EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

Efraín Birriel Colón

Recurrido

v.

Supermercado Los Colobos (Econo 

Rial, Inc.) e Integrad Assurance 

Company

Peticionarios

Certiorari

2023 TSPR 120

213 DPR ___

Número del Caso: CC-2022-0660

Fecha: 3 de octubre de 2023

Tribunal de Apelaciones:

Panel I (OAJP-2021-080E)

Abogado de la parte peticionaria:

Lcdo. Darío Rivera Carrasquillo

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Ramón Díaz Gómez

Materia: Daños y perjuicios y Derecho de Seguros – Efecto sobre la 

interrupción del término prescriptivo contra un asegurado por el uso 

de prácticas engañosas que no se ajustan al principio de buena fe.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso 

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal 

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público 

a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 

Efraín Birriel Colón

 Recurrido

 v. CC-2022-660 Certiorari

Supermercado Los Colobos

(Econo Rial, Inc.) e Integrand

Assurance Company

 Peticionarios

El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón emitió la Opinión del Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de octubre de 2023.

Hoy tenemos la oportunidad de expresarnos sobre

una práctica desleal y engañosa que se está dando en 

la industria de seguros y que es perjudicial para la 

ciudadanía. En particular, la controversia del 

presente caso nos permite manifestarnos sobre el 

principio de la buena fe en el trámite de las 

negociaciones extrajudiciales entre un tercero 

perjudicado y una aseguradora, así como su efecto 

sobre la interrupción del término prescriptivo en una

acción de daños y perjuicios en contra del asegurado. 

Por los fundamentos que discutiremos a 

continuación, nos reiteramos en lo resuelto en Velilla 

v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585 (1981) y 
CC-2022-660 2

reafirmamos que un asegurado (aquí demandado-peticionario) 

no podrá invocar la defensa de prescripción contra una parte 

perjudicada (aquí demandante-recurrido) cuando esta última 

haya sido inducida a creer por dicho asegurado que la 

aseguradora actuaba como su representante en las 

negociaciones extrajudiciales que mantenían viva su causa 

de acción. A continuación, relatamos el historial procesal 

relevante al caso que nos ocupa.

I

El 25 de febrero de 2020, el Sr. Efraín Birriel Colón

(parte recurrida) presentó ante el Tribunal de Primera 

Instancia una Demanda sobre daños y perjuicios en contra de 

Supermercado Econo Los Colobos (Econo o parte peticionaria)

y su aseguradora, Integrand Assurance Company (Integrand o 

aseguradora). Éste sostuvo que, el 11 de mayo de 2018, 

sufrió una caída al resbalar sobre un charco de agua mientras 

realizaba sus compras en el supermercado. Como resultado 

de este incidente, alegó que recibió golpes en su cuerpo que 

requirieron tratamiento médico y que se ausentara de su

trabajo por más de setenta y seis (76) semanas. Así pues, 

la parte recurrida afirmó que su caída ocurrió debido a la

negligencia de Econo y aseveró haberle entregado a Integrand 

los documentos médicos pertinentes para el trámite de 

seguro. No obstante, indicó que la aseguradora no había 

atendido su reclamo, a pesar de haberlo entrevistado y tener 

pleno conocimiento de lo sucedido.
CC-2022-660 3

El 15 de julio de 2020, Econo presentó ante el tribunal 

de instancia una Moción de desestimación bajo la Regla 10.2 

de las de Procedimiento Civil. En resumen, la parte 

peticionaria alegó que la representación legal del señor 

Birriel Colón le envió una carta el 27 de agosto de 2018, 

mediante la cual le informó del incidente, los daños 

reclamados y la compensación solicitada. Planteó que el 

periodo prescriptivo de un (1) año comenzó a transcurrir 

desde esa fecha y que no recibió ninguna otra comunicación 

relacionada al asunto de la caída que interrumpiera dicho

término. Por consiguiente, Econo solicitó la desestimación 

del pleito bajo el fundamento de que la causa de acción 

presentada en su contra prescribió el 27 de agosto de 2019. 

Por otro lado, el señor Birriel Colón presentó una 

Réplica a moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de las 

de Procedimiento Civil. En síntesis, sostuvo que la 

alegación en cuanto a la falta de comunicación después de 

la carta del 27 de agosto de 2018 carecía de veracidad, pues 

se dieron conversaciones que se extendieron más allá de esa

fecha. En particular, la parte recurrida expuso lo 

siguiente:

(a) La caída de[l] [señor Birriel Colón] fue 

el 11 de mayo de 2018 [y] se le reportó a 

Econo ese mismo día[.]

(b) El 27 de agosto de 2018, el abogado que 

suscribe le escribió a Econo reclamando por 

dicha caída.

(c) El 1 de octubre de 2018[,] Jocelyne 

González, ajustadora de Integrand 

Assurance Company, nos contestó dicha carta 
CC-2022-660 4

y solicitó una cita para reunirse con el 

[señor] Birriel Colón.

(d) El 24 de octubre de 2018[,] la ajustadora 

González me cursó una nueva comunicación.

(e) El 14 de noviembre de 2018, la señora 

González, volvió a escribir al 

suscribiente.

(f) El 13 de diciembre de 2018, la ajustadora 

y el abogado que suscribe acordamos la cita 

del señor Birriel Colón para el 10 de enero 

de 2019 a las 10:00 a.m. en nuestra 

oficina.

(g) El 10 de enero de 2019, la ajustadora, el 

demandante y el abogado que suscribe nos 

reunimos en nuestras oficinas y allí se 

[l]e tomó declaración al [señor] Birriel 

[Colón].

(h) El 5 de febrero de 2019[,] la ajustadora 

me volvió a escribir.

(i) El 17 de junio de 2019, el abogado que 

suscribe le contestó la carta de la 

ajustadora[.]

(j) El 25 de febrero de 2020, se radicó la 

demanda.

1

Consecuentemente, el señor Birriel Colón argumentó que 

el término prescriptivo comenzó a transcurrir nuevamente el 

17 de junio de 2019, por lo que la Demanda presentada el 

25 de febrero de 2020 no estaba prescrita. Después de 

examinar ambos escritos, el 24 de agosto de 2020, el foro 

primario proveyó no ha lugar a la Moción de desestimación 

bajo la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil presentada 

por Econo. Inconforme, la parte peticionaria presentó una 

 

1 Véase Réplica a moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de las 

de Procedimiento Civil, Apéndice del certiorari, págs. 917-918.
CC-2022-660 5

moción de reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar 

mediante una Resolución del 10 de septiembre de 2020.

En desacuerdo con la determinación del tribunal de 

instancia, Econo presentó un recurso de certiorari ante el 

Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el foro apelativo 

intermedio determinó que la parte peticionaria presentó su 

solicitud de reconsideración ante el foro de instancia a un

(1) día de vencido el término que dispone nuestro 

ordenamiento jurídico para ello. Por consiguiente, mediante 

una Resolución emitida el 13 de noviembre de 2020 y 

notificada el 18 de noviembre de 2020, el tribunal apelativo 

intermedio desestimó el recurso de certiorari por falta de 

jurisdicción.

Luego de varios trámites procesales, entre los cuales 

figura la correspondiente Contestación a demanda presentada 

por Econo,

2 la parte peticionaria presentó una moción de 

sentencia sumaria el 1 de abril de 2022. En esencia, Econo 

reiteró que no recibió comunicación alguna después de la 

carta del 27 de agosto de 2018. De igual forma, expuso que 

de la póliza expedida no surgía un pacto de solidaridad con 

su aseguradora y que el señor Birriel Colón debió efectuar 

gestiones en cuanto a ambos para interrumpir el periodo 

prescriptivo. Por ende, Econo reafirmó que la acción 

judicial instada en su contra estaba prescrita.

 

2 En su contestación a la demanda, Supermercado Econo Los Colobos 

invocó la defensa de prescripción. Véase Contestación a demanda,

Apéndice del certiorari, pág. 1345.
CC-2022-660 6

Por otro lado, la parte recurrida presentó un escrito en 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria. Allí planteó

que, luego de la carta del 27 de agosto de 2018, la 

aseguradora actuó en representación de Econo a través de sus 

comunicaciones. Específicamente, el señor Birriel Colón 

sostuvo que Integrand manifestó haber recibido de Econo la 

carta en cuestión y la encomienda de manejar su reclamación. 

De esta forma, destacó que la aseguradora le solicitó varios 

documentos, inició la investigación de su reclamación y 

requirió reunirse con éste para entrevistarle. Además, 

señaló que el asunto de la prescripción constituía cosa 

juzgada y que la determinación a tales efectos se convirtió 

en la ley del caso. 

Luego de una réplica presentada por la parte 

peticionaria, el 26 de mayo de 2022, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Resolución mediante la cual proveyó no 

ha lugar a la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

Econo. El tribunal de instancia hizo constar los hechos no 

controvertidos y determinó que la doctrina de la ley del 

caso era inaplicable, pues la denegatoria del foro apelativo 

intermedio no implicaba una ausencia de error ni una 

adjudicación en los méritos. Sobre la discusión en torno a

si las comunicaciones cursadas entre Integrand y el señor 

Birriel Colón interrumpieron el término prescriptivo en 

cuanto a Econo, el foro primario razonó que la controversia

implicaba elementos subjetivos que impedían la concesión de 

la solicitud de sentencia sumaria. Insatisfecho, Econo 
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presentó una moción de reconsideración, la cual fue denegada 

mediante una Resolución emitida el 8 de junio de 2022 y 

notificada el 9 de junio de 2022.

Aún en desacuerdo, el 11 de julio de 2022, la parte 

peticionaria presentó un recurso de certiorari ante el 

Tribunal de Apelaciones. En resumen, adujo los mismos 

argumentos y precisó que las comunicaciones presentadas en 

evidencia sólo demostraban que la aseguradora respondió las 

cartas que le fueron enviadas. En ese sentido, Econo alegó

que, en ausencia de evidencia alguna que respaldara que 

Integrand fungía como su representante cuando contestaba las 

comunicaciones del señor Birriel Colón, procedía declarar 

con lugar la solicitud de sentencia sumaria por la 

prescripción de la causa de acción en su contra.

Así las cosas, mediante una Resolución emitida el 16 de 

agosto de 2022 y notificada el 17 de agosto de 2022, el 

Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari 

solicitado. El foro apelativo intermedio determinó que 

Econo no logró establecer su derecho con claridad, “pues del 

récord judicial surge claro que, como razonó el Tribunal de 

Primera Instancia, existe controversia acerca de si 

Integrand representó actuar en nombre de Econo con la 

consecuencia de provocar la interrupción del período 

prescriptivo de la causa, lo cual impide disponer 

sumariamente del caso y, por el contrario, requiere un 
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juicio plenario”.3 Luego, la parte peticionaria presentó 

una Moción de reconsideración que fue denegada por el 

tribunal apelativo intermedio el 7 de septiembre de 2022.

Aún inconforme, Econo compareció el 4 de octubre de 2022 

ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari y 

expuso como único señalamiento de error el siguiente:

Erró el honorable Tribunal de Apelaciones al 

determinar que el [Tribunal de Primera 

Instancia] no incidió al declarar no ha lugar 

la solicitud de sentencia sumaria y la moción 

de reconsideración por el fundamento de 

prescripción cuando es incontrovertible que no 

existe una sola comunicación entre el recurrido 

y la peticionaria u otro acto de interrupción 

dentro del año anterior a la [presentación] de 

la demanda, no hay evidencia de una relación de 

agente, ni solidaridad entre los demandados. 

Mediante una Resolución emitida el 8 de diciembre 

de 2022 y notificada el 9 de diciembre de 2022, expedimos 

el recurso de certiorari solicitado. Posteriormente, a 

requerimiento de Econo, acogimos su petición de certiorari 

como su alegato mediante nuestra Resolución del 30 de enero 

de 2023. Además, le concedimos a la parte recurrida un 

término de treinta (30) días para presentar su alegato. Así, 

el señor Birriel Colón presentó su alegato el 28 de febrero 

de 2023 y el presente caso quedó sometido en los méritos el 

8 de marzo de 2023. 

Contando con el beneficio de las referidas 

comparecencias, resolvemos.

 

3 Resolución del Tribunal de Apelaciones, Apéndice del certiorari, 

pág. 4.
CC-2022-660 9

II

A. La moción de sentencia sumaria

En múltiples ocasiones hemos manifestado que la moción 

de sentencia sumaria es un mecanismo procesal que posibilita

la ágil disposición de casos sin la celebración de un juicio, 

siempre que no presenten controversias genuinas de hechos 

materiales. Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., 208 

DPR 964, 979 (2022); SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., 

208 DPR 310, 334 (2021); Zambrana García v. ELA et al., 204 

DPR 328, 341 (2020). Para esto, la parte promovente debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

una controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho 

material. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 

100, 110 (2015). 

Por su parte, quien se opone a la solicitud de sentencia 

sumaria deberá refutar los hechos materiales que entiende 

están en disputa con evidencia sustancial. SLG FernándezBernal v. RAD-MAN et al., supra, págs. 336-337. Por tanto, 

“[c]uando la moción de sentencia sumaria está sustentada con 

declaraciones juradas o con otra prueba, la parte que se 

opone no puede descansar en meras alegaciones”. Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 215 (2010). No obstante, el 

hecho de que no se presente prueba para controvertir la 

evidencia presentada por la parte promovente no conduce a 

la concesión de una moción de sentencia sumaria

automáticamente. SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al.,

supra, pág. 337.
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Según lo dispuesto en la Regla 36.3(e) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, procede dictar sentencia sumaria si 

las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, así como las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia, si las

hubiese, confirman la inexistencia de una controversia real 

y sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente, y si 

el derecho aplicable así lo justifica. SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). De la prueba que 

acompaña la solicitud de sentencia sumaria debe surgir 

preponderantemente la inexistencia de controversias sobre 

los hechos medulares del caso. Aponte Valentín et al. v. 

Pfizer Pharm., 208 DPR 263, 277 (2021); Zambrana García v. 

ELA et al., supra, págs. 341-342; Jusino et als. v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 577 (2001). De esta forma, la moción 

de sentencia sumaria procederá si el juzgador queda 

claramente convencido de que tiene ante sí, de forma no 

controvertida, todos los hechos materiales pertinentes y que 

una vista en los méritos es innecesaria. SLG FernándezBernal v. RAD-MAN et al., supra, pág. 337. 

Por último, los tribunales revisores se encuentran en la 

misma posición que el Tribunal de Primera Instancia para 

determinar si procede una sentencia sumaria. Aponte 

Valentín et al. v. Pfizer Pharm., supra, pág. 278; Rivera 

Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1025

(2020); Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 

pág. 115. Ahora bien, los tribunales apelativos estamos
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limitados a: (1) considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia; 

(2) determinar si existe o no alguna controversia genuina 

de hechos materiales y esenciales, y (3) comprobar si el 

derecho se aplicó de forma correcta. Segarra Rivera v. 

Int’l. Shipping et al., supra, pág. 981; Meléndez González 

et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 114-116. En armonía con 

lo anterior, la revisión del foro apelativo conlleva 

examinar de novo el expediente de la manera más favorable 

hacia la parte que se opuso a la solicitud de sentencia 

sumaria en el tribunal de instancia y realizando todas las 

inferencias permisibles a su favor. Meléndez González 

et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118.

B. El Código de Seguros, el Reglamento Núm. 2080 y las 

prácticas desleales

La industria de seguros en Puerto Rico está investida de 

un alto interés público, por lo cual se encuentra 

rigurosamente reglamentada mediante la Ley Núm. 77 de 19 de 

junio de 1957, según enmendada, conocida como el Código de 

Seguros de Puerto Rico (Código de Seguros), 26 LPRA sec. 101 

et seq., y también se rige por las disposiciones del Código 

Civil como fuente de derecho supletorio. San Luis Center 

Apts. et al. v. Triple-S, 208 DPR 824, 832 (2022). 

SLG Albert-García v. Integrand Asrn., 196 DPR 382, 389 

(2016). De igual forma, hemos destacado que “[la] relación 

contractual entre las aseguradoras y los asegurados se da 

en el marco de un deber de actuar de buena fe entre las 

partes”. Consejo Titulares v. MAPFRE, 208 DPR 761, 773-774 
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(2022). En ese sentido, los contratantes no sólo se 

encuentran obligados al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que, según 

su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la 

ley. Art. 1210 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 

3375.4

En esa misma línea, en nuestro ordenamiento existen 

preceptos estatutarios y reglamentarios que se han ido 

ajustando a las nuevas prácticas de la industria de seguros 

para proteger a los consumidores contra “métodos desleales 

de competencia, o actos o prácticas injustas, engañosas y 

hasta fraudulentas, que no sólo perjudican al consumidor de 

seguro, sino también a la economía del país y a la sociedad 

en general”. (Negrilla suplida). Véase Exposición de Motivos 

de la Ley Núm. 230-2008 (2008 [parte 2] Leyes de Puerto Rico 

1301). De hecho, desde hace mucho tiempo, el Código de 

Seguros ha definido, regulado y prohibido ciertas prácticas 

en el negocio de seguros que representan actos desleales o 

engañosos. Consejo Titulares v. MAPFRE, supra, págs. 

774-775. 

Específicamente, el Art. 27.161 del Código de Seguros, 

26 LPRA sec. 2716a, presenta un listado de prácticas 

desleales en el ajuste de las reclamaciones. Íd. Entre 

algunas de estas prácticas se encuentran “[h]acer falsas 

 

4 Valga señalar que los hechos del caso y la presentación del pleito 

ante nuestra consideración ocurrieron durante la vigencia del Código 

Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1 et seq., por lo cual nos referimos a 

sus disposiciones en esta Opinión.
CC-2022-660 13

representaciones de los hechos o de los términos de una 

póliza, relacionados con una cubierta en controversia” y 

“[n]o intentar de buena fe de llevar a cabo un ajuste rápido, 

justo y equitativo de una reclamación de la cual surja 

claramente la responsabilidad”. (Negrilla suplida). Art. 

27.161 del Código de Seguros, 26 LPRA secs. 2716a(1) y 

2716a(6).

Por otra parte, el Art. 7(f)(1) del Reglamento del Código 

de Seguros, Reglamento Núm. 2080 de 6 de abril de 1976 

(Reglamento Núm. 2080), establece que dejar de proveer a los 

reclamantes los formularios de reclamación, adecuada 

orientación y asistencia a los asegurados constituye un acto 

o práctica engañosa de las enumeradas en el Art. 27.161 del 

Código de Seguros, supra. Finalmente, cabe destacar que la 

referida reglamentación no excluye que otros actos que no 

se encuentren allí especificados constituyan una violación 

al Art. 27.161 del Código de Seguros, supra. Véase Art. 1 

del Reglamento Núm. 2080, supra.

C. La prescripción 

El Art. 1802 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. 

sec. 5141, dispone que aquel que cause un daño a otro por 

culpa o negligencia, deberá repararlo. Por otra parte, el 

Art. 1868 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5298, 

establece que las acciones de daños y perjuicios por culpa

o negligencia a las que se refiere el Art. 1802, supra, 

cuentan con un término prescriptivo de un (1) año. Por lo 

tanto, de no interrumpirse este plazo, la causa de acción 
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para exigir la referida responsabilidad civil prescribe al 

transcurrir un (1) año desde que lo supo la persona

agraviada. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 322 (2004).

Por otro lado, nuestro ordenamiento en materia de 

seguros le permite a una persona perjudicada presentar una 

acción directamente contra una aseguradora para reclamar el 

pago de los daños y perjuicios causados por el asegurado. 

Véanse: Arts. 20.010 y 20.030 del Código de Seguros, 26 LPRA 

secs. 2001 y 2003. Sobre este particular, hemos resuelto 

que el término prescriptivo para presentar las acciones de 

daños y perjuicios contra las entidades aseguradoras también 

es de un (1) año. Ruiz Millán v. Maryland Cas. Co., 101 DPR 

249, 251 (1973). Esto se debe a que -a pesar de tratarse 

de una acción directa, separada y distinta- “lo cierto es 

que la responsabilidad de uno y otra emana del mismo Art. 

1802 del Código Civil”. Íd., pág. 250. 

Así, al examinar las disposiciones del Código de 

Seguros, una persona que reclama daños por la presunta 

negligencia de un asegurado cuenta con tres (3) opciones 

diferentes para dirigir su causa de acción, a saber: 

(1) demandar a la aseguradora; (2) demandar al asegurado, o 

(3) demandar a ambos conjuntamente. SLG Albert-García v. 

Integrand Asrn., supra, pág. 393; Neptune Packing Corp. v. 

Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 289 (1988). De este modo, “la 

elección hecha por un demandante al instar su reclamación 

determina los requisitos que vendrá obligado a cumplir y las 
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defensas a que estará aquél sujeto”. Cortés Román v. E.L.A., 

106 DPR 504, 516 (1977).

Como es conocido, la prescripción extintiva es una 

figura de derecho sustantivo que extingue el derecho a 

ejercer cierta causa de acción por la inacción de una parte 

durante un tiempo determinado. Nevárez Agosto v. United 

Surety et al., 209 DPR 346, 356 (2022); Cacho González 

et al. v. Santarrosa et al., 203 DPR 215, 228 (2019); 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 372-373 

(2012). El propósito de este precepto jurídico es castigar 

la inercia y estimular el rápido ejercicio de las acciones. 

Íd., pág. 373. 

Así pues, en nuestro ordenamiento jurídico, se parte de 

la idea de que las reclamaciones válidas se ejercen

oportunamente, por lo que una persona no debe estar sujeta 

a la incertidumbre de una posible reclamación de forma 

indefinida y en estado de indefensión como consecuencia del 

paso del tiempo y la pérdida de la prueba. Maldonado Rivera 

v. Suárez y otros, 195 DPR 182, 192-193 (2016). De esta 

forma, se atiende la necesidad de que exista estabilidad y 

seguridad tanto en las relaciones jurídicas como en el 

tráfico jurídico. Cacho González et al. v. Santarrosa et 

al., supra, pág. 228; Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 

supra, pág. 192.

Cabe señalar que, por lo general, el asegurador y el 

asegurado no responden solidariamente ante las personas 

perjudicadas, puesto que “[p]ara que exista solidaridad 
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entre una compañía aseguradora y el asegurado, ello debe 

surgir claramente del contrato de seguros”. Gen. Accid. 

Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148 DPR 523, 537 (1999). Por

consiguiente, ante la inexistencia de solidaridad entre una

aseguradora y su asegurado, la persona perjudicada deberá 

interrumpir el término prescriptivo individualmente frente 

a cada uno si desea dirigir una causa de acción en contra 

de ambos. Íd., pág. 538. 

Con relación al receptor del acto interruptivo, el 

reconocido tratadista Luis Díez-Picazo comenta que “[como] 

regla general, los actos de interrupción de la prescripción, 

emanados del sujeto activo del derecho en prescripción, 

tienen como lógico destinatario al sujeto pasivo de tal 

derecho”. L. Díez-Picazo y Ponce de León, La prescripción 

extintiva: en el Código Civil y en la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, 2da ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 2007, 

pág. 149. Ahora bien, “no es discutible que [los actos 

interruptivos] pueden dirigirse a un representante legal o 

voluntario del mismo”. Íd. El mencionado tratadista nos 

dice que, para precisar si una reclamación frente a quien 

corresponda puede surtir efectos en cuanto a otras personas 

a las que no vaya expresamente dirigida, se pueden evaluar

factores como: (1) la suficiencia del esfuerzo que el 

interruptor debe realizar para determinar el sujeto pasivo 

de su pretensión, y (2) si el acto de interrupción hubiera 

llegado o podido llegar normalmente a ser conocido por los 

afectados. Íd., pág. 150. También menciona que la buena 
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fe constituye un criterio necesario para valorar el acto de 

interrupción de la prescripción en sí mismo y su potencial 

eficacia para producir el efecto interruptivo. Íd. 

Hemos reconocido que el término prescriptivo de las 

acciones puede ser interrumpido por: (1) el ejercicio de la 

acción judicial correspondiente; (2) la reclamación 

extrajudicial, y (3) el reconocimiento de la deuda por parte 

del deudor. Art. 1873 del Código Civil de 1930, 31 LPRA 

ant. sec. 5303. Véase, además, Nevárez Agosto v. United 

Surety et al., supra, pág. 357. En lo pertinente a la 

controversia del presente caso, “[l]os propósitos 

principales de una reclamación extrajudicial son 

‘interrumpir el transcurso del término prescriptivo de las 

acciones; fomentar las transacciones extrajudiciales, y 

notificar, a grandes rasgos, la naturaleza de la 

reclamación’”. (Negrilla suplida). Cacho González et al.

v. Santarrosa et al., supra, pág. 228 (citando a De León v. 

Caparra Center, 147 DPR 797, 803 (1999)). Asimismo, para 

que una reclamación extrajudicial sea efectiva debe cumplir 

con lo siguiente: (1) ser oportuna; (2) ser presentada por

una persona con legitimación; (3) el medio utilizado para 

hacer la reclamación debe ser idóneo, y (4) existir 

identidad entre el derecho reclamado y el afectado por la 

prescripción. Díaz Santiago v. International Textiles, 195 

DPR 862, 870 (2016). 

Por otra parte, “hemos destacado que para que surta un 

efecto interruptor, la reclamación extrajudicial debe ser 
CC-2022-660 18

una manifestación inequívoca de quien, amenazado con la 

pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo”. 

(Énfasis en el original). Meléndez Guzmán v. Berríos López, 

172 DPR 1010, 1020 (2008). Véase, además, J. Puig Brutau, 

Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, 3ra ed., 

Barcelona, Ed. Bosch, 1996, pág. 104. Fundamentalmente, 

“han de valorarse como reclamación cualesquiera actos que 

rompen el llamado silencio de la relación jurídica, que sean 

contrarios a la dejación o abandono del derecho y que hagan, 

por consiguiente, injusto que el sujeto pasivo pueda quedar 

beneficiado por el transcurso del tiempo”. (Negrilla 

suplida). Díez-Picazo, op. cit., págs. 184-185.

Conviene subrayar que “la prescripción no es una figura 

rígida sino que la misma admite ajustes judiciales, según 

sea requerido por las circunstancias particulares de los 

casos y la noción de lo que es justo”. (Énfasis en el 

original). Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 189-190 

(2002). A manera de ejemplo, en una situación similar a la 

del caso ante nos, este Tribunal revocó un dictamen mediante 

el cual se desestimó una acción de daños y perjuicios por 

presuntamente encontrarse prescrita. Véase Velilla v. 

Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585 (1981). En el citado 

caso, la empresa demandada refirió la reclamación de la 

parte demandante a una compañía ajustadora independiente y 

le hizo creer que esta última le representaba. Íd., 

pág. 587. En consecuencia, allí precisamos que “el 

principio de la buena fe no da lugar a la utilización del 
CC-2022-660 19

derecho a la defensa de prescripción cuando el derecho surge

de omisiones de la otra parte causadas, parcial pero 

significativamente, por la propia conducta de la actora”. 

(Negrilla suplida). Íd., pág. 588. También señalamos que 

la doctrina de los propios actos,

5 así como la del abuso del 

derecho, impedían que la parte demandada invocara 

exitosamente la defensa de prescripción. Íd. Por ende, 

resolvimos que las reclamaciones extrajudiciales de la parte 

demandante durante el proceso de negociación con los

ajustadores tuvieron el efecto de interrumpir el periodo

prescriptivo de la causa de acción contra la empresa

demandada. Íd. 

Expuesta la normativa jurídica aplicable, procedemos a 

resolver la controversia presentada.

III

En su único señalamiento de error, la parte peticionaria 

plantea que el tribunal apelativo intermedio erró al no 

expedir el recurso de certiorari para revocar la Resolución

del tribunal de instancia mediante la cual declaró no ha 

lugar su solicitud de sentencia sumaria. De esta manera,

solicita la desestimación de la causa de acción en su contra

bajo el fundamento de prescripción. Veamos.

 

5 Hemos expresado que “el contenido de la norma de que a nadie es 

lícito ir contra los actos propios tiene fundamento y raíz en el 

principio general de derecho que ordena proceder de buena fe en la vida 

jurídica”. (Negrilla suprimida). Aponte Valentín et al. v. Pfizer 

Pharm., 208 DPR 263, 287 (2021). 
CC-2022-660 20

Econo aduce que no hay duda de que la caída del señor 

Birriel Colón ocurrió el 11 de mayo de 2018. Incluso,

concede que el representante legal de la parte recurrida 

interrumpió el término prescriptivo de la reclamación en su 

contra mediante la carta del 27 de agosto de 2018. No 

obstante, expone que luego de esta comunicación, no recibió 

ninguna otra reclamación extrajudicial -ni por cualquier 

otro método- que interrumpiera el término prescriptivo, por 

lo que la causa de acción que se instó en su contra el 

25 de febrero de 2020 se encontraba prescrita desde el 

27 de agosto de 2019.

La parte peticionaria también alega que no se presentó 

ningún tipo de evidencia para sustentar que Integrand actuó 

como su representante frente al señor Birriel Colón en las 

comunicaciones que éstos intercambiaron posteriormente, de 

manera que dichas gestiones tuvieran el efecto de 

interrumpir el término prescriptivo de la causa de acción 

en su contra. Del mismo modo, Econo sostiene que las 

gestiones realizadas por el señor Birriel Colón para 

interrumpir el término prescriptivo contra Integrand no 

surtieron efecto en su contra, pues del contrato de seguro 

no surge un pacto de solidaridad entre éste y su aseguradora. 

La parte recurrida, por otro lado, alega que la causa de 

acción en contra de Econo no está prescrita. El señor 

Birriel Colón indica que, el 27 de agosto de 2018, su 

representante legal le envió una carta a la parte 

peticionaria para interrumpir el término prescriptivo y que 
CC-2022-660 21

Econo, a su vez, le refirió esa carta a su aseguradora para 

que manejara la reclamación. Según arguye la parte 

recurrida, Integrand le informó, mediante una comunicación 

del 1 de octubre de 2018,6 que su reclamación le había sido

referida por Econo para el manejo correspondiente. 

Particularmente, la primera comunicación de la 

aseguradora a la cual el señor Birriel Colón hace referencia

lee como sigue:

INTEGRAND Assurance Company es la compañía 

aseguradora de Supermercado Econo Los Colobos. 

Su comunicación del 27 de agosto de 2018 

dirigida a nuestro asegurado nos ha sido 

referida para el manejo correspondiente. 

Le informamos que hemos iniciado una 

investigación con relación a los hechos. Como 

parte del proceso, agradeceremos nos facilite 

toda la prueba que sustente los daños y nos 

devuelva los formularios de autorización médica 

aquí anejados debidamente cumplimentados por su 

cliente. Favor de incluir una lista con los 

nombres de los médicos e instituciones que le 

han brindado tratamiento.

Le solicitamos también se comunique con 

nosotros con el propósito de coordinar una cita 

a fines de entrevistar a su representado. 

(Negrilla suplida).7

Luego, el 24 de octubre de 2018, la aseguradora le envió 

a la parte recurrida una segunda carta en la que expresó lo 

siguiente:

Hacemos referencia a nuestra comunicación 

del 27 de agosto de 2018, en la que le 

solicitamos nos proveyera la prueba médica que 

sustente los daños y que se comunicara con 

 

6 Las comunicaciones fueron cursadas por Integrand Assurance Company, 

por conducto de una ajustadora de seguros.

7 Carta de Integrand Assurance Company del 1 de octubre de 2018, 

Apéndice del certiorari, pág. 1359.
CC-2022-660 22

nosotros para coordinar una cita. Al día de hoy 

no hemos recibido respuesta de su parte a 

nuestra solicitud.

De no recibir comunicación suya en o antes 

del próximo 14 de noviembre de 2018 estaremos 

cerrando nuestro expediente. Una vez provea lo 

solicitado consideraremos reabrir el mismo. Le 

informamos que el Código Civil de Puerto Rico 

dispone que de no ser interrumpida antes, su 

acción prescribe por el transcurso de un año, 

en este caso a partir de la fecha en que 

formalizó la misma con nosotros. (Negrilla y 

subrayado suplidos).8

Después de varios intercambios entre Integrand y el 

señor Birriel Colón,

9 el 17 de junio de 2019, este último le 

envió una comunicación a la aseguradora y finalmente

presentó la Demanda el 25 de febrero de 2020 en contra de 

Econo e Integrand. Por ende, la parte recurrida razona que 

la causa de acción en contra de la parte peticionaria no 

está prescrita, ya que Econo lo indujo -con sus propios 

actos- a continuar las comunicaciones sobre la reclamación 

con su aseguradora. Coincidimos con esta apreciación.

De entrada, hoy pautamos que, a tenor con el Art. 27.161 

del Código de Seguros, supra, y el Reglamento Núm. 2080, 

supra, esta conducta representa una práctica desleal y 

engañosa para aquellas personas perjudicadas que proceden 

 

8 Carta de Integrand Assurance Company del 24 de octubre de 2018, 

Apéndice del certiorari, pág. 1360.

9 El 14 de noviembre de 2018, Integrand volvió a comunicarse con el 

Sr. Efraín Birriel Colón; el 13 de diciembre de 2018, Integrand y el 

señor Birriel Colón coordinaron una reunión; el 10 de enero de 2019, el 

señor Birriel Colón ofreció su declaración durante la reunión; el 5 de 

febrero de 2019, Integrand le envió otra carta al señor Birriel Colón 

solicitándole que facilitara la prueba médica correspondiente tan pronto 

culminara su tratamiento médico. Apéndice del certiorari, págs. 1361-

1365.
CC-2022-660 23

de buena fe con el trámite de sus reclamaciones. De igual 

forma, resaltamos que cuando se trata de reclamaciones 

extrajudiciales, éstas deben cumplir con los requisitos 

necesarios para interrumpir el término prescriptivo y 

mantener viva la causa de acción contra quien desee 

ejercerla. No obstante, en situaciones como la de autos, 

refrendamos nuestro rechazo al uso de prácticas engañosas

para cerrarle las puertas de los tribunales -bajo la figura 

de la prescripción- a las personas perjudicadas que 

promueven sus reclamaciones diligentemente.

Según indicáramos, algunos factores que se pueden tomar 

en consideración para determinar si una reclamación frente 

a quien corresponda puede surtir efectos en cuanto a otras 

personas a las que no fue expresamente dirigida son: (1) la 

suficiencia del esfuerzo que el interruptor debe realizar 

para determinar el sujeto pasivo de su pretensión, y (2) si 

el acto de interrupción hubiera llegado o podido llegar 

normalmente a ser conocido por los afectados. Igualmente, 

puntualizamos que el principio de la buena fe constituye un 

criterio imprescindible para evaluar la eficacia del acto 

interruptivo. A la luz de estos criterios, pasamos a evaluar 

la controversia que nos ocupa. 

Claramente, no está en controversia que, luego de la 

caída que sufrió la parte recurrida el 11 de mayo de 2018, 

el representante legal de éste interrumpió el término 

prescriptivo de la reclamación contra Econo mediante la

carta del 27 de agosto de 2018. Ahora bien, según surge de 
CC-2022-660 24

la correspondencia que obra en autos, a causa de la propia 

conducta desplegada por Econo e Integrand posteriormente se 

produjo una creencia razonable de que la aseguradora estaría 

actuando en representación de Econo en el curso de las 

negociaciones extrajudiciales. En ese sentido, aun cuando

el señor Birriel Colón no se comunicó con posterioridad

directamente con Econo durante el año previo a la 

presentación de la demanda, la parte peticionaria conocía

que la parte recurrida se encontraba en negociaciones con

su aseguradora para llegar a un posible acuerdo

extrajudicialmente. 

Habiéndose generado la apariencia de representación

antes descrita, no es posible atribuirle de manera 

concluyente al señor Birriel Colón un abandono de su causa 

de acción contra Econo. De hecho, las comunicaciones del 

señor Birriel Colón con Integrand demuestran la voluntad 

inequívoca de mantener con vida su derecho a ejercer la 

acción judicial correspondiente. Consecuentemente, 

reafirmamos que el principio general de la buena fe 

proscribe la utilización de la defensa de prescripción en 

casos como el presente. Véase Velilla v. Pueblo 

Supermarkets, Inc., supra.

Por último, consideramos que el argumento sobre la falta 

de un pacto de solidaridad entre Econo y su aseguradora 

resulta inmeritorio para fines de nuestro análisis. El 

efecto de la interrupción de la prescripción en este caso 

no está predicado en el concepto de la solidaridad, sino que
CC-2022-660 25

-como ya indicamos- se cimienta sobre el principio de la 

buena fe que permea todo nuestro acervo jurídico. Por lo 

tanto, tras examinar rigurosamente el expediente de novo, 

concluimos que los reclamos extrajudiciales efectuados 

oportunamente contra Integrand, incluyendo el último 

realizado el 17 de junio de 2019, tuvieron el efecto de 

interrumpir el término prescriptivo contra la parte 

peticionaria y, por lo tanto, resolvemos que la causa de 

acción en cuestión no se encuentra prescrita. 

IV

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la 

Resolución emitida por Tribunal de Apelaciones el 16 de 

agosto de 2022 y devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que continúe los procedimientos conforme a

lo resuelto en esta Opinión.

Se dictará Sentencia en conformidad.

 ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN

 Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 

Efraín Birriel Colón

 Recurrido

 v. CC-2022-660 Certiorari

Supermercado Los Colobos

(Econo Rial, Inc.) e Integrand

Assurance Company

 Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de octubre de 2023.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que 

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la 

presente Sentencia, se confirma la Resolución emitida 

por el Tribunal de Apelaciones el 16 de agosto de 

2022. En consecuencia, se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de

los procedimientos en conformidad con lo dispuesto en 

la Opinión.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del 

Tribunal Supremo. 

 Javier O. Sepúlveda Rodríguez 

 Secretario del Tribunal Supremo