Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO

Parte Peticionaria

v.

JUAN MELÉNDEZ 

SUÁREZ

Parte Recurrida

KLCE202400479

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Carolina

Crim. núm.: 

F VI2023G0008

Sobre: 

A95/Asesinato 

Atenuado

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 

Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2024.

Comparece el Pueblo de Puerto Rico, representado por la 

Oficina del Procurador General y nos solicita que revoquemos la 

determinación tomada en corte abierta el 8 de abril de 2024 y 

notificada mediante Minuta-Resolución el 10 de abril de 2024, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. Mediante 

el referido dictamen, el TPI no permitió al Ministerio Público que 

presentara un récord de la compañía T-Mobile1, para corroborar que 

el 6 de abril de 2022, el número de teléfono (787) 598-46332 le 

pertenecía al señor Juan Meléndez Suárez.

Examinada la solicitud del Procurador General, así como el 

escrito en oposición a la expedición del recurso presentada por el Sr. 

Juan Meléndez Suárez, y tras un estudio del expediente de autos, 

resolvemos expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen 

recurrido. 

1 Identificación Número 11, de Ministerio Público. 

2 Durante el juicio (5 de abril de 2024) la Agente Karla Millán Pastrana en su 

directo testificó que durante la etapa investigativa el señor Juan Meléndez Suárez 

compareció al cuartel de la policía acompañado de su abogado y voluntariamente 

informó su nombre completo, dirección residencial y el número de teléfono celular 

(787) 598-4632. Durante la investigación la Agente Millán Pastrana descubrió 

que el último dígito del número informado por el señor Juan Meléndez Suárez, 

era incorrecto. El número de celular correcto era (787) 598-4633. 
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I.

Por hechos acontecidos el 6 de abril de 2022, en Carolina 

Puerto Rico, el Ministerio Público presentó cuatro denuncias contra 

el señor Juan Meléndez Suárez, una por violación al Artículo 95 de 

Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5144, sobre asesinato 

atenuado, al disparar con propósito y mortalmente al señor 

Clemente Rosario como consecuencia de una súbita pendencia; otra 

por infracción al Artículo 249 (c) del Código Penal de 2012, 33 LPRA 

sec. 5339, sobre riesgo a la seguridad pública por disparar un arma 

de fuego; así como dos violaciones a los Artículos 6.05 y 6.14 de la 

Ley Núm. 168-2000, Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA secs. 

466d y 466m, por portación ilegal de un arma de fuego, y disparar

o apuntar con un arma de fuego. El 11 de abril de 2022 se encontró 

causa para arresto contra el señor Meléndez Suárez por las cuatro 

denuncias. Celebrada la vista preliminar se determinó causa para 

juicio por tres de las cuatro denuncias3. 

Así las cosas, el 22 de febrero de 2023, el Ministerio Público 

presentó las correspondientes acusaciones. Como parte de los 

procedimientos y relacionado a nuestra controversia, el 12 de abril 

de 2023, el Ministerio Público le entregó a la representación legal del

acusado el récord de T-Mobile del teléfono (787) 598-4633 a nombre 

de Juan Meléndez Suárez y la declaración jurada de Joe Rico, 

custodio de récord de T-Mobile. 

Iniciado el juicio en su fondo, el Ministerio Público intentó que 

se admitiera en evidencia la Identificación Número 11 sobre el récord 

de T-Mobile4, durante el testimonio de la Agente Karla Millán 

Pastrana. La representación legal del señor Meléndez Suárez objetó 

su admisibilidad porque constituía prueba de referencia. Por su 

3 No se encontró causa por el Artículo 249 (c) del Código Penal de 2012.

4 Está compuesta de tres documentos: Subpoena del 20 de marzo de 2023 enviado 

a la compañía T-Mobile; la declaración jurada del señor Joe Rico, custodio del 

récord en T-Mobile; y el récord que indica que el 6 de abril de 2022 la cuenta 

estaba activa con el número (787) 598-4633 a nombre de Juan Meléndez Suárez.
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parte, el Ministerio Público argumentó que el récord de negocio de 

T-Mobile podía autenticarse mediante declaración jurada conforme 

a la Regla 902, 32 LPRA Ap. VI R. 902, y admisible conforme a la 

Regla 805(f) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R.805(f), como una 

excepción a la prueba de referencia.

Luego de los correspondientes argumentos y memorandos, el 

TPI, sin pronunciarse sobre la autenticidad, determinó no admitir el 

récord de T-Mobile al concluir que era una declaración testimonial

bajo la doctrina de Crawford v. Washington 541 US 36 (2004); Pueblo 

v. Pérez Santos 195 DPR 262 (2016) y Pueblo v. Berrios López,179 

DPR 950 (2010). El foro primario concluyó que el carácter 

“testimonial” lo creó el Ministerio Público cuando le requirió a TMobile vía Subpoena el récord del teléfono celular del señor Juan 

Meléndez Suárez.

5

Ante dicho dictamen el Ministerio Público solicitó 

reconsideración y el 24 de abril de 2024, fue declarada no ha lugar.

Inconforme, el 30 de abril de 2024, el Estado, a través de la 

Oficina del Procurador General, incoó el presente recurso de 

certiorari y apuntó el siguiente señalamiento de error: 

El Tribunal de Primera Instancia erró al no permitir la 

autenticación y, en consecuencia, prohibir la admisión 

de los documentos contenidos en la Identificación #11 

del Ministerio Público, tras incorrectamente concluir 

que constituyen declaraciones testimoniales bajo la 

doctrina de Crawford v. Washington, supra.

Evaluados los planteamientos de las partes, este Tribunal está 

en posición de resolver.

II.

A.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 

su Art. II, Sec. 11, garantiza a todo acusado de un delito el derecho 

5 Página 4 de la Minuta-Resolución del 8 de abril de 2024 y citamos al TPI: ...“Lo 

que se pretende hacer es testimonial porque fue requerido del propio Fiscal”. Índice 

del Apéndice, pág. 14.
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a carearse con los testigos de cargo. Véase Const. PR, Art. II, Sec. 

11. Pueblo v. Pérez Santos, supra, a la pág. 269.

El derecho a la confrontación tiene, a su vez, tres vertientes 

procesales, a saber: el derecho del acusado de confrontar cara a cara 

los testigos adversos, el derecho a contrainterrogarlos y, por último, 

el derecho a que se excluya la prueba de referencia que el Ministerio 

Público intente presentar en su contra. Véase E.L. Chiesa Aponte, 

Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, 

Ed. Fórum, 1992, Vol. 1, pág. 569. Pueblo v. Pérez Santos, supra, 

págs. 269-270. 

En cuanto a esta última vertiente, "el fundamento principal 

para la exclusión de prueba de referencia es la falta de oportunidad 

para contrainterrogar". Íd. No obstante, la relación entre el derecho 

a la confrontación y la norma general de exclusión de prueba de 

referencia "no puede ser una de correspondencia o congruencia 

total". Íd., pág. 595. Es decir, en algunas instancias, el derecho del 

acusado a carearse y contrainterrogar a los testigos de cargo habrá 

de ceder ante la admisibilidad de cierta prueba de referencia, sin 

que ello implique una violación constitucional. Precisamente en 

atención a ello, las Reglas de Evidencia de Puerto Rico contienen 

múltiples excepciones a la prohibición general de prueba de 

referencia. 

Es preciso destacar, sin embargo, que cuando se trata de 

prueba de referencia presentada contra un acusado, lo primordial 

es determinar si la declaración es de carácter testimonial. De ser así, 

la declaración será inadmisible, a no ser que el declarante testifique 

en el juicio o, en caso de no estar disponible para testificar, que la 

que se intenta presentar como evidencia haya estado sujeta a un 

contrainterrogatorio por parte del acusado. De otra parte, si la 

declaración no es de carácter testimonial, su admisibilidad 

dependerá de que ésta satisfaga los requisitos establecidos en las 
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Reglas de Evidencia. Véanse: Pueblo v. Santos Santos, 185 DPR 709 

(2012); Crawford v. Washington, supra; Pueblo v. Pérez Santos, 

supra, a la pág. 270. En Crawford evidentemente eran declaraciones 

testimoniales. Se trataba de las declaraciones que hizo a la policía 

la esposa del acusado de asesinato. Las mismas estaban 

relacionadas al asesinato presenciado por ella. La esposa no pudo 

declarar en el juicio, pues estaba amparada por el privilegio de 

cónyuges.

Por otra parte, en Crawford v. Washington, supra, no sólo se 

define lo que es un testigo para efectos de la Cláusula de 

Confrontación, sino que se establece que esta definición aplica tanto 

para testimonios en corte como fuera del tribunal (out-of-court 

statements). Es importante señalar, no obstante, que Crawford no 

prohíbe la admisión de aquellas declaraciones hechas fuera del 

tribunal (out-of-court statements) si la intención no es probar la 

verdad de lo aseverado. Además, tampoco prohíbe la admisión de 

una declaración anterior de un declarante, si el mismo se encuentra 

disponible para ser contrainterrogado durante la vista. 

Con relación a la definición de lo que constituye una 

declaración testimonial según Crawford v. Washington, supra, el 

Tribunal Supremo federal señaló expresamente que no daría en el 

caso una explicación exhaustiva del término. No obstante, sí señaló 

algunas declaraciones que debían considerarse como testimoniales, 

tales como: declaraciones en un testimonio ex-parte vertido durante 

un juicio, affidávits, interrogatorios bajo custodia, testimonios 

anteriores en los cuales el acusado no haya tenido la oportunidad 

de contrainterrogar, declaraciones vertidas antes del juicio en 

circunstancias que el declarante razonablemente pudiera esperar 

que fueran usadas por el Ministerio Público, declaraciones 

extrajudiciales como affidávits, deposiciones, testimonios anteriores 

y declaraciones hechas en circunstancias que razonablemente 
KLCE202400479 6

pudieran llevar a un testigo objetivo a creer que tal declaración 

pudiera estar disponible para utilizarse en un juicio posterior. (Citas 

omitidas). 

En Puerto Rico, el Tribunal Supremo aplicó Crawford v. 

Washington, supra, y su progenie a través de los casos de Pueblo v 

Pérez Santos, supra, y Pueblo v. Guerrido López, 179 DPR 950 

(2010). En Guerrido López, no se admitió como prueba sustantiva 

contra el acusado un informe químico para detectar sustancias 

controladas, cuando el técnico que lo preparó no compareció como 

testigo al momento de su admisión y cuando el acusado no tuvo la 

oportunidad de contrainterrogarlo. A tales efectos, se determinó:

En todo caso en el que la intención del Ministerio 

Público sea ofrecer como evidencia sustantiva-esto es, 

evidencia para probar un hecho que inculpa al acusadoun récord público o de negocio preparado como parte 

del curso ordinario del negocio, deberá presentar como 

testigo-sujeto a interrogatorio- a la persona que preparó 

dicho récord, si el documento fue preparado con el 

propósito de presentarlo en un proceso judicial.

Es decir, el análisis de un récord de negocio, para determinar 

si es testimonial se debe evaluar si el propósito primario o principal 

de su preparación es para presentarlo en un proceso criminal contra 

un acusado.

B.

La prueba de referencia es una declaración que hace una 

persona sobre algo que otra persona dijo o escribió, o una conducta 

no verbalizada de esa segunda persona, como bien podría ser un 

gesto, si su intención al hacerlo fue que se tomara como una 

manifestación. 32 LPRA, Ap. VI, R. 801. Ahora bien, “[n]o siempre 

es prueba de referencia lo manifestado por un tercero al testigo, o lo 

que el testigo oyó que un tercero dijo. Para que lo manifestado sea 

prueba de referencia, y por tanto inadmisible, a menos que caiga 

bajo alguna excepción, la manifestación debe tener algún contenido 

que pueda ser cierto o falso, y que dicha manifestación, al ser 
KLCE202400479 7

trasmitida al tribunal por el testigo que la oyó, se produzca para 

probar que lo manifestado es cierto.” Pueblo v. Rivera Burgos, 106 

DPR 528, 531 (1977).

Como norma general, la prueba de referencia no es admisible 

en evidencia. 32 LPRA, Ap. VI, R. 801. La exclusión de este tipo de 

prueba persigue sistematizar dos situaciones importantes que 

pueden ocurrir al presentar la prueba durante un proceso judicial; 

la primera, que no se presente prueba de lo que dijo una persona 

que no está disponible para declarar en un tribunal, por ser poco 

confiable, toda vez que quien lo manifiesta ante el tribunal es otra 

persona que no tiene conocimiento personal de los hechos. Segundo 

y no menos importante, el derecho a la confrontación y el debido 

proceso de ley del acusado, ya que la prueba que se trae ante el 

tribunal no es susceptible de ser cuestionada mediante la 

confrontación y el contrainterrogatorio, porque el que hizo la 

declaración no está disponible en el juicio.

No obstante, la regla general de exclusión de prueba de 

referencia no es absoluta, ya que el derecho probatorio permite 

aquellas excepciones a dicha regla que abonen a la confiabilidad o 

probabilidad de veracidad de la prueba ofrecida, así como aquellas 

que surjan por imperativos de necesidad. Lo anterior, debido a que 

el propósito principal de las Reglas de Evidencia es el 

descubrimiento de la verdad. 32 LPRA Ap. VI., R. 102.

Una de las excepciones a la regla general de exclusión de 

prueba de referencia, es la regla número 805 (f), conocida como, 

Récords del Negocio. Esta dispone:

Aun cuando la persona declarante esté disponible como 

testigo, una declaración no estará sujeta a la regla 

general de exclusión de prueba de referencia en las 

siguientes circunstancias:

....

(F) Récords de actividades que se realizan con 

regularidad: Un escrito, informe, récord, memorando o 

compilación de datos -en cualquier forma- relativo a 

actos, sucesos, condiciones, opiniones o diagnósticos 
KLCE202400479 8

que se hayan preparado en o cerca del momento en que 

éstos surgieron, por una persona que tiene 

conocimiento de dichos asuntos, o mediante 

información transmitida por ésta, si dichos récords se 

efectuaron en el curso de una actividad de negocios 

realizada con regularidad, y si la preparación de dicho 

escrito, informe, récord, memorando o compilación de 

datos se hizo en el curso regular de dicha actividad de 

negocio, según lo demuestre el testimonio de su 

custodio o de alguna otra persona testigo cualificada, o 

según se demuestre mediante una certificación que 

cumpla con las disposiciones de la Regla 902(k) o con 

algún estatuto que permita dicha certificación, a menos 

que la fuente de información, el método o las 

circunstancias de su preparación inspiren falta de 

confiabilidad. El término negocio, según se utiliza en 

este inciso, incluye, además de negocio propiamente, 

una actividad gubernamental y todo tipo de institución, 

asociación, profesión, ocupación y vocación, con o sin 

fines de lucro.” 32 LPRA Ap. VI, Rg. 805 (f).

Según se desprende del texto de la Regla, los criterios 

medulares que se evalúan son: (i) que se haya preparado la prueba 

en o cerca del momento en que ocurrieron los sucesos o las 

actividades mencionadas por una persona que tiene conocimiento 

de dichos asuntos, o mediante información transmitida por ésta, (ii) 

que se haya llevado a cabo en el curso de la actividad realizada con 

regularidad, y; (iii), que se haya preparado como una práctica 

regular de dicha actividad. Ernesto L. Chiesa Aponte, Reglas de 

Evidencia Comentadas, primera edición, San Juan, Puerto Rico, 

págs. 43-44, 302-303. De tal manera, se busca en la confiabilidad 

de la prueba, la periodicidad con que se hace ese informe, 

memorando o compilación de datos, que al ser hecho continuamente 

en el curso ordinario y como una actividad puntual le confiere 

credibilidad al mismo e inclina la evaluación hacia la admisión de la 

prueba.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, citando a 

Chiesa, afirma que:

...La regla no exige más [sic] que un testigo, aunque lo 

ideal sería que declarara toda persona que contribuyera 

a establecer los requisitos que exige la regla para la 

admisión del récord. Pero tampoco se trata de traer a 

todo participante, pues entonces no habría, tal vez, 

prueba de referencia que atender. El testimonio del 
KLCE202400479 9

custodio del récord es suficiente pero no necesario. Lo 

importante es que testifique alguien que conozca cómo 

se preparan los récords en el negocio correspondiente, 

aunque él no haya preparado ni supervisado el récord 

en controversia. No es necesario que testifique la 

persona que originó la información. Pero a pesar de la 

liberalidad con que se interpreta este requisito, su 

incumplimiento acarrea la exclusión de la evidencia.... 

Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 986 

(2010).

C.

La Regla 901 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 901 es la que 

establece el requisito general de la autenticación de la prueba. El 

estándar para autenticar una evidencia no testimonial es aquella 

suficiente para sostener que la materia en cuestión es la que el 

proponente sostiene. Como parte de los nuevos retos probatorios, 

la autenticación se ha extendido a las tecnologías y sus 

correspondientes sistemas o medios electrónicos. El elemento más 

importante para la autenticación de la evidencia electrónica es que 

la persona que hace la determinación de autenticación tiene que 

conocer o recibir asistencia en cuanto a la tecnología que produce, 

procesa o almacena el tipo de prueba particular que se intenta 

presentar en evidencia.

Como regla general y luego de sentarse las bases, la 

autenticación se produce bajo los principios de la Regla 109 (b), 32 

LPRA Ap. VI R. 109(b) y 901 de Evidencia, supra, salvo coincidan 

alguna de las autenticaciones prima facie que dispone la Regla 902, 

32 LPRA Ap. VI R. 902.

La Regla 9026, supra, establece que no se requerirá evidencia 

extrínseca de autenticación como condición previa a la 

6 Regla 902. Autenticación prima facie

No se requerirá evidencia extrínseca de autenticación como 

condición previa a la admisibilidad de:

(A)...

....

(K) Récords certificados de actividades que se realizan con 

regularidad

El original o un duplicado de un récord de actividades que se 

realizan con 
KLCE202400479 10

admisibilidad, en ciertos documentos y récords electrónicos. El 

objetivo de esta Regla 902, es crear una “presunción de 

autenticidad”, ante documentos que se consideran razonablemente 

auténticos de su faz, ya que por su naturaleza son difíciles de alterar 

o falsificar. Una vez reconocida la autenticidad prima facie, le 

corresponde al que se opone presentar evidencia que refute tal 

presunción. Resulta importante señalar que un documento 

autentico prima facie, no significa que puede admitirse sin examinar 

otras instancias probatorias tales como los privilegios, la prueba de 

referencia y la pertinencia. El inciso (k) de esta Regla 902 es la única 

excepción, ya que, si se cumple con su trámite, se admite el récord 

de negocio bajo la Regla 805 (f). Resaltamos que bajo la nueva Regla 

805(f) ya no es indispensable el testimonio del custodio del récord u 

otro testigo, si se utiliza una certificación que cumpla con las 

disposiciones de la Regla 902 (k). Sin duda el objetivo de la 

certificación es facilitar y acelerar el proceso de autenticación y 

admisibilidad. Rolando Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho 

regularidad dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y los Estados Unidos de América, el cual sería 

admisible conforme a la Regla 805(F), si se acompaña de una 

declaración jurada de la persona a cargo de su custodia o de alguna 

otra persona cualificada, que certifique que dicho récord:

(1) se preparó en o cerca del momento en que ocurrieron los 

sucesos o las 

actividades mencionadas por una persona que tiene conocimiento 

de dichos asuntos, o mediante información transmitida por ésta;

(2) se llevó a cabo en el curso de la actividad realizada con 

regularidad, y

(3) se preparó como una práctica regular de dicha actividad.

La parte que se proponga someter un récord como evidencia, 

conforme a lo 

dispuesto en este inciso, tendrá que notificar por escrito su 

intención a todas las partes contrarias. Además, tendrá que tener 

el récord y la declaración jurada disponibles para inspección con 

suficiente antelación a su presentación como evidencia a fin de 

brindar a la parte contraria una oportunidad justa para refutarlos.

(L) Récord electrónico

Se presumirá la integridad del récord si:

(1) se establece mediante declaración jurada que fue grabado o 

almacenado por 

una parte adversa a la que lo propone, o

(2) se establece mediante declaración jurada que fue grabado o 

almacenado en 

el curso usual y ordinario de negocios por una persona que no es 

parte en los

procedimientos y quien no lo ha grabado o almacenado bajo el 

control de la que lo propone.
KLCE202400479 11

Probatorio Puertorriqueño, Ed. Situm, Cuarta Edición, 2015, pág. 

581 et seq.

III.

La controversia ante nuestra consideración se reduce a 

determinar si en cuanto a la identificación número 11 del Ministerio 

Público, compuesta del Subpoena del 20 de marzo de 2023 dirigido 

a T-Mobile; la certificación del señor Joe Rico, Custodio de Récord 

de T-Mobile y el Récord de T-Mobile del teléfono 787-598-4633 a 

nombre de Juan Meléndez Suárez,

7 se denegó su admisión 

correctamente bajo el argumento de ser prueba testimonial al 

amparo de Crawford y su progenie. Lo anterior, considerando que

fue el Ministerio Público quien solicitó mediante Subpoena dichos 

documentos a T-Mobile.

Tras un análisis detenido del recurso presentado, así como de 

la oposición, el apéndice y el contenido de las vistas celebradas los 

días 5 y 8 de abril de 2024, entendemos que el foro primario incidió 

al no admitirlos. Veamos.

El primer documento es la Subpoena. Sobre este documento

y durante el testimonio de la Agente Millán Pastrana en el juicio, no 

se presentó objeción respecto a su autenticidad y admisibilidad. 

Este Subpoena fue preparado por el Ministerio Público bajo la firma 

y autoridad legal de un Fiscal Auxiliar. Dicho documento fue 

requerido y tramitado por la Agente Karla Millán Pastrana y utilizado 

en etapas investigativas. De su faz y por su naturaleza no constituye 

prueba testimonial a la luz de Crawford y su progenie. Según el 

testimonio de la Agente, ella fue quien lo solicitó y lo tramitó. No 

albergamos duda que es admisible como una de las excepciones a 

la regla de prueba de referencia. Regla 805 de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI. R.805

7 Índice del Apéndice, págs. 26-29
KLCE202400479 12

El segundo documento es la certificación suscrita por el señor 

Joe Rico, como custodio del récord de negocio de T-Mobile. Este 

documento fue preparado en el idioma inglés, bajo las solemnidades 

de las leyes de los Estados Unidos de América, bajo pena de perjurio 

al amparo de 28 USC Section 17468. Dicho documento tiene el 

mismo efecto y fuerza que una declaración jurada.

La certificación también establece claramente: que el 

contenido de la declaración es correcta y verdadera; que los récords

adjuntos son archivos electrónicos producidos por T-Mobile como 

parte de las operaciones regulares del negocio; que la certificación 

está destinada a satisfacer la Reglas Federales de Evidencia9 o de 

8 §1746. Unsworn declarations under penalty of perjury

Wherever, under any law of the United States or under any rule, 

regulation, order, or requirement made pursuant to law, any 

matter is required or permitted to be supported, evidenced, 

established, or proved by the sworn declaration, verification, 

certificate, statement, oath, or affidavit, in writing of the person 

making the same (other than a deposition, or an oath of office, or 

an oath required to be taken before a specified official other than a 

notary public), such matter may, with like force and effect, be 

supported, evidenced, established, or proved by the unsworn 

declaration, certificate, verification, or statement, in writing of such 

person which is subscribed by him, as true under penalty of 

perjury, and dated, in substantially the following form:

(1) If executed without the United States: "I declare (or certify, 

verify, or state) under penalty of perjury under the laws of the 

United States of America that the foregoing is true and correct. 

Executed on (date). (Signature)".

(2) If executed within the United States, its territories, possessions, 

or commonwealths: "I declare (or certify, verify, or state) under 

penalty of perjury that the foregoing is true and correct. Executed 

on (date). (Signature)". (Énfasis nuestro).

9 Rule 902. Evidence That Is Self-Authenticating

The following items of evidence are self-authenticating; they require 

no extrinsic evidence of authenticity in order to be admitted:

(1) ...

...

(11) Certified Domestic Records of a Regularly Conducted Activity. 

The original or a copy of a domestic record that meets the 

requirements of Rule 803(6)(A)-(C), as shown by a certification of 

the custodian or another qualified person that complies with a 

federal statute or a rule prescribed by the Supreme Court. Before 

the trial or hearing, the proponent must give an adverse party 

reasonable written notice of the intent to offer the record — and 

must make the record and certification available for inspection —

so that the party has a fair opportunity to challenge them.

(12) ...

(13) Certified Records Generated by an Electronic Process or 

System. A record generated by an electronic process or system that 

produces an accurate result, as shown by a certification of a 

qualified person that complies with the certification requirements 
KLCE202400479 13

cualquier estado que sean equivalentes; y el suscribiente reconoce 

que si divulga algo falso está sujeto a castigo.

Esta certificación, demuestra suficiente confiabilidad y 

certeza en su contenido. Igualmente, las solemnidades legales allí 

utilizadas. El documento declara una actividad comercial rutinaria, 

proveniente de un archivo electrónico de T-Mobile, preparado por 

alguien que no es parte en el pleito, ni tiene interés en el resultado 

de este. Por tanto, entendemos que esta certificación cumple con la 

Regla 902 (k) y (l) sobre Autenticación prima facie. 

El tercer documento son dos hojas que solamente contienen 

el nombre de Juan Meléndez Suárez, número de cuenta, fecha de 

efectividad de la cuenta y el estado de activo. Conforme a la 

Subpoena y la certificación del señor Rico, la cuenta a nombre de 

Juan Meléndez Suárez estaba activa el 6 de abril de 2022. No 

tenemos duda que estas dos hojas son un récord de negocio, que TMobile realiza regularmente. La información provista nos parece 

que es la información mínima que tiene una compañía de telefonía 

sobre su cliente. Resulta evidente concluir que el contenido de ese 

récord electrónico – nombre, número de cuenta, número de teléfono 

y estado -activo- no fue realizado como resultado del Subpoena. Por

el contrario, según surge del récord electrónico de T-Mobile la 

cuenta del señor Juan Meléndez Suárez fue efectiva o abierta desde 

el 11 de julio de 2005. Resulta evidente concluir que para ese año 

2005 fue que T-Mobile creó ese récord electrónico como parte de sus 

operaciones regulares. Ese dato de la apertura de la cuenta ofrece 

suficiente confiabilidad y certeza del contenido propuesto. En 

of Rule 902(11) or (12). The proponent must also meet the notice 

requirements of Rule 902(11).

(14) Certified Data Copied from an Electronic Device, Storage 

Medium, or File. Data copied from an electronic device, storage 

medium, or file, if authenticated by a process of digital 

identification, as shown by a certification of a qualified person that 

complies with the certification requirements of Rule (902(11) or 

(12). The proponent also must meet the notice requirements of Rule 

902 (11).
KLCE202400479 14

específico que la cuenta estaba activa el 6 de abril de 2022 con el 

número 787-598-4633 a nombre de Juan Meléndez Suárez. 

En resumen, el récord de T-Mobile constituye un récord de 

negocio admisible bajo la Regla 805 (f) de Evidencia y auténtico bajo 

la Regla 902(K) y (l) de Evidencia. Este récord de negocio no 

constituye una declaración testimonial a la luz de Crawford y su 

progenie, por el solo hecho de haber sido solicitado por el Ministerio 

Público. Recordemos que el Ministerio Público vía Subpoena solo

solicitó la reproducción de un contenido almacenado como archivos 

electrónicos de T- Mobile. En nuestro caso no se puede decir que TMobile a solicitud del Ministerio Público “creó un contenido” con el 

propósito primario de crear un sustituto extrajudicial de un 

testimonio que se ofrecería durante un juicio. Entendemos que los 

hechos de nuestro caso son totalmente distinguibles del caso de 

Guerrido López y Pérez Santos. 

En Guerrido López, el Ministerio Público le solicitó al Instituto 

de Ciencias Forenses que realizara un informe químico donde su 

contenido reflejara las sustancias controladas (cocaína y 

marihuana) que le fueron ocupadas al señor Guerrido López. En 

ese caso el contenido de dicho informe era la prueba directa o 

sustantiva de las dos acusaciones por violación a la Ley de 

Sustancias Controladas. En Pérez Santos10, la controversia fue la 

admisión de las declaraciones extrajudiciales que realizó un menor 

a la policía, sobre un patrón de maltrato. En dicho caso el Tribunal 

Supremo determinó que las declaraciones del menor no eran 

testimoniales y las admitió como excepción a la prueba de referencia 

-Regla 805 (b), supra-.

Por otra parte, T-Mobile no es la proponente del récord y 

tampoco es parte del procedimiento criminal. T-Mobile certificó que 

10 Este caso no se relaciona a la admisión de informes o récords de negocios. 
KLCE202400479 15

el récord es un archivo electrónico generado en el curso usual y 

ordinario de su negocio. Resulta importante resaltar que la 

intención de utilizar ese récord de T-Mobile por parte del Ministerio 

Público fue informado11 a la representación legal del acusado desde 

el 12 de abril de 2023, es decir, casi un año antes de comenzar el 

juicio. Del expediente apelativo no surge ninguna objeción o reparo 

por parte del acusado, que se relacione a ese récord de T-Mobile

informado por el Ministerio Público en abril de 2023.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto

solicitado a los fines de revocar la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia. Por tanto, se admite la identificación número 11 

del Ministerio Público12 como exhibit; así como el testimonio 

relacionado de la Agente Karla Millán Pastrana. 

Notifíquese inmediatamente.

Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

11 Como parte del descubrimiento de prueba al amparo de la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal. 

12 La Subpoena del 20 de marzo de 2023 enviado a la compañía T-Mobile; la 

certificación del señor Joe Rico, custodio del récord en T-Mobile; y el récord de TMobile que entre otras cosas indica, el número (787)598-4633 y el nombre de 

Juan Meléndez Suárez.