Número Identificador

SEN2023 ___________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

PR Recovery and 

Development JV, LLC

Recurrida

 vs.

AM Group, LLC h/n/c 

VOM Fass; Anthony 

Meléndez Berríos y su 

esposa Delia Estrella

Martínez Díaz, y la 

Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta 

por ellos; y Helena Rivera 

González

Peticionarios

KLCE202301339

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Civil Núm.:

SJ2021CV07460

(604)

Sobre:

Cobro de Dinero;

Ejecución de 

Hipoteca

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez

Cruz Hiraldo y el Juez Salgado Schwarz1.

Rivera Colón, Juez Ponente

SENTENCIA ENMENDADA2

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

Comparece ante nos, AM Group, LLC (AM Group o parte

peticionaria), quien presenta recurso de Certiorari en el que solicita 

la revocación de la “Resolución” emitida el 26 de octubre de 2023,3

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró No Ha 

Lugar la “Moción de Desestimación” presentada por la parte 

peticionaria.

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

1 Véase Orden Administrativa Núm. OATA-2023-204, donde se designa al Juez 

Carlos G. Salgado Schwarz en sustitución del Hon. José J. Monge Gómez, por 

encontrarse fuera del Tribunal por causas justificadas. 

 

2 Se enmienda a los únicos efectos de aclarar que, luego de evaluar el escrito del 

peticionario, así como la evidencia documental anejada al mismo, prescindimos 

de la comparecencia de la parte recurrida. Regla 7 (b)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (b)(5).

3 Notificada el 30 de octubre de 2023.
KLCE202301339 2

confirmamos el dictamen mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación.

I.

El 11 de noviembre de 2021, Puerto Rico Recovery and 

Development JV, LLC (PRRD o parte recurrida) presentó una 

“Demanda” por cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra AM 

Group. En esencia, alegó que, el 11 de diciembre de 2015, la parte 

peticionaria suscribió un contrato de préstamo, el cual fue 

asegurado mediante pagaré en favor del Banco de Desarrollo 

Económico para Puerto Rico (BDE), o a su orden, debidamente 

endosado a favor de la parte recurrida. Arguyó que, AM Group

incumplió con sus obligaciones de asegurar el pago puntual, por lo 

que la deuda reclamada estaba vencida, líquida y exigible. A su 

vez, indicó ser el tenedor físico del pagaré operacional, y recalcó 

que dicho pagaré estaba debidamente endosado a su favor.

El 1 de febrero de 2022, AM Group presentó una “Moción de 

Desestimación” y, en síntesis, argumentó que PRRD no posee 

legitimación activa para presentar la reclamación, toda vez que: (1)

el BDE estaba impedido de cederle el préstamo, (2) el BDE 

impugnó la validez del Contrato de Compraventa de Cartera de 

Préstamos, y (3) PRRD no es el legítimo tenedor por endoso de los 

pagarés asegurados.

Por su parte, el 28 de febrero de 2022, PRRD presentó su 

“Oposición a la Moción de Desestimación” y, en lo pertinente, 

sostuvo que: (1) no existe impedimento alguno para que BDE le 

cediera el préstamo, (2) PRRD es, en efecto, el tenedor actual del 

pagaré y como tal tiene derecho a cobrar la acreencia que reclama, 

y (3) el hecho de que BDE haya impugnado la transacción por la 

cual PRRD advino acreedor es inconsecuente a la condición de 

deudor de la parte peticionaria, y debido a que las transacciones se 
KLCE202301339 3

presumen válidas, PRRD es el acreedor hasta que se pruebe lo 

contrario.4

Evaluados los escritos presentados por ambas partes, el 12

de enero de 2023,5 el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

“Resolución” mediante la cual declaró No Ha Lugar la “Moción de

Desestimación” presentada por AM Group. Razonó que: (1) toda 

vez que PRRD alegó ser el tenedor actual del pagaré, tal hecho 

debe tomarse como cierto y, consecuentemente, posee standing

para presentar el pleito, (2) las alegaciones de la “Demanda” son 

suficientes para sostener el pleito, al amparo de la Regla 10.2 (5) 

de Procedimiento Civil, infra.

Inconforme, el 1 de febrero de 2023, AM Group presentó una 

“Moción de Reconsideración”. Atendido su escrito, y la oposición 

presentada por la parte recurrida,6 el 26 de octubre de 2023,

7 el 

foro a quo declaró No Ha Lugar la “Moción de Reconsideración”

presentada por la parte peticionaria.

Así las cosas, el 9 de noviembre de 2023, PRRD presentó 

una “Moción Informativa y en Solicitud de Orden” donde solicitó se 

le ordenase a la parte peticionaria a contestar la “Demanda”, 

dentro del término de 10 días. Ese mismo día, entiéndase, el 9 de 

noviembre de 2023,8 el foro primario concedió a AM Group 10 días 

para contestar la reclamación.

Ante este hecho, el 15 de noviembre de 2023, la parte 

peticionaria presentó una “Moción Informativa” en la cual expuso 

que estaría recurriendo de la “Resolución” emitida el 12 de enero 

de 2023.

9 Por ello, esbozó que contestar la “Demanda” sería un

ejercicio infructuoso.

4 Mediante “Moción en torno a Oposición a Moción de Desestimación” presentada el 29 de 

agosto de 2022, PRRD reafirmó estos argumentos.

5 Notificada el 17 de enero de 2023.

6 Véase, “Oposición a Moción de Reconsideración” del 13 de febrero de 2023.

7 Notificada el 30 de octubre de 2023.

8 Notificada en igual fecha.

9 Notificada el 17 de enero de 2023.
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El 29 de noviembre de 2023, AM Group presentó auto de 

Certiorari ante este foro apelativo intermedio, y señaló la comisión 

de los siguientes errores, a saber:

1) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que PRRD tiene legitimación activa para 

instar la demanda del caso de epígrafe.

2) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en 

determinar que PRRD tiene derecho a algún

remedio.

Dicho recurso fue acompañado por una “Moción Urgente de 

Auxilio de Jurisdicción” en la cual se solicitó la paralización de los 

procedimientos ante el foro recurrido.

II.

-ALa Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2, le permite al demandado solicitar que se desestime la 

demanda en su contra antes de contestarla. R. Hernández 

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta 

ed., San Juan, Lexisnexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 266. La 

precitada regla dispone lo siguiente:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 

sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; 

(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una 

parte indispensable.

Ante una moción de desestimación, “el tribunal tomará como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan 

sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no 

den margen a dudas”. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 

174 DPR 409, 428 (2008). Asimismo, deberá interpretar las 

alegaciones de forma conjunta, liberal y de la manera más 
KLCE202301339 5

favorable posible en favor del demandante. Torres, Torres v. Torres 

et al., 179 DPR 481, 502 (2010). Es decir, “[l]a demanda no deberá 

desestimarse a menos que se demuestre que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno, bajo cualesquiera hechos que 

pueda probar”. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp, supra, a la 

pág. 428. Ello solo aplicará a aquellos hechos alegados de forma 

“clara y concluyente, que de su faz no den margen a dudas”. 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).

Al atender este tipo de moción, el tribunal deberá tener en 

cuenta que, conforme lo dispone la Regla 6.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1, la demanda sólo tiene que contener 

“una relación sucinta y sencilla de la reclamación demostrativas de 

que el peticionario tiene derecho a un remedio”, por lo que la 

norma procesal que rige establece que las alegaciones solo buscan 

“notificarle a la parte demandada a grandes rasgos, cuáles son las 

reclamaciones en su contra.” Torres, Torres v. Torres et al., supra, 

a la pág. 501. Es por esto que una demanda no será desestimada, 

salvo que se demuestre “que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno, bajo cualesquiera hechos que pueda probar”. Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp, supra, a la pág. 428. Por 

consiguiente, el asunto a considerar es, “si a la luz de la situación 

más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de 

éste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación 

válida”. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, a la pág. 

505.

-BEn general, los tribunales tienen la obligación y 

responsabilidad de decidir los casos que se le presentan ante su 

consideración, incluso aquellos que con gusto evitaría. No 

obstante, como doctrina de autolimitación y de prudencia en el 

ejercicio del Poder Judicial, los tribunales solo pueden resolver 
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aquellas controversias que sean justiciables. Hernández Montañez 

v. Parés Alicea, 2022 TSPR 14. El concepto de justiciabilidad 

“impone el deber de examinar si los casos que traban una 

controversia de índole constitucional cumplen con determinados e 

indispensables requisitos previo a una expresión”. Noriega v. 

Hernández Colón, 135 DPR 406, 420 (1994). Lo anterior, pues, 

“los tribunales existen únicamente para resolver controversias 

genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen un interés real 

en obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones 

jurídicas”. E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 558-559 (1958). Por 

consiguiente, para poder ejercer de forma válida nuestra facultad 

de interpretar la ley, es necesario que el caso presente una 

controversia auténtica, definida y concreta, dentro de un contexto 

adversativo. De lo contrario, procede la desestimación del recurso 

presentado porque, como no existe una controversia real entre los 

litigantes, el tribunal debe abstenerse de adjudicarlo. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que una 

controversia no es justiciable en las siguientes circunstancias, a 

saber: (1) cuando la cuestión a resolver es una cuestión política; (2) 

cuando el pleito no está maduro; (3) cuando, después de iniciado el 

pleito, hechos posteriores lo convierten en académico; (4) cuando lo 

que se procura obtener es una opinión consultiva; y (5) cuando las 

partes no poseen legitimación activa para incoar la acción 

presentada. Noriega v. Hernández Colón, supra, a la pág. 421.

-CNuestra jurisprudencia define el término de legitimación 

activa como “la capacidad que se requiere a la parte promovente de 

una acción para comparecer como litigante ante el tribunal, 

realizar con eficiencia actos procesales y, de esta forma, obtener 

una sentencia vinculante”. Hernández, Santa v. Srio. De Hacienda, 

208 DPR 727, 739 (2022).
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Al amparo de esta doctrina, la parte promovente tiene que 

demostrar lo siguiente: (1) que sufrió un daño claro y palpable; (2) 

que dicho daño es real, inmediato y preciso, entiéndase, no 

abstracto o hipotético; (3) la existencia de un nexo causal entre la 

acción que se ejercita y el daño alegado, y (4) que la causa de 

acción surge al amparo de la Constitución o de alguna ley. Fund. 

Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 572 (2010). En la 

jurisdicción federal, se han reconocido criterios similares. Véase, 

Spokeo, Inc. v. Robins, 578 US 330, 338 (2016). (“The plaintiff 

must have (1) suffered an injury in fact, (2) that is fairly traceable 

to the challenged conduct of the defendant, and (3) that is likely to 

be redressed by a favorable judicial decision”).

Es la parte demandante quien tiene el peso de la prueba 

para demostrar que cumple con todos estos criterios. Fund. 

Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, a la pág. 585; Spokeo, Inc. v. 

Robins, supra, a la pág. 338. Como en el caso que nos ocupa, 

cuando el pleito se encuentra en sus etapas iniciales, entiéndase, 

en la presentación de la demanda, corresponde al demandante 

alegar con claridad aquellos hechos que demuestren cada uno de 

los elementos que sustentan su legitimación. Spokeo, Inc. v. 

Robins, supra, a la pág. 338; Warth v. Seldin, 422 US 490, 518 

(1975).

III.

Como cuestión de umbral, debemos evaluar si, de 

conformidad con el derecho antes esbozado, procedía la 

desestimación de la reclamación. Consecuentemente, nos 

corresponde evaluar las alegaciones bien hechas por PRRD en su 

“Demanda”. Tras una lectura de ésta, nos percatamos que la parte 

recurrida alegó, entre otras cosas, lo siguiente: (1) BDE y AM 

Group otorgaron un contrato de préstamo por la suma principal de 
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$380,000.00,

10 (2) este contrato está evidenciado mediante pagaré 

emitido a favor de BDE, o a su orden,11 (3) PRRD es el tenedor 

físico del pagaré,12 (4) dicho pagaré está debidamente endosado a

su favor,13 (5) AM Group incumplió con sus obligaciones de pago,14

(6) la deuda está vencida, líquida y exigible,

15 (7) la cantidad 

adeudada es de $371,365.51,

16 y (8) para asegurar el pago, la 

parte peticionaria suscribió un “Acuerdo de Gravamen Mobiliario”

por el cual transfirió, cedió, otorgó y/o pignoró en favor de BDE, 

ahora PRRD, ciertos derechos, títulos o intereses.

17

En su escrito, AM Group argumenta que PRRD no alegó o 

demostró ser el poseedor legítimo del pagaré. Su contención es 

que la parte recurrida no es una institución financiera, por lo que 

estaba impedida de adquirir la cartera de préstamos del BDE.18

Añade que, por esto, la venta debe ser declarada nula y PRRD 

carece de legitimación activa para presentar el caso de epígrafe.

Diferimos de su postura, pues, en primer lugar, de una 

simple lectura de la “Demanda” surge que PRRD es el tenedor 

físico del pagaré, y que dicho pagaré está debidamente 

endosado a su favor. Tomando estos hechos como ciertos,

debemos asumir que la parte recurrida es el poseedor legítimo del 

instrumento y, por ende, posee derecho para ejercer su reclamo. 

Por consiguiente, concluimos que PRRD alegó con claridad 

aquellos hechos que demuestren cada uno de los elementos que 

sustentan su legitimación.

En cuanto al segundo señalamiento de error, AM Group

enfatiza que de la “Demanda” no se desprende que la parte 

10 Véase, alegación número 7.

11 Véase, alegación número 8.

12 Véase, alegación número 9.

13 Íd.

14 Véase, alegación número 16.

15 Véase, alegación número 18.

16 Véase, alegación número 17.

17 Véase, alegación número 10.

18 Hace alusión al caso SJ2019CV11697, en el cual BDE solicitó se declare la nulidad del 

negocio jurídico por el cual PRRD adquirió la cartera de préstamos.
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peticionaria tenga una deuda con PRRD, y mucho menos que 

dicha deuda está líquida, vencida y exigible. Así, entiende que, 

conforme la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra, la parte 

recurrida deja de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio. Tampoco le asiste la razón.

Como bien señalamos, además de alegar ser el poseedor 

legítimo del pagaré, PRRD alegó que AM Group suscribió un

contrato de préstamo, que esta última incumplió con su obligación

de pago, y que adeudada la cantidad de $371,365.51. Esto, sin 

duda demuestra que la parte peticionaria tiene una deuda con 

PRRD. Como si fuera poco, la parte recurrida alegó que la 

deuda está vencida, líquida y exigible, y que, para asegurar su

pago, la parte peticionaria transfirió, cedió, otorgó y/o pignoró en 

favor de PRRD ciertos derechos, títulos o intereses. Tras evaluar

estas alegaciones de forma conjunta, liberal y de la manera más 

favorable posible para el demandante, nos resulta forzoso concluir 

que PRRD tendría un remedio en ley, por lo que la desestimación 

del pleito es improcedente en derecho.

Finalmente, queremos resaltar el hecho de que PRRD no tan 

solo alegó estos hechos en el vacío, sino que anejó a su “Demanda”

documentación que acredita sus alegaciones como, por ejemplo, 

copia del pagaré hipotecario.

IV.

Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar 

parte de este dictamen, expedimos el recurso de Certiorari 

presentado por la parte peticionaria, AM Group, LLC, y 

confirmamos la “Resolución” recurrida, emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.

Debido al resultado que hemos llegado, declaramos No Ha 

Lugar la “Moción Urgente de Auxilio de Jurisdicción”.
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones