Número Identificador

SEN2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

B BILLBOARD NC, LLC

Recurrente

v.

HELLO MEDIA, LLC

Recurrida

KLRA202400309

Revisión 

procedente de la 

División de 

Revisiones 

Administrativas de la 

Oficina de Gerencia 

de Permisos

Núm. Caso ante 

División de 

Revisiones 

Administrativas:

2024-570923-SDR300790

Núm. Caso ante 

OGPe: 2023-507201-

PCOC-040573

Sobre:

Impugnación de 

Permiso de 

Construcción

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero. 

Martínez Cordero, jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de julio de 2024.

Comparece B Billboard NC, LLC (en adelante, parte recurrente

o B Billboard) mediante un recurso de revisión para solicitar que 

dejemos sin efecto la Determinación emitida y notificada el 14 de 

mayo de 2024, por la Oficina de Gerencia de Permisos, División de 

Revisiones Administrativas (en adelante, OGPe).

1 Mediante la 

determinación recurrida, la OGPe dispuso No Acoger la Solicitud de 

revisión administrativa presentada por la parte aquí recurrente. 

Por los fundamentos que expondremos, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción por prematuro.

1 Apéndice del recurso, a las pág. 36-39.
KLRA202400309 2

I

Surge del expediente, que, presuntamente, el 8 de abril de 

2024, el Departamento de Permisos Urbanísticos del Municipio 

Autónomo de Carolina (en adelante, Departamento de Permisos)

expidió un permiso2 a favor de Hello Media, LLC (en adelante, Hello 

Media o parte recurrida) para la instalación de una valla publicitaria 

de dos (2) caras digitales.3

El 29 de abril de 2024, la parte recurrente presentó ante la 

OGPe una Solicitud de revisión administrativa.

4 En reacción, el 6 de 

mayo de 2024, la parte recurrida presentó una Moción de 

desestimación por falta de jurisdicción.

5 En el escrito, alegó que el 

permiso que nos ocupa fue emitido y notificado simultáneamente el 

2 de abril de 2024.

6 A tenor, afirmó que había transcurrido el 

termino de veinte (20) días establecido por la Ley para la Reforma 

del Proceso de Permisos de Puerto Rico (Ley Núm. 161)7 para que 

una parte adversamente afectada por una resolución final de la 

Junta Adjudicativa de los Municipios Autónomos presente una 

solicitud de revisión administrativa. 

En desacuerdo, la parte recurrente instó una oposición a la 

solicitud de desestimación.

8 En lo pertinente, sostuvo que, aunque 

el permiso fue emitido y notificado el 2 de abril de 2024, la parte 

recurrida incumplió con múltiples requisitos establecidos en ley 

para la obtención del permiso, por lo que el término señalado de 

veinte (20) días no comenzó a cursar en esa fecha.

9 En virtud de lo 

expuesto, le peticionó a la OGPe que declarara sin lugar la 

desestimación.

2 Permiso de Construcción Núm. 2023-507201-PCOC-040573. 

3 Apéndice del recurso, a las págs. 1-6. 

4 Íd., a las págs. 8-24. 

5 Íd., a las págs. 25-30. 

6 Íd., a la pág. 26. 

7 Ley 161-2009, 23 LPRA sec. 9011 nt. et seq.

8 Apéndice del recurso, a las págs. 31-35. 

9 Íd., a la pág. 34.
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Evaluado lo anterior, el 14 de mayo de 2024, la OGPe le 

notificó a las partes que determinó No Acoger la Solicitud de revisión 

administrativa incoada por la parte aquí recurrente.10

En desacuerdo, el 13 de junio de 2024, compareció la parte 

recurrente mediante un recurso de revisión y alzó la comisión de seis 

(6) errores.

El 18 de junio de 2024, compareció el recurrente en 

cumplimiento con nuestra Resolución del 21 de junio de 2024. Por 

su parte, el 27 de junio de 2024, compareció la Oficina de Gerencia 

de Permisos, División de Revisiones Administrativas, para presentar 

copia certificada de los expedientes administrativos 2024-570923-

SDR-300790 y 2023-507201-PCOC-040576, según requerido. Por 

otro lado, el 15 de julio de 2024 la parte recurrida presentó Oposición 

al recurso de revisión administrativa. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procederemos a disponer del recurso ante nos. 

II

A. Jurisdicción 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para resolver las controversias presentadas ante su 

consideración.11 Los tribunales adquieren jurisdicción por virtud de 

ley, por lo que no pueden arrogársela ni las partes pueden 

otorgársela.12 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento, que: 

“los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que 

no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la 

tienen”.13 Igualmente, nuestro Tribunal Supremo ha sido constante 

en expresar que las cuestiones relativas a la jurisdicción constituyen 

10 Apéndice del recurso, a las pág. 36-40.

11 R&B Power, Inc. v. Junta de Subasta ASG, 2024 TSPR 24, 213 DPR ___ (2024); 

AAA v. UIA, 199 DPR 638, 651-52 (2018).

12 Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289, 296 (2016).

13 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012); S.L.G. SzendreyRamos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. 

CLE, Id.
KLRA202400309 4

materia privilegiada.14 De manera que, deben ser resueltas con 

preferencia, pues, incide directamente sobre el poder que tiene un 

tribunal para adjudicar las controversias.15 Por tal motivo, cuando 

un tribunal carece de jurisdicción, debe declararlo y desestimar la 

reclamación sin entrar en sus méritos.16 De lo contrario, cualquier 

dictamen en los méritos será nulo y no se podrá ejecutarse.

17 Es 

decir, una sentencia, dictada sin jurisdicción por un tribunal, es 

una sentencia nula en derecho y, por lo tanto, inexistente.18

Como corolario de lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha desarrollado el principio de la justiciabilidad, el cual recoge 

una serie de doctrinas de autolimitación basadas en 

consideraciones prudenciales que prohíben al foro judicial emitir 

opiniones consultivas,19 Además, persigue evitar emitir decisiones 

en casos en los cuales realmente no existe una controversia o dictar 

una sentencia que no tendrá efectos prácticos sobre un asunto.20

En ese contexto, una caso no es justiciable cuando: (i) se trata de 

resolver una cuestión política; (ii) una de las partes carece de 

legitimación activa para promover un pleito; (iii) después de 

comenzado el litigio hechos posteriores lo tornan en académico; (iv) 

las partes pretenden obtener una opinión consultiva; y, (v) cuando 

se pretende promover un pleito que no está maduro.21

En nuestra función revisora, un recurso judicial es prematuro 

cuando el asunto del cual se trata no está listo para adjudicación; 

esto es, cuando la controversia no está debidamente delineada, 

14 R&B Power, Inc. v. Junta de Subasta ASG, supra.

15 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 500 (2019); Fuentes Bonilla v. 

ELA et al., 200 DPR 364, 372 (2018).

16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83; R&B Power, Inc. v. Junta de Subasta ASG, supra.

17 Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR 452, 470 (2016); Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).

18 Montañez v. Policía de P.R., 150 DPR 917, 921-922 (2000).

19 El principio de justiciabilidad fue incorporado jurisprudencialmente a nuestro 

ordenamiento jurídico mediante el caso ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 595 (1958); 

Véase, además, R. Elfrén Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e 

interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed. Pubs. JTS, 

1987, pág. 147.

20 Moreno v. Pres. U.P.R. I, 178 DPR 969, 973 (2010).

21 Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 298 (2003).
KLRA202400309 5

definida y concreta.22 Como ha pronunciado reiteradamente el 

Tribunal Supremo, un recurso prematuro adolece del insubsanable 

defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre.23

Como tal, su presentación carece de eficacia y no produce ningún 

efecto jurídico, pues no hay autoridad judicial para acogerlo.24

B. Notificación de determinaciones finales y permisos

La Ley Núm. 161 fue promulgada a los fines de establecer el 

marco legal y administrativo para la solicitud, evaluación, concesión 

y denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico. A su vez, 

mediante esta ley se facultó a la OGPe y a los Municipios Autónomos 

con Jerarquía de la I a la V para emitir determinaciones finales y 

permisos.25 Una parte adversamente afectada por cualesquiera de 

las antedichas determinaciones podrá presentar una solicitud de 

revisión administrativa ante la División de Revisiones 

Administrativas de la OGPe, dentro del término jurisdiccional de 

veinte (20) días, contados a partir de la fecha de archivo en autos, 

de copia de la notificación de la actuación o determinación 

final.

26 En iguales condiciones, podrá acudir al Tribunal de 

Apelaciones, dentro del término de treinta días (30).27 Ahora bien, la 

presentación de una solicitud de revisión administrativa no es un 

requisito jurisdiccional para presentar un recurso ante el Tribunal 

de Apelaciones. Empero, la presentación oportuna de la mencionada 

solicitud paralizara el término para acudir al referido foro. 

Para posibilitar la revisión administrativa de una determinación 

final o un permiso, es necesario que la notificación cumpla con lo 

22 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001).

23 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra, 365.

24 Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, 501; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 

supra, 366.

25 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161, supra. 

26 Art. 11.6 (a) de Ley Núm. 161, 23 LPRA § 9021r.

27 Íd., Art. 11.8, 23 LPRA § 9021t. 
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establecido por el Artículo 8.8 de la Ley Núm. 161, el cual indica 

que:

La Oficina de Gerencia de Permisos, los Municipios 

Autónomos con Jerarquía de la I a la V y los 

Profesionales Autorizados notificarán copia de toda 

determinación final, en cumplimiento con los 

reglamentos aplicables. Además, notificarán copia de 

dicha determinación y de los permisos a la Oficina de 

Gerencia de Permisos y a las entidades 

gubernamentales concernidas, según aplique, dentro 

del término de dos (2) días laborables a partir de su 

expedición. La fecha de esta notificación, en aquellos 

casos en que aplique, deberá aparecer certificada en 

el texto de la determinación final y será considerada 

como la fecha de archivo en autos de la 

determinación final de que se trate, para propósitos 

de revisión.28

En aquellos casos en los cuales se incumpla con los 

requerimientos esbozados en el Artículo 8.8, la notificación será 

defectuosa y el foro revisor estará privado de jurisdicción para 

entender en el asunto en disputa.29 Además, no se le podrán oponer 

los términos jurisdiccionales a la parte que no ha sido notificada de 

la determinación conforme a derecho.30 A esos efectos cualquier 

recurso que se presente para impugnar los méritos de la decisión 

sería prematuro.31

III

En el presente recurso, nos encontramos con dos versiones de 

cuando fue emitido y notificado el permiso que nos ocupa. Por un 

lado, la parte recurrente indica que el permiso fue emitido el 8 de 

abril de 2024, mientras que la parte recurrida insiste en que el 

permiso fue emitido y notificado el 2 abril de 2024. 

Tras examinar las posturas de las partes, así como los 

expedientes administrativos de la revisión administrativa en 

cuestión y del permiso ante nuestra consideración, observamos que 

el permiso expedido no cuenta con una fecha notificación certificada 

28 23 LPRA § 9018g.

29 Véase St. James Sec. v. AEE, 2023 TSPR 149, 213 DPR ___ (2023).

30 Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 15 (2008). 

31 PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 525, 538 (2019). 
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en el texto de la determinación final, según requiere el Artículo 8.8 

de la Ley Núm. 161.

32 En vista de ello, colegimos que la notificación 

fue defectuosa.

Conforme esbozamos, ante una notificación defectuosa esta 

Curia no tiene jurisdicción para entender en el asunto en disputa, 

ergo, el recurso presentado por la parte recurrente es prematuro. 33

Lo anterior, no limita a la parte que así lo entienda, a que una vez 

la determinación se notifique correctamente, pueda ejercer los 

derechos que nuestro ordenamiento jurídico provee.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso 

de revisión por falta de jurisdicción por prematuro.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

32 23 LPRA § 9018g.

33 St. James Sec. v. AEE, supra; PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, supra, 538.