EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

In re:

Carmen E. García Cárdenas

2024 TSPR 92

214 DPR ___

Número del Caso: TS-12,557

Fecha: 16 de agosto de 2024

Programa de Educación Jurídica Continua:

Lcda. María Cecilia Molinelli González

Directora Ejecutiva

Lcda. Nicolle Lozada Báez

Asesora Legal II

Lcda. Caridad Rodríguez Feliciano

Asesora Legal I

Lcda. Myrel D. Marín Cruz

Asesora Administrativa

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida 

del ejercicio de la abogacía por incumplimiento con los 

requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y las 

órdenes del Tribunal Supremo.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del 

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Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un 

servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2024.

Nuevamente, nos vemos obligados a ejercer nuestra 

facultad disciplinaria sobre un integrante de la abogacía

por incumplir con los postulados éticos que, como mínimo, 

deben guiar la gestión de todos los miembros de la 

profesión legal.

En el día de hoy, intervenimos disciplinariamente con 

la Lcda. Carmen E. García Cárdenas y decretamos su

suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la 

abogacía.

Veamos las circunstancias fácticas que sustentan 

nuestra determinación.

I.

La Lcda. Carmen E. García Cárdenas (licenciada García 

Cárdenas) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 25 de 

In re:

Carmen E. García Cárdenas TS-12,557
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enero de 1999 y prestó juramento como notaria el 11 de 

enero de 2001.1

El pasado 26 de octubre de 2023, la Directora 

Ejecutiva del Programa de Educación Jurídica Continua 

(PEJC) compareció ante este Tribunal mediante un Informe

sobre incumplimiento y nos comunicó que varios abogados se 

encontraban inobservando los requisitos del PEJC, entre 

ellos, la licenciada García Cárdenas. Asimismo, nos indicó 

que realizaron varias llamadas telefónicas para tratar de 

atender el asunto y así evitar un referido ante este 

Tribunal. No obstante, dichos esfuerzos resultaron 

infructuosos. Cabe destacar, además, que la abogada no 

posee un correo electrónico identificado en el Registro 

Uniforme de Abogados y Abogadas (RUA).

Consecuentemente, el 4 de diciembre de 2023, le 

concedimos un término de veinte (20) días a la licenciada 

García Cárdenas para que mostrara causa por la cual no 

debía ser suspendida de la profesión legal por incumplir 

con los requerimientos del PEJC.

Eventualmente, y tras el incumplimiento de la 

licenciada García Cárdenas con nuestra Resolución de 

diciembre, el 27 de febrero de 2024 le concedimos un

término final de diez (10) días para que compareciera. En

dicha ocasión, le apercibimos que si desatendía nuestra 

1 El 21 de julio de 2015 la licenciada García Cárdenas cesó 

voluntariamente al ejercicio de la notaría.
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orden, podría enfrentar sanciones severas, incluyendo la 

suspensión del ejercicio de la abogacía.

Nuevamente la licenciada García Cárdenas incumplió con 

nuestro mandato. Aún así, el 6 de mayo de 2024, decidimos 

concederle un último término perentorio de diez (10) días, 

para que compareciera y mostrara causa.

Al presente, la licenciada García Cárdenas no ha 

comparecido ante este Tribunal y mantiene su incumplimiento 

con los requerimientos del PEJC.

II.

Desde el momento preciso en que cada abogado presta 

juramento como tal y es admitido a la profesión de la 

abogacía, este se compromete a fijar su conducta 

íntimamente a las normas establecidas en el Código de Ética 

Profesional.2 El propósito de este cuerpo rector recae en

“promover el desempeño personal y profesional de los 

miembros de la profesión legal de acuerdo con los más altos 

principios de conducta decorosa, lo que, a su vez, resulta 

en beneficio de la profesión, la ciudadanía y las 

instituciones de justicia”.3

Asimismo, hemos señalado que este deber se hace 

extensivo “no solo a la esfera de la litigación de causas, 

sino a la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal”.4

2 4 LPRA Ap. IX.

3 In re Torres Rivera, 210 DPR 995 (2022). 

4 In re Medina Torres, 200 DPR 610, 628 (2018). 
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En aras de garantizar una representación legal 

adecuada a los ciudadanos que acuden ante nuestros 

tribunales, el Canon 2 del Código de Ética Profesional, le 

exige a los profesionales del Derecho que practican en 

nuestra jurisdicción “mantener un alto grado de excelencia 

y competencia en su profesión a través del estudio y la 

participación en programas educativos de mejoramiento 

profesional”.5

A tenor con lo anterior, y para viabilizar el 

cumplimiento con el deber antes mencionado, aprobamos el 

Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua.6 La 

Regla 29 de dicho cuerpo reglamentario requiere que todo 

miembro activo de la profesión legal apruebe veinticuatro 

(24) horas crédito en cursos de educación jurídica continua 

en un lapso de tres (3) años.

En el contexto del incumplimiento con los requisitos 

del PEJC, hemos expresado que la desidia y dejadez ante los 

requerimientos de dicho programa representan un gasto de 

recursos administrativos, como también una patente falta de 

compromiso con el deber de excelencia y competencia que 

encarna el Canon 2 del Código de Ética Profesional.7 Así 

pues, en los casos que los abogados y las abogadas 

desatienden los requerimientos del PEJC e incumplen los 

requisitos de educación jurídica continua conforme a lo 

5 4 LPRA Ap. IX, C. 2

6 4 LPRA Ap. XVII-D.

7 In re Cabán Arocho, 198 DPR 1112 (2017); In re López Santos, 194 DPR 

960 (2016). Véase, In re Molinary Machado, 203 DPR 1070 (2019).
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dispuesto en el Reglamento del PEJC, supra, este Tribunal 

se ha visto obligado a suspenderles indefinidamente.8

A. Canon 9 del Código de Ética Profesional

Por su parte, el Canon 9 del Código de Ética 

Profesional, supra, codifica el mandato ético que obliga a 

todo abogado a atender y obedecer las órdenes del Tribunal 

y las de cualquier otro foro ante el que se encuentre 

obligado a comparecer. Particularmente, le impone a los 

letrados “el deber de observar para con los tribunales una 

conducta que se caracterice por el mayor respeto”.9 Cuando 

se trata de procesos disciplinarios, los integrantes de la 

profesión legal tienen el deber de responder diligente y 

oportunamente a nuestros requerimientos y órdenes.10

Por ello, un abogado que desatiende los requerimientos 

realizados en el curso de un procedimiento disciplinario 

denota “indisciplina, desobediencia, displicencia, falta de 

respeto y contumacia hacia las autoridades, y revela una 

gran fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro 

de la profesión legal”.11

Así, pues, no podemos tomar livianamente la actitud de 

indiferencia a la autoridad de este Tribunal. Lo anterior

8 In re Molinary Machado, supra; In re Cabán Arocho, supra; In re

Rodríguez Gerena, 197 DPR 1093 (2017).

9 In re Torres Rivera, supra.

10 In re Lajara Radinson, 207 DPR 854 (2021); In re Colón Rivera, 206 

DPR 1073 (2021).

11 In re Jiménez Meléndez, 198 DPR 453, 457 (2017).
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resulta causa suficiente para decretar la suspensión

inmediata de cualquier abogado.12

III.

Del recuento fáctico antes reseñado se desprende 

palpablemente una conducta que refleja indiferencia y 

desidia ante las órdenes de este Tribunal. Pese a las 

múltiples oportunidades y prórrogas que este Tribunal le ha 

concedido a la licenciada García Cárdenas para cumplir con 

los requerimientos del PEJC, al presente, ésta tiene 

incumplido el periodo 2018-2021 y adeuda cien dólares 

($100.00) en concepto de multa por cumplimiento tardío y 

por referido del Programa ante este Foro.

La licenciada García Cárdenas no solo ha incumplido 

con los requisitos antes mencionados, sino que, además, ha 

desatendido las órdenes de esta Curia en más de una 

instancia durante este proceso. Tal conducta, a todas 

luces, demuestra falta de interés para continuar ejerciendo 

la profesión legal.

En vista de ello, y considerando que esta no ha dado 

fiel cumplimiento a los requerimientos del PEJC ni a lo 

ordenado por este Foro, ordenamos la suspensión de la 

licenciada García Cárdenas del ejercicio de la abogacía de 

manera inmediata e indefinida.

12 Íd.
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IV.

Consecuentemente, le ordenamos notificar a todos sus 

clientes de su inhabilidad para continuar con su

representación y a devolverles tanto los expedientes de los 

casos pendientes como los honorarios recibidos por trabajos 

no rendidos. Además, deberá informar inmediatamente de su 

suspensión a los distintos foros judiciales y 

administrativos en los que tenga algún asunto pendiente y 

acreditar ante este Tribunal el cumplimiento con lo 

anterior, incluyendo una lista de los clientes y foros a 

quienes le notificó de su suspensión, dentro del término de 

treinta (30) días, a partir de la notificación de esta 

Opinión Per Curiam y su correspondiente Sentencia. No 

hacerlo pudiera conllevar que no se le reinstale al 

ejercicio de la abogacía de solicitarlo en el futuro. 

Se dictará Sentencia de Conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re: 

Carmen E. García Cárdenas

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SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2024.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam 

que antecede, la cual se hace formar parte de la presente 

Sentencia, decretamos la suspensión indefinida e inmediata 

del ejercicio de la abogacía de la Lcda. Carmen E. García 

Cárdenas.

A la luz de lo anterior, le imponemos a la letrada el 

deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad 

de seguir representándolos, devolverles cualesquiera 

honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar 

oportunamente de su suspensión indefinida a los foros 

judiciales y administrativos donde tenga asuntos 

pendientes. Deberá, además, acreditar y certificarnos el 

cumplimiento de estos deberes incluyendo una lista de los 

clientes y los foros a quienes le haya notificado de su 

suspensión, dentro del término de treinta (30) días, a 

partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y 

Sentencia. No hacerlo, pudiera conllevar que no se le 

reinstale al ejercicio de la profesión de solicitarlo en el 

futuro.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del 

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón Pérez no 

intervino.

 

 

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

 Secretario del Tribunal Supremo