EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carmen E. García Cárdenas 2024 TSPR 92 214 DPR ___

Número del Caso: TS

- 12,557

Fecha: 16 de agosto de 2024

Programa de Educación Jurídica Continua:
Lcda. María Cecilia Molinelli González Directora Ejecutiva
Lcda. Nicolle Lozada Báez Asesora Legal II Lcda. Caridad Rodríguez Feliciano Asesora Legal I Lcda. Myrel D. Marín Cruz Asesora Administrativa

Materia: Conducta Profesional

– Suspensión inmediata e indefini da del ejercicio de la abogacía por incumplimiento con los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y las órdenes del Tribunal Supremo

.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación o ficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

PER CURIAM
En San Juan, Puert o Ric o, a 16 de agosto de 202 4
.

N uevamente, nos vemos obligados a ejercer nuestra facultad disciplinaria sobre un integrante de la abo g acía por incumplir con los postulados éticos q ue, como mínimo, deben guiar la gestión de todo s los miembro s de la profesión legal

.

E n el día de hoy , intervenimos dis ciplinariamente con
la Lcd a . Carm en E. García Cárdenas y decreta mos su
suspe nsión inmediat a e indefinida d e la práctica de la abogacía

.

Veamos las circunst a nci as fácti cas que sust entan
nuestra determinación.

I
.

L a Lcd a . Carm en E. García Cárdenas ( licenciada García

C á rdenas ) fue admitida al ejercicio de la abogac ía el 25 de In re:

Carmen E. García C árdenas TS

- 12 , 557TS

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enero d e 1999 y pres t ó juramento como notaria el 11 de

enero de 200 1
. 1
El pasado 26 de octubre de 2023 , la Directora Ejec utiva del Programa de Educaci ón Jur íd ica Conti nua (PEJC) compareció an te este Tribunal mediante un I nforme
sobre i ncumplimiento y nos comunicó que varios a b ogados se
encontraba n inobservan do los requisitos del PEJC , entre ellos, la licenciada García C á rdenas
. Asimismo, nos indicó

que realizaron varias llamadas telefónica s para tratar de
atender el asu nto y así evitar un referido ante este
Tribunal

. N o obstan t e , dichos esfuerzos resultaron
infructuosos. Cabe destacar, además , que la abogada no

posee un correo electrónico identificado en el Registro Uniforme de Abogados y Abogadas (RUA).

Consecuentemente, el 4 de diciembre de 2023, le
concedimos un té rmino de v e int e ( 20) días a la licenciada
García C á rdenas para que mostrara causa por la cual no
debía ser suspendida de la profesión legal por incumplir con los requerimientos del PEJC.
Eventualmente, y tras el incumplimiento de la
licenciada García C á rd enas con n u e st ra Resol ución de
diciembre , el 27 de febrero de 2024 le concedimos un término final de diez (1 0) días para que compareciera . En
dicha ocasión , le apercibimos que si desatendía nuestra

1 El 21 de julio de 20 15 la li cenciada García C árdenas cesó voluntariamente al ejercicio de la notaría.TS

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orden, podría enfrentar sanciones severas, incluyendo la

s u spensión d e l ejercicio de la abogacía

.
Nuevamente la licenciada García C á rdenas incumpli ó con
nuestro mandato . Aún así, el 6 de may o de 2024 , decidimos
concederle un último término perentorio de diez (10) días ,
para que compareciera y mostrara causa.
Al p resente, l a li cenciada García C á rdenas no ha

comp arecido ante este Tribunal y mantiene su incumpli mi ento

con los requerimientos del PEJC.

II.

Desde el momento preciso en qu e cada abogado presta juramento com o tal y es admitido a la profesión d e la
ab o gacía , est e se c o mp romete a fijar su condu c ta
íntim a mente a l a s normas establecidas en el Código de É tica
Profesi onal
. 2 El propósito de este cuerp o rector r e cae e n

“ promover el desempeño personal y profesional de los
miembros de la profesión legal de acue r do co n l os más a l to s principios de conducta decorosa, lo que, a su vez, resulta en beneficio de la profesión, la ciudadanía y las
institucion es de jus tic ia ”
. 3

Asim i smo, hemos se ñalado que est e deber se hace

exten sivo “ no solo a la esfera de la lit i gación d e ca usa s , sino a l a jurisdicción disciplinaria de este Tribun a l ”
. 4

2 4 LPRA Ap. I X
. 3 In re T orres Rivera , 210 DPR 995 (2022)

. 4 In re Medina Torr es , 200 DPR 610, 628 (20 1 8).TS

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En aras de garantizar una representación legal
adecuada a los ciudadanos que acuden ante nuestros tribunales, el Canon 2 del Código de Ética Profesional, le exige a los profesionales del Derec ho que pra c t ic an en nuestra jurisdicción “ mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la partic ipación en programas educativos de mejoramiento profesional”. 5

A tenor con lo anterior, y para viabilizar el cumpli miento con e l deber antes mencionado, aprobamos el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua

. 6 La Regla 29 de dicho cuerpo regla mentario requiere q ue todo miembro activo de la profesión legal apruebe veinticuatro (24) horas crédito en cursos d e educació n ju rídica continua en un lapso de tres (3) años.

En el contexto del incumplimiento con los requisitos
del PEJC , hemos expresado qu e la desidia y dejadez ante los requerimientos de dicho programa representan un gasto de recursos administrativos, como tambi é n u na patente falta de compromiso con el deber de excelencia y competencia que
encarna el Canon 2 del C ódigo de Ética Profesional. 7 Así pues, en los casos que los abogados y las a bogadas desatienden los requerimientos del PEJC e incumplen los

re quisitos d e ed ucación jurídica continua conforme a lo

5 4 LPRA Ap. IX, C. 2 6 4 LPRA Ap. XVII

- D
. 7 In re Cabán Arocho, 198 DPR 1112 (2017); In re López Santos, 194 DPR 960 (2016). Véase, In re Molinary Machado, 203 DPR 1070 (2019)

.TS

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dispuesto en el Reglamento del PEJC , supra, este Tribunal se ha visto obligado a suspen derles indefinidamente. 8

A
. Canon 9 de l Código de É tica Profes ional Por su parte, el Canon 9 del Código de Ética

Pr ofesional, s up ra , codifica el mandato ético que obliga a todo abogado a atender y obedecer las órdenes del Tribunal y las de cualquier otro f oro ante el que se encuentre obligado a comparecer. Particularmente, le impone a los letrados “el deber de observar par a con l os tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”

. 9 Cuando se trata de procesos discip linarios, los integ rantes de la

pro f esión l e gal tienen el deber de responder diligente y oportunamente a n u estros requ erimientos y órdenes. 10

P or ello, u n abo gado que de satiende los requ erimientos
realizados en el curso de un procedimiento disciplinario
den o ta “ indisciplina, desobe diencia, d i splicen c ia, falta de respeto y contumacia hacia las autoridades, y re v e la una gran fisura del buen carácter q ue de b e e xhi bir todo miembro de la profe sión legal”. 11
Así, pues, no podemos tomar livianamente la actitud de
i ndiferencia a la a u torida d de este T ribun al
. Lo anterior

8 In re Molinary Machado, s upra; In re Cabán Arocho, su p ra; In re Rod rígu ez Gerena, 197 DPR 1093 (2017)

. 9 In re Torr e s Rivera , supra . 10 In re Lajara Radinso n , 207 DPR 854 ( 2 0 21) ; In re Colón Rivera , 206 DPR 1073 (2021)

. 11 In re Jiménez Meléndez , 1 98 DPR 453, 457 (2017)

.TS

- 1 2 ,5 57 7

resulta causa s uficiente para decretar la suspen s i ón
inmediata de cualquier abogado

. 12

II I.

D e l re cuento f áctico antes rese ñado se despre nde

pa lpablemente una conducta que refleja indiferencia y
desidia ante las órdenes de es te Tribunal. Pese a las múltiples oportunidades y prórrogas que este Tribunal le ha
concedido a la licenciada García Cár denas p ar a cumplir con los requerimientos del PEJC, al presente, ésta tiene incumplido el periodo 20 18

- 2021 y adeuda cie n d ólares ($1 0 0. 00) en concepto de multa por cumplimiento tardío y por referido del Programa ante este Foro.

La licenciada Garc ía Cárdenas no s ol o ha incumplido con los requisitos antes mencionados, sino que, además , ha
desatendido las órdenes de esta Curia en má s de una instancia durante este proceso . Tal conducta, a todas luces, demuestra falta de interés para continuar ejercien d o la profesió n le gal.
En vista de ello, y considerando que esta no ha dado fiel cumplimiento a los requerimientos del PEJ C ni a lo ordenado por este Foro , ordenamos la suspensión de la
licenciada García Cárdenas del ejercicio de la abogacía de

manera inme d iata e indefi n i da
.

12 Í d
.TS

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I V.
Consecuentemente, l e ordena mo s n otificar a t odos sus
cliente s de s u inhabilidad para continuar con su

re presentación y a d evolverles tanto los expedientes de los

cas os pen d i entes como los honorarios re cibidos por trabaj os
no rendid o s. Además, de b e r á informar in mediatamente de su

sus p ens ión a los di stintos foros ju diciale s y administrativos en los que teng a algún asunto pen die nte y acreditar ante este Tribunal el cumpl imient o con l o
anterior , incluyendo una lista de los c l ientes y fo r os a quienes l e n otificó de su suspen sión , dentro d el términ o d e treinta (30) días, a part ir de la notificación de esta Opini ón Per Cu riam y su correspond iente Sentencia. N o hacerlo pudiera conll e v ar que no se le reinstale al ejerci cio de la a bo gacía de s o licitarlo en e l f uturo.

S e dictará Sente ncia de Conf ormida d.EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

I n re:
Carmen E. García Cárden as TS

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SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 20 2 4
. Por los fundamentos e xpuestos en la Opini ón Per Curiam que an tecede, la cual se hac e f o r mar parte de la presente Sentencia , decretamos la suspensión indefinida e inme diata del ejercicio de la ab ogacía de la Lcd a . Carmen E. García Cárdenas

. A la luz d e l o anterior , le imp onemos a l a letrad a el deber de notificar a todos sus c l ie ntes de su inh ab ilidad de seguir representándolos , devolverles cualesquiera honorarios recibi dos por trabajos no re alizados e informar oportunamente de su su sp e n si ón ind e finida a los foros judiciales y administrativos donde tenga asuntos pendientes

. Deb e rá , además , acre di tar y certificarnos el cumplimiento de estos deberes incluyendo una lista de los clientes y los foros a quienes le haya notificado de su suspensi ón , dent r o del término de tre in ta (30) días , a parti r de la notificación de esta Opinión Per Cu riam y Sentenc ia

. N o hacerlo, pudiera conllevar que no se le reinstale al ejercicio de la pro fesión de solicit arlo en el futuro. Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón Pérez no intervino.

J avi er O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo