Número Identificador

SEN2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

POPULAR AUTO LLC.

Apelado

v.

ESTADO LIBRE ASOCIADO 

DE PUERTO RICO, 

SECRETARIO DE JUSTICIA 

Y SUPERINTENDENTE 

POLICIA DE PUERTO RICO

Apelantes

KLAN202301138

APELACION

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Ponce

Civil Núm.:

PO2023CV01383

Sobre:

Impugnación de 

Confiscación

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2024.

Mediante Recurso de Apelación, comparece ante nos el 

Gobierno de Puerto Rico (Estado), representado por la Oficina del 

Procurador General, y nos solicita que revoquemos la Sentencia 

dictada el 16 de agosto de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Ponce (TPI).1 Por virtud del dictamen de referencia, 

el TPI, por la vía sumaria, declaró Ha Lugar a la Demanda de Popular 

Auto, LLC (Popular o Apelada) por notificar la confiscación de un 

Mercedes Benz, modelo G63 AMG, tablilla ITC 444 (vehículo) fuera 

de término. En consecuencia, el TPI le ordenó al Estado devolver el 

vehículo o, en su defecto, pagar el importe de la tasación efectuada 

más el interés legal de 5.50%.

1 Apéndice del Recurso de Apelación, Anejo IX, págs. 69-80. Archivada y notificada en autos el 

21 de agosto de 2023.
KLAN202301138 Página 2 de 12

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

revocamos y devolvemos la Sentencia recurrida para que continúen 

los procedimientos.

I.

El caso de epígrafe se originó el 3 de marzo de 2023, cuando 

el Estado ocupó el vehículo a raíz de una intervención por la Policía 

de Puerto Rico (Policía). La Policía intervino con el conductor del 

vehículo por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. 

Durante esta intervención, la Policía ocupó una pistola cargada. El 

conductor no tenía licencia de armas vigente, por lo que la Policía 

ocupó el vehículo por haber sido utilizado durante la comisión de 

los delitos tipificados en los artículos 6.05 y 6.22 de la Ley de Armas 

de Puerto Rico, Ley Núm. 168-2019 (25 LPRA secs. 466d y 466u).

El 31 de marzo de 2023, el Estado emitió una Orden de 

Confiscación con relación al vehículo.2 El mismo día, emitió una 

Boleta autorizando que se someta un caso ante un juez magistrado 

en contra del conductor del vehículo.3 No obstante, no fue hasta el 

13 de abril de 2023 que Popular, dueña del vehículo, fue notificada 

de la Orden de Confiscación.

4 Así las cosas, el 12 de mayo de 2023, 

Popular instó una Demanda ante el TPI solicitando la invalidez de la 

confiscación.5

Luego de varios trámites procesales, el 20 de julio de 2023, 

Popular presentó una Moción solicitando sentencia sumaria por 

notificación tardía.

6

Popular alegó que el Estado incumplió con las disposiciones 

de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-2011, 

(34 LPRA sec. 1724 et seq.) (Ley Núm. 119-2011) al notificar fuera 

de los treinta (30) días transcurridos luego de ocupar el vehículo. En 

2

Íd., Anejo VIII, pág. 39.

3

Íd., pág. 40.

4

Íd., Anejo I, págs. 4-6.

5

Íd., págs. 1-3.

6

Íd., Anejo V, págs. 17-22.
KLAN202301138 Página 3 de 12

su Oposición, el Estado alegó que tenía noventa (90) días para 

culminar la investigación con relación a una acción penal, y que 

luego es que comenzaban a transcurrir los treinta (30) días para 

notificar.7 En lo pertinente, el art. 13 de la Ley Núm. 119-2011, 

supra, dispone que:

Toda confiscación se notificará por correo 

certificado dentro de un término jurisdiccional de 

treinta (30) días, siguientes a la fecha de la 

ocupación física de los bienes. La notificación se hará 

a la dirección conocida del alegado dueño, encargado o 

persona con derecho o interés en la propiedad, según 

consta del expediente de la confiscación.

[...]

En aquellos casos en los que se incaute y 

retenga cualquier propiedad para alguna 

investigación relacionada con cualquier acción 

penal, civil, administrativa o cuando el bien es 

indispensable para la investigación o como evidencia en 

el caso, el término para culminar la investigación y 

emitir la orden de confiscación no excederá de 

noventa (90) días. Los treinta (30) días para notificar 

la confiscación comenzarán a contarse una vez 

concluya dicha acción y se expida la 

correspondiente orden de confiscación. (Énfasis 

nuestra).

El 16 de agosto de 2023, el TPI determinó Ha Lugar a la Moción 

y ordenó la devolución del vehículo o el pago de su tasación más el 

interés legal de 5.50%. En primer lugar, el TPI determinó que los 

siguientes hechos no estaban en controversia:

1. Popular Auto es el titular registral del [vehículo].

2. El 3 de marzo de 2023 la [Policía] ocupó el [vehículo], 

el cual está registrado a nombre de Popular Auto, LLC 

en el Registro de vehículos del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico.

3. La Orden de Confiscación se emitió el 31 de marzo de 

2023. De esta se desprende que se ordenó la 

confiscación “porque [ese] producto, ha sido utilizado o 

está relacionado con la comisión de los hechos 

delictivos que se hacen constar en el epígrafe de esta 

Orden”. No surge aseveración de que el vehículo fue 

incautado por fines de investigación.

4. El 31 de marzo de 2023 la Fiscal Marimer Álvarez 

Ortiz suscribió la Boleta de Autorización para Someter 

caso ante un Magistrado en contra de Carlos M. de 

Jesús Rodríguez por violación a los Artículos 6.05 y 

6.22 de la Ley de Armas de Puerto Rico, por hechos 

alegadamente ocurridos el 3 de marzo de 2023 en Santa 

Isabel, PR.

7

Íd., Anejo VIII, págs. 26-68.
KLAN202301138 Página 4 de 12

5. La carta de notificación de la confiscación dirigida a la 

parte demandante tiene fecha del 12 de abril de 2023, 

pero fue depositada el 13 de abril de 2023, siendo 

recibida por Popular Auto el 17 de abril de 2023.

6. En la carta de notificación de la confiscación se 

informa que la ocupación obedeció a que el 3 de marzo 

de 2023 el vehículo fue utilizado en violación a los 

Artículos 6.05 y 6.22 de la Ley de Amas de Puerto Rico 

hechos ocurridos en Santa Isabel, Puerto Rico.8

El TPI descartó el argumento del Estado sobre una 

investigación relacionada con el vehículo. Luego de analizar el caso 

Reliable Financial v. ELA, 197 DPR 289 (2017), concluyó que para 

aplicar el término de noventa (90) días, “es imperativo que se haya 

iniciado algún tipo de investigación cercana a la incautación; así 

como que dicha investigación esté relacionada con el motivo inicial 

para ocupar la propiedad de manera que se acredite la dilación de 

la retención de la propiedad”.9 Al Estado no presentar prueba para 

acreditar cumplimiento con los requisitos antes mencionado, el TPI 

aplicó la norma general de que la notificación debe ser realizada 

dentro de los treinta (30) días de haberse ocupado el vehículo.

Inconforme, el 19 de diciembre de 2023, el Estado presentó 

un Recurso de Apelación donde señaló el siguiente error:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DARLE PASO A LA MOCIÓN DISPOSITIVA 

PRESENTADA POR LA PARTE APELADA CUANDO LA 

PRUEBA DOCUMENTAL DEMOSTRÓ LA NECESIDAD 

DE RETENER EL VEHÍCULO DE MOTOR PARA UNA 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL PARALELA DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 

UNIFORME DE CONFISCACIONES DE 2011 Y AL NO 

TOMAR EN CUENTA QUE, COMO MÍNIMO, EXISTE 

CONTROVERSIA DE HECHOS SOBRE SI EL 

VEHÍCULO FUE OCUPADO PARA FINES 

INVESTIGATIVOS EN CUMPLIMIENTO CON ESE 

ARTICULADO.

Para aclarar las controversias ante nos, debemos dividir los 

errores señalados en dos. En primer lugar, ¿erró el TPI al no 

determinar que el Estado presentó prueba documental que 

demostrara la necesidad de retener el vehículo para una 

8

Íd., Anejo IX, pág. 73. (Énfasis nuestro).

9

Íd., pág. 79.
KLAN202301138 Página 5 de 12

investigación criminal paralela? En segundo lugar, ¿existe 

controversia de hechos reales y sustanciales, particularmente sobre 

si el vehículo fue ocupado para fines investigativos?

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a discutir el derecho aplicable.

II.

A. 

La Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R.36, permite que cualquier parte solicité una moción de sentencia 

sumaria. “La sentencia sumaria constituye un mecanismo procesal 

mediante el que se le confiere discreción al tribunal para dictar

sentencia sobre la totalidad de una reclamación, o sobre cualquier 

controversia comprendida en esta, sin la necesidad de celebrar una 

vista evidenciaría”. J. A. Echevarría Vargas, procedimiento civil 

puertorriqueño, 1ra ed. rev., San Juan, 2012, pág. 218. “El principio 

rector de una sentencia sumaria debe ser el sabio discernimiento 

pues de ser mal utilizada se podría estar despojando a un litigante 

de su día en corte”. Íd. 

Para que proceda la sentencia sumaria, no pueden existir 

controversias en cuanto a los hechos reales y sustanciales, por lo 

que lo único que debe hacer un tribunal es aplicar el derecho. En 

ocasión, las controversias de hechos se confunden con controversias 

de derecho. Es el deber de los tribunales diferenciar entre ambas. 

Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 226 (2015). El 

Tribunal Supremo ha aclarado que “las determinaciones de hecho 

establecen qué fue lo que pasó, mientras que en las conclusiones de 

derecho se determina el significado jurídico de esos hechos conforme 

a determinada norma legal”. Íd. El hecho de que exista un hecho en 

controversia no significa que una sentencia sumaria es 

improcedente. “Esos hechos, a su vez, deben ser interpretados por 

el juez para determinar si son esenciales y pertinentes [...]”. Íd., pág. 
KLAN202301138 Página 6 de 12

227. Un hecho real y sustancial es aquel “que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 

(2015). 

Cualquier duda sobre la existencia de controversia sobre 

hechos reales y sustanciales debe resolverse en contra de la parte 

promovente. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004). De 

existir controversia sobre hechos reales y sustanciales, “no podría 

dictarse [sentencia] y habría que celebrar un juicio para resolver la 

controversia en torno a los hechos”. R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal civil, 6ta ed. rev., San Juan, 

LexisNexis de Puerto Rico, 2017, pág. 316.

Al revisar sentencias sumarias, los tribunales apelativos 

deben utilizar los mismos criterios que los tribunales de instancia. 

Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. Sin embargo, los foros apelativos 

están limitados de dos maneras:

[P]rimero, sólo puede considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia. Las 

partes no pueden añadir en apelación exhibit, 

deposiciones o affidávit que no fueron presentados 

oportunamente en el foro de primera instancia, ni 

pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos 

nuevos por primera vez ante el foro apelativo. Segundo, 

el tribunal apelativo sólo puede determinar si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de 

forma correcta. No puede adjudicar los hechos 

materiales y esenciales en disputa. Esa tarea le 

corresponde al foro de primera instancia. Íd., pág. 

335. (Énfasis nuestro).

En consecuencia, cuando el foro apelativo determina que 

existen controversias de hecho reales y sustanciales, lo que procede 

es la devolución del caso al tribunal de instancia para que se celebre 

un juicio para adjudicar esos hechos en controversia. 

B.

El derecho a la propiedad privada es un derecho de alto 

interés público y constituye fundamento de nuestro sistema de 
KLAN202301138 Página 7 de 12

gobierno. Proprietors of Charles River Bridge v. Proprietors of Warren 

Bridge, 3 US 420 (1837); Rivera García v. Registradora, 189 DPR 628 

(2013). Tanto la Constitución de los Estados Unidos como la 

Constitución de Puerto Rico contienen cláusulas que protegen y 

consagran el derecho al disfrute de la propiedad. Privar a una 

persona de su propiedad requiere estricto cumplimiento con las 

garantías del debido proceso de ley. Cuando el Gobierno priva a un 

individuo de su propiedad, este viene obligado a darle la justa 

compensación.

La Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos, Emda. V, Const. EE. UU., LPRA Tomo 1, dispone que 

ninguna persona será privada de “sus bienes sin el debido 

procedimiento legal; ni se podrá expropiar una propiedad privada 

para destinarla a uso público sin la justa compensación”. La 

Decimocuarta Enmienda permite que se ejerza este derecho ante 

acciones de los estados, disponiendo que “ningún estado privará a 

persona alguna de su vida, su libertad o su propiedad sin el debido 

procedimiento legal”. Íd., Emda. XIV.

Nuestra Constitución es más abarcadora por lo que el derecho 

a la propiedad goza de mayores protecciones. La Sección 7, Artículo 

II de la Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 7, Const. ELA 

[Const. PR], LPRA, Tomo 1, dispone que:

Se reconoce como derecho fundamental del ser 

humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute 

de la propiedad. No existirá la pena de muerte. 

Ninguna persona será privada de su libertad o 

propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a 

persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las 

leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las 

obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un 

mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a 

embargo. (Énfasis nuestro).

La Sección 9 dispone que “[n]o se tomará o perjudicará la 

propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de 

una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley”. 
KLAN202301138 Página 8 de 12

Íd., Sec. 9. Aunque haya mucho en común entre nuestra 

Constitución y la de los Estados Unidos, es imprescindible destacar 

que la nuestra consagra el derecho al disfrute de la propiedad como 

uno fundamental. 

El derecho al disfrute de la propiedad no es absoluto. Tal 

derecho está “sujeto a su función social y a los amplios poderes 

de razón de estado de la Asamblea Legislativa, siempre y cuando 

el ejercicio de dichos poderes legislativos fuese razonable”. Jorge M. 

Farinacci Fernós, La Carta de Derechos, San Juan, Editorial de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2021, pág. 124. (Énfasis 

en el original). 

Mediante la Ley Uniforme de Confiscaciones, supra, la 

Asamblea Legislativa ha autorizado al Estado a “ocupar e investirse 

para sí todo derecho de propiedad sobre cualesquiera bienes que 

hayan sido utilizados en la comisión de ciertos delitos”. Reliable v. 

Depto. Justicia y ELA, 195 DPR 917, 924 (2016). A través de la 

confiscación, el Estado adquiere “el título de aquellos bienes que se 

hayan utilizado para fines ilícitos”. Reliable Financial v. ELA, supra, 

pág. 296. Cabe señalar que los procedimientos de confiscación no 

dependen del resultado de una acción penal; estos “podrán llevarse 

a cabo y culminarse antes de que se acuse, se declare culpable o se 

absuelva al acusado”. Ley Núm. 119-2011, supra, art. 8.

Como trata de la privación de la propiedad privada de una 

persona, el proceso de confiscación requiere estricto cumplimiento 

con el debido proceso de ley. Coop. Seg. Múlt. et als. v. ELA et al., 

209 DPR 796, 813 (2022). A estos fines, el Estado tiene la obligación 

de notificar a las personas señaladas en la ley, entre ellas, al dueño 

de un vehículo de motor según conste en el Registro de vehículos del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas. Ley Núm. 119-

2011, supra, art. 13. 
KLAN202301138 Página 9 de 12

El término para notificar varía dependiendo de las 

circunstancias de la confiscación. La norma general es que el Estado 

tiene treinta (30) días desde la ocupación de la propiedad para 

notificar la confiscación. Íd. Sin embargo, cuando se retiene 

cualquier propiedad para una investigación relacionada con 

cualquier acción penal, “el término para culminar la investigación y 

emitir la orden de confiscación no excederá de noventa (90) días. Los 

treinta (30) días para notificar la confiscación comenzarán a 

contarse una vez concluya dicha acción y se expida la 

correspondiente orden de confiscación”. Íd. (Énfasis nuestro).

En Reliable Financial v. ELA, supra, nuestro Tribunal 

Supremo tuvo la oportunidad de interpretar el art. 13 de la Ley Núm. 

119-2011, particularmente la excepción de investigación en proceso. 

Determinó que para que el Estado pueda invocar la excepción al 

término de notificación de treinta (30) días, debe cumplir con dos 

requisitos. Primero que, “contemporáneamente o cercano a la 

incautación exista o se inicie algún tipo de investigación de 

naturaleza civil, penal o administrativa”. Íd., pág. 302. Segundo, 

“que esa investigación esté de alguna manera vinculada a la razón 

para ocupar la propiedad incautada”. Íd. 

Por las implicaciones constitucionales que conllevan las 

confiscaciones, los tribunales debemos interpretar las disposiciones 

atinentes a las confiscaciones de manera restrictiva. Íd., pág. 303. 

El Estado “únicamente podrá aprovecharse del plazo adicional si 

cumple con cada una de las exigencias enumeradas en el último 

postulado del Art. 13 [...]”. Íd. Por lo tanto, el Estado debe hacer 

constar cumplimiento con estos requisitos lo más pronto posible. 

Íd., pág. 305. Idealmente, esto se cumpliría en la orden de

confiscación. Íd. Si el Estado cumple con la constatación, le 

corresponde a la parte que impugna la deficiencia en la notificación 

probar que esta se hizo tardíamente. Íd., pág. 306.
KLAN202301138 Página 10 de 12

¿Esto conlleva la nulidad automática de la confiscación? Si la 

parte que impugna la notificación logra demostrar que el Estado 

incumplió con los requisitos del art. 13 de la Ley Núm. 119-2011, 

supra, el peso de la prueba se invierte.

Ahora bien, en la ausencia de las comunicaciones 

mencionadas, una vez impugnada una notificación 

por tardía, si el Estado interesa valerse del periodo de 

tiempo adicional consignado en la última modalidad del 

Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011 por alegada ocupación 

para fines investigativos, le corresponde el peso de 

probar, mediante prueba fehaciente, la conexión 

entre el motivo para la ocupación de la propiedad 

retenida y la investigación correspondiente. Reliable 

Financial v. ELA, supra, pág. 306. (cita omitida) (Énfasis 

nuestro). 

En resumen, si el Estado no hace constar los fines 

investigativos de la ocupación, entonces debe demostrarle al 

tribunal, en la acción de impugnación de la confiscación, 

mediante prueba fehaciente, la conexión entre la ocupación y la 

investigación. ¿Realmente existe una investigación vinculada a la 

razón para ocupar la propiedad incautada? Esto es una controversia 

sobre hechos reales y sustanciales. Sin claridad sobre este asunto, 

no se puede atender la controversia en derecho.

III.

En el caso ante esta Curia, el Estado presentó prueba de la 

Orden de confiscación y de la Boleta que autorizó la presentación de 

cargos ante un juez magistrado. Nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto que el Estado debe detallar en qué consistió la supuesta 

investigación, cuál fue su propósito y su nexo con el vehículo. Tiene 

que ser específico y no basarse en meras generalidades. Reliable 

Financial v. ELA, supra. A modo de ejemplo, debe existir prueba en 

el expediente que alerte sobre la necesidad de realizar algún tipo de 

inspección ulterior para levantar huellas dactilares, DNA o residuos 

de sustancias controladas, sangre o pólvora, que fuera pertinente 

algún examen pericial concerniente al estado o al funcionamiento 
KLAN202301138 Página 11 de 12

de los frenos, gomas u otros componentes del vehículo. Íd., pág. 304-

305.

Sin embargo, cuando la parte que impugna la confiscación 

logra demostrar que el Estado incumplió con el deber de notificación 

al amparo de la vía excepcional, se invierte el peso de la prueba. 

Cuando esto ocurre, aún existe controversia sobre si realmente 

hubo una investigación penal vinculada a la propiedad confiscada. 

Esto “puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al 

derecho sustantivo aplicable”. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, pág. 110. 

En el caso de autos, el TPI concluyó que el Estado incumplió 

con los criterios para beneficiarse de la notificación excepcional. No 

obstante, el récord no le permitía al TPI concluir que no había 

controversia sobre este asunto, ello pues la Boleta que autorizó la 

presentación de cargos coloca en controversia si existía el tipo de 

investigación que causaría que aplicase un término distinto al 

pretendido por la parte demandante. Así pues, será luego del 

correspondiente juicio que el TPI estará en posición de adjudicar si 

existía una investigación vinculada a los motivos que originaron la 

ocupación del vehículo. Reliable Financial v. ELA, supra, pág. 306. 

“Es decir, para que el [Estado] pueda usar el fundamento del tercer

supuesto del artículo 13 de la Ley de Confiscaciones, debe probar, 

en el juicio, que el motivo inicial para intervenir y retener la 

propiedad fue relevante a la pesquisa”. KLAN 202100542, Sentencia 

de 17 de diciembre de 2021. (Énfasis nuestro). En consecuencia, no 

procedía la resolución mediante la vía sumaria.

IV.

Por los fundamentos que preceden, revocamos la Sentencia de 

referencia y devolvemos el caso al TPI para que continúen los 

procedimientos de manera compatible con lo aquí expresado.
KLAN202301138 Página 12 de 12

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones