Número Identificador

SEN2024 _____________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

CRUZ VIOLETA 

TORRES RAMÍREZ

QuerellanteRecurrida

v.

FIRST HOSPITAL 

PANAMERICANO, 

INC., ASEGURADORA 

ABC Y 

ASEGURADORA XYZ

QuerelladaPeticionaria

KLCE202301212

CERTIORARI

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de Ponce

Sala: 604

Caso Núm. 

PO2021CV00568

Sobre: Reclamación por 

Despido Injustificado al 

Amparo de la Ley 80 de 30 

de mayo de 1976, Ley de 

Indemnización por Despido 

sin Justa Causa; Según 

Enmendada, 29 LPRA Sec. 

185A, Et. Seq.; Bajo 

Procedimiento Sumario al 

Amparo de la Ley 2 de 17 de 

octubre de 1961 32 LPRA 

§3118 Et. Seq; Ley 115 Ley 

de Represalias Contra 

Empleado por Ofrecer 

Testimonio y Causa de 

Acción; Daños y Perjuicios; 

Ley Contra el Discrimen en 

el Empleo del 1959 Ley 

Núm. 100 de 30 de junio de 

1959, Según Enmendada 

(29 LPRA Sec. 146 Et Seq)

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez

Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2024.

Comparece First Hospital Panamericano, (en adelante, FHP o 

parte peticionaria) para solicitarnos que se revise y revoque la 

Resolución emitida el 2 de octubre de 2023 y notificada el 3 de 

octubre de del mismo año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce, en la cual declaró No Ha Lugar a la Moción 

Dispositiva Parcial presentada por la peticionaria. La señora Cruz V. 
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Torres Ramírez (en adelante señora Torres Ramírez o recurrida) 

presentó su alegato en oposición el 6 de diciembre de 2023. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

expide el auto de Certiorari, modificamos la Sentencia Parcial a los 

fines de establecer que la defensa afirmativa de prescripción no fue 

renunciada y así modificada, se confirma la Resolución recurrida. 

I

El 8 de marzo de 2021, la señora Cruz V. Torres Ramírez 

presentó una Querella bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 

2 de 17 de octubre de 1961, (en adelante, “Ley Núm. 2-1961”).

1 La 

Querella fue presentada al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo 

de 1976, también conocida como “Ley Sobre Despidos

Injustificados”, (en adelante, “Ley Núm. 80-1976”);

2 igualmente, al 

amparo de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, (en adelante,

“Ley Núm. 100-1959”) por discrimen por razón de edad,

3 y al palio 

de la Ley Núm. 115 del 20 de diciembre de 1991, (en adelante, “Ley 

Núm. 115-1991”),

4 por represalias y en daños y perjuicios. En 

apretada síntesis, la señora Torres Ramírez alegó haber sido víctima 

de un despido constructivo, discrimen, represalias, y daños y 

perjuicios mediante un patrón ininterrumpido de eventos iniciados 

desde finales del año 2017 hasta el 4 de septiembre de 2020.

El 30 de marzo de 2021, FHP presentó su Contestación a 

Querella en donde contestó las alegaciones, se opuso a las 

reclamaciones de la Querella y levantó una serie de defensas 

afirmativas, entre ellas, que la Querella no aducía hechos que 

justificaran la concesión de un remedio, también añadió que la 

1Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 3118.

2 Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, 29 LPRA sec. 185 et. Seq.

3Ley Anti-discrimen de Puerto Rico, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según 

enmendada, 29 LPRA sec. 146 et seq.

4Ley contra el Despido Injusto o Represalias a todo Empleado por Ofrecer 

Testimonio ante un Foro Legislativo, Administrativo o Judicial, Ley Núm. 115-

1991, según enmendada, 29 LPRA sec. 194 et seq.
KLCE202301212 3

querella estaba prescrita en todo o en parte.

5 Posteriormente, el 

Tribunal de Primera Instancia celebró una vista argumentativa el 15 

de febrero de 2022, en la cual, entre otros asuntos, convirtió el 

proceso sumario a uno ordinario.6

Acaecidos varios incidentes procesales, el 25 de abril de 2023, 

la señora Torres Ramírez presentó una Moción sobre Objeciones a 

Contestación y Otros Extremos.

7 Además de discutir y reclamar sobre 

asuntos de descubrimiento de prueba, la querellante solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que emitiera una resolución donde 

estableciera que la defensa de prescripción fue renunciada al no 

cumplir con las disposiciones de las Reglas 6.2 y 6.3 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.2 y R. 6.3, respectivamente.

En cambio, el 2 de mayo de 2023, FHP presentó su Oposición 

a Moción sobre Objeciones a Contestación y Otros Extremos en la cual 

arguyó que en su alegación responsiva no interpuso un “catálogo” 

genérico all-inclusive inconexo y sin sentido relacional a las 

admisiones, negaciones y alegaciones afirmativas. Además, adujo

que, en todo caso, antes de eliminarle y/o prohibirle presentar 

prueba en torno a la defensa que se trate, el foro primario debió

dictar una orden contra el demandado requiriéndole que exponga 

una relación de hechos demostrativos de que le asiste tal defensa, a

cuyo paso no ha llegado el caso.8

Posteriormente, el 5 de junio de 2023, FHP presentó una 

Moción Dispositiva Parcial con una variedad de argumentos en 

solicitud de sentencia parcial desestimando con perjuicio.

9 En 

cuanto a la reclamación de discrimen por razón de edad al amparo 

de la Ley Núm. 100-1959, FHP solicitó que se desestimara con 

perjuicio por estar prescritas las alegaciones de hecho de discrimen 

5Apéndice 3 del Recurso de Certiorari, págs. 29-39.

6Apéndice 4 del Recurso de Certiorari, págs. 40-53.

7Apéndice 5 del Recurso de Certiorari, págs. 54-101.

8Apéndice 11 del Recurso de Certiorari, págs. 169.

9Apéndice 6 del Recurso de Certiorari, págs. 102-141.
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que se remontan a más de un (1) año antes de la fecha de la 

reclamación judicial, esto siendo el 5 de octubre de 2020.

En cuanto a las causas de acción sobre despido tácito bajo la 

Ley Núm. 80-1976 y despido represivo al amparo de la Ley Núm. 

115-1991, FHP solicitó que se dictara sentencia parcial 

desestimatoria con perjuicio por no ser pertinente para fines

evidenciarios al ser incapaz de establecer causalidad toda alegación 

de hecho que se remonte a más de cuatro (4) meses antes del alegado

despido, cuya alegada fecha es el 4 de septiembre de 2020.

En oposición, el 30 de junio de 2023, la señora Torres Ramírez 

presentó una Solicitud para que se Desestime Moción Dispositiva y 

Reiterando Renuncia de Defensa Afirmativa de Prescripción.10 En 

primer lugar, arguyó que la solicitud de desestimación realmente se 

trataba de una defectuosa solicitud de sentencia sumaria parcial

que incumplía con los requisitos establecidos por la Regla 36.3 de

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36.3. Por otro lado, 

argumentó que tampoco procedía la solicitada desestimación por 

haberse renunciado a la defensa afirmativa de prescripción.

El 12 de junio de 2023, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Orden donde indicó que el asunto quedó sometido ante 

la consideración del tribunal. Posteriormente, el 2 de octubre de 

2023, notificada al día siguiente, el foro primario emitió una 

Resolución donde declaró No Ha Lugar a la Moción Dispositiva 

Parcial precitada.

11 Particularmente, el foro de instancia resolvió lo 

siguiente: 1) en cuanto a la solicitud de desestimación de toda 

alegación de hecho de la reclamación de discrimen que se remonte 

a más de un (1) año antes de la reclamación extrajudicial por estar 

prescrita, el Foro a quo resolvió que dicha defensa afirmativa según 

levantada no cumplió con los requisitos de ser clara, expresa y 

10 Apéndice 7 del Recurso de Certiorari, págs. 142-154.

11 Apéndice 11 del Recurso de Certiorari, págs. 163-187.
KLCE202301212 5

específica según requerido por la Regla 6.3 de las de Procedimiento 

Civil, supra, y que, por lo tanto, fue renunciada; 2) en cuanto a 

solicitud de desestimación de toda alegación de hecho sobre despido 

represivo al palio de la Ley Núm. 115-1991 que se remonte a más 

de cuatro (4) meses antes del alegado despido, el tribunal recurrido

resolvió que las alegaciones no constituían prueba y que la 

proximidad temporal no era el único medio de prueba que tenía la 

querellante para probar la existencia de nexo causal; y 3) en cuanto 

a solicitud de desestimación de toda alegación de hecho sobre 

despido constructivo que se remonte a más de cuatro (4) meses 

antes de la alegada renuncia forzada por no ser pertinente para fines

evidenciarios, el foro primario reiteró que las alegaciones no 

constituían prueba y resolvió que, del expediente no surgió 

existencia de controversia sobre la prescripción de causa de acción 

por despido injustificado. Además, añadió que la parte querellante 

tiene el peso de la prueba para prevalecer en la reclamación.

Inconforme y prescindiendo de la presentación de una 

reconsideración, el 2 de noviembre de 2023, la parte peticionaria

presentó el auto de Certiorari ante nos con los siguientes

señalamientos de error:

I. ERRÓ EL TPI AL NO DESESTIMAR LAS ALEGACIONES 

DE DISCRIMEN EN EL EMPLEO CONTENIDAS EN LA 

DEMANDA QUE SE REMONTAN A UN (1) AÑO ANTES 

DEL 5 DE OCTUBRE DE 2019, FECHA EN QUE TORRES 

NOTIFICÓ A FHP UNA CARTA DE RECLAMACIÓN 

EXTRAJUDICIAL RECLAMANDO DISCRIMEN POR EDAD.

II. ERRÓ EL TPI AL INTERPRETAR DE FORMA 

INCORRECTA, MECÁNICA E IMPRÁCTICA LA REGLA 6.2 

(a) DE PROCEDIMIENTO CIVIL RESOLVIENDO QUE FHP 

RENUNCIÓ A LA DEFENSA AFIRMATIVA DE 

PRESCRIPCIÓN NO OBSTANTE EN LAS 

CIRCUNSTANCIAS DEL PRESENTE CASO HABERLA 

LEVANTADO EXPRESAMENTE INDICANDO “LA 

DEMANDA ESTÁ TOTAL O PARCIALMENTE PRESCRITA”.

III. ERRÓ EL TPI AL NEGARSE A DESESTIMAR LAS 

ALEGACIONES CONTENIDAS EN LA DEMANDA 

RELATIVAS A LA RECLAMACIÓN DE DESPIDO TÁCITO 

QUE SE REMONTAN A MÁS DE CUATRO MESES ANTES 
KLCE202301212 6

DE LA FECHA EN QUE TORRES PRESENTÓ A FHP SU 

RENUNCIA A SU EMPLEO FUNDAMENTANDO DICHA 

DENEGATORIA EN LAS INAPLICABLES MÁXIMAS DE 

QUE (1) “TODO LITIGANTE TIENE DERECHO A SU DÍA 

EN CORTE” Y (2) “LAS ALEGACIONES NO CONSTITUYEN 

PRUEBA”.

Examinado el recurso en su totalidad y con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a establecer el derecho 

aplicable y resolver.

II

-AEl recurso de certiorari es un mecanismo procesal de carácter 

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones del tribunal recurrido.12 La Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, supra, establece los preceptos que regulan la 

expedición discrecional que ejerce el Tribunal de Apelaciones sobre 

el referido recurso para la revisión de resoluciones y órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.13 En 

lo pertinente, la Regla 52.1, supra, dispone lo siguiente:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones 

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 

o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga 

12 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 2023 TSPR 65 212 DPR ___ 

(2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).

13 Íd.; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 709 (2019).
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contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 

sobre los errores no perjudiciales.14 (Énfasis nuestro).

La discreción del tribunal revisor no debe abstraerse del resto 

del Derecho, y por lo tanto, es una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para así llegar a una conclusión 

justiciera.15 Así pues, la discreción judicial para expedir o no el auto 

de certiorari no ocurre en un vacío ni en ausencia de parámetros.16

Cónsono con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones,

17 orienta la función del tribunal intermedio para ejercer 

sabiamente su facultad discrecional y establece los criterios que 

debe considerar al determinar si procede o no expedir un auto de 

certiorari.

18 La referida regla dispone lo siguiente:

El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

14 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

15 Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821,847 (2023); Mun. Caguas 

v. JRO Construction, supra, pág. 712; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág.

338.

16 Íd.

17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

18 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847; Rivera Gómez v. Arcos 

Dorados Puerto Rico, Inc., supra; Mun. Caguas v. JRO Construction, supra, pág. 

712; McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, págs. 404-405; IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, págs. 338-339.
KLCE202301212 8

Cabe precisar que el recurso de certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional que debe ser utilizado con cautela y 

solamente por razones de peso.19 Es por ello que los tribunales 

revisores deben limitarse a aquellos casos en que la ley no provee 

un remedio adecuado para corregir el error señalado.20 Nuestro 

ordenamiento jurídico ha establecido que el tribunal revisor sólo 

intervendrá con las facultades discrecionales de los foros primarios 

en circunstancias extremas y en donde se demuestre que éstos: (1) 

actuaron con prejuicio o parcialidad; (2) incurrieron en un craso 

abuso de discreción, o (3) se equivocaron en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.21

-BPor otro lado, la Regla 10 de Procedimiento Civil, supra, 

permite a una parte demandada presentar tres (3) clases de 

mociones antes de contestar la demanda, estas siendo: (1) una 

moción de desestimación; (2) una moción para solicitar una 

exposición más definida; y (3) una moción eliminatoria.22 La 

notificación de alguna de estas mociones interrumpe y altera el 

término para presentar la alegación responsiva.23 No obstante, en 

aras de evitar dilaciones innecesarias, la parte que presente una 

moción al amparo de la regla deberá acumular en esta, todas las 

mociones y defensas a las que entienda que tiene derecho y que la 

regla contempla.24

Por su parte, la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 

supra, permite que una parte demandada solicite la desestimación

de una causa de acción presentada en su contra si resulta evidente 

19 Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 918 (2009).

20 Íd.

21 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., supra; Cruz Flores et al. v. 

Hospital Ryder Memorial, Inc., 210 DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Banco 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

22 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 10.4 y 10.5.

23 32 LPRA Ap. V, R. 10.1; Conde Cruz v. Resto Rodríguez, supra, pág. 1065.

24 32 LPRA Ap. V, R. 10.7.
KLCE202301212 9

que de las alegaciones de la demanda prosperará alguna de las 

defensas afirmativas que establece la misma regla. Esta moción se 

basará en al menos uno de los siguientes fundamentos: (1) la falta 

de jurisdicción sobre la materia o (2) la falta de jurisdicción sobre la 

persona, (3) insuficiencia del emplazamiento (4) insuficiencia del 

emplazamiento del diligenciamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio, o (6) 

dejar de acumular una parte indispensable.25 La parte que presente 

dicha moción de desestimación deberá acumular todas las defensas 

que la regla permite o, de no hacerlo, se entenderán renunciadas, 

con excepción a la defensa de jurisdicción sobre la materia o las 

contempladas en la Regla 10.8 de Procedimiento Civil.26

En lo pertinente al caso de autos, si de las alegaciones de la 

demanda surge que la acción prescribió, la parte demandada puede 

presentar una moción de desestimación por prescripción al amparo 

de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil.27 La defensa de dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio 

no está sujeta a la regla general sobre acumulación y renuncia de 

defensas que la Regla 10.7 de Procedimiento Civil instituye.28 No 

obstante, cuando la moción de desestimación al amparo de la 

Regla 10.2 (5) de las de Procedimiento Civil, supra, se basa en 

una de las defensas afirmativas que considera la Regla 6.3 de 

Procedimiento Civil, supra, entre las que se encuentra la 

prescripción, se entenderán renunciadas las defensas 

afirmativas si no se plantean en la primera alegación 

responsiva.

29 Es decir, se entenderá por renunciada y no se podrá 

plantear en la moción de desestimación al amparo de la Regla 

25 Íd.

26 32 LPRA Ap. V, R. 10.7-10.8; Conde Cruz v. Resto Rodríguez, supra, pág. 1066.

27 Conde Cruz v. Resto Rodríguez, supra, pág. 1066.

28 Íd.

29 Conde Cruz v. Resto Rodríguez, supra, pág. 1067.
KLCE202301212 10

10.2(5) de Procedimiento Civil aquellas defensas afirmativas que no 

fueron planteadas en la primera alegación responsiva. 30

De ordinario, al considerarse una moción de desestimación al 

amparo de esta regla, los tribunales tienen que tomar como cierto y 

de la forma más favorable para la parte demandante todos los 

hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados 

de manera clara y concluyente.31 A tenor con lo anterior, los foros 

adjudicativos tienen el deber de interpretar las alegaciones de una 

demanda de manera conjunta y liberalmente a favor de la parte 

demandante para facilitar el amparo judicial.32

Para que prevalezca una solicitud de desestimación al amparo 

de la Regla 10.2, el tribunal debe convencerse con certeza que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier 

estado de derecho que se pudiere probar en apoyo a su reclamación, 

aun interpretando la demanda lo más liberalmente a su favor.33 Así 

pues, los foros judiciales deben ponderar si, a la luz de la situación 

más favorable al demandante y resolviendo toda duda a su favor, la 

demanda es suficiente para establecer una reclamación válida.34

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que el 

estándar de revisión de la moción de desestimación se extiende a la 

solicitud de remedios alternativos.35

-CNuestro ordenamiento procesal no establece requisitos 

complicados para la redacción de una demanda. Meramente se exige 

que el escrito comprenda una relación sucinta y sencilla de los 

hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a 

30 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5).

31 Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, 211 DPR 70, 84 (2023); Cobra Acquisitions, 

LLC v. Municipio de Yabucoa, 210 DPR 384, 396 (2022).

32 Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, supra, pág. 84; González Méndez v. Acción 

Social et al., 196 DPR 213, 234 (2016).

33 Rivera Sanfeliz et al. V. Jta. Dir. Firstbank, 193 DPR 38, 49 (2015).

34 Eagle Security Police, Inc. v. Dorado, supra, pág. 84.

35 La Comisión de los Puertos de Mayagüez v. González Freyre, 211 DPR 579,614-

615 (2023); Cobra Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa, supra, págs. 400-

401.
KLCE202301212 11

un remedio.36 La Regla 6.2 (a) de Procedimiento Civil requiere que la 

parte contra quien se solicite un remedio deba presentar su 

alegación responsiva en la que admitirá o negará las aseveraciones 

en las que descansa la parte contraria y a su vez, expondrá sus 

defensas, respaldándolas con una relación de los hechos que 

demuestren su justificación.37 Además, el inciso (b) de la referida 

Regla dispone lo siguiente: 

En caso de que la parte que presente una alegación 

responsiva incumpla total o parcialmente con los 

requisitos impuestos en el inciso (a) de esta regla, el 

tribunal, a iniciativa propia o a solicitud de parte, 

podrá dictar una orden para requerirle que satisfaga 

las exigencias de dicho inciso.

38

Es decir, frente al incumplimiento de una parte con las 

disposiciones de esta Regla, lo procedente es que el Tribunal 

emita una orden motu proprio o a solicitud de parte y le 

requiera a la parte demandada a cumplir con los requisitos 

establecidos en el aludido inciso. Así pues, entre las defensas que 

una parte puede alegar se encuentran las defensas afirmativas. 

Éstas son aseveraciones “que hace el demandado con hechos o 

argumentos, que, de ser ciertos, derrotan el reclamo del 

demandante, incluso si todas las alegaciones del demandante 

fueran aceptadas como correctas”.39 Las defensas afirmativas 

abarcan materias de naturaleza sustantiva y/o materias 

constitutivas de una excusa que justifica que la parte demandada 

no deba responder a las reclamaciones en su contra.40

Por otro lado, además de negar o admitir las aseveraciones 

que contiene una alegación, la parte que responde mediante 

alegación responsiva deberá incluir en su contestación o réplica sus 

defensas contra cada reclamación interpuesta junto con una

36 León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 40 (2020), interpretando la Regla 6.1 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 6.1.

37 32 LPRA Ap. V, R. 6.2 (a).

38 Íd. (Énfasis suplido).

39 Conde Cruz v. Resto Rodríguez, supra, pág. 1063.

40 Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 280 (2012).
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relación de los hechos demostrativos de que le asisten tales 

defensas.

41 Entre estas defensas que se pueden plantear se 

encuentran las defensas afirmativas.42

La Regla 6.3 de Procedimiento Civil esboza una lista no 

taxativa de defensas afirmativas que una parte deberá expresar en 

su alegación responsiva.43 Las defensas afirmativas son aquellas 

“que presentan planteamientos sustentados por cuestiones de 

hecho o de derecho que no consisten en negaciones de los hechos 

alegados en la reclamación contra la cual se formulan [y que], de ser 

ciertos, derrotan el reclamo del demandante, incluso si todas las 

alegaciones del demandante fueran aceptadas como correctas”.44 En 

fin, éstas solo tienen el propósito defensivo de impedir que prospere 

el reclamo en su contra.45

Según lo exige la Regla 6.3 de Procedimiento Civil, supra, 

estas defensas deben plantearse en forma clara, expresa y específica 

al responder a una alegación o se tendrán por renunciadas. 46 El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que las defensas 

afirmativas sin suficiente especificidad, incoadas de manera general 

y sin fundamentos, tienen el efecto de una renuncia, lo cual impide 

que puedan formularse posteriormente o sustituirse por una 

defensa similar.47 Es decir, que si meramente se alega la defensa 

afirmativa, la alegación será insuficiente y se entenderá 

renunciada.48 De igual forma, la precitada Regla 6.3 establece que:

[...]Al responder a una alegación, las siguientes 

defensas deberán expresarse afirmativamente: 

[...] 

(q) prescripción adquisitiva o extintiva [...].

41 32 LPRA Ap. V, R. 6.2; Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205 DPR 1043-63. 

42 Íd.

43 32 LPRA Ap. V, R. 6.3.

44 Río Mar Community Association, Inc. v. Mayol Bianchi, 208 DPR 100, 110 (2021),

citando a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal 

Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, Sec. 2404, págs. 289-290.

45 Bacardí Corp. v. Torres Arroyo, 202 DPR 1014, 1023 (2019).

46 32 LPRA Ap. V, R. 6.3.

47 Río Mar Community Association, Inc. v. Mayol Bianchi, supra, págs. 110-111.

48 Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 281 (2012).
KLCE202301212 13

Estas defensas deberán plantearse en forma clara, 

expresa y específica al responder a una alegación o 

se tendrán por renunciadas [...].

49

Ahora bien, la referida regla establece una excepción en los 

casos en que la parte advenga en conocimiento de la existencia de 

una defensa afirmativa durante el descubrimiento de prueba, por lo 

cual en cuyo caso deberá hacer la enmienda a la alegación 

pertinente.50 En estos casos, la parte deberá enmendar con premura 

su contestación a la demanda para incluir dicha defensa afirmativa 

omitida, aduciendo en ella su desconocimiento al momento de 

contestar la demanda.51

El Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha pronunciado ante 

esta particularidad y destaca una característica importante de la 

antedicha Regla 6.3, supra. Según surge de la regla antes citada, 

una característica importante de estas defensas es que se 

entienden renunciadas si no se aducen al responder a una 

alegación, es decir, en la alegación responsiva. Por lo tanto, un 

demandado que no aduce una defensa afirmativa en la contestación 

a la demanda renuncia a esta y no podrá plantearla en una etapa 

posterior del proceso judicial.52

En síntesis, nuestro más alto foro reiteró que “las defensas 

afirmativas —entre ellas, la prescripción extintiva— solamente se 

entienden renunciadas si no se plantean en la primera alegación 

responsiva”.53

-DLa prescripción extintiva es una figura de derecho sustantivo 

que extingue el derecho a ejercer cierta causa de acción debido a la 

inacción de una parte durante un período determinado.54 El fin de 

49 32 LPRA Ap. V, R. 6.3. (Énfasis suplido).

50 32 LPRA Ap. V, R. 6.3.

51 Conde Cruz v. Resto Rodríguez, supra, pág. 1064.

52 Íd. pág. 1064.

53 Íd. pág. 1070. (Énfasis suplido).

54 Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, 2023 TSPR 120, 213 DPR ___ (2023); 

Nevárez Agosto v. United Surety et al., 209 DPR 346, 356 (2022).
KLCE202301212 14

este precepto jurídico es “castigar la inercia y estimular el rápido 

ejercicio de las acciones”.55 De esta forma, se promueve el ejercicio 

diligente de las causas de acción y fomenta la estabilidad en las 

relaciones y tráfico jurídico.56 Por ello, al fijarse un determinado 

plazo en el cual se deberá instar la causa de acción, se fija un punto 

final a las situaciones de incertidumbre jurídica y se evita que las 

personas estén sujetas indefinidamente a la contingencia de una 

reclamación.57 De lo contrario, un demandado podría encontrarse 

en un estado de indefensión ante la pérdida de evidencia a su favor 

por el paso del tiempo.58

El artículo 1189 del Código Civil de Puerto Rico dispone que 

la prescripción “es una defensa que se opone a quien no ejercita un 

derecho o acción dentro del plazo de tiempo que la ley fija para 

invocarlo” y que “las acciones prescriben por el mero lapso del 

tiempo fijado por ley”.

59 Es decir, el titular de una causa de acción 

pierde su derecho a instarla si no la ejerce en el plazo que la ley 

establece o no interrumpe el término.60 Una vez agotada el término 

prescriptivo establecido por ley para ejercer la determinada acción, 

se extingue el derecho a reclamar por la misma, quedando 

exonerada la persona que estaba sujeta a responder.61 Por lo tanto, 

la prescripción es una defensa afirmativa que deberá plantearse de 

forma expresa y oportuna o, de lo contrario, se creerá renunciada.62

El artículo 1197 del Código Civil establece tres (3) modos para 

interrumpir un término prescriptivo: (1) mediante la presentación de 

la queja o acción judicial, administrativa o arbitral correspondiente; 

55 Íd.

56 Conde Cruz v. Resto Rodríguez, supra, pág. 1067; Haedo Castro v. Roldán 

Morales, 203 DPR 324, 336 (2019).

57 Íd.

58 Íd.

59 Art. 1189 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 55-2020, según 

enmendada, 31 LPRA sec. 9481.

60 Conde Cruz v. Resto Rodríguez, supra, pág. 1067.

61 Acevedo Arocho v. Departamento de Hacienda de Puerto Rico, 2023 TSPR 80, 

212 DPR ___ (2023).

62 Íd.
KLCE202301212 15

(2) una reclamación extrajudicial; y (3) el reconocimiento de la deuda 

por parte del deudor.63 Una vez interrumpido, el término 

prescriptivo comienza a correr nuevamente.64

La teoría general de daños que dispone que el período 

prescriptivo de un año para acciones de responsabilidad civil 

extracontractual comienza a transcurrir en la fecha cuando el 

perjudicado conoce del daño y quién fue su autor, y además conoce 

los elementos necesarios para ejercer efectivamente su causa de 

acción.65 Como norma general, el término prescriptivo de un año 

dispuesto en el artículo 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, 

comienza desde que el agraviado tuvo o debió tener conocimiento 

del daño que sufrió y estuvo en posición de ejercer su causa de 

acción. Por esa razón, cuando la causa de acción es por 

responsabilidad civil extracontractual, es importante precisar el tipo 

de daño por el que se reclama para poder establecer el punto de 

partida o el momento inicial del cómputo y, de esta forma, conocer 

con certeza cuál será su momento final.66

Sin embargo, es conocido que, ante la incongruencia de dos 

leyes, la legislación especial impera sobre la ley especial en nuestro 

ordenamiento jurídico. Por lo que es el Principio de Especialidad

quien rige cuando existe un aparente conflicto sobre una misma 

materia.67 El principio de especialidad también es extensivo en las 

causas de acción laborales, incluyendo los términos prescriptivos y 

la reclamación de daños.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico especificó que “[e]n 

aquellas ocasiones en las cuales el discrimen ocasione un despido 

63 Artículo 1197 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 55-2020, según 

enmendada, 31 LPRA sec. 9489.

64Nevárez Agosto v. United Surety & Indemnity Company, 209 DPR 346, 357 

(2022).

65 Maldonado Rivera v. Suarez, supra, pág. 193; Col. Mayor Tecn. V. Rodríguez 

Fernández, 194 DPR 635, 647 (2016); Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 

DPR 149, 166 (2007).

66 Rivera Ruz v. Mun. De Ponce, 196 DPR 410, 416 (2016).

67 Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872,892 (2010).
KLCE202301212 16

ilegal, el término prescriptivo comienza a transcurrir a partir del 

momento en que el empleado es notificado de la cesantía. Ello es así 

debido a que es a partir de este momento que el agraviado adviene 

en conocimiento de los daños que le ocasionó la actuación 

arbitraria”.68

Por otro lado, también nuestro máximo foro estableció que 

sobre algunos casos donde: “[e]xiste un despido constructivo 

cuando un empleado se ve forzado a presentar su renuncia 

debido a las condiciones de trabajo onerosas impuestas por el 

patrono. En otras palabras, estamos ante un despido constructivo 

cuando los actos voluntarios e injustificados de un patrono tienen 

el propósito de obligar a un empleado a dejar su cargo por ser ésta 

la única alternativa razonable que le queda al empleado.69 “En los 

casos de despido constructivo, el empleado tiene conocimiento 

del daño al momento de notificar su renuncia[,] por lo que es a 

partir de ese momento, y no desde que ésta es efectiva que 

comienza a transcurrir el término prescriptivo”.70

-EPor otro lado, la Ley Núm. 100-1959, mejor conocida como 

“Ley contra el Discrimen en el Empleo”, en su Exposición de Motivos

estableció para proteger a los empleados (as) y aspirantes a empleo 

contra los discrímenes de sus patronos.71

Dentro de las protecciones que brinda la Ley Núm. 100-1959, 

se encuentran haber sufrido discrimen por razón de edad, raza, 

color, religión, sexo, origen social o nacional o condición social 

afiliación política, o ideas políticas o religiosas, entre otros.72 Ahora 

68 Nazario v. ELA, 159 DPR 799, 811 (2003) (Sentencia).

69 Hernández v. Trans Oceanic Life Ins. Co., 151 DPR 754, 777 (2000); Vélez de 

Reilova v. R. Palmer Bros. Inc., 94 DPR 175, 178 (1967).

70 Nazario v. ELA, supra, 810, (2003), (sentencia) citando a Delgado Rodríguez v. 

Nazario de Ferrer, Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 DPR 346, 360-

361(1988).

71 Exposición de Motivos, Ley contra el Discrimen en el Empleo, Ley Núm. 100-

1959, según enmendada, 29 LPRA sec. 146.

72 29 LPRA sec. 146 a.
KLCE202301212 17

bien, de una lectura cautelosa de la antedicha ley, podemos observar 

que no se dispone un término específico para instar causas de 

acción al amparo de ésta. Es por ello que, en ausencia de una 

disposición legislativa clara y específica, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico determinó mediante la jurisprudencia 

interpretativa que las acciones al palio de la Ley Núm. 100-1959 

tienen un término prescriptivo de un (1) año.

73

Tal como destacamos anteriormente en los casos de despido 

constructivo, “el empleado tiene conocimiento del daño al momento 

de notificar su renuncia [,] por lo que es a partir de ese momento, y 

no desde que ésta es efectiva que comienza a transcurrir el término 

prescriptivo”.74 

-FSegún establecido en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

80-1976, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico promulgó la 

precitada ley con el propósito de garantizar que los empleados 

despedidos sin justa causa tengan derecho a recibir de su patrono 

una compensación correspondiente a un mes de sueldo más una 

indemnización adicional progresiva equivalente a por lo menos una 

semana de sueldo por cada año de servicio.75

La Ley Núm. 80-1976,76 cumple el fin de proteger a los 

empleados de actuaciones arbitrarias del patrono al disponer de 

remedios económicos que desalienten los despidos injustificados.77

Según establecido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, esta 

legislación tiene dos propósitos principales: 1) desalentar la práctica 

73 Suarez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 142, 150 (1998). (Énfasis suplido).

74Nazario v. ELA, supra, pág. 810 (2003), (sentencia) citando a Delgado Rodríguez 

v. Nazario de Ferrer, supra, pág. 361. (Énfasis suplido).

75 Exposición de Motivos, Ley contra el Despido Injusto o Represalias a todo 

Empleado por Ofrecer Testimonio ante un Foro Legislativo, Administrativo o 

Judicial, Ley Núm. 115-1991, según enmendada, 29 LPRA sec. 194 et seq.

76 Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, 29 LPRA sec. 185a et seq.

77 Ortiz Ortiz v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., 209 DPR 759, 770 (2022); 

SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 929 (2015).
KLCE202301212 18

de despedir a empleados sin que medie justa causa; y 2) proveer a 

los empleados remedios consustanciales a los daños causados por 

los despidos injustificados.78

El esquema normativo de la Ley Núm. 80-1976 incluye, entre 

las definiciones del término “despido”, una renuncia del empleado 

ocasionada por actuaciones del patrono dirigidas a inducirlo o 

forzarlo a renunciar, tales como imponerle o intentar imponerle 

condiciones de trabajo más onerosas, reducirle el salario, 

rebajarlo en categoría o someterlo a vejámenes o humillaciones 

de hecho o de palabra. Debido a sus características particulares, 

se cataloga esta modalidad de despido injustificado como “despido 

constructivo o tácito”.79

La Ley Núm. 80-1976 expresamente dispone en su artículo 

doce (12) que los derechos que concede esta Ley prescribirán por el 

transcurso de un (1) año a partir de la fecha efectiva del despido 

mismo”.

80 Reiteramos que, este término prescriptivo ocurrirá al 

momento en que el empleado notifica su renuncia.

81

III

Procedemos inicialmente a discutir inicialmente el segundo (2)

señalamiento de error, donde la peticionaria arguye que el Foro a 

quo erró al haber resuelto que el FHP renunció a la defensa 

afirmativa de prescripción por no haberla planteado de manera 

clara, expresa y específica conforme a la Regla 6.2 y 6.3 de 

Procedimiento Civil, según lo establecido por la jurisprudencia 

vigente. Le asiste la razón

Como fue esbozado previamente, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha sido enfático en la interpretación de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, sosteniendo que, si no se alegan las 

78 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 229-230 (2016).

79 29 LPRA sec. 185e. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 22 (2020).

80 29 LPRA sec. 1851.

81 Nazario v. ELA, supra, pág. 810, (2003), (sentencia) citando a Delgado Rodríguez 

v. Nazario de Ferrer, supra, pág. 361. (Énfasis suplido).
KLCE202301212 19

defensas afirmativas de manera clara y específica, se entenderán por 

renunciadas. La parte peticionaria alegó en su Contestación a 

querella, que “la querella está prescrita en todo o en parte”.82

Posteriormente, luego de varios trámites procesales, presentó una 

Moción Dispositiva que recibió el tratamiento de una moción de 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

supra.

83 En esta, la peticionaria reiteró que la causa de acción 

estaba prescrita totalmente. FHP alegó de manera específica hacia 

cada reclamación en la demanda, la defensa de prescripción 

aplicable y sus argumentos. Sin embargo, ante la oportuna 

Oposición de la señora Torres Ramírez a la Moción Dispositiva 

precitada, FHP no solicitó enmendar sus defensas afirmativas en la 

contestación de la querella. 

En nuestro ordenamiento es norma reiterada que la parte 

responsable de presentar una alegación responsiva debe reconocer 

o negar las aseveraciones de la parte contraria, al mismo tiempo que 

exponer sus defensas respaldándolas con una relación de hechos 

demostrativos según establecido en la Regla 6.2 (a).84 El inciso (b) 

de la referida Regla nos específica el remedio disponible cuando una 

parte no incluye los hechos evidentes que sostienen su defensa.85

Esto es, “el tribunal a iniciativa propia o a solicitud de parte, 

podrá dictar una orden para requerirle que satisfaga las 

exigencias de dicho inciso”.86

Por otra parte, la Regla 6.3 de Procedimiento Civil, supra, nos 

provee un catálogo de las defensas afirmativas que una parte puede 

añadir en su alegación responsiva, incluyendo entre ellas la defensa 

de prescripción.87 Dicha Regla establece que las defensas deben ser 

82 Apéndice 3 del Recurso de Certiorari, pág. 36.

83 Apéndice 6 del Recurso de Certiorari, págs. 102-141.

84 32 LPRA Ap. V, R. 6.2 (a).

85 32 LPRA Ap. V, R. 6.2 (b).

86 Íd. (Énfasis suplido).

87 32 LPRA Ap. V, R. 6.3.
KLCE202301212 20

expresadas de manera clara, precisa y específica al contestar 

una alegación, puesto que, de lo contrario, se considerarán 

renunciadas.

88 La defensa afirmativa de prescripción solo se 

entenderá renunciada si no fue planteada en la primera alegación 

responsiva, siendo este el único escenario en el cual se considerará 

renunciada.89

De una lectura integral de las precitadas Reglas en unión 

con la jurisprudencia interpretativa de las mismas, podemos 

colegir que cuando una parte prescinde de incorporar la relación 

de hechos que respalda la defensa afirmativa de prescripción en 

la Regla 6.2 de Procedimiento Civil, supra, lo que corresponde 

es que el Tribunal emita una orden para que se enmiende o 

suplemente la contestación a la demanda con referencia a los 

hechos en los que se fundamenta la defensa.

90 Contrario a lo que 

dispone la Regla 6.3 de Procedimiento Civil, supra, donde se 

establece que se entenderá renunciada una defensa afirmativa si la 

misma no se expresa de manera clara, precisa y específica.91

Aunque es evidente la semejanza de ambas Reglas, toda vez 

que regulan la acumulación de defensas en la primera alegación 

responsiva, el incumplimiento de estas conduce a consecuencias

diferentes. La Regla 6.2 (a) de Procedimiento Civil, supra, intima que 

las alegaciones y defensas que un demandado invoque en su 

contestación a la demanda estén basadas en los hechos que los 

respalden. Así pues, el remedio que la Regla 6.2 (b) de Procedimiento 

Civil, supra, provee en casos de inobservancia, lo es la enmienda a 

la alegación responsiva y no la renuncia a la defensa afirmativa. La 

renuncia a una defensa afirmativa, como lo es la prescripción, 

88 Íd.

89 Conde Cruz v. Resto Rodríguez, supra, pág. 1047.

90 32 LPRA Ap. V, R. 6.2 (b).

91 32 LPRA Ap. V, R. 6.3.
KLCE202301212 21

exclusivamente aplica cuando se deja de esbozar en la contestación 

responsiva de forma clara, inequívoca y específica. 

El análisis del lenguaje citado e incorporado a la “Contestación 

a Querella” pone de manifiesto que los peticionarios cumplieron con 

alegar la defensa afirmativa de prescripción de forma clara, 

inequívoca y específica. Entiéndase, para propósitos de la 

querellante-recurrida no debía existir duda alguna de que los 

demandados-peticionarios invocaron dicha defensa en su 

primera alegación responsiva, pues se cumplió con los únicos 

requisitos que exige la Regla: que se alegue de forma clara, 

inequívoca y específica. Por tanto, estamos impedidos de 

validar la conclusión de que la misma se diera por renunciada. 

Al examinar las expresiones del foro recurrido en la 

Resolución, notamos que, en la adjudicación de la controversia de la 

renuncia de la defensa de prescripción, el Foro Primario concluyó 

que: “El Hospital presentó como defensas afirmativas, en lo 

pertinente a la controversia que nos ocupa, que la querella no aducía 

hechos que justificasen la concesión de un remedio en ley a favor de 

la parte querellante o en contra del Hospital y que la querella estaba 

prescrita en todo o en parte”.92 Posterior a ello, la recurrida solicitó 

al tribunal que determinara que la defensa de prescripción fue 

renunciada expresamente por el Hospital. Adujo que el Hospital 

(FHP) no cumplió con las disposiciones de las Reglas 6.2 y 6.3 de las 

de Procedimiento Civil, supra. 

Así pues, según argumentado por la recurrida ante el Tribunal 

de Primera Instancia y acogido por dicho foro, se debía entender 

renunciada la defensa de prescripción por no haber aludido a los 

hechos en lo que basaba la misma. La renuncia no es el resultado 

que persiguen los incisos (a) y (b) de la Regla 6.2 de Procedimiento 

92 Apéndice 11 del Recurso de Certiorari, pág. 169.
KLCE202301212 22

Civil, supra. Dicho efecto ocurre sólo cuando la defensa se deja 

de alegar en la alegación responsiva, a la luz de la Regla 6.3 de 

Procedimiento Civil, supra. Eso no fue lo que ocurrió en el 

presente caso. Los peticionarios sí alegaron la defensa de 

prescripción a tiempo. Ahora bien, si el argumento era que estaba 

mal alegada, lejos de entenderse renunciada lo que procedía era 

ordenar la correspondiente enmienda a la alegación responsiva para 

que se hiciera referencia a los hechos en que se basaban los 

peticionarios para invocarla. Se cometió el error señalado.

En el próximo error a discutir, señala FHP que erró el Tribunal 

de Primera Instancia al no desestimar las alegaciones de 

discrimen en el empleo, toda vez que se remontan a un año antes 

de que la recurrida enviara una reclamación extrajudicial por 

discrimen por edad. No le asiste la razón.

Como explicamos anteriormente, el Foro de Primera Instancia 

justipreció que la defensa de prescripción había sido renunciada por 

no haber sido correctamente alegada en las defensas afirmativas. Es 

por ello que, el Foro a quo concluyó que las reclamaciones de la 

señora Torres Ramírez no se encontraban prescritas, toda vez que 

la defensa de prescripción había sido “renunciada”. Ahora bien, de 

un minucioso análisis del expediente de autos y establecido que la 

defensa de prescripción no fue renunciada, corresponde en su día a 

la recurrida probar sus alegaciones de discrimen patronal ante el 

Tribunal de Primera Instancia. No se cometió el error señalado.

Como tercer y último señalamiento de error, la peticionaria 

sostuvo que el foro primario incidió al negarse a desestimar las 

alegaciones contenidas en la demanda relativas a la reclamación de 

despido tácito que se remontan a más de cuatro meses antes de la 

fecha en que la señora Torres Ramírez presentó a FHP su renuncia 

a su empleo fundamentando dicha denegatoria en las inaplicables 
KLCE202301212 23

máximas de que (1) “todo litigante tiene derecho a su día en corte” y 

(2) “las alegaciones no constituyen prueba”. No le asiste la razón.

Establecido que el término prescriptivo comenzará a decursar 

al momento en que la señora Torres Ramírez “renunció” o fue 

“despedida”, corresponde al Tribunal de Primera Instancia realizar 

un examen ponderado de las alegaciones, mediante el desfile de 

prueba meritorio. Por lo que le corresponde a la recurrida demostrar 

mediante preponderancia de la prueba, los elementos necesarios 

para prevalecer en su reclamación y entonces a partir de la 

apreciación que merezca la prueba presentada, el foro primario 

determinará que alegaciones se sustentan y cuáles no. No se cometió 

el error señalado.

Por otro lado, ante una moción de desestimación, es norma 

reiterada en nuestro ordenamiento, que los tribunales vienen 

obligados a dar por ciertos los hechos bien alegados de la demanda 

y analizarlo de la manera más favorable para el demandante. En la 

querella aquí presentada se pueden apreciar suficientes hechos 

fehacientes que permiten que la señora Torres Ramírez pueda litigar 

su pleito y tener su día en corte. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha sido enfático en que la privación a un litigante de su día en corte 

es una medida procedente solo en casos extremos.93 Es por ello que,

existiendo suficientes hechos que permitían inferir que la recurrida 

tenía una causa de acción en contra de la peticionaria no procedía 

desestimar una demanda según la pretensión de FHP.

Por todo lo antes expuesto, concluimos que el foro primario 

erró al determinar que los peticionarios renunciaron a la defensa 

afirmativa de prescripción. El proceder adecuado por parte del 

Tribunal de Primera Instancia debió haber sido ordenar la enmienda 

de la alegación correspondiente. Es por lo que resolvemos que la 

93 Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corp., 2024 TSPR 13, 213 DPR ___ (2024).
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defensa de prescripción no fue renunciada, sino que la misma fue 

mal alegada y puede ser enmendada de acuerdo con las Reglas 6.2 

y 6.3 de las de Procedimiento Civil, supra. 

IV

Por los fundamentos antes expresados, las cuales hacemos 

formar parte de este dictamen, se expide el auto de Certiorari y 

modificamos la Resolución emitida a los fines de establecer que la 

defensa afirmativa de prescripción no fue renunciada y, así 

modificada, se confirma la Resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones