Número Identificador

SEN2024 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

WILSON AVILÉS 

SÁNCHEZ

Recurrente

Vs.

CORPORACIÓN DEL 

FONDO DEL SEGURO 

DEL ESTADO

Recurrida

DIMARIE MÉNDEZ 

MARTINÓ

Interventora

KLRA202300645

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA

procedente de la 

Corporación del 

Fondo del Seguro del 

Estado

Querella Núm:

JA-16-85

SOBRE: Exclusión 

del Registro de 

Elegibilidad e 

Impugnación de 

Convocatoria

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2024.

El 14 de diciembre de 2023, el Sr. Wilson Avilés Sánchez 

(señor Avilés Sánchez o recurrente) compareció ante nos mediante

un Recurso de Revisión y solicitó la revocación de la Resolución que 

se dictó el 31 de octubre de 2023 y se notificó el 17 de noviembre de 

2023 por la Junta de Apelaciones de los Empleados Gerenciales de 

la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (Junta de 

Apelaciones). En lo pertinente, mediante el aludido dictamen, la

Junta de Apelaciones no le concedió una solicitud de sentencia 

sumaria que presentó el recurrente solicitando que se le incluyera 

en la Certificación de Elegibles para un puesto como Asesor Legal V 

en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos el dictamen recurrido.

I.

El 16 de septiembre de 2016, el señor Avilés Sánchez presentó 

una Moción Asumiendo Representación Legal y Apelación ante la 
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Junta de Apelaciones.

1 Mediante esta, indicó que ocupaba el puesto 

de Ejecutivo en Contratación III en la Oficina de Contratación de la

CFSE , poseía un grado de Juris Doctor desde el 28 de mayo de 1999 

y estaba admitido al ejercicio de la profesión de abogado desde el 25 

de enero de 2000. Alegó que el 9 de agosto de 2016, presentó una 

solicitud de empleo para la Convocatoria 49-17 Gerencial de la CFSE, 

para llenar una vacante para ocupar el de Asesor Legal V. Adujo que 

mediante un documento intitulado Notificación sobre Participación 

en Convocatoria, con fecha del 29 de agosto de 2016, la Jefa de la 

División de Reclutamiento le notificó que no fue incluido en la 

Certificación de Elegibles para el puesto solicitado ya que no poseía 

“cinco (5) años de experiencia en la práctica de abogado”.

2

En virtud de lo antes expuesto, el señor Avilés Sánchez

argumentó que la experiencia requerida para el puesto no fue 

evaluada correctamente por la CFSE. Por ello, solicitó lo siguiente: 

(1) su inclusión a la certificación de elegibles; (2) la anulación del 

proceso de certificación y selección que se había llevado a cabo; (3) 

que se dejara sin efecto cualquier nombramiento para el puesto 

vacante en cuestión y, por último; (4) la celebración de un nuevo 

proceso de selección con la participación del recurrente.

En respuesta, el 25 de octubre de 2016, la CFSE presentó una 

Contestación a Apelación mediante la cual negó ciertas alegaciones 

y levantó sus defensas afirmativas.3 Transcurrido un tiempo, el 29 

de septiembre de 2022, el recurrente presentó una Moción para 

Solicitar Sentencia Sumaria.4 En esta, aseguró que no existía 

controversia real con relación a los hechos materiales del caso, por 

lo cual solicitó que se dictara sentencia por la vía sumaria en torno 

a su exclusión del registro de elegibles de la Convocatoria 49-17

1 Véase las págs. 21-25 del apéndice del Recurso. 

2 Íd., pág. 26.

3 Íd., págs. 28-30.

4 Íd., págs. 31-35.
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Gerencial para el puesto de Asesor Legal V. Así pues, expuso once 

(11) hechos que a su juicio no estaban en controversia. Esbozó que 

ha trabajado para la CFSE por más de diecinueve (19) años y que,

al momento de someter su escrito, ocupaba el puesto de Ejecutivo 

en Contratación III en el que, según su criterio, desempeñaba

trabajo típico de abogado. Explicó que en dicho puesto realizaba 

tareas tales como: analizar los contratos a formalizarse o prepararse, 

discutir términos y condiciones de los contratos a formalizarse, 

redactar contratos, verificar que los contratos cumplieran con los 

procedimientos y recomendaciones dentro de la CFSE, entre otras 

tareas a esos fines. Acorde con todo lo anterior, solicitó que se dejara 

sin efecto la acción de la CFSE en la cual lo excluyó de la 

certificación de elegibles del puesto solicitado.

Por su parte, el 11 de octubre de 2022, la CFSE junto a la 

Lcda. Dimarie Méndez Martino (señora Méndez Martino), quien 

compareció al pleito como parte interventora, presentaron, una 

Moción de Sentencia Sumaria.

5 En síntesis, solicitaron la 

desestimación del pleito con perjuicio. Esbozaron que no existía 

controversia en torno a que el señor Avilés Sánchez no poseía la 

experiencia requerida para ocupar el puesto de Asesor Legal V. 

Fundamentaron esta posición bajo el planteamiento de que existía 

una gran diferencia entre el puesto que ocupaba el recurrente y el 

puesto que este estaba solicitando.

De la misma forma, el 28 de noviembre de 2022, la CFSE y la 

señora Méndez Martino presentaron una Oposición Conjunta a 

Moción para Solicitar Sentencia Sumaria.

6 En esencia, alegaron que 

la CFSE actuó conforme a sus reglamentos por lo que no le violentó 

ningún derecho al recurrente. Igualmente, esgrimieron que la CFSE

no abusó de su discreción al determinar que el señor Avilés Sánchez

5 Véase las págs. 1-55 del apéndice del escrito de la señora Méndez Martinó.

6 Véase las págs. 60-79.del apéndice del Recurso. 
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incumplió con el requisito de cinco (5) años de experiencia en la 

práctica de la abogacía que se requería para ocupar el puesto de 

Asesor Legal V.

Habiéndose celebrado una vista argumentativa el 14 de marzo 

de 2023 y evaluada las posturas de las partes, el 31 de octubre de 

2023, la Junta de Apelaciones dictó su Resolución.

7 En esencia, 

concluyó que las funciones entre el puesto de Ejecutivos en 

Contratación III que ocupaba el recurrente y el puesto de Asesor 

Legal V eran puestos con “funciones diametralmente distintas”.

8 Por 

tal motivo, la Junta de Apelaciones razonó que el señor Avilés

Sánchez no podía utilizar su experiencia como Ejecutivo en

Contratos III ya que no podía validarse dicha experiencia para 

justificar la capacidad para ejercer como Asesor Legal V. Así pues, 

determinó que la CFSE resolvió conforme a derecho y no abusó de 

su discreción al no tomar en consideración la experiencia del 

recurrente como Ejecutivo de Contratación III en la selección para 

el puesto de Asesor Legal V. En vista de lo antes expuesto, declaró 

No Ha Lugar la moción dispositiva que presentó el señor Avilés 

Sánchez. 

Inconforme con este dictamen, el 14 de diciembre de 2023, el 

recurrente presentó el recurso de epígrafe y formuló los siguientes 

señalamientos de error:

Erró la Junta de Aplelaciones [sic] al determinar que 

el apelante no realizó labores que constituyen la 

práctica de la abogacía, durante el periodo en que 

ocupó el puesto de Oficial de Contratación en la 

propia C.F.S.E., y que por ende dicha experiencia no 

debe tomarse en cuenta para cumplir los requisitos 

mínimos del puesto.

Erró la junta de apelaciones al sostener la exclusión 

del apelante de la certificación de personas elegibles 

para competir para ser seleccionado para ocupar el 

puesto de Asesor Legal V, por no cumplir los 

requisitos mínimos de cinco años de práctica de la 

abogacía.

7 Íd., págs., 1-18.

8 Íd., pág. 15.
KLRA202300645 5

Atendido el recurso, el 8 de enero le concedimos a la CFSE y 

a la señora Méndez Martino hasta el 16 de enero de 2024 para que 

presentaran su alegato en oposición. Posteriormente, el 16 de enero 

de 2024, le concedimos un término adicional a la CFSE para que 

esta compareciera. Oportunamente, la señora Méndez Martinó 

compareció mediante una Oposición a Recurso de Revisión 

Administrativa Civil y negó que la Junta de Apelaciones cometiera 

los errores que el señor Avilés Sánchez le imputo. Por su parte, el 

16 de febrero de 2024, la CFSE presentó su Oposición a Recurso de 

Revisión Administrativa y de igual forma negó que la Junta 

cometiera los errores que el recurrente le imputó. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes procedemos 

a resolver. Veamos. 

II.

-ALa revisión judicial nos permite asegurarnos que los 

organismos administrativos actúen según las facultades que 

legalmente les fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, 173 DPR 998, 1015 (2008). Particularmente, la revisión 

judicial permite que evaluemos si los foros administrativos han 

cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan su 

función como, por ejemplo, que respeten y garanticen los 

requerimientos del debido proceso de ley que le asiste a las partes. 

Íd. Así, “[l]a revisión judicial garantiza a los ciudadanos un foro al 

que recurrir para vindicar sus derechos y obtener un remedio frente 

a las actuaciones arbitrarias de las agencias”. Íd.

Respecto al estándar que debemos utilizar al intervenir y 

revisar determinaciones administrativas, estamos llamados a 

concederles deferencia y no reemplazar el criterio especializado de 

las agencias por el nuestro. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 

202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Caldero López, 201 DPR 
KLRA202300645 6

26, 35 (2018). Lo anterior, debido a que son estas las que tienen el 

conocimiento especializado sobre los asuntos que se le delegaron. 

Íd. Consonó con lo que antecede, las determinaciones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección, 

la cual subsistirá mientras no se produzca suficiente prueba como 

para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 

215 (2012).

El alcance de nuestra intervención queda incorporado en la 

sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601, et 

seq. (LPAU) que establece, en lo pertinente, que:

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 

en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo.

Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal. 3 LPRA sec. 9675.

De lo anterior, se colige que la revisión administrativa 

comprende tres áreas: 1) si el remedio concedido por la agencia fue 

apropiado; 2) si las determinaciones de hecho que realizó la agencia 

están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo, y 3) si mediante una revisión, completa y absoluta, 

las conclusiones de derecho del ente administrativo fueron 

correctas. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, págs. 35-36; 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); Mun. de San 

Juan v. JCA, 149 DPR 263, 279-280 (1999).

En suma, al revisar las determinaciones e interpretaciones 

del foro administrativo, en un ejercicio de razonabilidad, nos 

limitaremos a analizar si se actuó de modo arbitrario, ilegal o de 

modo tan irrazonable que constituye un abuso de discreción. 
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Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). Si se incurriera en estas 

actuaciones, “entonces cederá la deferencia que merecen las 

agencias en las aplicaciones e interpretaciones de las leyes y los 

reglamentos que administran”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, 

supra, pág. 36. En cuanto a la revisión de las determinaciones de 

hechos, debemos recordar que estas deben sostenerse cuando se 

basen en evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. Íd. Por su parte, las conclusiones de derecho pueden 

revisarse en su totalidad y “se sustituirá el criterio de la agencia 

cuando no se pueda hallar fundamento racional que explique o 

justifique el dictamen administrativo”. Íd.

Es importante destacar que la Sección 3.15 de la LPAU 

dispone que una parte adversamente afectada por una resolución u 

orden parcial o final podrá solicitar reconsideración ante la agencia. 

Así, si la agencia toma alguna determinación en su consideración, 

el término para solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha 

en que se archive en autos una copia de la notificación de la 

resolución de la agencia resolviendo definitivamente la moción de 

reconsideración. Íd. Sobre el particular, el Artículo 1.3 de la LPAU 

define orden o resolución como “cualquier decisión o acción agencial 

de aplicación particular que adjudique derechos u obligaciones de 

una o más personas específicas, o que imponga penalidades o 

sanciones administrativas excluyendo órdenes ejecutivas emitidas 

por el Gobernador. Asimismo, el aludido artículo define orden o 

resolución parcial como “la acción agencial que adjudique algún 

derecho u obligación que no ponga fin a la controversia total sino a 

un aspecto específico de la misma”. Por el contrario, según la LPAU 

las resoluciones u órdenes interlocutorias sólo resuelve asuntos 

procesales del caso ante la agencia. 
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-BEl Reglamento de Personal para los Empleados Gerenciales de 

la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Reglamento Núm. 

6226 de 11 de enero de 2000 (Reglamento), se aprobó con el 

propósito de establecer las normas que deben regir en la 

administración del sistema de personal de la CFSE. Estas normas 

están orientadas en el principio de mérito en cuanto su diseño, 

aplicación e interpretación. Véase Art. 4 del Reglamento.

Referente a las normas de reclutamiento, la Sección 13.1 del 

Reglamento aclara que estas establecerán los requisitos para el 

reclutamiento a base del contenido de las especificaciones de clases. 

De tal manera, en todo momento, los requisitos deberán estar 

directamente relacionado con las funciones esenciales del puesto.

Íd. 

Del mismo modo, el Reglamento establece que las 

oportunidades de empleos de la CFSE se divulgarán por los medios 

más apropiados para cada caso. Véase, Art. 13, sec. 12.2 del 

Reglamento. Asimismo, las convocatorias de reclutamiento deberán 

contener la siguiente información: título de la clase, puesto, 

naturaleza del trabajo, requisitos mínimos, escala de sueldo, fecha 

límite para radicar solicitudes y cualquiera otra información 

indispensable. Íd.

De otra parte, el Reglamento expresa que toda persona que 

interese ser considerada para empleo en la CFSE deberá presentar 

ante el Negociado de Personal una Solicitud de Empleo, conforme lo 

indique la convocatoria anunciada. Véase, Art. 13, sec. 12.3 del 

Reglamento. Además, deberá incluir copia certificada por alguna 

autoridad competente de los diplomas, certificados o documentos

necesarios para la evaluación sobre empleabilidad. Íd. Así, toda 

solicitud de empleo se evaluará para determinar el examen que 

corresponda ofrecerle al solicitante. Íd.
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Ahora bien, le Reglamento estipula que se rechazaran 

solicitudes de exámenes por las siguientes razones:

1. Radicación tardía

2. Ausencia de requisitos mínimos establecidos para 

desempeña el puesto

3. Radicación sin la firma del solicitante en original

4. Conocimiento formal de que los solicitantes:

a) han incurrido en conducta deshonrosa;

b) no están al día en el pago de pensiones alimentarias;

c) han sido convictos por delito grave o por cualquier 

delito que implique depravación moral o corrupción;

d) han sido destituidos del servicio público;

e) son adictos al uso habitual o excesivo de sustancias 

controladas o bebidas alcohólicas; o

f) han realizado o intentado realizar engaño o fraude 

en la información sometida en la solicitud. Íd.

El Reglamento estipula que se notificará por escrito a la persona 

cuya solicitud sea rechazada y la causa del rechazo, apercibiéndole 

de su derecho de apelación ante la Junta de Apelaciones de la 

Corporación. Íd.

III.

En el presente recurso, el recurrente nos solicitó la revocación 

de la Resolución que la Junta de Apelaciones dictó el 31 de octubre 

de 2023 y notificó el 17 de noviembre de 2023. En su primer 

señalamiento de error, indicó que la Junta de Apelaciones incidió al 

determinar que no había realizado labores que constituían práctica 

de la abogacía durante el periodo en que ocupó el puesto de Oficial 

en Contratación III y que por ende dicha experiencia no debía 

tomarse en consideración para cumplir con los requisitos mínimos 

del puesto de Asesor Legal V. Por otro lado, en su segundo 
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señalamiento de error, sostuvo que la Junta de Apelaciones erró al 

mantener su exclusión en la certificación de elegibles para el puesto 

de Asesor Legal V. Veamos.

Por tratarse de asuntos íntimamente relacionados, 

procederemos a discutir los dos (2) señalamientos de error de 

manera conjunta. Conforme surge del expediente ante nuestra 

consideración, el señor Avilés Sánchez ocupó el puesto de Ejecutivo 

en Contratación III desde el 1 de mayo de 2003 hasta el 16 de 

septiembre de 2014 y posteriormente lo volvió a ocupar desde el 11 

de abril de 2016 hasta el presente.

Según se desprende de la clasificación de puesto de Ejecutivo 

en Contratación III, la preparación y experiencia mínima para 

ejercer como tal consiste en poseer un grado de Juris Doctor y tener

al menos dos (2) años de experiencia relacionada a la contratación 

de bienes y servicios. Así, entre los conocimientos, habilidades y 

destrezas mínimas que debería tener toda persona que ejerza dicho 

puesto, se encuentra el tener conocimiento en los principios y 

normas relacionadas a la contratación de bienes y servicios, 

conocimiento en el funcionamiento de la CFSE y conocimientos

considerables en la formación de contratos de bienes y servicios. 

Asimismo, entre los trabajos típicos que ejerce este tipo de 

profesional, se destaca el redactar contratos, documentos

contractuales, requerimientos formales, resoluciones y 

comunicados relacionados y verificar que los contratos cumplan con 

la norma establecida.

En la presente controversia, la CFSE, no consideró el tiempo 

en el que el señor Avilez Sánchez ejerció como Ejecutivo en 

Contratación III como experiencia en la práctica de la abogacía. 

Ahora bien, es sabido que en nuestra jurisdicción no existe una 

definición precisa sobre que significa ejercer la practica como 
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abogado.

9 Dicho concepto, conlleva una definición amplia y 

abarcadora y para determinar en que constituye la práctica de la 

abogacía es necesario realizar un análisis integrar de los hechos. En 

el presente caso, el señor Avilés Sánchez obtuvo su grado de Juris 

Doctor en el 1999 y aprobó el examen de reválida para el ejercicio de 

la abogacía en el 2000. Sin embargo, por más de once (11) años 

estuvo ejerciendo como Ejecutivo en Contratación III, un puesto en 

el cual era necesario poseer cierta pericia en materia de derecho 

particularmente, derecho contractual. Prueba de ello es la 

preparación académica mínima para ese puesto, pues se necesita

un grado Juris Doctor para ejercer como tal. Es decir, para ejercer 

como un funcionario de Ejecutivo en Contratación III, era necesario 

el grado académico que todas las personas necesitan para ser 

abogado y tener algún nivel de conocimiento en la materia de 

derecho contractual dado a que las funciones de ese puesto 

requerían redactar y formalizar contratos.

Nótese que la interrogante en este pleito no es determinar si 

el señor Avilés Sánchez es el más apto para ocupar el puesto de 

Asesor Legal V. Dicha encomienda le corresponde al personal 

encargado del reclutamiento de personal de la CFSE. El 

planteamiento que está ante nuestra consideración es si el señor 

Avilés Sánchez ha ejercido como abogado en todos los años que 

ejerció como Ejecutivo en Contratación III. Dado al tipo de trabajo 

que realizó el recurrente en dicho puesto, es forzoso concluir que el 

licenciado Wilson Avilés Sánchez practicó como abogado en el 

tiempo que fungió Ejecutivo de Contratación III, pues tuvo que 

9 A modo de referencia, véase, S. Steidel Figueroa, Ética para Jurista: Ética del 

Abogado y Responsabilidad Disciplinaria, Ediciones SITUM, 2016, págs. 130-133, 

del cual destacamos el siguiente fragmento:

Determinar que constituye ejercicio de la abogacía no siempre es 

una tarea sencilla. Los criterios que se han articulado son diversos 

y ocasionalmente son vagos e imprecisos. Se ha planteado incluso 

que constituir una definición exhaustiva es imposible. Íd., pág. 

130-131. (citas omitidas)
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utilizar su conocimiento y adiestramiento en materias de derecho 

para poder efectuar adecuadamente su función. Por tal motivo, 

colegimos que la Junta de Apelaciones cometió los dos errores 

señalados y, en consecuencia, revocamos el dictamen recurrido. Por 

consiguiente, corresponde incluir al recurrente en la lista de 

elegibles para el puesto de Asesor Legal V. 

Aclaramos que, con esta determinación, no estamos 

invalidando la selección por parte de la CFSE de la señora Méndez 

Martinó para ocupar el puesto como Asesora Legal V y mucho menos 

estamos cuestionando los méritos de esta última o las razones por 

las cuales la CFSE la consideró como la candidata más idónea para 

ocupar el puesto. En cambio, como mencionamos anteriormente, 

con nuestra determinación estamos resolviendo que el señor Avilés 

Sánchez sí debe incluirse como parte de la lista de las personas 

elegibles para el puesto de Asesor Legal V si surge una vacante en 

la eventualidad. Ello ya que entendemos que los años que ha fungido

como Ejecutivo en Contratación III sí deben considerarse como años 

de práctica como abogado. 

IV.

Por los fundamentos entes expuestos, revocamos el dictamen 

recurrido.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones