IZAR. Las primeras iban dirigidas a la privatización de las tres empresas, mientras que las segundas pretendían crear un gran grupo de construcción naval español.

| (39) | España alega que el hecho de que el precio de las mismas empresas (Cádiz, Juliana y Manises) cambiase en un corto plazo de 15 300 000 EUR a 3 pesetas, solamente muestra que las dos transacciones tenían objetivos distintos. |
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(39)

España alega que el hecho de que el precio de las mismas empresas (Cádiz, Juliana y Manises) cambiase en un corto plazo de 15 300 000 EUR a 3 pesetas, solamente muestra que las dos transacciones tenían objetivos distintos.

| (40) | La transmisión de los astilleros a Bazán, con todos sus activos y pasivos, no otorga ninguna ventaja a ningún astillero. Además España alega que no se utilizaron recursos públicos en las transacciones. |
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(40)

La transmisión de los astilleros a Bazán, con todos sus activos y pasivos, no otorga ninguna ventaja a ningún astillero. Además España alega que no se utilizaron recursos públicos en las transacciones.

| (41) | España también razona que aunque pudiera probarse alguna ventaja para Bazán en la transmisión 2, la naturaleza militar de Bazán plantea dudas en cuanto a si el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE es aplicable, dada la excepción prevista en el artículo 296 del Tratado CE. |
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(41)

España también razona que aunque pudiera probarse alguna ventaja para Bazán en la transmisión 2, la naturaleza militar de Bazán plantea dudas en cuanto a si el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE es aplicable, dada la excepción prevista en el artículo 296 del Tratado CE.

| (42) | También se alega que el precio utilizado en una transacción interna en un grupo no tiene necesariamente que basarse en el de mercado. Por añadidura, España afirma que en las transacciones consideradas los precios utilizados (1 peseta) fueron completamente razonables y reflejaban el valor de los astilleros afectados. Un inversor de mercado no habría pagado más y utilizar un precio igual al valor contable no habría sido apropiado en esta situación. |
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(42)

También se alega que el precio utilizado en una transacción interna en un grupo no tiene necesariamente que basarse en el de mercado. Por añadidura, España afirma que en las transacciones consideradas los precios utilizados (1 peseta) fueron completamente razonables y reflejaban el valor de los astilleros afectados. Un inversor de mercado no habría pagado más y utilizar un precio igual al valor contable no habría sido apropiado en esta situación.

| (43) | España sostiene que, como principio general, la reorganización de actividades dentro del mismo grupo no afecta a la situación competitiva de la nueva empresa de reciente creación o a la de las empresas integradas en ella. Sobre este punto, España hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en sus sentencias de 27 de marzo de 1980, asunto 61/79, Denkavit Italiana (8), de 15 de marzo de 1994, asunto C-387/92, Banco Exterior de España (9) y de 1 de diciembre de 1998, asunto C-200/97, Ecotrade/Altiformi (10). |
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(43)

España sostiene que, como principio general, la reorganización de actividades dentro del mismo grupo no afecta a la situación competitiva de la nueva empresa de reciente creación o a la de las empresas integradas en ella. Sobre este punto, España hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en sus sentencias de 27 de marzo de 1980, asunto 61/79, Denkavit Italiana (8), de 15 de marzo de 1994, asunto C-387/92, Banco Exterior de España (9) y de 1 de diciembre de 1998, asunto C-200/97, Ecotrade/Altiformi (10).

| (44) | Subsidiariamente, en caso de que la Comisión considerara el precio demasiado bajo y por lo tanto constitutivo de ayuda a Bazán/IZAR, España se refiere a una decisión de la Comisión, de 27 de julio de 1994 (11) en la que se declara que aunque el precio pagado por la transmisión de una fábrica de automóviles entre dos entidades de la Treuhand fuera probablemente demasiado bajo, la Comisión consideró que esto era irrelevante puesto que afectaba a una transacción interna de la Treuhand. |
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(44)

Subsidiariamente, en caso de que la Comisión considerara el precio demasiado bajo y por lo tanto constitutivo de ayuda a Bazán/IZAR, España se refiere a una decisión de la Comisión, de 27 de julio de 1994 (11) en la que se declara que aunque el precio pagado por la transmisión de una fábrica de automóviles entre dos entidades de la Treuhand fuera probablemente demasiado bajo, la Comisión consideró que esto era irrelevante puesto que afectaba a una transacción interna de la Treuhand.

| (45) | España sostuvo además que no existía ningún precio de mercado razonable y por ello la Comisión no había podido fijar la ayuda estatal controvertida, como lo exige el Reglamento (CE) n° 659/1999, la jurisprudencia y la práctica de la propia Comisión. |
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(45)

España sostuvo además que no existía ningún precio de mercado razonable y por ello la Comisión no había podido fijar la ayuda estatal controvertida, como lo exige el Reglamento (CE) n° 659/1999, la jurisprudencia y la práctica de la propia Comisión.

| (46) | España además facilitó información sobre el valor contable de los astilleros afectados y los riesgos económicos calculados para cada uno de ellos. Los riesgos se dividieron en tres elementos: riesgo económico en los contratos existentes, riesgo económico por infrautilización de la capacidad y otros riesgos económicos (comerciales, laborales y fiscales). España alegó que utilizando el valor contable como referencia y deduciendo los riesgos calculados, el precio de 1 peseta por empresa refleja el valor real y por lo tanto no existe ninguna ventaja para el comprador Bazán/IZAR (véase el cuadro 1).
  Cuadro 1
  Valores contables y riesgos relacionados con las transacciones individuales en julio de 2000








  (en millones de EUR) |
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| Empresa | Valor contable | Riesgo calculado | Valor neto calculado |
| Empresas vendidas por AESA a Bazán |
| Puerto Real | 68,8 | [...] (12) | [...] |
| Sestao | 91,1 | [...] | [...] |
| Sevilla | 37,8 | [...] | [...] |
| Empresas vendidas por la SEPI a Bazán |
| Cádiz | – 20,9 | [...] | [...] |
| Juliana | – 31,6 | [...] | [...] |
| Manises | – 14,7 | [...] | [...] |
| Astano | 1,0 | [...] | [...] |

(46)

España además facilitó información sobre el valor contable de los astilleros afectados y los riesgos económicos calculados para cada uno de ellos. Los riesgos se dividieron en tres elementos: riesgo económico en los contratos existentes, riesgo económico por infrautilización de la capacidad y otros riesgos económicos (comerciales, laborales y fiscales). España alegó que utilizando el valor contable como referencia y deduciendo los riesgos calculados, el precio de 1 peseta por empresa refleja el valor real y por lo tanto no existe ninguna ventaja para el comprador Bazán/IZAR (véase el cuadro 1).

Cuadro 1

Valores contables y riesgos relacionados con las transacciones individuales en julio de 2000

(en millones de EUR)

Empresa

Valor contable

Riesgo calculado

Valor neto calculado

Empresas vendidas por AESA a Bazán

Puerto Real

68,8

[...] (12)

[...]

Sestao

91,1

[...]

[...]

Sevilla

37,8

[...]

[...]

Empresas vendidas por la SEPI a Bazán

Cádiz

– 20,9

[...]

[...]

Juliana

– 31,6

[...]

[...]

Manises

– 14,7

[...]

[...]

Astano

1,0

[...]

[...]

| (47) | En reacción a los comentarios daneses, España consideró que los relativos a la ayuda a Bazán no afectan a este procedimiento y, por lo tanto, no son pertinentes. España, además, negó las alegaciones de que las transacciones entre AESA y la SEPI constituyen ayuda, pues no comportaron ningún flujo injustificado de fondos. Finalmente, España declara que los problemas con que se enfrentan los astilleros daneses no se deben a la competencia de los astilleros españoles sino a la competencia desleal de Corea. |
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(47)

En reacción a los comentarios daneses, España consideró que los relativos a la ayuda a Bazán no afectan a este procedimiento y, por lo tanto, no son pertinentes. España, además, negó las alegaciones de que las transacciones entre AESA y la SEPI constituyen ayuda, pues no comportaron ningún flujo injustificado de fondos. Finalmente, España declara que los problemas con que se enfrentan los astilleros daneses no se deben a la competencia de los astilleros españoles sino a la competencia desleal de Corea.

| (48) | Con respecto a los comentarios recibidos del Reino Unido, España manifiesta su sorpresa por las alegaciones de subvenciones cruzadas entre la producción militar y civil puesto que alega que el Reino Unido tiene muchos astilleros con producción mixta, civil y militar. También niega que los astilleros españoles se hayan beneficiado de cualquier medida no autorizada por la Comisión Europea. |
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(48)

Con respecto a los comentarios recibidos del Reino Unido, España manifiesta su sorpresa por las alegaciones de subvenciones cruzadas entre la producción militar y civil puesto que alega que el Reino Unido tiene muchos astilleros con producción mixta, civil y militar. También niega que los astilleros españoles se hayan beneficiado de cualquier medida no autorizada por la Comisión Europea.

| (49) | Tras la segunda ampliación del procedimiento, España presentó a la Comisión los siguientes argumentos sobre las razones por las que, en su opinión, no hubo ayuda estatal en los préstamos y aportaciones de capital analizados por la Comisión. |
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(49)

Tras la segunda ampliación del procedimiento, España presentó a la Comisión los siguientes argumentos sobre las razones por las que, en su opinión, no hubo ayuda estatal en los préstamos y aportaciones de capital analizados por la Comisión.

| (50) | En primer lugar, España alega que la SEPI actuó como inversor privado en una economía de mercado que aspira a lograr los mayores beneficios y que la Comisión no ha probado que los recursos de la SEPI provengan del Estado o sean imputables al mismo. |
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(50)

En primer lugar, España alega que la SEPI actuó como inversor privado en una economía de mercado que aspira a lograr los mayores beneficios y que la Comisión no ha probado que los recursos de la SEPI provengan del Estado o sean imputables al mismo.

| (51) | Con respecto a los préstamos de la SEPI a Cádiz, Juliana y Manises, España declara que cuando, el 22 de diciembre de 1999, la SEPI se hizo cargo de las tres empresas, éstas tenían deudas con AESA de, respectivamente, 120 800 000 EUR (Cádiz), 47 200 000 EUR (Juliana) y 24 100 000 EUR (Manises). Lo que hizo la SEPI fue hacerse cargo de estos créditos de AESA. No se puede considerar que esto sea una nueva ayuda a los astilleros. Además, los tipos de interés aplicados eran similares al tipo de mercado (MIBOR más 8 puntos). |
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(51)

Con respecto a los préstamos de la SEPI a Cádiz, Juliana y Manises, España declara que cuando, el 22 de diciembre de 1999, la SEPI se hizo cargo de las tres empresas, éstas tenían deudas con AESA de, respectivamente, 120 800 000 EUR (Cádiz), 47 200 000 EUR (Juliana) y 24 100 000 EUR (Manises). Lo que hizo la SEPI fue hacerse cargo de estos créditos de AESA. No se puede considerar que esto sea una nueva ayuda a los astilleros. Además, los tipos de interés aplicados eran similares al tipo de mercado (MIBOR más 8 puntos).

| (52) | En lo tocante a la aportación de capital de 252 400 000 EUR de la SEPI a AESA, España declara, en primer lugar, que el capital no se aportó el 18 de julio de 2000, tal como se recoge en la incoación, sino en septiembre del mismo año. En ese momento AESA no tenía ninguna actividad puesto que había vendido ya sus últimos astilleros a Bazán. Por consiguiente, esta aportación no pudo provocar ninguna distorsión de la competencia y estaba destinada a organizar un cierre ordenado de AESA. España a este respecto hace referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1991, asunto C-303/88, ENI-Lanerossi (13). |
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(52)

En lo tocante a la aportación de capital de 252 400 000 EUR de la SEPI a AESA, España declara, en primer lugar, que el capital no se aportó el 18 de julio de 2000, tal como se recoge en la incoación, sino en septiembre del mismo año. En ese momento AESA no tenía ninguna actividad puesto que había vendido ya sus últimos astilleros a Bazán. Por consiguiente, esta aportación no pudo provocar ninguna distorsión de la competencia y estaba destinada a organizar un cierre ordenado de AESA. España a este respecto hace referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1991, asunto C-303/88, ENI-Lanerossi (13).

| (53) | Con respecto a las aportaciones de capital sospechosas a Astano, Cádiz, Juliana y Manises, España comunica que el informe anual 2000 de IZAR recoge pérdidas de 68 200 000 EUR relacionadas con la adquisición de los cuatro astilleros concernidos. Según España, no hubo ninguna ayuda de la SEPI a los astilleros antes de que fueran transmitidos a Bazán. |
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(53)

Con respecto a las aportaciones de capital sospechosas a Astano, Cádiz, Juliana y Manises, España comunica que el informe anual 2000 de IZAR recoge pérdidas de 68 200 000 EUR relacionadas con la adquisición de los cuatro astilleros concernidos. Según España, no hubo ninguna ayuda de la SEPI a los astilleros antes de que fueran transmitidos a Bazán.

| (54) | España además proporciona amplios argumentos contra la posibilidad de que parte de la ayuda autorizada en 1997 llegara a ser incompatible en caso de que la Comisión declarara que se facilitó más ayuda ilegal a los astilleros públicos españoles. |
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(54)

España además proporciona amplios argumentos contra la posibilidad de que parte de la ayuda autorizada en 1997 llegara a ser incompatible en caso de que la Comisión declarara que se facilitó más ayuda ilegal a los astilleros públicos españoles.

| (55) | En reacción a los comentarios de terceros, España está de acuerdo completamente con todo lo declarado por IZAR. Con respecto al problema de la producción de yates de lujo, citado por las otras dos partes, España alega, en primer lugar, que estos barcos no están cubiertos por el Reglamento (CE) no 1540/98 y que, por lo tanto, los comentarios no deben tenerse en cuenta. Además estos yates de lujo son construidos por IZAR sin ninguna ayuda estatal y la cuota de mercado mundial de IZAR en este mercado es mínima (menos del [...] %). También niega que parte de las supuestas inversiones en los astilleros de San Fernando y Cartagena hayan tenido lugar. |
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(55)

En reacción a los comentarios de terceros, España está de acuerdo completamente con todo lo declarado por IZAR. Con respecto al problema de la producción de yates de lujo, citado por las otras dos partes, España alega, en primer lugar, que estos barcos no están cubiertos por el Reglamento (CE) no 1540/98 y que, por lo tanto, los comentarios no deben tenerse en cuenta. Además estos yates de lujo son construidos por IZAR sin ninguna ayuda estatal y la cuota de mercado mundial de IZAR en este mercado es mínima (menos del [...] %). También niega que parte de las supuestas inversiones en los astilleros de San Fernando y Cartagena hayan tenido lugar.

V.   EVALUACIÓN

| (56) | Con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, será incompatible con el mercado común cualquier ayuda concedida por un Estado miembro o con cargo a fondos estatales, bajo cualquier forma, que distorsione o amenace con distorsionar la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones, siempre que afecte al comercio entre Estados miembros. De conformidad con reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se cumple el criterio de que el comercio resulta afectado si la empresa beneficiaria realiza una actividad económica en la que existe comercio entre Estados miembros. |
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(56)

Con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, será incompatible con el mercado común cualquier ayuda concedida por un Estado miembro o con cargo a fondos estatales, bajo cualquier forma, que distorsione o amenace con distorsionar la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones, siempre que afecte al comercio entre Estados miembros. De conformidad con reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se cumple el criterio de que el comercio resulta afectado si la empresa beneficiaria realiza una actividad económica en la que existe comercio entre Estados miembros.

| (57) | Con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra e), del Tratado CE, pueden considerarse compatibles con el mercado común las categorías de ayuda determinadas por una decisión tomada por el Consejo por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión. Sobre esta base el Consejo adoptó, el 29 de junio de 1998, el Reglamento (CE) no 1540/98, que estuvo vigente desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2003, que se aplica a toda ayuda ilegal concedida durante este período, de conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (14). |
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(57)

Con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra e), del Tratado CE, pueden considerarse compatibles con el mercado común las categorías de ayuda determinadas por una decisión tomada por el Consejo por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión. Sobre esta base el Consejo adoptó, el 29 de junio de 1998, el Reglamento (CE) no 1540/98, que estuvo vigente desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2003, que se aplica a toda ayuda ilegal concedida durante este período, de conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (14).

| (58) | La construcción naval es una actividad económica que implica un comercio entre Estados miembros. Por lo tanto, la ayuda a la construcción naval entra en el ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. |
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(58)

La construcción naval es una actividad económica que implica un comercio entre Estados miembros. Por lo tanto, la ayuda a la construcción naval entra en el ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

| (59) | La Comisión observa que según el Reglamento (CE) no 1540/98, «construcción naval» significa la construcción de buques mercantes autopropulsados de alta mar. La Comisión observa además que el artículo 2 de dicho Reglamento declara que la ayuda concedida para la construcción naval y la reparación y transformación de buques sólo puede ser compatible con el mercado común si cumple las disposiciones del Reglamento. Esto es aplicable no sólo a la ayuda concedida a las empresas que desarrollan tales actividades sino también a las entidades relacionadas. |
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(59)

La Comisión observa que según el Reglamento (CE) no 1540/98, «construcción naval» significa la construcción de buques mercantes autopropulsados de alta mar. La Comisión observa además que el artículo 2 de dicho Reglamento declara que la ayuda concedida para la construcción naval y la reparación y transformación de buques sólo puede ser compatible con el mercado común si cumple las disposiciones del Reglamento. Esto es aplicable no sólo a la ayuda concedida a las empresas que desarrollan tales actividades sino también a las entidades relacionadas.

| (60) | En agosto de 1997, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1013/97, la Comisión aprobó excepcionalmente un paquete de ayudas de reestructuración para los astilleros públicos españoles civiles con el fin de que a finales de 1998 pudieran ser de nuevo viables. Incluyendo las ayudas aprobadas previamente, el paquete totalizaba 318 000 millones de pesetas (1 900 millones EUR). |
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(60)

En agosto de 1997, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1013/97, la Comisión aprobó excepcionalmente un paquete de ayudas de reestructuración para los astilleros públicos españoles civiles con el fin de que a finales de 1998 pudieran ser de nuevo viables. Incluyendo las ayudas aprobadas previamente, el paquete totalizaba 318 000 millones de pesetas (1 900 millones EUR).

| (61) | Al dar su acuerdo, el Consejo subrayó la naturaleza única y final del paquete de ayuda. El Gobierno español se comprometió a que los astilleros no recibirían ninguna otra ayuda de reestructuración, salvamento, compensación de pérdidas o privatización. Esto se reflejó en las condiciones establecidas en la decisión de la Comisión que aprobó la ayuda y también se subrayó en el artículo 5, apartado 1, párrafo segundo, primer guión, del Reglamento (CE) no 1540/98, que especifica que no puede concederse ninguna ayuda de salvamento o reestructuración a una empresa a la que ya se le haya concedido tal ayuda de conformidad con el Reglamento (CE) no 1013/97. |
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(61)

Al dar su acuerdo, el Consejo subrayó la naturaleza única y final del paquete de ayuda. El Gobierno español se comprometió a que los astilleros no recibirían ninguna otra ayuda de reestructuración, salvamento, compensación de pérdidas o privatización. Esto se reflejó en las condiciones establecidas en la decisión de la Comisión que aprobó la ayuda y también se subrayó en el artículo 5, apartado 1, párrafo segundo, primer guión, del Reglamento (CE) no 1540/98, que especifica que no puede concederse ninguna ayuda de salvamento o reestructuración a una empresa a la que ya se le haya concedido tal ayuda de conformidad con el Reglamento (CE) no 1013/97.

| (62) | Por consiguiente, cualquier ayuda superior a la autorizada por la decisión inicial de la Comisión de agosto de 1997 sería incompatible con el mercado común, a menos que se aprobara mediante otra base jurídica. |
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(62)

Por consiguiente, cualquier ayuda superior a la autorizada por la decisión inicial de la Comisión de agosto de 1997 sería incompatible con el mercado común, a menos que se aprobara mediante otra base jurídica.

| (63) | La Comisión observa que los astilleros Sestao, Puerto Real, Sevilla, Cádiz y Juliana construyeron o repararon barcos en ese momento y que, por lo tanto, la actividad de dichas empresas entraba en el ámbito de aplicación del Reglamento. Manises y Fene (la antigua Astano) pueden considerarse como entidades relacionadas. La Comisión observa además que AESA e IZAR, como sociedades matriz o propietarias de varios astilleros, quedan englobadas en el ámbito del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1540/98. Esto corresponde a la línea que la Comisión ha seguido en decisiones previas sobre astilleros públicos españoles, en especial, su decisión de aprobar la ayuda en 1997, y la de 1999 (15) de declarar incompatible la ayuda de la SEPI a AESA. |
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(63)

La Comisión observa que los astilleros Sestao, Puerto Real, Sevilla, Cádiz y Juliana construyeron o repararon barcos en ese momento y que, por lo tanto, la actividad de dichas empresas entraba en el ámbito de aplicación del Reglamento. Manises y Fene (la antigua Astano) pueden considerarse como entidades relacionadas. La Comisión observa además que AESA e IZAR, como sociedades matriz o propietarias de varios astilleros, quedan englobadas en el ámbito del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1540/98. Esto corresponde a la línea que la Comisión ha seguido en decisiones previas sobre astilleros públicos españoles, en especial, su decisión de aprobar la ayuda en 1997, y la de 1999 (15) de declarar incompatible la ayuda de la SEPI a AESA.

| (64) | Como se señaló anteriormente, este caso cubre tres transmisiones distintas de empresas entre sociedades de cartera diferentes y la ayuda potencial ligada a estas transmisiones. La evaluación se llevará a cabo examinando los aspectos pertinentes en cada una de las tres transmisiones. Por lo tanto, las cuestiones planteadas en la incoación del procedimiento y las dos ampliaciones no pueden tratarse por separado. |
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(64)

Como se señaló anteriormente, este caso cubre tres transmisiones distintas de empresas entre sociedades de cartera diferentes y la ayuda potencial ligada a estas transmisiones. La evaluación se llevará a cabo examinando los aspectos pertinentes en cada una de las tres transmisiones. Por lo tanto, las cuestiones planteadas en la incoación del procedimiento y las dos ampliaciones no pueden tratarse por separado.

1.   El papel de la SEPI

| (65) | En la incoación y las ampliaciones la Comisión suponía que la SEPI actuaba en nombre del Estado, es decir, que su comportamiento en las diversas transacciones era imputable al Estado. España ha impugnado esta afirmación, alegando que la SEPI funciona independientemente y que por lo tanto su comportamiento no es imputable al Estado. De cualquier modo, en opinión de España, la SEPI actuó como un inversor de mercado y, por lo tanto, los fondos facilitados por la SEPI en este caso no pueden considerarse como ayuda estatal. |
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(65)

En la incoación y las ampliaciones la Comisión suponía que la SEPI actuaba en nombre del Estado, es decir, que su comportamiento en las diversas transacciones era imputable al Estado. España ha impugnado esta afirmación, alegando que la SEPI funciona independientemente y que por lo tanto su comportamiento no es imputable al Estado. De cualquier modo, en opinión de España, la SEPI actuó como un inversor de mercado y, por lo tanto, los fondos facilitados por la SEPI en este caso no pueden considerarse como ayuda estatal.

| (66) | La Comisión observa que la SEPI es una sociedad de cartera pública directamente dependiente del Ministerio de Hacienda y por ello se considera empresa pública a efectos de la Directiva 2000/52/CE de la Comisión (16) por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE (17), puesto que debido a su propiedad o participación financiera los poderes públicos pueden directa o indirectamente ejercer una influencia dominante en la SEPI. |
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(66)

La Comisión observa que la SEPI es una sociedad de cartera pública directamente dependiente del Ministerio de Hacienda y por ello se considera empresa pública a efectos de la Directiva 2000/52/CE de la Comisión (16) por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE (17), puesto que debido a su propiedad o participación financiera los poderes públicos pueden directa o indirectamente ejercer una influencia dominante en la SEPI.

| (67) | El Tribunal de Justicia ha definido cuándo se entiende que los fondos se consideran recursos estatales, declarando que incluso si los importes correspondientes a la medida en cuestión no fueran asumidos permanentemente por el Tesoro, el hecho de que sigan estando constantemente bajo control público y, por lo tanto, disponibles para las autoridades nacionales competentes, es suficiente para considerarlos recursos del Estado [sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 1999 en el asunto C-83/98, P. France/Ladbroke Racing y Comisión (18)]. Esto es aplicable claramente a los recursos de la SEPI. |
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(67)

El Tribunal de Justicia ha definido cuándo se entiende que los fondos se consideran recursos estatales, declarando que incluso si los importes correspondientes a la medida en cuestión no fueran asumidos permanentemente por el Tesoro, el hecho de que sigan estando constantemente bajo control público y, por lo tanto, disponibles para las autoridades nacionales competentes, es suficiente para considerarlos recursos del Estado [sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 1999 en el asunto C-83/98, P. France/Ladbroke Racing y Comisión (18)]. Esto es aplicable claramente a los recursos de la SEPI.

| (68) | El Tribunal de Justicia en su sentencia de 16 de mayo de 2002 [asunto C-482/99, Stardust Marine (19)] resumió los criterios para que se pudiera imputar a un Estado una medida de ayuda adoptada por una empresa pública. Según el Tribunal de Justicia, esto puede deducirse de un conjunto de indicios derivados de las circunstancias del caso y del contexto en que se tomó la medida. |
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(68)

El Tribunal de Justicia en su sentencia de 16 de mayo de 2002 [asunto C-482/99, Stardust Marine (19)] resumió los criterios para que se pudiera imputar a un Estado una medida de ayuda adoptada por una empresa pública. Según el Tribunal de Justicia, esto puede deducirse de un conjunto de indicios derivados de las circunstancias del caso y del contexto en que se tomó la medida.

| (69) | Ejemplos de indicios citados por el Tribunal de Justicia son la integración de la empresa pública en las estructuras de la administración pública, la naturaleza de sus actividades y el ejercicio de éstas en el mercado en condiciones normales de competencia con operadores privados, la personalidad jurídica de la empresa (estar sujeta al Derecho público o al Derecho de sociedades normal), la intensidad de la supervisión ejercida por los poderes públicos en su gestión o cualquier otro indicio que muestre, en el caso particular, una implicación de los poderes públicos en la adopción de una medida o la improbabilidad de que no estén implicados, teniendo en cuenta también el ámbito de la medida, su contenido o las condiciones que contiene. |
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(69)

Ejemplos de indicios citados por el Tribunal de Justicia son la integración de la empresa pública en las estructuras de la administración pública, la naturaleza de sus actividades y el ejercicio de éstas en el mercado en condiciones normales de competencia con operadores privados, la personalidad jurídica de la empresa (estar sujeta al Derecho público o al Derecho de sociedades normal), la intensidad de la supervisión ejercida por los poderes públicos en su gestión o cualquier otro indicio que muestre, en el caso particular, una implicación de los poderes públicos en la adopción de una medida o la improbabilidad de que no estén implicados, teniendo en cuenta también el ámbito de la medida, su contenido o las condiciones que contiene.

| (70) | La SEPI es una empresa con un estatuto jurídico particular ya que, por ejemplo, sus informes anuales no pueden consultarse en el registro público español. La empresa es dirigida por un consejo de administración, compuesto, en gran parte, por secretarios de Estado y otras personas ligadas directamente al Gobierno. La naturaleza de sus actividades incluye la privatización de empresas estatales, una actividad muy ligada a la cosa pública. Además la SEPI en el pasado ha actuado con respecto a los astilleros de un modo que puede imputarse al Estado, como proporcionar parte de la ayuda de reestructuración autorizada en 1997 y ayuda ilegal en 1998 (20). Puede también observarse que la SEPI facilita ayuda estatal en otros ámbitos, como en el de la industria hullera (21). |
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(70)

La SEPI es una empresa con un estatuto jurídico particular ya que, por ejemplo, sus informes anuales no pueden consultarse en el registro público español. La empresa es dirigida por un consejo de administración, compuesto, en gran parte, por secretarios de Estado y otras personas ligadas directamente al Gobierno. La naturaleza de sus actividades incluye la privatización de empresas estatales, una actividad muy ligada a la cosa pública. Además la SEPI en el pasado ha actuado con respecto a los astilleros de un modo que puede imputarse al Estado, como proporcionar parte de la ayuda de reestructuración autorizada en 1997 y ayuda ilegal en 1998 (20). Puede también observarse que la SEPI facilita ayuda estatal en otros ámbitos, como en el de la industria hullera (21).

| (71) | De los anteriores considerandos 66 y 67 se deduce que los fondos de la SEPI son recursos del Estado. Además, en los considerandos 68 a 70 se explica cómo la concesión de fondos a empresas de construcción naval debe considerarse imputable al Estado al ser facilitados en condiciones no conformes con los principios de economía de mercado. |
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(71)

De los anteriores considerandos 66 y 67 se deduce que los fondos de la SEPI son recursos del Estado. Además, en los considerandos 68 a 70 se explica cómo la concesión de fondos a empresas de construcción naval debe considerarse imputable al Estado al ser facilitados en condiciones no conformes con los principios de economía de mercado.

| (72) | El principio general aplicable a las transacciones financieras entre el Estado y las empresas públicas es el llamado principio del inversor en una economía de mercado. Dado que los fondos de la SEPI son recursos estatales, es esencial que la SEPI, en las transacciones económicas con sus filiales de construcción naval (bien se trate de empresas con actividades económicas o sociedades de cartera que engloban a tales empresas) actúe completamente conforme al principio de inversor en una economía de mercado. |
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(72)

El principio general aplicable a las transacciones financieras entre el Estado y las empresas públicas es el llamado principio del inversor en una economía de mercado. Dado que los fondos de la SEPI son recursos estatales, es esencial que la SEPI, en las transacciones económicas con sus filiales de construcción naval (bien se trate de empresas con actividades económicas o sociedades de cartera que engloban a tales empresas) actúe completamente conforme al principio de inversor en una economía de mercado.

| (73) | El principio del inversor en una economía de mercado se explica detalladamente en la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado y del artículo 5 de la Directiva 80/723/CEE de la Comisión a las empresas públicas del sector de fabricación (22). El Tribunal de Justicia declaró también, por ejemplo, en su sentencia de 10 de julio de 1986, asunto C-40/85, Bélgica/Comisión [Boch (23)], que la forma apropiada de establecer si la medida constituye ayuda estatal es aplicar el criterio de hasta qué punto la empresa podría obtener los importes de que se trata en los mercados privados de capitales en las mismas condiciones y, en especial, si en circunstancias similares un accionista privado, teniendo en cuenta la factibilidad de obtener un beneficio y sin considerar ningún elemento de política social, regional o sectorial, habría suscrito el capital en cuestión. |
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(73)

El principio del inversor en una economía de mercado se explica detalladamente en la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado y del artículo 5 de la Directiva 80/723/CEE de la Comisión a las empresas públicas del sector de fabricación (22). El Tribunal de Justicia declaró también, por ejemplo, en su sentencia de 10 de julio de 1986, asunto C-40/85, Bélgica/Comisión [Boch (23)], que la forma apropiada de establecer si la medida constituye ayuda estatal es aplicar el criterio de hasta qué punto la empresa podría obtener los importes de que se trata en los mercados privados de capitales en las mismas condiciones y, en especial, si en circunstancias similares un accionista privado, teniendo en cuenta la factibilidad de obtener un beneficio y sin considerar ningún elemento de política social, regional o sectorial, habría suscrito el capital en cuestión.

| (74) | La Comisión no excluye que los fondos proporcionados por la SEPI puedan no contener elementos de ayuda siempre que la SEPI se atenga al principio del inversor de mercado. Por lo tanto para cada transacción examinada la Comisión evaluará si la SEPI actuó según el principio del inversor de mercado. |
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(74)

La Comisión no excluye que los fondos proporcionados por la SEPI puedan no contener elementos de ayuda siempre que la SEPI se atenga al principio del inversor de mercado. Por lo tanto para cada transacción examinada la Comisión evaluará si la SEPI actuó según el principio del inversor de mercado.

| (75) | España alega además que las transacciones en el grupo SEPI no tienen que corresponder a las condiciones de mercado y hace referencia a casos en que la Comisión no requirió que las transacciones dentro del grupo se hicieran en condiciones de mercado. |
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(75)

España alega además que las transacciones en el grupo SEPI no tienen que corresponder a las condiciones de mercado y hace referencia a casos en que la Comisión no requirió que las transacciones dentro del grupo se hicieran en condiciones de mercado.

| (76) | La Comisión considera que aunque en ciertos casos muy específicos puede aceptarse que dentro de un grupo estatal las empresas sean transmitidas en condiciones no comerciales, esto no puede aceptarse cuando se transfieren recursos estatales a empresas que compiten con otras empresas en el mercado común. |
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(76)

La Comisión considera que aunque en ciertos casos muy específicos puede aceptarse que dentro de un grupo estatal las empresas sean transmitidas en condiciones no comerciales, esto no puede aceptarse cuando se transfieren recursos estatales a empresas que compiten con otras empresas en el mercado común.

2.   Ayuda en las transacciones ligadas a la transmisión 1 entre AESA y la SEPI

| (77) | El 28 de diciembre de 1999, la SEPI compró las tres empresas Juliana, Cádiz y Manises a AESA. Hay dos elementos que deben evaluarse para determinar la existencia de ayuda estatal en esta transmisión. Un problema es si el precio de compra pagado por la SEPI a AESA es un precio de mercado y el otro si los préstamos de la SEPI a las empresas que compró respetaron el principio del inversor de mercado. |
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(77)

El 28 de diciembre de 1999, la SEPI compró las tres empresas Juliana, Cádiz y Manises a AESA. Hay dos elementos que deben evaluarse para determinar la existencia de ayuda estatal en esta transmisión. Un problema es si el precio de compra pagado por la SEPI a AESA es un precio de mercado y el otro si los préstamos de la SEPI a las empresas que compró respetaron el principio del inversor de mercado.

a)   Precio de compra

| (78) | En primer lugar, puede observarse que España informó a la Comisión de que el precio pagado por las tres empresas fue de 15 302 000 EUR y no de 60 millones, tal como se recoge en la incoación del procedimiento. España había afirmado previamente que los 15 302 000 EUR pagados por la SEPI por las tres empresas correspondían al valor contable en el momento de la transacción, pero en una última fase de la investigación informó de que éste era el valor contable en una fecha anterior, no especificada aunque del año 1999. |
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(78)

En primer lugar, puede observarse que España informó a la Comisión de que el precio pagado por las tres empresas fue de 15 302 000 EUR y no de 60 millones, tal como se recoge en la incoación del procedimiento. España había afirmado previamente que los 15 302 000 EUR pagados por la SEPI por las tres empresas correspondían al valor contable en el momento de la transacción, pero en una última fase de la investigación informó de que éste era el valor contable en una fecha anterior, no especificada aunque del año 1999.

| (79) | España alega además que la SEPI no tenía que pagar el precio de mercado puesto que compró los tres astilleros para privatizarlos. Sin embargo, la clasificación de una medida como ayuda estatal no depende de su objetivo sino de su efecto. El hecho de que los astilleros se compraran para un supuesto fin (privatización) no es una razón para descartar el carácter de ayuda estatal de la transacción. Además, teniendo en cuenta que la SEPI es una sociedad de cartera estatal, hay que reiterar que las transacciones financieras entre la SEPI y empresas que compiten en el mercado común deberían siempre basarse en los principios de mercado. Por consiguiente, si la SEPI pagó por una empresa un precio superior al de mercado, estaríamos ante una ayuda estatal al vendedor, en este caso AESA. |
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(79)

España alega además que la SEPI no tenía que pagar el precio de mercado puesto que compró los tres astilleros para privatizarlos. Sin embargo, la clasificación de una medida como ayuda estatal no depende de su objetivo sino de su efecto. El hecho de que los astilleros se compraran para un supuesto fin (privatización) no es una razón para descartar el carácter de ayuda estatal de la transacción. Además, teniendo en cuenta que la SEPI es una sociedad de cartera estatal, hay que reiterar que las transacciones financieras entre la SEPI y empresas que compiten en el mercado común deberían siempre basarse en los principios de mercado. Por consiguiente, si la SEPI pagó por una empresa un precio superior al de mercado, estaríamos ante una ayuda estatal al vendedor, en este caso AESA.

| (80) | La Comisión observa que la SEPI no logró la privatización de las tres empresas. En cambio se vendieron en julio de 2000 a Bazán, filial de la SEPI, es decir, siete meses después de la transacción de venta, por 1 peseta cada una. |
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(80)

La Comisión observa que la SEPI no logró la privatización de las tres empresas. En cambio se vendieron en julio de 2000 a Bazán, filial de la SEPI, es decir, siete meses después de la transacción de venta, por 1 peseta cada una.

| (81) | Los informes anuales de las empresas afectadas muestran que el valor contable de todas y cada una de las tres empresas a finales de 1999, tres días después de la transacción de venta, era deficitario, presentando un importe negativo de un total de – 40 646 000 EUR, que se desglosa en los siguientes importes: Cádiz, – 13 745 000 EUR; Juliana, – 18 679 000 EUR; Manises, – 8 222 000 EUR). |
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(81)

Los informes anuales de las empresas afectadas muestran que el valor contable de todas y cada una de las tres empresas a finales de 1999, tres días después de la transacción de venta, era deficitario, presentando un importe negativo de un total de – 40 646 000 EUR, que se desglosa en los siguientes importes: Cádiz, – 13 745 000 EUR; Juliana, – 18 679 000 EUR; Manises, – 8 222 000 EUR).

| (82) | Además, según lo explicado anteriormente, España evaluó el valor de mercado de estas tres empresas en julio de 2000, cuando fueron transmitidas a Bazán. España sostiene que en ese momento el valor de mercado era el valor contable menos los riesgos calculados no incluidos en el balance de las empresas. Los riesgos consistían, por ejemplo, en pérdidas por barcos en construcción y costes derivados de actividad inferior a la normal. Aunque estos factores puedan modificarse con el tiempo es razonable asumir que no cambiaron de manera perceptible durante un período de siete meses. Para las tres empresas consideradas España calculó que los riesgos totales ascendían a 25 300 000 EUR en julio de 2000. |
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(82)

Además, según lo explicado anteriormente, España evaluó el valor de mercado de estas tres empresas en julio de 2000, cuando fueron transmitidas a Bazán. España sostiene que en ese momento el valor de mercado era el valor contable menos los riesgos calculados no incluidos en el balance de las empresas. Los riesgos consistían, por ejemplo, en pérdidas por barcos en construcción y costes derivados de actividad inferior a la normal. Aunque estos factores puedan modificarse con el tiempo es razonable asumir que no cambiaron de manera perceptible durante un período de siete meses. Para las tres empresas consideradas España calculó que los riesgos totales ascendían a 25 300 000 EUR en julio de 2000.

| (83) | Por ello, la Comisión concluye que, el 28 de diciembre de 1999, la SEPI pagó 15 302 000 EUR por tres empresas que tenían un valor contable negativo de menos 40 646 000 EUR tres días después, más riesgos que siete meses más tarde fueron calculados en 25 300 000 EUR. Puede, por lo tanto, concluirse que la SEPI pagó más que el precio de mercado por las empresas. Cualquier importe que supere al precio de mercado debe considerarse como ayuda estatal al vendedor, AESA. |
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(83)

Por ello, la Comisión concluye que, el 28 de diciembre de 1999, la SEPI pagó 15 302 000 EUR por tres empresas que tenían un valor contable negativo de menos 40 646 000 EUR tres días después, más riesgos que siete meses más tarde fueron calculados en 25 300 000 EUR. Puede, por lo tanto, concluirse que la SEPI pagó más que el precio de mercado por las empresas. Cualquier importe que supere al precio de mercado debe considerarse como ayuda estatal al vendedor, AESA.

| (84) | En la demanda de información de julio de 2002 la Comisión pidió copias de todos los documentos que pudieran aclarar la evaluación de las empresas en el momento de la transmisión de propiedad. España no facilitó información sobre esta transacción y por lo tanto la Comisión sólo puede calcular el valor de mercado basándose en la información disponible. |
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(84)

En la demanda de información de julio de 2002 la Comisión pidió copias de todos los documentos que pudieran aclarar la evaluación de las empresas en el momento de la transmisión de propiedad. España no facilitó información sobre esta transacción y por lo tanto la Comisión sólo puede calcular el valor de mercado basándose en la información disponible.

| (85) | El valor de mercado en este caso correspondería al valor contable menos los riesgos financieros. Debido a la falta de información, la Comisión no es capaz de calcular el valor exacto de los riesgos financieros. Para excluir una sobrestimación de estos riesgos, adopta por lo tanto un planteamiento prudente y supone que los riesgos financieros son nulos. Por lo tanto, en las circunstancias actuales una aproximación prudente al valor de mercado sería utilizar la mejor aproximación al valor contable. |
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(85)

El valor de mercado en este caso correspondería al valor contable menos los riesgos financieros. Debido a la falta de información, la Comisión no es capaz de calcular el valor exacto de los riesgos financieros. Para excluir una sobrestimación de estos riesgos, adopta por lo tanto un planteamiento prudente y supone que los riesgos financieros son nulos. Por lo tanto, en las circunstancias actuales una aproximación prudente al valor de mercado sería utilizar la mejor aproximación al valor contable.

| (86) | La mejor valoración disponible del valor contable en la fecha de la transacción, es decir, el 28 de diciembre de 1999, es el valor contable a 31 de diciembre de 1999, que es un valor negativo: menos 40 646 000 EUR. Tomando esta cifra como base, el valor de mercado de las tres empresas no superaría esta cantidad. |
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(86)

La mejor valoración disponible del valor contable en la fecha de la transacción, es decir, el 28 de diciembre de 1999, es el valor contable a 31 de diciembre de 1999, que es un valor negativo: menos 40 646 000 EUR. Tomando esta cifra como base, el valor de mercado de las tres empresas no superaría esta cantidad.

| (87) | Basándose en la información disponible, puede por lo tanto concluirse que AESA vendió a la SEPI, por 15 302 000 EUR, tres empresas cuyo valor era, a lo sumo, de menos 40 646 000 EUR, lo que supone un beneficio para AESA de por lo menos 55 948 000 EUR. |
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(87)

Basándose en la información disponible, puede por lo tanto concluirse que AESA vendió a la SEPI, por 15 302 000 EUR, tres empresas cuyo valor era, a lo sumo, de menos 40 646 000 EUR, lo que supone un beneficio para AESA de por lo menos 55 948 000 EUR.

| (88) | En conclusión, no se puede considerar que el pago por la SEPI de 15 302 000 EUR por las tres empresas Cádiz, Juliana y Manises sea conforme al principio de inversor de mercado. Por consiguiente, se debe considerar que la ganancia de 55 948 000 EUR obtenida por AESA constituye una ayuda estatal. Tras la venta, AESA aún poseía otros tres astilleros dedicados a barcos civiles. Esta ayuda estatal fue ilegal al no haber sido notificada a la Comisión y no es compatible con el mercado común al no poder ser autorizada como ayuda de reestructuración ni de ningún otro tipo. |
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(88)

En conclusión, no se puede considerar que el pago por la SEPI de 15 302 000 EUR por las tres empresas Cádiz, Juliana y Manises sea conforme al principio de inversor de mercado. Por consiguiente, se debe considerar que la ganancia de 55 948 000 EUR obtenida por AESA constituye una ayuda estatal. Tras la venta, AESA aún poseía otros tres astilleros dedicados a barcos civiles. Esta ayuda estatal fue ilegal al no haber sido notificada a la Comisión y no es compatible con el mercado común al no poder ser autorizada como ayuda de reestructuración ni de ningún otro tipo.

| (89) | Los informes anuales de 1998 y 1999 de AESA y de las empresas que poseía afirman que la continuación de todas las operaciones dependía de la ayuda financiera del accionista respectivo, es decir, la SEPI para AESA y AESA para los astilleros. A partir de esta información la Comisión concluye que la ayuda proporcionada por la SEPI a AESA en esta transacción se transfirió a las tres empresas aún propiedad de AESA (Sestao, Sevilla y Puerto Real). En la decisión de la Comisión (24) sobre la ayuda estatal ilegal facilitada por la SEPI a AESA en 1998, ratificada posteriormente por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 21 de marzo de 2002, asunto C-36/00, España/Comisión (25), la Comisión ya había llegado a la conclusión de que la ayuda estatal a AESA implicó ayuda estatal a sus actividades de construcción naval. |
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(89)

Los informes anuales de 1998 y 1999 de AESA y de las empresas que poseía afirman que la continuación de todas las operaciones dependía de la ayuda financiera del accionista respectivo, es decir, la SEPI para AESA y AESA para los astilleros. A partir de esta información la Comisión concluye que la ayuda proporcionada por la SEPI a AESA en esta transacción se transfirió a las tres empresas aún propiedad de AESA (Sestao, Sevilla y Puerto Real). En la decisión de la Comisión (24) sobre la ayuda estatal ilegal facilitada por la SEPI a AESA en 1998, ratificada posteriormente por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 21 de marzo de 2002, asunto C-36/00, España/Comisión (25), la Comisión ya había llegado a la conclusión de que la ayuda estatal a AESA implicó ayuda estatal a sus actividades de construcción naval.

b)   Préstamos de la SEPI a tres astilleros en diciembre de 1999

| (90) | En su segunda ampliación del procedimiento, la Comisión observó que la SEPI facilitó a las tres empresas Juliana, Cádiz y Manises préstamos por 194 400 000 EUR durante el año 1999. La Comisión sospechaba que podría tratarse de ayudas estatales a estas empresas. |
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(90)

En su segunda ampliación del procedimiento, la Comisión observó que la SEPI facilitó a las tres empresas Juliana, Cádiz y Manises préstamos por 194 400 000 EUR durante el año 1999. La Comisión sospechaba que podría tratarse de ayudas estatales a estas empresas.

| (91) | Con respecto a los hechos la situación era la siguiente. Estos tres astilleros (Juliana, Cádiz y Manises) habían acumulado una deuda con AESA de 192 100 000 EUR. Cuando la SEPI se hizo cargo de las tres empresas también les facilitó un anticipo de 192 100 000 EUR (Cádiz: 120,8 millones; Juliana 47,2 millones; Manises 24,1 millones) que se utilizó para devolver los préstamos a AESA. Estos préstamos se hicieron a un tipo de interés igual al MIBOR más 8 puntos. A su vez, la SEPI se hizo cargo del crédito de 192 100 000 EUR de AESA. La diferencia entre estos 192 100 000 EUR y los 194 400 000 EUR declarados en la segunda ampliación del procedimiento (2 100 000 EUR) se debe a pequeños préstamos facilitados ya antes por la SEPI a los astilleros. |
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(91)

Con respecto a los hechos la situación era la siguiente. Estos tres astilleros (Juliana, Cádiz y Manises) habían acumulado una deuda con AESA de 192 100 000 EUR. Cuando la SEPI se hizo cargo de las tres empresas también les facilitó un anticipo de 192 100 000 EUR (Cádiz: 120,8 millones; Juliana 47,2 millones; Manises 24,1 millones) que se utilizó para devolver los préstamos a AESA. Estos préstamos se hicieron a un tipo de interés igual al MIBOR más 8 puntos. A su vez, la SEPI se hizo cargo del crédito de 192 100 000 EUR de AESA. La diferencia entre estos 192 100 000 EUR y los 194 400 000 EUR declarados en la segunda ampliación del procedimiento (2 100 000 EUR) se debe a pequeños préstamos facilitados ya antes por la SEPI a los astilleros.

| (92) | Desde el punto de vista de la ayuda estatal, la evaluación debe centrarse en la transacción por la cual recursos estatales fueron transferidos desde el Estado a los beneficiarios, es decir, en el préstamo de 192 100 000 EUR de la SEPI a las tres empresas: Juliana, Cádiz y Manises. Se supone que la diferencia de 2 100 000 EUR entre esta cantidad y los 194 400 000 EUR declarados en la segunda ampliación del procedimiento no es ayuda estatal puesto que no se ha establecido cuándo y cómo este dinero fue facilitado. |
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(92)

Desde el punto de vista de la ayuda estatal, la evaluación debe centrarse en la transacción por la cual recursos estatales fueron transferidos desde el Estado a los beneficiarios, es decir, en el préstamo de 192 100 000 EUR de la SEPI a las tres empresas: Juliana, Cádiz y Manises. Se supone que la diferencia de 2 100 000 EUR entre esta cantidad y los 194 400 000 EUR declarados en la segunda ampliación del procedimiento no es ayuda estatal puesto que no se ha establecido cuándo y cómo este dinero fue facilitado.

| (93) | El elemento que debe evaluarse es, como el Tribunal de Justicia estableció en el asunto 40/85 (Boch), si en circunstancias similares un accionista privado habría proporcionado tales préstamos, teniendo en cuenta la factibilidad de obtener un beneficio y dejando de lado toda política social y regional y consideraciones sectoriales. Por lo tanto, la cuestión es si un inversor privado, incluso si tomara la decisión a nivel de la totalidad de un grupo, esperaría en una economía de mercado normal una rentabilidad aceptable para el capital invertido. El Tribunal de Justicia, en sus sentencias de 29 de abril de 1999 y de 29 de junio de 1999 (26), afirmó, asimismo, que un método apropiado para establecer si un préstamo constituye ayuda estatal es aplicar el criterio de determinar en qué medida la empresa podría obtener las cantidades necesarias en los mercados privados de capitales, en lo que se llama la prueba del inversor privado. |
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(93)

El elemento que debe evaluarse es, como el Tribunal de Justicia estableció en el asunto 40/85 (Boch), si en circunstancias similares un accionista privado habría proporcionado tales préstamos, teniendo en cuenta la factibilidad de obtener un beneficio y dejando de lado toda política social y regional y consideraciones sectoriales. Por lo tanto, la cuestión es si un inversor privado, incluso si tomara la decisión a nivel de la totalidad de un grupo, esperaría en una economía de mercado normal una rentabilidad aceptable para el capital invertido. El Tribunal de Justicia, en sus sentencias de 29 de abril de 1999 y de 29 de junio de 1999 (26), afirmó, asimismo, que un método apropiado para establecer si un préstamo constituye ayuda estatal es aplicar el criterio de determinar en qué medida la empresa podría obtener las cantidades necesarias en los mercados privados de capitales, en lo que se llama la prueba del inversor privado.

| (94) | Los informes anuales de Juliana, Cádiz y Manises muestran claramente que estas tres empresas estaban en crisis. Cada una de ellas tenía valor contable negativo a finales de 1998 y registró pérdidas en 1999. El auditor también declaraba en las cuentas anuales, tanto de 1998 como de 1999, que las empresas necesitaban el apoyo de sus accionistas para poder continuar en funcionamiento. Además, tampoco había indicios de que la difícil situación financiera de los astilleros fuera a mejorar. |
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(94)

Los informes anuales de Juliana, Cádiz y Manises muestran claramente que estas tres empresas estaban en crisis. Cada una de ellas tenía valor contable negativo a finales de 1998 y registró pérdidas en 1999. El auditor también declaraba en las cuentas anuales, tanto de 1998 como de 1999, que las empresas necesitaban el apoyo de sus accionistas para poder continuar en funcionamiento. Además, tampoco había indicios de que la difícil situación financiera de los astilleros fuera a mejorar.

| (95) | Por estas razones puede establecerse que las tres empresas no habrían sido capaces de obtener los préstamos en los mercados privados de capitales. Es decir, estos préstamos no superan la prueba del inversor privado. Por las mismas razones, la SEPI no podía esperar la devolución de los préstamos con sus intereses. En consecuencia, la puesta a disposición de tales recursos por la SEPI en favor de los astilleros no respetó el principio del inversor privado y los préstamos constituyen ayuda estatal a las tres empresas. Esta ayuda estatal fue ilegal al no haber sido notificada a la Comisión y no es compatible con el mercado común puesto que no puede ser autorizada como ayuda de reestructuración ni de cualquier otro tipo. |
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(95)

Por estas razones puede establecerse que las tres empresas no habrían sido capaces de obtener los préstamos en los mercados privados de capitales. Es decir, estos préstamos no superan la prueba del inversor privado. Por las mismas razones, la SEPI no podía esperar la devolución de los préstamos con sus intereses. En consecuencia, la puesta a disposición de tales recursos por la SEPI en favor de los astilleros no respetó el principio del inversor privado y los préstamos constituyen ayuda estatal a las tres empresas. Esta ayuda estatal fue ilegal al no haber sido notificada a la Comisión y no es compatible con el mercado común puesto que no puede ser autorizada como ayuda de reestructuración ni de cualquier otro tipo.

| (96) | Según España, los préstamos de 192 100 000 EUR fueron devueltos, con intereses, a la SEPI el 12 de septiembre de 2000 por IZAR, que en aquella época se había hecho cargo de Juliana, Cádiz y Manises y había disuelto estas empresas. Por lo tanto esta ayuda ilegal se ha recuperado. Sin embargo, la Comisión se propone utilizar esta información en otra investigación sobre ayuda estatal, C 38/03, que se refiere a en qué medida las aportaciones de capital de la SEPI a IZAR beneficiaron a la construcción naval civil. |
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(96)

Según España, los préstamos de 192 100 000 EUR fueron devueltos, con intereses, a la SEPI el 12 de septiembre de 2000 por IZAR, que en aquella época se había hecho cargo de Juliana, Cádiz y Manises y había disuelto estas empresas. Por lo tanto esta ayuda ilegal se ha recuperado. Sin embargo, la Comisión se propone utilizar esta información en otra investigación sobre ayuda estatal, C 38/03, que se refiere a en qué medida las aportaciones de capital de la SEPI a IZAR beneficiaron a la construcción naval civil.

3.   Ayuda contenida en transacciones ligadas a la transmisión 2 entre AESA e IZAR

| (97) | El 20 de julio de 2000 AESA vendió a Bazán los tres astilleros que le quedaban: Puerto Real, Sestao y Sevilla (27). |
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(97)

El 20 de julio de 2000 AESA vendió a Bazán los tres astilleros que le quedaban: Puerto Real, Sestao y Sevilla (27).

| (98) | Hay dos cuestiones que deben evaluarse y que se plantearon en las decisiones de ampliar el procedimiento, para determinar la existencia de ayuda estatal. Un elemento es si el precio de compra pagado por IZAR a AESA fue el de mercado y el otro si la aportación de 252 425 000 EUR de la SEPI a AESA respetó el principio del inversor de mercado. |
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(98)

Hay dos cuestiones que deben evaluarse y que se plantearon en las decisiones de ampliar el procedimiento, para determinar la existencia de ayuda estatal. Un elemento es si el precio de compra pagado por IZAR a AESA fue el de mercado y el otro si la aportación de 252 425 000 EUR de la SEPI a AESA respetó el principio del inversor de mercado.

a)   Aportación de capital

| (99) | El 18 de julio de 2000, la SEPI decidió facilitar a AESA 252 425 000 EUR en capital, dos días antes de que AESA vendiera sus astilleros (Sestao, Sevilla y Puerto Real) a Bazán. Este capital se desembolsó en septiembre de 2000. España afirma que puesto que el capital solamente se facilitó en septiembre de 2000, cuando AESA había vendido ya sus astilleros, no pudo distorsionar la competencia en la construcción naval. |
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(99)

El 18 de julio de 2000, la SEPI decidió facilitar a AESA 252 425 000 EUR en capital, dos días antes de que AESA vendiera sus astilleros (Sestao, Sevilla y Puerto Real) a Bazán. Este capital se desembolsó en septiembre de 2000. España afirma que puesto que el capital solamente se facilitó en septiembre de 2000, cuando AESA había vendido ya sus astilleros, no pudo distorsionar la competencia en la construcción naval.

| (100) | Según el informe anual de 2000 de AESA, ésta hizo aportaciones de 309 millones EUR a sus tres astilleros antes de que se vendieran a Bazán/IZAR. Los informes anuales de estos astilleros revelan que el capital se proporcionó mediante la condonación de deuda. España ha confirmado que AESA «ajustó» las deudas de los astilleros para su venta a Bazán «para reflejar mejor el valor de los astilleros», pero no facilitó ninguna cifra. |
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(100)

Según el informe anual de 2000 de AESA, ésta hizo aportaciones de 309 millones EUR a sus tres astilleros antes de que se vendieran a Bazán/IZAR. Los informes anuales de estos astilleros revelan que el capital se proporcionó mediante la condonación de deuda. España ha confirmado que AESA «ajustó» las deudas de los astilleros para su venta a Bazán «para reflejar mejor el valor de los astilleros», pero no facilitó ninguna cifra.

| (101) | Tras la condonación de la deuda AESA vendió las empresas por 1 peseta cada una a Bazán. La transacción de venta generó una pérdida contable de 198 millones EUR a AESA. Junto con otras derivadas de actividades de construcción naval, las pérdidas totales para AESA en 2000 ascendieron a 271 millones EUR. Sin la aportación de capital de la SEPI, AESA habría tenido un capital propio negativo de 259 millones EUR a finales de 2000 y debería haber sido liquidada con arreglo al derecho de sociedades. |
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(101)

Tras la condonación de la deuda AESA vendió las empresas por 1 peseta cada una a Bazán. La transacción de venta generó una pérdida contable de 198 millones EUR a AESA. Junto con otras derivadas de actividades de construcción naval, las pérdidas totales para AESA en 2000 ascendieron a 271 millones EUR. Sin la aportación de capital de la SEPI, AESA habría tenido un capital propio negativo de 259 millones EUR a finales de 2000 y debería haber sido liquidada con arreglo al derecho de sociedades.

| (102) | El asunto que debe evaluarse es, según lo observado anteriormente, si en circunstancias similares un accionista privado habría aportado el capital y podría esperar un porcentaje aceptable de rentabilidad del capital invertido. |
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(102)

El asunto que debe evaluarse es, según lo observado anteriormente, si en circunstancias similares un accionista privado habría aportado el capital y podría esperar un porcentaje aceptable de rentabilidad del capital invertido.

| (103) | En primer lugar, es evidente que AESA no podía generar ningún beneficio aceptable con el capital puesto que utilizó los fondos para cubrir costes ligados a la cancelación de deudas de sus astilleros y a la pérdida subsiguiente derivada de la venta de estos astilleros a Bazán. Además AESA es un grupo de empresas que no desarrolla ningún otro tipo de actividad, por lo que no es capaz de generar sus propios beneficios. Puede también excluirse que los beneficiarios últimos de las medidas, los astilleros, bajo la propiedad de Bazán/IZAR generaran un rendimiento aceptable debido a sus últimos resultados y a la falta de medidas de reestructuración. Esto también se confirma en los informes anuales de IZAR, que establecen que sus astilleros civiles sufrieron pérdidas en 2000, 2001 y 2002. |
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(103)

En primer lugar, es evidente que AESA no podía generar ningún beneficio aceptable con el capital puesto que utilizó los fondos para cubrir costes ligados a la cancelación de deudas de sus astilleros y a la pérdida subsiguiente derivada de la venta de estos astilleros a Bazán. Además AESA es un grupo de empresas que no desarrolla ningún otro tipo de actividad, por lo que no es capaz de generar sus propios beneficios. Puede también excluirse que los beneficiarios últimos de las medidas, los astilleros, bajo la propiedad de Bazán/IZAR generaran un rendimiento aceptable debido a sus últimos resultados y a la falta de medidas de reestructuración. Esto también se confirma en los informes anuales de IZAR, que establecen que sus astilleros civiles sufrieron pérdidas en 2000, 2001 y 2002.

| (104) | Puede, por lo tanto, concluirse que la aportación de capital de la SEPI a AESA no respetó el principio del inversor de mercado y constituye ayuda estatal. |
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(104)

Puede, por lo tanto, concluirse que la aportación de capital de la SEPI a AESA no respetó el principio del inversor de mercado y constituye ayuda estatal.

| (105) | Debe resaltarse al respecto que AESA, al cancelar deudas de sus astilleros por un importe de 309 millones EUR, mejoró su situación financiera por el mismo importe. Puede también establecerse que como la cancelación de la deuda de AESA no implicó ningún pago al contado, la decisión de la SEPI de 18 de julio de 2000 de aportar 252 425 000 EUR a AESA, aunque el importe no se desembolsó hasta septiembre de 2000, permitió a AESA cancelar inmediatamente las deudas sin tener que declararse en quiebra. |
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(105)

Debe resaltarse al respecto que AESA, al cancelar deudas de sus astilleros por un importe de 309 millones EUR, mejoró su situación financiera por el mismo importe. Puede también establecerse que como la cancelación de la deuda de AESA no implicó ningún pago al contado, la decisión de la SEPI de 18 de julio de 2000 de aportar 252 425 000 EUR a AESA, aunque el importe no se desembolsó hasta septiembre de 2000, permitió a AESA cancelar inmediatamente las deudas sin tener que declararse en quiebra.

| (106) | Desde una perspectiva de ayuda estatal la ayuda fue concedida por la decisión de la SEPI de 18 de julio de 2000 de aportar capital, puesto que esta decisión era la condición previa para que AESA pudiera aliviar las deudas de los astilleros. El beneficiario último de esta ayuda fueron los astilleros, puesto que el efecto de la operación fue que los astilleros cancelaron sus deudas con AESA. |
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(106)

Desde una perspectiva de ayuda estatal la ayuda fue concedida por la decisión de la SEPI de 18 de julio de 2000 de aportar capital, puesto que esta decisión era la condición previa para que AESA pudiera aliviar las deudas de los astilleros. El beneficiario último de esta ayuda fueron los astilleros, puesto que el efecto de la operación fue que los astilleros cancelaron sus deudas con AESA.

| (107) | La cancelación de la deuda de AESA mejoró la situación financiera de los astilleros afectados en 309 millones EUR. Sin embargo, la Comisión solamente evalúa la aportación de fondos de la SEPI, que en esta transacción asciende a 252 425 000 EUR. Esta ayuda estatal fue ilegal al no haber sido notificada a la Comisión y al no ser compatible con el mercado común por no poder ser autorizada como ayuda de reestructuración ni como ningún otro tipo de ayuda. |
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(107)

La cancelación de la deuda de AESA mejoró la situación financiera de los astilleros afectados en 309 millones EUR. Sin embargo, la Comisión solamente evalúa la aportación de fondos de la SEPI, que en esta transacción asciende a 252 425 000 EUR. Esta ayuda estatal fue ilegal al no haber sido notificada a la Comisión y al no ser compatible con el mercado común por no poder ser autorizada como ayuda de reestructuración ni como ningún otro tipo de ayuda.

| (108) | Aunque puede concluirse que no se ha respetado el principio del inversor en una economía de mercado, España también invoca el derecho a hacer una aportación de capital para garantizar un cierre ordenado, según lo expresado en la sentencia Lanerossi (28). La Comisión considera que el argumento de España no puede aceptarse por las siguientes razones: |
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(108)

Aunque puede concluirse que no se ha respetado el principio del inversor en una economía de mercado, España también invoca el derecho a hacer una aportación de capital para garantizar un cierre ordenado, según lo expresado en la sentencia Lanerossi (28). La Comisión considera que el argumento de España no puede aceptarse por las siguientes razones:

| (109) | En primer lugar, la sentencia Lanerossi no es pertinente en este caso puesto que los tres astilleros que se benefician de la aportación de capital gracias a la condonación de la deuda están aún en funcionamiento y su cierre no estaba en absoluto previsto cuando se proporcionó la ayuda. |
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(109)

En primer lugar, la sentencia Lanerossi no es pertinente en este caso puesto que los tres astilleros que se benefician de la aportación de capital gracias a la condonación de la deuda están aún en funcionamiento y su cierre no estaba en absoluto previsto cuando se proporcionó la ayuda.

| (110) | Además, incluso si el argumento español se considerara desde el punto de vista de un cierre de AESA, en vez de un cierre de sus últimos tres astilleros, puede observarse que el procedimiento de cierre de AESA solamente se puso en marcha a mediados de 2002. Además, el Tribunal de Justicia afirmó en la sentencia Lanerossi que cuando la inyección de capital no tiene en cuenta ninguna perspectiva de rentabilidad, incluso a largo plazo, tal disposición debe considerarse como ayuda. Tal es la situación en este caso, puesto que no se puede esperar que la SEPI reciba nunca una remuneración por el capital que ha facilitado a empresas civiles de construcción naval a través de AESA. Finalmente, hay que indicar que los costes del cierre de AESA, según afirma España, consisten en costes sociales ligados a la reestructuración de los astilleros civiles que se produjo entre 1994 y 1998. Cualquier otra ayuda para cubrir estos costes implicaría una violación de la decisión de la Comisión de 1997 por la que se autorizó la ayuda de reestructuración. |
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(110)

Además, incluso si el argumento español se considerara desde el punto de vista de un cierre de AESA, en vez de un cierre de sus últimos tres astilleros, puede observarse que el procedimiento de cierre de AESA solamente se puso en marcha a mediados de 2002. Además, el Tribunal de Justicia afirmó en la sentencia Lanerossi que cuando la inyección de capital no tiene en cuenta ninguna perspectiva de rentabilidad, incluso a largo plazo, tal disposición debe considerarse como ayuda. Tal es la situación en este caso, puesto que no se puede esperar que la SEPI reciba nunca una remuneración por el capital que ha facilitado a empresas civiles de construcción naval a través de AESA. Finalmente, hay que indicar que los costes del cierre de AESA, según afirma España, consisten en costes sociales ligados a la reestructuración de los astilleros civiles que se produjo entre 1994 y 1998. Cualquier otra ayuda para cubrir estos costes implicaría una violación de la decisión de la Comisión de 1997 por la que se autorizó la ayuda de reestructuración.

b)   Precio de compra

| (111) | La cuestión de si el precio de compra constituyó ayuda estatal a IZAR se planteó en la primera ampliación del procedimiento, de 28 de noviembre de 2001. La razón por la que la ayuda estatal pudo proporcionarse de esta manera es que una vez que AESA había vendido sus astilleros a Bazán, era una entidad hueca que prácticamente no desarrollaba ninguna actividad. Por ello podía ser tentador para las autoridades españolas asegurarse de que se transfirieran la mayor cantidad posible de activos desde AESA a sus astilleros y por lo tanto a la empresa que se haría cargo de los astilleros civiles, Bazán. También parece evidente que la probabilidad de que el valor de mercado de cada una de estas tres empresas fuera exactamente el mismo, 1 peseta, es muy pequeña. |
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(111)

La cuestión de si el precio de compra constituyó ayuda estatal a IZAR se planteó en la primera ampliación del procedimiento, de 28 de noviembre de 2001. La razón por la que la ayuda estatal pudo proporcionarse de esta manera es que una vez que AESA había vendido sus astilleros a Bazán, era una entidad hueca que prácticamente no desarrollaba ninguna actividad. Por ello podía ser tentador para las autoridades españolas asegurarse de que se transfirieran la mayor cantidad posible de activos desde AESA a sus astilleros y por lo tanto a la empresa que se haría cargo de los astilleros civiles, Bazán. También parece evidente que la probabilidad de que el valor de mercado de cada una de estas tres empresas fuera exactamente el mismo, 1 peseta, es muy pequeña.

| (112) | Durante el procedimiento España facilitó información en el sentido de que los valores contables de las empresas eran, respectivamente, de 91 100 000 EUR (Sestao), 37 800 000 EUR (Sevilla) y 68 800 000 EUR (Puerto Real), lo que totaliza 197 700 000 EUR. Además España sugiere que el valor de mercado de los tres astilleros era: [...], [...] y [...] EUR, respectivamente, lo que totalizaría [...] EUR. |
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(112)

Durante el procedimiento España facilitó información en el sentido de que los valores contables de las empresas eran, respectivamente, de 91 100 000 EUR (Sestao), 37 800 000 EUR (Sevilla) y 68 800 000 EUR (Puerto Real), lo que totaliza 197 700 000 EUR. Además España sugiere que el valor de mercado de los tres astilleros era: [...], [...] y [...] EUR, respectivamente, lo que totalizaría [...] EUR.

| (113) | Según se explicó anteriormente, 1 peseta por astillero no era claramente un precio de mercado y en teoría implicó un beneficio neto para Bazán/IZAR de [...] EUR si la estimación española del valor de mercado es correcta. |
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(113)

Según se explicó anteriormente, 1 peseta por astillero no era claramente un precio de mercado y en teoría implicó un beneficio neto para Bazán/IZAR de [...] EUR si la estimación española del valor de mercado es correcta.

| (114) | Sin embargo, como no se ha establecido que este beneficio para Bazán/IZAR incluyera directamente recursos de la SEPI o del Estado, la Comisión no considera que el precio de 1 peseta por astillero pueda utilizarse para establecer la existencia de ayuda estatal al comprador, Bazán/IZAR. |
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(114)

Sin embargo, como no se ha establecido que este beneficio para Bazán/IZAR incluyera directamente recursos de la SEPI o del Estado, la Comisión no considera que el precio de 1 peseta por astillero pueda utilizarse para establecer la existencia de ayuda estatal al comprador, Bazán/IZAR.

4.   Ayuda contenida en las transacciones relativas a la transmisión 3, entre la SEPI y Bazán

| (115) | Las cuatro empresas (Astano, Cádiz, Juliana y Manises) fueron vendidas por la SEPI a Bazán, el 20 de julio de 2000, por 1 peseta cada una. En la primera ampliación del procedimiento, la Comisión expresó dudas sobre si éste era el precio de mercado y que por lo tanto pudiera haberse proporcionado ayuda estatal a Bazán/IZAR. En la segunda ampliación de procedimiento, la Comisión observó que estas empresas tenían un valor contable total negativo cuyo importe era de menos 68 200 000 EUR. Puesto que la Comisión no fue capaz de determinar si esta suma se recogió en el informe anual de Bazán/IZAR como pérdida, la Comisión tenía dudas sobre si la SEPI aportó esta cantidad a las cuatro empresas para su transmisión a Bazán. |
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(115)

Las cuatro empresas (Astano, Cádiz, Juliana y Manises) fueron vendidas por la SEPI a Bazán, el 20 de julio de 2000, por 1 peseta cada una. En la primera ampliación del procedimiento, la Comisión expresó dudas sobre si éste era el precio de mercado y que por lo tanto pudiera haberse proporcionado ayuda estatal a Bazán/IZAR. En la segunda ampliación de procedimiento, la Comisión observó que estas empresas tenían un valor contable total negativo cuyo importe era de menos 68 200 000 EUR. Puesto que la Comisión no fue capaz de determinar si esta suma se recogió en el informe anual de Bazán/IZAR como pérdida, la Comisión tenía dudas sobre si la SEPI aportó esta cantidad a las cuatro empresas para su transmisión a Bazán.

| (116) | Con respecto a los valores contables, España ha informado a la Comisión de que las empresas transmitidas tenían un valor contable total negativo cuyo importe era de menos 68 200 000 EUR en el momento de la transacción. Sin embargo parece que esta cantidad se consignó de hecho como pérdida en el informe anual de 2000 de Bazán/IZAR, contrariamente a lo que se asumió en la segunda ampliación del procedimiento (29). |
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(116)

Con respecto a los valores contables, España ha informado a la Comisión de que las empresas transmitidas tenían un valor contable total negativo cuyo importe era de menos 68 200 000 EUR en el momento de la transacción. Sin embargo parece que esta cantidad se consignó de hecho como pérdida en el informe anual de 2000 de Bazán/IZAR, contrariamente a lo que se asumió en la segunda ampliación del procedimiento (29).

| (117) | Con respecto al precio, España ha facilitado información creíble que indica que el valor de mercado de cada una de las cuatro empresas era negativo. Por lo tanto, puede concluirse que el precio no fue demasiado bajo y que por ello no implicó ayuda estatal a Bazán/IZAR. |
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(117)

Con respecto al precio, España ha facilitado información creíble que indica que el valor de mercado de cada una de las cuatro empresas era negativo. Por lo tanto, puede concluirse que el precio no fue demasiado bajo y que por ello no implicó ayuda estatal a Bazán/IZAR.

| (118) | Puesto que se han confirmado las dudas sobre nuevas ayudas estatales ilegales a los astilleros públicos, la Comisión debe evaluar, según lo observado en la segunda ampliación del procedimiento, si parte de la ayuda de reestructuración concedida en 1997 será considerada como incompatible y será recuperada. |
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(118)

Puesto que se han confirmado las dudas sobre nuevas ayudas estatales ilegales a los astilleros públicos, la Comisión debe evaluar, según lo observado en la segunda ampliación del procedimiento, si parte de la ayuda de reestructuración concedida en 1997 será considerada como incompatible y será recuperada.

| (119) | A este respecto la Comisión considera que, teniendo en cuenta los comentarios efectuados por España e IZAR en el contexto del presente procedimiento, no hay argumentos para considerar parte de la ayuda de reestructuración autorizada en 1997 como incompatible. La razón es que, con arreglo a la decisión (30) por la que se autorizó la ayuda, el derecho de la Comisión a solicitar la recuperación de la ayuda autorizada en 1997 expiró con el último informe de control (31), de 13 de octubre de 1999. Por ello, la ayuda aprobada en 1997 se convirtió en ayuda existente una vez expirado el período de control. |
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(119)

A este respecto la Comisión considera que, teniendo en cuenta los comentarios efectuados por España e IZAR en el contexto del presente procedimiento, no hay argumentos para considerar parte de la ayuda de reestructuración autorizada en 1997 como incompatible. La razón es que, con arreglo a la decisión (30) por la que se autorizó la ayuda, el derecho de la Comisión a solicitar la recuperación de la ayuda autorizada en 1997 expiró con el último informe de control (31), de 13 de octubre de 1999. Por ello, la ayuda aprobada en 1997 se convirtió en ayuda existente una vez expirado el período de control.

| (120) | Los astilleros que se benefician de la ayuda ilegal establecida anteriormente son ahora propiedad de IZAR y esta ayuda ilegal debería por lo tanto ser reembolsada por IZAR. El cambio de propiedad de los astilleros, de AESA o SEPI a IZAR, no significa que la recuperación de la ayuda pueda incumbir al anterior propietario de las empresas afectadas. La razón es que las empresas fueron transmitidas a IZAR no en condiciones de mercado y mediante licitaciones abiertas y transparentes sino bajo la forma de reorganización de empresas dentro del mismo grupo, SEPI, con el uso de un precio simbólico. El Tribunal de Justicia dictaminó en dos sentencias recientes (32) que en la medida en que las empresas sean compradas en condiciones de competencia no discriminatorias y a precio de mercado (es decir, al mayor precio que un inversor privado estaría dispuesto a pagar en condiciones de mercado normales por las empresas, en la situación en que se encontrasen), en especial después de haberse beneficiado de ayudas estatales, el elemento de ayuda fue evaluado al precio de mercado e incluido en el precio de compra. Sólo en tales circunstancias las empresas a las que se adjudicaron las licitaciones no pueden ser consideradas como beneficiarias de una ventaja en relación con otros operadores del mercado. Por lo tanto, no puede pedírseles que vuelvan a pagar el elemento de ayuda en cuestión. Es obvio de la descripción de los hechos en el presente caso que estas condiciones no se cumplen. Además, en los casos conjuntos C-328/99 y C-399/00, Italia y SIM 2 Multimedia SpA/Comisión (33), apartado 38, el Tribunal de Justicia subrayó que la venta de participaciones en una empresa beneficiaria de ayudas ilegales por parte de un accionista a un tercero no afecta a la norma que exige el reembolso de las ayudas. En el presente caso Bazán/IZAR, propiedad del grupo estatal SEPI, compró participaciones en empresas que también formaban parte del grupo SEPI, y las suprimió como entidades jurídicas. Como sucesora de astilleros que anteriormente eran independientes desde el punto de vista jurídico (en su calidad de sociedades anónimas) IZAR es ahora el beneficiario y debe recuperar las ayudas concedidas a estos astilleros. |
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(120)

Los astilleros que se benefician de la ayuda ilegal establecida anteriormente son ahora propiedad de IZAR y esta ayuda ilegal debería por lo tanto ser reembolsada por IZAR. El cambio de propiedad de los astilleros, de AESA o SEPI a IZAR, no significa que la recuperación de la ayuda pueda incumbir al anterior propietario de las empresas afectadas. La razón es que las empresas fueron transmitidas a IZAR no en condiciones de mercado y mediante licitaciones abiertas y transparentes sino bajo la forma de reorganización de empresas dentro del mismo grupo, SEPI, con el uso de un precio simbólico. El Tribunal de Justicia dictaminó en dos sentencias recientes (32) que en la medida en que las empresas sean compradas en condiciones de competencia no discriminatorias y a precio de mercado (es decir, al mayor precio que un inversor privado estaría dispuesto a pagar en condiciones de mercado normales por las empresas, en la situación en que se encontrasen), en especial después de haberse beneficiado de ayudas estatales, el elemento de ayuda fue evaluado al precio de mercado e incluido en el precio de compra. Sólo en tales circunstancias las empresas a las que se adjudicaron las licitaciones no pueden ser consideradas como beneficiarias de una ventaja en relación con otros operadores del mercado. Por lo tanto, no puede pedírseles que vuelvan a pagar el elemento de ayuda en cuestión. Es obvio de la descripción de los hechos en el presente caso que estas condiciones no se cumplen. Además, en los casos conjuntos C-328/99 y C-399/00, Italia y SIM 2 Multimedia SpA/Comisión (33), apartado 38, el Tribunal de Justicia subrayó que la venta de participaciones en una empresa beneficiaria de ayudas ilegales por parte de un accionista a un tercero no afecta a la norma que exige el reembolso de las ayudas. En el presente caso Bazán/IZAR, propiedad del grupo estatal SEPI, compró participaciones en empresas que también formaban parte del grupo SEPI, y las suprimió como entidades jurídicas. Como sucesora de astilleros que anteriormente eran independientes desde el punto de vista jurídico (en su calidad de sociedades anónimas) IZAR es ahora el beneficiario y debe recuperar las ayudas concedidas a estos astilleros.

| (121) | En caso de que la aportación de capital a los astilleros se considerase como ayuda a Bazán, España alega que esta ayuda sería conforme al artículo 296 y, por lo tanto, quedaría fuera del alcance de las normas sobre ayuda estatal, puesto que Bazán era una empresa militar en el momento de la adquisición de los astilleros. |
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(121)

En caso de que la aportación de capital a los astilleros se considerase como ayuda a Bazán, España alega que esta ayuda sería conforme al artículo 296 y, por lo tanto, quedaría fuera del alcance de las normas sobre ayuda estatal, puesto que Bazán era una empresa militar en el momento de la adquisición de los astilleros.

| (122) | El artículo 296, apartado 1, letra b), establece que «todo Estado miembro podrá adoptar las medidas tales que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra; estas medidas no deberán alterar las condiciones de competencia en el mercado común respecto de los productos que no estén destinados a fines específicamente militares». Ya en su decisión (34) relativa a la ayuda de reestructuración a KSG la Comisión declaró que «Por el contrario, cuando una medida coincidente con la definición de ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, afecta a la producción militar así como a la producción comercial o de doble uso, no puede justificarse completamente sobre la base del artículo 296. La Comisión no comparte el punto de vista de las autoridades holandesas y españolas en el sentido de que, en virtud de los aspectos militares, la medida está completamente cubierta por el artículo 296, aunque produzca un efecto claro en la competencia en sectores no militares. Esa interpretación choca claramente con la redacción del artículo.». |
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(122)

El artículo 296, apartado 1, letra b), establece que «todo Estado miembro podrá adoptar las medidas tales que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra; estas medidas no deberán alterar las condiciones de competencia en el mercado común respecto de los productos que no estén destinados a fines específicamente militares». Ya en su decisión (34) relativa a la ayuda de reestructuración a KSG la Comisión declaró que «Por el contrario, cuando una medida coincidente con la definición de ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, afecta a la producción militar así como a la producción comercial o de doble uso, no puede justificarse completamente sobre la base del artículo 296. La Comisión no comparte el punto de vista de las autoridades holandesas y españolas en el sentido de que, en virtud de los aspectos militares, la medida está completamente cubierta por el artículo 296, aunque produzca un efecto claro en la competencia en sectores no militares. Esa interpretación choca claramente con la redacción del artículo.».

| (123) | Esta decisión afirma además que «está por lo tanto claro que las medidas han afectado efectivamente a las condiciones de comercialización de productos comerciales. Por lo tanto, de conformidad con su práctica normal la Comisión debe evaluar las medidas teniendo en cuenta las normas sobre ayuda estatal en la medida en que falseen o amenacen con falsear la competencia en mercados de productos no citados en el artículo 296.». |
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(123)

Esta decisión afirma además que «está por lo tanto claro que las medidas han afectado efectivamente a las condiciones de comercialización de productos comerciales. Por lo tanto, de conformidad con su práctica normal la Comisión debe evaluar las medidas teniendo en cuenta las normas sobre ayuda estatal en la medida en que falseen o amenacen con falsear la competencia en mercados de productos no citados en el artículo 296.».

| (124) | La Comisión observa que Bazán, que ahora actúa bajo el nombre de IZAR, hoy en día desarrolla actividades de construcción naval militar y civil. La ayuda facilitada a los astilleros comprados por Bazán iba directa y exclusivamente vinculada a la producción de barcos civiles. Con referencia a sus resultados en el presente caso y la decisión sobre KSG, la Comisión observa además que la producción de barcos civiles está contemplada en el artículo 87 del Tratado y no puede ser eximida basándose en el artículo 296 sólo porque la empresa que compró los astilleros, Bazán, en el momento de la adquisición únicamente se dedicaba a la producción militar. |
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(124)

La Comisión observa que Bazán, que ahora actúa bajo el nombre de IZAR, hoy en día desarrolla actividades de construcción naval militar y civil. La ayuda facilitada a los astilleros comprados por Bazán iba directa y exclusivamente vinculada a la producción de barcos civiles. Con referencia a sus resultados en el presente caso y la decisión sobre KSG, la Comisión observa además que la producción de barcos civiles está contemplada en el artículo 87 del Tratado y no puede ser eximida basándose en el artículo 296 sólo porque la empresa que compró los astilleros, Bazán, en el momento de la adquisición únicamente se dedicaba a la producción militar.

| (125) | La decisión de incoar el procedimiento en el asunto C 38/03 recoge en los apartados 44 y siguientes varios criterios que deben cumplirse para que pueda aplicarse el artículo 296 del Tratado CE. Aunque las autoridades españolas conocen bien estos requisitos, no presentaron a la Comisión ninguna prueba de que las medidas descritas anteriormente estaban destinadas a promover la producción de equipos militares. |
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(125)

La decisión de incoar el procedimiento en el asunto C 38/03 recoge en los apartados 44 y siguientes varios criterios que deben cumplirse para que pueda aplicarse el artículo 296 del Tratado CE. Aunque las autoridades españolas conocen bien estos requisitos, no presentaron a la Comisión ninguna prueba de que las medidas descritas anteriormente estaban destinadas a promover la producción de equipos militares.

| (126) | No puede ponerse en duda con argumentos serios que los astilleros civiles necesitaban enormes inyecciones de capital para sobrevivir. El mero hecho de que fueran vendidos a una empresa de construcción naval no altera la naturaleza de los astilleros, y el hecho de ser propiedad de una empresa que también desarrolla actividades navales no les otorga carácter militar. Además, facilitar información sobre estos astilleros no puede ser contrario a los intereses esenciales de España. En el presente caso España simplemente no dio ninguna explicación creíble sobre cómo podrían verse afectados sus intereses vitales de seguridad y tampoco facilitó ninguna información sustancial. |
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(126)

No puede ponerse en duda con argumentos serios que los astilleros civiles necesitaban enormes inyecciones de capital para sobrevivir. El mero hecho de que fueran vendidos a una empresa de construcción naval no altera la naturaleza de los astilleros, y el hecho de ser propiedad de una empresa que también desarrolla actividades navales no les otorga carácter militar. Además, facilitar información sobre estos astilleros no puede ser contrario a los intereses esenciales de España. En el presente caso España simplemente no dio ninguna explicación creíble sobre cómo podrían verse afectados sus intereses vitales de seguridad y tampoco facilitó ninguna información sustancial.

VI.   CONCLUSIÓN

La Comisión concluye que España ha ejecutado ilegalmente una ayuda por un importe de 500 473 000 EUR, en infracción de lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado, facilitada en forma de:

| 1) | Compra por la SEPI a AESA de las tres empresas Cádiz, Juliana y Manises, el 28 de diciembre de 1999, por 55 948 000 EUR por encima del precio de mercado, lo que en definitiva benefició a los restantes astilleros de AESA: Sestao, Sevilla y Puerto Real. |
| --- | --- |

1)

Compra por la SEPI a AESA de las tres empresas Cádiz, Juliana y Manises, el 28 de diciembre de 1999, por 55 948 000 EUR por encima del precio de mercado, lo que en definitiva benefició a los restantes astilleros de AESA: Sestao, Sevilla y Puerto Real.

| 2) | Préstamos de 192 100 000 EUR de la SEPI a tres empresas en crisis: Cádiz, Juliana y Manises, el 28 de diciembre de 1999. |
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2)

Préstamos de 192 100 000 EUR de la SEPI a tres empresas en crisis: Cádiz, Juliana y Manises, el 28 de diciembre de 1999.

| 3) | Aportación de capital de 252 425 000 EUR de la SEPI a AESA, en septiembre de 2000, lo que en definitiva benefició a las tres empresas: Sestao, Sevilla y Puerto Real. |
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3)

Aportación de capital de 252 425 000 EUR de la SEPI a AESA, en septiembre de 2000, lo que en definitiva benefició a las tres empresas: Sestao, Sevilla y Puerto Real.

La ayuda no es compatible con el mercado común, ya que no puede ser autorizada como ayuda a la reestructuración ni como ningún otro tipo de ayuda.

La ayuda debe ser reembolsada en su totalidad por la actual propietaria de estos astilleros, IZAR, que se hizo cargo de las empresas de AESA-SEPI.

Los préstamos citados en el anterior punto 2, que ascienden a 192 100 000 EUR, fueron reembolsados en septiembre de 2000, con intereses, por IZAR a la SEPI. Puede, por tanto, considerarse que este importe de ayuda ilegal e incompatible ha sido recuperado.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La ayuda estatal concedida por España a los astilleros españoles públicos, actualmente propiedad de IZAR, por un importe de 500 473 000 EUR, es incompatible con el mercado común.

Artículo 2

1.   España adoptará todas las medidas necesarias para obtener de sus beneficiarios la recuperación de la ayuda contemplada en el artículo 1, que ha sido puesta a su disposición ilegalmente, excepto los 192 100 000 EUR ya recuperados.

2.   La recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional, siempre que éstos permitan la ejecución inmediata y efectiva de la presente Decisión. La ayuda recuperable devengará intereses desde la fecha en que estuvo a disposición de los beneficiarios hasta la de su recuperación. Los intereses se calcularán sobre la base del tipo de referencia utilizado para el cálculo del equivalente de subvención en el marco de las ayudas regionales.

3.   El tipo de interés contemplado en el apartado 2 se aplicará como interés compuesto durante todo el período contemplado en el citado apartado.

Artículo 3

España informará a la Comisión, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, de las medidas previstas y ya adoptadas en cumplimiento de la misma. Para ello utilizará el formulario que figura en el anexo de la presente Decisión.

Artículo 4

El destinatario de la presente Decisión será el Reino de España.

Hecho en Bruselas, el 12 de mayo de 2004.

Por la Comisión

Mario MONTI

Miembro de la Comisión

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(1)  DO L 202 de 18.7.1998, p. 1.

1

(2)  DO L 148 de 6.6.1997, p. 1.

2

(3)  DO C 328 de 18.11.2000, p. 16, DO C 21 de 24.1.2002, p. 17, y DO C 199, 23.8.2003, p. 9.

3

(4)  DO C 354 de 21.11.1997, p. 2.

4

(5)  DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

5

(6)  Los importes monetarios de la presente Decisión son, en general, cifras redondeadas, en euros, calculadas a partir de pesetas.

6

(7)  DO C 201 de 26.8.2003, p. 3.

7

(8)  Rec. 1980, p. 1205 (EE 1980, p. 399).

8

(9)  Rec. 1994, p. I-877.

9

(10)  Rec. 1998, p. I-7907.

10

(11)  DO L 385 de 31.12.1994, p. 1.

11

(12)  Información confidencial.

12

(13)  Rec. 1991, p. I-1433.

13

(14)  DO C 119 de 22.5.2002, p. 22.

14

(15)  DO L 37 de 12.2.2000, p. 22.

15

(16)  DO L 193 de 29.7.2000, p. 75.

16

(17)  DO L 195 de 29.7.1980, p. 35.

17

(18)  Rec. 2000, apartado 50, p. I-3271.

18

(19)  Rec. 2002, apartados 55 y 56, p. I-4397.

19

(20)  DO L 37 de 12.2.2000, p. 22.

20

(21)  DO L 296 de 30.10.2002, p. 73.

21

(22)  DO C 307 de 13.11.1993, p. 3.

22

(23)  Rec. 1986, p. 2321.

23

(24)  DO L 37 de 12.2.2000, p. 22.

24

(25)  Rec. 2002, p. I-3243.

25

(26)  Asunto C-342/96, España/Comisión, Rec. 1999, apartados 41 y 42, p. I-2459, y asunto C-256/97, DMT, Rec. 1999, p. I-3913; véanse, en particular, los apartados 23 y 24, así como los puntos 334 a 336 de las conclusiones del Abogado General, Sr. Jacobs, en dicho asunto.

26

(27)  También era propietaria de varias empresas más pequeñas, pero su capital nominal total ascendía solamente a 161 millones de pesetas (algo menos de 1 millón EUR), en comparación con 9 500 millones de pesetas (57 100 000 EUR) de los tres astilleros (Puerto Real: 4 000 millones de pesetas, Sestao: 4 000 millones de pesetas, Sevilla: 1 500 millones de pesetas).

27

(28)  En los apartados 21 y 22 de la sentencia se dice que debe aceptarse que una sociedad matriz puede también, durante un período limitado, asumir las pérdidas de una de sus filiales para permitirle cerrar sus operaciones en las mejores condiciones posibles. Tales decisiones pueden ser motivadas no solamente por la probabilidad de un beneficio material indirecto sino también por otras consideraciones, tales como un deseo de proteger la imagen del grupo o de reorientar sus actividades. Sin embargo, cuando las inyecciones de capital de un inversor público no tienen presente ninguna perspectiva de rentabilidad, incluso a largo plazo, tal puesta a disposición de capital debe considerarse como ayuda en el sentido del artículo 92 del Tratado, y su compatibilidad con el mercado común debe evaluarse únicamente sobre la base de los criterios fijados en dicha disposición.

28

(29)  Sin embargo, esta información se utilizará en el otro procedimiento incoado contra IZAR, para determinar si parte de las aportaciones de capital facilitadas a IZAR en el año 2000 se utilizaron a efectos civiles.

29

(30)  DO C 354 de 21.11.1997, p. 2, y, en particular, con arreglo al penúltimo párrafo de la página 7 (ya citado en la nota 4).

30

(31)  COM(1999) 480 final.

31

(32)  Asunto C-390/98, H. J. Banks, apartado 77, Rec. 2001, p. I-6117, y asunto C-277/00, Alemania/Comisión, apartado 80, aún no publicado en la Rec.

32

(33)  Rec. 2003, p. I-4035.

33

(34)  DO L 14 de 21.1.2003, p. 56.

34

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ANEXO

Información relativa a la aplicación de la Decisión 2005/173/CE de la Comisión

1.   Cálculo del importe por recuperar

| 1.1. | Facilítense detalles sobre los importes de la ayuda estatal ilegal puesta a disposición del beneficiario:







  Fecha (1) | Importe de la ayuda (2) | Moneda |
| --- | --- | --- | --- |
| | | |
| | | |
| | | |

1.1.

Facilítense detalles sobre los importes de la ayuda estatal ilegal puesta a disposición del beneficiario:

Fecha (1)

Importe de la ayuda (2)

Moneda

Comentarios:

| 1.2. | Explíquese detalladamente cómo se calcularán los intereses aplicables a la ayuda por recuperar. |
| --- | --- |

1.2.

Explíquese detalladamente cómo se calcularán los intereses aplicables a la ayuda por recuperar.

2.   Medidas previstas y adoptadas para recuperar la ayuda

| 2.1. | Descríbanse detalladamente las medidas previstas y ya adoptadas para una recuperación inmediata y efectiva de la ayuda. Indíquese también, en su caso, el fundamento jurídico de las medidas adoptadas o previstas. |
| --- | --- |

2.1.

Descríbanse detalladamente las medidas previstas y ya adoptadas para una recuperación inmediata y efectiva de la ayuda. Indíquese también, en su caso, el fundamento jurídico de las medidas adoptadas o previstas.

| 2.2. | ¿Cuál es el calendario del proceso de recuperación? ¿Cuándo se completará la recuperación de la ayuda? |
| --- | --- |

2.2.

¿Cuál es el calendario del proceso de recuperación? ¿Cuándo se completará la recuperación de la ayuda?

3.   Recuperación ya ejecutada

| 3.1. | Detállense los importes de ayuda recuperados del beneficiario:







  Fecha (1) | Importe de ayuda devuelta | Moneda |
| --- | --- | --- | --- |
| | | |
| | | |
| | | |

3.1.

Detállense los importes de ayuda recuperados del beneficiario:

Fecha (1)

Importe de ayuda devuelta

Moneda

| 3.2. | Adjúntense pruebas del reembolso de los importes de ayuda especificados en el cuadro del punto 3.1. |
| --- | --- |

3.2.

Adjúntense pruebas del reembolso de los importes de ayuda especificados en el cuadro del punto 3.1.

---

(1)  Fecha en la cual se pusieron a disposición del beneficiario los tramos de la ayuda.

(2)  Importe de la ayuda puesta a disposición del beneficiario (en equivalente bruto de ayuda).

(3)  Fecha de reembolso de la ayuda.

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Corrección de errores

| 4.3.2005 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 58/46 |
| --- | --- | --- | --- |

4.3.2005

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 58/46

---

Corrección de errores del Reglamento (CE) no 2199/2004 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2004, que modifica el Reglamento (CEE) no 3846/87 por el que se establece la nomenclatura de los productos agrarios para las restituciones a la exportación

(
  Diario Oficial de la Unión Europea L 380 de 24 de diciembre de 2004
  )

En la página 18, anexo I, punto 6. «Carne de cerdo», en la columna «Designación de las mercancías»:

| — | en el código NC: «ex 0203»:







  en lugar de | : | «– Frescos o refrigerados:», |
| --- | --- | --- | --- |
| léase | : | «– Fresca o refrigerada:»; |

—

en el código NC: «ex 0203»:

en lugar de

:

«– Frescos o refrigerados:»,

léase

:

«– Fresca o refrigerada:»;

| — | en el código NC: «ex 0203 19 55»:







  en lugar de | : | «– – – – – – jamones, partes delanteras, paletas o chuleteros y trozos de chuletero», |
| --- | --- | --- | --- |
| léase | : | «– – – – – – piernas, partes delanteras, paletas o chuleteros, y sus trozos». |

—

en el código NC: «ex 0203 19 55»:

en lugar de

:

«– – – – – – jamones, partes delanteras, paletas o chuleteros y trozos de chuletero»,

léase

:

«– – – – – – piernas, partes delanteras, paletas o chuleteros, y sus trozos».

En la página 19, anexo I, punto 6. «Carne de cerdo», en la columna «Designación de las mercancías»:

| — | en el código NC: «ex 0203 29 55»:







  en lugar de | : | «– – – – – – jamones, partes delanteras, paletas o chuleteros y trozos de chuletero», |
| --- | --- | --- | --- |
| léase | : | «– – – – – – piernas, partes delanteras, paletas, y sus trozos»; |

—

en el código NC: «ex 0203 29 55»:

en lugar de

:

«– – – – – – jamones, partes delanteras, paletas o chuleteros y trozos de chuletero»,

léase

:

«– – – – – – piernas, partes delanteras, paletas, y sus trozos»;

| — | en el código NC: «ex 0210 11»:







  en lugar de | : | «– – Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar:», |
| --- | --- | --- | --- |
| léase | : | «– – Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar:»; |

—

en el código NC: «ex 0210 11»:

en lugar de

:

«– – Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar:»,

léase

:

«– – Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar:»;

| — | en el código NC: «ex 0210 11 11»:







  en lugar de | : | «– – – – – Piernas y trozos de pierna:», |
| --- | --- | --- | --- |
| léase | : | «– – – – – Jamones y trozos de jamón:»; |

—

en el código NC: «ex 0210 11 11»:

en lugar de

:

«– – – – – Piernas y trozos de pierna:»,

léase

:

«– – – – – Jamones y trozos de jamón:»;

| — | en el código NC: «ex 0210 11 31»:







  en lugar de | : | «– – – – – Piernas y trozos de pierna:», |
| --- | --- | --- | --- |
| léase | : | «– – – – – Jamones y trozos de jamón:». |

—

en el código NC: «ex 0210 11 31»:

en lugar de

:

«– – – – – Piernas y trozos de pierna:»,

léase

:

«– – – – – Jamones y trozos de jamón:».

En la página 20, anexo I, punto 6. «Carne de cerdo», en la columna «Designación de las mercancías»:

| — | en el código NC: «ex 0210 19 50»:







  en lugar de | : | «– – – – – – – jamones, partes delanteras, paletas o chuleteros y trozos de chuletero», |
| --- | --- | --- | --- |
| léase | : | «– – – – – – – jamones, partes delanteras, paletas o chuleteros, y sus trozos»; |

—

en el código NC: «ex 0210 19 50»:

en lugar de

:

«– – – – – – – jamones, partes delanteras, paletas o chuleteros y trozos de chuletero»,

léase

:

«– – – – – – – jamones, partes delanteras, paletas o chuleteros, y sus trozos»;

| — | en el código NC: «ex 0210 19 81»:







  en lugar de | : | «– – – – – – – «Prosciutto di Parma», «Prosciutto di San Daniele»», |
| --- | --- | --- | --- |
| léase | : | «– – – – – – – «Prosciutto di Parma», «Prosciutto di San Daniele», y sus trozos»; y |
| en lugar de | : | «– – – – – – – jamones, partes delanteras, paletas o chuleteros y trozos de chuletero», |
| léase | : | «– – – – – – – jamones, partes delanteras, paletas o chuleteros, y sus trozos». |

—

en el código NC: «ex 0210 19 81»:

en lugar de

:

«– – – – – – – «Prosciutto di Parma», «Prosciutto di San Daniele»»,

léase

:

«– – – – – – – «Prosciutto di Parma», «Prosciutto di San Daniele», y sus trozos»; y

en lugar de

:

«– – – – – – – jamones, partes delanteras, paletas o chuleteros y trozos de chuletero»,

léase

:

«– – – – – – – jamones, partes delanteras, paletas o chuleteros, y sus trozos».

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