Número Identificador

 RES2024__________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL II

DANIEL QUILES ORTIZ, 

SOFIA DEL MAR 

MORALES RODRÍGUEZ

Peticionarios

v.

PABLO LUIS DÍAZ 

FAJARDO T/C/C 

PACHE, COMPAÑÍA 

ABC

Recurridos

KLCE202400388

Certiorari

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de

Carolina

Caso Núm.

CA2023CV02658

Sobre:

Acometimiento o 

Agresión

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2024.

I.

El 23 de agosto de 2023, el Sr. Daniel Quiles Ortiz y la Sra. 

Sofia del Mar Morales Rodríguez presentaron una Demanda de 

daños y perjuicios en contra del Sr. Pablo Luis Díaz Fajardo, por una 

alegada agresión cometida por este en la Plaza Aviones de Loíza. 

Como consecuencia de la alegada agresión, el señor Quiles Ortiz 

sufrió una perforación del tímpano izquierdo, requiriendo 

intervención quirúrgica, antibióticos y tratamiento médico. Los 

daños físicos de la agresión se estimaron en no menos de cien mil 

dólares ($100,000). Por su parte, la señora Morales Rodríguez sufrió 

angustias mentales al ver a su novio ser agredido y amenazado por 

el señor Díaz Fajardo, y al ser ella también amenazada de muerte. 

Las angustias mentales se estimaron en no menos de cincuenta mil 

dólares ($50,000).

Ese mismo día, el señor Quiles Ortiz y la señora Morales 

Rodríguez presentaron una Solicitud de Orden al Registrador de la 

Propiedad para que Anote Embargo Preventivo en Aseguramiento de 
KLCE202400388 2

Sentencia y Solicitud de Orden de No Enajenar. Tras varios trámites 

procesales, y en cuanto a la Orden de Embargo, el 24 de agosto de 

2023, el Foro primario resolvió que evaluaría la misma una vez se 

cumpliera con la 56.21 y 56.32 de las Reglas de Procedimiento Civil.

El 5 de septiembre de 2023, notificada el 8 de septiembre de 

2023, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden de 

Señalamiento de Vista Mediante Videoconferencia para el 12 de 

octubre de 2023.

Luego de varias instancias procesales, el 8 de noviembre de 

2023, el señor Quiles Ortiz y la señora Morales Rodríguez radicaron 

una Demanda Enmendada. En la misma, le informaron al tribunal

que se habían radicado cargos criminales por agresión en contra de 

Díaz Fajardo. No obstante, no se determinó causa para arresto en 

su contra. Posteriormente, adujeron que, Fajardo Díaz obtuvo una 

orden de protección en contra de Quiles Ortiz mediante falsedades 

y tergiversaciones de hechos y que, tomando en cuenta la orden, 

Quiles Ortiz se mudó al Municipio de Arecibo frente a la playa donde 

regularmente practicaba bodyboarding. Sobre este particular, 

alegaron que el 11 de octubre de 2023, con el propósito de provocar 

una situación donde Quiles Ortiz violara la Orden de Protección, 

Díaz Fajardo se personó en la playa cerca de su residencia desde 

temprano y llamó a la policía acusando a Quiles Ortiz de violar la 

Orden de Protección. Sobre este incidente, Quiles Ortiz estableció 

que, Díaz Fajardo no tuvo éxito en su intento para provocar su 

arresto, pero alega que sufrió daños emocionales adicionales 

estimados en veinticinco mil dólares ($25,000).

En respuesta, el 14 de diciembre de 2023, el señor Díaz 

Fajardo presentó la Contestación a Demanda Enmendada en la que 

solicitó que se declarara No Ha Lugar la Demanda Enmendada. 

1 32 LPRA Ap. V, 56.2.

2 32 LPRA Ap. V, R. 56.3.
KLCE202400388 3

El 18 de enero de 2024, se celebró la Vista de Embargo 

Preventivo. Sobre el particular, el 26 de enero de 2024, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió Resolución y Orden declarando No Ha 

Lugar la Solicitud de Orden al Registrador de la Propiedad. Esbozó 

que la misma no procedía en etapas tempranas del descubrimiento 

de prueba. De igual forma, dictaminó que las meras alegaciones de 

la Demanda no eran prueba, ni establecían altas probabilidades de 

prevalecer en los méritos. Asimismo, el Foro primario estableció que 

no se demostró la existencia de una deuda líquida, vencida y 

exigible, ya que no existía una determinación del valor líquido real 

de las reclamaciones. Por esto, concluyó que no procedía la solicitud 

de embargo preventivo en aseguramiento de sentencia bajo la Regla 

56.1 de Procedimiento Civil.3

Inconformes, el 5 de febrero de 2024, el señor Quiles Ortiz y 

la señora Morales Rodríguez presentaron una Moción de 

Reconsideración e Informativa en la cual sostuvieron que la Vista de 

Embargo Preventivo celebrada el 18 de enero de 2024 debió ser de 

naturaleza evidenciaria y no, de naturaleza argumentativa. Por otro 

lado, arguyeron que la Regla 56.1 de Procedimiento Civil requiere 

que su promovente demuestre altas probabilidades de prevalecer y,

por lo tanto, era necesario desfilar prueba en la aludida Vista.

Así las cosas, el 6 de febrero de 2024, el Tribunal de Primera

Instancia ordenó al señor Díaz Fajardo que expusiera su posición en 

un término de veinte (20) días. El 26 de febrero de 2024 el señor 

Díaz Fajardo presentó una Oposición a Moción de Reconsideración e 

Informativa. En la misma, argumentó que la Vista fue válidamente 

celebrada conforme a la Regla 56.4 de Procedimiento Civil.4

Asimismo, sostuvo que dicha regla no obliga a celebrar una vista 

evidenciaria para denegar un embargo. Por último, señaló que de la 

3 32 LPRA Ap. V, R. 56.1.

4 32 LPRA Ap. V, R. 56.4.
KLCE202400388 4

faz de la solicitud surgía que el remedio solicitado no cumplía con

los requisitos necesarios para incoar una reclamación de cobro de 

dinero ya que, no demostraba la existencia de una deuda líquida, 

vencida y exigible o circunstancia extraordinaria.

El 1 de marzo de 2024, notificada el 4, el Foro primario, 

mediante Resolución, declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración e Informativa presentada el 5 de febrero de 2024. 

En síntesis, expuso que no procedía la anotación preventiva de 

demanda debido a que la reclamación era de carácter personal no 

inscribible y versaba sobre bienes inmuebles que no serán parte de 

la controversia.

Así las cosas, el 15 de marzo de 2024, el señor Quiles Ortiz y 

la señora Morales Rodríguez presentaron una Segunda Demanda 

Enmendada. Sin embargo, inconformes aun con el dictamen del 

Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de 

Reconsideración, el 3 de abril de 2024, el señor Quiles Ortiz y la 

señora Morales Rodríguez acudieron ante nos mediante Petición de 

Certiorari. Plantean:

Erró el TPI al cambiar la naturaleza de la vista de 

embargo preventivo en aseguramiento de sentencia 

de una “evidenciaria’’ a una “argumentativa’’ y 

prohibir la presentación de prueba, para luego 

denegar la moción de embargo preventivo en 

aseguramiento de sentencia bajo el fundamento de 

que las meras alegaciones no son prueba.

Erró el TPI al confundir las figuras de “anotación de 

demanda” con la figura de “embargo preventivo en 

aseguramiento de sentencia”, y denegar la moción 

de reconsideración a base del derecho aplicable a las 

“anotaciones de demanda”.

El 25 de abril de 2024, el señor Díaz Fajardo presentó su 

correspondiente Oposición al Recurso de Certiorari. Ese mismo día, 

el señor Quiles Ortiz y la señora Morales Rodríguez presentaron ante 

nos una Breve Moción Evitando Inducción a Error al Honorable Foro 

Ante Este Honorable Tribunal. Aludieron a que, en la introducción de 

la Oposición, así como en la discusión de los señalamientos de error, 
KLCE202400388 5

el señor Diaz Fajardo hizo referencia al documento que presentó el 

8 de abril de 2024 titulado Urgente Moción de Descalificación y en 

Solicitud de Sanciones y Referido Ético al Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en el que imputó a la representación legal del señor Quiles Ortiz 

y la señora Morales Rodríguez de haber presentado una Demanda 

Enmendada con alegaciones antiéticas de hechos falsos. Más aún, 

arguyeron que, en su oposición, el señor Diaz Fajardo hizo referencia

al contenido de la Moción de Descalificación y Referido Ético que fue 

presentada el 3 de abril de 2024, y omitió hacer lo propio sobre el 

contenido de la Breve Oposición a Moción de Descalificación que 

había presentado el señor Quiles Ortiz y la señora Morales Rodríguez 

ante el foro primario el 11 de abril de 2024. 

Por otro lado, establecieron que en la oposición del señor Díaz 

Fajardo, luego de atacar la ética de la representación legal de señor 

Quiles Ortiz y la señora Morales Rodríguez, este mencionó que el 

señor Quiles Ortiz convenientemente ignoró la controversia sobre la 

alegada falsedad de los hechos de la Demanda Enmendada. 

Esbozaron que esta omisión se hizo a sabiendas de que la parte 

peticionaria presentó el presente recurso de certiorari antes de que 

el recurrido presentara ante el foro primario la Moción de 

Descalificación y Referido Ético. Con ello, alegaron que el recurrido 

intencionalmente indujo a error al tribunal. 

II.

Todo dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia 

en el curso del proceso judicial es revisable, bien sea por apelación 

o por certiorari. El auto de certiorari es un remedio procesal utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal inferior. Distinto a los recursos de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional. Esta discreción, 

se ha definido como una forma de razonabilidad aplicada al 
KLCE202400388 6

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.5 No 

significa poder actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del 

resto del derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.6

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente la facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal nos señala 

los criterios que debemos considerar al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari. Dispone: 

Regla 40. Criterios para expedición del auto de 

certiorari

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.7

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.8 La 

denegatoria de expedir un auto de certiorari, no constituye una 

adjudicación en los méritos. Es el ejercicio de nuestra facultad 

5 Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, (2020); Negrón v. Srio de Justicia, 154 

DPR 79 (2001). 

6 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016); Pueblo 

v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588 (2015).

7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

8 Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). 
KLCE202400388 7

discrecional para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de instancia, evitando que se dilate innecesariamente la 

resolución final del pleito.9 La parte afectada con la denegatoria de 

expedirse el auto de certiorari, tiene a su favor el revisar el dictamen 

final, cuando se resuelva la causa de acción por el foro primario.10

Además, como se sabe, “los tribunales apelativos no debemos, 

con relación a determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción 

del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción”.11 El tribunal de 

instancia goza de amplia discreción para pautar el manejo de los 

casos ante su consideración, a fin de lograr la búsqueda de la verdad 

y que sean adjudicados de manera rápida y correctamente. Como 

foro intermedio apelativo, no vamos a intervenir con el ejercicio de 

tal autoridad, excepto se demuestre que medió craso abuso de 

discreción, que hubo una interpretación o aplicación errónea de una 

norma procesal o sustantiva de derecho y que la intervención 

revisora evitará perjuicio sustancial a la parte alegadamente

afectada.12

III.

Hemos evaluado el dictamen impugnado y coincidimos con la 

parte recurrida en que, el mismo refleja una aplicación correcta del 

derecho por parte del Foro a quo. En primer lugar, el recurso 

presentado por el señor Quiles Ortiz y la señora Morales Rodríguez

no contiene ningún argumento suficiente para establecer que el foro 

primario erró o violentó sus derechos al ejercer su discreción judicial 

9 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R.40; 

Filiberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 838 (1999).

10 Negrón, 154 DPR, pág. 93; Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997).

11 Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664-665 (2000); Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia, Ex Parte, 116 DPR 909, 

913 (1986).

12 García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005); Meléndez, 151 DPR, págs. 664-665.
KLCE202400388 8

de no celebrar una vista evidenciaria. En segundo lugar, concluimos 

que no abusó de su discreción el Foro a quo al no dar paso a un 

desfile de prueba durante la Vista de Embargo Preventivo, tras 

intimar, que de las alegaciones no estaba presente el requisito de 

altas probabilidades de prevalecer en el juicio para poder emitir la 

orden de embargo preventivo. Más aun, cuando no se ha 

demostrado que hubiese una deuda líquida, vencida y exigible ya 

que no existe una determinación del valor líquido real de las 

reclamaciones. No encontramos ningún elemento jurídico que 

amerite nuestra intervención en este momento.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del presente recurso de Certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones