Número Identificador

RES2024 _________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

JAIME CARRERO 

AVILÉS

Peticionario

v.

EREDIA NIEVES 

GALARZA

Recurrida

KLAN202400052

Consolidado con

KLAN202400189

Apelación acogida como 

certiorari

Procedente del Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de MAYAGÜEZ

Caso Núm.:

AÑ2023CV00261

Sobre:

Liquidación de Comunidad 

Post Ganancial

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla 

Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2024.

Por virtud del recurso de apelación KLAN202400052, el Sr. Jaime 

Carrero Avilés (en adelante, señor Carrero) nos solicitó la revisión judicial 

y revocación de tres (3) diferentes órdenes emitidas en el caso de epígrafe 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (en 

adelante TPI o foro primario). 

Mediante la primera de estas, el TPI resolvió que la Sra. Eredia 

Nieves Galarza (en adelante, señora Nieves) no renunció a la 

administración del negocio Funeraria y Floristería Jalvin, Inc.; que esta está 

ávida para continuar como administradora y mantuvo el nombramiento de 

ambas partes como administradores del mencionado negocio. En la 

segunda, se le ordenó al apelante mostrar causa por la cual no debía 

encontrársele incurso en desacato civil, señalándose audiencia para ello y 

en la última, se le impuso una sanción de $500.00.

De otra parte, a través de la presentación del recurso 

KLAN202400189 ocurrida el 29 de febrero de 2024, este ausculta la 
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revocación de la Resolución y Orden emitida y notificada por el foro primario 

el 9 de febrero del año en curso. 

Evaluados estos recursos, comenzamos con aclarar que las 

determinaciones sobre las que el señor Carrero interpuso ambos recursos 

son de naturaleza interlocutoria. Por tal razón, el vehículo procesal correcto 

para recurrir en revisión judicial de estas, es el certiorari y no la apelación. 

Siendo ello así, se acogen estos como unos de certiorari aunque, en ánimos 

de una resolución justa, rápida y económica, conservarán su identificación 

alfanumérica. Así establecido, y al amparo de la discreción que nos concede 

la Regla 80.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, también decretamos consolidarlos. Asimismo, y tal cual nos 

autoriza a hacer la Regla 7(B)(5), prescindimos de la comparecencia de la 

señora Nieves frente al recurso KLAN202400189.

Resuelto como arriba detallado, adelantamos que luego de estudiar 

minuciosamente ambos legajos, resolvemos denegar la expedición de 

ambos. Veamos.

I

El 13 de septiembre de 2023, el señor Carrero instó una Demanda 

sobre división de comunidad de bienes contra la señora Nieves. En esta, el 

señor Carrero señaló que entre las partes una vez existió una Sociedad Legal 

de Gananciales que a esa fecha no había sido dividida. Igualmente, indicó 

que entre los bienes gananciales de las partes se encuentra en marcha un 

negocio conocido como Funeraria Jalvin. Añadió que, conforme la sentencia 

de divorcio las partes acordaron que la administración de este, sería 

conjunta hasta la liquidación y que, contrario a lo estipulado, la señora 

Nieves incautó el negocio y su administración sin reportar ni dividir sus 

ingresos, realizando inclusive, cambios a su solo nombre en los registros, 

corporaciones y cuentas bancarias de este. El apelante solicitó en su 

demanda que se nombrara al hijo de las partes como administrador 
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interino, así como el inventario, avalúo y la división de los bienes y deudas 

gananciales. 

El 7 de octubre de 2023 la apelada contestó la Demanda y sometió 

Reconvención contra el apelante. Al así hacer, negó haberse incautado del 

negocio, alegó que fue el apelante quien en un inicio se adjudicó la función 

de administrador, relevándola a gestiones que no guardaban relación con 

el manejo de este. La apelada, señaló que posteriormente el señor Carrero 

abandonó la coadministración del negocio, obligándole a administrarlo en 

su totalidad. También le imputó el obstaculizar la sana administración del 

negocio y poner en riesgo la vigencia de licencias, teniendo que recurrirse 

al tribunal en solicitud de remedios urgentes.

Asimismo, la señora Nieves aseveró que el hijo de las partes se 

presentó en el negocio indicando que había sido designado por el señor 

Carrero como administrador, impidiéndole a la demandada ejercer su rol 

de codueña y coadministradora. Igualmente, indicó que recientemente el 

Departamento de Salud le notificó sobre una solicitud de cambio de director 

funerario y de la incongruencia de la firma registrada con la de ella, la que 

aseveró fue falsificada, pues nunca sometió tal petición. 

Por su parte, y a modo de reconvención, la señora Nieves reclamó 

que el señor Carrero le ha privado del uso y disfrute de su propiedad. De 

la misma manera, y entre otras cosas, alegó que este incurrió en deudas 

personales que en nada beneficiaron a la Sociedad Legal de Gananciales. 

Expresó de igual forma, que como consecuencia de la negligencia del señor 

Carrero en el manejo del negocio tuvo que incurrir en deuda para poder 

adquirir un vehículo fúnebre, que este ha autorizado al hijo de las partes a 

vender y disponer activos del negocio sin autorización de ella, así como a 

cambiar las cerraduras del negocio e impedirle su entrada. Por ello, también 
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solicitó la liquidación de la comunidad de bienes entre ella y el señor 

Carrero.1

Posteriormente la apelada, el 12 de octubre de 2023, sometió Urgente 

solicitud en la que indicó que al acuerdo de coadministración que fue 

emitido en la sentencia de divorcio es objeto de la intervención de terceras 

personas que no tienen interés propietario sobre el negocio, afirmó que no 

tiene impedimento para administrar este y rechaza la imposición del hijo 

de las partes como administrador. Así, y con miras a preservar el caudal, 

solicitó la celebración de una audiencia urgente. El 1 de noviembre de 2023, 

el señor Carrero se opuso a este escrito. Al así hacer, asevera que la 

incautación al negocio que la señora Nieves señala es imputable al hijo de 

las partes, quien no es parte en el caso. Asimismo, asevera que para que 

pueda concederse un remedio provisional tiene que notificársele 

adecuadamente a las partes y la celebración de una audiencia. 

El 10 de noviembre de 2023, el TPI señaló una vista para el 27 de 

noviembre de 2023. También, emitió Resolución y Orden en la que le ordenó 

a la señora Nieves a acreditar previo a la audiencia señalada las licencias 

que posee para operar el negocio, así como la alegada renuncia a la 

coadministración que señala en su escrito por parte del señor Carrero. Ese 

día, esta sometió Moción en cumplimiento de Orden en la que señaló los 

documentos que acompañó con su escrito que acreditaban la alegada 

renuncia a la coadministración. En documento aparte, también sometió 

copia de Certificación Director Funerario expedido a su nombre por el 

Departamento de Salud.

Llegado el día de la audiencia, el señor Carrero presentó Moción 

urgente sometiendo prueba documental en la que sometió copia de Certificación 

1 En esa misma fecha, la señora Nieves instó una Solicitud bajo la Regla 56 en la que por las 

razones allí consignadas reclamó que la orden de coadministración que se incluyó en la 

sentencia de divorcio continúa vigente, por lo que solicitaba que el TPI así lo reafirmara y 

apercibiera que el impedimento u obstaculización de esta constituía desacato.
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de Director Funerario expedido por el Departamento de Salud a nombre de 

Jaime Carrero Nieves como Director Funerario para la Funeraria Floristería 

Jalvin Inc.; Escritura Número 110 de Poder General en la que confiere poder 

general a su hijo Jaime Carrero Nieves; Orden de detención temporera para 

que una persona sea evaluada por un psiquiatra expedida por el Tribunal 

Municipal de Añasco contra la señora Nieves; correo electrónico del 6 de 

noviembre de 2023 y Formulario para informantes y directores funerarios. 

Habiéndose celebrado esta, el TPI dispuso lo siguiente: 

En este caso no se va a nombrar a un Administrador Judicial porque 

tiene[n] las partes conscientes, tienen sus permisos al día y están 

ávidos para poder ejercer la administración de su propio negocio. 

En este caso, la presunción de capacidad se presume, mientras no 

se presente prueba en contrario, aquí hay una presunción de 

capacidad. Así las cosas, no se tomará en consideración la orden de 

detención temporera para que una persona sea evaluada por un 

psiquiatra. 

Con la prueba presentada, se reactiva la coadministración del 

negocio de la funeraria por ambas partes. Ambas partes, tendrá[n]

el derecho de coadministración y la única autorizada en este caso 

para ejercer la función de director Funerario va a [ser] la señora 

Eredia Nieves Galarza. Ninguna otra persona estará autorizada en 

este caso a ejercer la función de Director Funerario del bien o del 

negocio ganancial hasta tanto otra situación se disponga por este 

Tribunal. Se va a emitir la orden correspondiente. Pero, en cuanto 

al particular, la coadministración se reactiva tal como acordado en 

la sentencia de divorcio por las propias partes. 

Este Tribunal se reitera que, quien único está autorizado a ejercer la 

función de Director Funerario será la señora Eredia Nieves Galarza. 

Ninguna otra persona va a entrar en el negocio, quien va a 

administrar es o será el señor Jaime Carrero Avilés con la señora 

Eredia Nieves Galarza. Ese es el negocio ganancial de ambas partes 

y hasta tanto otra cosa se disponga, así es que va a suceder.2

El 28 de noviembre de 2023, la señora Nieves sometió una Moción 

informativa en la que anunció que el hijo de las partes cambió la cerradura 

del negocio ganancial, por lo que no tiene llave para poder entrar y acceder 

el negocio del cual por virtud de la orden es coadministradora. Asimismo, 

indicó que al día siguiente estaría asistiendo en horas de la mañana, lo que 

le fue notificado al señor Carrero, y que lo haría en compañía de un Notario 

2 Véase, Minuta de la vista celebrada el 27 de noviembre de 2023; página 77 del Apéndice.
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Público para levantar un acta del estado en que se encuentra el negocio al 

momento de su regreso. 

Al día siguiente, esta sometió una Solicitud de desacato en la que 

señaló que, al comparecer al negocio, tanto el señor Carrero como el hijo de 

ambos le negaron acceso, la maltrataron, humillaron y le indicaron que el 

único dueño de la funeraria era éste y que estos actos fueron realizados en 

presencia del Notario Público, quien levantó Acta. La señora Nieves 

sometió copia del acta con su escrito. Ante ello, solicitó que se encontrara al 

señor Carrero incurso en desacato y se ordenara su arresto. En esa fecha, el 

foro primario le impuso una sanción de $500.00 al señor Carrero por 

incumplir con su orden. En cuanto a la solicitud de desacato, de forma 

separada, el foro primario emitió Orden para mostrar causa por desacato civil 

en la que informó que se había señalado una vista para el 18 de enero del 

año en curso, citándole a comparecer.

El 11 de diciembre de 2023, el señor Carrero instó Solicitud de 

Reconsideración en la que, si bien señala que no tiene reparo en cuanto al 

dictamen que restablece la coadministración del negocio por ambas partes, 

manifestó sí tenerlo en cuanto a varios asuntos consignados en la orden. 

Estos son: 

- La orden indica que la vista es de coadministración, cuando 

realmente trataba de una bajo la Regla 56 de Procedimiento 

Civil.

- La audiencia celebrada no constituyó una audiencia 

evidenciaria pues la señora Nieves nunca presentó prueba 

acreditando su reclamo, por lo que no fue contrainterrogada.

- Durante la audiencia celebrada no se presentó prueba que 

permitiera que el TPI concluyera, como hizo en la orden, que la 

señora Nieves no ha renunciado a ser la administradora y está 

ávida para continuar ejerciendo el rol de administradora.3

- La orden emitida indica que se mantiene el nombramiento de 

ambas partes como administradores, más realiza un 

3 Aunque admite que la capacidad se presume, el señor Carrero señaló tener prueba directa 

de mensajes de texto enviados por la señora Nieves desde su celular que contradicen tal 

aseveración y constituyen admisión de parte. En su escrito, procedió a hacer un desglose

de su contenido.
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apercibimiento sobre incumplimiento dirigido solamente a él, 

debiéndose haber hecho dirigido a ambas partes.

- La administración de un negocio dirigido a servicios funerarios 

no es posible solo con las partes envueltas, requiriéndose como 

mínimo 5 personas trabajando en él.

- El Poder general otorgado por el señor Carrero en favor del hijo 

de ambas partes es lícito.

- El Acta Notarial lo que recoge es un intercambio de palabras, 

más no demuestra que se haya impedido la entrada. Más con 

solo esta, el TPI impuso una sanción de $500.00, sin siquiera 

darle oportunidad de expresarse al respecto. 

Basándose en lo señalado, el señor Carrero le solicitó al TPI 

reconsiderar las órdenes y que mantuviera única y exclusivamente aquella 

relacionada a la coadministración del negocio. El 22 de diciembre de 2023, 

el TPI emitió Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud 

de reconsideración del señor Carrero. 

Inconforme, el 17 de enero de 2024 este acudió ante nos mediante el 

recurso KLAN202400052 y le imputó al TPI equivocarse al emitir una orden 

provisional bajo la Regla 56 sin la celebración de una vista evidenciaria y al 

expedir orden para mostrar causa por desacato e imponerle una sanción de 

$500.00. 

Atendido el recurso, el 19 de enero de 2024, emitimos Resolución en 

la que le concedimos a la señora Nieves 30 días para someter su posición. 

En cumplimiento con ello sometió Oposición a expedición del auto bajo la Regla 

37 y solicitud de desestimación. En cuanto a la desestimación, argumenta que 

la moción de reconsideración que el señor Carrero sometió ante el foro 

primario no interrumpió el término para acudir en revisión judicial. 

Primero, porque en cuanto a la coadministración ordenada, en dicho escrito 

se allanó a la misma por lo que está impedido de cuestionarla ante nosotros 

como hizo al discutir su primer señalamiento de error. Segundo, según 

argumenta, el derecho utilizado como base para solicitar la reconsideración 

no fue el correcto. Además, la señora Nieves plantea que el segundo 

señalamiento de error, analizado bajo los criterios de la Regla 40 de nuestro 
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Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, carece de alguno de los elementos 

que dicha regla establece para que, a manera de excepción, decidamos 

intervenir.

4

Cabe señalar que estando pendiente de resolverse el recurso 

KLAN202400052, con fecha del 6 de febrero de 2024, la señora Nieves 

sometió ante el foro apelado, una Urgente moción informativa en la que le 

indicó al tribunal que debido al reiterado incumplimiento por parte del 

señor Carrero con la orden para que sea ella quien ejerza como Directora 

Funeraria, el Departamento de Salud notificó que no otorgará más permisos 

especiales por enterrar sin permisos. Asimismo, señaló que, pese a lo 

previamente ordenado en el caso, al momento de someterse el escrito 

continuaba sin copia de las llaves de la funeraria, ni acceso a los 

documentos. También indicó que tanto el hijo de las partes como una 

empleada identificada como Sonia Miranda le impedían entrar. 

En respuesta a este escrito, el señor Carrero presentó una Moción 

informativa, en oposición a solicitud de orden y solicitud de descalificación. En 

síntesis, y sobre lo alegado en su contra, afirma que mediante los distintos 

escritos que ha sometido la señora Nieves, esta intenta desviar la atención 

del Tribunal sobre la naturaleza de la acción. Entiéndase, una división de 

comunidad de bienes. Asimismo, expone las razones que a su criterio 

justifican la descalificación de la Lcda. Griselle Sepúlveda, como abogada.

Atendidos ambos, el 9 de febrero de 2024, el TPI dictó Resolución y 

Orden, en la que, tras exponer y resumir varias determinaciones alcanzadas 

y destacar ciertos detalles, declaró No Ha Lugar la descalificación 

solicitada. Ahora, el foro primario consideró necesario señalar una vista 

evidenciaria de desacato para “atender el asunto de la dilación en el 

cumplimiento de la ORDEN de coadministración del negocio.” Por tal 

razón, citó una audiencia de desacato para el 28 de febrero de 2024. 

4 En cuanto a la desestimación solicitada, resolvemos No Ha Lugar.
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Asimismo, y ante las alegaciones levantadas contra terceras personas que 

alegadamente intervienen con las órdenes ya emitidas, ordenó la 

expedición de una citación dirigida a Jaime Carrero Nieves y contra Sonia 

Miranda Ramos para que comparecieran a la vista señalada.

Ante este dictamen, el señor Carrero insto el recurso 

KLAN202400189 y señaló que el TPI erró al:

[...] ordenar la coadministración por las partes del Negocio en 

marcha y no por tercero, anulando de facto una escritura de poder 

otorgada por el demandante Jaime Carrero Avilés apoderando a su 

hijo Jaime Carrero Nieves.

[...] señalar una vista evidenciaria de desacato, particularmente 

citando a Jaime Carrero Nieves y Sonia Miranda Ramos quienes no 

son parte en este proceso.

[...] no descalificar a la Lcda. Griselle Sepúlveda Chavier como 

abogada de la parte demandada-apelada.

II

-AEl vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. McNeil 

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); 800 Ponce de 

León v. AIG, 205 DPR 163 (2020). La determinación de expedir o denegar 

este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción 

judicial. Íd. De ordinario, la discreción consiste en “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723, 729 (2016). Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica 

la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo 

abstracción del resto del derecho.” Íd.

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil 
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Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp et al., 202 

DPR 478 (2019). La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un 

recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u orden bajo 

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 800 Ponce de León v. 

AIG, supra. Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, en asuntos relacionados a privilegios 

evidenciarios, en casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones 

de familia, en casos revestidos de interés público o en cualquier situación 

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.” McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra. 

El examen de estos autos discrecionales no se da en el vacío o en 

ausencia de otros parámetros. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 

supra, a la pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra. Para ello, la Regla 40 

de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a tomar en 

consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari.

5

Estos, pautan el ejercicio sabio y prudente de la facultad discrecional 

judicial. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La 

delimitación que imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como 

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de controversias 

que pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación.” 

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra.

5 Estos son: si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho; si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema; si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia; si el asunto 

planteado exige una consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados; si la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso es la más propicia para su consideración; si la expedición del auto o de 

la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio; si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
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III

Como ya dijimos, mediante la presentación del recurso 

KLAN202400052, el señor Carrero afirma que se equivocó el TPI al emitir 

una orden provisional bajo la Regla 56 sin la celebración de una vista 

evidenciaria y al expedir orden para mostrar causa por desacato e 

imponerle una sanción de $500.00. Por su parte, en el KLAN202400189, 

asevera que los errores cometidos se debieron a la emisión de una orden de 

coadministración que no contempla el Poder General que otorgó en favor 

de su hijo, a citar a este último y a otro tercero ajeno al caso a comparecer a 

la vista de desacato y a la negativa de descalificar a la Lcda. Griselle 

Sepúlveda Chavier.

El recurso KLAN202400052 ausculta, entre otras cosas, la revisión 

judicial de la determinación discrecional de conceder un remedio 

provisional bajo la Regla 56 de Procedimiento Civil, supra. Siendo ello así,

estamos ante él frente a una de las instancias en la que, por virtud de la 

Regla 52 del mismo cuerpo de reglas, podríamos expedir el auto 

discrecional de certiorari. El resto de los señalamientos levantados en dicho 

recurso, sí como aquellos sometidos y discutidos en el recurso 

KLAN202400189, tratan sobre asuntos no contemplados por la citada regla.

6 Estos, conforme el derecho aplicable, deben ser evaluados al crisol de los 

elementos señalados por la Regla 40 de nuestro Reglamento, citados en la 

nota al calce número 4 de esta Sentencia.

Examinados ambos recursos y analizados los argumentos que el 

señor Carrero levanta para impugnar las decisiones recurridas, no 

6 Reconocemos que nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho de toda persona de 

recurrir en revisión judicial de cualquier determinación interlocutoria que a su juicio se 

haya emitido erróneamente o sea contraria a derecho. No obstante, ante la protesta que 

levanta el señor Carrero en cuanto a que la solicitud de remedios provisional que la señora 

Nieves sometió y la especial atención que el foro primario le ha brindado, atrasa la 

resolución de su solicitud de liquidación de la comunidad. Entendemos meritorio 

recordarle que la continua interpelación de recursos apelativos como los de epígrafe para 

auscultar la revisión judicial de determinaciones interlocutorias, pudieran acarrear el 

mismo efecto, particularmente si el foro primario en deferencia decide esperar por el 

trámite apelativo antes de continuar con los procedimientos.
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identificamos presente alguno de aquellos factores enunciados en la Regla 

40 de nuestro Reglamento para determinar la expedición del auto 

discrecional del certiorari. No nos parece que las decisiones recurridas sean

contrarias a derecho, ni que en estas haya mediado prejuicio, parcialidad 

por parte del TPI o que la expedición del auto evite el fracaso de la justicia, 

mereciendo, pues, nuestro respeto.

Siendo ello así, denegamos la expedición del auto de certiorari 

solicitado.

IV

Por los fundamentos arriba expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado por el Sr. Jaime Carrero Avilés.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones