Número Identificador

SEN2024 ___________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

Giovanni Agosto Rosa

Peticionario

 vs.

Municipio de Guaynabo, 

Hon. Edward O. O’neill; 

Lourdes Bernabé Martínez 

en su carácter personal y 

la Soc. Legal de 

Gananciales compuesta 

con Ramón Vargas; 

Ramón Vargas en 

representación de la Soc. 

Legal de Gananciales

compuesta con Lourdes 

Bernabé; Alpha y Beta 

aseguradoras; XYZ 

personas naturales y/o 

jurídicas que puedan ser 

responsables

Recurridos

KLCE202400349

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Bayamón

Civil Núm.:

GB2022CV00515 

(501)

Sobre: Daños

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez

Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2024.

Comparece ante nos, el señor Giovanni Agosto Rosa (en 

adelante, Sr. Agosto Rosa o peticionario), quien presenta recurso 

de Certiorari en el que solicita la revocación de la “Orden” emitida 

el 21 de febrero de 2024,

1 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón. Mediante dicho dictamen, el foro 

primario declaró Ha Lugar la “Moción en Reconsideración a 

Órdenes de Minuta” presentada por la Sra. Lourdes Bernabé 

Martínez, el señor Ramón Vargas Martínez, y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, matrimonio 

Bernabé-Vargas o recurridos).

1 Notificada ese mismo día.
KLCE202400349 2

Examinada la solicitud de autos, el “Escrito en 

Cumplimiento de Resolución”, la totalidad del expediente y el 

estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

confirmamos el dictamen mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación.

I.

El 30 de mayo de 2022, el Sr. Agosto Rosa presentó una 

“Demanda” por discrimen, hostigamiento laboral, represalias y 

daños y perjuicios contra el Municipio de Guaynabo y el 

matrimonio Bernabé-Vargas, en su carácter personal. En esencia, 

alegó que fue víctima de burlas y comentarios despectivos y 

ofensivos sobre su color, dentro de un ambiente laboral plagado de 

acoso y hostigamiento sexual. Arguyó que, como consecuencia de 

este trato hostil, se afectó su salud física, emocional y mental, 

requiriéndole atenciones médicas frecuentes. Por lo anterior, 

reclamó la suma de $1,000,000.00, más costas, gastos y 

honorarios de abogado.

Así las cosas, el 22 de julio de 2022, el matrimonio BernabéVargas presentó una “Moción de Desestimación de la Parte 

Compareciente en su Carácter Personal” y, en síntesis, argumentó 

que las leyes laborales bajo las cuales el peticionario instó su 

reclamo son inaplicables y/o improcedentes. Por ello, solicitó la 

desestimación de la reclamación presentada en su contra.

El 13 de septiembre de 2022, el Sr. Agosto Rosa presentó su 

“Oposición a Moción de Desestimación”, y esgrimió que: (1) los

recurridos se sometieron voluntariamente a la jurisdicción del

tribunal; (2) la paralización automática de la Ley PROMESA sólo 

protege al Estado, y no a personas particulares; y (3) la Sra. 

Lourdes Bernabé Martínez actuaba con un agente, oficial o 

supervisor del Municipio de Guaynabo y, como tal, es responsable

por sus actos discriminatorios.
KLCE202400349 3

Con el propósito de discutir los escritos presentados, el 15 

de febrero de 2023,2 el foro a quo celebró vista argumentativa a la 

cual comparecieron todas las partes.

Con el beneficio de sus argumentos, el 3 de abril de 2023,3 el

Tribunal de Primera Instancia emitió “Sentencia Parcial” en la cual 

resolvió lo siguiente:

[A]ceptando como ciertas todas las alegaciones 

contenidas en la demanda y considerándolas de la 

forma más favorable a la parte demandante, este 

Tribunal determina que el demandante no fracasó en 

exponer hechos que justifiquen el derecho a obtener un 

remedio. Las alegaciones discriminatorias contenidas 

en la demanda crean la posibilidad de una causa de 

acción al amparo de la Constitución bajo el artículo 

1802 del Derogado Código Civil, código vigente al 

momento de los hechos. En atención, a la Ley de 

Represalias, Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1990, 

supra, es importante destacar que la causa de acción 

aplicaría únicamente en contra del codemandado, 

Municipio Autónomo De Guaynabo y no así en contra de 

los codemandados, Sra. Lourdes Bernabé Martínez, el 

Sr. Ramón Vargas Martínez y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos en sus 

capacidades personales.

Es menester señalar que al demandante ser un 

empleado municipal no le aplica un remedio bajo la Ley 

contra el discrimen en el empleo, Ley Núm. 100 de 30 

de junio de 1959, supra. Asimismo, no es aplicable la 

Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto 

Rico, Ley 90-2020, supra, ya que todos los hechos

alegados en la demanda ocurrieron previo a la 

aprobación del aludido estatuto y el mismo entró en 

vigor sin efecto retroactivo. Igualmente, tampoco le es 

aplicable una causa de acción bajo la Ley para la 

Administración y Transformación de los Recursos 

Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 8-

2017, supra, debido a que dicha ley excluye 

expresamente, entre otras agencias del Gobierno e 

instrumentalidades gubernamentales, a los Municipios

de la aplicación de sus disposiciones. Artículo 5, sección 

5.2 (8), 3 LPRA sec. 1471a. Por tal razón, este Tribunal 

desestima la causa de acción bajo las referidas leyes.

[...]

Por todo ello, y de conformidad con los fundamentos de 

derecho antes consignados, se dicta Sentencia Parcial, 

desestimando las causas de acción bajo la Ley contra el 

discrimen en el empleo, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 

1959, supra; la Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso 

Laboral en Puerto Rico, Ley 90- 2020, supra y la Ley 

para la Administración y Transformación de los 

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, Ley 

2 Véase, “Minuta” notificada el 17 de febrero de 2023.

3 Notificada el 4 de abril de 2023.
KLCE202400349 4

Núm. 8-2017, supra, para todos los codemandados. No 

obstante, se desestima la causa de acción bajo la Ley 

de Represalias, Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 

1990, supra, únicamente en contra de los 

codemandados, Sra. Lourdes Bernabé Martínez, el Sr. 

Ramón Vargas Martínez y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos en sus capacidades 

personales.

El Sr. Agosto Rosa no solicitó la reconsideración de este 

dictamen, y tampoco solicitó su revisión ante este Tribunal de 

Apelaciones. Por lo que, habiéndose desestimado toda reclamación

presentada contra el matrimonio Bernabé-Vargas, únicamente 

quedó en el pleito el codemandado Municipio de Guaynabo.

Advenida final y firme la determinación, el 13 de diciembre 

de 2023, el peticionario presentó una “Moción de Anotación de 

Rebeldía a Parte Codemandada Lourdes Vargas, Ramón Vargas y a

la Sociedad Legal de Gananciales Compuesta por Ambos”. En su 

escrito, solicitó se le anotase la rebeldía a los recurridos, toda vez

que, desde que éstos todavía no habían contestado la “Demanda”.

Al día siguiente, entiéndase, el 14 de diciembre de 2023, el 

matrimonio Bernabé-Vargas presentó “Réplica a Moción de 

Rebeldía”, y manifestó que el pleito presentado en su contra ya 

había finalizado. Fundamentó su postura en la “Sentencia Parcial” 

emitida el 3 de abril de 2023, donde el Tribunal desestimó la 

reclamación presentada contra los recurridos, en su carácter 

personal.

Atendidos los escritos de ambas partes, el 19 de diciembre 

de 2023,

4 el foro primario emitió una “Orden”, y declaró No HA 

Lugar la “Moción de Anotación de Rebeldía a Parte Codemandada 

Lourdes Vargas, Ramón Vargas y a la Sociedad Legal de 

Gananciales Compuesta por Ambos” presentada por el 

peticionario.

4 Notificada el 20 de diciembre de 2023.
KLCE202400349 5

Inconforme, el 4 de enero de 2024, el Sr. Agosto Rosa

presentó una “Moción de Reconsideración”, y reiteró que las 

reclamaciones por daños y perjuicios aún prevalecen en el reclamo, 

por lo que procede anotar la rebeldía a los recurridos.

Mediante “Orden” emitida el 14 de febrero de 2024,5 el foro 

recurrido declaró Ha Lugar la “Moción de Reconsideración”

presentada por el peticionario, en cuanto a que aún persisten

reclamaciones por daños y perjuicios contra los recurridos. Sin 

embargo, declaró No Ha Lugar la solicitud de anotación de 

rebeldía, y concedió un término para contestar la reclamación.

Insatisfecho, el 21 de febrero de 2024, matrimonio BernabéVargas presentó una “Moción en Reconsideración a Órdenes de 

Minuta”, y recalcó que: (1) los recurridos ya no son parte del pleito; 

(2) el litigio subsiste única y exclusivamente contra el Municipio de 

Guaynabo, y (3) habiéndose desestimado cada una de las causas 

de acción al amparo de las leyes laborales contra los recurridos en 

su carácter personal, no es posible que subsista en su contra un 

reclamo por daños.

Mediante “Orden” emitida en igual fecha, o sea, el 21 de 

febrero de 2024,

6 el Tribunal de Primera Instancia declaró Ha 

Lugar la “Moción en Reconsideración a Órdenes de Minuta”

presentada por el matrimonio Bernabé-Vargas. Así, dejó sin efecto 

la “Orden” emitida el 14 de febrero de 2024.

7

En descontento, el Sr. Agosto Rosa recurre ante esta 

segunda instancia judicial, y señala la comisión del siguiente error:

Erró el TPI al declarar “Con Lugar” una solicitud de 

reconsideración sobre un hecho adjudicado en una 

Sentencia Parcial. La referida solicitud de 

reconsideración fue radicada por la parte codemandada 

y recurrida, ante el Tribunal a quo, con más de 

doscientos (200) días de retraso.

5 Notificada el 15 de febrero de 2024.

6 Notificada ese mismo día.

7 Notificada el 15 de febrero de 2024.
KLCE202400349 6

II.

Es doctrina reiterada que “[l]os derechos y obligaciones

adjudicadas en el ámbito judicial, mediante dictamen firme, 

constituyen la ley del caso”. In re Tormos Blandino, 135 DPR 573, 

578 (1994). Por lo que, como norma general, aquellos derechos y 

responsabilidades que hayan sido adjudicados están impedidos de 

reexaminarse, pues éstos gozan de finalidad y firmeza. Mgmt. 

Adm. Servs. Corp. v. E. L. A., 152 DPR 599, 606-607 (2000). De 

esta forma, se cumplen los siguientes propósitos: (1) se garantiza

la sana práctica de que el juzgador no alterare sus 

pronunciamientos dentro de un mismo caso, (2) promueve el 

trámite ordenado y expedito de los litigios, y (3) asegura que las 

partes puedan proceder sobre unas directrices confiables y 

certeras. Berkan et al. v. Mead Johnson Nutrition, 204 DPR 183, 

200-201 (2020).

El criterio esencial para que pueda invocarse esta doctrina 

es que la decisión sea final. De ser así, tanto el juez como las 

partes quedan sujetas a las órdenes previas que se han efectuado 

durante el transcurso del pleito. Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 

832, 843 (2005). Ahora bien, este mandato no es inflexible ni 

absoluto, pues, a modo de excepción, si la ley del caso es errónea y 

puede causar una gran injusticia, el tribunal puede emplear una 

norma de derecho distinta. Íd., a la pág. 844. Por lo que, en estas 

circunstancias, la decisión puede ser descartada con el fin de 

resolver en forma justa. Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 

100 DPR 19, 29-30 (1971).

III.

Según revela el tracto procesal discutido, el 21 de febrero de 

2024,

8 el Tribunal de Primera Instancia emitió una “Orden”, y

declaró Ha Lugar la petición de reconsideración presentada por el

8 Notificada ese mismo día.
KLCE202400349 7

matrimonio Bernabé-Vargas. Razonó que, en efecto, ya se había 

desestimado la causa de acción contra los recurridos, incluyendo 

aquella por daños y perjuicios. Fundamentó su determinación en

la “Sentencia Parcial” emitida el 3 de abril de 2023.

9

En su escrito, el Sr. Agosto Rosa argumenta que “el TPI no 

desestimó la causa de acción por daños y perjuicios” contra los 

recurridos,

10 y que éstos no apelaron dicha determinación dentro 

del término provisto en ley. Por ende, entiende que la no 

desestimación de la causa de acción de daños y perjuicios es final

y no puede revocarse. No tiene razón.

Como ya discutimos, el 3 de abril de 2023,11 el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una “Sentencia Parcial”, y resolvió lo 

siguiente:

[A]ceptando como ciertas todas las alegaciones 

contenidas en la demanda y considerándolas de la 

forma más favorable a la parte demandante, este 

Tribunal determina que el demandante no fracasó en 

exponer hechos que justifiquen el derecho a obtener 

un remedio. Las alegaciones discriminatorias

contenidas en la demanda crean la posibilidad de 

una causa de acción al amparo de la Constitución 

bajo el artículo 1802 del Derogado Código Civil, 

código vigente al momento de los hechos. En 

atención, a la Ley de Represalias, Ley Núm. 115 de 

20 de diciembre de 1990, supra, es importante 

destacar que la causa de acción aplicaría únicamente 

en contra del codemandado, Municipio Autónomo De 

Guaynabo y no así en contra de los codemandados, 

Sra. Lourdes Bernabé Martínez, el Sr. Ramón Vargas 

Martínez y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos en sus capacidades 

personales.

Es menester señalar que al demandante ser un 

empleado municipal no le aplica un remedio bajo la 

Ley contra el discrimen en el empleo, Ley Núm. 100 

de 30 de junio de 1959, supra. Asimismo, no es 

aplicable la Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso 

Laboral en Puerto Rico, Ley 90-2020, supra, ya que 

todos los hechos alegados en la demanda ocurrieron 

previo a la aprobación del aludido estatuto y el 

mismo entró en vigor sin efecto retroactivo. 

Igualmente, tampoco le es aplicable una causa de 

acción bajo la Ley para la Administración y 

Transformación de los Recursos Humanos en el 

9 Notificada el 4 de abril de 2023.

10 Véase, recurso a la pág. 6.

11 Notificada el 4 de abril de 2023.
KLCE202400349 8

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 8-2017, supra, 

debido a que dicha ley excluye expresamente, entre 

otras agencias del Gobierno e instrumentalidades

gubernamentales, a los Municipios de la aplicación 

de sus disposiciones. Artículo 5, sección 5.2 (8), 3 

LPRA sec. 1471a. Por tal razón, este Tribunal 

desestima la causa de acción bajo las referidas 

leyes.

[...]

Por todo ello, y de conformidad con los fundamentos 

de derecho antes consignados, se dicta Sentencia 

Parcial, desestimando las causas de acción bajo la 

Ley contra el discrimen en el empleo, Ley Núm. 100 

de 30 de junio de 1959, supra; la Ley para Prohibir y 

Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico, Ley 90-

2020, supra y la Ley para la Administración y 

Transformación de los Recursos Humanos en el 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 8-2017, supra, 

para todos los codemandados. No obstante, se 

desestima la causa de acción bajo la Ley de 

Represalias, Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 

1990, supra, únicamente en contra de los 

codemandados, Sra. Lourdes Bernabé Martínez, el 

Sr. Ramón Vargas Martínez y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos en sus 

capacidades personales.

(Énfasis nuestro).

Como puede observarse, el foro primario desestimó todas 

las causas de acción presentadas contra el matrimonio 

Bernabé-Vargas, incluyendo aquella por daños y perjuicios.

Ello resulta evidente cuando, posteriormente, el peticionario 

solicita se anote la rebeldía a los recurridos y la misma jueza que 

emitió la “Sentencia Parcial” declara No Ha Lugar la anotación de 

rebeldía, porque “[l]a Sentencia Parcial de 4 de abril de 2024 

desestima el caso con relación a la Sra. Lourdes Bernabé

Martínez, el Sr. Vargas y la SLG”. (Énfasis suplido).

El Sr. Agosto Rosa no solicitó la reconsideración de la 

“Sentencia Parcial”, y tampoco solicitó su revisión ante este

Tribunal de Apelaciones. Por ende, el dictamen advino final y 

firme.

Cónsono con el derecho discutido en el acápite anterior, los 

derechos y responsabilidades que hayan sido adjudicados están 

impedidos de reexaminarse, pues éstos gozan de finalidad y 
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firmeza. Esto implica que, tanto el juez como las partes quedan 

sujetas a las órdenes previas que se han efectuado durante el 

transcurso del pleito. A modo de excepción, si la ley del caso es 

errónea o puede causar una gran injusticia, el tribunal puede 

emplear una norma de derecho distinta. Empero, ésta no es la

situación ante nos. Por el contrario, concluimos que la ley del 

caso es correcta y no causa la más mínima injusticia.

En resumen, la desestimación de la reclamación contra

el matrimonio Bernabé-Vargas, incluyendo la causa por daños 

y perjuicios, es un asunto que ya fue evaluado y resuelto. Por 

gozar de finalidad y firmeza, constituye ley del caso y estamos

impedidos de reexaminarlo. De esta forma, actuó correctamente 

el foro a quo al declarar Ha Lugar la “Moción en Reconsideración a 

Órdenes de Minuta” presentada por los recurridos, y dejar sin 

efecto la “Orden” emitida el 14 de febrero de 2024.

12

IV.

Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar 

parte de este dictamen, expedimos el auto de Certiorari solicitado 

por el señor Giovanni Agosto Rosa, y confirmamos la “Orden”

recurrida, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

12 Notificada el 15 de febrero de 2024.