EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

In re:

Juan E. Cátala Suárez

2023 TSPR 125

213 DPR ___

Número del Caso: TS-17,953

Fecha: 6 de octubre de 2023

Abogado de Juan E. Cátala Suarez 

Por derecho propio

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida 

del ejercicio de la abogacía por resultar convicto en el foro estatal 

por ciertos delitos en conexión con el ejercicio de la profesión. 

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 

 In re:

 Juan E. Catalá Suárez TS-17,953

Conducta 

Profesional

 

 PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de octubre de 2023.

“[L]a misión de los abogados en 

la sociedad es altamente noble, 

pues están llamados a auxiliar a 

la recta administración de 

justicia. En ellos confían no 

sólo las partes interesadas en los 

pleitos, sino las cortes mismas”.1

En esta ocasión ejercemos nuestra facultad 

disciplinaria y ordenamos la suspensión inmediata e 

indefinida del Lcdo. Juan E. Catalá Suárez (licenciado 

Catalá Suárez o abogado) de la profesión legal por 

resultar convicto en el foro estatal por ciertos 

delitos en conexión con el ejercicio de la abogacía. 

 

1 In re Ortiz Gilot, 117 DPR 167, 168 (1986). Véanse, además: 

In re Siverio Orta, 117 DPR 14, 19 (1986); In re Boscio Monllor, 

116 DPR 692, 698 (1985). 
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Con su conducta, el abogado se apartó de los principios 

de honradez y moral que deben distinguir a quienes 

pertenecemos a esta noble profesión. Dicha conducta denota 

un carácter moralmente corrompido que le incapacita para 

continuar ejerciendo la profesión jurídica en nuestra 

jurisdicción. 

I

El licenciado Catalá Suárez fue admitido a la profesión 

legal el 17 de agosto de 2010. El 21 de septiembre de 2023 

la Secretaría de este Tribunal nos remitió copia de la 

Sentencia de cárcel suspendida y libertad a prueba dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas, en Pueblo de Puerto Rico v. Juan Enrique [Catalá]

Suárez, Casos Criminales: E OP2023G0015, E EG2023G0001 y 

E FJ2023G0005. Según surge del mencionado dictamen, el 

20 de septiembre de 2023 el foro de instancia sentenció al

abogado por cargos de conspiración (Art. 244 del Código 

Penal, 33 LPRA sec. 5334), tentativa de amenaza o 

intimidación de testigo (Art. 283 del Código Penal, 33 LPRA 

sec. 5376) y persuasión de incomparecencia de testigo 

(Art. 281 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5374). 

Específicamente, surge del expediente criminal que el 

licenciado Catalá Suárez intervino con una testigo para que 

cambiara una declaración jurada que ésta había prestado en 

un caso de asesinato y, a su vez, para que no compareciera 

en el proceso penal a ventilarse. 
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Por tales hechos, el tribunal de instancia condenó al 

abogado a la pena de tres (3) años de cárcel en el caso 

E OP2023G0015 (Art. 244 del Código Penal, supra), tres (3)

años de cárcel en el caso E FJ2023G0005 (Art. 281 del Código 

Penal, supra) y cuatro (4) años de cárcel en el caso 

E EG2023G0001 (Art. 283 del Código Penal, supra). Se dispuso 

que las penas serían cumplidas de forma concurrente y, 

además, se impuso el pago de $300 de la pena especial por 

cada caso. Asimismo, se ordenó la suspensión de la sentencia 

a tenor con lo dispuesto en las leyes aplicables, sujeto a 

varias condiciones establecidas en la sentencia. 

Luego de tomar conocimiento del fallo condenatorio por 

medio de la Secretaría de este Tribunal, el 26 de septiembre 

de 2023 emitimos una Resolución mediante la cual le 

concedimos al licenciado Catalá Suárez un término de diez 

(10) días, contado a partir de la notificación de la 

Resolución, para que mostrara causa por la cual no debía ser 

suspendido de la abogacía en nuestra jurisdicción, conforme 

a lo dispuesto en la Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 

1909, 4 LPRA sec. 735. 

El 5 de octubre de 2023, el abogado compareció ante 

este Tribunal mediante una Moción en cumplimiento de 

Resolución y/[u] Orden. En su escrito aseguró entender que 

no era prudente ni propio practicar el ejercicio de la 

abogacía durante el cumplimiento de su sentencia.
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II

En múltiples ocasiones hemos manifestado que este Foro 

tiene el poder inherente de reglamentar el ejercicio de la 

abogacía en nuestra jurisdicción. In re Reyes Martínez, 

207 DPR 536, 539 (2021); In re Santiago Maldonado, 206 DPR 

1029, 1039 (2021); In re Villalona Viera, 206 DPR 360, 369 

(2021). Así, este Foro puede desaforar o suspender por un 

término específico a los integrantes de la profesión legal 

que no sean aptos para ejercer tal ministerio. 

In re Santamaría Torres, 208 DPR 383, 385-386 (2021); 

In re Ortiz Abrams, 194 DPR 492, 495 (2016). 

La Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, provee 

un procedimiento de separación sumaria de la profesión legal 

en aquellos casos en los que recaiga un dictamen de 

culpabilidad en contra de un abogado. In re Peluzzo Perotín, 

195 DPR 323, 327 (2016), citando a S. Steidel Figueroa, 

Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, 

Pubs. JTS, 2010, pág. 356. En lo pertinente, la mencionada 

disposición expone lo siguiente:

El abogado que fuere culpable de engaño, 

conducta inmoral (malpractice), delito grave 

(felony) o delito menos grave (misdemeanor), 

en conexión con el ejercicio de su profesión

o que fuere culpable de cualquier delito que 

implicare depravación moral, podrá ser 

suspendido o destituido de su profesión por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico. La persona 

que siendo abogado fuere convicta de un delito 

grave cometido en conexión con la práctica de 

su profesión o que implique depravación moral, 

cesará convicta que fuere, de ser abogado o de 

ser competente para la práctica de su 
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profesión. (Énfasis en el original y negrilla 

nuestra).

Así pues, dicho mecanismo dispuesto en la Sec. 9 de la 

Ley de 11 de marzo de 1909, supra, hace innecesario el 

proceso disciplinario ordinario fijado en la Regla 14 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B. In re Peluzzo 

Perotín, supra, págs. 327-328.

Sabido es que las funciones inherentes al profesional 

del Derecho como oficial del Tribunal provocan que un 

abogado convicto según lo dispuesto en la Sec. 9 de la Ley 

de 11 de marzo de 1909, supra, no pueda descargar sus deberes 

éticos profesionales. In re Peluzzo Perotín, supra, 

pág. 328; In re Zúñiga López, 177 DPR 385, 389 (2009). 

Cuando un abogado se declara culpable de un delito en 

conexión con el ejercicio de la profesión legal y de hechos 

que implican depravación moral y falta de honradez, 

corresponde su separación de la profesión. In re Castro 

Ward, 202 DPR 168, 170 (2019); In re Vázquez Torres II, 

182 DPR 853, 855 (2011). 

 III

Luego de evaluar el expediente del licenciado Catalá 

Suárez, queda claro que éste fue declarado convicto por los 

delitos de conspiración (Art. 244 del Código Penal, supra), 

tentativa de amenaza o intimidación de testigo (Art. 283 del 

Código Penal, supra) y persuasión de incomparecencia de 

testigo (Art. 281 del Código Penal, supra) y así fue 
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sentenciado el 20 de septiembre de 2023 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. 

En vista de que el abogado cometió delitos graves en 

conexión con el ejercicio de su profesión, es evidente que 

está incapacitado para practicar la profesión legal y ello 

constituye motivo suficiente para suspenderlo de la abogacía 

en Puerto Rico. Por consiguiente, en conformidad con lo 

establecido por la Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, 

supra, y con nuestra facultad para reglamentar la profesión 

legal, se decreta la suspensión inmediata e indefinida del 

licenciado Catalá Suárez del ejercicio de la abogacía. 

IV

Por las razones antes expuestas, ordenamos la suspensión

inmediata e indefinida del Lcdo. Juan E. Catalá Suárez del 

ejercicio de la abogacía. 

En consecuencia, el señor Catalá Suárez deberá notificar 

inmediatamente a todos sus clientes sobre su inhabilidad 

para continuar representándoles. Asimismo, deberá devolver 

a sus clientes los expedientes de los casos pendientes, así 

como los honorarios recibidos por trabajos no realizados. 

De igual manera, deberá informar inmediatamente de su 

suspensión a cualquier foro judicial y administrativo en los 

que tenga algún asunto pendiente y acreditar a este Tribunal 

el cumplimiento con lo anterior, incluyendo una lista de los 

clientes y los foros a quienes les notificó de su suspensión, 

dentro del término de treinta (30) días, contado a partir 
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de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia. 

No hacerlo pudiera conllevar que no se le reinstale a la 

práctica de la profesión legal, de solicitarlo en el futuro.

Se dictará Sentencia en conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 In re:

 Juan E. Catalá Suárez TS-17,953

Conducta

Profesional

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 6 de octubre de 2023. 

Por los fundamentos expuestos en la Opinión 

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte 

íntegra de la presente Sentencia, se ordena la 

suspensión inmediata e indefinida del Lcdo. Juan E. 

Catalá Suárez del ejercicio de la abogacía. 

El señor Catalá Suárez deberá notificar 

inmediatamente a todos sus clientes sobre su 

inhabilidad para continuar representándoles. 

Asimismo, deberá devolverles los expedientes de los 

casos pendientes, así como los honorarios recibidos 

por trabajos no realizados. De igual manera, deberá 

informar inmediatamente de su suspensión a cualquier 

foro judicial y administrativo en los que tenga algún 

asunto pendiente y acreditar a este Tribunal el 

cumplimiento con lo anterior, incluyendo una lista de 

los clientes y los foros a quienes le notificó de su 

suspensión, dentro del término de treinta (30) días, 

contado a partir de la notificación de la Opinión 

Per Curiam y esta Sentencia. No hacerlo pudiera 

conllevar que no se le reinstale a la práctica de la 

profesión legal, de solicitarlo en el futuro.

Notifíquese. 
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Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del 

Tribunal Supremo. 

 Javier O. Sepúlveda Rodríguez 

 Secretario del Tribunal Supremo