Número Identificador

SEN2024_________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

GLORIBEL RIVERA 

FRETS

Apelante

v.

ADRIÁN ALEXIS 

BENNETT RODRÍGUEZ 

Y OTROS

Apelada

KLAN202301048

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Utuado

Civil Núm.:

JA2021CV00015 

(3)

Sobre:

ACCIÓN DE 

DESLINDE Y 

OTROS

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la

Jueza Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores

Grana Martínez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 14 de febrero de 2024.

La apelante, Gloribel Rivera Frets, solicita que revoquemos la 

Sentencia Sumaria Parcial en la que el Tribunal de Primera 

Instancia desestimó la demanda contra el apelado, el abogado 

notario, Eduardo J. Navarro Pluguez.

El apelado presentó su oposición al recurso.

I.

Los hechos esenciales para comprender la determinación 

que hoy tomamos se incluyen a continuación.

El 5 de febrero de 2021, la apelante presentó una demanda 

sobre acción civil, sentencia declaratoria, acción reivindicatoria, 

deslinde, interdicto posesorio y daños y perjuicios en la que alegó 

lo siguiente. El 26 de octubre de 2007 adquirió el inmueble 

descrito en la demanda mediante un contrato de venta a precio 

alzado. El negocio se realizó en una escritura pública otorgada por 

el apelado. El notario consignó en la escritura que era una 
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compraventa a precio alzado, pero no describió adecuadamente los 

linderos. Únicamente identificó a los colindantes y omitió la 

distancia en que se encuentran los linderos. La omisión del notario 

impide determinar fehacientemente los linderos de la propiedad,

cuya cabida es 4.6022 cuerdas y lo obliga a realizar una acción de 

deslinde para corregir los puntos de los colindantes. La apelante 

demandó a Banco Popular de Puerto Rico, debido a que es el 

acreedor hipotecario que adquirió la propiedad de Doral Bank, a

los colindantes Rafael González Negrón y Lizbeth Medina, porque

ocupan ilegalmente una parte sustancial de su propiedad, a su 

exesposo, José Collazo Díaz, con quien adquirió el inmueble en 

controversia y al apelado porque fue el abogado notario que otorgó 

la compraventa en controversia. Según la demandante, la culpa y

negligencia de los demandados le ocasionó daños que estimó en 

una cantidad no menor de $100,000.00. Véase, pág. 85 del 

apéndice.

El apelado alegó que cumplió con su rol de notario, porque

autorizó una escritura de compraventa, válida, correcta y perfecta 

en derecho, que logró el acceso e inscripción en el Registro de la 

Propiedad. Véase, Contestación de la Demanda, pág. 99.

Posteriormente, el apelado solicitó Sentencia Sumaria a su 

favor. El apelado adujo que, de las alegaciones de la demanda y del

descubrimiento de prueba, surge que no existen hechos materiales 

en controversia y que el derecho aplicable lo exime de 

responsabilidad. Según el apelado, no existe controversia de los 

hechos siguientes. La descripción registral incluida en la escritura 

de compraventa es idéntica a las constancias del Registro de la 

Propiedad existente al momento de su otorgamiento. La 

Certificación Registral del 8 de agosto de 2022 tiene la misma 

descripción. Su obligación como notario era consultar las 
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constancias registrales. El notario investigó las constancias del 

Registro de la Propiedad, utilizó un estudio de título, examinó una 

mensura y los documentos que le entregó el vendedor a la 

demandante. La escritura se inscribió en el Registro de la 

Propiedad. El notario no tenía facultad para variar las constancias 

del Registro de la Propiedad, en ausencia de un procedimiento de 

deslinde o una acción reivindicatoria. Véase, pág. 99 del apéndice.

Según el apelado, el Art. 1360 no responsabiliza al notario y 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que el adquiriente 

de un inmueble a precio alzado debe realizar una mensura antes 

de otorgar el contrato, para cerciorarse de la extensión y cabida del 

inmueble. El apelado adujo que la apelante demandante admitió 

en el contrato de opción que examinó a su satisfacción la 

propiedad, que la aceptó como estaba y que relevó de 

responsabilidad a la vendedora por cualquier defecto o daño. Por 

último, el apelado argumentó que la responsabilidad de verificar 

los linderos es de los compradores y no del notario y que, en todo 

caso, la reclamación estaba prescrita conforme lo establece el Art.

1361, 31 LPRA sec. 3821. Véase, pág. 99 del apéndice.

La apelante se opuso a la sentencia sumaria porque existe 

controversia de hechos sobre la fecha en la que tuvo conocimiento 

del daño, la identidad de los causantes, la existencia de un 

consentimiento valido y si el notario le hizo las advertencias que 

requiere el negocio jurídico. La demandante adujo que la 

reclamación no prescribió, porque advino en conocimiento del 

daño el 25 de septiembre de 2020. Según la apelante, fue en esa 

fecha, que el agrimensor le informó que no podía establecer los 

linderos, sin las coordenadas de las distancias y que debió levantar 

un plano de mensura, previo a otorgar la escritura para conocer la 

cabida. La apelante sostuvo que el apelado no le advirtió las 
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consecuencias de adquirir por precio alzado, la deseabilidad de 

hacer una mensura para constatar la cabida, antes de otorgar la 

escritura, no le explicó que el comprador se obliga en la venta a 

precio alzado a pagar determinada cantidad por toda la cabida 

que existe dentro de los linderos establecidos en el contrato,

no le advirtió que estaba autorizando una compraventa a precio 

alzado en la que no estaba la descripción de los linderos con sus 

medidas, como lo requiere ese tipo de negocio, no le explicó que el 

vendedor tenía que entregar la finca mediante la descripción de 

sus linderos y sus distancias para poder determinar la cabida

adquirida, ni la importancia de determinar los linderos al momento 

de suscribir el contrato. Véase, pág. 162 del apéndice.

El TPI determinó probados los hechos a continuación. La 

demandante estuvo casada con el señor José Collazo Díaz, pero se 

divorciaron el 26 de junio de 2019. Durante la vigencia de su 

matrimonio otorgaron un contrato de opción a compra y otro de 

compraventa. La demandante y su entonces esposo otorgaron el 

contrato de opción a compra el 16 de agosto de 2007. El 26 de 

octubre de 2007, el matrimonio adquirió mediante la escritura 

número 241 ante el notario Eduardo J. Navarro Pluguez la 

propiedad siguiente:

RUSTICA. Precio localizado en el barrio Mameyes de 

Jayuya, Puerto Rico con una cabida de cuatro puntos 

seis mil veintidós cuerdas (4.6022 cdas.) equivalente a 

(1) una hectárea ochenta y ocho (88) centiáreas y (44) 

cuarenta y cuatro mil áreas. En lindes por el NORTE 

con Manuel Rodríguez por el SUR con Luis Torres por 

ESTE con David Rodríguez y por el OESTE con finca 

propiedad de Luis A. Rodríguez. Consta inscrita en el 

Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Sección 1 

Utuado al folio sesenta y ocho vueltas (68vita) del 

Tomo noventa y tres (93) de Jayuya finca número 

cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco (5445) 

inscripción octava.

Otros hechos que el TPI estableció probados son los 

siguientes. La descripción de la propiedad es la misma que surge 
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del Registro de la Propiedad, Sección 1 de Utuado. La cabida y los 

linderos en dicha descripción registral están conforme al Estudio 

de Título realizado el 3 de octubre de 2007. Al presente, la finca 

consta inscrita a nombre de la demandante y su excónyuge, José

Collazo Díaz. La descripción registral que consta en la Escritura 

Numero 241 coincide con la Certificación Registral emitida el 8 de 

agosto de 2022. El 26 de octubre de 2007, la demandante y su 

excónyuge leyeron la escritura de compraventa al momento del 

cierre y su otorgamiento ante el apelado que ejercía como abogado 

notario. Durante los trámites, el vendedor, Doral Bank, les entregó

copia del Estudio de Título y de un Plot plan, en los que se 

indicaba la ubicación, cabida y linderos de la propiedad. Los 

compradores no le pidieron al vendedor una mensura al momento 

de la compraventa, ni posteriormente. La demandante comenzó a 

confrontar problemas con los colindantes del sur y oeste porque 

reclamaban suyas algunas porciones de su propiedad. La 

demandante consultó en el año 2019 al perito, Carlos Alfonso 

Chardón y a otro de apellido Reyes para solicitar una mensura de 

la finca con el propósito de establecer los perímetros. No surge de 

la prueba en el expediente que la demandante le reclamó 

verbalmente o por escrito al apelado o al vendedor y acreedor 

hipotecario que aclarara los linderos de la finca.

El TPI determinó que la demanda se presentó a tiempo 

porque la demandante se enteró del daño y quién lo ocasionó en 

septiembre de 2020, por voz de los peritos. El foro apelado

concluyó que la apelante no podía incluir en su oposición a la 

sentencia sumaria alegaciones que no fueron parte de la demanda. 

La decisión está basada en lo resuelto en León Torres v. Rivera 

Lebrón, 204 DPR 20 (2020). El tribunal dio por no puestas las 

reclamaciones de falta de consentimiento informado, y por
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infringir el deber notarial de asesorar y consignar las 

advertencias sobre compraventa de precio alzado que la 

apelante intentó incorporar por primera vez en la oposición a 

la sentencia sumaria.

El TPI responsabilizó a la apelante porque debió cerciorarse

de la extensión y calidad del inmueble, antes de perfeccionar el 

contrato y no lo hizo. El foro apelado evaluó las alegaciones en las 

que la apelante responsabilizó al apelado extracontractualmente, 

porque no incluyó en la escritura las distancias entre las 

colindancias. La prueba convenció al tribunal de que el notario dio 

fe de la descripción registral, conforme a la documentación 

provista por la apelante que coincidía exactamente con el tracto 

registral previo. El tribunal no encontró ninguna disposición legal

que obligue al notario a especificar la descripción de los linderos 

incluyendo los rumbos y distancias entre las colindancias, máxime

cuando esos datos no surgen del tracto registral que investigó

antes de otorgar el instrumento público. Sin embargo, reconoció 

la importancia de hacer constar los linderos en las

compraventas por precio alzado. Según el TPI, la apelante como 

adquiriente debió ejercer un grado de diligencia razonable, debido 

a que ese deber no es exclusivo del notario. Al TPI le quedó claro 

que ese deber prevalece sobre el adquiriente a quien le corresponde 

cerciorarse sobre la extensión y las características físicas de la 

propiedad. El foro apelado concluyó que la apelante no ejerció

adecuadamente su deber de diligencia y no demostró que la falta 

de las distancias en las colindancias constituyó un incumplimiento 

del apelante con sus obligaciones como notario. Por eso resolvió 

que el codemandado no respondía por los daños reclamados en la 

demanda enmendada.
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El 11 de agosto de 2023, el foro primario dictó la Sentencia 

Sumaria Parcial, en la que desestimó la reclamación por daños 

extracontractuales contra el apelado.

El 31 de agosto de 2023, la apelante presentó Moción de 

Enmienda a la Demanda al Amparo de la Regla 13 de Procedimiento 

Civil para incluir las alegaciones siguientes contra el apelado:

1. La parte demandante solicita permiso para 

enmendar la demanda para ampliar sus 

alegaciones relacionadas a la participación del 

notario en la autorización y redacción de la 

escritura y además para ampliar las aseveraciones

relacionadas al colindante Adrián Bennet 

Rodríguez.

2. Según surgió en el proceso del descubrimiento de 

prueba, alega uno de los colindantes 

codemandados, Sr. Adrián Bennet Rodríguez, que 

parte del terreno que fue vendido a la demandante

por el Banco, fue adquirido por éste mediante

escritura 18 del 5 de marzo de 2004, que alega 

consta inscrita en el Registro de la Propiedad previo 

a que se efectuara la compraventa contenida en la 

escritura de Compraventa Número doscientos 

cuarenta y una (241) otorgada el 26 de octubre de 

2007 ante el notario Eduardo J. Navarro Pluguez.

3. Al momento de autorizar la escritura de 

compraventa que sirve de título a la demandante ya 

existía un instrumento público inscrito que era 

contradictorio al título que estaba autorizando.

4. Como cuestión de hecho, la demandante advino en 

conocimiento del problema que su terreno aparece 

solapado por otro terreno segregado luego de haber

recibido el insumo del informe pericial y de discutir 

su contenido con el perito contratado por ésta 

quien hizo el ejercicio de identificar adecuadamente 

la procedencia de la segregación de la finca 8589 al 

sobre posicionar el plano de AC-053003 al 

levantamiento planimétrico de condiciones 

existentes.

Véase, pág. 44 del apéndice del recurso.

La demanda enmendada incluyó las alegaciones a 

continuación.

[...]

6. Según surgió en el proceso del descubrimiento 

de prueba, alega uno de los colindantes 

codemandados, Sr. Adrián Bennet Rodríguez, que 

parte del terreno que fue vendido a la demandante por 
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el Banco, fue adquirido por éste mediante escritura 18 

del 5 de marzo de 2004, que alega consta inscrita en el 

Registro de la Propiedad previo a que se efectuara la 

compraventa contenida en la escritura de 

Compraventa Número doscientos cuarenta y uno (241)

otorgada el 26 de octubre de 2007 ante el notario 

Eduardo J. Navarro Pluguez. Al momento de autorizar 

la escritura de compraventa que sirve de título a la 

demandante, ya existía un instrumento público

inscrito que era contradictorio al título que estaba 

autorizando.

7. El notario no hizo advertencia alguna a la parte 

compradora que se ve afectada por su omisión de la 

necesidad de mensurar el inmueble para poder 

conocer si efectivamente la cabida que estaba 

representándole como el objeto de la compraventa era 

cierta y correcta. In re Vélez Torres, 202 TSPR 79; In re

Peña Osorio, 202 DPR 779, 789 (2019); In re Torres 

Alicea, 175 DPR 456, 460 (2009). L. F. Estrella 

Martínez, El notariado latino en Puerto Rico como 

exponente de las aspiraciones del sistema jurídico 

Iberoamericano, 60 Rev. D. P. 547, 546 (2021).

8. El notario tampoco advirtió a la demandante de 

las consecuencias legales de comprar por precio 

alzado, de la deseabilidad de hacer una mensura de la 

propiedad para poder constatar que la cabida que 

alegadamente tenía el inmueble que estaba comprando 

efectivamente era real, de su derecho a procurar hacer 

una mensura antes de celebrar la compraventa. 

Recuérdense que “[l]as personas que ejercen la función 

notarial siempre deben ser conscientes que son 

juristas que tienen, por mandato deontológico y 

jurídico, un deber ineludible de instruir a los 

otorgantes las consecuencias de sus actos jurídicos. 

Deben, por ende, cerciorarse que la escritura que 

presentan ante las partes cumple con los requisitos 

necesarios para que la voluntad de los otorgantes se 

lleve a cabo.” In re Pagani Padró, 198 DPR 812, 821

(2017).

9. El notario no explicó a la demandante ni hizo la 

advertencia legal de que en una venta por precio 

alzado el comprador se obliga a pagar determinada 

cantidad de dinero por toda la cabida de un inmueble 

que resulte existir dentro de unos linderos ya 

establecidos en el contrato. Esto a pesar de que “el 

notario es un funcionario público y un profesional del

Derecho a la misma vez.” In re García Cabrera, 188 

DPR 196, 207 (2013). El notario, como funcionario 

público, “da fe de lo que ve, oye y percibe por sus 

sentidos. Por otro lado, como jurista, autentica y 

formula un juicio, da fuerza probatoria a las 

declaraciones de voluntad de las partes en 

instrumentos y documentos públicos que debe 

redactar conforme a las leyes.” Id. págs. 207-208. Por 

tanto, “[e]s evidente que el notario no es un simple 

observador del negocio jurídico que se realiza ante él.”

In re González Hernández, 190 DPR 164, 177 (2014).
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10. El notario no explicó a la demandante ni hizo la 

advertencia legal que la escritura autorizada era una 

compraventa a precio alzado donde no está la 

descripción de los linderos mediante su designación 

particularizada con sus medidas que requiere una 

compraventa de ese tipo. Cuando un notario o notaria 

autoriza un instrumento público en Puerto Rico tiene 

cuatro deberes que se desprenden de nuestra 

jurisprudencia: primero, el notario o notaria debe 

indagar la voluntad de los otorgantes; segundo,

formular la voluntad indagada; tercero, investigar 

ciertos hechos y datos de los que depende la eficacia o

validez del negocio, y cuarto, darles a los otorgantes la 

información, aclaraciones y advertencias necesarias 

para que comprendan el sentido, así como los efectos y 

consecuencias, del negocio, y se den cuenta de los 

riesgos que corren en celebrarlo. Chévere v. Cátala,

115 DPR 432, 438 (1984).

11. El notario no explicó a la demandante ni hizo la 

advertencia legal de que en la compraventa por precio 

alzado, el vendedor tiene que entregar la cosa cierta, 

que es la finca individualizada mediante la descripción 

de sus linderos y sus distancias para poder determinar 

si la cabida de las 4.6022 cuerdas existía en realidad.

12. El notario no explicó a la demandante ni hizo la 

advertencia legal que en una venta a precio alzado lo 

importante es determinar cuáles eran los linderos

establecidos por las partes al momento de suscribir el 

contrato de compraventa.

13. El notario en las advertencias hechas en la 

escritura autorizada por este no consignó que advirtió

a las partes sobre el hecho de la necesidad de que para 

que pueda haber una compraventa a precio alzado la 

ley requiere que la finca esté individualizada mediante 

la descripción de sus linderos mediante su designación 

particularizada con sus medidas lo cual es un 

requisito para poder constatar la cabida.

14. El notario no explicó ni advirtió a la demandante

ni surge de la escritura que hiciera la advertencia

alguna del hecho de la necesidad de levantar un plano 

para poder establecer la descripción de los linderos 

con sus distancias.

15. El notario no advirtió ni explicó a la demandante 

ni surge de la escritura qué significa una compraventa 

por precio alzado y sus consecuencias legales para 

poder prestar un consentimiento informado y tomar 

las medidas necesarias para proteger sus intereses.

16. El notario es el profesional del derecho 

encargado de la función de recibir e interpretar la 

voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar 

las escrituras y documentos notariales a tal fin y 

conferirle autoridad a estos y no cumplió con sus 

deberes como custodio de la fe pública siendo este el 

llamado a asegurarse de que los otorgantes de un 
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instrumento público que autoriza entienden 

cabalmente el negocio jurídico.

17. El notario incumplió con sus obligaciones 

esenciales al autorizar una escritura pública, sin 

indagar la voluntad de los otorgantes; sin formular la 

voluntad indagada; sin investigar ciertos hechos y 

datos de los que depende la eficacia o validez del 

negocio; sin darles a los otorgantes las informaciones, 

aclaraciones y advertencias necesarias para que 

comprendan el sentido, así como los efectos y 

consecuencias del negocio, y se den cuenta de los 

riesgos que corren en celebrarlo.

18. La omisión del notario en la descripción 

adecuada de los linderos mediante su designación 

particularizada con sus medidas que no permite 

determinar de forma fehaciente cuáles son los linderos 

del inmueble cuya cabida registral es de 4.6022 

cuerdas sumada a la omisión de hacer saber a la 

demandante que sin esa información no se podía 

constatar la cabida real del inmueble lo hace 

responsable por los daños y perjuicios que le ha 

ocasionado, que al día de hoy continua sufriendo y 

padeciendo, con la incertidumbre de desconocer si en 

algún momento va a encontrar a la mancillada 

justicia.

19. El Artículo de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2032,

instituye que “[l]os notarios redactarán las escrituras 

públicas de acuerdo con la voluntad de los otorgantes 

y adaptándola a las formalidades jurídicas necesarias 

para su eficacia”. A la par, como parte de su función 

notarial, es necesario que los notarios y notarias se 

aseguren de obtener el consentimiento informado de 

los otorgantes, por medio de la explicación, aclaración 

y advertencias necesarias. In re Torres Alicea, supra,

pág. 461.

20. Por su parte, el Artículo 15(f) de la Ley Notarial,

4 LPRA sec. 2033, le indica al notario o notaria el 

deber de consignar en la escritura, entre otras cosas,

“[h]aberles hecho de palabra a los otorgantes en el acto 

del otorgamiento las reservas y advertencias legales 

pertinentes. No obstante, se consignarán en el 

documento aquellas advertencias que por su 

importancia deban, a juicio prudente del notario, 

detallarse expresamente”. Hemos hecho hincapié en 

que el notario “debe aplicar el derecho positivo y la 

jurisprudencia considerando, a su vez, el contenido del 

negocio y las estipulaciones que se suscribirán al 

momento de decidir qué advertencias debe hacer 

constar”, y por lo tanto, “tiene la obligación ética de 

conocer el derecho aplicable al asunto ante su

consideración”. In re Palmer Ramos, supra, pág. 256.

21. Los notarios y notarias tienen el deber de 

investigar los antecedentes registrales de la propiedad 

antes de otorgar la escritura pues si omitiese tal 

investigación o si no la hiciese conforme a los más
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altos estándares de diligencia y competencia,

incumpliría con su deber de informar apropiadamente 

a los otorgantes. In re López Maldonado, 130 DPR 863, 

865-866 (1992). Por lo tanto, se ha repetido en 

incontadas ocasiones que la falta de investigación

apropiada y responsable es, en sí misma, una 

violación a la ley Notarial de Puerto Rico. Id; In re 

Pagani Padró, supra, pág. 822; In re Aponte Berdecía,

161 DPR 94, 104 (2004).

22. La descripción adecuada de los linderos supone 

conocer no solo la identidad del colindante sino 

además la ubicación de estos pues de lo contrario no 

se puede establecer ni conocer lo que comprenden. 

Según Diego Espín, en su obra Manual de Derecho 

Civil Español, vol. III, Madrid, 1961, pág. 500 señala

que “...en la venta a precio alzado, siendo fundamental 

la entrega de todo lo incluido en el perímetro

delimitado... para que exista un perímetro delimitado 

es fundamental que se provea la información necesaria 

para poder conocer las distancias y rumbos que se 

utilizan para establecer las colindancias.

23. El notario además alega que la demanda 

presentada en su contra está prescrita alegando que 

ha establecido en su relación de presuntos hechos que 

la demandante conocía o debió haber conocido del 

daño que se aduce en la demanda desde el momento 

en que leyó el instrumento y/o desde el 2018, lo cual 

es una mera suposición que no se sostiene con la 

alegada evidencia presentada como hechos propuestos 

y ha quedado además claramente controvertida con la 

declaración jurada de la demandante que

categóricamente establece como fecha de partida sobre 

el conocimiento del daño y la identidad del causante 

de éste con posterioridad al 25 de septiembre de 2020,

fecha cierta en la que contrató los servicios 

profesionales del abogado.

24. Como cuestión de hecho, la demandante advino 

en conocimiento del problema que su terreno aparece 

solapado por otro terreno segregado luego de haber 

recibido el insumo del informe pericial y de discutir su 

contenido con el perito contratado por ésta quien hizo 

el ejercicio de identificar adecuadamente la 

procedencia de la segregación de la finca 8589 al sobre 

posicionar el plano de AC-053003 al levantamiento 

planimétrico de condiciones existentes.

Véase, págs. 50-55 del apéndice el recurso.

La apelante presentó una moción de reconsideración y de 

determinaciones de hecho adicionales en la que adujo que, en su 

oposición a la sentencia sumaria, informó que enmendaría la 

demanda para aclarar y añadir alegaciones contra el apelado. La 

señora Rivera adujo que el tribunal no consideró los hechos 
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probados mediate la declaración jurada que acompaña la moción 

de sentencia. Según la apelante, el tribunal tampoco consideró los 

hechos controvertidos que surgen de esa prueba y que impiden

dictar sentencia sumaria.

El apelado se opuso a la reconsideración, porque estaba 

basada en alegaciones que no formaron parte de la demanda.

Además, argumentó que la demandante pretendía enmendar la 

demanda, a pesar de que el tribunal ya dictó sentencia sumaria 

parcial a su favor. Según el apelado, la apelante intenta usar la 

Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que regula las 

enmiendas a las alegaciones, como un mecanismo de revisión 

judicial. Fue enfático en que las alegaciones de la demanda no 

pueden ser enmendadas mediante una oposición a la sentencia 

sumaria y menos aún, luego de dictada la sentencia.

El TPI concluyó que la moción de reconsideración no 

cumplió con la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

porque no estaba fundamentada en cuestiones sustanciales 

relacionadas con las determinaciones de hecho pertinentes o en 

conclusiones de derecho materiales. Además, de que los asuntos 

señalados no se contemplaron en la demanda y son alegaciones 

nuevas. El TPI determinó que, las alegaciones de: (1) falta de

consentimiento informado al momento de otorgar la escritura 

de compraventa, (2) infracción del deber de asesoramiento y

(3) falta de consignación de las advertencias sobre la

compraventa de precio alzado, no estaban relacionadas con las 

determinaciones de hecho de la Sentencia Parcial.

Por otro lado, el TPI rechazó la solicitud de determinaciones 

de hechos adicionales porque algunos de los hechos propuestos

fueron incluidos en la sentencia, la gran mayoría están sujetos a 

prueba y no están fundamentadas en cuestiones sustanciales.
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Por último, el TPI no autorizó la enmienda a la demanda

relacionada a la reclamación contra el apelado. El tribunal advirtió

que la apelante intentó incorporar, por primera vez, esas

alegaciones en la oposición a la sentencia sumaria y, en esa 

ocasión, determinó que eran improcedentes. León Torres v. Rivera 

Lebrón, 204 DPR 20 (2020). No obstante, utilizó las mismas 

alegaciones para obtener una reconsideración de la sentencia.

El TPI analizó la procedencia de las enmiendas propuestas

conforme a los cinco criterios establecidos. El foro apelado valoró 

el impacto del tiempo transcurrido previo a la enmienda.

Según el TPI, aunque la apelante había expresado su intención de 

enmendar la demanda, no lo hizo formalmente hasta que dictó la 

Sentencia Sumaria Parcial, en la que desestimó la reclamación

contra el apelado. El tribunal señaló que la apelante no justificó 

satisfactoriamente la razón para la demora en presentar la 

demanda enmendada. Según el TPI, el perjuicio a la otra parte era 

evidente, porque la apelante intenta traer al apelado nuevamente 

al pleito y ya el abogado notario tiene una sentencia sumaria a su 

favor. El foro apelado evaluó la procedencia de la enmienda y 

concluyó que todas las alegaciones propuestas surgen del 

otorgamiento de la escritura de compraventa y que esa información 

estuvo disponible mediante el procedimiento de descubrimiento de 

prueba. Por último, determinó que la apelante plantea una nueva 

defensa que no fue adjudicada sumariamente, porque no formó

parte de la demanda.

El foro primario resolvió que la enmienda no procede porque 

es propuesta en un momento irrazonablemente tardío, porque se 

presentó luego de dictada la sentencia en la que se desestimó la 

causa de acción contra el apelado. Únicamente autorizó las 

alegaciones 6 y 24 relacionadas al codemandado, Alexis Bennet.
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Inconforme el apelante presentó este recurso en el que alegó 

los errores siguientes:

ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA 

DEMANDA, SIN PERMITIR ENMENDAR LA DEMANDA,

ADOPTANDO POR REFERENCIA LOS HECHOS Y 

ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA

DESCARTANDO LOS HECHOS NO 

CONTROVERTIDOS QUE LA PARTE DEMANDANTE 

PRESENTÓ.

ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA SOLICITUD DE 

DETERMINACIONES ADICIONALES DE HECHO, LA 

RECONSIDERACIÓN Y LA ENMIENDA A LA 

DEMANDA Y DESESTIMAR LA DEMANDA.

II.

Sentencia Sumaria

La sentencia sumaria promueve una solución justa, rápida y 

económica para litigios de naturaleza civil en los que no hay 

controversia genuina sobre hechos materiales que componen la 

causa de acción. Birriel Colón v. Econo y otros, 2023 TSPR 120, 213 

DPR ___ (2023); Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros, 2023 

TSPR 80, 212 DPR ___ (2023); González Santiago v. Baxter 

Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019). La Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, establece que la 

sentencia sumaria procede cuando las alegaciones, deposiciones y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y 

alguna otra evidencia, acreditan que no existe una controversia 

real y sustancial respecto a algún hecho esencial y material. Íd., 

pág. 291.

El tribunal podrá dictar sentencia sumaria a favor del 

promovente, sin necesidad de celebrar un juicio, si no existe 

controversia de los hechos materiales que motivaron el pleito y 

únicamente resta aplicar el derecho a los no controvertidos. 

González Meléndez v. Mun. San Juan et al., 2023 TSPR 95, 212 

DPR ___ (2023); Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros, supra; 

Roldán Flores v. M. Cuebas et al, 199 DPR 664, 676 (2018). La 
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sentencia sumaria únicamente procede cuando el derecho 

aplicable lo justifica. La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone los requisitos con los que debe cumplir una moción de 

sentencia sumaria. Oriental Bank v. Perapi et al, 192 DPR 7, 25 

(2014).

La parte promovente de la moción de sentencia sumaria

tiene que desglosar los hechos sobre los que alega no existe 

controversia. Además de especificar para cada uno la página o 

párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en 

evidencia que lo apoya. Roldán Flores v. M. Cuebas et al, supra, 

pág. 676; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 

Mientras que, la parte que se opone a una moción de sentencia 

sumaria tiene que demostrar que existe controversia en cuanto a 

algún hecho material. Se considera un hecho material aquel que 

pueda afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el 

derecho sustantivo aplicable. Roldán Flores v. M. Cuebas et al, 

supra. Para ello, el promovido deberá presentar una contestación 

detallada y específica, y refutar los hechos que entiende que están 

en disputa con evidencia sustancial. Birriel Colon v. Econo y otros,

supra; Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 933 (2010). Si, al 

contrario, asume una actitud pasiva y descansa únicamente en 

sus alegaciones, se expone a que se dicte sentencia sumaria en su 

contra sin la oportunidad de un juicio en su fondo, de proceder en 

derecho. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, págs. 43-44.

Cualquier duda no es suficiente para derrotar la procedencia 

de una moción de sentencia sumaria. La duda existente tiene que 

permitir concluir que existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes. Los tribunales solo podemos 

concluir que existe una controversia real y sustancial en cuanto a 

un hecho material, cuando el oponente presenta prueba que 
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podría inducir a un juzgador racional a resolver a su favor. Oriental 

Bank v. Perapi et al, supra, pág. 26.

La sentencia sumaria tampoco procede, si existen 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas y 

de los documentos que acompañan la moción de sentencia 

sumaria surge controversia sobre algún hecho material y esencial, 

o cuando como cuestión de derecho no procede el remedio 

sumario. Oriental Bank v. Perapi et al, supra, págs. 26, 27.

El tribunal apelativo utilizará los mismos criterios que el 

Tribunal de Primera Instancia al determinar si procede una 

sentencia sumaria. No obstante, al revisar la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia, únicamente podrá considerar los 

documentos que se presentaron ante ese foro. Las partes no

podrán traer en apelación evidencia que no fue presentada 

oportunamente ante el Tribunal de Primera Instancia, ni esbozar 

teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos. El tribunal apelativo 

únicamente puede determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos materiales y esenciales y si el derecho se aplicó 

correctamente. Sin embargo, no puede adjudicar hechos 

materiales en disputa porque esa tarea es del foro de primera 

instancia. Meléndez González et al v. M. Cuevas, 193 DPR 100, 

114, 116 (2015).

El Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó la norma 

establecida en la esfera federal de que la oposición a la sentencia 

sumaria no es el vehículo apropiado para presentar reclamaciones 

nuevas que nunca antes habían sido aducidas. Por esa razón, la 

parte demandante tiene vedado cualquier intento de incorporar 

reclamaciones nuevas o corregir deficiencias en su demanda, una 

vez sometida una solicitud de sentencia sumaria. El procedimiento 

adecuado en esas circunstancias es solicitar la anuencia del
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tribunal para enmendar la demanda. León Torres v. Rivera Lebrón,

supra, págs. 45-49.

Responsabilidad del Notario

El notario es un profesional del derecho al que se le reconoce 

el carácter de jurista. Al notario también se le reconocen las

cualidades de perito técnico y práctico del derecho que le asisten

como intérprete y asesor de la voluntad humana deseosa de 

realizaciones jurídicas. Un error de juicio en el quehacer notarial 

no da lugar la responsabilidad civil de parte del notario cuando 

actúa conforme a un juicio informado y honesto, fundado en un 

estudio adecuado y en una interpretación razonable de las 

disposiciones legales vigentes al momento del otorgamiento de la 

escritura, que luego es declarada nula por el tribunal. Fed. Pesc. 

Playa Picuas v. U.S. Inds., Inc., 135 DPR 303, 320-321 (1994). Sin 

embargo, queda incólume el principio que impone al notario el 

deber de conocer la ley, los cánones de ética, el contrato entre las 

partes y las buenas costumbres. Además de ejercer su misión 

conforme a las normas de excelencia profesional que el ejercicio del 

notariado moderno requiere de todo notario. Federación de 

Pescadores vs. US, supra.

Además, de la acción disciplinaria a la que puede estar 

sujeto un notario por violación a los deberes inherentes de la 

profesión, puede responder civilmente cuando cause un daño a su 

cliente que emane de la negligencia y el descuido en el ejercicio de 

la gestión notarial. Feliciano v. Ross, 165 DPR 649, 661 (2005). Su 

responsabilidad será extracontractual cuando el notario provoque 

un daño por violar una obligación que la ley le impone. Feliciano v.

Ross, supra. No obstante, la responsabilidad civil contractual 

ocurre cuando el daño surge del quebrantamiento de una 
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obligación que la ley no le impone, pero asumió contractualmente.

Feliciano v. Ross, supra.

El notario como profesional del derecho tiene el deber de 

ejercer una puntillosa función que robustece de seguridad y 

certeza jurídica los hechos y actos que se consignan bajo su fe 

notarial. Por esa razón debe poseer las características personales 

indispensables de probidad, capacidad profesional y diligencia. Los 

notarios no son meros autómatas en el sentido cartesiano de la 

palabra, porque su función no se limita a legalizar las firmas. Los 

miembros de la profesión notarial tienen la obligación ética de 

comprobar que el instrumento público ante su presencia cumpla 

con todas las formalidades que exige la legislación. El notario tiene 

un deber inescapable de ilustrar a los otorgantes las 

consecuencias de sus actos jurídicos y debe cerciorarse de que el 

instrumento público cumple con los requisitos necesarios para que 

la voluntad de los otorgantes se lleve a cabo. El rol del notario

como promotor de la equidad y garantía de derechos de las 

personas constituye una responsabilidad social ineludible. El 

notario tiene el deber ineludible de ejercer su función con excesivo

cuidado, esmero y celo profesional. Los miembros de la profesión 

legal juramentados como notarios están obligados a cumplir la 

función notarial que representa la fe pública y la ley para todas las 

partes. In re Rivera Pérez, 208 DPR 805, 816-817 (2022).

Según lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley Notarial de Puerto 

Rico, 4 LPRA sec. 2032, los notarios redactarán las escrituras 

públicas de acuerdo con la voluntad de los otorgantes y las 

adaptarán a las formalidades jurídicas necesarias para su eficacia. 

A la par y como parte de su función, los notarios han de

asegurarse de obtener el consentimiento informado de los 

otorgantes por medio de la explicación, la aclaración y las 
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advertencias necesarias. El Art. 15(f) de la Ley Notarial, 4 LPRA 

sec. 2033, obliga a los notarios a consignar en la escritura que 

advirtió de palabra a los otorgantes en el acto del otorgamiento, las 

reservas y advertencias legales pertinentes. No obstante, también

deberán consignar las advertencias que, según su juicio prudente,

deben detallarse expresamente. El profesional de la notaría debe 

cumplir con la Ley Notarial y su reglamentación aplicable y

comportarse bajo el umbral de los cánones del Código de Ética 

Profesional. In re Rivera Pérez, supra, pág. 818.

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX,

exige que los abogados incluso, cuando se desempeñan como 

notarios, rindan una labor idónea de competencia y diligencia. El 

notariado puertorriqueño puede demostrar que tiene el 

conocimiento jurídico necesario durante la ejecución de sus

funciones. Este canon obliga a los profesionales de la notaría a 

ilustrar e instruir a los otorgantes con explicaciones, aclaraciones 

y advertencias necesarias según el derecho positivo notarial y la 

jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El 

profesional de la notaría, al ser el custodio de la fe pública notarial, 

no puede darse el lujo de desconocer el estado de las constancias 

del Registro de la Propiedad. El notario está obligado a investigar 

los antecedentes registrales, antes de otorgar la escritura,

conforme a los más altos estándares de diligencia y competencia. 

Si no lo hace incumplirá con su deber de informar apropiadamente 

a los otorgantes y se configurará una infracción a la fe pública 

notarial. La falta de investigación apropiada y responsable en sí

misma constituye una violación a la Ley Notarial. In re Rivera 

Pérez, supra, págs. 819-820.
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Las alegaciones de la demanda y sus enmiendas

La demanda tiene que incluir una relación sucinta y sencilla 

de los hechos que demuestran que la demandante tiene derecho a 

un remedio. Aunque no es necesario que la demandante exponga

detalladamente todos los hechos que dan base a la reclamación. La 

Regla 6.5(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, especifica que 

cada aseveración contenida en una alegación debe ser sencilla,

concisa y directa sin que sea necesario valerse de fórmulas

técnicas en el proceso de redacción. Las alegaciones se 

interpretarán conjuntamente y liberalmente a favor de la 

demandante. La intención de esa liberalidad es hacer justicia. El 

propósito de las alegaciones es notificar a la parte contraria a

grandes rasgos de las reclamaciones en su contra para que 

comparezca a defenderse, si lo desea. León Torres v. Rivera Lebrón,

supra, págs. 40-41.

Los tribunales ejercerán liberalmente su facultad para 

autorizar las enmiendas a las alegaciones. Nuestra jurisdicción se 

rige por una política pública clara a favor de que los casos se 

ventilen en sus méritos. Igualmente se caracteriza por un interés 

importante en que los litigantes tengan su día en corte y no se 

perjudiquen por los actos u omisiones de sus abogados. SLG Font 

Bardon v. Mini Warehouse, 179 DPR 322, 334 (2010).

La Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite 

enmendar las alegaciones de la demanda sin autorización del 

tribunal, antes de notificada una alegación responsiva. La 

autorización judicial tampoco es requerida cuando no es necesario

una alegación responsiva. El tribunal en ese caso permitirá la 

enmienda dentro de los veinte días de notificada y siempre que el

juicio no haya sido señalado.
KLAN202301048 21

La aprobación del tribunal es necesaria en los demás casos.

Aunque el tribunal tiene discreción para permitir la enmienda, la 

decisión debe basarse en los criterios siguientes: (1) el impacto del 

tiempo transcurrido previo a la enmienda, (2) la razón de la 

demora, (3) el perjuicio a la otra parte y (4) la procedencia de la 

enmienda solicitada. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, págs. 35, 

36. Estos factores tienen que evaluarse conjuntamente, porque 

ninguno opera aisladamente. León Torres v. Rivera Lebrón, supra.

El paso del tiempo no impide ipso facto, que el tribunal 

admita una enmienda. Los tribunales deben evaluar la solicitud de 

enmienda liberalmente, aun en etapas avanzadas de los 

procedimientos como la Conferencia con Antelación al Juicio. El 

factor más relevante al momento de evaluar una solicitud de

autorización para enmendar las alegaciones es el perjuicio que 

puede causarle a la parte contraria. La enmienda usualmente se 

prohíbe cuando engendra un perjuicio indebido a la parte afectada 

o si se solicita en un momento irrazonable. Sin embargo, si la 

enmienda no causa perjuicio a la otra parte, no es suficiente para 

denegarla que se haya presentado tardíamente. Por otro lado, será 

denegada si altera radicalmente el alcance y naturaleza del caso, 

porque convierte la controversia inicial en tangencial. Sin embargo,

el cambio de teoría por sí solo no es suficiente para denegar el 

permiso, salvo que ocasione perjuicio al demandado. SLG Font 

Bardón v. Mini Warehouse, supra, págs. 335-336.

Moción de Reconsideración

Según lo dispuesto en la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V:

La moción de reconsideración debe exponer con 

suficiente particularidad y especificidad los hechos y el 

derecho que la promovente estime deben considerarse

y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas 

con las determinaciones de hechos pertinentes o 

conclusiones de hechos materiales.
KLAN202301048 22

La moción de reconsideración que no cumpla con las 

especificaciones de esta regla será declarada sin lugar 

y se entenderá que no ha interrumpido el término para 

recurrir.

La especificidad es el criterio rector para determinar si la 

moción de reconsideración interrumpió el término para apelar o 

acudir en revisión. El tribunal tiene que examinar si el promovente 

cumplió con los requisitos de la norma procesal. Luego de evaluar

si la presentación y la notificación fueron oportunas, le resta 

examinar la particularidad y especificidad de los hechos y el 

derecho que el promovente entiende que debe reconsiderar. Simons 

y otros v. Leaf Petroleun Corp., 209 DPR 216, 224 (2022).

Moción de Determinaciones de Hecho Adicionales

La Regla 43.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, exige la 

acumulación en una misma petición de la moción de 

reconsideración y la moción de determinación de hechos 

adicionales. Así el tribunal podrá resolver ambos asuntos en la 

misma resolución. Al igual que la moción de reconsideración, una

solicitud de determinaciones de hecho adicionales oportunamente 

presentada, interrumpe automáticamente los términos para 

recurrir en alzada, siempre que cumpla las especificaciones que la 

propia norma establece. La moción al amparo de la Regla 43.2,

supra, no puede utilizarse para introducir prueba nueva que 

estuvo disponible en el juicio o traer nuevas teorías. Los tribunales 

no podemos perder de vista que los propósitos de esa regla son los 

siguientes: (1) que el tribunal quede satisfecho de que atendió 

cabalmente todas las controversias y (2) que las partes y los foros 

apelativos estén informados de todos los cimientos de la decisión 

del Tribunal de Primera Instancia. Morales y otros v. Sheraton 

Corp., 191 DPR 1, 9-10 (2014).
KLAN202301048 23

Compraventa de bien inmueble a precio alzado, según lo 

dispuesto en el Art. 1358, 31 LPRA sec. 38181

La obligación de entregar la cosa vendida comprende 

la de poner en poder del comprador todo lo que 

exprese el contrato, mediante las reglas siguientes:

Si la venta de bienes inmuebles se hubiese hecho 

con expresión de su cabida, a razón de un precio por 

unidad de medida o número, tendrá obligación el 

vendedor de entregar al comprador, si éste lo exige,

todo cuanto se haya expresado en el contrato; pero si

esto no fuese posible, podrá el comprador optar entre 

una rebaja proporcional del precio, o la rescisión del 

contrato, siempre que en este último caso, no baje de 

la décima parte de la cabida la disminución de la que 

se le atribuyera al inmueble.

Lo mismo se hará, aunque resulte igual cabida, si 

alguna parte de ella no es de la calidad expresada en el 

contrato.

La rescisión, en este caso, sólo tendrá lugar a 

voluntad del comprador, cuando el menos valor de la 

cosa vendida exceda de la décima parte del precio 

convenido.

Por su parte, el Art. 1359, 31 LPRA sec. 3819, dispone lo 

siguiente:

Si en el caso de la sec. 3818 de este título resultare 

mayor cabida o número en el inmueble que los 

expresados en el contrato, el comprador tendrá la 

obligación de pagar el exceso de precio si la mayor 

cabida o número no pasa de la vigésima parte de los 

señalados en el mismo contrato; pero si excediere de 

dicha vigésima parte, el comprador podrá optar entre 

satisfacer el mayor valor del inmueble, o desistir del 

contrato.

El Art. 1360, 31 LPRA sec. 3820, dispone lo siguiente:

En la venta de un inmueble, hecha por precio 

alzado y no a razón de un tanto por unidad de medida 

o número, no tendrá lugar el aumento o disminución 

del mismo, aunque resulte mayor o menor cabida o 

número de los expresados en el contrato.

Las acciones que nacen de las tres secciones anteriores 

prescribirán a los seis (6) meses, contados desde el día de la 

entrega. Art. 1361, 31 LPRA sec. 3821.

1 Los eventos fácticos y procesales de este caso ocurrieron durante la vigencia 

del Código Civil de 1930, según enmendado, 31 LPRA ant. sec. I et seq., hoy 

derogado, por lo que nos apoyamos en sus disposiciones y la jurisprudencia 

interpretativa.
KLAN202301048 24

La venta por precio alzado es aquella en la que el comprador

se obliga a pagar determinada cantidad de dinero por toda la 

cabida de un inmueble que resulte existir dentro de los linderos 

establecidos en el contrato. Rodríguez v. Pérez, 164 DPR 368, 376

(2005). El vendedor tiene que entregar la finca, mediante la 

descripción de sus linderos. De modo que tiene que entregar todo 

lo que está dentro de los linderos a cambio del precio convenido.

Cualquier diferencia entre la cabida expresada y la que existe

realmente, no da margen a reclamaciones o indemnizaciones.

Rodríguez v. Pérez, supra; Sociedad de Gananciales v. Srio. de 

Justicia, 137 DPR 70, 76 (1994). Por esa razón, en las ventas a 

precio alzado, lo importante es determinar los linderos establecidos 

por las partes al momento de suscribir el contrato de compraventa. 

Rodríguez v. Pérez, supra, pág. 377.

III.

La apelante, en síntesis, alega que el TPI erró al declarar No 

Ha Lugar las solicitudes de reconsideración y determinaciones de 

hecho adicionales, no autorizar la demanda enmendada y 

desestimar sumariamente la reclamación contra el apelado.

El TPI concluyó que la moción de reconsideración no 

cumplió con la Regla 47, supra, porque no estaba fundamentada 

en cuestiones sustanciales relacionadas a determinaciones de

hecho pertinentes o en conclusiones de derecho materiales. 

Además de que los asuntos señalados no se contemplaron en la 

demanda y son alegaciones nuevas. El TPI determinó que las 

alegaciones de: (1) falta de consentimiento informado al momento 

de otorgar la escritura de compraventa, (2) infracción del deber de 

asesoramiento y (3) falta de consignación de las advertencias sobre 

la compraventa de precio alzado, no estaban relacionadas con las 

determinaciones de hecho la Sentencia Parcial.
KLAN202301048 25

El foro apelado denegó correctamente la moción de 

reconsideración. Los argumentos de la representación legal de la 

apelante son incorrectos. La moción de reconsideración en 

oposición a la sentencia sumaria no tiene ningún efecto, porque no 

cumple con los requisitos de la Regla 47 de Procedimiento Civil,

supra. El escrito que presentó la apelante no está basado en 

cuestiones sustanciales relacionadas con las determinaciones de 

hecho pertinentes ni en conclusiones de hechos materiales, como 

se exige en la regla citada. La apelante simplemente argumentó 

que la moción de sentencia sumaria está basada en una relación

selectiva de los hechos, que el apelado alegó no están en 

controversia. Según la apelante, el apelado se limitó a imputarle 

responsabilidad. La moción, además, se fundamentó en 

alegaciones nuevas que no son parte de la demanda, ni fueron 

atendidas en la sentencia objeto de la reconsideración. La

demandante argumentó que el apelado desatendió su función 

como profesional del derecho, porque no le brindó las 

informaciones, aclaraciones y advertencias necesarias para que los 

otorgantes entendieran los efectos y consecuencias del negocio. Sin 

embargo, esas alegaciones no fueron parte de la demanda y, por 

consiguiente, no fueron atendidas por el TPI en la sentencia.

La parte apelante tiene que entender que una moción de 

reconsideración que no cumple con la Regla 47, supra, será 

declarada NO HA LUGAR y tampoco interrumpirá el término para 

apelar. La moción de reconsideración que presentó su 

representación legal no cumplió con los requisitos expresamente 

establecidos en esa regla. Una moción de reconsideración 

fundamentada en asuntos que no fueron objeto de la sentencia 

cuestionada, y que no cumple con la especificidad y particularidad 
KLAN202301048 26

requerida en la Regla 47 de Procedimiento Civil, tiene que ser 

declarada NO HA LUGAR.

Por otro lado, la apelante cuestiona que el TPI declaró NO HA 

LUGAR la solicitud de determinaciones de hecho adicionales.

Su representación legal fundamentó la solicitud en la

declaración jurada de la señora Rivera Frets. Véase, pág. 184 del 

apéndice del recurso.

Un análisis de los hechos propuestos nos lleva a la misma 

conclusión que el TPI. Algunos de los hechos propuestos fueron 

incluidos en la sentencia apelada o no han sido probados y otros 

no son pertinentes ni relevantes. Por último, la apelante incluyó 

hechos nuevos que no fueron parte de las alegaciones de la 

demanda y que no estuvieron ante la consideración del tribunal al 

momento de dictar la sentencia. Por consiguiente, es obvio que el 

TPI denegó correctamente la solicitud de determinaciones de hecho 

adicionales.

La apelante, además, alega que el TPI erró al no autorizar la 

demanda enmendada. El error señalado no fue cometido. La 

representación legal de la apelante argumenta que manifestó la 

intención de enmendar la demanda en su oposición a la sentencia 

sumaria y en otras etapas del caso. Sus argumentos carecen de 

fundamentos. La solicitud de enmienda a la demanda es más que

tardía, porque se presentó en un momento que, a todas luces, es 

irrazonable. La representación legal de la apelante pretende que el 

TPI permita la enmienda, cuando ya ha dictado sentencia a favor 

del apelado. El perjuicio al apelado es más que evidente, porque lo 

obligaría nuevamente a ventilar una controversia que ya fue 

adjudicada a su favor.

Por último, la apelante alega que existe controversia de 

hechos esenciales que impiden exonerar al apelado sumariamente 
KLAN202301048 27

de responsabilidad. Su oposición a la sentencia sumaria está 

basada en hechos que no alegó en la demanda. Según la apelante, 

el apelado no le explicó que el comprador se obliga en la 

compraventa a precio alzado a pagar determinada cantidad por 

toda la cabida que existe dentro de los linderos, no le advirtió que

la descripción de los linderos no era la requerida en ese tipo de 

compraventa, ni de la importancia de establecer los linderos. No 

obstante, esas alegaciones no fueron parte de la demanda. La

representación legal de la apelante olvida que la moción de 

sentencia sumaria y, por consiguiente, su oposición no son el 

vehículo procesal para incluir alegaciones nuevas ni para corregir 

las deficiencias de la demanda. La apelante no puede pretender 

añadir en su oposición alegaciones de hechos que no están en la 

demanda. Tal pretensión es contraria a derecho. Aun cuando 

entendiésemos que la prudencia llama a los notarios a explicar y 

consignar las consecuencias legales de una compraventa a precio 

aplazado no fue parte de las alegaciones de la demanda.

La sentencia sumaria procede porque que se probaron todos 

los hechos esenciales que eximen de responsabilidad al apelado 

por las alegaciones de la demanda en su contra. La prueba 

presentada demostró que el notario otorgó la escritura conforme a 

las constancias del Registro de la Propiedad y que el documento

fue inscrito.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones