Núm ero Identif icad o r
SEN 20 2 4

______

__ ______ __ _ E STADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

GLORIBEL RIVERA FRET S Apelante

v. ADRIÁN ALEXIS BENNETT RODRÍGUEZ Y OTROS Apela d a K LAN20 230 1048 A pelación procedente del Tribunal de Primera Ins tancia, Sala Superior de Utuado
Ci v i l N úm.: JA 2021CV00015 (3)
Sobre: ACCIÓN DE DESLINDE Y OTROS Panel integrado por su presidente, el J u ez Figueroa Cabán, la Juez a Grana M artínez y el Juez Rodríguez Flor es Grana Martínez, Jueza P onente
SENTENCIA En San Juan, Puer to Rico a 14 d e febr ero de 202 4

. La apelante , Gloribel Rivera Frets , solicita que revoquemos la Sentencia Sumaria Parcial en la que el Tribunal de Primera
Instancia desestim ó la demanda contra el apelado , el abogado
notario , Eduardo J

. Navarro Pluguez

. El apelado present ó su oposición al recurso.

I.

L os hechos esenciales para comprender la determinación que hoy tomamos se incluyen a continuación

. El 5 de febrero de 2021 , la apelante presentó una demanda
sobre acci ó n civil, sentencia declaratoria , acción reivindicatoria,
desli nde, interdicto posesor io y da ñ os y perjuicios en la que alegó
lo siguiente. E l 26 de octubre de 2007 adquirió el inmueble
descrito en la demanda mediante un contrato de venta a precio
alzado . El negocio se realizó en u n a escrit u ra pública otorgada por
el apelado. El notario con signó en la escritura que era unaKLAN20 2 3 0 1048 2

compraventa a precio alzad o, pero no describió adecuada mente los
linderos . Únicamente identificó a los colindantes y omitió la distancia en que se encuentran los linderos. La omisión del notario impi de determinar fehacient emente los linderos de la propiedad ,
cuya cabida es 4

. 6022 cuerdas y lo obliga a realizar una acción de
deslinde para corregir los puntos de los colindantes

. La apelante
demandó a Banco Popular de P uerto R ico , debido a que es el

acre edor hipotecario que ad quirió la propiedad de Doral Bank , a
los colindantes Rafael González Negrón y Lizbeth Medina , porque ocupan ilegalmente una parte sustancial de su propieda d, a s u

ex es poso , José Collazo D í az , con qu ien adquirió el inmueble en

controv ersia y al apelado porq ue fue el abogado notario que otorgó la compraventa en controversia. Según la demandante , la culpa y negligencia de los demandados le ocasionó daños que estimó en una cantidad no menor de $100 , 000.00

. Vé ase, p ág

. 85 del apéndice.
El apelado alegó que cumpl ió con su rol de notario , p orque
autorizó una escritura de compraventa, válida , correcta y perfecta
en derecho , que logró el acceso e inscripción en el Registro de la Propiedad

. Véase, Contestación de la Demanda , p ág

. 99

. Posteriorme nte , el apelado solicit ó Sentencia Sumaria a su
favor

. El apelado adujo que , de las alegaciones de la demanda y de l descubrimiento de prueba , surge que no existen hechos materiales
en controversia y que el derecho aplicable lo exime de responsabilidad. Seg ún el apelado , no exist e controversia de los hechos siguientes. L a descripción registral incluida en la escritura de compraventa es idéntica a las constancias del Registro de la Propiedad existente al momento de su otorgamiento

. La Certificación Registral del 8 de agosto de 2022 tiene la misma descripción. Su obligación como notario era consultar lasKLAN20 2 3 0 1048 3

constancias registrales

. El notario investigó las constancias d el

R egistro de la Propiedad , utilizó un estudio de título , examinó una

mensura y los documentos que le entregó el vende dor a la
demandante

. La escritura se inscribió en el Registro de la Propiedad. El notari o no tenía facultad para variar las constancias del Registro de la Propiedad , en ausencia de un procedimiento de
deslinde o una acci ó n reivindica toria

. Véase, p ág

. 99 d el apéndice

. Según el apelado, e l A rt

. 1360 no responsabili za al notario y
el T ribunal S upremo de Puerto Rico ha resuelto que el adquiriente de un inmueble a precio alzado debe realizar una mensura antes de otorgar el contrato, para cerciorarse de la exten sión y cabida del
inmueble

. El apelado adu jo que l a apelante demandante admitió

en el contrato de opción que examinó a su satisfacción la propiedad , que la aceptó como estaba y que relev ó de responsabilidad a la vendedora por cualqui er defecto o daño

. Por
último , el apelado argumentó que la responsabilidad de verificar
los lin deros es de los compradores y no del notario y que , en todo

caso , l a reclamación esta ba prescrita conforme lo establece el Art

. 1361, 31 LPRA sec
. 3821 . Véase, p ág

. 99 del apéndice

. La apelante se opuso a la sentencia sumaria porque existe
controversia de hechos sobre la fecha en la que tuvo conocimiento
del daño , la identidad de los causantes, la existencia de un consentimiento valido y si el notario le hizo las advertencias que requie re el negocio jurídico. L a demandante adujo que la
recl amación no prescribió , porque advino en conocimiento del
daño el 25 de septiembre de 2020

. Según la apelante , fue en esa fecha, que el agrimensor le informó que no podía establec er los
linderos , sin la s coordenadas de las distancias y que debió l evantar un plano de mensura , previo a otorgar la escritura para conocer la

ca b ida. La apelante sostuvo que el apelado no le advirtió lasKLAN20 2 3 0 1048 4

consecuencias de adquirir por precio alzado , la des eabilidad de
hace r una mensura para constatar la cabida , antes de otorgar la escritura, no le explicó que el comprador se obliga en la venta a precio alzado a pagar determinada cantidad por toda la cabida que existe dentro de los linderos establecidos en e l contrato , no le advir tió que estaba autoriza ndo una compraventa a precio alzado en la que no esta ba la descripción de los linderos con sus
medida s, como lo requiere ese tipo de negocio , no le explicó que el
vendedor tenía que entregar la finc a mediante l a descripción de
sus li nderos y sus distancias para poder determinar la cabida adquirida , n i la importancia de determinar los linderos al momento
de suscribir el contrato

. Véase, p ág

. 162 del apéndice. El TPI determinó probados los hechos a continuación. L a
demandante estu v o cas ad a con el señor José Collazo Díaz, pero se divorciaron el 26 de junio de 2019. Durante la vigencia de su
matrimonio otorgaron un contrato de opción a compra y otro de compraventa. L a demandante y su entonces esposo otorgaron el

cont rato de opción a compra el 16 de agosto de 2007. El 26 de

octu bre de 2007 , el matrimonio adquirió mediante la escritura
número 241 ante el notario Eduardo J

. Navarro Pluguez la propiedad siguiente : RUSTICA. Precio localizado en el barrio Mameyes de Jayuya , Puerto R ico con una ca bida de cuatro puntos seis mil veintidós c uerdas (4

. 6022 cdas

. ) equivalente a (1) una hectárea ochenta y ocho (88) centiáreas y (44) cuarenta y cuatro mil áreas. En lindes por el NORTE con Manuel Rodríguez por el SUR con Luis Torres por ESTE con David Rodr íguez y por el OESTE con finca propiedad de Luis A. Rodríguez. Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico , Sección 1 Utuado al folio sesenta y ocho vueltas (68 vita) del Tomo noventa y tres (93) de Jayuya finca núme ro cinco mil cuatrociento s cuarenta y cinco (5445) inscripción octava

. Otros hechos que el TPI estableció probados son los siguientes. La descripción de la propiedad es la misma que surgeKLAN20 2 3 0 1048 5

del Registro de la Propiedad , Sección 1 de Utuado. La cabida y los linderos en dicha descrip ción registral están conforme al Estudio
de T í tulo realizado el 3 de octubre de 2007. Al presente , la finca
consta inscrita a nombre de la demandante y su ex c ó ny u ge , José
Col l azo Díaz

. La descripción registral que consta en la Escr itura
Numero 241 coincide con la Certificación Registral emitida el 8 d e agosto de 2022. El 26 de octubre de 20 07 , la demandante y su excónyuge leyeron la escritura de compraventa al momento del
cierre y su otorgamiento ante el apelado que ejercía como abo gado
notario. Durante los tr á mites , el vendedor , Doral Bank , les entregó copia del Estudio de T í tulo y de u n Plot plan , en los que se
indicaba la ubicación, cabida y linderos de la propiedad

. L os compradores no le pidieron al vendedor una mensura al moment o
de la compra

vent a , ni p osteriormente. La demandante comenzó a confrontar problemas con los colindantes del sur y oeste porque reclamaban suyas algunas porciones de su propiedad. La
demandante consultó en el año 2019 a l perito , Carlos Alfonso
Chardón y a otro de apellido Reyes pa ra solicita r una mensura de
la finca con el propósito de establecer los perímetros. No surge de la prueba en el ex pediente que la deman da nte le reclamó verbalmente o por esc r ito al apelado o al vendedor y acr e edor hipotecario que a clarara los linderos de l a finca. El TPI determinó que la demanda se presentó a tiempo porque la demandante se enteró del daño y qui é n lo ocasionó en septiembre de 2020, por voz de los peritos

. El foro apelado concluyó que la apelante no podía incluir en s u oposición a la
sentenci a sumaria alegaciones que no fueron parte de la demanda.
La decisi ó n está basada en lo resuelto en León Torres v

. Rivera
Lebrón , 204 DPR 20 (2020)

. El tribunal dio por no puestas las
reclamacione s de falta de consentimiento informa do, y porKLAN20 2 3 0 1048 6

infr ingir el de ber notari al de asesorar y consignar las advertencias sobre compraventa de precio alzado que la apelante intent ó incorporar por primera vez en la oposición a
la sentencia sumaria

. El TPI responsabili z ó a la apelante porque debió ce rciorarse
de la extensión y calidad d e l inmueble , antes de perfeccionar el

contrato y no lo hizo

. El foro apelado evaluó las alegaciones en las

que la apelante responsabilizó al apelado extracontractualmente,

porque no incluy ó en la escritura las distancia s entre las
colindancias

. La prueba convenció al tribunal de que el notario dio fe de la descripción registral , conforme a la documentación provista por l a apelante que coincidía exactamente con el tracto registral previo. El tribunal no encontró ninguna d isposición legal

que o bli gue al notario a especificar la descripción de los linderos incluyendo los rumbos y distancias entre las colindancias, máxime cuando esos datos no surgen del tracto registral que investigó

ante s de otorgar el instrumento público. S in embargo, reconoció
la importancia de hacer constar los linderos en las
compraventa s por precio alzado
. Según el TPI , la apelante como adquiriente debió ejerc er un grado de diligencia razonable, debido

a que ese deber no es exclusivo d el notario. Al TPI le quedó clar o que ese de ber prevalece sobre el adquiriente a quien le corresponde
cerciorarse sobre l a extensión y las características físicas de la propiedad

. El foro apelado concluyó que la apelante no ejerció adecuadamente su deber de dilig e ncia y no d emostró que la falta
de l as distancias en las colindancias constituyó un incumplimiento
del apelante con sus obligaciones como notari o
. Por eso resolvió

que el codemandado no respondía por los daños reclamados en la
demanda enmendada

.KLAN20 2 3 0 1048 7
El 11 de agosto de 20 23 , el foro primario dict ó la Sentencia
Sumaria Parcial , en la que desestimó la reclamación por daños extracontractuales contra el apelado.
El 31 de agosto de 2023 , la apelante presentó Moci ó n d e
Enmienda a l a Demanda a l Amparo d e l a Regla 13 d e Procedimie nto
Civil para incluir la s alegaciones siguientes contra el apelado :
1. La parte demandante solicita permiso para enmendar la demanda para ampliar sus alegaciones relaci onadas a la participación del notario en la autorización y redacción de la escritura y ade más para ampliar las asev eraciones relacionadas al colindante Adrián Bennet Rodríguez

. 2. Según surgió en el proceso del descubrimiento de prueba, alega uno de los colindantes codemandados , Sr. Adrián Bennet Rodríguez , que parte del terreno que fue vendi do a la demandante por el Ban co, fue adquirido por é ste mediante
e scritura 18 d e l 5 de marzo de 2004 , que alega consta inscrita en el Registro de la Propiedad previo a que se efectuara la compraventa conten ida en la
e scritura de Compraventa Número doscientos
c uarenta y una (241) otorg ada el 26 de octubre de 2007 ante el notario Eduardo J

. Navarro Plug u ez.
3. Al momento de autorizar la escritura de compraventa que sirve de t í tulo a la demandante ya existía un instrumento p ú blico inscrito que era contradictorio al t í tulo que estaba autori z ando

. 4. Como cuestión de hecho, la demandante advino en conocimiento del problema que su terreno aparece solapado por otro terreno segregado luego de h aber recibido el insumo del informe pericial y de discutir su contenido con el pe rito contratado por é sta quien hizo el ejer cicio de identificar adecuadamente la procedencia de la segregación de la fin c a 8589 al sobre posicionar el plano de AC

- 053003 al levantamiento planimétrico de condiciones exis te ntes.
Véase, p ág

. 44 del apéndice del recurso.
La demanda enmendada incluyó las alegaciones a
continuación. [

... ]

6. Según surgió en el proceso del descubri m iento de prueba, alega uno de los colindantes
co demandados, Sr

. Adrián Bennet Rodríguez , que parte del terreno que fue vendido a la dema ndante porKLAN20 2 3 0 1048 8
el Banco , fue adquirido por é ste mediante escritura 18 del 5 de marzo de 2004 , que alega consta inscrita en el Registro de la Propiedad previo a que se efectuara la compraventa contenida en la escritura de Compraventa Número doscientos cuarenta y uno ( 241 ) otorgada el 2 6 de octubre de 2007 ante el notario Eduardo J

. Navarro P luguez . Al momento de autorizar la escritura de compraventa que sirve de título a la demandante , ya existía un instrumento público inscrito que era contradictorio al título q ue estaba autoriz ando.

7

. El notario no hizo advertencia alguna a la parte compradora que se ve afectada por su omisión de la necesidad de mensurar el inmueble para poder conocer si efectivamente la cabida que estaba representándole como el objeto de la c ompraventa era cierta y c orr ecta. In re Vélez Torres , 202 TSPR 79 ; In r e Pe ña Osorio , 202 DPR 779 , 789 (20 19) ; In re Torres Alicea , 175 DPR 456, 460 (2009)

. L. F

. Estrella Mart í nez , El notariado latino en Puerto Rico como exponente de las aspiraciones del sistema jurídico I beroame ricano , 60 Rev

. D

. P

. 547, 546 (2021)

. 8

. El notario tampoco advirtió a la demandante de las consecuencias legales de comprar por precio alzado , de la des e abil idad de hacer una mensura de la propiedad para poder constatar que la c abida que alegadamente te nía el inmueble que estaba comprando efectivamente era real, de su derecho a p r ocurar hacer una mensura antes de celebrar la compraventa. Recuérdense que “ [ l ] as personas que ejercen la función notaria l siempre deben ser conscientes que son juristas que tie nen, por mandato deontológico y jurídico, un deber ineludible de instruir a los oto r gantes las consecuencias de sus actos jurídicos. Deben, por ende, cerciorarse que la escritura que present a n ante las partes cumple con los requisi tos necesarios para que l a volunta d de los otorgantes se lleve a cabo

. ” In re Pagani Padró , 198 DPR 812, 821 ( 20 17)

. 9. El notario no explicó a la demandante ni hizo la advertencia legal de que en una venta por precio alzado el comprador se obliga a pagar determinada cantidad de dinero por toda la cabida de un inmueble que resulte existir dentr o de unos linderos ya establecidos en el contrato. Esto a pesar de que “ el notario es un funcionario público y un profesional de l Derecho a la misma vez. ” In re Garc ía Cabre ra , 188 DPR 196 , 207 (2013). El notario , como funcionario público , “ da fe de lo que ve, oye y percibe por sus sentidos. Por otro lado, como juris ta , aut e ntica y formula un juicio, d a fuerza probatoria a las declaraciones de voluntad de las parte s e n instrumentos y document os públicos que debe redactar conforme a las leyes. ” Id

. págs. 207

- 2 08. Por tanto , “ [ e ] s evidente que el notario no es un simple observador del negocio jurídico que se realiza ante él

. ” In re González Hernández , 19 0 DPR 164, 177 (2 014)

.KLAN20 2 3 0 1048 9
10. El notario no e xplicó a la demandante ni hizo la advertencia legal que la escritura autorizada e r a una compraventa a precio alzado donde no está la descripción d e los linderos mediante su designación partic u larizada con sus medidas que requiere u na compraventa de e se tip o
. Cuando u n notario o notaria autoriza un instrumento público e n Puerto Rico tiene cuatro d e beres que se desprenden de nuestra jurisprudencia : primero, el notario o notaria debe indagar la voluntad de los otorgantes ; segundo , form ular la voluntad indagada ; tercero , investigar ciertos hechos y datos de los que depende la efi cacia o validez del negocio, y cuarto , darles a los otorgantes la información , aclar aciones y advertencias necesarias para que co mprendan el sentido, así como lo s efectos y consecuencias , del negocio , y se den cuenta de los riesgos que corren en celebrarlo

. Chévere v
. Cátala , 115 DPR 432, 438 (1984)

. 11

. El notario no explicó a la demandante ni hizo la advertencia legal de que en la compraventa por precio alzado, el vendedor tiene que en tregar la cosa cierta, que es l a finca individualizada mediante la descripción de sus linderos y sus distancias para poder determinar si la cab ida de las 4

. 6 022 cuerdas existía en realidad.
12

. El notario no explicó a la demandant e ni hizo la advertencia legal que en una venta a precio alzado lo importante es determinar cuáles eran los linderos establecidos por las partes al momento de suscribir el contrato de compraventa.

13. El notario en las advertencias hechas en la escritura autorizada por este no co nsignó que advirtió a las partes sobre el hecho de la necesidad de que para que pueda haber una compraventa a precio alzado la ley requ iere que la finca esté individualizada mediante la descripción de sus linderos mediante su desig nación particularizada co n sus medidas lo cual es un requisito para poder cons ta tar la ca b ida.

14. El notario no explicó ni advirtió a la demandante ni surge de la escritura que hiciera la advertencia alguna del hecho de la necesidad de levantar un plano para poder establecer la descripción de los linderos con sus distancias.
15

. El notario no advirtió ni explicó a la demandante ni s urge de la escritura qu é significa una compraventa por precio alzado y sus consecuencias legales para poder prestar un conse ntimiento informado y tom ar las medidas necesarias para proteger sus intereses.

16. E l notario es el profesional del derecho encarg ado de la función de recibir e interpretar la voluntad de las partes , dándole forma legal, redactar las escrituras y documen tos notariales a tal fin y conferirle autoridad a estos y no cumplió con sus deberes como custodio de la fe pública siendo est e el llamado a asegurarse de que los otorgantes de unKLAN20 2 3 0 1048 10
instrumento público que autoriza entienden cabalmente el negocio jurídico.
17. El notario incumplió con sus obligaciones esenciales al autorizar una escritura pública , sin indagar la volunta d de los otorgantes ; sin formular la voluntad indagada ; sin investigar ciertos hechos y da t os de los que depende la eficacia o validez del
ne gocio ; sin darles a los o torgantes las informaciones, aclaraciones y advertencias necesarias para que comprendan el sentido, así como los efectos y consecuencias del negocio, y se den cuenta de los riesgos que corren en celebrarlo.

18. La omisión del nota rio en la descripción ade cuada de los linderos mediante su designación particularizada con sus medidas que no perm ite determinar de forma fehaciente cu á les son los linderos del inmueble cuya cabida registral es de 4

. 6 022 cuerdas sumada a la omisión de hace r saber a la demandante q ue sin esa información no se podía consta tar la cabida real del inmueble lo hace responsable por los daños y perjuicios que l e ha ocasionado , que al día de hoy continua sufriendo y padeciendo , con la incertidumbre de desconocer si en algún momento va a enc ontrar a la mancillada justicia.

19. El Art í c ulo de la Ley Notarial, 4 LPRA sec . 2032 , instituye que “ [ l ] os notarios redactar á n las escrituras públicas de acuerdo c on la voluntad de los otorgantes y adaptándola a las formalidades jurídicas necesarias para su eficacia ” . A la par, como parte de su función notarial, es necesario que los notarios y notarias se aseguren de obtener el consentimiento informado de los oto r gantes, por medio de la explicación , aclaración y advertencias neces arias

. In re Torres Alice a , supr a , pág. 461.
20. Por su parte , el Artículo 15 ( f ) de la Ley Notarial , 4 LPRA sec. 20 33 , le indica al notario o notaria el deber de consignar en la escritura , entre otras cosas , “ [ h ] aberl e s hecho de palabra a los otorgantes e n el acto del otorgamient o las reservas y advert encias legales pertinentes. No obstante, se consignarán en el documento aquellas advertencias que por su importancia deban, a juicio prudente del notario , detallarse expresamente ” . Hemos hecho hincapié en que el notario “ debe aplicar el derecho positiv o y la jurisprudencia considerando, a su vez, el contenido del negocio y las estipulaciones que se suscribirán al momento d e decidir qu é advertencia s debe hacer constar ” , y por lo tanto, “ tiene la obligación étic a de
conocer e l derech o a plicable al asunto ante s u consideración ”

. In re Palmer Ramos , supra , pág. 256

. 21. Los notarios y notarias tienen el deber de inve s tigar los antecedentes registrales de la propiedad ante s de otorgar la escritura pues si o mitiese t al investigación o si no la h i ciese conforme a los másKLAN20 2 3 0 1048 11
alt o s estándares de diligencia y competencia , incumpliría con su deber de informar apropiadamente a los otorgantes. In r e López Maldonado , 130 DPR 863, 865

- 866 (1992) . Por lo tanto , se ha repetido en incontadas ocasiones que la falta de investigación apropiada y responsable es, en sí misma , una violación a la ley Notarial de Puerto Rico

. Id ; In re Pagani Padró , s upra , pág. 822 ; In r e Aponte Berdecía

, 161 DPR 94, 104 (2004)

. 2 2. La descripc ión adecuada de los linderos supone
c onocer no solo la identidad del colindante sino además la ubicación de estos pues de lo contrario no se pued e establecer ni conocer lo qu e comprenden

. Según Diego Espín , en su obra Manual de Derecho Civil E spañol , vol

. III , Madrid , 1961, pág. 500 señala qu e “ ...en la venta a precio alzado , siendo fundamental la en t rega de todo lo incluido en el perímetro deli m itado... p ara que exista un p e r í metro delimitado
e s f undamental que se provea la información necesaria para poder conocer l a s dis tancias y rumbos que se
u tilizan para establecer las colindancias.
23

. El notario además alega que la demanda presentada en su contra está prescrita alegando que ha estableci do en su relación de pr e suntos hechos que la demandante conocía o debió haber con ocido del daño que se adu c e en la demanda desde el momento en que leyó el instrume n to y / o desde el 20 18, l o cual
es una mera suposición que no se sostiene con la alegada evidencia pr e sentada como hechos propuestos y ha quedado además claramente controverti da con la declaración jur ada de la demandante que categóricamente establece c o mo fecha d e par t ida so b re el conocimiento del daño y la identidad del causante de é ste con posterior i dad al 25 de septiembre de 2020 , fecha cierta en la que contrató los servicio s profesionales del aboga do.
24

. Como cuestión de hecho, la demandante advino
en conocimiento del pro blema que su terreno aparece
so l apado por otro terreno segregado luego de haber recibido el insumo del informe pe r icial y de discu t ir su contenido con el perito contratado por é st a qu i e n hizo el ejercicio de identificar adecuadamente la p r ocedencia de la segregación de la finca 8589 al sobre posicionar el plano de AC

- 053003 al l evantamiento planimétrico d e condiciones existentes.
Véase, págs

. 50

- 55 del apé ndice el recurso. La ape lante presentó una moción de reconsideración y de
determinaciones de hecho adicionales en la que aduj o q ue , en su oposición a la sentencia sumaria , informó que enmendaría la
demanda para aclarar y añadir alegaciones contra el apela do. La

señora Rivera aduj o que el tribunal no consideró los hechosKLAN20 2 3 0 1048 12

probados mediate l a declaración jurada que acompaña la moción
de sentencia

. Según la apelante, el tribunal tampoco consideró los
hechos controvertidos que surge n de esa prueba y que impiden
dictar sentencia sumaria

. El apelado se opuso a la reconsideración , porque estaba basada en alegaciones que no formaron parte de la demanda

. Además, argumentó que la demandante pretendía enm endar la
demanda , a pesar de que el tribunal ya dictó sentencia s umaria parcial a su favor

. Según el apelado , la apelante intenta usar la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA A p. V , que regula las enmiendas a las alegaciones, como un mecanismo de revisión judicial

. F ue enfático en que la s alegaciones de la demanda no puede n ser enm endadas med iante una oposición a la sentencia
sumaria y menos aún, luego de dictada la sentencia. El TPI concluyó que la moción de reconsideración n o cumplió con la Regla 47 de Procedimiento Civil , 32 LPRA A p. V ,
porque no estaba fundamen tada en cuestiones sustan ciales
relacionadas con las determinaciones de hecho p ertinentes o en
conclusiones de derecho materiales . Además, de que los asuntos
señalados no se contempla ron en la demanda y son alegaciones

nuevas. E l TPI determinó que , las ale gaciones de : (1) falta de
consentimiento inf o rmado al momento de otorgar la escritura de compraventa , (2) infracción del deber de asesoram ie nt o y (3) falta de consignación d e las advertencias sobre la

com p raventa de precio alzado , no estaban relacionadas c on las
determinaciones de hecho de la Sentencia Parcial.
Por otro lado , el TPI rechazó la solicitud de determinac i on e s
d e hechos adicionales porque algunos de los h e c h os propuestos
fueron incluidos en la sentencia , la gr a n mayoría están su j et o s a prueba y no está n fundamentadas en cuestiones sustanciales

.KLAN20 2 3 0 1048 13
Por último , el TPI no autorizó la enmienda a la demanda
relacionada a la reclamación contra el apelado. E l tribunal advirtió

que la apelante intentó incorporar , por pr i mera vez , e s as alegaciones en la opos ición a l a sentencia suma ria y , en esa
ocasión , determinó que era n improcedente s
. León Torres v

. Rivera
Lebrón , 204 DPR 20 (2020)

. No ob stante, utilizó las mismas alegacion es para o btener una reconsideración de la sentencia.
El TPI analizó la procedencia d e las enmiendas propuesta s
conforme a los cinco criterios establecidos

. El foro apelado valoró el impacto del tiempo transcurrido previo a la enmienda

. Según el TPI , aunque la apelante habí a expres ado su intención de
enmendar la demanda , no lo hizo formalm ente hasta que dictó la

S entencia S umaria Parcial , e n la que desestimó la reclamación contra el apelad o. El tribunal señaló que la apelante no justificó satisfactoriamente la razón para la demora en presentar la
demanda enmendada

. Según el TPI , el perjuici o a la otra parte era
evi dente , porque la apelante intenta traer a l apelado nuevamente al pleito y ya el abogado notario t iene una sentencia sumaria a su
favor. El foro apelado evaluó la procedencia de la enmi e nda y concluyó que todas las alegaciones propu estas surgen del otorgami ento de la escritura de compraventa y que esa información estuvo disponible mediante el procedimien to de descubrimiento de prueba . Por último , determinó que la apelante plantea una nueva
defensa que no fue adjudicada sumaria mente , porque no form ó
parte de la demanda

. El foro primario resolvió que la enmienda no procede porque

es propuesta en un momento irrazonablemente tardío , porque se presentó luego de dictada la sentencia en la que se desestimó la
causa de acci ó n contra el apelad o
. Únicamente autorizó las alegaciones 6 y 24 relacionadas al codemandado , Alexis Bennet

.KLAN20 2 3 0 1048 14
Inconforme e l apelante presentó este recurso en el que alegó los errores siguientes :
ERR Ó EL TPI AL DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA DEMANDA , SIN PERMITIR ENMENDAR LA DEMAN DA , ADOPTANDO POR REFE RENCIA L O S HECHOS Y ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA DESCARTANDO LOS HE CHOS NO CONTROVERTIDOS QUE LA PARTE DEMANDANTE PRESENT Ó

. ERR Ó EL TPI AL DENEGAR LA SOLICITUD DE DETERMINACIONES ADICIONALES DE HECHO , LA RECONSIDERACI Ó N Y LA ENMI ENDA A LA DEMAN D A Y DE SESTIMAR LA DEMANDA.

II
. Sentencia Sumaria La sentencia sumaria promueve una solución justa, rápida y
económica para litigios de naturaleza civil en lo s que no hay controversia genuina sobre hechos materiales que componen la
causa d e acción. Birriel Coló n v. Econo y otros, 2023 TSPR 120, 213 DPR ___ (2023); Acevedo y otros v. Depto

. Hacienda y otros , 2023 TSPR 80, 2 12 DPR ___ (2023); González Santiago v. Baxter
Healthcare , 202 DPR 281, 290 (2019). La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, establece que la sentencia sumaria procede cuando las alegaciones, deposiciones y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia, acreditan que no existe una controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial y material. Íd ., pág. 291. El tribunal podrá dictar s entencia sumaria a favor del promovente, sin necesidad de celebrar un juicio, si no existe controversia de los hechos materiales que motivaron el pleito y únicamente resta aplicar el derecho a los no co ntrovertidos.
González Meléndez v. Mun

. San Juan et al

. , 2023 TSPR 95, 212 DPR ___ (2023) ; Acevedo y otros v. Depto

. Hacienda y otros , supra;
Roldán Flores v. M. Cueb as et al , 199 DPR 664, 676 (2018). LaKLAN20 2 3 0 1048 15

sentencia sumaria únicamente p rocede cuando el derecho aplicable lo justifica. La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra , dispone los requisitos con los que debe cumplir una moción de
sentencia sumaria. Oriental Bank v. Perapi et al , 192 DPR 7, 25 (2014). La parte promovente de la mo ción de sentencia sumaria tiene que desglosar los hechos sobre los que alega no existe controversia. Además de especificar para cada uno la página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo apoya. Roldán Flores v. M. Cue bas et al , supra, pág. 676; Ramos Pérez v. Univisión , 178 DPR 200, 213 (2010).
Mie ntras que, la parte que se opone a una moción de sentencia
sumaria tiene que demostrar que existe controversia en cuanto a algún hecho material. Se considera un hecho materia l aquel que pueda afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el
derech o sustantivo aplicable. Roldán Flores v. M. Cuebas et al ,
supra
. Para ello, el promovido deberá presentar una contestación detallada y específica, y refutar los hechos que ent iende que están en disputa con evidencia sustancial. Birriel Colon v. Econo y otros ,
supra ; Abrams Rivera v. E L A , 178 DPR 914, 933 (2010). Si, al contrario, asume una actitud pasiva y descansa únicamente en sus alegaciones, se expone a que se dicte sent enc ia sumaria en su contra sin la oportunidad de un juicio en su fondo , de proceder en
derecho

. León Torres v. Rivera Lebrón , supra , págs. 43

- 44

. Cualquier duda no es suficiente para derrotar la procedencia
de una moción de sentencia sumaria. La duda exist ente tiene q ue

perm itir concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes. Los tribunales solo podemos concluir que existe una controversia real y sustancial en cuanto a un hecho material, cuando el oponente prese nta prueba q ueKLAN20 2 3 0 1048 16

podr ía inducir a un juzgador racional a resolver a su favor. Oriental Bank v. Perapi et al , supra, pág. 26. La sentencia sumaria tampoco procede, si existen alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas y
de los documentos que acompaña n la mo ción de sentencia sumaria surge controversia sobre algún hecho material y esencial, o cuando como cuestión de derecho no procede el remedio
sumario. Oriental Bank v. Perapi et al, supra, págs. 26, 27. El tribunal apelativo utilizará los mismos crite rios qu e el Tribunal de Primera Instancia al determinar si procede una sentencia sumaria. No obstante, al revisar la determinación del Tribunal de Primera Instancia, únicamente podrá considerar los documentos que se presentaron ante ese foro. L as partes no podrán traer en apelación evidencia que no fue presentada oportunamente ante el Tribunal de Primera Instancia, ni esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos. El tribunal apelativo únicamente puede determinar si existe o no alguna controv ersia genuin a de he chos materiales y esenciales y si el derecho se aplicó correctamente. Sin embargo, no puede adjudicar hechos materiales en disputa porque esa tarea es del foro de primera
instancia. Meléndez González et al v. M. Cuevas , 193 DPR 100, 114, 116 (2015).
El T ribunal S upremo de Puerto Rico adoptó la norma
establecida en la esfera federal de que la oposición a la sentencia
sumaria no es el vehículo apropiado para presentar reclamaciones

nuevas que nunca antes habían sido aducidas

. Por esa razón , la parte demandante tien e vedado cualquier intento de incorporar reclamaciones nuevas o corregir deficiencias en su demanda, una
vez sometida una solicitud de sentencia sumaria. El procedimiento
adecuado en esas circunstancias es solicitar la anuencia delKLAN20 2 3 0 1048 17

tribunal para enmendar l a demanda. León Torres v. Rivera Lebrón ,
supra , págs. 45

- 49

.

Responsabilidad del Notari o El notario es un profesional del derecho al que se le reconoce
el carácter de jurista

. Al notario también se le reconoce n las
cualidad es de pe rito técnico y pr á ctico d el d erecho que le asiste n

c omo int é rprete y asesor de la voluntad humana deseosa de realizaciones jurídicas

. Un error de juicio en el quehacer notarial no da lugar l a responsabilidad civil de parte del notario cuando
actúa conforme a un juicio informado y honesto, fundado e n un
estudio adecuado y en una interpretación razonable de las disposiciones legales vigentes al momento del o torgamiento de la
escritura , que luego es declarad a nula por el tribunal. Fed. Pesc. Playa Picuas v. U. S. Inds., Inc. , 135 DPR 3 03, 320

- 321 (1994)

. Sin embargo, queda incólume el principio que impone al notario el deber de conocer la ley, los cánones de ética , e l contrato entre las partes y las buenas costumbres

. Además de ejercer su misión
conforme a las n ormas de excelencia profe sional que el ejercicio del notariado moderno requiere de todo notario. Federación de
Pescadores vs
. US

, supra
. Además, de l a acción disciplinaria a la que puede estar sujeto un notario por violación a los deberes inherentes d e la profesión, puede responde r civilmente cuando cause un daño a su
cliente que emane de la negligencia y el descuido en el ejercicio de
la gestión notarial. Feliciano v

. Ross , 165 DPR 649, 661 ( 2005)

. Su responsabilidad será extracontractual cuando el no tario provoque un daño por violar una obligación que l a ley le impone

. Feliciano v

. Ross , supra
. No obstante, la responsabilidad civil contractual
ocurre cuando el daño surge del quebrantamiento de unaKLAN20 2 3 0 1048 18

obligaci ó n que la ley no le impone , per o asumió contractual mente.
Feliciano v

. Ross , supra
. El notario como profesional del derecho tiene el deber de ejercer una puntillosa función que robustece de seguridad y certeza jurídica los hechos y actos que se consignan bajo su fe
notari al. Por esa raz ón debe poseer las c aracterísticas personales indispensables de pro bidad, capacidad profesional y diligencia. Los
notarios no son meros autómatas en el sen tido cartesiano de la palabra, porque su función no se limita a legalizar las firmas. Los
miembros de la profesión notari al tienen la obligaci ó n ética de comprobar que el instrumento p ú blico ante su presencia cumpla con todas las formalidades que exige la legislación. El notario tiene
un deber inescapable de ilustrar a los otorgantes las
consecuencias de sus actos jurídicos y debe cerciorarse de que el
instrumento público cumple con los requisitos necesarios para que la voluntad de los otorgantes se lleve a cabo. El rol del notario como promotor de la equidad y garantía de derechos de las personas constitu ye una responsabilid ad social ineludible. El
notario tiene el deber ineludible de ejercer su función con excesivo cuidado, esmero y celo profesional

. Los miembros de la profesión legal juramentados como notarios están obligados a cumplir la
función notaria l que representa la fe pública y la ley para todas las
partes

. In r

e Rivera Pérez

, 208 DPR 805, 816

- 817 ( 2022). Según lo dispuesto en el A rt

. 14 de la Ley Notarial de Puerto
Rico , 4 LPRA sec

. 2032 , los notarios redactar á n las escrituras públicas de acuerdo con la voluntad de los otorgantes y las adaptar á n a las formalidades jurídicas necesarias para su eficacia

. A la par y como parte de su función, los notarios han de

asegur arse de obtener el consentimiento informado de los
otorgantes por medio de la explicación, la aclaración y lasKLAN20 2 3 0 1048 19

advertencias necesarias. El Art

. 15 ( f ) de la Ley Notarial , 4 LPRA

sec
. 2033 , obliga a los notarios a consignar en la escritura que advirtió de palabra a los otorgante s en el acto del otorgamiento , las reservas y advertencias legales pe rtinentes. No obstante , también
deberán consignar las advertencias que , según su juicio prudente , deb en detall a rse expresamente. El profesional de la notar í a debe cumplir con la Ley Notarial y su reglamentación aplicable y comportarse bajo el umbral de los cánones del C ódigo de Ética

Profesional

. In r

e Rivera Pérez

, supra, pág. 818

. El C anon 18 del Código de Ética Profesional , 4 LPRA Ap. I X, exige que los abogados incluso , cuando se desempeñan como
notarios , rindan una labor idónea de competencia y diligencia. El

n otaria do puertorriqueño puede demostrar que tiene el conocimiento jurídico necesario durante la ejecución de sus
funciones. Este canon obliga a los profesionales de la notar í a a ilustrar e instruir a los otorgantes con explicaciones , aclaraciones y adverte ncias necesarias según el derecho positivo notarial y la jurisprudencia emitida por e l Tribunal Supremo de Puerto Rico. El profesional de la notar í a , al ser el custodio de la fe pública notarial, no puede darse el lujo de desconoce r el estado de las consta ncias del Registro de la Propiedad . El notario está obligado a investigar
los antecedentes registrale s , ante s de otorgar la escritura , conforme a los más al t os estándares de diligencia y competencia

. Si no lo hace incumplirá con su deber de informar apropi adamen te a los otorgantes y se configurará una infracción a la fe p ú blica
notarial. La falta de investigación apropiada y responsable en s í
misma constituye una violación a la L ey N otarial

. In r e Rivera

Pérez , supra , págs. 819

- 820

.KLAN20 2 3 0 1048 20 Las alegaciones de la d emanda y sus enmiendas La demanda tiene que incluir una relación sucinta y sencilla
de los hechos que dem uestran que la demandante tiene derecho a
un remedio. Aunque no es necesario que la deman dante expon ga
detalladamente todos los hechos que dan base a l a recl amación . L a Regla 6.5 ( a ) de Procedimiento Civil , 32 LPRA A p. V , especifica que
cada aseveración contenida en una alegación debe ser sencilla , concisa y directa sin que sea necesario valerse de fórmulas técnicas en el proceso de redacción

. Las alegaci ones s e interpretarán conjunta mente y liberal mente a favor de la
demandante

. La intención de es a liberal idad es hacer justicia. El propósito de las alegaciones es notificar a l a parte contraria a grandes rasgos de las reclamaciones en su cont r a para que

co mparez ca a defenderse , si lo des e a. León Torres v

. Rivera Lebrón ,
supra , págs. 40

- 41

. Los tribunales ejercerán liberalmente su facultad para
autorizar las enmiendas a las alegaciones. Nuestra jurisdicción se rige por una política pública clara a favor de q ue los casos se
ventilen en sus méritos

. Igualmente se caracteriza por un inter é s importante en que los litigantes tengan su día en corte y no se perjudiquen por los acto s u omisiones de sus abogados. SLG Font
Bardon v

. Mini Warehouse , 179 DPR 322, 334 (20 10)

. L a Regla 13.1 de Procedimiento Civil , 32 LPRA Ap

. V , permite enmendar las alegaciones de la demanda sin autorización del
tribunal , antes de notificada una alegación responsiva . La autorización judicial tampoco es requerida cuando no es necesari o

una a legaci ón responsiva . El tribunal en ese caso permitirá la
enmienda dentro de los veinte días de notificada y siempre que el juicio no haya sido señalado

.KLAN20 2 3 0 1048 21

L a aprobación del tribunal es necesaria en los demás casos

. Aunque el tribunal tiene discreción para p ermiti r la enmienda , la
decisión debe basa rse en los criterios siguientes : ( 1 ) el impacto del tiempo transcurr i do previo a la enmienda, ( 2 ) la razón de la demora, ( 3 ) el perjuicio a la otra parte y (4) la procedencia de la
enmienda solicitada

. León Torres v
. Riv era Lebrón , supra , págs. 35,

36

. Estos factores tienen que evaluarse conjuntamente , porque ninguno opera aisladamente. León Torres v

. Rivera Lebrón , supra. El paso del tiempo no impide ipso facto, que e l tribunal
admita una enmienda. Los tribunales d eben e valuar la solicitud de
enmienda liberalmente , aun en etapas avanzada s de los procedimientos como la Confe re ncia con Antelación al Juici o. El
factor más relevante al momento de evaluar una solicitud de autorización para enmendar las alegaciones es el perjui cio que puede causarle a la parte contraria. La enmienda usualmente se prohíbe cuando engendra un perjuicio indebido a la parte afectada
o si se solicita en u n momento irrazonable. Sin embargo , si la enmienda no causa perjuicio a la otra parte, no es sufic iente para
de negarla que se haya present ado tardíamente . Por otro lado , será
d enegada si altera radicalmente el alcance y naturaleza del caso , porque convierte la controversia inicial en tangencial . Sin embargo , el cambio de teoría por s í solo no es sufici ente para denegar el permiso, salvo que ocasione perjuicio al demandado

. SL G Font
Bardón v
. Mini Warehouse , supra , pág s
. 335

- 336

.

Moción de Reconsideración Según lo dispuesto en la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap

. V :
La moción de reconsi deraci ón debe exponer con suficiente particularidad y especificidad los hechos y el derecho que la promovente estime deben considerarse y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con las determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de hecho s mate riales

.KLAN20 2 3 0 1048 22 La moción de reconsideración que no cumpla con las especificaciones de esta regla será de cl a ra da sin lugar y se entenderá que no ha interrumpido el t é rmino para recurrir

. La especifi cidad es el criterio rector para determinar si la
moción de recon sideración interrumpió el término para apelar o
acudir en revisión. El tribunal tiene que examinar si el promovente cumplió con los requisitos de la norma procesal

. Luego de eval uar
si la presentación y la notificación fueron oportunas, le resta

exam inar l a particularidad y especi ficidad de los hechos y el derecho que el promovente entiende que debe reconsiderar

. Simons
y otros v

. Leaf Petroleun Corp

. , 209 DPR 216 , 224 (2022)

. Moción de D eterminaciones de H echo A dicionales La Regla 43.1 de Procedimien to Civ il , 32 LPRA Ap. V , exige la
acumulación en una misma petición de la moción de reconsideración y la moción de determinaci ó n de hechos
adicionales

. Así el tribunal podrá resolver ambos asuntos en la
misma resoluci ó n. Al igual que la moción de reconside ración , una
solicitud de determinaciones de hecho adicionales oportunamente presentada, interrumpe automáticamente los términos para recurrir en alzada, siempre que cumpla las especificaciones que la propia norma establece . La moción al amparo de la Regla 43 .2 ,
supra, no puede utilizarse para introducir prueba nueva que estuvo disponible en el juicio o traer nuevas teorías

. Los tribunales no podemos perder de vista que los propósitos de esa regla son los siguientes : (1) que el tribunal quede satisfecho de q ue ate ndió cabalmente todas las controversias y ( 2 ) que las partes y los foros apelativos esté n informados de todos los cim ientos de la decisi ó n
del Tribunal de Primera I nstancia. Morales y otros v. Sheraton Corp., 191 DPR 1, 9

- 10 ( 2014)

.KLAN20 2 3 0 1048 23 Compraventa de b ien in mueble a precio alzado, s egún lo dispuesto en el Art
. 1 358, 31 LPRA sec. 3818 1 La obligación de entregar la cosa vendida comprende la de poner en poder del comprador todo lo que expr e se el contrato , mediante las reglas siguientes :
Si la venta de bie nes i nmuebles se hubiese hecho con expresión de su cabida , a razón de un precio por unidad de medida o número , tendrá obligación el vendedor de entregar al comprador , si é ste lo e xige, todo cuanto se ha

ya expresado en e l c o ntrato ; pero si esto no fuese pos ible, podrá el comprador optar entre una reba

ja proporcion al del precio , o la rescisión del contrato , siempre que en este último caso , no baje de la d é cima parte de la cabida la disminución de la que se le atribuyera al inmueble.
Lo mis m o se hará, aunque r esult e igual cabida, si alguna parte de ella no es de la calidad expresada en el contrato.

La rescisión , e n este caso, s ó lo tendrá lugar a voluntad del comprador, cuando el menos valor de la cosa vendida exceda de la décima parte del precio conveni do.

Po r su parte , el A rt

. 1359, 31 LPRA sec

. 3819 , dispone lo siguiente :

Si en el caso de la sec . 3818 de este título resultare mayor cabida o número en el inmueble que los expresados en el contrato , el comprador tendrá la obligación de pagar el exceso de precio si l a mayor cabida o número no pasa de la vigésima parte de los señalados en el mismo contrato ; pero si excediere de dicha vigésima parte, el comprador podrá optar entre satisfacer el mayor valo r del inmueble , o desistir del contrato.
El Art

. 1360, 31 LP RA se c
. 3820 , dispone lo siguiente :
En la ve n ta de un inmueble, hecha por precio alzado y no a razón de un tanto por unidad de medida
o número , no tendrá lugar el aumento o disminución del mismo, aunque resulte mayor o menor cabida o número de los expresad os en el contrato. Las acciones que nacen de las tres secciones anteriores prescribirán a los seis ( 6 ) meses , contados desde el día de la
entrega. Art

. 1361, 31 LPRA sec

. 3821.

1 Los eventos fácticos y procesales de este caso ocurrieron durante la vigencia del Código Civil de 1930, según enmendado, 31 LPRA ant. s ec. I et seq., hoy derogado , por lo que nos a poya mos en sus disposiciones y l a jurisprudencia inter pretativa.KLAN20 2 3 0 1048 24 La venta por precio alzado es aquella en la que el comprador se obliga a pagar dete rminada cantidad de dinero por toda la
cabida de un inmueb l e que resulte existir dentro de l os linderos
establecidos en el cont rato. Rodríguez v
. Pérez , 164 DPR 368, 376 (2005)

. E l vendedor tiene que entregar la finca , mediante la descripción de sus l inder os. De modo que tiene que entregar todo lo que está dentro de los linderos a cambio del precio convenido. Cualquier diferencia entre la cabida expresada y la que existe realmente, no da margen a reclamaciones o indemnizaciones

. Rodríguez v

. Pérez

, su p ra; S oc i eda d de Gananciales v

. Srio

. de
Justicia , 137 DPR 70 , 76 (199 4)

. Por esa razón , en las ventas a

pr e cio alzado, lo importante es determinar los linderos establecidos por las partes al m o mento de suscribir el contrato de compraventa. Rodríguez v

. Pérez

, s upra , pág. 377

.

III
. La apelante , en síntesis , alega que el TPI erró al declarar No Ha Lugar las solicitudes de reconsideración y determinaciones de
hecho adici o nales , no au toriza r la demanda enmendada y
desestimar sumariamente la reclamación contra el ape lad o
. El TPI concluy ó que la moción de reconsideración no cumplió con la Regla 47 , supra , porque no estaba fundamentada
en cuestiones sustanciales relacionadas a determinaci ones de
hecho pertinentes o en conclusiones de derecho materiales.
Además de que lo s asuntos señalados no se contemplaron en la demanda y son alegaciones nuevas

. El TPI determinó que las alegaciones de : (1) falta de consentimiento informado al momento
de o torgar la escrit ura de compraventa, (2) infracción del deber de

asesoram i ent o y (3) falta de consignación de las advertencias sobre la compraventa de precio alzado, no estaban relacionadas con las
determinaciones de hecho la Sentencia Parcial.KLAN20 2 3 0 1048 25 El foro apel ado denegó corre ctamente la moción de
reconsideración. L os argumentos de la represe ntación legal de la apelante son incorrectos. La moción de reconsideración en oposición a la sentencia sumaria no tiene ningún efecto, porque no cumple con los requisitos de la Regla 47 de Procedimiento Civil ,
supra. El escrito que presentó la apelante no está basad o en
cuestiones sustanciales relacionadas con las determinaciones de
hecho pertinentes ni en conclusiones de hechos materiale s , como se exige en la regla citada

. L a apelante simplemente argumentó

que la moción de sentencia sumaria está basada en una relación
selectiva de los hechos , que el apelado alegó no están en
controversia . Según la apelante , el apelado se limitó a imputarle responsabil i da d

. La moción , además , se fundament ó en alegaciones nuevas que no son parte de la demanda, ni fueron
atend idas en la sente ncia objeto de la reconsideración. La
demandante argumentó que el apelado desatendió su función como profesional del derecho, porque no le brindó las
informa ciones, aclaraciones y advertencias necesarias para que los otorgantes entendieran los efectos y consec uencias del negocio

. Sin embargo, esas alegaciones no fueron parte de la demanda y , por consiguiente , no fueron atendidas por el TPI en la sentencia.

L a parte apelante tiene que entender que una moción de reconsideración que no cumple c on la Regla 47 , supra , será declarada NO HA LUGAR y tampoco interrumpirá el término para apelar. La moción de reconsideración que presentó su representación legal no cumplió con los requisi tos expresamente
establecidos en esa regla. U na moción de reconside ración
fundamenta da en asuntos que no fueron objeto de la sentencia
cuestionada , y que no cumple con la especificidad y particularidadKLAN20 2 3 0 1048 26

requerida en la Regla 47 de Procedimie nto Civil , tiene que ser
declarada NO HA LUGAR

. Por otro lado , la apelante cuestio na que el TPI declaró NO HA
LUGAR la solicitud de determinaciones de hecho adicionales.

Su representación legal fundament ó la solicitud en la
declaración jurada de la señor a Rivera Frets . Véase, p ág

. 184 d el apéndice del recurso

. U n análisis de los hecho s propuestos nos lleva a la misma conclusión que el TPI . Algunos de los hechos propuestos fueron
incluidos en la sentencia apelada o no han sido probados y o tros
no son pert inentes ni relevantes. Por último, la apelante incluyó
hecho s nuevos que no fueron parte de las alegaciones de la demanda y que no estuvieron ante la consideración del tribunal al
momento de dicta r la sentencia

. Por consiguiente, es obvio que el TPI denegó correctamente la solicitud de determinaciones de hecho
adicionales

. La apelante, a demás , alega que el TPI erró al no autoriz ar la
demanda enmendada

. El error señalado no fue cometido. La representación legal de la ape lante argumenta que manifestó la
inten ción de enmendar la demanda en su oposición a la sentencia sumaria y en otras etapa s del caso. Sus argumentos carecen de
fundamentos. La solicitud de enmienda a la demanda es más que
tardía , porque se presentó en un momento que , a todas luces , es
irrazonab le. La representación legal de la apelante pr e tende que el

TPI permita la enmienda , cuando ya ha dictado sentencia a favor del apelado. El perjuicio a l apelad o es m á s que evidente, por que lo obligaría nuevamente a ventilar una controversia que ya fue adjud icada a su favor

. Por último, la apelante alega que existe controversia de
hechos e senciales que impiden exonerar al apelado sumariamenteKLAN20 2 3 0 1048 27

de responsabilidad

. Su oposición a la sentencia sumaria está
basada en hecho s que no alegó en la demanda

. Según la ape lante, el apelado no le explicó que el comprado r se obliga en la
compraventa a prec io alzado a pagar determinada cantidad por toda la cabida que existe dentro de los linderos , no le advirtió que la descripción de los linderos no era la requ erida en ese tip o de
compraventa , ni de la importancia de establecer los linderos

. No obstante, esa s alegaciones no fueron par te de la demanda

. La representación legal de la apelante olvida que l a moción de
sentencia sumaria y , por consiguiente , su oposición no son el
veh ículo procesal para incluir alegaciones nuevas ni para corregir
las deficiencias de la demanda. La apelante no puede pretender añadir en su oposición alegaciones de hechos que no están en la demanda. Tal pretensión es contraria a derecho

. Aun cuando
entendiésemos que la prudencia llama a los notarios a explicar y consignar l as consecuenc ias legales de una compr aventa a precio aplazado no fue parte de las alegaciones de la demanda.
La sentencia suma ria procede po rque que se proba ron todos
los hechos esenciales que eximen de responsabilidad al apelado por las alegacione s de la demanda en su contra

. La prueba presentada demostró que el notario otorgó la escritura conforme a las constancias del Registro de la Propiedad y que el documento
fue inscrit o
. IV
. Por los fundament o s antes ex puestos, s e confirma la sentencia apelada

. L o acordó e l T ri b una l y l o certi fica la Sec ret aria del Trib u n al
de A pelacio ne s.

Lc d a. Lilia M. Oq uend o Sol í s

S ecret ar i a del T rib unal de Apela ci ones