Número Identificador

SEN2023 _________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

DLJ MORTGAGE

CAPITAL, INC.

APELADO

V.

HERIBERTO TORRES 

VILLANUEVA, et. als.

APELANTES

KLAN202201005

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Carolina

Caso Núm. 

F CD2016-0121

Sobre:

Cobro de Dinero y 

Ejecución de 

Hipoteca por la vía 

ordinaria

Panel integrado por su presidente el Juez Rivera Colón, el Juez 

Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera

Ronda Del Toro, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2023.

Comparece Heriberto Torres Villanueva [en lo subsiguiente, 

“apelante” o “señor Torres Villanueva”] quien nos solicita que 

revisemos la Resolución emitida el 23 de noviembre de 2022, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. En virtud de 

referido dictamen, el foro primario dio por cumplida la fianza de 

no residente presentada por el demandante DLJ Mortgage Capital, 

Inc. y con ello denegó la solicitud de reconsideración a sentencia 

presentada por el señor Torres Villanueva.

Por las razones que expondremos a continuación, 

revocamos la determinación recurrida.

I.

El 4 de febrero de 2016, Citimortgage, Inc. instó una 

demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra 

Heriberto Torres Villanueva, su esposa Ilia Acevedo de Hostos y 
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otros. Reclamaron el pago de $159,318.84 de principal, más

intereses y otros cargos relativos a referida deuda. El 25 de abril 

de 2016, el codemandado Heriberto Torres contestó la demanda. 

Allí alegó, entre otras cosas, que el pagaré objeto de la demanda 

fue transferido a otra institución de nombre DLJ Mortage Capital, 

Inc. El caso fue paralizado administrativamente en dos ocasiones. 

Posteriormente, el 4 de junio de 2019 el demandante presentó 

una Moción Solicitando Sentencia Sumaria. El 7 de septiembre de 

2022, notificada el siguiente 28 de septiembre, el foro primario 

dictó Sentencia Sumaria, en la cual declaró Con Lugar la demanda. 

En desacuerdo, el 12 de octubre de 2022 el señor Torres 

Villanueva solicitó reconsideración. Alegó que el demandante 

original del caso fue Citimortgage, Inc. una corporación foránea, 

la cual está sujeta a lo dispuesto en la Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil, infra, la cual requiere la prestación de una 

fianza a corporaciones extranjeras. Adujo que tal omisión vicia de 

nulidad la sentencia emitida y todo lo efectuado en el caso. 

El 1ro de noviembre de 2022 DLJ Mortgage presentó Moción 

en Oposición a reconsideración y solicitud de paralización de los 

procedimientos. Adujeron que el Tribunal no ha requerido la 

prestación de la fianza, por lo cual no procede la desestimación 

del pleito. Indicaron que están en posición de someter la fianza 

de no residente, cuando se les requiera. Solicitaron a su vez, la 

paralización de los procesos, en virtud de la moratoria otorgada 

por el presidente Joseph R. Biden Jr. el 21 de septiembre de 2022 

hasta el 20 de diciembre de 2022, a consecuencia del paso del 

Huracán Fiona. En respuesta, el 8 de noviembre de 2022, 

notificada el 10 de noviembre, el foro primario declaró Con Lugar

la moción en oposición y concedió tres (3) días para consignar la 

fianza de no residente, por la cantidad de $1,000 dólares. En 
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escrito intitulado Moción sometiendo fianza de no residente de 

fecha 10 de noviembre de 2022, DLJ Mortgage informó la 

prestación de la fianza. Acto seguido, el TPI dio por cumplida la 

orden, según notificación del 23 de noviembre de 2022.

Aun inconforme el señor Torres Villanueva presentó el 

recurso que atendemos en el que alega que:

La sentencia fue dictada sin que se le diese 

cumplimiento a lo dispuesto en la Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil. Erró el TPI al dictar una sentencia 

careciendo de jurisdicción. 

Examinado el Recurso de Apelación, le concedimos término 

a la parte apelada para presentar su posición en torno al recurso

y así lo hizo.

Con el beneficio de ambas comparecencias, revisamos el 

presente recurso.

II.

La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.69.5, 

preceptúa la fianza de una persona demandante quien no es 

residente de Puerto Rico. Esta tiene como propósito ofrecer cierta 

protección a quienes son demandados por personas que no 

residen en Puerto Rico. Diana Martajeva v. Hermán Ferré, 210 

DPR ___ (2022), 2022 TSPR 123; VS PR, LLC v. Drift-Wind, 

Inc., 207 DPR 253, 261 (2021). La norma se asienta en el 

razonamiento de que, cuando un reclamante no reside en nuestra 

jurisdicción, si el demandado prevalece, este puede enfrentar 

dificultades para recuperar los costos que conllevó su defensa. Íd. 

Por ende, la regla procesal se promulgó para garantizar el pago 

de las costas, gastos y honorarios de abogado en pleitos instados 

por personas naturales o jurídicas no residentes. Diana Martajeva 

v. Hermán Ferré, supra; Yero Vicente v. Nimay Auto Corp., 205 

DPR 126, 130 (2020). Esta tiene, además, el propósito de 
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desalentar litigios frívolos e inmeritorios. Diana Martajeva v. 

Hermán Ferré, supra; Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 

15, 20 (1993).

La aludida Regla 69.5 de Procedimiento Civil, que rige la

fianza de los no residentes y estatuye lo siguiente: 

Cuando la parte reclamante resida fuera de Puerto 

Rico o sea una corporación extranjera, el tribunal 

requerirá que preste fianza para garantizar las 

costas, gastos y honorarios de abogados a que pueda 

ser condenada. Todo procedimiento en el pleito se 

suspenderá hasta que se preste la fianza, que no 

será menor de mil dólares ($1,000). El tribunal podrá 

ordenar que se preste una fianza adicional si se 

demuestra que la fianza original no es garantía 

suficiente, y los procedimientos en el pleito se 

suspenderán hasta que se preste dicha fianza

adicional. 

 

Transcurridos sesenta (60) días desde la notificación 

de la orden del tribunal para la prestación de la fianza

o de la fianza adicional, sin que ésta haya sido 

prestada, el tribunal ordenará la desestimación del 

pleito.

No se exigirá la prestación de fianza a las partes 

reclamantes que residan fuera de Puerto Rico cuando: 

(a) Se trate de una parte litigante insolvente que esté 

expresamente exceptuada por ley para el pago de 

aranceles y derechos de presentación; 

(b) Se trate de un(a) copropietario(a) en un pleito que 

involucra una propiedad sita en Puerto Rico y al 

menos otro(a) de los(las) copropietarios(as) 

también es reclamante y reside en Puerto Rico, o 

(c) Se trate de un pleito instado por un(a) comunero(a) 

para la disolución, liquidación, partición y 

adjudicación de bienes sitos en Puerto 

Rico. (Énfasis nuestro).

Por otro lado, la Regla 69.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, preceptúa que, “[l]os Secretarios o las Secretarias, 

alguaciles o alguacilas y demás funcionarios o funcionarias del 

tribunal no podrán aceptar una fianza en ningún pleito o 

procedimiento, a menos que ésta haya sido aprobada por el juez 

o la jueza de la sala ante la cual esté pendiente el pleito o 

procedimiento, salvo la fianza prestada bajo la Regla 69.3.”
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De manera que, las reglas establecen expresamente los 

escenarios en los que se rechaza el requerimiento automático de 

una fianza al reclamante no residente. Yero Vicente v. Nimay 

Auto, supra, pág. 131. Así pues, la Regla 69.5 requiere de forma 

imperativa la imposición de fianza. Por lo tanto, un tribunal no 

tiene discreción para eximir del requisito de fianza a un 

demandante no residente o a una corporación extranjera. Yero 

Vicente v. Nimay Auto, supra, pág. 134. “[E]l lenguaje utilizado 

en la referida regla acota totalmente la discreción del juez 

sentenciador para eximir al demandante no residente del pago de 

la fianza.” Vaillant v. Santander, 147 DPR 338, 347-348 (1998). 

De manera que, conforme a su texto, el Tribunal Supremo ha 

hecho alusión a que "[d]e una lectura de la Regla surge que la 

exigencia de la fianza a un reclamante no residente es de carácter 

mandatorio y todo procedimiento en el pleito queda suspendido 

hasta que se preste". Diana Martajeva v. Hermán Ferré, supra, 

citando a VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., supra, págs. 262-263. El 

foro primario únicamente tiene discreción para establecer la 

cuantía de la fianza, siempre que no sea inferior a mil ($1,000) 

dólares y, en el caso en que el reclamante no la preste, decretar 

la inevitable desestimación de la demanda sea o no con 

perjuicio. VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., supra, págs. 263, 272.

Si el reclamante extranjero que no está exento de prestar 

la fianza falla en presentarla dentro del término de sesenta (60) 

días establecido por la Regla, el tribunal ordenará la desestimación 

del pleito. VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., supra. En suma, el

lenguaje provisto por el cuerpo normativo no es potestativo como 

en algún momento lo fue ("el juez puede ordenar el 

sobreseimiento"), sino que es imperativo ("el tribunal ordenará la 

desestimación del pleito"). VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., supra;
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Yero Vicente v. Nimay Auto Corp., supra. Así, ante el 

incumplimiento con la prestación en el término que dispone la 

Regla, el tribunal está obligado a imponer como sanción la 

desestimación. Íd. El Tribunal Supremo ha expresado que “con 

arreglo a la voluntad legislativa expresada en el lenguaje de

la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, se detiene todo 

procedimiento ante el tribunal hasta que se preste la fianza de no 

residente” [...]. Diana Martajeva v. Hermán Ferré, supra.

En cuanto al último párrafo de la Regla 69.5, supra, allí se 

obliga al juez sentenciador a desestimar el pleito una vez 

transcurren sesenta días a partir de la notificación de la imposición 

de la fianza de no residente sin que se haya pagado ésta. Esta 

Regla se ha interpretado que contiene “un elemento de 

obligatoriedad y de finalidad en armonía con la ‘solución justa, 

rápida y económica de todo procedimiento’ que es la consigna 

anunciada en la Regla 1 [de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V 

R.1]”. Bram v. Gateway Plaza, 103 DPR 716, 717 (1975). Por otra 

parte, el término no es fatal e improrrogable en el sentido de que 

admite excusa fundada para la demora, más si la presentada no 

fuere satisfactoria para el juez, su decisión desestimando la 

demanda tendrá virtualidad de cosa juzgada. Bram v. Gateway 

Plaza, supra, pág. 718. Recientemente el Tribunal Supremo, en 

VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., supra, amplió este 

pronunciamiento para aclarar que “la desestimación debe tener 

finalidad y efecto de cosa juzgada, salvo que el tribunal, en el 

ejercicio de su discreción, decida lo contrario.” Así pues, resolvió

que los tribunales tienen discreción para precisar si el efecto de 

una desestimación bajo la Regla 69.5 es con o sin perjuicio. VS 

PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., supra. Si no especifica que
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desestimación será sin perjuicio, entonces se reputará que es con 

perjuicio. Íd.

A tenor con la antes mencionada normativa, evaluamos.

III.

El apelante alega que el foro primario tenía la obligación de 

asegurarse de la prestación de la fianza de no residente. Por ello, 

menciona que la orden del 8 de noviembre de 2022, la que ordena 

la prestación de la fianza de no residente, después de emitida la 

sentencia, es nula.

El recurrido, por su parte, indica que la sentencia dictada no 

se considera nula pues el demandante cumplió con el pago de la 

fianza una vez esta le fue requerida.

Evaluamos. De la exposición del Derecho aquí reseñado, 

notamos que la prestación de la fianza es un requisito mandatorio 

para todo litigante o corporación extranjera que interesa dilucidar 

una controversia en nuestros foros. La fianza solo se exime en 

contadas excepciones, por lo que, de estas no aplicar, el juez no 

tiene discreción para relevar su prestación. En armonía a ello, la 

Regla 69.5 de Procedimiento Civil, contiene un mandato 

imperativo de que todo procedimiento en el pleito queda 

suspendido hasta que se preste la fianza de no residente y si la 

fianza no se presta dentro de los sesenta días de la notificación de 

la orden del tribunal a esos fines, el tribunal ordenará la 

desestimación del pleito. El Tribunal Supremo ha reiterado estos 

requisitos.

1

 

Ahora bien, según la Regla, el tribunal es quien debe emitir 

la orden para que el reclamante preste la fianza. Por tanto, el 

1 Véase, Diana Martajeva v. Hermán Ferré, supra, citando a VS PR, LLC v. DriftWind, Inc., supra, págs. 262-263
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litigante no residente no gozará de acceso al foro hasta que se le 

fije la fianza y la pague. Esto nos lleva a concluir que la fianza 

debe ser prestada antes de que el foro primario continúe los 

trámites y dicte sentencia. 

La parte apelante alega que la demandante es una 

corporación extranjera, sujeta a la prestación de la fianza de no 

residente. Este hecho no ha sido controvertido.

El 6 de julio de 2019 DLJ Mortgage, como parte 

demandante, solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor. 

A esa fecha el foro primario no le había requerido la prestación de 

la fianza de no residente, según lo estatuye la Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil, supra. Tres años después, el 7 de septiembre 

de 2022, el Tribunal dictó sentencia, aun sin haber ordenado la 

prestación de fianza que exige la aludida Regla 69.5. Este trámite 

resultó ser contrario a lo que establece la normativa vigente. Al 

tratarse de una corporación foránea, el TPI venía obligado a 

ordenarle la presentación de una fianza de no residente y paralizar 

los procedimientos hasta el cumplimiento de la orden. El foro 

primario carecía de discreción para continuar con los 

procedimientos hasta tanto se cumpliera con el requisito 

establecido en la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra. Es 

decir, procesalmente, el foro primario no podía continuar con los 

trámites del caso, ni mucho menos, dictar sentencia, sin haber 

cumplido con el requisito esencial de requerir la prestación de una 

fianza de no residente y paralizar el caso hasta que se prestara la 

fianza ordenada. Es por ello que, el dictar la sentencia, previo 

requerir la prestación de la fianza, es un acto contrario a lo que 

exige nuestro estado de Derecho. 

Luego de recaída la sentencia, la parte peticionaria solicitó 

reconsideración por no haberse cumplido el requisito de la fianza. 
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El foro primario denegó su pedido, a pesar de que la imposición 

de la fianza era mandatoria. Ante ello, la sentencia no se podía 

dictar hasta que se fijara la fianza y la prestara la recurrida y así 

lo decretamos.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se deja sin efecto 

la Sentencia apelada, ya que fue emitida antes de que el Tribunal 

de Primera Instancia requiriera la presentación de la fianza de no 

residente, según dispone la Regla 69.5 de Procedimiento 

Civil, supra. Consecuentemente, devolvemos el caso al foro 

primario para que se dicte nuevamente la Sentencia y se notifique 

ésta. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones