Número Identificador

SEN2024___________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

ROLAND RENATO 

MANARIN

Apelado

v.

JORGE L. MONTES 

MELENDEZ POR SI Y 

COMO 

COADMINISTRADOR DE 

LA SOCIEDAD LEGAL DE 

BIENES GANANCIALES 

CONSTITUIDA CON 

ELVIRA E. MONTES 

GARCIA Y OTROS

Apelante

KLAN202301159

APELACIÓN

Procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

San Juan

Civil núm.:

SJ2023CV00215

(603)

Sobre:

COBRO DE

DINERO

ORDINARIO

Panel integrado por su presidenta la juez Domínguez Irizarry, la juez 

Grana Martínez y el juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, juez ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2024.

Comparece ante nos, Jorge Montes Meléndez y Elvira Montes 

García y la Sociedad de Gananciales compuesta por ambos, en 

adelante la parte apelante o matrimonio Montes-Montes. La parte 

apelante nos solicita que revoquemos una “Sentencia” notificada el 

2 de noviembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, en adelante Foro Primario o TPI-San Juan. En dicha 

sentencia el Tribunal declaró “Con Lugar” la “Demanda” sobre Cobro 

de Dinero. 

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable y la transcripción de la vista, confirmamos la Sentencia en 

Rebeldía del 2 de noviembre de 2023.
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I.

La situación de hechos que nos ocupan son los siguientes. 

Renato Manarin contrató a Montes Meléndez en su gestión 

profesional como corredor de bienes raíces para que administrara el 

arrendamiento a corto plazo de una propiedad inmueble.1 Ante el 

incumplimiento laboral de Montes Meléndez, este incurrió en 

deudas por concepto de rentas y emitió un Pagaré a Renato Manarin 

o a su orden, por la suma de $46,538.04 de principal.

2 Así también, 

acordaron que devengaba interés del 10% hasta su total pago o 

durante cualquier período de incumplimiento, mora o falta de pago 

y aún después de su presentación o vencimiento.3

Suscrito el instrumento ante el Notario Milton Portalatín 

Pérez, los apelantes también prometieron que en caso de 

incumplimiento pagarían una suma líquida adicional de $4,653.80.4 

Las partes habían acordado la fecha y lugar de pago.5 Así las cosas, 

el apelado alega que Montes Mélendez no realizó pago alguno, por lo 

que la deuda se volvió líquida, vencida y exigible.6

Tras varios incidentes procesales entre las partes, el 12 de 

enero de 2023, Renato Manarin presentó una demanda por Cobro 

de Dinero bajo el proceso ordinario contra el matrimonio Montes 

Montes.

7 Ante la dificultad de emplazar a Montes Meléndez, Renato 

Manarin solicitó realizar el emplazamiento por edicto.8 El 31 de 

enero de 2023, a solicitud de Renato Manarin, el Foro Primario 

emitió una “Orden” de Aseguramiento de Sentencia.9

Posteriormente, el edicto fue publicado el 21 de marzo de 2023.10 El 

1 Apéndice del Recurso de Apelación pág. 26.

2 Id en la pág. 4.

3 Id.

4 Id.

5 Id. en la pág. 6.

6 Id. en la págs. 1-3

7 Id. 

8 Id. en la pág. 26

9 Id. en la pág. 18-19.

10 Id. en la pág. 26.
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plazo restante para presentar una alegación responsiva por el 

matrimonio Montes Montes expiraba el 20 de abril de 2023.11 Ese 

día, Montes Meléndez presentó una moción solicitando término 

adicional para completar acuerdo entre las partes.12 No obstante, el 

matrimonio Montes Montes no presentó alegación responsiva, por lo 

que Renato Manarin solicitó que se anotara la rebeldía de 

conformidad con las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 45.1.13

Según surge del expediente de autos, el matrimonio Montes 

Montes presentó contestación a la demanda el 18 de mayo de 

2023.14 No obstante, mediante orden, el TPI- San Juan solo aceptó 

la contestación de la demanda en cuanto a Montes Meléndez.

15

Respecto a Montes García la declaró en rebeldía, toda vez que ésta 

fue emplazada personalmente el 27 de enero de 2023, y sin haber 

presentado alegación responsiva dentro del término dispuesto en las 

Reglas de Procedimiento Civil, supra.16

Trabada la controversia entre las partes, Renato Manarin 

comenzó el proceso de descubrimiento de prueba.17 El matrimonio 

Montes Montes presentó una moción solicitando paralización de los 

procedimientos y prórroga para el descubrimiento de prueba, 

incluyendo oportunidad para contratar representación legal, toda 

vez que se encontraba en estado de indefensión por ser una persona 

lega en materia de derecho.18 Ante la solicitud, el Foro a quo denegó 

la paralización y la prórroga solicitada por el matrimonio Montes 

Montes.19 Así mismo, denegó la solicitud de levantar la rebeldía por 

11 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 26-28.

12 Id.

13 Id. en las págs. 24-25.

14 Id. en las págs. 29-31.

15 Id. en las pág. 32.

16 Id.

17 Id. en las págs. 32-44.

18 Id. págs. 37-40.

19 Id. pág. 41.
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no haber establecido justa causa para ello y le apercibió a 

comparecer con representación legal.20

Posteriormente, el Foro Primario impuso sanciones, se dio por 

admitido el descubrimiento de prueba, eliminó las alegaciones y se 

anotó rebeldía a Montes Meléndez conforme las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra.21 

Así las cosas, el 26 de octubre de 2023, se celebró la Vista en 

su Fondo en rebeldía.22 Según surge de la Transcripción de la Vista, 

tras la anotación de rebeldía, el tribunal instruyó a las partes sobre 

los derechos de una parte demandada en rebeldía.23 Estos incluyen, 

como parte de su debido proceso de ley, contrainterrogar e impugnar 

la cuantía, siendo esta la razón por la cual los apelantes continuaron 

alegando unas cantidades que -a su parecer- debían deducirse de la 

deuda. Entre esas cantidades se incluía la cantidad de $28,600.00

que el propio apelado reconoció.24 Sobre esa cuantía, producto de la 

venta de un inmueble gestionada por el apelante, la evidencia en 

autos demuestra que la misma fue debidamente reducida.25

Eventualmente, el Foro Primario dictó “Sentencia” el 1 de 

noviembre de 2023, declarando “Ha Lugar” la demanda.26 El 14 de 

noviembre de 2023 el matrimonio Montes Montes presentó una 

“Moción de Reconsideración” al amparo de la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 47.

27 El 29 de noviembre de 

2023 fue notificada una “Resolución” del TPI- San Juan denegando 

la moción de reconsideración.

28 

20 Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 41.

21 Id. pág. 111.

22 Transcripción de Prueba Oral de la Vista en su Fondo en Rebeldía.

23 Id. en las págs. 17-18.

24 Transcripción de Prueba Oral de la Vista en su Fondo en Rebeldía, págs. 52, 

64.

25 Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 169. 

26 Id. págs. 204-211.

27 Id. págs. 212-217.

28 Id. págs. 218-223.
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Inconforme con el proceder del Foro Primario, la parte 

apelante acudió ante este Foro el 28 de diciembre de 2023, y en su 

recurso de “Apelación”, le imputa al TPI-San Juan los siguientes 

señalamientos de error:

PRIMERO: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR CON LUGAR 

LA DEMANDA DE EPÍGRAFE EXISTIENDO 

EVIDENCIA CONTUNDENTE DE LA FIGURA DE 

COMPENSACIÓN EN ESTE CASO Y COMO TAL EL 

DEMANDADO NADA DEBE.

SEGUNDO: ERRÓ EL TRIBUNAL AL LLEVAR A 

CABO LA VISTA EN SU FONDO, A PESAR DE QUE 

EL DEMANDADO HABÍA PRESENTADO DENTRO 

DEL PLAZO CORRESPONDIENTE UN 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA QUE NO HABÍA 

SIDO CONTESTADO Y QUE ERA VITAL PARA SU 

DEFENSA. 

La parte apelada compareció el 11 de enero de 2024 con una

“Moción de Desestimación”, a la que se opuso la parte apelante el 29 

de enero de 2024. Este Foro declaró ambos petitorios “No Ha Lugar”, 

mediante “Resolución” el 2 de febrero de 2024. Además, concedió a 

la parte apelada un término de diez (10) días para presentar su 

alegato en oposición. En cumplimiento de orden, la parte apelada 

presentó su “Alegato en Oposición” el 12 de febrero de 2024. Por otro 

lado, mediante moción, la parte apelante solicitó la autorización de 

este Tribunal para presentar la transcripción de prueba oral, la cual 

fue declarada “Ha Lugar” el 23 de febrero de 2023. En cumplimiento 

de orden, la parte apelante sometió ante esta Curia la “Transcripción 

de Vista en Rebeldía y Juicio en su Fondo del 26 de octubre de 2023”,

el día 18 de marzo de 2024. Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, y la transcripción de la prueba oral, procedemos a 

resolver.
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II.

A. Apelación

Las Reglas de Procedimiento Civil, supra, se desenvuelven en 

un orden lógico, natural y armonioso entre sí. Este orden queda 

demostrado en las distintas etapas de un litigio, entiéndase las

alegaciones, mociones, descubrimiento, vista evidenciaria, 

sentencia, reconsideración, apelación, y sus efectos escalonados. 

Cada etapa se sirve de la anterior y se proyecta, entonces, para la 

próxima. Vega v. Alicea, 145 DPR 236, 238 (1998).

La etapa de la apelación se perfecciona con la presentación 

oportuna de un escrito conforme a las formalidades establecidas en 

nuestro estado de derecho, que incluye su debida notificación a las 

partes. El recurso de apelación es aquel que se presenta ante un

foro de mayor jerarquía cuando se solicita la revisión de una 

sentencia, o un dictamen final, emitido por el Foro de Primera 

Instancia. Regla 52.1 y 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. 

VIII, R. 52; González Pagán v. SLG Moret-Brunet, 202 DPR 1062,

1070-1071 (2019). Véase R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta Ed., San Juan, Ed. Lexis 

Nexis, 2017, pág. 519.

La apelación no es un recurso discrecional como en los casos 

de certiorari. Una vez se cumpla con los requisitos jurisdiccionales y 

de perfeccionamiento del recurso, el Tribunal de Apelaciones viene 

obligado a atender el asunto y resolverlo en sus méritos, de forma 

fundamentada. Soc. de Gananciales v. García Robles, 142 DPR 241, 

252 (1997). En ese sentido, se reconoce que existe el derecho 

estatutario para acudir en apelación ante el Tribunal de 

Apelaciones, cuestionando toda sentencia final emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia. Silva Barreto v. Tejada Martell, 199 

DPR 311, 317 (2017).
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Al revisar una determinación de un foro de menor jerarquía, 

los tribunales revisores tenemos la tarea principal de auscultar si se 

aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares del 

caso. Como regla general, los foros apelativos no tenemos facultad 

para sustituir las determinaciones de hechos del tribunal de 

instancia con nuestras propias apreciaciones. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013); Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). De manera que, si la 

actuación del tribunal no está desprovista de base razonable, ni 

perjudica los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer el 

criterio del juez de instancia a quien corresponde la dirección del 

proceso. Bathia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 182 (2017); 

Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 

B. Prueba oral y quantum de prueba

Con relación a la prueba oral en las revisiones judiciales, y la 

norma de corrección que cobija las determinaciones realizadas por 

el Foro Primario, nuestro Tribunal Supremo ya se ha expresado en 

Pueblo v. Pérez Delgado, 211 DPR 654, 671-674 (2023). Se ha 

establecido que cuando una parte señala errores dirigidos a 

cuestionar la apreciación o suficiencia de la prueba, la naturaleza 

del derecho apelativo requiere que éste ubique al foro revisor en 

tiempo y espacio de lo ocurrido en el foro primario. Para esto debe 

utilizar alguno de los mecanismos de recopilación de prueba oral, 

como lo son: 

(1) transcripción de la prueba, 

(2) exposición estipulada o 

(3) exposición narrativa. 

Pueblo v. Pérez Delgado, supra.

De igual forma, la Regla 19 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, expresamente dispone que “cuando la parte 

apelante haya señalado algún error relacionado con la suficiencia de 
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la prueba testifical o con la apreciación errónea de ésta por parte del 

tribunal apelado, someterá una transcripción, una exposición 

estipulada o una exposición narrativa de la prueba. Pueblo v. Pérez 

Delgado, supra, págs. 655 y 671. Graciani Rodríguez v. Garage Isla 

Verde, 202 DPR 117, 129 (2019); Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91 (2006).

Es sabido, y así lo reconoce nuestro ordenamiento jurídico, 

que los tribunales de mayor jerarquía no pueden cumplir a 

cabalidad su función revisora sin que se le produzca, mediante 

alguno de estos mecanismos, la prueba que tuvo ante sí el foro 

primario. Id. pág. 671. El Máximo Foro Judicial local ha reiterado 

en múltiples ocasiones que las disposiciones reglamentarias que 

gobiernan los recursos que se presentan ante el Tribunal de 

Apelaciones deben observarse rigurosamente. Id. págs. 671-672.

 C. Rebeldía

La rebeldía no es otra cosa que “la posición procesal en que se 

coloca la parte que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse o 

de cumplir con su deber procesal”. Mitsubishi Motor v. Lunor y otros, 

2023 TSPR 110, 212 DPR ___ (2023); Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580, 587 (2011). Tiene como propósito el disuadir a 

una parte a dilatar los procedimientos como una estrategia de 

litigación. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra.

Por otro lado, la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra,

detalla los asuntos concernientes con la anotación de rebeldía, a 

saber, expresa que: 

Cuando una parte contra la cual se solicite una 

sentencia que concede un remedio afirmativo haya 

dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra 

forma según se dispone en estas reglas, y este hecho se 

pruebe mediante una declaración jurada o de otro 

modo, el secretario anotará su rebeldía. 
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El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte, 

podrá anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la 

Regla 34.3 (b) (3). 

Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por 

admitidas las aseveraciones de las alegaciones 

afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2 (b). 

La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez 

de una sentencia dictada en rebeldía.

Mitsubishi Motor v. Lunor y otros, supra.

Procede la anotación de rebeldía cuando el demandado no 

cumple con el requisito de comparecer a contestar la demanda u 

ofrecer una defensa a su favor, por lo que este no presenta alegación 

alguna contra las alegaciones hechas por el demandante o contra el 

remedio solicitado por este. Mitsubishi Motor v. Lunor y otros, supra; 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 589. Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 100 (2002); Véase, R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal 

Civil, 6ta Ed. San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2017, p. 328.

También procede una anotación de rebeldía contra una 

parte que se negó a descubrir su prueba luego de que se le 

requiriera hacerlo, o que incumplió con algún mandato del 

tribunal, lo que motiva a este, por solicitud del demandante 

o motu proprio, a imponerle la rebeldía como sanción. González 

Pagán v. SLG Moret-Brunet, supra, pág. 1068 (2019); Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, supra, pág. 589, citando a Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., supra; Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 

653, 669 (2005). 

Una anotación en rebeldía provoca que se dan por admitidos 

todos los hechos bien alegados en la demanda. Además, tiene el 

efecto de autorizar al Foro Primario para que dicte sentencia, si es 
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eso lo que procede en derecho. Mitsubishi Motor v. Lunor y otros, 

supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 598.

Sobre los derechos de una parte en rebeldía el Tribunal 

Supremo, en varias ocasiones, ha reiterado que le asiste el derecho 

a conocer del señalamiento, asistir a la vista, contrainterrogar los 

testigos de la parte demandante, impugnar la cuantía y apelar la 

sentencia. Mitsubishi Motor v. Lunor y otros, supra; Ins. Co. v. Isleta 

Marina, 106 DPR 809, 817 (1978).

D. Los Instrumentos Negociables y el Pagaré

En Puerto Rico, la primera ley adoptada para regular el 

derecho cambiario provino del Código de Comercio español de 

1889. FirstBank v. Registradora, 208 DPR 64, 88-89 (2021). No fue 

hasta el 1930 que el antiguo Código de Comercio fue enmendado 

por la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables de Puerto Rico.

COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 800 (2010).

Esto se hizo para atemperarla a la nueva legislación del modelo 

estadounidense, la entonces Negotiable Instruments Law (NIL), 

promulgada por el National Conference of Commissioners on 

Uniform State Laws en 1896. FirstBank v. Registradora, supra, pág. 

89; COSSEC et al. v. González López et al., supra, pág. 800. 

Posteriormente, y a partir del año 1952, la American Law Institute 

(ALI) y la American Bar Association (ABA), promulgaron el famoso 

Uniform Commercial Code (UCC) con el propósito de corregir 

lagunas y defectos en la redacción de la legislación anterior y 

unificar otros aspectos del derecho mercantil. De igual forma, la 

llegada del UCC inició un movimiento de uniformidad jurídica en 

Estados Unidos, y hoy es la legislación modelo más extensa que se 

ha promulgado. Id. en las págs. 88-89.
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Eventualmente, en el año 1995, la Legislatura de Puerto Rico 

aprobó la entonces Ley de Instrumentos Negociables y 

Transacciones Bancarias, Ley Núm. 208 del 17 de agosto de 1995,

19 LPRA sec. 401, adoptando casi ad verbatim las disposiciones del 

UCC con el fin de colocarnos en paridad cambiaria con los demás 

estados de la nación norteamericana, que en su mayoría había 

adoptado el UCC. Dicha ley ha sido objeto de múltiples enmiendas, 

entre las cuales está la actualización de su nombre a Ley de 

Transacciones Comerciales, en adelante, LTC. FirstBank v. 

Registradora, supra, pág. 90.

Esta rama del Derecho que regula el tráfico de instrumentos 

negociables se conoce comúnmente como el derecho cambiario. En 

general, los instrumentos negociables son documentos de crédito 

que le confieren a su titular el derecho a recibir un pago o 

contraprestación a cambio de su transmisión. Su utilidad estriba en 

que sirven como método de pago alterno a la moneda de curso legal 

o al dinero en efectivo, por lo que su uso se ha proliferado para 

facilitar la compraventa de mercancías y otras transacciones 

comerciales. FirstBank v. Registradora, supra, págs. 88-89.

La LTC supra, sec. 2-104 (a), 19 LPRA 504(a), 

define instrumento negociable como una promesa o una orden 

incondicional de pago de una cantidad específica de dinero, con o 

sin intereses u otros cargos descritos en la promesa u orden, si este: 

(1) es pagadero al portador o a la orden al momento de su 

emisión o cuando lo posee primeramente su tenedor; 

(2) es pagadero a la presentación o en una fecha específica, 

y 

(3) no especifica otro compromiso o instrucción por parte de 

la persona que promete u ordena el pago que no sea el pago 

del dinero.

En términos generales, los instrumentos negociables son 

documentos escritos que prueban la existencia de una deuda, pero 
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que pueden cambiar de mano en mano como un tipo de moneda 

alterna. Es decir, que tienen la cualidad de ser negociados y, por lo 

tanto, transferidos a un tercero que no fuere parte de la transacción 

original.

29

Existen dos clases de instrumentos negociables. La promesa, 

mejor conocida como el pagaré, y la orden, también conocida como 

letra de cambio o giro. De manera que todos los instrumentos 

negociables son modalidades del pagaré o de la letra de cambio.30

Sobre el pagaré, la sección 2-104 inciso (e) de la LTC, supra, 

establece que un instrumento negociable es un pagaré cuando en 

este hay un compromiso escrito de pagar el dinero suscrito por la 

persona que se obliga. Es decir, es un documento de crédito que 

confiere a su titular el derecho a recibir un pago o contraprestación 

a cambio de su transmisión. FirstBank v. Registradora, supra, pág. 

90. De forma resumida, es una promesa de parte del deudor para 

pagar una suma cierta de dinero a la orden de persona determinada 

o al portador, en una fecha fija o específica o a la presentación. 31

La LTC, supra, en su sección 2-105 inciso (a), 19 LPRA 505(a),

indica que emisión significa la primera entrega de un instrumento 

hecha por el firmante o el librador, bien sea a un tenedor o a un notenedor, con el propósito de concederle derechos en el instrumento 

a cualquier persona. De manera que, una vez emitido, se obliga el 

deudor. 

Sobre el otorgamiento del instrumento, tienen derecho a exigir 

el cumplimiento el tenedor o una persona que no es tenedor, siempre 

que esta última se encuentre en posesión del instrumento, y tenga

los derechos de un tenedor. LTC, supra, sec. 2-301, 19 LPRA 601.

29 L. M. Negrón Portillo y M. Fabián Maldonado, Derecho mercantil y otros principios 

generales del derecho puertorriqueño, pág. 194 (1997).

30 Id. pág. 195.

31F. Montañez Miranda, Aspectos legales para los negocios, San Juan, Ed. Situm, 

2018, T. I, pág. 252.
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La sección 2-602 de la LTC, 19 LPRA 752, establece la forma 

en la que se realiza un pago en los instrumentos negociables. En 

este sentido la ley nos dice que se paga un instrumento en la medida 

que se haga el pago:

(i) por o a nombre de la persona obligada a pagar el 

instrumento, y 

(ii) a una persona con derecho a exigir el 

cumplimiento del instrumento. En la medida del 

pago hecho, la parte obligada a pagar el 

instrumento se releva de su obligación, aunque el 

pago se haya hecho con conocimiento de la 

existencia de una reclamación contra el 

instrumento de parte de otra persona bajo las 

disposiciones de la Sección 2-306. 

19 LPRA § 752 (a)

III.

Por no estar relacionados entre sí, esta Curia ha determinado 

atender de manera separada la discusión de los planteamientos de 

error. 

A.

La parte apelante plantea, como primer señalamiento, que erró 

el foro primario al sentenciarle a pagar lo adeudado como resultado 

de una promesa de pago que hiciere este a favor del apelado sin 

aplicar la figura de la compensación. Luego de cavilar con toda la 

documentación y las determinaciones de hecho y de derecho, nos 

resulta forzoso concluir que el foro primario no incidió en error alguno 

al declarar con lugar la demanda. 

Los instrumentos negociables son, sin lugar a duda, de gran 

importancia en nuestra vida contemporánea. A manera de ejemplo, 
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diariamente se hacen miles de transacciones en Puerto Rico que

envuelven cheques y promesas de pago.32 No ha de extrañarnos, 

sabiendo que estos se utilizan como mecanismos alternos al uso de 

moneda legal. No obstante, su importancia descansa en la 

garantía que brindan sobre la existencia de un crédito o deuda 

a favor de su tenedor. 

De la transcripción de la vista y la documentación se 

desprende que la parte apelante reconoce haber hecho la promesa 

de pago al emitir el pagaré a favor del apelado. Aun cuando 

argumenta en ocasiones que la parte apelante le adeuda ciertas 

cantidades, las mismas no están relacionadas al pagaré en cuestión 

-con excepción de la cantidad reconocida por ambas partes por la 

suma de $28,600.00 ya acreditados a la deuda. 

Adicional a esto, los instrumentos negociables se rigen por la 

legislación establecida en la LTC, supra, por lo que nuestro Código 

Civil se aplica de manera supletoria en aquello que no cubra la ley 

especial. La ley especial prevalecerá sobre el derecho general. 

Habiéndose pactado fecha específica para el cumplimiento,

incluso lugar de pago, y no disponiendo acreditación de pagos a un 

tercero, no corresponde acreditar a este pagaré esa supuesta deuda

como compensación. La Sección 2-601 de la LTC, supra, sec. 752(a), 

establece que se paga un instrumento en la medida que se haga el 

pago: (i) por o a nombre de la persona obligada a pagar el 

instrumento, y (ii) a una persona con derecho a exigir el 

cumplimiento del instrumento. 

De modo que, los pagos realizados a un tercero y que en este 

pleito no se ha probado que fuera una persona con derecho a exigir 

el cumplimiento de este pagaré, no puede acreditarse al mismo. Por 

32 L. M. Negrón Portillo y M. Fabián Maldonado, supra, en la nota 29, págs. 194-

195.
KLAN202301159 15

lo que actuó correctamente el Foro Primario toda vez que la parte 

apelante no probó la inexistencia de la deuda garantizada en pagaré.

B.

Como segundo señalamiento de error, la parte apelante alega 

que erró el tribunal al ver la vista en su fondo luego de haber sido 

declarada en rebeldía. Aduce que presentó el descubrimiento de 

prueba dentro del término correspondiente. No le asiste la razón a 

la parte apelante.

En nuestro ordenamiento jurídico, como se ha mencionado en 

varias ocasiones, existen diversas etapas dentro de los procesos de 

adjudicación en los Tribunales. Cada etapa se sirve de la anterior y 

se organiza para la siguiente. Estas etapas, a su vez, se delimitan 

dentro de un marco o andamiaje legal de procedimientos y 

reglamentos. En conjunto, estas etapas y procedimientos funcionan 

de manera que se salvaguarde el debido proceso de ley y los 

derechos fundamentales de todas las partes. Del juzgador fallar en 

los procedimientos durante alguna etapa, la próxima etapa funciona 

para proveer la oportunidad de corregir esos errores.

Para que estas etapas funcionen correctamente es esencial 

que se respete a los tribunales y las órdenes que estos emiten. Así 

también, el derecho y la administración de la justicia no puede 

parcializarse y analizarse desde un solo lado. Es esencial la 

aplicación de esas cuestiones discrecionales y flexibles, como la 

otorgación de prórrogas con justa causa. 

En el caso ante nos, se observó el buen ejercicio de la 

discreción del juzgador y la flexibilidad para con una parte que 

alegaba estar en búsqueda de representación legal. Lo que no se 

observó fue el respeto a las órdenes emitidas por el Foro Primario. 
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Del expediente se desprende que se le concedieron, al menos, dos

(2) prórrogas para el descubrimiento de prueba, y la parte apelante

las incumplió y causó dilaciones en los procedimientos. 

Así las cosas, y basado en la documentación presentada y la 

transcripción de la vista, es deber de este tribunal reconocerle 

deferencia al Foro Primario. Declarados en rebeldía por el tribunal, 

al amparo de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, correspondía 

la eliminación de las alegaciones y proceder con la vista en su fondo, 

estando en rebeldía.

Una vez en rebeldía, al apelante le asiste el derecho a conocer 

del señalamiento, asistir a la vista, contrainterrogar los testigos de 

la parte demandante, impugnar la cuantía y apelar la sentencia. Así 

las cosas, este Tribunal puede deducir que el foro primario 

salvaguardó los derechos de la parte apelante. Se le informó de la 

fecha de la vista, a la cual acudió. Se le permitió contrainterrogar a 

los testigos y a confrontar la prueba, incluso, ante las objeciones de 

la parte apelada, se le brindó deferencia para completar y realizar 

las preguntas que formuló. Así como también se le notificó de la 

sentencia y su derecho a apelar. 

Por todo lo cual, nos resulta inevitable respetar y conceder la 

deferencia que amerita brindarle al Foro Primario.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la sentencia 

apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones