JUSTICIA PENAL SIGLO XXI

NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE (U.S. Department of Justice) 

JUSTICIA PENAL SIGLO XXI


UNA SELECCIÓN DE CRIMINAL JUSTICE 2000


Edición de 

Rosemary Barberet & Jesús Barquín 

Granada, 2006

Esta traducción se realizó gracias a una subvención concedida por el 

Instituto Nacional de Justicia, Oficina de Programas de Justicia, del 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Las opiniones, resultados y conclusiones o recomendaciones expresadas en 

esta publicación son de sus autores y no necesariamente reflejan la 

opinión del Departamento de Justicia. 

This translation project was supported by a contract awarded by the 

National Institute of Justice, Office of Justice Programs, US Department 

of Justice. The opinions, findings, and conclusions or recommendations 

expressed in this publication are those of the author(s) and do not 

necessarily reflect the views of the Department of Justice. 
SUMARIO 

PRÓLOGO.—Rosemary Barberet y Jesús Barquín (editores) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX


CAPÍTULO 1.—Desarrollos teóricos de la Criminología. Charles R. Tittle . . . . . . . . . . . . 1


Capítulo 2.—Un siglo de justicia juvenil. Philip W. Harris, Wayne Welsh y Frank Butler . 55


Capítulo 3.—La medición de la victimación sexual de las mujeres: evolución, debates


actuales y el futuro de la investigación. Bonnie S. Fisher y Francis T. Cullen . . 131


Capítulo 4.—El miedo al delito en los Estados Unidos: rutas para la investigación y


la formulación de políticas. Mark Warr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181


Capítulo 5.—Justicia comunitaria: marco conceptual. David Karp y Todd Clear . . . . . 223


Capítulo 6.—Evaluación de la rehabilitación correccional: política, práctica y perspec­


tivas. Francis T. Cullen y Paul Gendreau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275


Capítulo 7.—La policía de proximidad en los Estados Unidos: cambios en la natura­


leza, estructura y funciones de la policía. Jack Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349


Capítulo 8.—Criterios e indicadores del desempeño de los tribunales. Ingo Keilitz . . 425

PRÓLOGO 

ROSEMARY BARBERET 

John Jay College of Criminal Justice 

Nueva York 

JESÚS BARQUÍN 

Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología 

Universidad de Granada 

Al hilo del cambio de siglo y de milenio, el National Institute of Justice (NIJ) 

de los Estados Unidos de América encargó a un plantel de expertos la elaboración de artículos de revisión de una amplia selección de temas de la 

criminología y la justicia criminal. Se trataba de reflejar el estado de la investigación criminológica y de analizar las modernas tendencias de la criminalidad y del funcionamiento de la justicia penal en los Estados Unidos. El resultado fue varias docenas de capítulos compilados en cuatro volúmenes bajo el 

título Criminal Justice 2000, de libre acceso en formato electrónico en la web 

del NIJ (también el presente volumen de traducciones está disponible en 

www.ncjrs.org). 

Se trata de una obra de fundamental importancia para comprender el momento actual y la evolución histórica de la delincuencia y de la criminología 

en Estados Unidos. Por ello, los responsables de la presente edición nos propusimos la traducción al español de una selección de capítulos de dicha publicación. Nos fue concedida una subvención del National Institute of Justice 

(facilitada por su Centro Internacional), organismo encargado de producir y divulgar investigación criminológica, dependiente del Procurador General del gobierno federal de EE.UU. Consideramos que esta subvención es indicativa del 

interés del gobierno federal de los Estados Unidos en compartir la riqueza de 

su comunidad criminológica con personas interesadas en ella, sean investigadores o profesionales, del mundo hispanohablante. 

La primera tarea fue decidir qué trabajos iban a ser incluidos. El criterio 

principal de selección fue primar aquellos capítulos que revisan en profundidad los resultados de la investigación, de las políticas y de los procesos del sistema de justicia penal, así como los que mayor utilidad tienen para los profesionales, los responsables políticos y otras personas que intervienen en la 

investigación y la práctica criminológicas. 
X PRÓLOGO 

Se ha tratado de un empeño laborioso, dado que ha requerido el seleccionar los ocho capítulos más interesantes (tras consultas con una serie de 

criminólogos de renombre de España y América Latina), escoger los traductores de los mismos, revisar y homogeneizar las traducciones, y divulgar el producto de todo este esfuerzo entre conocedores de la criminología y la justicia 

penal en dos continentes. Conscientes de la variedad de matices de expresiones del español hablado en los distintos países del mundo hispano, hemos intentando utilizar términos que pudieran entenderse por todos. De no ser así, 

pedimos disculpas por anticipado al lector. 

Puesto que este volumen se publica ya en el Siglo XXI, nuestra compilación se llama Justicia Penal Siglo XXI. Hemos procurado seleccionar capítulos 

donde la bibliografía del mundo hispano escasea, o donde la transferencia de 

conocimientos puede servir para evitar los errores que ocurren tan frecuentemente cuando una política criminal traspasa sus fronteras. Así, el capítulo de 

Charles R. Tittle detalla los avances teóricos criminológicos más recientes. El 

capítulo de Harris et al. detalla la problemática de la justicia juvenil en los 

EE.UU.; el repaso metodológico de Fisher y Cullen resume las dificultades inherentes a la medición a través de encuestas de la agresión sexual por encuesta; 

la reflexión de Mark Warr, gran experto en la investigación sobre miedo al delito, revisa la trayectoria de dicha temática; Karp y Clear nos introducen los conceptos claves subyacentes en las nuevas políticas y programas de justicia alternativa; Cullen y Gendreau contrarrestan el lema de «Nada da resultado» 

(«Nothing Works») con los hallazgos más recientes de la investigación sobre 

programas de rehabilitación de delincuentes; Greene nos aclara en qué consiste realmente la policía de proximidad, y detalla otros modelos de actuación 

policial y sus resultados; y por último, Ingo Keilitz nos describe los avances en 

materia de justicia enfocados a garantizar un aparato judicial más eficaz y eficiente. 

Un factor fundamental en nuestro proceso de selección ha sido el que los 

hallazgos y tendencias descritas para los Estados Unidos tengan razonable aplicación en el ámbito, latinoamericano y español, al que va dirigido este libro. 

Por tomar sólo un par de ejemplos, las décadas e incluso el más de un siglo 

de experiencia de los Estados Unidos en materia de policía de proximidad o 

de justicia juvenil son un referente muy útil para las iniciativas hispanas en estas 

materias. En materia de criminología, la tradición anglosajona –y, más 

específicamente, estadounidense- tiene mucho que decir, sin que ello implique un mimetismo que, tal como pintan las cosas en la actualidad, en algunos campos de la justicia criminal podría conducir al desastre. 

De la combinación de los antes mencionados criterios y no sin discusión, 

llegamos a la selección final que ofrecemos en este Justicia Penal Siglo XXI, li­
PRÓLOGO	 XI 

bro dirigido al foro mundial de hispanohablantes que se dedican a la política 

criminal o la intervención criminológica. Lo más difícil fue prescindir de algunos trabajos de gran calidad e interés, pero razones de orden práctico obligaban a mantener el tomo resultante dentro de unas dimensiones moderadas. 

Los capítulos de la presente edición son: 

1.	 «Desarrollos teóricos de la Criminología», por Charles R. Tittle. Traducido 

por Magdalena Candioti. 

2.	 «Un siglo de justicia juvenil», por Philip W. Harris, Wayne Welsh y Frank 

Butler. Traducido por Jesús Barquín y Miguel Á. Cano. 

3.	 «La medición de la victimación sexual de las mujeres: evolución, debates actuales y el futuro de la investigación», por Bonnies S. Fisher y Francis 

T. Cullen. Traducido por Juanjo Medina. 

4.	 «El miedo al delito en los Estados Unidos: rutas para la investigación y la 

formulación de políticas», por Mark Warr. Traducido por Mario Arroyo. 

5.	 «Justicia comunitaria: marco conceptual», por David Karp y Todd Clear. 

Traducido por José Luis de la Cuesta. 

6.	 «Evaluación de la rehabilitación correccional: política, práctica y perspectivas», por Francis T. Cullen y Paul Gendreau. Traducido por Christopher 

Birkbeck. 

7.	 «La policía de proximidad en América: cambios en la naturaleza, estructura y funciones de la policía», por Jack Greene. Traducido por Andrea 

Giménez-Salinas Framis. 

8.	 «Criterios e indicadores del desempeño de los tribunales», por Ingo Keilitz. 

Traducido por Carmen Vargas. 

Queremos agradecer la dedicación de nuestros traductores y de Miguel 

Á. Cano y Miguel Olmedo, quienes han colaborado en el proceso final de 

corrección de pruebas, así como a la Editorial Comares por publicar la versión impresa de esta obra. Sin duda, nuestro próximo reto sería traducir al 

inglés los mejores artículos de criminología del mundo hispanohablante. De 

momento, quede constancia de nuestra gratitud al National Institute of Justice 

por facilitarnos los artículos de Criminal Justice 2000 y los fondos para traducirlos. 

New York y Granada, enero de 2006 
PREFACE 

ROSEMARY BARBERET 

John Jay College of Criminal Justice 

Nueva York 

JESÚS BARQUÍN 

Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología 

Universidad de Granada 

On the occasion of the new millennium, the National Institute of Justice 

(NIJ) of the United States of America commissioned a panel of experts to produce literature reviews on a wide selection of topics in criminology and criminal justice. The purpose was to reflect on the state of criminological research 

and to analyze the modern trends in crime and the workings of the criminal 

justice system in the United States. The result was several dozens of chapters 

compiled into four volumes under the title, Criminal Justice 2000, that could 

be accessed for free on the webpage of NIJ. (Similarly, the present volume of 

translations can also be accessed free of charge on www.ncjrs.org.) 

Criminal Justice 2000 is a publication of profound importance for 

understanding current events and the historical evolution of crime and 

criminology in the United States. As a result, the editors of this volume proposed 

to translate a selection of chapters from said publication into Spanish. We were 

granted funding from the National Institute of Justice (through its International 

Center), an agency responsible for producing and disseminating criminological 

knowledge as the research arm of the Attorney General of the Federal 

Government of the USA. We view this funding as indicative of the interest that 

the federal government of the United States displays in sharing the wealth of 

its criminological research community with others interested in this area, be 

they researchers or practitioners, from the Spanish speaking world. 

Our first task was to decide which chapters to include. The main criteria 

for selection was to prioritize those chapters that review research in depth 

relating to the policies and procedures of the criminal justice system, as well 

as those that would be most useful for the practitioners, policymakers and other 

persons who intervene in the area of criminological research and practice. 

This has been a laborious undertaking, given that it has meant selecting 

the eight most interesting chapters (after consulting with a series of well 
PREFACE XIII 

known criminologists in Spain and Latin America), choosing the translators, 

revising and standardizing the translations, and disseminating all of this effort 

among criminologists on two continents. Since we are aware of the nuances 

of expression in the Spanish language as it is spoken in different countries of 

the Spanish speaking world, we have tried to use terms that would be 

understood by all. If this is not the case, we beg the reader’s forgiveness in 

advance. 

Since this volume has a publication date in the 21st Century, our edition 

is called 21st Century Criminal Justice. We have tried to select chapters where 

the literature is scarce in the Spanish speaking world, or where the transfer of 

knowledge could serve to avoid errors that occur so frequently when a criminal justice policy travels beyond its borders. And so, the chapter by Charles R. 

Tittle details the most recent theoretical developments in criminology. The 

chapter by Harris et al. details the issues surrounding juvenile justice in the 

USA; the methodological review by Fisher and Cullen summarizes the 

difficulties that are inherent in the measurement of sexual assault in survey 

research; the reflections of Mark Warr, a great expert in research on the fear 

of crime, reviews developments in that area; Karp and Clear introduce the 

underlying key concepts of the new policies and programs in alternative justice; 

Cullen and Gendreau dispute the slogan, «Nothing works» with the most recent 

findings on offender rehabilitation programs. Greene clarifies what community 

policing really consists of and describes other policing models and their results. 

Lastly, Ingo Keilitz describes the developments in justice research designed to 

guarantee a judicial system that is more effective and efficient. 

A fundamental factor in our selection procedure was that the findings and 

trends that held true for the United States have some sort of reasonable 

application in the Latin American and Spanish contexts, where our readership 

is based. For example, the decades and even the more than one century of 

experience of the United States in community policing or juvenile justice are 

a very useful referent for Hispanic initiatives in these areas. In criminology, the 

Anglo-Saxon tradition —and more specifically, the tradition of criminology in 

the United States— has much to contribute, without implying that a complete 

mimicry should be undertaken. Indeed, in some cases that imitation could very 

well lead to disaster in criminal justice. 

Combining the aforementioned criteria, and not without discussion 

between us, we arrived at the final selection that we offer to you in 21st Century 

Criminal Justice, a book aimed at the world forum of Spanish speakers who 

devote themselves to criminal justice policymaking or criminological 

intervention. Our most difficult moments were having to do without some of 

the other chapters in Criminal Justice 2000 that were outstanding in quality and 
XIV	 PREFACE 

interest, but practical reasons of order meant that we needed to keep the 

volume to a moderate length. The chapters in this volume are: 

1.	 «Theoretical Developments in Criminology», by Charles R. Tittle. Translated 

by Magdalena Candioti. 

2.	 «A Century of Juvenile Justice», by Philip W. Harris, Wayne Welsh and 

Frank Butler. Translated by Jesús Barquín and Miguel Á. Cano. 

3.	 «Measuring the Sexual Victimization of Women: Evolution, Current 

Controversies and Future Research», by Bonnie S. Fisher and Francis T. 

Cullen. Translated by Juanjo Medina. 

4.	 «Fear of Crime in the United States: Avenues for Research and Policy», by 

Mark Warr. Translated by Mario Arroyo. 

5.	 «Community Justice: A Conceptual Framework», by David Karp and Todd 

Clear. Translated by José Luis de la Cuesta. 

6.	 «Assessing Correctional Rehabilitation: Policy, Practice and Prospects», by 

Francis Cullen and Paul Gendreau. Translated by Christopher Birkbeck. 

7.	 «Community Policing in America: Changing the Nature, Structure and 

Function of the Police», by Jack Greene. Translated by Andrea GiménezSalinas Framis. 

8.	 «Standards and Measures of Court Performance», by Ingo Keilitz. Translated 

by Carmen Vargas. 

We are thankful for the hard work of our translators and that of Miguel Á. 

Cano y Miguel Olmedo, who have aided in the final process of proofreading, as 

well as Editorial Comares who was willing to publish the printed version of this 

work. Without a doubt, our next challenge will be to translate into English the 

best articles on criminology from the Spanish speaking world. For the moment, 

we express our gratitude to the National Institute of Justice for facilitating the 

articles from Criminal Justice 2000 and the funds to translate them. 

New York and Granada, January, 2006 
LOS DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 

CHARLES R. TITTLE 

Catedrático de Sociología en la Universidad del Estado de North Carolina 

Traducción de Magdalena Candioti 

RESUMEN 

En este trabajo se analizan los desarrollos teóricos del siglo veinte en función 

de cuatro categorías: las teorías de las diferencias individuales en la comisión de 

delitos, las teorías de las variaciones en la comisión de delitos a través del ciclo vital, las teorías de la diversidad de las tasas de criminalidad entre diferentes entidades sociales, y las teorías de las diferencias en cuanto a los resultados criminales 

entre diversas situaciones sociales. El ensayo resalta los cambios a través del tiempo y muestra las tendencias a la integración de teorías y a la fertilización cruzada. 

Concluye que los criminólogos teóricos han dado pasos decisivos, particularmente 

en las últimas dos décadas, y como resultado están ahora en condiciones de señalar a grandes rasgos las causas de los fenómenos relevantes en relación con el crimen. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer, particularmente acerca de la 

necesidad de una articulación más efectiva de las teorías con el fin de proporcionar explicaciones y predicciones precisas. Finalmente se identificarán las tendencias favorables que muestran la existencia de avances constantes en este sentido. 

Una razón para estudiar los fenómenos relevantes para el crimen es dar respuestas a dos preguntas en relación con ellos: ¿por qué? y ¿cómo? Proveer estas respuestas corresponde a la teoría. Este ensayo traza los desarrollos teóricos 

de este siglo, particularmente en las últimas décadas. Dos puntos se enfatizan: 

primero, que las teorías se han vuelto crecientemente sofisticadas, principalmente 

a partir de la combinación de formulaciones preexistentes; segundo, que es necesario un desarrollo aún mayor. Aquí se detallan cuatro categorías, demarcadas en función del fenómeno principal que las teorías tratan de explicar: 

• Las diferencias en la conducta criminal entre los individuos. 

• Las diferencias en la criminalidad en diferentes momentos del ciclo vital. 
2 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

•	 Las diferencias en las tasas de criminalidad entre sociedades, ciudades, 

comunidades, barrios, u otras unidades sociopolíticas. 

•	 Las diferencias en los resultados criminales entre situaciones sociales diversas. 

Algunas teorías explican dos o más categorías simultáneamente, pero aquí 

serán tratadas en el marco de la categoría en la que están principalmente centradas. Las teorías que explican cómo y por qué algunos actos son ilegales, por 

qué existe una aplicación diferencial de la ley, por qué existen diferencias en la 

comisión de delitos entre varones y mujeres, y las teorías sobre otros numerosos fenómenos, no serán analizadas. Aunque dichas teorías son importantes, esta 

revisión es necesariamente selectiva, no sólo en cuanto a las categorías a las que 

se refiere, sino también en cuanto a las teorías específicas analizadas dentro de 

cada categoría. No sería viable tratar de describir todas las teorías criminológicas. 

Revisaré los principales esfuerzos realizados para explicar las variaciones en los 

fenómenos relevantes en relación con el crimen, dando por supuestas las definiciones del crimen en cualquier sociedad dada. 

Cualquier enfoque intelectual puede ser considerado como una teoría. Sin 

embargo, estos esfuerzos van desde principios simples planteados en una única 

proposición y focalizados en eventos o fenómenos específicos, hasta sistemas 

explicativos elaborados y complejamente interconectados aplicables a una vasta gama de diferentes fenómenos. Más aún, la adecuación de las teorías puede 

ser evaluada de muchas formas. Algunos consideran una buena teoría aquella que 

puede ser matemáticamente expresada; otros piensan que las buenas teorías son 

aquéllas capaces de provocar discusiones y críticas. Algunos evalúan las teorías 

en función del número de predicciones que alcanzan a generar; otros creen que 

la identificación de una variable importante o la demarcación de ciertos aspectos de los fenómenos objeto de explicación denotan una buena teoría. Otros incluso evalúan las teorías en función de los principios de la «integración». La 

forma en la cual las teorías son evaluadas influye en la valoración de la adecuación de la empresa teórica. Dado que los criterios son de alguna manera arbitrarios, existen grandes desacuerdos sobre cuáles son las mejores teorías o las 

más importantes. Este ensayo sólo resalta los cambios a través del tiempo, muestra las tendencias a la integración y sugiere que pueden realizarse mayores avances incorporando más elementos de teorías enfrentadas. 
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 3 

TEORÍAS PARA EXPLICAR LAS DIFERENCIAS EN LA COMISIÓN DE DELITOS ENTRE 

DIFERENTES INDIVIDUOS 

Los esfuerzos teóricos más intensos se han centrado en las variaciones individuales. Estas teorías pueden ser clasificadas en función de sus temas dominantes, no obstante pocas teorías pueden ser consideradas como completamente limitadas al tema que enfatizan. Los diversos temas parecen reflejar los modos 

de pensamiento predominantes en la academia y en la sociedad en su conjunto 

en el momento en el cual las teorías que los abordaban fueron por primera vez 

enunciadas. Sin embargo, las articulaciones han evolucionado más allá de los 

contextos intelectuales en los cuales estos temas han surgido, y algunas teorías 

incorporan, en el marco de su tema central, elementos de otros. 

Los temas de las teorías individualistas 

Seis temas centrales han surgido de las teorías de las diferencias individuales en la conducta criminal: 

• Defectos personales 

• Aprendizaje 

• Frustración / privación 

• Identidad 

• Elección racional 

• Control / integración 

Cada uno promueve una idea fundamental o proceso causal, que es plausible y empíricamente viable, al menos en el marco limitado en el que ha sido 

puesto a prueba. Y cada uno de los temas ha mostrado una constante evolución 

y avance. 

Defectos personales 

El primer tema fue dominante hasta finales de los años 1930. Comenzando 

por Lombroso (1878), pero abarcando también el psicoanálisis (por ejemplo, 

Abrahamsem 1944; Aichhorn [1925] 1968) y otros argumentos psicológicos (por 

ejemplo Eysenck y Gudjonsson 1989; Wilson y Herrnstein 1985), la conducta 

criminal fue atribuida a defectos personales, ya sea físicos o psíquicos. Las deficiencias fueron atribuidas a la herencia genética (por ejemplo, Mednick y 

Kandel 1988; Raine 1993), a influencias dañinas como el nacimiento prematu­
4 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

ro o el envenenamiento ambiental (por ejemplo, Kandel y Mednick 1991; Moffitt 

1990) y a las experiencias de vida que distorsionan el desarrollo psíquico o social (Kendall-Tackett, Williams y Finkelhor 1993; Smith y Thornberry 1995; 

Widom 1989; pero véase Zingraff et al. 1993). 

Aunque la prominencia de este tema haya declinado, se ha mantenido vivo 

particularmente entre los psicólogos y, recientemente, ha recobrado algo de su 

influencia inicial. La mayor parte de los criminólogos reconoce actualmente 

que los defectos personales son importantes, pero la mayoría asume que las deficiencias, más que ser causas primarias, interactúan de alguna forma con influencias identificadas por otras cuestiones explicativas (Cullen et al. 1997). 

Sin embargo, estas articulaciones aún no han incorporado la totalidad de estas interacciones. Los investigadores han aislado uno u otro déficit que algunas veces entra en juego en algunos delitos o algunos infractores (por ejemplo, Caspi et al. 1994; Moffitt, Lynam y Silva 1994). Pero aún no existe una 

síntesis coherente de las fuerzas que subyacen a estos factores. 

Las teorías modernas que señalan los defectos personales usualmente suponen que sólo la patología no es suficiente para producir el crimen, e intentan 

desentrañar cómo los defectos personales funcionan y se traducen en resultados 

criminales, frecuentemente incorporando visiones de varios otros temas. Estas 

características pueden verse con mayor claridad en la teoría de las dos trayectorias de Moffitt (1993). 

La teoría identifica dos patrones causales de la mala conducta. Uno caracteriza al transgresor «persistente a lo largo de toda la vida», quien es ya antisocial a una temprana edad y continua siéndolo a lo largo de su vida. El segundo 

es ejemplificado por el transgresor «limitado a la adolescencia», quien no comienza a transgredir hasta la mediana o tardía adolescencia y típicamente se 

detiene en la adultez temprana. Las trayectorias de estos dos tipos de infractores, 

por tanto, difieren ampliamente. 

Moffitt propone explicaciones distintas pero vinculadas para cada modelo. 

Diversos déficits neuropsicológicos de los infractores persistentes, muchos de 

ellos presentes desde el nacimiento, obstruyen el desarrollo. Estos niños son tan 

difíciles de manejar que sus padres son frecuentemente incapaces de hacerlo. Un 

niño conductualmente difícil con padres abrumados o deficientes frecuentemente 

termina pobremente socializado (Nagin y Paternoster 1994; Simons et al. 1998). 

Con habilidades inadecuadas y un débil autocontrol, el niño tiene dificultades 

adicionales en la escuela. Por lo tanto, aquéllos con problemas tempranos de 

conducta fallan a la hora de adquirir capital social y personal que podría ayudarlos más adelante en la vida a actuar convencionalmente. Como resultado, los 

niños problemáticos, que representan una porción relativamente pequeña de una 
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 5 

cohorte de nacimientos, se transforman en adolescentes rebeldes y eventualmente 

devienen adultos antisociales y desviados. 

Los transgresores limitados a la adolescencia, mucho más frecuentes, usualmente presentan pocos problemas de conducta en edades tempranas, por lo cual 

son efectivamente socializados. Sin embargo, cuando estos jóvenes generalmente 

«normales» entran en la adolescencia, comienzan a sufrir la falta de madurez 

porque los roles adultos que quieren ocupar son inconsistentes con su estatus 

adolescente. Al mismo tiempo, entran en mayor contacto con, y son inspirados 

a imitar a, los infractores persistentes a lo largo de toda su vida. La falta de madurez y el consecuente deseo de actuar como adulto motiva al transgresor limitado a la adolescencia a imitar la mala conducta de los transgresores persistentes a lo largo de toda la vida, quienes actúan rebeldemente. 

Dado que los transgresores persistentes ya disfrutan ilegítimamente de los 

beneficios de la madurez, tales como las drogas recreativas, el sexo y la autonomía, «logran influencia social sobre jóvenes que los admiran y emulan durante 

la adolescencia» (Moffitt, 1993, 687). Consecuentemente, una mayoría de jóvenes experimenta conductas desviadas (algunas veces incluyendo el crimen) que 

les permiten simbólicamente reclamar su madurez. Eventualmente, estos experimentadores se dan cuenta de que los costes de la desviación adolescente pueden ser altos, e incluso comienzan a adquirir un estatus de adultos que legítimamente los provee de los beneficios de la madurez adquiridos sólo ilegítimamente 

mientras eran adolescentes. Para la mayor parte de ellos, la mala conducta, entonces, cesa. 

Como culminación de la teoría sobre los defectos personales, la formulación 

de Moffitt va mucho más lejos que los esfuerzos previos. Esta autora vincula los 

defectos personales a otros procesos, fundándose tanto en ideas acerca del aprendizaje y el control social como en ideas sobre los patrones culturales de los cambios de edad. Su teoría, sin embargo, no incluye tantos factores causales como 

podría. La teoría probablemente sería aún más efectiva si incorporara por ejemplo procesos causales resaltados por las teorías de la frustración y la identidad, 

y podría así explicar cómo los procesos que identifica están condicionados por 

las circunstancias comunitarias y situacionales. 

Aprendizaje 

Las explicaciones del crimen como producto del aprendizaje emergieron 

para contradecir a las afirmaciones simplistas sobre los defectos personales que 

dominaron el pensamiento en los inicios del siglo veinte. Desde entonces, nu­
6 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

merosos pensadores (por ejemplo, Akers 1985; Conger y Simons 1997) han explicado la conducta criminal como una expresión de valores, actitudes, habilidades y estándares normativos criminógenos internalizados. Algunos teorizan 

que el aprendizaje nace de condicionamientos o refuerzos, mientras que otros lo 

visualizan como determinado por una instrucción repetitiva o por imitación, frecuentemente, de elementos culturales a los cuales un individuo es más o menos 

exclusivamente expuesto. Existen también nociones sobre qué elementos, entre 

todas las cosas que las personas pueden aprender, son más relevantes para la conducta criminal. Algunos se centran fuertemente en los mensajes criminógenos, 

particularmente en la observación de conductas criminales (Sutherland 1924; 

Wilson y Herrnstein 1985); otros enfatizan los estándares culturales que predisponen a las personas a actuar criminalmente bajo determinadas condiciones (por 

ejemplo, Miller 1958; Anderson 1999; Luckenbill y Doyle 1989); unos pocos identifican mecanismos lingüísticos o de otro tipo que entran en juego para ayudar a 

producir resultados criminales bajo diferentes condiciones (Sykes y Matza 1957; 

Matza 1964); y otros incluso enfatizan la medida en la cual los rasgos personales 

que predisponen al crimen, como el débil autocontrol o la agresividad, son aprendidos (Gottfredson y Hirschi 1990). Más aún, algunos argumentos sobre el aprendizaje dan prioridad a las influencias diarias interpersonales, de la familia, el barrio o la escuela (Akers 1985; Anderson 1999; Andrews y Bonta 1994; Bandura 

1977; Conger y Simons 1997); otros enfatizan los contextos subculturales (Miller 

1958; Wolfang y Ferracuti 1967); y otros pocos se centran en los entornos culturales a gran escala (Gastil 1971; Hagan et al. 1998; Matza y Sykes 1964). Finalmente, los argumentos difieren en cuanto a la atención que le prestan a condiciones que pueden activar conductas consistentes con los rasgos aprendidos, tales 

como las oportunidades y las expectativas sociales. 

Ninguna formulación sobre el aprendizaje une los diversos argumentos recién señalados. De hecho, la mayoría de las teorías basadas en el principio del 

aprendizaje se centra fundamentalmente en cómo se produce el aprendizaje, 

obviando tanto las condiciones que proveen de inputs al proceso de aprendizaje 

como aquéllas que activan respuestas aprendidas. Más allá de esto, ha existido 

más continuidad en el tema del aprendizaje que en cualquier otro tema. Esta 

continuidad se ha desarrollado principalmente en torno a un proceso causal central de refuerzo/condicionamiento. 

Ciertas líneas teóricas —utilitarista/disuasoria, enfoques psicológicos 

conductistas, elección racional y aprendizaje social— comparten la premisa básica de que las personas siempre procuran maximizar sus beneficios y recompensas y minimizar sus costes o problemas. En las teorías del aprendizaje, sin 

embargo, cuando una acción produce más recompensas que costes, se repite y 
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 7 

se dice por tanto que ha sido reforzada. A través de la repetición y el continuo 

refuerzo, los patrones de conducta son fijados y se vuelven predecibles. Y algunas veces, cuando los refuerzos son acompañados por estímulos verbales o de 

otra clase, ciertas actitudes, habilidades y valores son también aprendidos, de 

manera tal que activan entonces las conductas conectadas a ellos. Semejantes 

teorías sugieren que para explicar y predecir las conductas criminales, sólo se 

tiene que comprender el patrón y la dimensión del refuerzo a la cuál la persona 

ha sido expuesta. Pero la comprensión de las historias de refuerzo exige conocer las cosas que a un individuo lo gratifican o le causan dolor en distintos contextos. 

Varios investigadores han contribuido a esta formulación general. Sutherland 

(1924) no usó principios de refuerzo, pero Burgess y Akers (1966) mostraron que 

los planteamientos de Sutherland podían ser expresados de este modo. Glaser 

(1978, 126), intentó mostrar por qué distintas cosas tenían un valor de refuerzo, concluyendo que las «anticipaciones» sobre las conductas criminales son 

determinadas por alguna combinación de los lazos sociales de una persona, sus 

aprendizajes diferenciales y las oportunidades percibidas. Más tarde, Akers 

(1985) introdujo en el esquema del aprendizaje criminal el refuerzo modelador 

y vicario (véase Bandura 1969, 1977). Wilson y Herrnstein (1985) resaltaron que 

el aprendizaje puede estar vinculado a factores genéticamente determinados o 

a procesos biológicos. Ellos sostienen que ciertos rasgos de la personalidad, tales como la impulsividad, producen en ciertas personas una disminución de las 

consecuencias potencialmente negativas. Por otro lado, el valor de refuerzo de 

diferentes acciones y reacciones puede depender de conceptos de equidad y justicia, así como de la distribución efectiva de las recompensas y los costes en un 

determinado ambiente social. Finalmente, reconocen que un reforzador puede ser 

poderoso o débil dependiendo de cuántos otros reforzadores estén en juego. 

Aún más condiciones son añadidas por Pearson y Weiner (1985), quienes 

identificaron los elementos del proceso de desviación y mostraron cómo cada 

elemento se conecta con el refuerzo/condicionamiento. También teorizaron que 

la estructura social determina la producción y distribución de muchos de los 

componentes incorporados en el esquema del refuerzo/aprendizaje. Dado que los 

factores individuales influyen en el modo de interpretación de las variables estructurales, Pearson y Weiner plantean la conducta real como una compleja 

interacción entre condiciones individuales y estructurales que juegan sobre distintos elementos en el proceso de desviación. Sin embargo, ellos no articulan 

cómo estos elementos se combinan para producir determinados resultados bajo 

condiciones particulares. 
8 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Recientemente, Conger y Simons (1997) han utilizado el «principio de la 

correspondencia» para mostrar cómo el aprendizaje puede explicar el tiempo 

transcurrido en diversos contextos y cómo el contra-refuerzo puede subvertir los 

inputs negativos, todo ello en respuesta a diferentes contingencias asociadas con 

las diferentes etapas del ciclo vital. 

La plausibilidad general del argumento del condicionamiento/refuerzo ha sido 

establecida empíricamente (incluyendo Akers 1985; Bandura 1969), y se presenta como un claro ejemplo de desarrollo. Demuestra cómo se produce el aprendizaje y liga las condiciones externas, algunas estructurales, otras situacionales, a 

los resultados internos –los que, a su vez, se reflejan en respuestas conductuales. 

Estos desarrollos han sido excepcionalmente integradores porque los refuerzos 

pueden provenir de muchas fuentes, y la teoría explica potencialmente toda conducta criminal (y de otro tipo) a partir de la canalización de las fuerzas causales a 

través del filtro del aprendizaje. A pesar de esto, los teóricos no han incorporado 

tantos elementos adicionales como podrían. Los defectos personales que podrían 

inhibir el aprendizaje son conspicuamente escasos, tanto como lo son las referencias a la frustración y al control social, que en algunos casos podrían fortalecer el 

aprendizaje y en otros inhibirlo; también lo son las referencias a la desorganización comunitaria que podría producir una enseñanza ineficaz. Más aún, la teoría 

del aprendizaje consiste hoy en una plétora de segmentos enfatizados por diferentes 

investigadores. El ordenamiento de todas estas piezas en un sistema coherente y 

completo está aún pendiente de hacerse. 

La tendencia a la integración de las teorías del aprendizaje se refleja en la 

adopción de sus principios por teóricos no directamente preocupados por el 

aprendizaje. El aprendizaje —ya sea en términos de refuerzo o no— ha sido incorporado en gran parte de los intentos de construir teoría. Por ejemplo, incluso la teoría de la anomia de Merton (1938, 1957), que enfatiza la frustración que 

nace de las tensiones a nivel social entre los objetivos culturalmente alentados 

y los medios disponibles para alcanzarlos, presupone que las personas aprenden 

las expectativas culturales de éxito y que sus específicas adaptaciones a las discrepancias entre objetivos y medios son, en alguna medida, influenciadas por lo 

que ellas han aprendido. 

Frustración/privación 

El tema de la frustración / privación es muy antiguo (Bonger 1916), pero 

adquirió particular prominencia durante los años 1940 y 1950 y recientemente 

ha ganado un renovado vigor con su reformulación y expansión (Adler y Laufer 
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 9 

1995; Agnew 1992, 1999; Messner y Rosenfeld 1997). Aplicado a los individuos, 

se refiere al efecto de experiencias o circunstancias de preocupación, privación 

y frustración. Cuando los individuos experimentan problemas como el fracaso 

social, la pérdida de cosas positivamente valoradas, el abuso o la extrema pobreza (Agnew 1992, 1999; Merton 1938, 1957), teóricamente buscan alivio o se 

enfurecen (por ejemplo, Baron y Hartnagel 1997; Bernard 1990). La conducta 

criminal es uno de los vehículos para aliviar semejante angustia o para expresar la emoción ligada a ésta. 

Los teóricos han identificado las condiciones que potencialmente producen 

frustración en diferentes personas, así como los más importantes contextos en 

los que la frustración se produce, y han explicado cuándo y por qué la frustración o la privación conduce al crimen. Se han centrado en la frustración y la privación emocional en las relaciones interpersonales (Broidy y Agnew 1997; 

Matsueda y Heimer 1997); el estrés producido por las expectativas sociales y 

culturales (Greenberg 1981a, 1981b; Merton 1938, 1957); la frustración por fracaso o pérdida (Agnew 1992); la frustración derivada del control y la regulación 

(Brehm y Brehm 1981; Tittle 1995); y la frustración por privación material, social y psicológica (Bernard 1990; Kovandic, Vieraitis, y Yeisley 1998). Más aún, 

algunos ven los contextos inmediatos como principales (Cohen 1995), mientras 

otros se centran en los ámbitos más amplios (Merton 1938, 1957; Messner y 

Rosenfeld [1994] 1997; Short 2000). 

Los teóricos no han aclarado si la frustración predispone a la persona para la 

conducta criminal que debe ser activada por elementos específicos o si aquélla 

directamente genera las conductas ilegales. Más aún, las hipótesis de la frustración tienen sustentos empíricos mixtos (véase Agnew 1997; Clinard 1964; Fowles 

y Merva 1996). La asociación entre algunas clases de privación y crimen parece 

estar bien establecida (Hagan 1997; Short 1997), sin embargo, y en parte por ello 

mismo, este tema ha sido particularmente popular entre los activistas. Pensadores críticos, radicales, feministas y humanistas han identificado muchas condiciones consideradas injustas, productoras de privaciones y conductas criminales. Entre 

ellas incluyen el capitalismo, la desigual distribución de la riqueza, la pobreza 

absoluta, el patriarcado, las jerarquías de poder, el racismo, el sexismo, el abuso 

o la negligencia parental, el desempleo y la ausencia de amor. Las teorías, sin 

embargo, no han mostrado plenamente cómo, por qué y bajo qué condiciones estas condiciones de privación causan o contribuyen al crimen. 

La más completa y mejor articulada teoría de la frustración/privación es la 

formulada por Agnew (1992, 1997, 1999). Ésta desarrolla razonamientos previos, en primer lugar identificando numerosas fuentes de la frustración. Más allá 

de las inconsistencias estructurales discutidas por Merton (1938, 1957), esta teo­
10 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

ría incluye entre las condiciones generadoras de frustración relaciones negativas con los otros. Estas relaciones negativas pueden surgir cuando una persona 

bloquea las metas de otra, pone en peligro cosas valiosas o es responsable de 

estímulos nocivos para el individuo. La frustración puede también resultar de 

condiciones físicas insatisfactorias, ya sean personales o ambientales. Todas estas 

diferentes clases de frustración pueden estimular emociones negativas, tales 

como enojo, depresión o ansiedad, que pueden entonces ser gestionadas por vías 

tanto convencionales como desviadas. 

La descripción de Agnew asume que los individuos frustrados quieren aliviar su frustración o superar las emociones que provoca. La conducta criminal 

puede hacerlo pero no es la única opción. De las tres maneras de manejar la frustración —cognitiva, emocional y conductual— sólo la última involucra la posibilidad del crimen. En el manejo cognitivo la persona logra mentalmente 

reinterpretar los inputs de frustración. En el manejo emocional la persona alivia el malestar generado por la frustración o los sentimientos que ella produce. 

En el manejo conductual, uno realmente trata de liberarse del elemento que frustra o trata de adaptarse a él. Casi todos los individuos superan la mayor parte del 

tiempo la frustración o las emociones negativas por medios no criminales. Bajo 

ciertas condiciones, sin embargo, la gestión de la misma toma la forma de una 

conducta criminal. 

La teoría general de la frustración procura identificar las condiciones que pueden llevar de la frustración al crimen. Semejante categoría involucra aspectos de 

la frustración misma: su magnitud, cuán reciente es, cuánto tiempo ha durado y 

la medida en la cual convergen los diferentes estímulos de frustración. Pero la teoría también enfatiza la acumulación de frustraciones irresueltas, así como el balance relativo de factores positivos y negativos en la vida de una persona. 

Las condiciones que afectan la clase de gestión que una persona frustrada utiliza ayuda a determinar los resultados criminales o no criminales. Los estilos de 

gestión reflejan la personalidad, la historia de aprendizaje y otras características 

de los individuos, tanto como la clase de apoyo social disponible. La forma específica que adquiere la gestión en circunstancias particulares depende en parte de 

cuán difícil o costoso es el manejo desviado, y en parte de los estímulos culturales o sociales hacia el manejo desviado, particularmente de los pares. 

Dado que tantos factores pueden afectar a la frustración, la teoría ha sido 

extraordinariamente integradora. El tema de la frustración es incorporado por 

muchas teorías no directamente centradas en la frustración, a pesar de que este 

tema es menos constante que el tema del aprendizaje. Por ejemplo, las teorías 

acerca de los defectos personales frecuentemente sugieren que las deficiencias 

individuales entran en juego centralmente bajo circunstancias estresantes (Raine 
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 11 

1993). Los argumentos del etiquetamiento presentan las crisis del propio yo 

como estímulos para el cambio de identidad (Gove 1980; Payne 1973). Incluso 

las teorías del aprendizaje —especialmente las subculturales (Cohen 1955; Miller 

1958)— con frecuencia interpretan las respuestas conductuales, que eventualmente son compartidas y asimiladas por todos los que se encuentran en circunstancias similares, como reacciones a la frustración. Dado que las teorías de la 

frustración se superponen con otras teorías, es razonable imaginar que todas se 

beneficiarían con una integración explícita. 

Identidad 

Un cuarto motivo de explicación de las diferencias individuales en el crimen 

se centra en la formación, el mantenimiento y el cambio en las identidades personales. Si bien enraizado en el interaccionismo simbólico que había emergido 

antes, este tema fue particularmente prominente en los 1960 y 1970, principalmente por la popularidad del enfoque del «etiquetamiento» (véase Gove 1980). Esta 

teoría consta en realidad de dos partes, una enfocada en la aplicación de las reglas 

y la otra en las reacciones frente al haber sido objeto del control social. Quizás la 

teoría del etiquetamiento es mejor conocida por sugerir que la desviación es problemática y negociable; y por su afirmación, compartida con las teorías del conflicto, de que aquéllos que no tienen poder ni recursos son más fácilmente procesados y estigmatizados oficialmente. Sin embargo, también estimuló muchas 

reflexiones sobre las consecuencias que para los individuos tiene el haber sido legalmente procesados, y una de esas consecuencias se refiere a las identidades. Más 

tarde, debido a que acumuló respuestas desfavorables (por ejemplo, Gibbs 1966; 

Wellford 1975), la influencia de la teoría del etiquetamiento declinó, junto con el 

tema de la identidad en general. Sin embargo, persiste todavía un interés por el 

vínculo de la auto-desviación (Jang y Thornberry 1998; Matsueda 1992; 

Paternoster e Iovanni 1989) y, si bien el etiquetamiento es aún la versión mejor 

conocida del tema de la identidad, las modernas formulaciones de esta cuestión 

son más intrincadas y sofisticadas (Matsueda 1992). 

Todas estas teorías explican la conducta criminal como una consecuencia de 

la búsqueda de autoconceptos significativos. El crimen a veces refleja una pobre autoestima, y otras veces es una forma de sobrellevar actitudes negativas 

hacia sí mismo (por ejemplo, Kaplan 1975, 1980; Rosenberg y Rosenberg 1978). 

Por otro lado, la conducta criminal ha sido interpretada como una forma de lograr y mantener una identidad prestigiosa (Katz 1988), o como una adaptación 

a una identidad estigmatizada (Becker 1963; Lofland, 1969). El sí mismo es re­
12 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

presentado como dependiente de las reacciones y apreciaciones de los demás, 

y los conceptos prácticos sobre el sí mismo se consideran cruciales para el bienestar psicológico. De esta manera, el desarrollo y sostenimiento de conceptos 

sobre sí mismo son motivadores claves de la conducta, incluyendo el crimen. 

Las expresiones teóricas recientes representan la culminación de una larga 

tendencia hacia la mejora de las teorías que enfatizan la identidad (Heimer y 

Matsueda 1994; Kaplan 1995; Matsueda y Heimer 1997). Los diferentes elementos del tema de la identidad han sido probablemente puestos en relación de modo 

más completo en la descripción del autodesprecio de Kaplan (1980, 1995). De 

acuerdo con este enfoque, los seres humanos están motivados a maximizar las 

actitudes positivas sobre el sí mismo y eludir aquellas negativas. La teoría esboza las influencias fundamentales sobre la dirección y magnitud de las evaluaciones personales, así como también las condiciones previas que las afectan. 

Cuando estas influencias producen auto-evaluaciones negativas, el compromiso de las personas con el sistema normativo en el cual se encuentran radicadas 

se debilita, y, por ende, se motivan para violar sus reglas. El impulso hacia la 

conducta criminal proviene por lo tanto de una combinación de ausencia o debilitación del deseo de actuar conforme a las normas de un contexto social adverso y de la apertura de posibilidades que podrían mejorar la autoestima personal. 

Algunas malas conductas —como el conflicto interpersonal, que no es necesariamente criminal— le permiten a un individuo autodespectivo eludir a las 

personas y circunstancias que podrían reforzar cualquier sentimiento negativo 

sobre sí mismo (elusión). Los actos criminales tales como la violencia, el vandalismo o el robo representan ataques directos a las fuentes de los inputs negativos y le permiten al individuo autodespectivo expresar desprecio por, y rechazo a, la red de normas que colaboran para producir los sentimientos negativos 

sobre sí mismo. Finalmente, algunas formas de delincuencia, como las peleas 

de pandillas o la venta de drogas, reflejan un compromiso con aquéllos cuyas 

normas contradicen las que contribuyen a producir en la persona actitudes negativas hacia sí misma; y las conductas delincuentes nacen de un esfuerzo por 

encontrar redes alternativas que sean capaces de proveer una espiral de 

autoafirmación. Algunas sustituciones de redes involucran nuevos contextos que 

son inherentemente criminales, como los grupos revolucionarios, mientras otras 

producen indirectamente conductas criminales, a medida que el individuo prueba 

diferentes métodos para complacer al grupo sustituto. 

Las teorías del propio yo sostienen que el crimen es útil para quien lo perpetra, no por los resultados directos del crimen, sino porque éste aumenta potencialmente la autoestima o confirma los conceptos sobre el propio yo. Sin 
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 13 

embargo, cuando una persona trata de mejorar la imagen de sí misma a través 

del crimen, semejante intento puede no funcionar para nada o incluso ser contraproducente. Si determinados actos criminales producen los efectos esperados, 

un individuo probablemente continuará realizándolos. Si por el contrario un determinado delito fracasa en la resolución de los problemas de una persona, es 

probable que intente realizar otro tipo de mala conducta. 

Kaplan señala que el hecho de que la mala conducta ayude o no a resolver 

problemas de actitud hacia sí mismo depende de una cierta cantidad de condiciones, que incluyen la severidad y certeza del castigo (que puede exacerbar la 

situación), la naturaleza del acto criminal en sí mismo (algunos actos criminales pueden hacer que uno pierda incluso más autoestima y pueden modificar el 

modo en el que los otros reaccionan) y las diferentes características de las personas (tales como su percepción precisa y sus consideraciones morales). 

El tema del propio yo ha llamado intuitivamente la atención de muchos 

criminólogos. Incluso goza de cierto sustento empírico, aun cuando existen evidencias en contra (por ejemplo, Jang y Thornberry 1998; Kaplan 1978; Heimer 

y Matsueda 1994; Rosenberg, Schooler y Schoenbach 1989; Wells y Rankin 

1983). En su formulación completa, la teoría del propio yo puede explicar potencialmente casi toda forma de crimen, delincuencia o desviación. Además, a 

pesar de que esas teorías enfatizan las motivaciones desviadas, identifican también un cierto número de fuerzas causales. Sin embargo, persiste una cierta cantidad de cuestiones centrales que podrían ser abordadas sólo si las teorías del 

propio yo se adaptaran a otros procesos teóricos, como el de la frustración general, el aprendizaje y el control social. Todavía no queda totalmente claro por 

qué y cómo la búsqueda de identidad deriva en definiciones del propio yo que 

resultan en conductas criminales. Las fuerzas situacionales que activan las conductas desviadas tampoco están completamente desarrolladas y la convergencia 

de los fenómenos del sí mismo con otras variables, tales como el miedo a la sanción, las oportunidades de desviación, o los sentimientos morales, podrían ser 

especificados más detalladamente tomando elementos de otras teorías. 

Elección racional 

El quinto gran tema que explica las diferencias individuales es tan viejo 

como la Criminología (Beccaria [1764] 1963; Bentham [1780] 1948). La idea 

de la elección racional —de que la gente pondera los potenciales beneficios frente a los posibles costes y decide racionalmente si cometer crímenes o no— gozó 

de poca fama entre los criminólogos en la mayor parte del siglo veinte. Pero a 
14 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

partir de una ola iniciada hacia fines de 1960 y principios de 1970 (Andenaes 

1974; Becker 1968; Chambliss 1967; Zimring y Hawkins 1973), las teorías sobre la elección racional y las conductas criminales se han ido desarrollando a 

paso firme (por ejemplo, Cornish y Clarke 1986; Geerken y Gove 1975; 

Grasmick y Bursik 1990; Stafford y Warr 1993). A su vez, la noción básica de 

la ponderación coste-beneficio se ha incorporado a muchas otras explicaciones 

centradas en otros de los temas discutidos en este ensayo. Por ejemplo, la teoría del auto-desprecio de Kaplan (1980) especifica que las posibilidades de ser 

detectado y castigado afectan al hecho de si el crimen es una opción viable para 

aquéllos que buscan mejorar su autoestima, y el esquema de la frustración general de Agnew (1992) identifica la amenaza legal como una contingencia que 

afecta a la dirección que toma la solución a los problemas de frustración. 

Mas allá de la vasta teorización, de la ubicuidad de las ideas de la elección 

racional, y del mucho trabajo empírico (con resultados variados) (incluyendo a 

Bailey 1998; Foglia 1997; Weisburd y Chayet 1995), este tema no ha dado lugar a una síntesis teórica definitiva. Actualmente se presenta como una amplia 

colección de principios fundados en tres proposiciones básicas, a veces designadas con el nombre de «doctrina de la disuasión» (Gibbs 1975). Esta doctrina 

sostiene que las personas procuran maximizar su placer (beneficios, recompensas) y minimizar su dolor (costes, desventajas) por lo cual la probabilidad de una 

conducta criminal varía en la medida en la que sus beneficios exceden a los costes que ella supone. En términos simples, el esquema representa a los individuos 

como autómatas con calculadoras en sus cabezas. Ellos constantemente medirían los costes y beneficios de las diferentes acciones potenciales, eligiendo las 

que prometerían la mayor cuota de beneficio y evitando aquéllas que mostrarían 

más costes que beneficios. 

Tradicionalmente se identifican tres contingencias en este proceso: certeza 

(la probabilidad del coste o la ganancia), severidad (la magnitud del coste potencial), y celeridad (la rapidez con la que los costes serán pagados). Dado que 

la mayoría de los investigadores se han centrado en los costes, suponiendo que 

el beneficio potencial es una constante de persona en persona y de situación en 

situación, el pensamiento «vulgar» de la disuasión define el crimen como una 

función resultado de la suma de la certeza, la severidad y la celeridad del castigo. Las explicaciones contemporáneas, no obstante, describen el proceso con 

menor exhaustividad (por ejemplo, Johnson y Payne 1986; Lattimore y Witte 

1986; Tallman y Gray 1990), identificando cuatro categorías amplias de variables que interfieren en el proceso básico de elección racional e influyen en la 

evaluación y respuesta frente a las consecuencias negativas: 
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 15 

• las características de los potenciales resultados 

• las variaciones en la organización psíquica de los individuos 

• los atributos individuales 

• las variaciones situacionales 

Las influencias más obvias se vinculan con la naturaleza de las consecuencias negativas. Además de la certeza, la severidad y la celeridad —que actualmente algunos piensan que deben ser consideradas interactiva más que 

agregativamente—, las características del resultado presumiblemente son afectadas, central o exclusivamente, por evaluaciones subjetivas más que objetivas. 

Por otro lado, resulta crucial la fuente de las malas consecuencias, ya sean las 

personas importantes para el potencial transgresor, ya sean las autoridades formales e impersonales. Finalmente, las consecuencias tienen diferentes efectos, 

en función de las secuencias y los tipos de consecuencias. Las recompensas o 

los costes, por ejemplo, pueden tener efectos acumulativos o pueden perder eficacia debido a una saturación. 

La organización psíquica se vincula a aquello que los individuos interpretan como recompensas y como costes, así como a las variaciones en las habilidades de percibir y los modos de procesar la información. Algunos experimentan como beneficiosas aquellas reacciones que se generan como un castigo; 

además, las personas difieren en cuán detalladamente perciben la probabilidad 

de las diferentes consecuencias. Más aun, las personas pueden realizar elecciones irracionales a causa de una información errónea, porque no poseen la habilidad de manipular correctamente las probabilidades o porque sobrevaloran 

inputs recientes o personalmente conmovedores (Cherniak 1986; Kahneman, 

Slovic y Tversky 1982; pero véase también Koehler 1996). 

Los pensadores contemporáneos resaltan también que la factibilidad de una 

elección racional varía en función de atributos personales tales como la personalidad, los compromisos morales y los diferentes rasgos demográficos (Grasmick 

y Bursik 1990; Tittle 1980; Zimring y Hawkins 1973). La impulsividad, la tendencia a tomar riesgos y la inteligencia, todos estos factores afectan al proceso y, teóricamente, existen diferencias en los sentimientos morales que tornan algunas cosas 

más costosas y menos beneficiosas. A su vez, los individuos se diferencian en función de sus compromisos emocionales con ciertas conductas (Chambliss 1967). 

También existen razones para suponer que existen diferencias de género en la ponderación de los costes y beneficios, así como variaciones en función de la edad, 

siendo los jóvenes, probablemente, menos sensibles a los costes y más sensibles 

a las recompensas. Finalmente, estas teorías apuntan hacia una disparidad en la 

disuasión entre grupos culturales en función de la raza, la etnicidad, la región, la 

religión y el estatus marital o familiar. En general, aquéllos con mayores respon­
16 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

sabilidades sociales presumiblemente anticipan mayores costes potenciales de una 

conducta criminal, mientras que los desafortunados presumiblemente temen menos los costes y aprecian más las potenciales recompensas. 

Las contingencias situacionales —tales como el tipo de crimen, las percepciones compartidas, la oportunidad, la influencia de los modelos de rol y de las 

audiencias y la confianza social— son teorizadas como un aspecto que afecta al 

proceso de toma de decisiones. Ciertas conductas, como el uso de drogas 

adictivas, son tan compulsivas que frente a ellas el pensamiento racional se desvanece. A veces, ciertos grupos se estimulan mutuamente y comparten percepciones erróneas, ya sea sobre las recompensas que pueden obtener de una conducta ilegal, ya sea sobre sus costes potenciales. Otras veces, los procesos 

grupales transforman los posibles costes en injusticias que incitan a ser desafiadas. Otras, las personas siguen modelos de rol sin ponderar personalmente los 

costes y beneficios y, cuando las personas están estrechamente ligadas a sus pares, el deseo de complacerlos, de demostrar coraje, o de proteger su prestigio 

(Short, 1963) puede alejarlos de la racionalidad. Otras variables situacionales o 

procesales entran en juego en ciertos casos (Birkbeck y LaFree 1993; Luckenbill 

1977; Strodtbeck y Short 1964). Por consiguiente, son frecuentes las conductas 

espontáneas. Las respuestas a la provocativa «acción precipitada de la víctima» 

han sido bien estudiadas y las secuencias de interacción parecen tener su propia lógica, que no necesariamente se corresponde con los conceptos convencionales de racionalidad. 

En su conjunto, entonces, la teoría utilitarista/disuasiva se compone de un 

único principio organizador —el balance de los costes y beneficios— y de una 

gran cantidad de contingencias que pueden entrar en juego. Desafortunadamente, 

esta colección de miradas no ha sido aún integrada en una teoría general sintética y coherente que muestre cómo y por qué todas ellas pueden reunirse. Cuando 

semejante integración se realice, no hay duda de que muchas otras teorías 

criminológicas serán utilizadas. Por ejemplo, la frustración puede afectar al hecho de que las personas piensen o no racionalmente y las teorizaciones sobre la 

identidad pueden ayudar a explicar tomas de decisión aparentemente irracionales. 

Control/integración 

El tema final que explica la conducta criminal individual hace hincapié en los 

efectos inhibitorios que puede tener la integración social o psicológica con otros 

cuya potencial respuesta negativa, vigilancia o expectativas, regula o constriñe los 

impulsos criminales. Este tema fue enunciado por primera vez por Durkheim 
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 17 

([1893] 1933, [1895] 1951) y, como veremos posteriormente, ha sido importante 

en las teorías sobre la comunidad, la ciudad, y las diferencias sociales en las tasas de criminalidad. También ha sido un foco importante para las teorías que explican por qué algunos individuos son más propensos al crimen que otros. Probablemente más que cualquier otro, este tema ha mantenido una sostenida influencia 

en la Criminología. Su popularidad puede derivar de la presentación extraordinariamente clara de su razonamiento teórico por parte de Hirschi (1969), cuyo trabajo ejemplifica las teorías del control social de casi tres décadas. 

Hirschi capturó los argumentos de un conjunto de teóricos cuando especificó que aquellas personas con fuertes lazos con grupos sociales convencionales o instituciones son menos propensas a violar la ley porque tienen menos libertad para hacerlo (Horwitz 1990). De acuerdo a su síntesis, la libertad proviene 

de cuatro fuentes: 

•	 La ausencia de preocupación sobre las otras personas y lo que ellas piensan o pueden hacer en respuesta a una conducta desviada (por ejemplo, 

Felson 1986; Freudenburg 1986; Reiss 1951). 

•	 El no compartir creencias morales con otros (Braithwaite 1989; Hirschi 

1969; Nye 1958). 

•	 Las inversiones limitadas de tiempo y energía en tratar de obtener metas 

convencionales que pueden ser puestas en peligro por las malas conductas (Toby 1957). 

•	 El no estar involucrado en actividades convencionales que consumen tiempo y energía (Hirschi 1969; Reiss 1951; Toby 1957). 

Aunque Hirschi no haya llamado la atención sobre este punto, las personas 

pueden también liberarse de cometer un crimen en función de circunstancias 

situacionales que evitan que las malas conductas sean vistas por otros o que hacen improbable que el ofensor sea reconocido por alguien que pueda hacer algo 

al respecto (Simmel [1903] 1971; Wirth [1938] 1969). 

Las teorías del control generalmente ignoran las motivaciones, o la fuerza 

de las motivaciones, en la conducta criminal, asumiendo que todos están lo suficientemente inclinados al crimen como para que sea necesario tratar dicha cuestión como una variable aparte. Algunos conciben los distintos grados de motivación como una contingencia importante, pero generalmente no especifican 

cuán fuerte debe ser la motivación respecto a los diferentes grados de obligación 

para que el crimen se produzca. Claramente, este es un aspecto de la teoría que 

se beneficiaría con la incorporación de argumentos causales de otras teorías sobre la motivación criminal. A su vez, muchas de las teorías alrededor de este 

tema se centran exclusivamente en el proceso central de control, olvidando las 

contingencias que pueden entrar en juego. 
18 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Existe suficiente sustento empírico con respecto a la noción general como 

para otorgarle plausibilidad (Kempf 1993), y las formulaciones modernas van 

más allá del establecimiento de principios generales de control. Braithwaite 

(1989), por ejemplo, teoriza sobre las combinaciones de condiciones que afectan al control social, e integra un amplio rango de fuerzas causales. Su teoría 

analiza el control informal que es posibilitado por la integración social y explica la variación en las tasas de criminalidad de una unidad social a otra, así como 

las diferencias en el crimen entre individuos. Aquí estamos preocupados por la 

explicación de las diferencias entre individuos que se atribuyen a las variaciones en la integración (interdependencia). La integración personal eleva las posibilidades de que los individuos sean disuadidos del crimen en función de que 

ellos anticipan una vergüenza emocionalmente dolorosa. 

Un proceso clave que subyace tanto en la interdependencia como en la 

disuasión es el rumor. Teóricamente, el rumor cristaliza las normas, especialmente aquéllas que pueden no entrar en juego muy frecuentemente en las experiencias personales de los individuos; a su vez, enuncia las potenciales consecuencias para sus violadores. La participación en el rumor, entonces, fortalece 

simultáneamente el compromiso con la norma, refuerza la conciencia y genera 

la alerta de que la mala conducta es seguida de la desaprobación social. A pesar de que se representa la vergüenza potencial como el principal mecanismo 

disuasivo de las conductas criminales en el comienzo, sus efectos sobre aquéllos que persisten y avanzan en la violación de la ley dependen de si a ellos se 

les presentan oportunidades de una redención posterior. La vergüenza asociada 

a un potencial de reunificación con el grupo es «reintegradora»; aquélla que es 

acompañada por un estigma permanente es «desintegradora». La vergüenza 

reintegradora desalienta la reincidencia reforzando los lazos sociales y debilita 

la llamada de las subculturas criminales. La vergüenza estigmatizante, por su 

parte, fortalece las subculturas criminales y eleva las tasas de reincidencia. 

La teoría especifica una gran cantidad de influencias sobre la interdependencia, las reacciones al crimen y la exposición a subculturas criminales. También 

analiza cómo las diferentes combinaciones de estas condiciones afectan a las 

probabilidades de que se produzcan conductas criminales individuales. Además, 

esta teoría se fundamenta en la teoría de la anomia para explicar por qué las 

subculturas criminales son posibles en sociedades donde ciertos segmentos de 

la población tienen sistemáticamente bloqueado el acceso a las oportunidades 

legítimas. Por tanto, esta formulación genera una perspectiva original sobre el 

rumor y la vergüenza y sintetiza los efectos causales de muchos de los temas ya 

discutidos. 
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 19 

TEORÍAS PARA EXPLICAR LOS CAMBIOS EN EL CICLO VITAL 

A pesar de que el grueso del trabajo teórico se ha centrado en las diferencias entre los individuos, los criminólogos han comenzado recientemente a centrarse en la propensión a la criminalidad y sus variaciones a lo largo de la vida 

(por ejemplo, Blumstein et al. 1986; Laub y Sampson 1993; Loeber y Le Blanc 

1990; Thornberry 1997b; Sampson y Laub 1993). Los problemas del desarrollo 

individual siempre fueron objeto de preocupación por parte de ciertos 

criminólogos, pero no fue sino hasta mediados de 1980 con la publicación del 

trabajo de Hirschi y Gottfredson (1983) sobre la edad y el crimen, así como el 

volumen de Blumstein et al. (1986) sobre las carreras criminales, cuando los 

cambios y continuidades en el ciclo vital concitaron una amplia atención. Hirschi 

y Gottfredson sostenían que existe un patrón invariable de compromiso criminal por edad que varía escasamente de persona a persona, mientras que Blumstein 

y sus colegas argumentaban que la marcadas diferencias individuales que existen en las tasas de comisión de delitos no siguen necesariamente la curva del 

agregado típico edad-crimen. Blumstein et al. y otros (Blumstein, Cohen, y 

Farrington 1988; Loeber y Le Blanc 1990) identificaron una cantidad de 

parámetros sobre la comisión de delitos en el ciclo vital —como la edad de inicio, las tasas de delincuencia en períodos diferentes, la extensión de las carreras criminales— pero ni ellos ni tampoco Hirschi y Gottfredson formularon explicaciones al respecto. De hecho, Hirschi y Gottfredson sostuvieron que 

semejante explicación era innecesaria e imposible. 

Se realizaron algunos intentos de utilizar principios explicativos propios de 

las teorías sobre las diferencias individuales para explicar los patrones en el curso 

del ciclo vital. A pesar del reconocimiento de que la relación del agregado edadcrimen se asemeja a una curva del tipo de una «J» invertida, las principales generalizaciones sostuvieron que las malas conductas individuales tienden a ser 

continuas desde la niñez a la adultez, y que las conductas ilegales y las respuestas 

sociales a éstas tiene efectos recíprocos (por ejemplo, Sampson y Laub 1992; 

Tittle 1988; Thornberry 1997a). Rápidamente, sin embargo, emergieron intentos más sistemáticos de explicar los problemas del desarrollo individual. 

Teoría de las dos trayectorias 

El enfoque más innovador de las relaciones entre la edad y el crimen, y los 

patrones en el curso de la vida (Moffitt 1993) ya ha sido descrito. Recordemos 

que la teoría de las dos trayectorias de Moffitt sostiene que, como resultado de 
20 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

déficits neuropsicológicos, algunas personas tienen patrones más o menos constantes de mala conducta a lo largo de su vida. Otros atraviesan etapas limitadas 

de sus vidas en las que tienen altas posibilidades de delinquir, principalmente 

en los años de su adolescencia. Los delitos, en este segundo grupo, son en parte 

una consecuencia de desventajas estructurales. Los adolescentes comienzan a 

desear la autonomía de los adultos pero están impedidos de alcanzarla legítimamente debido a la naturaleza de la sociedad moderna. En dicho momento, los 

adolescentes son presumiblemente influidos por infractores contumaces que ya 

son autónomos. Más tarde, los infractores limitados a la adolescencia ganan legítimamente su autonomía y se dan cuenta de que los costes de las malas conductas son demasiado grandes. De esta forma, esta teoría combina ideas sobre 

los problemas personales evidenciados en la niñez temprana con ideas sobre la 

ansiedad de status de los adolescentes (Greenberg 1981a; Sebald 1992) a fin de 

explicar ambas trayectorias vitales. 

La teoría de las dos trayectorias posee cierto sustento empírico (Moffitt 1997), 

aunque la hipótesis crucial de la imitación no ha sido confirmada. Sin embargo, esta 

teoría no explica otros patrones posibles del ciclo vital, como el de los jóvenes sin 

déficits neuropsicológicos que se desvían de las trayectorias típicas que la mayoría 

de los adolescentes toman o el de individuos neuropsicológicamente deficitarios que 

sin embargo se inscriben en los patrones convencionales. Para explicarlos, la teoría 

tendrá probablemente que incorporar elementos causales adicionales. 

La teoría de la gradación por la edad 

Una descripción más detallada de las variaciones en el curso de la vida ha 

sido provista por Sampson y Laub (1993, 1997), quienes introdujeron en la discusión de los problemas del desarrollo individual ideas sobre el control social 

informal. Esta teoría enfatiza que los patrones de las carreras criminales son fundamentalmente una consecuencia de la naturaleza y la calidad de los lazos sociales de un individuo, y de la forma en la que aquéllos se vinculan con, y ayudan a crear, puntos de inflexión en el curso de la vida. Para Laub y Sampson 

(1993), el curso de la vida es un conjunto probabilístico de vínculos. Como 

Moffitt, sostienen que las personas difieren en el capital humano y social inicial, 

el cual puede influir en los patrones de desarrollo hasta, y a lo largo de, la 

adultez. Sin embargo, pueden darse giros favorables o contrarios a la conducta 

criminal cuando las transiciones de roles y los nuevos ambientes llevan a inversiones o desinversiones sociales o bien hacia la adquisición o pérdida de capital social en relaciones institucionales. 
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 21 

Por ejemplo, alguien con un historial delictivo puede sin embargo volverse 

conformista en función de un buen matrimonio que ligue al individuo a redes de 

obligación y cuidado (no sólo el matrimonio per se), o como resultado de un 

empleo estable y significativo. Por el contrario, aquéllos que tienen una historia de conformidad pueden cometer delitos en respuesta a eventos y circunstancias que erosionen los lazos sociales anteriormente contenedores. Estas condiciones pueden incluir largos períodos de separación del hogar y la familia, o 

prolongados períodos de desempleo. Las continuidades y los cambios a lo largo de la vida resultan de intersecciones episódicas del capital social y cultural 

con la suerte y el azar. Son también importantes las confluencias de circunstancias objetivas e interpretaciones subjetivas de lo que esas circunstancias significan, al igual que las distribuciones de oportunidades a nivel macro, tanto criminales como conformistas, los cuales pueden variar históricamente, así como 

con la raza y la clase. 

Esta formulación es lo suficientemente amplia como para incluir los argumentos de Moffitt, así como ideas previas relevantes respecto a las variaciones en el 

curso de la vida. De hecho, estos autores han mostrado cómo la misma conjuga 

numerosas ideas actuales en Criminología. A pesar de su amplio alcance, la teoría de la gradación por edad no integra explícitamente todas las variables necesarias para especificar todas las condiciones interactivas que son relevantes. 

Otras teorías 

En los últimos años han aparecido otros intentos de identificar las causas de 

las transiciones o de la estabilidad a lo largo de la vida. Y, actualmente, la mayor parte de los teóricos más importantes de las diferencias individuales trata de 

mostrar cómo los procesos explicativos de sus teorías específicas pueden ser 

aplicados a las variaciones en el ciclo vital (Thornberry 1997b). Por ejemplo, la 

paternidad ha sido identificada como uno de los vínculos centrales (Simons et 

al. 1998) y, siguiendo a Laub y Sampson, diferentes teóricos han mostrado cómo, 

de maneras diversas, la pérdida o ganancia de capital social y cultural puede ser 

un vínculo clave entre las diferentes etapas y transiciones del desarrollo individual (Matsueda y Heimer 1997; Nagin y Paternoster 1994; Sampson y Laub 

1997). La mayor parte de estas formulaciones ampliadas también reúne aspectos de las diferentes teorías de las variaciones individuales. Con este mismo espíritu, Le Blanc (1997) identificó un amplio rango de variables que se combinan en distintos niveles y de diferentes formas afectando a las diferencias 

individuales y a las variaciones en el curso de la vida. 
22 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Aunque algunos discrepan (Gottfredson y Hirschi 1986, 1990), ciertas tendencias recientes sugieren que las teorías de la conducta criminal deben en la 

actualidad hacer algo más que explicar las diferencias entre los individuos. Deberían también explicar por qué la conducta delictiva es más probable en diferentes momentos de la vida, así como el modo en el que esos patrones difieren 

entre individuos y en diferentes contextos sociales. Semejantes esfuerzos requerirán, sin duda, nuevas aplicaciones de los principios hoy encerrados en las teorías de las diferencias individuales en la comisión de delitos, una fertilización 

cruzada adicional entre las teorías existentes y, probablemente, algunas ideas 

innovadoras sobre el curso de la vida en sí mismo. 

TEORÍAS PARA EXPLICAR LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CRIMINALIDAD 

Una tercera línea de teorización importante en Criminología trata de explicar por qué las tasas de criminalidad varían de sociedad en sociedad o entre unidades sociales como las ciudades o las comunidades. En términos generales, 

estas teorías pueden dividirse en tres categorías: 

•	 Aquéllas que se centran exclusivamente en los fenómenos y procesos de 

nivel macro (exclusivas). 

•	 Aquéllas que se aplican al nivel macro pero tienen reflejos a nivel individual (mixtas). 

•	 Aquéllas que simplemente reifican principios explicativos del nivel individual para la explicación de los agregados (reificadas). 

Temas exclusivamente de nivel macro 

Desorganización social/integración 

A pesar de que la mayor parte de los primeros criminólogos (Beccaria [1764] 

1963; Bentham [1780] 1948; Lombroso 1876, 1878-96) trataron de explicar por 

qué los individuos cometen crímenes, la Criminología en los Estados Unidos está 

enraizada en los estudios de los asentamientos y las comunidades urbanas. Los 

investigadores de la Universidad de Chicago en la primera parte del siglo veinte estaban interesados en por qué las ciudades tenían tasas de criminalidad más 

altas que los lugares más pequeños y por qué ciertos barrios y comunidades en 

esas ciudades persistentemente presentaban tasas de criminalidad y delincuencia más altas que otros. Basándose en los trabajos anteriores de Durkheim 
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 23 

([1893] 1933), Toennies ([1887] 1957) y Simmel ([1903] 1971), así como en los 

trabajos de los teóricos de la ecología humana (Hawley 1984), Wirth ([1938] 

1969) y Shaw y McKay (1969) formularon una teoría básica que enfatizaba los 

niveles colectivos del control social. 

Sostenían que en las ciudades había más criminalidad (y otras «patologías») 

que en sitios más pequeños y restringidos porque las grandes cantidades, la heterogeneidad y los rápidos movimientos y traslados de población hacen difícil 

el hecho de que las personas puedan establecer relaciones estrechas capaces de 

refrenar las malas conductas. Las tasas de criminalidad de los barrios y las comunidades dentro de las ciudades también fueron teorizadas como un reflejo de 

las variaciones en la ciudad en cuanto a la heterogeneidad y el movimiento de 

la población, sin embargo, el deterioro económico fue sustituido por la magnitud de la población como la principal variable estructural que afecta a los procesos intercomunitarios. De acuerdo con la teoría general, las ciudades y las 

comunidades deterioradas e inestables no sólo experimentan elevados niveles de 

criminalidad por su débil capacidad de regular las conductas, sino también porque contienen modelos de roles no convencionales que estimulan la motivación 

criminal (principalmente porque una débil organización social contraría los esfuerzos por excluir). De este modo, gran parte de los residentes de las unidades 

ecológicas desorganizadas y desintegradas termina por estar fuertemente motivada hacia el crimen o la delincuencia, siendo capaz de actuar con impunidad 

conforme a esas motivaciones. 

Más allá del impulso que la teoría básica de la desorganización social le dio 

a los estudios urbanos y a la Criminología, ésta fue considerada durante mucho 

tiempo como fatalmente defectuosa. La versión comunitaria de la teoría fue fuertemente criticada, especialmente por oscurecer las diferencias en las influencias 

ecológicas e individuales, y por considerar inmodificables las estructuras 

ecológicas características de Chicago en un momento particular de su historia 

(Bursik 1988). Al mismo tiempo, la versión interurbana de la teoría fracasó al 

atribuirle a las condiciones resultados estructurales teniendo en cuenta que la 

criminalidad y otras formas de «urbanismo» pueden ser simples reflejos de la 

composición de la población (Gans 1962; véase Fischer 1984). A su vez se le 

acusó de exagerar las patologías urbanas, sobreestimar los niveles de aislamiento 

y desechar otras fuentes de la conducta criminal (Fischer 1975). 

Consecuentemente, la influencia de la teoría de la desorganización social 

declinó. Sin embargo, una versión de esta teoría aplicada al vecindario, la cual 

comenzó en los años 1980 y continúa en el presente, ha llamado mucho la atención, de modo que un conjunto de investigadores ha extendido y refinado la noción original. Entre estos refinamientos se encuentra una mejor especificación 
24 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

del significado de la organización/desorganización social y de los mecanismos 

por los cuales ésta produce control social y regulación. Se han realizado importantes contribuciones (Greenberg, Rohe y Williams 1982, 1985) para la especificación de la importancia de la vigilancia mutua, la comprensión cultural de los 

movimientos vecinales y la reacción confrontativa a las conductas sospechosas. 

Sampson (1987) extendió al enfoque intercomunitario uno de los elementos de 

la versión interurbana de la desorganización social —el énfasis en las 

interacciones con extraños—, afirmando que éstos no sólo hacen que los lazos 

interpersonales sean más tenues, sino que también reducen las posibilidades de 

obstaculizar la comisión de crímenes. 

A partir de los planteamientos de Freudenburg (1986), Sampson y Groves 

(1989) especificaron también la importancia de las redes de amistad y de los vínculos a largo plazo del individuo con la comunidad, y en particular Sampson 

(1986a, 1986b) resaltó más explícitamente el funcionamiento de la familia y los 

vínculos con el control social formal. Bursik y Grasmick (1993) resaltaron la 

importancia de la participación en asociaciones voluntarias, así como de la capacidad formal de las comunidades para llamar la atención y de los recursos de 

entidades externas más amplias y poderosas, como el gobierno de la ciudad. 

Skogan (1990), Wilson y Kelling (1982), Greenberg (1986) y Taylor y Covington 

(1993) enfatizaron cómo el miedo entre las personas en un vecindario afecta al 

control social y genera percepciones de falta de organización comunitaria, alentando las malas conductas. Taylor (1997) teorizó que los mecanismos de control social se ligan a pequeñas unidades espaciales en los barrios. El mismo autor sugirió junto a Covington (1988) que las condiciones de desorganización se 

ligan al cambio comunitario y no simplemente al movimiento poblacional. Por 

su parte, Bellair (1997) importó a la teoría criminológica la idea de que los lazos entre los vecinos, aunque sean débiles, son importantes para el control de 

la criminalidad. Finalmente, Wilson (1987, 1991) apuntó la importancia de las 

conexiones entre la organización comunitaria y el empleo estable. 

La versión vecinal/comunitaria de la desorganización social se ha vuelto, 

pues, cada vez más elaborada con la suma de elementos y procesos no especificados o siquiera vislumbrados por Shaw y Mckay (1969), y ha cosechado un 

apoyo considerable (véase Bursik 1988; Veysey y Messner 1999). A pesar de 

esto, aún no existe una única formulación coherente de la teoría que incorpore 

todos los refinamientos incrementales realizados por cada investigador en particular. Por el contrario, la versión interurbana de la teoría de la desorganización 

social ha experimentado un desarrollo muy escaso. Más bien al contrario, cuestiones que podrían haber sido traducidas en una mayor elaboración de la teoría 
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 25 

de la desorganización social han sido expresadas en teorías separadas y alternativas, y muchas de las premisas de la desorganización social a nivel de la ciudad han sido desviadas e incorporadas a otras formulaciones. 

Mientras algunos continúan encontrando resultados favorables (Tittle 1989) 

a la teoría de la desorganización social a nivel de la ciudad, otras teorías alternativas se han hecho más relevantes. Una de ellas (Gottdiener y Feagin 1988) 

pone el énfasis en las fuerzas políticas y económicas de la economía mundial. 

Si bien estas afirmaciones son provocativas, no existe una formulación bien 

articulada de las mismas. La otra teoría alternativa (Fischer 1975) ha sido formulada más explícitamente, gozando actualmente de un soporte empírico al 

menos modesto (Fischer 1995). 

La teoría de la subcultura de Fischer afirma que las poblaciones grandes, 

concentradas y heterogéneas, les permiten a aquellos individuos con intereses no 

conformistas encontrarse e interactuar. Semejantes interacciones llevan a la conformación de subculturas alrededor de esos intereses compartidos. Esas 

subculturas, a su vez, estimulan las motivaciones hacia las actividades no conformistas y de infracción de la ley y contribuyen a crear oportunidades para las 

mismas. Por otra parte, la presencia de muchas subculturas no conformistas en 

un área ayuda a crear una tolerancia que lleva a debilitar el control social. Las 

causas de las variaciones en las tasas de criminalidad y delincuencia desde un 

ámbito urbano a otro, entonces, pueden rastrearse principalmente en las diferencias en el tamaño y la heterogeneidad de las poblaciones, tal como sostienen los 

teóricos del control social. Sin embargo, la teoría de la subcultura plantea la intervención de una variable diferente –una «masa crítica» para las subculturas, 

la cual promueve la criminalidad y otras desviaciones. 

Más allá de que la teoría de la subcultura de Fischer utiliza muchas de las 

variables de la teoría de la desorganización social, aquélla le presta poca atención a la organización comunitaria en su conjunto, variable central para la teoría madre. Sin embargo, su afirmación de que las condiciones de la vida urbana 

(tamaño, heterogeneidad, densidad) llevan a que las personas fragmenten sus 

contactos sociales entre los espacios públicos y privados, implica que los grados de organización de las ciudades varían. Además, la desorganización probablemente interactúa con la tolerancia generada por la competencia entre 

subculturas para debilitar el control social. Por lo tanto, para la versión interurbana de la teoría de la desorganización social se torna importante incorporar las 

perspectivas de Fischer, o viceversa. 
26 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Actividades cotidianas 

Una segunda línea de pensamiento para explicar las variaciones en las tasas de criminalidad entre unidades sociales diversas surgió hacia finales de los 

años 1970. La teoría de las actividades cotidianas (Cohen y Felson 1979; Cohen, 

Felson y Land, 1980; Felson 1998), también llamada teoría de las oportunidades, sostiene que las tasas de criminalidad predatoria reflejan cómo tres variables específicas se distribuyen en tiempo y espacio. El crimen se produce cuando convergen infractores motivados, objetivos atractivos y ausencia de vigilancia. 

El hecho de que las tres variables converjan o no refleja presumiblemente cómo 

las personas conducen sus vidas y realizan sus actividades de sustento en un 

contexto social determinado. 

Una vigilancia débil se produce cuando muchas actividades se llevan a cabo 

fuera del hogar y cuando las personas están con frecuencia en compañía de extraños. La disponibilidad de blancos para la criminalidad predatoria se relaciona con el valor y el tamaño de los objetos que van a ser robados o con lo atractivo de los objetos que van a ser violados o asaltados. El tercer elemento, 

ofensores motivados, se asume generalmente como una constante en tiempo y 

espacio. Esto es, los teóricos han asumido más o menos que siempre existen 

infractores potenciales que —dadas ciertas oportunidades creadas por los blancos disponibles y no custodiados— actuarán. Algunos investigadores, por otro 

lado, han planteado que las minorías, los varones y los jóvenes tienen mayores 

motivaciones para las conductas ilegales, por lo que emplean mediciones demográficas como indicadores de las motivaciones criminales. De todas formas, las 

tasas de criminalidad teóricamente varían entre sociedades, ciudades, comunidades y áreas locales de acuerdo a la forma en la cual las variables de la teoría 

convergen. 

Dado que la teoría no especifica qué tipo de actividades cotidianas, entre 

todas las practicadas, deberían ser relevantes para el crimen, su desarrollo ha 

consistido principalmente en esforzarse por identificar las actividades cotidianas que realmente afectan a las tasas de criminalidad. Felson (1986) también ha 

desarrollado la teoría para mostrar la existencia de vínculos entre las actividades cotidianas, el control informal y la organización comunitaria, y sus características. Este desarrollo ilustra cómo la teoría puede ser mejorada a partir de 

la incorporación de otros elementos de las teorías existentes. El descuido de los 

argumentos causales sobre el porqué de las posibles variaciones en la motivación hacia la criminalidad representa una deficiencia particularmente importante. 

El acercamiento de las teorías de las actividades rutinarias y de la desorganización social parecería ser natural, dado que las mismas condiciones que los teó­
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 27 

ricos de la desorganización social presentan como causas de una organización 

débil y un control social ineficaz están implicadas en las convergencias entre 

infractores motivados, objetivos atractivos y vigilancia deficiente. 

Conflicto 

Los procesos causales y las variables de las teorías de nivel macro revisadas hasta ahora presentan algunas similitudes. Sin embargo, en los años 1960 se 

produjo un cambio sustancial cuando un conjunto de investigadores del «conflicto», «marxistas» o «radicales» descubrieron y aplicaron ideas originadas en 

Karl Marx. Existen numerosas versiones de la teoría del conflicto y diferentes 

estilos de análisis marxistas. Las formulaciones del conflicto más importantes 

abordan la cuestión de la criminalización y la aplicación de la ley, pero algunas 

tratan de explicar las variaciones en las tasas de criminalidad de sociedad en 

sociedad o de lugar en lugar en el interior de una sociedad (Bonger 1916; 

Quinney 1970; y algunos ensayos de Greenberg 1981b). Para explicar las variaciones en las tasas, estos autores se centran en las condiciones estructurales de 

los sistemas económicos basados en la competencia (más específicamente, capitalistas) que simultáneamente motivan a los individuos hacia el crimen y los 

«desmoralizan», liberándolos así de las coerciones que frenan sus impulsos criminales. Estas teorías suponen que las tasas de criminalidad entre diferentes sociedades varían en función del grado en el que los sistemas económicos son capitalistas o internamente competitivos, y también suponen que dentro de las 

sociedades las variaciones en las tasas de criminalidad entre regiones o ciudades diferentes reflejan la existencia de decisiones orientadas por el mercado (véase Greenberg 1981b, parte 2). 

Teóricamente, el capitalismo promueve el egoísmo y la codicia, los cuales 

motivan a las personas hacia el crimen. Al mismo tiempo, el capitalismo mina 

los sentimientos morales que podrían inhibir las conductas criminales. El resultado, presumiblemente, es una toma de decisión egoísta y una alta tasa de desviación en todas las sociedades capitalistas, con tasas de criminalidad que varían entre sí en función de la medida en la cual sus economías son capitalistas. 

A su vez, las tasas de criminalidad de ciudades, regiones y comunidades dentro 

de una sociedad determinada reflejarían las decisiones económicas capitalistas 

y las consecuencias para los trabajadores. 

La corriente teórica dominante que se deriva de la teoría de la desorganización social no ha incorporado las variables vinculadas a la toma de decisiones 

políticas y económicas que están en el corazón de las teorías marxistas del con­
28 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

flicto. Por su parte, los teóricos del conflicto le han prestado poca atención a las 

ideas de la desorganización social mientras que, en cambio, han dedicado sus 

esfuerzos a precisar las manifestaciones específicas de las actividades capitalistas 

que afectan a las tasas de criminalidad. Sin embargo, cada una de estas corrientes podría beneficiarse de tomar en serio a la otra. Por ejemplo, las perspectivas sobre la toma de decisión capitalista podrían enriquecer a la teoría de la desorganización en la misma medida en la que podría hacerlo el énfasis de la 

«nueva» sociología urbana en la toma de decisiones corporativas globales y locales. Alternativamente, la teoría marxista del conflicto podría ser fortalecida por 

la admisión de la influencia de las redes comunitarias informales o de las condiciones estructurales tales como el tamaño y la heterogeneidad de la población. 

Temas mixtos a nivel macro 

Las teorías anteriormente analizadas fueron diseñadas para ser aplicadas 

exclusivamente a unidades de nivel macro. Otras, sin embargo, contienen principios explicativos para dar cuenta simultáneamente de las diferencias en las 

conductas criminales entre los individuos, las situaciones, las categorías sociales y las sociedades. En este trabajo me centro únicamente en las implicaciones 

de las teorías más amplias para la explicación de las variaciones en las tasas de 

criminalidad entre diferentes entidades sociales amplias, como las sociedades. 

Anomia 

Quizás la teoría criminológica más influyente de todos los tiempos sea la 

formulada por Merton (1938, 1957). Su formulación de la anomia se inspiró en 

las observaciones de Durkheim ([1895] 1951) acerca del suicidio y su aumento 

en los períodos de turbulencia social o cambios rápidos, cuando se rompen las 

normas que guían la conducta de las personas. Merton extendió esta noción de 

ausencia de normas y la aplicó a sociedades en las cuales las metas no son consistentes con las realidades objetivas de la vida. Este autor afirmó que las entidades sociales pueden ser clasificadas en función de sus énfasis relativos a las 

metas que sus miembros deben procurar alcanzar en comparación con los medios disponibles o aceptados para alcanzar esas metas. Una clasificación cruzada nos da cuatro tipos de sociedades, uno de los cuales está bien equilibrado o 

integrado (sociedades no anómicas) y tres de los cuales están mal integrados o 

desequilibrados (sociedades anómicas). Las sociedades anómicas sobrevaloran 
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 29 

los medios (ritualistas), alternan el énfasis entre las metas y los medios (retraídas) o enfatizan desproporcionadamente las metas (innovadoras). Pueden 

predecirse altas tasas de desviación en todas las sociedades anómicas, mientras 

que se esperan tasas más bajas en las no anómicas; en una clase de sociedad 

anómica en particular —la innovadora— es especialmente posible que la desviación tome la forma de una conducta criminal predatoria. 

Las sociedades no anómicas (integradas o equilibradas) le otorgan más o 

menos la misma importancia a las metas a ser alcanzadas y a los medios para 

hacerlo, minimizando en este sentido la frustración y las malas conductas. Las 

sociedades anómicas producen tasas de desviación más altas porque las personas no saben lo que se supone deben tratar de lograr, porque no saben cómo hacerlo o porque no disponen de los medios para cumplir aquello que saben que 

se espera de ellos. En otras palabras, los miembros de una sociedad anómica 

padecen mucha frustración. Esa frustración es especialmente probable que produzca conductas criminales en una sociedad como la de los Estados Unidos, la 

cual le presta más atención al logro de las metas que a los medios utilizados para 

hacerlo. Por lo tanto, las tasas de criminalidad predatoria variarán directamente 

en relación con la medida en la cual una sociedad pone más énfasis en el logro 

de las metas que en los medios para lograrlas, y esto es particularmente cierto 

cuando las metas culturales son de éxito económico, tal como sucede en los Estados Unidos. Por otro lado, puede interpretarse que la teoría de la anomia sostiene que las tasas de criminalidad en unidades más pequeñas, tales como ciudades o comunidades, son mayores dentro de sociedades anómicas donde mayor 

es la desigualdad económica o de los ingresos (Agnew 1999). 

A pesar de que el trabajo de Merton tiene implicaciones de macro y micro 

nivel, así como de nivel cruzado, y aunque de hecho haya sido concebido principalmente como relevante para el análisis de fenómenos de nivel macro, su aplicación para explicar las diferencias individuales ha sido más popular. Como resultado, ha habido pocos desarrollos de sus ideas en el nivel macro, mientras que 

las comprobaciones directas se han centrado sólo en las variaciones en las distribuciones socioeconómicas en las unidades sub-societarias (Agnew 1999, 125). 

Recientemente, sin embargo, Messner y Rosenfeld (1997) han aplicado las ideas 

mertonianas al análisis de la sociedad estadounidense. Ellos sostienen que el 

énfasis desproporcionado en las metas de éxito económico trae dos consecuencias criminógenas no anticipadas por Merton. Así, no sólo genera una amplia 

cantidad de personas que trata de alcanzar las metas culturalmente aprobadas por 

medios ilícitos (innovación), sino que el esfuerzo general por hacerlo produce 

una mentalidad de inmoralidad culturalmente compartida. A su vez, el énfasis 

excesivo en las instituciones que gobiernan los asuntos económicos dificulta el 
30 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

desarrollo y sustento de esquemas institucionales alternativos que podrían restringir los impulsos hacia la criminalidad predatoria. El resultado es, casi inevitablemente, una alta tasa de criminalidad. Sus provocativos análisis ilustrando los puntos mencionados ya han estimulado investigaciones (Chamlin y 

Cochran 1995), y sin duda generarán desarrollos ulteriores sobre los aspectos 

macro de la teoría de la anomia. 

Teoría de la frustración general 

El argumento mertoniano fue también continuado por Agnew, quien ha ido 

más allá de la teoría de la anomia para producir una formulación general sobre 

las diferentes formas de frustración, no sólo como una consecuencia de las 

inconsistencias entre las metas culturalmente definidas y los medios disponibles 

para alcanzar esas metas. Como mostré anteriormente, la formulación de Agnew 

se ocupaba de los efectos de la frustración sobre los individuos (1992) y sobre 

las tasas de criminalidad (1999). Este autor afirma que en algunas unidades sociales se produce más criminalidad que en otras en parte porque sus características —sociales, culturales y económicas— traen aparejada la presencia de amplias cantidades de individuos frustrados que están motivados para el crimen. 

Tales comunidades son menos propensas a ejercitar un control social informal 

efectivo. Agnew plantea siete condiciones que promueven la frustración general que lleva a su vez hacia tasas de criminalidad más altas. A nivel macro, el 

trabajo de Agnew demuestra claramente una línea de desarrollo desde la teoría 

de la anomia, integrando las teorías de la desorganización social y de las actividades cotidianas, entre otras. 

Vergüenza 

Otra teoría reciente con implicaciones en diferentes niveles es la establecida por Braithwaite (1989), cuyo argumento retoma en parte elementos de la 

teoría de la desorganización social y en parte de la teoría de la anomia. Aquello 

que Braithwaite recupera de las teorías de las diferencias individuales proviene 

de la noción de que los grupos sociales altamente interdependientes (aquéllos 

que están cohesivamente organizados) generalmente tienen tasas de criminalidad más bajas, en parte porque los lazos sociales aumentan la eficacia del 

control social informal. Sin embargo, este autor agrega dos elementos al argumento básico. 
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 31 

En primer lugar, Braithwaite teoriza que un mecanismo clave para vincular 

a las personas entre sí y prevenir las conductas criminales a través de la disuasión 

es el rumor; esto es, una sociedad con niveles altos de rumor debería tener tasas de criminalidad más bajas que aquéllas totalmente respetuosas de la 

privacidad. En segundo lugar, Braithwaite sostiene que aun cuando las sociedades socialmente cohesionadas generalmente tienen tasas más bajas de criminalidad que aquéllas menos integradas, las tasas de criminalidad deberían también 

variar entre sociedades razonablemente bien integradas en función de cómo éstas tratan a los infractores. Las sociedades pueden ignorar a los infractores, pueden castigarlos para causarles dolor o malestar, o pueden avergonzarlos. El 

avergonzarlos implica realizar esfuerzos para hacer que los infractores se sientan responsables y genuinamente lamenten el daño causado por su delito. Las 

tasas de criminalidad predatoria deberían ser mayores, si otras condiciones se 

mantienen constantes, donde no se hace nada al respecto; algo menores donde 

los infractores son castigados; y menores aún donde éstos son avergonzados. Los 

infractores avergonzados son frecuentemente motivados para compensar su mala 

conducta, pero no todos los intentos de avergonzar tienen el mismo efecto. De 

hecho, cuando la vergüenza es estigmatizante y de larga duración conduce frecuentemente hacia la reincidencia, particularmente si existen subculturas desviadas pobladas por infractores de las reglas igualmente estigmatizados. Sólo cuando la vergüenza es seguida por procedimientos y esfuerzos de reintegración de 

los avergonzados genera tasas de criminalidad más bajas. Por tanto, aquellas 

sociedades que avergüenzan a los infractores de la ley y los proveen de medios 

para su redención tendrán tasas de criminalidad más bajas. 

Además de expandir la teoría de la desorganización social y crear nuevas 

variables explicativas, Braithwaite integró la versión macro de la teoría de la 

anomia. Las subculturas criminales a las cuales los estigmatizados infractores 

de la ley pueden afiliarse teóricamente son más frecuentes en las sociedades 

anómicas donde grandes cantidades de personas experimentan el bloqueo de la 

posibilidad de lograr las metas. 

Desafío 

Un nuevo desarrollo se derivó de la desorganización social y se construyó 

sobre la noción de vergüenza. La teoría del desafío de Sherman (1993) intentó 

explicar por qué las sanciones impuestas a los individuos a veces disuaden, a 

veces no tienen efectos, y otras logran el efecto contrario al deseado. Sin embargo, también explica las variaciones en las tasas de criminalidad. La teoría 
32 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

sostiene que todas las sociedades imponen o amenazan con sanciones negativas 

frente a la mala conducta, así como que el éxito disuasorio de la sanción tiene 

consecuencias sobre las tasas de criminalidad. La disuasión, sin embargo, depende de tres condiciones que deben converger: 

•	 Las sanciones deben ser impuestas con el debido respeto a la dignidad del 

supuesto infractor 

•	 Los receptores de las sanciones deben estar ligados a la comunidad o sociedad cuyos representantes les imponen las sanciones 

•	 Los infractores deben ser capaces de aceptar la vergüenza que implican 

las sanciones y, por tanto, motivarse con la reintegración en la sociedad. 

Las tasas de criminalidad variarán entre las sociedades en función de cómo 

se den o no típicamente estas tres condiciones. 

Fundándose en varios cuerpos teóricos, Sherman muestra cómo y por qué estas 

tres condiciones son importantes y cómo se relacionan entre sí. La teoría del desafío, por tanto, es un buen ejemplo de la vía por la cual la teoría contemporánea 

es la culminación e integración de los trabajos previos. A partir de nociones sobre la cohesión comunitaria enraizadas en las teorías de la desorganización social, 

Sherman conjuga ideas sobre las subculturas, la vergüenza y el acceso a la justicia. Además, su formulación incluye componentes adicionales retomados de la 

teoría de la disuasión y de la teoría del propio yo. Sin embargo, la teoría no está 

totalmente articulada y no ha incorporado elementos explicativos para dar cuenta 

de los actos criminales iniciales que pueden traer aparejadas sanciones. 

Aprendizaje social 

Mientras la teoría del aprendizaje social explica principalmente la conducta de los individuos, algunos teóricos la han usado también para intentar explicar las variaciones de las tasas de criminalidad entre diversas entidades sociales (Akers 1998; Wilson y Herrnstein 1985). Sutherland introdujo la idea de la 

«organización social diferencial» con este propósito. Retomando las nociones del 

«conflicto cultural», este autor asumía que un contexto cultural heterogéneo necesariamente implica que los mensajes favorables al crimen exceden a los desfavorables con respecto a una gran cantidad de individuos. La teoría está sin 

embargo pendiente de desarrollar porque no explica cómo los esquemas estructurales se mezclan con los aprendizajes diferenciales para producir en algunas 

unidades sociales tasas de criminalidad más altas que en otras. 

Otros teóricos del aprendizaje han ido un poco más lejos. Wilson y 

Herrnstein (1985, 430-437) afirman que el aprendizaje criminógeno varía de­
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 33 

pendiendo de cómo las comunidades y las sociedades fortalecen las instituciones dedicadas a impulsar el control y la construcción del carácter, los cuales 

se ligan de cierta forma al proceso de urbanización. Akers (1998) teoriza que 

las variaciones en la estructura social y cultural afectan a las tasas de criminalidad a través de su influencia sobre el refuerzo promedio de la conducta 

criminal que experimentan los individuos en sociedades u otras entidades sociales. Entre las características estructurales que influyen sobre la probabilidad general de aprendizaje criminal, Akers incluye elementos tales como la 

composición demográfica, los atributos regionales y geográficos, así como 

otras características relacionadas con la forma en la que las entidades sociales y los sistemas subculturales están organizados. Esta última categoría podría incluir una débil organización vecinal y familiar. 

En cierto sentido, pues, los teóricos contemporáneos del aprendizaje social 

están trabajando sobre el mismo conjunto de ideas que ha inspirado a la mayor 

parte de las otras teorías de las variaciones de las tasas: ellos simplemente identifican la intervención de diferentes procesos e interpretan sus efectos sobre las 

características aprendidas que influyen sobre la criminalidad. 

Privación del derecho 

Una última teoría de las variaciones ecológicas fue desarrollada a finales de 

la década de 1970 (Black 1976, 1983) y reviste interés principalmente porque 

la misma, al igual que la teoría del conflicto, parte de un patrón de desarrollo 

enraizado en las teorías de la desorganización social. La teoría de Black de la 

privación del derecho propone que las tasas de criminalidad varían inversamente 

a la accesibilidad al derecho para resolver las disputas. Sin el derecho, los inevitables conflictos humanos producirán tasas altas de criminalidad, puesto que 

los grupos buscarán reparar los daños sufridos por su cuenta. El derecho, que está 

ligado al desarrollo de entidades políticas fuertes con poder sobre grandes poblaciones, habilita —de hecho requiere— partes en disputa que lleven sus conflictos personales ante terceras partes a fin de resolverlos. Las decisiones que los 

funcionarios toman se supone que son imparciales, lo que les da a las personas 

en disputa —quienes casi siempre asumen que tienen la razón— la esperanza de 

obtener una victoria. Sin embargo, como muestra Black, las decisiones legales 

en realidad se ligan estrechamente a líneas de estatus y por tanto no son imparciales; están sostenidas por la fuerza ejercida por autoridades estatales que reclaman un virtual monopolio de su uso. Debido a la apelación al derecho como 

vehículo para solucionar disputas de una vez para siempre (eliminando o, al 
34 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

menos, reduciendo la posibilidad de conflictos) sin costes indebidos, y debido 

al elemento coercitivo que requiere el uso del derecho y la aplicación de sus decisiones, se teoriza que las tasas de desviación se reducen en la medida en que 

los estados y sus aparatos legales crecen. Por tanto, cuanto mayor es el desarrollo 

del derecho, más bajas son las tasas de criminalidad. 

La aparente declinación histórica de los crímenes violentos (Gurr 1981) en 

algunas sociedades modernas, las altas tasas de criminalidad en algunas sociedades simples (Edgerton 1976, 1992), y los patrones de cambio en la concentración de los delitos (Cooney 1997) apoyan este argumento. Sin embargo, la 

teoría precisa desarrollos más amplios para explicar cómo las variaciones en los 

tipos y distribuciones del derecho en diferentes sociedades producen efectos 

variados. Más aún, la teoría puede ser enriquecida con la incorporación de variables y condiciones de otras teorías que hemos detallado. Recíprocamente, otras 

tendencias teóricas, como la de la desorganización social, pueden beneficiarse 

de las ideas respecto a la teoría de la privación del derecho. 

Temas de nivel macro reificados 

Algunas teorías de nivel macro son simples aplicaciones de aquéllas que 

explican fenómenos de nivel micro, pero con la asunción de que lo que se aplica a los individuos puede ser agregado para explicar las variaciones de las tasas 

de criminalidad de una entidad social a otra. Por ejemplo, la teoría de la disuasión 

básicamente explica por qué los individuos cometen crímenes. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que las diferencias en las tasas de criminalidad 

entre entidades sociales derivan de las diferencias en las características de la 

aplicación de la ley en cuanto a la certeza y severidad del castigo. De manera 

semejante, dado que las características demográficas influyen en la predicción 

de las probabilidades individuales de infracción de la ley (por diferentes razones teóricas expresadas en teorías individuales del crimen), las variaciones en 

las tasas de criminalidad de un lugar a otro se pueden explicar considerando la 

edad y la proporción de población que es masculina, que pertenece a una minoría, y que carece de afiliaciones familiares e institucionales (Steffensmeier y 

Harer 1999; Wellford 1973). Por tanto, casi cualquiera de los procesos causales 

de las teorías de nivel individual previamente revisadas puede ser agregado para 

explicar las variaciones en las tasas de criminalidad. 

Sin embargo, ningún proceso de nivel individual puede por sí sólo proveer 

una adecuada explicación a nivel macro. La simple agregación ignora la potencial interconexión entre los fenómenos estructurales y la conducta individual. 
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 35 

Algunas conexiones potenciales pueden estar esbozadas en las diferentes teorías 

de nivel macro que he considerado aquí, por lo que la integración en este nivel 

es prometedora. Pero la integración entre niveles debe ser también considerada. 

Por ejemplo, la teoría de la desorganización social puede beneficiarse de un 

mayor uso de la teoría de la disuasión. El control formal impuesto por las autoridades de una entidad externa organizada puede, bajo ciertas condiciones, compensar el débil control informal en los barrios. Alternativamente, puede haber 

importantes interacciones entre los controles sociales formales e informales. 

TEORÍAS SOBRE DIFERENCIAS EN LAS CONDUCTAS CRIMINALES EN SITUACIONES 

DIFERENTES 

Los investigadores frecuentemente han señalado que, aun cuando todos los 

signos apuntan hacia la posibilidad de que se produzca la criminalidad, ésta no 

siempre se materializa y, ocasionalmente, cuando incluso nadie esperaría una conducta criminal, ésta sin embargo se produce (Cohen 1966). Más aun, lo que puede empezar como una tentativa de hurto, algunas veces termina como un homicidio o un robo (Miller 1998). Más allá de estas observaciones, las teorías sobre las 

situaciones no han mostrado un alto grado de desarrollo (Birkbeck y LaFree 1993; 

LaFree y Birkbeck 1991; Short 1998). De hecho, tras el trabajo inicial de Short y 

Strodtbeck (1965), los análisis situacionales languidecieron hasta mediados de los 

1980. Desde entonces, sin embargo, se han producido algunos esfuerzos para explicar por qué el crimen emerge en ciertas situaciones pero no en otras (Birkbeck 

y LaFree 1993; Short 1997, 112-115, 136-141). Esta renovada atención a los contextos inmediatos es importante porque la mayoría de las demás teorías revisadas 

en este ensayo muestran cómo se construye el escenario de las conductas criminales sin explicar el modo en que se desarrolla el guión. 

Las situaciones pueden ser pensadas como encuentros únicos de estímulos 

físicos y sociales emergentes de los diferentes espacios sociales en los que circulan los individuos (Birkbeck y LaFree 1993, 129). Dado que en ellos interviene 

el azar y que siempre están cambiando, los resultados criminales que surgen de 

las diferentes situaciones no son totalmente predecibles. El desafío de los teóricos, pues, ha sido identificar los aspectos relevantes que entran en juego y explicar cómo y por qué esos aspectos se enlazan, ya sea para producir una conducta criminal o no. Birkbeck y LaFree también señalan que las situaciones 

involucran componentes tanto objetivos como subjetivos, pero que el punto focal 

es el proceso de toma de decisión de los potenciales infractores. Estos autores 

establecen cuatro principios que rigen las influencias situacionales: 
36 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

•	 las decisiones relevantes con respecto al crimen son parcialmente, aunque 

no totalmente, determinadas por contingencias situacionales 

•	 el proceso de toma de decisión involucra una evaluación por parte de los 

potenciales infractores 

•	 la influencia de los factores situacionales varía según el tipo de crimen 

•	 el nivel de atención que los potenciales infractores le prestan a los factores situacionales varía según las características del infractor y el tipo de 

crimen. 

Birkbeck y LaFree identifican a su vez las dos principales líneas de desarrollo teórico que se preocupan por las circunstancias que llevan al crimen: el 

interaccionismo simbólico y la oportunidad. 

Interaccionismo simbólico 

Un componente central de muchas, si bien no todas, situaciones relevantes 

para el crimen es la interacción entre dos o más personas. La teoría del 

interaccionismo simbólico se centra en los patrones de respuesta secuencial y 

recíproca en función de los cuales las personas interactuantes ajustan recíprocamente sus conductas, registran las respuestas a sus acciones, interpretan los 

significados de esas respuestas, y así adaptan sus próximos movimientos de 

acuerdo con esas interpretaciones (Blumer 1969; Stryker 1980). Un proceso central que presumiblemente guía estas secuencias de acciones es un anhelo individual de ganar o preservar un sentido significativo de sí mismo (Kaplan 1980; 

Matsueda 1992). Las secuencias de interacción, especialmente si amenazan la 

identidad deseada, pueden algunas veces llevar hacia conductas ilegales incluso cuando no se tenían originalmente intenciones criminales, y el camino que 

toma la interacción puede frecuentemente determinar la extensión y la forma 

específica de la conducta criminal (Felson y Steadman 1983; Katz 1988; 

Luckenbill 1077; Short 1963). 

En sintonía con el espíritu del interaccionismo simbólico, aun cuando sin un 

explícito reconocimiento, las teorizaciones sobre las características situacionales 

que provocan el crimen se han centrado frecuentemente en los eventos y las acciones interpretados por los participantes como desafíos a sus posiciones de status o sus ideas sobre sí mismos. La teoría de Short y Strodtbeck, la cual se desarrolló investigando las pandillas de Chicago, enfatiza que una gran parte de la 

violencia y otras conductas criminales resultan de eventos interpretados como 

desafíos al estatus de los miembros de las pandillas, o a la reputación misma de 

éstas (Short 1963; Short y Strodtbeck 1965). Estos incidentes frecuentemente 
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 37 

emergen por azar (Short y Strodtbeck 1964), mientras que algunos dichos o acciones que podrían haber sido triviales son algunas veces interpretados de un 

modo muy diverso por los diferentes individuos. 

De manera similar, Luckenbill (1977) interpreta los homicidios como los 

productos finales de «conflictos de carácter» que se desarrollan en pasos 

secuenciales. En el inicio existe un ataque a la identidad de alguien, usualmente desafiando las pretensiones de estatus específico de una persona. La persona 

atacada toma luego la ofensiva y responde en consecuencia, frecuentemente intentando dañar a quien lo desafía si el ataque no ha cesado. La parte inicial, sintiendo que retractarse sería denigrante, continúa o intensifica el ataque. El conflicto entonces se transforma en combate, llevando eventualmente a uno u otro 

de los participantes hacia el uso de la fuerza letal. 

Katz (1988) describe la conducta criminal de aquéllos que intentan crear una 

«presencia sobrecogedora» como parte de un esfuerzo por alcanzar superioridad 

moral a través de la superación de los desafíos a su autonomía. Y Anderson 

(1999) caracteriza la interacción entre personas con desventajas como una lucha constante por el respeto en la cual los individuos tratan de ganar ventajas 

de estatus simbólico a través del ataque o desafío a otros, lo cual les lleva hacia 

la venganza y hacia resultados criminales destructivos. 

Todos estos teóricos consideran la preocupación por el estatus y el propio 

yo como un sub-texto que guía la interacción, resaltando que los resultados de 

las secuencias de interacción no están predeterminados. Existen eventos y respuestas espontáneos que pueden llevar hacia una multiplicidad de direcciones, 

de las cuales sólo algunas son criminales. Más aún, los conflictos de estatus o 

prestigio no son los únicos eventos que pueden producir en última instancia resultados criminales (Luckenbill y Doyle 1989; Stafford y Gibbs, 1993); de hecho, cualquier clase de disputas parece tener un ciclo que puede llevar hacia resultados criminales (Felstiner, Abel y Aarat 1981). En primer lugar, alguien 

experimenta un evento negativo, que percibe como el error de otro. En segundo 

lugar, la parte dañada define el daño y culpabiliza al supuesto infractor, creando por tanto una reclamación. En tercer lugar, el demandante reclama que quien 

produjo el daño solucione el problema, lo cual es denominado «demanda». Si 

la parte acusada rehúsa reparar el mal, comienza una disputa. Para gestionar la 

disputa, la víctima puede tanto capitular —elección frecuentemente rechazada 

porque representa una pérdida de reputación—, como usar otras tácticas para 

tratar de prevalecer. Cuando se utiliza la fuerza, es probable que el resultado sea 

criminal. Se ha sugerido que la probabilidad de que esta secuencia sea activada 

y ascienda a un nivel de violencia se vincula con patrones culturales de 

«disputabilidad» (Luckenbill y Doyle 1989). 
38 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Oportunidad 

Una segunda línea de trabajo teórico, no siempre explícitamente planteada 

de esta forma, ha sido guiada por los mecanismos explicativos que encierra la 

teoría de las actividades cotidianas (Cohen y Felson 1979). Diferentes teóricos 

han tratado de aislar en situaciones dadas los elementos que atraen o crean 

infractores motivados y que influyen en el hecho de que éstos perciban o no posibles blancos de criminalidad que justificarían asumir el riesgo de delinquir (por 

ejemplo, Brantingham y Brantingham 1984; Cornish y Clarke 1986). Factores 

tales como el nivel de iluminación, la presencia de observadores, la ubicación 

de las casas en una manzana, los modelos de patrullaje policial, la disponibilidad de cosas de valor susceptibles de ser robadas, y los estilos de vida de las víctimas potenciales han sido identificados como relevantes para la toma de estas 

decisiones. 

LaFree y Birkbeck (1991) sugieren que la elección criminal tiene dos etapas: (1) la decisión de entrar en una situación y (2) las decisiones subsiguientes 

en respuesta a las evaluaciones subjetivas de las particulares características que 

encierra esa situación. Estos autores sostienen que los individuos poseen desde 

el inicio nociones sobre cómo evaluar las contingencias situacionales. Semejantes 

predisposiciones, especialmente las que conciernen a los resultados probables de 

conductas específicas en circunstancias particulares, se aprenden a partir de la 

experimentación y la observación. Las inclinaciones aprendidas también incluyen roles de conducta, tales como la conveniencia y moralidad que las personas 

pueden haber internalizado. Estas predisposiciones, sin embargo, interactúan con 

eventos y circunstancias contextuales. La conducta es vista como un proceso 

continuo de acciones conectadas a situaciones con el fin de maximizar los resultados deseados. Haciendo uso de estos principios, LaFree y Birkbeck infieren generalizaciones sobre la concentración de la conducta criminal en determinadas situaciones. 

Recapitulación 

Más allá de estos esfuerzos por explicar las variaciones situacionales, todavía 

no hay una formulación que reúna exitosamente en una teoría coherente las variables de los procesos objetivos, subjetivos y grupales. Como Short (1998) sugiere, el trasfondo (que incluye las cosas aprendidas, el contexto cultural y las 

características personales) es claramente relevante, como lo son los aspectos del 

contexto social más amplio (como la organización vecinal); sin embargo, la con­
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 39 

ducta criminal no podrá ser explicada exhaustivamente hasta que los teóricos 

estén en condiciones de especificar cómo las variaciones situacionales 

interactúan con aquellas otras influencias mencionadas. Dado que existen al 

menos dos clases de factores situacionales —la oportunidad y los procesos de 

interacción simbólica— es probable que ellos también interactúen tanto entre sí 

como con las variables que dan cuenta de las características individuales y de 

los contextos sociales más amplios. 

SIGNOS DE PROGRESO Y DIRECCIONES PARA EL FUTURO 

Los criminólogos teóricos han dado pasos enormes en las últimas dos décadas y, al menos en un marco probabilístico, son ahora capaces de señalar a 

grandes rasgos las causas de la criminalización, la conducta criminal y las variaciones en las tasas de criminalidad entre situaciones, comunidades, sociedades y otras entidades sociales, así como a lo largo del ciclo vital. Más allá de 

eso las teorías no han sido desarrolladas lo suficiente como para proveer explicaciones o predicciones totalmente satisfactorias. Las previsiones teóricas están 

frecuentemente equivocadas o descansan en probabilidades que son poco más 

que una mera posibilidad; y en el mejor de los casos, las predicciones se aplican fundamentalmente a grandes agregados. 

Algunos esfuerzos adicionales mantienen la promesa de producir sistemas 

explicativos capaces de poder dar cuenta de una multiplicidad de manifestaciones criminales de una forma precisa y eficiente. Este juicio optimista resulta de 

resaltar cinco tendencias importantes. Primera, con el tiempo, más y más investigadores se han comprometido con el desarrollo de la teoría. Pocos criminólogos 

están hoy satisfechos con las descripciones ad-hoc, los ejercicios conceptuales, 

la identificación de factores de riesgo, o investigando directamente cuestiones 

de política pública. Muchos han llegado a reconocer que la Criminología actual 

compila conocimiento sistemáticamente en teorías que resumen, organizan y 

recolectan evidencias y pensamientos en esquemas explicativos generales y coherentes. 

A su vez, existen en segundo lugar signos alentadores dado que los 

criminólogos están demandando más de las teorías. La continuidad de este progreso dependerá de una valoración mayor de las teorías adecuadamente 

estructuradas y de aquello que ellas deberían ser capaces de hacer. Consideremos, por ejemplo, la versión de Hirschi de la teoría del control (1969). Ésta establece un proceso causal universal y sencillo: aquellos individuos ligados fuertemente a grupos sociales convencionales evitarán actuar sobre la base de sus 
40 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

impulsos naturales hacia el crimen o la delincuencia. Si bien esta versión es importante y extremadamente popular, en la práctica ignora que su aplicación efectiva es difícil. Entre otras cosas, no presta atención a las posibles variaciones en 

la motivación para la criminalidad, minusvalora la oportunidad y otras variables 

situacionales que pueden activar o intensificar los impulsos hacia una mala conducta, no nos dice cómo las personas se vinculan por primera vez, y supone que 

el control tiene el mismo efecto, en el mismo grado, en toda clase de crímenes 

y en todas las circunstancias. 

Claramente, son necesarios muchos ajustes a la teoría del arraigo social para 

aplicarla a cuestiones específicas sobre la conducta criminal. A lo sumo, ésta 

predice que en un agregado amplio de individuos, aquéllos con los lazos más 

fuertes son menos propensos a cometer un crimen. Pero sin consideraciones adicionales y sin especificar la forma en que las influencias adicionales interactúan 

con los lazos sociales y entre sí, el principio conductual de Hirschi no ofrece una 

buena explicación de los fenómenos relevantes con respecto al crimen (Véase 

Shelden, Tracy, y Brown [1997, 39-40] como un intento de aplicar la teoría para 

explicar por qué los jóvenes devienen miembros de una pandilla). Semejante 

carácter incompleto, en un grado u otro, es propio también de otras teorías. Para 

que las buenas ideas y los temas fuertes que abundan en nuestra disciplina den 

frutos, deben ser agrupados en formulaciones más completas. Es frecuente asumir que las «otras» variables o condiciones deben ser «consideradas como constantes» en la comprobación empírica, y que los usuarios de la teoría deben completar los elementos que faltan y hacer las aplicaciones específicas. Pero en la 

vida social, las condiciones de hecho no son constantes y los diferentes investigadores asumen posiciones diferentes sobre el funcionamiento de las otras variables y contingencias, lo cual es una razón por la cual las comprobaciones 

empíricas y las aplicaciones toman formas diversas e incompatibles. Los fines 

de la explicación, la predicción, las comprobaciones relevantes y la aplicación 

requieren que la teoría misma realmente realice lo que sus usuarios ahora esperan que ella haga. 

Una tercera tendencia prometedora es el intento de mejorar las teorías a partir de la combinación de partes o ideas retomadas de una variedad de explicaciones existentes. Algunas veces esto se ha hecho a propósito y abiertamente (por 

ejemplo, Braithwaite 1989; Colvin y Pauly 1983; Elliott, Huizinga y Ageton 

1989), pero más frecuentemente ha ocurrido naturalmente mientras los investigadores intentaban mejorar las formulaciones existentes. De hecho, casi todos 

los desarrollos teóricos revisados en este ensayo involucran alguna forma de integración, aun cuando los teóricos no siempre lo reconozcan o perciban. La 

teorización comienza típicamente con procesos causales limitados, pero luego 
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 41 

se expande para incluir una mayor cantidad de variables, procesos y contingencias. Semejantes procesos llevaron a la superposición de varias teorías, junto con 

un más amplio reconocimiento de las ventajas de unir ideas diferentes y tomar 

elementos de diversas explicaciones existentes para crear teorías con un mayor 

alcance y una más precisa aplicación explicativa. 

La integración para unir teorías con diferentes grados de generalidad, tales 

como las que describen las conductas individuales y aquéllas sobre las tasas 

grupales ha sido, sin embargo, relegada (Le Blanc 1997; Short 1998). Algunas 

teorías presumiblemente explican cosas en varios niveles de generalidad (Agnew 

1999; Braithwaite 1989; Merton 1938, 1957; Le Blanc 1997), pero esto frecuentemente significa que los principios explicativos simplemente se aplican a dos 

fenómenos separados. Las articulaciones entre niveles, en algunas teorías, se 

cumplen a través del tratamiento de las condiciones del nivel más alto como 

contingencias para la operación de las fuerzas causales en los niveles más bajos de explicación, asumiendo que los procesos de diferente nivel interactúan 

para la producción de resultados (Short 1998), o concibiendo los fenómenos de 

nivel medio como mediadores entre los fenómenos de alto y bajo nivel (Elliott 

et al. 1996). Pero la integración de diferentes niveles de explicación nunca ha 

sido completamente exitosa. Más aun, es común para los teóricos pasar de un 

nivel de explicación a otro sin reconocer los errores que pueden producirse. Las 

falacias ecológicas que trazan inferencias a partir de los datos son bien conocidas, pero pocos reconocen los paralelos teóricos. Consecuentemente, ideas como 

la de la cultura de la violencia y la anomia son muchas veces forzadas para explicar las conductas individuales, pero con un malogrado resultado. Aún menos 

reconocida es la falacia individualista de procurar utilizar los mecanismos 

causales que afectan a los individuos para explicar fenómenos sociales que pueden tener una realidad más allá de la agregación de efectos individuales. 

Un indicador adicional de progreso es, en cuarto lugar, el énfasis creciente 

en la investigación encuadrada en un marco teórico. Cada vez más investigadores comienzan hoy con cuestiones teóricas, enmarcan teóricamente su recolección de datos y sus análisis para dar cuenta de esas preocupaciones, y evalúan 

las implicaciones de sus resultados para la teoría. La producción de progresos 

ulteriores depende de la aceleración de esta tendencia. La investigación orientada por la teoría sirve a dos propósitos esenciales. Primero, ayuda a evaluar esas 

teorías. El éxito teórico se funda en parte en el poder predictivo: en la habilidad 

de establecer relaciones entre dos o más variables que prueben estar empíricamente demostradas. Si las hipótesis apropiadamente deducidas de una determinada teoría repetidamente son refutadas, la teoría ha de ser deficiente. Típicamente, sin embargo, las hipótesis derivadas demuestran ser parcialmente 
42 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

verdaderas, o verdaderas bajo algunas condiciones, pero no bajo otras. Tales resultados pueden ser entonces utilizados para revisar la teoría. A través de 

retroalimentaciones constantes, de la revisión, de la derivación de nuevas hipótesis, de la comprobación y de la nueva retroalimentación, las teorías adquieren 

una mayor consistencia. Segundo, las teorías les señalan a los investigadores lo 

que deben buscar. Sin una guía teórica, la mayor parte de la investigación queda aislada y posee una relevancia menor para la acumulación de conocimiento. 

Finalmente, existe en quinto lugar un reconocimiento creciente de que la 

práctica de investigación actualmente está rezagada respecto a la teoría, una situación muy diferente a la de tres décadas atrás. Esto se observa en el hecho de 

que los desarrollos teóricos contemporáneos involucran conceptos claves que 

requieren datos actualmente no disponibles, especialmente no en los grandes 

repertorios de datos en los que se basan tantos investigadores. Para que el progreso continúe, los investigadores deben ser capaces de medir cosas tales como 

la vergüenza reintegradora (Braithwaite 1989); el autocontrol (Gottfredson y 

Hirschi 1990); la frustración general (Agnew 1992); el capital cultural, humano y social (Matsueda y Heimer 1997; Nagin y Paternoster 1994); y las variables de control (Tittle 1995). La identificación de un solo ítem o la suma de unos 

pocos indicadores convenientemente disponibles en un archivo de datos ya no 

será suficiente. 

A su vez, y a pesar de la opinión discrepante (Gottfredson y Hirschi 1986), 

una comprobación adecuada de las implicaciones causales de todas las teorías 

contemporáneas requiere experimentos o mediciones de variables claves temporalmente separadas. Sin embargo, los investigadores típicamente deben emplear datos con intervalos causales inapropiados (ver, por ejemplo, Chamlin et 

al. 1992; D’Alessio y Stolzenberg 1998). Por ejemplo, para un desarrollo más 

amplio, el argumento de Agnew de la frustración general señala un proceso de 

corto plazo. La frustración está provocada por eventos inmediatos (aun cuando a veces la frustración se acumula por períodos más largos de tiempo), que 

generan reacciones emocionales. Estas emociones deben ser gestionadas (algunas veces a través de la conducta criminal), si bien la teoría no dice cuán 

rápidamente. El mejor test de la teoría, el cual podría proveer una retroalimentación útil para especificar con precisión los intervalos causales, requiere mediciones de la frustración (o una serie de experimentos), seguidos inmediatamente por mediciones de la emoción y luego por mediciones de las diferentes 

conductas y respuestas cognitivas alternativas en diferentes momentos. Sin 

embargo, los investigadores se han visto forzados a usar datos con un intervalo 

de tiempo de un año o más (Agnew y White 1992; Brezina 1996; Paternoster 

y Mazerolle 1994). 
DESARROLLOS TEÓRICOS DE LA CRIMINOLOGÍA 43 

La debilidad de los datos no es el único impedimento. Incluso si estuvieran 

disponibles mediciones perfectas en momentos diferentes, probablemente muchos continuarían analizándolas como si las teorías predijesen sólo efectos lineales y unidireccionales. Esto se debe en parte a que los teóricos no consideran otras posibilidades, pero también se debe a que los investigadores están 

constreñidos por sus herramientas analíticas o sus esquemas mentales. Los avances en la teoría, esenciales para alcanzar las metas que la mayor parte de los 

criminólogos persiguen, dependen en cierta medida de los continuos avances en 

la investigación empírica, y una buena investigación empírica precisa una mejor teoría para guiarla. 

SUMARIO Y CONCLUSIONES 

La teoría criminológica ha mostrado un crecimiento y un progreso notables 

en las últimas décadas, particularmente a través de la fertilización cruzada y la 

integración, y hoy la teoría parece contener los elementos necesarios para explicar efectivamente los patrones de la criminalidad. No obstante, algunas de las 

cuestiones más urgentes permanecen sin respuesta, y las predicciones razonablemente adecuadas parecen aplicarse sólo a los agregados amplios. Sin embargo, 

existen signos favorables hacia un avance continuo. Los criminólogos están reconociendo la necesidad de una buena teoría, tomando conciencia de los elementos que ésta debe poseer y están cada vez más comprometidos con su desarrollo. A su vez, la mayoría de ellos está abrazando la integración de teorías como 

un estilo de trabajo y un procedimiento para la construcción teórica, y está así 

demostrando que comprende que la investigación debe estar dirigida por, y depender de, la teoría. Finalmente, la ligazón entre los métodos de investigación 

y el desarrollo teórico se está clarificando a medida que más investigadores se 

dan cuenta de que la confianza en los tipos tradicionales de datos y en los análisis lineares y unidireccionales debe ser superada. Si estas tendencias continúan, 

la perspectiva de éxito futuro es buena. 

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202. 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 

PHILIP W. HARRIS, WAYNE N. WELSH Y FRANK BUTLER 

Profesores Titulares y Profesor Asociado en el Departamento de Justicia Penal de la Temple University 

Traducción de Jesús Barquín Sanz y Miguel A. Cano Paños 

RESUMEN 

El cambio de milenio señala el inicio del segundo siglo de existencia del sistema 

formal de justicia juvenil en los Estados Unidos. Desde sus comienzos, el sistema 

ha tenido como centro de atención la delincuencia juvenil (en inglés, delinquency), 

construcción amorfa que incluye no sólo la conducta «criminal» sino también una 

batería de conductas juveniles que ofenden los valores sociales predominantes. Así 

pues, el significado de esta palabra depende en gran medida del momento y de la 

época. Igualmente, los métodos empleados para manejar el fenómeno han ido reflejando los vaivenes de las construcciones sociales de la juventud y de la conducta juvenil desviada. La justicia juvenil estadounidense se fundó sobre sistemas de 

valores conflictivos entre sí: responsabilidad disminuida y maleabilidad realzada de 

los jóvenes frente a culpabilidad individual y control social de los estadios incipientes de la criminalidad. Durante su primer siglo de existencia, lo segundo ha adquirido cada vez más relevancia sobre lo primero. Los jóvenes más marginados han 

seguido constituyendo la abrumadora mayoría de los atrapados por el sistema, desde 

los hijos de inmigrantes a inicios del siglo XX hasta los niños de color en la sociedad actual. Se examinan las implicaciones de estas variaciones teóricas y 

sociodemográficas, implicaciones que son revisadas de cara a una política pública 

que vaya más allá del simbolismo político. 

Desde la perspectiva privilegiada de un observador del siglo XXI, quizás una 

manera en que se recuerde el siglo precedente sea como aquél en que el estado 

se ha involucrado en los problemas de la conducta juvenil desviada en los Estados Unidos de América. Desde los inicios del siglo XX y de forma ininterrumpida hasta su conclusión, la discusión acerca de la «justicia juvenil» se ha mantenido en primer plano, a diferencia de períodos históricos anteriores. 
56 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

El tradicional interés de la sociedad por infundir actitudes y conductas de 

fidelidad a la norma entre los menores conoció un impulso en el siglo XX, al 

ponerse en práctica complejos procesos de promoción de la conformidad. La 

autoridad —personificada en una administración de justicia especializada— permaneció al timón mientras el nuevo «sistema» de justicia de menores navegaba 

por el incierto mar de las cambiantes construcciones sociales en materia de conducta juvenil desviada. Durante la mayor parte de este período, las aguas permanecieron turbulentas, debido en gran parte a los dos objetivos inevitablemente 

contradictorios que guiaban la empresa: proteger a los jóvenes y ayudarles cuando tienen problemas, pero también castigar a los jóvenes y proteger a la sociedad frente a ellos. 

A pesar de esta inconsecuencia básica, el sistema juvenil se ha visto firmemente impulsado por una poderosa retórica acerca de la juventud, retórica bastante mítica y muy politizada. Por ejemplo, a principios de siglo, el programa 

progresista consistente en separar y salvar a los jóvenes que desafiaban los usos 

sociales estaba basado, al menos en parte, en el ampliamente difundido objetivo eugenético de desalentar la reproducción en el seno de las clases sociales 

peligrosas (Haller [1963] 1984). En la etapa final del siglo, a partir de finales 

de los setenta, se endureció la respuesta a la delincuencia juvenil muy por encima de lo que puede explicarse atendiendo a la implicación de los menores en la 

delincuencia. Durante ese período, las personas mayores de 18 años cometieron 

una proporción de delitos mucho más alta que los jóvenes; los delitos contra la 

propiedad continuaron ofreciendo tasas más altas que la criminalidad violenta 

y prácticamente constantes; y los menores siguieron siendo sólo una parte pequeña del total de personas detenidas. A pesar de todo, los enfoques vengativos 

de la delincuencia juvenil tuvieron gran predicamento en la época. Para la mayoría, las políticas públicas no han guardado gran relación con las pautas de la 

conducta desviada de los menores. 

Un aspecto particularmente inquietante de la justicia juvenil tal y como se 

ha desarrollado a los largo del siglo XX es su desproporcionada implicación, en 

términos sociales agregados, con jóvenes pertenecientes a las más bajas capas 

sociales, que al menos en la segunda mitad del siglo XX han sido chicos de color en una abrumadora mayoría. Esto presenta algunos riesgos especiales en épocas (como el período del «control de la delincuencia juvenil» que comenzó en 

torno a 1980) durante las cuales los resortes punitivos del sistema sobrepasan a 

los de orientación reformadora (como aquéllos que existían en la época de los 

«derechos de los menores» de aproximadamente las décadas de 1960 y 1970). 

Este capítulo examina una variedad de impulsos que han incidido 

sustancialmente en el esfuerzo de la justicia juvenil a lo largo del siglo XX. El 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 57 

examen de los cambios en la política y la práctica proporciona una valiosa base 

para prever lo que será la justicia para jóvenes en el nuevo siglo. En primer lugar, 

describiremos el desarrollo del sistema de justicia juvenil, subrayando las grandes etapas por las que ha pasado su evolución. A continuación examinaremos las 

tendencias en las cuatro amplias áreas que han conformado el sistema de justicia 

juvenil: 1) las concepciones sociales de la infancia y de la delincuencia juvenil 1; 

2) el papel de la teoría y la investigación de campo criminológicas; 3) los patrones de la criminalidad juvenil tal y como son puestos de manifiesto en los informes oficiales; y 4) las tendencias sociales, económicas y culturales en general, 

incluyendo las pautas de cambio en el sistema de justicia penal considerado como 

un todo. Finalmente, examinaremos las posibilidades de mejorar al menos algunos de los aparentemente intratables dilemas de la justicia de menores. 

CREACIÓN Y REDEFINICIÓN DE LA JUSTICIA JUVENIL 

Durante el siglo XIX, la colaboración entre las demandas de la Revolución 

Industrial, que ya marchaba a todo vapor, y las tendencias de los reformistas religiosos, que buscaban desahogar su necesidad de salvar a los oprimidos, generó iniciativas organizadas para disciplinar a jóvenes desviados a quienes se consideraba dentro de los límites de la susceptibilidad de reforma (Fox 1970). El 

internamiento junto a otros desviados jóvenes se veía como la principal intervención de beneficencia que se necesitaba a fin de inculcar la ética y los valores rurales, protestantes y de clase media a los descendientes de inmigrantes que 

abarrotaban los barrios pobres de las ciudades. Las casas de acogida fundadas 

para ayudar a los pobres se convirtieron en lugares de internamiento. El punto 

de vista moral predominante era que la extrema pobreza y la incipiente criminalidad iban de la mano, de modo que sacarlos de su familia de origen era la 

opción elegida para conseguir la regeneración moral de los niños pertenecientes a las «clases peligrosas». 

Los esfuerzos para salvar a los menores descarriados de los efectos 

corrompedores de la pobreza y el vicio fueron cada vez más organizados y culminaron en la institución de los juzgados de menores, el primero de los cuales 

1 Delinquency en el original. Se trata de un concepto no equivalente, como en español, a 

la comisión de delitos de cualquier clase o «criminalidad», sino que —sobre todo en el ámbito 

de la justicia penal juvenil— suele referirse a hechos no graves cometidos por menores. Por ello, 

a veces lo traducimos como «infracción», aunque en otras ocasiones se opta por mantener la 

literalidad. (N. de los T.) 
58 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

se estableció en Illinois en 1899. La suprema autoridad de la ley podía ahora 

emplearse para fomentar los esfuerzos de las instituciones de origen religioso 

por implantar el respeto a la norma en chicos que actuaban —o que parecían 

actuar— en sentidos que la cultura mayoritaria tenía por despreciables. La filosofía de la normalización, que en los inicios del siglo XX justificó la creación 

de los juzgados de menores, contribuyó fuertemente a una perspectiva que se ha 

perpetuado en la doctrina jurídica de los tribunales juveniles: el «mejor interés» 

de los chicos de clase social baja implica la inmersión coercitiva en los valores 

de la clase media antes que cualquier tipo de toma en consideración de cuestiones más profundas acerca de la justicia distributiva o social. 

En sus comienzos, el juzgado de menores no significó una quiebra radical 

con las prácticas del pasado. En Illinois, por ejemplo, la creación del juzgado 

fue ampliamente apoyada por las élites dominantes (Platt 1977). Negocios 

penológicos ya implantados, como los reformatorios y las escuelas industriales, 

estaban en una posición que les permitía beneficiarse de esta jurisdicción, y hasta 

el presente un batallón de agencias de control social son por completo dependientes de la propensión de los juzgados de menores a invadir libremente las vidas de quienes están a su cargo. A pesar de la retórica en torno a la importancia 

del hogar y la familia, los fundadores de esta jurisdicción traían sin reparos a 

colación el tratamiento correccional para jóvenes de clase social baja cuyas familias no les impedían un comportamiento juzgado inmoral de acuerdo con los 

estándares convencionales: «beber, apostar, vaguear por las calles, frecuentar 

bailes y cines, pelearse, practicar el sexo, salir hasta tarde, ser incorregibles» 

(Platt 1977, 139). 

Con la llegada en los inicios del siglo XX de los métodos «científicos» (principalmente, la psiquiatría y el trabajo social) para explorar la conducta humana, asociados al darwinismo social y a la popularización de la criminología positivista, perdieron peso las bases religiosas del sistema de menores. Los 

positivistas identificaban con seguridad indicios y condiciones precursoras de la 

criminalidad de adultos, y desarrollaban modalidades de «tratamiento» dirigidas a curar tales patologías de los jóvenes desgraciados. El estado como un padre, personificado en el juez de menores, tenía el privilegio de ejercer la tutela 

y de impartir disciplina confiando un número creciente de chicos al cuidado de 

reformadores profesionales. La tarea de la jurisdicción de menores era percibida 

como realizada en interés no sólo del chico sino en el de todos (Rothman 1980). 

Irónicamente, en sus comienzos el juzgado de menores se diseñó como un 

apéndice de las nuevas profesiones relacionadas con el bienestar social. En contraste con la ceremonia legal y procedimental inherente a los tribunales de adultos, la jurisdicción de menores se caracterizaba como una simple «legalidad ce­
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 59 

remonial» (Sutton 1985). En su aparente informalidad, proyectaba simbólicamente una actitud solícita y extralegal hacia su joven clientela. Una importante 

justificación teórica para ese modus operandi alegal o extralegal fue la doctrina 

del parens patriae, invocada tradicionalmente en los tribunales ingleses para 

prevenir la pérdida de bienes propiedad de menores e incapaces. Aunque esta 

doctrina no era utilizada en su lugar de origen como base de ninguna clase de 

procedimiento acusatorio, la jurisdicción juvenil estadounidense la citaba ampliamente como su fundamento jurisprudencial, enmascarando así los verdaderos antecedentes de su actividad, esto es, el poder policial y las Leyes de Pobres 

Isabelinas, dirigidas a controlar a los niños indigentes (Wizner 1995). 

Había poca o ninguna diferencia en que un chico fuera considerado infractor o 

tan sólo dependiente/desatendido. Ambos estaban necesitados de cura moral, y ambos se beneficiarían de la aplicación de los mismos métodos de tratamiento científicamente aprobados en las mismas instituciones. En los supuestos de infracción, la 

cuestión central no era tanto el hecho cometido cuanto el carácter, el entorno y la 

forma de ser del menor. En esencia, no interesaban sus hechos, sino sus almas. La 

potestad discrecional de los sanadores para fijar la cura y la duración del tratamiento necesaria para su eficacia desproveía de sentido las formalidades legales. Los aspectos punitivos de la jurisdicción quedaban ocultos bajo la capa de la reforma bienintencionada e ilustrada del chico, y las referencias al ropaje legal se hacían a través 

de eufemismos; por ejemplo, la ficción jurídica de que los procesos de menores fueran civiles en lugar de penales. 

La jurisdicción en materia de infracciones de status 2 —una imprecisa categoría de conductas que se consideraban indicadores de infracción futura— significaba una abundante provisión de clientes que someter a la paternalista supervisión de estos juzgados. Aunque hechos similares eran ampliamente ignorados 

por el sistema legal cuando los cometían adultos, los juzgados de menores asumieron como función el refuerzo de la dependencia de la infancia frente a las 

amenazas de una adultez prematura (Rothman 1980). 

La ausencia de formalismo que imperaba en los tribunales juveniles facilitaba una amplia discrecionalidad de los jueces, tanto en sus sentencias como en 

su actitud. Además, las deliberadamente vagas definiciones legales de infracción 

y subordinación permitían a los juzgados intervenir, de forma bastante arbitra2 Status offenses en el original, lo que en general se corresponde con conductas que sólo 

son ilícitas en la etapa de edad juvenil, tales como huir de casa, no respetar el toque de queda para 

menores, gamberrear, ser desobedientes o indisciplinados, beber o fumar tabaco sin tener la edad 

establecida como mínima en cada estado, etcétera. (N. de los T.) 
60 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

ria, en una variedad excepcionalmente amplia de asuntos de familia, particularmente cuando ésta pertenecía a las clases bajas y se encontraba en la implícita 

necesidad de una atención social humanitaria de carácter corrector. 

De forma gradual, y es probable que fuertemente influido por la extensión 

de la pobreza incluso a los moralmente intachables durante la Gran Depresión, 

la perspectiva optimista de que podían reducirse las tasas de delincuencia juvenil a través del tratamiento de los síntomas detectados en chicos de clase baja 

perdió fiabilidad (Fox 1970). El sistema de menores pasó a ser reconocido 

crecientemente como un mecanismo para el control social de la criminalidad en 

sus estadios iniciales. El desencanto causado por el ideal de la rehabilitación se 

puso de manifiesto según las instituciones juveniles iban poniendo énfasis en la 

inocuización y en técnicas de disuasión. Al cabo, el diseño del sistema había 

surgido del mito del parens patriae, fundamento teórico que resultaba hiriente 

para la expansiva conciencia social que caracterizó la década de 1960. 

El legalismo como bálsamo 

Nada menos que una autoridad como el Tribunal Supremo de los EE.UU. 

asumió cándidamente la condena de incluso la corte juvenil, cima del sistema 

de menores. Buscando «domesticar» la escasamente formalizada corte juvenil, 

el Supremo condicionó la posibilidad de redención a que se incorporaran las reglas del proceso debido (In re Gault, 387 U.S. 1 [1967]). La comunicación de 

los cargos, el derecho a asesoramiento, el derecho a la réplica y a la contradicción y el derecho a no autoincriminarse bajo presión fueron todos incorporados 

formalmente a la jurisdicción juvenil como parte de la revolución del «proceso 

debido» de finales de los años 1960. El Supremo desestimó, no obstante, proclamar el derecho constitucional al tribunal del jurado en la jurisdicción juvenil, por el temor de que un paso como éste significara el principio del final para 

los juzgados de menores (McKeiver v. Pennsylvania, 403 U.S. 528 [1971]). 

Finalmente, en coherencia con el espíritu más punitivo de la época imperante 

en los años 1980, el Supremo rechazó informes sociológicos acerca de la absoluta ausencia de fiabilidad de las predicciones sobre la futura peligrosidad y 

contraargumentó que la detención preventiva de menores basada en el «serio 

peligro» no viola el principio de buena fe e igualdad de armas exigido por el 

proceso debido (Schall v. Martin, 467 U.S. 253 [1984]). De hecho el Supremo, 

al apuntar que los adolescentes nunca estaban por completo libres de la supervisión de los adultos, confirmó la idea de que la adolescencia sea una 

subcategoría de la infancia. 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 61 

Especialmente a partir de los 1980, los juzgados de menores han centrado 

su atención en la infracción cometida (lo que se ha denominado «principio de 

ofensividad») más que en el tratamiento del joven (Feld 1988). Las llamadas 

consideraciones jurídicas (en especial la relativa gravedad de una infracción dada, 

unida a los antecedentes infractores del menor) imperan sobre la preocupación 

por el futuro bienestar del menor. Con razón, la esencia de la moderna jurisdicción juvenil ha sido descrita como «poca sustancia, mucho rito legal y riadas de 

control» (Humes 1996). Puesto que la razón de ser originaria de la corte juvenil hundía sus raíces en la rehabilitación individualizada, la creciente puesta de 

manifiesto de dimensiones estandarizadas y punitivas en la misma ha planteado la posibilidad de simplificar fundiendo la jurisdicción de menores con la jurisdicción penal de adultos. 

Las garantías procesales dispensadas en la jurisdicción juvenil, hasta donde existen, no necesariamente han sido una buena noticia para los menores. El 

modelo acusatorio es identificado ahora abiertamente como el corazón del sistema juvenil, y ello a pesar de que al menos un importante estudio ha comprobado que los menores sin representación letrada son objeto de decisiones menos severas que los que sí la tienen, incluso teniendo en cuenta las variables de 

la relativa gravedad de la infracción, de la detención preventiva y de sus antecedentes (Feld 1993b). Además, a pesar de los elogios de boquilla que recibe la 

representación letrada, un porcentaje relevante de menores acuden sin abogado, 

lo que no ha impedido la popularidad de normas contra los reincidentes basadas parcial o totalmente en condenas previas sin asesoramiento jurídico (Feld 

1989). 

La comunidad considerada como parte del tratamiento 

Aunque la tendencia dominante en materia de corrección de menores durante 

al menos la primera mitad del siglo XX estaba basada en la actuación de instituciones, la desconfianza general en las instituciones sociales durante los años 

1960 contribuyó al surgimiento de aproximaciones basadas en la prevención, la 

derivación (diversion) 3 y la desinstitucionalización (Miller 1961). La masiva 

3 Diversion, concepto habitualmente traducido como «desvío» o «derivación», equivale a 

desjudicialización, es decir aquellas corrientes dentro de la justicia tendentes a evitar el contacto 

del sujeto con las instancias judiciales formales, desviando el proceso (penal) a ámbitos no for­
62 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

distribución de fondos por parte de la nueva Administración de Apoyo al Cumplimiento de la Ley (Law Enforcement Assistance Administration) en los años 

1970 animó la proliferación de programas diseñados para librar a los jóvenes 

susceptibles de redención de las formalidades y estigmas de la jurisdicción de 

menores. La Ley de Prevención de la Delincuencia y Justicia Juvenil de 1974 

(1974 Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act) puso gran énfasis en el 

tratamiento de base comunitaria e incorporó la prohibición de encarcelar a los 

infractores de status en establecimientos cerrados de detención y corrección. La 

desinstitucionalización se puso de moda, aunque estaba reservada mayormente 

para los autores de infracciones de status. Opciones no privativas de libertad eran 

los hogares tutelados, las comunidades terapéuticas abiertas, los centros de día 

y los programas en la naturaleza 4. Sin embargo, las evaluaciones de estos programas no han podido acreditar reducciones apreciables de la conducta desviada entre los menores (Welsh, Harris, y Jenkins 1996). 

Desde finales de la década de 1970 hasta la de 1990, se produjo de manera 

simultánea un incremento sustancial del enfoque carcelario y del enfoque de la 

derivación de los jóvenes con problemas. Se han realizado al menos dos metaanálisis. En un estudio de 90 programas de base comunitaria se comprobó que 

los más efectivos fueron los más intensos, los que eran supervisados concienzudamente para resolver problemas de puesta en práctica, los más claramente 

orientados a la comunidad y los que hacían mayor hincapié en el desarrollo de 

habilidades vitales específicas (Gottschalk et al. 1987). Las conclusiones de otro 

estudio sobre 44 programas de tratamiento de menores y 23 de adultos fueron 

que su eficacia dependía en alto grado de que se proveyeran servicios adecuados a los sujetos de alto riesgo, se centraran en las necesidades de los jóvenes 

relacionadas con su motivación para delinquir, y de que se adecuara la intervención a las necesidades y estilos de aprendizaje del destinatario. Aquellos servicios considerados inadecuados por los autores causaban un incremento de la 

conducta desviada cuando se prestaban en un contexto residencial en lugar de 

ambulatorio (Andrews et al. 1990). 

La proliferación de la industria del tratamiento como un apéndice de la justicia de menores también ha traído consigo programas especializados que se 

malizados, al final de los cuales se impone —llegado el caso— una sanción informal, como por 

ej. los trabajos en beneficio de la comunidad, la mediación con la víctima, cursos de adquisición 

de habilidades sociales, etc. (N. de los T.) 4 Programas de acampadas en los que los jóvenes, mediante su implicación en actividades 

grupales de alpinismo, senderismo, etc., elevan su autoestima (N. de los T.) 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 63 

basan de manera creciente en modelos médicos. Por ejemplo, programas específicos para jóvenes autores de delitos relacionados con las drogas o el sexo implican la reducción de estas tendencias antisociales. Todo el espectro de la industria sanitaria está encontrando mercados sin explotar en el campo de la 

conducta juvenil desviada. Cada vez es más común la privatización de servicios 

en áreas como el tratamiento desintoxicador, la acogida en familia y la educación, según las organizaciones con ánimo de lucro van dándose cuenta del potencial de beneficios que hay en el terreno de la corrección de menores, el cual 

ya han capitalizado en el de la corrección de adultos. 

Esta coexistencia evolutiva de fines contradictorios, como lo son el tratamiento y el castigo, está ejemplificada en el Plan de Acción Nacional de Justicia de Menores (National Juvenile Justice Action Plan), parte de la Estrategia 

Integral de la Oficina de Justicia y Prevención de la Delincuencia de Menores 

(Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention; en adelante, OJJDP) 

para Delincuentes Juveniles Graves, Violentos y Reincidentes (Comprehensive 

Strategy for Serious, Violent and Chronic Juvenile Offenders) (Wilson y Howell 

1993). Un objetivo de este plan es proveer intervención inmediata y sanciones 

y tratamiento adecuados para los infractores. El proyecto Futuros Seguros 

(SafeFutures) puesto en marcha en el marco de este objetivo busca la colaboración entre las autoridades de menores, los proveedores de sanidad y de salud 

mental, los educadores y los consejos vecinales. Un segundo objetivo es llevar 

ante los tribunales a los jóvenes acusados de delitos graves, violentos y reiterados. Por ejemplo, la OJJDP subvenciona investigaciones sobre el mecanismo del 

desistimiento. Un tercer objetivo, la reducción del contacto de los menores con 

armas, drogas y bandas, evoca el estereotipo de los jóvenes urbanos. Bajo este 

objetivo se financia el Proyecto Boston de Prevención de la Violencia (Boston 

Violence Prevention Project), el Programa Nacional de Intervención y Supresión 

de las Bandas Juveniles (National Youth Gang Suppression and Intervention 

Program), la Iniciativa de Respuesta Integral a las Bandas Juveniles Estadounidenses (Comprehensive Response to America’s Youth Gang Initiative), el Centro Nacional de Bandas Juveniles (National Youth Gang Center) y los Clubes de 

Chicos y Chicas para la Prevención de las Bandas en Estados Unidos a través 

de Asistencia por Acercamiento Focalizado (Boys & Girls Club of America’s 

Gang Prevention Through Targeted Outreach). Un cuarto objetivo abarca la provisión de oportunidades de educación y tutoría a jóvenes considerados en riesgo. Aquí se incluyen programas como el Curriculum de Prevención de la Violencia para Adolescentes (Violence Prevention Curriculum for Adolescents), el 

Programa para Negociadores en el ámbito de los Jóvenes (Program for Youth 

Negotiators), programas de mediación entre pares (peer mediation programs), 
64 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Acción Positiva a través de una Educación Holística (Positive Action Through 

Holistic Education, PATHE) y los Programas de Tutoría de Jóvenes (Juvenile 

Mentoring Programs, JUMP). Por último, un quinto objetivo es hacer frente a 

la victimización, el abuso y el abandono de los menores, para lo cual la OJJDP 

financia programas como Niños Seguros/Calles Seguras (Safe Kids/Safe Streets) 

(agencias de asistencia familiar), el programa Comienzo Saludable (Healthy Start 

Program) (asistencia sanitaria global en la infancia) y el Programa de Política 

Comunitaria Yale/New Haven de Desarrollo de la Infancia (Yale/New Haven 

Chile Development-Community Policing Program). 

Este breve examen de la historia de la justicia de menores sugiere cuatro 

épocas que se caracterizan por los asuntos que reciben atención preferente en las 

respectivas políticas de cada una: (1) el Período de los Asilos (1824-98), (2) el 

Período de los Tribunales de Menores (1899-1960), (3) el Período de los Derechos de los Menores (1961-80) y (4) el Período del Control de la Delincuencia 

juvenil (1981-actualidad). La última época está evolucionando hacia un período de políticas más complejas, según las autoridades federales, estatales y locales intentan reconciliar los caminos divergentes de algunas iniciativas. Al tiempo que examinamos el amplio conjunto de factores que han ayudado a dar forma 

al sistema de justicia de menores, vincularemos las tendencias implícitas en esos 

factores con cada uno de los períodos. 

LAS CONSTRUCCIONES SOCIALES DE LA INFANCIA Y DE LA INFRACCIÓN 

Las perturbadoras imágenes de niños como víctimas y de niños como autores subyacen al desarrollo del sistema de justicia de menores. Tales imágenes se estructuran en términos de dos cambiantes conceptos o construcciones 

sociales que influyen directamente en las respuestas sociales a la conducta juvenil desviada: la idea de infancia y la idea de infracción o conducta desviada juvenil (delinquency). La idea o el significado social de la infracción es, por 

supuesto, en gran medida una consecuencia de cómo define la sociedad la infancia. Incluso hoy, las comunidades jurídica y psicológica se enfrentan arduamente a los problemas derivados de la relación entre las teorías del desarrollo de la infancia y la frontera que separa a los meros infractores (delinquents) 

de los verdaderos delincuentes (criminals), y buscan la manera de impedir que 

los menores sean objeto de un trato injusto por el sistema de justicia y de resolver las desazonadoras contradicciones de las políticas de menores. 

En los últimos años, se ha experimentado en los Estados Unidos una explosión de represión punitiva dirigida hacia sus jóvenes. Entre 1983 y 1995, el por­
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 65 

centaje de menores internados en centros públicos creció un 47 por ciento 

(Sickmund 1997). Además se ha producido una reciente revisión en casi todos 

los Estados de la legislación de justicia juvenil, en el sentido de incrementar el 

rango de delitos que pueden dar lugar a la exclusión del tribunal de menores, 

reducir la confidencialidad de los procedimientos y expedientes de justicia juvenil y establecer una relación más clara entre infracciones y sanciones 

(Szymanski 1997; Torbet et al. 1996). Estos cambios, en la medida en que se 

produjeron de manera casi simultánea en toda la nación, sugieren una imagen 

nueva del menor infractor, nueva pero aún por articular. 

El significado de la infancia 

Nuestras concepciones de la infancia y de la adolescencia se han desarrollado desde que nació la justicia de menores, del mismo modo que lo ha hecho 

el conocimiento del desarrollo evolutivo de los niños y los adolescentes. Las 

antiguas imágenes del niño como un inocente que necesita de la protección de 

los adultos ha dado paso a una perspectiva más compleja como producto de unos 

contextos sociales que son al mismo tiempo más permisivos y más exigentes. Los 

niños de hoy tienen acceso a información antes considerada dañina y protagonizan un sector significativo del mercado. El movimiento pro derechos de los 

niños y de educación y crianza prudentes que caracterizó la década de 1970 fue 

sustituido por un enfoque de responsabilidad individual en la de 1990 (Bazemore 

1992; Torbet et al. 1996). Al mismo tiempo, las expectativas de padres, niños y 

adultos han venido a ocupar un lugar más destacado en la discusión sobre las 

políticas a seguir en relación con la delincuencia y la adicción de menores. Se 

anima a los padres, a los profesores e incluso a los vecinos adultos a ejercer un 

mayor control sobre nuestros jóvenes. 

Los académicos que han examinado la historia de la justicia de menores 

coinciden en que la infancia es «vista como un hecho social más que biológico» (Ainsworth 1999, 8; véanse asimismo Empey 1978; Aries 1962). La infancia es una creación. La tendencia a segmentar la maduración del ser humano en 

diferentes etapas, para después atribuir a las diversas etapas diferentes cuantías 

de capital cultural, se ha extendido bastante más allá de la ciencia de la biología humana. La historia de la infancia escrita por Aries (1962) nos informa de 

la aparente falta de distinción entre niños y adultos en la sociedad medieval. No 

se hacía esfuerzo alguno para proteger a los niños frente a la vida social de los 

adultos; no se percibía aún ningún motivo que hiciera necesaria la protección. 

El concepto «inocencia de la infancia» aparecería más tarde. 
66 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Ainsworth (1999) señala la contradicción entre la doctrina calvinista de nacer en el pecado y, por tanto, estar condenado para la eternidad, y la filosofía de 

la Ilustración que considera a los niños puros e inocentes y, por tanto, necesitados de protección y crianza. La primera de estas perspectivas sugiere la necesidad de salvación, mientras que la segunda implica la necesidad de evitar influencias nocivas, criminógenas, en el ambiente hasta que una adecuada socialización 

inmunice para contrarrestar las fuerzas del mal. A ambas imágenes de la infancia subyace la noción de que los niños son diferentes de los adultos y éstos juegan un papel en el modelado de su porvenir. La contienda entre estas dos perspectivas se dirimió en las instalaciones conocidas como Casas de Asilo que 

proliferaron bajo la mirada vigilante de organizaciones sectarias durante el siglo XIX. Aunque inicialmente pensadas para servir a los pobres, sus roles como 

empresas de atención a la infancia evolucionaron a la implicación interesada en 

los efectos perjudiciales del brote repentino de ciertas áreas urbanas (Empey 

1978). 

En la época en que se creó la jurisdicción de menores, la estructuración de 

la infancia continuaba con renovado vigor. El movimiento «estudio del niño» no 

sólo proporcionó descripciones más complejas de las etapas de desarrollo, sino 

que obtuvo un estatuto de formalidad a través del establecimiento de departamentos universitarios de desarrollo del niño y del desarrollo, en medicina, del 

área de pediatría (Ainsworth 1999). 

La etapa de desarrollo de la adolescencia, importante para la justicia juvenil, surgió como una manera de referirse a personas que se encuentran en un estadio de evolución entre la infancia y la edad adulta. La determinación de esta 

frontera llegó a ser el objetivo principal del desarrollo de las políticas, expresadas con toda claridad en las leyes de trabajo infantil y de escolaridad obligatoria. La preocupación por controlar a quienes eran percibidos como amenazas para 

el orden social, en virtud de su tamaño corporal y de su falta de madurez, provocó que se ampliara la duración de la infancia y, en consecuencia, la dependencia económica de los adolescentes, creándose incluso mayores demandas de control social formal. Desde la perspectiva del sistema de justicia, la sociedad 

escogió clasificar a los adolescentes como una subcategoría de niños, no de adultos, y decidió por tanto no considerarlos responsables por sus actos. Como dijo 

Ainsworth (1999, 12), «para los defensores de la jurisdicción juvenil, existe una 

diferencia radical entre las capacidades morales y cognitivas de los menores y 

las de los adultos, la cual no sólo sirve para mitigar la culpabilidad de los jóvenes por sus hechos ilícitos, sino también para absolverlos de cualquier clase de 

responsabilidad penal». Una vez comprometidos con la estrategia de control sobre este vibrante segmento de la sociedad, el control llegó a ser una obsesión. 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 67 

La jurisdicción de menores, con su doctrina de parens patriae, se convirtió en 

el último instrumento de control. Sin las limitaciones del proceso debido, el juez 

de menores era libre para imponer formas de «tratamiento» dirigidas a provocar cambios en la conducta y el estilo de vida. La construcción social es, finalmente, una empresa utilitaria. A mitad de la década de 1960, la imagen de la 

adolescencia que había animado la jurisdicción juvenil desde que se creó se había 

tornado impotente. El cambio de una ideología de la rehabilitación a otra basada en la retribución no se debió a cambios en nuestras convicciones acerca de 

las causas de la conducta criminal; más bien, el cambio se debió a una desilusión general acerca de nuestra capacidad de rehabilitar y a nuestro miedo al daño 

potencial causado por los actos de los adolescentes. Los responsables políticos 

optaron por abandonar el parens patriae y la consideración de la adolescencia 

como una parte de la infancia, debido a que la estrategia del tratamiento había 

fracasado en el control de la conducta de los adolescentes indóciles. Gradualmente, la adolescencia vino a reclasificarse como una parte de la edad adulta, y 

los principios retributivos volvieron a considerarse adecuados para asignar sanciones en asuntos de menores. 

Los legisladores no han estado solos en la reconstrucción de la adolescencia; los tribunales han asumido algunos retos de importancia en relación con los 

derechos y las responsabilidades de niños y padres. Las sentencias del Tribunal 

Supremo de los EE.UU. en la década de 1960 implicaban que los niños eran personas merecedoras de la misma tutela constitucional que los adultos, incluyendo la libertad de expresión, los derechos inherentes al proceso debido y la adopción de decisiones importantes (Gardner 1995). Otras sentencias reforzaron la 

autoridad de los padres y de los responsables escolares, incluyendo algunas normas menos relevantes sobre la madurez que tenían que ver con la necesidad de 

consentimiento parental para recibir cuidados médicos no urgentes, en especial 

los relativos al control de natalidad, el aborto y la deshabituación al consumo 

de sustancias. Las contradicciones de estas sentencias en cuanto a la autonomía 

de los adolescentes ponen de manifiesto la ambivalencia interna de los responsables políticos acerca de la propia naturaleza de la adolescencia. 

La forma de castigo empleada durante la última parte del Período del Control de la Delincuencia juvenil (desde 1980 hasta la actualidad) viene a ser una 

versión modificada de la que se encuentra en la jurisdicción penal. Decimos 

modificada porque el desarrollo de la competencia personal, un componente de 

la «perspectiva equilibrada» que ha reemplazado la misión rehabilitadora en 

muchas de las leyes penales juveniles, ha sido incorporado como un objetivo en 

la mayor parte de la reciente jurisprudencia de los juzgados de menores 

(Bazemore 1992). La perspectiva equilibrada comprende la toma en considera­
68 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

ción de la seguridad pública, la responsabilidad del autor y el desarrollo de habilidades sociales de éste, con la seguridad pública como preocupación preferente. Ahora se atribuye mayor peso a las necesidades de la víctima en la modulación de las sanciones y, en la práctica, la reparación ha recibido un renovado 

impulso. Conforme a este esquema, el desarrollo de la competencia personal tiene que ver con el incremento —a través de la educación, de la formación ocupacional y de la mejora de las habilidades sociales— de la capacidad del autor 

del hecho delictivo para asumir roles socialmente aceptables. Una falta de competencia personal, sin embargo, no exime de responsabilidad. 

Frente a este énfasis en la responsabilidad, nos encontramos con reacciones 

recientes como las de las balaceras escolares de Littleton (Colorado) y de otros 

lugares. Según las informaciones de prensa acerca de las conversaciones entre 

los políticos y los ciudadanos, parece que las comunidades estarían reevaluando 

el alcance de la autonomía que ha de concederse a los adolescentes. Semejante 

inestabilidad de la construcción social de la adolescencia refleja la contradicción 

interna que tienen los adultos en relación con la aplicación de mecanismos informales de control social a jóvenes que están cerca de la adultez. 

La literatura reciente acerca de la adolescencia sugiere que un pánico moral acompaña las reacciones de los adultos frente a cada nueva generación de 

adolescentes (Bernard 1992; Brendtro y Long 1994; Moore y Tonry 1998; Austin 

y Willard 1998). Según Austin y Willard (1998, 1): 

«La juventud se convierte en una metáfora del cambio social percibido y sus previsibles consecuencias, y como tal es un reducto permanente al que desplazar las 

ansiedades sociales. Frases como los problemas de la juventud actual, usadas como 

chivo expiatorio para rehuir más amplias preocupaciones sociales, identifican e 

individualizan a los jóvenes como el problema en sí». (Énfasis en el original). 

Las imágenes que están modelando la justicia juvenil son incluso más amenazadoras. Bandas, algunas de ellas de alcance nacional; tráfico de drogas; disparos 

desde vehículos en marcha; uso de armas; todas ellas son imágenes que han sido 

asociadas, a menudo con matices que no están basados en hallazgos de las investigaciones, para formar el perfil de un superpredador (DiIulio 1996). Aunque se 

ha criticado a DiIulio por promover esta visión del joven que delinque (véase, por 

ejemplo, Howell 1997, 195), tales imágenes no son nuevas. El menor violento ha 

sido una constante en los noticieros durante más de una década. Si bien es cierto 

que los problemas de las armas y de la violencia requieren atención, también lo 

es que sirven para distraer a la población del hecho de que los jóvenes violentos 

son la excepción. La gran incumbencia de la justicia juvenil trata más bien acer­
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 69 

ca de menores que son como siempre han sido los delincuentes, así como de las 

familias, escuelas y barrios que conforman sus vidas. 

El significado de la infracción 

Los primeros años del sistema de justicia juvenil descansaron en gran medida en la metáfora cristiana de la salvación (Platt 1977). Los niños pobres eran 

considerados como criaturas que habían crecido en ambientes familiares y vecinales ausentes de cuidados parentales que merecieran este nombre, con padres 

negligentes, hogares inadecuados para la crianza de los hijos y barriadas que eran 

semilleros de vicio e inmoralidad (Schlossman y Sedlak 1983). Puesto que tradicionalmente la conducta desviada de menores (delinquency) ha tenido un significado más amplio que el de la conducta criminal, y dado que la metáfora de 

la salvación ha sufrido la influencia de la ciencia, las discusiones recientes sobre prevención y tratamiento han descansado más bien en analogías médicas y 

metáforas científicas, implicando que la conducta desviada sería una especie de 

enfermedad (Asquith 1983). Con la salvación y la rehabilitación al servicio de 

opciones filosóficas, el sistema de justicia juvenil no fue diseñado para considerar tan sólo la conducta como objeto exclusivo de sus decisiones. 

Con inicios en la década de 1960 (el Período de los Derechos de los Menores), los desarrollos de la sociología de la conducta desviada cambiaron el enfoque de la criminología, pasando de las causas de la delincuencia juvenil a la 

maquinaria judicial y las acciones de sus agentes. La teoría del etiquetado y las 

investigaciones sobre discrecionalidad llevaron a muchos criminólogos y responsables políticos a concluir que era inútil indagar acerca de las causas de la conducta desviada. Más aún, los teóricos de la desviación argumentaban que la verdadera finalidad del sistema de justicia juvenil estaría relacionada antes con las 

perspectivas teóricas y la dinámica política de estos sistemas de control social 

que con sus nobles propósitos confesados. 

El hecho de que el proceso de la jurisdicción de menores provenga de la justicia penal y llegue a parecerse tanto al proceso penal de los mayores plantea un 

problema para el sistema de justicia juvenil. El proceso judicial debe considerar al autor individual como una persona racional y responsable, pero el proceso correccional asume una patología o una falta de socialización (Duster 1987). 

Durante la década de 1970, cuando la rehabilitación sufrió sus mayores reveses, 

los programas correccionales de menores se mantuvieron fieles a sus propósitos rehabilitadores. Todas las iniciativas contrarias a la rehabilitación surgieron 

en el contexto de los tribunales; el tratamiento correccional permaneció más bien 
70 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

intacto por los cambios que se produjeron en el ámbito global de la justicia juvenil. La tensión entre estas dos perspectivas refleja la contradicción interna de 

nuestra cultura acerca de sus adolescentes. Está bien establecida la falta de equiparación de su posición jurídica con la de los adultos, pero las estructuras de 

autoridad de los adultos son reacias a asumir responsabilidad por su conducta 

(Empey y Stafford 1991). 

Las definiciones de la delincuencia de menores entremezclan conducta 

delictiva y características personales. Es decir, tradicionalmente el status de infractor juvenil (delinquent) se ha atribuido a los individuos en función de sus 

condiciones de vida, y no tanto del delito concreto, mucho menos significativo 

en el amplio conjunto de factores. Durante el Período de Control de la Delincuencia juvenil, con los menores delincuentes considerados como una seria amenaza para la seguridad pública, los tribunales fueron centrándose cada vez más 

en la gravedad del delito, tanto a los efectos de la evaluación de cada asunto como 

a los de la sanción a imponer. En la jurisdicción de menores, ahora se aceptan 

como adecuadas las sanciones proporcionales, mientras que antes la gravedad 

del delito jugaba un papel relativamente menor. Además, el recurso creciente al 

procedimiento de remisión del menor al sistema penal de adultos (waiver) 

enfatiza la importancia del delito cometido a la hora de decidir si el menor cumple los requisitos para ser sometido a un programa para delincuentes juveniles. 

Esta tendencia está reforzada por una explosión legislativa y de reciente jurisprudencia que han articulado el punto y final de la rehabilitación como propósito primordial de la justicia juvenil. 

Las infracciones de status, ampliamente ignoradas durante los años precedentes, son ahora fundamento para la aplicación de programas de prevención y 

corrección, así como instrumentos para mantener las fronteras sociales (Krisberg 

y Austin 1993). La distinción entre estas infracciones leves y los actos propiamente delictivos fue una cuestión central en la década de 1970, debido sobre todo 

a las críticas contra la falta de equidad de sancionar por igual estas dos categorías de conductas. El reciente resurgimiento del interés por las infracciones de 

status durante el Período del Control de la Delincuencia Juvenil sugiere que el 

rol tradicional del sistema de justicia de menores, aunque sin implicar necesariamente a los tribunales, sigue teniendo reconocimiento. Esto es, aunque se siguen considerando menos graves las infracciones de status que las infracciones 

penales, el asegurar que los chicos vayan a la escuela, respondan adecuadamente 

a la autoridad paterna y residan en casa puede prevenir la conducta delictiva. Esta 

tendencia de política criminal sugiere que las comunidades están comenzando 

a incrementar el ejercicio de la autoridad de los adultos sobre las vidas de los 

jóvenes. 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 71 

EL ROL DE LA TEORÍA Y LA MEDICIÓN 

La construcción social de la delincuencia juvenil ha sido influida en cierta 

medida por las contribuciones de la moderna criminología. En otras palabras, el 

método científico tiene algo que ver con el modo en que pensamos acerca de la 

delincuencia juvenil y en que respondemos a ésta. Sin embargo, como expresaremos en este capítulo, los grandes cambios en la política de justicia juvenil sólo 

se corresponden ocasionalmente con movimientos observados en la delincuencia juvenil o con nuevos desarrollos teóricos. Sería engañarse sugerir que la teoría 

y las mediciones de las infracciones juveniles son el único ni el más importante factor de la política criminal referida a los menores. 

Al mismo tiempo, no obstante, los métodos de medición de la delincuencia 

y la atención a los datos estadísticos han asumido gradualmente una posición 

prominente tanto en el desarrollo de la teoría de la delincuencia juvenil como 

en el diseño de las políticas de justicia de menores. Lo que sucede simplemente es que los teóricos y los responsables políticos no prestan atención a la misma información al mismo tiempo ni con el mismo énfasis. 

El estudio de la delincuencia de menores ganó impulso durante el Período 

de los Asilos (1824-1898) de la mano del giro hacia el positivismo en la ciencia (esto es, un énfasis en los hechos y las conductas observables y medibles; 

un intento de descubrir nexos causales que se asumía existen en la naturaleza). 

El positivismo fue una reacción a la antigua criminología «clásica» que ponía 

el énfasis en la racionalidad humana y en la necesidad de animar a la gente al 

ejercicio responsable de su libertad. Aunque durante este período la teoría propiamente criminológica es escasa, los partidarios de la justicia juvenil de la época 

se centraban en proveer cobijo, alimento y disciplina a los numerosos jóvenes 

infractores que se encontraban abandonados y sin hogar, así como en enseñarles hábitos provechosos de trabajo y estudio. Creían que los efectos negativos 

del ambiente social eran potencialmente susceptibles de mejora a través de la 

intervención.

 Los criminólogos positivistas comenzaron, cada vez más, a desarrollar tres 

argumentos: (1) la delincuencia juvenil estaba influida fuertemente por factores 

físicos, mentales y sociales; (2) los delincuentes eran diferentes de los no-delincuentes; y (3) la ciencia podía ser empleada provechosamente para descubrir las 

causas de la delincuencia juvenil y reducir ésta (Vold, Bernard, y Snipes 1998). 

Dos implicaciones de esta perspectiva emergente eran que cualquier teoría de la 

delincuencia juvenil debería basarse en la observación y medición de las conductas y que cualquier intervención, incluida la pena, debería estar diseñada a 

la medida del infractor. Los movimientos más significativos que se han produ­
72 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

cido en la justicia de menores a lo largo de la historia pueden ponerse en relación con esta tensión continua entre los principios positivistas y clásicos. 

Gran parte de la investigación sobre la delincuencia juvenil en el Período de 

los Tribunales de Menores (1899-1961) (por ejemplo, Glueck y Glueck 1950; 

Shaw y McKay 1942) se esforzaba por descubrir las principales tendencias observables y generalizables en la conducta penalmente desviada. No se trata de 

que semejante tarea fuera ateórica, sino de que «... su contribución fundamental fue un conjunto de hechos duramente trabajados y sólidos, indispensables para 

la criminología científica» (Gottfredson y Hirschi 1987, 19) 5. El Período de los 

Tribunales de Menores también se caracterizó por la influencia de ciertas contribuciones teóricas procedentes en buena medida de la filosofía y la sociología. 

Entre ellas, Delinquent Boys de Cohen (1955) y Delinquency and Opportunity 

de Cloward y Ohlin (1960). 

En esta época, los criminólogos positivistas defendían la capacidad de los 

científicos para descubrir y modificar los correlatos biológicos, psicológicos y 

sociales de la delincuencia juvenil. El modelo médico dominó el pensamiento 

sobre la criminalidad y la delincuencia durante la mayor parte de este período, 

incluyendo la creencia en la posibilidad de prevención y cura (rehabilitación). 

Los intentos tempranos más sofisticados de medir y comprender la delincuencia juvenil salieron de la «Escuela de Chicago», en concreto de sus investigaciones de la década de 1920 (así, Park, Burgess, y McKenzie [1925] 1967; 

McKenzie 1925). Tal y como señala James Short (1998, 6), estos trabajos fueron innovadores en sus ricas descripciones de las vidas de los jóvenes infractores, 

incluyendo —aunque sin limitarse a ello— la implicación de los jóvenes en actividades criminales: «La Escuela de Chicago desarrolló una sensibilidad para 

los procesos —procesos ecológicos, procesos organizativos e institucionales, 

procesos de formación de la identidad y procesos grupales—, procesos a través 

de los cuales nos convertimos en humanos y funcionamos como seres humanos». 

Mientras que la investigación ecológica previa (por ejemplo, Thrasher 1927) llevó a cabo una detallada investigación cualitativa, incluyendo la observación 

participativa de las bandas de delincuentes, la investigación posterior (por ejemplo, Shaw y McKay 1942) se basó crecientemente en las estadísticas oficiales 

(por ejemplo, tasa de detenciones y puestas a disposición) para medir y estudiar 

la delincuencia juvenil. 

5 Por supuesto, el trabajo cualitativo extremadamente detallado de anteriores investigadores de la delincuencia como Thrasher fue también empírico, pero sus observaciones fueron claramente cualitativas antes que cuantitativas. 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 73 

Shaw y McKay desarrollaron por su parte mediciones cuantitativas con el 

fin de evaluar la teoría de desorganización social desarrollada por Burgess et al. 

([1925] 1967). Dicha teoría tiene dos componentes fundamentales. Según el primero, la gente compite por un espacio atractivo en la ciudad. Ésta era una ventaja económica asociada con el hecho de estar cerca de los mercados o plazas, 

por lo que desde este punto de vista muchas ciudades crecían alrededor de dichos mercados. En segundo lugar, los niveles de organización e integración social variaban en diferentes comunidades, lo cual redundaba en la socialización 

y conducta de la juventud. 

Dichos autores descubrieron que las tasas de criminalidad más altas se encontraban en lugares cerca del centro de la ciudad, tendiendo las mismas a ir 

decreciendo a medida que uno se alejaba del mismo. Su explicación se centraba pues en los cambios en el medio físico y los impactos resultantes en la conducta social de los residentes. En el momento en que el centro de la ciudad llegó a estar demasiado poblado y a ser demasiado caro, empresarios estables y 

residentes abandonaron esa zona. El área resultante alrededor del centro de la 

ciudad se convirtió en una zona de transición, caracterizada por la gran movilidad, desorganización social y grandes tasas de delincuencia juvenil. A estos autores les llamó la atención la estabilidad de las tasas de criminalidad con el paso 

del tiempo, incluso después de movimientos de población. La investigación 

ecológica más reciente se ha centrado en medir la cohesión y desorganización 

social en diferentes comunidades, al mismo tiempo que ha establecido hipótesis con respecto a otras variables para así transmitir los efectos de las características de la comunidad (por ejemplo altas tasas de pobreza y movilidad) en la 

tasas de criminalidad (por ejemplo, Bursik 1988; Bursik y Grasmick 1993; 

Sampson y Lauritsen 1993; Sampson, Raudenbush y Earls 1997). 

Shaw y McKay creyeron que la mayor contribución de su trabajo era la demostración de que las relaciones observadas entre la composición racial de la 

comunidad y las tasas de delincuencia juvenil tenían más que ver con el cambio y estructura social que con la motivación individual. Los argumentos de los 

primeros defensores de la teoría ecológica se centraron en la competencia por 

recursos atractivos, incluyendo aquí el territorio (McKenzie 1925). La segregación era el resultado de la competencia entre diferentes grupos, en cuyo transcurso los inmigrantes europeos que residían en la ciudad el mayor tiempo se 

situaban en ventaja. En cambio la experiencia económica de los afroamericanos 

era excepcional por causa de la discriminación persistente a pesar de la emancipación y reconstrucción acaecida después de la Guerra Civil. 

Pocos trabajos han tenido una influencia más grande en la investigación teórica y práctica de la delincuencia juvenil que los desarrollados por Shaw y 
74 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

McKay (Bursik 1988). De igual modo establece Gibbons (1979, 44): «Las conclusiones de Shaw y McKay fueron incorporadas dentro de los supuestos de fondo sobre los cuales varias teorías sociológicas sobre delincuencia juvenil y la 

criminalidad fueron posteriormente construidas». Por ejemplo, la teoría de la 

desorganización social fue la precursora desde un nivel macro-sociológico de la 

teoría del control a nivel individual, desarrollada por Hirschi (1969) (Messner 

y Rosenfeld 1997). Finestone (1976, 1977) ilustra en este sentido cómo casi todos los trabajos tanto teóricos como prácticos llevados a cabo en el campo de 

la criminología desde 1929, incluyendo aquí las teorías de las subculturas, las 

teorías del aprendizaje (por ej. la teoría de la asociación diferencial), las teorías 

del etiquetado o las teorías del proceso social, pueden ser analizadas como extensiones o reacciones a las investigaciones llevadas a cabo por Shaw y McKay. 

Al principio del período de los Derechos de los Menores (1961-1980), la 

importancia de las influencias sociales y culturales en la delincuencia juvenil 

adquirió por un tiempo relevancia, en buena parte como resultado de la emergencia y al mismo tiempo atractivo de la teoría de la oportunidad diferencial 

formulada por Cloward y Ohlin (1960), acompañado todo ello por las intervenciones sociales producidas bajo la presidencia de Johnson, tales como la llamada guerra a la pobreza y la Gran Sociedad (por ej. con medidas como la educación, cursos de formación para el empleo, de adquisición de habilidades, centros 

de recursos para la comunidad, etc.) Del mismo modo que los anteriores 

ecologistas humanos, Cloward y Ohlin argumentan que las motivaciones individuales no pueden explicar por sí mismas la delincuencia juvenil. Por el contrario, el sujeto individual debe estar insertado en un ambiente conformista o 

desviado que le permite a ese individuo aprender las aptitudes o habilidades requeridas. La privación de medios legítimos produce una predisposición hacia la 

delincuencia juvenil. No obstante, las adaptaciones conductuales pueden adoptar diferentes formas, dependiendo exactamente de qué tipo de oportunidades 

específicas de carácter ilegítimo estén a disposición del sujeto en ese concreto 

ambiente. Las oportunidades legítimas pueden estar bloqueadas, pero en todo 

caso las oportunidades ilegítimas deben estar disponibles antes de que el individuo puede elegir entre unas u otras. Si la delincuencia juvenil aparece a causa de la oportunidad desigual y la generalización de la disponibilidad de oportunidades ilegítimas, en ese caso las claras consecuencias políticas de esta teoría 

deben circunscribirse a proporcionar alternativas tanto a las subculturas delincuentes como a las oportunidades ilegítimas. 

La teoría del etiquetado fue objeto de atención durante los años 60 y 70 del 

pasado siglo, conduciendo a que la política hiciera hincapié en aspectos como 

la prevención, la derivación e incluso la desinstitucionalización. La teoría del 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 75 

etiquetado se centra en la aplicación formal o informal por parte de varios sujetos de etiquetas estigmatizantes a aquellos sujetos que muestran una conducta desadaptada. La desviación secundaria surge cuando un sujeto engrana una 

conducta adicional de tipo desviado, la cual es atribuible a la estigmatización 

producida con anterioridad, y como consecuencia de ésta el sujeto cambia su 

concepto de sí mismo más que en la conducta desviada primigenia. Dicha perspectiva se impuso dando lugar a una extensiva opinión compartida por muchos, 

según la cual los sistemas de control establecidos producían más crimen que 

prevenían (Empey 1978). El movimiento diversionista de los años 70 podía ser 

atribuido en gran parte a la influencia de la teoría del etiquetado. 

La teoría del etiquetado ha servido de guía por lo menos en parte a otras teorías vigentes, incluyendo el concepto de reinserción mediante la vergüenza definido por Braitwhite (1989). Se trata de un proceso a través del cual un sujeto 

desviado es etiquetado y sancionado pero a la vez devuelto a la comunidad de 

ciudadanos que respetan la ley a través de palabras, gestos o rituales variados. 

El proceso de estigmatización o «amplificación de la desviación», en contraposición, tiene lugar sólo cuando no es realizado ningún intento para conciliar a 

los delincuentes con sus comunidades. Esta perspectiva incorpora variables de 

diferentes teorías (por ejemplo la teoría del control o la teoría del aprendizaje 

social), aunque de ningún modo puede ser categorizada como una versión reciclada de la teoría del etiquetaje. 

Compatible con la teoría del etiquetado es la opinión que establece que la 

mayoría de la conducta delictiva sucede dentro del contexto del desarrollo normal del adolescente. Incluso delincuentes de alta intensidad (por otra parte una 

pequeña fracción de todos los delincuentes) no se embarcan en conductas 

delictivas durante todo el tiempo. La gran mayoría de todos los jóvenes se caracteriza por desarrollar la mayoría del tiempo conductas normales y respetuosas con la ley (Matza 1964). Muchos jóvenes «son empujados» a una delincuencia de tipo ocasional cuando los controles sociales están debilitados (Matza y 

Sykes 1961; Sykes y Matza 1957), no obstante la delincuencia desaparece totalmente en ellos a medida que se aproximan a la edad adulta. 

La popularidad de las teorías que trasladaban la responsabilidad de factores individuales a entornos o ambientes criminógenos era en parte atribuible a 

muchas opiniones extendidas en la época, según las cuales los agentes de control social actuaban a menudo de forma injusta, negligente o incluso en algunos 

casos brutal. A principios de los 80 el péndulo osciló hacia políticas de control 

de la criminalidad de carácter más conservador, lo cual llevó a que el interés por 

las teorías de la oportunidad diferencial y del etiquetaje se desvanecieran (véase la sección de conclusiones de este capítulo). 
76 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

La sofisticación en la medición de la delincuencia juvenil ha mejorado enormemente desde 1960. Al mismo tiempo, los estudios sobre la delincuencia juvenil han llegado a estar cada vez más informados a través de la medición y observación empírica de la conducta humana. Aunque todas las mediciones 

conservan todavía ciertas limitaciones, en general estamos capacitados para tener un mejor control de los errores de medición mediante los progresos realizados en las técnicas estadísticas y analíticas, además de disponer de mayores 

muestras probabilísticas. Lo ideal, según muchos pensaban 6, es que los avances que se están llevando a cabo en la medición de la delincuencia de menores 

harían progresar el desarrollo de teorías útiles y políticas efectivas. Los ideales 

positivistas influyeron enormemente tanto en las teorías sobre la delincuencia 

juvenil como en el desarrollo de las políticas realizadas durante el período de 

los Derechos de los Menores. 

Cuatro grandes clases de instituciones públicas recopilan datos sobre la delincuencia juvenil (Reiss y Roth 1993, 37): (1) el sistema de justicia penal, (2) 

el sistema de justicia juvenil, (3) los servicios sociales (por ejemplo, salud mental, abuso de drogas y alcohol, abusos físicos y sexuales) y (4) el sistema de sanidad pública (por ejemplo, lesiones y muertes debidas a diferentes causas). Las 

dos primeras son las más utilizadas para estudiar los patrones de la delincuencia juvenil y sus causas. 

Desde la aparición del innovador estudio de Short y Nye (1958), los datos 

de autoinforme han sido cada vez más utilizados para estudiar la delincuencia 

de menores (Farrington 1973; Farrington et al. 1996; Hindelang, Hirschi y Weis 

1981; Huizinga y Elliott 1986). Las mediciones de la delincuencia juvenil a partir 

de la técnica del autoinforme alcanzaron especialmente en los años 60 una especial popularidad, ejemplificadas mediante la conceptualización de la teoría del 

control de Hirschi (1960) y su acompañamiento mediante escalas de autoinforme. 

El desarrollo posterior de las teorías orientadas hacia aspectos individuales (por 

ejemplo las teorías del aprendizaje social) condujo a un crecimiento exponencial 

de las mediciones sobre la delincuencia juvenil autorrevelada. 

Aunque una considerable fluctuación en la delincuencia juvenil revelada depende en gran medida de los items utilizados (por ejemplo tipos y gravedad de 

conductas), de las estrategias de muestreo y de las técnicas utilizadas (por ejemplo encuestas versus entrevistas), las mediciones de delincuencia autorrevelada 

ofrecen grandes ventajas. Dichas mediciones, al igual que las relativas a la 

6 Véase: President’s Commission on Law Enforcement and Administration of Justice (1968), 

así como el U.S. Department of Justice (1998). 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 77 

victimización, pueden detectar infracciones penales las cuales la población no ha 

denunciado a la policía. Lo más importante a destacar es que las mediciones sobre delincuencia autorrevelada permiten formular diferentes cuestiones de carácter causal relativas a las motivaciones individuales que llevan a cometer un hecho 

delictivo, incluyendo cuestiones acerca de las actitudes personales, del valor del 

grupo de iguales, la estructura y relaciones familiares, así como el status 

socioeconómico. Aunque se necesita todavía prestar una gran atención respecto a 

la fiabilidad y validez de los resultados, las mediciones acerca de la delincuencia 

autorrevelada han demostrado a menudo una buena coincidencia y una validez 

predictiva en relación a criterios tales como las demandas realizadas por el tribunal de menores (Farrington et al. 1996; Huizinga y Elliott 1986). 

Si bien la tensión existente entre la criminología clásica y la positivista no 

se ha aplacado definitivamente y la hegemonía de ninguna de las dos ha sido 

completa, en los albores del siglo veintiuno los estudios sobre delincuencia juvenil continúan estando fuertemente centrados en la medición de la delincuencia y la determinación de sus causas (Gottfredson y Hirschi 1987). En este aspecto, el ideal positivista de la medición y observación empírica de la conducta 

delictiva permanece como la idea directriz de la investigación científica. No obstante, la fe positivista centrada en que las causas de la delincuencia pueden ser 

cambiadas más allá de la frontera del individuo se ha debilitado. 

La investigación y la política criminal durante el Período de Control de la 

Delincuencia Juvenil (1981-actualidad) ha mostrado un interés renovado en principios de la criminología clásica (por ejemplo, hacer a los jóvenes responsables 

de las elecciones que toman, dar énfasis a aspectos retributivos o a la incapacitación). De acuerdo con las perspectivas clásicas, es responsabilidad de la sociedad asegurarse que se perciba que los costes de la delincuencia juvenil (plasmados en leyes y procesos penales, así como en la punibilidad) pesan más que 

los beneficios, de modo que una persona «racional» desarrollará una conducta 

conforme a las leyes porque es lo mejor para su propio interés hacerlo así. Un 

examen de los efectos que tienen las respuestas de las leyes penales y del sistema de justicia penal a la conducta humana no es una cuestión nueva; lo único 

que cambia con el tiempo es dónde se pone el énfasis. Los ideales clásicos de 

racionalidad y responsabilidad individual han ido ganando terreno en la investigación de la delincuencia juvenil y en la política criminal de menores 7. 

7 El reciente Plan de Acción de la Justicia Juvenil (Juvenile Justice Action Plan) del Consejo de Coordinación de la Justicia Juvenil y de la Prevención de la Delincuencia (Coordinating 

Council on Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 1996) ilustra un equilibrio inestable de 

ideas positivistas (por ejemplo, prevención y tratamiento), junto a principios de la criminología 

clásica (por ejemplo, responsabilidad y sanciones individuales). 
78 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Al mismo tiempo, este período particular fue testigo de algunos de los más 

importantes desarrollos en la medición y las teorías de la delincuencia de menores desde 1900. A continuación vamos a esbozar varios de los principales 

avances durante este período. 

Mejoras en la medición 

Se sigue insistiendo en la importancia de las mediciones múltiples de la delincuencia, sometidas a elevados grados de escrutinio acerca de su fiabilidad y 

validez. Los progresivos avances en sistemas de información y recopilación de 

datos a lo largo de los años han hecho cada vez más posible emplear nuevas 

mediciones de la criminalidad y de sus correlatos, examinar conexiones entre 

diferentes influencias de la delincuencia, así como controlar el proceso de intervención y sus consecuencias a lo largo de los años (véase para ello Welsh y 

Harris 1999, capítulo 7). 

Las mediciones y definiciones estandarizadas de la violencia juvenil obtenidas a través del método de autoinforme han aumentado enormemente nuestra 

capacidad para hacer comparaciones de ámbito regional respecto a la delincuencia juvenil en diferentes lugares. En el ámbito multiespacial de la OJJDP, que 

comprende estudios referidos a las causas longitudinales de la delincuencia así 

como de sus correlatos, los investigadores emplean el mismo núcleo de medidas en tres lugares distintos (Denver, Rochester y Pittsburgh). Para cada ciudad, 

los investigadores recogen datos relativos a las conductas delincuentes por parte de menores de edad, al uso de drogas, a sus implicaciones con el sistema de 

justicia juvenil, a las características de la comunidad, las experiencias en el ámbito familiar, las relaciones con el grupo de iguales, las experiencias educacionales, las actitudes y valores, así como las características demográficas. Los datos 

de autoinforme recogidos en los años 1987 y 1988 dieron como resultado estimaciones más altas relativas a la implicación de menores y jóvenes en delitos 

de carácter violento que las que se deducían a partir de los datos de las estadísticas oficiales: entre un 12 y un 20 por ciento de los varones de entre 13 y 16 

años revelaron en dichos estudios la comisión de actos de grave violencia en el 

último año (incluyendo aquí conductas delictivas de importancia tales como agresión grave, robo, violación o peleas entre bandas rivales) (Kelley et al., 1997). 

La Encuesta Nacional sobre la Juventud (NYS) (National Youth Survey) ha 

llegado a ser una de las fuentes más conocidas y usadas respecto a los datos de 

delincuencia autorrevelada (Elliott, Huizinga y Ageton 1985; Elliot, Huizinga y 

Menard 1989). El NYS es un estudio mediante paneles de cinco años relativos 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 79 

a una muestra nacional de probabilidad de un total de 1.726 personas que en el 

año 1976 tenían entre 11 y 17 años. Estos adolescentes fueron entrevistados en 

los cinco años siguientes, es decir, entre 1977 y 1981, y después con intervalos 

de tres años. Un total de nueve grupos de datos están ahora disponibles en este 

panel, cuyos sujetos tenían edades comprendidas entre los 27 y los 33 años cuando fueron por última vez entrevistados en el año 1993 (Elliott 1994). Ambas 

muestras, es decir, las referentes a la delincuencia autorrevelada y las relativas 

a los datos recogidos oficialmente, están disponibles para los sujetos encuestados, 

mientras que los datos recogidos oficialmente están disponibles para los padres 

o tutores. (Elliott 1994). Los datos están disponibles respecto a una vasta diversidad de variables, incluyendo el status demográfico y socioeconómico de los 

encuestados, sus padres y amigos, los problemas del vecindario, educación, 

empleo, habilidades, aspiraciones, esperanzas, falta de normas, actitudes hacia 

conductas delictivas, exposición a grupos delincuenciales, situaciones depresivas autoinformadas, delincuencia, uso de drogas y alcohol, victimización, embarazos, abortos, uso de servicios de salud mental o para pacientes externos, violencia ejercida por los encuestados y conocidos de éstos, uso de drogas 

controladas y actividad sexual. Las conclusiones importantes en lo concerniente a pautas de delincuencia merecen una breve atención (véase Elliott 1994). Por 

ejemplo, los jóvenes de sexo femenino presentaban una incidencia delictiva en 

una mayor proporción que las estimaciones establecidas por los Informes Uniformes sobre la Criminalidad (Uniform Crime Reports, en adelante UCR). Mientras que los datos del UCR señalaban una proporción de ocho a uno en favor de 

los jóvenes detenidos de sexo masculino con respecto a los de sexo femenino por 

delitos de especial violencia, los datos de la NYS denotaban una diferencia más 

pequeña en cuanto al género de los jóvenes detenidos, diferencia que no obstante 

se incrementaba gradualmente con el paso del tiempo: únicamente una proporción de 2 a 1 a la edad de 12 años, para pasar a una proporción de 3 a 1 a la edad 

de 18 años, llegando a una relación de 4 a 1 a la edad de 21. Las diferencias raciales eran asimismo más pequeñas según los datos recogidos por la NYS. Así, 

mientras que los datos del UCR revelaban que por cada joven de raza blanca 

detenido por un delito de especial violencia se producían cuatro detenciones de 

jóvenes afroamericanos, los datos de la NYS ofrecían una proporción de infracciones delictivas de sólo 3 a 2. Por lo demás, la NYS reveló una edad más temprana de comienzo de infracciones violentas (14-17 años) que las estimaciones 

previas proporcionadas por las estadísticas oficiales (18-24 años). Asimismo, la 

NYS ha encontrado una progresión constante hacia actos delictivos de mayor 

envergadura con el paso del tiempo. Por ejemplo, la agresión grave precede al 

robo en el 85% de los casos y a la violación en el 95% (Elliott 1994). 
80 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Desarrollo y perspectivas durante el ciclo vital 

Los criminólogos han preferido a menudo estudiar más bien las diferencias 

entre grupos de delincuentes, que los cambios de la conducta delictiva individual en el transcurso del tiempo (LeBlanc y Loeber 1988). En consecuencia, 

sabemos poco acerca de los cambios de las tasas de criminalidad individual, ya 

sean incrementos o disminuciones, a lo largo del ciclo vital. Del mismo modo, 

tampoco sabemos si esas mismas causas son invariables durante ese ciclo vital 

o si más bien se dan un conjunto de causas, las cuales actúan sobre los sujetos 

delincuentes en diferentes edades, etapas de desarrollo o transiciones de la vida. 

El mayor enfoque en la medición longitudinal de la criminalidad y sus causas 

alimentó un mayor interés en el desarrollo y las perspectivas teóricas del ciclo 

vital en la década de 1990. La investigación longitudinal tiene una gran tradición en la criminología (Farrington 1998), habiéndose concentrado la investigación más reciente sobre todo en ampliar, integrar y evaluar los diferentes aspectos 

del proceso evolutivo. 

El ciclo vital puede ser definido como los distintos caminos durante el lapso vital a través de las distintas edades. Los investigadores están interesados en 

la prevalencia, frecuencia y aparición de las conductas delictivas, así como en 

los distintos caminos evolutivos que toman dichas conductas. Una diferenciación 

en relación a la edad tiene consecuencias respecto a las expectativas y opciones, 

los procesos de decisión, así como el curso de los acontecimientos que forman 

las etapas críticas de la vida, las fases de transición y los momentos cruciales 

(Elder 1985). Los investigadores se hacen preguntas como las siguientes: ¿De 

qué modo conducen características en la temprana niñez (por ejemplo la conducta antisocial) a procesos conductuales en la edad adulta y sus consecuencias?, 

¿Cómo pueden influir determinados procesos de transición vitales (como por 

ejemplo cambios en las relaciones de padres a hijos, transiciones desde grupos 

de iguales del mismo sexo a las relaciones con miembros del sexo opuesto, transiciones desde la escuela de carácter asistencial al mundo laboral, matrimonio, 

divorcio, etc.) en la conducta del individuo y los procesos de elección de una 

conducta?, ¿Cómo pueden interactuar la conducta delictiva y la victimización 

durante el ciclo vital? 

Tres grupos de conceptos de carácter dinámico son importantes para esta 

perspectiva: (1) activación, (2) agravación y (3) desistimiento (Le Blanc y Loeber 

1998). La activación hace mención a los modos en que las conductas delictivas, 

una vez iniciadas, son estimuladas, así como a los procesos a través de los cuales la continuidad, frecuencia y diversidad de la delincuencia está determinada. 

En este sentido son posibles tres tipos de activación: (1) aceleración (incremento 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 81 

de la frecuencia de la actividad delictiva a través del tiempo), (2) estabilización 

(incremento de la continuidad de la misma a través del tiempo) y (3) diversificación (propensión de los individuos a llegar a involucrarse en actividades 

delictivas diversas). La agravación, la cual constituye el segundo proceso de carácter dinámico, hace referencia a la existencia de una secuencia evolutiva de 

actividades que se intensifica o incrementa en cuanto a su gravedad en el tiempo. El desistimiento, tercer proceso dinámico, describe una ralentización en la 

frecuencia de la actividad delictiva (deceleración), una reducción en su variedad 

(especialización), o bien una reducción en su gravedad (desescalada). 

Esta perspectiva tiene dos claros centros de atención (Le Blanc y Loeber 

1998): (1) por un lado un análisis descriptivo del desarrollo y dinámicas del fenómeno delictivo con la edad, y (2) una identificación de los factores causales 

que preceden o concurren con el desarrollo conductual e influyen su transcurso. De este modo, los investigadores no sólo buscan describir los tres tipos de 

cambio conductual descritos arriba, sino también identificar las influencias 

causales de cada uno de los tres tipos de conducta en las diferentes edades del 

individuo. 

Ilustrativo con respecto a las contribuciones de esta perspectiva para entender 

la delincuencia de menores es el Estudio sobre la Juventud de Pittsburgh 

(Pittsburgh Youth Study) (Browning y Loeber 1999). Dicho estudio ha seguido 

a un total de 1.517 chicos de las zonas urbanas deprimidas desde el año 1986. 

Los investigadores encontraron diferencias raciales significativas en relación a 

la delincuencia grave, alcanzando la misma una prevalencia del 27% a la edad 

de 16 años respecto a los jóvenes afroamericanos y un 19% respecto a los jóvenes de raza blanca. Cuando la prevalencia aumentaba, entonces lo hacía la frecuencia media de las conductas delictivas graves. En lo relativo a la comisión 

de delitos de carácter grave a la edad de 15 años, su aparición se producía de un 

modo más temprano en los jóvenes afroamericanos, con un 51%, comparado al 

28% en los chicos de raza blanca. Generalmente, los problemas conductuales 

menos serios precedían a los problemas conductuales de carácter más serio, aunque la sucesión de acontecimientos vitales que conducen a una delincuencia de 

carácter grave no eran siempre idénticos. Los investigadores identificaron tres 

vías, las cuales representaban conceptualmente agrupaciones similares de delitos. La vía del conflicto de autoridad describe a los menores que manifiestan 

conductas de obstinación antes de la edad de 12 años, pasando a continuación a 

desafiar y eludir a la autoridad. La vía encubierta (u oculta) incluye inicialmente 

actos de carácter leve, tales como las mentiras, continuando con los daños contra la propiedad y delincuencia menos grave, pasando a continuación a una delincuencia grave. Por último, la vía manifiesta (o de confrontación) incluye agre­
82 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

siones menos graves seguidas de peleas y un incremento de los actos violentos. 

Los investigadores examinan así cómo los distintos factores de riesgo en el individuo, en la familia y en los macroniveles sociales interactúan para influir en 

las vías de desarrollo. Aunque dichas interacciones son de carácter complejo (por 

ejemplo, diversos factores de riesgo llegan a ser más o menos importantes a diferentes edades e interaccionan unos con otros de diferentes modos), pueden 

sintetizarse algunas pautas. Los juicios impulsivos y las conductas impulsivas 

se relacionaban de forma significativa y positiva con la delincuencia, incluso 

controlando las diferencias existentes en el coeficiente de inteligencia de los 

individuos (IQ) y el status socioeconómico. No obstante la impulsividad 

interaccionaba con la pobreza para producir un incremento de la delincuencia 

grave. Además, un coeficiente de inteligencia bajo influía de un modo indicativo en los efectos independientes de la delincuencia. De los factores de riesgo en 

la familia examinados, una supervisión pobre suponía la predicción más fuerte 

de la delincuencia, seguido de la escasa comunicación entre padres e hijos, así 

como los castigos corporales. Los predictores más fuertes de conductas delictivas 

en el nivel macro eran la recepción de asistencia pública (prestaciones sociales), 

seguidas de un status socioeconómico bajo. 

Como ponen de manifiesto Le Blanc y Loeber (1998), la perspectiva evolutiva o del ciclo vital está constituyendo un impulso en la Criminología (véase 

también Thornberry 1997). Este enfoque, argumentan los autores, tiene en cuenta 

el examen no sólo de cuestiones críticas específicas respecto a las teorías de la 

criminalidad sino también con respecto a políticas criminales de prevención del 

crimen. Huelga decir que esta perspectiva ofrece un rico pero al mismo tiempo 

complejo tema de investigación, el cual por su parte se encuentra en una etapa 

de desarrollo inicial pero al mismo tiempo vigorosa. 

Factores de riesgo y factores de protección 

Otras tendencias importantes incorporan un interés creciente por factores de 

riesgo y factores de protección, así como por la implicación de la comunidad en 

estrategias de prevención de la delincuencia (por ejemplo Communities that Care 

o SafeFutures). El enfoque basado en los riesgos ganó en importancia durante 

los pasados 10-15 años. Habiendo nacido desde la perspectiva de la sanidad pública, los factores de riesgo pueden ser definidos como las probabilidades estadísticas o condicionales que están asociadas con la victimización o la actividad 

delictiva. Hay un indicio de «riesgo» cuando determinados factores, tales como 

el género (ser de sexo masculino), elevan la probabilidad de la conducta delictiva. 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 83 

Por el contrario, hay un indicio de «protección» cuando ciertos factores, tales 

como el estar educado en una familia biparental que en una monoparental, disminuyen la probabilidad de la conducta delictiva. 

Las investigaciones han documentado fehacientemente determinados factores de riesgo para conductas juveniles de carácter violento (Greenwood 1992; 

Hawkins y Catalano 1995; Howell 1995; Reiss y Roth 1993; Roth 1994). A nivel individual pueden ser considerados como factores de riesgo circunstancias 

tales como complicaciones durante el embarazo o en el momento del parto, 

hiperactividad, problemas de concentración, agitación, conductas de asunción de 

riesgos, agresividad temprana, implicación temprana en otras formas de conducta 

antisocial, así como creencias y actitudes favorables hacia conductas desviadas 

o antisociales. Los factores familiares que pueden aumentar el riesgo pueden ser 

el hecho de tener hermanos delincuentes, la conducta criminal de los propios 

padres, disciplina férrea, malos tratos físicos o desatención, prácticas de gestión 

familiar pobres, bajos niveles de implicación entre padres e hijos, grandes niveles de conflictos familiares, actitudes de los padres favorables a la violencia, 

así como la separación de los niños de sus familias. Por su parte, los factores 

escolares que están asociados a un mayor riesgo incluyen items como el fracaso escolar, bajo compromiso para la educación, absentismo escolar, abandono 

prematuro de los estudios, frecuentes cambios de escuela, asociación con grupos de iguales con conductas delictivas, así como la pertenencia a bandas de 

delincuentes. Como factores de riesgo asociados a la comunidad o al barrio pueden ser considerados entre otros la alta densidad de población de la zona, la frecuente movilidad residencial, una alta tasa de pobreza, disponibilidad de armas 

o drogas, así como una alta tasa de implicación adulta en conductas delictivas. 

La aproximación prototípica basada en el riesgo, la Estrategia de Desarrollo Social (Social Development Strategy) (Catalano y Hawkins 1996; Hawkins 

y Catalano 1992; Howell 1995), ha sido extensamente aplicada y adaptada a la 

justicia juvenil y a los ámbitos de los servicios sociales. De hecho, la OJJDP 

adoptó este enfoque como base de su Estrategia Integral para Delincuentes Jóvenes Crónicos, Violentos y Graves (Wilson y Howell 1993). De acuerdo con esta 

aproximación, la delincuencia y el abuso de sustancias pueden ser reducidos 

mediante una mejora de los factores protectores conocidos. Unas sanas convicciones y unos claros estándares de conducta positiva en la familia, en la escuela y en la comunidad (a saber, factores «protectores») promueven de un modo 

directo una conducta sana en los niños. A través de una vinculación afectiva de 

carácter alentador con personas e instituciones (familias, grupos de iguales, escuelas y comunidades) que promuevan sanas convicciones y unos estándares 

aceptados, el modelo descrito sugiere que los jóvenes serán animados a adop­
84 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

tar creencias y estándares similares. Características individuales (por ejemplo, 

orientación de tipo prosocial, inteligencia, temperamento fuerte) afectan a la 

capacidad de los niños de percibir oportunidades, aprender habilidades y obtener así reconocimiento. La Estrategia de Desarrollo Social (Social Development 

Strategy) se deriva directamente de la teoría del control y la teoría del aprendizaje social (Catalano y Hawkins 1996; Hawkins y Catalano 1992). 

Muchos programas de prevención han estado basados en esta aproximación 

(Howell 1995). Por ejemplo, los programas de prevención de la delincuencia basados en la comunidad fomentan la vinculación afectiva de carácter prosocial con 

individuos o instituciones facilitando para ello oportunidades, habilidades y reconocimiento (Welsh, Jenkins y Harris 1999). Los programas son los siguientes: 

•	 Hacer hincapié en el valor de actividades supervisadas para mantener a los 

jóvenes alejados de problemas. 

•	 Proporcionar alguna formación de tipo práctico que capacite al individuo 

a desenvolverse en la vida diaria (por ejemplo, habilidades para resolver 

los problemas o la resolución de conflictos, así como formación práctica 

sobre la diversidad cultural). 

•	 Facilitar ayuda a los menores con los deberes o mediante clases particulares. 

•	 Ofrecer actividades recreativas estructuradas y/o excursiones. 

•	 Proporcionar el desarrollo ocupacional o la formación profesional. 

•	 Incluir a menudo un componente de servicio comunitario. 

Algunos factores de riesgo pueden ser modificados para reducir las posibilidades de que se lleven a término determinados actos o acontecimientos. Sin 

embargo, existe siempre una posibilidad de que la actividad delictiva pueda tener lugar incluso en un marco de bajo riesgo o por el contrario no manifestarse 

en un escenario de alto riesgo. Los factores de riesgo son probabilidades estadísticas, no certezas predeterminadas cuando se aplican a algún caso concreto. 

El método centrado en el riesgo, heredado de la sanidad pública, se centra principalmente en la prevención. No obstante, la explicación no es su principal propósito, por lo que muchos han criticado su carácter ateórico (Moore 1995). 

Aquellos que abogan por un enfoque centrado en el riesgo se basan en la 

investigación etiológica, aunque muestran más directamente su preocupación por 

identificar los factores de riesgo, los cuales son maleables a través de métodos 

de carácter ético y humano (véase Hawkins y Catalano 1992). Si alguien estuviera dedicado a reducir la propagación de una enfermedad contagiosa como por 

ejemplo la viruela, esa persona estaría desde luego interesada en la etiología de 

esa enfermedad. Ese conocimiento resultaría extremadamente útil para disminuir 

el riesgo, quizás desarrollando una vacuna que atacara directamente al agente 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 85 

vírico específico implicado. En realidad, una parte de la lógica para una teoría 

útil o un factor de riesgo útil es saber si las intervenciones basadas en esta lógica funcionarán (Moore 1995). 

Los factores de riesgo, por lo tanto, ofrecen claves para la explicación; son 

modelos empíricos para ser explicados. Una teoría útil debe estar en disposición 

de explicar las probabilidades estadísticas o condicionales que han sido identificadas mediante la investigación (véase Braithwaite 1989). Ambos tipos de investigación son útiles: la teoría se centra principalmente en la etiología; el enfoque basado en el riesgo se centra más en la prevención. 

Aproximaciones a la delincuencia de tipo multinivel e interaccional 

Una mayor sofisticación de los sistemas de información y computación ha 

comenzado también a alentar el interés en poner a prueba teorías de tipo 

multinivel (contextuales) de la delincuencia (a saber, examinando la relativa capacidad explicativa de factores de tipo individual, institucional, social-estructural 

y cultural, asociados con la delincuencia). A pesar de las abundantes evidencias 

de que la criminalidad está en relación con el tiempo, el lugar, la cultura y la 

estructura social, la investigación criminológica durante el pasado siglo ha 

enfatizado mucho las motivaciones individuales de los delincuentes. Las demandas de aproximaciones de tipo multinivel y de teorías «integrales» han ganado 

en asiduidad en los últimos años. 

La Comisión de la Academia Nacional de las Ciencias (National Academy 

of Sciences) sobre la Comprensión y las Causas de la Conducta Violenta, compuesta por un panel internacional de expertos procedentes de una variedad de 

disciplinas, fue establecida en el año 1989 para estudiar el estado del conocimiento existente en la materia y formular recomendaciones para controlar la 

violencia (Reiss y Roth 1993). Una de sus principales conclusiones fue afirmar que tenemos muchas prometedoras direcciones de intervención y prevención que hay que proseguir a partir de las conclusiones de la investigación, pero 

que se necesitan mejores mediciones, así como una investigación más controlada, y, especialmente, unas evaluaciones de los prometedores esfuerzos realizados, para identificar las causas y las oportunidades para la prevención. 

Mediante la utilización de la aproximación basada en el riesgo para clasificar 

los diferentes predictores, los miembros del panel propusieron una matriz consistente en dos dimensiones principales: proximidad temporal (cercanía en el 

tiempo) de un predictor del acto violento y nivel de análisis en el cual se observa ese predictor. 
86 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Los niveles de análisis hacen referencia a distintas unidades de observación 

y análisis, incluyendo el nivel macrosocial, microsocial, psicosocial y biológico (neuroconductual). Los factores de tipo macrosocial son características (por 

ejemplo pobreza, desempleo) de grandes unidades sociales tales como comunidades, ciudades, estados 8 y países. Los predictores desde el ámbito macrosocial 

incluyen además variables de tipo socio-estructural y cultural. Los factores 

microso-ciales son características de encuentros entre personas (por ejemplo, 

dinámicas familiares y de grupos, factores situacionales como la disponibilidad 

de armas, procesos de carácter organizativo o institucional). Los factores 

psicosociales incluyen características individuales (por ejemplo, personalidad, 

gratificaciones aprendidas) o estados temporales (por ejemplo, influencia del 

alcohol, estrés), los cuales influyen en las interacciones con otros sujetos. Por 

último, los factores biológicos o neuroconductuales, fundamentalmente en el 

cerebro, hacen referencia a influencias de tipo químico, eléctrico u hormonal en 

la conducta. Coincidiendo con el enfoque basado en el riesgo, los miembros de 

la comisión sugirieron que la prevención y la intervención dependen en cierto 

de modo de romper algún eslabón en la cadena de eventos que preceden al acto 

violento. En este sentido hay múltiples opciones para intervenir, necesitando la 

mayoría de ellas una colaboración entre organismos: «La solución del problema de la violencia exigirá una colaboración a largo plazo, así como planes de 

tipo organizativo entre agencias locales de cumplimiento de la ley, justicia penal, escuelas, sanidad pública, medicina de emergencia y agencias de servicio 

social, todas ellas trabajando con personal evaluador del programa y otros investigadores» (Reiss y Roth 1993, 10). 

El enfoque de tipo multinivel entraña importantes implicaciones para el estudio de la delincuencia juvenil y las bandas juveniles (Short 1998). En primer 

lugar, la delincuencia juvenil es en buena parte un fenómeno de carácter grupal. 

Además, la influencia de las bandas en los miembros individuales requiere un 

estudio más detallado de los procesos y dinámicas grupales —no sólo de los individuos dentro del grupo— de lo que hasta ahora se ha hecho. En segundo lugar, se necesitan unas definiciones más precisas, así como unas clasificaciones 

de las bandas juveniles que separen por una parte la afiliación a una banda juvenil y por otra la conducta de esa banda. Una investigación de este tipo elaboraría los procesos y condiciones bajo los cuales determinadas formas grupales 

llegan a ser delincuentes y desarrollan diferentes normas de conducta, algunas 

de tipo delincuente y otras de tipo no delincuente. En tercer lugar, el estudio de 

8 «Estado» en el sentido de la división político-territorial de los Estados Unidos de América. (N. de los T.) 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 87 

la delincuencia y las bandas juveniles sacaría un enorme provecho del desarrollo de una tipología viable que sitúe bandas o «redes de jóvenes» dentro de un 

gran grupo de colectividades adolescentes. 

Esta discusión conduce inevitablemente a hablar acerca de la integración 

teórica. Algunos argumentan que los esfuerzos para o bien apoyar o bien falsear 

distintas teorías deberían continuar; mientras que otros argumentan que las diferentes teorías no se excluyen mutuamente en absoluto, pudiendo ser provechosamente integradas en algunos casos (por ejemplo Bernard y Snipes 1996). Una 

teoría, de acuerdo con este último punto de vista, debería investigar directamente 

y acumular sus resultados dentro de un producto coherente y comprensible. Ése 

es el objetivo del progreso científico. De que no se hace así dan fe los miles de 

estudios modestos que producen miles de resultados conflictivos. 

Aunque Bernard y Snipes hacen sólo una referencia de pasada a recientes 

modelos estadísticos como el modelo lineal jerárquico, en el que variables independientes pueden por lo menos dar lugar a tres niveles de explicación (por 

ejemplo el nivel individual, el institucional y el comunitario) 9, los autores coinciden en sus conclusiones en que «las explicaciones multidimensionales de la 

conducta criminal individual, usando un enfoque contextual, parecen deseables 

y factibles» (1996, 343). Los mismos autores concluyen argumentando que son 

posibles teorías más integradas y que son muy necesarias teorías más complejas que ubiquen la conducta individual en el contexto de diversos grupos, escenarios, estructuras sociales y culturas. El futuro más cercano será probablemente 

testigo de una explosión del interés y el desarrollo de las teorías contextuales 

multidimensionales. 

CRIMINALIDAD JUVENIL: PAUTAS Y CAMBIOS A TRAVÉS DEL TIEMPO 

A partir de las mediciones de la delincuencia juvenil a través del tiempo, 

vamos a examinar en este epígrafe cambios importantes o bien, por el contrario, una continuidad en relación a la gravedad de la delincuencia (por ejemplo, 

delitos violentos versus delitos contra la propiedad), formas de aparición (por 

ejemplo, bandas, drogas, escuela y violencia relacionada con el uso de armas de 

9 Razones de espacio impiden aquí una discusión más detallada, pero para acceder a las excelentes discusiones y ejemplos en el uso del modelo HLM (hierarchical linear modeling) con la 

finalidad de analizar datos de carácter criminológico, véanse los artículos de Elliot et al. (1996); 

Perkins y Taylor (1996); Rountree y Land (1996); Rountree, Land y Miethe (1994); Sampson, 

Raudenbush y Earls (1997); así como Welsh, Greene y Jenkins (1999). 
88 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

fuego) y frecuencia (por ejemplo, la relación de delincuentes juveniles con adultos respecto a diferentes delitos, detenciones de jóvenes y tasas de victimización 

respecto a distintos delitos). Los cambios respecto a la implicación en la criminalidad juvenil son también analizados, poniendo énfasis en los últimos 30 años. 

Entre las mediciones oficiales de la delincuencia comúnmente utilizadas 

están los UCR recopilados por la Oficina Federal de Investigaciones (Federal 

Bureau of Investigation, en adelante, FBI) desde 1930. La presentación de los 

datos estadísticos por parte de los departamentos de policía era inicialmente 

voluntaria; no obstante, en 1997 44 Estados de la Unión habían aprobado una 

legislación que establecía la participación obligatoria. La Parte I de los delitos, 

o «Índice» de los delitos, incluye el asesinato (murder) y el homicidio no imprudente (nonnegligent homicide), la violación con uso de la fuerza (forcible 

rape), la agresión grave (aggravated assault) y el robo (robbery). La Parte II de 

los delitos incluye las infracciones en el abuso de drogas (drug abuse violations), 

las agresiones simples (simple assaults), la embriaguez (drunkenness) y la alteración del orden público (disorderly conduct). Las limitaciones de los datos del 

UCR ya han sido objeto de estudio exhaustivo (por ejemplo Biderman y Lynch 

1991; Grove, Hughes y Geerken 1985; Reiss y Roth 1993, apéndice B). 

Cambios en los tipos de delincuencia y su gravedad 

Empezamos haciendo hincapié en dos consideraciones cruciales pero 

también a menudo pasadas por alto: (1) los delitos contra la propiedad tales como 

el robo en domicilios o el hurto superan a los delitos violentos en una proporción 

de al menos 3 a 1, y (2) los delincuentes adultos superan a los delincuentes juveniles en una proporción de casi 5 a 1 con respecto al Índice correspondiente 

a los delitos violentos, y de 2 a 1 en relación al Índice correspondiente a los 

delitos contra la propiedad (Maguire y Pastore 1999). El porcentaje de delitos 

cometidos por jóvenes en relación con los adultos descendió entre 1971 y 1997 

tanto en lo relativo a los delitos contra la propiedad (51% en el año 1971 versus 35% en el año 1997) como con respecto a los delitos de carácter violento 

(23% en el año 1971 frente a un 19% en el año 1997). Un ulterior examen de 

los cambios y evidencias de la delincuencia se lleva a cabo infra. 

Según establece el FBI, las agencias de cumplimiento de la ley en los 

Estados Unidos detuvieron en el año 1997 a un total de 2,8 millones de jóvenes 

(Snyder 1998). De todas las detenciones de jóvenes producidas, sólo 123.000, 

es decir un 4,4% del total, lo fueron respecto al Índice de los delitos violentos 

(asesinato, violación con uso de la fuerza, robo o agresión grave). 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 89 

La inmensa mayoría de las detenciones de jóvenes se producen por delitos 

contra la propiedad. Además, para todos los delitos excepto el delito de incendio 

provocado, los jóvenes cometen un número menor de delitos que los adultos 

(véase gráfico 1). Esto no debe servir para argumentar que los jóvenes nunca 

cometen graves actos de violencia, únicamente que los delitos violentos 

cometidos por jóvenes deberían situarse dentro de un contexto más amplio. En 

Gráfico 1. Proporción de detenciones de jóvenes por la comisión de delitos, 1997 

* El concepto de jóvenes hace referencia a personas con una edad inferior a los 18 años. 

Nota: El Indice de Crímenes Violentos incluye los delitos de asesinato y el homicidio sin premeditación no negligente, violación forzada, robo y agresión grave. El Indice de Crímenes contra 

la Propiedad incluye por su parte los delitos de robo en domicilio, hurto, el robo de vehículos de 

motor y los delitos de incendio. Las conductas de huida del hogar o las violaciones del toque de 

queda no están presentes en este gráfico ya que, por definición, únicamente los jóvenes pueden 

ser detenidos por estas conductas. 

Fuentes: Snyder, Howard: Juvenile Proportion of arrests by offense, 1997. Adaptado de Snyder 

1998. Recuperado de Internet el 3 de enero de 2000: http://ojjdp.ncjrs.org/ojstatbb/qa003.html 

Fuentes respecto a los datos estadísticos: U:S Department of Justice, Federal Bureau of 

Investigation, 1998. Crime in the United States 1997. Uniform Crime Reports. Washington, D.C. 

Tabla 38. 
90 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

el año 1997, los jóvenes representaron el 30% de las detenciones por robo, el, 

17% por el delito de violación con uso de la fuerza, el 14% por agresión grave, 

y el 14% de todos los arrestos por asesinato (Snyder 1998). 

En el gráfico 2 podemos observar cambios respecto a las tasas de 

detenciones por delitos violentos desde 1970. Dicho gráfico muestra un marcado 

incremento en delitos violentos para la franja de edad de entre 15 y 24 años entre los años 1986 y 1994, comenzando a disminuir en el año 1995. Usando las 

cifras de detenciones del UCR como punto de referencia, los adultos con edades 

comprendidas entre los 18 y 20 años muestran la tasa más alta de implicación 

Gráfico 2. Tasa de detenciones en relación al Indice de delitos violentos 

por 100.000 habitantes, por grupos de edad, 1970-1997 

Nota: El Indice de Crímenes Violentos incluye los delitos de asesinato y el homicidio sin premeditación no negligente, la violación forzada, el robo y la agresión grave. 

Fuente: U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, 1999. Detenciones por grupos de edad, número y tasas por el total de delitos, Indice de delitos, delitos violentos y delitos 

contra la propiedad, 1970-97. Hoja de cálculo. Crime and justice electronic data abstracts. Recuperado de Internet el 3 de enero de 2000: 

http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/dtdata.htm 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 91 

en delitos de carácter violento en el transcurso del tiempo, seguidos muy de cerca 

por los jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 17 años, así como por los 

adultos pertenecientes al grupo de edad de entre 21 y 24 años. No obstante, estas 

tendencias se basan en las tasas de detenciones que son calculadas dividiendo 

el número de delitos cometidos por personas pertenecientes a cada grupo de edad 

entre la población total de cada grupo de edad. Estas tasas dan una idea clara de 

cómo los delitos violentos de carácter común se sitúan dentro de cada grupo de 

edad, pero en cambio no indican necesariamente el volumen total de delincuentes 

que están siendo procesados por los órganos judiciales. Ambos tipos de 

mediciones son no obstante importantes. 

Gráfico 3. Número de detenciones relativo al Indice de delitos violentos, 

por grupos de edad, 1970-97 

Nota: El Indice de Crímenes Violentos incluye los delitos de asesinato y el homicidio sin premeditación no negligente, la violación forzada, el robo y la agresión grave. 

Fuente: U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, 1999. Detenciones por grupos de edad, número y tasas por el total de delitos, Indice de delitos, delitos violentos y delitos 

contra la propiedad, 1970-97. Hoja de cálculo. Crime and justice electronic data abstracts. Recuperado de Internet el 3 de enero de 2000: 

http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/dtdata.htm 
92 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

El volumen total de delitos violentos cometidos por jóvenes es relativamente 

pequeño. En el gráfico 3 vemos que las detenciones producidas de delincuentes 

violentos con una edad de 25 años o más años superan bastante en número a las 

detenciones de otros grupos de edad. Ese mismo grupo de edad manifiesta el 

aumento más marcado de detenciones por delitos violentos a lo largo del tiempo, 

mientras que otros grupos de edad muestran unos incrementos mucho más 

moderados entre 1986 y 1994 para pasar a disminuir en el año 1995. Los jóvenes 

son detenidos por delitos de carácter violento en un número mucho más bajo que 

los adultos, siendo el número de detenciones en la franja de edad comprendida 

entre los 15 y 17 años similar pero todavía más bajo que en los grupos de edad 

de entre 18 y 20 y de entre 21 y 24 años. 

Gráfico 4. Tasa de detenciones en relación al Indice de delitos contra 

la propiedad por 100.000 habitantes, por grupos de edad, 1970-1997 

Nota: El Indice de Crímenes contra la Propiedad incluye los delitos de robo en domicilio, el 

hurto, el robo de vehículos de motor y los delitos de incendio. 

Fuente: U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, 1999. Detenciones por grupos de edad, número y tasas por el total de delitos, Indice de delitos, delitos violentos y delitos 

contra la propiedad, 1970-97. Hoja de cálculo. Crime and justice electronic data abstracts. Recuperado de Internet el 3 de enero de 2000: 

http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/dtdata.htm 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 93 

Similares patrones encontramos en relación a los delitos contra la propiedad. 

El gráfico 4 muestra las tasas de detención respecto al Índice correspondiente a 

los delitos contra la propiedad. De acuerdo con dicho gráfico, los delincuentes 

juveniles pertenecientes al grupo de edad de entre 15 y 17 años muestran la tasa 

más alta de comisión de delitos contra la propiedad con respecto a los cinco 

grupos de edad examinados. De nuevo debemos sin embargo hacer hincapié en 

el hecho de que tales estadísticas tienen sentido únicamente en la medida en que 

revelan qué grupo de edad contiene la proporción más grande de delincuentes 

contra la propiedad. Por ello necesitamos investigar más para ver quién comete 

el mayor número de delitos contra la propiedad. 

Como podemos observar en el gráfico 5, los delitos contra la propiedad de 

carácter grave son cometidos desproporcionadamente por el grupo de edad a 

partir de 25 años. Este particular grupo de edad muestra los mayores incrementos 

en el transcurso del tiempo, aunque el Índice referente a los delitos contra la 

Gráfico 5. Número de detenciones relativo al Indice de delitos contra la 

propiedad, por grupos de edad, 1970-97 

Nota: El Indice de Crímenes contra la Propiedad incluye los delitos de robo en domicilio, el 

hurto, el robo de vehículos de motor y los delitos de incendio. 

Fuente: U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, 1999. Detenciones por grupos de edad, número y tasas por el total de delitos, Indice de delitos, delitos violentos y delitos 

contra la propiedad, 1970-97. Hoja de cálculo. Crime and justice electronic data abstracts. Recuperado de Internet el 3 de enero de 2000: 

http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/dtdata.htm 
94 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

propiedad en general baja desde el año 1994. No obstante, la franja de edad 

comprendida entre los 15 y los 17 años comete un mayor número de delitos contra la propiedad que la franja correspondiente a los 18-20 años y la de 21-24. 

Incluso jóvenes con una edad de 14 años o inferior cometen un número 

ligeramente superior de delitos contra la propiedad que sujetos con edades 

comprendidas entre los 21 y 24 años. Aunque los jóvenes generalmente se 

involucran en actividades delictivas menos graves que los adultos, es en el ámbito 

de los delitos contra la propiedad donde dichos jóvenes muestran el mayor 

número de actividades delictivas. En términos generales, sin embargo, los delitos 

contra la propiedad cometidos por jóvenes varían poco entre 1970 y 1994, 

habiendo decrecido desde entonces. 

Con todo, algunos tipos específicos de delitos contra la propiedad han 

aumentando mientras que otros han decrecido. Así, el número total de 

detenciones por robo en domicilios (-15%) y sustracción de vehículos (-17%) 

decreció de forma substancial a partir del año 1988 hasta 1997, mientras que las 

detenciones por hurto (+9%) y delito de incendio provocado (+22%) aumentaron 

un tanto en el mismo período (Snyder 1999). No obstante, desde 1980 el delito 

de robo en domicilios es la única figura delictiva que decrece dentro de las cuatro 

contenidas en el Índice. 

Otras conductas delictivas no comprendidas en los Indices aducidos (por 

ejemplo, la agresión simple, falsificación, vandalismo, infracciones de abuso de 

drogas, violación de la legislación sobre el alcohol, alteración del orden público) 

representaron la friolera cifra del 54,4% (1.545.400) de total de detenciones 

practicadas a jóvenes en el año 1997 (Snyder 1999). Los delincuentes juveniles, 

como siempre ha ocurrido, se implican de un modo desproporcionado en delitos 

contra la propiedad y en conductas delictivas menos graves no comprendidas en 

los Indices. 

Si centramos la atención por un momento sólo en aquellas infracciones 

delictivas no comprendidas en el Indice, en las que el número de delitos 

cometidos ha aumentado en un 20% o más desde 1988 hasta 1997, nos 

encontramos con incrementos considerables respecto a detenciones por 

agresiones simples (84%), estafas (58%), actos de vandalismo (20%), posesión 

o porte de armas (44%), infracciones de abuso de drogas (125%), juego (166%), 

delitos contra la familia y los niños (150%) y alteración del orden público (86%). 

Las únicas figuras delictivas no comprendidas en los índices que ha decrecido 

en un 20% o más son la prostitución y el proxenetismo (-28%) y la conducción 

bajo los efectos del alcohol (-21%) (Snyder 1999). 

Los llamados delitos de status («status» offenses) (sospechas, infracciones 

del toque de queda, holgazanear, fugas de casa) constituyeron las restantes 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 95 

468.000 detenciones (16,5%) del número total de detenciones a jóvenes 

practicadas en el año 1997 (Snyder 1998). Dentro de los delitos de status 

señalados, las violaciones al toque de queda y las fugas del hogar supusieron la 

mayoría de las detenciones (99,7%). 

Dada la relativamente baja implicación de los jóvenes en los delitos violentos 

y contra el patrimonio en relación con sus homólogos adultos, ¿cómo podemos 

explicar entonces la inflexible respuesta política a los delincuentes juveniles en 

las últimas dos décadas del siglo XX? Nosotros creemos que unos cambios a 

muy corto plazo de la delincuencia violenta, especialmente en los homicidios, 

en buena parte condujo a la política criminal de mano dura respecto a los 

delincuentes juveniles desde los años ochenta. 

Después de más de una década de relativa estabilidad, las detenciones de 

jóvenes por la comisión de delitos violentos empezaron a aumentar en los 

Gráfico 6. Número de asesinatos en los que consta la implicación 

de delincuentes juveniles, 1980-95 

Fuente: Snyder, Howard: Murders known to involve juvenile offenders, 1980-1995. OJJDP 

Statistical Briefing Book. Recuperado de Internet el 3 de enero de 2000: 

http://ojjdp.ncjrs.org/ojstatbb/qa051.html 

Fuente respecto a los datos estadísticos: Análisis realizado por el autor de los Informes Adicionales sobre Homicidios del Federal Bureau of Investigation entre los años 1985-1995 (ficheros 

de datos legibles por máquina), 1997. 
96 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

ochenta, alcanzando su nivel más alto en el año 1994. En realidad, en dicho año, 

la tasa de detención con respecto a los delitos violentos recogidos en el Indice 

sobrepasó en el grupo de edad adolescente de entre 15 y 17 años la tasa referente 

al grupo de edad de entre 18 y 20. Pero las circunstancias comenzaron a cambiar 

en el año 1995 cuando las detenciones de jóvenes por la comisión de delitos de 

carácter violento contemplados en el Índice siguieron una disminución durante 

tres años seguidos (gráficos 2 y 3). 

El gráfico 6 muestra el número de asesinatos conocidos desde el año 1980 

en los que se encuentran implicados delincuentes juveniles. El número de 

homicidios con implicación de delincuentes juveniles aumentó de un modo 

dramático desde el año 1988 hasta 1994, antes de que comenzara a decrecer en 

el año 1995. Hay que hacer notar sin embargo que los jóvenes cometieron sólo 

una proporción pequeña de todos los homicidios, algo que permanece invariable 

a lo largo del tiempo. Así, en el año 1980, los menores estuvieron implicados 

en un total de 1.283 homicidios, un 8% del total. Esas cifras decrecieron hasta 

el año 1984, cuando se situaron en torno a los 800 homicidios con participación 

de menores, representando un 5% del total de homicidios perpetrados. Después 

de 1984, la cifra de homicidios cometidos por delincuentes juveniles creció tanto 

en número como en proporción con respecto al total (Snyder 1998). Dicha cifra 

alcanzó su nivel más alto en el año 1994, año en el que en un total de 2.317 

homicidios se vieron implicados menores, suponiendo un 16% del total, 

disminuyendo entonces entre 1994 y 1995 de un modo sustancial. En el año 1997 

los jóvenes cometieron únicamente 1.545 homicidios del total de los 11,475 

conocidos en ese mismo año (es decir un 13,5%), siendo éste el último año del 

cuál se disponen cifras. 

Nosotros no sostenemos que los aumentos de la violencia juvenil entre 1988 

y 1994 no son importantes, únicamente que es necesaria una perspectiva más 

amplia. En el año 1997, la tasa de detención de jóvenes por un delito de asesinato 

fue un 20% superior a la tasa correspondiente al año 1988, pero un 40% más baja 

que en el año 1993. Por su parte, la tasa de detención de jóvenes por un delito 

de violación con uso de la fuerza cambió de modo poco significativo entre 1983 

y 1997, siendo la tasa correspondiente al año 1997 un 23% más baja que en el 

año 1991, cuando alcanzó la cifra máxima (Snyder 1998). Las detenciones de 

jóvenes por delitos de robo disminuyeron en un 30% entre 1980 y 1988, 

incrementándose entre los años 1988 y 1994 en un 70%. La tasa de robo por parte 

de jóvenes disminuyó a continuación en los tres años siguientes de un modo 

sustancial, alcanzando casi su nivel más bajo en 20 años (Snyder 1998). Las 

detenciones de menores por delitos de agresiones graves muestran un enorme 

incremento (120%) desde 1983 hasta 1994. Incrementos similares (135%) son 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 97 

observados con respecto a las lesiones simples. Con todo, la tasa de detenciones 

de jóvenes por un delito de lesiones agravadas cae en un 16% entre los años 1994 

y 1997, mientras que la tasa de detenciones de jóvenes en relación con las 

lesiones simples continúa creciendo (+9%). Huelga decir que los actuales niveles 

de violencia juvenil están por encima de los índices correspondientes a los años 

1970 ó 1980 (véanse gráficos 2 y 3), siendo las recientes disminuciones motivo 

de moderada celebración o autocomplacencia (Snyder 1998). Con todo, lo que 

parece claro es que las respuestas a la criminalidad juvenil se han endurecido más 

de lo que puede ser explicado partiendo de los incrementos de la implicación de 

jóvenes en la criminalidad. Esto es algo insoslayable incluso si nos centramos 

en una extremadamente pequeña proporción de delitos (por ejemplo, homicidio 

o robo), de delincuentes (por ejemplo con una edad de entre 15 y 17 años) o 

respecto a un período limitado de tiempo (1988-1994). 

Si la atención se dirige más bien hacia una delincuencia grave y de carácter 

violento en lugar de centrarse en los —con más frecuencia cometidos— delitos 

contra la propiedad y en los delincuentes adultos, en ese caso los encargados 

de establecer una determinada política criminal y la opinión pública se sentirán 

inevitablemente atraídos hacía un submundo juvenil de armas, bandas, drogas 

y violencia. Aunque desde luego no dejan de ser importantes, tales fenómenos 

violentos permanecen todavía como actos poco frecuentes. Si las fuentes 

Federales de financiación adoptan dichos enfoques como prioridades para la 

legislación y recursos, se crea una línea de investigación potencialmente 

engañosa. Los científicos sociales aspiran a influir en la política, pero los 

operadores políticos también determinan los tipos de estudios de investigación 

que se financian y se completan (Hagan 1989). Si tenemos presente que los 

delitos contra la propiedad ocurren con más frecuencia que los delitos de 

carácter violento, y que los jóvenes solamente cometen una pequeña proporción 

de todos los delitos, tendremos un concepto de delincuencia juvenil más 

correcto. 

Bandas juveniles y delincuencia relacionada con el consumo de drogas 

Bandas juveniles han existido a lo largo de todo el siglo XX, estando 

disponibles excelentes explicaciones proporcionadas por sociólogos de la 

Escuela de Chicago tales como Thrasher (1927) y Whyte (1943). Con todo, los 

incrementos en el número de miembros pertenecientes a bandas, la actividad de 

las mismas y la violencia relacionada con ellas desde la década de 1980 han dado 

lugar a una preocupación renovada. Especialmente, las bandas juveniles han 
98 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

llegado en los últimos años a estar envueltas en actividades relacionadas con las 

drogas (lo cual no significa una exclusividad en este tipo de delincuencia), siendo 

más proclives a la posesión, tenencia o uso de armas de fuego que en el pasado. 

Recientes estudios de investigación indican constantemente que la actividad de 

las bandas se ha extendido más allá de grandes áreas urbanas, alcanzando 

también a áreas suburbanas, así como ámbitos rurales, y que las bandas muestran 

cada vez una mayor variedad en relación con la composición étnica, organización 

e implicación en actividades de delincuencia juvenil o adulta (por ejemplo Curry, 

Ball y Decker 1996; Klein 1995). 

Los cambios en las bandas juveniles se han producido a la par de los rápidos 

cambios en la estructura social y económica de las ciudades y suburbios (Fagan 

1996). En particular, son dos los factores que han cambiado de un modo fundamental el mercado de trabajo para los jóvenes más desfavorecidos en las áreas 

urbanas desde 1970: (1) sustitución de los trabajos no cualificados o semicualificados por trabajos que requieren un nivel de educación y habilidades más 

alto, y (2) aumento de la llamada economía informal, especialmente en lo que 

hace referencia a los mercados ilegítimos de estupefacientes. Los cambios en los 

mercados legítimos dan lugar a oportunidades ilegítimas, con lo que el control 

social en las zonas vecinales, debilitado ya por la huida de los residentes de clase 

media, aún se debilita más con los inestables mercados de drogas. 

La desindustrialización ha alterado asimismo la naturaleza de las bandas, 

creando nuevas relaciones entre ellas, una estructura de distribución de drogas 

ilegales, así como la supervivencia de los miembros de la banda semiadultos en 

una economía postindustrial, de carácter segmentado (Hagedorn 1991). 

Hagedorn describe unos vecindarios deteriorados con una disminución de los 

recursos disponibles y una fractura de la cohesión interna. Los barrios estarían 

caracterizados no por la ausencia de gente trabajadora, sino más bien por la 

ausencia de instituciones eficaces de control social. 

Basándose en un trabajo de campo en el distrito de Spanish Harlem en la 

ciudad de Nueva York, Bourgois (1997) argumentaba que una cultura de 

resistencia y una economía sumergida emergían en oposición al empleo 

degradado y mal remunerado. Una exteriorización regular de violencia se hacía 

así necesaria para tener éxito en esa economía sumergida. Los empleadores 

buscaban a individuos que podían demostrar una capacidad de violencia y terror efectivos. La violencia llegó a ser así una herramienta no sólo para los 

traficantes de drogas, sino para otros sujetos que aspiraban a mantener un sentido 

de autonomía y dignidad. Relacionando influencias de tipo cultural y estructural, 

de acuerdo con la perspectiva aludida, es una dinámica ideológica de 

discriminación étnica la que interacciona de modo explosivo con una dinámica 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 99 

económica de explotación de clases, un concepto que Bourgois califica como 

«opresión conjugada». 

Sin embargo, hay una serie de cuestiones que se mantienen sin contestar 

acerca de estos nuevos tipos de bandas juveniles (Short 1998). Por ejemplo: ¿Qué 

criterios deberían utilizarse para clasificar las bandas dentro de unos tipos 

determinados? ¿De qué modo se relacionan las bandas juveniles con pandillas 

relacionadas con las drogas, grupúsculos de jóvenes que vaguean por las calles, 

redes dedicadas a la delincuencia, skinheads, moteros, así como otros grupos en 

los que participa gente joven? ¿Cómo se relacionan las bandas juveniles con los 

grupos y procesos de amistad que comienzan mucho antes de la adolescencia? 

Una renovada y vigorosa tarea de investigación centrada en las bandas juveniles 

se hace del todo punto necesaria en el siglo XXI. 

Desorden y violencia escolares 

Colegios e institutos son el entorno principal de la violencia juvenil. Un 

treinta y siete por ciento de todos los delitos violentos sufridos por menores de 

entre 12 y 15 años en el año 1991 tuvieron como escenario el recinto escolar 

(Whitaker y Bastian 1991), mientras que el 56% de todas las victimaciones de 

jóvenes en el mismo año (relativas a delitos violentos y contra el patrimonio) 

ocurrieron en la escuela en sí o en el recinto escolar. Snyder y Sickmund (1995, 

16) explican que «no hay lugar comparable donde los delitos contra adultos estén 

así de concentrados». 

Durante algún tiempo va a seguir incrementándose la atención con que 

investigadores y políticos se dedican a medir, explicar y prevenir la violencia 

escolar, en buena parte para dar respuesta a algunos sucesos dramáticos y 

sangrientos tales como la masacre el 20 de abril de 1999 en el Instituto de 

Littleton, Colorado, o los disparos en el patio de una escuela en Jonesboro, Arkansas, el 24 de marzo de 1998. Si bien la percepción pública de los problemas 

sociales a menudo está condicionada por hechos aislados como éstos (Welsh y 

Harris 1999), lo cierto es que hay motivo para la preocupación. 

Un sondeo realizado por la Asociación del Consejo Nacional Escolar (National School Board Association) en 720 distritos escolares de todo Estados 

Unidos dio como resultado que el 39% de los distritos escolares urbanos utilizan 

detectores de metales, un 64% registran los casilleros de los alumnos y un 65% 

disponen de personal de seguridad en sus escuelas (National School Board Association 1993). En el mismo sondeo, un 82% de los distritos escolares 

informaron de que el problema de la violencia escolar era peor ahora que cinco 
100 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

años atrás. En general, el 35% creía que la violencia escolar ha aumentado de 

modo significativo y que los incidentes tienen cada vez un cariz más grave. 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización (National Crime 

Victimization Survey) del año 1995, basada en entrevistas realizadas con una 

muestra nacional representativa de más de 10.000 jóvenes, arrojaron que el 

14,5% de los estudiantes con edades comprendidas entre los 12 y los 19 años 

sufrieron uno o más delitos violentos o contra el patrimonio cometidos en la 

escuela a lo largo de un período de seis meses (Chandler et al. 1998), con un incremento del 3,4% en el año 1989 a un 4,2% en el año 1995 en el porcentaje de 

jóvenes que relatan haber sufrido una victimización. El porcentaje de estudiantes 

que informan de la presencia de una banda callejera (street gang) en su escuela 

casi se dobla entre 1989 y 1995, hasta alcanzar un 28,4% (Chandler et al. 1998). 

Aquéllos que informan de la presencia de bandas juveniles en sus escuelas tienen 

el doble de posibilidades de sufrir una agresión (Bastian y Taylor 1991). 

Desgraciadamente, el riesgo de ser o bien víctima o bien autor de un delito de 

carácter violento es mucho mayor para aquellos niños que asisten a escuelas de 

comunidades pobres, urbanas y pertenecientes a una minoría (Sheley, McGee y 

Wright 1995). 

La mala conducta de menores afroamericanos con bajos ingresos puede en 

parte representar una reacción hacia experiencias y estándares vitales opresivos 

que son percibidos como injustos e inalcanzables (Cohen 1955), lo que provoca 

un intento de recobrar sensaciones de autoestima, identidad y respeto mediante 

la adopción de pautas de distanciamiento social y agresividad física (Anderson 

1998; Hanna 1988). Con todo, tanto la escuela en sí como los factores de tipo 

comunitario juegan un papel importante en relación con la violencia en la 

escuela. Welsh, Stokes y Green (2000) hallaron que el clima en la escuela 

(medido a través de la asistencia a clase y la rotación del alumnado) transmite 

fuertemente los efectos de las variables pertenecientes a la comunidad (pobreza, 

estabilidad residencial y tasa de criminalidad en la comunidad) en los desórdenes 

que se producen en la escuela (medidos a través de los incidentes escolares y la 

tasa de expulsiones). La pobreza conserva un significativo efecto indirecto 

mediante su influencia en el clima escolar (véanse también Welsh, Greene y 

Jenkins 1999 y Welsh 2000). Son necesarias más investigaciones para medir con 

precisión la violencia escolar, discriminar las respectivas influencias de las variables individuales, escolares y comunitarias en la conducta del individuo, e 

informar el desarrollo de estrategias efectivas para prevenir la violencia. 

En las escuelas se han realizado otras encuestas de victimación diseñadas 

específicamente para los jóvenes, pero razones de espacio impiden que las 

discutamos aquí (véanse no obstante Anderson 1998; Gottfredson y Gottfredson 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 101 

1985; Welsh, Greene y Jenkins 1998; Welsh, Jenkins y Greene 1997). La 

investigación y la teoría de la delincuencia se beneficiarían considerablemente 

de futuros estudios que examinen la conducta juvenil en un mayor contacto con 

los entornos donde los menores pasan la mayor parte de su tiempo (por ejemplo 

Bursik 1988; Messner y Rosenfeld 1997; Welsh, Greene y Jenkins 1999). 

Criminalidad relacionada con las armas de fuego 

No podemos examinar la violencia juvenil en los Estados Unidos sin 

considerar la disponibilidad y el uso de las armas de fuego. Las estadísticas 

fidedignas a largo plazo relativas al uso de pistolas por parte de los menores son 

insuficientes, pero las estadísticas oficiales desde el año 1980 proporcionan un 

cuadro escalofriante (Snyder 1998). Las detenciones practicadas a menores por 

violaciones de la legislación sobre armas se doblaron entre 1987 y 1993. Los 

homicidios con arma de fuego por parte de jóvenes en los Estados Unidos se 

triplicaron entre los años 1983 y 1997, mientras que los homicidios cometidos 

mediante otro tipo de armas decrecieron. Desde 1983 hasta 1995 la proporción 

de homicidios en los cuales un menor hizo uso de un arma de fuego aumentó de 

un 55% a un 80% (Greenbaum 1997). En realidad, el incremento global de los 

homicidios cometidos por menores que se vivió a mediados de los años ochenta 

estuvo enteramente relacionado con el uso de armas de fuego (Snyder, Sickmund 

y Poe-Yamagata 1996). De la misma manera, los recientes descensos en el 

número de homicidios cometidos por menores son completamente imputables 

a una bajada de los asesinatos cometidos con armas de fuego (Snyder 1998). 

Quizás los recientes programas de cumplimiento de la ley y los programas de 

prevención de la violencia con pistolas dirigidos a jóvenes estén teniendo algún 

efecto positivo (Snyder 1998). 

Según los Centros para el Control y la Prevención de la Enfermedad (Centers 

for Disease Control and Prevention, CDC) (U.S. Department of Health and Human Services 1995), 2,5 millones de adolescentes de los Estados Unidos portan 

armas, llevándolas a menudo consigo al centro escolar. Cada día, estiman los 

CDC, unos 135.000 estudiantes llevan armas de fuego al colegio. En una 

encuesta llevada a cabo en el año 1995 a estudiantes de diez institutos ubicados 

en zonas urbanas deprimidas, casi la mitad de los estudiantes de sexo masculino 

afirmó que podría tomar prestada una pistola de sus amigos o incluso de su familia si quisiera. Un 40% de los estudiantes dijeron tener un familiar de sexo 

masculino que habitualmente porta una pistola (Sheley y Wright 1993). 
102 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

En una encuesta realizada por un lado a 758 estudiantes varones de institutos 

ubicados en zonas urbanas deprimidas, y por otro a 835 delincuentes de carácter 

grave encarcelados en centros de detención, Sheley y Wright (1993) descubrieron 

que un 83% de los internos y un 22% de los estudiantes poseían pistolas. Dichas 

armas de fuego tendían a ser revólveres de gran calidad y calibre. La mayoría 

de los jóvenes internos y los estudiantes exponían que era bastante fácil adquirir 

una pistola; sólo un 35% afirmó que existiera alguna dificultad. Un 53% de los 

estudiantes afirmó que estarían dispuestos a «tomar prestada« una pistola de 

miembros de su familia o amigos si la necesitaran; un 37% de los estudiantes y 

un 54% de los jóvenes internados afirmó que podrían obtener una en la calle. 

Aunque la implicación en la venta de droga era más común entre estos jóvenes 

que afirmaban portar una pistola, la razón principal dada para portar una era la 

autoprotección. 

Pronósticos de la delincuencia juvenil 

Para el siglo XXI se prevén incrementos dramáticos de la población juvenil 

de alto riesgo y de la criminalidad juvenil violenta, lo que lleva a algunos a alertar 

de la inminente oleada de «superdepredadores» adolescentes. Con anterioridad 

a las recientes disminuciones del año 1994, algunos investigadores anunciaron 

que si continuaba la tendencia de los últimos diez años, las detenciones juveniles 

por causa de crímenes violentos aumentarían más del doble para el año 2010 

(Fox 1996; DiIulio 1996). 

No obstante, y contrariamente a estas predicciones, el grupo de edad juvenil 

contribuyó menos al incremento de detenciones por crímenes violentos entre 

1980 y 1997 que el resto de los otros grupos de edad. El porcentaje de 

detenciones por crímenes violentos en jóvenes fue de un 22% por encima de la 

media en 1980, pero los incrementos de esta media para casi todos los otros 

grupos de edades fue mayor (con los mayores incrementos, 66% y 60%, entre 

grupos de edad de 35 a 39 y de 30 a 34 años respectivamente). El incremento 

en las detenciones de jóvenes entre 1980 y 1997 no es atribuible a la implicación 

de éstos en crímenes de un modo sistemático (Snyder 1998). 

Algunos han mostrado su preocupación acerca de la posibilidad de que la 

violencia juvenil se incremente en los próximos diez a quince años, debido a que 

se espera un incremento de la población juvenil en un 1% por año. Fox (1996), 

por ejemplo, observó que la media de asesinatos cometidos por adolescentes con 

edades comprendidas entre los 14 y los 17 años se incrementó en un 172% desde 

1985 a 1994. Los incrementos más significativos se dieron entre delincuentes que 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 103 

eran amigos y conocidos de sus víctimas. Este crecimiento de la criminalidad 

juvenil violenta se produjo al mismo tiempo que la población juvenil decrecía. 

Fox sugirió que esta tendencia demográfica pronto cambiaría, ya que 39 millones 

de niños eran menores de diez años y pronto entrarían en su etapa de «alto 

riesgo». Consecuentemente, concluyó, el país probablemente experimentaría una 

futura ola de violencia juvenil, la cual podría ser incluso peor que en los diez 

años anteriores a 1994. 

Sin embargo, los cambios en las cifras de la población juvenil parecen estar 

poco relacionados con las tendencias criminales juveniles de carácter violento 

en los años recientes (Snyder 1998; véase también Blumstein et al. 1998). De 

hecho, como ya observamos anteriormente, el número de crímenes juveniles 

violentos decreció desde 1994 a 1997 al mismo tiempo que la población juvenil 

se incrementó. Desde el año 1987 a 1994, la población juvenil se incrementó un 

7% mientras que las detenciones de menores por crímenes violentos se 

incrementaron en un 79%. Desde el año 1994 a 1997, las detenciones juveniles 

cayeron un 18%, pero la población juvenil se incrementó en un 4%. La 

criminalidad juvenil de carácter violento disminuyó a continuación durante tres 

años consecutivos (1994-1997). 

¿Cómo explicamos entonces estos recientes pero ya patentes descensos en 

la violencia juvenil? Blumstein et al. (1998) observan que los índices recientes 

de homicidio (1997) permanecen altos; sin embargo se han registrado descensos 

desde 1991, cuando se registró una tasa máxima del 9.8 por 100.000. Estos 

autores se preguntan hasta qué punto esta tendencia está relacionada con grupos 

de edades, armas o tamaño de la ciudad. ¿Dónde son más acentuados los 

descensos?, y ¿por qué? Concluyen que los cambios en el uso de las armas son 

fundamentales para la interpretación de las fuertes subidas y bajadas recientes 

en relación a homicidios, particularmente homicidios cometidos por menores. 

El aumento de los homicidios llevados a cabo por jóvenes desde 1985 a 1993 

se debió en su totalidad a homicidios cometidos con armas de fuego. De forma 

similar, las recientes disminuciones son debidas a una bajada de la tasa de 

homicidios relacionados con armas de fuego. Estas tendencias son más 

pronunciadas en ciudades grandes, pudiendo estar asimismo relacionadas con la 

subida y bajada de los grandes mercados del crack, así como a la competencia 

de carácter violento relacionada con la droga existente en las grandes ciudades. 

También es posible que las disminuciones recientes en la criminalidad 

juvenil violenta puedan deberse parcialmente a un resurgimiento económico 

(reducción de los índices de desempleo), medidas enérgicas policiales contra 

mercados ilegales, incrementos en el número de encarcelamientos (aunque la 

incapacitación es una explicación más apropiada para las disminuciones en 
104 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

crímenes cometidos por adultos), incremento del número de jóvenes implicados 

en los mercados laborales legítimos y una disminución del número de jóvenes 

implicados en oportunidades ilegitimas. Sin embargo, es extremadamente difícil 

constatar las causas específicas de la disminución (por ejemplo, cambios en la 

demografía, en comportamientos sociales relacionados tales como la venta de 

drogas, o la ampliación de los recursos policiales). Es posible que todos los 

factores interaccionen entre sí. Blumstein et al. (1998) argumentan que aquéllos 

que confiaban en la capacidad de las estrategias policiales para disminuir el crimen en la ciudad de Nueva York de forma considerable, tienen pocas evidencias 

para defender su postura. En este sentido planteaban la siguiente pregunta: ¿Por 

qué hubo una disminución constante en los homicidios sin armas, mucho antes 

incluso de que el alcalde Rudolph Giuliani y el anterior Inspector Jefe de Policía 

William Bratton tomaran posesión de su cargo y comenzaran su guerra 

multifacética contra el crimen? 

Curtis (1998) aduce que muchas personas habían dado por perdidos los 

barrios deprimidos del centro de las ciudades en la cumbre del problema del 

crack a finales de 1980 y principios de 1990. ¿Cómo puede entonces explicarse 

la disminución repentina de la criminalidad violenta en esas zonas? Curtis hace 

referencia a una investigación etnográfica en dos barrios de la ciudad de Nueva 

York para buscar respuestas. Él sugiere que muchos jóvenes comenzaron a 

retirarse de la vida pública cuando la violencia a su alrededor se incrementó. 

También señala que dos grandes pandillas, las cuales hacían campaña activa 

contra la distribución de droga, expandieron su control sobre estos barrios, y 

animaron a los jóvenes a construir vidas positivas. Curtis parece indicar con 

ello que el activismo de la comunidad contra la violencia también jugó su 

papel, a pesar de que apenas podemos decir que la vitalidad económica se 

hubiera incrementado de forma remarcable. De forma paralela, sentencias de 

prisión largas y una política agresiva contra las bandas distribuidoras de droga 

ayudó a reducir la influencia ejercida por estas bandas distribuidoras de droga 

de estilo corporativo. Muchas se redujeron, otras muchas se disolvieron. Los 

distribuidores restantes se volvieron mucho más discretos y se posicionaron de 

puertas para dentro con lo cual se eliminaron las peleas sobre el territorio. 

LaFree (1998) observa que las tasas de crímenes violentos se incrementaron 

drásticamente desde 1963 a 1974. Por el contrario, las caídas recientes en 

crímenes de carácter violento suponen las disminuciones más importantes desde 

la Segunda Guerra Mundial. Las instituciones sociales dan una explicación 

prometedora de estas recientes disminuciones (por ejemplo, patrones de normas, 

reglas y leyes reforzados y compartidos mutuamente). Las instituciones son 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 105 

también capaces de provocar el cambio de manera espectacular con el tiempo, 

y consecuentemente, pueden explicar las disminuciones rápidas y enormes 

ocurridas en relación al crimen. En los años de paz que siguieron a la Segunda 

Guerra Mundial, las instituciones sociales (políticas, económicas y en relación 

a la familia) eran fuertes. En la década de 1970, la confianza pública en las 

instituciones políticas cayó; la desigualdad económica, la inflación, así como el 

declive de los sindicatos redujeron la confianza en las instituciones económicas. 

El concepto de familia tradicional de los años cincuenta se vio severamente 

debilitado en los setenta (por ejemplo, trabajo de ambos padres, más familias 

monoparentales, tasas más altas de divorcios). La sociedad americana luchó contra la caída institucional invirtiendo extensamente en otras instituciones, 

especialmente en la justicia penal, educación y asistencia social, haciendo todas 

ellas presión para que el índice criminal bajara, sugiere LaFree. 

Defensores de la teoría del superdepredador continúan advirtiendo que la 

mayor y más violenta cohorte de jóvenes del país de sexo masculino pronto 

alcanzará sus años de propensidad criminal (DiIulio 1997). De hecho, DiIulio 

argumenta que la única razón por la cual el crimen ha disminuido en lugar de 

aumentar desde 1994 es por el éxito asociado con las formas más inteligentes 

de hacer cumplir la ley (por ejemplo, los sistemas de información asistidos por 

ordenador), así como políticas más severas de sentencias (por ejemplo, aquellas 

políticas que mantienen a los criminales violentos y reincidentes entre rejas). La 

investigación previa no ha confirmado estos argumentos, sin embargo, DiIulio 

defiende que nunca se ha llevado a cabo un test bien diseñado y riguroso relativo 

a la asociación entre la presencia visible de la policía y las tasas delictivas. 

La tesis del superdepredador parece hasta ahora bastante infundada. Los 

pronósticos de tendencias criminales basados en proyecciones en línea recta 

relativas a tendencias a corto plazo (a saber, entre 1986-1994) y simples 

predictores (tamaño de la población juvenil de riesgo) tienden a no ser fiables. 

(Moore y Tonry 1998; Zimring y Hawkins 1998). Cook y Laub (1998) 

demuestran que existe una pequeña relación entre el total de homicidios 

cometidos por jóvenes de entre 13 y 17 años y el total de la población juvenil, 

con datos que arrancan desde el año 1968. Ellos observan que nuestra habilidad 

para predecir la violencia juvenil está limitada por un entendimiento incompleto 

de sus diversos determinantes. Además, la inestabilidad reciente en la violencia 

juvenil desde mediados de los ochenta, demuestra que «hacer predicciones 

fiables es un juego de locos» (Cook y Laub 1998, 58). 
106 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

EL CAMBIANTE CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL 

Un entendimiento de las fuerzas que determinan la política relativa a la 

justicia juvenil requiere un estudio de un contexto más amplio en el cual la 

delincuencia, la política de justicia juvenil y el sistema de justicia juvenil en 

desarrollo estén presentes. El tribunal de menores se creó en un tiempo en el cual 

muchas fuerzas contextuales estaban influyéndose mutuamente: las áreas urbanas 

habían crecido rápidamente, el número de inmigrantes pertenecientes a la 

primera generación era especialmente alto, las teorías basadas en principios 

biológicos estaban determinando el pensamiento de aquéllos que ostentaban el 

poder, y el papel que la mujer desempeñaba fuera de casa estaba cambiando. Los 

orígenes del tribunal de menores se han atribuido a un deseo de salvar a los niños 

de circunstancias indeseables de la vida (Platt 1977), al deseo de tener un mayor 

control sobre los rufianes de clase baja, y a la necesidad percibida por parte de 

los fiscales y la policía de corregir una situación en la que delincuentes jóvenes 

estaban siendo exculpados por jurados comprensivos (Mennel 1973). 

Los cambios estructurales en el sistema de justicia juvenil que se dieron 

durante el Período de los Derechos de los Menores (1961-80) también se 

entienden mejor si son analizados teniendo en cuenta el contexto cultural y social de aquel tiempo. El malestar civil y la actividad significativa de los tribunales 

en el campo de los derechos civiles establecen la base para examinar y especificar 

los derechos de los menores de edad. El caso In re Gault, así como otros casos 

relativos al debido proceso durante esta época dieron lugar a un tribunal más 

basado en el principio acusatorio que ha tenido tanto beneficios positivos como 

consecuencias negativas no esperadas para la justicia juvenil. 

A comienzos del siglo XXI, el sistema de justicia de menores ha alcanzado 

una encrucijada importante con respecto a su misión, y el futuro del tribunal de 

menores es cuestionado. Sin embargo, discutir acerca de la justicia de menores 

sin tener en cuenta el contexto cultural, social y económico más amplio sería una 

insensatez. Nosotros sólo podemos tocar por encima las tendencias actuales, sin 

embargo, una mirada rápida al presente y al futuro inmediato sugiere que hay 

importantes asuntos que se deben incluir al considerar el tipo de sistema de 

justicia de menores que los Estados Unidos necesita. 

El sistema de justicia de menores se creó durante un tiempo de desorden 

social, el cual había ido de la mano de la Revolución Industrial, cuando se 

estaban formando nuevas industrias, cuando sociedades agrícolas estaban siendo 

convertidas en sociedades industriales urbanas, cuando áreas urbanas estaban 

creciendo rápidamente en tamaño y la inmigración estaba introduciendo nuevos 

idiomas y culturas en el ya desorganizado ambiente (Empey 1978). Este período 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 107 

de trastorno social junto a aquel de la década de 1960 afectó dramáticamente 

tanto a la naturaleza de la experiencia adolescente como a la construcción de la 

justicia de menores en los Estados Unidos. En primer lugar se formaron nuevos 

sistemas de control social para dirigir las relaciones entre niños y adolescentes 

con el resto de la comunidad. Las leyes de trabajo infantil, la educación 

obligatoria y el tribunal de menores redujeron las opciones de los jóvenes en 

conformidad con las necesidades y valores de aquellos grupos que estaban 

formando el futuro de esta nueva nación. La década de 1960 trajo la redefinición 

del poder de los niños y adolescentes respecto a los sistemas de autoridad. Se 

garantizó a los jóvenes nuevos derechos y un papel más importante en la 

construcción de su propio futuro, creando incertidumbre y tensión acerca del 

papel apropiado de la autoridad de los adultos. 

A lo largo del año 1998, la población de los Estados Unidos creció en más 

de 2,3 millones de personas, y en el año 2000, la misma era en 12 millones de 

habitantes mayor que en 1995, estando estimada la población total en unos 263 

millones de habitantes (Day 1996a). Para el año 2010 se cree que habrá otros 

25 millones de estadounidenses más, y para el año 2050 se piensa que la 

población de EE.UU. será un 50% mayor que en 1995. Sorprendentemente, estos 

cambios están ocurriendo en medio de una ralentización en el crecimiento de la 

población estadounidense. 

La población de los EE.UU. también está envejeciendo. Es decir, que el 

crecimiento es mayor entre las personas que están en los 50 años, cuyo número 

se espera que se duplique entre 1996 y 2006, y el grupo con una edad de 85 años 

y superior, el cual doblará su tamaño para el año 2025 (Day 1996a). Para el año 

2030, el segmento de población de 65 años hacia arriba crecerá un 20% con 

respecto a la población total, frente a su nivel actual de crecimiento del 13%. El 

grupo de edad de entre 15 y 20 años, que empezó a crecer en el año 1991 tras 

un período sin cambios, alcanzará su punto máximo en el año 2010, al igual que 

el grupo de edad de entre 45 y 50 años (Day 1996a). Los adolescentes con edades 

comprendidas entre los 15 y 20 años alcanzarán los 21,7 millones en el año 2010, 

habiendo sido 17,7 millones en 1990. De forma coincidente, cuando esta 

explosión adolescente alcance su punto álgido, los niños del previo boom infantil 

empezarán a jubilarse. A largo plazo, aunque el número de niños menores de 18 

años continuará creciendo, la población joven no formará una porción de 

población mayor de lo que lo ha venido haciendo en el pasado reciente (Day 

1996a; Poe-Yamagata 1998). 

La diversidad racial y étnica continuará retando a nuestra sociedad. Del 

aumento de más de 2,3 millones en la población desde 1997 a 1998, 900.000 eran 

hispanos y 459.000 eran afroamericanos (Day 1996a). La población blanca no 
108 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

hispana se estima que caerá proporcionalmente desde su nivel actual de un 72% 

a sólo un 53% para el año 2050. El número de afroamericanos se doblará para 

el año 2050, pero el segmento de población que crecerá más rápidamente es la 

población de origen hispano. Dicho grupo añadirá anualmente la mayor cantidad 

de personas a la población de los EE.UU. durante el próximo medio siglo, 

esperando que lleguen a constituir el segundo grupo étnico para el año 2010. 

Para los jóvenes, estos cambios son especialmente significativos si 

consideramos a la vez la edad y los cambios raciales/étnicos que están teniendo 

lugar. Mientras que la población de los Estados Unidos esté envejeciendo, los 

blancos no-hispanos supondrán una proporción mayor del grupo de edad superior a 65 años que del grupo de edad inferior a 18 (Day 1996a). Debido a 

diferencias en el índice de fertilidad y los niveles altos de inmigración hispana, 

para el año 2030 los blancos no-hispanos comprenderán menos de la mitad del 

grupo de menos de 18 años, mientras que supondrán tres cuartas partes de los 

ciudadanos más viejos. En 1996, la edad media entre los blancos no-hispanos 

era de 36.9 años, en contraste con la edad media para los hispanos (26.4) y los 

negros no-hispanos (29.5). Para el año 2010, la edad media para los blancos 

se estima que será de 41.0 años, mientras que para los hispanos la edad media habrá crecido sólo a los 27.7 años, alcanzando para los negros no-Hispanos 

los 30.9. Dada la historia de los Estados Unidos respecto a las relaciones 

raciales y al impacto de las preocupaciones sobre los recursos dentro del 

conflicto racial (Beck y Tolnay 1995; Kennedy 1997), la interacción de la edad 

y la raza/etnicidad promete ser una parte inestable de la ecuación política del 

siglo XXI. 

Los ingresos medios en los Estados Unidos han crecido de forma consistente 

desde 1991 (Oficina del Censo de los Estados Unidos 1998). Excepto bajadas 

significativas en la década de 1970 y principios de 1990, la imagen económica 

general es positiva. El ingreso medio de los trabajadores de EE.UU ha crecido 

un 58.3% desde 1947, y el ingreso real per cápita ha crecido un 78.6% desde 

1967. Sin embargo, este crecimiento no está distribuido de forma uniforme. Los 

ingresos de los afroamericanos e hispanos están muy por debajo de aquéllos de 

los blancos, asiáticos e isleños del Pacifico. Desde 1975, todos los grupos étnicos 

y raciales, a excepción de los hispanos, han experimentado un aumento de sus 

ingresos. En cambio, los ingresos de los hispanos han permanecido sin cambio 

alguno y desde 1993 han bajado hasta estar por debajo de aquéllos de los 

afroamericanos. 

Con respecto a los hispanos, el sector racial y étnico de nuestra sociedad con 

el crecimiento más acentuado, la disparidad en relación a los ingresos está 

aumentando (Oficina del Censo de los Estados Unidos 1998). En 1997, la renta 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 109 

per cápita de los hispanos era la mitad que aquélla de los blancos. La renta para 

las personas de raza negra está aumentando, pero a un ritmo menor que aquélla 

de los blancos, siendo la renta per cápita de los afroamericanos apenas mayor 

que la de los hispanos. El aumento de la disparidad en la renta en tiempos de 

prosperidad indudablemente hará que las presiones económicas en las minorías 

étnicas y raciales aumenten. 

Aunque el número de jóvenes viviendo en la pobreza ha aumentado a lo 

largo de las dos ultimas décadas (Oficina del Censo de los Estados Unidos 

1999b), esta situación varía según el grupo étnico y racial. En general, el incremento en el número de jóvenes que vive en la pobreza ha sido del 42% a lo largo 

de los dos últimos años. Sin embargo, en el caso de los jóvenes hispanos ha sido 

del 116%. Para las familias de blancos con niños menores de 18 años, el 

porcentaje que vive en la pobreza está aumentando (Oficina del Censo de los 

Estados Unidos 1999b). En 1977, el porcentaje de pobreza para familias de raza 

blanca era de 9.6%; en el año 1997, este porcentaje había aumentado a un 13.0%. 

En el caso de las familias de raza negra con niños se ha dado alguna fluctuación 

en el porcentaje de pobreza: de un 34.2% en el año 1977 a un 36.6% en el año 

1987, aunque bajando a un 30.5% en 1997. A pesar de todo, las cifras siguen 

siendo suficientemente altas. Entre las familias de origen hispano, las cifras 

recientes son similares a aquéllas de los de raza negra: 25.3% en 1977, 31.9% 

en 1987, y 30.4% por ciento en 1997. Debido a las tendencias económicas, la 

proporción de familias en cada grupo racial que viven en la pobreza no parece 

que vaya a descender. 

¿Una condición terminal? 

A finales del siglo XX, el sistema de menores parece estar teniendo una 

creciente dificultad al tratar con una doble misión contradictoria en sí misma: 

el control de los adolescentes y el bienestar social de los mismos. Estas 

dimensiones antagónicas están atrapadas en el dilema «el niño es un criminal y 

el criminal es un niño» (Feld 1993a). La fama del sistema de ser inconsistente 

y arbitrario continúa minándolo. Un observador participante del mayor sistema 

de justicia de menores de la nación, Los Ángeles, ha captado las realidades 

esenciales del sistema actual: «Ése es el desengaño del Tribunal de Menores, la 

maravilla de éste, y el escándalo. Desengaño, porque no se puede salvar a todos 

los niños. Maravilla, ya que este sistema roto, apaleado, derrotado, todavía es 

capaz de salvar a un niño. Escándalo, porque éste casi nunca intenta hacer nada» 

(Humes 1996, 371). 
110 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Cualquiera de los siguientes tres escenarios parecen posibles para el futuro 

del sistema de menores: (1) abolición, con funciones fusionándose con el sistema 

criminal de adultos; (2) adaptación, principalmente continuando por desechar al 

sistema penal de adultos a aquellos jóvenes que popularmente se consideran 

insalvables, al mismo tiempo que se desarrollan nuevas modalidades para tratar 

con aquéllos considerados como reformables o (3) expansión, con los 

fundamentos tradicionales del bienestar social del tribunal pero abarcando al 

menos algunas variedades de la criminalidad adulta. 

Los que abogan por la derogación del tribunal de menores se guían por el 

sentimiento público actual que se enfoca en la depravación de aquellos jóvenes 

que cometen crímenes, particularmente crímenes de carácter violento. Por 

ejemplo, Feld, Rosenberg y Bazemore (1993) argumentan que la razón fundamental para la creación del tribunal en relación a la provisión de servicios 

sociales en un marco judicial es inconsecuente en sí misma. Los mecanismos 

judiciales se basan fundamentalmente en el castigo y (lo que podría ser lo 

mismo) rehabilitación coercitiva. Estos autores no nombran cuestiones sociales 

más amplias (por ejemplo, familia, vivienda, educación y salud) que son los 

aspectos esenciales de los jóvenes que se encuentran atrapados en el sistema de 

menores. El tribunal penal de adultos supuestamente haría lo mismo para 

beneficiar a adolescentes que cometieran crímenes que el tribunal de menores 

está haciendo. Para compensar la disminución de la responsabilidad de los 

jóvenes con respecto a los adultos, se podría aplicar a la condena una especie 

de «descuento juvenil» (Feld, Rosenberg, y Bazemore 1993). 

Los críticos de esta propuesta (por ejemplo, Rosenberg 1993) apuntan que las 

garantías del procedimiento en los tribunales criminales de adultos son difíciles 

de alcanzar para la mayoría de los acusados. Si la negociación de la pena (plea 

bargaining) 10 se vuelve tan omnipresente para los acusados jóvenes como lo es 

actualmente para los acusados adultos, en ese caso, las deficiencias del 

procedimiento en lo relativo a las garantías procesales simplemente son extendidas 

a un numero mayor de población de acusados en un tribunal criminal. 

Especialmente desde mediados del siglo XX, el tribunal de menores ha 

mostrado una habilidad notable para ir perdurando a lo largo de su adaptación; 

se le ha llegado a llamar «un camaleón institucional»; (Schwartz, Weiner, y 

Enosh 1998, 548): 

10 La figura procesal del plea bargaining consiste en la negociación que se establece entre 

la defensa y el Ministerio Público, principalmente en torno a la pena solicitada por este último. 

(N. de los T.). 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 111 

«El tribunal de menores se ha destacado entre las agencias del sistema de justicia 

como casi la única capaz de dar tono sin palidecer a cualquier bromuro que 

convenga en cada momento. Ha podido hacer esto debido a que su misión y mandato 

han sido muy amplios, hasta llegar a lo indefinido, lo que le ha permitido elaborar 

un conjunto casi ilimitado de mensajes que razonablemente entran dentro de su 

ámbito.» 

En yuxtaposición al intento original de los fundadores del sistema de 

menores concebido como un sistema en el cual los jóvenes debían ser atendidos, 

el foco reciente se ha centrado en derivar a los jóvenes fuera de los sistemas 

formales establecidos. Se ha observado que «el tribunal de menores actual se ha 

convertido simplemente en otra agencia dentro de un sistema de justicia de 

menores complejo» (Singer 1998, 510). La técnica dominante, aunque 

arriesgada, de adaptación ha sido la tendencia del tribunal a deshacerse de ciertas 

clases de casos controvertidos. En el otro extremo, la jurisdicción del los 

llamados «delitos de status» se ha canalizado hacia mecanismos menos formales 

ya que el tribunal se ha concentrado en asuntos más serios. De manera más 

significativa, al otro extremo del espectro, desde finales de 1960 el tribunal ha 

cedido poder sobre un creciente número de casos en favor de los tribunales 

criminales de adultos. Aunque aparentemente tales transferencias están basadas 

en la madurez del joven y en la culpabilidad moral personal, frecuentemente 

tienden a representar la frustración respecto a aquellos jóvenes que no se 

transforman en ciudadanos respetuosos de la ley por medio de los recursos 

limitados del sistema de menores (Federle 1996). 

Procesar a los jóvenes en los tribunales criminales para adultos normalmente 

implica el proceso legal conocido como «waiver» (renuncia). En un movimiento 

que traiciona la vacuidad de sus cimientos filosóficos teóricos (a saber, parens 

patriae), el tribunal juvenil oficialmente se lava las manos en relación a los 

menores, enviándolos al castigo del sistema de adultos. Más recientemente, la 

tendencia ha sido que los cuerpos legislativos han simplificado su tarea 

considerando ciertos crímenes como completamente fuera de la jurisdicción del 

tribunal de menores o confiriendo a la acusación el formidable criterio de decidir 

si un caso debería de ser llevado al tribunal de menores o de adultos. Asuntos 

de la llamada «renuncia inversa» (reverse waiver) surgen cuando los jóvenes 

solicitan que sus casos vuelvan al tribunal de menores. 

La popularidad de definir a los jóvenes como criminales adultos se evidencia 

por la serie de mecanismos que existen para llevar o mantener a los jóvenes 

dentro del tribunal penal. Un reciente análisis de las previsiones de transferencias 

estatales observó que la renuncia discrecional (discretionary waiver) existe en 
112 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

46 Estados, la exclusión establecida (statutory exclusion) en 28 Estados, las 

cláusulas «una vez adulto, ya siempre adulto» en 31 Estados, el expediente 

directo (direct file) por parte de la acusación en 15 Estados, la llamada renuncia 

«de presunción rebatible» («rebuttable presumption» waiver) en 15 Estados, y 

la renuncia obligatoria (mandatory waiver) en 14 Estados (Griffin, Torbet, y 

Szymanski 1998). Hay disposiciones de renuncia inversa en 23 Estados. 

Un grueso considerable de investigaciones se ha concentrado en los procesos 

de renuncia. De manera general, los estudios fracasan a la hora de intentar 

encontrar una razón fundamental legal subyacente en los procesos de renuncia 

en algún tribunal particular. Por ejemplo, para aquellos jóvenes que no habían 

sido previamente sujetos a una renuncia hacia tribunal penal de adultos, la 

severidad del crimen a tratar no distinguía entre aquéllos en los que se produce 

una renuncia de aquéllos que permanecen en el tribunal de menores (Lee 1994). 

En un Estado donde la renuncia era una decisión de la acusación, la mayoría de 

los jóvenes en los que se producía una renuncia estaban acusados de delitos, pero 

sólo una pequeña porción estaba acusada de crímenes violentos contra las personas, mientras que alrededor de una cuarta parte no tenía antecedentes penales 

(Bishop, Frazier y Henretta 1989). En realidad, los jóvenes transferidos son 

frecuentemente delincuentes contra la propiedad incorregibles (Poulos y 

Orchowsky 1994). Adicionalmente, tanto la raza/etnicidad como el género han 

estado asociados estadísticamente con la solicitud de la acusación para una 

transferencia (Dawson 1992). 

Irónicamente, a no ser que el delito en cuestión sea claramente grave, los 

delitos de los jóvenes suelen ser considerados menos serios por los tribunales de 

adultos que por los tribunales de menores. Para los jóvenes implicados en delitos 

contra las personas, el castigo es generalmente dispensado más generosamente 

en el tribunal de adultos que en el de menores; por el contrario, los jóvenes 

implicados en delitos contra la propiedad (incluyendo a aquéllos con un historial 

criminal amplio de tales delitos) parecen recibir sanciones más duras en el tribunal de menores que en el de adultos, donde los delitos que normalmente se 

tratan hacen que los delitos de menores sean en comparación nimios (Barnes y 

Franz 1989). Además, un estudio reciente que examinó durante un período de 

dos años el comportamiento de jóvenes transferidos y no-transferidos, encontró 

que una mayor proporción de los primeros cometieron nuevos delitos, llevando 

a los autores a concluir que «si los cuerpos legislativos y los tribunales intentan 

disuadir a los jóvenes de no cometer delitos adicionales por medio de someter 

a aquéllos que persisten en la delincuencia a un castigo mas severo del sistema 

de justicia criminal de adultos, nuestros datos indican que no están consiguiendo 

este objetivo» (Podkopacz y Feld 1996). Otro estudio utilizó el método de casos 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 113 

emparejados observados por un período de siete años, concluyendo que la 

transferencia estaba asociada a una mayor frecuencia de nuevas detenciones, 

controlando según el tipo de delito (Winner et al. 1997). Igualmente, este mismo 

estudio descubrió que, independientemente del delito original, los jóvenes 

transferidos que habían sido nuevamente detenidos, eran apresados más frecuente 

y rápidamente que los jóvenes no transferidos que a su vez habían sido de nuevo 

detenidos. 

Un componente significativo de la adaptación del sistema en la década de 

1990 ha sido la tendencia hacia las llamadas respuestas reparadoras a la 

criminalidad juvenil. Estos modelos recuerdan la informalidad de los primeros 

días del tribunal juvenil. Los mismos son dependientes de un sentido de 

comunidad entre los afectados por la acción de los jóvenes, buscando a través 

de la mediación y el diálogo reparar, en la medida de lo posible, el daño causado, 

así como integrar al joven en la sociedad local (Bazemore y Umbreit 1995). Por 

desgracia, tales esfuerzos normalmente se han reducido de alguna manera a 

proyectos simplistas que son adoptados superficialmente por las organizaciones 

de justicia de menores, pero que no implican un cambio significativo dentro de 

las culturas organizativas, fosilizadas en modelos incompatibles y antiguos 

(Bazemore 1992). Además, algunos modelos entendidos como «reparadores» son 

significativamente contradictorios en el sentido de que sus bases latentes son 

esencialmente muy punitivas. Por ejemplo, la llamada popularmente «propuesta 

equilibrada» pretende equilibrar tres objetivos: responsabilidad, protección de la 

comunidad y desarrollo de las capacidades. Sin embargo, los dos primeros 

objetivos son en gran parte punitivos, y sólo el ultimo se basa en el bienestar del 

joven. 

Se ha propuesto que los soportes históricos, individualizados y rehabilitadores del tribunal de menores podrían ser usados de forma beneficiosa en una 

variedad de casos criminales de adultos. A pesar de que este escenario 

contraviene las decisiones convencionales de la era actual, merece no obstante 

ser considerada. Entre sus razones fundamentales se encuentran las siguientes: 

no parece haber una diferencia apreciable en cuanto a la gravedad entre los 

crímenes cometidos por menores o por adultos; el comportamiento criminal de 

un adulto tiende a desaparecer con el tiempo, mientras que ese comportamiento 

en menores probablemente se incremente hasta llegar a la edad adulta; una 

reducción de los aspectos estigmatizantes del proceso penal puede beneficiar a 

adultos tanto como beneficia a menores; por último, los jóvenes no tienen que 

ser necesariamente más maleables que los adultos en relación al tratamiento 

(Hirschi y Gottfredson 1993). Se ha sugerido que un sistema unificado podría 

eludir la oposición binaria, ficticia, que se presupone en el sistema dual actual, 
114 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

permitiendo a los tribunales reconocer las graduaciones en autonomía/ 

dependencia y competencia/incompetencia que existen en el mundo real tanto 

para los niños como para los adultos: «Liberados de la necesidad de tomar una 

resolución de todo-o-nada, los jueces podrían reconocer las graduaciones 

apropiadas en dependencia, maleabilidad y responsabilidad como factores 

mitigadores en las sentencias» (Ainsworth 1995). 

CONCLUSIONES 

Nuestra visión de la adolescencia ha cambiado con respecto a aquélla que 

inspiró a los creadores del tribunal juvenil. El actual énfasis en el concepto de 

responsabilidad, así como una política criminal basada en el delito indican que 

en la cultura actual la adolescencia es más bien un subconjunto de la edad adulta 

que de la infancia. Sin embargo se observa una cierta inestabilidad en este punto 

de vista. Una ambivalencia en lo que concierne a la autonomía adolescente puede 

ser vista en las muchas contradicciones encontradas en la política criminal y la 

jurisprudencia. Además, las imágenes sobre la delincuencia juvenil reflejan la 

naturaleza en cierto modo esquizoide de la justicia juvenil: ¿Son los delincuentes 

juveniles una especie de «superdepredadores», o más bien individuos ingenuos 

dispuestos a correr riesgos? ¿Es más útil pensar en los jóvenes delincuentes como 

riesgos de la seguridad pública, o como individuos preadultos en desarrollo? 

¿Deberían los órganos encargados de tomar decisiones en la justicia juvenil 

centrarse en la conducta delictiva de los menores, o más bien en las necesidades 

de desarrollo de sus jóvenes acusados? ¿Debería la legislación del tribunal juvenil 

poner énfasis en la responsabilidad personal del menor por su conducta delictiva, 

o más bien en aspectos rehabilitadores? 

Los Estados Unidos de América han sido testigos de una caída en las tasas 

de cada categoría de delitos de carácter grave durante la década de 1990, la cual 

había estado precedida anteriormente por unos incrementos dramáticos. LaFree 

(1998) argumenta que estos cambios son una causa relacionada con la solidez 

de las instituciones sociales que actúan para controlar la socialización, 

proporcionando para ello controles sociales de carácter formal e informal, 

protegiendo a la vez a los miembros de carácter institucional. Moore y Tonry 

(1998), examinando tendencias respecto a la violencia juvenil, atribuyen los 

incrementos en la violencia juvenil y en la victimación producidos entre los años 

1985 y 1995 a un incremento en el tamaño de la población juvenil, interactuando 

con dos tendencias paralelas: el aumento de la pobreza en familias de las áreas 

urbanas y un desarrollo de la cultura de la violencia. Aquel panorama marcado 

por un deterioro económico y una desintegración estructural de las áreas urbanas 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 115 

y de las familias durante la década de 1970 y 1980 es planteado como hipótesis 

según la cual esa situación marca el contexto en el que elementos tales como las 

bandas juveniles, el crack, la cocaína y las armas interactúan entre sí produciendo 

grandes niveles de conflicto que serían hoy más mortíferos que nunca. 

La marginación de comunidades minoritarias ha sido en cierta medida 

alimentada por la reducción de los recursos federales para las zonas urbanas 

deprimidas, las áreas deterioradas, el estancamiento económico, las carencias de 

una educación positiva y valiosa, así como las oportunidades de trabajo (Wilson 

1987). Muchos han sido los que han expresado su preocupación acerca del 

«círculo vicioso» que se perpetúa en los barrios de las zonas urbanas deprimidas 

por causa tanto de los factores señalados, como de otros. Un examen de los 

indicadores sociales revela un espiral descendente en la calidad de vida de los 

grupos con bajos ingresos y de los menores pertenecientes a minorías. La 

segregación social y el aislamiento podrían concentrar la influencia negativa de 

factores ambientales en las comunidades minoritarias situadas en las zonas 

urbanas deprimidas, dando como resultado en algunos una conducta de retirada 

y apatía, produciendo en otros una conducta de ira explosiva (Bernard 1990). 

Aunque la criminalidad y las respuestas a la misma podrían estar relacionadas, hay otras fuerzas que determinan a ambas, por lo que nuestra capacidad 

para preparar la justicia juvenil de cara al nuevo milenio dependerá de los 

escenarios que desarrollemos a partir de nuestra comprensión de esas relaciones, 

de los futuros privilegiados que preveamos y de nuestra capacidad para 

adaptarnos a lo imprevisto. Desde nuestra actual posición ventajosa, vemos una 

población de ciudadanos estadounidenses que está creciendo, que está 

envejeciendo, que se está haciendo más variada, y que también está prosperando 

económicamente. A pesar de todas las cautelas en lo concerniente al número 

creciente de adolescentes en la próxima década, proporcionalmente no se observa 

una tendencia al alza para este grupo de edad. En su lugar es el segmento 

correspondiente a las personas de la tercera edad el que está creciendo. 

La población de los Estados Unidos se está haciendo más variada. Los 

individuos de raza blanca no hispanos formarán una proporción más pequeña de 

la población, mientras que el incremento mayor se dará entre los individuos 

hispanos. La población hispana reemplazará probablemente en un corto espacio 

de tiempo a los individuos de raza negra como el grupo para el que los recursos 

el sistema de justicia se concentrarán más. Muy pronto, los individuos hispanos 

dominarán la población de personas menores de 18 años, mientras que al mismo 

tiempo sus niveles reales de ingresos están disminuyendo y ellos, como grupo, 

son los que menos están involucrados en nuestro sistema de educación. Los 

patrones de marginalización social y pobreza presentes ya en este sector de la 
116 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

población parecen estar empeorando. También nos preocupa el hecho que las 

demandas de recursos gubernamentales aumentan entre el segmento creciente de 

la población de la tercera edad, un grupo dominado por individuos de raza blanca 

y con buen nivel de estudios, mientras que la población joven de etnia diversa 

va perdiendo terreno. 

A pesar de la aparente prosperidad de la que actualmente goza una gran 

proporción de la población de los Estados Unidos, aspectos como la pobreza, la 

inmigración y la diversidad racial y étnica continuarán generando problemas 

sociales de carácter significativo. Dado este contexto, el sistema de justicia 

juvenil debe ocuparse de la necesidad de una participación comunitaria, así como 

de un apoyo de los padres implicados, reconociendo abiertamente los problemas 

de etnicidad y raza, y encontrando vías para involucrar a los jóvenes en 

educación, particularmente respecto de aquéllos que son miembros de un grupo 

de carácter minoritario. 

El facilitar un pensamiento estratégico en estas áreas supone un avance en 

el ámbito de la delincuencia y su investigación. El desarrollo de la teoría se ha 

beneficiado enormemente de las aproximaciones positivistas. Particularmente, 

la influencia de los sociólogos de la Escuela de Chicago ha estado omnipresente. 

Al mismo tiempo, es probable que continúe el interés creciente en el hecho de 

cómo unas leyes efectivas, así como instituciones y políticas de justicia pueden 

tener una influencia en la conducta y reducir así la delincuencia. Aunque los 

estudios sobre la delincuencia durante el siglo XX han sido en la mayoría de los 

casos de carácter cuantitativo, la aproximación etnográfica también ha avanzado, 

lo cual se evidencia en excelentes explicaciones recientes de la cultura juvenil 

de la calle (Anderson 1998), el papel de las armas en la violencia juvenil (Fagan 

y Wilkinson 1998), la asociación a bandas juveniles y su estructura (Hagedorn 

1988; Miller 1998), así como la participación de menores en el uso de drogas 

ilegales y su tráfico (Williams 1989). Seguiremos así asistiendo a un interés 

creciente por aproximaciones interdisciplinares, pluridimensionales y 

contextuales, así como una mayor atención a los cambios conductuales durante 

el ciclo vital. 

Es interesante apuntar cómo unos descensos significativos en la violencia 

juvenil a finales de la década de 1990 continúan estando acompañados por un 

constante incremento en las demandas para actuar con mano dura ante la 

criminalidad juvenil. Los delitos contra la propiedad cometidos por menores 

superan con mucho en número a los delitos de carácter violento. Las detenciones 

de menores por las llamadas infracciones de status (status offenses) se han 

incrementado de forma dramática, sugiriendo con ello una política general de 

mano dura, no guardando ninguna relación con la actual conducta criminal. 
UN SIGLO DE JUSTICIA JUVENIL 117 

Continuaremos por otro lado presenciando una gran preocupación por el 

problema de la violencia en la escuela, aunque de hecho muy pocos son los 

episodios que causan las clases de daños o muertes que aparentemente son 

motivo de esa preocupación. La estructura cambiante y la diferenciación de las 

bandas juveniles permanecerá como un tema principal, especialmente en aquellas 

bandas que llegan a estar más arraigadas en contextos de tipo económico, de tipo 

empresarial. El papel de las armas de fuego en relación con la violencia juvenil 

atraerá muy probablemente en los próximos años una gran atención política. La 

hipótesis de los «superdepredadores» ha recibido hasta estos momentos poco 

apoyo, con lo que los sucesivos pronósticos sensatos deberían informar de un 

modo esperanzador la política pública a medida que nuestros conocimientos y 

métodos mejoren en el futuro. 

El mito del llamado superdepredador violento es puesto en entredicho 

incluso por las estadísticas oficiales. Recapitulando alguno de los puntos más 

destacados señalados más arriba, alrededor de un 4% de las detenciones de 

menores son efectuadas por motivo de un delito de carácter violento. La gran 

mayoría de los delitos (especialmente en el caso de los violentos) son cometidos 

por adultos. En los últimos 25 años, una proporción decreciente de los delitos 

contra la propiedad y —de forma más notoria— de los delitos violentos han sido 

cometidos por individuos menores de edad. Aunque las detenciones de menores 

por delitos violentos aumentaron en la década de 1980 y a principios de 1990, 

dichas tasas han decrecido desde 1994, aun teniendo en cuenta el hecho de que 

la población juvenil ha aumentado. Asimismo, los homicidios cometidos por 

menores se incrementaron de un modo significativo desde 1988 hasta 1994, 

disminuyendo a partir de entonces. Durante todo el tiempo, los homicidios 

cometidos por menores han supuesto una proporción pequeña con respecto a la 

totalidad de homicidios registrados, alcanzando una tasa máxima de sólo un 16% 

con respecto a todos los homicidios cometidos en el año 1994. La participación 

de menores en la criminalidad se mantiene así fundamentalmente en aquellas 

áreas en las cuales ha existido a lo largo de todo el siglo: los delitos contra la 

propiedad y de poca gravedad. 

La hipocresía del sistema radica en el hecho de que no consigue hacer frente 

a los valores básicos que subyacen a la cuestión de la responsabilidad, 

particularmente por lo que hace referencia a la responsabilidad social. El 

tratamiento y el castigo están a menudo contrapuestos, de modo que la injusticia 

tiene tendencia a ser la principal percepción de aquellos sujetos atrapados en 

sistemas que sin la debida atención calificamos como de «justicia» juvenil. Los 

perspicaces comentarios de Ayers (1997, 41) en relación al tribunal juvenil son 

aplicables a la totalidad del sistema de justicia juvenil: 
118 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

«La gente joven sometida al Tribunal de Menores son simultáneamente puros y 

corrompidos, inmaculados y corruptos, ángeles y bestias a la vez. Debemos querer 

y a la vez comprender esas pequeñas almas no formadas, al mismo tiempo que 

extinguimos ese diablo de la malvada, díscola juventud. Estas ideas aparentemente 

contradictorias están unidas por una única, estricta suposición: Nosotros —los 

respetables, los prósperos, los superiores y (especialmente en estos tiempos 

modernos) los profesionales— sabemos qué es lo mejor para Ellos —las masas, los 

pobres, los marginados, los desdichados de la tierra— en pocas palabras: nuestros 

clientes. Sabemos qué es lo mejor para ellos en cualquier tiempo, en todas las 

circunstancias y sin ningún género de dudas... (Los objetos de nuestro interés) 

resultan como algo sordo y anónimo» (énfasis en el original). 

Quizás el mayor peligro de la justicia juvenil en el momento en que nos 

adentramos en un nuevo siglo ha sido su clara propensión a marginalizar más a 

determinados grupos sociodemográficos. Los niños de la plebe inmigrante de 

comienzos del siglo XX fueron reemplazados en la última parte del siglo por chicos 

de color. Del mismo modo que en el caso de aquellos impopulares inmigrantes 

urbanos europeos de principios de siglo, grandes proporciones de familias con el 

status de minorías de carácter étnico o racial viven en la pobreza. Hemos observado 

cómo las proyecciones de población para el siglo XXI pronostican un incremento 

considerable de la proporción de ciudadanos hispanos. La flagrante desventaja 

económica que se da para algunas familias minoritarias —especialmente en el caso 

de las familias hispanas y afroamericanas— ha de ser vista en el nuevo siglo como 

un desafío de especial importancia para la justicia juvenil, no como una especie 

de plaga cultural que produce más seres humanos desviados que prosociales. 

El amanecer del nuevo milenio da sus primeras señales. La justicia juvenil, 

si quiere ser digna de su nombre, tiene la oportunidad a comienzos de su segundo 

siglo de existencia de reactivarse hacia un bien social mucho mayor y, 

consecuentemente, hacia un daño individual mucho menor. De todas las distintas 

áreas, la justicia juvenil es la que verdaderamente tiene capacidad de marcar la 

posteridad, para bien o para mal. 

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LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL 

DE LAS MUJERES: EVOLUCIÓN, DEBATES ACTUALES 

Y EL FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN 

BONNIE S. FISHER Y FRANCIS T. CULLEN 

Catedrática y Catedrático Distinguido de Investigación en la División de Justicia Criminal 

de la Universidad de Cincinnati 

Traducción de Juanjo Medina 

RESUMEN 

Durante la década de los 70 del pasado siglo, el creciente interés en la victimación 

de la mujer condujo a pronunciamientos que indicaban que las agresiones sexuales 

y las violaciones de mujeres en los Estados Unidos, que hasta entonces habían sido 

ignoradas, estaban aumentando de forma incontrolada. Las fuentes de datos existentes, incluyendo las estadísticas policiales nacionales (Uniform Crime Reports, en 

adelante, UCR) mantenidas por la Oficina Federal de Investigaciones (Federal 

Bureau of Investigation, en adelante FBI) y las encuestas de victimación (National 

Crime Victimization Survey, en adelante, NCVS) de la Oficina de Estadísticas Judiciales (Bureau of Justice Statistics, en adelante, BJS), eran criticadas por los defectos metodológicos que resultaban en estimaciones muy a la baja de la violencia 

sexual sufrida por las mujeres. Estas preocupaciones llevaron a la búsqueda de medidas que de forma más adecuada reflejaran la verdadera extensión del problema 

de la victimación sexual de las mujeres. Este ensayo examina los desarrollos y las 

cuestiones metodológicas más importantes que han estado presentes en los esfuerzos para medir la extensión y los tipos de victimación sexual perpetrados contra las 

mujeres. 

A pesar del aumento en el número de estudios, los investigadores han seguido estando afectados por el serio problema de cómo medir de forma adecuada 

la extensión y la naturaleza de la violación y otros tipos de agresión sexual. Existen serias controversias metodológicas que afectan a quién es y quién no es computada como una víctima. En particular, los investigadores se han dado cuenta 

de que definir conceptualmente, y a partir de ahí, desarrollar una definición 

operativa de la victimación sexual son labores complicadas con resultados hasta cierto punto imperfectos, dada la dificultad de decidir cuando los esfuerzos 
132 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

de conquista sexual no deseada por parte de la mujer cruzan la frontera entre 

imprudencia y conducta criminal. 

Después de casi tres décadas de investigación sobre violación y victimación 

sexual de las mujeres, hemos alcanzado un punto en el que resulta de utilidad 

reflexionar sobre lo que hemos aprendido y sobre lo que todavía necesitamos 

aprender. El objetivo de este ensayo es revisar como los estudios más importantes 

han definido y operativizado la violación y otros tipos de victimación sexual. 

Intentaremos elucidar qué es lo particularmente distintivo de cada uno de estos 

enfoques y ofrecer una idea de las ventajas y los problemas potenciales inherentes en determinadas estrategias de medición. 

Nuestro ensayo se centra de forma primaria en la naturaleza y las 

implicaciones de las decisiones metodológicas que los investigadores han adoptado al desarrollar preguntas y cuestionarios para encuestas orientadas a medir 

la victimación sexual. No vamos a entrar a valorar en qué medida otras decisiones metodológicas, tal y como las referidas al procedimiento de muestreo, el 

contexto temático de la encuesta en el que se insertan las preguntas o la formación de los entrevistadores, pueden afectar las respuestas de individuos en encuestas sobre experiencias de victimación sexual y, por tanto, los resultados de 

estos estudios. 

También va más allá de los objetivos de este ensayo el examinar de forma 

sistemática de qué forma las definiciones legales de violación y agresión sexual 

podrían afectar las estimaciones de victimación sexual en diferentes jurisdicciones. No vamos a examinar en qué medida las variaciones en la forma en que los 

Estados definen la violación y las agresiones sexuales potencialmente influyen 

en el hecho de cuántos actos de victimación sexual son computados como «delitos» en dichas jurisdicciones. Tampoco consideraremos cómo la definición legal 

específica de estos actos puede influir en los actos que las víctimas en diferentes Estados denuncian a la policía o cuentan como delitos a los entrevistadores 

en el contexto de la realización de una encuesta de victimación. A pesar de ello, 

a lo largo de este ensayo consideraremos en qué forma las definiciones legales 

afectan el contenido y la interpretación de encuestas de victimación orientadas 

a medir la victimación sexual criminal. 

LA ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMACIÓN POR DELITOS 

La mayor encuesta de victimación en los Estados Unidos es la Encuesta 

Nacional de Victimación por Delitos (NCVS), originalmente llamada la Encuesta 

Nacional del Delito (NCS). La Encuesta Nacional del Delito fue rediseñada y 
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 133 

rebautizada a finales de los años 1980 y principios de la década de 1990, en parte 

para tratar de resolver los problemas ligados a la medición de la victimación 

sexual. La NCVS se realiza bajo los auspicios de la Oficina de Estadísticas Judiciales (BJS). Como su predecesora, la NCS, la nueva NCVS es una encuesta 

nacional de hogares basada en las experiencias que los entrevistados tienen con 

la victimación criminal, con independencia de si estos actos fueron o no denunciados a la policía. Empleando un procedimiento de muestreo estratificado por 

etapas, la NCVS recopila información sobre la victimación sobre la base de una 

muestra de 90.000 individuos que residen en aproximadamente 45.000 domicilios. La encuesta emplea un diseño de paneles rotatorios de unidades domiciliarias, de forma que cada domicilio permanece en la muestra durante 3.5 años. 

Nuevos domicilios se van añadiendo de forma constante a la muestra al tiempo 

que otros completan su periodo de permanencia en la misma. Todos los residentes en el domicilio que son mayores de 12 años son entrevistados por entrevistadores de ambos sexos cada seis meses durante este periodo (un total de siete 

veces) (U.S. Department of Justice [DOJ], BJS 1997, apéndice II). 

Cómo mide la NCVS la victimación 

La característica más destacada de la NCVS es que la victimación se mide 

por un proceso que tiene dos etapas. Primero, se lee a los entrevistados una serie de preguntas que operan como «filtro» de si una victimación ha tenido lugar o no y, si es así, se les administra entonces un «cuestionario de seguimiento» más largo sobre que es lo que ocurrió. El propósito de las preguntas de filtro 

es operar como un «estímulo» para los entrevistados, para activar su memoria, 

que les ayude a recordar si han experimentado una victimación criminal durante los 6 meses del período de referencia. Por esta razón, estas preguntas tratan 

de ser no redundantes y están diseñadas para obtener una respuesta de «sí» o 

«no» en relación con la experiencia de un incidente de victimación (Lynch, 

1996a, 1996b). Cuando un entrevistado responde que «sí» a cualquiera de las 

preguntas de filtro, el entrevistador entonces le pregunta «¿Qué pasó?» (por 

ejemplo, «brevemente describa el incidente»). El entrevistador entonces pregunta 

«¿Cuántas veces pasó?» ese tipo de incidente durante el período de referencia. 

Algunos ejemplos de las preguntas de filtro se incluyen en el Cuadro 1. 
134 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Cuadro 1. Preguntas de filtro de la NCVS diseñadas para obtener declaraciones de 

violación, agresión sexual o contacto sexual no deseado. 

fuiste atacado/a o amenazado/a o te robaron algo (a) en su casa, incluyendo la entrada o el patio, (b) 

sitios tales como un cuarto trastero, un centro comercial, restaurante, banco o aeropuerto, mientras 

te o robarte algo que te pertenecía en alguno de estos sitios? 

guien de algunas de las siguientes formas (excluyendo amenazas por teléfono): (a) con un arma, por 

zos o estrangulándote, (e) por medio de una violación, intento de violación o algún otro tipo de agrera un delito. 

gen de incidentes que ya hayas mencionado,), ¿te han robado algo o te han atacado o amenazado (

cluyendo amenazas por teléfono

casual, (c) alguien que tú conocías bien? 

Preguntas de filtro de la NCVS 

40a. ¿(Al margen de cualquier incidente que ya haya sido mencionado) desde ________, 19___, 

en casa de un amigo, pariente o vecino o cerca de ella, (c) en tu trabajo o lugar de estudio, (d) en 

conducías un vehículo, (f) en la calle o en un aparcamiento, (g) en sitios tales como una fiesta, teatro, gimnasio, área de picnic, bolera, o mientras pescabas o cazabas o (h) INTENTÓ alguien atacar41a. ¿(Al margen de los incidentes que ya hayas mencionado) te han atacado o amenazado alejemplo, una pistola o un cuchillo, (b) con algo como un bate de béisbol, una sartén de freír, tijeras 

o un palo, (c) arrojándote algo como una piedra o una botella, (d) por medio de agarrantes, puñetasión sexual, (f) por medio de amenazas hechas cara a cara o (g) cualquier otro ataque o amenaza de 

uso de fuerza por cualquier persona? Por favor, menciónalo incluso si no estás seguro/a de que fue42a. La gente a menudo no piensa en incidentes cometidos por personas que conoce. (Al marex­

) (a) alguien en tu trabajo o lugar de estudio, (b) un vecino o amigo, (c) un pariente o familiar, (d) alguna otra persona que tú conocías? 

43a. A menudo es difícil hablar sobre los incidentes que envuelven actos sexuales forzados o 

no deseados. (Al margen de incidentes que ya hayas mencionado), ¿te han forzado u obligado a participar en actividades sexuales no deseadas (a) alguien que tú no conocías de antes, (b) un conocido 

Nota: La numeración de las preguntas procede de las preguntas individuales de filtro en el cuestionario básico de filtro (Perkins et al., 124-125) 

Al finalizar la realización de todas las preguntas de filtro, el entrevistador 

administra un «cuestionario de seguimiento» para cada vez que el entrevistado 

mencionó que un incidente había ocurrido. Este cuestionario de seguimiento 

contiene preguntas específicas sobre la naturaleza del incidente (por ejemplo, 

mes, hora y lugar del incidente; características del delincuente; si se denunció 

a la policía). Incluye preguntas que valoran si el delincuente golpeó, intentó atacar o amenazó al entrevistado, de qué forma el entrevistado fue amenazado o 

atacado, y si se produjeron lesiones. 

Es esencial entender que la NCVS emplea los cuestionarios de seguimiento 

para determinar, y por tanto contar, si una victimación ha tenido lugar. La ventaja 

de la NCVS es que las preguntas del cuestionario de seguimiento en esencia confirman o validan lo que le ha ocurrido al entrevistado y, por tanto, permiten teóricamente una categorización más válida de si los incidentes (1) se produjeron en 

realidad y, de ser así, (2) qué tipo de delito ocurrió. A pesar de esta ventaja, la ca­
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 135 

lidad de la NCVS como una medida de la victimación sexual depende de lo bien 

o mal que las preguntas de filtro sirvan para estimular a los entrevistados y de si 

los cuestionarios de seguimiento clasifican de forma válida lo que los entrevistados han experimentado en el curso de un incidente de victimación. 

La operativización de la violación consumada, intentada o amenazada 

En la NCVS la violación es definida de la siguiente manera: 

«El acto sexual forzado incluyendo coerción psicológica o el uso de fuerza física. El acto 

sexual forzado se refiere a la penetración vaginal, anal o bucal por parte del agresor(es). Esta 

categoría incluye incidentes en los que se inserta un objeto tal y como una botella. También 

incluye las tentativas de violación, con independencia de que la víctima sea varón o hembra, homosexual o heterosexual. Se considera como tentativa de violación la realización de 

amenazas de violación.» (U.S. DOJ, BJS, 1997, 149). 

Esta definición incluye los elementos presentes en las definiciones legales del 

delito de violación tal y como quedó tras las reformas de la legislación de delitos 

sexuales aprobadas en los Estados Unidos durante los 70 y los 80. Koss (1993a) 

critica la definición de la NCVS por la ambigüedad existente en relación con el 

término «coerción psicológica». Esta autora sugiere que este término probablemente se refiere a amenazas verbales de daño corporal o violación, que de por sí constituyen un delito. Advierte, sin embargo, que el término puede sugerir a los entrevistados que «tales situaciones como la realización de promesas falsas, amenazas 

de terminar una relación, presiones continuas y otras estrategias verbales orientadas a forzar el acto sexual» (p. 60) están incluidas a pesar de que las mismas, aun 

cuando son poco deseables, no constituyen delito. 

Tal y como se describe con más detalle en el Cuadro 2, el análisis de un cuestionario de seguimiento puede llevar a computar una victimación como una violación consumada de cuatro formas diferentes. En esencia, estos son los mecanismos que la NCVS emplea para operativizar su definición de la violación. 

Incluso si los entrevistados indican en las preguntas de filtro que han sido 

victimizados sexualmente, no son computados como tales a menos que respondan a una de estas cuatro secuencias de preguntas en el cuestionario de seguimiento de una forma consistente con los criterios de medición de violaciones 

empleados por la NCVS (por ejemplo, ofrecer una respuesta del tipo «No sabe» 

en una pregunta clave puede llevar a que un incidente no sea computado como 

una violación). 
136 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Cuadro 2. Operativización de la violación consumada en la NCVS 

Clasificación final del Pregunta inicial Respuesta Pregunta de seguimiento condicional	 tipo de delito 

24. ¿Te pegó, te golpeó 29. ¿Cómo te atacó? 

tirándote al suelo, o te ¿De alguna otra forma? Violada Violación atacó de alguna forma Sí	 Marca con una X todas consumada el agresor?	 las respuestas que correspondan 

La entrevistadora trataba la pregunta 29 como una pregunta abierta, escuchaba las respuestas el encuestado/a y marcaba todos 

los ítems en la lista. Incluidos estaban los siguientes: violación, intento de violación, agresión sexual diferente de la violación o intento de violación, disparo, disparo (pero falló), golpeada con una pistola, navajazo o corte con cuchillo o arma 

afilada, intento de ataque con cuchillo o arma afilada, golpeó con un objeto sostenido con la mano (diferente de una pistola), golpeó arrojando un objeto, intento atacar con un arma diferente de una pistola, cuchillo o arma afilada, golpeó, abofeteó, golpeó tirando al suelo, agarró, sujetó, zancadilleó, saltó encima, empujó y otros. 

Si el encuestado/a respondía que había sido violado/a, se le preguntaba: «¿Quiere decir que la forzaron o coaccionaron a 

coito sexual?» Si decía que «no» la entrevistadora preguntaba el encuestado/a «¿qué quiere decir entonces?» 

24. ¿Te pegó, te golpeó 29. ¿Cómo te atacó? 31. ¿Cuáles fueron 

tirándote al suelo, o te 

atacó de alguna forma 

el agresor? 

Sí 

¿De alguna otra forma? 

Marca con una X todas 

las respuestas que coAlgo diferente de 

una violación 

las lesiones si es 

que tuvo alguna? 

¿Alguna otra cosa? 

Violada Violación 

consumada 

rrespondan Marque (X) en todo 

lo que corresponda. 

La entrevistadora trataba la pregunta 31 como una pregunta abierta, escuchaba las respuestas y marcaba los ítems en una 

lista. Incluidas en la lista se encontraban las siguientes: ninguna, violación, intento de violación, agresión sexual distinta 

de una violación o de un intento de violación, herida de cuchillo o navajazo, disparo de bala, hueso roto, se cayeron dientes, lesiones internas, dejó inconsciente, moratones, ojo morado, cortes, arañazos, diente roto, u otras. 

Si el encuestado/a respondía que había sido violado/a, se le preguntaba: «¿Quiere decir que le forzaron o coaccionaron a 

coito sexual?» Si decía que «no» la entrevistadora preguntaba el encuestado/a, «¿qué quiere decir entonces?» 

24. ¿Te pegó, te golpeó 27. ¿Qué pasó en realitirándote al suelo, o te dad? ¿Alguna otra cosa? 

atacó de alguna forma Marca (X) a todo lo que 

el agresor? No corresponda 

¿Quiere decir coito 

sexual forzado o 

Contacto sexual coaccionado, in- Violación 

no deseado con cluyendo intentos consumada 

25. ¿Intentó atacarte el fuerza de estos? a 

agresor? 

26. ¿Intentó amenazarte

con daño de alguna forma el agresor? 

La entrevistadora preguntaba la 27 como una pregunta abierta, escuchaba las respuestas y marcaba los ítems en la lista. In­


cluidos estaban los siguientes: tomó algo sin permiso, amenazó o intentó tomar algo, acosó, argumentó, usó lenguaje abu­


sivo, contacto sexual con fuerza no querido (tocamientos, etc), contacto sexual no querido sin fuerza (tocamientos, etc.),


robo o intento de robo en el piso o casa, entrada forzada en el coche o intento de entrada forzada en el coche, propiedad


dañada o destruida, intento o amenaza de dañar o destruir propiedad, u otra.


a

 Si el encuestado/a decía que «sí», la entrevistadora volvía a la pregunta 24 y la cambiaba por una respuesta afirmativa,


borraba las entradas para las preguntas 25, 26 y 27 y procedía en conformidad.


24. ¿Te pegó, te golpeó ¿Quiere decir coito 

tirándote al suelo, o te No sexual forzado o 

atacó de alguna forma coaccionado, inel agresor? 28b. ¿Qué pasó en reali- Contacto sexual cluyendo intentos Violación 

consumada 25. ¿Intentó atacarte el No	 dad? ¿Alguna otra cosa? no deseado con de estos? b 

agresor?	 Marca (X) a todo lo que fuerza 

26. ¿Intentó amenazarte corresponda 

con daño de alguna for- Sí 

ma el agesor? 

b Si el encuestado/a decía que «sí», la entrevistadora volvía a la pregunta 24 y la cambiaba por una respuesta afirmativa, 

borraba las entradas para las preguntas 25, 26 y 27 y procedía en conformidad. 
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 137 

Además de la violación consumada, la NCVS incluye medidas de tentativa de 

violación y de amenazas verbales de violación. Existen seis formas de operativizar 

la tentativa de violación y dos de operativizar la amenaza verbal de violación. Recuérdese que la definición del BJS de la tentativa de violación incluye las amenazas verbales de violación. Y nótese que pocos estudios incluyen estas amenazas 

verbales cuando computan estimaciones de las tentativas de violación (véase, por 

ejemplo, Fisher y Cullen 1998; Koss, Gidycz y Wisniewksi 1987). 

Cuatro de las seis formas de operativizar la tentativa de violación emplean 

series de preguntas idénticas a las empleadas para operativizar la violación consumada, con la excepción de que los entrevistados bien (1) responden que «sí» 

a la cuestión de si les amenazaron con daño físico o si sufrieron una tentativa 

de ataque y/o (2) señalan que sufrieron una tentativa de violación. Hay también 

dos cuestiones que explícitamente preguntan si el delincuente intentó atacar al 

entrevistado (respuesta de sí o no) (véase pregunta 25 en la NCVS) y de qué forma el delincuente intentó atacar a la entrevistada (pregunta abierta) (véase pregunta 28a en la NCVS). En esta última pregunta, si el entrevistado dice que ha 

sido amenazado verbalmente con una violación y algún otro tipo de daño corporal, el incidente es computado como una tentativa de violación. 

Las amenazas verbales de violación siguen las mismas series de preguntas 

que las empleadas para tentativas de violación. Si el entrevistado dice «amenaza verbal de violación» cuando se le pregunta de qué forma el delincuente intentó atacarla o la amenazó, el incidente es clasificado como una amenaza verbal de violación. En la NCVS, estos incidentes se incluyen en las estimaciones 

de «tentativas de violación». 

Operativización de las agresiones sexuales 

Uno de los cambios metodológicos importantes que se produjeron en la transición de la NCS a la NCVS fue la incorporación de otras agresiones sexuales, 

al margen de las violaciones. De forma consistente con las reformas legales de 

este período, las agresiones sexuales son definidas como: 

Un amplio rango de victimaciones, diferentes de las violaciones o las tentativas de violación. Estos delitos incluyen ataques o tentativas de ataques que 

generalmente implican contacto sexual no deseado entre la víctima y el delincuente. Las agresiones sexuales pueden o no suponer el empleo de fuerza e incluyen conductas tales como tocamientos. Las agresiones sexuales también incluyen las amenazas verbales (U.S. DOJ, BJS 1997, 149) 
138 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Existen cinco tipo de agresiones sexuales en la NCVS: (1) las agresiones 

sexuales acompañadas de una lesión grave; (2) las agresiones sexuales acompañadas de una lesión leve; (3) las agresiones sexuales sin lesiones; (4) los contactos sexuales no deseados sin empleo de fuerza, y (5) las amenazas verbales 

de agresiones sexuales diferentes de la violación. 

Al sujeto se le realizan las mismas series de preguntas que en el caso de la 

violación. La diferencia estriba en la descripción que el entrevistado realiza de 

cómo le atacó, le intentó atacar, o le amenazó el delincuente. La operativización 

de las agresiones sexuales es un tanto más compleja que la operativización de 

las violaciones consumadas, las tentativas de violación o las amenazas verbales 

de violación. 

LA ENCUESTA ESPECIALMENTE DISEÑADA DE VICTIMACIÓN SEXUAL: LA CONTRIBUCIÓN DE KOSS 

El instrumento más influyente diseñado para medir la victimación sexual es 

la «Encuesta de Experiencias Sexuales» (Sexual Experiences Survey, en adelante, 

SES) de Koss, que fue desarrollada en los años 1980 y usada de forma extensiva por otros investigadores. Esta sección se va a centrar en describir la naturaleza y las críticas de este instrumento. En primer lugar, sin embargo, examinaremos el trabajo de Russell (1982), que también introdujo importantes 

consideraciones metodológicas. 

La encuesta de victimación sexual de Russell 

La mayoría de los estudios de victimación sexual —incluyendo el estudio 

clásico de Koss— han sido realizados empleando muestras de estudiantes universitarios, en parte por conveniencia y en parte porque éste es un grupo social 

en el que el nivel de victimación es elevado. Por el contrario, Russell (1982) seleccionó de forma aleatoria una muestra comunitaria de 930 mujeres adultas residentes en San Francisco. El 64% de la muestra original de 2.000 mujeres completaron la entrevista. Siendo sensible a los posibles efectos del género del 

entrevistador, Russell empleó a entrevistadoras profesionales y emparejó a las 

entrevistadas y entrevistadoras empleando como variables la raza y el grupo étnico. En la medida en que fue posible, Russell hizo que sus entrevistadoras realizaran la entrevista en un ambiente de privacidad. Las entrevistas fueron realizadas durante el verano de 1978. 
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 139 

Cuadro 3. Ejemplos de las preguntas de Russell para obtener información sobre experiencias de violación o tentativas de violación 

con alguien que ya hayas mencionado)? SI ES ASÍ: ¿Intentó o consiguió tener algún tipo de 

contigo? 

¿En algún momento en tu vida has sido víctima de una violación o de un intento de violación? 

Preguntas de violación o intento de violación 

1. ¿Alguna vez un ______ te ha forzado físicamente, o ha intentado forzarte a tener algún tipo 

de coito sexual (al margen de alguien que tú ya hayas mencionado)? 

2. ¿Alguna vez has tenido una experiencia sexual que no querías, incluyendo besos, caricias, coito 

con un ______ porque te sentiste físicamente amenazada (al margen de las que hayas tenido 

coito sexual contigo? 

3. ¿Alguna vez has tenido algún tipo de experiencia sexual que no querías con un ____ porque 

estabas dormida, inconsciente, drogada o indefensa de alguna forma (al margen de con alguien 

que ya hayas mencionado? SI ES ASÍ: ¿Intentó o consiguió tener algún tipo de coito sexual 

4. 

Russell solamente proporcionó el tenor literal de 4 de sus 38 preguntas 

Las entrevistadoras preguntaban a las encuestadas estas preguntas tres veces: primero sobre desconocidos, segundo sobre amigos o conocidos, y tercero sobre ligues, amantes o ex-amantes 

Russell usaba el género masculino para referirse a los posibles agresores porque en otras preguntas se había referido a posibles agresores de sexo femenino. 

Varias características de este estudio merecen ser destacadas. Primero, estudios anteriores habían proporcionado a las entrevistadas, en el mejor de los 

casos, definiciones breves o ambiguas de violación. Russell, sin embargo, ofreció una definición de violación basada en la definición legal de violación 

extramarital en California como «acto sexual forzado (por ejemplo, penetración 

vaginal con el pene), o coito empleando la amenaza de fuerza, o coito consumado 

con una mujer cuando se encontraba drogada, inconsciente, dormida, o en una 

situación incapaz de producir consentimiento válido» (1982, 84). En segundo 

lugar, como se puede ver en el Cuadro 3, operativizó la violación empleando 

varias preguntas que empleaban «descripciones conductuales específicas» sobre 

la violación (es decir, los 38 ítems sobre la agresión sexual y el abuso sexual, 

pág. 85). Una pregunta basada en descripciones conductuales específicas es aquélla que no pregunta simplemente a la entrevistada si «ha sido violada», sino que 

describe el incidente de victimación empleando un lenguaje gráfico que cubre 

los elementos del delito (por ejemplo, alguien «empleó físicamente la fuerza física... para obligarte a tener relaciones sexuales con él»). Los investigadores han 

descubierto que el uso de múltiples preguntas basadas en descripciones 

conductuales específicas están asociadas con una mayor apertura por parte de las 

entrevistadas a la hora de reconocer que han sufrido una victimación sexual (véa­
140 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

se Crowell y Burgess 1996, 35). En tercer lugar, para cada episodio de violación 

o tentativa de violación descubierto, la entrevistadora administraba un cuestionario separado. Éste incluía una «descripción de la agresión lo suficientemente 

detallada como para garantizar que los criterios para definir el incidente como 

violación o tentativa de violación estaban presentes» (Russell 1982, 86). Cuarto, para las primeras cuestiones en el Cuadro 3, preguntaba si había sido perpetrado por (1) desconocidos, (2) conocidos o amigos, o (3) ligues, amantes o antiguos amantes. 

El uso y desarrollo de preguntas basadas en descripciones conductuales basadas en los criterios legales de la violación por parte de Russell supuso un nuevo 

estándar en la operativización de las violaciones, un estándar que los estudios 

posteriores de calidad trataron de desarrollar. Su enfoque sirvió para reducir el 

error de medición inherente en estudios previos. 

El contexto de la investigación de Koss 

Koss et al. desarrollaron la Encuesta de Experiencias Sexuales (SES) para 

tratar de solucionar el problema de la ausencia de un instrumento estandarizado para medir la violación y un amplio rango de tipos diferentes de victimación 

sexual. Como veremos, su instrumento tuvo sus críticos (Gilbert 1995, 1997; 

Roiphe 1993). 

La Encuesta de Experiencias Sexuales de Koss 

Koss et al. (1982, 1985, 1987) tenían dos objetivos en su estudio de la 

victimación sexual. En primer lugar, querían ampliar el rango de lo que se estudiaba bajo la etiqueta de victimación sexual. Trabajando con Oros y Gidycz, Koss 

desarrolló una medida de victimación sexual que representaba un continuo de 

victimación, lo que ella llamaba una «perspectiva dimensional», en la que la «violación representa una conducta extrema en un continuo de conducta normal masculina en nuestra cultura» (Koss y Oros, 1982, 455). Este continuo comprendía el 

coito obtenido por medio de la coerción verbal (por ejemplo, argumentación y presión continua), así como amenazas de fuerza al coito sin consentimiento obtenido por medio del empleo de fuerza física (violación). En segundo lugar, querían 

desarrollar un instrumento capaz de medir lo que Koss denominaba incidentes 

«escondidos» de violación, que no eran denunciados a la policía a pesar de que 

reunían los requisitos legales de la definición de violación (Koss y Oros 1982, 455). 
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 141 

Orígenes de la SES 

El primer intento de Koss y Oros para desarrollar un instrumento basado en 

descripciones conductuales resultó en la Encuesta de Experiencias Sexuales (véase la primera columna del Cuadro 4). Este instrumento contenía 13 preguntas que 

admitían «sí» o «no» como respuesta a un rango de experiencias sexuales coercitivas, incluyendo tentativas de violación y violaciones consumadas. Su instrumento incluía, como la encuesta de Russell, una pregunta directa a las mujeres 

entrevistadas sobre si habían sido violadas alguna vez (véase pregunta 13). 

La versión revisada de la SES 

Unos años más tarde, Koss y Gidycz (1985, 422) cambiaron algunas de las 

palabras empleadas en las preguntas de la SES para aumentar la claridad de términos clave (por ejemplo, juegos sexuales), mejorar la transmisión a las entrevistadas de la definición legal de violación y medir un abanico más amplio de 

formas de victimación sexual. Esta nueva versión es presentada en la segunda 

columna del Cuadro 4. 

Hay otros cambios notables en la versión revisada de la SES. En primer lugar, mientras que la versión original contenía una cuestión que preguntaba a las 

entrevistadas de forma directa si habían sido violadas (número 13), la versión 

revisada no lo hacía. En segundo lugar, el instrumento original no contenía preguntas sobre violación o tentativas de violación que incluyeran como parte del 

criterio «porque un hombre te dio drogas o alcohol» (véase versión revisada de 

las preguntas 5 y 8). 

La SES supuso varias mejoras y contribuciones metodológicas a la medición 

de la victimación sexual. En primer lugar, de forma similar a las preguntas sobre violación de Russell, pero a diferencia de la NCS, Koss, Gidycz y Wisniewski 

(1987) incluían una definición de lo que estaban midiendo con sus preguntas. Por 

ejemplo, en relación con el término «acto sexual», Koss y Gidycz fueron más 

allá de la limitada clarificación o falta de clarificación dada en estudios previos. 

Lo que estas autoras querían decir por acto sexual era claramente definido en el 

contexto de sus preguntas sobre violación. 

En segundo lugar, de forma similar a Russell, el cual basó su definición 

de la violación en la normativa penal de California, Koss y Gidycz (1985) definieron la violación de forma acorde al Código Reformado de Ohio (1980). 

De esta forma, sus preguntas sobre violación (preguntas 4, 5, 8, 9 y 10) son 

explícitas sobre los criterios legales para la violación: el tipo de penetración, 
142 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

la fuerza o las amenazas de fuerza y la falta de consentimiento (véase el Cuadro 4). 

En tercer lugar, de forma similar a Russell, Koss y Gidycz (1985) emplearon descripciones conductuales con un lenguaje gráfico para medir tipos específicos de victimación sexual. El uso de preguntas con descriptores conductuales, 

de acuerdo con Koss (1993a, 209), procura «presentar a la entrevistada escenarios detallados del tipo de experiencias que la entrevistadora quiere identificar». 

En cada una de sus 10 preguntas, Koss y Gidycz (1985) especifican las conductas implicadas. Además de proporcionar definiciones explícitas de términos críticos, esta forma de preguntar minimiza el error de medición que puede resultar por discrepancias en la clasificación que entrevistador y entrevistadora hacen 

de un incidente como victimación o no. Lo que un investigador califica como 

violación y lo que una entrevistada califica como violación puede ser muy diferente (véanse Fisher y Cullen 1999; Koss 1988). Por ejemplo, Koss señala que 

aproximadamente tres cuartas partes de las universitarias que sufrieron conductas 

que reunían los requisitos legales de una violación no calificaron estas experiencias como violaciones. 

A diferencia de la mayoría de las encuestas del mismo periodo, las cuales 

empleaban una sola pregunta para medir la violación, Koss y Gidycz (1985) 

empleaban tres preguntas diferentes para medir esta conducta. Cada pregunta 

especificaba una experiencia diferente que, de acuerdo con la ley vigente, constituía un delito de violación en aquel momento. También emplearon múltiples 

preguntas para medir los otros tres tipos de victimación sexual. Cada pregunta 

presentaba también en estos casos una descripción diferente de la experiencia a 

la entrevistada. 

Resultados con la SES 

Yendo más allá de los muchos estudios de universitarias llevados a cabo en 

una sola universidad o en un número limitado de instituciones, Koss, Gidycz y 

Wisniewski (1987) realizaron un estudio a escala nacional de mujeres universitarias. 

Para medir cuatro tipos de victimación sexual, Koss y Gidycz crearon cuatro categorías empleando los siguientes procedimientos: violación (un «sí» como 

respuesta a las preguntas 8, 9 ó 10, además de a cualquier ítem con un número 

menor); (2) intento de violación (un «sí» a preguntas 4 ó 5, pero no a ítems con 

un número mayor); (3) coerción sexual (un «sí» a preguntas 6 ó 7, pero no a otras 

con un número mayor); y (4) contacto sexual (un «sí» a preguntas 1, 2 ó 3, pero 
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 143 

no a otras con un número mayor) (véase Cuadro 4). También crearon una categoría de «no victimación» (no a todas las preguntas). Empleando estos procedimientos de puntuación, las entrevistadas fueron clasificadas en función del 

mayor grado de victimación sexual experimentado. La incorporación de todos 

estos tipos de victimación sexual permitió ampliar el abanico de conductas medidas para incluir experiencias que no son definidas por la ley como delictivas, 

pero que representan formas de victimación de la mujer. 

Para estimar la prevalencia de victimación sexual, Koss et al. (1987) preguntaban a las entrevistadas que informaran sobre experiencias que habían tenido 

desde los 14 años de edad. Para obtener estimaciones anuales, se preguntó a las 

entrevistadas que informaran sobre sus experiencias desde la finalización del 

anterior año académico (para estudiantes de primero, esto hubiera representado 

su último año en la escuela secundaria). 

Más de la mitad de las universitarias (53.7%) declararon algún tipo de 

victimación sexual desde la edad de 14 años. Un poco más del 14% (14.4%) de 

las mujeres había experimentado contacto sexual y el 11.9% había experimenCuadro 4. Versiones de la Encuesta de Experiencias Sexuales de Koss 

Encuesta de Experiencias Sexuales: Encuesta de Experiencias Sexuales: 

Versión Original (Koss y Oros 1982) Versión Revisada (Koss, Gidycz y Wisniewski 1987) 

¿Alguna vez: ¿Alguna vez: 

1. has tenido un coito sexual con un hombre cuando 1. has consentido actividades sexuales (caricias, beambos queríais? sos, morreos) cuando no querías porque estabas 

2. un hombre ha interpretado mal el nivel de intimidad agobiada por los continuos argumentos y presiones 

sexual que tú deseabas? de un hombre? 

3. has estado en una situación en la que un hombre 2. has tenido actividades sexuales (caricias, besos, 

estaba tan excitado sexualmente que sentiste que no morreos) cuando no querías porque un hombre utitenía sentido detenerle aun cuando tú no querías te- lizó su posición de autoridad (jefe, profesor, tutor de 

ner un coito sexual? campamento, supervisor) para obligarte? 

4. has tenido un coito sexual con un hombre aun cuan- 3. has tenido actividades sexuales (caricias, besos, 

do tú no querías realmente porque te amenazó con morreos pero sin costo) cuando no querías porque un 

terminar vuestra relación? hombre te amenazó o empleó algún tipo de fuerza fí5. has tenido un coito sexual con un hombre cuando tú sica (torcerte el brazo, sujetarte, etc.) para obligarte? 

no querías realmente porque te sentías presionada 4. te ha pasado que un hombre haya intentado tener un 

por su insistencia reiterada? coito sexual (ponerse encima tuyo, intentar introducirse 

6. has descubierto que un hombre consiguió tener un el pene) cuando tú no querías, por medio del uso de 

coito sexual contigo diciéndote cosas que no eran amenazas o usando algún grado de fuerza (torciéndoverdad? te el brazo, sujetándote, etc.), pero no hubo coito? 

7. has estado en una situación en la que un hombre usó 5. te ha pasado que un hombre intentará tener un coialgún grado de fuerza física (tal y como torcerte el to sexual (ponerse encima tuya, intentara meterte el 

brazo, sujetándote, etc.) para intentar que tú le besa- pene) cuando tú no querías, dándote alcohol o droras o acariciaras cuando tú no querías? gas, pero no hubo coito? 

8. has estado en una situación en la que un hombre in- 6. has consentido un coito sexual cuando no querías 

tentó tener un coito sexual contigo cuando tu no que- porque te encontrabas agobiada por los continuos arrías amenazándote con el uso de fuerza física (tor- gumentos y presión del hombre? 

certe el brazo, sujetarte, etc.) si tú no cooperabas, 7. has tenido coito sexual cuando no querías porque un 

pero por cualquier razón el coito sexual no ocurrió? hombre usó su posición de autoridad (jefe, profesor, 

9. has estado en una situación en la que un hombre tutor de campamento, supervisor) para obligarte? 

empleó algún tipo de fuerza física (torciéndote el bra- 8. has tenido un coito sexual cuando no querías porque 

zo, sujetándote, etc.) para intentar que tuvieras un un hombre te dio drogas o alcohol? 
144 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Encuesta de Experiencias Sexuales: Encuesta de Experiencias Sexuales: 

Versión Original (Koss y Oros 1982) Versión Revisada (Koss, Gidycz y Wisniewski 1987) 

coito sexual con él cuando tú no querías, pero por 9. has tenido coito sexual cuando no querías porque un 

cualquier razón el coito sexual no ocurrió? hombre te amenazó o empleó algún tipo de fuerza 

10. has tenido un coito sexual con un hombre cuando tú física (torcerte el brazo, sujetarte, etc.) para obligarno querías porque te amenazó con el uso de fuerza te? 

física (torcerte el brazo, sujetarte, etc.) si tú no co- 10. has tenido actos sexuales (coito anal o bucal, o peoperabas? netraciones con objetos distintos de un pene) cuan11. has tenido coito sexual cono un hombre cuando no do no querías porque un hombre te amenazó o emquerías porque él empleó algún grado de fuerza fí- pleó algún tipo de fuerza física (torcerte el brazo, 

sica (torciéndote el brazo, sujetándote, etc.)? sujetarte, etc.) para obligarte? 

12. has estado en una situación en la que un hombre 

realizó actos sexuales contigo como coito anal o bucal cuando tú no querías usando amenazas o fuerza física (torciéndote el brazo, sujetándote, etc.)? 

13. te han violado? 

Versión administrada a mujeres Las siguientes experiencias se operativizaban con los siguientes ítems: (a) contactos sexuales [1,2 y 3] (b) tentativa de 

violación [4 y 5], (c) coerción sexual [6 y 7], y (d) violación 

[8, 9 y 10] 

tado coerción sexual. De forma más notable, el 12.1% había experimentado una 

tentativa de violación, y el 15.4% había sido violada. De forma conjunta, estos 

dos últimos porcentajes significan que desde los 14 años, más de un cuarto 

(27.5%) de las mujeres en la muestra había sufrido una victimación que reunía 

los requisitos legales de la definición de violación en el Estado de Ohio. 

En relación con las estimaciones anuales, Koss et al. (1987) señalaban que 

323 mujeres, el 10.1% de la muestra, había experimentado una tentativa de violación y que 207 mujeres, el 6.5% de la muestra, había sido violada. También 

calculaban que la estimación anual para violaciones consumadas y tentativas de 

violaciones de forma conjunta ascendía a 166 por cada 1000 estudiantes de sexo 

femenino. Cuando examinamos el número de incidentes de victimación sexual 

(en contraste con el número de mujeres víctimas), las tasas anuales de incidentes en los datos de Koss, Gidycz y Wisniewski es de 278 violaciones intentadas 

o consumadas por cada 1000 estudiantes de sexo femenino (167.2 para las tentativas y 110.8 para las violaciones consumadas) (pág. 168). 

Al igual que hizo Russell, Koss, Gidycz y Wisniewski (1987) procedieron 

a comparar sus resultados con aquéllos basados en la NCS. Para evitar comparaciones sesgadas, recalcularon sus datos para incluir solamente aquellos incidentes que reunían la definición de violación empleada por la NCS, la cual limitaba la violación a penetraciones de la vagina con el pene (y excluía el coito 

anal o bucal, o el coito realizado por medio de la incapacitación intencional de 

la víctima). Incluso empleando esta definición más restrictiva, Koss et al. (1987, 

168) concluían que la tasa de victimación por medio de violaciones computadas sobre la base de sus datos era «10 a 15 veces mayor que las tasas basadas 
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 145 

en la NCS». Este resultado era verdaderamente dramático, dado que sugería que 

las victimaciones por violación estaban muy extendidas y constituían un serio 

problema social. 

Desde una perspectiva metodológica, el estudio de Koss, Gidycz y 

Wisniewski puso sobre el tapete dos temas importantes. En primer lugar, vino 

a cuestionar la adecuación de las preguntas empleadas por la NCS para medir 

la violación. En segundo lugar, Koss et al. mostraron que cuando se emplean 

preguntas basadas en múltiples descripciones conductuales y se examina el amplio espectro de conductas definidas legalmente como agresión sexual, las entrevistadas desvelan muchas victimaciones sexuales que no se descubren cuando se emplean métodos menos detallados y rigurosos. El fundamento subyacente 

de su trabajo es que muchas mujeres que han sido violadas no revelan de forma 

espontánea estas experiencias, a no ser que se les hagan preguntas que de forma específica describen un tipo particular de conducta. Koss, Gidycz y 

Wisniewski estaban preocupadas fundamentalmente por superar el problema, 

presente en trabajos previos, de obtener estimaciones que dieran una idea de la 

«cifra negra» de las violaciones de una forma más ajustada. 

Las críticas de Gilbert a la definición y operativización de Koss 

Gilbert (1997), entre otros, ha acusado a Koss y a sus colegas de participar 

en «investigación motivada», que él define como «jugando de forma superficial 

y poco cuidadosa con los hechos al servicio de una causa noble» (1992, 7) (véase 

también Roiphe 1993). Gilbert basa sus acusaciones en las limitaciones 

metodológicas de su trabajo que él ha detallado en varias publicaciones (1991, 

1992, 1997). Su tesis central es que la investigación de Koss ha exagerado la 

extensión de la violación y que sus resultados han sido aceptados de forma 

acrítica porque refuerzan las nociones feministas de que las relaciones 

patriarcales presentes en los Estados Unidos generan una explotación extendida de las mujeres. Gilbert basa su crítica en dos argumentos. 

En primer lugar, de las cinco preguntas empleadas para medir la violación, 

dos hacen referencia a un hombre que intenta o completa el acto sexual «dándote alcohol o drogas». Koss et al. usan esta frase para operativizar aquellos actos 

que se consideran como violaciones en el Código Penal Reformado de Ohio, que 

habla de violación cuando «con la intención de prevenir la resistencia, el agresor limita de forma sustantiva el juicio o control de la otra persona por medio 

de la administración de droga u otras sustancias intoxicantes» (tal y como es citado por Koss, Gidycz y Wisniewski 1987, 166). De forma notable, el 44% de las 
146 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

víctimas de violación en el estudio de Koss et al. fueron computadas como tales porque respondieron que «sí» a una de estas dos preguntas que implicaban 

violación lograda por medio de la intoxicación intencionada. 

Gilbert describe estas dos preguntas como «formuladas de forma ambigua 

y extraña» porque no se incluye ninguna noción de la intención del hombre, 

cuánto alcohol la entrevistada consumió y si el alcohol o las drogas llevaron a 

la entrevistada a no ofrecer su consentimiento. ¿Qué quiere decir que la entrevistada tuvo un coito sexual con el hombre porque él le «dio drogas o alcohol»? 

¿Invitó a la entrevistada a una cerveza o un vino? ¿Estaba la entrevistada demasiado intoxicada para consentir? (Gilbert, 1991, 59) 

De forma consistente con las críticas de Gilbert, estudios posteriores empleando la SES para medir la victimación sexual en Estados Unidos y Canadá 

han cambiado la frase relativa a alguien dando drogas o alcohol a una mujer. Por 

ejemplo, en su estudio sobre violación a universitarias en la Universidad de Ohio, 

Schwartz y Pitts (1995, 17) cambiaron la pregunta 8 de la siguiente manera: 

«¿Alguna vez has tenido un coito cuando no querías porque estabas borracha o 

demasiado bebida?» 

En segundo lugar, Gilbert cuestiona de forma más fundamental si las preguntas desarrolladas por Koss et al. son, usando criterios metodológicos rigurosos, capaces de medir de forma válida la victimación sexual de las mujeres. 

Existen dos anomalías preocupantes en los datos de Koss et al. En primer lugar, 

aproximadamente tres cuartos (73%) de las mujeres clasificadas como víctimas 

de violación en el estudio, cuando se les preguntaba, no pensaban que habían sido 

violadas (véase también Roiphe 1993). En segundo lugar, aproximadamente cuatro de cada diez mujeres afirmaban que con posterioridad habían tenido relaciones sexuales con la persona que en teoría les había violado (Gilbert 1997, 116). 

Gilbert argumenta que es muy improbable que una proporción tan elevada de 

mujeres con estudios universitarios tenga una información sexual tan pobre como 

para, (1) no percibir cuando han sufrido una violación y/o, (2) para sustentar 

relaciones con su «violador». La interpretación más plausible para Gilbert es que 

la medida de Koss et al. presenta problemas sin esperanza de solución, estimulando a las entrevistadas a responder que han sufrido una violación incluso cuando un examen cuidadoso de la naturaleza de sus experiencias revelaría que no 

han sufrido un acto que legalmente pueda calificarse como tal. 

Koss ha ofrecido respuestas razonables a las críticas de Gilbert. Por ejemplo, 

Koss y Cook (1993) notan que incluso cuando las dos preguntas que se refieren a 

una violación debida a alcohol y drogas se eliminan de los cálculos estadísticos, la 

extensión de la violación en la muestra de Koss et al. sigue siendo preocupantemente 

alta (el 9.3% de las mujeres experimentan en un año una violación consumada o in­
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 147 

tentada). Además, Koss no cree que sea poco creíble que muchas mujeres, educadas con una concepción limitada de la violación como ataques perpetrados por desconocidos, dejen de calificar las violaciones cometidas por conocidos como tales. 

También es posible que las mujeres desarrollen relaciones sexuales con sus agresores porque pueden culparse a sí mismas por el encuentro previo o porque esta persona les ha atacado de nuevo (véase Gilbert 1997). 

LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL EN LOS AÑOS 1990 

Durante los años 90 del pasado siglo, los investigadores expandieron el debate sobre la base del trabajo de Koss et al. durante la década previa, del debate 

entre Koss y Gilbert, y de las críticas a la NCS y la nueva NCVS. 

El Estudio Nacional de Mujeres 

De acuerdo con Lynch (1996a, 1996b), las estimaciones citadas más frecuentemente de la incidencia de violación en los Estados Unidos se basan en la NCS/ 

NCVS y en el Estudio Nacional de Mujeres realizado por Kilpatrick, Edmunds 

y Seymour (1992). El Estudio Nacional de Mujeres (National Women’s Study, 

en adelante, NWS) es un estudio longitudinal de tres años (1990-1992) de una 

muestra de 4.008 mujeres mayores de 18 años. El NWS empleó una muestra 

probabilística de 4.008 mujeres adultas americanas, incluyendo una sobremuestra 

de 2.000 mujeres de entre 18 y 34 años. Kilpatrick et al. diseñaron tres olas de 

entrevistas telefónicas para obtener información sobre los problemas principales de salud mental y de consumo de drogas y alcohol. En la primera y en la segunda ola, estos investigadores midieron las violaciones con fuerza que habían 

ocurrido (1) en cualquier momento durante la vida de las entrevistadas, y (2) 

durante los previos 12 meses, de forma respectiva. Entrevistadoras profesionales fueron empleadas por la firma de Encuestas Schulman, Ronca y Bucvalas 

(SRBI) para administrar la encuesta. 

Con relación a la violación con fuerza, la primera ola no tenía una medida 

de referencia inicial, pero la segunda ola contaba con la medida inicial de la primera entrevista. En la primera entrevista se preguntaba a las entrevistadas sobre sus experiencias con violaciones a lo largo de su vida. En la segunda entrevista se pregunta a las mismas sobre sus experiencias en violaciones con fuerza 

durante el año posterior a la primera entrevista. En ambas olas, aquellas entrevistadas que declaraban una victimación en las preguntas de filtro, iniciaban una 
148 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

secuencia de preguntas sobre las características de los incidentes de violación 

(por ejemplo, si lo habían denunciado a la policía, su relación con el agresor). 

Las respuestas a estas preguntas no fueron empleadas para verificar lo que había ocurrido, sino para clasificar el episodio; la respuesta a las preguntas de filtro fueron empleadas para estimar la prevalencia a lo largo de la vida y anual 

de la violación (véase el Cuadro 5). La tercera entrevista no contenía ninguna 

pregunta sobre violación con fuerza o cualquier otra forma de victimación sexual. 

El 85% de las mujeres contactadas participaron en la primera ola. En la segunda ola, el 81% de las participantes en la primera ola (n=3.220) fueron localizadas y participaron en el estudio. La tasa de participación en el momento de administración de la segunda entrevista era por tanto del 68.9% de la muestra original. 

Definición y operativización de la violación con fuerza 

Kilpatrick et al. (1992) admiten que emplearon una «definición muy conservadora de la violación, una que se limita a aquellas violaciones con fuerza o 

agresiones sexuales delictivas que son definidas como tales en la mayoría de los 

Estados». Estos autores definen la violación como: 

«un episodio que ocurrió sin el consentimiento de la mujer, que incluyó el uso de 

fuerza o la amenaza de fuerza, así como la penetración sexual de la vagina, la boca 

o el ano de la víctima». 

Esta definición no incluía la tentativa de violación, de forma que la NWS 

solamente se refería a violaciones consumadas. 

Kilpatrick, Edmunds y Seymour (1992, 15) usaron cuatro preguntas para 

operativizar su definición de violación que, de acuerdo con los mismos, «por 

primera vez proporcionan respuestas claras a los elementos críticos de la violación con fuerza: el uso de fuerza o amenaza de fuerza, la ausencia de consentimiento y la penetración sexual». De forma similar al instrumento de Koss, cada 

pregunta está formulada para describir una conducta concreta y específica. Por 

ejemplo, en el cuestionario del NWS (pregunta 48), se pregunta a la entrevistada: «¿Alguna vez un hombre o un chico te obligó a tener sexo por medio del uso 

de la fuerza o amenazándote a dañarte o a dañar a alguien próximo a ti?». Es 

posible que algunas entrevistadas encontraran esta pregunta ambigua; de ser así, 

podría existir error de medición porque las entrevistadas pueden declarar 

victimaciones sexuales a la alta o a la baja. Para minimizar la posibilidad de que 

las entrevistadas se confundieran sobre el tipo de experiencias que la pregunta 
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 149 

cubría, Kilpatrick et al. usaron la siguiente frase para aclarar el tipo específico 

de conducta al que se referían. Así, en la pregunta 48, definen lo que quieren 

decir por «sexo»: «Para que no haya ningún error, cuando hablamos de tener sexo 

nos referimos a que puso el pene en tu vagina». Aclaraciones similares que contienen definiciones explícitas de las conductas en cuestión se incluyen en las 

preguntas sobre sexo oral (véase pregunta 49 en el Cuadro 5). 

A diferencia del instrumento de la SES, Kilpatrick et al. ampliaron el criterio de «amenazas de fuerza» para incluir amenazas de daño, no solamente a la 

entrevistada, sino también a alguien próximo a ésta (véase pregunta 48 en el 

Cuadro 5). Esta formulación es empleada de un modo explícito únicamente en 

la pregunta que se refiere a la penetración de la vagina con el pene, y no en las 

preguntas que miden otros tipos de penetraciones (oral, anal). Además, no se 

explica por qué esta formulación es empleada en la operativización de la violación pero no en la definición de violación que manejan los investigadores del 

NWS (véase definición citada anteriormente). 

De acuerdo con el NWS, el 13% de las mujeres en la muestra declararon 

haber experimentado una violación consumada al menos una vez durante su vida 

(Kilpatrick, Edmunds y Seymour 1992, 2). Menos del 1% (0.7%) de las mujeres encuestadas habían experimentado una violación consumada durante los preCuadro 5. Preguntas usadas para obtener información 

sobre experiencias de violación consumada por el NWS 

Preguntas de violación consumada 

Otro tipo de episodio estresante que muchas mujeres experimentan son los avances sexuales no 

deseados.a Las mujeres no siempre denuncian estas experiencias a la policía o hablan de ellas con sus 

amigos o familia. La persona que realiza estos avances no siempre es un desconocido, sino que puede 

ser un amigo, novio o incluso un familiar. Estas experiencias pueden ocurrir en cualquier momento de 

la vida de una mujer, incluso de niña. Con independencia de cuánto tiempo haya pasado o quién realizó 

estos avances: 

48.b ¿Alguna vez un hombre o un chico te obligó a tener sexo usando la fuerza o haciendo amenazas de dañarte a ti o a alguien próximo a ti? Simplemente, y para que no haya errores, por sexo queremos decir que puso su pene en tu vagina. 

49. ¿Alguna vez alguien te obligó a tener sexo oral usando la fuerza o amenazas de daños? Simplemente, y para que no haya errores, por sexo oral queremos decir que un hombre o un chico puso su 

pene en tu boca o que alguien c penetró tu vagina o tu ano con su lengua o usando su boca. 

50. ¿Alguna vez alguien te obligó a tener sexo anal con fuerza o amenazas de daños? d 

51. ¿Alguna vez alguien puso sus dedos u objetos en tu vagina o en tu ano contra tu voluntad usando 

fuerza o amenazas? 

52.e A lo largo de tu vida, ¿cuántas veces (diferentes ocasiones) has sido obligada a tener (sexo/ 

oral sexo/anal sexo/vaginal) o te han penetrado con dedos u objetos usando la fuerza? Por favor, incluye cualquier incidente que te ocurrió cuando eras una niña. 

53. ¿Te pasó esto (algunos de estos incidentes) antes de que tuvieras 18 años? 

54. ¿Te ocurrió este incidente (alguno de estos incidentes) durante los últimos doce meses o desde la última vez que fuiste entrevistada? 
150 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Con las excepciones que anotamos, la formulación de estas preguntas fue tomada del apéndice de Rape in America: 

A Report to the Nation (Kilpatrick, Edmunds, y Seymour 1992): a Esta frase se tomó de Lynch (1996b, 139) 

b La numeración de las preguntas fue tomada de Lynch (1996b, apéndice) 

c La versión ofrecida por Lynch hace referencia a alguien de sexo femenino o masculino (Lynch 1996b) 

d En la versión de Lynch (1996b) se añade «Para que no haya errores, por sexo anal queremos decir que un hombre o un chico puso su pene en tu ano» e Las preguntas 52 a 54 proceden de Lynch (1996b). 

vios 12 meses. Kilpatrick et al. (1992, 2) compararon sus estimaciones del número de mujeres mayores de 18 años que fueron violadas durante un periodo de 

12 meses —683.000— con la basada en la estimación anual de la NCS de violaciones consumadas y tentativas de violaciones —130.000—, argumentando que 

«el Estudio Nacional de Mujeres producía estimaciones que eran 5.3 veces mayores que las estimaciones de la NCS». 

Esta comparación debe ser interpretada con cautela, o al menos, situarla en 

su contexto adecuado. En primer lugar, la NCS y el NWS emplean diferentes 

definiciones de violación. La NCS incluye solamente penetraciones vaginales, 

mientras que el NWS incluye otros tipos de penetración. En segundo lugar, las 

estimaciones de la NCS incluyen violaciones consumadas y tentativas de violación, mientras que el NWS se limita a violaciones consumadas. (Nótese que la 

NCS ofrece una estimación de las violaciones consumadas —n=60.710— y las 

tentativas de violación —n=63.760—; figuras de 1990). En tercer lugar, el NWS 

incluye mujeres mayores de 18 años, mientras que la NCS incluye mujeres mayores de 12 años. Desgraciadamente, los resultados de la NCS no pueden 

agregarse fácilmente para obtener estimaciones basadas en aquéllas mayores de 

18 años. Cuarto, las estimaciones de la NCS citadas en el Informe sobre Violación en América (Rape in America: A Report to the Nation) incluyen mujeres y 

hombres como víctimas; mientras que el NWS solamente incluye mujeres. Finalmente, como Lynch (1996a, 1996b) ha señalado, la comparación de las estimaciones puede complicarse aún más ya que la NWS y la NCS utilizan procedimientos distintos para ajustar el proceso de victimación en el periodo de 

referencia. 

Lecciones metodológicas aprendidas 

¿Qué avances metodológicos en la medición de la violación introdujo o subrayó el NWS? En primer lugar, va más allá de los numerosos estudios de casos de mujeres universitarias (encuestas de mujeres provenientes de una o dos 

universidades), puesto que el NWS empleó una muestra nacional representati­
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 151 

va de mujeres adultas. Igualmente, la segunda ola del NWS, que fue la empleada para computar las estimaciones anuales de violación por victimación, fue ajustada teniendo en cuenta los resultados de la primera ola para evitar los problemas de proyección de incidentes que ocurrieron fuera del período de referencia 

al período de referencia. Estos ajustes reducen el problema de «proyección telescópica», es decir, aquellas situaciones en las que las entrevistadas se refieren 

en la entrevista a victimaciones que en realidad tuvieron lugar fuera del período de referencia cubierto por la encuesta (véase Lehnen y Skogan, 1981, 1984). 

Dado que los estudios de panel son raros en este campo de investigación (con 

la NCVS siendo la excepción más notable), este tipo de ajuste no es muy común 

en la literatura. 

En segundo lugar, a diferencia de muchos estudios anteriores, los investigadores ofrecieron a las entrevistadas una introducción claramente formulada a 

las preguntas sobre violación, la cual contenía varios estímulos a la memoria 

sobre (1) la posibilidad de que la experiencia sexual pudo haber ocurrido incluso si no había sido comunicada a la policía, familia o amigos, y (2) sobre el posible círculo de agresores (por ejemplo, no «siempre un desconocido, sino que 

puede ser un amigo, novio o incluso un familiar»). Esta introducción tenía como 

objeto evitar que las entrevistadas dejaran de declarar incidentes de violación 

porque pensaran que victimaciones no declaradas a la policía o cometidas por 

personas que no eran desconocidas no «contaban» como violación. 

En tercer lugar, una aportación especial del NWS es la forma en que los investigadores formularon las cuatro preguntas empleadas para medir la violación 

consumada. Intentaron emplear palabras que describieran la conducta especifica de una forma muy detallada y gráfica (por ejemplo, «por sexo oral queremos 

decir que un hombre o un chico puso su pene en tu boca o que alguien penetró 

tu vagina o tu ano con su lengua»). Estas preguntas basadas en descripciones 

conductuales específicas fueron empleadas para hacer pensar a la entrevistada 

sobre el tipo particular de conducta que estaba siendo medida. De esta forma, 

los investigadores procuraron reducir el error de medición tratando de garantizar que las entrevistadas entendieran el tipo de experiencias sexuales que eran 

cubiertas por las preguntas formuladas. 

A pesar de estas ventajas, el NWS presentaba tres problemas principales que 

estudios posteriores trataron de corregir: (1) la definición de la violación no incluía incidentes en los que la víctima era incapacitada, (2) solamente medía la 

violación con fuerza consumada, pero no otras formas de agresión sexual, y (3) 

no empleaba ningún cuestionario de seguimiento para comprobar o validar que 

las entrevistadas que habían respondido «sí» a las preguntas sobre violación debían ser contadas como víctimas de violación. 
152 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

La Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer 

Sobre la base del NWS y de la Encuesta de Violencia contra la Mujer del 

gobierno canadiense (Canadian Violence Against Women Survey) (Tjaden, 2005; 

Johnson, 1996; Statistics Canada, 1993), Tjaden y Thoennes (1998a) diseñaron 

y realizaron la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer (National 

Violence Against Women Survey, en adelante NVAW), la cual fue presentada a 

las participantes como una encuesta sobre seguridad personal. La NVAW incluye 

preguntas sobre miedo general a la violencia y sobre incidentes de violencia 

consumada o amenazada por distintos tipos de agresores durante la vida de la 

entrevistada y durante el año anterior a la realización de la entrevista. Sesenta 

tipos de agresores fueron examinados (por ejemplo, padre, esposo, ex-marido en 

particular si hay más de uno, pareja o ex-pareja específica, primo, etc.). Los tipos específicos de violencia incluyen agresiones sexuales (por ejemplo, violación consumada y tentativa de violación), agresión física (por ejemplo, bofetadas, palizas, uso de armas de fuego contra la víctima) y persecución o acoso. 

La NVAW es una encuesta nacional representativa de 8.000 mujeres con una 

edad de 18 años o mayores que hablan inglés o español y que residen en un domicilio en los Estados Unidos (Tjaden 1996, 1). Mujeres elegibles en cada domicilio fueron identificadas tras el uso de un procedimiento de muestreo basado en la selección aleatoria de los dígitos del número de teléfono en las secciones 

censales de los Estados Unidos (Tjaden y Thoennes 1998a, 14). Si, por ejemplo, más de una mujer era elegible en un domicilio seleccionado, se elegía a la 

participante empleando el «método del cumpleaños más reciente» (véase Tjaden 

1996, 2). Se emplearon Entrevistas Telefónicas Asistidas por Ordenador (CATI) 

y entrevistadoras profesionales para administrar la NVAW entre noviembre de 

1995 y mayo de 1996. La tasa de participación fue del 72% (véase Tjaden 1996, 

3-4). 

Definiciones y operativización de la violación 

Tjaden y Thoennes (1998a, 13) definían la violación como: 

«Un evento que ocurre sin el consentimiento de la víctima, que supone el uso de 

fuerza o la amenaza de fuerza con la intención de penetrar la vagina o el ano de la 

víctima con el pene, la lengua, los dedos u objetos, o la boca de la víctima con el 

pene. La definición incluía la violación consumada y las tentativas de violación». 
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 153 

El Cuadro 6 muestra de qué forma la NVAW operativizó la violación. Nótese que, a diferencia del NWS, la NVAW medía violaciones consumadas y tentativas de violación. 

Las diferencias en el vocabulario empleado en las preguntas de filtro de la 

NVAW y la NCVS son sorprendentes. Como hemos señalado, la NVAW emplea 

cinco preguntas de filtro basadas en descripciones conductuales para estimular 

a las entrevistadas a declarar experiencias sexuales que reúnen los requisitos legales de la definición de violación que se sigue en muchos Estados. Este enfoque, por tanto, se basa en el uso de preguntas múltiples, claramente formuladas, 

para preguntar solamente sobre un tipo de delito: la violación. La NCVS, por su 

parte, emplea un enfoque más general en sus preguntas de filtro. Así, las preguntas de filtro en la NCVS emplean términos generales, por ejemplo, si las enCuadro 6. Preguntas de la NVAW para medir las experiencias 

de violación y tentativas de violación 

la violencia, tanto si es perpetrada por desconocidos, amigos, parientes o incluso por maridos 

chico puso su pene en tu ano. 

intentó

Preguntas sobre violación y tentativa de violación 

F1. Estamos particularmente interesados en aprender sobre las experiencias de las mujeres con 

o compañeros sentimentales. Te voy a hacer unas preguntas sobre experiencias sexuales no 

queridas que has podido tener, bien como adulta o como niña. Puedes encontrar algunas de 

estas preguntas un tanto perturbadoras, pero es importante que te las preguntemos de esta forma 

para que todo el mundo entienda qué es lo que queremos decir. Recuerda que la información 

que nos proporciones es confidencial. 

Con independencia de cuanto tiempo haya pasado, ¿alguna vez un hombre o un chico te hicieron tener sexo usando la fuerza o amenazas de hacerte daño a ti o alguien próximo a tí? Simplemente, y para que no haya errores, por sexo queremos decir que puso el pene en tu vagina. 

F2. ¿Alguna vez te ha obligado alguien, hombre o mujer, a tener sexo oral usando la fuerza o 

amenazas de fuerza? Simplemente, y para que no haya errores, por sexo oral queremos decir 

que un hombre o un chico puso su pene en tu boca o que alguien, hombre o mujer, penetró tu 

vagina o tu ano usando la boca. 

F3. ¿Alguna vez alguien te hizo tener sexo anal usando la fuerza o amenazas de hacerle daño? 

Simplemente, y para que no haya errores, por sexo anal queremos decir que un hombre o un 

F4. ¿Alguna vez alguien, hombre o mujer, puso dedos u objetos en tu vagina o ano en contra 

de tu voluntad usando la fuerza o amenazas? 

F5. ¿Alguna vez alguien, hombre o mujer, hacerte tener sexo vaginal, oral o anal en 

contra de tu voluntad, pero no hubo coito o penetración? 

Estas preguntas solamente se realizaron a las mujeres encuestadas. 
154 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

trevistadas han experimentado «actos sexuales forzados o no deseados», para 

capturar un amplio abanico de victimaciones sexuales, de las cuales la violación 

es solamente una modalidad. La palabra violación es empleada en las preguntas de filtro de la NCVS, pero no en las preguntas de filtro de la NVAW. Finalmente, la NCVS clasifica a los incidentes en función de las respuestas ofrecidas al cuestionario de seguimiento y no en función de las respuestas ofrecidas 

a las preguntas de filtro (véase Bachman 1998). Como discutiremos, la NVAW 

emplea las preguntas de filtro, no el cuestionario de seguimiento, para determinar si una experiencia sexual puede ser calificada como una violación consumada, una tentativa de violación o algún otro tipo de victimación. 

El cuestionario de seguimiento sobre el agresor 

En la encuesta NVAW, después de que las entrevistadoras leen las cinco preguntas que se presentan en el Cuadro 6, se presentan a la participante cuestiones sobre el agresor o los agresores. A diferencia de la NCVS, la cual administra un cuestionario de seguimiento para cada incidente en función del número 

de veces que el mismo ha tenido lugar, la NVAW administra un cuestionario de 

seguimiento sobre la agresión sexual en relación con cada tipo de agresor. En 

cada cuestionario de seguimiento se pregunta a la entrevistada cuántas veces este 

agresor en particular la ha forzado o intentado forzarla a tener relaciones sexuales; después se le pregunta a la entrevistada cuándo tuvo lugar este incidente. En 

el caso de un único incidente, se pregunta a la entrevistada cuando ocurrió este 

incidente en función de los años que han transcurrido desde el mismo o en los 

últimos doce meses. Si había más de un incidente, entonces se preguntaba a la 

entrevistada cuándo había sido la primera vez que este incidente ocurrió y cuándo 

fue la vez más reciente. La respuesta, como en el caso anterior, se centraba en 

medir el número de años que habían transcurrido desde el incidente o cuando 

ocurrió en los últimos doce meses (véase Tjaden 1996, J1-J2). A diferencia del 

NWS y de la NCVS, la NVAW no incluía ningún tipo de ajuste para controlar 

la «proyección telescópica», ya que se trataba de un estudio transversal. 

Clasificación de las victimaciones 

En la NVAW, las entrevistadoras preguntaban sobre cuatro tipos de delitos, 

cada uno con su propio conjunto de preguntas de filtro. Para la violación, las 

preguntas en el Cuadro 6 fueron empleadas para determinar si la entrevistada 
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 155 

había experimentado una violación consumada o una tentativa de violación. El 

cuestionario de seguimiento es empleado para determinar cuándo ocurrió la violación, no si la misma tuvo lugar o no. Si una participante responde que «sí» a 

cualquiera de estas preguntas, es computada entonces como una víctima de violación. Sin embargo, Tjaden y Thoennes proporcionan estimaciones separadas 

para violaciones consumadas y tentativas de violación (véase más adelante). Por 

tanto, la NVAW asume que un conjunto coherente de preguntas que se refiere a 

un determinado dominio de conducta (por ejemplo, las violaciones), en la medida en que estén formuladas empleando el vocabulario adecuado en las descripciones conductuales, puede ofrecer respuestas válidas sobre si las entrevistadas 

han sido victimizadas sexualmente. 

Comparación de los resultados sobre violaciones 

Los resultados de Tjaden y Thoennes revelan que el 17.6% de las mujeres encuestadas declaran haber sufrido una violación consumada (14.8%) o una 

tentativa de violación (2.8%) durante el curso de sus vidas. Las estimaciones 

de la violación consumada a lo largo de la vida de la NVAW solamente es 

marginalmente mayor que el 13% estimado por el NWS. La NVAW también 

encontró que el 0.3% de las mujeres habían experimentado una violación completa o una tentativa de violación en los 12 meses anteriores a la realización 

de la entrevista. 

Tjaden y Thoennes (1998a, 4) indican que es difícil hacer comparaciones 

directas entre sus estimaciones y las estimaciones basadas en la NCVS. Bachman 

(1998, 15-16), sin embargo, intentó realizarlas por medio de la desagregación 

de los datos de la NCVS para hacerlos más comparables con los de la NVAW. 

Bachman comparaba las estimaciones anuales de violación para mujeres de 18 

años de edad o mayores que habían sido violadas por un solo agresor. Esta autora documentó que la estimación de 0.35 víctimas por cada 100 mujeres es 

mayor que la estimación de la NCVS de 0.16 víctimas por cada 100 mujeres. 

Bachman considera que «esta diferencia subraya la naturaleza extremadamente 

sensible de los procedimientos de estimación y de qué forma procedimientos 

metodológicos ligeramente diferentes pueden dar como resultado en estimaciones bastante diversas» (p. 16). 
156 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Persecución o acoso 

En la NVAW, Tjaden y Thoennes también recopilaron datos sobre una forma de victimación que ha recibido una creciente atención por parte del público 

y de la ley: la persecución o el acoso. Hasta la fecha, solamente dos estudios 

nacionales medían esta forma de victimación: la NVAW y la encuesta de Fisher 

y Cullen (1998) con mujeres universitarias (véase más adelante). Tjaden y 

Thoennes (1998b, 2-3) basaron su definición del acoso en el Modelo de Código Penal para los Estados desarrollado por el Instituto Nacional de Justicia: 

«un patrón de conducta dirigido contra una persona en particular que incluye proximidad física o visual repetida, comunicación no consentida, o amenazas verbales, 

escritas o implícitas, o bien una combinación de lo anterior que causaría miedo a 

una persona razonable si se repitiera en dos o más ocasiones». 

Estas autoras aclaran esta definición señalando que «la NVAW no precisa 

que los acosadores o perseguidores realicen una amenaza creíble contra la víctima, pero requiere que la víctima sienta un nivel elevado de miedo». 

Por razones de espacio no podemos realizar una revisión detallada de cómo Tjaden 

y Thoennes operativizaron esta definición de acoso (1998b, 17). No obstante, podemos señalar que la NVAW documenta que el 8.1% de las mujeres declaraba haber sufrido acoso en algún momento durante sus vidas, y que solamente el 1% de las mujeres declaraba haber sufrido esta conducta en los anteriores 12 meses. Las estimaciones 

de Tjaden y Thoennes del acoso dependen del grado de miedo que estas autoras emplean para «contar» a una entrevistada como víctima. A diferencia de otros delitos, la 

normativa penal a menudo destaca que la persecución o acoso solamente se consideran delito si indujera a una persona razonable a tener miedo de ser atacado. 

La cuestión que esto plantea es qué es lo que la ley quiere decir cuando dice 

que alguien está «asustada» y, por tanto, como debe ser medido este concepto en 

encuestas de victimación. Tjaden y Thoennes adoptaron la decisión de emplear un 

criterio restrictivo, computando como víctimas de acoso solamente a aquellas 

mujeres que dijeron que la conducta de persecución o acoso las hizo sentirse 

«muy» asustadas. Sin embargo, si el requisito es rebajado para incluir mujeres que 

dijeron sentirse «algo» asustadas o «un poco» asustadas, entonces la prevalencia 

del acoso documentado por la NVAW aumenta de forma marcada. Así, la estimación del acoso a lo largo de la vida pasa del 8,1% al 12%, mientras que la estimación para los 12 meses previos salta del 1% al 6%. Estos resultados revelan nuevamente el reto de medir la victimación de las mujeres y cómo las decisiones 

metodológicas pueden afectar a las estimaciones producidas por investigadores. 
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 157 

EL ESTUDIO NACIONAL DE VICTIMACIÓN SEXUAL DE MUJERES UNIVERSITARIAS: 

UNA VALORACIÓN DEL MÉTODO DE PREGUNTAS DE FILTRO Y CUESTIONARIOS DE SEGUIMIENTO 

Como hemos señalado, durante las últimas dos décadas se ha producido la 

evolución de dos métodos muy diferentes para estimar diferentes tipos de 

victimación sexual. En primer lugar, los estudios de Koss basados en la SES, el 

NWS de Kilpatrick y la NVAW de Tjaden y Thoennes empleaban preguntas basadas en descripciones conductuales específicas para estimular la memoria de 

las entrevistadas y para clasificarlas como víctimas y víctimas de diferentes 

modalidades de delitos. Por otra parte, la NCVS empleaba un cuestionario de 

seguimiento para clasificar los incidentes en función del tipo de delito y para 

determinar si un delito había tenido lugar. 

En nuestro estudio nacional de victimación sexual de las mujeres universitarias combinamos ambos enfoques para operativizar la violación y otros tipos de 

victimación sexual (véase Fisher y Cullen 1998). De Koss y otros investigadores 

tomamos prestada la idea de incluir en el diseño una serie de preguntas de filtro 

basadas en descripciones conductuales empleando un vocabulario detallado y gráfico para medir un amplio rango de formas de victimación sexual. Siguiendo a la 

NCVS, incorporamos en el diseño el empleo de cuestionarios de seguimiento que 

acompañaran a los filtros. El resultado fue un método que mide la victimación 

sexual por medio del estímulo y filtrado de las victimas potenciales con preguntas basadas en definiciones conductuales y que clasifica el tipo de victimación, si 

es que se da alguna, por medio del cuestionario de seguimiento. 

Características generales del Estudio Nacional de la Victimación Sexual de 

Mujeres Universitarias 

Diseñamos el Estudio Nacional de la Victimación Sexual de Mujeres Universitarias (National College Women’s Sexual Victimization Study, en adelante, 

NCWSV) para estimar la medida en que diferentes formas de victimación sexual 

ocurren en mujeres universitarias y para examinar los factores de riesgo asociados con dichas victimaciones. Recogimos datos sobre victimación sexual con una 

muestra aleatoria de estudiantes de licenciatura y de postgrado matriculadas en el 

curso académico 1996-97. Un total de 4.446 mujeres universitarias matriculadas 

en 233 universidades y escuelas universitarias fueron seleccionadas por medio de 

un muestreo probabilístico en dos etapas (véase Fisher y Cullen 1998, cap. 2). 
158 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Aproximadamente dos semanas antes de que una participante fuera telefoneada, se le mandaba una carta de introducción que explicaba la naturaleza del estudio 

y sus procedimientos (es decir, una llamada de teléfono realizada por una entrevistadora, un número gratuito de teléfono y un correo electrónico en el que obtener más 

información, la naturaleza voluntaria del estudio y su confidencialidad). La carta de 

introducción dejaba claro que el objeto del estudio era examinar la magnitud y la 

naturaleza de las victimaciones sexuales no deseadas. Como el NWS (Kilpatrick, 

Edmunds y Seymour 1992) y la NVAW (Tjaden y Thoennes 1998a, 1998b), contratamos la empresa SRBI para administrar nuestras encuestas utilizando CATI, y esta 

empresa empleó entrevistadoras profesionalmente formadas. El trabajo de campo 

comenzó a finales de febrero y finalizó a principios de mayo de 1997. La tasa de 

respuesta fue del 84.6%. 

La definición de violación 

Medimos 12 formas diferentes de victimación sexual incluyendo violación, 

coerción sexual, contacto sexual no deseado, varias amenazas y la persecución 

o acoso, ampliando así los tipos de victimación sexual valorados previamente 

por otros investigadores (cf. Koss, Gidycz y Wisniewski 1987; Muehlenhard y 

Linton 1987). Como mostramos en el Cuadro 7, empleamos 12 preguntas basadas en descripciones conductuales para filtrar los diferentes tipos de victimación 

sexual. Todas las preguntas contienen el mismo periodo de referencia («desde 

que el curso comenzó en el otoño de 1996»). El periodo de referencia, por tanto, era de aproximadamente medio año, que es similar al empleado en la NCVS. 

Las preguntas sobre violación (preguntas 7, 8, 9, 10 y 12) eran similares, si 

no idénticas, a las empleadas en la NWS (Kilpatrick, Edmunds y Seymour 1992) 

y la NVAW (Tjaden y Thoennes 1998a). En las cuatro primeras preguntas (violación consumada), ofrecíamos una descripción gráfica de la conducta en cuestión y una definición de lo que queríamos decir para cada término que empleábamos. Nosotros diseñamos las otras preguntas de filtro para estimular a las 

entrevistadas sobre coerción sexual (preguntas 18, 19, y 20), contacto sexual no 

deseado (preguntas 14 y 16) y persecución o acoso (pregunta 24). 

Cuando una entrevistada decía que «sí», es decir, que había experimentado 

el tipo de conducta al que se referían las preguntas de filtro, se le preguntaba 

cuales de los diferentes incidentes de este tipo le habían pasado a ella (véase la 

nota en el Cuadro 8). De forma similar a la NCVS, para cada incidente diferente la entrevistadora completaba un cuestionario de seguimiento. 
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 159 

Cuadro 7. Preguntas de filtro del NCWSV 

en un lugar público. La mujer puede estar despierta, dormida, inconsciente, borracha o incapacitada de 

responder «sí» o «no». 

7. Desde que empezó el curso en el otoño de 1996, ¿te ha obligado alguien a tener un coito sexual usando la fuerza o con amenazas de hacerte daño a tí o a alguien próximo a tí? Simplemente, y para que 

8. Desde que empezó el curso en el otoño de 1996, ¿te ha obligado alguien a tener sexo oral usando 

la fuerza o con amenazas de daño

gua o boca o que usaste tu boca o lengua en los genitales o el ano de alguien. 

9. Desde que empezó el curso en el otoño de 1996, ¿te ha obligado alguien a tener sexo anal usando 

la fuerza o con amenazas de daño

10. Desde que empezó el curso en el otoño de 1996, ¿alguien ha empleado la fuerza o amenazas de 

daño para penetrarte sexualmente con un objeto?

12. Desde que empezó el curso en el otoño de 1996, ¿ , obliempezó el curso en otoño de 1996 algún tipo de 

tado ni querías? Esto incluye besos forzados, tocamiento de partes íntimas, agarrones y tocamientos 

incluso si es sobre tu ropa. Recuerda que esto puede incluir a cualquiera, desde desconocidos a persotocamientos de naturaleza sexual no invitados ni queridos desde que empezaste el curso en otoño de 1996? 

16. Desde que el curso empezó en otoño de 1996, ¿ha intentado alguien o te ha amenazado alguien, 

deseabas? 

intentados usando amenazas de castigos no físicos, promesas de recompensas si consientes 

do no querías empleando amenazas de castigos no físicos tales como rebajarte una nota, despedirte o 

Preguntas de filtro sobre victimación sexual 

Las mujeres, en la universidad, pueden experimentar un amplio abanico de experiencias sexuales que no 

desean. Las mujeres no siempre denuncian estas experiencias sexuales no deseadas a la policía o las comentan con sus familias y amigos. Las personas que realizan estos avances no siempre son desconocidos, sino que pueden ser un amigo, novio, compañero de estudios, profesor, ayudante docente, supervisor, compañero de trabajo, alguien que has conocido en el campus, o incluso un familiar. La experiencia 

puede ocurrir en cualquier lugar: en el campus o fuera de él, en tu residencia, en tu lugar de empleo, o 

alguna forma. Por favor, recuerda esto cuando respondas las preguntas. 

Ahora voy a preguntarte sobre diferentes tipos de experiencias sexuales no deseadas que has podido experimentar desde que el curso empezó en otoño de 1996. Dada la naturaleza de las experiencias sexuales no deseadas, el lenguaje puede parecerte muy gráfico. Sin embargo, esta es la única forma de valorar correctamente si las mujeres en este estudio han tenido estas experiencias. Solamente tienes que 

no haya errores, por coito queremos decir que puso su pene en tu vagina. 

? Por sexo oral quiero decir que alguien tocó tu vagina con su len­

? Por sexo anal quiero decir que puso su pene en tu ano o recto. 

 Por esto quiero decir, por ejemplo, que puso una 

botella o un dedo en tu vagina o ano. 

ha intentado alguien, pero sin conseguirlo

garte a tomar parte en algunas de las experiencias sexuales sobre las que te he preguntado? Esto incluiría amenazas que no llevaron a nada. Por ejemplo, ¿te amenazó alguien o intentó, pero sin conseguirlo, 

tener sexo vaginal, oral o anal contigo o intentó sin conseguirlo penetrar tu vagina o ano con un objeto 

extraño o con sus dedos? 

14. Sin contar los tipos de contacto sexual que ya hemos mencionado, ¿has experimentado desde que 

tocamiento de naturaleza sexual que no habías invinas que conoces bien. ¿Te han ocurrido algunos incidentes de 

pero sin conseguirlo, con realizar tocamientos de una naturaleza sexual que no habías invitado ni 

18. He estado preguntándote sobre contactos sexuales no deseados que implicaban fuerza o amenazas de fuerza contra tí o alguna otra persona. A veces, los contactos de naturaleza sexual pueden ser 

sexualmente, o simplemente continua presión verbal. Desde que el curso empezó en otoño de 1996, 

¿te ha obligado alguien o ha intentado obligarte alguien a tener coito sexual o contacto sexual cuandarte un descenso, dañar tu reputación o excluirte de un grupo por no consentir sus demandas de algún tipo de actividad sexual? 
160 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

tales como 

dentro y fuera del campus, y mientras tú estabas despierta o cuando estabas dormida, bebida o incapacitada de alguna forma. 

24. Desde que el curso empezó en otoño de 1996, ¿ha intentado alguien —bien un desconocido, bien 

correo electrónico, o comunicándose contigo 

Esto incluye situaciones en las que te esperaba fuera de 

desde que comenzó el curso en el otoño de 1996?» 

do este tipo de conducta contra tí desde que el curso comenzó en otoño?» 

19. Desde que el curso empezó en otoño de 1996, ¿te ha obligado alguien o ha intentado obligarte alguien a tener coito o contacto sexual cuando no querías haciendo promesas de recompensas

subirte una nota, contratarte o promocionarte, o un compañero de clase se ofreció a llevarte en el coche 

o a darte sus apuntes o a ayudarte con los deberes si consentías sexualmente? 

20. Desde que el curso empezó en otoño de 1996, ¿te ha obligado alguien o ha intentado obligarte alguien a tener coito sexual o contacto sexual cuando tú no querías, simplemente porque te agobiaron 

dándote la lata y con sus continuas presiones verbales? 

22. Sin contar los incidentes que ya hemos discutido, ¿has experimentado algún otro tipo de contacto 

sexual no deseado o que no habías invitado desde que el curso empezó en otoño de 1996? Recuerda, esto 

puede incluir experiencias sexuales que pueden, o no, haber sido denunciadas a la policía u otros oficiales, que fueron cometidas por un desconocido o por gente que conoces, en una variedad de lugares 

un antiguo novio- seguirte de forma repetida, vigilándote, telefoneándote, escribiéndote, mandándote 

en cualquier otra forma que parecía obsesiva y que te dio 

miedo o te hizo preocuparte por tu seguridad?

tu clase, residencia, lugar de trabajo, otros edificios o tu coche. 

- Cada pregunta se respondía diciendo que «sí» o «no». Después de cada pregunta o series de preguntas (7, 8, 9 y 10; 

12; 14; 16; 18, 19, 20; 22), se preguntaba: «¿Cuántos incidentes diferentes (tipo de victimación sexual) te han ocurrido 

- Después de la pregunta de filtro para el acoso o persecución, se hacía la siguiente pregunta: «¿Cuánta gente ha mostraOperativización de la violación en el cuestionario de seguimiento 

Usando como modelo el cuestionario de seguimiento de la NCVS, también 

diseñamos dos cuestionarios de seguimiento: (1) uno para la violación, coerción 

sexual, el contacto sexual no deseado, y las amenazas, y (2) otro para las persecuciones o acoso. En el primer cuestionario de seguimiento obteníamos información (1) para determinar exactamente que tipo(s) de victimación sexual había ocurrido y en que grado (consumado, tentativa o amenazas), (2) documentar 

información sobre las características del incidente, y (3) comprender la conducta 

de denuncia de la víctima. 

Para determinar si la entrevistada había experimentado una violación (consumada o tentativa), desarrollamos una serie de preguntas que son recogidas en 

el Cuadro 8. En primer lugar, la entrevistadora preguntaba a la encuestada si el 

incidente había consistido en una amenaza, tentativa o consumación (véase pregunta R12 en el Cuadro 8). Dependiendo de su respuesta, la entrevistadora entonces preguntaba a la encuestada qué tipo de actos se habían consumado, cuáles se habían intentado y/o cuáles habían sido amenazados. Recogimos 

información sobre estos tres grados de victimación porque pensamos que un in­
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 161 

Cuadro 8. NCWSV: Operacionalización de la violación 

y la tentativa de violación 

Pregunta inicial Respuesta Pregunta de 

seguimiento Respuesta Pregunta de 

seguimiento Respuesta Clasificación final 

R12. ¿Fue el con­ R13. Dime, de las R17. ¿Empleó fuertacto sexual en 

este incidente 

amenazado, intentado o completado (al menos ha 

siguientes cosas, 

qué ocurrió durante 

este incidente. Simplemente di que sí 

o que no. Te pasó 

za física contra ti 

en este incidente? 

R18. ¿Fuiste amenazada con fuerza 

Consumado 

Cualquier 

respuesta 

de la 1 a la 

8 (ver nota) 

Sí Violación 

consumada 

ocurrido un con- que ... física en este incitacto sexual)? LEER LISTA Y MAR­ dente? 

CAR RESPUESTAS 

MÚLTIPLES 

R12. ¿Fue el con­ R15. ¿Qué (otro) R17. ¿Empleó fuertacto sexual en 

este incidente amenazado, intentado o 

completado (al menos ha ocurrido un 

Intentado 

tipo de contacto 

sexual no deseado 

fue intentado? 

LEER LISTA Y MARCAR RESPUESTAS 

za física contra ti 

en este incidente? 

R18. ¿Fuiste amenazada con fuerza 

Cualquier 

respuesta 

de la 1 a la 

8 (ver nota) 

Sí Violación 

consumada 

contacto sexual)? MÚLTIPLES física en este incidente? 

La lista a la que se refiere la pregunta R13 incluye: (1) pene en tu vagina, (2) boca en tus genitales, (3) tu boca 

en los genitales de alguien, (4) pene en tu ano o recto, (5) dedo en tu vagina, (6) dedo en tu ano o recto, (7) 

otro objeto en tu vagina, (8) otro objeto en tu ano o recto o (9) ninguno de éstos. 

Si, tras la administración de la pregunta R13, las entrevistadas decían que no a la pregunta R17, entonces se 

les administraba la pregunta R18. 

La lista a la que se refiere la pregunta R15 incluye: (1) pene en tu vagina, (2) boca en tus genitales, (3) tu boca 

en los genitales de alguien, (4) pene en tu ano o recto, (5) dedo en tu vagina, (6) dedo en tu ano o recto, (7) 

otro objeto en tu vagina, (8) otro objeto en tu ano o recto, (9) tocamientos, agarrones o caricias de tus pechos o 

tus genitales por debajo de la ropa, (10) tocamientos, agarrones o caricias de tus pechos o tus genitales por 

encima de la ropa, (11) besos, lamer o chupar, (12) alguna otra forma de contacto sexual no querido, y (13) ninguno de estos. 

Si, tras la administración de la pregunta R15, las entrevistadas decían que no a la pregunta R17, entonces se 

les administraba la pregunta R18. 

cidente podía resultar en una única victimación, pero también podía comprender una serie de victimaciones que conllevaban al tipo más grave de victimación. 

Una entrevistada podía optar por una de estas tres alternativas o responder 

que sí a las tres, dado que era posible que un mismo incidente diera lugar a más 

de una victimación, bien del mismo tipo, bien de otro. Por ejemplo, si una 

encuestada declaraba que el agresor había intentado la penetración vaginal con 

el pene usando fuerza física, y había consumado los tocamientos sexuales no 

deseados (por ejemplo, tocándole los pechos o el trasero) usando amenazas de 

fuerza, entonces se producían dos victimaciones durante ese incidente: una tentativa de violación y un incidente de coerción sexual consumado. Otro incidente podría haber incluido el mismo tipo de victimación: una penetración vaginal 

con el pene consumada usando la fuerza y una penetración bucal con fuerza (ambos son instancias de violación consumada). El cuestionario recogía información 
162 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

sobre todas las victimaciones sufridas por las encuestadas durante el transcurso 

de un particular episodio de victimación. 

Dado que algunos episodios incluyen más de un tipo de victimación, contarlos de forma separada hubiera inflado nuestro cómputo de los diferentes tipos de victimación. Para corregir este problema metodológico, clasificamos cada 

episodio en función de la forma de victimación sexual más grave que ocurrió en 

el transcurso de cada episodio específico de victimación. Koss et al. (1987, 165) 

también emplearon el procedimiento de cómputo en función del episodio «más 

severo» con las participantes en su estudio. La NCVS también emplea este tipo 

de procedimiento. 

Como se muestra en la fila primera del Cuadro 8, si la entrevistada indicó 

que el contacto sexual se había consumado, entonces se le preguntaba qué tipo 

o tipos de penetración habían sido consumados. La entrevistadora le leía una lista 

de los diferentes tipos de penetración (véase nota 1 en el Cuadro 8). La 

encuestada podía responder que «sí» o «no» a uno, alguno o a todos los tipos 

de penetración. 

En ese momento se le hacían a la encuestada dos preguntas sobre el uso 

de fuerza física o sobre el uso de amenazas de fuerza física (véase preguntas 

R17 y R18 en el Cuadro 8). En primer lugar, la entrevistadora preguntaba si 

se había empleado fuerza física (véase R17 en el Cuadro 8). Si la entrevistada decía que «sí», el incidente se clasificaba como una violación consumada. 

Si la encuestada decía que «no» a la pregunta R17, la entrevistadora le preguntaba si se le había amenazado con el uso de fuerza física (véase R18 en el Cuadro 8). Si decía que «si», el incidente se clasificaba como una violación consumada. 

Tal y como se muestra en la segunda fila del Cuadro 8, un incidente era clasificado como tentativa de violación usando la misma serie de preguntas que 

hemos detallado con relación a los incidentes de violaciones consumadas. La 

diferencia estriba en que la encuestada indicaba que un contacto sexual había 

incluido intentos de algún tipo de penetración. 

Resultados del estudio 

Cerca del 2% (1.7%) de las mujeres universitarias en nuestra muestra habían experimentado una violación consumada desde que las clases habían comenzado en el otoño de 1996. Aproximadamente más del 1% (1.1%) de la muestra 

había experimentado una tentativa de violación. El porcentaje de encuestadas que 

experimentaba una violación o una tentativa de violación era del 2.5%. Nótese 
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 163 

que la NCVS de 1997 también documentaba una tendencia a un número mayor 

de violaciones consumadas que de tentativas de violación. 

¿Es posible comparar estos resultados con los de otros estudios? Que nosotros sepamos, ningún otro estudio ha sido publicado que emplee un periodo similar de referencia y que utilice una muestra nacional de mujeres universitarias seleccionadas de forma aleatoria. El estudio de Koss, sin embargo, es el que emplea 

métodos más parecidos a los nuestros (preguntas basadas en descripciones 

conductuales, el tipo de muestra). Si tomamos sus estimaciones de violaciones 

consumadas y tentativas de violación para las que empleamos una definición similar (las preguntas sobre violaciones empleando alcohol y drogas fueron excluidas 

de la comparación) y las proyectamos para nuestro periodo de referencia (6.91 

meses) podemos comparar de forma aproximada nuestros resultados con los suyos. Se observa que nuestras estimaciones de violaciones consumadas son similares a las de Koss (1.7 en comparación con 2.1 por cada 1.000 mujeres estudiantes). Nuestra estimación de las tentativas de violación es menor que su estimación 

(1.1 comparado con el 3.3 por cada 1.000 estudiantes universitarias). 

Potenciales fuentes de error de medición 

En la próxima sección discutimos de qué forma pensamos que nuestra combinación de preguntas de filtro y cuestionarios de seguimiento corrige los problemas de los estudios que estiman la violación empleando descripciones 

conductuales específicas y aquéllos que usan los cuestionarios de seguimiento. 

Responder que «sí» a preguntas basadas en descripciones conductuales de la 

violación 

Estudios como el de Koss con universitarias, el NWS de Kilpatrick o la 

NVAW de Tjaden y Thoennes emplean preguntas basadas en descripciones 

conductuales para estimular la memoria de las encuestadas sobre el tipo de conducta en cuestión. Estas investigadoras valoran una respuesta afirmativa a estas 

preguntas sobre violación para computar el número de víctimas de violación y 

generar sus estimaciones de violaciones. Se supone que dado que estas preguntas describen de forma explícita lo que se está midiendo, se reduce el error de 

medición. Es decir, se asume que una respuesta afirmativa a cualquiera de las 

preguntas de filtro sobre violación es una condición suficiente y necesaria para 

clasificar a una encuestada como víctima de violación. 
164 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Cuadro 9. La clasificación de los incidentes NCWSV 

Q 7,Q 8,Q9,Q 10, 

Q 12: 

Pregunta defiltro 

sobre violación 

(n=314) 

Q 14: 

Pregunta defiltro 

sobre tocam ientos 

noinvitadoso no 

queridosde 

naturalezasexual 

Q 16: 

Pregunta defiltro 

sobre intentoso 

am enazasde 

tocam ientosno 

invitadoso no 

queridosde 

naturaleza sexual 

Q18,Q 19,Q20: 

Preguntasdefiltro 

sobre coerción 

sexual 

Q22: 

Pregunta defiltro 

decajón desastre 

Q 24: 

Pregunta defiltro 

sobre acoso o 

persecución 

n=21 

n=19 

n=4 

n=32 

n=7 

n=59 

n=155 n=90 

n=47 

Incidente fuera delperíodo Incidente clasificado com o Incidente clasificado com o un Incidente clasificado com o 

dereferencia (n=1) indeterm inado en función de tipodevictim ación sexual violación (n=199) 

o lasrespuestasen el diferente dela violación 

no pudorecordarsuficientes cuestionario deseguim iento 

detalles(n=20) 

En el Cuadro 9 presentamos los resultados de nuestro NCWSV que sugieren que este supuesto es problemático y que el empleo de un modelo de medición de la victimación que descansa en una única etapa podría resultar en la inflación del número de víctimas de violación. Nuestro NCWSV filtró 314 

incidentes de victimación por medio del uso de preguntas de filtro basadas en 

descripciones conductuales que habían sido diseñadas para estimular a las 

encuestadas a declarar estos hechos a los entrevistadores. De estos 314 incidentes, sin embargo, solamente el 25.2% fue clasificado en última instancia como 

una violación tras la realización de preguntas de seguimiento orientadas a saber 

qué es lo que ocurrió (véase Cuadro 9). En contraste, aproximadamente la mitad (49.9%) de los incidentes declarados como violación a través de las preguntas 

filtro sobre violación fueron clasificados como otros tipos de victimación sexual. 

Además, el hecho de que una encuestada responda afirmativamente a una de las 

preguntas de filtro no significa necesariamente que pueda señalarse tajantemente 

que ha tenido lugar una victimación. Aproximadamente más de un cuarto de los 

incidentes (25.5%) filtrados por estas preguntas no pudieron ser clasificados 

como victimación empleando el cuestionario de seguimiento. De éstos, el 18.8% 

no pudo ser clasificado porque la entrevistada rechazó responder las preguntas 

de seguimiento o porque no sabía como responder a estas preguntas que nos habrían permitido clasificar el incidente. En el 6.7% de los incidentes, la encuestada 

no podía recordar suficientes detalles como para completar el cuestionario de 
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 165 

seguimiento, o el incidente había tenido lugar fuera del período de referencia. 

Los estudios que computan estos incidentes como violación a la hora de realizar sus estimaciones de prevalencia corren el riesgo de incluir en los mismos 

incidentes que no pueden ser considerados legalmente como violaciones. 

El uso de preguntas de seguimiento cambió de forma dramática nuestras 

estimaciones de violación. Si hubiéramos computado los 314 incidentes desvelados por las preguntas de filtro de violación, nuestra tasa de victimación hubiese 

sido 1.6 veces más elevada que la calculada sobre la base del cuestionario de 

seguimiento (70.6 por cada 1.000 universitarias en lugar de 44.8 por cada 1.000 

universitarias). 

Responder que «sí» a una pregunta de filtro diferente de las de violación 

De forma paralela, los estudios previos —aquéllos que usan la SES de 

Koss— asumen que las mujeres que responden afirmativamente a preguntas 

orientadas a medir formas de victimación sexual diferentes de la violación no 

han experimentado una violación. Este método asume que preguntas basadas en 

descripciones conductuales son capaces de medir directamente tipos específicos 

de victimación. No considera que respuestas afirmativas a preguntas de filtro 

sobre victimaciones sexuales diferentes de la violación, una vez examinadas con 

más detalle den lugar a una clasificación del incidente como una violación. Si 

esta posibilidad existe, utilizar exclusivamente preguntas de filtro produce un 

segundo tipo de error de medición que conduce a subestimar los incidentes de 

violación. 

Como hemos señalado, nuestro método permitía que las encuestadas fueran 

filtradas hacia un cuestionario de seguimiento a partir de 12 preguntas de filtro 

o estímulo. El hecho de que el filtro inicial se refiriese a una victimación sexual 

diferente de la violación no significaba que en el transcurso de la administración 

del cuestionario de seguimiento no pudiera responder a las preguntas de tal forma que no llevase a una clasificación eventual del incidente como una violación. 

Por el contrario, con independencia de la pregunta de filtro a la que la encuestada 

respondió que «sí», el cuestionario de seguimiento sobre lo que había pasado 

permitía la posibilidad de que el incidente fuera clasificado como una violación 

si las respuestas de la entrevistada reunían los criterios requeridos para ello. 

Como muestran los resultados en el Cuadro 9, aproximadamente la mitad 

(49.7%) de los incidentes que clasificamos como violaciones consumadas o tentativas de violación fueron inicialmente filtrados como victimaciones sexuales 

diferentes de una violación. Un examen más detallado de nuestros resultados 
166 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

sugiere que cada una de las cinco preguntas que empleamos para filtrar incidentes de victimación sexual diferentes de la violación detectó al menos un incidente 

de violación. Por ejemplo, las dos preguntas de victimación sexual diferentes de 

la violación que subsiguientemente resultaron en el número mayor de incidentes clasificados como violación fueron la pregunta sobre tocamientos sexuales 

no deseados y la pregunta sobre coerción sexual (23.6% y 14.6%, respectivamente). Una vez más, por tanto, un método que solamente hubiera empleado preguntas de filtro y que no hubiera usado un cuestionario de seguimiento habría omitido estos incidentes del computo de incidentes de violación experimentado por 

las mujeres en la muestra. 

Estos resultados plantean dos cuestiones fundamentales que son centrales 

para la medición de la violación y otras formas de victimación sexual: (1) ¿Por 

qué mujeres que responden que «sí» a preguntas de filtro sobre violación responden subsecuentemente a las preguntas en el cuestionario de seguimiento de 

forma que no permiten clasificar al incidente como una violación? Y (2) ¿Por 

qué las mujeres que responden que «no» a las preguntas de filtro de violación 

pero «sí» a preguntas sobre victimaciones sexuales diferentes de la violación 

responden eventualmente que «sí» a preguntas en el cuestionario de seguimiento 

que permiten clasificar el incidente como una violación? Aunque no podemos 

ofrecer datos que sirvan para responder estas cuestiones, las planteamos porque 

son temas centrales para nuestra comprensión de la medición de la violación y 

que necesitan ser examinadas con más detalles por nuevos estudios. 

¿Es una violación? 

En cada incidente de violación, le preguntamos a las víctimas, «¿Consideras este incidente una violación?» De los 86 incidentes clasificados como violación por nuestra definición, el 46.5% (n=40) de las veces las mujeres dijeron 

que «sí», el 48.8% (n=42) de las veces dijeron que «no», y en un 4.7% (n=4) de 

los casos dijeron que no lo sabían. En el caso de las tentativas de violación, solamente el 2.8% de los incidentes (n=2) fueron definidos como violaciones por 

las entrevistadas. En el 95.8% (n=68) de los casos las mujeres dijeron que «no», 

y en un 1.4% (n=1) de los casos las mujeres dijeron que no lo sabían. 

¿Cómo podemos interpretar estos datos? Los datos sobre tentativa de violación son problemáticos porque no preguntamos específicamente si las 

encuestadas pensaban si se había producido una violación o se «había intentado» una violación. Al margen de esta cuestión, ¿cómo podemos interpretar el 

hecho de que solamente la mitad aproximada de las mujeres que fueron clasifi­
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 167 

cadas como víctimas de una violación consumada definieron estas experiencias 

como una violación? 

En el mejor de los casos podemos presentar dos perspectivas que compiten 

entre sí. Escépticos de los datos ofrecidos por las encuestas de victimación, los 

comentadores conservadores, se resisten a tener en cuenta cualquier episodio que 

las propias víctimas no definen por sí mismas como «violación» (Gilbert 1997). 

Después de todo se puede argumentar que una mujer adulta está capacitada para 

saber si ha sido víctima de una violación. En contraste, autoras feministas cuentan como violación todos los episodios que reúnen los requisitos legales para ser 

definidos como tales: penetración sexual sin consentimiento con presencia de 

fuerza o amenaza de fuerza (Koss, 1992, 1996). En su favor, las víctimas pueden manifestar un desconocimiento de la ley o una «conciencia falsa» cuando 

definen una penetración sexual forzada como algo diferente de una violación. 

En realidad, no conocemos ningún estudio que haya examinado de forma sistemática por qué las mujeres que son víctimas de coerción sexual definen estos 

incidentes, o no, como una violación cuando son entrevistadas para una encuesta. 

En ese sentido, no se puede señalar de antemano, sobre una base sustantiva, cuál 

de estas dos interpretaciones es la más correcta. 

Sin embargo, otros datos procedentes de nuestro estudio complican esta 

cuestión aún más. La pregunta, «¿Considera usted este incidente una violación?», 

se formulaba no solamente a aquellas personas categorizadas como víctimas de 

violación sino a todas aquellas mujeres que indicaban alguna forma de 

victimación sexual. Además de las mujeres que sufrieron una violación consumada o una tentativa de violación, otras 40 mujeres en la muestra definían sus 

experiencias sexuales de victimación como una violación. 

Es posible, por supuesto, que las estudiantes que se definieron a sí mismas 

como víctimas de una violación desconocieran los requisitos legales del delito 

de violación y, por tanto, aceptaban una etiqueta equivocada para sus experiencias. Sin embargo, una posibilidad alternativa es que las encuestas de victimación 

sexual que emplean preguntas cerradas —incluso cuando emplean filtros basados en descripciones conductuales con una terminología muy pensada— pueden 

fracasar a la hora de detectar todas las violaciones que tienen lugar. Por ejemplo, la frontera entre lo que constituye una amenaza y una tentativa puede, en 

circunstancias reales, ser tan difícil de precisar que solamente por medio de la 

realización de preguntas cerradas o abiertas adicionales se puedan capturar las 

experiencias de las entrevistadas. También es posible que formas de «presiones 

verbales» puedan escalar hasta un punto en que se convierten en «amenazas de 

fuerza» más o menos implícitas. 
168 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Este tipo de cuestiones, en realidad, solamente puede ser aclaradas por medio de estudios que usen preguntas de seguimiento que pregunten a las entrevistadas por qué definieron o no definieron un acto como violación. En el estado 

actual de investigación, debemos admitir que las encuestas de victimación dejan muchas cuestiones metodológicas sin respuesta y que, por tanto, solamente 

proporcionan estimaciones aproximadas de cuántas violaciones y otros tipos de 

victimación sexual se dan. Es importante destacar, sin embargo, que los sesgos 

de respuesta en estas encuestas puede que apunten no solamente hacia estimaciones infladas de la prevalencia de la violación, como los autores más conservadores sugieren. Como nuestros resultados señalan, también existe la posibilidad de infravalorar cuántas violaciones se dan. 

Acoso 

Que sepamos, nuestra NCWSV es la primera encuesta nacional que estima 

el nivel de acoso o persecución contra estudiantes universitarias. Utilizando los 

códigos penales de los Estados como nuestras directrices, definimos el acoso de 

forma muy parecida a como lo hacían Tjaden y Thoennes: la misma persona 

exhibe un patrón de conducta repetida que parece obsesiva y causa temor a la 

entrevistada o la hace preocuparse por su seguridad personal. 

La pregunta de filtro que es empleada para medir el acoso se puede ver en 

el Cuadro 7 (véase pregunta 24). Dado que el acoso implica por definición conductas reiteradas, desarrollamos un cuestionario separado para cada incidente 

respecto a esta forma de victimación. De forma similar al cuestionario para incidentes de victimación sexual, el cuestionario para incidentes de acoso contenía preguntas sobre el lugar donde el acoso tuvo lugar, las características del 

agresor(es), la naturaleza de las lesiones sufridas y preguntas sobre la denuncia 

de este incidente a la policía. 

Para operativizar el acoso, le preguntamos a las entrevistadas sobre que es 

lo que la persona hizo que parecía obsesivo o que le causaba miedo. Esto incluía 

lo siguiente: te persiguió, te esperaba dentro o fuera de sitios a los que tú ibas, 

te vigilaba desde lejos, te llamaba por teléfono sin que tú lo desearas, te enviaba cartas o notas que tú no querías recibir, te enviaba mensajes por correo electrónico que tú no querías recibir, o trataba de contactarte de otra forma a pesar 

de que tú no lo deseabas. Para documentar que el incidente era reiterado, le preguntábamos a las entrevistadas con qué frecuencia ocurrían estos incidentes. 

Nuestros resultados revelaban que el 13.1% de las mujeres en nuestra muestra habían sido acosadas al menos una vez desde que el año académico había 
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 169 

comenzado. Hay que recordar que la estimación anual de acoso de la encuesta 

NVAW oscilaba entre el 1% y el 6%, dependiendo del nivel de miedo que tenía 

que experimentar la entrevistada para ser computada como víctima de acoso. 

Existen tres diferencias principales entre nuestro estudio y la encuesta NVAW 

que pueden afectar nuestras respectivas estimaciones de acoso. En primer lugar, 

nosotros no incluimos algunas de las conductas que la encuesta NVAW incluyó 

(por ejemplo, destrucción de propiedad, envío de regalos no deseados, etc.); por 

otro lado, la encuesta NVAW no incluyó conductas que nosotros incluimos (por 

ejemplo, acoso por medio de correo electrónico). En segundo lugar, Tjaden y 

Thoennes (1998b) emplearon un elemento más conservador en su definición de 

acoso: las entrevistadas tenían que haberse sentido muy asustadas o haber temido 

la posibilidad de daño corporal para ser consideradas como víctimas de acoso. 

Nosotros empleamos los términos «te asustó o te hizo sentirte preocupada por 

tu seguridad» y «asustada», para operativizar el criterio del miedo empleado por 

muchos códigos penales estatales. En tercer lugar, empleamos una muestra nacional de mujeres estudiando en universidades. La encuesta NVAW empleó una 

muestra nacional de mujeres del público en general. Los pocos estudios realizados hasta la fecha sugieren que las víctimas de acoso tienden a ser jóvenes y, 

por tanto, es posible que nuestra estimación más elevada sea consecuencia del 

hecho de que nuestra muestra incluía un mayor grupo de mujeres que por su juventud exhibían un mayor riesgo a esta forma de victimación (Fisher, Cullen y 

Turner 1999; Tjaden y Thoennes 1998b). 

Aunque se pueden obtener importantes datos sobre el acoso tanto de la encuesta NVAW dirigida por Tjaden y Thoennes como de nuestro estudio, la metodología para medir el acoso se encuentra aún en una etapa embrionaria. Es 

preciso realizar más estudios para desarrollar filtros más válidos y cuestionarios 

de seguimiento de los incidentes que capturen de forma más precisa lo que ha 

ocurrido en el conjunto de encuentros entre acosador y víctima que se combinan para dar lugar a «un incidente» de acoso. 

Respuestas narradas a preguntas abiertas en el Estudio Nacional sobre Violencia contra Estudiantes Universitarias 

Durante el mismo período en que realizamos el estudio NCWSV, también 

realizamos otro estudio nacional para examinar la prevalencia y la naturaleza de 

la violencia entre mujeres universitarias —el Estudio Nacional de Violencia contra Estudiantes Universitarias (National Violence Against College Women, 

NVACW). En este estudio obtuvimos datos sobre actos de violencia que incluían 
170 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

violaciones, agresiones sexuales, robo, agresiones severas, agresiones leves y 

contactos sexuales no deseados. 

Para este estudio revisamos y ajustamos las medidas de la NCVS del BJS a 

las necesidades de nuestro estudio. La tasa de respuesta para este estudio fue del 

91.6 %.

El diseño de investigación empleado en el estudio NVACW es idéntico al 

empleado en el estudio NCWSV salvo tres excepciones. Primero, la formulación 

de las preguntas de filtro y de los cuestionarios de seguimiento era diferente. Con 

la excepción de los cambios que hemos señalado, las preguntas de filtro y los 

cuestionarios de seguimiento eran idénticos a los empleados en la NCVS. Segundo, la violación y la agresión sexual fueron definidas operacionalmente de 

conformidad con los criterios empleados por el BJS y la NCVS. En tercer lugar, al igual que la NCVS, el estudio NVACW recogía dos conjuntos de respuestas narradas procedentes de preguntas abiertas en las que las entrevistadas empleaban sus propias palabras para describir la experiencia de victimación a los 

entrevistadores/as. Estas respuestas abiertas no están estructuradas o diseñadas 

para medir de forma sistemática qué tipo de victimación tuvo lugar. Inicialmente 

las incluimos en el estudio solamente porque formaban parte del cuestionario de 

la NCVS. Después de completar nuestro estudio, sin embargo, nos dimos cuenta de que estas descripciones personales de los incidentes de victimación podían 

ser empleadas como una fuente potencial de datos. En particular, estas descripciones ofrecen la oportunidad de comparar cómo las respuestas a preguntas cerradas contrastan con las respuestas a preguntas abiertas. 

Dado que las preguntas abiertas no estaban diseñadas para recoger información detallada sobre el incidente de victimación, a veces es difícil discernir si 

el incidente descrito por una entrevistada en particular reuniría todos los requisitos legales para el delito de violación. Para tratar este problema, codificamos 

cada respuesta a las preguntas abiertas de dos formas: (1) la respuesta abierta 

sugiere que el delito más serio ha sido cometido, y (2) la respuesta abierta sugiere que un delito menos serio ha sido cometido. De esta forma pudimos agregar este código para alcanzar, en base a las descripciones a estas preguntas abiertas, un número que oscila entre una estimación conservadora (solamente casos 

que «definitivamente» son descritos como violaciones consumadas son computados como tales) y una estimación menos conservadora (todos los casos que 

«parecen» ser una violación consumada son computados como tales). En esencia empleamos datos cualitativos para obtener una estimación cuantitativa de los 

límites inferiores y superiores entre los que oscilan la medida real de violación. 

En el Cuadro 10 ofrecemos una muestra del tipo de respuestas a las preguntas 

abiertas que codificamos como violación consumada o tentativa de violación. Las 
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 171 

Cuadro 10. Muestra de respuestas a las preguntas abiertas en el NVACW 

Clasificación del incidente en 

Pregunta de filtro Descripción del incidente función de la descripción 

ofrecida en la respuesta a la 

pregunta abierta 

Fui a visitar a uno de mis amigos, y cuando todos 

estábamos juntos nos dirijimos al sótano de la 

casa de mi amigo. La persona a la que había ido 

Violación a ver fue arriba y me dejó abajo con otro amigo. 

Él me dijo que iba a conseguirme, yo intente saViolación consumada 

lir, pero el me tiró al suelo y me violó. Sabía que 

tenía una pistola, así que estaba asustada de hacer nada. 

Cuando estaba andando hacia mi casa desde el 

trabajo alguien se acercó a mi, me preguntó la 

hora y entonces me adelantó como 10 metros. 

Agresión sexual Después él me estaba siguiendo. Anduve 3 man­ Agresión sexual grave / 

zanas y entonces otra persona me adelantó. Unas violación consumada 

manzanas más adelante estaban detrás de mí 

con una pistola en mi espalda y me pidieron dinero y yo no tenía nada, así que me llevaron detrás de una casa y me asaltaron allí. 

Le invité a entrar (entrevistadora: ¿a quién?), era 

Alguien intentó un amigo mío. El intentó hacer cosas que yo no Tentativa de violación 

violarme quería. Le pegué y le eché de la habitación. 

Estaba llevándole a casa en mi coche desde un 

Alguien intentó bar y le pedí que esperase en el coche porque Agresión sexual menor / 

forzarme tenia que ir al servicio, volví al coche y le di las Tentativa de violación 

sexualmente gracias y él intentó forzarme, le empujé y él intentó de nuevo con más fuerza. Le dije que me 

dejara, él intentó con más fuerza, pero sin dañarme. Le empujé y le dije que saliera de mi coche en ese momento. 

Las palabras claves para la clasificación están en negrita. 

dos primeras columnas incluyen las respuestas a las preguntas abiertas, mientras que la tercera columna ofrece el rango de nuestra clasificación de códigos 

para dicho incidente (véase Fisher y Cullen, 1999). 

Tomando en consideración todas las respuestas narrativas analizadas, ¿cuántas pueden ser interpretadas como la descripción de una violación consumada, 

intentada o amenazada? (véase Cuadro 11). Este es el borde superior de la estimación. De forma alternativa, empleando una interpretación más «conservadora» de las respuestas a preguntas abiertas, ¿cuál es el número menor de violaciones que uno puede considerar que tuvieron lugar entre las universitarias 

encuestadas? Como puede verse en el Cuadro 11, el intervalo de estimación es 
172 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

muy amplio. De acuerdo con las respuestas a las preguntas abiertas podría haber tan pocos como 12 incidentes de violación en la muestra o tantos como 42. 

Es de destacar que la estimación que define el borde superior del intervalo es más 

del doble del número de incidentes de violación derivado del cómputo basado 

en las respuestas a las preguntas cerradas (n=20). 

La ambigüedad de las descripciones de los incidentes proporcionada por 

muchas de las entrevistadas hace arriesgado el concluir que el borde superior de 

este intervalo es la estimación «verdadera» o la «más ajustada» del número de 

incidentes de violación en la muestra. Sin embargo, es importante destacar que 

muchas de las respuestas a las preguntas abiertas que fueron clasificadas como 

violación proceden de incidentes caracterizados como agresiones sexuales o 

contactos sexuales no deseados por medio de las preguntas cerradas. Este resultado plantea la posibilidad de que las preguntas cerradas empleadas por la NCVS 

dejen de computar al menos algunos, y potencialmente un número significativo 

de incidentes de violación. 

Cuadro 11. Cambios en la estimación de incidentes y tasas basadas 

en las preguntas cerradas de la encuesta de incidentes, empleando las 

narraciones de todos los incidentes clasificados como un delito de tipo 

«sexual» (n=145) 

DistribuDistribu- Distribu- ción de 

ción de ción de frecuenfrecuencias frecuencias cias basabasadas en basadas en das en las 

las pregun- las res- respuestas 

tas cerra- Tasa por puestas a Tasa por a las pre- Tasa por 

das en el cada 1.000 las pregun- cada 1.000 guntas cada 1.000 

cuestiona- estudian- tas abier- estudian- abiertas: estudianTipo de rio de se- tes univer- tas: límite tes univer- límite su- tes univerincidente guimiento sitarias inferior sitarias perior sitarias 

Violación 20 4.51 12 2.70 42 9.48 

Violación 9 2.03 4 0.90 13 2.93 

consumada 

Tentativa de 8 1.81 6 1.35 26 5.87 violación 

Amenaza 

verbal de 3 0.68 2 0.45 3 0.68 

violación 
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 173 

El impacto del método consistente en combinar preguntas de filtro y cuestionarios de seguimiento en las estimaciones de violación 

El NCWSV y el NVACW proporcionan una oportunidad para explorar cómo 

el combinar preguntas de filtro y cuestionarios de seguimiento puede influir las 

estimaciones de violación. Una comparación de los dos estudios revela que la 

estimación de violaciones en el NCWSV es sustancialmente mayor que en el 

NVACW. Por ejemplo, la tasa de violaciones consumadas por cada 1.000 universitarias es 9.5 veces mayor en el NCWSV comparado con el NVACW (19.34 

y 2.03 respectivamente). La tasa de incidencia de las tentativas de violación revela un patrón similar. El NCWSV tiene estimaciones marcadamente mayores 

(8.8 veces superiores) que el NVACW (15.97 comparado con 1.81 por cada 1.000 

universitarias) (Fisher y Cullen, 1999). Estos resultados sugieren, por tanto, que 

incluso con el formato rediseñado, las encuestas que emplean los métodos de la 

NCVS para medir la violación son más propensos a encontrar tasas de 

victimación más bajas que aquéllas que emplean preguntas de filtro basadas en 

descripciones conductuales más específicas, incluso en aquellas instancias, como 

en el NCWSV, en las que las preguntas de filtro sean acompañadas de un cuestionario de seguimiento de forma similar a como en el caso de la NCVS. 

Conclusiones: Líneas Maestras para Futuros Estudios 

La medición de la victimación sexual es una empresa llena de retos, el «mayor reto metodológico en los estudios por medio de encuestas» (Smith 1987, 

185). 

El reto, pensamos, consiste en aprender de los estudios realizados hasta la 

fecha y en los debates que se han producido para ofrecer un mapa de los caminos que la próxima generación de estudios puede seguir de forma provechosa. 

Aprovechando el consejo de Blalock (1970, 111), «Con una única medida... uno 

puede permanecer en una bendita ignorancia sobre la posibilidad del [error de] 

medición», ¿hacia dónde debe dirigirse la investigación futura? Tenemos varias 

sugerencias. 

En primer lugar, el desarrollo por parte de Koss et al. de preguntas basadas 

en descripciones conductuales específicas para «estimular» a las encuestadas a 

declarar una victimación a las entrevistadoras dio un paso importante en la medición de la victimación sexual. 

Estas preguntas de filtro o estímulo emplean de forma común palabras tales como «tener sexo», «coito», «usar la fuerza», «amenazar o intentar dañar» 
174 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

y contacto sexual «no deseado o no invitado». ¿En qué momento se puede hablar de sexo? Esta cuestión es importante porque, en la medida en que estas palabras y frases pueden ser interpretadas de forma diferente, pueden generar respuestas muy diferentes por parte de mujeres que han experimentado el mismo 

tipo de incidente. Una línea de investigación, por tanto, debería explorar lo que 

las encuestadas creen que términos tales como fuerza, amenazas, intentos, y no 

deseado significan en el contexto de una encuesta de victimación. Esta cuestión 

podría ser explorada por medio del uso de grupos de discusión que examinaran 

en detalle lo que palabras específicas en cuestionarios de encuestas significan 

para las mismas. Otra posibilidad sería el construir viñetas que variasen experimentalmente, por ejemplo, el tipo de fuerza empleada, y ver así cómo las mujeres definen la «fuerza» empleada en cada viñeta (p.ej., si este acto les ocurre 

a ellas, ¿lo definirían como fuerza?) (Schwartz 1998). 

En segundo lugar, solamente estamos comenzando a comprender la validez 

de las preguntas de filtro o estímulo que se emplean en las encuestas de 

victimación sexual y cómo diferentes preguntas pueden llevar a las mujeres a 

declarar, con mayor o menor frecuencia, que han sido victimizadas sexualmente. 

La investigación que solamente emplea preguntas basadas en descripciones 

conductuales específicas de la violación puede que no tenga en cuenta a mujeres que podrían ser detectadas como víctimas de violación empleando otro tipo 

de filtros. Yendo más allá de este ejemplo, nuestro conocimiento relativo a qué 

preguntas o qué combinación de preguntas son las más efectivas para estimular 

la declaración de incidentes de violación permanece subdesarrollado. Estudios 

sistemáticos que empleen diseños experimentales son necesarios para investigar 

de qué forma el rango y la formulación de las preguntas afecta a la forma en la 

que las encuestadas declaran su victimación en las entrevistas. 

En tercer lugar, y relacionado con lo anterior, existe la necesidad de desarrollar el trabajo conceptual que decida precisamente qué tipo de conductas entraría dentro de la etiqueta «victimación sexual». Es preciso desarrollar estudios 

que exploren en qué medida conjuntos más comprensivos de preguntas de estímulo podrían ser más efectivos para conducir a las encuestadas a declarar violaciones y otros incidentes de victimación. 

En cuarto lugar, en nuestra propia investigación hemos optado por usar una 

combinación de preguntas basadas en descripciones conductuales específicas 

para estimular el recuerdo de incidentes y un cuestionario de seguimiento que 

hacía una serie de preguntas más detalladas para determinar cómo debía 

clasificarse el incidente. Este enfoque tiene la ventaja de emplear respuestas a 

preguntas detallas, en lugar de simples respuestas afirmativas a las preguntas de 

filtro, para categorizar los incidentes. Sin embargo, solamente tenemos una com­
LA MEDICIÓN DE LA VICTIMACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES 175 

prensión preliminar de cuáles son las fuentes del error de medición que el uso 

de estos cuestionarios de seguimiento puede introducir. Dado que no existen estudios al respecto, las discusiones sobre el posible error de medición asociado 

con el uso de cuestionarios de seguimiento siguen siendo especulativas. 

En quinto lugar, quizás deberíamos explorar la posibilidad de emplear nuevos métodos para realizar encuestas de victimación sexual (Schwartz 1998). 

Percy y Mayhew (1997) destacan que la Encuesta Británica del Delito (British 

Crime Survey, BCS) incluye un enfoque innovador para medir la victimación de 

las mujeres: las encuestadas emplean ordenadores para leer y responder las preguntas de la BCS 1. 

En sexto lugar, y en relación con lo anterior, una restricción inherente de las 

estrategias existentes para medir la victimación sexual (tanto si hablamos de la 

SES de Koss, del modelo de la NCVS o de nuestro método de combinación de 

estos dos enfoques) es que se basan en el uso de secuencias de preguntas 

preexistentes que son inflexibles y se emplean con todas las entrevistadas. 

En este sentido, por tanto, propondríamos que las encuestas de victimación 

se redefinan para incluir lo que podríamos llamar preguntas «cualitativas 

estructuradas». A un nivel general, sería importante recoger datos haciendo que 

las encuestadas «nos cuenten su historia» de lo que el incidente supuso (es decir, permitir una narración más elaborada de lo que «les pasó») (véase Smith 

1994). A un nivel más específico, los instrumentos de las encuestas podrían ser 

desarrollados para que, de una forma más estructurada, instruyeran a las entrevistadoras sobre en qué momento deberían tratar de hacer preguntas de comprobación adicionales y que recogieran más información. 

Estos datos cualitativos serían de utilidad por tres razones. Primero, podrían 

ser empleados para codificar los incidentes de forma más ajustada por medio de 

información suplementaria sobre las experiencias de las encuestadas. Segundo, 

los resultados de las encuestas cualitativas estructuradas podrían compararse en 

estudios experimentales con los resultados de encuestas tradicionales que miden 

la victimación solamente por medio de respuesta de «sí» o «no» a una serie de 

preguntas cerradas. Tercero, las respuestas literales podrían arrojar luz sobre el 

proceso de victimación sexual (qué pasó exactamente, qué decisiones fueron 

adoptadas, cuándo, dónde y por qué, y qué acciones fueron adoptadas dónde y 

por qué). Este tipo de comprensión podría (1) ayudar al desarrollo de un continuo de victimación sexual, e (2) informar los programas de prevención de 

1 Para aumentar así sus sentimientos de privacidad y confidencialidad de sus respuestas. (N. 

del T.) 
176 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

victimación sexual sobre los puntos más eficaces de intervención (véase Leidig 

1992). 

En séptimo lugar, la «victimación» sexual puede ser contemplada como una 

realidad que es «socialmente construida», con los participantes interpretando y 

dando significado a lo que ha ocurrido en un incidente de victimación (era o no 

era «violación»). Para casi cualquier otro delito (robos de pisos, atracos, sustracciones), la idea de medidas objetivas, en lugar de hablar de una realidad socialmente construida, no despierta tantos problemas. Con la victimación sexual, sin 

embargo, sigue existiendo el problema de que la forma en que la gente construye socialmente los incidentes de victimación sexual puede ser una fuente mayor, no menor, de «error de medición» en la forma en que se responde a preguntas en encuestas de victimación. Pero también es preciso saber más sobre el rango 

de factores (por ejemplo, características sociodemográficas, rasgos individuales 

de personalidad, conciencia política, redes sociales de apoyo, y experiencias directas y vicarias de victimación) que afectan a cómo la gente interpreta los incidentes de victimación sexual y cómo estos factores pueden influir sus respuestas en encuestas de victimación. 

En octavo lugar, ya para finalizar, existe la necesidad de estudios 

longitudinales que exploren la victimación sexual de la mujer a lo largo de la 

vida. Con la excepción de la NCVS (que sigue a los domicilios durante un período de 3 años), la mayoría de los estudios de victimación sexual han empleado diseños transversales. 

Concluyendo, reconocemos que la medición de la victimación sexual seguirá 

siendo una labor imperfecta. La naturaleza de la victimación sexual y las profundas reacciones que a menudo provoca esta experiencia en las víctimas, indudablemente restringen lo que podemos medir por medio del uso del método de 

encuestas científicas sociales tradicionales. Aún así, no creemos que hayamos 

alcanzado el límite de lo que podemos medir y aprender en este campo. Aunque la medición de la victimación sexual ha llegado muy lejos, ésta ha alcanzado el punto de alumbrar, no verdades inalcanzables, sino cuestiones críticas que 

aún deben ser investigadas. 

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EL MIEDO AL DELITO EN LOS ESTADOS UNIDOS: 

LÍNEAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 

MARK WARR 

Mark Warr es Catedrático en el Departamento de Sociología de la Universidad de Texas en Austin 

Traducción de Mario Arroyo 

RESUMEN 

El miedo al delito afecta a muchas más personas en los Estados Unidos que el 

delito mismo, y existen razones fundadas para tratar el delito y el miedo al mismo 

como problemas sociales distintos. Después de analizar el estado del conocimiento sobre el miedo, el presente capítulo considera cómo el miedo de la gente al delito puede y debe ser controlado, así como las implicaciones morales y prácticas de 

hacerlo. La discusión se basa en la literatura existente sobre la percepción del riesgo y la comunicación del mismo, así como en la etiología del miedo y la opinión 

pública sobre la delincuencia. Un objetivo final del capítulo es identificar las más 

acuciantes preguntas sin respuesta sobre el miedo a las que se enfrentan hoy los investigadores. 

Los eventos delictivos captan la atención del público en general como pocos otros sucesos (cfr. Skogan y Maxfield 1981). Una explicación es que los 

delitos reciben un énfasis extraordinario en los medios de comunicación de masas, desde la cobertura de noticias a las películas de estreno, pasando por 

telefilmes y ficciones delictivas (Graber 1980; Skogan y Maxfield 1981; Warr 

1994). Pero, aun sin esta clase de amplificación, los delitos son eventos intrínsecamente interesantes. En tanto que recuentos condensados y emblemáticos de 

la conflictividad del ser humano, provocan profundos cuestionamientos sobre la 

naturaleza y las fuentes de la motivación humana, de la desgracia de los semejantes, de la capacidad del Estado para mantener el orden social y, finalmente, 

de la presencia o ausencia de la justicia en los asuntos humanos. 

Existe otra razón, quizás más importante, por la que los delitos generan tan 

agudo interés público. Los eventos delictivos, en su nivel más elemental, son 

hechos escalofriantes. Son un recordatorio para todos de que el mundo no es un 
182 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

lugar seguro, de que el peligro puede presentarse en cualquier momento o lugar 

y de que la vida, finalmente, es frágil y preciada. 

A juzgar por la atención prestada por los criminólogos, el miedo al delito 

fue visto como una consecuencia trivial de la criminalidad durante la mayor parte 

de la historia de la Criminología. Ninguno de los grandes representantes de la 

Criminología del siglo XIX prestó al tema demasiada atención, y la situación 

cambió poco durante la primera mitad del siglo XX. Muchos investigadores, al 

parecer, adoptaron la cuestionable visión de sentido común de que el miedo es 

directamente proporcional al riesgo objetivo y asumieron que las estrategias de 

control del delito son ipso facto estrategias para controlar el miedo. Aun cuando las graves consecuencias personales de la victimación eran visibles para los 

criminólogos, nadie concebía que el miedo por sí solo pudiera ser perjudicial. 

Sin embargo, hace tres décadas, la Comisión Presidencial sobre Aplicación 

de la Ley y la Administración de la Justicia (President’s Commission on Law 

Enforcement and Administration of Justice, 1967,3) hizo esta breve pero incisiva observación: «El más dañino de los efectos de los delitos violentos es el miedo, y ese miedo no debe ser menospreciado». Esta afirmación anticipó un cambio fundamental en la forma en que los criminólogos pensaban las consecuencias 

del delito, cambio que fue una influencia decisiva en el curso de la investigación 

criminológica de los años posteriores. Para entender completamente las consecuencias sociales del delito, los criminólogos se percataron que los investigadores 

no podían centrarse solamente en aquéllos que habían sido víctimas directas del 

delito. Importantes como son estos individuos, los investigadores también deben 

concentrarse en aquéllos que sufren a través de formas de victimación indirectas (Conklin, 1975), entre las cuales el miedo al delito es una de las más sobresalientes. 

Las aleccionadoras implicaciones de este enfoque fueron pronto reveladas 

a través de encuestas de investigación que demostraron que el miedo al delito 

en los Estados Unidos tiene una prevalencia mayor que la propia victimación 

(con frecuencia en niveles de magnitud), y que los estadounidenses reaccionan 

a este miedo a través de una variedad de conductas precavidas tan constantes y 

normativas que forman un elemento significativo y definitorio de la cultura estadounidense (Warr 1994). 

Desde la época de la Comisión Presidencial, se han realizado cientos de estudios sobre el miedo al delito, apareciendo el tema con regularidad en las revistas científicas de la especialidad. Sin embargo, por razones que permanecen 

sin elucidar, el estudio del miedo parece haberse detenido en una fase rudimentaria de su desarrollo, situación que corre el peligro de convertirse en un completo estancamiento. Los investigadores continúan revisando los mismos y gas­
EL MIEDO AL DELITO EN LOS ESTADOS UNIDOS 183 

tados temas y, aun después de tres décadas, el significado del término «miedo» 

continúa siendo un asunto de controversia. 

Este capítulo tiene tres objetivos principales. El primero es identificar las 

preguntas sin respuesta más acuciantes sobre el miedo al delito, otorgando el 

debido reconocimiento a las líneas de investigación y tradiciones existentes en 

el tema. Otro objetivo es considerar los méritos y prospectos para el control del 

miedo del público al delito, reconociendo que el miedo tiene tanto consecuencias benéficas como dañinas, que los individuos pueden estar demasiado despreocupados al mismo tiempo que demasiado preocupados, y que el miedo depende 

en parte de factores subjetivos para los cuales no existen estándares o valoraciones objetivas. Las complejidades logísticas y éticas de controlar el miedo han 

alejado por lo tanto a los investigadores de cualquier discusión prolija sobre el 

tema, pero es un tema demasiado importante como para ignorarlo o diferirlo. Un 

objetivo final del capítulo es ofrecer un breve repaso de la historia de la investigación sobre el miedo al delito para aquéllos no familiarizados con el tema. 

LA NATURALEZA DEL MIEDO 

A pesar de décadas de investigación y debate, los investigadores aún tienen 

que consolidar una definición de miedo al delito. Con el paso de los años, la frase 

ha sido equiparada con una variedad de estados emocionales, actitudes o percepciones (incluyendo la desconfianza en los otros, ansiedad, percepción de riesgo, miedo a los extraños, o preocupación sobre el deterioro en los vecindarios 

o bien por un decaimiento de la moralidad nacional). Aun aquéllos cuyo trabajo es loable parecen tener problemas al definir el miedo al delito. Ferraro y 

LaGrange, por ejemplo, definieron inicialmente el miedo como «reacciones 

emocionales negativas generadas por el delito o por símbolos asociados con el 

delito» (1987, 73). Sin embargo, con esta definición sería difícil distinguir el 

miedo de la tristeza, la ira, la desesperación o la resignación. 

Mucha de la confusión sobre el significado del miedo parece que se deriva 

del error de no reconocer las distinciones elementales entre percepción, cognición y emoción. A pesar de las reivindicaciones de algunos, el miedo no es una 

percepción del medio ambiente (un acto consciente o una experiencia de estímulos sensoriales), sino una reacción al medio ambiente percibido. Aun cuando el miedo puede ser el resultado de un proceso cognitivo o de una evaluación 

perceptiva de la información (por ejemplo, la apreciación de que un hombre que 

se aproxima está armado, o que determinado sonido indica peligro), el miedo no 

es en sí mismo una creencia, una actitud o una evaluación. Por el contrario, el 
184 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

miedo es una emoción, un sentimiento de alarma o temor causado por un acto 

consciente o por una expectativa de peligro (véase Sluckin 1979). Este estado 

afectivo es ordinariamente (aunque no necesariamente) asociado con ciertos cambios fisiológicos, que incluyen el incremento del ritmo cardiaco, respiración rápida, sudoración, sequedad de boca e incremento de la respuesta galvánica de 

la piel (Thomson, 1979; Mayes 1979). 

Si no fuera un asunto serio, el desacuerdo entre criminólogos sobre el significado del miedo podría ser divertido. Cualquiera que sea la confusión que los 

criminólogos llegan a sufrir, sin embargo, el concepto de miedo es utilizado de 

forma rutinaria y provechosa en psicología y en ciencias naturales, con considerablemente menos discusión sobre su significado. En la vida cotidiana, la emoción 

del miedo es una experiencia común para la mayoría de los seres humanos, por 

lo que no es más misterioso que la ira, la alegría o la tristeza. Por su parte, los 

criminólogos continúan exhibiendo una tendencia a aislar o compartimentar «el 

miedo al delito», para asumir que éste difiere en algún modo fundamental de otros 

miedos ordinarios, como el miedo a los accidentes de tráfico, el miedo a caerse, 

o el miedo a una enfermedad. Pero no existe evidencia de que el miedo al delito 

sea cualitativamente diferente de otras formas de miedo. Lo que diferencia a uno 

de otro es simplemente el objeto o el estímulo del miedo. 

Una fuente común de confusión, cuando se tiene que definir el miedo al delito, surge cuando los investigadores equiparan el miedo al delito con la percepción del riesgo de victimación (i.e., la probabilidad subjetiva de victimación). 

Sin embargo, existen razones precisas (entre ellas de precisión predictiva, de 

validez convergente y de necesidad lógica) para considerar que la percepción del 

riesgo es una causa asociada al miedo —no el miedo en sí mismo (véanse Warr 

y Stafford 1983; Warr 1984, 1985, 1991, 1994; Ferraro 1995). Además, existe 

evidencia comprobada de que las mediciones del miedo y las mediciones del riesgo percibido no miden el mismo fenómeno y no se comportan de forma similar 

con respecto a otras variables (Rountree y Land 1996; Ferraro 1995). En suma, 

el miedo no es percepción del riesgo; de acuerdo con todos los indicios, es su 

consecuencia. 

El miedo al delito puede ser provocado por un peligro inmediato, como cuando un individuo es confrontado por un agresor armado o es verbalmente amenazado con un daño. Este tipo de experiencia intensa e inmediata parece ser lo 

que algunos tienen en mente cuando hablan de miedo al delito. Como seres emocionales y simbólicos, los humanos tienen sin embargo la habilidad de anticipar o reflexionar eventos que se sitúan en el futuro o que no son inmediatamente aparentes. De ahí que las personas puedan experimentar miedo simplemente 

como anticipo de posibles amenazas o como reacción a las señales ambientales 
EL MIEDO AL DELITO EN LOS ESTADOS UNIDOS 185 

(por ejemplo, oscuridad, graffiti) que implican peligro. Los psicólogos con frecuencia usan los términos miedo y ansiedad para distinguir las reacciones a 

amenazas inmediatas (miedo) de las reacciones a eventos futuros o pasados (ansiedad). Esta claridad de términos no ha sido adoptada en la investigación sobre el miedo al delito, pero parece que la mayoría de las mediciones del miedo 

están diseñadas para registrar la ansiedad en lugar del miedo a la victimación. 

Esta costumbre descansa evidentemente en la suposición de que la ansiedad acerca de una futura victimación es mucho más frecuente entre el público en general que el miedo asociado a eventos delictivos verdaderos, una suposición razonable (véase Warr 1994). De aquí en adelante, habré de hacer la distinción entre 

miedo y ansiedad, cuando sea útil heurísticamente o cuando sea la forma más 

apropiada. 

Por su propia naturaleza, el término miedo parece implicar un desvarío emocional o una condición psicológica. A diferencia del amor, el placer o la felicidad, 

el miedo no es un estado que las personas (dejando de lado a los aficionados al 

peligro) normalmente persigan. Sin embargo, asumir que el miedo es por lo tanto 

disfuncional para un organismo supone cometer un serio error. Por el contrario, 

la presencia del miedo en prácticamente todos los animales no es un accidente. Sin 

el miedo, los animales de presa caminarían en medio de sus depredadores y los 

humanos corretearían a lo largo de autopistas congestionadas, ingerirían a 

sabiendas sustancias tóxicas, o dejarían a sus hijos desprotegidos. Desde una perspectiva evolucionista, los animales que carecieran de miedo no sobrevivirían lo 

suficiente como para reproducirse, sugiriendo que el miedo es un poderoso factor de selección natural (Russell 1979; Mayes 1979). 

El miedo, entonces, no es intrínsecamente malo. Llega a ser disfuncional 

cuando el miedo es desproporcionado al riesgo objetivo. Regresaremos a este 

tema más tarde cuando consideremos el control del miedo. 

El miedo al delito puede ser caracterizado por un gran número de propiedades, incluyendo la intensidad (el lenguaje reconoce muchos grados de miedo: 

terror, preocupación, alarma, aprensión, espanto, temor), la prevalencia (proporción de una población que experimenta miedo durante algún periodo de referencia) y la duración, tanto entre individuos como dentro de unidades sociales (por 

ejemplo, comunidades, ciudades, naciones). Debido a que los eventos delictivos 

reales o la exposición a signos inmediatos de peligro son usualmente breves, los 

episodios de miedo (estrictamente definidos) son por lo general también breves. 

Cuando los individuos se enfrentan a un ambiente ostensiblemente peligroso 

pueden experimentar naturalmente miedo por su propia seguridad personal. Al 

mismo tiempo pueden sentir miedo por otros individuos (por ejemplo, niños, 

cónyuges o amigos) cuya seguridad valoran. Es esencial, por lo tanto, distinguir 
186 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

el miedo personal (el miedo de uno mismo) del miedo altruista (el miedo por 

otros). La prevalencia y el poder del miedo altruista son ilustrados por la enorme reacción pública que con frecuencia se otorga a los delitos cometidos en contra de los niños (por ejemplo, Polly Klaas, Columbine High School). Dichas reacciones reflejan seguramente, no solo aflicción por la víctima, sino también la 

profunda preocupación de los padres por la seguridad de sus propios hijos. 

Una de las recriminaciones más fuertes que se pueden hacer en contra de la 

investigación sobre el miedo al delito es el fallo constante de los investigadores 

en recopilar datos sobre el miedo altruista, o incluso reconocer su existencia. Es 

absolutamente posible que el miedo altruista prevalezca tanto como el miedo 

personal (quizás aún más) y tiene consecuencias que son distintas de, o bien 

amplifican aquéllas que se derivan del miedo personal. La investigación sobre 

el miedo altruista puede también proporcionar puntos de vista dentro de la 

sociometría del miedo en las organizaciones sociales. Por ejemplo, en los hogares, ¿las esposas se preocupan por sus maridos más que ellos por sus esposas?, 

¿ambos comparten idénticos temores sobre sus hijos?, ¿cómo afecta la edad o 

el sexo de los hijos al sentimiento de miedo de los padres? 

LA MEDICIÓN DEL MIEDO 

El miedo al delito puede ser medido solicitando autoinformes a los individuos o mediante el seguimiento de los procesos fisiológicos asociados al miedo. La emoción del miedo está ordinariamente acompañada por ciertos cambios 

fisiológicos involuntarios, y éstos pueden ser utilizados como indicios para medir 

la presencia o intensidad del miedo (Thomson 1979; Mayes 1979). Una de las 

ventajas potenciales de las mediciones fisiológicas del miedo es que permiten 

la medición del miedo tal y como está ocurriendo, esto es, en tiempo real en escenarios naturales. Dado que el miedo es con frecuencia una emoción pasajera 

y puede ocurrir en momentos o lugares inoportunos (por ejemplo, avanzada la 

noche en un aparcamiento urbano), esto no es una ventaja menor. Otro beneficio relacionado con las medidas fisiológicas del miedo es que éstas eliminan 

muchos de los problemas asociados con los autoinformes, incluyendo errores de 

memoria, la exigencia de impresiones o la reticencia en revelar emociones. 

Sin embargo, las mediciones fisiológicas del miedo tienen ciertas limitaciones. No pueden revelar directamente la fuente del miedo, por ejemplo, las personas, cosas o eventos a los cuales se está reaccionando. Más aun, no pueden 

distinguir el miedo al delito de otras formas de miedo (por ejemplo, miedo a los 

accidentes o a un cambio climático amenazante). Estas limitaciones pueden pre­
EL MIEDO AL DELITO EN LOS ESTADOS UNIDOS 187 

sentar pocos problemas en experimentos de laboratorio controlados (cuando, por 

ejemplo, a los sujetos les son presentadas escenas peligrosas o inocuas) porque 

las señales o estímulos de interés pueden ser aisladas y las señales confusas pueden ser eliminadas o controladas. Sin embargo, el número y variedad de señales que aparecen en escenarios naturales sugieren que las mediciones fisiológicas del miedo pueden ser de limitado valor en la investigación no experimental. 

Y más aún, los cambios fisiológicos generalmente asociados con el miedo también pueden estar acompañados de otros estados emocionales (Thomson 1979; 

Mayes 1979). Así, por ejemplo, parecen existir pocas bases fisiológicas para distinguir entre las personas que reaccionan a una amenaza violenta con ira y aquéllos que reaccionan con miedo. Un problema más es que los sentimientos de 

miedo y las reacciones fisiológicas parecen asociarse más bajo determinadas 

circunstancias (cuando, por ejemplo, el miedo es intenso) que en otras (Mayes 

1979). 

A pesar de estas desventajas, existe una necesidad imperiosa de explorar los 

usos de las mediciones fisiológicas del miedo, porque los beneficios en conocimiento son potencialmente grandes. Considérense algunas de las preguntas que 

podrían ser contestadas utilizando una medida contínua no intrusiva del miedo: 

• ¿Tiene el miedo una periodicidad diaria o semanal precisa? 

• ¿Qué microambientes —manzanas, establecimientos comerciales (por 

ejemplo, bares), vecindarios— son más generadores de miedo? 

• ¿Cómo se ve afectado el miedo por la presencia o ausencia de acompañantes u observadores? 

• ¿Provocan cierto tipo de personas (miembros de minorías, los que duermen 

en la calle) miedo entre algunos individuos? 

• ¿Estar solo en espacios públicos es más atemorizante que estar con extraños? 

• ¿En qué tipo de actividades cotidianas —escuela, trabajo, compras o 

casa— está el miedo más presente? 

• ¿Llevar un arma al salir de casa reduce o en realidad exacerba el miedo? 

• ¿Cuáles son las conductas de precaución menos obvias que la gente toma 

como respuesta al miedo (por ejemplo, establecer hábitos de horarios, vigilar los movimientos de los otros)? 

Medición del miedo a través de encuestas 

La investigación sobre el miedo al delito mediante encuestas es amplia, pero 

está compuesta de una variedad de preguntas absolutamente confusas que son 
188 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

utilizadas por los investigadores a lo largo de los años para medir el miedo al 

delito (véanse Ferraro 1995; Ferraro y LaGrange 1987; DuBow, McCabe y 

Kaplan 1979). Gran parte de esta diversidad proviene de la variación en el contexto estipulado en las preguntas de la encuesta. Algunas preguntas indagan sobre el miedo durante el día; otras, sobre el miedo durante la noche. Algunas son 

relativas al miedo en casa, mientras que otras interrogan a los informantes sobre su miedo en su propio vecindario o en su ciudad. Otras preguntan a los informantes sobre su miedo cuando están solos o con otros. Tanta sensibilidad al 

contexto entre los investigadores es loable, pero es de poco valor a menos que 

dichas variables contextuales sean sistemáticamente analizadas y sus efectos 

evaluados. Desafortunadamente, rara vez es el caso. 

Sin embargo, una pregunta específica ha sido el estándar de facto para medir el miedo al delito: «¿Existe algún lugar cerca de donde usted vive —esto es, 

en el radio de una milla— en el que tendría miedo de caminar solo por la noche?». La pregunta se ha vuelto convencional no porque haya sido seleccionada por científicos sociales, sino porque ha sido utilizada habitualmente por la 

empresa Gallup y el Centro Nacional de Investigación sobre Opinión (National 

Opinion Research Center, NORC) para medir el miedo desde los años 1960. 

Durante las últimas tres décadas, aproximadamente del 40 al 50 por ciento de 

los estadounidenses encuestados cada año han respondido afirmativamente a esta 

pregunta (para una revisión, véase Warr 1995a). 

La pregunta de Gallup/NORC ha sido criticada (por ejemplo, Ferraro 1995) 

en muchos aspectos: es hipotética (dónde tendría usted miedo), está limitada a un 

tiempo nocturno, no menciona el delito y sólo mide crudamente la intensidad. Para 

ser justo, hay que admitir que la medida de prevalencia del miedo obtenida con 

esta pregunta no es radicalmente diferente de la que se mide en otras encuestas 

nacionales (véase Warr 1995a), y el uso habitual de la pregunta permite hacer comparaciones longitudinales del miedo, aunque sólo sea en términos relativos. 

Sin embargo, esta clase de preguntas pone sobre la mesa temas mucho más 

profundos. Hace casi dos décadas, Warr y Stafford (1983) preguntaron a los residentes de Seattle que informasen de su miedo cotidiano, no al «delito» en general, sino a una variedad específica de delitos que iban desde delitos violentos 

como el homicidio, la violación y el robo con violencia, a diversos delitos contra la propiedad y el orden público. Aún hoy, el rango de ofensas que surgieron 

de sus análisis continúa sorprendiendo a muchos. Por ejemplo, el homicidio 

puntuó bajo en la lista de miedos, mientras que el robo en domicilios sobrepasó a todos los demás delitos con respecto al miedo. Warr y Stafford demostraron que estos hallazgos no eran anómalos o incluso contraintuitivos. Contrario 

a la creencia común, ellos mostraron que el miedo no está determinado simple­
EL MIEDO AL DELITO EN LOS ESTADOS UNIDOS 189 

mente por la seriedad de un delito. El grado de miedo asociado a delitos particulares es una función multiplicadora de la gravedad percibida y del riesgo percibido de los delitos. Para generar un miedo intenso, un delito debe ser percibido tanto como grave cuanto como probable de ocurrir. El robo en domicilio es 

el delito más temido en los Estado Unidos porque es visto tanto como relativamente grave, cuanto como bastante probable. El homicidio, en cambio, es visto 

como muy grave pero improbable. 

Desde la publicación de los resultados de Warr y Stafford se han recogido 

únicamente datos escasos sobre el miedo a delitos específicos (véanse Warr 

1995a; Ferraro 1995; Haghighi y Sorensen 1996). Esta información generalmente 

corrobora la jerarquía de miedos observada por Warr y Stafford (en tanto que 

utilizan delitos comparables), pero el miedo continúa siendo medido principalmente a través de medidas generales o colectivas del tipo que utilizan Gallup y 

NORC. En consecuencia, hoy en día preguntas importantes sobre el miedo permanecen sin respuesta. Por ejemplo, cuando los entrevistados informan de su 

grado de miedo al «delito» en encuestas sociales, ¿qué delitos específicos tienen en mente?, ¿son estos delitos similares entre individuos? La respuesta es que 

seguramente no lo son; el miedo a la violación, por ejemplo, es muy pronunciado 

entre mujeres y presumiblemente no entre los hombres (véase Warr 1985). En 

una pregunta distinta, ¿están ligadas las conductas de precaución específicas, 

como evitar algún espacio y cambiar horarios (desarrollar la misma actividad en 

un tiempo ostensiblemente más seguro), al miedo a delitos específicos? 

Otra limitación de los datos de las encuestas actuales es que no existen series temporales de datos sobre el miedo a delitos individuales. ¿Es la violación 

más temida hoy que en los años 1980? ¿Los miedos a delitos específicos siguen 

las tendencias de la incidencia delictiva o responden a una ofensa «maestra»? 

La variación geográfica en el miedo debe también ser considerada. ¿Los residentes de las ciudades grandes temen a los mismos delitos que los residentes de las 

afueras o de las localidades pequeñas? ¿Cómo se expande el miedo generado por 

un incidente particular y cómo varía con la naturaleza del delito? Sin información sistemática sobre el miedo al delito, a delitos específicos, preguntas de este 

tipo no pueden ser contestadas. 

Nada de esto se hace necesariamente para desacreditar el valor de las mediciones colectivas del miedo. No es irracional suponer que los individuos pueden dar una evaluación general de su miedo al «el delito» como una categoría 

de riesgo, aun cuando es posible enunciar y medir todos los delitos concebibles 

que los individuos puedan temer. Las mediciones colectivas, de hecho, son útiles como un complemento, pero no un sustituto de las mediciones del miedo 

sobre delitos específicos. 
190 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Indicadores conductuales del miedo 

Casi todos aquéllos que han investigado la emoción del miedo están de 

acuerdo en que éste se manifiesta a través de la conducta, de los cientos de respuestas de especies no humanas (lamentos de peligro, inmovilidad, defecación, 

parálisis muscular, o fingimiento de muerte) a las complejas y a veces erráticas 

conductas humanas (Sluckin 1979). Sin embargo, un problema importante con 

los indicadores conductuales del miedo en seres humanos es la dificultad de descifrar exactamente lo que la gente no está haciendo (o está haciendo) como consecuencia del miedo y relacionarlo convincentemente con el mismo miedo. ¿Es 

obvio que una persona que teme a las alturas está intencionalmente evitando 

edificios altos, puentes o atracciones de altura? ¿Es evidente que una persona que 

tiene miedo a ser ahogado, se ducha en lugar de bañarse por esa razón? 

Aunque sea difícil establecerlo, la relación entre el miedo y la conducta revela una de las más grandes ironías del miedo: Aquéllos más profundamente 

afectados por el miedo —el miedo a volar, el miedo a un accidente automovilístico— puede que rara vez lo experimenten porque han tomado medidas extraordinarias para evitar la fuente de su miedo (Kenny 1963). A fin de cuentas, 

entonces, la conducta puede ser el mejor indicador del miedo, pero las conductas a través de las que el miedo se manifiesta no son siempre fácilmente 

identificables o detectables. 

Episodios transitorios de miedo público 

Cuando se trata de medir el miedo al delito, ¿cuáles son las unidades apropiadas de análisis (individuos, vecindarios, ciudades, naciones)? ¿Y cuál es el 

intervalo de tiempo apropiado para su medición (cada hora, diariamente, mensualmente, anualmente)? Las respuestas dependen, por supuesto, de la pregunta que deba ser contestada, pero el método convencional para medir el miedo — 

encuestas anuales que emplean muestras nacionales— se inclina en dejar de lado 

aspectos cruciales del miedo. 

Considérese un ejemplo. Ningún observador cercano a la sociedad estadounidense dejaría de notar que ciertos horribles sucesos delictivos captan la atención del público en general, convirtiéndose en problemas casi universales de discusión, especulación y preocupación. Aun cuando algunos ganan atención 

nacional, la mayoría permanece como un asunto de preocupación local, afectando a una ciudad en particular o a una parte de la ciudad. En mi propia ciudad 

de Austin, Texas, el horrendo asesinato de cuatro jovencitas adolescentes en una 
EL MIEDO AL DELITO EN LOS ESTADOS UNIDOS 191 

tienda de yogures creó algo que se aproximaba a una histeria colectiva en la ciudad y se mantuvo como la historia principal en los noticieros de televisión local muchas semanas después del incidente. Los arrendatarios informaron que fue 

difícil alquilar apartamentos en la parte de la ciudad donde ocurrió el delito, y 

los propietarios de negocios cercanos informaron significativas reducciones en 

sus ventas. 

Las encuestas nacionales anuales utilizadas normalmente para medir el miedo al delito son demasiado burdas, tanto espacial como temporalmente, para 

captar este tipo de sucesos. Dicho de otra manera, la escala de dichas encuestas 

simplemente no encaja con la de ciertos sucesos que deberían ser medidos. Debido a esto, poco se sabe sobre la historia natural de los «pánicos» urbanos locales, no obstante que ellos son, quizás, los brotes sociales más comunes del 

miedo. ¿Cuánto duran normalmente este tipo de sucesos? ¿Decrece el miedo 

paulatinamente o de forma súbita? ¿Decrece el miedo con el desinterés gradual 

mediático? ¿Cómo afecta al miedo la detención de un sospechoso? ¿Decrece el 

miedo a diferentes grados entre los diferentes segmentos de la población (adultos y jóvenes, hombres y mujeres)? ¿Aun cuando el miedo se ha disipado, los 

sucesos de este tipo llegan a formar parte de la memoria colectiva y se agregan 

al saber popular de los distritos o de una ciudad? («El lado sur es peligroso, ¿recuerdas esa chica que fue asesinada?») Planteado de otra manera, ¿existe un «residuo» permanente de miedo que quede en el lugar después de dichos sucesos? 

Llenar dichos vacíos en el conocimiento existente requerirá hacer encuestas en unidades sociales más pequeñas que la nación como un todo. Y debido a 

que los sucesos que suscitan dichos incidentes son impredecibles, requieren 

medidas anticipatorias (i.e. una línea de referencia) y medidas repetidas para 

después de los sucesos, la única estrategia de investigación factible es realizar 

encuestas periódicas en jurisdicciones seleccionadas. El mejor diseño sería una 

serie de encuestas pequeñas y periódicas (por ejemplo, mensuales) representativas en al menos una docena de ciudades durante varios años. Capturar un episodio transitorio no es suficiente para describir adecuadamente dichos sucesos 

porque la duración e intensidad de los sucesos probablemente dependa de las 

características del delito. (¿De qué edad y sexo eran la víctima y el ofensor? ¿Fue 

el suceso provocado?). 

¿Por qué es importante medir los sucesos de este tipo a pequeña escala? 

Además de determinar la frecuencia y la dispersión geográfica de tales sucesos, 

las reacciones públicas iniciales a los sucesos delictivos parecen con frecuencia 

estar basadas en los informes de los medios locales de comunicación que son 

incompletos, apresurados y demasiado cortos sobre los detalles importantes (¿conocía la víctima al sujeto?, ¿está el sospechoso aún al alcance?, ¿ha ocurrido esto 
192 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

antes?), de modo que una evaluación inteligente del suceso es poco menos que 

imposible. En estas situaciones, algunos individuos asumirán lo peor y actuarán 

en consecuencia. Entender las características de los sucesos delictivos que determinan la intensidad y la duración del pánico público puede llevarnos a un informe más juicioso del delito y a un menor miedo innecesario. 

LA REGULACIÓN DEL MIEDO PÚBLICO AL DELITO 

Los científicos sociales son proclives a aproximarse al miedo al delito preguntando lo mismo que preguntan sobre otros fenómenos humanos: ¿Cuáles son 

sus causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cuáles son sus parámetros contemporáneos e históricos (incidencia, prevalencia, distribución social)? Quienes diseñan políticas pueden estar interesados también en estas preguntas, pero, en 

última instancia, ellos deben afrontar otros temas urgentes, algunos empíricos, 

otros normativos. ¿Puede este fenómeno ser controlado? Y, si es así, ¿a qué coste? Asumiendo que pueda ser controlado, ¿debería ser controlado?, ¿existen costes a la vez que beneficios asociados con la intervención? Estas preguntas orientarán nuestra discusión sobre este complicado asunto. 

¿Debería el miedo ser controlado? 

Imagine el lector por un momento que poseemos un botón giratorio mágico mediante el cual podemos controlar o regular el miedo al delito en los Estados Unidos. Gire el botón a la izquierda y el miedo inmediatamente decrecerá 

proporcionalmente; gírelo a la derecha, y el miedo se incrementará proporcionalmente. 

Con el interés público en mente, sin duda nuestra primera inclinación sería 

reducir sustancialmente el miedo girando el botón hasta el extremo izquierdo. 

Sin embargo, suponga que los riesgos del delito son de hecho reales e importantes. Si redujéramos considerablemente el miedo al delito con nuestro instrumento, concomitantemente incrementaríamos las oportunidades de que los individuos 

dejaran de tomar las precauciones necesarias para su propia seguridad (o la seguridad de otros), y, por lo tanto, aumentaría el riesgo de victimación. 

En otras palabras, reducir el miedo no es necesariamente un bien libre de 

costes; al disminuir el miedo, damos la oportunidad de incrementar el daño a la 

gente. Por otro lado, si giramos el botón hacia el extremo derecho, la gente asumiría precauciones sobradas y limitaría innecesariamente sus propias vidas. En 
EL MIEDO AL DELITO EN LOS ESTADOS UNIDOS 193 

este extremo estaría una «sociedad fortaleza» en la que los ciudadanos se retiran del todo de la vida pública y donde la interrelación social cotidiana es coartada severamente. 

Entonces, ¿en qué sentido se debe girar el botón, o debería ser siquiera tocado? En el mundo real, por supuesto, no existe un botón giratorio mágico ni 

ningún otro medio directo para manipular una emoción como el miedo (a menos que uno propusiera suministrar sedantes u otros agentes farmacológicos a 

la gente). En lugar de eso, debemos intentar manejar el miedo controlando sus 

causas. Como se mencionó anteriormente, la investigación hecha por Warr et al. 

sugiere consistentemente que la causa más probable del miedo hacia algún delito (esto es, ignorando las diferencias en la seriedad de los delitos) es el riesgo 

percibido de dicho delito. En ese caso, para alterar el miedo se requiere alterar 

las percepciones del riesgo. 

Así, reformulando la pregunta, ¿en qué sentido debería ser girado el botón 

del ‘riesgo percibido’? La respuesta en última instancia depende de la relación 

entre el riesgo percibido y el riesgo objetivo. El diagrama a del gráfico 1 muestra una situación en la que el riesgo percibido coincide perfectamente con el riesgo objetivo; cualquier incremento o disminución en este último (a lo largo del 

tiempo, lugar o a través de los delitos) es siempre proporcional al cambio en el 

primero. Sin embargo, en el diagrama b el riesgo percibido siempre excede al 

riesgo objetivo en una cantidad fija; la gente sobreestima consistentemente el 

riesgo de victimación. En el diagrama c ocurre exactamente lo contrario; el riesgo objetivo es mayor de lo que la gente se da cuenta. En el diagrama final, el d, 

la relación entre riesgo objetivo y percibido es más compleja. Cuando el riesgo 

objetivo es bajo, la gente sobreestima el riesgo; cuando el riesgo objetivo es alto, 

la gente subestima el riesgo. 

¿Cuáles son las opciones de política implícitas en estos ejemplos? Si el 

mundo realmente funcionara como en el diagrama a, la política seleccionada 

sería absolutamente clara: No toque el botón giratorio del riesgo percibido; las 

percepciones de la gente son exactas y los niveles de miedo existentes están justificados. Como se mencionó anteriormente, muchos criminólogos asumen tácitamente la estrecha conexión entre percepción y realidad cuando se trata del 

delito y, por tanto, se sienten libres (de hecho, obligados a) para dejar de lado 

las percepciones con el fin de concentrarse en la reducción del delito en sí. Esto 

parece también ser cierto para los políticos, quienes con frecuencia abogan por 

la reducción del delito sin cuestionar si las creencias de la gente sobre el delito 

son precisas o bien necesitan ser modificadas. Dichos enfoques descansan sobre un supuesto implícito, aunque no probado, a saber: que cualquier reducción 

en el riesgo objetivo será advertido y apreciado por el público. 
194 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 
EL MIEDO AL DELITO EN LOS ESTADOS UNIDOS 195 
196 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Si el mundo fuera como en el diagrama b —la gente sobreestima el riesgo 

y se preocupa innecesariamente— entonces uno querría girar el botón hacia abajo 

y reducir lo que claramente es un miedo innecesario. Ésta es seguramente la situación más deseable e inequívocamente más moral, porque se trata de un beneficio para el bien común sin exposición alguna al incremento de peligro. Esta 

situación sería difícil de ignorar una vez que es reconocida, y es el sueño de todo 

ingeniero social. Si, de forma inversa, el diagrama c fuera verdadero, estaríamos 

obligados a elevar el riesgo percibido del tal manera que la gente estuviera convenientemente asustada. Ésta es una tarea defendible moralmente pero difícil 

políticamente, una tarea en la que el objetivo literalmente es asustar a la gente. 

Aun cuando esto podría parecer extremo, hay precedentes: las campañas públicas contra el hábito de fumar, los embarazos en adolescentes, el SIDA, las pinturas con plomo, la sal en la dieta y los riesgos de la automedicación son sólo 

algunos ejemplos (véanse Slovic, Fischhoff y Lichtenstein 1982; Fischhoff, 

Bostrom y Quadrel 1997). El diagrama d presenta un caso más complicado, pero 

las implicaciones de política no son diferentes de las imágenes precedentes: dar 

pasos para lograr congruencia entre el riesgo objetivo y el de percepción. 

Por supuesto, uno quizás desearía intentar otras opciones de política. Si la 

reducción del miedo fuera la única consideración, uno podría argüir que no se 

necesita cambio alguno para el diagrama c; en otras palabras, la ignorancia es 

felicidad. Sin embargo, como hemos visto, la ignorancia en este caso no es la 

ausencia de daño, no existiendo una teoría moralmente defendible que pueda 

justificar dicha estrategia. De forma similar, la situación ilustrada en el diagrama b podría en todo caso y con toda probabilidad generar el nivel más bajo posible de victimación delictiva, pero a un coste personal y social que sería difícil 

de justificar. 

Así, a fin de cuentas, la pregunta es la siguiente: ¿Cuál de estos diagramas 

describe el mundo real? El peso de la evidencia contemporánea sugiere que el 

público en general probablemente exagera el riesgo de graves victimizaciones 

delictivas en un sentido que parece ser el diagrama d. 

¿Cuál es la evidencia? Un pequeño pero persuasivo conjunto de estudios en 

psicología cognitiva (véanse Lichtenstein et al. 1978; Slovic, Fischhoff y 

Lichtenstein 1979, 1980, 1982, 1987) señala que los individuos tienden a exagerar significativamente el riesgo de eventos letales raros (esto es, causas de 

muerte como tornados, homicidio, inundaciones, incendios, accidentes o botulismo), mientras que se subestima el riesgo de eventos letales comunes (por 

ejemplo, muertes debido a enfermedades del corazón, diabetes o cáncer). Slovic, 

Fischhoff y Lichtenstein (1980, 1982) atribuyen esta tendencia a un error de juicio frecuente propiciado por la capacidad heurística (Tversky y Kahneman 1982) 
EL MIEDO AL DELITO EN LOS ESTADOS UNIDOS 197 

o la tendencia a juzgar la frecuencia de los eventos por la facilidad con la cual 

pueden ser recordados o imaginados. 

¿Por qué los individuos imaginan o recuerdan con facilidad lo que de hecho son raras causas de muerte? Slovic, Fischhoff y Lichtenstein (1980, 1982) 

citan evidencias de Combs y Slovic (1979), las cuales muestran que las percepciones públicas concernientes a la frecuencia de las causas de muerte coinciden 

estrechamente con aquellas causas que aparecen en los periódicos. Los informes 

de los periódicos, por su parte, son notoriamente divergentes de la realidad: 

«Muchas de las causas de muerte estadísticamente frecuentes (por ejemplo, diabetes, enfisema, varias formas de cáncer) rara vez aparecieron en algún periódico durante el periodo de estudio. En cambio, sucesos violentos y con frecuencia catastróficos como los tornados, incendios, ahogamientos, homicidios, accidentes de 

vehículos y todo tipo de accidentes aparecieron mucho más frecuentemente que las 

menos dramáticas causas de muerte que tienen similar (o en ocasiones superior) frecuencia estadística. Por ejemplo, las enfermedades quitan 16 veces más vidas que 

los accidentes, pero hubo tres veces más artículos sobre éstos, mostrando casi siete 

veces más muertes. Entre los hechos más frecuentes, los homicidios fueron la categoría más desproporcionadamente reportada en atención a su frecuencia real. Aun 

cuando las enfermedades reclaman casi 100 veces más vidas que los homicidios, 

hubo tres veces más artículos sobre homicidios que sobre muertes por enfermedad. 

Más aún, los artículos sobre homicidios tendieron a ser dos veces más largos que 

los artículos que informaban sobre enfermedades o muertes accidentales.» (Slovic, 

Fischhoff y Lichtenstein 1982, 468) 

Estos investigadores no insistieron en una conexión causal entre las informaciones de los medios y las percepciones de la gente, pero sugirieron que el 

patrón de errores en ambos es demasiado similar para ser casual. 

¿Cómo se relacionan las percepciones sobre una clase de riesgos (causas de 

muerte) con otra (el riesgo de victimación delictiva)? Ya que los delitos más graves (homicidio, violación y robo con violencia) son también las formas de delito más raras, los hallazgos precedentes sugieren que la gente es proclive a exagerar la frecuencia de los poco comunes delitos graves y subestimar la frecuencia 

de los más comunes, es decir los menos graves. A principios de los años 1980, 

Warr (1980; véase también Bordley 1982) presentó una evidencia directa de este 

fenómeno que mostraba que la incidencia objetiva y percibida de ofensas en 

cuatro ciudades estaban relacionadas con una función de poder (y=aXb). Esto es, 

la gente tendía sistemáticamente a sobreestimar la frecuencia de delitos raros 

mientras que subestimaba la frecuencia de los más comunes. Las percepciones 

públicas eran marcadamente precisas con la frecuencia relativa de diferentes 
198 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

delitos (por ejemplo, la gente reconoce que el homicidio es menos común que 

el robo en domicilios), pero considerablemente menos precisas en relación con 

las frecuencias absolutas. 

Dejando de lado estos resultados, existe otra razón para sospechar que la 

verdadera relación entre el riesgo percibido y el objetivo probablemente se asemeje más al diagrama d (o quizás al b). Cuando se le pregunta al público en general de dónde obtienen la mayoría de su información sobre la delincuencia, la 

apabullante respuesta es en los medios de comunicación de masas, especialmente 

en la cobertura de noticias sobre delitos. Graber (1980), por ejemplo, informó 

que el 95% de los informantes en su encuesta identificaron los medios como su 

fuente primaria de información sobre el delito, aun cuando el 38% mencionaron también otras fuentes (conversaciones o, muy rara vez, la experiencia personal). Skogan y Maxfield (1981) encontraron que más de tres cuartas partes de 

los informantes en las tres ciudades sometidas a la encuesta informaron haber 

visto o leído una historia delictiva el día previo (el 44% había leído una historia delictiva, un 45% había visto una historia delictiva en la televisión, mientras 

que el 24% lo había hecho en ambos). Los medios de comunicación de masas 

son de esta forma un mecanismo de amplificación poderoso cuando se trata del 

delito; la información conocida sólo por unos cuantos puede en cuestión de horas o días llegar a ser conocida por miles o millones. 

¿Cuál es la imagen del delito presentada en los medios de comunicación? 

Un gran número de formas de distorsión en la cobertura de las noticias sobre el 

delito ha sido identificada y documentada, distorsiones que tienden a exagerar 

la frecuencia y la gravedad del delito. En el mundo real, por ejemplo, los delitos ocurren en la proporción inversa a la de su gravedad; cuanto más grave es 

el delito, más rara su apariencia (por ejemplo, Erickson y Gibbs 1979). Así, en 

los Estados Unidos, los robos en domicilios ocurren por millones, los robos con 

violencia por cientos de miles y los homicidios por miles. Sin embargo, en la 

cobertura de noticias sobre el delito, el énfasis se produce en el «interés noticioso», y el elemento clave de dicho interés es la gravedad; cuanto más grave 

sea un delito, mayor la probabilidad de que se informe de él. Sin embargo, usando la gravedad como criterio, hay más probabilidades que los medios informen 

precisamente de aquellos delitos que son los menos probables que ocurran 

(Skogan y Maxfield 1981; Sherizen 1978; Sheley y Ashkins 1981; Roshier 1973), 

o exactamente el mismo patrón delineado previamente para los eventos letales. 

Entre otras cosas, esta representación «espejo reflejo» del delito significa que 

los medios ponen un extraordinario énfasis sobre el delito violento. Skogan y 

Maxfield (1980) informaron que los homicidios y los intentos de homicidio constituían la mitad de todas las historias delictivas de los periódicos en las ciuda­
EL MIEDO AL DELITO EN LOS ESTADOS UNIDOS 199 

des que examinaron, aun cuando los homicidios son una pequeña fracción de 

todos los delitos. Más aún, estos autores encontraron que el número de historias 

de homicidios reportadas en los periódicos de la ciudad no se acerca ni remotamente a las tasas de homicidio reales en las ciudades examinadas, sugiriendo que 

la cantidad de espacio dedicado al delito tiene que ver más con el «espacio noticioso» dedicado al delito por los editores que con la verdadera tasa delictiva. 

La cobertura de la delincuencia en las noticias ha sido criticada también 

sobre otras bases, incluyendo la práctica de usar las noticias delictivas como un 

«relleno» cuando otras noticias son flojas, el uso de las noticias delictivas («si 

hay sangre hay noticia») para atraer audiencias más amplias y la tendencia a informar sobre tendencias usando números en lugar de tasas, ignorando de esta 

forma los cambios en la población (véanse Graber 1980; Warr 1980, 1994, 

1995b). 

Por supuesto, el hecho de que los medios presenten una imagen 

distorsionada del delito no garantiza que la gente crea o haga caso a lo que ve, 

oye y lee. Y las percepciones (o exageraciones) de la gente sobre la incidencia 

de delitos no se convierten necesariamente en estimaciones personales del riesgo (Slovic, Fischhoff y Lichtenstein 1982). A pesar de ello, la evidencia sobre 

las percepciones públicas del delito y la distorsión de los medios sobre las noticias delictivas es fuertemente corroboradora, siendo difícil de creer que los 

medios tienen poco o ningún efecto sobre las percepciones, especialmente cuando el público menciona los medios como su fuente de información primaria sobre el delito y pasa tanto tiempo viendo, leyendo y escuchando los medios 

(Skogan y Maxfield 1981). 

Dada la gravedad del miedo como problema social y el presumible rol de 

los medios de comunicación, es verdaderamente sorprendente darse cuenta que 

casi no existe investigación sistemática que evalúe el impacto de los medios sobre 

las percepciones públicas del delito o del miedo al delito. Sí que sabemos que 

existe una correlación positiva entre miedo al delito y el número de horas que 

se pasa viendo la televisión (Skogan y Maxfield 1981), pero la dirección causal 

no es clara y la correlación bien puede ser espuria con respecto a la edad y otras 

características de los espectadores. 

A fin de cuentas, la influencia causal de la cobertura de los medios sobre 

el delito no puede ser establecida sin medidas simultáneas de (1) el contenido 

de los medios, (2) la exposición del público a ese contenido, y (3) los efectos 

posteriores a la exposición de los medios de comunicación. Dicha investigación 

es difícil de realizar en escenarios naturales debido a la enorme cantidad y variedad de medios y de mensajes interpersonales sobre el delito a los cuales la 

gente está expuesta (por ejemplo, Graber 1980). De un modo notable, hoy en día 
200 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

una gran parte del dinero federal se gasta en documentar el grado de extensión 

del delito y la violencia en la televisión, pero rara vez existe una investigación 

paralela sobre los efectos de dicha violencia televisada en quienes están expuestos a ella. Esto es, en esencia, un diseño de investigación sin una variable dependiente. 

Un estudio que se aproxima a un diseño ideal y apunta a un camino para 

investigaciones futuras fue realizado por Heath (1984). Esta autora entrevistó a 

una muestra de lectores de periódicos en 36 ciudades y examinó su miedo a la 

victimación a la luz de las características de los periódicos que leían: Heath encontró que el miedo era mayor entre los lectores de periódicos que enfatizaban 

delitos locales y delitos que eran sensacionales (raros o violentos) o fortuitos 

(aparentemente no provocados). Sin embargo, el miedo se reducía si esos delitos no eran locales. Aparentemente, en esos casos los lectores estaban convencidos de que dichos delitos les sucedían a otras personas en otros lugares. 

¿Puede regularse el miedo? 

Hasta aquí, la discusión nos lleva a la conclusión provisional de que la gente 

exagera el riesgo de la victimación delictiva grave. Es importante reiterar que 

esta situación, en que sea cierta, es el problema más deseable de solucionar; el 

miedo se puede legítimamente reducir sin un incremento en el riesgo de 

victimación. Regresemos ahora a la segunda cuestión planteada anteriormente. 

Asumiendo que el miedo debe ser regulado, ¿puede ser regulado? Y si es así, 

¿cómo? 

Existen dos grandes enfoques para este problema. Uno puede ser llamado 

auto-correctivo, lo que significa que se centra en los medios para modificar la 

manera en que el delito es actualmente representado por los medios de comunicación. El otro enfoque puede ser descrito como reactivo o contrarrestante, en 

el sentido de que intenta desactivar o reemplazar los mensajes transmitidos a través de los medios de comunicación. 

Comencemos con el primer enfoque, teniendo en mente que la cobertura de 

noticias en los medios es la fuente de información primaria de la gente sobre el 

delito. Asumiendo que dicha cobertura afecta sustancialmente a las percepciones del público sobre el delito, ¿cómo podría mejorarse la cobertura de noticias 

sobre el delito? 

Consideremos las características de la cobertura de noticias todos los días. 

El delito suele aparecer en la forma de un incidente aislado y mesurado («tres 

adultos jóvenes fueron heridos hoy en un enfrentamiento con la policía») u oca­
EL MIEDO AL DELITO EN LOS ESTADOS UNIDOS 201 

sionalmente como cálculos («así, en lo que va de año, 13 robos con violencia 

han sido denunciados a la policía»). (Véase, por ejemplo, Graber 1980). Estos 

sucesos reportados no son una lista completa o exhaustiva de todos los delitos. 

Por el contrario, son seleccionados de un conjunto mucho más grande de sucesos delictivos disponibles para ser reportados. Aún más, el proceso de selección 

no es aleatorio o representativo, sino todo lo contrario. No sólo los delitos violentos son resaltados de forma desproporcionada (particularmente los homicidios), sino que los delitos pueden ser seleccionados solamente porque son aislados o inusuales, porque involucran a personas prominentes o figuras públicas, 

o porque se corresponden con un tema periodístico preestablecido como «delitos contra los ancianos» o «turistas descuidados» (Skogan y Maxfield 1981; 

Gordon y Heath 1981; Sherizen 1978; Ericson, Baranek, y Chan 1987; Fishman 

1978, 1981). 

Para imaginar las consecuencias de dichas prácticas informativas, considérese la siguiente cuestión: ¿Podría un individuo estimar con precisión la magnitud y las causas del crecimiento de la población en una ciudad a través de entrevistas aisladas, incompletas y no representativas con aquéllos que se han 

marchado o los que acaban de llegar? 

Desde una perspectiva de información pública, lo que parece con frecuencia estar ausente de la cobertura noticiosa del delito no es información cruda 

sobre los sucesos delictivos (al contrario), sino una perspectiva informada sobre los riesgos delictivos. Sólo ocasionalmente los sucesos delictivos son presentados como basados en tasas de población, de las cuales uno puede estimar 

el riesgo personal o el riesgo para los seres queridos. Y rara vez estas tasas se 

presentan en algún tipo de contexto por temporadas, histórico, demográfico o 

geográfico. Desde el punto de vista de los lectores o espectadores, tratar de detectar patrones u obtener inferencias válidas sobre el delito usando recuentos 

aislados y esporádicos de noticias es un ejercicio de futilidad. 

Lo que es la carencia más grave en el reporte de noticias, y podría ser a la 

vez el beneficio más grande para el público, es la información sobre el riesgo 

de victimación delictiva en relación con otros sucesos de la vida desagradables 

o impactantes. Por ejemplo, ¿qué probabilidad tengo de que me roben a lo largo del año, en comparación con la de verme involucrado en una colisión automovilística grave, ingerir comida contaminada en un restaurante, contraer una 

enfermedad contagiosa en el trabajo o en la escuela, o sufrir un ataque al corazón? ¿En qué sentido mi edad, sexo, identidad racial/étnica o ubicación afecta 

a mis oportunidades? A muchos estadounidenses, incluyendo periodistas, les 

sorprendería saber que son más susceptibles de ser víctimas de suicidio que de 
202 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

homicidio, que los automóviles matan a más individuos que todos los delitos 

violentos, o que, como grupo, los niños afrontan un mayor peligro por parte de 

sus padres que por parte de extraños. 

El valor didáctico de lo que he llamado perspectiva informada puede ilustrarse comparando dos posibles informaciones de noticias de televisión del mismo evento hipotético. El primero dice: 

«Ayer por la noche se produjo un homicidio en el número 223 de la calle East 

Lansing. La víctima, un hombre de 23 años, fue acuchillado dos veces y murió poco 

tiempo después en el Hospital General de Nuestra Señora. Según la policía, hasta 

el momento no se ha realizado ninguna detención». 

Ahora agregue estas palabras: 

«Poco menos de una persona de cada 10,000 que viven en nuestra ciudad son víctimas de un homicidio cada año. La mayoría, como en este caso, son adultos jóvenes que mueren en riñas, donde está presente el alcohol entre personas conocidas. 

El número de homicidios en lo que va de año —27— no es más alto que el promedio de los últimos cinco años, además de que dos tercios de estos homicidios han 

ocurrido dentro de los mismos tres distritos de la ciudad. Para mayor información, 

contacte con el Departamento Metropolitano de Policía en el número 366-8942». 

Los periodistas pueden objetar que esta última versión sea demasiado larga 

y deslucida, pero un delito del que vale la pena informar, seguramente valdrá más 

la pena si está contextualizado apropiadamente. En defensa de los periodistas, 

los informes delictivos de la policía con frecuencia son difusos e incompletos, 

y existe la presión por los límites de tiempo. Por otro lado, no es la policía la 

que está ansiosa por dar a conocer los informes incompletos; las expresiones de 

los periodistas sobre la seguridad de la gente son a veces poco menos que una 

clara artimaña para ser los primeros en dar a conocer la historia. En cualquier 

caso, las audiencias son proclives a completar la información difusa o extraviada asumiendo lo peor, lo que es una razón más para situar las informaciones sobre el delito dentro de un contexto factual más amplio. 

Medidas para contrarrestar 

Independientemente de (o adicionalmente a) las prácticas cambiantes en la 

forma de informar sobre delitos en los medios, la información sobre el delito 

puede ser proporcionada a través de canales alternativos. Los mensajes sobre el 
EL MIEDO AL DELITO EN LOS ESTADOS UNIDOS 203 

delito pueden ser difundidos a través de una variedad de medios, incluyendo folletos, vallas publicitarias, anuncios en el transporte público y otro tipo de señalizaciones, anuncios en revistas y periódicos, sitios web, así como exposiciones orales en eventos públicos de información. Dicha estrategia puede ser vista 

como intrascendente si se compara con el apabullante poder de la televisión y 

los periódicos, pero mensajes de este tipo han figurado fuertemente en campañas públicas en contra del habito de fumar, enfermedades del corazón y otros 

riesgos para la salud (véase en general, National Research Council 1989). 

Cuando se trata del delito, al menos dos dependencias públicas son la elección natural para transmitir dichos mensajes. El primero es el departamento de 

policía municipal. La mayoría de los modernos departamentos de policía tienen 

una oficina de información pública para proporcionar información sobre delitos 

a las personas (con frecuencia periodistas) que lo requieran. No existe mayor 

problema lógico o logístico en cambiar de una función reactiva de este tipo a una 

versión más proactiva de información pública. La conexión lógica entre el delito y la policía hace del policía un agente perfecto para las comunicaciones sobre cuestiones delictivas y, a pesar de escándalos ocasionales, la policía disfruta de un apoyo público enorme en los Estados Unidos (por ejemplo, Warr 1995a). 

Fui testigo de esta función de la policía cuando ésta inició una campaña puerta 

a puerta para informar a los residentes de un vecindario de Austin de que recientemente habían ocurrido diversas violaciones. Aun cuando los costes de la distribución representan un problema para los departamentos de policía, nunca faltan organizaciones cívicas y voluntarias dispuestas a colocar los folletos o 

cuadernillos en los buzones o en los portales. 

Slovic, Fischhoff y Lichtenstein (1982, 484) también han argumentado que 

un escenario apropiado para la comunicación de riesgos es la escuela: 

«Informar a la gente, ya sea con etiquetas de advertencia, inserciones en el empaquetado o extensivos programas de medios, no es sino una parte del gran problema de ayudar a la gente a enfrentarse a los riesgos e incertidumbres de la vida moderna. Creemos que parte de la responsabilidad recae en nuestras escuelas. Los 

programas de las escuelas públicas deben incluir material diseñado para enseñar a 

la gente que el mundo en el que vive es probabilístico, no determinista, y ayudarles a aprender estrategias de juicio y decisión para tratar con ese mundo. Estas estrategias son tan necesarias para navegar en un mundo de información incierta como 

la geometría y la trigonometría lo son para navegar entre los objetos físicos». 

Aun cuando las escuelas están en la actualidad abrumadas por peticiones 

sobre el empleo de su tiempo y por sugerencias curriculares, se puede argumentar 

que los riesgos del delito son del tamaño y la gravedad suficientes como para 
204 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

dedicarles al menos algún tiempo, si acaso sólo para aminorar el miedo innecesario a lo largo de la vida. En conferencias ocasionales en escuelas e iglesias me 

he enfrentado al casi desesperado anhelo de muchas personas por información 

objetiva sobre el delito y sus riesgos. 

Dejando de lado la cuestión de quién debería ser el mensajero, ¿cuál es el 

contenido que deben comunicar esos mensajes sobre el delito? En años recientes ha surgido un campo totalmente nuevo de investigación en la ciencia conocido como comunicación del riesgo (cfr. National Research Council 1989). Preocupado por los métodos, los problemas y la eficacia de comunicar el riesgo al 

público en general, este campo se ha concentrado ampliamente en los nuevos 

riesgos tecnológicos (energía nuclear, pesticidas, desechos de desperdicios tóxicos), riesgos médicos/salud (reformulación del ADN, hábito de fumar, uso del 

cinturón de seguridad, colesterol alto, abuso de alcohol, cáncer) y en desastres 

tanto naturales como los generados por el hombre (huracanes, inundaciones, 

accidentes aéreos, apagones, tornados, terremotos). Nadie, que yo sepa, ha tratado con la comunicación del riesgo sobre el delito, pero las lecciones en este 

campo son sin embargo útiles y esclarecedoras. 

Una lección que es importante recordar es la obligación fundamental del 

médico: ante todo no causar daño. El efecto de una comunicación sólo puede ser 

probado empíricamente. Los mensajes no probados pueden tener consecuencias 

no deseadas; ahí es precisamente donde descansa el peligro: 

«Una comunicación pobre del riesgo puede causar más daño que los riesgos que se 

intentan controlar. Éstos pueden llevar a decisiones equivocadas al omitir información clave o fracasar en contrarrestar las ideas erróneas. Pueden crear confusión al 

propiciar suposiciones equivocadas o enfatizar información irrelevante y generar un 

conflicto al erosionar la confianza de la audiencia en el comunicador. Pueden propiciar que los destinatarios estén mal informados, sean complacientes, o que tomen 

acciones inefectivas. En tanto las intuiciones del comunicador sobre las percepciones de los destinatarios no pueden ser confiables, no existe sustituto para la validación empírica» (Bostrom et al. 1994, 796). 

Fischhoff, Bostrom, y Quadrel (1997, 993) observaron de forma similar: 

«La comunicación eficaz del riesgo requiere una investigación empírica cuidadosa. Una comunicación pobre del riesgo puede con frecuencia causar más daño a la 

salud pública (y económica) que el riesgo que se intenta describir. Uno no debería 

liberar una comunicación no probada como tampoco un dispositivo médico no probado». 
EL MIEDO AL DELITO EN LOS ESTADOS UNIDOS 205 

En pocas palabras, las comunicaciones de riesgo deben ser probadas previamente antes de ser difundidas. 

Fischhoff (1989) argumenta que un pre-requisito esencial para el diseño de 

la comunicación del riesgo es la necesidad de saber lo que la gente no sabe, un 

asunto que generalmente requiere investigación empírica y que no puede darse 

simplemente por supuesto. En este sentido, Fischhoff, Bostrom y Quadrel (1997) 

ofrecen una ingeniosa idea para modificar las percepciones públicas del riesgo. 

Manteniendo la evidencia de que la gente es con frecuencia extremadamente 

confiada en la información o las creencias que tiene, estos investigadores sugieren que una de las funciones de las comunicaciones es otorgar a la gente «el grado apropiado de confianza en sus creencias», especialmente en los casos «donde la gente de forma confiada tiene creencias incorrectas que pueden llevarla a 

acciones inapropiadas» (1997, 997). Como un ejemplo de confianza mal otorgada, ellos citan una investigación que muestra que la mayoría de los adolescentes no son conscientes de que una sola cerveza afecta las habilidades de conducción tanto como un trago de vodka, y que los errados adolescentes están 

generalmente muy confiados sobre su información incorrecta. Los estudios de 

este tipo son particularmente útiles para identificar las falsas ideas que necesitan ser objeto de los mensajes. 

¿Cómo deben construirse las comunicaciones sobre el riesgo? ¿Qué elementos deben contener? La información sobre el riesgo es con frecuencia muy técnica, por ello los términos técnicos y los ejemplos deben ser evitados (Covello, 

von Winterfeldt y Slovic 1987; Fischhoff 1989). Los riesgos deben presentarse 

en términos cotidianos utilizando ejemplos alternativos. Por ejemplo, la proporción de estadounidenses que son asesinados cada año en los Estados Unidos 

(poco menos de uno por cada 10.000 al año) es casi lo mismo que un día en 27 

años, o una pulgada en 833 pies, o un galón en la piscina de una casa. En contraste, la cruda probabilidad de que una casa sea robada en los Estados Unidos 

es alrededor de uno de cada 10-20 por año, o casi la misma posibilidad de sacar dos cartas consecutivas del mismo mazo de un nuevo juego de póker. Las 

comparaciones de riesgos cruzados (donde el riesgo de un asesinato, digamos, 

es comparado con el riesgo de un accidente, enfermedad, o caída de un rayo) 

también pueden ser útiles para ilustrar el riesgo, pero pueden ser difíciles de interpretar o entender si no son construidas correctamente (Slovic, Fischhoff, y 

Lichtenstein 1982). 

La información en los mensajes debe ser también relevante para la audiencia: 

«La información pobremente seleccionada puede (...) ser vista como una pérdida 

de tiempo (revelando falta de sensibilidad a su situación), (...) puede ocupar el lu­
206 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

gar (en los medios o en la escuela) que podría dedicarse a difundir información pertinente (acarreando un costo de oportunidad), y (...) puede llevarlos a malinterpretar el alcance de su conocimiento» (Fischhoff, Bostrom y Quadrel 1997, 997). 

Los comunicadores deben asegurarse también de que los eventos o riesgos 

discutidos en los mensajes tengan el mismo significado tácito para los destinatarios que para ellos mismos (por ejemplo, ¿saben los informantes lo que es un 

robo en domicilio?, ¿lo confunden con el robo con violencia?) y han de ser honestos y directos sobre las limitaciones de su propia información (Fischhoff 

1994; Fischhoff, Bostrom y Quadrel 1997). La gente es con frecuencia escéptica hacia los expertos y los funcionarios del gobierno, de ahí que la honestidad 

y la precisión de las estimaciones puedan ayudar a disipar esta desconfianza. 

Resulta imposible revisar aquí completamente la literatura sobre comunicación del riesgo, pero es útil ofrecer dos resúmenes sobre mensajes efectivos de 

prominentes investigadores en el área. Éstas no son meras recomendaciones caprichosas, sino afirmaciones cuidadosas basadas en una investigación profunda 

y en la experiencia. En primer lugar, en un apéndice de la Conferencia sobre 

Análisis de Riesgos de la Academia Nacional de Ciencias, Covello, von 

Winterfeldt y Slovic (1987, 117–118) ofrecen las siguientes recomendaciones 

sobre comunicación del riesgo: 

• Use material sencillo, gráfico y concreto, evitando el lenguaje técnico o 

especializado cuando sea posible. 

• Compare los riesgos dentro de un contexto cuidadosamente definido que 

sea relevante para la audiencia destinataria. 

• Evite comparaciones de riesgo que puedan parecer a la audiencia como no 

comparables debido a características cualitativamente diferentes –por ejemplo, el riesgo de fumar comparado con el de vivir cerca de una planta de 

energía nuclear. 

• Entienda y reconozca preocupaciones cualitativas, como las preocupaciones sobre el potencial catastrófico, el temor, la equidad y la manejabilidad. 

• Identifique y explique los beneficios y limitaciones de las diferentes medidas de riesgo y presente (donde sea posible) índices de riesgo alternativos; por ejemplo, sucesos fatales conocidos o esperados, o incidencias de 

enfermedades para la población entera y para los individuos más —y menos— expuestos. 

• Identifique, reconozca y explique las incertidumbres en las estimaciones 

de riesgo. 

• Proporcione oportunidades a la gente para aprender cómo interpretar la 

información de riesgos. 
EL MIEDO AL DELITO EN LOS ESTADOS UNIDOS 207 

• Relacione a un nivel personal; esto es, cuando la gente hace preguntas personales como «¿puedo beber el agua?», responda en un sentido personal 

sin minimizar los riesgos y las incertidumbres. 

• Reconozca el poder de los cambios sutiles en la manera en que la información es presentada y utilice dicho lenguaje responsablemente. 

• Entienda y reconozca que los debates sobre la salud y el medioambiente 

con frecuencia involucran consideraciones mucho más amplias, incluyendo valores políticos e ideologías. 

Adicionalmente, Fischoff, Bostrom y Quadrel (1997, 998) nos ofrecen este 

consejo: 

«Una vez que la información ha sido seleccionada, debe ser presentada de una forma comprensible. Esto significa que hay que tomar en consideración los términos 

que los receptores usan para entender los conceptos individuales y los modelos 

mentales que utilizan para integrar dichos conceptos. Esto también significa aprovecharse de los resultados de la investigación en la comprensión de textos. Dicha 

investigación muestra, por ejemplo, que la comprensión mejora cuando el texto tiene 

una estructura clara y, en particular, cuando la estructura da forma a las representaciones intuitivas de los receptores sobre un tema; esa información crítica es más 

probable que sea recordada cuando aparezca en el nivel más alto de una jerarquía 

clara; y que los lectores se benefician de ayudas adicionales, como subrayados, esquemas introductorios (que adelantan lo que viene después) y resúmenes. Dichas 

ayudas pueden ser mejores que el texto completo a la hora de entender, retener y 

buscar la información». 

EL MIEDO A LA DELINCUENCIA Y LA GRAVEDAD PERCIBIDA DE LOS DELITOS 

Hasta ahora, nuestra discusión se ha centrado en las percepciones públicas 

del riesgo y de las racionalizaciones y mecanismos para alterar dichas percepciones. Aunque alterar las percepciones del riesgo sea con seguridad una estrategia defendible, no es la única vía para reducir el miedo. Con anterioridad vimos que el miedo suscitado por diferentes delitos depende no sólo del riesgo 

percibido, sino también de la gravedad percibida. Los delitos varían enormemente en la percepción de la gravedad que provocan, del homicidio al allanamiento 

y de la violación al hurto en tiendas, y también existe variación (aunque en grado 

mucho menor) entre los individuos en cuanto a la percepción de la gravedad para 

cada delito en particular (Wolfgang et al. 1985; Warr 1993, 1994). 
208 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

La relevancia de la gravedad a la hora de generar miedo sugiere que el miedo 

puede ser regulado o controlado mediante la alteración de la percepción de la 

gravedad de los delitos. A primera vista, esta sugerencia puede parecer descabellada. ¿Reduciremos el miedo al homicidio convenciendo a la gente de que el 

homicidio no es un delito grave? Por supuesto que no. Sin embargo, uno de los 

elementos que entra dentro de los juicios de gravedad de la gente es la letalidad 

percibida de un delito (véase Warr 1993), y existe evidencia de que la gente a 

veces atribuye mayores consecuencias a los eventos delictivos de las que en realidad existen. 

Hace algunos años, Warr (1985) descubrió altas correlaciones entre miedos 

a determinados delitos. Examinadas de cerca, estas asociaciones con frecuencia 

se refieren a delitos que ocurren simultáneamente o en secuencia (por ejemplo, 

robo en domicilio y violación, robo con violencia y homicidio). La correlación 

alta entre el miedo a estos delitos sugiere que el público en general a menudo 

ve estos hechos como delitos que generalmente se acompañan uno al otro en el 

mismo episodio (lo que Warr llamó «delitos perceptualmente simultáneos»). 

Sin embargo, la percepción y la realidad son a veces dispares cuando se trata 

de hechos delictivos. Por ejemplo, la violación y el homicidio parecen delitos 

perceptualmente simultáneos para muchas mujeres («Si me viola, probablemente 

me mate.») (Warr 1985). Pero la violación rara vez concluye en muerte. En 1996, 

por ejemplo, poco menos de 1 de cada 1,000 violaciones o intentos de violación 

conocidos por la policía en los Estados Unidos concluyeron con la muerte (U.S. 

Department of Justice, Federal Bureau of Investigation 1997). Debido a que 

muchas violaciones (pero no homicidios) quedan fuera del conocimiento de la 

policía, esa cifra de hecho sobreestima el riesgo. Aunque la violación sea un 

delito grave, no es generalmente un suceso letal. 

De forma similar, muchas personas parecen asociar el robo en domicilio con 

un ataque violento o lesiones, pero los robos a hogares normalmente ocurren 

cuando nadie está en casa, evidentemente porque los ladrones no quieren ser 

heridos por los propietarios armados (Miethe y McCorkle 1998). Educar al público sobre el curso probable y las consecuencias de la victimación bien podría 

ser una estrategia efectiva y moralmente defendible para reducir el miedo. Como 

en la discusión anterior sobre el riesgo percibido, parece ser una situación en la 

que sólo hay beneficio; el miedo puede ser reducido sin efectos perniciosos colaterales. 

También parece que muchas personas ignoran que el resultado de los sucesos delictivos con frecuencia depende, en parte, de las acciones de las víctimas. 

En los robos con violencia, por ejemplo, existe una fuerte correlación entre la 

resistencia y la probabilidad de daño, y las agencias encargadas de aplicar la ley 
EL MIEDO AL DELITO EN LOS ESTADOS UNIDOS 209 

con frecuencia recomiendan no resistirse en dichas situaciones. Los mensajes de 

riesgo que se comunican a la gente sobre estos hechos y el desaliento a la resistencia pueden ser efectivos para reducir el miedo, a la vez que evitan lesiones 

innecesarias a aquéllos que llegan a ser víctimas. 

MIEDO Y SEÑALES DE PELIGRO 

Hasta ahora, lo que se ha expuesto sobre el control del miedo tiene más que 

ver con la ansiedad acerca del crimen (la preocupación por una futura 

victimación) que el miedo al delito en su sentido estricto (la reacción a amenazas inmediatas). En la vida cotidiana, el miedo al delito (definido estrictamente) suele ocurrir cuando las personas están en un entorno fuera del hogar –caminando hacia la escuela, haciendo la compra, yendo al trabajo, saliendo para 

divertirse, haciendo determinados asuntos– y se encuentran con señales de peligro en dicho entorno. 

¿Cuáles son tales señales de peligro? Utilizando un diseño de encuesta 

factorial, Warr (1991) identificó diversas señales de peligro que afectan a la gente 

en espacios públicos. Una señal particularmente potente es la oscuridad; por su 

propia naturaleza, la oscuridad oculta amenazas potenciales que pueden estar 

acechando en las proximidades. Otra señal de peligro es la novedad; los ambientes desconocidos son más temibles que los conocidos (un fenómeno no circunscrito a los seres humanos; véase Russell 1979). Otra señal es la presencia de 

observadores o acompañantes. La presencia de otra gente en la inmediata proximidad actúa para aminorar el miedo que los individuos sentirían en caso de que 

estuvieran solos. Sin embargo, este efecto relajante no opera si los «otros» son 

percibidos como personas peligrosas. Warr encontró que los varones jóvenes son 

temibles para muchos individuos, y pocas señales son más alarmantes para la 

gente que un grupo de varones jóvenes. 

Además de estos indicadores, diversos investigadores han analizado varias 

«señales de incivilidad» que pueden provocar miedo (cfr. Ferraro 1995). Estas 

incluyen características físicas de los vecindarios como el graffiti, cristales rotos, basura y deshechos, autos desvencijados, o edificios abandonados, así como 

señales sociales como mendigos o gente sin hogar, grupos estridentes de gente 

joven, vendedores o usuarios de drogas y prostitutas. La evidencia empírica en 

relación con la importancia de estas señales en la generación de miedo es generalmente positiva (LaGrange, Ferraro y Supancic 1992), aunque ampliamente 

indirecta, y los investigadores rara vez controlan las tasas delictivas objetivas al 

examinar los efectos de los hechos incívicos. 
210 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Manipular las señales de peligro ambientales ofrece medios concretos y 

potencialmente poderosos para regular el miedo del público al delito. Es quizás 

más factible que alterar las prácticas establecidas en la cobertura de noticias o 

restarle importancia al delito en la cultura popular. En muchos casos, los costes 

de adoptar esta estrategia son con frecuencia mínimos: pintar sobre el graffiti, 

recoger basura y deshechos o mejorar la iluminación. La eficacia de dichas acciones puede ser medida al tener audiencias imparciales juzgando la seguridad 

percibida de un área antes y después de su implantación. Los resultados mostrarán con toda claridad lo que los arquitectos y tenderos han sabido durante siglos: que un espacio limpio, ordenado y estéticamente placentero atrae multitudes y crea su propia definición social de lugar. 

Sin embargo, manipular calles y vecindarios para reducir el miedo no es del 

todo incontrovertido. Por ejemplo, ¿debería un vecindario genuinamente peligroso aparentar ser menos atemorizante, aun si continúa siendo peligroso? El riesgo, por supuesto, es que ciudadanos inocentes no reconocerían —de hecho, serían atraídos a— un lugar que es engañosamente seguro. Por otro lado, la mejora 

física de un vecindario puede ayudar a restaurar el control comunitario y de hecho a reducir el riesgo de la victimación delictiva. Este es el tipo de proceso previsto por Wilson y Kelling (1982) en su famosa hipótesis de los cristales rotos, 

pero su validez permanece incierta (por ejemplo, Skogan 1990). 

No existe respuesta fácil a la pregunta, pero áreas comerciales y residenciales que parecen ser atemorizantes y peligrosas seguramente están destinadas a 

serlo a largo plazo. Quizás la mejor respuesta al problema es potenciar los esfuerzos en la aplicación de la ley, aunque sea sólo temporalmente, en las áreas 

en las que se estén desarrollando mejoras, para que los cambios en la seguridad 

aparente también vayan acompañados de cambios en la seguridad real y que los 

lugares peligrosos no se conviertan en una invitación a visitantes desprevenidos. 

Más allá de esto, el tipo de medidas cosméticas pero simbólicamente importantes 

discutidas previamente están seguramente justificadas —de hecho, son casi imperativas— en áreas que han experimentado disminuciones reales en el riesgo 

objetivo. Parecer peligroso y de hecho ser seguro es una tragedia que demanda 

atención. 

LA RACIONALIDAD DEL MIEDO 

Todas las estrategias para controlar el miedo público al delito presuponen 

una respuesta a esta pregunta: ¿Cuánto miedo es justificado o apropiado? La 

premisa de este capítulo es que ese miedo está justificado cuando el riesgo per­
EL MIEDO AL DELITO EN LOS ESTADOS UNIDOS 211 

cibido es congruente con el riesgo objetivo. Sin embargo, en la investigación 

sobre el miedo al delito el tema ha estado con frecuencia enmarcado por la referencia a la «racionalidad» del miedo. Los primeros investigadores con frecuencia trataron la racionalidad del miedo público al delito, particularmente cuando 

se aplicaba a grupos específicos de población que eran considerados demasiado temerosos (mujeres, ancianos). 

Sin embargo, cuando se aplica al miedo al delito, el concepto de racionalidad es una noción desatinada. Como es utilizado con más frecuencia respecto 

al miedo, el concepto de racionalidad implica un alto grado de correspondencia 

entre algún fenómeno subjetivo (el riesgo percibido, el miedo) y un estándar 

objetivo o contraparte. Dicha comparación es posible cuando se trata del riesgo, debido a que el riesgo tiene ambos componentes, uno subjetivo y otro objetivo; uno puede estimar el riesgo para muchos peligros y solicitarle a la gente 

aportar también sus percepciones. 

No obstante, esto mismo no es cierto cuando se trata del miedo, porque el 

miedo no es simplemente una función del riesgo percibido. Como hemos observado reiteradamente, el miedo también depende de la gravedad percibida de los 

delitos, que a su vez depende del valor que los individuos le den a las personas 

y a las propiedades. En general, la gente tiende a juzgar la gravedad de los delitos de una forma similar (Wolfgang et al. 1985), pero en la vida real existe un 

amplio espacio para la variación. ¿Qué precio habría que ponerle a un álbum de 

boda perdido, a la grabación del padre o la madre fallecida, a una colección de 

arte de toda la vida, o a la vida de un tío favorito? En última instancia, dichas 

valoraciones son totalmente subjetivas y personales y, dejando de lado a economistas y aseguradoras, los intentos por cuantificar u objetivar estos asuntos es 

claramente un ejercicio inútil. 

Otra razón para concentrar la atención en el riesgo percibido, en lugar del 

miedo en sí mismo, es que el mismo nivel de riesgo percibido produce frecuentemente diferentes niveles de miedo entre diferentes personas, especialmente 

entre hombres y mujeres, viejos y jóvenes (Warr 1984). Las razones para ello 

parecen tener mucho que ver con los delitos perceptualmente simultáneos. Entre mujeres, por ejemplo, la amenaza de una violación con frecuencia lleva consigo otros delitos. Lo que para los hombres es el riesgo percibido de un robo con 

violencia sería para muchas mujeres el riesgo percibido de un robo con violencia, más violación, más lesiones adicionales (Warr 1985; Ferraro 1996). Aun 

cuando dos individuos reaccionan de forma distinta al mismo riesgo percibido 

de la misma amenaza, sería difícil caracterizar el miedo de una persona como 

más «racional» que el de otra. Es probable que estas diferencias en el miedo provengan una vez más del valor otorgado a las personas y a las pertenencias. 
212 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Al final, los científicos sociales pueden juzgar legítimamente las percepciones o la información que subyace a las reacciones de la gente al delito y medir 

la distancia entre percepción y realidad. Sin embargo, no se encuentran en la situación de decirle a la gente el valor que deben dar a los elementos de sus vidas y cuánto miedo deben sentir por su pérdida o destrucción. 

LA VENTA DEL MIEDO 

Al inicio observamos algunas distorsiones que se generan en los medios en 

la cobertura de noticias sobre el delito. Aunque está más allá de cualquier discusión el hecho de que el delito es algunas veces utilizado por los periódicos y 

las cadenas para atraer lectores o espectadores, debe decirse con claridad que las 

imágenes distorsionadas del delito que muestran los medios son con frecuencia 

inadvertidas en lugar de intencionales. Después de todo, las consecuencias individuales y sociales del miedo son tan importantes que es difícil creer que cualquier organización o individuo pudiera deliberadamente incrementar el miedo 

solamente por razones de un interés personal. 

Sin embargo, hay de hecho industrias enteras en los Estados Unidos que 

confían en el miedo al delito para vender productos y servicios, desde sistemas 

de seguridad para hogares, instrumentos antirrobo para automóviles y cheques 

de viajero, a instrumentos de seguridad personal (sprays, alarmas y otras armas), 

seguros de propiedades y teléfonos móviles. Algunas compañías son responsables y serias en la publicidad que hacen de sus productos. Otras exageran o dramatizan deliberadamente los riesgos de la victimación delictiva en un esfuerzo 

para atraer a los potenciales compradores para que adquieran los productos, algunos de los cuales son de cuestionable utilidad. 

Personalmente experimenté el alcance de estas prácticas hace algunos años 

cuando estaba construyendo una casa nueva y fui contactado por un servicio nacional de seguridad para hogares que deseaba entrevistarse conmigo y explicarme sus servicios. Después de escuchar amablemente al agente, le dije que necesitaba un tiempo para pensármelo. Al oír esto, el agente me dijo de forma 

despreocupada que el último cliente que había pospuesto su decisión durante algunos días se arrepintió profundamente porque su hija fue violada por un intruso 

durante el tiempo que se tomó para llegar a una decisión. No creí esta improbable historia, y quizás el vendedor tampoco esperaba que lo hiciera. Pero algunos 

podrían creerla y se sentirían presionados a comprar por su propio miedo. 
EL MIEDO AL DELITO EN LOS ESTADOS UNIDOS 213 

En un anuncio reciente que se transmitió repetidamente en la televisión nacional, una mujer joven va conduciendo su coche sobre un solitario camino durante la noche, cuando un hombre en una camioneta súbitamente aparece por la 

parte de atrás y la persigue. El locutor pregunta al espectador qué debe hacer ella 

o él si es acosado por un «depredador humano», ofreciendo recomendaciones 

para salir de esa situación. La conexión lógica entre este incidente escenificado 

y la compañía misma (una de las principales compañías petroleras) era en el 

mejor de los casos tangencial. Parecía que la compañía estaba deliberadamente 

provocando miedo, particularmente entre mujeres jóvenes, en un esfuerzo por 

anunciar su preocupación por la seguridad pública y obtener la confianza y gratitud del público. 

Por supuesto, no existe ninguna ley en contra del uso del miedo al delito 

como un instrumento de ventas, y la regla de que el comprador es responsable 

de lo que compra se aplica a la prevención del delito tanto como a cualquier otro 

ámbito del comercio. Pero hay algo profundamente cínico en explotar las preocupaciones de la gente sobre su seguridad (y la de sus seres queridos) por razones monetarias. Tan sólo como pregunta de investigación, sería interesante 

conocer si determinados segmentos de la población —los mayores, aquéllos que 

viven solos (viudas y viudos), estudiantes, mujeres jóvenes— son seleccionados 

por dichas empresas para una atención especial, así como el grado en que usan 

argumentos fraudulentos para vender sus productos y servicios. Sin duda, una 

de las extrañas ironías de la vida es que, aun si son fraudulentos e innecesarios, 

esos productos pueden de hecho funcionar para reducir el miedo al delito entre 

aquéllos que decidieron invertir en ellos. 

Si el miedo es útil como un instrumento de ventas, también tiene un valor 

para los políticos, quienes a veces están dispuestos a explotarlo como un instrumento político. Desde algunas posiciones, la campaña electoral de 1968 de 

Richard Nixon, con su énfasis en la ley y el orden, fue la primera en capitalizar 

el delito y el miedo al delito para un beneficio político. En la contienda presidencial entre Bush/Dukakis, los tristemente célebres anuncios publicitarios de 

Willie Horton parecen haber jugado un papel crucial. Hoy los delitos continúan 

estando fuertemente presentes en las campañas políticas locales y nacionales, y 

esto no parece probable que cambie. En un mundo justo, la explotación cínica 

del miedo con propósitos políticos sería apreciada por lo que verdaderamente es. 

En cualquier caso, aun cuando no fuera otra cosa, la avidez de las figuras políticas por capitalizar el miedo público al delito es un testimonio de su lugar de 

privilegio en la vida moderna. 
214 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

LAS CONSECUENCIAS DEL MIEDO: LA IMAGEN COMPLETA 

En el análisis final, lo que hace tan importante al miedo al delito como problema social es lo profundo y amplio de sus consecuencias en nuestra sociedad. 

A lo largo de los años, los investigadores han identificado muchas conductas 

precavidas asociadas con el miedo. Éstas van desde la relativamente trivial y más 

universal de las conductas (por ejemplo, encender las luces y cerrar las puertas 

cuando uno se ausenta de casa) a acciones que tienen más repercusión personal 

y social (no salir de casa por la noche o no salir fuera solo) (cfr. Skogan y 

Maxfield 1981; Warr 1994). 

Sin embargo, lo que con frecuencia está ausente de la investigación sobre 

miedo el delito son los estudios sobre las consecuencias de largo alcance del 

miedo. Por ejemplo, parece que la ecología de las ciudades estadounidenses está 

regulada por un considerable grado de miedo al delito. De acuerdo con datos de 

encuestas, la reacción singular más común al miedo al delito en los Estados 

Unidos es la evasión espacial; esto es, mantenerse lejos de lugares que se perciben como peligrosos (Warr 1994). En encuestas realizadas en Seattle y Dallas, 

por ejemplo, un 63% y un 77% de los informantes, respectivamente, indicaron 

que «evitaban ciertos lugares de la ciudad» y, cuando a los residentes de Dallas 

se les solicitó identificar las áreas más peligrosas de su ciudad, cuatro de cada 

cinco señalaron que normalmente no se acercaban ni transitaban por esas áreas. 

Junto con la evasión espacial per se, el miedo al delito también parece afectar 

las rutas que la gente toma cuando viaja, la forma de transporte que emplean y 

los tiempos que escogen para dejar su residencia (véanse DuBow, McCabe y 

Kaplan 1979; Warr 1994). 

Dichos hábitos de evasión deben inevitablemente afectar al comercio, al uso 

de las calles y carreteras, a las actividades de ocio y a la interacción social. Los 

comercios minoristas que se localizan en áreas reputadamente peligrosas son 

susceptibles de sufrir una disminución de consumidores, y los vecindarios 

reputadamente peligrosos son proclives a encontrarse a sí mismos aislados socialmente (Conklin 1975; Skogan 1990). Sin embargo, de forma notable no existe 

evidencia sistemática del impacto financiero del miedo al delito en los negocios 

minoristas, ni evidencia de hasta qué punto el miedo aísla los vecindarios de su 

relación social ordinaria. Lo mismo ocurre cuando se trata de actividades recreativas. El impacto del miedo en el turismo interestatal o interciudades es un tema 

obvio de investigación, pero, dejando de lado ocasionales relatos periodísticos 

(como los tristemente célebres asesinatos de turistas en Florida en los años 1990), 

existe poca investigación sobre las consecuencias económicas del miedo en el 

turismo. Adicionalmente, el uso público de instalaciones como parques, playas, 
EL MIEDO AL DELITO EN LOS ESTADOS UNIDOS 215 

sitios para acampar y otras áreas recreativas se ve afectado seguramente por el 

miedo, pero la naturaleza y la magnitud de su efecto permanece desconocido. 

Existe otra consecuencia potencial del miedo. Algunos comentaristas han 

recalcado la aparente tendencia de los estadounidenses a pasar crecientes cantidades de tiempo, incluyendo su propio tiempo de ocio, en sus propias casas, 

tanto que se trata de una retirada general del mundo exterior. La tendencia es a 

veces descrita en términos humorísticos (como «adicto al sofá») y apoyada en 

la referencia a la venta de artículos tales como televisores, teatros en casa y 

jacuzzis. Asumiendo que esta tendencia está de hecho en curso, ¿cuáles son sus 

causas? Una causa, por supuesto, puede ser el miedo público al delito y la conducta de evasión que propicia. Aun cuando los datos de encuestas muestran poco 

cambio en la prevalencia del miedo en décadas recientes, un incremento nacional significativo ocurrió a finales de los años 1960 (Warr, 1995a). Incluso una 

prevalencia cruda de la tasa de miedo puede producir cambios en la conducta si 

dichos cambios provienen de una exposición acumulada al miedo. Si este proceso está de hecho en curso, su escala y profundidad son graves: una sociedad 

«libre» se refugia crecientemente en sus aposentos como una forma de asilarse 

de un mundo ostensiblemente peligroso. 

El argumento del asilo toca una de las principales y añejas controversias 

relativas al miedo al delito. ¿Es el miedo, en última instancia, una fuerza 

desintegradora de la sociedad? ¿Interrumpe la interacción social normal, haciendo que los ciudadanos se inhiban de saludar o hablar uno con el otro, y minando la civilidad y la confianza que hace posible la vida civil? Cuando a sectores 

importantes del público estadounidense les preocupa de veras salir de su casa de 

noche, cuando les preocupa transitar a pie o atravesar ciertas secciones de su 

ciudad, es difícil negar el poder del miedo para romper en pedazos el tejido social. Hoy en ningún otro lugar esto es tan evidente como en Ciudad de México, 

donde el miedo al delito ha interrumpido la movilidad, la recreación y el comercio, ha amenazado la capacidad de la ciudad para funcionar como un sistema 

coherente. Lo que aparentemente también ha minado la legitimidad de los líderes políticos y de la propia aplicación de la ley (Newshour con Jim Lehrer 1999). 

Sin embargo, lo que con frecuencia se pasa por alto en las discusiones sobre el miedo es la aparente habilidad del miedo para crear o incrementar la cohesión social. Como el sociólogo Émile Durkheim observó hace mucho tiempo, el delito integra a las comunidades al ponerlos juntos cuando se enfrentan 

al peligro. Hoy, muchos millones de estadounidenses participan en programas 

de vigilancia comunitaria del delito, policía cooperativa/asociaciones comunitarias, marchas y manifestaciones de «devolvednos la noche» y otras formas de 

protección comunal. Es difícil de decir si estas fuerzas integradoras son capa­
216 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

ces de contrarrestar los efectos desintegradores del miedo. Pero aun si dichas 

actividades compensan un descenso en la interacción interpersonal en la vida 

diaria, las mismas pueden hacer poco para reparar lo que parece ser una pérdida de confianza en las instituciones sociales y políticas. Si la primera prioridad 

del gobierno es proteger a sus propios ciudadanos, la difusión del miedo público al delito sólo puede explicarse como un fallo del gobierno en el cumplimiento 

de esa responsabilidad. 

Conclusiones 

El miedo es una emoción natural y común. Bajo muchas circunstancias, es 

una emoción benéfica, e incluso salvadora de vidas. Bajo circunstancias erradas, 

es una emoción que puede innecesariamente coartar la conducta, restringir la libertad y las oportunidades personales, así como amenazar las bases de las comunidades. 

Lo que diferencia el miedo al delito de otros riesgos de la vida es que aquél 

con frecuencia descansa sobre información altamente incierta en torno al riesgo. La mayoría de los ciudadanos tienen pocas bases científicas para sus creencias sobre el delito. En la vida cotidiana están constantemente enfrentados con 

información sobre el delito de fuentes que pueden no apreciar o no preocuparse 

de la (in)exactitud de dicha información y que pueden utilizar el delito para entretener, vender, explotar o ganar votos. Al final, la mayoría de los ciudadanos 

son abandonados a aviárselas como puedan sobre los riesgos del delito. Debido 

a que las consecuencias de la victimación pueden ser catastróficas para ellos 

mismos y para aquéllos a quienes aprecian, muchos son tentados a equivocarse 

del lado de la precaución, preocupándose al respecto y protegiéndose del delito 

más de lo necesario o justificable. 

Dada la ubicuidad de los mensajes sobre el delito en nuestra sociedad y los 

costes de la información inadecuada, es de la incumbencia de los oficiales del 

sistema penal proporcionar a la gente información fiable sobre el delito, incluyendo información sobre el riesgo de victimación para los diferentes delitos, las 

fuentes y la probabilidad de error en esas estimaciones, la naturaleza de los hechos victimales (incluyendo el riesgo de lesiones asociado con esos eventos) y, 

donde sea conocido, las características personales, sociales, temporales/espaciales que incrementan o reducen el riesgo. Sin información de este tipo, los ciudadanos permanecerán desinformados sobre los riesgos del delito. Bajo esa condición se convierten de hecho en víctimas de aquéllos para quienes el delito y 

el miedo al delito son meros instrumentos para entretener, seducir o vender. 
EL MIEDO AL DELITO EN LOS ESTADOS UNIDOS 217 

El delito, después de todo, no es como alguna enfermedad nueva y virulenta cuyos riesgos y epidemiología sean precariamente entendidos. Los riesgos 

asociados a muchos delitos son entendidos con un grado de certidumbre tal que 

podría asombrar a muchos observadores casuales, y dicha información se ha 

desarrollado en gran medida a costa del presupuesto público. El problema hoy 

no es la ausencia de conocimiento en sí mismo, sino la falta por parte de los 

criminólogos y los funcionarios públicos de desmitificación del delito para el 

público en general y de presentación de una versión razonable y entendible de 

los hechos sobre el delito. La brecha que existe entre el estado del conocimiento y la conciencia del público no sólo es desafortunada, es peligrosa. 

REFERENCIAS 

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JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 

DAVID R. KARP Y TODD R. CLEAR


David R. Karp es Profesor Ayudante de Sociología en el Departamento de Sociología


de Skidmore College, Saratoga Springs, New York.


Todd R. Clear es Catedrático Distinguido en John Jay College of Criminal Justice,


City University of New York.


Traducción de José Luis de la Cuesta 

RESUMEN 

En sentido amplio la justicia comunitaria hace referencia a todas las variantes de 

prevención del delito y de actividades de justicia que explícitamente incluyen en sus 

procesos a la comunidad y se plantean como objetivo el aumento de la calidad de 

la vida en la comunidad. Iniciativas recientes incluyen la prevención comunitaria 

del delito, la policía de proximidad, la defensa comunitaria, la fiscalía comunitaria, 

los tribunales comunitarios y sistemas sancionadores de justicia restaurativa. Estos 

enfoques comparten un núcleo común en la medida en que abordan cuestiones de 

nivel comunitario centrándose en la resolución de los problemas a corto y a largo 

plazo, la restauración de las comunidades y de las víctimas, el refuerzo de los 

estándares normativos y la efectiva reintegración de los delincuentes. En este capítulo comenzamos con una discusión del objetivo más amplio del modelo, el «ideal 

de justicia comunitaria», y describimos innovaciones recientes en la policía, el enjuiciamiento y la ejecución penal. A continuación describimos cinco elementos nucleares de la justicia comunitaria que la distinguen de las prácticas tradicionales de 

la justicia penal. En «Principios de justicia comunitaria» dibujamos el perfil de la 

filosofía de la justicia comunitaria a través de la descripción de siete principios básicos y cómo se aplican en algunas recientes iniciativas. En «Un modelo integral 

de justicia comunitaria» definimos los procesos y resultados específicos que caracterizan el modelo de justicia comunitaria. Lo llamamos «modelo integral» porque 

suministra un patrón por el que se pueden evaluar las iniciativas concretas. En la 

sección final, resaltamos algunos retos actuales que suscita la implantación de iniciativas de justicia comunitaria, incluyendo cuestiones sobre derechos individuales 

y proceso debido, los límites del control comunitario, la movilización y la representación comunitaria, y la financiación de las nuevas prácticas. 
224 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

SURGIMIENTO DE LA JUSTICIA COMUNITARIA 

Entre los profesionales de la justicia existe un interés creciente en un nuevo concepto de justicia que frecuentemente se denomina «justicia comunitaria». 

El término apunta hacia prácticas de justicia que mantienen una preocupación 

especial por el modo en que el crimen y la justicia afectan a la vida en la comunidad. Esta preocupación ha dado lugar a un movimiento de justicia comunitaria que abarca diferentes enfoques de justicia penal: prevención comunitaria del crimen (Bennett 1998), policía de proximidad (Goldstein 1990), defensa 

comunitaria (Stone 1996), fiscalía comunitaria (Boland 1998), tribunales comunitarios (Rottman 1996) y sistemas sancionadores de justicia restaurativa 

(Bazemore 1998). Resulta fácil deducir, por ello, que la justicia comunitaria se 

compone de proyectos y programas innovadores como éstos, todos ellos operando a nivel comunitario, pero vagamente relacionados entre sí. 

Sin embargo, estos diversos enfoques comparten un núcleo común en la 

medida en que abordan cuestiones de nivel comunitario centrándose en la resolución de problemas a corto y a largo plazo, la restauración de comunidades y 

víctimas, el refuerzo de los estándares normativos y la reintegración efectiva de 

los delincuentes. En su conjunto, estas diversas iniciativas pueden verse como 

una forma nueva y emergente de justicia a nivel comunitario. El concepto de 

justicia comunitaria puede ser contemplado como un desafío a las prácticas y 

conceptos tradicionales de justicia penal que delimitan de manera distinta el 

papel del Estado y el de las comunidades en el proceso de justicia. En un modelo de justicia comunitaria se da prioridad a la comunidad, destacando su responsabilidad en el control social al tiempo que se refuerza su capacidad para 

lograr éste y otros resultados relevantes para la calidad de la vida comunitaria. 

La justicia comunitaria se refiere en sentido amplio a todas las variantes de 

prevención penal y actividades desarrolladas en el marco de la justicia que explícitamente incluyen a la comunidad en sus procesos y que se plantean como 

meta el aumento de la calidad de vida en la comunidad. La justicia comunitaria 

encuentra sus raíces en las acciones que los ciudadanos, las organizaciones comunitarias y los sistemas de justicia penal pueden desarrollar para controlar el 

crimen y el desorden social. Su centro principal de atención son los resultados 

a nivel comunitario, desplazando el énfasis desde los incidentes individuales a 

los modelos sistémicos, de la conciencia individual a las costumbres sociales, 

y de los bienes individuales al bien común. Típicamente, la justicia comunitaria es percibida como una colaboración entre los sistemas formales de justicia 
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 225 

penal y la comunidad, pero a menudo las comunidades desarrollan de manera 

autónoma actividades que directa o indirectamente se dirigen al problema de la 

delincuencia. 

La justicia comunitaria comparte con la justicia restaurativa la preocupación 

por las víctimas y prioriza las sanciones que exigen a los delincuentes la restitución a las víctimas y la reparación de la comunidad. Como la justicia 

restaurativa, los modelos de justicia comunitaria rechazan el castigo como filosofía sancionadora. Las exigencias de restauración son contempladas no como 

un castigo, sino como obligaciones asumidas por la pertenencia a una comunidad. Con todo, la justicia comunitaria se concibe de una manera más amplia que 

la justicia restaurativa del delincuente, al ocuparse tanto de la prevención de la 

delincuencia como de la sanción del delincuente. De manera adicional, la justicia comunitaria se concentra explícitamente en la localización de las actividades de justicia a nivel local y se concentra en sus resultados comunitarios. 

Nuestro objetivo en este capítulo es articular las funciones, fines y dificultades de la justicia comunitaria. Al comienzo de un nuevo siglo, tratamos de articular el concepto de justicia comunitaria como un modelo ideal, aunque reconocemos las limitaciones de las prácticas actuales. Planteamos preguntas 

fundamentales sobre la misión y objetivos de la justicia penal y cómo un modelo de justicia comunitaria puede distinguirse del modo tradicional de aplicación de la ley y la sanción penal. 

En este capítulo comenzamos con una discusión del objetivo más amplio del 

modelo, el «ideal de justicia comunitaria», y describimos innovaciones recientes en la policía, el enjuiciamiento y la ejecución penal. A continuación describimos cinco elementos nucleares de la justicia comunitaria que la distinguen de 

las prácticas tradicionales de la justicia penal. En «Principios de justicia comunitaria» dibujamos el perfil de la filosofía de la justicia comunitaria a través de 

la descripción de siete principios básicos y cómo se aplican en algunas recientes iniciativas. En «Un modelo integral de justicia comunitaria» definimos los 

procesos y resultados específicos que caracterizan el modelo de justicia comunitaria. Lo llamamos «modelo integral» porque suministra un patrón por el que 

se pueden evaluar las iniciativas concretas. En la sección final, resaltamos algunos retos actuales que suscita la implantación de iniciativas de justicia comunitaria, incluyendo cuestiones sobre derechos individuales y proceso debido, los 

límites del control comunitario, la movilización y la representación comunitaria, y la financiación de las nuevas prácticas. 
226 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

El ideal de justicia comunitaria 

Uno de los atractivos de la justicia comunitaria es que se aleja del cansado 

debate entre conservadores y liberales en torno a si las políticas represivas tienen sentido. La justicia comunitaria se centra en la promoción de la seguridad 

pública y la calidad de la vida en la comunidad, y esto es algo que pueden suscribir los partidarios de perspectivas tanto liberales como conservadoras. El ideal 

de justicia comunitaria supone para los agentes de la justicia penal organizar su 

trabajo de modo que su principal objetivo sea mejorar la vida en la comunidad, 

en particular reduciendo las desigualdades de las vidas en los ghettos, la indignidad del desorden, la agonía de la victimación criminal y la parálisis del miedo. Esta línea de pensamiento ha comenzado a encontrar apoyo en cada uno de 

los tres principales componentes de la justicia penal: policía, tribunales y sistema penitenciario. 

Policía 

En un período muy corto de tiempo, la policía ha pasado de un modelo profesional separado a un modelo comunitario comprometido. Aunque la línea de 

policía de proximidad ha sido adoptada por la mayor parte de los departamentos policiales a lo largo y ancho del país (Peak y Glensor 1996, 68), son muchas 

las variantes de la policía de proximidad tanto en cuanto a su definición como 

en la práctica. Subyacente a los diversos enfoques son las estrategias duales de 

resolución de problemas y de participación comunitaria (Goldstein 1990; 

Skolnick y Bayley 1998; Bayley 1994; Skogan 1997), así como un cambio representativo de la evolución desde un modelo de reacción rápida a los incidentes particulares hacia la identificación y resolución de las causas de los incidentes 

criminales. El interés por la participación comunitaria ha llevado a poner un 

mayor énfasis en el tratamiento del desorden social, representado por ejemplo 

en los hechos de beber alcohol, mendigar, hacer graffitis, o dedicarse a la prostitución en público, etc. debido a la extensión de la preocupación comunitaria 

por estos problemas (Skogan 1990; Kelling y Coles 1996). De manera más profunda, participación comunitaria significa compartir la responsabilidad del control social con los miembros de la comunidad. 

Estas estrategias comunitarias están llevando a una redefinición de la labor 

policial. El personal es contemplado menos como un grupo de burócratas atrapados en organizaciones autocráticas y más como innovadores cuyo saber profesional sobre el mundo les ofrece una pericia especial en cuanto a la resolución 
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 227 

de problemas. Los índices de detención y de llamadas al teléfono de emergencias policiales se emplean de manera decreciente como indicadores de éxito y 

están siendo reemplazados por la satisfacción de los ciudadanos con los servicios policiales, la solución directa de los problemas ciudadanos y, por supuesto, la reducción de la victimación criminal. La policía va aprendiendo a alejarse del síndrome «ellos-nosotros» que domina la tradición policial (thin blue line); 

en su lugar, la policía ve a los vecinos como potenciales colaboradores en la tarea de convertir las localidades en sitios mejores para vivir. 

Tribunales 

El sistema judicial presenta innovaciones recientes en cuanto a los servicios 

de defensa (Stone 1996), persecución (Boland 1998) y reorganización de los órganos judiciales en la dirección de varios modelos comunitarios (Rottman 1996). 

Por ejemplo, la persecución comunitaria intenta integrar los servicios jurídicos 

de la oficina del fiscal en el barrio afectado por el crimen. Los fiscales con base 

en el barrio constatan que los vecinos no sólo se preocupan por los delitos graves; también les preocupa mucho el desorden, los pequeños disturbios y, sobre 

todo, la calidad global de la vida del barrio. El papel de los fiscales de barrio 

pasa de la invocación automática del sistema acusatorio de persecución a la resolución sistemática de los problemas relativos al crimen y al desorden. Los tribunales comunitarios representan otro enfoque del proceso de enjuiciamiento. 

Variantes del modelo de justicia comunitaria, como los tribunales de adolescentes, los tribunales especializados en materia de drogas y los tribunales de violencia familiar, se especializan en problemas específicos con el fin de desarrollar soluciones más completas. La idea subyacente en los tribunales comunitarios 

es que las comunidades se ven fuertemente afectadas por el proceso de enjuiciamiento y sentencia pero, en cambio, raramente son consultadas y participan 

en los resultados de la justicia. 

Sistema penitenciario 

La justicia comunitaria ha sido muy lenta en llegar al ámbito de la ejecución penal. Tal vez esto sea debido al empleo del término «sistema penitenciario comunitario», que da la impresión de que hay una justicia comunitaria. Según los enfoques tradicionales en este ámbito, el mundo penitenciario forma 

parte de la comunidad, pero la comunidad nunca entra en el mundo penitencia­
228 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

rio. Sin embargo, han surgido nuevos proyectos que buscan resultados en una 

ejecución penal que restaure a víctimas y delincuentes (Van Ness y Strong 1997; 

Galaway y Hudson 1996), al tiempo que implican a los ciudadanos en la determinación de las sanciones y en la evaluación de las prioridades en materia de 

ejecución penal. Una relativamente reciente publicación de la Asociación Americana de Libertad Vigilada y Libertad Condicional (American Probation and 

Parole Association) (1996) destaca casi 20 ejemplos de colaboración ciudadano/comunidad con las instituciones de ejecución penal. Por ejemplo, en Vermont 

hay ciudadanos voluntarios en los consejos locales que trabajan con víctimas y 

delincuentes para negociar acuerdos de reparación (Kart 1999; Perry y Gorczyk 

1997). 

Lo anterior permite mostrar las estrategias variables, dinámicas y de carácter local que están sustituyendo los modelos estandarizados, centralizados de 

expertos, que han sido objeto del mayor desarrollo profesional en los últimos 

tiempos. Con todo, es importante subrayar que estos cambios constituyen adaptaciones espontáneas del sistema a su falta de credibilidad y eficacia, siendo asumidos por algunos elementos del sistema de justicia, aunque frecuentemente de 

forma aislada. No constituyen por ello una práctica coherente, una teoría sistemática o basada en una especial tradición de investigación empírica acumulada. Nuestro objetivo es describir lo que consideramos el ideal de justicia comunitaria, el cual viene a ser una compilación de los elementos más destacados del 

movimiento de justicia comunitaria. 

Los cinco elementos de la justicia comunitaria 

La justicia comunitaria puede identificarse a través de estos cinco elementos nucleares. La justicia comunitaria se centra explícitamente en (1) localización, (2) solución de problemas, (3) descentralización de la autoridad y responsabilidad, (4) calidad de vida en la comunidad, y (5) participación ciudadana. 

1. La justicia comunitaria opera a nivel local 

Las jurisdicciones penales se definen por sus límites políticos (estados, 

municipios y gobiernos) pero, desde el punto de vista de la vida comunitaria, 

frecuentemente estos perímetros jurídicos no tienen significado. Tanto Lubbock 

como El Paso aplican el Derecho penal de Texas, pero el tipo de vida comunitaria en estas ciudades, distantes cientos de millas, es bastante diferente en todo 
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 229 

lo referente a la delincuencia y su control. Desde el punto de vista operativo, esto 

significa que hay que pensar en términos de bloques espaciales, no en términos 

de ciudades, condados o estados. En el ideal de justicia comunitaria, las actividades de la justicia penal han de vincularse a localidades delimitadas y ser libres para adaptarse a las manifestaciones particulares de la vida comunitaria del 

lugar. 

2. La justicia comunitaria consiste en resolver problemas 

El Derecho penal tradicional se presenta como una contienda entre el acusado y el Estado. Para la justicia comunitaria, el crimen no es una contienda a ganar, sino una serie de problemas a resolver. El acento se coloca tanto en los problemas de seguridad pública que hay que resolver para mejorar la vida en la 

comunidad como en las consecuencias potenciales de las medidas adoptadas para 

resolver estos problemas. Los enfoques de resolución de problemas se distinguen 

del paradigma de conflicto, porque se apoyan en la información, la deliberación 

y el interés mutuo por la resolución del problema. La idea es que los ciudadanos 

comparten un conjunto de valores y de preocupaciones, y que, con la información 

y el orden adecuados, puede encontrarse una vía para superar el problema. 

La información de nivel comunitario se usa en tres líneas orientadas al problema. Primero, la información de carácter geoespecífico ordena los espacios con 

arreglo a prioridades (Taylor y Harrell 1996). Los lugares con alto índice de criminalidad reciben una mayor atención e inversión de recursos locales, puesto que 

no sólo el problema es más difícil sino que también es mayor el resultado potencial en forma de mejora de la calidad de vida. En segundo lugar, las preocupaciones y deseos de los vecinos son una fuente de información para el programa. Indican a los operadores de la justicia qué factores son considerados por los 

vecinos como los más estrechamente ligados a problemas de calidad de la vida 

comunitaria (Kelling 1992). Tercero, la información se traduce en objetivos que 

pueden ser utilizados para evaluar el éxito de una determinada estrategia para 

hacer frente a los delitos (Sherman et al. 1997). 

3. La justicia comunitaria descentraliza el poder y la responsabilidad 

Tradicionalmente, la administración de justicia penal es jerárquica; a cada 

nivel de la organización, el operador informa a su superior inmediato, el cual, a 

su vez, informa al siguiente nivel. Los enfoques de justicia comunitaria no si­
230 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

guen un sistema tradicional de organización. El personal puede informar a grupos de ciudadanos además de a sus superiores. Los directivos de una organización (por ejemplo, la policía), pueden verse integrados en red con directivos de 

otra organización (por ejemplo, de la libertad vigilada o de la fiscalía) con el fin 

de mejorar la coordinación y de aumentar la fertilización recíproca de ideas y 

práctica. Por ejemplo, en la Operación Nightlight de Boston, los funcionarios de 

policía y de libertad vigilada (probation) participan conjuntamente en la intervención con los exdelincuentes que viven en la comunidad (Corbett, Fitzgerald 

y Jordan 1996). Los canales de comunicación en estas inventivas estructuras 

organizativas son complicados. Las formas dominantes de trabajo pueden ser el 

compartir información lateral y, a corto plazo, los grupos de resolución de problemas ad hoc. 

El espíritu de innovación requiere una transformación de la justicia profesional que pase del antagonismo oculto entre ciudadanos y agencias transversales 

a procesos interconectados de identificación de problemas, recogida de información, diseño de la intervención y evaluación. Por ejemplo, una nueva línea de 

autoridad en la policía comunitaria o de proximidad a menudo permite al agente de proximidad hacer mucho más que aplicar su poder de ejecución penal. El 

o ella tienen frecuentemente la facultad de organizar campañas comunitarias 

anticrimen, de mediar sobre disputas en curso y de coordinar la solución de problemas colaborando con trabajadores de otras agencias. Tanto si un trabajador 

social coloca a un joven de riesgo en un programa de tratamiento de drogas como 

si el planificador municipal del tráfico rodado cambia el sentido de la circulación en una zona de «bazar» o mercado altamente visible de drogas, la solución 

de cualquier problema eventual de seguridad pública necesitará casi siempre de 

una integración organizativa. 

4. La justicia comunitaria otorga prioridad a la calidad de vida de la comunidad 

La justicia penal tradicional se preocupa por los acusados de los delitos y 

—más recientemente, en cierto modo— por sus víctimas. El proceso y los resultados que el sistema aplica a estos individuos producen la justicia. La justicia comunitaria considera que todo esto es importante, pero entiende que debe 

estar al servicio de un objetivo mucho más significativo: mejorar la calidad de 

vida en la comunidad. Una de las lecciones puestas de manifiesto por la fiscalía de barrio ha sido la aguda necesidad de asistencia jurídica que sienten los 

vecinos del interior de la ciudad, algo que va bastante más allá de la persecución de los delitos graves (Boland 1998). Del hecho de que un delincuente haya 
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 231 

sido declarado culpable y condenado —incluso aunque la víctima del delito específico quede plenamente satisfecha con la sanción— no cabe deducir el 

prevalecimiento de la justicia en su sentido más amplio. Para la teoría de la justicia comunitaria, el objetivo de los procesos relacionados con el crimen no es 

meramente cambiar las circunstancias de delincuentes y víctimas, sino reforzar 

la capacidad de autorregulación de las propias comunidades (Bursik y Grasmick 

1993) y la realización de los fines colectivos de bienestar —lo que otros han 

denominado «eficacia colectiva» (Sampson, Raudenbush y Earls 1997). La justicia, entonces, ya no es exclusivamente la experiencia de individuos en sus casos penales particulares; es también una experiencia colectiva de la vida de todos los días (Kelling y Coles 1996). 

Dos retos se derivan, al menos, de esta preocupación de la justicia como 

aspecto de la vida en la comunidad. Primero, las comunidades se componen de 

diversos individuos y sectores de intereses en competición. Encontrar vías que 

permitan poner en acción las prácticas de justicia de un modo que reconozca y 

fomente esa diversidad no es tarea fácil. A medida que los efectos nocivos del 

delito para la vida en la comunidad se hacen presentes, crece la tentación de 

adoptar enfoques de tolerancia cero hacia el delito, que tratan al conciudadano 

como una especie de enemigo. Cómo mantener el objetivo de la calidad de vida, 

sin excluir del conjunto a ciertos miembros de la comunidad, es un profundo reto 

para los defensores de la justicia comunitaria. Segundo, el hecho social de la 

extraordinaria desigualdad pone de manifiesto que las comunidades más afectadas por graves índices de criminalidad son las menos capaces de movilizar recursos para tratar el crimen. La justicia comunitaria, para ser viable, debe incluir 

estrategias de mejora de la capacidad de estas áreas locales ya altamente deprimidas. 

5. La justicia comunitaria implica a los ciudadanos en el proceso de la justicia 

En las iniciativas de justicia comunitaria hay una variedad de roles para los 

ciudadanos, pero cada rol supone la capacidad del ciudadano de influir en la práctica local de justicia. Los ciudadanos menos implicados pueden influir en la práctica asistiendo y participando en reuniones en las que se discuten temas de crimen y orden. Otros pueden dedicar voluntariamente su tiempo a trabajar en 

proyectos especiales, suministrar apoyo a las víctimas, asistir a los delincuentes en su reintegración en la comunidad y desarrollar actividades de prevención 

comunitaria del crimen. Otros, incluso, llegan a asumir roles más formales como 

miembros de consejos asesores, como el Consejo de Justicia Comunitaria de 
232 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Austin (Austin Community Justice Council) (Earle 1996), realizando aportaciones más estructuradas a las prácticas de justicia comunitaria. 

El deslizamiento hacia la participación ciudadana se apoya en dos importantes perspectivas. Primero, el control social formal por parte de la policía y de 

los tribunales constituye sólo un fino segmento de un conjunto mucho más espeso de instituciones y prácticas culturales sobre las que se cimenta y produce 

el orden social. La acción policial tradicional se ve reforzada por el importante 

trabajo de las familias, escuelas, iglesias, organizaciones cívicas y otras que contribuyen a la creación de ciudadanos respetuosos de la ley y espacios públicos 

seguros. Segundo, la tendencia hacia la participación ciudadana se fundamenta 

en el reconocimiento básico de que en una sociedad democrática los miembros 

de una comunidad son ciudadanos. Se asume en una democracia que los ciudadanos trabajan activamente en pro del bienestar del conjunto de la sociedad y no 

sólo buscan el suyo propio. Nuestros fracasos pasados resultan en parte de la 

falsa asunción de que la carga de la seguridad pública recae enteramente sobre 

el sistema de justicia penal. 

Los elementos mencionados son respuestas que reflejan cambios en el crimen y en la vida comunitaria. Demandan un sistema de justicia en mayor sintonía 

con la necesidad de mejorar la calidad de la vida comunitaria en EE.UU. También llevan consigo semillas que germinarán en comunidades más seguras y 

miembros más responsables de la comunidad. La visión promovida por estos 

cambios es la de un conjunto de prácticas de justicia crecientemente relevantes 

y útiles, desarrolladas en estrecha cooperación con los ciudadanos afectados por 

esas mismas prácticas. 

PRINCIPIOS DE JUSTICIA COMUNITARIA 

A continuación, desarrollamos siete principios de la justicia comunitaria, 

igualitaria y democrática. Estos principios sirven como elementos-guía en la 

aplicación de la justicia comunitaria en la práctica. Por cada principio, se ofrece un ejemplo de aplicación. 

Principios democráticos 

Tres principios democráticos tienen que ver con las respuestas de justicia 

comunitaria a los incidentes penales. El nivel micro adoptado aquí espera la participación democrática de los ciudadanos en el proceso de justicia. Describimos 
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 233 

los derechos y responsabilidades de los diversos interesados: delincuentes, víctimas, espectadores, representantes institucionales de la comunidad y profesionales de la justicia penal. Nuestra perspectiva es que todas las partes tienen roles importantes y únicos a desarrollar en el logro de una resolución justa de los 

incidentes criminales. La perspectiva democrática pone el acento en la participación cívica en los procesos de justicia penal con arreglo a tres principios comunes: afirmación de las normas, restauración y seguridad pública. 

Afirmación de las normas 

Cuando una comunidad responde a un incidente penal, busca no tan sólo 

restaurar la credibilidad de la concepción comunitaria sobre el orden moral reafirmando que los individuos son responsables de sus infracciones de la vida 

comunitaria, sino también afirmar simbólicamente las normas comunitarias para 

aquéllos que no las han desobedecido. Un principio fundamental de la justicia 

comunitaria democrática es la reafirmación de los estándares puestos en cuestión por el incidente criminal. La afirmación de las normas es más que un reconocimiento intuitivo de lo correcto frente a lo incorrecto; es un proceso consciente que articula estándares de comportamiento y los justifica. 

En el programa del consejo reparador de Vermont, los voluntarios comunitarios se integran en órganos que se reúnen con delincuentes adultos para negociar los términos de la reparación a las víctimas y a la comunidad. Es un enfoque que moviliza a los miembros de la comunidad en la respuesta al crimen, 

capacitándoles para implicar y aplicar los estándares apropiados de comportamiento. Al sacar el proceso de sanción de la sala de audiencias y llevarlo a las 

instancias informales de resolución de problemas de las salas de consejo comunitario, los delincuentes se ven obligados a enfrentarse directamente a sus pares comunitarios. Se explicitan las consecuencias dañinas del delito y se da a los 

representantes comunitarios una potente voz en el proceso de comunicación de 

los estándares normativos. Las iniciativas de justicia comunitaria tratan de afirmar los estándares de comportamiento locales. Por ello, los consejos de reparación tienen un amplio grado de autonomía y de discreción con respecto a lo que 

hay que comunicar. Los consejos de reparación de Vermont son un intento de 

otorgar un papel a la comunidad en muchos aspectos del proceso sancionador, 

pero especialmente de apertura de un foro para afirmar las normas de conducta 

locales. 
234 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Restauración 

La restauración en cuanto principio del proceso sancionador ha recibido recientemente mucha atención (Bazemore y Umbreit 1994; Braithwaite 1997; Van 

Ness y Strong 1997). Esencialmente, esta perspectiva constituye una excepción 

al proceso sancionador retributivo que castiga a los delincuentes sin 

responsabilizarles de la mejora de las víctimas y de la comunidad en su conjunto. 

La idea que subyace en la búsqueda de la restauración es que el crimen ha originado un daño y que más que la imposición recíproca de más daño, lo que exige es su rectificación, preferiblemente a través de la restauración (Clear 1994). 

La meta de la justicia restaurativa es reparar el daño causado por la infracción 

delictiva más que infligir un daño proporcional al delincuente (Bazemore y 

Umbreit 1995). 

El modelo básico de «conferencias de grupos familiares» que surgió en 

Nueva Zelanda (Maxwell y Morris 1994) y que se aplica crecientemente en los 

Estados Unidos (Immarigeon 1996; McCold y Stahr 1996) consiste en un programa de desjudicialización utilizado de una manera más frecuente con jóvenes 

delincuentes detenidos por delitos relativamente menores. Un experimento más 

importante está siendo aplicado en la actualidad en Australia con delincuentes 

juveniles y conductores bajo la influencia del alcohol (Sherman y Strang 1997), 

siguiendo un proyecto de conferencias juveniles positivamente evaluado (Moore 

y O ́Connell 1994). 

El modelo australiano, a menudo denominado el modelo «Wagga Wagga» 

para distinguirlo del diseño neozelandés, emplea a funcionarios de policía como 

facilitadores de la entrevista entre víctimas, delincuentes y «espectadores» (normalmente, personas que apoyan a la víctima y al delincuente). Los objetivos 

explícitos de una conferencia de grupo familiar son asegurar que el delincuente 

entiende la gravedad del delito y asume la responsabilidad de hacer ciertos arreglos; suministrar un foro a la víctima para su participación en el proceso sancionador y verse recompensada; otorgar un papel significativo a la policía y a 

otras instituciones comunitarias para la facilitación del proceso de justicia; y 

ofrecer oportunidades a los servicios comunitarios y de rehabilitación. De manera divergente a los consejos de Vermont, el énfasis se pone aquí en la mediación entre delincuente y víctima y la resolución de problemas, más que en la 

afirmación de las normas locales. 
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 235 

Seguridad pública 

El tercer principio de un enfoque de justicia comunitaria sobre los incidentes delictivos es la seguridad pública: la garantía de que los delincuentes no causarán daño adicional a los miembros de la comunidad. Eso es particularmente 

importante para el proceso de curación de la víctima y de reducción del miedo 

comunitario al delito. La calidad de la vida comunitaria se basa en parte en la 

confianza de sus miembros a la hora de atravesar espacios públicos y de relacionarse de manera segura con otros miembros de la comunidad. La condena por 

un delito hace sin duda sospechar a la gente de las futuras intenciones del delincuente. Una respuesta orientada comunitariamente a los incidentes criminales debe abordar las preocupaciones de los directamente afectados por la potencial reincidencia de los delincuentes. Es más, exige una activa campaña para 

tranquilizar a la comunidad en cuanto a su seguridad a través de pasos concretos dirigidos a mejorar los controles formales e informales. 

Un ejemplo del principio de seguridad pública es la Operación «Alto el Fuego» de Boston (Kennedy 1997). La estrategia usa datos fácilmente disponibles 

para el sistema de justicia penal —en particular, el hecho de que unos pocos 

delincuentes son, en una importante proporción, responsables de gran parte de 

los delitos, y de que estos delincuentes se encuentran frecuentemente concentrados en un cierto espacio geográfico. Estos factores sugieren que la seguridad 

pública puede mejorar sustancialmente centrando la atención institucional en las 

bandas de delincuentes. 

Dos estrategias básicas subyacen a la Operación «Alto el Fuego» (Operation 

Cease Fire). Primero, la colaboración entre agencias ayuda a identificar a los 

individuos y a las bandas en riesgo de violencia. Las agencias participantes se 

reúnen regularmente para diseñar estrategias y compartir información crítica para 

la identificación de miembros de las bandas a seguir, incrementando así la efectividad de la investigación y desarrollando un repertorio de intervenciones y sanciones. Aún más, las agencias trabajan juntas para reforzar el tono de la gravedad de la intervención. El esfuerzo coordinado ayuda al proyecto de centrarse 

en su estrategia de intervención sobre las áreas más dadas a la violencia. En segundo lugar, la Operación se basa en los crecientes efectos preventivos de una 

sanción rápida y cierta, y de la superación de las tradicionales debilidades de 

estos ámbitos críticos. Esto se consigue a través de una variedad de medios. 

Cuando se comete un acto violento, las diversas agencias pueden, a discreción, 

no sólo detener a los sospechosos, sino también cerrar mercados de drogas, aplicar de manera estricta restricciones de la libertad vigilada, practicar detencio­
236 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

nes por desórdenes, tratar de manera estricta los casos sometidos a enjuiciamiento, desplegar el poder federal de aplicación, etc. 

La estrategia de «Alto el Fuego» parece haber tenido bastante éxito; su implantación coincidió con un descenso dramático en la violencia de bandas de 

Boston (Kennedy 1997). El éxito de la estrategia se predica por la capacidad del 

sistema de seguir la pista de las actividades de aquellos individuos que presentan un riesgo grave de delincuencia. Aun cuando el sistema de justicia penal ignora normalmente la supervisión de la comunidad y sólo castiga de manera grave 

a los delincuentes tras el hecho, la Operación «Alto el Fuego» subraya la posibilidad real de prevención a través de la disuasión. La estrategia es única en el 

modo en que usa los poderes agresivos del sistema de justicia penal y los aplica como una estrategia de prevención. 

Principios igualitarios 

Consideramos aquí cuatro principios que enmarcan el enfoque de justicia 

comunitaria en las condiciones criminógenas de los vecindarios. Con esto llevamos al modelo de justicia comunitaria del plano de la justicia penal al contexto más amplio de las condiciones sociales que colocan a los individuos frente al riesgo de ciertos problemas sociales, como el abuso de drogas, el desempleo, 

el fracaso escolar, así como la maternidad adolescente y extramatrimonial. Nuestro objetivo es aplicar el enfoque de justicia comunitaria más allá de la típica 

reacción a los incidentes particulares (incluso una reacción considerablemente 

diferente a la anteriormente descrita). En lugar de ello nos centramos en las 

medidas proactivas y preventivas. Los cuatro principios se dirigen a orientar a 

los modelos de justicia comunitaria hacia preocupaciones igualitarias respecto 

de la igualdad, la inclusión, la reciprocidad y la responsabilización. 

Igualdad 

La búsqueda de la igualdad social parte de la preocupación moral por el 

hecho de que las oportunidades se encuentran socialmente distribuidas de manera desigual. Los investigadores han expresado su particular preocupación por 

las desigualdades resultantes de la segregación racial (Massey y Denton 1993) 

y la pobreza concentrada (Sampson y Wilson 1995). Las comunidades fuertemente golpeadas por el crimen son casi siempre las que sufren niveles extremos 
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 237 

de pobreza y de desorganización, y también suelen carecer de recursos para hacer frente a sus problemas criminales. Un acercamiento de justicia comunitaria 

a la desigualdad comienza por tener en cuenta la capacidad de una comunidad 

para responder al delito y los recursos disponibles para proveer directamente al 

bienestar comunitario. El objetivo es incrementar la capacidad de la comunidad 

para movilizar recursos locales adicionales en su propio beneficio (Bursik y 

Grasmick 1993) con el fin de mejorar la capacidad de los recursos propios. 

Un buen ejemplo de un programa que se adhiere al principio de igualdad es 

la Iniciativa de Construcción Comunitaria (Community Building Initiative) 

(Chavis, Lee y Merchlinsky 1997). Este proyecto está financiado por la Corporación de apoyo a las iniciativas locales (Local Initiatives Support Corporation, 

LISC), que fue creada por la Fundación Ford para facilitar el despliegue de sociedades de desarrollo comunitario (CDC). Las CDC son organizaciones vecinales generalmente creadas para revitalizar barrios urbanos, renovando las casas y abordando los problemas sociales locales. La Iniciativa de Construcción 

Comunitaria suministra apoyo a la financiación, formación y otras capacidades 

de construcción a las CDC en diversas ciudades de los Estados Unidos. El proyecto se dirige a asistir a las CDC en sus iniciativas por involucrar a los vecinos en actividades de desarrollo del barrio con el fin de crear vínculos entre las 

CDC y las instituciones públicas y privadas capaces de apoyar desarrollos locales 

en materia de vivienda y otros proyectos de instalaciones comunitarias. 

La Iniciativa de Construcción Comunitaria ofrece asistencia técnica a las 

CDC locales, promueve la colaboración de las CDCs entre sí y apoya las relaciones entre CDCs y agencias públicas e inversores privados. Como resultado, 

las CDCs desarrollan planes de acción, implicando en las actividades de construcción comunitaria a los vecinos de la comunidad, a suministradores de servicios sociales locales y a colaboradores externos. Las actividades específicas 

pueden variar mucho dependiendo de la voluntad local. Por ejemplo, Chavis, Lee 

y Merchlinsky (1997) informan sobre ciertos proyectos, como la organización 

de asociaciones de bloque o de arrendatarios, la creación de programas de desarrollo de liderazgo comunitario, la organización del cierre de casas de drogas, 

el desarrollo de jardines comunitarios, así como de programas de participación 

de los padres en las escuelas. Las iniciativas específicas que estos autores evaluaron ayudaron a fomentar los vínculos con organizaciones externas —a través 

del excedente CDC— trayendo servicios de asistencia sanitaria al vecindario 

local mediante acuerdos con hospitales y universidades del área. También se hicieron esfuerzos para aportar recursos de justicia penal desde el Gobierno de la 

ciudad a la comunidad local mediante acuerdos de colaboración con diversas 

agencias de justicia penal. 
238 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Inclusión 

El principio de inclusión afirma que la pertenencia a la comunidad no es algo 

que se adquiera o se pierda fácilmente. Mucha de la presión hacia las condenas 

de prisión más largas se predica desde una perspectiva delictiva de «tipos de 

gente»: el mundo puede dividirse claramente en buenos y malos y, cuanto antes 

se separe a los malos del ámbito público, mejor. Un enfoque de justicia comunitaria favorece la seguridad pública, pero rechaza la exigencia simplista de que 

sacar a los «malos» haya de ser la estrategia central para resolver los problemas 

de seguridad comunitaria. Los vecinos que se encuentran en los márgenes de la 

vida comunitaria son recursos potenciales para el desarrollo comunitario. El 

desafío no es aislar todo lo posible a los muchos vecinos dudosos, sino encontrar vías para incluir a tantos más miembros de la comunidad como sea posible 

en las iniciativas de mejora de la calidad de vida en la comunidad. 

Un ejemplo de justicia comunitaria es la creación de tribunales de drogas 

para facilitar el tratamiento de los usuarios abusivos de sustancias (Roberts, 

Brophy y Cooper 1997). Dado el estrecho vínculo entre el abuso de drogas y el 

crimen (Belenko y Dumanovsky 1993) y el efecto mínimo del encarcelamiento 

sin tratamiento de reducción del uso de las mismas (U.S. Department of Justice 

1995), los tribunales de drogas han buscado una vía para suministrar tratamiento, 

al tiempo que mantienen a los delincuentes no violentos en la comunidad. Por 

ello, el movimiento de tribunales de drogas no se ha centrado sobre delincuentes violentos o traficantes de drogas; más bien se ha centrado sobre delincuentes (típicamente acusados por delitos menos graves) con problemas de abuso de 

drogas. 

Los tribunales de drogas constituyen un importante ejemplo del principio de 

inclusión, pues son indicativos de una evolución en la perspectiva que acepta a 

las personas que abusan de ciertas sustancias como miembros problemáticos de 

la comunidad necesitados de ayuda, en lugar de considerarlos inadaptados sociales que precisan ser alejados a través del encarcelamiento. Las iniciativas de 

justicia comunitaria que se adhieren al principio de inclusión buscan por tanto 

proteger a los delincuentes de la exclusión mediante la implantación de cambios 

institucionales que gestionan su reintegración a la comunidad. Los tribunales de 

drogas realizan esto mediante: 

• su especialización en las cuestiones jurídicas y sociales específicas de los 

delincuentes relacionados con las drogas, 

• la colaboración con las agencias de tratamiento y organizaciones comunitarias, 
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 239 

• la educación y formación de jueces, fiscales, abogados y otros profesionales de la justicia penal en materia de abuso de sustancias y modalidades de tratamiento, así como mediante la educación y formación de los que 

aplican el tratamiento en los temas y procedimientos de la justicia penal, 

• la centralización de la gestión de casos y seguimiento de los delincuentes, 

lo que facilita una racionalidad en la sanción y procedimientos terapéuticos de supervisión y evaluación. 

Reciprocidad 

Como un mínimo ético, la justicia comunitaria se posiciona a favor de la 

coexistencia pacífica de actores que tienen sus propios intereses y, más importante, en pro de la cooperación en la persecución de fines mutuamente beneficiosos. Esto supone, de un lado, incentivar el comportamiento prosocial: desarrollo de servicio comunitario, sumarse a campañas de prevención comunitaria 

de la delincuencia, socialización y supervisión de jóvenes, etc. De otra parte, el 

principio de reciprocidad se traduce igualmente en desincentivos al comportamiento antisocial: haciendo a los delincuentes responsables por el daño causado, incrementando el riesgo de detección criminal, disminuyendo la vulnerabilidad de los objetos de las acciones criminales o reduciendo los réditos del 

comportamiento criminal. El principio de reciprocidad ayuda a hacer frente a los 

incentivos racionales que subyacen en muchas actividades criminales, en particular, la percepción por parte de los delincuentes de que nadie se preocupa suficientemente de intervenir. Los mejores enfoques alteran los incentivos criminales sin incrementar la coerción social; se preserva la libertad, pero disminuye 

el atractivo de la criminalidad. 

La prevención penal a través del diseño ambiental (Crime Prevention 

Through Environmental Design, CPTED) se basa en la observación de que hay 

ciertas características de los lugares que facilitan el crimen; muchos tipos de 

lugares no parecen ser criminógenos, pero otros lo son frecuentemente, como las 

tiendas de conveniencia o las tabernas (Eck 1997). Un buen ejemplo de aplicación del principio de reciprocidad fue la renovación en 1995 del Parque Bryant 

en el centro de Manhattan (MacDonald 1996). Antes de la renovación, el parque era un refugio conocido de traficantes de drogas; los robos, agresiones y disparos eran frecuentes. Hoy en día el espacio abierto rodeado de árboles se encuentra lleno de personas que disfrutan de su merienda o lanzándose discos 

voladores. La diferencia es el resultado de un proyecto sustancial de embellecimiento y mantenimiento que combinó paisajismo, saneamiento y seguridad. En 
240 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

esencia, los diseñadores del parque aplicaron una serie de estrategias de CPTED 

que hicieron al parque atractivo para los miembros de la comunidad, al tiempo 

que no conducente a actividades criminales. 

El Parque Bryant sirve como ejemplo del principio de reciprocidad por una 

segunda razón que va más allá de su transformación física. Su restauración es 

el resultado de un fenómeno creciente de patronazgo común por parte de los establecimientos comerciales próximos conocido como distritos de mejora de negocios (Business Improvement Districts o BIDs). En Nueva York, el BID Parque Bryant recaudó impuestos de las empresas y establecimientos locales, 

empleándose los fondos para mejorar los espacios públicos, reducir el desorden 

y, desde la perspectiva del comerciante, para incrementar la viabilidad comercial del área. En el marco de la legislación de Nueva York los BIDs se constituyen de un modo voluntario, por acuerdo de los establecimientos locales; con 

todo, tras la constitución de un BID, la sujeción a la política de tasas deviene 

obligatoria. Los BIDs son un mecanismo estructural para incorporar a los intereses privados a la tarea de aseguramiento de los bienes públicos. El mecanismo se basa en el interés propio compartido: las empresas y establecimientos 

comerciales tenían un incentivo económico para hacer mejoras en el barrio que 

sabían que la ciudad no podía asumir (o que, de otro modo, no lo haría). Tanto 

las estrategias de CPTED como los BIDs se caracterizan por alterar la estructura de incentivos, haciendo al crimen menos gratificante para el actor racional. 

Responsabilización 

El principio de responsabilización llama a los ciudadanos a hacerse responsables del bienestar de la comunidad en su conjunto, no sólo para responder a 

sus propios intereses inmediatos, sino también a las necesidades e intereses de 

los demás, en particular de los menos aventajados o vulnerables. Es el principio de justicia comunitaria el que aboga por la participación civil en todos los 

niveles del proceso de justicia penal. ¿Quién ha de ser la «comunidad» en la justicia comunitaria sino los vecinos? La cuestión no es simplemente mejorar la 

legitimidad del sistema a los ojos del público; es, de un modo más fundamental, promover la ciudadanía democrática. 

La responsabilización es también una idea creadora de recursos. Los bienes 

a los que sirve la comunidad colectiva necesitan ser mantenidos y reforzados 

adecuadamente, y los beneficios resultantes de ello deben diseminarse ampliamente entre los miembros de la comunidad. Las estructuras deben mantenerse 

en un buen funcionamiento; los lugares públicos deben estar limpios, atractivos 
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 241 

y accesibles. La comunidad actúa como administradora de su propio espacio vital 

y se beneficia de vivir en un área limpia y que funciona bien. La gestión de los 

bienes públicos en modo alguno es automática en una sociedad altamente individualista, dados los típicos conflictos entre intereses públicos y privados (Bellah 

et al. 1991). Por tanto, la responsabilización es un principio a cultivar entre los 

miembros de la comunidad. 

En Austin, Texas, un ejemplo de responsabilización son las actividades del 

Consejo de Justicia Comunitaria, un órgano de decisión compuesto por 10 funcionarios electos, con inclusión de fiscales, legisladores, miembros del ayuntamiento y del consejo escolar, y jueces. El consejo es responsable del desarrollo 

de planes de justicia comunitaria en el Condado de Austin y Travis. El consejo 

se encuentra íntimamente vinculado al (y está asesorado por el) Grupo Operativo de Justicia Comunitaria (Community Justice Task Force) que integra a 15 

funcionarios designados, entre los que se cuenta con el jefe del departamento de 

policía de Austin, el superintendente del sistema escolar de Austin y los directores de los departamentos de libertad vigilada juvenil y de adultos. Finalmente, el consejo es asesorado por el Comité de Acción de Protección del barrio 

(Neighborhood Protection Action Committee), que integra a 25 ciudadanos activistas seleccionados para representar a los barrios locales. 

La coordinación formal de las agencias de justicia penal, las agencias de servicio social y los grupos comunitarios permite al consejo diseñar planes comprensivos de, y adecuados a, las necesidades e intereses de las comunidades locales. 

Por ejemplo, una de las realizaciones más importantes del consejo ha sido la creación del Centro de Justicia Comunitaria, que es una instalación de ejecución penal comunitaria situada en un barrio conflictivo y construido sobre principios de 

justicia comunitaria. El trabajo colectivo en el desarrollo de este centro afectó desde 

la selección del lugar y diseño de las instalaciones hasta a la composición de los 

programas y servicios dirigidos a la reintegración de los delincuentes. 

La fuerza del Consejo de Justicia Comunitaria se encuentra en que ofrece 

una estructura organizativa a los ciudadanos para aportar su voz en la planificación de la justicia penal. Esto no supone meramente tener la oportunidad de 

emitir una opinión en una reunión de vecinos; supone también la oportunidad 

de trabajar de manera coordinada y sustancial en la producción de políticas y 

programas con representantes de múltiples agencias públicas. Aún más, el consejo se guía por una misión filosófica que invita a los participantes a reflexionar sobre las metas más amplias de la justicia penal y a buscar los medios para 

alcanzarlas. En este sentido, el consejo cultiva la responsabilización porque desplaza la consideración de los intereses limitados y a corto plazo en favor del bienestar general y a largo plazo de la comunidad. 
242 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

UN MODELO INTEGRAL DE JUSTICIA COMUNITARIA 

En el apartado anterior se han destacado los principios generales subyacentes 

al ideal de justicia comunitaria. Este apartado delinea un modelo integral que identifica el proceso central y las dimensiones resultantes de la justicia comunitaria. 

Los resultados de la justicia penal se concentran típicamente en un pequeño ámbito de intereses, que en la era contemporánea de políticas represivas constituyen casi exclusivamente variables de control del crimen: índice de delitos por 

áreas e índices de reincidencia individual. Por consideraciones de seguridad ciudadana este marco se amplía a veces con los índices de desórdenes y su vinculación potencial con los índices de criminalidad grave (Kelling y Coles 1996). 

Pero el enfoque es esencialmente de control de la delincuencia. En épocas más 

liberales, entre los resultados se incluían otros intereses de la justicia como el 

sesgo racista de los procesos judiciales y la protección de los derechos de los 

delincuentes, como en el caso Miranda. El ámbito de los resultados ha llegado 

a incluir igualmente cuestiones de tratamiento y rehabilitación. Al elaborar los 

resultados de la justicia desde la perspectiva de la vida comunitaria utilizamos 

un enfoque diferente. Esta perspectiva amplía el marco de los intereses de la justicia penal sin reducir la preocupación por los derechos individuales o el orden 

social. En particular, el modelo integral aquí desarrollado destaca la restauración 

de la comunidad en respuesta a las consecuencias perniciosas de la delincuencia y la integración social de los individuos marginados, en especial delincuentes y víctimas. Este enfoque doble de la restauración y reintegración distingue 

la justicia comunitaria de los enfoques tradicionales o procesales, así como de 

las versiones atávicas de justicia local que encuentran su origen en el 

vigilantismo 1 o la discriminación racial. 

El modelo integral que se presenta aquí no es un modelo causal. No predice, 

por ejemplo, que la participación comunitaria lleve automáticamente a un proceso reparador. De hecho, una de las grandes preocupaciones suscitadas por los críticos del movimiento de justicia comunitaria es que las comunidades abogarán 

intensamente por respuestas retributivas al delito, incluso suspendiendo las garantías procesales tradicionales de los presuntos delincuentes. El modelo integral sirve 

para ilustrar la organización conceptual de la justicia comunitaria: qué sistemas y 

procesos comunitarios son necesarios para alcanzar las metas de justicia comunitaria deseadas, y cómo se entiende que cada dimensión facilitará la siguiente. Su1 En inglés, vigilantism: Obsesión por la vigilancia que acaba traduciéndose en patrullas ciudadanas, etc. (N. del T.) 
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 243 

ministra una vía fundamentada para evaluar los elementos programáticos de las 

iniciativas de justicia comunitaria. Cierta estrategia de justicia comunitaria que se 

desvía del modelo integral puede ser contemplada como un fallo programático en 

la expresión de un proceso fundamentado de justicia comunitaria. Esto es, un programa puede profesar su compromiso con la justicia comunitaria, pero también 

desarrollar y alcanzar algo bastante diferente —algo que, sean cuales sean sus 

potenciales méritos, no llamaríamos justicia comunitaria. Metodológicamente, el 

modelo integral trata del problema de la validez de la elaboración más que del problema de su fiabilidad. La cuestión es básica: ¿es lo que observamos justicia comunitaria? Una vez respondida esta cuestión, estaremos en situación de preguntar si ciertos procesos específicos son predictivos de resultados de justicia 

comunitaria. El objetivo es, por tanto, establecer un marco que defina las características nucleares de la justicia comunitaria y desarrollar un conjunto de 

indicadores teóricos y empíricos para evaluar la extensión en que las iniciativas 

desarrolladas en este campo son conformes con el modelo teórico. 

El modelo integral se divide en dos ámbitos (véase gráfico 1). Primero, planteamos cuatro categorías orientadas al proceso: accesibilidad al sistema, participación comunitaria, procesos de reparación y procesos de reintegración. Dado 

que este movimiento aparece guiado por los esfuerzos de los profesionales de 

la justicia comunitaria por incluir a la comunidad, la accesibilidad al sistema se 

califica como un factor antecedente. Unido a la participación comunitaria, el 

modelo de justicia comunitaria pone en marcha agendas programáticas concurrentes reparativas y reintegradoras. 
244 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

El segundo ámbito se refiere a los resultados perseguidos por el modelo comunitario. La restauración y la integración social cumplen dos importantes objetivos comunitarios. Primero, facilitan la capacidad comunitaria o la aptitud de 

las comunidades de resolver problemas futuros y de proveer bienes colectivos. 

Esto es coherente con la premisa de la teoría de la desorganización social de que 

las comunidades eficaces son capaces de hacer realidad los valores comunes 

(Bursik 1988; Kornhauser 1978). Segundo, la restauración y la integración social afectan a la satisfacción comunitaria, ya que los miembros perciben una gran 

seguridad pública (Miethe 1995), creen que la justicia se aplica en respuesta a 

las violaciones del orden legal/normativo (Tyler 1990) y tienen un fuerte sentido de comunidad (McMillan y Chavis 1986). En consecuencia, en este modelo 

de justicia comunitaria se enfatiza la calidad de vida en la comunidad. 

Los procesos de la justicia comunitaria 

Una descripción en su integridad de la justicia comunitaria comienza por los 

componentes de sus procesos. Estas funciones de las iniciativas de justicia comunitaria constituyen áreas de actividad para los trabajadores de la justicia comunitaria y sus correspondientes. Los definimos como aspectos nucleares en 

torno a los cuales pueden diseñarse y desarrollarse programas. Son los cuatro 

siguientes: 

Accesibilidad al sistema 

El movimiento reciente de justicia comunitaria se encuentra impulsado por 

la búsqueda entre los profesionales de la justicia penal de nuevos enfoques para 

la seguridad comunitaria y para la satisfacción comunitaria con los procesos de 

la justicia. Los jefes de policía se suman a prácticas de policía de proximidad, 

como las patrullas a pie, los sondeos de opinión y resolución de problemas 

(Skogan 1997); los defensores públicos crean nuevos servicios a nivel local, 

como el Servicio de Defensores del Barrio de Harlem (Stone 1996); los fiscales definen nuevas prioridades estratégicas, como la creación de órdenes de búsqueda aplicadas por vecinos de Portland (Boland 1998); los tribunales comunitarios se especializan en cuestiones de calidad de vida, como el Midtown 

Community Court de Manhattan (Rottman 1996); y los departamentos de ejecución penal contratan a personal para desarrollar soluciones de justicia comunitaria como el planificador de justicia restaurativa en Minnesota (Pranis 1996) y 
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 245 

los coordinadores de consejos de reparación de Vermont (Kart 1999). ¿Cabe 

hallar una filosofía común subyacente en estas diversas iniciativas del sistema 

de justicia penal? Antes de nada, parece que estas iniciativas presentan un interés explícito en hacer el sistema más accesible a los vecinos de la comunidad. 

Esto puede ser especialmente cierto en tres ámbitos. 

En primer lugar, las iniciativas de justicia comunitaria parecen tomarse en 

serio la localización del proceso de justicia penal. Por ejemplo, ¿en qué medida 

las agencias son físicamente accesibles? ¿Cuánto necesitaría viajar la víctima 

para participar en el proceso judicial? Las comisarías de barrio de la policía de 

proximidad pueden ser axiomáticas de esta estrategia de accesibilidad. 

En segundo término, la justicia comunitaria se preocupa de la flexibilidad 

a la hora de la prestación de los servicios. Por ejemplo, se supone que el personal subordinado tiene la capacidad de responder de manera inmediata y creativa 

a las preocupaciones de los vecinos en cuanto se plantean. Tanto el alcance de 

los servicios por parte de una agencia como el modo de prestación han de ser 

flexibles en respuesta a las necesidades percibidas, condiciones cambiantes y/o 

utilidades que pueden resultar de las colaboraciones y de la resolución de problemas. La accesibilidad se genera a través de la capacidad de respuesta de las 

agencias y de su personal a los problemas locales, a tiempo y de forma productiva y dinámica. 

En tercer lugar, las iniciativas de justicia comunitaria mejoran la accesibilidad a través de su informalidad. Rechazando la autoridad impersonal de la decisión judicial, procesos sancionadores —como las vistas de los consejos de reparación de Vermont o los modelos de conferencias de grupos familiares que 

llegan de Australia y Nueva Zelanda— destacan las relaciones personales presentes en las disputas penales. El desarrollo es coherente con el contraste planteado por Gilligan (1982) entre la «lógica de la justicia» y la «ética del cuidado» en el proceso interno de toma de decisión. La accesibilidad se mejora a 

través de una atmósfera de respeto personal, de sensibilidad y de consideración, 

así como a través de procesos de facilitación que enfatizan la buena comunicación, el consenso y la resolución de conflictos. 

Compromiso comunitario 

Hacer el sistema accesible al público es una condición previa para la iniciación de procesos de justicia reparadora y reintegradora. El sistema fija los 

parámetros de la deliberación basada en prioridades locales, principios 

igualitarios y sensibilidad, más que en la coerción vinculada a las normas o la 
246 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

usurpación del interés individual. Más importante, la accesibilidad persigue involucrar a los miembros de la comunidad en un proceso típicamente controlado por los agentes del Estado. El compromiso comunitario se basa en un entendimiento básico del proceso democrático: se delega el poder de decisión, se 

revaloriza a la ciudadanía y los vecinos se ven reconocidos como gente con influencia y poder (Barber 1984). Se acentúa el compromiso comunitario en los 

esfuerzos por identificar a las partes relevantes, reclutar partícipes y ofrecer un 

rol determinante significativo a los miembros de la comunidad a cambio de su 

participación. 

La justicia comunitaria comienza por un proceso de definición de las partes inmediatas en los incidentes penales y/o situaciones criminógenas. El proceso de justicia comunitaria se interesa principalmente por las víctimas y por los 

delincuentes. De hecho, a lo largo de las dos últimas décadas, uno de los movimientos principales de la justicia comunitaria ha sido la mediación delincuente-víctima (Umbreit 1994). Más recientemente, se ha expandido la noción de 

partes relevantes para incluir a los entornos de las víctimas, como su familia y 

amigos, y a los entornos de los delincuentes, como los miembros de su familia, 

así como otros que comparten una preocupación tanto por los delincuentes como 

por el respeto de la ley. Las conferencias de grupos familiares (Braithwaite y 

Mugford 1994; Hudson et al. 1996) se organizan juntando a estos grupos en una 

sesión de resolución de problemas procedentes de un incidente criminal. La cuestión comunitaria se resuelve parcialmente por la inmediatez del grado de repercusión pública del incidente y la búsqueda de personas directamente vinculadas 

al incidente por su participación en el mismo o por sus fuertes vínculos personales. El interés reciente por los efectos dañinos de los desórdenes sociales y físicos en los barrios (Kelling y Coles 1996; Skogan 1990) amplía el número de 

partes relevantes incluyendo a los indirectamente afectados por los incidentes 

criminales debido al miedo que éstos originan, el cual puede llevar a los vecinos a retraerse de la vida comunitaria (Miethe 1995). Una hipótesis que tiene que 

ver con la definición de la comunidad es que la justicia comunitaria parece tener más éxito cuando los participantes en el proceso de justicia se encuentran 

directamente afectados por el incidente. A medida que su vínculo con el incidente disminuye, lo hace también el impacto de su participación. 

Una vez identificadas las partes relevantes, es necesario reclutarlas con vistas 

a su participación. La justicia comunitaria trata de evitar en lo posible la coerción. A menudo se da hasta a los delincuentes una posibilidad de elección en 

cuanto a la forma de su participación. Por ejemplo, puede permitírseles optar 

entre participar en una conferencia de grupo familiar o seguir la vía de enjuiciamiento judicial tradicional. La participación de la víctima es a menudo vista 
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 247 

como algo altamente deseable, si bien cabe preguntarse, en lo que se refiere a 

su puesta en práctica, cuánto se les empuja a participar en un proceso de justicia voluntaria. Esta segunda dimensión del compromiso comunitario, por tanto, gira en torno a los procesos de reclutamiento y del tipo de participación. 

¿Cómo se les recluta? ¿Cuánto participan? 

Una tercera dimensión del compromiso comunitario refleja la relativa eficacia de los participantes comunitarios en los procesos de justicia. Esta dimensión compara la colaboración comunitaria con el sistema de justicia penal. Incluso si el compromiso de la comunidad es amplio, puede también ser superficial 

y sin importancia para el resultado judicial. Esto sucede cuando las agencias 

desarrollan iniciativas de justicia comunitaria más como estrategias de relaciones públicas que como un verdadero compromiso para compartir el poder. Los 

voluntarios comunitarios se encuentran en desventaja técnica y política respecto de los profesionales de la justicia penal, y atender a este desequilibrio es un 

punto crítico de la evaluación (Crawford 1995). ¿En qué medida los procesos de 

decisión son democráticos e inclusivos de miembros comunitarios? ¿Qué poder 

se da a los grupos de la comunidad para desarrollar sus propias agendas y completarlas? ¿Qué recursos y apoyos se ofrece a esos grupos? ¿Qué acuerdos formales de colaboración existen entre agencias judiciales y comunitarias? ¿Qué 

medidas se adoptan para hacer frente a las contingencias derivadas de la revocación o incumplimiento de los acuerdos? Si el poder se devuelve desde el sistema a la comunidad, otra cuestión central es el desarrollo de nuevos sistemas 

de responsabilidad. ¿Se encuentran los ciudadanos sujetos a las mismas reglas 

que los empleados de las agencias? Si los grupos comunitarios no tienen éxito 

o actúan de manera irresponsable (por ejemplo, con discriminación racial) ¿cómo 

hacerles responder, si es que se puede? 

Procesos de reparación 

El proceso de reparación se basa en el modelo de solución de problemas 

común a la policía de proximidad. Más que poner el acento en el estricto respeto del precedente y el procedimiento, la atención se centra continuamente en los 

problemas causados por el crimen y los problemas que dan origen a delitos. Una 

vez que se identifican las condiciones perniciosas y el daño criminal, se pone en 

marcha un proceso de decisión para rectificar ese daño. A diferencia de las filosofías retributivas tradicionales, no se pone el énfasis en la imposición a los 

delincuentes de costes proporcionales al daño originado. No obstante, se entiende 

que los delincuentes se encuentran en deuda tanto con las víctimas como con la 
248 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

comunidad. Hacer a los delincuentes responsables de un modo que facilite su 

acción de reparación es una parte crítica de los procesos de justicia comunitaria. El castigo tradicional, que no es directamente constructivo, queda fuera del 

modelo de justicia comunitaria. Sin embargo, tanto la incapacitación (para garantizar la seguridad pública) como el trabajo potencialmente oneroso pueden 

constituir partes integrantes de los procesos reparadores, así como de los procesos de reintegración. 

El proceso de reparación comprende dos fases: un proceso de identificación 

que define las tareas reparadoras, y un proceso de aplicación que facilita la realización de esas tareas. La decisión de reparación es frecuentemente alcanzada 

en el marco de un proceso negociador que incluye a delincuentes y víctimas. Las 

víctimas tienen un rol importante que desarrollar con vistas a determinar cómo 

han sido dañadas por el incidente criminal y qué necesitan para curarse. La restitución monetaria puede ser sólo una dentro de una larga lista de necesidades, 

e incluso considerando que los delincuentes puedan tener que hacer una importante contribución, es posible que éstos no sean los más apropiados o sólo una 

de las partes a la hora de asumir la responsabilidad en la reparación. En Vermont, 

los consejos de reparación negocian contratos con delincuentes, en gran medida para identificar tareas reparadoras apropiadas. Cuando un delincuente firma 

un contrato, él o ella se obligan a cumplir sus términos como condición para 

superar la libertad vigilada. 

El término «reparación» se usa generalmente en conjunción con un proceso sancionador. Sin embargo, es igualmente aplicable a necesidades y tareas 

orientadas a la prevención y a la solución de problemas. De hecho, la vía sancionadora reparatoria es teóricamente similar a la policía orientada a la solución 

de problemas en cuanto a su interés por resolver problemas comunitarios específicos. El elemento crucial es un proceso de decisión transparente que identifica un problema o daño y articula una estrategia razonada de resolución del problema o de evaluación del daño. El problema, por ejemplo, podría ser como en 

Nueva York el de los graffitis en el metro, con una solución diseñada por las 

partes afectadas, incluidos los viajeros, autoridades de transporte urbano y policía (Kelling y Coles 1996). 

Una vez identificada la necesidad de reparación y la solución, la aplicación 

de esta solución exige un esfuerzo organizativo considerable. De manera típica, 

las soluciones transcienden a las responsabilidades encasilladas de los empleados 

individuales o agencias, siendo preciso organizar un equipo de colaboración 

(Schorr 1997). Si se imponen tareas de servicio comunitario a los delincuentes, 

pueden éstos necesitar formación, además de supervisión. La de qué hacer para 

crear oportunidades reparadoras es en sí misma una cuestión a evaluar. Un elemen­
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 249 

to de esta evaluación es la cantidad de tiempo y de esfuerzo que el personal de la 

agencia o los voluntarios comunitarios han de invertir en la creación de oportunidades reparadoras que sean relevantes para las necesidades identificadas, algo que 

se opone a apoyarse en las oportunidades de servicio por defecto ya en aplicación, 

pero poco ligadas al proceso de solución de problemas. Por ejemplo, poner a delincuentes a recoger basura al borde de una autopista puede ser algo relevante para 

infractores de la normativa de basuras, pero será de muy poca utilidad para reparar las consecuencias de un robo con fuerza o de una agresión. 

Procesos de reintegración 

El doble objetivo de la justicia comunitaria es restaurar a víctimas y comunidades e integrar socialmente a los miembros marginales de la comunidad, en 

particular, víctimas aisladas y delincuentes antisociales. 

Los procesos de reintegración, junto a la definición de la comunidad relevante y la especificación de los problemas a resolver, requieren un proceso de 

identificación inicial que articule estándares locales de comportamiento y genere 

un consenso en torno a los mismos. ¿Qué significa estar «integrado» en la vida 

social convencional? Sin una especificación de las normas de comportamiento, 

los procesos de justicia comunitaria pueden transformarse pronto en una tiranía 

de la mayoría en la que se demande una conformidad aniquiladora sin reflexionar sobre el por qué son necesarios los procesos de control social. La integración es un concepto ambiguo, en la medida en que necesariamente declara la 

tolerancia de la expresión individual, pero con expectativas de autosacrificio en 

favor de la comunidad. En una sociedad que adopta como premisas las libertades individuales, los procesos de justicia comunitaria deben ser conscientemente 

específicos y justificables. Un método, defendido por Kelling y Coles (1996), es 

generar, a través de procesos de consenso, listas de comportamientos apropiados e inapropiados, tales como conductas en los parques, en las calles o en las 

estaciones de metro. El resultado es, por tanto, centrar la atención sobre los comportamientos problemáticos más que sobre los tipos de personas, como los sin 

techo, que son frecuentemente objeto del control social o de las actividades de 

mantenimiento del orden. Esto asegura una mayor atención hacia los comportamientos generadores de daños claramente identificables a los miembros de la 

comunidad, que hacia comportamientos o estilos de vida que pueden ser ideológicamente controvertidos. 

Los procesos reintegradores comienzan por estrategias de afirmación de 

normas. El objetivo no es ignorar el disenso normativo significativo cuando éste 
250 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

exista, como por ejemplo en relación con la posesión de pequeñas cantidades de 

marihuana o la permisibilidad del mendigar. En lugar de ello, la atención se centra en la identificación del daño criminal destacando las consecuencias de comportamientos particulares, a veces agregados, sobre los vecinos de la comunidad. 

La cuestión básica es determinar qué daño ha sido causado por un particular 

comportamiento, lo que justifica su regulación. Dado que el comportamiento 

criminal viola expectativas normativas, los incidentes criminales devienen un 

momento importante de reflexión comunitaria sobre el objetivo de la norma y 

la necesidad de consenso en cuanto a su observancia. En Vermont, por ejemplo, 

un objetivo específico de la vista del consejo de reparación es volver a proclamar los estándares locales de comportamiento. Esto se ve reforzado por la presencia de las víctimas que claramente expresan la justificación de la norma en 

virtud de su victimación; también por medio de los miembros del consejo que 

no son impersonales representantes del Estado, sino voluntarios que mantienen 

una clara apuesta a favor de la pervivencia de su comunidad. En este proceso de 

afirmación de la norma se espera que el delincuente llegue a un mayor entendimiento de la racionalidad de la norma y exprese tanto su remordimiento por la 

infracción como su compromiso de observar la norma en el futuro. 

El proceso reintegrador se ve también explícitamente concernido por la seguridad pública, en particular, la supervisión de los delincuentes en la comunidad. 

Sean o no encarcelados los delincuentes, el proceso sancionador generalmente 

concluye con el retorno del delincuente a la comunidad. Sin embargo, el interés 

por esta transición es relativamente débil en el plano de las prácticas judiciales tradicionales. La justicia comunitaria, que se ve principalmente concernida por la 

calidad de vida en la comunidad, le presta una atención mucho mayor. Un primer 

paso en este proceso es la determinación del riesgo del delincuente. Instrumentos 

como los Niveles de Inventario de Servicio (Levels of Service Inventory) (Andrews 

y Bonta 1996) y la Escala de Factores de Riesgo y de Protección (Risk and 

Protective Factors Scale) (Hawkins, Arthur y Catalano 1995) se utilizan para apreciar el pronóstico de reincidencia. Los aspectos considerados incluyen la anterior 

delincuencia, tipos de delitos, características individuales del delincuente, así como 

la determinación del respeto de los procesos sancionadores tales como el cumplimiento de los acuerdos de reparación por parte del delincuente. El grado de riesgo determina el nivel de supervisión necesaria. Las cuestiones sobre reintegración 

deben incluir la determinación de quién es el responsable de la supervisión, qué 

forma adoptará ésta y cuánto durará. 

Otro enfoque de la reintegración es el desarrollo de redes de apoyo para delincuentes y víctimas. Debido a la aguda vulnerabilidad de las víctimas del delito (Farrell 1995; Pease y Laycock 1996) frente a una ulterior victimación, para 
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 251 

la completa recuperación de la víctima de las secuelas de un crimen son cruciales 

los mecanismos de apoyo. Parte de esto supone un examen de los vínculos sociales de la víctima con la comunidad, tales como familia, amigos, compañeros 

de trabajo y gente del vecindario a los que puede pedírseles que le presten una 

atención extra en el período de crisis consecutiva al crimen. En Gran Bretaña, 

esto se ha descrito como construir caparazones (cocoons) en torno a la víctima 

(Farrell 1995). Siempre que sea posible deberían existir servicios de víctimas 

para facilitarles el cultivo de los lazos sociales o suministrar un apoyo directo a 

víctimas aisladas. También los delincuentes precisan apoyo social, necesitándose 

un examen y desarrollo de sus vínculos sociales. Además, para superar el aislamiento del delincuente es también importante compensar los vínculos sociales 

criminales con vínculos convencionales. 

Un aspecto final del proceso de reintegración es la creación de programas 

de desarrollo de capacidades. ¿Qué habilidades necesitan las víctimas y delincuentes para su efectiva reintegración? ¿Cómo pueden promoverse? ¿Qué programas se les ofrece para desarrollarlas? En el caso de las víctimas, esto puede 

incluir estrategias de autoprotección. Para los delincuentes, la programación 

puede centrarse en la educación, formación profesional, tratamiento de 

drogodependencias, planificación familiar y educación de los hijos, o gestión 

económica. Un enfoque específico de desarrollo de competencias puede consistir 

en el uso de tutores o visitas regulares al hogar que sirvan a la vez para fomentar habilidades y ofrecer supervisión y apoyo social (Sherman 1997). 

Los resultados de la justicia comunitaria 

Las dimensiones descritas en la sección precedente se relacionan con los 

procesos de justicia comunitaria, o con los medios de alcanzar los fines de la 

justicia comunitaria. Estos procesos deberían promover, de manera conjunta, una 

serie de importantes resultados de justicia comunitaria —el significado operativo de la justicia comunitaria como experiencia colectiva. A continuación, describimos los cuatro resultados, centrándonos en las medidas directamente relevantes para la calidad de vida en la comunidad. 

Restauración 

La preocupación por la restauración se vincula con dos ámbitos conceptuales de la justicia: de un lado, el micro/macro y, de otro, el de reacción/preven-
252 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

ción. La justicia restaurativa, de manera típica, destaca las necesidades de las 

víctimas del delito y su general exclusión de los procesos de justicia. El modelo de justicia comunitaria no sólo prioriza las necesidades de las víctimas de 

delitos, también ubica a éstas en el contexto de la pertenencia a la comunidad. 

La justicia comunitaria se fija, por tanto, en las necesidades de las partes particulares de los incidentes (delincuentes, víctimas, espectadores) y atiende a la 

relación de los miembros de la comunidad entre sí, restaurando los vínculos sociales dañados. Esto supone un enfoque de nivel macro para la justicia comunitaria. Un segundo enfoque de nivel macro se refiere específicamente al daño 

causado a la comunidad como resultado de la delincuencia. Este daño abarca 

desde los efectos tangibles (por ejemplo, daño a espacios públicos) a los efectos menos tangibles (por ejemplo, el miedo al delito). 

Al vincular los problemas de la delincuencia a nivel micro y macro, la restauración deviene una meta omnicomprensiva de la mejora comunitaria de las 

condiciones del status quo: Si las víctimas se han visto dañadas, deben ser curadas; si se ha causado daño a la propiedad, debe repararse; si el desorden socava el funcionamiento a nivel comunitario, hay que restaurar el orden; si fracasos institucionales, como el desempleo, pobres escuelas, rupturas familiares 

o condiciones de alojamiento inadecuadas, crean condiciones que fomentan el 

crimen, lo indicado es la inversión institucional. La restauración es, en consecuencia, una respuesta a problemas identificables de la comunidad que necesitan ser resueltos —problemas tanto de los miembros individuales como de la 

comunidad en su conjunto. 

La meta de la restauración también se vincula con un segundo ámbito importante: la prevención de la delincuencia reactiva versus proactiva. Al ligar la 

respuesta al incidente criminal y a las actividades de prevención delictiva, la restauración da mayor fuerza a la respuesta de la comunidad al crimen y a las causas de la delincuencia. Puesto que los individuos y la comunidad sufren ambas, 

los resultados restauradores se encauzan hacia los miembros individuales de la 

comunidad necesitados de ayuda y a las condiciones estructurales que precisan 

ser reparadas. Conceptualmente, restauración es sinónimo de solución de problemas en la política comunitaria. Cuando hay un problema resultado de un crimen o que puede llevar a un crimen, solucionar el problema se convierte en el 

objeto central de la intervención. 

Un importante indicador de la justicia comunitaria es la restauración de las 

víctimas del delito. Identificar la extensión del daño causado a las víctimas por 

el crimen es un primer paso en la identificación de cómo pueden ser compensadas. Dos cuestiones son importantes en relación con la compensación. En primer lugar, las víctimas pueden ser restauradas mediante la compensación, en 
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 253 

particular en forma de indemnización o de restitución o reparación de los bienes. En segundo lugar, cabe ofrecer a las víctimas la prestación de determinados servicios para ayudarlas a recuperarse del delito; esto incluye servicios médicos, de salud mental y otros servicios sociales relevantes. Aunque las víctimas 

puedan preferir no hacer uso de esos servicios, en un modelo de justicia comunitaria los mismos deberían estar disponibles. Aun cuando tales servicios sean 

ofrecidos y frecuentemente usados, también se entiende que algunos daños son 

tan profundos que no cabe asumir su completa recuperación. Típicamente, la 

carga de la restitución recaerá sobre el delincuente, pero también se han propuesto modelos de compensación alternativos en los que la compensación es ofrecida por parte de la comunidad (Wright 1992). Con todo, los servicios a las víctimas generalmente precisan de un compromiso por parte de la comunidad de 

ofrecerlos como un bien público. 

Un segundo centro de atención crítico de la justicia comunitaria es la restauración de la comunidad. En este caso, la restauración abarca tanto la reparación del daño causado por el crimen a la comunidad, como las iniciativas dirigidas a reducir las condiciones criminógenas. La restauración comunitaria 

causada por el incidente incluye generalmente la prestación de servicios comunitarios por parte de los delincuentes para compensar el daño. Sin embargo, el 

vínculo entre el delito y el servicio comunitario suele ser por lo general débil. 

En un modelo de justicia comunitaria habría que hacer todos los esfuerzos necesarios para conseguir que el servicio fuera relevante en relación con el daño. 

Por ejemplo, en Vermont se exigió a un delincuente ebrio prestar cuidado hospitalario a otro conductor ebrio que había resultado gravemente herido en su propio accidente. En Nueva York se pide a los autores de graffiti fregar y repintar 

el bien afectado. En Texas, los autores de robo en casa habitada prestan labores 

de instalación de dispositivos de seguridad en casas de víctimas (aunque no necesariamente, o sólo idealmente, también en las mismas casas en las que el delincuente ha robado). 

La restauración es un amplio concepto que también incluye aquellas iniciativas restauradoras dirigidas a prevenir un futuro daño criminal en la comunidad a través del abordaje de condiciones criminógenas específicas. La trayectoria en este modelo integral parte de la identificación comunitaria de un 

problema comunitario que se considera vinculado al crimen, como el desorden 

social, la concentración de pobreza o la ruptura familiar. Esta dimensión es reflejo de una determinada manera de resolución del problema criminógeno. Por 

ejemplo, la conducción en estado de embriaguez o la congregación no vigilada 

de jóvenes en las esquinas puede crear condiciones para el crimen violento. Más 

generalmente, de acuerdo con el modelo de «cristales rotos» (Wilson y Kelling 
254 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

1982), el desorden puede fomentar un entorno normativo que invita a la criminalidad. El cristal roto no reparado puede servir de indicador de la fortaleza de 

los controles sociales locales. Consiguientemente, cabe orientar el mantenimiento del orden como estrategia de prevención, esto es, buscando un medio de restauración del orden que reduzca las condiciones criminógenas. Otras estrategias 

pueden concentrarse en la intervención sobre las oportunidades criminales en 

determinados asentamientos (Clarke 1995), con inclusión de medidas de desarrollo económico, educativo o de alojamiento (Sampson 1995), o situaciones de 

apoyo familiar (Hirschi 1995). 

Integración 

Integración es el segundo objetivo de amplio espectro en la justicia comunitaria. La justicia comunitaria se presenta como una perspectiva inclusiva en 

cuanto a su concepción de la comunidad. Los miembros marginalizados no son 

objeto de evitación, desplazamiento o expulsión. En lugar de ello, se hacen todos los esfuerzos para lograr su participación y para ofrecerles una protección 

de sus derechos como ciudadanos, así como también para reclamar el cumplimiento de su responsabilidad de contribuir prosocialmente al bien colectivo y 

frenar las actividades antisociales. El modelo es sensible a los incidentes criminales al centrarse en la reintegración de las víctimas y de los delincuentes. 

También mira hacia el futuro al enfatizar la necesidad de mayor compromiso, 

vinculación y participación democrática en la vida comunitaria. Hay diversos 

indicadores de la integración social de víctimas y delincuentes que resultan particularmente reveladores para las iniciativas de justicia comunitaria de respuesta 

a los incidentes criminales. Indicadores adicionales de integración que pueden 

ser incorporados en el futuro tienen que ver con los miembros marginalizados 

de la comunidad (y las comunidades marginalizadas), como los jóvenes en riesgo 

o minorías raciales. 

En primer lugar, un indicio de integración puede ser la creación de consenso normativo. Por ejemplo, ¿llegan los delincuentes a reconocer que su comportamiento causó daño a la víctima y a la comunidad? ¿Se ponen de acuerdo las 

diversas partes sobre la extensión del daño? En segundo término, la integración 

puede observarse a través de la evaluación del grado de inclusión de las víctimas; esto es, de la participación de la víctima en la vida comunitaria. ¿Se resisten a participar como consecuencia del delito? ¿Regeneraron los esfuerzos comunitarios sus lazos sociales? ¿En qué medida las víctimas participan en medidas 

de autoprotección que reducen la probabilidad de una ulterior victimación? De 
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 255 

manera similar, ¿en qué medida la comunidad se ha esforzado en inmunizarlas 

frente a ulteriores daños? 

Tres indicadores adicionales se refieren a la integración de los delincuentes: reincidencia, inclusión y competencia. Primero, ¿en qué medida el delincuente se ha apartado de la actividad criminal? ¿Ha cumplido el delincuente el acuerdo sancionador? En segundo lugar, ¿en qué medida el delincuente se ha 

convertido en un miembro plenamente participativo de la comunidad? ¿Se ha 

producido un alejamiento de sus lazos criminales y un desplazamiento hacia vínculos convencionales? ¿Es percibido el delincuente como un paria social por 

parte de otros miembros de la comunidad? ¿Se han reducido las consecuencias 

estigmatizantes del estatus de delincuente? ¿Hay un problema de integración 

racial, tal vez en forma de indebida sospecha, vigilancia y persecución de delincuentes pertenecientes a una minoría, o en términos de discriminación, por 

ejemplo, en el mercado de trabajo o en el acceso a una vivienda, que impide la 

plena participación comunitaria? Finalmente, ¿se han mejorado las habilidades 

del delincuente como resultado del proceso de justicia comunitaria, haciendo así 

más probable la reintegración? ¿Ha alcanzado el delincuente un nuevo nivel educativo, participado en formación profesional, conseguido un empleo o, de un 

modo más fundamental, participado en actividades cívicas tales como elecciones o en voluntariado? 

Capacidad comunitaria 

El penúltimo objetivo del modelo de justicia comunitaria es el desarrollo de 

la capacidad comunitaria, que tiene que ver con la aptitud de la comunidad de 

realizar los valores comunes o de proveer los bienes colectivos. La justicia comunitaria no sólo tiene que traducirse en resultados justos, sino también en un 

incremento de la capacidad de la comunidad para resolver sus propios problemas. En consecuencia, la justicia comunitaria es un medio de consecución de la 

justicia penal y una estrategia de construcción comunitaria. La capacidad comunitaria se refleja en la vitalidad de las instituciones locales, como la familia, escuela, iglesias, servicios de salud y municipales y el comercio. También se refleja en la capacidad de los miembros de la comunidad de hacer respetar los 

estándares de comportamiento mutuamente convenidos. 

Un indicador de la capacidad comunitaria es la extensión en la que los miembros de la comunidad se encuentran efectivamente socializados en la cultura de 

la comunidad. En gran parte, la socialización no es un fenómeno privado, sino 

tarea de las instituciones locales y miembros individuales de la comunidad que 
256 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

cumplen los roles institucionales esperados, como el rol de padre o de educador (Bellah et al. 1991). Ciertamente, estos roles se desarrollan de un modo 

creativo y diverso, pero sus guiones derivan de prácticas culturales perdurables 

que trascienden a los individuos. ¿En qué medida el proceso de justicia comunitaria ha reforzado estas instituciones comunitarias y ha facilitado su rol en el 

proceso de socialización? Más claramente observable es la capacidad de la comunidad para prestar a sus miembros los servicios que se necesitan. En la justicia comunitaria la capacidad de prestación de servicio es especialmente importante para el desarrollo de la competencia (que facilita la reintegración) y la 

restauración. 

Indicador de la capacidad comunitaria es también la participación ciudadana en los contingentes de reclutamiento. ¿Hay una lista de voluntarios en la comunidad o varias redes que facilitan la movilización popular? ¿En qué medida 

los voluntarios comprometen su tiempo y energía? ¿Es igualmente importante 

la capacidad de la comunidad de generar recursos para su desarrollo? ¿Puede 

montar campañas de recaudación de fondos a nivel local y obtener recursos de 

las instituciones políticas (por ejemplo, gobierno municipal o estatal), fundaciones o mediante acuerdos o colaboración con interlocutores externos? ¿Tiene la 

comunidad la habilidad, la influencia política o la asistencia técnica requerida 

para asegurar la financiación de los bienes públicos deseados? 

De manera adicional a la fortaleza institucional de una comunidad, la capacidad comunitaria puede también evidenciarse en la aptitud de los miembros de 

la comunidad para aplicar los estándares normativos locales. ¿Intervienen los testigos presenciales cuando surgen conflictos en una esquina? ¿Reprenden los vecinos a los jóvenes en caso de comportamiento inadecuado? Una comunidad que 

puede ejercer de manera efectiva un control social informal no necesita tener que 

apoyarse tanto en los controles formales policiales para intervenir en disturbios 

menores. En cualquier caso, sin un fuerte incentivo, los miembros de la policía tienen menores posibilidades de desarrollar esas actividades de mantenimiento del 

orden, lo que deja un vacío en el que el desorden sigue creciendo. 

Satisfacción comunitaria 

La justicia comunitaria se preocupa de las percepciones ciudadanas sobre 

el sistema de justicia y su experiencia comunitaria. Si bien las otras tres clases 

de resultados se reconducen a características objetivas, la categoría de satisfacción identifica metas subjetivas. La hipótesis básica es que el sentimiento público afecta y puede a veces actuar de manera bastante independiente de 
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 257 

indicadores objetivos, coloreando no sólo la opinión pública sobre el sistema de 

justicia, sino también la identidad y vinculación comunitaria. La justicia comunitaria se encuentra a la postre enraizada en la experiencia de la vida comunitaria y la percepción de los ciudadanos de que sus propios sacrificios en favor del 

bienestar general se ven razonablemente recompensados por el suministro comunitario de bienes públicos. Entre los retornos más importantes se encuentran 

tres percepciones subjetivas: el sentido de seguridad, el de justicia y el de comunidad. 

El sentido de seguridad pública es un requerimiento básico de la vida comunitaria. Si la gente tiene un sentimiento de vulnerabilidad, se verán afectadas sus actitudes sobre la vida en la comunidad, así como posiblemente su comportamiento en respuesta a las condiciones sociales. El miedo al delito es muy 

común en la sociedad estadounidense, en especial entre las mujeres, las personas mayores, las minorías y los residentes urbanos (Miethe 1995). El miedo al 

delito se ve también negativamente asociado a los lazos psicológicos y sociales 

comunitarios (Perkins y Taylor 1996). ¿En qué medida el enfoque de justicia 

comunitaria reduce el miedo al delito? ¿En qué medida ha crecido la libertad de 

movimiento de los vecinos por sus barrios, particularmente durante la noche? 

¿En qué medida los vecinos informan acerca del miedo, evalúan de un modo 

competente el riesgo de victimación y alteran su comportamiento en respuesta 

al miedo al delito? 

El enfoque de justicia comunitaria busca mejorar la satisfacción ciudadana 

con el sistema de justicia y llegar así a un sentido de justicia más general en la 

comunidad. Esta es una idea multidimensional. En primer lugar, ¿hay pruebas 

que demuestran que se ha completado la secuencia de la justicia, tales como 

expresiones de remordimiento por parte de los delincuentes y de perdón por parte 

de las víctimas? ¿O los casos se demoran por las partes sin llegar a su resolución? En segundo término, ¿creen los miembros de la comunidad que los delincuentes son declarados responsables de sus delitos? En tercer lugar, ¿están satisfechos los ciudadanos con el entorno normativo? ¿Creen que hay suficiente 

consenso en cuanto a los estándares de conducta? ¿Sienten que hay suficiente 

oportunidad de expresar sus propias expectativas normativas? Cuarto, ¿expresan 

los vecinos sus preocupaciones sobre la protección de los derechos? ¿Se preocupan por la persecución de individuos inocentes, o minorías injustamente afectadas, o por la intervención excesiva del sistema? Quinto, ¿reconocen los ciudadanos legitimidad al sistema de justicia? ¿Lo perciben como algo justo, 

efectivo y sensible a sus intereses? 

Finalmente, la justicia comunitaria es una empresa de construcción de la 

comunidad, y resultado de la misma debería ser un creciente sentido comunita­
258 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

rio por parte de sus miembros. Con base en la teoría de McMillan y Chavis 

(1986), el sentido comunitario es fuerte cuando los ciudadanos responden favorablemente a cuatro criterios. Primero, creen que la comunidad satisface sus 

necesidades más básicas: pueden encontrar comida, ropa, refugio, cuidado sanitario, etc. Segundo, los ciudadanos se sienten miembros o tienen un sentimiento 

de pertenencia a la entidad social en sentido amplio. Tercero, los ciudadanos 

piensan que su propia contribución a la comunidad la hace diferente; tienen así 

un sentido de influencia o eficacia. Cuarto, los ciudadanos sienten en la comunidad una conexión emocional con los demás que les permite superar su aislamiento, animando su compromiso con la comunidad porque ésta se fundamenta en relaciones personales y de empatía. Por consiguiente, ¿en qué medida un 

proceso de justicia comunitaria incrementa estas dimensiones de satisfacción 

comunitaria? 

CUESTIONES ACTUALES DE JUSTICIA COMUNITARIA 

El modelo integral plantea estándares altos para una práctica apropiada de 

justicia comunitaria y fija igualmente estándares altos para los logros de la justicia comunitaria. El modelo se basa en la idea de que las agencias de justicia 

penal deben hacerse accesibles a la comunidad y que ésta debe desempeñar un 

papel activo en el proceso de justicia. Enfatiza las estrategias que reparan el daño 

o resuelven problemas para restaurar las comunidades. La justicia comunitaria 

también valora las estrategias que integran a miembros marginales en riesgo de 

comportamiento criminal o de victimación. Finalmente, el éxito de la justicia 

comunitaria se vincula al desarrollo de la capacidad comunitaria y la satisfacción comunitaria. Para alcanzar estos fines, en el proceso de implantación las 

agencias de justicia y los activistas comunitarios deben luchar por superar numerosas barreras. En esta sección final examinamos algunas de las cuestiones 

que plantean retos significativos. 

Del proceso debido a la debida toma en consideración 

El proceso judicial contemporáneo se basa en un conjunto de prácticas 

procedimentales que tratan de proteger los derechos del acusado. En el seno de 

este marco individualista, la aparición de conflictos de derechos era inevitable. 

Algunos se preguntan ahora: «Pero, ¿qué pasa con los derechos de las víctimas?» 

Otros, pensando en los efectos de la delincuencia a nivel vecinal, preguntan: 
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 259 

«Pero, ¿qué pasa con el derecho de la comunidad a vivir en paz y seguridad?» 

Desde una perspectiva jurídica, estas cuestiones no son lógicamente paralelas a 

las de la protección otorgada a los acusados, dada su persecución por el Estado. Pero desde la perspectiva de la justicia comunitaria, no son preguntas irrelevantes. Se dirigen no tanto a la justicia procesal, cuanto a un entendimiento más 

amplio de la justicia, considerada de un modo sustancial, así como procesal. 

La perspectiva de justicia aquí propuesta es muy diferente del ideal procesal de justicia occidental tradicional. Más que en la disputa entre adversarios, el 

Estado y el ciudadano acusado, la idea de justicia comunitaria se concentra en 

un proceso de solución de problemas diseñado para restaurar la seguridad de los 

lugares donde vive la gente. En el marco de este ideal, los derechos no son procesales, sino sustantivos. Mientras que el ideal acusatorio insiste en la garantía 

de los derechos del proceso debido, el ideal de solución de problemas se preocupa por garantizar los derechos de debida toma en consideración. Los elementos 

del proceso debido son bien conocidos: notificación a tiempo, presencia física, 

asesoramiento, permiso para confrontar a la otra parte y oportunidad de ser oído. 

¿Qué derechos deberían comprenderse en el modelo de «debida toma en consideración»? 

El derecho a la debida toma en consideración basado en la solución de problemas se traduce en la obligación de tomar en consideración como algo importante una serie de necesidades e intereses de las víctimas, de los delincuentes y 

de la comunidad en la que viven. En contraste con la ceremonia acusatoria, diseñada para probar la culpabilidad jurídica, en la que se aplican reglas estrictas 

para la admisibilidad de la prueba y su ponderación, la «toma en consideración» 

permite a las partes del proceso presentar cuantos elementos de entendimiento 

crean necesarios para resolver el problema. En términos de justicia comunitaria el problema se expresa como una serie de cuestiones e intereses: 

•	 ¿Qué se necesita para restaurar a la víctima? 

•	 ¿Qué se necesita para garantizar la seguridad futura de la comunidad? 

•	 ¿Qué se necesita para potenciar el retorno del delincuente a la vida constructiva en la comunidad? 

Esto no supone un final para los derechos procesales tradicionales. Ni la 

víctima ni la parte acusadora deberían verse obligadas a tomar parte en un proceso de solución de problemas que no creen que les pueda ser aplicable. El acusado que proclama su inocencia tiene que poder obligar a los acusadores a probar su culpabilidad. La víctima no debería verse forzada a entrar en interacción 

con un victimario reconocido si esto sólo va a producirle más dolor y sufrimiento. Las comunidades no deberían verse forzadas a plantearse la aceptación de 

delincuentes que no muestran ninguna disposición a abordar los problemas que 
260 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

les hace peligrosos para los demás. Preparar el terreno para un proceso 

interactivo de solución del problema puede ser que requiera esfuerzos repetidos 

por parte de los profesionales de la justicia comunitaria. 

Ahora bien, en la realidad, la plena culminación de los procesos constituye 

un acontecimiento comparativamente raro. La mayor parte de los casos penales 

se dan por concluidos si el delincuente presenta un alegato de culpabilidad. Para 

la amplia mayoría de delincuentes que admite su culpabilidad, las actividades 

de justicia comunitaria podrían comenzar con la presentación de su alegato de 

culpabilidad. Una vez que el delincuente ha asumido públicamente la responsabilidad por la comisión del delito, a través de una serie de actividades de recogida de información se pueden abordar las siguientes cuestiones: 

•	 ¿Cuál es la pérdida sufrida por la víctima y cómo puede compensarse? 

•	 ¿Qué riesgo presenta el delincuente y cómo puede abordarse y reducirse? 

•	 ¿Cómo puede equiparse a la comunidad para que se asegure frente al crimen, en especial en relación con este delincuente particular? 

•	 ¿Qué acciones del delincuente pueden simbolizar públicamente la expiación del delito? 

Los hechos y opiniones relativos a estas cuestiones son revisados por todas 

las partes, confeccionándose una propuesta de plan que atienda a las necesidades de las partes. Si el plan es aceptado por la víctima, el delincuente y la comunidad, se convierte en una recomendación de sentencia escrita que es presentada al juez por parte del panel de justicia comunitaria. La intervención del panel 

de justicia comunitaria se parecería más a la de un tribunal de derecho administrativo que a la de un juicio penal, y se llevaría a cabo una amplia exploración 

de las necesidades de las diversas partes. 

Un proceso similar podría seguir a una condena en juicio, pero tendría que 

hacer frente a dos obstáculos adicionales. Primero, la tarea de promover la confianza en la sinceridad del delincuente se ve minada por el proceso mismo, en 

el que la alegación de inocencia por el delincuente se considera falsa. Segundo, 

la creencia de la víctima en que es posible una respuesta segura y significativa 

al crimen resulta más problemática por el hecho de que el delincuente fuerce al 

sistema a probar su caso. Por ello, si el juicio penal resulta en una prueba de 

culpabilidad, la carga para el delincuente es mayor de cara a encontrar vías para 

convencer al panel de justicia comunitaria de que el nuevo acuerdo y el sentido 

de responsabilidad personal se encuentran a la vuelta de la esquina. 

En este modelo de debida toma en consideración, hay que tener en cuenta 

de manera muy cuidadosa una cuestión. ¿Debería mantenerse la igualdad ante 

la ley? Esto es, ¿todos los culpables por el mismo delito deberían ser sanciona­
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 261 

dos de la misma forma (o al menos de forma equivalente)? En el modelo de debida toma en consideración entran en juego más variables que simplemente el 

tipo de delito. Por ejemplo, el daño de una particular infracción puede haber sido 

más grave para una víctima que para otra, tal vez en el plano material, quizás 

en lo emocional. Un delito puede producir un mayor impacto en la calidad de 

vida en la comunidad debido a las circunstancias particulares de un barrio en 

comparación con otro. Puesto que el proceso de justicia exige tomar en consideración tales impactos, el mero delito es una base insuficiente de comparación. 

Sostenemos que una cierta variación en la sanción del delincuente no es sólo 

inevitable en un modelo de justicia comunitaria, sino incluso deseable. Los criterios más importantes son que el proceso de justicia satisfaga las necesidades 

de las partes afectadas y que la sanción se encuentre claramente vinculada a los 

daños identificados causados por el delito. 

Por consiguiente, la justicia comunitaria no persigue sustituir el sistema de 

justicia existente ni invalidar ninguno de los actuales derechos procesales de 

delincuentes y víctimas. Por el contrario, insertaría un nuevo proceso que, tras 

la afirmación de la culpabilidad, trataría de encontrar en un sentido amplio una 

sanción procesalmente justa y sustancialmente adecuada a las necesidades concurrentes de la víctima, el delincuente y la comunidad. 

Límites del control comunitario 

Si cuentan con un poder creciente, es posible que las comunidades lo ejerzan de forma que entre en conflicto con valores culturales más amplios; por 

ejemplo, el vigilantismo o la discriminación. Si el poder es informal, ¿cómo 

podrá exigirse la responsabilidad a los actores (y a las comunidades)? Este problema se presenta como algo especialmente agudo respecto de las iniciativas 

comunitarias autónomas de prevención de la delincuencia, puesto que carecen 

de la supervisión formal de las agencias de justicia penal. 

Podemos ilustrar esta cuestión mediante la descripción de las enérgicas 

medidas policiales adoptadas en materia de prostitución a finales de la década 

de 1980 en el conocido barrio de prostitución de New Haven (Connecticut). Uno 

de sus desafortunados efectos fue desplazar el tráfico sexual a los barrios residenciales del entorno, incluido Edgewood Park, un barrio racial y económicamente heterogéneo. Allí, las prostitutas comenzaban su trabajo desde por la 

mañana temprano, abordando a los que se dirigían al trabajo, continuando a lo 

largo del día y por la noche. Preservativos usados ensuciaban las zonas de jue­
262 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

go infantil y los niños en edad escolar esperaban el autobús junto a las prostitutas que esperaban a sus clientes. En respuesta, los miembros de la comunidad 

organizaron una campaña para reducir la prostitución (Bass 1992). 

Cuando los vecinos veían un coche que rodeaba un bloque o cogía una prostituta, anotaban el número de la matrícula y buscaban su registro en el Departamento de Vehículos de Motor (DMV). Rápidamente descubrieron que la mayoría de los clientes no eran de Edgewood Park, sino que venían de otros barrios. 

Los vecinos enviaron una carta a la dirección del propietario del vehículo avisando al propietario de que su coche había sido visto «circulando lentamente» 

por el barrio. Las cartas explicaban con detalle la campaña comunitaria contra 

la prostitución y urgían a los destinatarios a tener cuidado a quién dejaban su 

vehículo en el futuro. El grupo también distribuyó prospectos por el barrio con 

el «cliente de la semana», reproduciendo su nombre, dirección y teléfono con 

base en la información obtenida del DMV. Tras la queja de algunos clientes de 

que estaban recibiendo llamadas telefónicas anónimas y amenazantes, el grupo 

dejó de incluir los números de teléfono en los prospectos. 

Esta acción comunitaria suscita importantes cuestiones en relación con la 

aplicación del control informal. Primero, ¿cuál debería ser la relación entre la 

comunidad y el sistema formal de justicia? El grupo de Edgewood actuó de forma completamente autónoma. Obviamente, esta independencia con respecto a 

una institución judicial formal tiene implicaciones desde el prisma de su supervisión. En otras situaciones, los grupos comunitarios autónomos han sido acusados de racismo (Skogan 1988) y vigilantismo (Weisburd 1988). Por ejemplo, 

las patrullas ciudadanas de judíos en Crown Heights de Brooklyn son conocidas por concentrarse en ciudadanos de color, aplicando en algunos casos justicia sumarísima en la calle (Mitchell 1992). Asimismo, cuando los miembros de 

la comunidad se meten directamente con los delincuentes, se colocan ellos mismos en situación de riesgo, probablemente sin la necesaria preparación. ¿Qué 

sucede si las situaciones no son apropiadas para su tratamiento por el grupo de 

ciudadanos? En un modelo de justicia comunitaria, la acción comunitaria es asumida en colaboración con las agencias de justicia. Normalmente, los departamentos de policía trabajan con los grupos de ciudadanos para entrenarlos, supervisarlos y apoyarlos en la gestión de las patrullas ciudadanas. Este tipo de 

colaboración presenta problemas (véase el siguiente apartado), pero es vital para 

la supervisión comunitaria. 

Segundo, ¿en qué medida representa una iniciativa comunitaria a toda la 

comunidad? Las acciones informales de la asociación de Edgewood fueron asumidas en nombre de la comunidad. ¿En qué medida eran consistentes con los 

estándares normativos locales? Por definición, las acciones comunitarias se di­
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 263 

rigen a reforzar los estándares locales y a incrementar su respeto y aplicación. 

Los miembros de la comunidad afirman entonces que lo que antes era aceptable ya no es tolerable. Pero ¿siguió el grupo de Edgewood algún procedimiento 

democrático que permitiera a los miembros de la comunidad clarificar los 

estándares e identificar los métodos apropiados de aplicación de las normas? 

Estos procesos de afirmación de las normas son necesarios para asegurar que 

intereses especiales presentes en la comunidad no impongan su voluntad sobre 

quienes tienen reservas legítimas acerca del daño del comportamiento sancionado. La distancia entre un enfoque comunitario, el cual es consistente con el 

ideal de justicia comunitaria, y un enfoque socialmente conservador se encuentra en el énfasis que se pone en los procesos democráticos que aseguran la oportunidad de deliberar y discrepar sobre las prioridades comunitarias con anterioridad a la aplicación de controles sociales informales. 

Tercero, ¿se violan los derechos de los acusados? Está claro que la campaña de Edgewood sancionó a individuos que no habían sido formalmente condenados por ningún delito. No hubo ningún proceso debido, ninguna oportunidad 

para afirmar la inocencia, ninguna oportunidad de contestar las normas de la 

comunidad. Ciertamente fue posible que una mala lectura de las placas de matrícula llevara a apuntar a gente inocente. La policía necesita mayor justificación 

que «andar dando vueltas por el barrio» para detener a un cliente de la prostitución: ¿deben los grupos comunitarios quedar sujetos a un menor nivel de prueba? ¿Qué otras garantías son necesarias para proteger al inocente frente a las 

sanciones informales por parte de la comunidad? El sistema de justicia comunitaria ha consolidado claramente su poder formal con un tradicional énfasis en 

un modelo procesal para asegurar así la imparcialidad. La justicia comunitaria 

aboga por la descentralización de este poder, en parte para incrementar la legitimidad del sistema a los ojos del público, pero, de manera más importante, para 

incrementar la efectividad de la acción colectiva a nivel local. De manera simultánea, la acción comunitaria y la autonomía elevan el espectro de las milicias 

radicales y del Ku Klux Klan. La justicia comunitaria, tal y como la hemos descrito, establece un marco de actuación y un conjunto de valores que no podría 

resultar en formaciones comunitarias de este tipo. 

Voluntarismo y representación democrática 

El control de la delincuencia es un bien público. En principio, a todos nos 

gustaría reducir el crimen en lugar de incrementarlo, pero también nos gustaría 

reducir los costes (tiempo, esfuerzo y dinero) de la lucha contra el crimen, más 
264 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

que incrementarlos. La mejor estrategia para los individuos es, por tanto, cabalgar sobre los esfuerzos ajenos de prevención de la delincuencia. Por desgracia, 

cuando todos dependemos de que los demás hagan el trabajo, no se hace nada. 

El interés propio supera así al bien público. La cuestión es la siguiente: ¿Cómo 

podemos hacer que la gente participe en actividades de control de la delincuencia si hacerlo no coincide con su interés propio inmediato? Es más, dados los 

desincentivos a la participación, no es probable que los voluntarios constituyan 

una muestra representativa de la comunidad. Es más probable que representen 

intereses particulares. ¿Es esto problemático? Y, en caso afirmativo, ¿cómo puede 

asegurarse una representación justa? 

Algunas iniciativas colectivas exigen enormes compromisos y ofrecen escasa compensación. Davis y Luirigio (1996) han observado que las campañas 

antidroga de finales de los años 1980 y de los años 1990 tuvieron mucho más 

éxito que cualesquiera otras campañas de prevención anteriores. Esto puede ser 

porque las ventas de drogas se realizan en lugares visibles, fijos, mientras que 

los robos con violencia e intimidación, por ejemplo, se dan en cualquier sitio. 

La vigilancia comunitaria es considerablemente más fácil en las iniciativas 

antidroga, porque los objetos de intervención se encuentran fácilmente. La patrulla ciudadana Orange Hats de Washington D.C., por ejemplo, fijó una esquina de la calle como foco central de sus esfuerzos (Goldsmith-Hirsch 1998). La 

realización de análisis de costes-beneficios puede resolver antiguas controversias sobre la posibilidad de participación de ciertos grupos de renta en campañas preventivas. Algunos han sostenido que los que necesitan organizarse más 

son los menos susceptibles de hacerlo (Dubow y Podolefsky 1982; Skogan 1988). 

Pero las iniciativas antidroga en comunidades desorganizadas parecen producirse 

cuando los beneficios potenciales y la eficiencia de los esfuerzos de prevención 

del crimen superan suficientemente su coste. 

Al principio, algunas comunidades se encuentran mejor organizadas que 

otras. Tienen instituciones locales fuertes (por ejemplo, escuelas, iglesias, asociaciones cívicas) y redes de comunicación viables que diseminan rápidamente 

el mensaje de que se está aplicando una campaña comunitaria. El predecesor de 

las patrullas Orange Hats, por ejemplo, fue un programa de observación del barrio organizado conjuntamente con la policía, y que creó una red local con un 

jefe de bloque (Goldsmith-Hirsch 1998). La capacidad comunitaria depende a 

menudo de la organización social de las comunidades (Chavis et al. 1993). ¿En 

qué medida la pobreza, la desigualdad, la movilidad, la heterogeneidad, la densidad urbana, la ruptura familiar y otras macrovariables afectan a la posición de 

un individuo en la comunidad? ¿En qué medida esta posición, a su vez, afecta a 

la movilización? Los propietarios, por ejemplo, se movilizan más fácilmente que 
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 265 

los arrendatarios (Skogan 1988). En consecuencia, la ratio de propietarios y 

arrendatarios y otras características de nivel macro pueden ser predictores importantes de la movilización. Con todo, los mismos factores que hacen que un 

área sea difícil de movilizar pueden también identificarla como muy necesitada 

de intervenciones de justicia comunitaria debido al más alto índice de crimen y 

problemas conexos. 

Incluso si la movilización tiene éxito, es importante tener en cuenta quién 

se está movilizando. La evaluación de un programa de policía de proximidad 

realizada por Grinc (1998) indica que muchos individuos e intereses se ven normalmente infrarrepresentados en las iniciativas de prevención penal. Esto puede ser resultado del miedo a la venganza por parte de los delincuentes o de la 

históricamente pobre relación entre policía y comunidad. Puede también resultar de una percepción de baja eficacia, en parte porque los miembros de la comunidad no han definido claramente los roles en cuanto a la prevención de la 

delincuencia, y en parte debido a experiencias anteriores de fracaso en acciones 

colectivas. La infrarrepresentación puede también resultar de la tensión 

intergrupal manifiesta en la organización homogénea y competitiva de los grupos locales en comunidades heterogéneas (Skogan 1988), así como de conflictos intergrupales surgidos entre líderes y miembros del grupo (Grinc 1998). 

En la colaboración entre agencias de aplicación de la ley y ciudadanos privados u organizaciones comunitarias, los asuntos de interés comunitario son a 

menudo dejados de lado por claros desequilibrios de poder. Crawford (1995) 

sostiene que los representantes de la comunidad no tienen la pericia profesional necesaria para competir con sus interlocutores de la justicia penal formal. De 

acuerdo con lo anterior, incluso en proyectos de participación ostensiblemente 

democrática quedan excluidos intereses diversos. Esto puede ocurrir debido a 

procesos de selección de liderazgo o asesoramiento informal y parcial que 

sistemáticamente excluyen a los individuos, grupos o perspectivas problemáticos. El resultado no es simplemente una violación de los valores democráticos, 

sino también el fracaso en la atención a las necesidades de los grupos desaventajados y marginalizados cuyas perspectivas e intereses quedan excluidos de la 

mesa. Estos procesos de poder pueden en parte explicar la persistencia del crimen en comunidades de bajos recursos. No sólo es más difícil competir por recursos de escaso desarrollo y seguridad pública, sino que los prestados tienen 

tantas ataduras colgando de los mismos que se ve minado el proceso de transferencia del poder a la comunidad. 

Con cada recién creada fuente de controles sociales informales crece la capacidad de la comunidad. Como hemos sostenido, estas formas de control tienden a ser autorregeneradoras: un grupo comunitario fuerte puede plantar una 
266 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

semilla que origina mayores niveles de movilización. A medida que estos controles comunitarios fuertes germinan, tenderán a suplantar a las agencias oficiales 

y a desarrollar sus propias agendas de intereses para mejorar la calidad de vida 

en la comunidad. La espiral descendente de devastación puede transformarse en 

un ciclo ascendente de asunción de poder. 

Financiación de nuevas prácticas 

Hemos sostenido que las comunidades en lucha con problemas criminales 

se ven típicamente afectadas por una infraestructura institucional que se desmorona. Estas mismas comunidades se ven privadas de recursos que podrían ser 

necesarios para asumir proyectos innovadores de justicia comunitaria. A la vista de la limitada fuerza institucional, las estrategias de justicia comunitaria precisan de un cierto tirón de recursos. ¿Dónde pueden buscarse estos recursos? 

Para financiar operaciones de justicia comunitaria hay por supuesto dinero 

suficiente en el aplicado a la justicia tradicional. Gran cantidad de dinero se gasta 

ahora en castigar: $31 mil millones en 1992 (U.S. Department of Justice 1997). 

Además, las iniciativas de justicia comunitaria no tienen por qué ser costosas en 

comparación con los actuales gastos. Unos pocos trabajadores profesionales de 

la comunidad pueden galvanizar los esfuerzos comunitarios en favor de comunidades más seguras, contando con las fuerzas de los vecinos y centrando la intervención de las agencias oficiales hacia estrategias que refuercen las comunidades en las que viven sus clientes. Las iniciativas de justicia comunitaria pueden 

sostenerse desviando dinero desde gastos actuales menos eficientes hacia iniciativas más efectivas de orientación comunitaria 

Esto puede formularse en términos monetarios puros. El internamiento medio en prisión (en torno a dos años) en los Estados Unidos supone también un 

encarcelamiento de $40.000 de fondos públicos. Anualmente son encarcelados 

unos 650.000 condenados (Maguire y Pastore 1998). La reorientación de un simple puñado de estas decisiones puede alterar el cálculo del coste de la protección pública. 

Las matemáticas son especialmente apremiantes a nivel comunitario. En 

Washington D.C., por ejemplo —un área mucho más amplia que una comunidad— se condena a prisión a 5.700 vecinos cada año (District of Columbia 

Department of Corrections 1997). A un coste medio de $40.000 por condena, una 

comunidad dispuesta a rebajar esta cifra en sólo cinco delincuentes por año tiene a su disposición $200.000 para mejorar su seguridad comunitaria. Esto es dinero suficiente para financiar completamente una pequeña oficina de desarrollo 
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 267 

comunitario. No es nada radical pensar que existen cinco delincuentes que podrían permanecer de un modo seguro en la comunidad en lugar de los dos años 

en prisión que ordinariamente cumplirían. 

La cuestión es: ¿Cómo puede reorientarse ese dinero desde las actuales tareas de la justicia a proyectos de justicia comunitaria? El sistema actual carga 

con muchos intereses adquiridos, de los que no es el menor un complejo industrial de prisiones, el cual ha ido creciendo de modo muy dependiente de los altos índices de encarcelamiento con la finalidad de ganar dinero y mantener económicamente a comunidades rurales en las que la prisión estatal ofrece los únicos 

puestos de trabajo del pueblo (Irwin y Austin 1997). No es razonable pensar que 

estos intereses adquiridos cambiarán fácilmente o estarán dispuestos a modificar sus prioridades en favor de una agenda de preocupaciones e intereses propia de la justicia comunitaria. 

Un experimento en términos de justicia comunitaria 

Hay mucho que hacer en comunidades que sufren intensamente por razón 

del crimen: edificios que restaurar, vías que volver a asfaltar, personas mayores 

que transportar a los centros de día, etc. Estas comunidades no pueden permitirse contratar estos servicios ya que están llenas de gente despedida que no puede asumir el pago del coste de la mano de obra. Por la misma razón, los delincuentes —especialmente los que se consumen en las prisiones— son un recurso 

laboral sin explotar. Iniciativas de organización comunitaria podrían poner a los 

delincuentes a trabajar en la reparación de barrios victimizados por sus delitos. 

Este trabajo es valioso para esas comunidades en un doble sentido. Primero, el 

dinero que se destinaría exclusivamente al objetivo de sacar a los delincuentes 

de sus barrios podría quedarse en esas localidades. Segundo, problemas 

enquistados de esas comunidades serían abordados a través de la labor de vecinos que también son delincuentes. 

Nuestro ideal concibe un grupo profesional que identifica problemas locales que requieren fuerza de trabajo —como la renovación de edificios o la asistencia a niños y personas mayores— y moviliza aquellos recursos para abordar 

estos problemas. Una nueva agencia local dedicada a los problemas desarrollaría los proyectos laborales y de servicios que necesita el área y que pueden ser 

prestados por delincuentes. Evaluaría a los delincuentes solicitantes para ver cuál 

podría ser su participación, en su caso, en el desarrollo de la comunidad. A continuación, desarrollaría y gestionaría los proyectos necesarios para implantar la 

visión de la justicia comunitaria. 
268 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

El grupo de justicia comunitaria trabajaría también junto a las agencias de 

justicia penal en la medida en que suministran supervisión y servicios a los delincuentes que viven en la comunidad. Los mentores comunitarios trabajarían con 

delincuentes juveniles y los patrocinadores comunitarios adultos prestarían apoyos similares a los condenados adultos y a sus familias. Los vecinos serían también partícipes de aquellas iniciativas de prevención de la delincuencia que ponen el acento en la renovación del espacio público y el servicio público 

voluntario. La actividad de la justicia comunitaria local estaría supervisada por 

un consejo residencial de asesores con el que trabajarían estrechamente los servicios sociales y de la justicia penal en aquellos problemas de calidad de vida 

que derivan de las actividades criminales y de la justicia. Lenta y reflexivamente, 

crecería la capacidad de control social informal y declinaría la dependencia del 

área local respecto de los controles externos del Estado. 

Son muchas las vías que podrían apoyar este enfoque. La legislación penitenciaria comunitaria ha intentado, con cierto éxito, conseguir estos fines. Ha 

habido muchos intentos de desviar a los delincuentes de la prisión, algunos con 

éxito. ¿Qué hace que esta descripción sea diferente? 

En la mayoría de modelos de reforma en materia de penas, los delincuentes son tratados en el mejor de los casos como irrelevantes, en el peor como 

antitéticos con la seguridad comunitaria. El modelo de justicia comunitaria reconoce la realidad: los delincuentes son vecinos de la comunidad y su capacidad, no sólo de vivir en comunidades sin crimen, sino también de contribuir a 

la vida comunitaria, es central para la calidad de vida de la comunidad. Si los 

delincuentes son filtrados a través de experiencias de prisión únicamente para 

regresar en posición antagónica a las comunidades de las que provienen, sólo es 

posible un progreso mínimo en la agenda de la seguridad comunitaria y, a la 

postre, de la calidad de vida. Pero si es posible reorientar a los delincuentes hacia su contribución a la vida en la comunidad —especialmente en las comunidades americanas más profundamente desaventajadas—, entonces el cálculo del 

coste de la seguridad comunitaria y de calidad de vida ha de modificarse, con 

el fin de incluirlos, pero como fuerzas potencialmente positivas. 

Ahora bien, esto exigirá la plasmación de su contribución desde un punto 

de vista fiscal, teniendo en cuenta que esta realidad fiscal afecta tanto a la comunidad como a la víctima —su interés fiscal— y no sólo al del delincuente. 

Imagínese, por ejemplo, que: 

• Por cada delito, el delincuente, la víctima y un consejo comunitario reciben un «cheque» que puede ser utilizado para contratar un proceso de justicia 

comunitaria en lugar del proceso de justicia penal. 
JUSTICIA COMUNITARIA: MARCO CONCEPTUAL 269 

• El proceso alternativo sólo puede ser utilizado si tanto el delincuente como 

la víctima lo contratan (esto hará que tengan una coincidencia de intereses en 

lugar de intereses contrapuestos). 

• Un porcentaje de todo el dinero que se gastaría en el internamiento en prisión del delincuente quedará en la comunidad para ser utilizado como ésta considere apropiado en cualquier proyecto de mejora comunitaria. 

Esto generaría un incentivo para todos los miembros de cara a su participación en un proceso que recupera a la comunidad. También redirigiría la inversión en el control del crimen hacia el desarrollo comunitario. En el caso de Washington D.C., por ejemplo, una vía alternativa a la prisión para el 50% de 

delincuentes (más o menos equivalente al porcentaje de delincuentes no violentos 

condenados a prisión) liberaría una cantidad neta de $114 millones para actividades de justicia comunitaria. 

RESUMEN 

Nuestro objetivo ha sido describir los elementos del movimiento emergente de justicia comunitaria no como una serie de programas o proyectos, sino 

como un punto de vista acerca del significado de la justicia y de cómo se produce. Hemos descrito primero cómo «burbujean» las iniciativas de justicia comunitaria en el marco de las funciones tradicionales —policía, enjuiciamiento 

y ejecución penal— de la justicia penal. A continuación hemos descrito una visión estratégica de la justicia que coloca como meta primaria el enriquecimiento de la vida comunitaria, centrándose en el modo en que el crimen interfiere con 

la vida en la comunidad. Nuestro discurso identifica siete valores clave de la filosofía de la justicia comunitaria, que son: 

• Afirmación normativa 

• Restauración 

• Seguridad pública 

• Igualdad 

• Inclusión 

• Reciprocidad 

• Responsabilización 

Con apoyo en estos valores, proponemos un modelo integral de justicia comunitaria. Este modelo identifica los procesos nucleares y los resultados críticos que separan al enfoque de la justicia comunitaria del enfoque de justicia 

penal. Nuestra perspectiva es que un modelo integral puede informar las fases 
270 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

de diseño y puesta en práctica de las iniciativas de justicia comunitaria, ampliando y profundizando su contribución a la meta de compartir más ampliamente la 

experiencia de justicia. 

Finalmente, hemos dirigido nuestra atención a varios problemas importantes del movimiento de justicia comunitaria: derechos individuales, responsabilidad, participación voluntaria y financiación. Destacamos que los desafíos a los 

que se enfrenta la justicia comunitaria son desalentadores. Con todo, en la medida en que prevemos sus posibilidades, nos sentimos animados por los esfuerzos ya en marcha en la visión emergente del ideal de justicia. 

Partes de este capítulo se basan en un informe de los autores al Instituto 

Nacional de Justicia (proyecto 97-IJ-CX-0032). El informe completo ha sido 

publicado por Westview Press con el título The Community Justice Ideal. 

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EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL: 

POLÍTICA, PRÁCTICA Y PERSPECTIVAS 

FRANCIS T. CULLEN Y PAUL GENDREAU 

Francis T. Cullen es Catedrático Distinguido de Justicia Penal en la Universidad de Cincinnati. 

Paul Gendreau es Director del Centre for Criminal Justice Studies 

y Catedrático de Psicología en la Universidad de New Brunswick en Saint John. 

Traducción de Christopher Birkbeck 

RESUMEN 

Una postura que ha perdurado a lo largo de la historia de la ejecución penal en Estados Unidos es el planteamiento a favor de los esfuerzos por reformar a los delincuentes. En particular, en los inicios del pasado siglo, el ideal de la rehabilitación 

se anunciaba con entusiasmo, y contribuyó a determinar la renovación del sistema 

de ejecución de penas [por ejemplo, a través de la implantación de las condenas 

indeterminadas, de la libertad condicional, de la libertad vigilada (o probation), y 

de un sistema especializado de justicia juvenil]. Durante las siete décadas siguientes, el tratamiento del delincuente reinaba como la filosofía penal dominante. Luego, a principios de los años 1970, la rehabilitación sufrió un revés abrupto. Las quiebras más amplias en la sociedad estadounidense durante este período estimularon 

una crítica general al sistema de justicia penal «estatal». Entre los liberales, la rehabilitación fue culpada de permitir al Estado actuar de manera coercitiva sobre los 

delincuentes, mientras que los conservadores la culpaban por permitir al Estado 

actuar de manera blanda. En este contexto, fue aparentemente el impactante trabajo de Robert Martinson (1974b), autor que argumentó que «nada funciona» —esto 

es, que pocos programas de tratamiento reducían la reincidencia— el que tocó las 

campanadas funerarias de la rehabilitación. Esta revisión de los estudios evaluativos 

confirió legitimidad a las opiniones del momento que se oponían al tratamiento, 

porque «probó» fehacientemente lo que todo el mundo «ya sabía»: La rehabilitación no funcionaba. 

En el cuarto de siglo posterior, un creciente movimiento revisionista ha cuestionado el perfil que dio Martinson a las evaluaciones empíricas de la eficacia del tratamiento correccional. Mediante una revisión minuciosa de la literatura, estos investigadores revisionistas han demostrado que muchos programas de tratamiento 

correccional son eficaces para disminuir la reincidencia. Más recientemente, estos 

mismos investigadores han realizado resúmenes cuantitativos sofisticados de un 

cúmulo creciente de estudios de evaluación mediante una técnica denominada 
276 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

«meta-análisis». Estos meta-análisis indican que en los diferentes estudios 

evaluativos la tasa de reincidencia es, en promedio, diez puntos porcentuales menor 

en el grupo sometido a tratamiento que en el grupo de control. Sin embargo, estas investigaciones también han indicado que algunas intervenciones correccionales (por 

ejemplo, los programas orientados al castigo) no surten efecto sobre la criminalidad del delincuente, mientras que otras logran reducciones sustanciales (esto es, en 

aproximadamente un 25%) de la reincidencia. 

Esta variación en el nivel del éxito de los programas ha llevado a la búsqueda de 

aquellos «principios» que diferencian los tratamientos eficaces de los no eficaces. 

En este sentido, existe apoyo teórico y empírico para concluir que los programas 

de rehabilitación que logran las reducciones más grandes en la reincidencia emplean 

tratamientos cognitivo-conductuales, centran sus esfuerzos en cambiar los factores 

que se saben predictores de la delincuencia, y se destinan principalmente a los delincuentes de alto riesgo. El «tratamiento multisistémico» es un ejemplo palpable 

de un programa eficaz que se fundamenta predominantemente en estos principios. 

En el futuro, parecería aconsejable que las políticas y prácticas correccionales fueran «empíricamente fundamentadas». Con un conocimiento de la investigación existente, los encargados de la política correccional se adherirían a la postura de que 

los programas de rehabilitación, basados en los principios de la intervención eficaz, 

pueden «funcionar» para disminuir la reincidencia, y de esta manera pueden contribuir a la seguridad ciudadana. Mediante la reafirmación de la rehabilitación, estos profesionales también estarían adoptando una política que es congruente con los 

resultados de los estudios de opinión pública, los cuales indican que los estadounidenses continúan creyendo que el tratamiento del delincuente debe ser una meta 

integral del sistema penal. 

¿Qué se debe hacer con aquellos que infringen la ley? Esta pregunta aparentemente sencilla no admite sin embargo una respuesta sencilla. Las respuestas más comunes han cambiado a través del tiempo, y cuál de ellas tiene un mayor fundamento sigue siendo, hasta estos días, objeto de intensa discusión. Esa 

discusión es agria y perenne, en parte porque las respuestas reflejan diferencias 

normativas —con frecuencia vinculadas estrechamente con ideologías políticas 

más amplias y profundamente enraizadas— en torno a lo que se debe hacer con 

aquellos que violan las leyes penales (England 1965). Sin embargo, también hay 

planteamientos utilitaristas que se someten a debate: ¿Hasta qué punto es efectiva la estrategia que hemos escogido para intervenir ante los ciudadanos que 

infringen las leyes penales? Y, lo más importante, ¿«funciona» esta estrategia 

para reducir la delincuencia y proporcionarnos mayor seguridad? 

Desde casi los inicios del sistema penal moderno, una respuesta duradera al 

problema de qué hacer con los que infringen la ley es convertirlos en personas 

que cumplen la ley —esto es, rehabilitarlos (de Beaumont y de Tocqueville 1964 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 277 

[1833]; McKelvey 1977; Rothman 1971, 1980; Rotman 1990)—. En especial, 

durante las siete primeras décadas del siglo XX, la rehabilitación era con mayor frecuencia el ideal dominante de lo que la organización del sistema penal 

debería lograr, particularmente entre las elites penales y los criminólogos (Allen 

1964; Cullen y Gilbert 1982; Gibbons 1999; Rothman 1980; Task Force on 

Corrections 1967, 16). Empero, durante el último cuarto de siglo el horizonte 

ideológico ha sido transformado en tal medida que se ha vuelto sustancialmente 

irreconocible. Hoy en día, los cronistas frecuentemente asumen que las respuestas punitivas a los delincuentes —aquéllas que Todd Clear (1994) denomina el 

«daño penal»— han logrado un status hegemónico en Estados Unidos. Muchas 

veces se ha perfilado la rehabilitación como una empresa fracasada que debe ser 

extirpada del sistema penal estadounidense o, por lo menos, relegada a un plano secundario (Logan y Gaes 1993). 

A este retrato de la rehabilitación se le puede reprochar un punto de exageración: los programas de tratamiento todavía son implantados por muchas instituciones penales y cuentan con el apoyo del público estadounidense (Applegate, 

Cullen y Fisher 1997). Aun así, la viabilidad de la rehabilitación como una estrategia eficaz para la reducción de la delincuencia sigue siendo una preocupación importante. Si el «tratamiento del delincuente» no funciona —si de hecho 

no se puede convertir al que infringe la ley en un ser que respete la misma— 

entonces esta meta manifiestamente utilitarista del sistema penal perdería su 

sentido y debería ser abandonada. Sin embargo, si realmente existen intervenciones penales eficaces y éstas pueden ser implantadas por las instituciones penales, abstenerse de activarlas sería una política imprudente. 

El rechazo hacia el tratamiento del delincuente que muchos manifestaron en 

los años 1970 tuvo consecuencias serias. Los cambios en la política reflejan factores complejos y no pueden atribuirse típicamente a una causa única. En todo 

caso, el empañamiento del ideal de la rehabilitación creó oportunidades para que 

otras maneras de «pensar sobre la delincuencia» lograran su ascenso e influyeran sobre la orientación de la política penal. Como observa Blumstein (1987, 

353), «el vacío creado por las fuertes críticas a la rehabilitación pronto se llenaría con los otros dos enfoques sobre el control del delito disponibles para el 

sistema de justicia criminal: la disuasión y la incapacitación (véanse también 

Macallair 1993, Zimring y Hawkins 1995). Una vez más, un interrogante muy 

importante es si merecía la pena abandonar o perder la fe en la rehabilitación 

como una meta del sistema penal: si los otros enfoques más punitivos deberían 

haber reemplazado al tratamiento como orientación de la filosofía penal. ¿Existen 

razones para concluir que el tratamiento debe ser una función primordial de la 

empresa correccional? 
278 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Dado lo anterior, el objetivo principal del presente trabajo es evaluar el estado empírico de la rehabilitación correccional: ¿Logran las intervenciones 

correccionales reducir la reincidencia de los delincuentes? Abundan las definiciones de la «rehabilitación» (Gibbons 1999, 274; Sechrest, White y Brown 1979, 

20-21), pero éstas tienden a confluir sobre tres dimensiones: (1) la intervención 

no es un acontecimiento aleatorio o inconsciente, sino que es planificada o ejecutada intencionalmente; (2) la intervención busca producir un cambio en algún 

aspecto del delincuente que, se supone, causa su conducta delictiva, tales como 

sus actitudes, procesos cognitivos, personalidad o salud mental, relaciones sociales con otros, habilidades educativas y laborales, y empleo; y (3) la intervención busca que sea menos probable que el delincuente infrinja las leyes en el 

futuro: esto es, reducir la «reincidencia». Debemos señalar que la rehabilitación 

no incluye las intervenciones destinadas a la represión de la participación 

delictiva a través de la disuasión específica: esto es, a través de la utilización del 

castigo para hacer que los delincuentes sean tan temerosos de las sanciones como 

para no reincidir. En realidad, queremos determinar si las intervenciones que sean 

congruentes con esta definición general de la rehabilitación «funcionan» y, de 

ser así, en qué grado y bajo qué condiciones. 

Nuestro trabajo se divide en siete partes. En la primera parte, buscamos la 

razón por la cual se cuestionó el papel de la rehabilitación como el enfoque penal dominante. Una respuesta frecuentemente dada a este interrogante es que 

surgieron investigaciones que demostraron de manera convincente que «nada 

funciona» para cambiar a los delincuentes. Sin embargo, nosotros sugerimos que 

unas transformaciones sociales más amplias llevaron, en esta coyuntura histórica particular, a que se tuviese particular receptividad a la idea de que la rehabilitación era ineficaz. En consecuencia, muchas personas, incluyendo los 

criminólogos y los responsables de las políticas correccionales, suponían que la 

rehabilitación no se basaba sencillamente en una lectura objetiva y cuidadosa de 

la evidencia proveniente de las investigaciones. Por ello, quizás debemos ser 

cautelosos al formular conclusiones sobre el tratamiento del delincuente, las 

cuales no se fundamentan en las investigaciones disponibles sobre la eficacia de 

las intervenciones correccionales. 

En este sentido, la segunda parte del trabajo evalúa la revisión de mayor influencia que cuestionó la eficacia de la rehabilitación —el controvertido trabajo de Martinson (1974b) «¿Qué Funciona? —Interrogantes y Respuestas sobre 

la Reforma de la Prisión». Y examinamos las revisiones «narrativas» de investigación, que posteriormente objetaban el argumento según el cual desde cualquier punto de vista, el sistema correccional era incapaz de reformar a los de­
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 279 

lincuentes. En la tercera parte, consideramos la cantidad creciente de meta-análisis —resúmenes cuantitativos de los resultados de los estudios individuales de 

evaluación— que han proporcionado datos importantes sobre «lo que funciona» 

para cambiar a los delincuentes (véase Lösel 1995). Prestamos atención especial a los meta-análisis sofisticados realizados por Mark Lipsey (1992, 1995, 

1999; Lipsey y Wilson 1998). En la cuarta parte revisamos los esfuerzos de los 

criminólogos canadienses por desarrollar «los principios de la intervención correccional eficaz» (véanse, por ejemplo, Andrews y Bonta 1998; Gendreau 

1996b; Gendreau y Andrews 1990). Sometemos a consideración el esquema conceptual y los datos empíricos que estos investigadores y otros han acumulado al 

evaluar este enfoque. En la quinta parte, analizamos un programa de tratamiento prometedor, el cual ha sido adoptado en varios lugares en América del Norte 

y que demuestra que la rehabilitación puede reducir la reincidencia, a la vez que 

puede ser eficaz en términos de costes: la «terapia multisistémica» desarrollada por Scott Henggeler y asociados (1997, 1999). En la sexta parte, exploramos 

el tema igualmente importante de lo que no funciona para cambiar a los delincuentes. En general, informamos que los enfoques con orientación punitiva — 

muchos de los cuales podrían considerarse como esfuerzos por lograr la 

disuasión específica— no son eficaces para la reducción de la reincidencia. 

Terminamos este trabajo en la séptima parte, la cual propone la adopción de 

un «sistema correccional basado en la evidencia» (véase Sherman 1998). Aunque las políticas correccionales son influidas necesariamente por factores relacionados con valores, recursos, organización y sistema político (Rezmovic 1979), 

sugerimos que los programas que buscan reducir la participación en la delincuencia deben tener en cuenta los datos científicos sobre lo que funciona. La meta 

debe ser el desarrollo de una comprensión más clara de las opciones que representan «las mejores apuestas» para la rehabilitación exitosa de los delincuentes 

(Rhine 1998). También planteamos que la rehabilitación debe ser «reafirmada» 

como un objetivo del sistema penal —y que ese sistema no debería ser abandonado a otros enfoques sobre el control de la delincuencia (véase Cullen y Gilbert 

1982)—. Indudablemente, el papel específico del ideal de tratamiento en la orientación de la política penal será, y debe ser, un punto de debate continuado. No 

obstante, hay dos razones para apoyar la figura importante de la rehabilitación 

en el sistema correccional: la rehabilitación reduce la reincidencia, y la rehabilitación cuenta con el apoyo del público. 
280 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

ATAQUE CONTRA LA REHABILITACIÓN 

El auge del tratamiento individualizado 

La noción de que la intervención penal debe reformar a los delincuentes — 

que debe cambiarlos para que sean menos criminales— data en los Estados Unidos de la invención de la prisión (penitentiary) a principios de 1800 (de 

Beaumont y de Tocqueville 1964 [1833]; Rothman 1971). La palabra «penitenciaría» en sí misma sugiere que la prisión no debía ser un lugar para el mero almacenamiento de los delincuentes, ni tampoco para impartirles su merecido castigo, sino que la experiencia del encarcelamiento tenía que transformar su 

verdadero espíritu y hábitos de vivir. El por qué surgieron las penitenciarías es 

un asunto de mucho debate. Algunos especialistas ven en la cárcel estadounidense una invención humanitaria —un paso dentro del camino hacia el progreso— 

que se alejaba de la horca, la picota, el azote y otros castigos bárbaros; otros la 

ven como algo que emergió de un contexto social cambiante que promovía la 

opinión que la solución a la delincuencia se logra sacando a los delincuentes del 

ambiente desordenado y criminógeno imperante y colocándolos en un ambiente ordenado y moralmente puro creado detrás de los muros de la institución; 

mientras que otros especialistas consideran la prisión como parte de un complot 

siniestro montado por las élites políticas y económicas para crear una máquina 

institucional capaz de disciplinar a los pobres y transformarlos en obreros productivos (véanse Foucault 1977; McKelvey 1977; Rothman 1971; véanse también Colvin 1997; Garland 1990; Ignatieff 1981). Sea como fuere este proceso, 

queda claro que las intervenciones penales en Estados Unidos —incluyendo las 

cárceles— tienen una larga tradición de justificarse como un medio para lograr 

la reforma de las personas bajo supervisión. 

Un tema colateral es que la rehabilitación ha sido típicamente planteada en 

términos de «sentar bien» a los delincuentes (McGee 1969). Ciertamente, los que 

abogan por la rehabilitación rara vez descartan la idea de que la reforma del delincuente también tiene el efecto utilitarista de mejorar la seguridad pública. Y 

los críticos frecuentemente han argumentado que, en realidad, la rehabilitación 

no es un instrumento para estimular las obras buenas sino que constituye una 

«mentira noble»: una ideología que permite que la coerción florezca detrás de 

una máscara de benevolencia (Morris 1974; Rothman 1980). En todo caso y, por 

lo menos en el plano ideológico, aquéllos que se suscriben a la idea de la rehabilitación lo hacen en parte porque se cree que ésta mejora, invierte en, o, de alguna otra manera, ayuda a los desviados. De un modo importante, este vínculo 

entre la reforma de los delincuentes y el hacer bien refleja los ideales cristianos. 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 281 

Hasta los años 1900, casi todos los esfuerzos por la reforma se justificaban en 

términos de un fundamento, si bien no en una inspiración, religioso. Es obvio 

que hay un deje religioso en la palabra «penitenciaría». Y a través del tiempo 

puede encontrarse una apelación a la religión en numerosos escritos sobre el sistema penal. Veamos, como ejemplo, el llamamiento a la reforma formulado por 

Zebulon Brockway (1871, 42) hace más de un siglo: 

«Si el castigo, el sufrimiento y la degradación se consideran disuasivos, si estos son 

los mejores medios para reformar al delincuente y prevenir el delito, entonces ¡que 

regrese la reforma carcelaria a la picota, el azote, la horca y la hoguera; a la violencia corporal y al exterminio! Pero si el amanecer del cristianismo nos ha alcanzado, si hemos aprendido la lección que el mal será vencido por el bien, entonces 

que las prisiones y los sistemas carcelarios sean iluminados por esta ley del amor. 

Abandonemos, por el momento, la idea de infligir un castigo a los presos para satisfacer la así llamada justicia y dirijámonos hacia las dos grandes divisiones del 

tema que nos ocupa, los verdaderos objetivos del sistema, estos son: la protección 

de la sociedad mediante la prevención del delito y la reforma de los delincuentes» 

(Énfasis de Brockway). 

La relación entre la rehabilitación y la religión no ha sido suficientemente 

explorada por los criminólogos. En todo caso, es probable que las creencias religiosas, todavía con amplia difusión actual en los Estados Unidos, contribuyen 

a la atracción duradera de la rehabilitación como un objetivo del sistema penal 

y a su asociación con la noción de obrar en beneficio de los delincuentes 

(Applegate, Cullen y Fisher, 2000). Aun hoy se llevan a cabo experimentos con 

«cárceles fundamentadas en la fe» que buscan transformar a los delincuentes 

mediante la conversión religiosa y una programación extensiva y, tanto antes 

como después de su liberación de la cárcel, entretejerlos en una comunidad de 

amor cristiano (Niebuhr 1998; véase también Cullen, Sundt y Wozniak, 2000). 

Ahora bien, si los principios para reformar a los delincuentes y obrar en beneficio de ellos han dado forma a los esfuerzos de rehabilitación a través del tiempo, los medios específicos para salvar a los desviados criminales han cambiado de 

forma dramática. Otros especialistas han proporcionado descripciones detalladas 

de los diferentes tipos de intervención penal que han surgido en distintos momentos 

de la historia de Estados Unidos (véanse, por ejemplo, McKelvey 1977; Rothman 

1971, 1980; Rotman 1990, 1995). Sin embargo, dado nuestro objetivo más limitado, centraremos la atención sobre tres cambios fundamentales que afectaron a 

las opiniones sobre la mejor manera de reformar al delincuente. 

En primer lugar, durante los años 1820 se inició el experimento penitenciario 

en Estados Unidos (Rothman 1971). Aun aquellos lectores con un conocimien­
282 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

to somero de la historia de los sistemas penales recordarán la competencia entre los dos diseños clásicos de penitenciaría: el modelo «solitario» de Pensilvania 

y el modelo «congregado» de Auburn. No obstante, la estrategia de reforma subyacente en ambos modelos era igual. Por una parte, aislar a los reclusos —mediante las celdas individuales o el silencio— de las influencias corroedoras de 

la sociedad y de la asociación con otros delincuentes; por otra, reformar sus espíritus y hábitos a través de la influencia religiosa y el trabajo cotidiano. 

En segundo lugar, hacia finales de 1800 se había perdido la fe en la capacidad de las rutinas carcelarias para cambiar a los delincuentes. Permaneció una 

creencia en el entrenamiento religioso y el trabajo, a veces auxiliados por la incorporación de la educación a la receta reformadora. Empero, también se añadió un nuevo ingrediente, considerado clave para toda la iniciativa: la condena 

indeterminada. 

Los profesionales más destacados en este campo, quienes también fueron sus 

pensadores sobresalientes, se reunieron en el año 1870 en la ciudad de 

Pensilvania, Estados Unidos, para desarrollar una «nueva penología»; fue ésta 

la primera reunión del Congreso Nacional sobre Disciplina Penitenciaria y 

Reformatoria (Wines 1871). Allí señalaron que «el tratamiento de los delincuentes por parte de la sociedad es para proteger la sociedad», pero que «el objetivo 

supremo de la disciplina carcelaria es la reforma de los delincuentes, y no la 

imposición del sufrimiento vengador» (p. 541). Sin embargo, una dificultad que 

se percibía con los esfuerzos anteriores es que los reclusos no tenían incentivos 

claros a cambio ya que, después de todo, la fecha de su liberación había sido fijada al momento de imponer la condena. «El destino del recluso debe estar colocado de un modo perceptible en sus propias manos», rezó la Declaración de 

Principios; «él debe ser colocado en circunstancias bajo las cuales podrá, mediante sus propios esfuerzos, mejorar su propia condición de manera continua. 

El interés propio debe entrar en juego y tener una operatividad constante» (p. 

541). Tal sistema de incentivos debería proporcionarles «esperanza» a los 

reclusos y enfatizar las «recompensas más que los castigos» (p. 541). Un «sistema de puntos» en la cárcel permitiría a los delincuentes obtener un nivel más 

alto en la clasificación del recluso, lo cual proporcionaría un mayor número de 

comodidades y una mayor libertad. Sin embargo, el incentivo principal para el 

cambio sería la condena indeterminada, la cual vincularía la obtención de la libertad con la reforma. «Las condenas cuyo único límite es una prueba satisfactoria de la reforma deben reemplazar a aquéllas que se miden meramente en términos de un lapso de tiempo» (pp. 541-542). 

Estos reformadores de la cárcel solamente tenían una comprensión rudimentaria de la conducta humana, basando sus opiniones sobre la delincuencia en 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 283 

perspectivas culturales más amplias que veían en la infracción de las leyes una 

señal de la deficiente fibra moral del delincuente, una condición ocasionada por 

la falta de contacto con la religión, la educación y el trabajo diligente. Sin embargo, ya en la parte final del siglo XIX las ciencias sociales estaban desarrollando y planteando interpretaciones más académicas y seculares del comportamiento. Estas aportaciones fueron recibidas con beneplácito en el campo 

penológico porque aparentemente proporcionaban una comprensión más profunda de las causas de la delincuencia individual y, a su vez, indicaban el objetivo 

para una intervención penal destinada a la reforma (Rothman 1980). Este matrimonio entre la «nueva penología» y la «criminología positivista» dio como 

resultado la creación del «ideal de la rehabilitación», un paradigma penal que 

tendría supremacía durante casi siete décadas del siglo XX (Allen 1964). Este 

paradigma constaba de varios componentes relacionados entre sí. 

En primer lugar, incorporó la creencia de que el delito era producto de un 

conjunto de factores psicológicos y sociales, los cuales, de una manera particular para cada persona, se combinaban para empujar a ésta hacia el otro lado de 

la ley. En segundo lugar, y asociado con lo primero, la manera de prevenir el 

delito era cambiar este conjunto único de factores que llevaba a cada persona a 

delinquir. En tercer lugar, el sistema penal debía ser organizado para identificar 

y eliminar estos factores causales de la delincuencia. En otras palabras, la meta 

del sistema penal debía ser la rehabilitación. En cuarto lugar, y dado que cada 

delincuente tomaba un sendero delictivo distinto, se tenía que evaluar a los delincuentes caso por caso para así prescribir un tipo específico de rehabilitación 

para cada uno. Esto es, la rehabilitación debía ser individualizada. En quinto 

lugar, para proporcionar un tratamiento individualizado se tenía que conceder una 

discreción casi sin límites al Estado, representado por sus agentes en el sistema 

penal. En lugar de fundamentar las sanciones en la naturaleza del delito que se 

había cometido —un vestigio del enfoque no científico sobre la delincuencia 

adoptado por la Escuela clásica de criminología— las sanciones debían dirigirse a las necesidades y circunstancias individuales de cada delincuente. Parecido a lo que hacen los médicos con los físicamente enfermos, los profesionales 

del campo penal emplearían su pericia basada en las ciencias sociales emergentes 

para diagnosticar y curar a los delincuentes. Para lograr esto de una manera eficaz, era necesario confiar en que aquéllos utilizarían sus decisiones discrecionales de manera sabia y no coercitiva (Rothman 1980). 

Durante la Era Progresista —aproximadamente las dos primeras décadas del 

siglo XX— este tipo de pensamiento contribuyó a rehacer el sistema de justicia criminal. La lista de cambios era impresionante: la invención de un sistema 

de justicia juvenil no contradictorio, cuyo propósito era «salvar» a los niños des­
284 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

viados; el desarrollo de un nivel apreciable de indeterminación en las penas; la 

difusión del régimen de libertad vigilada con su énfasis sobre los informes técnicos previos a la condena y sobre la supervisión del delincuente; y el auge de 

las juntas de libertad condicional, de la libertad condicional en sí y de los encargados de supervisar a los beneficiarios de esta medida. En su conjunto, este 

paquete de medidas buscaba posibilitar el tratamiento individualizado de los 

delincuentes. Así, una vez establecida la culpabilidad del delincuente, el delegado de libertad vigilada estudiaría su vida y prepararía un informe técnico previo a la condena. Con esta información en la mano, el juez tendría una amplia 

discreción para fijar la condena. A algunos reos se les aplicaría la libertad vigilada, donde estarían supervisados por delegados de la misma. Estos profesionales 

se ocuparían tanto del tratamiento de los condenados como del control de los 

mismos, avanzando con su rehabilitación cuando fuera posible y protegiendo la 

seguridad pública mediante el envío de los no reformados a la prisión para una 

intervención más intensiva. De ser enviados a la prisión —bien sea como condena inicial del juez o después de haber incumplido la libertad vigilada— los 

reos podrían obtener su libertad mediante la rehabilitación. Las juntas de libertad condicional se ocuparían de decidir qué delincuentes habían sido curados. 

Aquéllos devueltos a la comunidad estarían bajo la orientación de los oficiales 

de libertad condicional, quienes les ayudarían en su reintegración o, de ser necesario, les remitirían de nuevo a la cárcel si su rehabilitación resultó incompleta. 

Tal y como han señalado Rothman (1980) y otros muchos especialistas, este 

sistema ideal nunca fue puesto en práctica del modo en que se había diseñado. Si 

bien cambió el perfil del sistema penal —el tribunal de menores, las penas indeterminadas, la libertad vigilada, la libertad condicional y la discreción pasaron a 

formar parte integral de este sistema— escaseaban los recursos y los conocimientos 

necesarios para proporcionar a los delincuentes un tratamiento eficaz. Aun así, 

estas divergencias entre el ideal y la realidad no fueron vistas como fallos fundamentales del paradigma subyacente del tratamiento individualizado, sino como 

deficiencias que debían ser remediadas. En consecuencia, la meta de la rehabilitación mantuvo su amplia popularidad, superándose en mucho las ideas de «mano 

dura» como la filosofía penal de moda. 

Un tercer período de reformas, que buscó volver más profesional y sofisticado el ideal de la rehabilitación, fue anunciado por el uso consciente de la palabra «correcciones». En 1954, la Asociación Carcelaria Estadounidense 

(American Prison Association) —la organización profesional que agrupaba a 

los líderes del campo correccional— cambió su nombre por el de la Asociación 

Estadounidense de Correcciones (American Correctional Association). A las 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 285 

cárceles ahora se les llamaba «instituciones correccionales» (Cressey 1958; Irwin 

1980; Rotman 1995). Este cambio significó más que un eufemismo. Durante las 

siguientes dos décadas se introdujeron un conjunto de programas de «tratamiento» en las cárceles, tales como la terapia individual y grupal, los ambientes terapéuticos, la modificación de la conducta, la formación profesional, los permisos para trabajar y los permisos de salida, así como los estudios universitarios. 

Se implantaron sistemas más modernos y sofisticados de clasificación. Relacionado con todo esto, en los años 1960 hubo un movimiento que adquirió ímpetu 

para desarrollar el «tratamiento en libertad» y la «reintegración» de los delincuentes a la comunidad. 

Los observadores del sistema penal estadounidense eran conscientes de los 

problemas asociados con la implantación de programas con el difícil objetivo de 

cambiar a los infractores de la ley (Cressey 1958; Gibbons 1999). Frecuentemente se mencionaba la falta de recursos y de personal formado para llevar a cabo 

estos programas con eficacia. Aun así, son pocos los criminólogos o administradores del sistema penal que a mediados de los años 1960 cuestionaban la rehabilitación como estrategia progresista. Por ello, es ilustrativo que el libro de 

Karl Menninger (1968) The Crime of Punishment (El Crimen del Castigo) obtuviera una recepción crítica excelente. Más o menos en la misma época, una 

revisión de los textos de Criminología llevó a Jackson Toby (1964, 232) a concluir que «los estudiantes que lean estos textos posiblemente verán en el castigo un vestigio superviviente de un pasado bárbaro que desaparecerá en la medida en que se difundan el humanitarismo y la racionalidad». Reflexionando 

sobre esa época, Don Gibbons (1999, 272) observa que «a muchos criminólogos 

les parecía que estaban a punto de convertirse en ‘príncipes-eruditos’ que encabezarían un movimiento social que dejaría atrás las respuestas punitivas a los 

criminales y delincuentes para ir hacia una sociedad en la cual el tratamiento, 

la rehabilitación y la reintegración de los desviados e infractores de la ley serían los lemas culturales dominantes». Y el Grupo de Trabajo sobre Correcciones (Task Force on Corrections 1967, 16), el cual trabajaba bajo los auspicios 

de la Comisión Presidencial sobre Policía y Administración de Justicia, concluyó 

su capítulo sobre «los propósitos de las correcciones» de la siguiente manera: 

«El objetivo último del sistema correccional es lograr una comunidad más segura mediante una reducción en la incidencia del delito. En general, la rehabilitación de los delincuentes para que no vuelvan a la criminalidad constituye la 

vía más prometedora de lograr este fin». Pese a lo anterior, este consenso se rompería con fuerza y velocidad impresionantes en los años venideros. 
286 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

El ocaso del ideal de la rehabilitación 

El estudio de Martinson: ¿funciona algo? 

En 1974, Robert Martinson publicó su célebre revisión de los estudios 

evaluativos del tratamiento, titulado «¿Qué Funciona? —Interrogantes y Respuestas Sobre la Reforma de la Prisión». Este trabajo, una versión abreviada del 

libro de 736 páginas que se publicaría un año después (véase Lipton, Martinson 

y Wilks 1975), ofreció una visión pesimista de las posibilidades de rehabilitación exitosa de delincuentes juveniles y adultos. «Con pocas y aisladas excepciones», concluyó Martinson (1974b, 25), «los esfuerzos de rehabilitación que 

han sido presentados hasta la fecha no han surtido un efecto apreciable sobre la 

reincidencia». Posteriormente, esta expresión técnica sería reducida a su idea 

central: «Nada funciona» en el tratamiento correccional. 

La investigación de Martinson y sus coautores se fundamentó en el análisis 

de 231 estudios publicados entre 1945 y 1967, todos ellos contando no solamente 

con un grupo de tratamiento, sino también con un grupo de control. En su trabajo, Martinson organizó sus hallazgos en torno a una serie de interrogantes. Por 

ejemplo, planteó la siguiente pregunta: «¿No es cierto que un establecimiento 

penal con un programa de verdadera rehabilitación —un establecimiento que, 

mediante la formación educativa y laboral, prepara a los reclusos para la vida 

extramuros— producirá individuos más exitosos que un establecimiento que simplemente deja que sus reclusos se pudran?» (Martinson 1974a, 25). O, «¿No es 

cierto que necesitamos alguna manera de orientar a los reclusos, o de ayudarlos con los problemas más profundos que han causado su desadaptación?» (p. 

29). O, «¿No es verdad que una institución de rehabilitación realmente exitosa 

es aquélla donde el ambiente total del recluso está dirigido a su verdadera corrección, en lugar de a su custodia o castigo?» (p. 33). Sin embargo, una y otra 

vez Martinson encontró que estos interrogantes aparentemente plausibles no 

encontraban respuestas afirmativas en los estudios existentes. 

¿Por qué ocurrió esto? «¿Será que todos estos estudios», preguntaba 

Martinson (1974b, 48), «conducen irrevocablemente a la conclusión de que nada 

funciona, de que no tenemos ni la más remota pista sobre cómo rehabilitar a los 

delincuentes y disminuir la reincidencia?» (el énfasis es nuestro). Martinson no 

llegó a afirmar de manera explícita que «nada funciona», pero dejó pocas dudas de que ésta era su opinión. Siendo un investigador cuidadoso, admitió que 

el pésimo rendimiento de los programas de tratamiento podría ser el reflejo de 

dos factores adicionales: estudios de investigación deficientes que no fueron 

capaces de identificar los programas que realmente funcionan, y la implantación 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 287 

inadecuada de programas que, si tuviesen integridad terapéutica, serían eficaces. 

Sin embargo, «podría ocurrir», advirtió Martinson, «que haya un fallo más profundo en nuestras estrategias actuales, el cual ni la mejor educación ni la mejor 

psicoterapia pueden superar, ni siquiera reducir de manera apreciable: la tendencia poderosa de los delincuentes a continuar con la conducta delictiva» (p. 49). 

Posteriormente en ese mismo año, Martinson (1974a, 4) señaló que en ninguna 

parte del libro de Lipton, Martinson y Wilks (1975) se encontraría la afirmación 

que «la rehabilitación es un ‘mito’». No obstante, agregó, «he llegado a esa conclusión (...) basándome en la evidencia disponible en este tomo» (p. 4). 

El análisis de investigaciones anteriores realizado por Lipton, Martinson y 

Wilks (1975) debe ser reconocido por lo que era: una revisión meticulosa y de 

vanguardia de la literatura existente. Sus hallazgos no fueron muy equivocados, 

siendo convenientemente aleccionadores para aquéllos con visiones utópicas 

sobre las posibilidades de rehabilitar a los delincuentes (véase Sechrest, White 

y Brown 1979). No obstante, el mensaje de Martinson de que «nada funciona» 

asumió una importancia mucho mayor de lo que normalmente había logrado una 

sola revisión de investigaciones anteriores. Pese a críticas razonables, las cuales hubiesen sugerido una interpretación más moderada de los datos revisados 

por Lipton, Martinson y Wilks (Klockars 1975; Palmer 1975), la doctrina de que 

«nada funciona» adquirió el status de una verdad incuestionable. Contrario a lo 

que típicamente ocurre, los criminólogos no manifestaron un escepticismo organizado ni pidieron un mayor estudio del asunto; en su lugar, se resignaron a 

eliminar la práctica ahora obviamente ineficaz de la terapia obligatoria. Como 

apunta Blumstein (1997, 352), el trabajo de Martinson en 1974 «creó un desánimo sobre la posibilidad de influir significativamente sobre las tasas de reincidencia de aquellos procesados por el sistema de justicia penal». Escribiendo poco 

después de la publicación del trabajo de Martinson, Adams (1976, 76) afirmó 

que «la doctrina de que Nada Funciona (...) ha convulsionado el campo de la 

justicia penal hasta sus raíces...una selección heterogénea de sus profesionales 

está pidiendo con insistencia darle una prioridad mucho mayor al castigo y a la 

incapacitación entre las metas de la justicia penal». 

Podría decirse que la calidad de la revisión elaborada por Lipton, Martinson 

y Wilks, así como la publicidad llamativa y convincente que Martinson dio a los 

resultados deprimentes de su estudio, se combinaron en un argumento aplastante 

en contra de la rehabilitación. Hasta cierto punto, los criminólogos y los responsables de las políticas fueron persuadidos por la evidencia. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que en la ciencia es frecuente descartar resultados «anómalos» mientras siga incólume la fe en el paradigma más general (véanse, por 

ejemplo, Cole 1975; Kuhn 1962). Y en el campo de la justicia penal, sería muy 
288 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

difícil demostrar que las políticas y prácticas correccionales se fundamentan en 

«lo que indican los datos» (England 1965; Finckenauer y Gavin 1999). Comprender cómo la idea de que «nada funciona» adquirió tanta importancia requiere más 

que una evaluación racional de la investigación. 

Es pertinente mencionar que Martinson no fue el primero en cuestionar la eficacia de la intervención correccional. En una temprana revisión de las intervenciones correccionales, Kirby (1954, 373) se quejó de que «la mayoría de los programas de tratamiento se basan en la esperanza y quizás la especulación bien 

informada en lugar de una información verificada». En 1958, Cressey hizo la dolorosa observación de que «la mayoría de las ‘técnicas’ que se emplean para ‘corregir’ a los delincuentes no han sido demostradas eficaces o ineficaces, relacionándose sólo vagamente con una teoría seria del comportamiento o de la 

criminalidad» (p. 770). Haciéndose eco de esta opinión, una revisión de los estudios entonces existentes llevó a Wooton (1959, 334) a concluir que «es notablemente poca la evidencia disponible sobre la eficacia de los métodos bastante humanitarios actualmente en uso (...) Sería muy grato contar con una evidencia clara 

de que las medidas de reforma realmente reforman» (véase también Glaser 1965). 

A mediados de los años 1960, la revisión de 100 estudios realizados entre 1940 y 

1960 por Bailey (1966) reforzó la conclusión de que los programas en curso no 

tenían un efecto consistente sobre la participación en la delincuencia. «La evidencia 

en apoyo de la eficacia del tratamiento correccional», observó este autor, «es escasa, inconsistente y de una fiabilidad dudosa». La revisión de cinco programas 

destacados en el área de la delincuencia juvenil, realizada por Berleman y 

Steinburn en 1969, señaló «resultados uniformemente decepcionantes: la provisión 

de un servicio preventivo no parece más eficaz para reducir la delincuencia que 

la ausencia de tal servicio» (p. 471). Poco después, en su análisis de los programas correccionales en California, Robison y Smith (1971, 80) concluyeron que «no 

hay evidencias para apoyar la demanda de algún programa de tener una mayor 

eficacia rehabilitadora». Pasando revista a este estado de cosas, Gold advirtió en 

enero de 1974 que era «el momento para el escepticismo» porque «los mejores 

datos disponibles demuestran que todavía no hemos resuelto el problema del tratamiento eficaz de la delincuencia» (p. 22; véase también Logan 1972). 

Es también instructivo darse cuenta de que en la medida en que fueron apareciendo resultados más favorables para la rehabilitación en los 25 años posteriores a la publicación del trabajo de Martinson, la aceptación de estos resultados por parte de los criminólogos ha sido en el mejor de los casos a regañadientes 

(Andrews y Bonta 1998; Gottfredson 1979). Con esto no se quiere afirmar que 

no se han registrado cambios de opinión (Palmer 1992), pero el escepticismo de 

los criminólogos en cuanto a la posibilidad de una intervención eficaz ha sido 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 289 

continuo y omnipresente (Binder y Geis 1984). De nuevo llama la atención que, 

en comparación, hubo poco escepticismo en torno al trabajo de Martinson. 

El contexto de la doctrina de que «nada funciona» 

Tomadas en su conjunto, estas observaciones sugieren que el atractivo desmesurado de la doctrina de que «nada funciona» no puede ser explicado meramente como una respuesta racional a un argumento convincente. La pregunta 

clave es la siguiente: ¿Por qué en esta coyuntura histórica particular y no antes 

tuvo tanta resonancia la afirmación de que nada funciona? De hecho, ahora queda 

claro que en el momento de publicación del trabajo de Martinson muchos 

criminólogos —y otros cronistas en el área del sistema correccional— ya habían 

decidido que la rehabilitación era una empresa fracasada. Los datos empíricos 

sólo sirvieron para confirmar lo que ya «sabían». Resultados posteriores en sentido contrario, o sea a favor del tratamiento, fueron resistidos, si no descartados, 

porque no coincidieron con esta opinión. 

Algunos cronistas han vinculado el ocaso del ideal de la rehabilitación con 

los cambios abruptos que tuvieron lugar en la sociedad en general entre mediados de los años 1960 y mediados de los años 1970 (véanse, por ejemplo, Allen 

1981; Cullen y Gilbert 1982; Cullen y Gendreau 1989; Useem y Kimball 1991). 

Durante este período, la protesta y el desorden no sólo fueron aparentemente 

ubicuos sino que también giraron en torno a la incapacidad del gobierno de cumplir con sus promesas para mejorar la situación de los derechos civiles, proseguir una guerra justa en Vietnam y manejar el sistema político de manera ética. 

Las manifestaciones urbanas, la decepción por parte de los oficiales militares, 

las muertes aparentemente sin sentido de los soldados y el escándalo de 

Watergate contradecían estas promesas. «Las grandes expectativas» fueron desechadas y con ello creció a la par una amplia «brecha de confianza» en el gobierno (Lipset y Schneider 1983; Patterson 1996). Dentro del sistema penal, la 

disminución de la confianza en el estado fue exacerbada por el motín y la posterior masacre de reclusos y vigilantes en la prisión de Ática, algo mostró la 

voluntad del gobierno de utilizar una violencia extrema para reprimir las protestas de los delincuentes sobre las condiciones en las prisiones (Useem y 

Kimball 1991). La atención se centró de un modo intenso en las acciones de los 

representantes del estado, en particular los jueces y las autoridades penitenciarias. Surgió una interrogante clave: ¿Podría confiarse que estas personas utilizarían su discreción —una discreción legitimada por el ideal de la rehabilitación— de una manera prudente y benevolente? 
290 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Tanto para conservadores como para liberales, la respuesta era sin duda negativa (Cullen y Gilbert 1982). Para los conservadores, el problema era que los 

jueces y las juntas de libertad condicional eran demasiado indulgentes; empleaban su criterio para devolver a delincuentes peligrosos a la comunidad, donde 

convertirían a ciudadanos inocentes en sus víctimas. Para los liberales, la discreción concedida a los oficiales del estado fue empleada de manera desigual y 

coercitiva. Para ellos, los jueces tenían la libertad para discriminar en contra de 

los delincuentes pobres y de las minorías étnicas, mientras que las juntas de libertad condicional utilizaban su discreción para castigar a los delincuentes que 

cuestionaban el statu quo de un régimen carcelario inhumano. Bajo el disfraz de 

la rehabilitación —la «mentira noble» como la denominó Morris (1974)— estos oficiales actuaban de mala fe (Cullen y Gilbert 1982). 

Cabe señalar que muchas de las «reformas» propuestas como alternativas al 

paradigma de tratamiento individualizado de los progresistas tenían que ver con 

la estructuración o eliminación de la discreción. Así, inicialmente ambos polos 

del espectro político apoyaron las condenas determinadas y la abolición de la 

libertad condicional. Los liberales esperaban que un «modelo de justicia» limitaría las posibilidades para que el estado hiciera daño a los delincuentes; «menos daño» reemplazó a «sentar bien» como la meta a perseguir (véanse, por 

ejemplo, Fogel 1979; Morris 1974). Planteaban que debe concederse a los reos 

una amplia gama de derechos legales para protegerlos y asegurar su tratamiento igual en el momento del arresto, durante el juicio y en la prisión. En la medida en que fuera utilizada, la rehabilitación debía ser voluntaria y no obligatoria. Los reclusos serían transformados de «clientes del sistema correccional» en 

«ciudadanos» con todos los derechos y obligaciones que atañen a esta última 

condición (Conrad 1981). 

Es importante señalar que el «modelo de justicia» liberal definió el objetivo de la condena como la imposición de una pena merecida. De esta manera, los 

defensores de este modelo dejaron de lado cualquier preocupación por el control de la criminalidad; solamente la equidad y la justicia debían ser las funciones del sistema penal. Sin embargo, éste fue un período de aumento en las tasas delictivas y de la politización de la criminalidad como tema electoral. En una 

sociedad con abundante desorden, los conservadores se apresuraron a llenar este 

vacío con una respuesta contundente sobre cómo resolver el problema de la criminalidad: imponer «la ley y el orden» (Macallair 1993). En consecuencia, el 

ataque conservador a la rehabilitación centró la atención sobre las maneras de 

implantar políticas que restringieran las posibilidades para que los jueces, los 

oficiales del sistema penal y, especialmente, las juntas de libertad condicional 

atenuasen la dureza de las sanciones criminales. Propuestas en el sentido de «po­
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 291 

nerse duro» mediante la imposición de condenas mínimas obligatorias y de condenas fijas de larga duración fueron seguidas por leyes que establecían el llamado 

«tres strikes y fuera», esto es, la cadena perpetua para los delincuentes con múltiples condenas anteriores (Schichor y Sechrest 1996), así como por leyes que 

buscaban «condenas verdaderas» mediante la obligación a los delincuentes de 

cumplir una alta proporción (por ejemplo, el 85%) de la pena impuesta por el 

juez (Ditton y Wilson 1999). Una vez más, estas iniciativas compartían el objetivo de incrementar el tiempo que los infractores de las leyes pasarían privados 

de su libertad y de reducir la potestad discrecional de los jueces y oficiales 

correccionales para devolver a los delincuentes a la comunidad. 

Regresamos así al tema de la eficacia de la rehabilitación correccional. Los 

conservadores recibieron el estudio de Martinson con una actitud de «nosotros 

ya les dijimos que es así», porque tradicionalmente habían opinado que el tratamiento despojaba al sistema penal de su fuerza punitiva. Sin embargo, los liberales (los herederos de los progresistas que habían inventado el ideal de la rehabilitación) fueron a menudo más duros en sus respuestas frente al tratamiento 

del delincuente —un poco como el amante despechado que busca la venganza—. 

El estudio de Martinson se señalaba clamorosamente como la prueba final de lo 

que «ellos sabían que era la verdad»: que el sistema correccional estaba, como 

habían sospechado, en bancarrota moral y pragmática. Después del motín de 

Ática, este tipo de idea tuvo resonancia. Fue creado un nuevo lenguaje para hablar acerca del sistema correccional. Así, los directores, los funcionarios de prisiones y los delegados de libertad vigilada se convirtieron en «agentes estatales 

de control social»; las intervenciones se transformaron en «ceremonias de degradación» y en ejemplos de «ampliación de la red»; y los delincuentes fueron 

retratados como «el desvalido que tiende a ser visto como una fuerza romántica que se enfrasca en una lucha por la liberación contra las instituciones retrógradas del statu quo» (Binder y Geis 1984, 644). Los revisionistas, en un sorprendente ejercicio de reduccionismo, reinterpretaron los esfuerzos anteriores de 

reforma que involucraban la rehabilitación, tales como el tribunal juvenil, como 

poco más que estrategias de poder escasamente disfrazadas que buscaban disciplinar a los pobres y reforzar las desigualdades sociales preexistentes (para un 

análisis crítico de este tema, véase Garland 1990). 

Por supuesto, hay elementos de verdad en estos retratos de la rehabilitación 

como algo ineficaz que justificaba la coerción y desviaba la atención de las desigualdades de raza y clase social, las cuales contribuyen a la distribución dispar 

de la criminalidad en los Estados Unidos. Estas verdades parciales —estos 

recordatorios útiles de los peligros inherentes al ideal de la rehabilitación— fueron exageradas durante el inicio de los años 1970 y posteriormente. Los 
292 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

criminólogos, los cuales conforman un grupo progresista gracias al proceso de 

auto-selección para este campo y a su entrenamiento en esta disciplina, adoptaron una postura contraria a la rehabilitación casi como un asunto de ideología 

profesional (Andrews y Bonta 1998; Binder y Geis 1984; Gottfredson 1979). Las 

investigaciones sobre el sistema correccional se convirtieron fundamentalmente en estudios de problemas sociales: la violencia carcelaria, el hacinamiento y 

temas afines. A diferencia de un campo como la psicología, la cual asume el 

compromiso de desarrollar intervenciones eficaces, los criminólogos prestaron 

poca atención a la producción de conocimientos sobre «lo que funciona» para 

cambiar a los delincuentes (véase también DiIulio 1987). Es más, recibieron 

aplausos y fueron recompensados con oportunidades para publicar los resultados de sus investigaciones cuando podían demostrar que un programa ampliamente acogido no cumplía sus metas y que, después de todo, Martinson tenía 

razón (Binder y Geis 1984; Gottfredson 1979). 

Palmer (1992) acierta al afirmar que debemos superar la ingenuidad y el 

entusiasmo que caracterizaban los argumentos a favor de la rehabilitación en los 

años 1950 y 1960, pero también el cinismo y el pesimismo que imperaron durante la mayor parte de las últimas tres décadas. Tanto la propugnación de ideas 

como su crítica tienen su papel a cumplir, pero el reto es evadir la ideología y 

la retórica y pensar de manera más abierta sobre lo que indican las evidencias 

en cuanto a las intervenciones correccionales eficaces (Adams 1976). Afortunadamente, ahora hay un cúmulo creciente de estudios que ayudan a iluminar este 

tema, y ellos ocuparán nuestra atención en lo que resta de trabajo. 

Reconsideración de la doctrina de que «nada funciona» 

La revisión de los estudios de evaluación es un asunto difícil. Dichos estudios frecuentemente varían en calidad y en la información que proporcionan. El 

tipo de estudio incluido en una categoría cualquiera de tratamiento —por ejemplo, la orientación en grupo o el desarrollo de habilidades— puede ser tan distinto en modalidad y clientela que uno se pregunta si las variaciones dentro de 

cada categoría hacen que la clasificación carezca de sentido (Klockars 1975). Por 

otra parte, los resultados pueden ser tan complejos —indicando una disminución 

de la reincidencia en ciertas condiciones pero no en otras— que el formular una 

respuesta firme a la interrogante «¿qué funciona?» representa una tarea desalentadora. Entonces ¿cómo se puede encontrar sentido al cuerpo de estudios de evaluación referidos a las intervenciones correccionales? ¿Es posible ver un bosque 

a través de los árboles? 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 293 

En los últimos años ha surgido una técnica importante —aunque no 

inobjetable— para «descubrir tendencias» a los estudios en el ámbito correccional u otros ámbitos: la síntesis cuantitativa de los resultados de estudios individuales utilizando técnicas meta-analíticas. Más adelante volveremos a considerar esta técnica, pero, en su esencia, un «meta-análisis» mide estadísticamente 

el efecto medio de una intervención sobre la reincidencia hallado en los estudios 

correspondientes; esta «magnitud de efecto» también puede ser calculada para 

varias condiciones (por ejemplo, las características de los delincuentes, el tipo 

de entorno, la metodología del estudio). En cambio, en la era de Martinson esta 

técnica no estaba generalmente disponible en las ciencias sociales. En su lugar, 

los investigadores empleaban dos estrategias relacionadas entre sí para estimar 

«lo que dicen los estudios»: la revisión narrativa y el recuento de votos o método de la urna. 

En la revisión narrativa, el autor lee la literatura existente y luego comunica lo que ha hallado. Algunas veces, los estudios son citados en detalle; otras 

veces las conclusiones son seguidas por apenas una cadena de citas. En algunos 

casos, cada estudio individual tiene un peso igual en la formulación de las conclusiones; en otros, uno o dos estudios de «alta calidad» afectarán a la interpretación de las investigaciones que ofrece el autor. En el recuento de votos o método de la urna, el autor reúne todos los estudios individuales —normalmente 

organizándolos según categorías diferentes de intervención (por ejemplo, la 

orientación grupal)— y luego enumera cuántos presentaron una disminución de 

la reincidencia, cuántos no presentaron ningún efecto sobre la reincidencia y 

cuántos informaron de un incremento de la misma. 

Aunque estos métodos poseen algún valor, también tienen dos debilidades 

comunes. En primer lugar, y salvo que se hagan explícitos los criterios de codificación, estos métodos están sujetos a mucha subjetividad. Por ejemplo, ¿cómo 

decidimos si a un determinado estudio debe asignarse un mayor peso que a otro? 

¿En cuánto debe disminuirse la reincidencia para que «cuente» como un resultado positivo? ¿Debe la diferencia entre el grupo de tratamiento y el grupo de 

control ser estadísticamente significativa, aun cuando el riesgo de un error de 

Tipo II —el de obviar efectos del tratamiento que de hecho existen— es alto? 

En segundo lugar, y aun cuando haya acuerdo sobre los resultados ¿cómo decidimos si el vaso está «medio lleno» o «medio vacío»? ¿Cuánto éxito deben tener los programas de tratamiento para poder decir que «funcionan»? Estos y otros 

temas relacionados marcaron la reacción al trabajo de Martinson (1974b) y a 

escritos similares en los años que transcurrieron. 
294 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Reencuentro con Martinson 

Después de la publicación del trabajo de Martinson (1976b) y de la obra 

voluminosa de Lipton, Martinson y Wilks (1975), la conclusión de que «nada 

funciona» fue objetada por un reducido grupo de críticos. Con todo, Martinson 

y sus colaboradores encontraron consuelo no solamente en la amplia aceptación 

de sus planteamientos sino también en las evaluaciones independientes realizadas por otros especialistas que aparentemente confirmaron sus resultados pesimistas (véanse, por ejemplo, Bailey 1966; Berleman y Steinburn 1969; Fishman 

1977; Greenberg 1977; Kirby 1954; Logan 1972; Lundman y Scarpitti 1978; 

Robison y Smith 1971; Sechrest, White y Brown 1979; Wright y Dixon 1977). 

«Aquí y allá hay algunos resultados favorables que alivian la monotonía», apuntó 

Greenberg (1977, 140-141), «pero la mayoría de los resultados son modestos y 

han sido obtenidos mediante evaluaciones con deficiencias graves en cuanto a 

rigor. La afirmación general de que ‘nada funciona’ es una exageración, pero 

tampoco es mucha exageración». De modo similar, una comisión encargada por 

la Academia Nacional de la Ciencia en Estados Unidos evaluó una muestra de 

los estudios revisados por Lipton, Martinson y Wilks (1975) y concluyó que, 

salvo escasas excepciones, los autores habían presentado sus resultados con precisión (Fienberg y Grambsch 1979; Sechrest, White y Brown 1979). Sin embargo, dada la escasez de investigaciones cualitativas sobre intervenciones de calidad, la comisión permaneció agnóstica en lo relativo a si la rehabilitación debía 

ser reafirmada o reemplazada. «Dado el estado actual de nuestro conocimiento», concluyó la comisión, «ninguna recomendación para un cambio drástico o 

siquiera sustancial en los esfuerzos en pro de la rehabilitación puede justificarse con fundamentos empíricos» (Sechrest, White y Brown 1979, 102). 

Por consiguiente, en aspectos fundamentales la obra de Lipton, Martinson 

y Wilks (1975) constituía una revisión responsable de la literatura con que se 

contaba en ese período (1945 a 1967). No obstante, algunos aspectos de su estudio merecen mayor atención porque tienen consecuencias para nuestra manera de comprender los hallazgos de esta obra clásica. Primero, en una afirmación 

repetida continuamente en la literatura criminológica, Martinson (1974b) escribió 

que el equipo de investigación compuesto por Lipton, Martinson y Wilks había 

examinado 231 estudios individuales. Aun cuando esta cifra sea técnicamente 

correcta, a la vez es engañosa. Para ser incluido en la investigación, un estudio 

individual tenía que incorporar una medición de cualquiera de los resultados 

siguientes: la reincidencia, la adaptación institucional, la adaptación vocacional, 

el logro educativo, la recaída en la adicción al alcohol o a las drogas, el cambio 

en la personalidad o las actitudes y la adaptación a la comunidad. Algunos es­
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 295 

tudios tenían datos sobre más de uno de esos resultados, de modo que Lipton y 

sus colegas pudieron informar del impacto del tratamiento sobre 286 mediciones de resultados. Sin embargo, es importante anotar que su estudio se basó únicamente en 138 mediciones de la reincidencia, en lugar de las 231 mediciones 

que figuran en la creencia común. 

Segundo, Lipton, Martinson y Wilks (1975, 9) crearon 11 «métodos de tratamiento» o «variables independientes» que luego fueron comparados mediante tablas de contingencia con las mediciones de resultados, incluyendo la reincidencia: la libertad vigilada, la privación de la libertad (duración de la condena), 

la libertad condicional, el trabajo de asistencia social individual y la orientación 

individual, el desarrollo de habilidades, la psicoterapia individual, los métodos 

grupales, la terapia basada en el entorno, la custodia física parcial (casas de transición entre la prisión y la comunidad), los métodos médicos (cirugía plástica, 

castración) y las actividades de ocio. Aunque sea útil incluirlos en el estudio, es 

difícil de considerar cómo la libertad vigilada, la privación de la libertad y la libertad condicional pueden ser clasificadas como «tratamientos». Si estas categorías son sustraídas del análisis, el número de mediciones de la reincidencia, 

que empezó en 138, es reducido en 55 para totalizar solo 83 mediciones de resultados. Asimismo, es posible argumentar que la custodia física parcial, los 

métodos médicos y las actividades de recreo no constituyen modalidades de tratamiento en sí; y de ser así, las mediciones de la reincidencia se reducen en diez 

para sumar entonces 73. Independientemente de dónde se trace la línea, el punto queda claro: El número de estudios sobre los cuales se basa la conclusión de 

que «nada funciona» era mucho menor de lo que comúnmente se cree. 

Esto no es una crítica del estudio en sí, dado que el análisis presentado por 

Lipton, Martinson y Wilks era la revisión más exhaustiva en el momento de su 

publicación. Pero sí significa que la cantidad de estudios correspondientes a cada 

categoría de tratamiento no era muy alta: 7 para el trabajo de asistencia social 

individual y la orientación individual; 15 para el desarrollo de habilidades; 12 

para la psicoterapia individual; 19 para métodos grupales; y 20 para terapia basada en el entorno. Y cuando se examina la heterogeneidad de los estudios correspondientes a cada categoría, se aprecia con mayor claridad la dificultad para 

interpretar los resultados. Como señala Klockars (1975, 58-59), la «categoría 

referida a destrezas», por ejemplo, incluía programas con servicios tan diversos 

como la orientación vocacional, el modelaje de roles, el entrenamiento en el procesamiento de datos y la asistencia a clases. Aunque algo polémico, Klockars 

(p. 59) tiene razón al afirmar que «la ‘categoría de variable independiente’ relativa al ‘desarrollo de habilidades’ es, en el mejor de los casos, una ficción de 

redacción y organizacional que carece de cualquier otro tipo de coherencia. Así, 
296 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

es absurdo», continúa Klockars, «hablar de cualquier manera sobre los efectos 

del ‘desarrollo de habilidades’ como una categoría, ya que como categoría ésta 

simplemente no existe». 

Tercero, Lipton, Martinson y Wilks no incluyeron una categoría correspondiente a los programas «cognitivo-conductuales» (para una descripción, véanse 

Andrews y Bonta 1998; Lester y Van Voorhis 1997). Como apuntó Martinson 

(1974a, 5) «los métodos no evaluados incluyeron los permisos para trabajar, el 

suministro de metadona, versiones recientes del denominado ‘modificación de 

la conducta’ y los que han llegado a denominarse métodos de desjudicialización» 

(véase también Greenberg 1977, 130, quien presentó apenas tres «programas de 

modificación de la conducta»). Esta omisión es importante ya que hay evidencias cada vez mayores de que estos programas se encuentran entre los más eficaces para reducir la reincidencia delictiva (Andrews y Bonta 1998; Gendreau 

1996b). En todo caso, Martinson no proporcionó un análisis sistemático de los 

programas cognitivo-conductuales y, en consecuencia, la doctrina de que «nada 

funciona», tal y como se desarrolló en su trabajo, no es aplicable a esta modalidad de tratamiento. 

Cuarto, como señaló Martinson (1976a, 1976b), varias estrategias de intervención surtieron efectos positivos sobre resultados que no fueran la reincidencia, tales como la adaptación institucional y el logro educativo (véase también 

Lipton, Martinson y Wilks 1975, 532-558). Hay que reconocer que, desde la 

perspectiva de la política pública, el criterio clave para evaluar la utilidad de las 

intervenciones de tratamiento es si se ha disminuido la criminalidad; y por esa 

razón, la reincidencia constituye el objeto de estudio principal de este trabajo. 

Aun así, cabe apuntar que, más allá de su influencia sobre la reincidencia, los 

programas de rehabilitación pueden tener efectos benévolos colaterales sobre los 

delincuentes —tales como aquéllos identificados por Martinson—. A su vez, al 

calcular la utilidad general de los programas de tratamiento en comparación con 

las sanciones orientadas al castigo que no invierten en la mejora de las vidas de 

los delincuentes, bien podría asignarse algún peso a los beneficios colaterales 

que se logran mediante la exposición de los delincuentes a variadas condiciones de tratamiento. 

En este sentido, la revisión de estudios existentes realizada por Gaes et al. 

(1999) les lleva a concluir que la educación y los programas de trabajo en prisión probablemente reducen la reincidencia post-penitenciaria. Sin embargo, 

también señalan que una ventaja adicional de estos programas es que tienden a 

mejorar la adaptación institucional de los reclusos (esto es, manifiestan menos 

problemas disciplinarios) y, tras el retorno de los reclusos a la comunidad, estimulan el empleo constructivo y la participación continuada en la educación. A 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 297 

su vez, la sociedad cosecha los beneficios cuando los delincuentes son menos 

perturbadores en la prisión y más productivos en la comunidad (véase también 

Gerber y Fritsch 1995). Nuevamente, aun cuando tengan una importancia que 

es solamente secundaria, estos beneficios no deben ser olvidados a la hora de 

identificar e implantar las intervenciones correccionales más prudentes. 

Recuento de votos 

En su trabajo, Martinson (1974b) presentó lo que llegó a ser una revisión 

narrativa de los estudios de tratamiento analizados en su investigación. Su argumento principal era que «los esfuerzos en pro de la rehabilitación (...) no tenían 

un efecto apreciable sobre la reincidencia». Al hablar de esfuerzos a favor de la 

rehabilitación, Martinson (1976a) no quiso decir que ningún programa tenía 

efectos positivos sobre la reducción de la reincidencia. En realidad, planteaba 

que ningún tipo o categoría de intervención —por ejemplo, la orientación en 

grupo o el desarrollo de habilidades— reducía la reincidencia de manera consistente cuando se tomaban en cuenta los diferentes estudios, entornos y tipos 

de delincuente. Por ello, a nivel práctico un administrador correccional no podía decir con total fiabilidad que tal o cual tratamiento representaba «la mejor 

manera» de rehabilitar a los delincuentes. 

En la refutación mejor conocida del trabajo de Martinson, Ted Palmer (1975) 

se acercó al problema de «lo que funciona» desde una perspectiva diferente: el 

recuento de votos o el método de la urna. Palmer identificó 82 estudios citados 

por Martinson en su trabajo publicado en 1974. A continuación, contó cuántos 

de estos estudios mostraron que el tratamiento tenía un efecto «positivo» o «parcialmente positivo» sobre la reincidencia. Estimó que 39 estudios, es decir, un 

48 por ciento del total, podrían clasificarse de esa manera, esto es, mostraban 

una disminución en la reincidencia. Esta cifra sorprendente parecía ofrecer una 

prueba convincente de lo errado de la doctrina de que «nada funciona». De manera importante, los análisis subsiguientes de otros estudios publicados en ese 

momento o posteriormente —la mayoría de los cuales llegaron a conclusiones 

pesimistas sobre la rehabilitación— indicaron resultados similares. Como expresan Andrews et al. (1990, 374), «las revisiones de la literatura han encontrado 

de manera rutinaria que por lo menos el 40 por ciento de las evaluaciones mejor diseñadas de los servicios de tratamiento correccional dieron efectos positivos» (véase también MacKenzie 1998). 

En todo caso, el asunto es qué hacer con esta mezcla de resultados positivos, nulos y, en menor grado, negativos. Una posibilidad es que la intervención 
298 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

correccional sea caótica y sin regularidades. Las intervenciones que funcionan 

lo hacen de manera casi aleatoria. Desde esta perspectiva, la conclusión de 

Martinson, de que «nada funciona» estaría por lo menos pragmáticamente cercana a la verdad; nunca sabríamos cómo intervenir mejor, dado que una modalidad de tratamiento cualquiera no tendría mayores o menores probabilidades de 

reducir la reincidencia. El punto de vista opuesto es que la intervención correccional eficaz no es aleatoria sino que obedece a algún patrón. De ser así, entonces, la tarea consiste en descubrir lo que diferencia a los programas que funcionan de aquéllos que no funcionan. Una perspectiva de esta naturaleza 

llevaría el análisis hacia la identificación de «los principios de la intervención 

eficaz» —un enfoque que retomaremos en el próximo apartado sobre los «Principios de la Intervención Correccional Eficaz»—. 

Palmer (1975) logró algunos avances en este sentido, ya que intentó identificar algunos patrones entre los resultados de los estudios citados por Martinson 

(1974b). Por ejemplo, concluyó que los resultados positivos eran más abundantes en los programas llevados a cabo en la comunidad y no en la prisión, en los 

programas para jóvenes más que para adultos, y en los programas orientados a 

delincuentes de «riesgo mediano». Estas hipótesis provisionales subyacen a una 

conclusión perspicaz y más amplia, según la cual la investigación futura debe 

superar la interrogante general sobre «lo que funciona» y centrar la atención en 

la siguiente inquietud: «¿Qué métodos funcionan mejor para qué tipo de delincuentes, y bajo qué condiciones o en qué tipo de entorno?» (Palmer 1975, 150; 

énfasis en el original). El riesgo obvio de este tipo de enfoque es el de la especificación sin fin; el de plantear que la rehabilitación sería eficaz si pudieran 

desarrollarse programas que den cuenta de una infinidad de interacciones entre 

el delincuente, el tipo de tratamiento y el entorno. Empero, las limitaciones prácticas en torno a la provisión de servicios de tratamiento en los sistemas 

correccionales significa que las intervenciones con tratamiento no pueden ser 

personalizadas para cada delincuente. En realidad, el conocimiento de «lo que 

funciona» solamente será útil en la medida en que se asignen los delincuentes a 

modalidades de tratamiento amplias y que puedan ser aplicadas a categorías de 

ellos (por ejemplo, la asignación de delincuentes de alto riesgo a la terapia 

cognitivo-conductual). 

Finalmente, debemos considerar la posibilidad de que el trabajo de Lipton, 

Martinson y Wilks nos advierta de un reto permanente en el campo correccional: muchos programas no funcionan porque tienen deficiencias conceptuales (no 

se fundamentan en una teoría criminológica sólida) y/o porque carecen de integridad terapéutica (o sea, no se ponen en práctica según el diseño previo). Los 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 299 

investigadores que se ocupaban de las revisiones de los estudios de evaluación 

en la época en que trabajaba Martinson se encontraban frustrados no solamente 

por la pobreza de la metodología frecuentemente empleada, sino también por la 

carencia de programas que tuvieran algún sentido criminológico (véanse, por 

ejemplo, Bailey 1966; Sechrest, White y Brown 1979; Wright y Dixon 1977). 

Como indicó Greenberg (1977, 141) al concluir su revisión de las intervenciones correccionales: «Nunca consideré muy probable que estos programas tuviesen éxito en prevenir un regreso a la delincuencia. Cuando se hacen explícitos 

los supuestos teóricos de los programas, éstos tienden a rayar lo absurdo. Con 

mayor frecuencia, estos supuestos no están hechos nunca de un modo explícito, por lo que no debe sorprendernos que fracasen estos esfuerzos de ensayo y 

error». En consecuencia, la interrogante a debatirse tras la publicación del trabajo aleccionador de Martinson era si la calidad de los programas y de la investigación se mejoraría hasta tal punto que se pudieran formular conclusiones significativas sobre la eficacia de las intervenciones correccionales. En 

última instancia, la observación de Sykes (1958, 133-134) resultó profética: 

«La ingenuidad más grande se encuentra, quizás, entre aquéllos que creen que, 

dada la dolorosa lentitud e incertidumbre del progreso en los métodos para 

reformar al delincuente en el pasado, podemos esperar poco o ningún progreso 

en el futuro». 

Martinson reconsidera 

Tras la publicación del libro de Lipton, Martinson y Wilks (1975), Martinson 

y Wilks recibieron financiación para actualizar el estudio anterior. Debido a la 

muerte prematura de Martinson, los resultados de esta síntesis de otros estudios 

solamente aparecieron en un artículo publicado por Martinson en el año 1979. 

El trabajo en cuestión únicamente ofrece una descripción esquemática de los 

métodos empleados para el análisis. Sin embargo, parece que en primer lugar 

Martinson computó la tasa media de reincidencia (a la cual denominó tasa de 

«reprocesamiento») para todos los delincuentes que ingresaron en el sistema de 

justicia penal; presumiblemente, también estandarizó esta cifra para la población 

específica que se estuviera estudiando en un análisis cualquiera (por ejemplo, los 

reos en la comunidad frente a los reos en prisión). A continuación comparó los 

resultados de los programas de tratamiento con esta tasa promedio. En total, se 

tomaron 555 estudios publicados entre la Segunda Guerra Mundial y finales de 

los años 1970 para calcular tanto la tasa media de reincidencia como la eficacia 

de los programas de tratamiento. 
300 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Llama la atención que Martinson (1979, 254) se acercó a la opinión de 

Palmer (1975) al afirmar que «el hecho crítico parecen ser las condiciones bajo 

las cuales se suministra el programa» (énfasis en el original). Su hallazgo principal fue que los tratamientos suministrados en prisión disminuían la reincidencia 

mientras que aquéllos suministrados en hogares grupales la aumentaban. Pese 

a la heterogeneidad de los resultados, Martinson abandonó su opinión de que 

«nada funciona». «Con base en la evidencia arrojada por nuestro estudio actual», 

afirmó, «me retracto de esa conclusión. Con frecuencia he dicho que el tratamiento agregado a las redes de la justicia penal es ‘impotente’ (...) la conclusión 

no es correcta». En cambió, señaló que «los tratamientos se encontrarán en la 

situación de ser ‘impotentes’ bajo ciertas condiciones, beneficiosos bajo otras 

condiciones, e incluso perjudiciales bajo otras» (p. 254). Hay que apuntar que 

la retractación por parte de Martinson de su doctrina de que «nada funciona» 

cayó en buena parte sobre oídos sordos. 

Biblioterapia para los cínicos 

Tan elevado fue el status del trabajo de Martinson (1974b) que éste permaneció durante algún tiempo entre las obras más citadas de la Criminología 

(Cousineau y Plecas 1982). Sin embargo, tal y como lo comprendió el propio 

Martinson (1979), estaban surgiendo numerosos estudios de evaluación —frecuentemente con una metodología y/o análisis estadístico más sofisticados—. 

Aun así, como ya se apuntó, muchos criminólogos estaban conformes con ver 

en la doctrina de que «nada funciona» la «palabra final» sobre este tema. La realidad empírica y sus preferencias ideológicas habían coincidido de manera conveniente, y ahora no sentían la necesidad de volver a abrir el debate; la rehabilitación estaba muerta y los nuevos estudios tenían poco interés para ellos. 

En cambio, Paul Gendreau y Robert Ross —junto con sus colegas Don 

Andrews y James Bonta— provenían de un contexto sociopolítico distinto y, en 

consecuencia, analizaron la controversia sobre «lo que funciona» sin las mismas 

predisposiciones intelectuales. Todos eran psicólogos canadienses con experiencia en la implantación, administración y evaluación de programas correccionales 

(y quienes luego serían vistos como los integrantes de una «Escuela canadiense» de rehabilitación). A diferencia de los especialistas en los Estados Unidos, 

estos psicólogos no consideraban que la rehabilitación estuviese imbuida de una 

relevancia simbólica mayor —no la veían pues como «una terapia obligatoria y 

aplicada de manera coercitiva por los agentes estatales de control social en un 

sistema politizado de (in)justicia criminal» (véase Binder y Geis 1984)—. Para 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 301 

ellos, las cuestiones suscitadas por la rehabilitación, aun cuando importantes, 

eran más prosaicas y empíricas: ¿En qué grado logra el tratamiento correccional disminuir la reincidencia? ¿Bajo qué condiciones? Sin embargo, éstos se 

aproximaron a la controversia sobre «lo que funciona» con un sesgo disciplinario. Como profesionales clínicos formados en la teoría del aprendizaje, creían 

que la conducta delictiva era fundamentalmente aprendida. Así, en la medida en 

que este postulado teórico fuera verdad, la idea de que «nada funciona» tenía 

poco sentido para ellos. Como todo el mundo, los delincuentes adquieren actitudes, creencias y comportamientos a través del refuerzo y el castigo. En cambio, la doctrina de que «nada funciona» sugiere implícitamente que «los 

infractores criminales son incapaces de aprender de nuevo o de adquirir nuevos 

comportamientos» (Gendreau y Ross 1979, 465-466). «¿Por qué», se preguntaron estos autores, «debe este impedimento restringirse a esta población»? 

Gendreau y Ross (1979, 1987) realizaron dos revisiones narrativas amplias de 

las investigaciones publicadas en libros y revistas después de la obra de 

Martinson et al. Su primera revisión incluyó 95 estudios y correspondió a los 

años 1973 a 1978; la segunda analizó 130 estudios y correspondió al período 

entre 1981 y 1987. En su conjunto, estos dos trabajos señalaron tres conclusiones importantes. 

En primer lugar, una razón importante para el fracaso de los programas 

correccionales es la carencia de integridad terapéutica. Por ejemplo, no debería 

sorprendernos el que los niños resulten analfabetos si sus profesores no están 

capacitados, si no hay un plan de estudios estandarizado y si los profesores se 

reúnen con los niños solamente una vez a la semana durante media hora. Sin 

embargo, muchos programas de tratamiento revestían estas condiciones. Y bajo 

una observación más aguda, aun los estudios aparentemente bien diseñados carecían frecuentemente del tipo de integridad necesario para cambiar el comportamiento de los delincuentes. En este sentido, el análisis crítico que hizo Quay 

(1977) del estudio de evaluación realizado por Kassebaum, Ward y Wilner (1971) 

es revelador. Pese a que el estudio de Kassebaum, Ward y Wilner se citaba como 

un buen ejemplo de una evaluación metodológicamente rigurosa que mostraba 

que el tratamiento era ineficaz, Quay encontró que la verdadera culpable era la 

falta de integridad en el programa de tratamiento. En este sentido, el programa 

contaba con un débil fundamento conceptual y con grupos de orientación inestables; empleaba a pedagogos no cualificados, que tampoco habían recibido una 

formación adecuada, ni creían que el programa sería eficaz. De modo similar, 

en un estudio de 27 investigaciones empíricas sobre programas conductuales 

aplicados para la prevención de la delincuencia juvenil, Emery y Marholin (1977) 

encontraron que sólo en el 9 por ciento de los casos se identificaban de manera 
302 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

individualizada las conductas a ser cambiadas a través de las intervenciones aplicadas a los jóvenes en el programa. Es más, en sólo un 30 por ciento de los estudios se observaba un claro vínculo entre los comportamientos que habían dado 

lugar a la asignación al programa y las conductas que se querían cambiar (por 

ejemplo, un joven fue enviado al programa por hurto de automóviles y tratado 

por problemas de puntualidad). Para Gendreau y Ross (1979, 467), los investigadores tenían que superar el análisis de inputs y resultados y empezar a examinar lo que pasaba en el interior del programa: 

«¿Hasta qué punto el personal de tratamiento realmente cumple con los principios 

y emplea las técnicas de la terapia que supuestamente ofrecen? ¿Cuál es el nivel de 

competencia del personal de tratamiento? ¿Cómo trabajan de duro? ¿En qué grado 

está diluido el tratamiento en el entorno correccional de modo que éste llega a concebirse como tratamiento únicamente en el nombre?». 

En segundo lugar, pese a los muchos impedimentos que tenía que superar la 

programación correccional, Gendreau y Ross (1979, 1987) descubrieron literalmente veintenas de ejemplos de intervenciones de tratamiento que fueron exitosas 

a la hora de disminuir la reincidencia. La mera cantidad de estos programas refutó la idea de que «nada funciona» y, tomados en su conjunto, ofrecían una muy 

necesaria «biblioterapia para los cínicos». En especial, Gendreau y Ross (1979) 

mostraron que los programas de orientación conductual (por ejemplo, los sistemas 

de incentivos, los contratos conductuales) —hasta ese momento generalmente 

obviados por la literatura criminológica— daban indicios de ser eficaces (véanse 

también Gendreau y Ross 1983-1984). Adicionalmente, estos autores observaron 

que los programas exitosos se enfocaban sobre las «necesidades criminógenas»; 

esto es, sobre las variables que se saben predictoras de la reincidencia y que son 

susceptibles de modificación (por ejemplo, las actitudes y conductas antisociales). 

En tercer lugar, Gendreau y Ross notaron que los delincuentes —al igual que 

otros seres humanos— se caracterizan por tener diferencias individuales. Algunas de estas diferencias se refieren a su criminalidad; los delincuentes se diferencian en el nivel de riesgo de reincidencia. Y algunas diferencias se relacionan con sus personalidades y su capacidad de aprendizaje. Hasta hace poco 

—antes de la creciente popularidad del paradigma de la trayectoria vital— los 

criminólogos se habían mostrado poco interesados, cuando no abiertamente 

opuestos, a la noción de que las diferencias individuales son importantes para 

comprender la participación en la delincuencia (Andrews y Bonta 1998; Binder 

y Geis 1984). Pese a ello, Gendreau y Ross (1979, 1987) presentaron pruebas 

de que la eficacia de los programas de tratamiento puede variar apreciablemen­
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 303 

te en la medida en que se registren y se tengan en cuenta las diferencias individuales a la hora de suministrar los servicios. Por ejemplo, estos autores sugirieron que los delincuentes de alto riesgo serían los más beneficiados por la mayoría de las intervenciones con tratamiento, mientras que los delincuentes con 

poca habilidad intelectual obtendrían un mayor beneficio de los programas desarrollados en situaciones estructuradas de aprendizaje (1987, 370-374). Estos 

hallazgos iniciales, los cuales se fundamentaban en los trabajos pioneros de 

Andrews y sus colaboradores (1986; véase también Warren 1969), posteriormente se transformarían en un conjunto más formal de «principios para la intervención eficaz» (véase el apartado posterior, «Intervenciones Correccionales No 

Eficaces»). 

EL META-ANÁLISIS Y LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO: LA CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTOS EN EL CAMPO CORRECCIONAL 

Con frecuencia, la literatura que evalúa los programas de tratamiento correccional parece ser una mezcla desconcertante de programas que abarcan diferentes 

entornos, modalidades de tratamiento, muestras de infractores, calidades de intervención, y así sucesivamente. Encontrar algún sentido a esta investigación 

heterogénea —descifrar qué es «lo que funciona»— constituye un reto enorme. 

Como ya hemos visto, la revisión narrativa es una de las herramientas que pueden ser utilizadas en esta tarea. Ésta tiene la ventaja de permitirle al investigador centrar su atención en la riqueza de algunos estudios individuales y, al asignar 

valores diferentes a los estudios examinados, interpretar lo que «realmente significan» estos estudios cuando son tomados en conjunto. Sin embargo, las desventajas de este enfoque imponen límites a lo que puede lograr la revisión narrativa. Como señalan Redondo, Sánchez Meca y Garrido (1999, 252), las 

revisiones narrativas tradicionales: 

«tienden a mostrar deficiencias debido a (a) la inclusión selectiva de estudios individuales, (b) el valor diferencial subjetivamente asignado a cada estudio al interpretar un conjunto de resultados, (c) una interpretación engañosa de los hallazgos, (d) 

una falta de consideración de otras características de cada estudio como potenciales explicaciones para los resultados constantes del conjunto de estudios y (e) la 

omisión de examinar el efecto de variables moderadoras en relación con la variable criterio». 

Una estrategia de cada vez mayor uso para revisar estudios de investigación, 

tanto en las ciencias físicas como en las ciencias sociales, es el «meta-análisis» 
304 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

(Hunt 1997; Science 1994). Este enfoque intenta realizar una síntesis cuantitativa de los resultados de un conjunto de estudios. En lugar de pedir un recuento 

de los votos (¿cuántos programas funcionan y cuántos no?), el meta-análisis calcula para cada programa evaluado la «magnitud del efecto» del tratamiento sobre la variable criterio —que, en los estudios sobre la rehabilitación es la reincidencia—. La magnitud del efecto para cualquier programa podría ser un 

número negativo (lo cual indica que el tratamiento aumenta la reincidencia), 

podría ser cero (ningún efecto sobre la reincidencia), o podría ser un número 

positivo (lo cual indica que el tratamiento disminuye la reincidencia). Los cálculos en el meta-análisis incluyen el cómputo de la magnitud del efecto en cada 

estudio, independientemente de si un estudio en particular encontró una intervención con tratamiento que tuviera un efecto significativo o no significativo. 

El resultado final del meta-análisis es una cifra —la «magnitud media del efecto»— que representa una estimación puntual precisa en todos los estudios de la 

relación entre el tratamiento y la variable criterio. Normalmente, la estadística 

de la magnitud del efecto se presenta como una r de Pearson con su correspondiente rango de fiabilidad (Rosenthal 1991; Schmidt 1996). 

Una interrogante relacionada con este método es cómo interpretar el valor 

de r cuando se intenta evaluar la diferencia en las tasas de reincidencia entre los 

grupos experimentales y los grupos de control. Es interesante apuntar que, en la 

mayoría de casos, el valor de r puede ser tomado por lo que representa 

(Gendreau, Goggin y Paparozzi 1996). En otras palabras, una magnitud de efecto 

de r=0,20 significa que hay exactamente, o casi exactamente, una diferencia del 

20 por ciento entre las tasas de reincidencia de los grupos experimentales y los 

grupos de control. Para ejemplificar aún más este punto, Gendreau, Goggin y 

Smith (2001) examinaron los datos proporcionados por Andrews et al. (1990, 

403-404, tabla A1) sobre programas de tratamiento correccional «apropiados» 

que, en promedio, disminuyeron las tasas de reincidencia en un 31 por ciento. 

En total, se presentaron 53 valores de r, o magnitudes de efecto. Los autores 

compararon el valor de r con la diferencia numérica entre los grupos de tratamiento y de control bajo condiciones donde (1) la tasa general de reincidencia 

no era excesivamente alta (del 30 al 70 por ciento) y (2) el tamaño del grupo 

experimental no excedía más de tres veces el tamaño del grupo de control. En 

estos casos, el valor promedio de r se encontraba a menos de un punto porcentual de la diferencia numérica entre las tasas de reincidencia de los grupos experimentales y de control. Cuando existían elevadas tasas generales de reincidencia y/o diferencias grandes en el tamaño de los grupos experimentales y de 

control, el promedio de las diferencias entre el valor de r y la diferencia numé­
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 305 

rica entre las tasas de reincidencia de los grupos experimentales y de control 

todavía era de apenas 2 puntos porcentuales. 

Otra manera de comunicar el significado del valor de r en un meta-análisis 

es mediante la estadística denominada «BESD» (binomial effect size display, o 

«mostrador binomial de la magnitud del efecto») propuesta por Rosenthal (1991). 

Con este método, las tasas de reincidencia del grupo experimental y de control 

se calculan a partir de una tasa inicial de 50 por ciento. Como señalan Andrews 

y Bonta (1998, 7), «si la correlación entre el tratamiento y la reincidencia es 

r=0,20, entonces la tasa de reincidencia en el grupo experimental es del 40 por 

ciento (50 por ciento menos 10 por ciento), comparado con una tasa del 60 por 

ciento en el grupo de control (50 por ciento más 10 por ciento)». 

Sin embargo, ningún método de revisión de estudios carece de debilidades, 

incluyéndose el meta-análisis (Science 1994). La validez de las conclusiones 

arrojadas por un meta-análisis estará afectada por «lo que allí se introduce». 

Obviamente, la fiabilidad que podemos atribuir a los resultados dependerá de si 

el muestreo de estudios individuales es exhaustivo e incluye evaluaciones 

metodológicamente sólidas. Menos aparente pero de igual importancia es el esquema de codificación empleado por el investigador. El modo en que se codifican los estudios individuales —por ejemplo, en qué categorías de tratamiento son 

ubicados— afectará a los conocimientos obtenidos por el meta-análisis. Especialmente, si la codificación no está teóricamente fundamentada se obviarán 

cuestiones conceptuales de importancia. De un modo adicional, y tal y como 

ocurre con otros tipos de investigación, un meta-análisis no puede garantizar que 

los conocimientos arrojados tengan una utilidad práctica —esto es, que los hallazgos obtenidos de la síntesis cuantitativa de estudios existentes puedan ser 

empleados en una orientación eficaz del desarrollo de programas para el campo de la intervención—. Más adelante retomaremos estos temas. 

No obstante lo anterior, existen ventajas al utilizar la técnica meta-analítica para organizar los resultados de estudios individuales. En primer lugar, el 

meta-análisis puede medir efectos que no son detectables con las tradicionales 

revisiones narrativas o el método de recuento de votos. Dado que en muchos 

estudios evaluativos la capacidad de análisis estadística se encuentra limitada por 

el tamaño reducido de la muestra, al tomar estos estudios uno por uno se pierde 

frecuentemente de vista el efecto del tratamiento (Schmidt 1996). En cambio, 

al sumar las magnitudes del efecto para una muestra de estudios, independientemente de si éstos denotan efectos significativos a nivel individual, el meta-análisis evita este problema. En consecuencia, como señala Lipsey (1999, 619), el 

meta-análisis puede: 
306 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

«identificar los efectos que no son claramente visibles para los investigadores tradicionales (...) porque los resultados de la investigación nos llegan como una mezcla proporcional de señales y ruido, donde la señal es el efecto de la intervención 

que intentamos estimar, y el ruido es el trasfondo, el error de muestreo, el error de 

medición y la variabilidad entre los estudios individuales que tienden a interferir con 

la señal. Las técnicas meta-analíticas permiten controlar estadísticamente una parte del ruido de fondo de una manera no disponible para los investigadores tradicionales y, así, pueden revelar efectos no detectados anteriormente.» 

En segundo lugar, mediante un análisis multivariable es posible determinar 

si factores metodológicos (por ejemplo, la calidad del diseño de investigación) 

afectan a la magnitud de un efecto de tratamiento cualquiera. Si el efecto del tratamiento permanece sólido después de tener en cuenta estos factores, hay mayor seguridad de que ese efecto sea real y no simplemente el producto de la 

metodología empleada. En tercer lugar, y relacionado con lo anterior, a través 

de un análisis multivariable también es posible determinar si la magnitud de 

un efecto de tratamiento está condicionada por «factores moderadores» 

sustantivamente importantes, como por ejemplo el nivel de riesgo de reincidencia de los delincuentes o la modalidad de tratamiento empleada. En cuarto lugar, varios procedimientos estadísticos (por ejemplo, «fail safe N», o «el número 

de seguridad») han sido desarrollados para indicar la probabilidad de que los resultados de un meta-análisis sean o no susceptibles de modificación en la medida en que se descubran estudios no publicados o bien que se realicen nuevos 

estudios evaluativos en el futuro (Orwin 1983; Rosnow y Rosenthal 1993). Obviamente no existen estadísticas de este tipo aplicables a las revisiones tradicionales. En quinto lugar, cualquier meta-análisis puede ser reproducido por otros 

investigadores, bien con los mismos datos, bien con datos diferentes. De esta 

manera se posibilita la evaluación independiente de las decisiones en cuanto a 

la codificación o la muestra de estudios incluidos en la revisión. Nuevamente, 

si un efecto de tratamiento se mantiene en las repeticiones de estas investigaciones podemos tener mayor confianza en que hemos encontrado algo que efectivamente funciona para reducir la reincidencia. 

En sexto lugar, y quizás lo más importante, al presentar la información de 

una forma precisa y resumida, el meta-análisis facilita el proceso de construcción de conocimientos sobre un tema como el tratamiento correccional. Las revisiones narrativas son engorrosas y tienden apenas a permitir unas generalizaciones amplias. En cambio, el meta-análisis tiene mayor capacidad para 

proporcionar una información que muestra de una manera más clara y delimitada (por ejemplo, a través de tablas de las magnitudes de efecto y sus corres­
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 307 

pondientes intervalos de confianza) lo que no funciona, lo que sí funciona y 

(como ya se señaló anteriormente) qué factores moderan lo que funciona. Debemos añadir de manera inmediata que estos datos no permiten respuestas definitivas; no obstante, los mismos dilucidan lo que actualmente sabemos sobre 

el cuerpo de investigaciones existentes y sobre los datos que necesitamos recopilar para mejorar nuestro conocimiento. Estos datos también proporcionan una 

indicación más clara de los factores compartidos por los programas eficaces y, 

a su vez, de las características empíricamente comprobadas que el personal correccional debe considerar para incluir en las intervenciones con tratamiento que 

inician. 

En resumen, como todas las técnicas metodológicas, el meta-análisis está 

abierto a sesgos que deben ser comprendidos y ponderados. No es desde luego 

la única manera de descifrar la eficacia del tratamiento correccional. Hechas estas 

advertencias, el meta-análisis es un método importante para la síntesis de los 

conocimientos ofrecidos por proyectos individuales de investigación. El mismo 

ha llevado a la reformulación de una amplia variedad de conclusiones potencialmente erróneas sobre la «realidad» de las intervenciones eficaces en la medicina, la educación y la psicología (Hunt 1997; Science 1994). Como veremos, los 

meta-análisis han jugado un papel importante en el cuestionamiento de la doctrina de que «nada funciona» en el sistema correccional. «No es una exageración», observa Lipsey (1999, 614), «afirmar que el meta-análisis de la investigación sobre la eficacia de la programación para la rehabilitación ha invertido 

la conclusión a la que llegó la generación anterior de revisiones sobre este tema». 

¿Funciona el tratamiento? 

Magnitud general del efecto 

Conviene ubicar el tema de la eficacia correccional en el contexto más amplio del debate sobre si las intervenciones planificadas son capaces de mejorar 

la conducta problemática de los seres humanos en general (por ejemplo, la salud mental, el rendimiento educativo, las dificultades con el desarrollo). ¿Podría 

suceder, como así lo han opinado algunos con vehemencia, que las intervenciones sociales simplemente no funcionan? Lipsey y Wilson se ocuparon de esta 

interrogante en una revisión de 302 meta-análisis. Descubrieron que, a través de 

una gama de tratamientos psicológicos, educativos y conductuales, había una 

relación positiva entre intervenciones y resultados, con una reducción de aproximadamente un 25 por ciento en el comportamiento objeto de cambio en com­
308 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

paración con lo que ocurría en el grupo de control. «La cantidad y alcance de 

los tratamientos eficaces cubiertos por esta conclusión son impresionantes», 

observaron estos autores, «y la magnitud de los efectos en una porción sustancial de los tratamientos se ubica en un rango de relevancia práctica desde la perspectiva de casi cualquier criterio razonable» (p. 1199). 

No obstante, aun cuando las intervenciones sean eficaces frente a una variedad de otros comportamientos, todavía se puede preguntar si son capaces de 

disminuir la conducta delictiva y criminal. Lipsey y Wilson (1993) señalaron diez 

meta-análisis realizados con evaluaciones de programas de tratamiento a delincuentes. En todos los casos se presentó una magnitud de efecto positiva. No obstante, la magnitud de efecto de las intervenciones frente a delincuentes tendía a 

ser menor que aquélla correspondiente a las intervenciones frente a otras conductas problemáticas. La menor magnitud de efecto podría reflejar la dificultad 

de cambiar la conducta antisocial y/o la calidad inferior de las intervenciones 

frente a delincuentes (Lösel 1995). En todo caso, es útil reiterar que todos los 

meta-análisis de los programas de tratamiento de delincuentes indican que éstos, en su conjunto, disminuyen la conducta problemática. De este modo, no hay 

evidencias de que los delincuentes no puedan ser rehabilitados. 

Lösel (1995) ha realizado la evaluación más exhaustiva de los meta-análisis correspondientes a los programas para la rehabilitación de los delincuentes. 

En una revisión de trece meta-análisis publicados entre 1985 y 1995, Lösel encontró que el promedio de la magnitud del efecto oscilaba entre 0,05 y 0,18. Este 

hallazgo ha sido confirmado en una revisión actualizada llevada a cabo por Redondo, Sánchez Meca y Garrido (1999, 252). La regularidad con que aparece el 

efecto positivo del tratamiento en los meta-análisis es importante porque sugiere, 

por lo menos en un sentido general, que este resultado no depende ni de la muestra de estudios individuales seleccionados ni de las decisiones sobre codificación 

tomadas por los autores correspondientes. Es más, incluso los meta-análisis realizados por investigadores adversos a la rehabilitación arrojaron resultados positivos (véase Whitehead y Lab 1989). Lösel estima que en todos los meta-análisis, «la magnitud promedio del efecto en la totalidad de los estudios evaluados 

probablemente tiene un valor de aproximadamente 0,10» (p. 89). Aplicando la 

estadística BESD de Rosenthal (1991), esto significaría que la tasa de reincidencia para el grupo experimental sería del 45 por ciento, mientras que la tasa para 

el grupo de control se situaría en un 55 por ciento. 

Sin embargo, según Lösel (1995, 90-91), esta magnitud general del efecto 

podría ser una subestimación. Por ejemplo, frecuentemente los grupos experimentales son comparados con grupos de control que no han recibido «ninguna 

intervención» sino algún otro tipo de sanción penal, la cual podría involucrar 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 309 

algún tipo de tratamiento. Además, el uso de variables dependientes que se miden en forma dicotómica, así como de registros oficiales de la reincidencia, podría reducir la magnitud del efecto. En este sentido, Lipsey (1992, 98) apunta 

que los indicadores oficiales de la reincidencia tienen una baja fiabilidad ya que 

«el que un hecho delictivo particular concluye en un contacto oficialmente registrado con un agente de policía o del sistema de justicia juvenil es, por lo general, una cuestión de azar». Este autor considera que cuando esta circunstancia se tiene en cuenta, la «magnitud del efecto no atenuado» de las intervenciones 

«se duplica» (p. 98). 

La heterogeneidad en la magnitud del efecto 

Parecería entonces que en todas las intervenciones los programas de rehabilitación correccional disminuyen la reincidencia. Sin embargo, en cualquier 

muestra de estudios individuales, la magnitud del efecto para algunos programas 

puede variar entre cero (si no es una cifra negativa) y 0,40 o superior. ¿Qué explica esta heterogeneidad en la magnitud del efecto? Existen dos posibilidades. 

En primer lugar, las diferencias en la magnitud del efecto podrían obedecer a las 

virtudes y los defectos metodológicos en los estudios individuales. En segundo 

lugar, la heterogeneidad podría reflejar diferencias en las características asociadas a los programas, por ejemplo, la modalidad de tratamiento, el entorno en el 

que el mismo se lleva a cabo, la calidad y la dosis de la intervención, o el tipo 

de delincuente que recibe el tratamiento (para una revisión reflexiva de estos 

temas, véase Lösel 1995). Estas características metodológicas y referidas a los 

programas frecuentemente se denominan «variables moderadoras» porque afectan a la magnitud del efecto de cualquier intervención, haciendo que ésta sea 

mayor o menor. 

Queda claro que una parte de la variación en la magnitud del efecto de diferentes programas se debe a la metodología (véanse, por ejemplo, Lipsey 1992; 

Redondo, Sánchez Meca y Garrido 1999). Sin embargo, actualmente es difícil 

establecer qué variables metodológicas podrían ser las más importantes en la 

explicación de la heterogeneidad de los programas. Esto se debe en gran parte 

al hecho de que los autores de los meta-análisis frecuentemente emplean diferentes esquemas de codificación para categorizar las dimensiones metodológicas. 

Y lo que quizás es más importante, muchos estudios evaluativos no proporcionan suficiente información como para codificar sistemáticamente la relación 

entre dimensiones metodológicas y la magnitud del efecto. Por ejemplo, algunas evidencias indican que los estudios con un diseño metodológico más rigu­
310 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

roso arrojan una menor magnitud del efecto, aunque este resultado no es constante en todos los meta-análisis (véase, por ejemplo, Redondo, Sánchez Meca 

y Garrido 1999). También se afirma que la magnitud del efecto es mayor en los 

estudios publicados que en los que no lo han sido, porque los estudios de evaluación tienen mayores posibilidades de publicación en las revistas de investigación si presentan efectos estadísticamente significativos. Sin embargo, no todos los meta-análisis han apoyado este argumento (Redondo, Sánchez Meca y 

Garrido 1999). A un nivel más general, hay evidencias de que la magnitud del 

efecto «ajustada al método empleado» no difiere ostensiblemente de la magnitud del efecto «observada» para la mayoría de las categorías de intervención, aun 

cuando se tengan en cuenta las consideraciones metodológicas del caso (Lipsey 

1999). Es decir, en general, los factores metodológicos no «explican la totalidad» 

de la variación en las magnitudes del efecto que se observan en diferentes programas de tratamiento. 

También existe el reto de descubrir las características de los programas que 

moderan la magnitud del efecto logrado por diferentes intervenciones. Hay alguna evidencia de que las intervenciones podrían ser más eficaces en la reducción de la reincidencia cuando se suministran en comunidad y a infractores más 

jóvenes (Andrews et al. 1990; Cleland et al. 1997; Lösel 1995; Redondo, Sánchez 

Meca y Garrido 1999). Sin embargo, estas relaciones no se detectan en todos los 

meta-análisis, pudiendo ser más complicadas de lo que inicialmente parecen ser. 

Por ejemplo, en su meta-análisis de 32 programas europeos, Redondo, Sánchez 

Meca y Garrido (1999) informan de que la magnitud del efecto era casi el doble para los infractores jóvenes que para los infractores adultos. No obstante, 

dichos autores postularon que esta diferencia se debía al uso de programas más 

eficaces con los delincuentes juveniles, y no a diferencias en la disposición o 

resistencia a ser tratado según la edad (véase no obstante Cleland et al. 1997). 

Existe un mayor consenso en torno a los tipos de intervención que producen las magnitudes del efecto más bajas y más altas —esto es, un consenso sobre lo que funciona o no funciona para disminuir la reincidencia—. Como se 

planteará con mayor detalle en un apartado posterior, las intervenciones fundamentadas en la disuasión tienden particularmente a ser poco eficaces para reducir 

la participación en la delincuencia (véanse, por ejemplo, Andrews et al. 1990; 

Lipsey 1992; Lipsey y Wilson 1998). Según Lösel (1995, 91), también parece 

que «los métodos menos estructurados, tales como el trabajo con casos o la orientación individual y grupal, son reiteradamente menos exitosos». En cambio, 

Lösel apunta que en los meta-análisis existentes hay una evidencia cada vez 

mayor de que «los mejores resultados se obtienen por lo general con programas 

cognitivo-conductuales, programas orientados a las habilidades y programas 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 311 

multi-modales» (p. 91); esto es, programas que tienden a fundamentarse en los 

principios del aprendizaje social, programas que buscan crear un capital humano en los delincuentes y que emplean más de una modalidad de tratamiento para 

identificar los múltiples problemas que podría experimentar el delincuente 

(véanse también Andrews et al. 1990; Palmer 1995; Lipsey 1992; Redondo, 

Sánchez Meca y Garrido 1999). 

Aun así, Palmer (1995) advierte que no todos los programas cognitivoconductuales logran reducir la reincidencia, mientras que algunas de las intervenciones menos eficaces —tales como los programas de orientación— a veces 

tienen éxito. Este resultado podría en parte reflejar el hecho de que los nombres 

dados a los programas de tratamiento ocultan lo que realmente se hace en ellos 

(por ejemplo, un programa de orientación podría involucrar medidas 

conductuales). También podría suceder que la eficacia de una intervención refleje otras características del programa, tales como la capacitación del personal, 

la forma en que se suministran los servicios, los criterios para lograr el ajuste 

de los estilos del personal y de los delincuentes, y el grupo de delincuentes seleccionados para el programa. Como señala Palmer, la acumulación de conocimientos sobre las intervenciones eficaces conlleva el examen de dos temas relacionados entre sí: Primero, necesitamos aprender más sobre las combinaciones 

de los factores asociados a los programas que funcionan para disminuir la reincidencia. Segundo, necesitamos superar el descubrimiento inductivo de las características de los programas exitosos —efectuado con meta-análisis u otros 

medios— y desarrollar teorías más coherentes que expliquen por qué algunos 

programas funcionan o no. Esta temática la retomaremos en el apartado relativo a las «Intervenciones Correccionales Ineficaces». 

Temas pragmáticos 

El tratamiento de la delincuencia más grave 

Aunque la rehabilitación parece tener un efecto consistente sobre la disminución de la reincidencia, el escéptico podría preguntarse si estos programas 

únicamente funcionan con los delincuentes de menor rango —es decir, los casos «menos duros» (Lipsey y Wilson)—. De ser así, los programas serían eficaces, pero únicamente para reducir comportamientos que, si bien causan molestias, no tienen consecuencias muy graves. Sin embargo, parece que éste no 

es el caso. El debate principal en este ámbito no se refiere a si las intervenciones pueden reducir la criminalidad de los delincuentes altamente peligrosos, sino 
312 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

a la posibilidad de lograr igual eficacia con los delincuentes menos peligrosos. 

Algunos meta-análisis sugieren que la rehabilitación es más eficaz cuando se 

destina a delincuentes peligrosos, mientras que otros indican que la magnitud del 

efecto no está afectada por los niveles de riesgo (Andrews et al. 1990; Lösel 

1995; Redondo, Sánchez Meca y Garrido 1999). Independientemente de esta 

inquietud, la investigación muestra claramente que los delincuentes de mayor 

peligrosidad no están fuera del alcance del tratamiento correccional. 

Lipsey y Wilson (1998) proporcionan las evidencias más convincentes para 

apoyar esta conclusión en su meta-análisis de 200 estudios, los cuales evaluaban 

los efectos de la intervención sobre delincuentes juveniles más peligrosos. Dichos autores señalan que en todos estos estudios la diferencia entre la reincidencia de los grupos experimentales y de control era de seis puntos porcentuales (el 

equivalente al 44 por ciento para el grupo experimental y el 50 por ciento para 

el grupo de control). Esta disminución «representa una reducción del 12 por ciento en la reincidencia (6/50)» (p. 318). 

Sin embargo, y al igual que en todo meta-análisis, había una fluctuación 

apreciable en lo relativo a la media. Aunque algunos programas no afectaron, o 

incluso incrementaron la reincidencia, las intervenciones más exitosas arrojaron 

una diferencia de más de 20 puntos porcentuales entre los grupos experimentales y los grupos de control. Estos resultados se mantuvieron para las muestras 

de jóvenes que estaban institucionalizados y en la comunidad, así como para los 

delincuentes juveniles de mayor peligrosidad bajo supervisión en la comunidad. 

Dichos resultados también permanecieron tras ajustar la magnitud de los efectos de las intervenciones para tener en cuenta las diferencias metodológicas entre los estudios. Finalmente, Lipsey y Wilson (1998) apuntan que, con pocas 

excepciones, el inventario de tratamientos eficaces e ineficaces parece asemejarse a lo que los estudios de meta-análisis indican para cualquier tipo de delincuente. Así, los programas parecen tener efectos que se observan, aunque con 

algunas variantes, en diferentes grupos de delincuentes. 

En resumen, tomadas en conjunto, las intervenciones redujeron la actividad 

delictiva; y cuando se centró la atención sobre los «mejores programas», las reducciones en la delincuencia eran apreciables. Según Lipsey y Wilson (1998, 

338), la disminución de la reincidencia constituye «un logro de considerable 

valor práctico dados los costes y el daño social asociados a la conducta delincuente de estos jóvenes». En este sentido, Cohen (1998) ha calculado el costo 

efectividad de «salvar a la juventud con alto riesgo de delinquir». Tales análisis 

de costes y beneficios se basan en estimaciones imprecisas de la tasa de participación en la delincuencia entre esos jóvenes (lo que se denomina «lambda»), 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 313 

así como en evaluaciones no sólo de la pérdida de propiedad y salarios, sino también de la categoría amorfa de dolor y sufrimiento. En todo caso, Cohen presenta 

un análisis cuidadoso que tiene en cuenta varios valores —unos más altos y otros 

más bajos— para los componentes de la ecuación que calcula los ahorros económicos para la sociedad al desviar a un joven de una carrera delictiva. El hallazgo más llamativo es que el listón para que una intervención resulte eficaz en 

términos de costes es bastante bajo. El típico joven de alto riesgo costará a la 

sociedad entre 1,7 y 2,3 millones de dólares. Dependiendo del momento en que 

se realice la intervención (en qué estadio de la vida del joven) y de lo que la 

misma cueste en sí, un programa de tratamiento puede «cubrir sus costes» con 

una tasa de éxito de entre un uno y un cinco por ciento (véanse también Aos et 

al. 1999; Greenwood et al. 1996; Lipsey 1984). Aunque las temáticas no sean 

directamente comparables, quizás resulta útil mencionar que los tratamientos 

médicos que reducen las enfermedades potencialmente graves entre un uno y un 

tres por ciento se consideran muy eficientes en términos de sus costes (Hunt 

1997; Rosnow y Rosenthal 1993). 

No se pretende que este tipo de análisis de costes y beneficios sea la única 

consideración a la hora de tomar las decisiones en cuanto a la política a seguir. 

Por ejemplo, aunque los entes gubernamentales que administran los programas 

de tratamiento podrían ahorrar costes para los miembros de la comunidad que 

ya no fueran víctimas, estos programas podrían pesar sobre el presupuesto público dado que los ahorros generados por los delitos prevenidos no implican ingresos para la administración pública. De hecho, esta situación atañe a los análisis de costes respecto a las otras intervenciones en el campo de la justicia penal, 

incluyendo la cuestión del coste y eficiencia de las prisiones (véanse, por ejemplo, DiIulio y Piehl 1991; Piehl y DiIulio 1995). Nuestro planteamiento general es simplemente que las reducciones en la reincidencia logradas por muchas 

intervenciones de tratamiento tienen un significado real en la esfera pública (véase también Rosenthal 1991). Esas experiencias también pueden compararse favorablemente con las intervenciones más punitivas que no logran disminuir la 

reincidencia cuando se llevan a cabo en la comunidad (Cullen, Wright y 

Applegate 1996; Lipsey y Wilson 1998), y que resultan muy costosas si las 

mismas se limitan al encarcelamiento de los delincuentes (Greenwood et al. 

1996). Es más, en la medida en que la modalidad de tratamiento se seleccione cuidadosamente (basándose en la evidencia sobre lo que funciona) y la misma se destine a grupos que incluyen a los delincuentes más peligrosos, también aumentará la eficacia de los costes que suponen los programas de 

rehabilitación (Lipsey 1984). 
314 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Programas prácticos 

Un escéptico podría señalar que es posible que los programas de rehabilitación con los delincuentes más peligrosos funcionen muy bien. Pero, aun considerando que eso sea verdad, ¿no es también cierto que muchos programas de 

tratamiento son establecidos o guiados por los mismos investigadores que realizan las evaluaciones? ¿Es posible que éstos «amañen» los datos? O incluso 

cuando no lo hagan, ¿no son estos programas diferentes de aquellas intervenciones cotidianas y rutinarias, donde no hay investigadores a mano para entrenar 

al personal, para suministrar los manuales que especifican cómo realizar el tratamiento, para supervisar y orientar a los trabajadores y, de manera más general, para asegurar la integridad terapéutica? Por lo demás, ¿no es verdad que 

aquello que podría funcionar bajo las condiciones especiales de un estudio experimental bien controlado quizás no pueda hacerlo en el mundo real e inhóspito del sistema correccional estadounidense? 

Sobre estas inquietudes encontramos información pertinente en el meta-análisis realizado por Lipsey (1999), el cual comparó 205 «programas de demostración», que involucraban a investigadores, y 196 «programas prácticos». Este 

autor encontró que la magnitud del efecto —siempre positivo— de los programas prácticos suponía únicamente la mitad del efecto de los programas de demostración (una reducción del tres por ciento en la reincidencia). Los escépticos posiblemente concluirían que estos resultados confirman su sospecha de que 

los programas cotidianos del mundo real logran, en el mejor de los casos, una 

disminución moderada de la reincidencia. Sin embargo, aquéllos con una perspectiva más optimista podrían argumentar que no solamente los efectos del 

tratamiento son, una vez más, positivos, sino que la calidad de los programas de 

demostración podría darse también en los programas prácticos si se hicieran los 

esfuerzos correspondientes. La ausencia de capacitación para los trabajadores, 

el uso de modalidades de tratamiento menos eficaces, la falta de manuales completos de tratamiento bien diseñados, la ausencia de supervisión de la integridad 

terapéutica (...) éstos y otros problemas no son inherentes a la rehabilitación 

correccional, sino que dependen de decisiones programáticas que pueden ser 

rectificadas. La dificultad en relación a la postura del escéptico es que ésta es 

auto-cumplidora: Al plantear que nada puede cambiar, no hay posibilidad de que 

algo cambie. 

Sin embargo, esto no es todo el asunto. Como señala Lipsey, hay una heterogeneidad considerable entre los programas prácticos: algunos no funcionan 

bien en nada, mientras que otros son más o menos exitosos. Cuando se comparan las magnitudes de efecto ajustadas para la metodología, las diferencias en 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 315 

el nivel de reincidencia de los grupos experimentales y de control respecto a los 

mejores tipos de programa práctico alcanzan diez puntos porcentuales o más 

(esto es, una reducción de la reincidencia en un 20 por ciento utilizando una tasa 

inicial del 50 por ciento). 

Lipsey (1999) también presenta un análisis que evalúa los programas en términos de su eficacia según cuatro dimensiones: (1) el tipo de intervención o servicio aplicado al delincuente (por ejemplo, atención social intensiva versus «encarcelamiento de choque» (shock incarceration); (2) el papel del sistema de 

justicia juvenil (por ejemplo, aquellos programas administrados por personal 

especializado frente a aquéllos sin personal especializado; los servicios suministrados desde un centro de reclusión de menores versus los servicios provenientes de otras fuentes); (3) la intensidad del servicio proporcionado (por ejemplo, 

una duración más corta versus una duración más larga); y (4) las características 

de los jóvenes participantes (por ejemplo, aquellas características asociadas con 

unas mayores tasas de reincidencia versus aquéllas asociadas con tasas menores). Cada programa recibía una puntuación entre «0» y «1» para cada dimensión. Al sumar esta puntuación se obtuvieron dos hallazgos importantes. Primero, 

los programas con 3 ó 4 puntos lograron disminuir la reincidencia de 10 a 12 

puntos porcentuales; los programas con dos características favorables mostraban 

una reducción del 5 por ciento en la reincidencia; mientras que los programas 

con 1 ó 0 puntos o bien no afectaron a la reincidencia, o bien la incrementaron. 

Estos resultados muestran que los programas prácticos bien diseñados son eficaces, mientras que los programas mal diseñados no funcionan. Segundo, un 57% 

de los casos se ubicaba en la categoría de programas ineficaces (0 ó 1). Ello indica que la mayoría de los programas prácticos no tienen un diseño que les permita ser eficaces (véase también Gendreau y Goggin 1997). 

Una vez más, este tipo de hallazgo nos lleva a preguntar si es realista esperar la implantación de programas eficaces. Sin embargo, es importante reconocer que, aun cuando sean una minoría, numerosos programas prácticos se están 

llevando adelante y, de hecho, obrando con efectividad en los Estados Unidos. 

En estos casos, se tomaron decisiones al nivel pragmático que dieron como resultado intervenciones que reducen la reincidencia. En nuestra opinión, Lipsey 

está en lo correcto al sugerir que los meta-análisis nos han ayudado a acumular 

conocimientos sobre la eficacia de los tratamientos; el reto es si esos conocimientos serán aplicados. Lo que sí muestran las investigaciones, comenta Lipsey 

(1999, 641), «es que los efectos beneficiosos no surgen automáticamente; se debe 

hacer un esfuerzo coordinado para configurar los programas de la manera más 

favorable y suministrar los tipos de servicio que se saben eficaces, a la vez evitando los programas que han resultado ineficaces». 
316 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

PRINCIPIOS DE LA INTERVENCIÓN CORRECCIONAL EFICAZ 

Como hemos visto, los meta-análisis han jugado —y continuarán jugando— 

un papel importante en la identificación de los factores que tienen mayor probabilidad de mejorar la eficacia del tratamiento. Sin embargo, una limitación de 

este modo inductivo de abordar la acumulación de conocimientos es que el mismo no está guiado por un marco subyacente y coherente; en resumidas cuentas, 

no hay una orientación teórica. Existe el riesgo de que esta metodología se convierta en un empirismo abstracto, en el cual se indaga en los datos para recuperar asociaciones «significativas», pero sin comprender por qué se relacionan los 

componentes de un programa exitoso (Palmer 1995). Hay que señalar de inmediato que no estamos argumentando en favor del abandono de los meta-análisis. 

Únicamente queremos plantear que, si bien el meta-análisis es una herramienta 

valiosa, dicha técnica debe estar acompañada de esfuerzos en pro del desarrollo de teorías sobre la intervención eficaz. 

Durante más o menos la última década, el grupo de psicólogos canadienses 

antes citado —siendo Andrews, Bonta, Gendreau y Ross los más destacados 

entre sus miembros— ha intentado trabajar en esta línea de desarrollo de «los 

principios de una intervención correccional eficaz». Aparte de sus propias experiencias clínicas, estos autores derivaron dichos principios de la literatura 

empírica sobre «lo que funciona» con los delincuentes —incluyendo los metaanálisis, las revisiones narrativas y los estudios de programas individuales— y, 

más generalmente, de la literatura psicológica sobre el cambio de la conducta. 

Su objetivo ha sido el de iluminar el contenido de la «caja negra» que representan 

los programas de tratamiento. Como apunta Gendreau (1996b, 118): 

«El sentido de [nuestro] trabajo (...) ha sido mirar por dentro la «caja negra» de los 

programas de tratamiento. A diferencia de Martinson y sus seguidores, creemos que 

no basta sumar a través de los diferentes estudios, o clasificar a éstos en categorías 

generales. La interrogante sobresaliente se refiere a los principios que distinguen 

entre los programas eficaces y aquéllos que no lo son. ¿Qué significa decir que se 

ofreció un programa de empleo? —¿específicamente qué se llevó a cabo bajo el 

nombre de «empleo»?— Como resultado de nuestra adhesión a la perspectiva de 

la apertura de la caja negra, hemos podido generar un número de principios de la 

intervención eficaz y no eficaz». 

Los principios de la intervención eficaz han sido transmitidos con notable 

detalle a través de varios foros que los lectores están invitados a consultar 

(véanse, por ejemplo, Andrews 1995; Andrews y Bonta 1998; Gendreau 1996b). 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 317 

En el presente trabajo, nuestro objetivo es presentar las ideas centrales de este 

enfoque para luego compartir evidencias recientes que permitan evaluar su validez. 

Orientación de las intervenciones 

El primer principio es que las intervenciones deben centrarse en el cambio 

de los factores que se saben predictores de la delincuencia y la reincidencia. Este 

principio parte del supuesto de que los tratamientos correccionales deben fundamentarse en el conocimiento criminológico —lo que los autores denominan 

«la psicología social de la conducta delictiva» (Andrews 1995; Andrews y Bonta 

1998)—. Hay dos tipos de predictores que colocan a los delincuentes en riesgo 

de comisión de un delito: los predictores «estáticos» —tales como la historia 

delictiva del delincuente—, los cuales no pueden ser cambiados, y los predictores 

«dinámicos» —tales como los valores antisociales— que sí podrían ser potencialmente cambiados. Dentro de esta perspectiva, estos predictores dinámicos o 

factores de riesgo se denominan típicamente «necesidades criminógenas». 

Al investigar sobre los factores de riesgo o los predictores de la delincuencia, es posible que los distintos estudios hubiesen indicado que los predictores 

principales son estáticos. De ser así, las posibilidades para la rehabilitación hubieran sido mínimas. Sin embargo, éste no ha sido el caso. Los meta-análisis 

revelan que muchos de los predictores más importantes son dinámicos (Andrews 

y Bonta 1998; Gendreau, Little y Goggin 1996). Éstos incluyen: (1) «actitudes 

antisociales favorables al delito, valores, creencias y estados cognitivo-emocionales (esto es, elementos cognitivos personales que apoyan la conducta 

delictiva)»; (2) «compañeros que apoyan la conducta delictiva y el aislamiento 

del individuo con respecto a quienes critican la delincuencia (esto es, apoyos 

interpersonales para la delincuencia)»; y (3) factores de personalidad 

antisociales, tales como la impulsividad, el correr riesgos y el bajo auto-control 

(Andrews 1995, 37; véanse también Andrews y Bonta 1998, 224-225; Gendreau, 

Little y Goggin 1996). En sentido inverso, las investigaciones indican que muchos factores que se consideran causas de la delincuencia, tales como la baja 

auto-estima, no tienen relación o únicamente una relación débil con la reincidencia. De este modo, centrar la atención sobre estos factores producirá poco o 

ningún cambio en el comportamiento del delincuente. 

En segundo lugar, los servicios de tratamiento deben ser de naturaleza 

conductual. En general, las intervenciones conductuales son eficaces para cam­
318 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

biar una gama de comportamientos humanos. En cuanto a la delincuencia, estas intervenciones son bastante apropiadas para la modificación de las «necesidades criminógenas» —actitudes antisociales, cogniciones, orientaciones de la 

personalidad y asociaciones— que subyacen en la reincidencia. Por esta razón, 

Andrews plantea que las intervenciones conductuales satisfacen el criterio de 

«correspondencia general»; esto es, que coinciden con las necesidades de los 

delincuentes. Andrews (1995, 56) señala que dichas intervenciones «utilizarían 

las técnicas cognitivo-conductuales y de aprendizaje social para el modelaje, las 

prácticas graduadas, la toma de roles, los reforzadores, la extinción, el suministro 

de recursos, sugerencias verbales concretas (modelaje simbólico, dando razones, 

apuntes) y re-estructuración cognitiva». Los reforzadores que proporciona el 

programa deben ser mayoritariamente positivos, no negativos. Y los servicios 

deben ser intensivos, con una duración de tres a nueve meses y una ocupación 

del 40 al 70% del tiempo que pasan los delincuentes en el programa (Gendreau 

1996b). En cambio, otras modalidades de tratamiento carecen de una correspondencia general. Andrews y Hoge (1995, 36) plantean que los estilos de tratamiento menos eficaces son aquellos enfoques que «tienen menos estructura, auto-reflexión, interacción verbal y orientación hacía la comprensión». Los enfoques 

punitivos no se centran sobre las necesidades criminógenas, ubicándose por ello 

entre las intervenciones menos eficaces frente a los delincuentes. 

Los lectores que quieran aprender más sobre la naturaleza de los programas 

cognitivo-conductuales quizás deseen consultar los materiales generales que en 

psicología sirven de fuente sobre esta intervención (Masters et al. 1987; Spiegler 

y Guevremont 1998), así como las obras que discuten la aplicación de este enfoque a los delincuentes (Andrews y Bonta 1998, 286-288; Gendreau 1996b, 

120-122; Lester y Van Voorhis 1997). En estas páginas tenemos el espacio suficiente para considerar varios puntos relevantes. En el núcleo de cualquier programa conductista se encuentra el principio del condicionamiento operante: esto 

es, el postulado que establece que una conducta será aprendida si se refuerza de 

inmediato. Aquellos reforzadores que normalmente son placenteros o deseables 

aumentan o consolidan la conducta correspondiente. Hay cuatro tipos básicos de 

reforzador: (1) materiales (por ejemplo, dinero, bienes); (2) actividades (por 

ejemplo, el esparcimiento); (3) sociales (por ejemplo, la atención, los elogios, 

la aprobación); y (4) encubiertos (pensamientos, auto-evaluación). 

Hoy en día, las modalidades más comunes de un programa conductista se 

conocen como programas «cognitivo-conductuales». En este sentido, hay varios 

tipos de estrategia —algunas con diferencias bastante sutiles— pero en esencia 

todas ellas intentan cumplir dos objetivos: Primero, buscan reestructurar de un 

modo cognoscitivo la cognición distorsionada o errónea del individuo; segun­
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 319 

do, intentan ayudar a la persona a aprender habilidades cognitivas nuevas y 

adaptadoras. En el caso de los delincuentes, las distorsiones cognitivas existentes son los pensamientos y los valores que justifican las actividades antisociales 

(por ejemplo, la agresión, el hurto, el abuso de sustancias), y que denigran las 

actividades convencionales prosociales relacionadas con la educación, el trabajo y las relaciones sociales. La mayoría de los delincuentes también posee únicamente un mínimo de habilidades cognitivas que les permite comportarse de 

manera prosocial. En vista de estas deficiencias, los programas cognitivoconductuales eficaces intentan ayudar a los delincuentes a: (1) definir los problemas que los llevaron a entrar en conflicto con las autoridades, (2) seleccionar metas, (3) generar nuevas soluciones prosociales alternativas, y, a 

continuación, (4) implantar esas soluciones. Los terapeutas cognitivos deben 

crear una relación con el cliente que sea abierta y humanitaria, pero que al mismo tiempo permanezca dentro de los límites éticos que encierran la relación 

paciente-terapeuta. 

Por consiguiente, en cualquier programa cognitivo-conductual en el campo 

correccional, un observador vería algunos de los siguientes escenarios o aproximaciones. Las principales creencias antisociales del delincuente son identificadas. De una manera firme, pero a la vez justa y respetuosa, se le indica al delincuente que estas creencias son inaceptables. Si las creencias antisociales 

persisten, siempre son seguidas por una desaprobación enfática (por ejemplo, con 

la suspensión de los reforzadores sociales). Mientras tanto, el delincuente es 

expuesto a formas prosociales alternativas de pensar y comportarse mediante el 

modelaje concreto por parte del terapeuta en sesiones individuales o en entornos 

estructurados de aprendizaje en grupo (por ejemplo, los cursos sobre el control 

de la ira). Paulatinamente, con una práctica repetida, y siempre con la aplicación 

inmediata de reforzadores en la medida en que el delincuente manifieste creencias y comportamientos prosociales, el comportamiento del mismo es llevado a 

un nivel apropiado. 

Tercero, las intervenciones con tratamiento deben emplearse principalmente 

con los delincuentes de mayor riesgo, centrando la atención en el cambio de sus 

necesidades criminógenas (factores dinámicos de riesgo). Contrariamente a la 

sabiduría popular, los delincuentes de mayor riesgo tienen la capacidad de cambiar. Los ahorros más sustanciales en la reincidencia se obtienen así al suministrar los servicios de tratamiento a este grupo. Es más, los delincuentes de menor 

riesgo o «menos duros» generalmente no requieren de una intervención ya que tienen poca probabilidad de reincidir. Someter a éstos a unas intervenciones 

estructuradas y entrometidas constituye un uso poco prudente de recursos escasos 

y, en ciertas circunstancias, podría incluso aumentar su reincidencia (Andrews y 
320 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Bonta 1998, 243). La estrategia más eficaz para determinar el nivel de riesgo de 

los delincuentes no es el juicio clínico sino el uso de instrumentos de evaluación 

basados en la estimación de probabilidades, tales como el Inventario del Nivel de 

Supervisión (Bonta 1996; Gendreau, Goggin y Paparozzi 1996). 

Cuarto, si se presta atención a una gama de consideraciones adicionales se 

incrementará la eficacia del tratamiento. Estas consideraciones incluyen, entre 

otras, la realización de intervenciones en la comunidad en lugar de en un entorno institucional; asegurar que el programa emplea a personal bien capacitado y 

sensible a nivel interpersonal, el cual es controlado y sabe cómo suministrar el 

servicio de tratamiento; y hacerles un seguimiento a los delincuentes después de 

que hayan finalizado el programa, dándoles prevención estructurada contra la 

reincidencia («asistencia post-tratamiento») (Andrews 1995; Andrews y Hoge 

1995; Gendreau 1996b). Entre las consideraciones más importantes se encuentra la «correspondencia específica». Este concepto se refiere a la práctica de 

emparejar los estilos de aprendizaje de los delincuentes con los estilos y modalidades del tratamiento (Andrews y Bonta 1998, 245; Gendreau 1996b, 122­

123). Los factores que podrían ser tenidos en cuenta en el suministro de los 

servicios son la falta de motivación por parte del delincuente para participar 

en el programa, los sentimientos de ansiedad o depresión, y las deficiencias 

neuropsicológicas que resultan de las experiencias durante la primera infancia 

(por ejemplo, el trauma físico). Cullen et al. (1997, 403) describen un ejemplo 

concreto que indica cómo la correspondencia específica funciona en el caso de 

los delincuentes con deficiencias intelectuales: 

«[L]os delincuentes con un bajo coeficiente intelectual rendirían de una manera más 

eficaz que aquéllos con mayores niveles de funcionamiento en un formato de instrucción que requiere menor dominio verbal y escrito, así como conceptos menos 

abstractos. Adicionalmente, se sacaría probablemente mayor provecho de un uso 

más extensivo de reforzadores tangibles, así como de una repetición y desarrollo 

secuencial del ensayo de comportamientos y del moldeamiento de destrezas. Por lo 

demás, se deben seleccionar terapeutas que se relacionen de manera óptima con los 

estilos de funcionamiento intelectual de los delincuentes y con el contenido de la 

modalidad de tratamiento». 

Puesta a prueba de los principios del tratamiento eficaz 

En el año 1990, Andrews et al. presentaron una prueba sistemática de la hipótesis que atribuye mayores reducciones en la reincidencia a las intervenciones que reflejan los principios centrales de la intervención eficaz. En un meta­
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 321 

análisis de 80 estudios de evaluación de programas, éstos fueron codificados en 

virtud de si: (1) suministraban servicios a los delincuentes de alto riesgo; (2) 

centraban su atención en el cambio de las necesidades criminógenas, y (3) empleaban «estilos y modalidades de tratamiento (por ejemplo, cognitivos y 

conductuales) que se corresponden con las necesidades y estilos de aprendizaje 

de los clientes» —esto es, que se caracterizaran por el principio de «correspondencia» (p. 369)—. Con base en este esquema operativo, los autores clasificaron las intervenciones de tratamiento en «apropiadas» (esto es, consistentes con 

los tres principios de la intervención eficaz), «inapropiadas» (no consistentes con 

estos principios), o «no especificadas» (esto es, que no se podían clasificar por 

falta de información sobre el programa). Recordemos que este enfoque se diferencia de los meta-análisis anteriores en que estos últimos clasificaban los programas principalmente en términos de categorías genéricas de tratamiento (por 

ejemplo, la orientación, la mejora de destrezas, los programas vocacionales o la 

disuasión). Al contrario que estas clasificaciones, la perspectiva de Andrews et 

al. busca ver lo que se encuentra dentro de la «caja negra» de los programas, 

codificando las intervenciones en términos de un esquema a priori teóricamente anclado. Es por esta razón por la que los autores afirman que su meta-análisis es «clínicamente pertinente y psicológicamente fundamentado» (Andrews et 

al. 1990, 372). 

A través de todos los programas, la magnitud del efecto era de 0,10. Sin 

embargo, había una heterogeneidad apreciable en los efectos en la dirección prevista por los principios del tratamiento efectivo. Para las intervenciones apropiadas, la magnitud del efecto era de 0,30, lo cual equivalía a una disminución del 

30% en la reincidencia. La magnitud del efecto para aquellas intervenciones no 

especificadas era menos de la mitad de esta cifra: un 0,13. De manera llamativa, la magnitud de efecto para las intervenciones inapropiadas era de -0,07%, lo 

cual significa que estos grupos de «tratamiento» tenían una tasa de reincidencia de siete puntos porcentuales más alta que los correspondientes grupos de 

control. 

Si bien no lo han planteado directamente, algunos críticos han insinuado que 

Andrews et al. definieron su categoría de intervenciones «apropiadas» a través 

de un razonamiento tautológico: Cualquier cosa que disminuyera la reincidencia —presumiblemente identificada después de indagar en los datos— fue clasificada posteriormente como «apropiada» (véase, por ejemplo, Logan y Gaes 

1993; para las refutaciones de esta crítica, véanse Andrews y Bonta 1998; Cullen 

y Applegate 1997). Hay que señalar que esta crítica resulta extraña ya que, aunque fuera verdad, sólo implicaría que Andrews y sus colaboradores habían construido su teoría de manera inductiva (véase Lipsey 1999). Sin embargo, el es­
322 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

quema que se utilizó para codificar los datos había sido en realidad elaborado 

con anterioridad (véase Gendreau 1989), mientras que el meta-análisis constituía una evaluación de sus planteamientos teóricos. En todo caso, los estudios 

posteriores realizados por otros investigadores han apoyado de manera independiente los aspectos generales de los principios de la intervención eficaz propuestos por Andrews et al. Así, Lipsey (1992, 159) comentó en su meta-análisis: «Es 

interesante que los tipos de tratamiento mediante esta magnitud mayor de efecto son, con pocas excepciones, aquéllos considerados de mayor ‘pertinencia clínica’ en el estudio de Andrews et al.»(el énfasis es nuestro). A la misma conclusión llegaron Antonowicz y Ross (1994), investigadores familiarizados con 

los principios de la intervención eficaz, en su propio meta-análisis. Estos autores encontraron que «los programas de rehabilitación exitosos» tenían mayores 

probabilidades de contar con los siguientes factores: «(a) un sólido modelo conceptual; (b) una programación multidimensional; (c) una atención principal a las 

‘necesidades criminógenas’; (d) el principio de correspondencia; (e) el juego de 

roles y el modelaje; y (f) el entrenamiento en las habilidades socio-cognitivas» 

(p. 97). Un apoyo a estos principios también puede encontrarse en los hallazgos 

preliminares del meta-análisis realizados por el Proyecto sobre la Eficacia del 

Tratamiento por el Abuso de Drogas en el Medio Correccional (Correctional 

Drug Abuse Treatment Effectiveness Project). En ese proyecto, el cual constituyó 

una réplica del estudio de Andrews et al., Pearson, Lipton y Cleland (1996) encontraron que las intervenciones «apropiadas» tenían una magnitud de efecto 

(0,22) considerablemente mayor que aquéllas halladas en los programas «no 

especificados» (0,09) o «inapropiados» (-0,07). 

También cabe anotar que el meta-análisis original de Andrews et al. (1990) 

ha sido posteriormente ampliado dos veces para incluir un volumen más grande de estudios individuales de evaluación (Andrews y Bonta 1998; Andrews, 

Dowden y Gendreau 1999). La base de datos correspondiente a la investigación 

realizada en el año 1999 comprende ahora 230 estudios que generan 374 magnitudes de efecto. El promedio de la magnitud del efecto en todos los estudios 

es de 0,08, esto es, una diferencia de ocho puntos porcentuales entre la reincidencia de los grupos de tratamiento y los de control. Cuando estos programas 

son analizados en términos de su grado de cumplimiento en relación a los principios más importantes de la intervención eficaz (riesgo, necesidad, correspondencia), una vez más los resultados son congruentes con la hipótesis. Cuando no 

se aplican esos principios, la media de la magnitud del efecto del programa es 

de -0,02; cuando el tratamiento incluye uno de los principios la magnitud del 

efecto es de 0,02; con la aplicación de dos principios la magnitud del efecto asciende notablemente a 0,18; y cuando el programa aplica los tres principios la 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 323 

magnitud del efecto es de 0,26. Estos resultados refuerzan la conclusión de que 

los programas que combinan características «favorables» o «apropiadas» son 

capaces de lograr reducciones significativas, si bien no considerables, en la reincidencia de los delincuentes (véase también Lipsey 1999). 

Consideraciones adicionales 

Dos temas adicionales merecen ser considerados. En primer lugar, un asunto 

potencialmente importante es si los principios de la intervención eficaz difieren 

según el género o la raza. La escasez de investigaciones sobre este tema impide 

llegar a una conclusión definitiva. En este sentido, por ejemplo, una oportunidad para una investigación de importancia sería explorar hasta qué punto el género o la raza funcionan como factores de «correspondencia específica» que afectan a los estilos de aprendizaje de los delincuentes y cuál es la manera óptima 

de suministrar los servicios de tratamiento (Dowden y Andrews 1999). 

Sin embargo, hay algunos indicios que sugieren que los efectos de los programas de tratamiento no difieren según el sexo; aquéllos que «funcionan» para 

los hombres también lo hacen para las mujeres, y aquéllos que «no funcionan» 

para los hombres tampoco lo hacen para las mujeres. Así, en un meta-análisis 

que clasificó los programas según los principios de la intervención eficaz en una 

escala de «inapropiados» a «apropiados», los resultados para las mujeres fueron similares a los conseguidos para los hombres (compárese Dowden y Andrews 

1999 con Andrews et al. 1999). De un modo similar, Lipsey (1999, 20) señala 

en su meta-análisis de programas juveniles que «la magnitud de los efectos del 

programa sobre la reincidencia» no difería «según el sexo o la composición racial de los jóvenes en la muestra». En consecuencia, sería posible formular la 

conclusión provisional de que los principios del cambio de conducta son similares para todos los delincuentes, independientemente de su sexo o raza. Sin 

embargo, una vez más se requiere una mayor investigación sobre este tema. 

En segundo lugar, una crítica potencial al enfoque del tratamiento basado 

en los principios de la intervención eficaz es que éste, como enfoque psicológico, busca principalmente cambiar al delincuente en lugar del contexto 

criminógeno en el que éste se encuentra. Una preocupación razonable es saber 

si tales programas funcionarán si los delincuentes son «simplemente devueltos 

a la comunidad, la cual fue la causa original de su conducta delictiva». Necesitamos una respuesta ponderada a esta preocupación. 

En cierto sentido, los datos hablan por sí mismos: La eficacia de las intervenciones con tratamiento se evalúa mediante el estudio de los datos sobre la 
324 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

reincidencia de aquellos delincuentes que de hecho se encuentran en la comunidad. La suposición de que las influencias de la comunidad anulan en última 

instancia los efectos del tratamiento corre el riesgo de ser excesivamente 

determinista. La misma deja de lado el hecho de que muchas personas con valores prosociales viven en comunidades con delincuentes y sin embargo no son 

delincuentes, y obvia la posibilidad de que el cambio cognitivo intra-individual 

permita a las personas resistir las tentaciones de la delincuencia. No obstante, 

los que abogan por los principios de la intervención eficaz no hacen caso omiso a las influencias potenciales de la comunidad. Así, es importante señalar que 

éstos consideran que los programas tienen mayores efectos sobre la reincidencia si se desarrollan en la comunidad que si lo hacen entre rejas. Este hallazgo 

puede atribuirse a las dificultades de suministrar los servicios dentro de las instituciones, pero también podría reflejar los beneficios de los esfuerzos por cambiar a los delincuentes mientras éstos viven en su ambiente social «natural» y 

se encuentran afectados por el mismo. Es más, aquéllos que abogan por la rehabilitación también están muy a favor de los programas de «asistencia post-tratamiento», los cuales funcionan como las «vacunas de refuerzo» en la medicina, al suministrar a los delincuentes la orientación y el apoyo necesarios para 

enfrentarse a problemas urgentes, desarrollar soluciones eficaces y mantenerse 

en una trayectoria vital prosocial. 

Por supuesto, ninguna de estas consideraciones deja de lado la necesidad de contar con reformas sociales más amplias o programas de prevención 

en la comunidad que debiliten los factores criminógenos en la vecindad local. De una manera muy importante, es probablemente contraproducente enfrentar las intervenciones correccionales psicológicamente pertinentes en 

contra de los programas que buscan transformar el tejido de la vecindad. Una 

estrategia más prometedora bien podría ser el desarrollo de intervenciones 

que centren su atención sobre las causas más próximas de la conducta 

delictiva de los delincuentes y las fuerzas criminógenas que surgen en el contexto social más amplio. 

Finalmente, en el apartado siguiente pasamos a analizar una intervención con 

tratamiento en la comunidad —«la terapia multisistémica»— la cual se basa en 

el supuesto de que los «sistemas sociales múltiples» que rodean a los niños y 

a los adolescentes se inmiscuyen en sus problemas de comportamiento. Este 

enfoque adopta los principios de la intervención eficaz, aunque también busca específicamente dirigir la atención a aquellas características del contexto social que fomentan la conducta antisocial. De una manera importante, el tratamiento multisistémico ofrece una solución al problema de las intervenciones 

correccionales, las cuales, aunque los estudios de evaluación las demuestren efi­
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 325 

caces, posiblemente no atacan la gama completa de fuerzas criminógenas que 

inciden sobre las personas en riesgo. 

LA TERAPIA MULTISISTÉMICA: ¿UN PROGRAMA MODELO DE REHABILITACIÓN? 

Los meta-análisis constituyen un recurso muy valioso para la identificación 

de los factores que se asocian con los programas exitosos de rehabilitación. Sin 

embargo, debe tenerse presente que el meta-análisis es una técnica estadística. 

Dicho enfoque proporciona una orientación sobre aquellas características de las 

intervenciones que permiten disminuir la reincidencia y tener otros resultados 

positivos. Pero aun así, esta «indicación» u orientación sobre lo que funciona no 

es lo mismo que la identificación de los programas concretos que han funcionado de verdad. Por ello, un reto especial es el descubrimiento de aquellos programas que han resultado ser eficaces para la reducción de la reincidencia, preferiblemente en ubicaciones diversas. Dicho de otra manera, necesitamos 

«programas modelo» que puedan ser «copiados» con éxito. Aun cuando el proporcionar un largo inventario de tales programas rebasaría el alcance de este 

trabajo (sin embargo, véanse Cullen y Applegate 1997; Gendreau 1996b, 119­

120; Gendreau y Goggin 1996, 40; Ross, Antonowicz y Dhaliwal 1995; Ross 

y Gendreau 1980), vamos no obstante a analizar brevemente uno de estos programas que tiene posibilidades especialmente prometedoras: la Terapia 

Multisistémica (TMS). 

Desarrollada por Scott Henggeler et al. (véanse, por ejemplo, Henggeler 

1997, 1999; Henggeler et al. 1998), la TMS ha sido implantada en 25 lugares 

en los Estados Unidos y Canadá. Diversos estudios han demostrado que este programa logra disminuciones apreciables en la reincidencia y en otras conductas 

problemáticas entre los «jóvenes con conducta antisocial grave» (véanse, por 

ejemplo, Borduin et al. 1995; Brown et al. 1999; Henggeler 1997; Henggeler et 

al. 1997; Henggeler, Pickrel y Brondino, 1999; Schoenwald, Brown y Henggeler 

1999; Schoenwald, Ward et al. 1999). Adicionalmente, se ha comprobado que 

la TMS es eficiente en términos de costes. Según una estimación, el coste anual 

por joven es de 4.000 dólares frente a los 12.000 dólares que suponen las sanciones «típicas» del sistema de justicia penal para los delincuentes de mayor 

gravedad (Henggeler 1999). Aunque el traslado de la intervención a otros terrenos ha sido criticada (Henggeler et al. 1997), la TMS ha logrado reducciones en 

la reincidencia y ha sido eficiente en términos de costes en varios lugares y frente 

a varios grupos de jóvenes con problemas (Aos et al. 1999). 
326 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Congruencia con los principios de la intervención eficaz 

Aunque se desarrolló con independencia de la escuela canadiense de intervención correccional eficaz (véanse, de nuevo, Andrews y Bonta 1998; Gendreau 

1996b), la TMS es muy congruente con los principios centrales del tratamiento 

eficaz. Por ello, Andrews et al. la identificaron como un tratamiento «apropiado» (1990; véase también Andrews, Dowden y Gendreau 1999). 

En primer lugar, la TMS está anclada en la teoría psicosocial y tiene un fundamento empírico. En segundo lugar, dicha terapia se ocupa del «principio de 

la necesidad», ya que busca cambiar los factores relacionados con el individuo, 

la familia, la escuela y el grupo de iguales que subyacen en la conducta antisocial. La selección de estos factores se basa en «los estudios de modelaje causal 

de la delincuencia y el abuso de sustancias» (Henggeler 1999, 2). Centra así la 

atención en «el cambio de los determinantes comprobados de la conducta antisocial de los jóvenes» (Schoenwald, Brown y Henggeler 1999, 3). En tercer lugar, la TMS es congruente con el «principio de riesgo», ya que la misma se dirige hacia jóvenes con alto riesgo (de reincidir). En cuarto lugar, este enfoque 

también es congruente con el «principio de correspondencia general» al emplear 

modalidades de tratamiento conductual. Como apuntan Schoenwald et al. (1999, 

5), «Las intervenciones con TMS integran técnicas de aquellos enfoques de psicoterapia juvenil, pragmáticos y orientados a problemas, los cuales hayan recibido por lo menos algún apoyo empírico, incluyéndose también dentro de esas 

técnicas las terapias familiares (por ejemplo, los enfoques sistémicos familiares 

que sean estratégicos, estructurales, o conductuales), las técnicas cognitivoconductuales y el entrenamiento conductual de los padres». La TMS también 

intenta, allí hasta donde sea posible, individualizar las intervenciones y, de este 

modo, ser «expresamente receptivo» a los jóvenes en tratamiento. 

La TMS es congruente con el principio según el cual las intervenciones eficaces requieren tener integridad terapéutica y ser intensivas. Así, la TMS proporciona cinco días de entrenamiento inicial a los pedagogos, sesiones de refuerzo de capacitación, apoyo y supervisión constantes, así como consultas 

semanales de una hora con «expertos» en TMS (Schoenwald, Brown y Henggeler 

1999). De un modo similar, los servicios son suministrados a los delincuentes 

y a sus familias por un período de tres a cinco meses. En un primer momento, 

el contacto es diario, estando los pedagogos disponibles para atender los casos 

24 horas al día, 7 días de la semana. 

El éxito de la TMS es aleccionador. Dado el grado de congruencia entre este 

programa y los principios de la intervención eficaz, el mismo puede concebirse 

como una evaluación de campo de la validez de esos principios. En resumen, la 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 327 

TMS ofrece una confirmación adicional de que los tratamientos «apropiados» 

son nuestra «mejor apuesta» para reducir la reincidencia entre los delincuentes 

de mayor gravedad. 

Características particulares de la TMS 

Los principios de la intervención eficaz se plantean de una manera muy 

amplia, pudiendo abarcar una variedad de programas de tratamiento. Por ello es 

útil conocer las características particulares de la TMS que podrían contribuir a 

su éxito. De hecho, son probablemente estos factores más específicos los que 

podrían ser reproducidos de un modo provechoso en el suministro de otras estrategias de intervención. Tres «características particulares» merecen nuestra 

atención (para una mayor información sobre la TMS, véanse Henggeler et al. 

1998; Schoenwald, Brown y Henggeler 1999). 

Primero, la TMS no se basa en aquella visión intrapsíquica de la conducta 

humana, la cual considera que la conducta antisocial se modifica con apenas indagar en la orientación de la personalidad del individuo. En su lugar, la TMS 

emplea un enfoque social-ecológico, en el sentido de ver a las personas como 

integrantes de redes múltiples, incluyendo a la familia, el grupo de iguales, la 

escuela y la comunidad. Las intervenciones deben ser así «multisistémicas», 

centrando su atención en el cambio de las dimensiones criminógenas de las personas y de los contextos en que éstas se encuentran ubicadas. En términos prácticos, esto no significa únicamente una intervención con el joven antisocial, sino 

también con el modo de supervisión e interacción que tienen los padres con el 

joven, la canalización del joven hacia interacciones con grupos de iguales 

prosociales, así como el trabajo con las escuelas para mejorar las habilidades 

educativas y vocacionales del joven. Este enfoque requiere la definición de un 

conjunto amplio de metas a ser alcanzadas en una determinada intervención (por 

ejemplo, mejorar la supervisión por parte de los padres, disminuir la ausencia 

escolar). A su vez son identificadas metas intermedias (por ejemplo, enseñar a 

un padre cómo supervisar a su hijo, controlar cada mañana la asistencia a la escuela), las cuales, de ser abordadas de forma sistemática y secuencial, permitirán lograr unas metas más amplias, incluyendo la disminución de la reincidencia del joven (Henggeler et al. 1998; Schoenwald, Brown y Henggeler 1999). Las 

metas y las estrategias para lograr esos objetivos se revisan de manera constante y, de ser necesario, son modificadas. 

Segundo, la TMS suministra servicios intensivos en el hogar y en la comunidad; su objetivo es así evitar el envío de los jóvenes a una institución. Para lo­
328 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

grar este objetivo se utiliza un equipo de intervención compuesto por un supervisor con nivel doctoral y por tres o cuatro terapeutas con maestría. Cada terapeuta tiene entre cuatro y seis casos de jóvenes/familias; el grupo supervisa 50 

casos por año. La ventaja de esta estrategia grupal es que la misma facilita la 

supervisión (la cual se realiza principalmente en las reuniones del grupo), creando un conjunto de recursos —conocimientos, habilidades especializadas, tiempo disponible— para ayudar en la intervención con aquellos casos que no estarían disponibles para el terapeuta que trabaja de forma independiente 

(Schoenwald, Brown y Henggeler 1999). 

Tercero, la TMS proporciona un apoyo considerable a los terapeutas (por 

ejemplo, entrenamiento, supervisión, recursos), pero también los mantiene como 

responsables de los resultados de sus esfuerzos. Como señala Henggeler (1999, 

4): «La TMS no sigue el enfoque ‘entrenar y tener esperanzas’ en la provisión 

de servicios de salud mental». Así, la TMS se fundamenta simultáneamente en 

dos principios: por una parte, que los terapeutas deben ser provistos de los conocimientos y recursos para obtener el éxito; pero, por otra, los terapeutas deben saber que si no logran una intervención eficaz, esto podría significar que 

éstos deberían, según Henggeler (p. 8), «sopesar otro tipo de trabajo». En un 

sentido más general, la TMS es rigurosa en su búsqueda de la integridad en el 

tratamiento. Integridad que no puede ser asegurada en ausencia del apoyo al terapeuta y de la responsabilidad del mismo. 

INTERVENCIONES CORRECCIONALES INEFICACES: ¿FUNCIONAN LOS PROGRAMAS 

ORIENTADOS HACIA EL CONTROL? 

Un asunto de gran importancia en la política criminal es el hecho de si «ponerse duro» con respecto a la criminalidad ha mejorado la seguridad pública. En 

especial, el incremento masivo de la población carcelaria —la cual se multiplicó por seis en tres décadas, con actualmente más de 1,2 millones de delincuentes recluidos en instituciones estatales y federales en los Estados Unidos (Gilliard 

1999)— ha estimulado un interés considerable en lo relativo al uso amplio del 

encarcelamiento y de si éste ha tenido un efecto de incapacitación individual significativo o un efecto disuasorio a nivel global. Dado que otros investigadores 

han centrado su atención en este tema, no haremos nosotros lo mismo en este 

trabajo (compárese, por ejemplo, Bennett, DiIulio y Walters 1996 con Clear 1994 

y Currie 1998; véase también Nagin 1998). En su lugar, centraremos nuestra 

atención en uno de los resultados concretos de este movimiento general hacia 

la «respuesta dura»: la evolución y la evaluación de los programas correccionales 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 329 

que buscan reducir la criminalidad mediante el sometimiento de los delincuentes a mayores controles. Estos programas incluyen, por ejemplo, condenas a prisión más largas en lugar de más cortas, los programas para «enderezarse mediante el miedo» («scared straight»), los programas de supervisión intensiva, y (en 

cierta medida) los campamentos cuasi-militares («boot camps»). 

Debemos reiterar que un enfoque importante en el esfuerzo por desarrollar 

algunos principios de la intervención eficaz no es solamente identificar lo que 

«funciona» para impedir la reincidencia, sino al mismo tiempo identificar aquellos programas correccionales que no reducen la criminalidad ni mejoran la seguridad pública. Una vez más, el enfoque correccional basado en «los principios» 

es, en esencia, de ciencia social, ya que parte de la premisa de que los predictores 

de la conducta delictiva pueden ser conocidos empíricamente y luego identificados para ser cambiados a través de intervenciones cuidadosamente diseñadas. 

En cambio, la mayoría de los programas correccionales orientados hacia el control que surgieron durante la era reciente de «dureza contra el delito» no se fundamentan en una perspectiva científico-social sobre la conducta sino en la noción de sentido común de que el incrementar el dolor y/o la vigilancia sobre los 

delincuentes los convierte en menos propensos a cometer los delitos. En el caso 

de los campamentos cuasi-militares, la teoría de la criminalidad era algo diferente: En este caso se piensa que la conformidad es el producto de un defecto 

de carácter, el cual se rectifica, primero «deconstruyendo a los delincuentes» para 

después «reconstruirlos». Con todo, la dependencia de una comprensión ingenua de la conducta delictiva no es menos pronunciada. En última instancia, aquéllos que se adherían a los principios de la intervención eficaz predijeron que los 

programas orientados al control, los cuales cumplen con pocos o con ninguno 

de estos principios, resultarían ineficaces para la reducción de la reincidencia. 

Los datos sugieren que este pronóstico era acertado. 

Primero, durante mucho tiempo se ha debatido sobre si la experiencia del encarcelamiento constituye un elemento disuasivo o si, en realidad, representa más 

bien «una escuela del delito» (Bonta y Gendreau 1990, 1991; Murray y Cox 1979). 

La investigación empírica sobre este tema es compleja pero a la vez bastante limitada (véase Lipton, Martinson y Wilks 1975). Con todo, resulta pertinente señalar que un meta-análisis realizado recientemente por Gendreau, Goggin y Cullen 

(1999) cuestiona la idea de que la prisión pueda considerarse como un «tratamiento» que reduce la reincidencia. Su estudio indica que, aun cuando se tenga en cuenta el nivel de riesgo presentado por los delincuentes, aquéllos que son enviados a 

la cárcel tienen una tasa mayor de reincidencia que aquéllos sometidos a sanciones comunitarias. Incluso parece que las condenas más largas se asocian con una 

mayor participación en la criminalidad, ya que los delincuentes pertenecientes a 
330 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

la categoría de «encarcelamiento más largo» tienen una tasa de reincidencia que 

se sitúa tres puntos por encima de la tasa para aquéllos que son ubicados en la categoría de «encarcelamiento más corto». Obviamente, estos resultados no concuerdan con la teoría de la prevención especial. 

Segundo, los meta-análisis muestran de manera consistente que las intervenciones orientadas a la disuasión son ineficaces. La mayoría de los meta-análisis 

incluyen dentro de la muestra de estudios que se evalúan una cantidad limitada 

de programas orientados al castigo. Según los principios del tratamiento eficaz, 

dichos programas se clasifican como intervenciones «inapropiadas». Los resultados son muy claros: Estos programas no funcionan para reducir la reincidencia. Por ejemplo, en el meta-análisis de Lipsey (1992, 124) los programas 

disuasivos aumentaban la reincidencia en doce puntos porcentuales. En el estudio realizado por Lipsey y Wilson (1998, 332) de los programas para jóvenes 

particularmente violentos, los programas disuasivos aumentaban la reincidencia 

en un tres por ciento. Por su parte, según la investigación de Andrews et al. (1990, 

382), las intervenciones punitivas en ausencia de tratamiento social aumentaban 

la reincidencia en un siete por ciento; mientras que en un segundo estudio sobre el mismo tema se encontró que el incremento era del dos por ciento (Andrews 

y Bonta 1998; 270; Andrews, Dowden y Gendreau 1999). Una vez más, no hay 

evidencias de que los programas de «tratamiento» orientados al castigo 

específicamente disuadan, o, dicho de otro modo, reformen a los delincuentes 

(véase también MacKenzie 1998). 

Tercero, el movimiento en favor de las sanciones intermedias de los años 

1980 en adelante se caracterizó principalmente por ser una estrategia destinada 

a reducir el hacinamiento en las cárceles mediante el castigo de los delincuentes en la comunidad. Como señaló uno de los promotores más conocidos de estas sanciones, «nuestra tarea consiste en intensificar el rigor para los sometidos 

a libertad vigilada (...) en satisfacer la demanda pública de un castigo justo (...) 

Los delincuentes deben ser castigados por sus infracciones» (Erwin 1986, 17). 

La modalidad principal de este tipo de sanción era «la libertad vigilada (o libertad 

condicional) intensiva» —comúnmente denominada LVI—. Al vigilar cuidadosamente a los delincuentes, presumiendo que con ello se aumentaba la certeza 

de que sus infracciones serían detectadas, se suponía que los delincuentes serían 

específicamente disuadidos de delinquir. Las LVIs también implicaban medios 

adicionales de detección, especialmente las pruebas aleatorias de consumo de 

drogas, aunque también la vigilancia electrónica y el arresto domiciliario. La 

reparación a la víctima era un componente típico de una sanción aplicada en la 

comunidad. Adicionalmente se pusieron de moda los «campamentos cuasi-militares», también denominados «encarcelamiento para asustar». 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 331 

¿Cómo funcionaron estos tipos de programa? Exceptuando casos aislados, 

hay que decir que su funcionamiento no fue satisfactorio. Hay alguna evidencia de que aquellas sanciones intermedias con algún tratamiento incorporado 

lograron algunas reducciones en la reincidencia (Gendreau, Cullen y Bonta 

1994). No obstante, y dejando de lado este halo de optimismo, la investigación 

no demostró que las sanciones intermedias puramente punitivas redujeran las 

tasas de reincidencia. De este modo, los mejores estudios experimentales y cuasiexperimentales mostraron que estos programas casi no tenían un efecto sobre la 

reincidencia (véanse, por ejemplo, Petersilia y Turner 1993; MacKenzie y Shaw 

1993). Las revisiones narrativas, algunas de ellas más o menos extensas, también llegaron a la misma conclusión (Cullen, Wright y Applegate 1996; Fulton 

et al. 1997; Gendreau et al. 1993; Gendreau y Ross 1987; MacKenzie 1998). 

Más recientemente, Gendreau, Goggin y Fulton (2000) realizaron un metaanálisis de 88 comparaciones de programas del tipo LVI con grupos de control 

que habían recibido «una sanción menor o ninguna sanción». Únicamente la restitución se asociaba con una disminución de la reincidencia (en cuatro puntos 

porcentuales) cuando se comparaba con los grupos de control. Dos sanciones, 

la LVI y la prueba de consumo de drogas, no surtieron efecto en la reincidencia. Los programas para «enderezarse mediante el miedo» y de vigilancia electrónica produjeron un aumento en la reincidencia de cinco y siete puntos porcentuales respectivamente. Posteriormente, Gendreau et al. (1999) han ampliado 

la base de datos para incluir 150 comparaciones referidas a 56.602 delincuentes. Como promedio, la magnitud del efecto de todos los tipos de sanción intermedia era del cero por ciento. En su conjunto, estos resultados indican que el 

depender del castigo para lograr el «tratamiento correccional» tiene pocas probabilidades de éxito, y constituye por ende una inversión de recursos poco prudente. 

CONCLUSIONES 

El papel de Robert Martinson en el debate sobre la rehabilitación correccional resultó ser tan crucial como duradero. Su trabajo planteando que «nada funciona» fue crucial, ya que proporcionó legitimidad al movimiento, ya iniciado, 

dirigido a reemplazar a la rehabilitación como la filosofía correccional dominante, si bien no ideológicamente hegemónica. Lo que en su momento había sido 

un asunto de opiniones ahora era aparentemente un asunto de datos, ya que los 

opositores a la rehabilitación podían esgrimir el estudio de Martinson (1974b) 

como evidencia de que la ciencia había revelado el carácter fraudulento del tra­
332 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

tamiento del delincuente. Sin embargo, en los años siguientes, los opositores a 

la rehabilitación no han sido fieles al postulado de que la evidencia debe ayudar a guiar a la práctica y a la política correccional. A veces parecía que únicamente pocas personas eran capaces, o por lo menos estaban dispuestas a leer la 

literatura sobre la rehabilitación. 

No obstante debemos reconocer lo siguiente: todo esto no fue culpa de 

Martinson. En realidad, el legado más importante y duradero de Martinson bien 

podría ser que ayudó a redefinir los que deberían ser los parámetros del debate 

sobre la eficacia de la rehabilitación. Así, junto con Lipton y Wilks (1975), 

Martinson planteó que debemos: (1) centrar la atención sobre lo que funciona 

en el campo correccional para reducir la reincidencia; (2) elaborar nuestros juicios con base en la evidencia, y (3) generar la evidencia a partir de una revisión 

exhaustiva de los estudios de evaluación metodológicamente sólidos. Martinson 

(1979) también planteó que los juicios sobre la eficacia de un tratamiento deben ser modificados con base en nuevas evidencias —es decir, que el status 

empírico de la rehabilitación no estaba tallado en piedra, sino que constituía un 

tema merecedor de estudio, re-evaluación y «re-escritura» continuos—. 

Así, la obra de Martinson estimuló la formación de dos «bandos» distintos 

e incompatibles en el debate sobre la rehabilitación: un bando que enfatizaba que 

«la rehabilitación había muerto» y que no se requerían nuevos estudios; otro 

bando que tomó en serio el reto empírico lanzado por Martinson y se ocupó de 

la recopilación y análisis de datos. Obviamente, nosotros somos partidarios de 

esta segunda perspectiva —la de fundamentar la política y la práctica 

correccionales en la mejor evidencia empírica disponible—. Por supuesto que 

a un mismo nivel nadie estaría en contra de consultar «la evidencia», ya que proceder de otra manera sería manifiestamente irracional. Sin embargo, en realidad 

solamente una minoría de los programas de tratamiento en el campo correccional se basa en la investigación existente sobre «lo que funciona». A riesgo de 

que se nos acuse de exageración, nos atreveríamos a decir que mucho de lo que 

se hace en este campo es charlatanería correccional —prácticas muy parecidas 

al «tratamiento» mediante la sangría que alguna vez se practicó en la medicina 

(Gendreau 1999)—. 

Indudablemente, otros podrían revisar la investigación existente y llegar a 

ser más o menos optimistas que nosotros sobre las posibilidades de la rehabilitación (véanse, por ejemplo, Andrews y Bonta 1998; Gaes 1998; Gaes et al. 

1999; Gibbons 1999; Lab 1997; MacKenzie 1998; McGuire y Priestley 1995); 

por ello invitamos a los lectores a que consulten estas evaluaciones alternativas 

de los datos sobre el tratamiento correccional. En todo caso, creemos que la evidencia favorece estas interpretaciones porque: (1) en todo tipo de intervención 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 333 

la rehabilitación es más eficaz que otras sanciones penales para disminuir la reincidencia; (2) los programas que son congruentes con los principios de la intervención eficaz logran reducciones significativas, y posiblemente sustanciales, en 

la reincidencia; y (3) numerosos programas individuales —tales como la terapia multisistémica— han sido notablemente eficaces, ofreciendo la posibilidad 

de servir como intervenciones modelo en otras jurisdicciones. 

En este sentido, cerraremos este trabajo considerando dos temas que han 

contribuido a nuestro análisis y se derivan del mismo: la necesidad de buscar 

prácticas correccionales «basadas en la evidencia», y la importancia de «reafirmar la rehabilitación». 

Las prácticas correccionales basadas en la evidencia 

En un trabajo importante y provocador, Sherman (1998) ha planteado que 

los cuerpos policiales, al igual que ha hecho la medicina, deben adoptar un paradigma de «fundamentos empíricos» para orientar sus prácticas. En virtud de 

este paradigma, la investigación evaluadora se emplea para construir las directrices de prácticas policiales que sean eficaces para la reducción de la criminalidad. El paradigma se basa en procesos y es dialéctico; las directrices no son 

rígidas, sino que más bien cambian a la luz de nuevas evidencias derivadas de 

la evaluación de programas que se basaron en el conjunto inicial de directrices 

prácticas. Este enfoque subraya «la responsabilidad y la mejora continua de la 

calidad»; también implica la promoción de una ética profesional según la cual 

los resultados de la investigación se consideran fundamentales para una práctica eficaz, tal como ocurre en la medicina. 

De modo similar, nosotros coincidimos en que este tipo de enfoque es apropiado para el campo correccional. Como apuntan Andrews y Hoge (1995, 36), 

«Ya es hora de tener servicios de tratamiento correccional fundamentados en la 

evidencia». Sabemos que el campo correccional nunca será un dominio exclusivo de «lo que funciona»; las decisiones sobre las políticas a seguir reflejarán 

entre otros factores los valores culturales fundamentales, los recursos 

organizativos y las realidades políticas. Pero aun así, un enfoque basado en la 

evidencia colocaría a la investigación de una manera más sistemática y sobresaliente dentro de la mezcla de factores que dan forma a las actuales políticas y 

las prácticas correccionales. Cada día continúan tomándose decisiones discrecionales que afectan enormemente a las vidas de los delincuentes y a la seguridad pública. Un enfoque basado en la evidencia plantearía que estas decisiones 

no deberían basarse únicamente en la costumbre o el sentido común, sino en los 
334 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

conocimientos arrojados por nuestras investigaciones sobre la «mejor apuesta» 

para reducir la reincidencia. 

Un enfoque basado en la evidencia no debe carecer de un marco teórico. De 

hecho, una tarea primordial de esta perspectiva sería la elaboración de teorías 

relativas a la intervención eficaz y el descubrimiento de las teorías que apoyan 

la intervención ineficaz. De este modo, las teorías de la intervención correccional orientarían el desarrollo de los programas. Posteriormente, cada programa 

sería evaluado para determinar si «funciona», siendo empleada la «evidencia» 

resultante para evaluar los méritos del marco teórico que fundamenta el programa. Como ya se señaló anteriormente, creemos que el enfoque teórico más prometedor es el de «los principios de la intervención correccional eficaz» (Andrews 

y Bonta 1998; Gendreau 1996b). Este enfoque tiene la ventaja de estar anclado 

en la literatura empírica de la Criminología, la psicología conductual y la evaluación correccional. De todos modos, otras teorías o aproximaciones conceptuales de la intervención eficaz serían bienvenidas en la competencia —o esfuerzo colaborador— por construir una teoría de la rehabilitación científicamente 

fundamentada (véanse, por ejemplo, Prendergast, Anglin y Wellisch 1995; 

Palmer 1995). 

Un paradigma basado en la evidencia también tiene consecuencias para el 

estudio y la práctica en el campo correccional. En la Criminología, este enfoque estimularía a los especialistas a vincular la investigación a la práctica. También obligaría a los criminólogos a abandonar las ideas simplistas —como por 

ejemplo que «nada funciona» para cambiar a los delincuentes— y a realizar una 

investigación sistemática sobre las diferencias entre las intervenciones 

correccionales eficaces e ineficaces. En última instancia, el mencionado enfoque llevaría a la Criminología a superar la tendencia a ser una disciplina que 

solamente busca desenmascarar propuestas programáticas erradas, para en su 

lugar ocuparse de la tarea más exigente, pero a la vez más importante, de generar conocimientos sobre cómo rehabilitar a los delincuentes y proteger el orden 

social. 

Un paradigma basado en la evidencia también sugeriría la revisión de ciertos aspectos de las prácticas correccionales: la adopción de un profesionalismo 

que respeta los datos; el entrenamiento de los profesionales basado en la investigación; la creación de «academias de capacitación correccional» —muy parecidas a las academias de policía— en las que se impartirían conocimientos y 

habilidades para el tratamiento (Gendreau 1996a); la implantación de programas 

acordes con una teoría de la intervención eficaz empíricamente fundamentada; 

la aceptación por parte de los gerentes y personal subalterno de la evaluación del 

programa como un medio integral para mejorar la eficacia del tratamiento; y la 
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 335 

inspección y acreditación de las agencias correccionales sobre la base del suministro de programas eficaces. 

En resumen, un enfoque basado en la evidencia exigiría que el conocimiento 

sobre la eficacia correccional sea: (1) construido, (2) diseminado, y (3) aplicado. Por si acaso se nos quiere tildar de ingenuos, nos apresuraremos a reconocer que cada una de estas tareas presenta retos permanentes de envergadura. Por 

ejemplo, aun en los programas de postgrado, como lo observa Henggeler (1999, 

8), «la capacitación frecuentemente incluye una atención considerable a modelos de tratamiento que no tienen apoyo empírico». Blumstein y Petersilia (1995, 

470) observan un escepticismo ante la investigación entre los responsables y los 

practicantes de las políticas correccionales —un escepticismo que es alimentado en parte por la inhabilidad de los investigadores para construir conocimientos que sean útiles para el suministro de servicios—. De un modo semejante, 

Gendreau y Goggin (1997) informan de que únicamente una minoría de agencias correccionales —quizás tan pocas como una de cada diez— funciona de una 

manera tal que pueda proporcionar satisfactoriamente programas de tratamiento eficaz (véase también Gendreau, Goggin y Smith 1999). Al utilizar el Inventario de Evaluación de Programas Correccionales para estudiar algunas agencias 

correccionales de manera integral, Gendreau y Goggin (1997) identificaron deficiencias comunes tales como: la contratación de directores y personal subalterno con poca capacitación profesional o escasos conocimientos sobre los programas de tratamiento eficaz; la falta de una evaluación de los delincuentes con 

unos instrumentos científicamente fundamentados de medición actuarial del riesgo; el centrar la atención sobre aquellos factores de cambio (por ejemplo, la baja 

auto-estima) con poca o ninguna relación con la reincidencia; el uso de tratamientos «inapropiados» o suministrados con una «dosis» o «intensidad» insuficientes; la omisión de programas de atención post-tratamiento; y una carencia 

general de integridad terapéutica. 

Dado este inventario de deficiencias preocupantes, los escépticos podrían 

sugerir que los impedimentos para la construcción, diseminación y aplicación 

de la evidencia sobre el tratamiento correccional no solamente son formidables 

sino insuperables. Nosotros compartimos la cautela de los escépticos, aunque de 

ningún modo su pesimismo. Hay por ejemplo maneras eficaces para diseminar 

los conocimientos (Backer, Liberman y Kuehnel 1986; Gendreau 1996a) y para 

lograr un cambio planificado en las organizaciones (Hamm y Schrink 1989; 

Welsh y Harris 1999). Además, muchas agencias correccionales son receptivas 

al aprendizaje sobre «lo que funciona», estando dispuestas a implantar las «mejores apuestas» para una intervención exitosa (Rhine 1998). El gran interés en 

la TMS en los Estados Unidos es solamente un ejemplo de esta receptividad 
336 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

(Henggeler 1999). También existe una demanda creciente para que los programas correccionales se sometan a criterios de responsabilidad y eficacia con el 

fin de evitar el malgasto del dinero aportado por los contribuyentes. Finalmente, hoy en día es difícil cuestionar el hecho de que los programas orientados hacia 

el control son muy limitados. Si no se adoptan los programas de rehabilitación 

fundamentados en la evidencia, es difícil saber cual sería la alternativa. 

Reafirmación de la rehabilitación 

En gran parte, las posibilidades para una intervención correccional basada 

en la evidencia dependerán del planteamiento relativo a que la rehabilitación 

debe ser reafirmada como un objetivo principal de la empresa correccional, aunque solamente sea porque no parece aconsejable invertir los recursos en algo — 

programas de tratamiento— que no tiene valor para nosotros. En estas páginas 

no podemos exponer el debate completo sobre si la rehabilitación debe ser el 

principio orientador del campo correccional (compárese Cullen y Applegate 

1997; Cullen y Gendreau 1989, Cullen y Gilbert 1982; Macallair 1993; Welch 

1995 con Logan y Gaes 1993). Con todo, hay dos consideraciones que merecen 

alguna atención. 

Primero, como nos recuerda Van Voorhis (1987), hay «un alto coste si 

obviamos la rehabilitación». Más allá de cualquier prevención del delito que 

podría resultar de la incapacitación y la disuasión general —un asunto que es tan 

complejo como debatible (véanse, por ejemplo, Currie 1998; MacKenzie 1998; 

Nagin 1998)— no hay evidencia alguna de que los programas correccionales 

punitivos disminuyan la reincidencia o producen otras ganancias positivas para 

los delincuentes (por ejemplo, la adaptación a las instituciones, el desarrollo del 

capital humano). En cambio, nuestra «mejor apuesta» para reducir la reincidencia 

y mejorar las vidas de aquéllos que son procesados por el sistema correccional 

es involucrarlos en programas de rehabilitación que tengan integridad terapéutica. Obrar así no es simplemente un asunto de «hacer bien» a los delincuentes, 

sino también de proteger la seguridad pública. Dicho de otra manera, la rehabilitación es una estrategia potencialmente importante para reducir la reincidencia y, en consecuencia, para prevenir la victimización de la ciudadanía. La omisión de desarrollar el tratamiento correccional equivale a darle la espalda a 

aquéllos de entre nosotros cuya victimización podía haber sido evitada. 

Segundo, frecuentemente se afirma que el público estadounidense es punitivo y, consecuentemente, se insinúa que los ciudadanos no apoyarán la rehabilitación de los delincuentes. Pero este planteamiento es sólo parcialmente correc­
EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN CORRECCIONAL 337 

to. Es cierto que las encuestas de opinión muestran que el público es punitivo; 

sin embargo, las encuestas también indican que los estadounidenses no quieren 

un sistema correccional cuyo único objetivo sea el causar «daño penal» o el almacenar a los delincuentes. La evidencia, ahora casi irrefutable, es que los ciudadanos quieren un sistema correccional que castigue y rehabilite (Applegate, 

Cullen y Fisher 1997; Flanagan y Longmire 1996; para una revisión de la investigación relevante, véase Cullen, Fisher y Applegate 2000). Por ejemplo, 

Applegate, Cullen y Fisher (1997) descubrieron en una amplia encuesta realizada a los residentes del Estado de Ohio que más del 80% de los encuestados 

estaba de acuerdo con el postulado de que la «rehabilitación» es un objetivo «importante» o «muy importante» del encarcelamiento. En consecuencia, parece que 

el público estadounidense es receptivo a la rehabilitación correccional —un nivel de apoyo que potencialmente se consolidaría, y quizás se ampliaría, si los 

programas de intervención se llevasen a cabo de manera más efectiva—. 

Para concluir, resulta pertinente recordar que el futuro de las personas no está 

totalmente determinado, sino que por lo menos parcialmente está elegido por 

ellas (Cullen y Wright 1996; Sherman y Hawkins 1981). La oportunidad para 

moverse en un sentido distinto es quizás más fácil al inicio de un nuevo siglo, 

cuando el tiempo aparenta detenerse y se nos destaca la conveniencia de evaluar 

dónde hemos estado y hacia dónde vamos. Durante tres décadas hemos estado 

experimentando con un sistema correccional que indudablemente se ha inclinado 

más hacia la «mano dura». Los programas de rehabilitación no han sido eliminados en grandes cantidades. Tampoco se han detenido las investigaciones 

evaluadoras pertinentes. Y la mayoría del público sigue apoyando la meta de la 

reforma del delincuente. Con todo, los que abogan por la rehabilitación correccional se han enfrentado en una lucha cuesta arriba en la medida en que la doctrina de que «nada funciona» se difundía y los vientos políticos giraban en un 

sentido poco amigable. 

En consecuencia, la interrogante a la que nos enfrentamos es la siguiente: 

¿Cuál será el futuro elegido para el campo correccional? Hace un siglo, los progresistas, al reconocer que la posibilidad de la reforma estaba a su alcance, adoptaron una «nueva penología» que tuvo como núcleo el ideal de la rehabilitación. 

Indudablemente, su optimismo ilimitado sobre la rehabilitación era erróneo debido a que subestimaron la dificultad de cambiar la conducta humana dentro de 

los confines del campo correccional y con técnicas que tenían poco fundamento en la ciencia social empírica. Sin embargo, hoy en día tenemos quizás una 

perspectiva más sensata sobre las posibilidades de tratar a los delincuentes, pudiendo incluso estar mejor informados sobre cómo lograr esa tarea con eficacia. 

En ese caso, al igual que nuestros antecesores creemos que el nuevo siglo ofre­
338 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

ce una oportunidad propicia para la elaboración de una nueva penología —aun 

cuando la nuestra se exprese con mayor cautela y mayor fundamento empírico— 

iluminada por el ideal de la rehabilitación. La otra posibilidad —hacer más de 

lo mismo, sostener que los delincuentes no pueden cambiar, ponerse cada vez 

más duro— se presenta como un futuro que es poco agradable de contemplar. 

En cambio, la reafirmación de la rehabilitación nos parece un camino a seguir 

más sabio y, sospechamos, más feliz. 

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LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS: 

CAMBIOS EN LA NATURALEZA, ESTRUCTURA Y FUNCIONES 

DE LA POLICÍA 

JACK R. GREENE 

Catedrático de Justicia Criminal y Decano de la College of Criminal Justice (Escuela de Justicia Criminal) 

de la Northeastern University, Boston. 

Traducción de Andrea Giménez-Salinas Framis 

RESUMEN 

Este artículo revisa la emergencia de dos modelos de actuación policial: la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas, los cuales surgieron con el objetivo de mejorar la eficacia de las actuaciones policiales y de reformar las organizaciones policiales. Asimismo se realiza un análisis del desarrollo 

histórico de varios modelos policiales, tomando en consideración los presupuestos 

que se encuentran implícitos en cada uno de sus enfoques, a veces enfrentados entre sí. El trabajo continúa con la revisión de la investigación disponible hasta ahora 

sobre el impacto de la policía de proximidad en la población afectada, en las organizaciones, el trabajo policial y los agentes policiales. Los resultados de diversos 

estudios sugieren que la policía de proximidad y la policía orientada a la solución 

de problemas han tenido un efecto moderado sobre la delincuencia pero un efecto 

mayor sobre la calidad de la relación entre la policía y la comunidad. Además, las 

investigaciones existentes sugieren que las organizaciones policiales están adaptándose lentamente a la filosofía y a las prácticas de estos dos modelos de policía, y 

gracias a eso se han producido cambios en la estructura y los servicios policiales. 

Los cambios relacionados con la solución de problemas por parte de la policía se 

muestran menos contundentes en las investigaciones realizadas, en las que se observa que, en muchas ocasiones, la policía utiliza métodos tradicionales para responder a los problemas identificados en la comunidad. Finalmente, los estudios sugieren que la concepción de sus propios roles por parte de los agentes de policía y el 

compromiso con su trabajo están mejorando con la adopción de roles de policía de 

proximidad y orientada a la solución de problemas. La satisfacción de la policía por 

su trabajo aumenta en aquellos agentes que están aplicando métodos de policía de 

proximidad. El artículo concluye con un análisis de las variables que están continuamente dando forma a la policía estadounidense y la necesidad de abordar el 

mayor obstáculo conocido en contra de la policía de proximidad y de la policía orientada a la solución de problemas: la burocracia policial. 
350 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

La policía de proximidad, en cualquiera de sus variaciones, se ha convertido en el mantra nacional para la policía estadounidense. El lenguaje, la 

simbología y los programas propios de la policía de proximidad han aparecido 

rápidamente en los departamentos policiales urbanos, suburbanos y rurales a lo 

largo de Estados Unidos. Durante más de 15 años y a través de al menos una 

generación de agentes de policía, los defensores de la policía de proximidad y 

de la policía orientada a la solución de problemas los han anticipado como 

convincentes temas de organización para un estilo emergente de seguridad pública. Todavía no se puede asegurar con certeza cómo han afectado estos temas 

a la policía estadounidense, ya que el amplio alcance y la complejidad de los 

programas asociados con la policía de proximidad y con la policía orientada a 

la solución de problemas a menudo han impedido la investigación científica sistemática. Además, la policía de proximidad y la policía orientada a la solución 

de problemas son «objetivos móviles» que cambian y se modifican en un ambiente muchas veces turbulento para la aplicación de la ley. Eck y Rosenbaum 

(1994,3) apuntan que: 

«La policía de proximidad se ha convertido en una nueva ortodoxia para los policías. Ambiciosa y ambigua al mismo tiempo, promete cambiar radicalmente la relación entre la policía y el público, dirigirse a los problemas subyacentes en la comunidad y mejorar las condiciones de vida de los barrios. Una de las razones de 

su popularidad es que la policía de proximidad es un concepto moldeable, que alberga significados diferentes para personas distintas. Existen muchas perspectivas 

dentro de este tipo de policía, y cada una de ellas se construye sobre presunciones 

que están sólo parcialmente sustentadas por evidencias empíricas». 

Los temas organizativos de la policía de proximidad sugieren que la aplicación de la ley puede ser más precisa, proactiva y sensible a la comunidad. Por 

otra parte, la policía de proximidad presagia importantes cambios en la organización social y formal de la policía. En cuanto a la organización social, se pretende que la policía de proximidad rompa las barreras que separan la policía de 

los ciudadanos, mientras inculca a los agentes un conjunto más amplio de ideales en el servicio a la comunidad. En lo referente a la organización formal, se 

pretende que este tipo de policía cambie la forma de realizar política en la policía, de una burocracia tradicional hacia una burocracia en la que se enfatice la 

interacción entre el entorno y la organización. 

Al mismo tiempo, se supone que el cambio de la policía de proximidad irá 

acompañado por una simplificación de la jerarquía policial y el desarrollo de 

servicios coordinados, con un gran número de agencias públicas y privadas implicadas en la seguridad del vecindario. Se trata sin duda de profundas modifi­
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 351 

caciones, en el caso de que continúen poniéndose en práctica y conformando la 

institución policial estadounidense. 

En los últimos años, la filosofía de la policía de proximidad y la policía 

orientada a la solución de problemas ha llamado la atención de agentes de policía, activistas de la comunidad, el público en general y, especialmente, de la comunidad académica. La retórica de la policía de proximidad, actualmente plasmada en la Ley de Control del Crimen Violento y de Policía de 1994 (Violent 

Crime Control and Law Enforcement Act de 1994), ha atraído declaraciones presidenciales además de lograr la creación de una gran campaña para poner 

100.000 agentes de policía de proximidad en las calles estadounidenses. Los 

departamentos de policía de Estados Unidos están compitiendo activamente por 

conseguir apoyo federal para desarrollar una policía de proximidad (Maguire et 

al. 1997). En la actualidad, el orden del día del control de la criminalidad de 

EE.UU. y muchos otros países incluye un lugar notorio para la policía de proximidad y sus múltiples derivados (véase Skolnick y Bayley, 1988). 

Las promesas de la policía de proximidad son muchas: el incremento de la capacidad de las comunidades de resistir y prevenir el delito y el desorden social; la 

creación de una relación más armoniosa entre policía y ciudadanos que incluya algún poder compartido en el diseño de la política policial y las prioridades tácticas; 

la reestructuración del servicio policial conectándolo con otros servicios municipales; la reforma del modelo de organización policial; y, finalmente, la creación de 

funciones más complejas y más amplias para el agente de policía. Se considera que 

este nuevo estilo policial crea agentes de policía más comprometidos, más analíticos y con poderes más amplios, además de jerarquías policiales horizontales, y también que abre el proceso de justicia local a aquéllos que con frecuencia son objeto 

de las decisiones judiciales. Este cambio también convierte en objetivo principal la 

prevención del crimen, por encima de la represión del mismo. 

Goldstein (1987) inicialmente destacó varios requisitos necesarios para que 

la policía cambiara su modelo tradicional por el de policía de proximidad u orientada a la solución de problemas. En primer lugar, la adopción de la policía de 

proximidad requiere que ésta sea una filosofía organizacional integrada en la 

policía de forma general y no solamente como un proyecto nuevo o una especialización temporal, tal y como ocurrió con el team policing (equipos de policía), el experimento fallido más reciente en la policía estadounidense (véase 

Sherman, Milton y Kelly, 1973). 

En segundo lugar, según Goldstein, para que la policía de proximidad arraigue en las agencias de policía estadounidenses es necesario crear un nuevo ambiente de trabajo dentro de las mismas que permita introducir nuevos valores de 

la policía de proximidad en la gestión y las tácticas de la policía. En tercer lu­
352 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

gar, dicha policía de proximidad debe superar la resistencia de la subcultura policial, basada en el peligro, la autoridad y la eficiencia, «los valores de la policía más tradicionales» (Skolnick, 1966). Aunque en los últimos años se ha argumentado que las agencias policiales tienen realmente distintas subculturas 

internas, la preocupación de Goldstein se centró en la necesidad de que los 

reformadores policiales fueran conscientes de que la cultura policial tradicional 

ha resistido con éxito y, de hecho, se ha impuesto a los intentos de cambio. Finalmente, Goldstein sugirió que para que tanto la policía como los ciudadanos 

adopten la policía de proximidad, ésta debe orientarse a resolver problemas importantes de delito y desorden en la comunidad, y no simplemente a responder 

con rapidez a las llamadas de asistencia y completar después el trabajo burocrático. Estos tres requisitos, que marcarían el punto de partida para implantar la 

policía de proximidad, requieren que quienes sean responsables de dicha implantación y quienes aboguen por la misma la consideren un paradigma alternativo 

a la policía tradicional, un cambio que tiene importantes implicaciones para la 

policía y los ciudadanos (véase Kelling y Moore, 1988). 

A pesar de todo lo dicho y rebatido, lo que sabemos hoy en día de la eficiencia y la eficacia de la policía de proximidad y de la policía orientada a la 

solución de problemas es poco en comparación con lo que no sabemos, aunque 

la literatura y la práctica en este campo están creciendo exponencialmente. Este 

trabajo revisa el desarrollo de la policía de proximidad y de la policía orientada 

a la solución de problemas en EE.UU. para comprender sus variaciones, presunciones y efectos. 

Esta revisión comienza con una breve referencia a la evolución histórica de 

la policía estadounidense, en especial, cómo nace la estructura policial en 

EE.UU. y cuál es el alcance de sus propósitos. Después de esta exposición se 

presentan cuatro modelos generalizados de policía: la policía tradicional, la policía de proximidad, la policía orientada a la solución de problemas específicos 

y la policía de tolerancia cero, con sus características y presupuestos. Las diferencias entre los distintos modelos permiten entender la evolución que ha sufrido 

la policía y los cambios de enfoque que suponen estos estilos opuestos. 

Ya que la policía de proximidad anticipa varios tipos de impacto (en las comunidades, en la organización policial, en los grupos de trabajo policiales y en 

los agentes individuales), las siguientes secciones del presente trabajo se centran en primer lugar en destacar los efectos anticipados de la policía de proximidad y, en segundo lugar, en precisar si estos efectos han sido comprobados por 

la investigación científica. 

Para finalizar, el trabajo aborda brevemente importantes cuestiones para el 

futuro sobre el desarrollo todavía en curso de la policía de proximidad. Una re­
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 353 

visión de como ésta debe arrojar luz sobre lo que ha sido el gran punto de mira 

de la reorganización policial en EE.UU. y, por tanto, de las comunidades estadounidenses. 

EL CAMINO HACIA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD 

Quizás al igual que el camino hacia el infierno, el camino hacia la policía 

de proximidad está alfombrado de buenas intenciones, las cuales tienen dos orígenes o fuentes. En primer lugar, a una gran parte del cambio producido de la 

policía tradicional a la policía de proximidad puede seguírsele la pista a través 

de una larga historia de intentos de reforma para lograr una policía más civilizada y legalmente responsable. En segundo lugar, gran parte del énfasis en la 

policía de proximidad pretende hacer a la policía más eficaz en la lucha contra 

el delito y el desorden en las comunidades y, al mismo tiempo, eliminar las críticas sobre su ineficacia, ineficiencia e insensibilidad, que se remontan atrás en 

el tiempo. De forma irónica, como veremos más adelante en este trabajo, las 

premisas históricas que han pretendido cambiar la policía estadounidense también han restringido esta reforma. Sin embargo, gran parte del énfasis en la policía de proximidad es el resultado del deseo de hacer a la policía más reflexiva 

acerca de su actuación en las comunidades para ayudar a mejorar los problemas 

del delito y del desorden. Tales reformas han presionado a la policía estadounidense para ir cambiando a lo largo de casi un siglo. 

Es quizá comprensible que la policía esté sumida continuamente en las críticas e intentos de reforma, ya que el propio gobierno estadounidense se encuentra en la misma posición. Desde principios del siglo XIX, el gobierno estadounidense, y más especialmente el gobierno municipal, ha vivido un continuo 

estado de transformación política, social y económica, resultado, en gran parte, 

de una numerosa inmigración que se instaló en lo que se convirtió en los Estados Unidos urbanos. Dicha transformación ha traído consigo cuestiones sobre 

la Justicia y el papel del Estado a la hora de modelar y controlar la vida cotidiana. Por otra parte, dado que la policía es el elemento más visible del gobierno para la sociedad civil, en muchas ocasiones se ha convertido en el bastión simbólico y fundamental de la reforma civil. 

«Durante el siglo XIX, la estructura del gobierno municipal se fue complicando 

progresivamente. Los distintos departamentos del gobierno municipal, departamento 

de salud, departamentos policiales, de bomberos, de mantenimiento, servicios de 

agua y alcantarillado, etc., tienen su propia historia y razón de ser. El gobierno 
354 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

municipal se había ido desarrollando por partes y a pedazos, como un edificio construido sin planificación... Todas las ciudades ofrecían variaciones del mismo tema. 

Las ciudades más pequeñas resistieron con éxito la urgencia de «profesionalizar» 

los servicios de la ciudad y continuaron teniendo un gobierno de aficionados a tiempo parcial. En cambio, las grandes ciudades se vieron obligadas a luchar contra la 

amenaza de las enfermedades, la violencia y otros problemas que emergen de la 

masificación y el crecimiento» (Judd, 1988, 37-38). 

La policía ha sido parte de esta transformación del gobierno estadounidense, bien de manera implícita o bien, en la mayoría de los casos, explícita. De 

hecho, el gobierno estadounidense cambió de lo que podría denominarse la era 

colonial, en la que el gobierno era pequeño y se hallaba generalmente en manos de una élite política, a la era populista, en la que el gobierno incorporó a un 

conjunto más amplio de participantes. Esta transformación tuvo lugar en el transcurso de un periodo de 100 años aproximadamente y se completó, en buena parte, 

al final de la Guerra Civil. En aquella época, Estados Unidos había sufrido una 

serie de cambios, pasando de una sociedad agraria a una sociedad urbana, de una 

sociedad nativa a una sociedad inmigrante, de una sociedad simple a una sociedad compleja, y de la granja a la fábrica (véase Judd, 1988). El legado dejado 

por esta transformación fue la fundamental redistribución del poder político, que 

pasó del campo a las ciudades y de los ricos terratenientes a las oleadas de 

inmigrantes del este de Europa, las cuales ganaron preeminencia política en las 

ciudades. Las fuerzas del orden también se renovaron de acuerdo con estos profundos cambios en la sociedad estadounidense (Walker 1977). 

La policía, junto a otros empleos públicos, fue el canal principal a través del 

cual las clases inmigrantes se integraron en la vida estadounidense. Cuando las 

olas de inmigrantes llegaban a las ciudades estadounidenses en expansión, la 

composición étnica de los departamentos de policía reflejaba los orígenes de la 

población que acababa de llegar. De hecho, los departamentos policiales de Nueva York, Filadelfia, Boston y Chicago, entre otros, pueden trazar su herencia a 

partir de grandes patrones de emigración procedentes de Irlanda, Italia y Alemania. 

En EE.UU. se produce un intento de reforma de la policía cada cierto tiempo. Entre acusaciones de corrupción y esfuerzos por reformarla (Walker 1983), 

la policía estadounidense ha buscado incansablemente apoyo y reafirmación entre 

los ciudadanos. A diferencia de sus colegas británicos y europeos (Berkley 1969; 

Miller 1975; Manning 1986), la policía estadounidense ha estado históricamente 

aislada de la ciudadanía a la que servía, ha dependido de la autoridad personal 

más que de la constitucional y ha carecido de los lazos con la comunidad nece­
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 355 

sarios para llevar a cabo una interacción efectiva entre ciudadano y policía. A 

este aislamiento ha contribuido un cambio en la estrategia organizativa en el que 

se ha estado haciendo hincapié a lo largo de casi todo el siglo XX. Dicho cambio, enfocado hacia la profesionalización de la policía, generalmente separó a 

estos profesionales de sus clientes, en muchos casos de modo considerable. Este 

cambio vino de la mano de la subcultura ocupacional policial, una subcultura que 

reforzaba la separación entre la policía y los ciudadanos (Skolnick 1966). 

En una revisión sobre los cambios en la estrategia policial a lo largo del siglo XX, Kelling y Moore (1988) consideran que la estrategia de la organización 

policial inicial era esencialmente política. En este sentido, la policía estaba preocupada principalmente por el mantenimiento de las relaciones políticas, en 

muchos casos corruptas, con aquéllos que detentaban el poder. La función policial estaba asociada a principios de 1900 al aumento de las maquinarias políticas y a su dominación de la vida civil en las florecientes ciudades estadounidenses, también estaba directamente relacionada con los sistemas de patronazgo 

político de la época, y sus acciones ayudaban a aquéllos que se encontraban en 

el poder mientras castigaban a los enemigos políticos y las clases menos favorecidas, generalmente definidas como de etnias distintas. En este momento, el 

problema policial no era tanto que la policía utilizara abusivamente la ley, sino 

que dejara de aplicarla de forma selectiva. Como sugiere Walker (1977, 25): 

«La “anarquía” de la policía (la corrupción sistemática y la no aplicación de la ley) 

se convirtió en una de las cuestiones primordiales de la política municipal durante 

el siglo XIX. Surgieron repetidamente movimientos de reforma con la intención de 

alterar estas prácticas policiales. El punto central de la cuestión no era la aplicación 

de la ley en sí misma sino las dinámicas sociales y políticas de la comunidad urbana. La corrupción policial formaba parte de la maquinaria política, un medio a través del cual se permitía a ciertos partidos políticos llevar a cabo negocios ilegales, 

y a través del que se preservaban estilos culturales de distintos grupos étnicos». 

Finalmente, la era política terminó en la era de la reforma administrativa de 

la policía (Fogelson 1977), en la cual el control administrativo, la elaboración 

de políticas y de decisiones se distanciaba de las comunidades sociales y políticas, y la ley y el profesionalismo guiaban la respuesta policial. La era de la reforma perseguía, en primer lugar, que la policía fuera legalmente controlable. 

Esta filosofía todavía domina el pensamiento policial administrativo estadounidense, sobre todo cuando se intenta controlar la violencia policial. Irónicamente, el legado de esta reforma, representada por estrechas burocracias policiales 

controladas e inflexibles, forma parte siempre del debate de la reforma de la 

policía hacia la policía de proximidad u orientada a la solución de problemas. 
356 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

La corrupción de la policía ya era legendaria a comienzos del siglo XX. Los 

reformadores buscaron separar la policía de su control político o, al menos, de 

los partidos políticos, y hacer sus acciones más controlables administrativamente, 

introduciendo la entonces emergente ciencia de la administración. Todo esto se 

hizo para controlar a la policía mientras se introducían instrumentos supuestamente eficientes en la administración de la misma. De forma simbólica, este 

movimiento también buscaba convencer a los ciudadanos de que la policía era 

profesional y que la organización policial controlaba sus actuaciones. Por supuesto, esto era una ilusión (véase Manning, 1977). 

Durante la época de la reforma de la policía (que comenzó con ímpetu en 

los años 1920 y duró hasta los años 1960), la policía desarrolló un estilo militar de organización y administración (de hecho, modelado por los esfuerzos de 

Sir Robert Peel en Inglaterra a principios de 1800 y adoptado de forma simbólica por los departamentos de policía estadounidenses desde el siglo XIX hasta 

el XX), mejoró su tecnología de respuesta a través de la introducción de teléfonos, radios en los coches y sistemas de comunicación, e intentó inculcar una 

uniformidad en la práctica policial a través de la formación. Todas estas reformas buscaban construir un fundamento de la policía y elevar su estatus de políticos a profesionales. 

En este cambio, la policía se alejó del público, muchas veces visto como 

hostil y como un obstáculo. Institucionalmente, la policía también se volvió 

introvertida. La velocidad de respuesta se convirtió en una prioridad por encima de vigilar los barrios, y las medidas secundarias de esfuerzo ocultaron las 

medidas de efectividad. De hecho, muchos de los mitos institucionales (Crank 

y Langworthy, 1992) persisten hasta hoy. De forma rutinaria, la policía se presenta a los ciudadanos como uniforme, organizada de forma selectiva y capaz 

de responder con rapidez a las emergencias. Estas estrategias de presentación 

ayudan a mantener la legitimidad pública de la policía y pueden ser uno de los 

mayores obstáculos para la puesta en marcha de la policía de proximidad y la 

policía orientada a la solución de problemas (véase la sección «Cuatro modelos de Policía: de la policía tradicional a la policía de proximidad, a la policía 

orientada a la solución de problemas y a la policía de tolerancia cero»). 

Entre los años 1950 y 1960, la policía como institución formal del gobierno encontró su mayor reto: un ataque directo y frontal a su legitimidad y al sistema legal en su conjunto. Los movimientos de los derechos civiles y en contra 

de la guerra de Vietnam, así como la emergente cultura juvenil de los años 1960 

unieron a dos grupos que habían estado anteriormente separados social y políticamente: los negros y los jóvenes blancos de clase media urbanos y suburba­
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 357 

nos. Estos dos movimientos sociales y políticos se enfrentaron a la policía estadounidense de modo visible y directo. 

Como respuesta a estas confrontaciones, la policía, hablando 

coloquialmente, se volvió militante. En muchas ocasiones se enfrentaba directamente con estos grupos, produciendo lo que Stark (1972, 15-16) ha denominado disturbios policiales: 

«Los lectores del informe de la Comisión Kerner, el informe Skolnick o cualquiera de las docenas de libros, informes o artículos sobre hechos recientes en guetos 

negros, manifestaciones de estudiantes y en contra de la guerra habrán admitido que 

muchas veces el comportamiento de la policía no se diferencia del de los manifestantes. No es únicamente que, en ocasiones, el carácter de la respuesta policial provoque disturbios, como ocurre, sino que a veces los policías parecen ser los mayores o incluso los únicos provocadores del desorden, la violencia y la destrucción. 

En estos casos hablamos de disturbios policiales» (énfasis del autor). 

La Convención Democrática Nacional en Chicago, televisada a nivel nacional en 1968, y los disturbios posteriores mostraron quizá por primera vez a la 

policía como institucionalmente irresponsable. Además, la Comisión Consultiva Nacional sobre Desórdenes Civiles (National Advisory Commission on Civil 

Disorders) concluyó que lo que desencadenó la mayoría de los disturbios urbanos de finales de los años 1960 fue la escasa acción policial o la acción agresiva de la misma, generalmente dirigidas a una comunidad minoritaria. Los disturbios en Los Angeles, Detroit, Filadelfia, Newark y en otros lugares reflejaron 

una estructura social que se estaba desintegrando, en muchos casos debido a la 

acción policial. La policía era a la vez la causa y la solución de la inquietud social. Los progresistas vieron a la policía como la causa de los problemas, los 

conservadores como la solución. El país estaba dividido por estas cuestiones y 

la policía estaba atrapada entre los importantes cambios ideológicos que se estaban produciendo en la vida política y social estadounidense. Como manifestó 

la Comisión Consultiva Nacional sobre Desórdenes Civiles (1968, 206): 

«En casi todos los casos, el incidente que provoca los desórdenes es la acción policial. Harlem, Watts, Newark y Detroit (los grandes desórdenes de los últimos años) 

fueron provocados por continuas detenciones de negros por pequeños delitos, realizadas por policías blancos. Sin embargo, la policía no es simplemente la chispa. 

A cargo de mantener el orden y asegurar la seguridad ciudadana en las negativas 

condiciones que se producen en la vida de los guetos, están, sin embargo, inevitablemente implicados en duros conflictos que son mucho más frecuentes con residentes del gueto que con residentes de cualquier otra zona». 
358 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

De nuevo, la policía estadounidense necesitaba urgentemente una reforma. 

A principios de los años 1970, la policía, como institución, empezó a experimentar con diferentes formas de acercarse al público. El movimiento en favor de las 

relaciones con la comunidad que había empezado a finales de los años 1940 hasta 

los años 1950, se postergó hasta este momento, así como las formas alternativas de policía como el trabajo en pareja. En ambos casos (las relaciones con la 

comunidad y el trabajo en pareja) existía una intención de fomentar un mayor 

apoyo social hacia la policía mientras se le otorgaba una clara función preventiva en el mantenimiento de la seguridad ciudadana. 

Las cuestiones sobre la relación con la comunidad fueron más bien una forma de maquillar la situación en muchas zonas, un modo de aplacar al público. 

El trabajo en pareja, por el contrario, fue un importante intento de cambiar la 

finalidad y la estructura de la policía, aunque las parejas policiales no consiguieron atraer ni la atención ni la organización de la policía estadounidense. A pesar del fracaso general de las relaciones con la comunidad y el trabajo en pareja, gracias a estos esfuerzos iniciales el movimiento de la policía de proximidad 

y de policía orientada a la solución de problemas pudo echar sus raíces (véase 

Greene y Pelfrey 1997). 

CUATRO MODELOS DE POLICÍA: DE LA POLICÍA TRADICIONAL A LA POLICÍA DE 

PROXIMIDAD, A LA POLICÍA ORIENTADA A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y A 

LA POLICÍA DE TOLERANCIA CERO 

Las tendencias actuales en la reforma policial de EE.UU., denominada 

con el nombre genérico de policía de proximidad, comenzaron a mediados 

de los años 1980 y continúan hasta hoy. Estas tendencias impulsan el papel 

contextual de la policía, que implica una mayor interacción con el vecindario para resolver delitos persistentes en los barrios y problemas persistentes 

de desorden (Willson y Kelling 1982; Goldstein 1987; Kelling y Moore 

1988). Esta novedad en una larga tradición de reformas tiene muchas 

implicaciones para la definición del papel de la policía, para operaciones 

estratégicas y tácticas y para la comprensión de los límites del control social formal e informal. 

Algunos acusan a la policía de proximidad de ser más retórica que real (véase Manning 1988, Weatheritt 1988) o de seguir una larga lista de circunloquios 

«cuyo propósito es ocultar, mitificar y legitimar el suministro por parte de la 

policía de la fuerza coercitiva no negociable» (Klockars 1988, 240). Otros afirman que dichos esfuerzos representan «la nueva línea azul» de innovación po­
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 359 

licial y experimentación social (Skolnick y Bayley 1986) y el surgimiento de 

relaciones renovadas entre la policía y los ciudadanos (Wycoff 1988). 

Las diferencias en la definición, énfasis y resultados asociados con la policía 

de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas continúan hasta 

hoy. De hecho, una nueva orientación hacia la tolerancia cero, como por ejemplo, 

la campaña contra el desorden de la calle, se ha extendido para efectivamente desafiar a la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas 

como forma de reducir el delito y el miedo al delito (Cordner 1998) (discutido más 

adelante). En un esfuerzo por ayudar a clarificar las diferencias en énfasis policial, el Cuadro 1 examina varias cuestiones relacionadas con la policía y los cambios que se producen bajo las diferentes filosofías y modelos policiales. 

El Cuadro 1 representa diversas dimensiones de las funciones policiales 

dentro de la policía tradicional, la de proximidad, la orientada a la solución de 

problemas y la de tolerancia cero. En este Cuadro se examinan doce aspectos del 

papel y funciones de la policía, de la interacción con la comunidad, la organización formal y social y la prestación de servicios. Las comparaciones expresadas están hechas con base en tipologías ideales. Por ejemplo, se busca presentar 

las expectativas más generales generadas por los modelos, no necesariamente 

cómo cada una ha sido implantada y operativizada en un departamento policial 

determinado. Esta heurística proporciona un modo útil de contrastar y comparar paradigmas de policía potencialmente diferentes. 

Lógicamente, en cada modelo hay un grado de solapamiento en la definición, 

en el esfuerzo y en el énfasis. La evolución de la policía sugiere que cada época 

consecutiva ha sido desarrollada lentamente por su predecesora (Kelling y Moore 

1988; Greene y Pelfrey 1997). De hecho, los cambios en la policía han sido fenómenos similares a los glaciares, han ocurrido con un margen de tiempo considerable (generalmente más de 15 a 20 años), no como cataclismos (que suceden en 

un margen mucho más corto de tiempo). En consecuencia, la policía moderna, tal 

y como la conocemos, refleja elementos de todos estos modelos. 

Policía tradicional 

La policía tradicional, denominación por la que se la conoce, refleja los objetivos de los primeros reformadores de la policía, tratados anteriormente. La 

intención en ese momento consistía en separar la policía de la política y hacerla más controlable por el poder político y por la ley. 

La policía tradicional, muy debatida durante los últimos 30 años, se centra 

estrechamente en la aplicación de la ley y el control o la represión del delito. Está 
360 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

centrada fundamentalmente en los delitos graves y no tanto en el mantenimiento del orden social o de proporcionar un servicio más general. En este modelo, 

los policías son represores del delito y rehúyen cualquier forma de actividad relacionada con el trabajo social. Bajo el modelo tradicional, el trabajo policial es 

sinónimo de cazar criminales y eminentemente reactivo; por ejemplo, la policía 

responde reactivamente a las llamadas de asistencia del público. 

En este modelo tradicional la aplicación de la ley y la represión del delito 

son los objetivos primordiales de toda actividad policial. El modelo policial de 

lucha contra el delito todavía resuena de manera significativa en la policía estadounidense. 

Por otra parte, en este tipo de modelo, la policía tiene un limitado ámbito de 

intervención. En general, con este modelo la policía tiene que contar enteramente con el poder coactivo de la ley penal para poder ejercer el control (Bittner 1970). 

La amenaza de la detención es el modo predominante de ganarse la conformidad 

de la comunidad. Según estas disposiciones, las tácticas agresivas en la calle junto con una amplia capacidad de actuación en la aplicación de la ley penal, redundan en una tremenda discreción policial, generalmente sin regular. Aunque la organización de la policía crea una apariencia de control a través de sistemas de 

mando y de control altamente ritualizados, los agentes de policía tienen una amplio margen en la toma de decisiones sobre el terreno (véase Manning, 1977). 

Con el modelo tradicional de policía, la cultura policial está dirigida hacia 

el interior de la organización, y expresa las características de la personalidad 

laboral descritas por Skolnick et al. (1966). Preocupada por el peligro, la autoridad y la eficiencia, la policía está aislada de la sociedad en general. 

Los valores que se han relacionado siempre con la cultura policial provienen del modelo tradicional de policía e incluyen valores como el escepticismo 

y el cinismo entre los agentes, el desarrollo de un código de discreción para defenderse del control externo y la supervisión, y un desinterés general hacia los 

ciudadanos. La minimización del contacto con el público y el mantenerse alejado de los problemas, muchas veces a costa de evitar el trabajo, (véase Van 

Maanen 1974), son prácticas documentadas en la policía tradicional. 

Según el modelo de policía tradicional, la policía busca institucional e individualmente reducir las interferencias externas al trabajo y a la administración 

policial. Esta ha sido una práctica habitual en el modelo tradicional, la cual se 

lleva a cabo disfrazándola de profesional. Por ejemplo, los policías se han considerado de manera autoritaria independientes de sus clientes. El modelo profesional que adoptan contempla a los clientes como una entidad pasiva que debe 

ser dirigida por la policía. Además, la policía, como institución y como grupo 

de trabajo, busca distanciarse del poder político. 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 361 

En el contexto de la policía tradicional, la organización policial se presenta 

en términos weberianos clásicos (Weber 1947) en los que la separación entre 

organización y entorno se mantiene definitiva y apasionadamente. Con ello, la 

organización policial hace que el entorno sea incapaz de cambiar sus dinámicas 

internas y se asegura por sí misma un cierto sentido de control sobre el entorno. En el lenguaje de las organizaciones, los departamentos policiales del modelo tradicional ven su propio mantenimiento como el objetivo primordial. Su 

preocupación se centra en mantener su estructura y funciones (los medios de la 

policía), sin tener demasiado en cuenta los fines últimos de la policía, tales como 

conseguir una convivencia más segura. 

En este modelo, las medidas de éxito se centran prioritariamente en el delito y su control, en especial en los delitos violentos y delitos contra la propiedad, como se explica en los delitos Parte 1 de los Uniform Crime Reports’ 1. La 

organización crea, a modo de sistema cerrado, lo que Manning (1979) ha denominado reflexividad (un proceso en el cual la organización define sus esfuerzos, 

los mide y entonces declara su éxito basándose en los imperativos que la propia organización ha definido). Este modelo se centra en los medios y no en los 

fines (Goldstein 1979, 1990), midiendo el esfuerzo y no los resultados. 

Cuadro 1. Comparación de varios modelos de policía: 

relaciones con la comunidad y componentes estructurales 

Relaciones con la Policia tradicional Policía de proximi- Policía orientada a Policía de tolerancomunidad o di- dad la solución de pro- cia cero 

mensión estructural blemas 

Objetivo Aplicación de la ley Capacitación de la Ley, orden y senti- Problemas de orden 

comunidad a través miento de inseguride la prevención del dad 

delito 

Formas de inter- Reactiva, basada en Proactiva, basada en Combinado, Derecho Proactiva, uso del 

vención el Derecho Penal el Derecho Civil, Pe- Penal, Civil y Admi- Derecho Penal, Civil 

nal y Administrativo nistrativo y Administrativo 

Abanico de activi- Estrecho, centrado Amplio, centrado en Estrecho o amplio- Estrecho. Centrado 

dades policiales en el delito el delito, desorden y centrado en los pro- en la localización y el 

calidad de vida blemas comportamiento 

Nivel de discreción Alto y controlable 

de los agentes de 

policía (escala 

básica) 

Alto y controlable por Alto y controlable prin- Bajo, y principalmenla comunidad y por cipalmente por la Ad- te controlable por la 

los mandos locales ministración policial Administración policial 

Énfasis de la cultu- Hacia el interior, re- Hacia fuera, creando Combinado, depen- Hacia la propia orgara policial chazando la comuni- lazos de colabora- diendo del problema nización, centrado 

dad ción en la comunidad pero centrado en el en atajar el centro 

análisis del problema 

Esto incluye asesinato, robo agravado, violación, lesiones, robos, robos de coches, allanamiento de morada e incendio provocado. 

1 
362 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Proceso de toma de Dirigido por la poli- Colaboración entre Variado. La policía Dirigido por la polidecisión cía, reduciendo la la policía y la comu- identifica los proble- cía. Se colabora con 

par ticipación de nidad. Responsabili- mas pero implica a la otras agencias cuanotros dad y evaluación comunidad en la ac- do es necesario. 

conjunta tuación 

Dirección de la De arriba abajo: de la Horizontal entre poli- Horizontal entre poli- De arriba abajo: de la 

comunicación policía a la comuni- cía y comunidad cía y comunidad policía a la comunidad dad 

Implicación con la Baja y pasiva Alta y activa Mixta, dependiendo Baja y pasiva

comunidad del problema

Lazos con otras Pobres e intermiten- Participativos e inte- Participativos e inte- Moderado e intermiagencias tes grados en el proceso grados, dependiendo tente 

del problema 

Tipo de organiza- Mando y control cen- Descentralizado y en Descentralizado con Centralizado o desción y localización tralizados colaboración con la control por parte de la centralizado pero con 

del mando comunidad Administración central un objetivo interno 

del mando local 

Implicaciones para Pocas, organización Muchas, organiza- Variadas, centrada Pocas, limitadas interel desarrollo o estática en defensa ción dinámica cen- en la resolución del venciones centradas 

cambios del entorno trada en el entorno y problema pero dando en problemas concreorganizativos las interacciones con importancia a la inte- tos usando métodos 

el entorno ligencia y la estructu- tradicionales 

ra de la organización 

Medidas de éxito Detenciones e índi- Variadas, delitos, lla- Variados, problemas Detenciones, controces de criminalidad madas de ser vicio, resueltos, reducidos, les en el terreno, acpar ticularmente de reducción del miedo, desplazados. tividad, localización, 

delitos graves uso de lugares públi- reducción específica 

cos, contactos con la en actividades concomunidad y barrios cretas 

seguros 

Policía de proximidad 

La policía de proximidad, la cual surge de las usuales críticas hacia la policía tradicional, busca equilibrar el papel del ambiente y de la organización de 

la policía, persiguiendo un amplio abanico de resultados basados en la comunidad. Los elementos centrales y comunes a los programas de policía de proximidad son: la redefinición del papel de la policía con el fin de incrementar las actividades de prevención del crimen, una mayor reciprocidad en las relaciones 

entre la comunidad y la policía, la descentralización de los servicios policiales 

y de los mandos y, de alguna forma, «civilizar» la policía (Skolnick y Bayley, 

1986). Cada uno de estos cambios se concibe como una condición necesaria para 

adquirir una mayor responsabilidad hacia la comunidad. Al mismo tiempo, cumpliendo estos requisitos se puede lograr una policía más eficaz y eficiente. 

La policía de proximidad también ha ampliado los objetivos de la policía 

para incluir cuestiones como la seguridad pública, el delito, el miedo al delito 

y la calidad de vida de la comunidad. Este sistema involucra a las comunidades 

no sólo en dichos objetivos o en las intervenciones policiales, sino también en 

la evaluación de los mismos. 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 363 

Gran parte de la literatura sobre policía de proximidad se centra en la capacidad de desarrollar la colaboración ciudadana, por ejemplo, conseguir y mantener un colaborador o crear socios comunitarios para trabajar con la policía en 

asuntos como el delito y el desorden en el vecindario. Como Mastrofski, Worden 

y Snipes (1995, 540) observaron: 

«[C]onstruir comunidad» tiene como finalidad la prevención del delito, ayudar a 

las víctimas y mejorar las relaciones con las minorías raciales. La policía fortalece 

la capacidad y resolución de los ciudadanos para resistir el delito y recuperarse de 

él. Esto requiere relaciones positivas con los residentes que se preocupan por el barrio. La prevención del delito y la asistencia a la víctima no implican una aplicación directa de la ley. Los programas de policía de proximidad que se concentran 

en la colaboración ciudadana restan protagonismo a las actividades de aplicación 

de la ley». 

Estos esfuerzos deben implicar activamente a la comunidad en una discusión abierta y directa sobre la vida dentro de la comunidad y el papel de la policía y la comunidad en el establecimiento del orden local. Sin embargo, estos 

esfuerzos dependen, en gran medida, de la apertura, tanto de la policía como de 

la comunidad, así como de la voluntad de la comunidad en implicarse en lo que 

normalmente son esfuerzos voluntarios a gran escala (véase Bayley 1994; Bayley 

y Shearing 1996). El Town watch (vigilancia ciudadana), por ejemplo, es una 

iniciativa voluntaria y masiva de la comunidad realizada a partir del compromiso 

de los vecinos de un vecindario determinado. Desde la perspectiva policial, estas iniciativas requieren una comunicación horizontal entre la comunidad y la 

policía y una retroalimentación permanente entre ellas sobre las condiciones de 

la comunidad y la eficacia de las intervenciones policiales. 

La asociación (el partenariado) es el lema de la policía de proximidad. En 

prácticamente todas las discusiones sobre este estilo de policía se sostiene que 

la policía debe asociarse con la comunidad y otras agencias públicas y privadas 

que sirven a la comunidad local y que tienen algún impacto en la calidad de vida 

de la comunidad. Como Skolnick y Bayley (1986, 5) dicen, «[L]a policía de 

proximidad necesita para su existencia la implantación de nuevos programas que 

incrementen el nivel de participación pública en el mantenimiento del orden». 

Aumentando esta participación, policía y ciudadanos están cooperando en la 

creación de la seguridad pública. 

Además de la apertura externa que implica la policía de proximidad, este 

modelo de policía une control social formal e informal de manera importante. 

La cultura policial cambia de su forma clásica orientada hacia el interior a una 
364 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

nueva forma donde se integran factores externos como pueden ser las comunidades, los individuos y otras agencias gubernamentales. Además, este modelo 

implica que los objetivos policiales se amplían sustancialmente del control del 

crimen a objetivos tales como reducir el miedo al delito, mejorar las relaciones 

sociales y el orden social y mejorar la calidad de vida, por ejemplo, favoreciendo el sentimiento de bienestar entre la gente en un vecindario o lugar de negocios determinado. Estas son amplias funciones para la policía que requieren una 

serie de habilidades policiales distintas, en especial de interacción y comunicación. 

Las repercusiones de las iniciativas y objetivos de la policía de proximidad 

han cambiado la finalidad y los medios de la policía. Desde el punto de vista de 

los medios, la policía debe aceptar una amplia gama de herramientas que van más 

allá del uso exclusivo de la legislación penal. El uso de la legislación civil y administrativa, por ejemplo, se ve como un modo de ampliar la capacidad policial 

y de la comunidad para intervenir en el orden local y en los problemas criminales. Hoy en día, la policía utiliza el proceso civil para mitigar un perjuicio y otros 

procedimientos de la jurisdicción civil para lograr el cumplimiento de negocios 

irregulares (bares normalmente), así como de los propietarios que no seleccionan ni controlan a sus inquilinos (especialmente los que trafican con drogas). 

Estas intervenciones amplían significativamente el alcance de la policía, 

incluso dándole más discrecionalidad. Al mismo tiempo, bajo las normas de la 

policía de proximidad se espera que la policía se constituya como referencia para 

un orden más amplio de servicios sociales y a la comunidad, creados para influir en los problemas de la misma. De hecho, en muchas ocasiones se considera que el papel de la policía ha cambiado desde el instrumento gubernamental 

que era en un primer momento hacia un instrumento de diagnóstico social y de 

movilización comunitaria. Estas asociaciones con agencias de servicios sociales ajenas a la policía incrementan la responsabilidad de los problemas sociales 

y unen diferentes proveedores de servicios en un esfuerzo conjunto para trabajar por la seguridad de la población. Al mismo tiempo, estas relaciones con la 

comunidad se anticipan para ayudar a limitar y estructurar el uso de la discreción policial (véase Mastrofski y Greene 1993). 

Desde la perspectiva de la organización y el sistema de provisión de servicios, la policía de proximidad supone una forma de conseguir que las agencias 

policiales sean menos burocráticas, especializadas y jerárquicas. En la calle, los 

policías son considerados como generalistas y no como especialistas, un sello 

distintivo de la organización industrial con la que se organizan los sistemas 

policiales. La gestión descentralizada y la provisión del servicio son las piedras 

angulares del movimiento de policía de proximidad, bajo el argumento de que 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 365 

la estructura de la policía tradicional inhibe en gran medida la capacidad de la 

policía para ofrecer un servicio efectivo y eficiente a una clientela visible y activa. La organización policial en un modelo de policía de proximidad se considera dinámica, implicada activamente con el entorno y capaz de crear papeles 

que rompan los límites tradicionales, asociando la organización con su función 

inmediata en el medio en el que se encuentra, además de otros ambientes sociales, culturales y económicos. 

Evaluar el éxito dentro del marco de la policía de proximidad requiere que, 

por un lado, la policía recoja mucha más información sobre las comunidades, 

el control social, las dinámicas locales y, por otro, que una esfuerzos para conseguir la estabilidad social y la colaboración ciudadana. Muchas veces, esto cambia la evaluación de las actividades policiales de una evaluación a través de los 

delitos denunciados a otra basada en las llamadas a la policía, una medida pensada para reflejar mejor el abanico de problemas a los que se enfrenta la comunidad (véase Greene y Klockars 1991). Asimismo, la evaluación del bienestar 

de una comunidad debería incluir también indicadores como la disposición de 

la gente a utilizar los lugares públicos, la existencia de voluntariado social, el 

establecimiento de nuevos negocios, el hecho de si la propiedad de inmuebles 

aumenta o disminuye, las mejoras inmobiliarias en los vecindarios (una medida indirecta de confianza de los propietarios en dichos vecindarios) y la percepción de los ciudadanos acerca de la seguridad y la policía. 

La policía orientada a la solución de problemas 

Mientras la policía de proximidad tiene un amplio mandato de desarrollo de 

la comunidad, la policía orientada a la solución de problemas está más centrada, como su nombre indica, en el problema específico. La idea central de la policía orientada a la solución de problemas es hacer a la policía más consciente 

de los problemas a los que se enfrenta y sus métodos de intervención. En resumen, la policía debe ser más analítica. Como Eck (1993,63) indica «bajo el enfoque de la policía orientada a la solución de problemas, el problema, no la ley 

penal, se convierte en la característica que define la función policial». La policía orientada a la solución de problemas nace de la preocupación ante una policía centrada en los medios (modelo tradicional) y no en los fines, y más concretamente en el efecto de sus intervenciones (véase Goldstein 1990). 

2 SARA son las siglas en inglés de las cuatro etapas que sigue este modelo de solución de 

problemas: scanning, analysis, response y assessment. (N de la T.) 
366 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

La policía orientada a la solución de problemas busca formalizar una metodología policial para luchar contra delitos y problemas de desorden y miedo 

persistentes en la comunidad. En este sentido, el modelo SARA 2 (búsqueda, 

análisis, respuesta, evaluación) de resolución de problemas ha logrado captar una 

enorme atención. Utilizando este método SARA, la policía busca los problemas 

en la comunidad, analiza las dinámicas de estos problemas de manera concienzuda y sistemática, diseña una respuesta adecuada al problema definido y analizado, y de ese modo evalúa el efecto de la respuesta al problema identificado. 

La policía orientada a la solución de problemas se solapa en cierta manera 

con la policía de proximidad en cuanto a la implicación de la comunidad a la 

hora de definir los problemas y discutir las intervenciones. Y, al contrario que 

la policía tradicional, la policía orientada a la solución de problemas también 

hace las decisiones y acciones policiales más transparentes tanto para los ciudadanos como para sus propios supervisores. 

Eck (1993) sugiere que la policía orientada a la solución de problemas puede 

resultar en dos modelos distintos. El primero, tal y como concibió Goldstein 

(1990), implica un análisis cuidadoso del problema, la búsqueda de soluciones 

que puedan aplicarse a ese problema, la puesta en práctica de una solución y la 

evaluación del impacto de la intervención. Éste se ha convertido en el modelo 

para la policía orientada a la solución de problemas. El segundo enfoque es menos exigente y probablemente más frecuente. En lo que Eck (1993) llama aplicación de la policía orientada a la solución de problemas, la policía reduce el 

análisis y aplica métodos tradicionales de respuesta. Las patrullas tácticas y dirigidas ilustran este enfoque (véase Eck 1993, 68), que, por supuesto, corre el 

riesgo de que los problemas se definan de una manera limitada y se enfoquen 

desde métodos policiales tradicionales (véase «policía de tolerancia cero»). 

La policía orientada a la solución de problemas tiene importantes 

implicaciones sobre la actuación de la policía en la comunidad, cómo organiza y 

supervisa el trabajo policial, y cómo la agencia policial se estructura en este modelo. Dado que la solución de problemas se concibe como una actividad para un 

agente de policía o un grupo de ellos, el mandato centralizado y los sistemas de 

control deben dar prioridad a la creatividad y a la discreción policial. La finalidad 

en este enfoque para la organización policial es facilitar y no controlar las acciones de los agentes policiales en el terreno. Por supuesto, esto requiere que el personal de mando supervisor, medio y superior comparta poder con los agentes de 

policía de base, que son los que resuelven los problemas en el vecindario. 

Además, bajo las normas ya adelantadas de la policía orientada a la solución de problemas, la organización debe incrementar su inteligencia organizativa, 

es decir, la comprensión del funcionamiento de las intervenciones policiales, bajo 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 367 

qué circunstancias, con qué esfuerzo, y por cuánto tiempo. Esto requiere que el 

departamento de policía evalúe las intervenciones con detenimiento, catalogue 

el impacto y la efectividad de las intervenciones, y revise su conocimiento sobre las intervenciones actuales y futuras, ya que la experiencia aumenta con las 

mismas. La policía orientada a la solución de problemas, en lugar de ejercer el 

control y el mando, debe aprender y diagnosticar su propia tecnología para convertir los esfuerzos policiales en resultados para la comunidad. 

La discreción policial, aunque razonablemente alta según este enfoque, es 

controlada hasta el punto de que los problemas deben ser identificados, analizados y resueltos. Para hacer esto se requiere una considerable comunicación 

sobre problemas y respuestas dentro y fuera del departamento policial. Este proceso consigue que las decisiones sean visibles a la comunidad y en particular a 

los mandos policiales que supervisan el asesoramiento del problema y el proceso de implantación de la respuesta. 

La medida de éxito de la resolución de problemas, tal y como dice el primer principio de Sir Robert Peel 3 es la ausencia de problemas, o más bien, impedir que éstos se repitan. Además, este enfoque reconoce que algunos problemas no pueden ser resueltos en su totalidad, pero su repetición o consecuencias 

sí pueden reducirse de forma significativa. Con estas acciones, la policía puede 

medir el alcance del impacto que ha logrado sobre el problema al que se dirige. 

Otra preocupación que crea este enfoque es hasta qué punto la policía desplaza 

el crimen, tanto espacial como temporalmente. 

Policía de tolerancia cero 

En los últimos años, la policía estadounidense ha sido testigo de otro estilo 

emergente de policía: la tolerancia cero. Algunos argumentan que este estilo 

policial es, de hecho, el resultado de malinterpretar y poner en práctica de manera errónea los modelos de policía de proximidad o policía orientada a la solución de problemas (véase Rosenbaum, Lurigio y Davis 1998, 192-194). Otros 

argumentan que la tolerancia cero es la aplicación al máximo de la policía de 

proximidad y la policía orientada a la solución de problemas. William Bratton 

defendió esta postura mientras ejercía de Jefe de Policía en la ciudad de Nueva 

York. La tolerancia cero tuvo su mayor impacto a principios de los años 1990 

3 Sir Robert Peel, conocido fundador de la policía organizada en Inglaterra a principios de 

1800, apuntó como principio primordial de la policía que las agencias policiales debían juzgarse 

en primer lugar por la ausencia del delito. 
368 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

en Nueva York, cuando la policía adoptó en esta ciudad algunas tácticas agresivas en la calle y el delito descendió en la ciudad y por todo el país. Como resumía Bratton: 

«[R]educe el desorden y conseguirás reducir el delito. La estrategia consiste en 

mandar un fuerte mensaje a aquéllos que cometen delitos menores, advirtiéndoles 

de que serán responsables de sus actos. El mensaje es el siguiente: comportaos bien 

en los lugares públicos o la policía actuará. La policía también os controlará para 

asegurarse de que no creáis problemas crónicos o estáis buscados por otros delitos 

más serios. La policía también os preguntará sobre lo que sabéis sobre el crimen en 

vuestro vecindario» 4 (énfasis en el original). 

La policía de tolerancia cero puede ser considerada como una variante de 

la policía orientada a la solución de problemas y puede reflejar la aplicación más 

frecuente, según Eck, de la policía orientada en torno a la solución de problemas. Quizás la discusión inicial que alimentó el debate sobre cambiar la policía de orientación tradicional fue la teoría de los cristales rotos elaborada por 

Wilson y Kelling (1982). Esta teoría consideraba que los crímenes más graves 

eran el resultado del decaimiento progresivo del vecindario y de la falta de atención policial ante los pequeños problemas, antes de que se conviertan en más 

graves. Se produce así un ciclo de decaimiento (Skogan 1990) en aquellos lugares en los que los vecindarios entran en un continuo deterioro, en parte porque aumentan los comportamientos sociales y físicamente incívicos. 

En este modelo, la policía debe atacar los problemas de orden de la comunidad con la esperanza de que este enfoque disuada y, si no, detecte comportamientos 

delictivos más graves. El mantenimiento del orden a través de métodos agresivos 

es la finalidad de este enfoque (Williams y Pate 1987; Sykes 1986; Reiss 1985; 

Kelling 1985; Kelling y Coles 1996). Este argumento está basado en un modelo 

disuasorio en el que la policía se despliega para afrontar muchos de los problemas 

que preocupan a la sociedad, particularmente en los lugares públicos. Estos comportamientos, de acuerdo con la teoría de los cristales rotos, son precursores de 

una delincuencia más grave. La petición agresiva de limosna (en especial en lugares como el metro), la prostitución callejera, el consumo de drogas, el escándalo 

público y actos similares son los objetivos de este enfoque. El objetivo es casi exclusivamente el mantenimiento del orden: lograr la percepción y la realidad de un 

comportamiento ordenado en los espacios públicos. 

4 Citado en la portada de Kelling y Coles 1996. 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 369 

El concepto de los cristales rotos podría abordarse desde al menos dos posibles orientaciones: una dirigida a la colaboración ciudadana en las comunidades y otra dirigida a las acciones agresivas de la policía. Estas opciones se encuentran continuamente en el debate sobre la policía estadounidense, es decir, 

si la policía debe orientarse a los modelos de prevención de la criminalidad asociados con la policía de proximidad y con la policía orientada a los problemas 

o si, por el contrario, debe orientarse más al modelo de lucha contra el delito, 

muchas veces asociado con modelos de policía tradicional o de tolerancia cero. 

Bajo el paraguas de la policía de proximidad, las intervenciones se centran 

en problemas más amplios que el delito y en cuestiones asociadas al delito como 

los problemas de desorden de la comunidad, la prevención del desorden mediante 

la organización de la comunidad, el contacto con los delincuentes (especialmente 

en los delitos menores) y la transformación del entorno físico en el que los delitos se cometen. De hecho, este es el modelo que se usa en muchos países para 

la prevención del delito en las comunidades. Como sugiere Hope (1995, 21): 

«[L]a prevención del delito en la comunidad se refiere a acciones que pretenden 

cambiar las condiciones sociales que son la base del delito en los barrios residenciales». Estos esfuerzos normalmente reúnen el apoyo de las instituciones 

sociales locales para abordar conjuntamente los problemas de delito y de desorden. Así pues, la prevención del delito en la comunidad busca integrar estos 

esfuerzos en la estructura social local. Esto, por supuesto, es la filosofía subyacente de la policía de proximidad, anteriormente expuesta. 

En muchas ocasiones, sin embargo, las instituciones sociales de la comunidad son frágiles y no son capaces de implicarse en acciones de prevención. Y, 

aunque se puede considerar que siempre existe una comunidad, el nivel de organización social de la comunidad puede convertirla en incapaz de trabajar con 

la policía o con otras agencias gubernamentales (véase Greene y Taylor 1988). 

Bajo estas circunstancias, en lugar de centrarse en la capacidad constructiva y 

la prevención del delito en la comunidad, un modelo de policía «dura» (Wilson 

y Kelling 1982) ha surgido en muchas ciudades. 

Animados por la preocupación de que se considere a la policía de proximidad blanda con el delito y de que crezcan las criticas públicas acerca de que los 

alborotadores (por ejemplo, las personas que limpian los parabrisas en semáforos y cruces para luego requerir dinero a cambio) interfieran con el quehacer 

diario, los departamentos de policía de todo el país se han centrado en eliminar 

los signos de actos incívicos que se producen en las calles estadounidenses, en 

muchos casos de forma muy coercitiva. 

La policía de tolerancia cero tiene sus raíces en el aspecto represor de la 

policía. En cierto modo, la policía vuelve hacia un estado más tradicional res­
370 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

pecto a la aplicación de la ley, iniciativa que ha sido directamente apoyada por 

muchos departamentos de policía a lo largo de Estados Unidos. Esto tiene 

implicaciones importantes para la policía en la movilización de comunidades, 

una de las características centrales de la policía de proximidad y de la policía 

orientada a la solución de problemas. Como dice Klockars (1985, 319): 

«La policía puede imponer el orden “por las bravas”, pero la aprobación de este 

comportamiento debe basarse en la idea de que la gente a la que busca controlar la 

policía por este medio no merece o no puede comprender mejor trato. Esta línea de 

razonamiento es apenas plausible cuando aquéllos que reciben los golpes son siempre los marginados, borrachos, prostitutas callejeras, mendigos o pandillas juveniles, pero pasa a ser sumamente ofensiva cuando nos damos cuenta de que las tareas 

de mantenimiento del orden de los agentes de policía modernos les hacen dirigir, 

controlar y disciplinar personas de todo tipo, incluyéndonos a nosotros» (énfasis 

añadido). 

La policía de tolerancia cero se ha relacionado recientemente con intervenciones, delitos y análisis situacionales en lugares específicos por parte de la policía. El análisis de focos de delincuencia sugiere que un reducido número de 

zonas en cualquier ciudad particular representa la mayoría de los delitos y desórdenes que se producen. A través del uso de técnicas sofisticadas de cartografía de delitos, estas zonas se hacen visibles para la policía y para la comunidad. 

A menudo, estos lugares se ven entonces sometidos a tácticas policiales agresivas que intentan eliminar esos focos de delincuencia. Estas técnicas se han centrado fundamentalmente en los robos callejeros y el tráfico de drogas, así como 

en el despliegue de actividades de mantenimiento del orden. 

La preocupación por el orden como aspecto central de la policía de tolerancia cero centra la atención policial en las causas próximas a los problemas, principalmente la gente o los lugares que pueden provocar el desorden. Pero como 

indica Skolnick (1994), el orden sin ley es un problema en una sociedad democrática: 

«El concepto de “orden” refleja ideas sobre cómo los ciudadanos deben comportarse. Estas ideas, enraizadas profunda y punitivamente en la legislación penal, generan condenas por mal comportamiento que van desde la pena de muerte por homicidio a años de prisión por una gran variedad de delitos. El derecho procesal 

establece límites sobre lo que los fiscales y policías pueden hacer al aplicar la ley 

sustantiva. Dado que tanto el “orden” como la “ley”, fondo y forma, son aspiraciones vitales pero conflictivas entre sí, su conflicto inherente impone un dilema fundamental e imperecedero para mantener el orden en una sociedad democrática». 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 371 

Bajo el enfoque de la tolerancia cero, la demanda de orden puede conllevar 

un deterioro de la ley, particularmente en cuanto a la falta de legitimidad de la 

policía. Además, existe la preocupación de que la legitimidad normativa de la 

policía, especialmente en barrios de minorías étnicas, puede ser socavada cuando 

la policía se percibe como una fuerza punitiva en la sociedad. 

Los sucesos recientes en Nueva York en los que se produjeron asaltos 

policiales a personas pertenecientes a minorías, y la tortura a un inmigrante 

haitiano han arrojado dudas sobre la eficacia de la policía de tolerancia cero, en 

especial, en lo referente al mantenimiento de la seguridad de las comunidades 

étnicas. Se han observado hechos similares en distintas ciudades estadounidenses y, en la mayoría de ellos, los hechos se han desencadenado debido a tácticas policiales agresivas, no muy distintas de las aplicadas en las revueltas urbanas que la Comisión Kerner documentó en los años 1960. Estas acciones revelan 

la delicada relación entre la policía y aquéllos a quienes protege. Como afirman 

Rosenbaum, Lurigio y Davis (1998,192): 

«Las minorías pobres son las que más demandan actuaciones policiales agresivas 

cuando se produce una violación de los derechos civiles, pero también son las que 

más se quejan por ello y, como consecuencia, rechazan la institución policial. Por 

lo tanto, la actuación policial no es únicamente una cuestión de opción entre sí o 

no. Requiere una planificación cuidadosa, el consentimiento de los ciudadanos, una 

relación sólida de trabajo construida en la confianza, un papel activo de la comunidad, cuando es posible, y un concienzudo ejercicio de la discreción policial». 

Muchos de los esfuerzos en organizar comunidades descansan en la buena 

voluntad de la comunidad a la hora de participar en actividades de colaboración 

y esfuerzos en la prevención del delito. Reunir voluntarios de la comunidad para 

iniciativas policiales que van desde la limpieza a la vigilancia del vecindario requiere confianza y una comunicación abierta (para una revisión de la implicación de los ciudadanos en la prevención del delito véase Rosenbaum, Lurigio y 

Davis 1998, 17-58, 171-230; Friedman 1994). La policía de tolerancia cero, al 

mismo tiempo que satisface intereses a corto plazo en el mantenimiento del orden, puede convertir la relación entre policía y comunidad en conflictiva. Además, la policía de tolerancia cero puede hacer a la comunidad adquirir un papel 

pasivo en el mantenimiento del orden, en favor de un papel más agresivo y activo de la policía. Esto se produce también en la relación de la policía con otras 

agencias, aunque las agencias que pueden tener un impacto más represivo en la 

comunidad, como la revocación de la licencia de un bar, se encuentran aliadas 

con los proponentes de tolerancia cero. 
372 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Desde el punto de vista organizativo, la policía de tolerancia cero ha originado una bifurcación general de los departamentos policiales a través, una vez 

más, de líneas de especialización. Por un lado, muchos departamentos policiales 

han perseguido públicamente enfoques de proximidad y de policía orientada a 

la solución de problemas como forma de ganar mayor apoyo social y, en cierto 

modo, como forma de implicación en los asuntos de la seguridad ciudadana. Esto 

ha provocado un especial énfasis en la policía de proximidad y la orientada a la 

solución de problemas, que en muchas ocasiones es visible para el público. Quizás menos visible es una tendencia más sutil en la policía estadounidense: la 

militarización de la policía y el equipamiento de unidades especiales tácticas en 

la calle que están activamente implicadas en «el control férreo». El «guante de 

terciopelo» de la policía de proximidad frecuentemente esconde el «puño de hierro» de estas unidades de intervención y de delitos callejeros, las cuales están 

muchas veces organizadas como las unidades militares de combate de élite. 

Evaluar el éxito desde las normas de la policía de tolerancia cero tiene sus 

orígenes en la solución de problemas, aunque en muchos casos se mida la eficacia teniendo en cuenta cuestiones como las retenciones a los peatones o coches y otro tipo de comportamientos (mayormente negativos) que ocurren en 

lugares determinados. Estas medidas pueden crear la expresión tautológica de 

eficacia definiendo esfuerzos como éxitos y luego midiéndolos como resultados. 

ENTENDER LAS INTERVENCIONES DE POLICÍA DE PROXIMIDAD 

Para entender mejor cómo funcionan la policía de proximidad y la policía 

orientada a la solución de problemas, tanto en lo referente a intervenciones 

policiales en la comunidad como en cuanto medios para afinar y cambiar las 

organizaciones policiales, es importante contemplarlas como una serie de intervenciones con diferentes repercusiones. En teoría, estas intervenciones ocurren 

a distintos niveles, supuestamente producen efectos en la comunidad, en la organización policial, en la naturaleza del trabajo policial (incluyendo el arraigo 

del agente de policía en su comunidad), en los valores de prevención del crimen 

y en un conjunto más amplio de ideales de servicio a la comunidad. 

Al hacer más claros y explícitos los niveles de intervención y los cambios, incluyendo los resultados anticipados de la policía de proximidad, se 

ponen las bases para la construcción de sistemas efectivos de control y evaluación para evaluar si la policía de proximidad y la policía orientada a la 

solución de problemas son sustantivas o retóricas. Esta comprensión puede 

mejorar sustancialmente los esfuerzos para implantar y evaluar en el futuro 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 373 

las iniciativas de policía de proximidad y de policía orientada a la solución 

de problemas. 

En este punto vamos a considerar el conjunto de resultados que se espera 

de la policía de proximidad. La policía de proximidad puede ser contemplada 

como parte de un conjunto causal de relaciones que se prevé que tenga efectos 

distintos a los asociados a la policía tradicional. Se espera que la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas, objeto de análisis de este 

artículo, tengan efectos de forma significativa y predecible sobre la comunidad, 

sobre los departamentos de policía, sobre los grupos de trabajo policiales y sobre los agentes de policía. Aunque es imposible trazar todas las conexiones 

causales asociadas con la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas, a continuación se examinan de forma breve cuatro niveles 

de intervención. 

A nivel ambiental, las intervenciones de la policía de proximidad y de la 

policía orientada a la solución de problemas buscan implicar a la policía y a la 

comunidad en una relación de cooperación para el desarrollo de la seguridad 

pública. La policía tiene que buscar la creación de asociaciones más amplias con 

organizaciones y grupos externos. También se pretende que centre su atención 

en capacitar a la comunidad y en la prevención del delito. Movilizando a la comunidad y fijándose en los problemas delictivos, de desorden, y del miedo al 

delito concretos e identificables, se anticipa que la comunidad puede volverse 

más resistente al delito, lográndose una mayor eficacia comunitaria y, a cambio, 

viéndose menos afectada por el delito y el desorden. Estos esfuerzos buscan estabilizar los barrios, incrementar la cooperación y los lazos con la comunidad y 

así aumentar la capacidad de los barrios para tratar situaciones conflictivas y, por 

último, fortalecer la cohesión del barrio. Estas afirmaciones se basan en la premisa de que los barrios cohesionados resisten mejor al delito. Dichas intervenciones, correctamente puestas en práctica, consiguen reducir el miedo al crimen, 

incrementar el uso del espacio público por parte de los vecinos, reducir el desorden en el barrio y, por último, reducir el delito y la victimación en los barrios. 

A nivel organizativo, las intervenciones de policía de proximidad afectan a 

distintas cuestiones de los departamentos de policía. En primer lugar, a la tecnología de la policía (por ejemplo, el modo en que el departamento convierte las 

inversiones en resultados). Esto incluye cómo (o si) el departamento actualmente 

define y resuelve problemas y cómo valora los resultados. Las intervenciones de 

policía de proximidad están también asociadas a la estructura del departamento 

(por ejemplo, el modo en que la organización divide el trabajo y diferencia sus 

partes) y cómo (o si) la estructura apoya las iniciativas de policía de proximidad. Esto incluye resultados relacionados con la cultura de la organización (sus 
374 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

valores, creencias, símbolos y presunciones que apoyan la vida organizativa), así 

como los sistemas de recursos humanos del departamento (mecanismos de selección, formación, recompensas y socialización del personal hacia los objetivos de la policía de proximidad). En este caso, se trata de inculcar en la organización un conjunto de valores y misiones que se traducen en acciones que 

incluyen a la comunidad para la prevención del delito y que valoran las intervenciones policiales bien fundamentadas y analíticas. 

Finalmente, los cambios asociados a la policía de proximidad afectan también 

a los procesos de evaluación de eficacia de las agencias policiales (los sistemas 

internos de la organización policial que captan, evalúan y diseminan información 

sobre el trabajo de la misma). Si la policía de proximidad desea convertirse en una 

intervención estratégica duradera (Kelling y Moore 1988; Moore y Stephens 1991) 

deberá confrontar algunos cambios organizativos, sobre todo si lo que pretende es 

reemplazar o modificar la estructura y la cultura de la policía tradicional. La razón de esto radica en la idea de que el modelo organizativo de la policía tradicional (con una autoridad, mando y control centralizados, que elabora reglas y políticas) realmente impedirá la habilidad de la agencia policial en hacer policía de 

proximidad o policía orientada a la solución de problemas. La policía, bajo las 

normas de la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas, debe ser más consciente de sus capacidades, menos especializada y con una 

organización más orientada a la comunidad. 

Además de las cuestiones relacionadas con la organización, la policía de 

proximidad debe afectar también a distintos aspectos asociados con los grupos 

de trabajo dentro de la organización policial, incluyendo el establecimiento y la 

comunicación clara de normas de rendimiento consistentes con los resultados de 

la policía de proximidad. Además de crear y comunicar normas de rendimiento 

de los grupos, la agencia de policía de proximidad debe especificar la composición del grupo en términos de conocimiento, habilidades y funciones de los grupos policiales que operen en la comunidad. De forma similar, la agencia policial busca mejorar la comunicación interpersonal y compartir la comunicación 

dentro de la agencia, especialmente a través de los grupos definidos bajo la filosofía y estructura de la policía de proximidad. 

Finalmente, si la policía de proximidad ha de convertirse en la vanguardia 

del cambio de las organizaciones policiales, deberá clarificar la definición de 

tareas entre los grupos de agentes de policía, incluyendo los inspectores. 

La policía de proximidad también tiene varias implicaciones en cuanto a los 

cambios a nivel individual dentro de las organizaciones policiales. En términos 

de resultados a nivel individual, la policía de proximidad anticipa cambios en 

la eficacia de los agentes policiales, principalmente a través de mecanismos de 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 375 

solución de problemas. Además, se considera que el rendimiento de los agentes policiales, la satisfacción laboral y el apego al trabajo mejoran a través del 

compromiso con iniciativas de policía de proximidad. Finalmente, las definiciones del papel de los agentes de policía son más amplias bajo la policía de proximidad. Estos resultados presumen una mayor identidad de tareas (y de consenso) entre los agentes; una mayor autonomía de los agentes en la toma de 

decisiones; un enriquecimiento y ampliación del trabajo; un aumento de la retroalimentación proporcionada a los agentes y un aumento en la profundidad y 

conjunto de habilidades para los que los policías están formados y que emplean 

como parte de su metodología de policía de proximidad. 

Respecto a la evaluación de los cambios tal como se integran en las actividades de la policía de proximidad, el Cuadro 2 presenta una revisión de estos 

niveles de intervención, sus cambios o dinámicas internas anticipadas, así como 

los correspondientes resultados de la policía de proximidad y la policía orienCuadro 2. Niveles de cambio de la policía de proximidad 

Nivel de intervención Cambios anticipados Resultados de la policía de proximidad 

Ambiental → Unión con → Reducción del delito/miedo 

organizaciones y grupos externos Barrios cohesionados 

Apoyo político y económico Incremento de la seguridad pública 

Define y mantiene un conjunto Mayor apoyo de los ciudadanos 

organizativo Reducción del riesgo o la violencia 

Solución de problemas de la comunidad 

Organizativos → Tecnología → Estructura 

Cambio en la circulación de la información 

Cultura Proceso de toma de decisiones (esRecursos humanos tratégico) 

Evaluación de eficacia Proceso de toma de decisiones (táctico) 

Formación mejorada 

Cambios en los símbolos y la cultura 

Mejora de las comunicaciones 

Revisión de las medidas de rendimiento 

Descentralización 

Generalización de roles 

Análisis mejorado 

Grupo → Normas de rendimiento → Composición del grupo 

Relaciones interpersonales 

Definición de tareas 

Cohesión del grupo 

Consenso en las tareas 

Decisiones de calidad 

Eficacia del grupo 

Individual → Identidad de tareas →

Autonomía 

Retroalimentación 

Habilidades 

Mejora de la eficacia de los agentes 

Mejora del rendimiento 

Mejora de la satisfacción con el trabajo 

Ampliación de la definición de funciones 

Mayor apego e inversión en el trabajo 
376 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

tada a la solución de problemas. Utilizando la conceptualización presentada en 

el Cuadro 2 podemos conocer el efecto de la policía de proximidad y la policía 

orientada a la solución de problemas en las comunidades, las organizaciones 

policiales, el trabajo policial y los agentes. Estos efectos pueden proporcionarnos una mejor comprensión sobre la capacidad de la policía de proximidad y la 

policía orientada a la solución de problemas para alcanzar sus objetivos. 

Efectos en la comunidad 

Recientemente, las comunidades se han convertido en objetivos más específicos y directos de las intervenciones de la justicia criminal, concretamente 

aquéllas asociadas con la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas. Unidas a un amplio movimiento de prevención del delito en 

la comunidad que empezó en los años 1960, las iniciativas actuales que implican interacción entre policía y ciudadanos intentan hacer a las comunidades más 

resistentes al crimen, primero movilizando la comunidad en su propia defensa 

(Hope 1995, 21-89) y, segundo, organizando a la comunidad para una mayor 

vigilancia de los lugares públicos. Esto otorga a la comunidad un papel de colaboración (Skolnick y Bayley 1986) en la prevención del delito mientras que 

al mismo tiempo se incrementa la vigilancia de la comunidad y la gestión de los 

lugares públicos, lo que constituye una piedra angular en el movimiento de prevención situacional del delito (véase Clarke 1995, 91-50; Felson 1986, 1987, 

1995). 

La policía de proximidad ha buscado desde el principio implicar a la comunidad en cuestiones de seguridad pública, al mismo tiempo que se construye y 

fortalece la capacidad de estas comunidades de resistir al delito. Por ejemplo, 

la operación Weed y Seed (desyerbar y sembrar) en Estados Unidos pretende 

crear una presencia policial visible y activa para tener impacto en barrios atemorizados (limpia) al mismo tiempo que capacita (siembra) estos mismos barrios para mantener los logros adquiridos (véase Roehl et al. 1995). El Proyecto de Armas de Boston (Boston Gun Project) (véase Kennedy 1998), más 

limitado o dirigido a intervenciones ante el delito, también perseguía estrategias 

duales. En este proyecto, la primera estrategia buscaba identificar jóvenes que 

tenían mayores probabilidades de usar armas en la resolución de disputas, mientras se movilizaban instituciones gubernamentales y sociales en distintos frentes, de manera coordinada y sistemática, para luchar contra estos problemas letales y serios de la comunidad. Los programas como Town Watch (vigilancia 

ciudadana) también son considerados actividades de capacitación, muchas ve­
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 377 

ces unidos a un incremento de la vigilancia en los espacios públicos (Rosenbaum 

1986, 1988; Rosenbaum, Lurigio y Davis 1998), aunque sus efectos son menos 

seguros. 

El mantenimiento del orden en las comunidades con cierto consenso sobre 

el mismo crea numerosas oportunidades de interacción para la policía y la comunidad. De hecho, en las comunidades con un alto nivel de organización social existe mayor capacidad y motivación de la comunidad para trabajar con la 

policía. «Cuanto mejor organizados están los medios existentes en una comunidad para dar a conocer las preferencias de los ciudadanos, más fácil es para 

la policía obtener la colaboración, gestionar la diversidad de puntos de vista del 

vecindario y movilizar a la comunidad para apoyar y asistir a los agentes de policía» (Mastrofski y Greene 1993, 89). Estas actividades se perfilan como un 

marco organizativo de creación de consenso entre las comunidades (véase Etzioni 

1993). La característica central de muchas iniciativas de la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas es preservar el orden (véase 

Moore 1992). 

Además de preservar el orden en un barrio específico, la policía de proximidad tiene como finalidad recontextualizar la policía, esto es, invertir esfuerzos para mejorar la relación entre policía y comunidad. Entre otras cosas, estos 

esfuerzos están pensados para mejorar el conocimiento local de los agentes y la 

aceptación de la comunidad, así como la participación y la evaluación de los 

servicios policiales. Esto se hace normalmente creando una mayor cercanía entre la policía y las instituciones locales sociales y económicas, construyendo 

alianzas más efectivas entre la policía y el público, e intentando resolver problemas de crimen y desorden complejos y persistentes (véase Kelling y Coles 

1996; Hope 1995). De forma acumulativa, se espera que estas iniciativas ayuden a estabilizar las comunidades, haciéndolas menos propensas al delito. 

En una evaluación de los efectos de la policía de proximidad y la policía 

orientada a la solución de problemas en la comunidad, Cordner (1998) considera 

que los resultados son normalmente mixtos. Algunos estudios presentan descensos en el delito, el miedo, el desorden y las llamadas a la policía. Sin embargo, 

dadas las limitaciones identificadas más de una década atrás por Greene y Taylor 

(1988) en el diseño y la investigación, gran parte de esta última es difícil de interpretar y generalizar. Existen, sin embargo, algunos resultados prometedores 

sobre los que se podrán realizar evaluaciones más rigurosas en el futuro. 

Los resultados acumulados en la reducción del miedo y los programas de 

patrulla a pie de los primeros años de la década de 1980 sugerían que los cambios en las estrategias policiales podían tener distintos efectos en la comunidad. 

En los estudios de Houston y Newark, por ejemplo, se dieron efectos modestos 
378 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

en la prevención del delito, aunque los programas parecían influir en las percepciones de la comunidad y el miedo al delito más de lo que lo hacía en el delito 

en sí mismo. Estos resultados proporcionaron el fundamento para diversos programas de policía de proximidad llevados a cabo desde la década de 1980. Estos programas incorporaron metodologías de investigación más sofisticadas y 

aplicaciones más observables sobre la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas, proporcionando así una fotografía más clara 

sobre sus efectos en los barrios. 

Los efectos en los barrios asociados con la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas son variados y complejos, ya que incluyen percepciones de seguridad de los residentes, miedo al delito, uso de espacios públicos, victimación actual, llamadas a la policía, denuncias, medidas 

de autoprotección y cohesión de la comunidad. Dada la variedad y complejidad 

de las medidas de resultados asociadas con la policía de proximidad, es difícil 

hacer comparaciones entre distintos lugares. 

Skogan (1994), en una evaluación de los efectos de la policía de proximidad en los residentes de un barrio examinó seis programas realizados en Oakland 

(California), Birmingham (Alabama), Baltimore (Madison), Wisconsin 

(Houston) y Newark (New Jersey). En dicho trabajo, Skogan (1994) evaluó los 

efectos sobre el miedo al delito, desorden, victimación, calidad de los servicios 

policiales y disponibilidad de drogas. Los resultados reflejaron que el mayor 

efecto se produjo sobre el miedo al delito, el cual descendió en cinco de las seis 

ciudades. En cambio, el desorden y la victimación sólo descendieron en tres de 

las seis ciudades. 

Las evaluaciones de la comunidad favorables a los servicios policiales permanecieron iguales o aumentaron en las comunidades afectadas por los programas de policía de proximidad y orientada a la solución de problemas, comparándolas con comunidades similares que no recibieron los servicios. En los 

lugares donde la disponibilidad de droga era una medida de impacto en la comunidad (Oakland), los programas de policía de proximidad produjeron un descenso en dicha disponibilidad en la comunidad. Skogan (1994, 180) concluyó: 

«Los resultados revisados sugieren que la policía de proximidad se está desarrollando a un ritmo titubeante. Existen muchos ejemplos de experimentos fallidos y ciudades donde el concepto ha fracasado. Por otro lado, también se ha constatado en 

muchos casos que los ciudadanos necesitan atención, que para ellos resulta muy 

importante poder mantener un contacto con la policía, y que agradecen tener la oportunidad de hacerlo. Cuando ven más policía paseando a pie o trabajando fuera de 

las comisarías se sienten menos inseguros. En los lugares en los que los agentes han 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 379 

desarrollado formas de cooperación permanentes con grupos de la comunidad y 

medidas de protección a desamparados, la gente ha sido testigo de una disminución 

de los niveles de desorden social y deterioro físico». 

Quizás el intento más sofisticado de evaluar la policía de proximidad ha sido 

el llevado a cabo hace algunos años en Chicago. En 1993, el departamento de 

Policía de Chicago lanzó un programa de proximidad llamado Estrategia Policial Alternativa en Chicago (Chicago ́s Alternative Policing Strategy, CAPS) que 

Skogan y sus colegas han estado evaluando durante algunos años (véase Skogan 

et al. 1995; Skogan y Hartnett 1997). 

Una evaluación reciente de los efectos de la policía de proximidad en 

Chicago, llevada a cabo por Skogan y Hartnett (1997), sugirió que estas iniciativas tuvieron un efecto significativo en los problemas de la comunidad y en la 

calidad de la vida comunitaria. Respecto a la respuesta policial a los problemas 

de la comunidad, las percepciones sobre la eficacia policial al tratar el delito y 

el miedo al delito en la comunidad, Skogan y Hartnett (p. 208) encontraron que: 

«Los residentes que observaron posteriormente a la policía en acción estaban más 

satisfechos con la respuesta policial a los problemas de la comunidad, pensaban que 

eran más efectivos a la hora de luchar contra el delito y se sentían más seguros. Los 

efectos aquí se referían al cambio en la percepción de los residentes respecto a la 

policía y sus creencias en que la policía realmente está intentando atender los problemas definidos de la comunidad». 

Respecto a la resolución del crimen y del desorden, Skogan y Hartnett (1997, 

235) establecen que «existían algunas pruebas de mejora de la calidad de vida 

de los residentes de cada área del programa». Se confirmaron las percepciones 

de que los delitos graves estaban descendiendo a través de encuestas a la comunidad, y una encuesta de victimación reveló descensos en determinados delitos 

en los vecindarios seleccionados. Estos descensos se referían a los robos en domicilios, robos de coches, violencia callejera y actividades relacionadas con la 

droga y con las pandillas. 

A pesar de este apoyo entusiasta a raíz de los efectos en la comunidad y de 

los resultados de la experiencia de Chicago, todavía es escasa la evidencia sostenida de efectos positivos en la comunidad. Sin embargo, el descenso general 

en el delito en los últimos años se atribuye en parte a las actividades policiales, 

muchas de ellas con el enfoque de proximidad o de resolución de problemas. 

Como dice Moore (1994, 294): 
380 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

«Casi nada es seguro sobre los efectos de los programas de policía de proximidad. 

Estos programas son tan variados que pasará mucho tiempo hasta que podamos decir 

algo definitivo sobre la totalidad de programas, los elementos individuales de los 

mismos y las características especiales de cada uno en particular. Y pasará obviamente mucho tiempo antes de que podamos decir cosas importantes sobre la estrategia de la policía de proximidad como opuesta a los programas operativos». 

La ausencia de efectos en la comunidad asociados a los programas de policía de proximidad está ampliamente relacionada con la gran variedad de programas de policía de proximidad y policía orientada a la solución de problemas 

existentes a lo largo de los Estados Unidos, unido a la tendencia a evaluar estos 

programas en un contexto de estudios de caso cualitativos. Como Rosenbaum y 

sus colegas (1998, 183-184) afirman: 

«Hasta ahora pocos proyectos de demostración planificados cuidadosamente se han 

asociado a evaluaciones cuantitativas de policía de proximidad bien diseñadas. Con 

algunas excepciones, la policía de proximidad se ha estudiado principalmente a través de métodos cualitativos. Los investigadores de la policía de proximidad han realizado estudios de procesos organizativos y actividades de solución de problemas 

y los han complementado en ocasiones con medidas cuantitativas de resultados». 

En la literatura sobre policía todavía no existen análisis sistemáticos de las 

intervenciones de la policía de proximidad y de la policía orientada a la solución de problemas. A pesar de los mil millones de dólares federales que fueron 

distribuidos entre los departamentos de policía para desarrollar el modelo de 

policía de proximidad en los últimos cinco años, existe escasa relación sistemática entre estos esfuerzos y la capacitación de la comunidad o la prevención del 

delito. El descendente índice de criminalidad en Estados Unidos se considera 

relacionado con estas actividades, pero hasta la fecha se desconocen las dinámicas de estas relaciones. 

Los efectos en las organizaciones policiales 

Una de las promesas de la policía de proximidad es que iba a convertir las 

agencias policiales en más amables y educadas hacia el público y hacia sus empleados. Las críticas a la burocracia policial, en especial bajo el modelo tradicional de policía, se centran en que ha alejado a los productores de los consumidores de servicios policiales. Este alejamiento crea una gran tensión entre la 

policía y aquéllos que son controlados por ella. Esta tensión crea una sospecha 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 381 

mutua sobre los intereses e intenciones de cada parte. Además, esta tensión 

imposibilita construir lazos de forma efectiva entre la policía y la comunidad en 

asuntos de seguridad pública, una característica central de la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas. 

Es necesario recordar que en la era de la reforma profesional de la policía 

se aseguraba que la policía necesitaba mantener una distancia profesional con 

la comunidad. Esta distancia era, en primer lugar, un medio de ganar control interno sobre la policía e incrementar su compromiso y adherencia a estándares 

profesionales (ampliamente definidos por los administradores de la policía) y, 

en segundo lugar, un medio de reducir las posibilidades de corrupción de la policía que surgían de su relación con los ciudadanos. Con el paso del tiempo, la 

distancia establecida intencionalmente entre policía y comunidad se agrandó. 

Parte del dilema organizativo de la policía bajo normas que enfatizan los 

modelos de proximidad y de resolución de problemas es unir las tácticas de los 

agentes a una filosofía y estrategia organizativa mayor. El modelo burocrático, 

profesional y centrado en el control adoptado por la policía como parte de sus 

primeras reformas no incluía estrategias y planes a largo plazo. Las estrategias 

presenciales de la policía han continuado estando dirigidas a la respuesta y a las 

tácticas policiales, y centradas en las expectativas de la comunidad sobre la policía como fuerza capaz de controlar la delincuencia (Crank y Langworthy 1992). 

Las implicaciones de la ausencia de objetivos estratégicos en los departamentos policiales son grandes. La ausencia de planes a largo plazo ha dejado a 

muchas agencias policiales a la deriva. Es decir, ante la ausencia de planes de 

futuro, muchas agencias se han centrado en cambios que implicaban un aumento 

de la disponibilidad y la distribución de recursos. Parte del problema organizativo 

a la hora de transformar un modelo de policía tradicional en un modelo de proximidad es la actual estructura y el sistema de provisión de servicios que tiene la 

policía. Por ejemplo, con frecuencia oímos a los jefes de policía decir que los 

servicios de policía de proximidad y orientada a la solución de problemas son 

más caros que los servicios tradicionales, o que estos servicios compiten actualmente con la agencia por los recursos y objetivos. Una visión alternativa es que 

el entorno de la policía ha cambiado y la organización policial necesitará cambiar para adaptarse a los cambios significativos de su entorno. 

En la lógica de los análisis de la organización, el entorno juega un papel 

importante (véase Thompson 1967). Para muchas organizaciones existen dos 

niveles en el entorno: el entorno general que abarca la organización como un todo 

y el entorno de las tareas individuales, el cual tiene influencia sobre las operaciones de la organización. En materia policial, el entorno general y el entorno 

de tareas han estado cambiando durante un periodo de tiempo considerable. Lo 
382 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

que es menos claro es la adaptación de los departamentos policiales a estos cambios del entorno (véase Zhao, 1996). 

La policía no opera de manera aislada y no puede divorciase de su entorno 

externo. Además, el entorno en el que la organización policial se encuentra hoy 

en día requiere un modelo de organización que enfatice la necesidad de un sistema abierto. 

Los cambios en el entorno externo de la policía han sido profundos durante 

los últimos treinta años, y han incluido finanzas municipales, apoyo del servicio 

y conocimientos de los consumidores. Cada uno de estos cambios ha empujado a 

las organizaciones policiales y a los administradores a ser más abiertos en sus políticas y en la toma de decisiones, y más responsables en cuanto a las necesidades de su clientela. Estas fuerzas externas también han presionado a las organizaciones policiales a ser más creativas y flexibles (véase Zhao 1996, 71-82). 

La escasez de recursos, el aumento de demanda y una mayor conciencia cívica se unieron en los años 1990 para convertir los planes estratégicos en una 

actividad necesaria dentro de los servicios públicos burocráticos, policía incluida. 

Todo esto, unido al aumento de las expectativas sobre participación en la colaboración para la seguridad pública, provoca que las comunidades estén deseosas de una mayor colaboración con la policía (Skolnick y Bayley 1986; Skogan 

1994; Friedman 1994). 

La ausencia de un énfasis estratégico también tiene implicaciones en los 

departamentos policiales. Sin una hoja de ruta sobre el camino a seguir es difícil para los gestores policiales reunir el apoyo de los agentes de la escala básica (primera línea), necesario para futuros cambios en los servicios policiales o 

estilos de interacción con los ciudadanos. Además, sin una dirección anunciada, aquéllos que no acepten estos esfuerzos son relativamente libres para continuar resistiendo pasivamente, y en algunos casos activamente, a estos cambios. 

Esta resistencia al cambio es el mayor obstáculo a la puesta en marcha de la 

policía de proximidad y la orientada a la solución de problemas. Esta resistencia viene de los agentes de la escala básica, los cuales pueden creer que la policía de proximidad y la orientada a la solución de problemas es débil frente al 

delito, no aceptan la prevención del delito frente al papel de combatir la criminalidad y se aferran a los sindicatos y a la legislación y procedimientos de los 

servicios civiles para controlar mejor su trabajo y el lugar de trabajo (Zhao, 

Thurman y He 1999). 

El distanciamiento de estos agentes de la escala básica también ha tenido 

lugar a lo largo de años de negligencia en el modelo policial tradicional. Sobre 

este punto se ha argumentado que las organizaciones policiales, durante años, 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 383 

han producido una clase de trabajadores alienados, que como consecuencia han 

frustrado intentos de cambio, pudiendo descargar estas frustraciones en los ciudadanos. Estas frustraciones provienen, en parte, de la complejidad del trabajo 

realizado y de los aspectos situacionales del trabajo policial y, en parte, de la 

desconfianza de estos agentes en la administración policial. Han adquirido esta 

desconfianza durante un período de años durante los cuales la administración 

central de las agencias de policía se ve muchas veces como punitiva e insolidaria 

ante una experiencia de campo compleja. Esto crea muchas veces la idea de que 

la administración central de la policía es simplemente una farsa (Gouldner 1954) 

en la que se invoca el castigo de manera selectiva y en la que raramente se da 

apoyo a los agentes. 

Desde muchos puntos de vista continúa habiendo un conflicto entre los departamentos de policía sobre la finalidad y la definición del trabajo policial. La 

cultura de los agentes de la escala básica continúa presionando en favor de la 

independencia policial y del papel de lucha contra la criminalidad de la policía, 

mientras el personal administrativo aplica ahora enfoques de sistemas abiertos, 

incluyendo la creación de acuerdos de colaboración y la resolución de problemas. Este enfrentamiento cultural está todavía por resolver en la policía estadounidense, a pesar de casi 15 años de insistencia en la policía de proximidad y la 

orientada a la solución de problemas. 

Además de las cuestiones relacionadas con la cultura profesional, la segmentación del trabajo policial (por ejemplo la descomposición del trabajo policial 

a la respuesta inicial, el seguimiento de la investigación criminal o de las intervenciones de otras unidades especiales, la preparación de casos, y el seguimiento 

de causas criminales) también contribuye a la alienación en el trabajo del agente de policía, ya que le aleja de la intención y las consecuencias de su trabajo. 

Basándose en reglas organizativas orientadas a la producción, como las de la 

industria, los agentes de la escala básica empiezan a perder de vista los objetivos generales de su trabajo, identificándose de manera más directa con los fines infraóptimos de su función particular. Cuando esto ocurre, se considera que 

la organización tiene problemas para mantener la motivación en el trabajo, así 

como la calidad de su producto. 

La policía de proximidad y la orientada a la solución de problemas puede 

verse desde la perspectiva de las estrategias de cambio organizativo. Al comienzo 

de cualquier cambio institucional, el simbolismo algunas veces sobrepasa el espíritu práctico (Edelman, 1977). Necesariamente, la retórica de la policía de 

proximidad precedió su llegada a la policía. Los estudios rigurosos sobre las innovaciones de la policía de proximidad fueron inicialmente escasos (Greene y 
384 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Taylor 1988), pero se han incrementado en los últimos (cinco) años. Aunque los 

estudios iniciales sobre la policía de proximidad se apoyaban en limitados estudios de casos para definir la complejidad y los efectos de las innovaciones del 

programa (por ejemplo, véase Eck y Spelman 1987; Trojanowicz y Bucqueroux 

1990), las investigaciones más recientes buscan entresacar la complejidad de 

estos esfuerzos en el escenario del mundo real (véase Skogan y Hartnett 1997). 

Hoy en día, nuestro conocimiento sobre cómo estos cambios están 

remodelando las organizaciones y la prestación del servicio policial es bastante 

limitado. Lo que sí es conocido es que la marcha de los cambios organizativos 

en la policía es extremadamente lenta y en ocasiones tortuosa. Además, algunos 

autores han identificado la organización policial como el primer obstáculo para 

mejorar los servicios policiales a la comunidad (para una revisión, véase 

Rosenbaum, Lurigio y Davis 1998, 183-190). 

Para los propósitos del presente trabajo, los cambios organizativos se pueden 

evaluar a distintos niveles. En primer lugar, podemos considerar si los departamentos policiales han adoptado efectivamente la policía de proximidad o la policía 

orientada a la solución de problemas como parte de su estrategia general. 

Adicionalmente, podemos examinar si la estructura de la policía está cambiando 

en algún aspecto fundamental que pueda estar asociado a la policía de proximidad u orientada a la solución de problemas. En tercer lugar, podemos evaluar brevemente si la naturaleza del trabajo policial está cambiando como resultado de 

adoptar estrategias de estos dos modelos policiales. Finalmente, podemos evaluar 

si la inteligencia de las agencias policiales (el modo de recoger la información y 

de tomar las decisiones) se ha modificado en los últimos años. 

Transformaciones en la estrategia y la estructura policial 

Muchos autores han comentado que los cambios en las organizaciones 

policiales son la característica central para asegurar la supervivencia a largo plazo 

de la policía de proximidad (véase Sparrow, Moore y Kennedy 1990; Moore 

1992; Trojanowicz y Bucqueroux 1990; Lurigio y Rosenbaum 1994). Estos cambios implican modificaciones en la filosofía de base de la policía, una ampliación del campo de acción policial y una reorientación de las operaciones 

policiales internas. 

A nivel filosófico, está claro que muchas agencias policiales han adoptado 

el lenguaje y el simbolismo de la policía de proximidad y la orientada a la solución de problemas. En un estudio sobre la ampliación del campo de acción 

policial, Zhao, Thurman y Lovrich (1995) encontraron que las organizaciones 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 385 

policiales de todo Estados Unidos habían ampliado sus funciones a lo largo de 

los años. 

Una encuesta sobre comisarías de policía fue llevada a cabo por el Departamento de Estudios y Servicios Gubernamentales de la Universidad del Estado de Washington, donde se realizaron evaluaciones de los cambios organizativos 

en la policía provocados por la puesta en marcha de la policía de proximidad. 

Un total de 215 comisarías rellenaron la encuesta en 1993 y éstas fueron usadas para su análisis. Zhao y sus colegas (1995, 19) encontraron que: 

«Basado en el número de programas de policía de proximidad puestos en marcha 

y en la frecuencia y distribución del desarrollo de dichos programas a nivel nacional, estos datos sugieren que los departamentos policiales de EE.UU. han ido ampliando durante los últimos tres años su campo de acción organizativo en estas tres 

áreas: empleo de tecnología, población a la que sirven y los servicios prestados. A 

su vez, esta ampliación del campo de actuación se corresponde con cambios 

organizativos hacia valores de dichos programas que resulta lógico esperar si de 

verdad las organizaciones policiales están orientándose hacia la filosofía de la policía de proximidad». 

Los departamentos policiales de todo EE.UU. han adoptado modelos de organización y formación, lo que es oportuno para la policía de proximidad y la 

orientada a la solución de problemas. Zhao, Thurman y Lovrich (1995) identificaron tres factores sobre los cuales la reforma organizativa en la policía se está 

llevando a cabo. El primero se basa en mejorar las habilidades de actuación de 

los agentes policiales. El segundo factor busca mejorar la gestión intermedia de 

los departamentos policiales, mientras que el tercer factor está asociado con la 

puesta en práctica de los programas de la policía de proximidad y la orientada 

a la solución de problemas en comunidades culturalmente distintas, con la intención de mejorar la interacción entre policía y ciudadanos, así como las relaciones con la comunidad. 

La reforma de los departamentos policiales sobre la base de la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas no se ha desarrollado sin 

obstáculos. Los cambios hacia rutinas y estructuras policiales internas se han relacionado con la idea de «doblar granito» (Guyot 1979). Zhao y sus colegas (1995) 

identificaron distintos impedimentos a cambios organizativos bajo las normas de 

la policía de proximidad y la orientada a la solución de problemas: resistencia de 

los mandos intermedios y los agentes de base, confusión interna sobre la definición operativa de la policía de proximidad, preocupaciones sobre la blandura de 

la policía de proximidad en la persecución del delito, falta de formación de los 

agentes policiales y resistencia por parte de los sindicatos de policía. 
386 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

También existen problemas en el entorno externo a la hora de adoptar la 

policía de proximidad como estrategia operativa. Los impedimentos identificados por Zhao, Thurman y Lovrich (1995) son: las preocupaciones de la comunidad relacionadas con la lucha contra el delito, las presiones por conseguir resultados inmediatos y la falta de apoyo por parte de otras agencias 

gubernamentales. Finalmente, los problemas de transición de la policía tradicional a la policía de proximidad están centrados fundamentalmente en la necesidad de equilibrar las estrategias de patrulla de la policía de proximidad [patrulla a pie y en bicicleta, comisarías en la comunidad, y programas de «park and 

walk» («aparca y camina»)] con las estrategias de respuesta rápida, particularmente en los casos de delitos potencialmente violentos. Estas tensiones continúan minando la adopción de estas estrategias policiales en los departamentos 

de policía de EE.UU., aunque no son insuperables. 

En una evaluación de los cambios organizativos que se han llevado a cabo 

con la adopción de estilos de la policía de comunidad y la orientada a la solución de problemas en los departamentos estadounidenses, Zhao (1996) determinó 

que estas tentativas actuales estaban «enfangadas» en la etapa de emergencia del 

cambio organizativo. Como Zhao (p. 83) concluye, «el cambio organizativo no 

es un problema nuevo para la policía estadounidense, pero el proceso de cambio sigue siendo dolorosamente lento». Quizás lo más importante sea que el trabajo de Zhao y sus colegas sugirió que, aunque la retórica de la policía de proximidad y la orientada a la solución de problemas ha penetrado en cierta medida 

en el lenguaje y el simbolismo de la policía estadounidense, los cambios estructurales han sido escasos. 

Cambios en el trabajo policial 

La naturaleza del trabajo policial (el modo en que éste se lleva a cabo), no 

ha cambiado sustancialmente en más de 100 años. En esencia, la función policial es recoger información y procesarla para identificar una amplia variedad de 

problemas o condiciones que se producen en la comunidad que traen como consecuencia el delito, el desorden, el miedo y la victimación y, en un segundo paso, 

responder a esos problemas y condiciones. Como sistema de proceso de información, la policía se ha dirigido al público como la primera fuente de información y movilización de la respuesta policial (Black 1980). 

La cuestión central para el cambio de una policía tradicional a una policía 

de proximidad u orientada a la solución de problemas es «si la naturaleza del 

trabajo policial cambia efectivamente». Es decir, si la policía hace algo diferente 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 387 

y si esta diferencia se puede medir. En la policía tradicional, la policía respondía a los incidentes, recogía las denuncias, entrevistaba a los testigos y a las víctimas, investigaba accidentes y remitía los informes a los supervisores e inspectores. La mayoría de esfuerzos por medir el trabajo policial se han centrado, 

como consecuencia, en las cosas que la policía realiza, pero no en los efectos 

de lo que hacen en la mejora de la seguridad de la población y la calidad de vida. 

Hoy en día, las agencias policiales miden los esfuerzos de forma precisa, incluyendo requerimientos en los coches y en la calle, llamadas recibidas y respondidas, detenciones realizadas, accidentes investigados, etc. Estos esfuerzos reflejan qué es lo que tradicionalmente han valorado las organizaciones policiales 

y la naturaleza general de su trabajo. 

Mediante los nuevos modelos de la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas, es necesario entender mejor cómo resuelve la 

policía los problemas, con qué medios y con qué efectos. Esto requiere ajustar 

los esfuerzos que se están llevando a cabo para medir el rendimiento de los agentes individuales y también de la organización policial. Según Oettmeier y Wycoff 

(1988, 373-374): 

«La revisión de los sistemas de evaluación de rendimiento para reflejar las diversas responsabilidades de un papel policial que está en continua expansión es algo 

que debe realizarse todavía en los años 1990, independientemente de si existe interés en cambiar los actuales enfoques policiales de las organizaciones. Los cambios en la filosofía de la policía sólo hacen más aparente la necesidad de que los 

gestores conozcan y apoyen actividades que agentes efectivos han llevado a cabo 

pero que han pasado desapercibidas oficialmente». 

La policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas 

tienen importantes implicaciones en la naturaleza del trabajo policial y también 

sobre cómo los agentes de policía entienden, aceptan y adoptan papeles nuevos 

y complejos. Estos cambios en el alcance y el ámbito de las actividades de la 

policía en los dos niveles, organizativo e individual, requieren que aquellos responsables de poner en marcha la policía de proximidad y la policía orientada a 

la solución de problemas presten especial atención a la renovación cultural de 

las organizaciones policiales y a la resocialización de los agentes de policía. 

«Los departamentos policiales no estarán preparados para alcanzar soluciones efectivas de problemas y colaboraciones comunitarias hasta que las creencias, las percepciones, las actitudes y los comportamientos de los agentes de policía individuales 

sean más compatibles con la redefinición y la ampliación de su trabajo como se prescribe desde el modelo de policía de proximidad. Ignorar al personal policial y los 
388 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

límites organizativos establecidos en sus actividades es poner en riesgo el éxito del 

programa debido a la apatía, frustración, resentimiento, desigualdad percibida, miedo al cambio y otros factores que militan en contra de una puesta en marcha exitosa 

de la policía de proximidad» (Lurigio y Rosenbaum 1994, 147). 

Bajo el modelo de policía de proximidad o policía orientada a la solución 

de problemas se dice que el trabajo policial está afectado por cambios en la inteligencia policial y también por los objetivos mismos de la policía. Es decir, los 

cambios de un sistema de respuesta a las llamadas de servicio a un servicio en 

el que la policía identifica activamente los problemas y las cuestiones de la comunidad e instituye proactivamente programas para mejorarlos. La policía hace 

esto, en parte, cambiando la finalidad de una intervención secundaria (respuesta a la crisis) por una intervención primaria (prevenir o mejorar los problemas). 

Esto requiere, por supuesto, que el sistema de provisión de servicios policial, su 

organización y sus operativos (agentes de policía) estén reorientados de forma 

activa y significativa. 

Además de los cambios en la naturaleza del trabajo policial, la policía de 

proximidad y la policía orientada a la solución de problemas están pensadas para 

incidir también en cómo los agentes de policía se identifican con su trabajo, con 

la comunidad y con la organización policial. En estos modelos se asume que los 

agentes de policía ampliarán su definición de funciones, serán entusiastas en su 

trabajo con la comunidad y participarán en un sistema organizativo que valora 

la iniciativa, el poder discrecional y la asunción de riesgos. Una vez que los agentes de policía se identifican con el trabajo tal y como se establece desde la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas, se asume 

también que se producirá una mayor satisfacción y compromiso laboral, y estas mejoras en la identificación con el trabajo afectarán finalmente a la cultura 

policial. Como establecen Skogan y Harnett (1997, 70): 

«En el comienzo, la policía de proximidad supone una batalla por los corazones y 

mentes de los miembros de la fuerza policial, muy importante porque los departamentos policiales son organizaciones de servicios públicos descentralizadas, de baja 

tecnología y en las que la motivación y las habilidades de los agentes de policía son 

primordiales». 

La pieza clave de la policía de proximidad y la orientada a la solución de 

problemas respecto al trabajo policial y a la psicología del agente de policía es, 

por lo tanto, la mejora de la inteligencia organizativa y la participación e identificación del agente de policía con los objetivos de estos nuevos modelos 

policiales. Tales objetivos son de vital importancia tanto para el trabajo en gru­
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 389 

po como para el individual dentro de la policía de proximidad y la orientada a 

la solución de problemas, y se desarrollarán con mayor profundidad en el siguiente apartado. 

La mejora de la inteligencia organizativa 

Para que la policía cambie el carácter de su trabajo, hay que abordar dos 

importantes cuestiones. En primer lugar, las organizaciones policiales deberán 

proceder a un análisis sistemático de las causas de los problemas allá donde deseen intervenir, y de los efectos producidos por las distintas intervenciones 

policiales. Esta inteligencia organizativa mejora tanto los objetivos de la policía como el método utilizado por ella. Esto también implica que el conocimiento 

del crimen, el desorden, el miedo y la calidad de vida sea un requisito previo para 

intentar intervenir en este complejo fenómeno social. 

La segunda cuestión que surge gracias a la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas se centra en la información de los agentes de policía, por ejemplo, saber cómo se produce la interacción policía-ciudadanos, cómo sucede la toma de decisiones, y cómo se resuelven los problemas. 

Este objetivo individual requiere la comprensión de cómo la policía convierte la 

información sobre el crimen, la victimación y el desorden en la comunidad en 

decisiones y acciones que aborden estos problemas legítimamente y pensando 

en el interés del usuario. 

El estilo policial orientado a la comunidad y a la solución de problemas persigue cambiar tanto la información como el análisis realizado y disponible para 

las agencias policiales y unirlos a la toma de decisiones del agente individual. 

El tema de fondo en esta discusión está en el pensamiento de adaptación y 

creativo de la solución de problemas a los dos niveles: organizativo e individual. 

En lenguaje organizativo, esto significa transformar el apoyo de la comunidad, 

la información sobre el delito, la victimación, etc., en resultados como, por ejemplo, comunidades más fuertes y seguras. Todo esto conlleva que la policía realice algo que es, en cierta manera, diferente de su modo de actuar anterior, es 

decir, responder al delito después de recibir una llamada. 

A ambos niveles, organizativo e individual, la solución de problemas está 

cambiando la inteligencia policial. Esto ocurre en un proceso que implica 

escanear el entorno, definir los problemas, analizar las causas y consecuencias 

de los problemas, diseñar e implantar respuestas apropiadas y evaluar el impacto 

de las intervenciones, en definitiva el modelo SARA (Eck y Spelman 1987; 

Goldstein 1990). 
390 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Como se ha discutido previamente, el modelo SARA busca que la policía 

tenga información a nivel estratégico y táctico. Haciendo esto, tanto las organizaciones policiales como los agentes se benefician de una mejor comprensión 

de los problemas, respuestas y efectos. Esto, a cambio, coloca a la policía en 

primera línea de prevención en lugar de localizarla donde su intervención es secundaria a los problemas para los que han sido requeridos. 

En cuanto al nivel organizativo, la policía históricamente ha recogido información sobre delitos graves y no tan graves, sobre infracciones de tráfico, sobre delincuencia juvenil, sobre detenidos, así como sobre otras condiciones generales asociadas con el delito. Entre los departamentos policiales, esta 

información se ha recogido tradicionalmente en diversos sistemas de información no relacionados entre sí, en archivadores u otros medios de almacenamiento. 

Una vez recogida, esta información ha tenido poca utilidad en la predicción de 

los problemas futuros y de las respuestas policiales. Como las agencias policiales 

han carecido históricamente de un marco analítico para usar esta información, 

así como de medios para cotejar diversas fuentes de información, la organización policial no ha tenido éxito en sus intentos de ser algo más que reactiva al 

delito y al desorden. Por supuesto, la policía de proximidad y la orientada a la 

solución de problemas propone proveer a la policía de un marco analítico para 

incidir en el trabajo policial directamente (en la selección de objetivos y problemas), y guiar a la organización policial en la evaluación de su rendimiento, resultados y efectos. 

Respecto al nivel individual del agente de policía, la experiencia ha sustituido generalmente al análisis. Esto es, los agentes de policía siempre han tenido que recurrir a sus propios recursos en la selección de los problemas a abordar y en la elección de los medios a utilizar para abordarlos, en los casos en los 

que se han llegado a abordar. Muchas veces, la información obtenida por los 

agentes de policía se considera privada, dando al agente algún control sobre sus 

condiciones de trabajo y posiblemente una ventaja frente a sus compañeros 

(Bittner 1970). Los informadores, por ejemplo, se han visto siempre y aún continúan viéndose como «propiedad de un agente particular», y la información que 

ellos proporcionan es generalmente manejada por dicho agente. En el aspecto 

individual, esto conduce a que algunos agentes desarrollen y refinen estas habilidades y otros no, o más importante, que otros no consideren importante el desarrollo de estas habilidades. 

Con el avance de la informática y su adopción por parte de la policía, se 

mejoró la capacidad de unir distintas fuentes de información para entender mejor problemas concretos. Sin embargo, a pesar de estos avances, no está claro 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 391 

que la policía explote sistemáticamente múltiples fuentes de información para 

mejorar la comprensión del delito, el desorden, la victimación, el miedo y la 

calidad de vida de la comunidad. A pesar de los esfuerzos por localizar intervenciones policiales a través del trazado de mapas por ordenador, este sistema 

carece de una integración sistemática de la información para mejorar la respuesta 

de los sistemas policiales. Más bien, los esfuerzos actuales para trazar un mapa 

de delitos se han usado casi exclusivamente para actuar contra patrones de delitos graves. 

En una crítica de la solución de problemas, Clarke (1998, 315-327) consideró que mucho de lo que ocurre bajo la etiqueta de solución de problemas es 

superficial, no resulta analítico y es ampliamente ineficaz. Como señala Clarke, 

la policía falla en la mayoría de los pasos para la solución de problemas. Durante el proceso de búsqueda, la policía normalmente comete errores a la hora 

de especificar el problema que quiere abordar. Esto crea importantes diferencias 

respecto a qué es lo que la policía piensa que está queriendo solucionar. El análisis de problemas, de acuerdo con lo que dice Clarke (1998, 318), es también 

algo rudimentario: «durante una investigación sobre las llamadas o denuncias 

recibidas, la policía rara vez identifica patrones sobre la frecuencia con la que 

ocurre un delito, cuándo ocurre o dónde se concentra el problema. La policía 

tampoco hace muchos esfuerzos en desmembrar estadísticas para determinar la 

naturaleza exacta del problema». 

Cuando hablamos de las respuestas policiales, Clarke dice que mucho de lo 

que se engloba dentro de la policía de proximidad o la policía orientada a la solución de problemas son realmente tácticas de la policía tradicional como redadas y detenciones, disfrazadas como intervenciones de policía de proximidad o 

de policía orientada a la solución de problemas. Estas tácticas pueden estar siendo aplicadas a problemas mal definidos y mal analizados. Finalmente, Clarke 

establece que el aspecto más desaprovechado dentro de la solución de problemas es la evaluación de los resultados. Al tener la policía institucionalizada poca 

tradición en la evaluación de programas existentes, todo lo que pasa por ser evaluación son realmente conjeturas y anécdotas. Asimismo, Clarke identifica importantes fallos en la nueva tecnología de la policía (véase también Rosenbaum, 

Lurigio y Davis 1988, 194-195, para una crítica similar de la solución de problemas). Como resultado, la conclusión que se puede derivar de las limitadas 

evaluaciones de las actuales actividades de policía orientada a la solución de 

problemas es que, en muchos casos, éstas son superficiales y, en muchas agencias policiales, no han tenido efecto sobre la definición misma del procedimiento 

empleado en el trabajo policial. 
392 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Actualmente, muchos departamentos de policía a lo largo de EE.UU. han 

adoptado un marco de respuesta que incluye elementos de la solución de problemas. Este enfoque se está desarrollando lentamente y continuará desarrollándose con el apoyo y la comunicación entre las distintas agencias policiales. Sin 

embargo, como nota de cautela, está claro que la imaginación policial permanece todavía cautivada por las ideas del siglo XIX sobre la respuesta policial al 

delito, como la policía de tolerancia cero, la cual ha ganado popularidad entre 

la policía y los políticos en los últimos años. 

Una preocupación potencial sobre el cambio de la policía de su modelo tradicional a un modelo de proximidad y de solución de problemas está relacionada con los criterios que se usan para tomar decisiones, en particular, sobre detenciones. Esta cuestión traslada el debate del nivel organizativo o del sistema 

de inteligencia al nivel del agente de policía individual. 

En su formulación original, Black (1980) aseguró que, en ausencia de fundamentos legales imperativos (por ejemplo, gravedad del delito), los factores 

extralegales pueden afectar a las decisiones policiales sobre las detenciones. La 

conducta del sospechoso, la habilidad de la víctima o del denunciante para presionar al policía, la raza, el sexo, la edad y otros factores pueden afectar a estas 

decisiones. 

Aunque existe gran desacuerdo sobre si el comportamiento agresivo de una 

persona puede constituir una violación de la ley, lo cual apoyaría la legalidad de 

tal intervención (Klinger 1994), se sigue manteniendo la preocupación de que la 

cooperación de la policía con la comunidad pueda conducir a un mal uso de la ley. 

Bajo las normas de la policía de proximidad y de solución de problemas se espera que la policía desarrolle una relación estrecha de trabajo con el público, una 

relación que puede influir en la toma de decisiones de la policía, por ejemplo, la 

acción contra los «extraños» (aquéllos que no participan en esta relación de trabajo conjunta). Desde la perspectiva de la toma de decisiones policial, la policía 

de proximidad u orientada a la solución de problemas puede introducir diferentes 

criterios de decisión en las acciones locales de la policía, particularmente aquéllas relacionadas con la detención (véase Mastrofski y Greene 1993). De hecho, 

muchos han argumentado que la ley y las ordenanzas municipales son insuficientes para guiar la acción de la policía (véase Goldstein 1990) y que las normas comunitarias deberían agregarse al proceso de toma de decisiones. 

Evaluando esta idea, Mastrofski y sus colegas (1995) evaluaron la toma de 

decisiones de la policía sobre el terreno en Richmond (Virginia), una ciudad que 

ha adoptado los objetivos de la policía de proximidad y la orientada a la solución de problemas. Un total de 120 agentes de policía fueron observados en 1.630 

encuentros con los ciudadanos durante 1.300 horas de patrulla. En total, 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 393 

Mastrofski y sus colegas concluyeron que se daban cambios en la toma de decisiones de los agentes de policía en Richmond, pero que estos cambios no introdujeron factores extralegales en la toma de decisiones al comparar a los agentes de policía de proximidad con los agentes que realizaban un enfoque más 

tradicional: «los agentes de policía a favor del enfoque de proximidad detenían 

más selectivamente y con menos consideración hacia las normas legales. No 

mostraron más susceptibilidad hacia las influencias extralegales que los agentes orientados hacia un enfoque tradicional» (1995, 549). Aunque se contempla 

un único estudio, estos resultados parecen sugerir que existe un cambio potencial en la toma de decisiones cuando se incorporan enfoques de policía de proximidad o de policía orientada a la solución de problemas, pero que este cambio 

no conlleva necesariamente que se infrinja la ley. 

Efectos en los grupos de trabajo y los agentes de policía 

Con la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas se esperan los siguientes resultados: 1) que los agentes de policía hagan su 

trabajo de forma distinta, 2) que se identifiquen con el cambio de su papel como 

consecuencia de los nuevos estilos policiales, y que 3) mejoren su apego al trabajo, a la profesión policial, a los departamentos y, en suma, aumente su satisfacción por el trabajo. Las mejoras en el compromiso con el trabajo y en la realización del mismo están relacionadas con creencias sobre que los agentes se 

vuelven cínicos y desvinculados de sus departamentos y de los ciudadanos en 

general. Con la policía de proximidad se espera que la policía pueda ser más 

sensible a las normas culturales de la comunidad y trabaje dentro de estas normas para resolver las disputas que se relacionan con el delito y el desorden. Estos modelos también asumen que los agentes de policía pueden implicar a la 

comunidad en la solución creativa de problemas, lo que se traducirá en el uso 

de medios distintos al derecho penal para resolver el delito, el desorden y el 

miedo al delito en la comunidad. 

De los pocos proyectos en los que existen datos centrados en la comunidad, 

como el que se realizó en Miami (Alpert y Dunham 1988), se desprende que la 

sensibilidad policial ante las normas comunitarias y la familiaridad con las expectativas comunitarias son reclamaciones constantes en comunidades minoritarias y un requisito previo si la policía quiere orientarse verdaderamente a la 

comunidad. Estos resultados sugieren que la relación entre policía y comunidad 

sigue siendo problemática en zonas urbanas y que son necesarios cambios sustanciales en el papel de la policía para mejorarla. 
394 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

En San Diego, un programa para implicar activamente a los agentes de policía en la comprensión de las comunidades que controlan provocó cambios positivos en las actitudes de los agentes de policía (Boydstun y Sherry 1975). En 

el condado de Baltimore (Maryland), el enfoque de policía orientada a la solución de problemas mejoró la satisfacción con el trabajo de los agentes de policía y reforzó la dedicación de los agentes a resolver los problemas de la comunidad (Hayslip y Cordner 1987). En Filadelfia, un programa de formación de 

policía de proximidad orientado a la comunicación y a la solución de problemas 

entre la policía y la comunidad produjo resultados positivos respecto a la actitud de los agentes de policía que participaron (Greene 1989; Greene y Decker 

1989). Y, en Miami, Alper y Dunham (1988, 119-120) afirmaron lo siguiente: 

«El clima del vecindario y las interacciones frecuentes de la gente en asociación 

permanente son mucho más influyentes para formar actitudes hacia la policía... [E]n 

un centro metropolitano altamente estratificado y multiétnico como Miami, el clima del vecindario no sólo varía tremendamente, sino que influye en gran medida 

en la percepción que se tiene de la policía... [L]a eficacia policial puede mejorarse 

si los policías reciben formación específica para ese barrio. Esta formación debería incluir el conocimiento de las características específicas del barrio y los estilos 

de policía más apropiados y efectivos para estos vecindarios». 

En Houston y Newark, una investigación llevada a cabo por la Police 

Foundation (véase Skogan 1990; Skolnick y Bayley 1986) sugirió que, con la 

implantación de programas que acercaban la comunidad a la policía, se mejoró 

la evaluación del rendimiento policial, incluyendo la calidad de la interacción 

con la policía, tras años de conflicto y animadversión. En Houston, esto se llevó a cabo creando comisarías de barrio donde equipos comunitarios de respuesta 

intentaban movilizar e implicar a la comunidad en cuestiones como el delito y 

el desorden. En Newark, la respuesta policial consistió en emplear medios 

policiales más tradicionales (patrullas de saturación y tácticas más agresivas de 

mantenimiento del orden en la calle), aunque con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad, reduciendo los signos de delito en los barrios, 

comportamientos antisociales y abandono de propiedades (normalmente automóviles). 

En Nueva York, un programa llamado Programa del Agente de Patrulla de 

la Comunidad (The Community Patrol Officer Program, CPOP) quería introducir una variedad de policía de proximidad en la ciudad. A los agentes del CPOP 

se les dio responsabilidad para una amplia variedad de actividades relacionadas 

con la comunidad y la solución de problemas con el objetivo de movilizar co­
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 395 

munidades e identificar y resolver problemas de la comunidad (véase Farrell 

1988; Weisburd y McElroy 1988). 

Aunque la evaluación inicial de este programa se orientaba a los supervisores 

de campo y a los ajustes que se hicieron para controlar a los agentes del CPOP, 

los análisis posteriores (McElroy, Cosgrove y Sadd 1993) indican que hubo cambios significativos en las actitudes de los agentes del CPOP que participaron en 

el programa, en particular en las actitudes hacia la comunidad y su propio papel como agente de policía. En este caso, los agentes de CPOP mostraron actitudes más favorables a la comunidad y a la identificación con su trabajo siguiendo su participación en el programa. Además, estos mismos agentes se volvieron 

más críticos con su departamento en el mismo periodo de tiempo. 

En una evaluación sobre la adaptación a su papel y la satisfacción con el trabajo entre los agentes de policía en Joliet (Illinois), Rosenbaum y sus colegas 

(1994, 331-342) compararon agentes de este departamento que participaron en 

el programa Policía de Barrio (Neighborhood-Oriented Policing, NOP) con agentes de otro barrio en donde no existía el programa. Muchos aspectos del compromiso y la satisfacción con el trabajo se emplearon en el estudio. Las evaluaciones previas y posteriores a la prueba revelaron interesantes resultados. 

En primer lugar, los agentes del NOP, comparados con sus compañeros, 

mostraron actitudes más favorables hacia la policía de proximidad. En segundo 

lugar, los agentes del NOP tuvieron más probabilidades de informar de que su 

trabajo se había ampliado y de que percibían una mayor autonomía laboral. También constataron una mayor satisfacción con su trabajo y una mayor confianza 

en su habilidad para resolver problemas. Rosenbaum y sus colegas interpretaron estos resultados con mucha cautela ya que algunas diferencias entre los grupos eran atribuibles a la disminución de ciertas actitudes de agentes no pertenecientes al NOP en oposición al aumento de ciertas actitudes en los agentes del 

NOP. Sin embargo, también concluyeron que las respuestas reflejaban una mayor aceptación del programa de policía de proximidad entre los agentes en Joliet. 

En uno de los últimos estudios sobre adaptación del aparato policial a la 

policía de proximidad y la orientada a la solución de problemas realizado en 

Chicago, Skogan y Hartnett (1997) encontraron «pruebas de modestos cambios 

de opinión» entre los agentes de policía que participaron en el programa The 

Chicago Alternative Policing Strategy (CAPS) anteriormente descrito. Estos 

modestos cambios reflejaron que los agentes del CAPS se volvieron más optimistas respecto a sus intervenciones, consideradas eficaces desde el punto de 

vista de las finalidades de la policía tradicional (por ejemplo, la reducción del 

delito), su habilidad para resolver problemas, el efecto del programa en la autonomía policial y su satisfacción con el departamento de policía de Chicago. 
396 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Este estudio también demostró de forma interesante que el programa CAPS tuvo 

una gran relación con una mejora general de las actitudes policiales hacia el convencimiento de que el programa estaba siendo eficaz en las comunidades y de 

que los conceptos de policía de proximidad también eran efectivamente viables 

como estrategia de policía en Chicago. 

El Instituto Nacional de Justicia (National Institute of Justice) creó en 1997 

un proyecto de investigación para evaluar los efectos del Programa de Reclutamiento, Formación y Gestión de la Oficina de Policía de Proximidad (Office of 

Community Oriented Policing Services Accelerating Hiring, Education and 

Deployment, COPS AHEAD) en Filadelfia (véase Greene et al. 1999). Estos 

agentes fueron el elemento principal del cambio del departamento policial hacia una orientación de proximidad. Se realizó una encuesta con una muestra de 

389 agentes y se analizaron las diferencias entre los agentes principiantes y veteranos del COPS AHEAD, agentes principiantes y veteranos motorizados y los 

agentes que ejercían funciones de policía de proximidad. La evaluación permitió comprobar cómo las diferencias en la asignación y preparación afectan a la 

adopción del papel de policía de proximidad y orientada a la solución de problemas entre los agentes. 

El estudio de Filadelfia reveló la posibilidad de que los agentes principiantes del COPS AHEAD hubiesen estado mejor preparados para realizar labores 

de policía de proximidad, como demostraban sus buenos resultados académicos 

en materias como resolución de problemas y el manejo de la diversidad y el conflicto. Los cinco tipos de agentes no mostraban diferencias significativas respecto 

al uso de datos oficiales, pero los principiantes del COPS AHEAD y el grupo 

comparativo de agentes de policía de proximidad informaron del uso de datos 

no oficiales (por ejemplo, información proveniente de los vecinos de la comunidad y los empresarios) más que cualquier otro tipo de agente de policía, en 

especial más que los policías veteranos motorizados. 

Los cinco tipos de agentes también tenían distintas orientaciones hacia la 

policía de proximidad y la orientada a la solución de problemas. Este resultado 

no es sorprendente considerando que los distintos tipos de agentes habían sido 

asignados a distintos papeles. Los agentes veteranos y principiantes de COPS 

AHEAD y el grupo de policía de proximidad con el que se comparaban declararon tener una mayor inclinación hacia la policía de proximidad y la orientada 

a la solución de problemas que la de sus compañeros motorizados. Sin embargo, los cinco tipos de agentes no mostraron diferencias significativas respecto 

a su orientación hacia el mantenimiento del orden. 

El estudio reveló diferencias significativas entre los cinco tipos de agentes 

en relación a su satisfacción con el trabajo en su puesto actual y con sus com­
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 397 

pañeros, pero no respecto a su satisfacción con los supervisores. En especial, los 

COPS AHEAD principiantes estaban más satisfechos con el trabajo en el puesto actual que el resto de agentes. Además, los agentes COPS AHEAD y los principiantes motorizados eran el grupo más satisfecho con sus compañeros, comparados con los agentes veteranos. Los cinco tipos de agentes mostraron 

diferencias significativas en una escala combinada de satisfacción con el trabajo; los COPS AHEAD principiantes obtuvieron mejor puntuación que los demás, 

indicando mayor satisfacción general con el trabajo. 

Los cinco tipos de agentes diferían de manera significativa respecto a sus percepciones sobre el efecto de su trabajo. En especial, tanto los COPS AHEAD principiantes como veteranos declararon lograr un mayor efecto con sus actuaciones, 

frente a sus compañeros motorizados y a los agentes de policía de proximidad. 

En general, según esta encuesta, los compromisos afectivos de los agentes 

de policía y el entendimiento de la comunidad han aumentado en algunas ciudades, así como las definiciones de las funciones policiales orientadas hacia los 

programas de proximidad. Estos resultados son esperanzadores porque sugieren 

que las actitudes policiales pueden cambiar hacia los valores y prácticas perseguidos por la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas. 

LA POLICÍA DE PROXIMIDAD: ¿HACIA DÓNDE SE DIRIGE A PARTIR DE ESTE MOMENTO? 

Los cambios en el mercado, las estructuras y las funciones de la policía están cambiando radicalmente la manera de conceptualizar e implantar la policía 

en todo EE.UU. Este trabajo intenta revisar y discutir el camino hacia la policía de proximidad y sus consecuencias. Si comparamos la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas con modelos de policía 

anteriores, los primeros parecen ganar aceptación y producir resultados medibles, 

de tal forma que se están convirtiendo en la ortodoxia de la policía estadounidense. Además, esta ortodoxia se está volviendo cada vez más clara y ha empezado a crear evaluaciones de resultados mas creíbles. 

En general, los resultados recogidos sobre la policía de proximidad y la solución de problemas son mixtos, aunque esperanzadores. Los vecinos de los barrios pueden percibir cambios en las actividades de los agentes de policía y mejoras en las interacciones entre la policía y la comunidad. Existen pequeños 

logros en la reducción del delito y la victimación, así como cambios en la estrategia y estructura policiales que pueden deberse a la adopción de estrategias 
398 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

de policía de proximidad y policía orientada a la solución de problemas, aunque no existen grandes resultados en el trabajo policial, es decir, lo que la policía realmente realiza para resolver los problemas. Finalmente, la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas ha mejorado el 

aprendizaje y la adopción del papel de la policía, aunque no está claro si esto 

se debe a los cambios organizativos o a la auto-selección de agentes para estas 

actividades. Sin embargo, está también claro que la policía implicada en estos 

nuevos estilos de policía manifiesta uniformemente un mayor compromiso con 

su trabajo y una mejora de la satisfacción laboral. 

Estos resultados son esperanzadores para los defensores de la policía de 

proximidad y la orientada a la solución de problemas, a pesar de que los recientes 

cambios de rumbo hacia estrategias de tolerancia cero puedan borrar dichos logros si los limitados objetivos de este enfoque mueven a la policía hacia definiciones más tradicionales del trabajo policial. Además, dichos resultados se han 

obtenido a partir de proyectos individuales, en lugar de estudios sistemáticos y 

repetidos sobre toma de decisiones policiales, interacción con la comunidad y 

cambios en la provisión de servicios policiales. 

Esta gran variedad de resultados también puede ser favorable para los que 

se oponen a la interacción con la comunidad y a la solución de problemas, como 

forma de renunciar a estos modelos y volver así a los más tradicionales. Aunque esta postura pueda ser tentadora, existen distintas fuerzas externas que continúan cambiando los estilos policiales en favor de enfoques hacia la comunidad y la solución de problemas. Además, a lo largo del tiempo han existido 

pruebas suficientes que demuestran que el mayor obstáculo para llevar a cabo 

la policía de proximidad y la orientada a la solución de problemas son las mismas organizaciones policiales. Es precisamente sobre estos temas sobre los que 

vamos a incidir en el final del artículo. 

Las presiones del mercado en la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas 

A pesar de que existen quienes quieren discutir sobre el papel y la función 

de la policía, es evidente que la institución policial se dirige (o más bien la dirigen en algunas ocasiones) hacia un nuevo paradigma. Existen distintas fuerzas que presionan a la policía estadounidense hacia este paradigma, y que continuarán cambiando la policía en los próximos años. 

En primer lugar, la policía estadounidense ha cambiado de un modelo de 

organización y de cambio organizativo cerrado a otro abierto, si bien es cierto 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 399 

que a veces con reticencia. En particular, hoy existe una mayor interacción entre la agencia policial y el entorno para cambiar las políticas y prioridades de 

la policía y evaluar su eficacia. La policía se concibe como un agente más del 

conjunto de instituciones sociales que inciden en la calidad de vida de la comunidad. En consecuencia, la policía se vuelve más influenciable por estas instituciones externas. Entonces es cuando las élites poderosas de los sectores sociales, políticos y económicos empiezan a refrendar la retórica de la policía de 

proximidad y la policía orientada a la solución de problemas. Mientras la imagen institucional policial cambia continuamente, es probable que llegue a un 

punto álgido desde el que resulte difícil dar marcha atrás. Esta imagen es importante ya que ayuda a cambiar a la institución policial, al mismo tiempo que 

la utiliza para modificar el entorno (véase Crank y Langworthy 1992). 

Gran parte del cambio hacia la policía orientada a la comunidad encuentra su 

razón en estudios de excelencia organizativa llevados a cabo por el sector privado hace más de una década (véase Peters y Waterman 1982). Estos estudios consideraban que las organizaciones exitosas poseían ciertas propiedades que les permitían ajustarse a los cambios producidos en las condiciones externas. Entre estas 

propiedades estaban las siguientes: (1) mantener relaciones más cercanas con el 

cliente, (2) promover la predisposición hacia la acción, es decir, a estar predispuesto a actuar en lugar de esperar, (3) incrementar la autonomía del trabajador y de 

los gestores, (4) incorporar un sistema de valores en la organización para guiar el 

comportamiento individual en ausencia de normas, (5) apoyarse en lo que la organización hace mejor, es decir, dar prioridad a la comprensión de los productos, 

y (6) promover la idea que la productividad viene a través del personal bien formado y bien respaldado. Estas ideas también han encontrado su camino en el sector 

público (véase Osborne y Gaebler 1992) bajo la idea de reinventar el gobierno. 

Bajo estos acuerdos, el gobierno debe centrarse en el problema, la separación funcional de la burocracia gubernamental está empezando a cambiar hacia equipos 

operativos y enfoques organizativos matriz para abordar los problemas leves y graves de los municipios. La policía está metida de lleno en este entorno, y sus posibilidades de salir de él son considerablemente restringidas. 

Esto no quiere decir que la policía como institución haya adoptado de lleno este conjunto de relaciones externas. De hecho, se puede decir que sólo unas 

cuantas ciudades estadounidenses operan con un sistema de gobierno donde las 

agencias están íntimamente conectadas con otros sistemas organizativos y sociales, en los que cada uno de ellos afecta el nivel de seguridad, delito, desorden y 

miedo. En realidad, éste es un aspecto emergente y todavía poco formado de un 

movimiento más amplio en el gobierno estadounidense que pretende desarrollar 

gobiernos centrados en los problemas. 
400 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Sin embargo, en otras partes del mundo, los comités consultivos compuestos por líderes de la comunidad y representantes políticos y del sector privado 

funcionan para ayudar a definir aspectos de la seguridad pública, así como para 

integrar servicios que provienen de un amplio abanico de agencias para poder 

así luchar contra los problemas de la comunidad. Esta actividad comienza en la 

policía a través de la creación de cuerpos consultivos (consejos asesores u otros 

acuerdos organizativos) para trabajar con la policía de un modo más directo. 

Bayley (1994, 279), que ha estudiado organizaciones policiales en todo el 

mundo, identifica estas relaciones consultivas como la piedra angular de la policía de proximidad en muchas partes del mundo: «[C]onsulta, adaptación, movilización y solución de problemas constituyen en todo el mundo la definición 

operacional de la policía de proximidad en la práctica. Esto es lo que hace la 

policía de proximidad cuando la teoría se convierte en realidad operacional». 

Según Bayley, la consulta implica preguntar a la comunidad (tanto residencial 

como comercial) sobre sus problemas y necesidades en cuanto a la seguridad. 

La adaptación se refiere a permitir a los líderes policiales, en general los jefes 

de distrito, que ajusten sus recursos a las necesidades de la comunidad, determinadas a través de la consulta. La movilización se refiere a la unión por parte 

de la policía de los recursos y esfuerzos tanto de agencias públicas como privadas para centrarse en problemas identificados de la seguridad pública. Por último, solución de problemas implica «remediar las condiciones que generan el 

delito y la inseguridad». Esto conlleva una prevención dirigida a las condiciones en los niveles locales» (Bayley 1994, 279). La fórmula de Bayley para la 

policía de proximidad refleja claramente el movimiento hacia la excelencia 

organizativa en la industria y los negocios, así como la reinvención de los servicios gubernamentales que se han dado en las últimas dos décadas. En la investigación sobre policía de proximidad y policía orientada a la solución de problemas existen pruebas de que estos procesos se están produciendo en los 

departamentos policiales a lo largo de EE.UU. 

En Houston (Wycoff 1985), el interés de la comunidad estimuló los programas de prevención del crimen y de seguridad en los barrios, y, de hecho, voluntarios de la comunidad promocionaron y consiguieron implicar a la policía en 

estos esfuerzos. En Chicago (Friedman, 1994), los líderes comunitarios formaron un club local para luchar contra actividades relacionadas con drogas en barrios específicos. En Los Angeles (Margolis 1994), la rotura de la infraestructura comunitaria produjo una coalición dirigida a trabajar con distintas agencias 

de la ciudad para conseguir la estabilidad de la comunidad. Este proceso es ahora 

una característica central de la interacción del departamento de policía de Los 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 401 

Angeles con la comunidad (Greene 1998) y con otros departamentos de policía. 

En Chicago, la Estrategia Policial Alternativa (Chicago Alternative Policing 

Strategy) tiene su característica central en los «encuentros de la policía», relaciones permanentes entre los agentes de policía de Chicago y los líderes de la 

comunidad para identificar y priorizar problemas de delito y de desorden local 

(Skogan 1998). 

Estos ejemplos llaman la atención sobre el hecho de que, a lo largo de los 

últimos años, las agencias policiales del país se han unido a redes sociales y 

gubernamentales más amplias en su finalidad de elaborar estrategias de policía 

de proximidad y orientada a la solución de problemas. Aunque estos esfuerzos 

no han sido todo lo eficaces que se había anticipado, las redes permanecen, y 

quizás lo más importante, la presunción de que la policía debe trabajar con entidades externas es ahora una característica central del lenguaje y la planificación de la mayoría de agencias policiales. En este momento ya se han sentado 

las bases y es improbable que la comunidad acepte un papel secundario en este 

proceso, como ocurrió en el caso del modelo de policía tradicional. 

La policía en los distintos niveles de intervención social 

El segundo elemento de la nueva policía es la mezcla de respuestas policiales 

proactivas con la planificación comunitaria y el fomento de la colaboración. No 

se limita a estrategias o tácticas de mantenimiento del orden proactivas, ya que 

si se limitara a estos enfoques tendría los mismos problemas que el modelo de 

la tolerancia cero, discutido previamente. Hoy en día, existe un incremento en 

la intervención proactiva de la policía, particularmente en actividades de prevención del delito y asistencia a las víctimas (Crank 1994, Rosenbaum 1988, 

Rosenbaum, Lurigio y Davis 1998, Skogan 1990). La finalidad es concebir a la 

policía como un sistema de intervención que debe estar orientado principalmente 

a la prevención, pero no lo está. Aquéllos que argumentan esta postura sugieren que no es suficiente llegar a la escena del crimen, redactar el informe y contar 

a la víctima qué debía haber hecho para evitar esa situación. En su lugar, la policía debe intervenir en el proceso causal delito-víctima lo más pronto posible. 

Este concepto es el resultado de especificar una cadena de relaciones de causa y efecto en las que la policía puede intervenir. Tomando prestada la terminología de los servicios de salud pública, las estrategias para intervenir en esas redes causales de la delincuencia y el crimen necesitan que las estrategias de 

prevención se estructuren en primarias, secundarias o terciarias (véase ProthrowStith 1998, 59-61). 
402 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Son intervenciones primarias las que buscan intervenir sobre las condiciones que producen el delito y el desorden, así como sobre las causas más próximas del delito y el desorden, como la delincuencia juvenil y los barrios deteriorados. Se consideran primarias porque su intención es actuar en las condiciones 

que generan el delito y el desorden, tales como la delincuencia juvenil visible o 

los vecindarios deteriorados. Aquí reside gran parte de la teoría y la programación de la policía de proximidad. Los agentes policiales, la vigilancia extensiva 

de las viviendas, los consejos comunitarios y similares buscan reforzar la habilidad de las comunidades, que no de la policía, para resistir al delito. Estas estrategias son y deben estar conducidas por la comunidad (Friedman 1994) porque deben integrar las cuestiones de seguridad pública en la estructura 

comunitaria y social local. 

Otros programas, como D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) y 

G.R.E.A.T. (Gang Resistance Education and Training) 5 buscan crear futuras 

alternativas para que los jóvenes puedan resistir con más facilidad la tentación 

de usar drogas o convertirse en miembros de pandillas, aunque los resultados de 

la investigación de estos programas indican que puede que no tengan el impacto que se había anticipado. Sin embargo, estas iniciativas buscan acoger el comportamiento social de los jóvenes como la principal intervención en la prevención del crimen. 

El programa de Boston para jóvenes de alto riesgo es un ejemplo de intervención primaria. Este programa es un intento de identificar y trabajar con jóvenes con riesgo de violencia y lesiones (véase Prothrow-Stith, Spivak y 

Hausman 1987). Este proyecto, usando el Programa Educativo de Prevención 

para Adolescentes (Prevention Curriculum for Adolescents) (Prothrow-Stith 

1987) formó a jóvenes en las escuelas de Boston. La evaluación del programa 

concluyó que éste reducía los índices de fracaso escolar de los estudiantes y producía cambios positivos en el comportamiento entre los jóvenes participantes 

(Hausman, Pierce y Briggs 1996). Estos resultados son esperanzadores para el 

movimiento nacional que pretende introducir la formación para la reducción de 

la violencia entre los jóvenes estadounidenses. En la medida en la que la policía tiene un papel en estos programas, estos jóvenes constituyen el principal 

objetivo en los programas de prevención del delito en el futuro. 

Las formas tradicionales de policía pueden considerarse intervenciones secundarias, por ejemplo, intervenciones que reaccionan al delito y la delincuen5 D.A.R.E. y G.R.E.A.T. son programas que se han implantado a nivel nacional para proporcionar modelos y actividades prosociales a niños en edad escolar. 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 403 

cia y tratan o responden a un problema inmediato. Las patrullas reactivas, el seguimiento de investigaciones criminales y la mayoría de las formas de prevención del crimen, incluyendo la prevención del delito a través del diseño ambiental, que intenta evitar que surja la oportunidad en lugar de cambiar las 

motivaciones, son ejemplos de este enfoque. 

Aunque existe una gran discusión sobre la policía reactiva, no está del todo 

claro que la policía pueda quedar exenta de esta forma de intervención. Al fin y 

al cabo, la policía fue creada y organizada como un sistema de respuesta de 

emergencia. Como ciertas emergencias son difícilmente predecibles, algunos 

recursos policiales tienden fácilmente a apoyar permanentemente a la policía 

reactiva. Un modelo que desdoble la responsabilidad (solución de problemas y 

reacción a las emergencias) será probablemente a largo plazo la realidad de la 

policía (véase Tien, James y Larson 1978). De hecho, ya es una realidad operacional en muchas ciudades, incluyendo aquéllas que son el escaparate de la policía de proximidad y la orientada a la solución de problemas. 

Crear un espacio defendible o analizar patrones criminales para las actividades rutinarias son enfoques que buscan intervenir sobre las causas del crimen 

y sobre los efectos inmediatos (Felson 1986, 1987, 1995). Aquí, el objetivo es 

tratar las situaciones y actos delictivos a través de la respuesta policial, comunitaria, o ambas. Para estar seguros, existe un solapamiento entre algunas actividades de prevención del delito. Pero como la policía sola no puede tener efecto 

sobre todas las fuerzas de la sociedad y la personalidad que cambian los comportamientos e intenciones criminales, las dos son formas de tratamiento social 

cuando fallan las grandes instituciones sociales, políticas y económicas. 

Podría considerarse a su vez que parte de la solución de problemas radica 

también en el nivel de intervención secundaria. La solución de problemas empieza generalmente con el análisis histórico de los comportamientos e incidentes recurrentes para encontrar algún patrón común. Una vez que los patrones se 

han identificado, las estrategias y programas diseñados para abordar los problemas subyacentes se llevan a cabo y se evalúan. Aunque el lenguaje de prevención está asociado con las actividades de la policía de solución de problemas, 

en la práctica, estas actividades están probablemente mejor asociadas con tratamientos diferenciados, o más concretamente, con tratamientos ligados a un 

conjunto de problemas. 

Los esfuerzos policiales por mejorar las victimaciones o las disputas pasadas pueden ser considerados como intervenciones terciarias. Estas intervenciones suelen tener como objetivo la rehabilitación, por ejemplo, intentar disminuir 

las consecuencias del delito. La asistencia a las víctimas y los programas con 

jóvenes que enfatizan el alto riesgo como criterio de participación pretenden in­
404 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

tervenir sobre los efectos del crimen y el desorden, así como sus consecuencias 

en los individuos. Sobre estas cuestiones también pretenden incidir algunos de 

los nuevos programas de policía de proximidad, los cuales pretenden ampliar el 

papel de la policía incluyendo en el mismo el apoyo a las víctimas de delitos y 

el intento de rescatar a los jóvenes que podrían haber empezado carreras 

delictivas menores. La mediación entre pandillas y los programas de resolución 

de disputas en la comunidad se llevan a cabo por la policía en solitario o bien 

en unión con otras agencias de rehabilitación social, como por ejemplo los especialistas en trabajo y educación social. Así, la policía aúna esfuerzos con las 

agencias de rehabilitación social para abordar las consecuencias del delito y el 

desorden, y no tanto su origen o sus causas. 

La importancia de entender la base de la intervención en cualquier programa de policía, ya sea un programa de proximidad u orientado a la solución de 

problemas, ya sea tradicional, no debe subestimarse. Conocer en qué lugar de 

la cadena causal está interviniendo la policía conduce a una mejor comprensión 

del programa de intervención, así como de sus efectos o resultados anticipados. 

Una mejor concreción del nivel y tipo de intervención policial produce un mayor abanico de resultados y medidas. 

La tecnología y la policía de proximidad y la orientada a la solución de problemas 

Un tercer factor que está modificando la policía considerablemente es el uso 

de la tecnología aplicada a los problemas de criminalidad. Hoy en día, las agencias policiales están empleando tecnología para abordar cuestiones relacionadas 

con la seguridad, la comunicación y la solución de problemas, ya que les ayuda 

a ser proactivos en lugar de reactivos. Por ejemplo, en Hartford, Connecticut, el 

Programa de Gestión Cartográfica para la Reducción de la Venta en la Calle 

(Cartographic Oriented Management Program for the Abatement of Street Sales, COMPASS) unió la tecnología de mapeo altamente sofisticada con la actuación policial de «desyerbar y sembrar», orientadas a la comunidad y a la solución de problemas para luchar contra la venta de drogas en la calle. La ciudad 

consideraba que ese tipo de delito era el responsable del descenso de la calidad 

de vida de la comunidad en varios barrios de Hartford (véase Tien y Rich 1994) 

y la experiencia se evaluó como beneficiosa para ella. En las pequeñas y bien 

definidas zonas geográficas de la ciudad, la identificación de la información sobre el delito junto con las acciones policiales contra los vendedores de drogas 

consiguieron efectivamente acabar con el mercado de drogas en un mes. 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 405 

En los últimos años, la tecnología se ha empleado para mejorar la comprensión de las dinámicas del delito (las dimensiones espaciales y temporales del 

crimen). En Nueva York, (véase Silverman 1999), se creó un programa llamado COMPSTAT para mejorar la comprensión del delito y asegurar un mayor 

control sobre el personal de mando y sus esfuerzos por mejorar los problemas 

persistentes de criminalidad. COMPSTAT se refiere a compare stats (comparar 

estadísticas) (Silverman 1999, 98) y emplea tecnología cartográfica 

computerizada, junto con la filosofía de que el personal de mando es responsable de resolver los problemas del delito y el desorden. 

El COMPSTAT, escasamente modelado en la venta industrial y las reuniones de marketing, fue ideado para identificar problemas, averiguar cómo planificar el abordaje de estos problemas, y a partir de ahí controlar los efectos sobre los problemas identificados (presumiblemente a través de reuniones 

periódicas). En parte, sigue la filosofía general de la solución de problemas. 

Los enfoques analíticos actuales asociados al COMPSTAT pueden estar degradando el rendimiento policial, centrándolo demasiado en patrones sobre el 

delito y la detención. De hecho, el rendimiento marcado por el COMPSTAT se 

centra casi exclusivamente en estos criterios. Trazando delitos (sólo crímenes 

graves) y tratando de unir la acción policial a la represión de estos hechos, la 

policía puede una vez más encontrarse en la posición nada envidiable de ser evaluada a través de datos producidos por la comunidad o a través del uso selectivo de ciertos recursos policiales. 

Otra cuestión aún más importante es que, excluyendo fuentes y tipos de información de los sistemas de evaluación de rendimiento, la policía puede estar 

perdiendo una oportunidad real de diseñar o implantar un sistema más consistente con los dos principios centrales de la policía de proximidad y de la policía orientada a la solución de problemas: movilizar a la comunidad en su propia autodefensa y resolver problemas persistentes de delito y desorden. 

Un ejemplo de esto es la comparación entre enfoques distintos de control 

del delito llevada a cabo por Cordner (1998) en las ciudades de Nueva York y 

San Diego. Nueva York logró reducir el delito y el desorden de forma significativa, en gran parte gracias al uso del COMPSTAT como proceso de análisis del 

delito y, más importante aún, como forma de controlar a los mandos sobre el uso 

de los recursos para combatir el delito y el desorden en los barrios de la ciudad 

y en los distritos de negocios (Pollard 1997; Silverman 1999). Por el contrario, 

San Diego ha dedicado más de dos décadas a la reforma de la policía de proximidad y la orientada a la solución de problemas (Capowich y Roehl 1994). 

Comparando las dos ciudades, Cordner considera que la tolerancia cero, 

aunque quizás haya sido efectiva en Nueva York, no es necesariamente la ten­
406 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

dencia del futuro para otras ciudades. De hecho, San Diego consiguió resultados similares a Nueva York en el mismo periodo, pero utilizó un método diferente, asociado a la policía de proximidad y la orientada a la solución de problemas. Según Cordner (1998, 311): «San Diego ha conseguido casi el mismo 

descenso que Nueva York sin aumentar el número de agentes de policía». 

La función policial a través de redes y colaboraciones 

Un cuarto factor que cambia el futuro de la policía es el relacionado con 

nuestra anterior consideración sobre las redes y colaboraciones que en los últimos años la policía ha ido construyendo con otras agencias. Hoy en día existe 

menos confianza en que la policía sea la única línea de defensa en la prevención, 

intervención del delito y el control social. Aunque los policías son percibidos 

como parte de la solución al delito y el desorden, hemos empezado a reconocer 

que puede que no sean la parte más importante. Este reconocimiento proviene 

de otras actividades que han venido cambiando la óptica de muchos gobiernos 

locales sobre la prevención del delito. 

Las respectivas actividades impulsadas por diferentes agencias gubernamentales para resolver problemas persistentes de delincuencia, desorden y temor en 

la comunidad, han provocado una ampliación de los grupos implicados en la 

solución a estos problemas. Una mayor dependencia del sector privado en la prevención del delito y en las intervenciones de control ha cambiado también la 

combinación de quienes tienen un papel activo en la seguridad pública (véase 

Shearing 1992). Como señalan Bayley y Shearing (1996, 585): 

«El mantenimiento de la seguridad ya no está monopolizado por la policía pública, esto es, la policía creada por el gobierno. Una amplia gama de instituciones no 

estatales, empresas privadas a través políticas comerciales y la comunidad a través 

del voluntariado ofrecen actualmente el mantenimiento de la seguridad». 

En los últimos 15 años ha habido un fuerte movimiento de privatización en 

la administración de justicia, en gran parte centrado en el mantenimiento de la seguridad y la policía. Este movimiento ha producido un florecimiento de la industria de la seguridad privada, la creación de comunidades cercadas y amuralladas, 

la realización de funciones de seguridad por agentes privados y la creación de otras 

entidades casi públicas para controlar ciertas funciones de seguridad. 

Por ejemplo, los Distritos de Mejora de los Negocios (Business Improvement 

Districts, BID) han proliferado a lo largo de los EE.UU. Actualmente existen 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 407 

aproximadamente 1.000 de estos distritos (Hudson 1996), cuya finalidad principal es la ausencia de incivilidades físicas y sociales en el área de negocios y 

comercial, de elementos precursores del miedo al delito y del delito en sí mismo. En concreto, los BID buscan integrar la seguridad privada y la pública en 

sectores comerciales de la ciudad. Los sectores políticos y de negocios asumen 

política y financieramente esta integración; dado que los BID no restan recursos policiales a la comunidad, son generalmente aceptados en aquéllas en las que 

se han implantado (véase Greene y Stokes 1998). 

Los BID también están proliferando lentamente en los barrios residenciales. Como han demostrado ser efectivos en la reducción del delito y el desorden 

en zonas financieras, las comunidades pretenden construir modelos similares 

para uso residencial. Si esto se desarrolla a gran escala, la estructura del mantenimiento del orden continuará modificándose sustancialmente. Este movimiento hacia la seguridad proporcionada por el vecindario está apoyado por un gran 

número de voluntarios que se encarga del control y la prevención del delito en 

los barrios residenciales. Como apuntan Bayley y Shearing (1996, 587): 

«En los últimos años, la seguridad privada se ha extendido bajo sustento no comercial, a partir de comunidades que se han procurado una seguridad utilizando los servicios de voluntarios. Hace una generación, la prevención comunitaria del delito era 

inexistente, y hoy en día está en todas partes, patrullas de voluntarios a pie o motorizados, patrullas de vigilancia civil, asociaciones de prevención del crimen y consejos asesores, hojas informativas en los barrios, presentaciones y publicaciones 

relativas a la prevención del delito, servicios de escoltas y de protección para colectivos de riesgo y controles alrededor de colegios, centros comerciales y parques 

públicos. Igual que la seguridad privada, la aceptación de la policía voluntaria se 

ha transformado en menos de una generación». 

La tendencia que identifican Bayley y Shearing, especialmente respecto a 

la movilización de la comunidad y el voluntariado, no está exenta de importantes problemas. Existe una gran selección en la participación comunitaria e individual en los programas del gobierno en general y en los programas de justicia criminal en particular (para una revisión véase Rosenbaum, Lurigio y Davis 

1998, 20-27). Las comunidades pobres y socialmente desorganizadas carecen 

normalmente de liderazgo interno para sostener la participación a lo largo del 

tiempo; las barreras culturales y de lenguaje también influyen inevitablemente 

en la participación. Según Rosenbaum y sus colegas (1998, 25): 

«[L]a participación es más probable en barrios residenciales más homogéneos, con 

menor proporción de criminalidad y de clase media que, por el contrario, en barrios 
408 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

heterogéneos, con un alto índice de criminalidad y de clase media-baja. En estos 

últimos barrios, los vecinos generalmente se sienten menos responsables ante la 

prevención del delito, son más desconfiados ante sus vecinos y están más alejados 

de la policía». 

Las comunidades con mayor nivel de renta y menos propensión al delito 

pueden ser movilizadas con mayor facilidad frente a un delito grave o ante una 

amenaza que afecte a la seguridad de la comunidad. Sin embargo, una vez movilizados, sostener esa participación en el tiempo puede resultar un problema 

(véase Rosenbaum 1986). Las dinámicas de la participación comunitaria e individual en la policía de proximidad y en la policía orientada a la solución de 

problemas han aparecido recientemente (Rosenbaum, Lurigio y Davis 1998, 

20-29). Los patrones de participación comunitaria necesitan una exploración 

y una evaluación más amplias al ser el tema central del tipo de asociación implicada con la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de 

problemas. 

También el incremento en la coordinación e interacción entre la policía y el 

resto del sistema de justicia contribuyen a la idea de que la policía no sea vista 

como fuente principal de servicios de seguridad. Por ejemplo, el experimento en 

Manhattan de fiscalía de proximidad (Boland, 1998) puede verse como una respuesta del sistema de justicia a la demanda por la comunidad de una mayor seguridad pública en los barrios. En este ejemplo, el programa de Manhattan reestructura los servicios del procesamiento para dirigirse tanto a cuestiones de 

calidad de vida como a delitos graves que ocurren en los barrios. 

Antes de este proyecto, los delitos menores normalmente eran rechazados 

por el sistema de justicia después de que la policía interviniera. Con el tiempo, 

esto daba la imagen de que los fiscales y los tribunales no tenían mucho interés 

en perseguir estas cuestiones. Finalmente, la policía empezó a despreocuparse 

por esas cuestiones considerando que no iban a ser aceptadas en un proceso judicial. Como resultado, la comunidad no recibía respuesta a los problemas del 

vecindario. Con el paso del tiempo, la justicia comunitaria se ha desarrollado a 

lo largo de EE.UU., pudiéndose encontrar en los distritos de negocios o en las 

zonas residenciales. Cada uno de estos tribunales aborda una variedad de problemas de la comunidad. Estas inversiones en tribunales o fiscalías comunitarias sobre cuestiones de desorden y delitos en la comunidad continuarán cambiando el trabajo de los agentes y las agencias de policía en estas áreas 

residenciales y de negocios. Como el sistema de justicia mismo ha reconocido 

que debe también coordinar esfuerzos para maximizar resultados, esto reformará 

a gran escala el papel de la policía en el futuro. 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 409 

Los cambios relacionados con el sistema de justicia, como se ha dicho antes, también están afectando a la relación entre la policía y otras agencias de servicios sociales. Actualmente existe efectivamente un aumento en la interacción 

y coordinación entre la policía y los servicios sociales. En ámbitos como la violencia doméstica y los abusos a menores, la policía está trabajando como parte 

en los equipos de intervención para mejorar los resultados positivos (Gamache, 

Edelson y Schock 1988; Hirschel et al. 1999). 

Nos guste o no, la policía forma parte del bienestar social: ellos son el único servicio que trabaja 24 horas al día los siete días de la semana y que está dispuesto a abordar una gran variedad de problemas sociales, como los problemas 

domésticos o de bienestar social. En consecuencia, por razones prácticas y filosóficas, la policía no puede continuar viendo estas acciones como ajenas a su 

trabajo. Estos cambios en la colaboración con las agencias de servicios sociales y la presión continuada de la policía por responder a estas cuestiones comunitarias cambiarán tanto la definición del trabajo policial como los sistemas de 

provisión de los servicios sociales y policiales. La mejora del control del rendimiento policial, del resultado y de la actividad policial también está llevando a 

la policía hacia respuestas más concienzudas y analizadas, así como métodos de 

evaluación de éxito. Si éstos últimos son insuficientes para dar soporte al trabajo policial, el rendimiento debe estar unido a los resultados y los resultados a 

los efectos. 

Cada uno de los cambios que se producen en el mercado y en el entorno de 

la policía ha tenido un profundo impacto en la actividad policial y su evaluación. 

Estas modificaciones provocarán cambios importantes respecto a la policía tal 

y como la conocemos. Sin embargo, estos cambios deberán considerar cuestiones de jurisdicción, provisión de servicios, protección de derechos constitucionales (particularmente cuando se trata de proveedores de servicios privados) y 

la red de agencias e individuos que jugarán un papel importante en la seguridad 

pública. 

La policía y el imperativo burocrático 

La policía de proximidad es una filosofía difícil de implantar en burocracias 

altamente estructuradas y autoritarias como las que caracterizan la policía estadounidense. El problema de la introducción del cambio se centra en la capacidad institucional de la policía para conseguir los resultados esperados de la policía de proximidad. Como hemos visto, la policía estadounidense ha avanzado 

hacia sistemas administrativos, organizativos y de provisión de servicios más 
410 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

abiertos y controlables. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer 

si la policía quiere introducir totalmente esos nuevos conceptos de policía de 

proximidad. 

La compartimentación de la policía de proximidad y la policía orientada a 

la solución de problemas 

La planificación táctica y el traslado del personal hacia los focos de delincuencia se hallan mejor desarrollados por la policía hoy en día de lo que estaban en el pasado. De hecho, estos análisis tácticos han dejado de lado cuestiones tan importantes como el papel de la policía y su control. En consecuencia, 

las consideraciones tácticas a corto plazo tienden a guiar los programas de policía de proximidad, en detrimento quizás de las estrategias a largo plazo. Además, por el momento la mayoría de estos programas son considerados experimentos o áreas especiales que dejan sin abordar el núcleo tecnológico del sistema 

policial en su conjunto. A pesar de que los resultados obtenidos en Chicago sean 

los mejor documentados, este programa sigue siendo un programa adicional a 

la respuesta policial tradicional existente. 

Proyecto tras proyecto, la policía de proximidad parece buscar tener efectos 

sobre la policía y la jurisdicción de forma progresiva, a través de programas de 

demostración a lo largo del tiempo. Aunque existen argumentos a favor y en contra de llevar a cabo proyectos piloto, está claro que lo que se considera policía no 

está conectado con estos programas (véase Zhao 1996). Si hemos aprendido algo 

de los experimentos pasados de la policía en pareja (Sherman, Milton y Kelly 1973; 

Schwartz y Clarren 1977) es que las burocracias policiales son capaces de censurar la innovación, especialmente cuando el cambio amenaza el status quo de la 

agencia (véase Wycoff y Kelling 1978). En consecuencia, el enfoque limitado y 

muchas veces cerrado concedido a los programas de policía de proximidad y la 

policía orientada a la solución de problemas es poco probable que hoy en día afecte 

las rutinas burocráticas que estos programas pretenden alterar. 

En relación con las cuestiones organizativas suscitadas anteriormente, muchos de los programas de policía de proximidad se presentan y funcionan junto 

con otros servicios policiales en una misma área. Por ejemplo, en los programas 

de patrulla a pie, los agentes se colocan para sustituir a la patrulla motorizada, 

o los agentes de las comisarías de barrio se suman a servicios policiales existentes en el barrio. Esta especialización puede ser muy perjudicial para la implantación de servicios de policía de proximidad y orientados a la solución de 

problemas. Cuando esta especialización organizativa existe, tenemos que con­
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 411 

templar el movimiento de las relaciones comunitarias de generaciones de policías anteriores y su impacto en agentes «verdaderos» (Greene y Pelfrey 1997). 

La infrautilización de la policía de proximidad debe impedirse al construir la 

agenda policial del futuro. 

La resocialización y la formación de los agentes de policía 

Otro conjunto de problemas de puesta en práctica lo constituyen la selección y resocialización de los policías asignados a programas, funciones y actividades de policía de proximidad. En relación con la selección, no está claro que 

lo que pasa por ser un programa de policía de proximidad u orientado a la solución de problemas no sea en realidad la consecuencia de que agentes de policía 

altamente motivados se seleccionen o se presenten voluntarios para estos puestos. Esto es lo que sucede generalmente en los programas de policía de proximidad: los agentes de policía son muchas veces voluntarios o agentes destacados, con lo que, en los casos en los que se dan tales efectos, no sabemos si la 

causa está en el programa o en el individuo. 

Los resultados de Chicago y Joliet concluyen que la policía de proximidad y 

la orientada a la solución de problemas se puede generalizar al conjunto de fuerzas policiales (Skogan y Hartnett 1997; Lurigio y Skogan 1998; Lurigio y 

Rosenbaum 1994). Sin embargo, existen cuestiones todavía por resolver, como qué 

tipo de agentes deben participar en estos programas y cómo afecta el proceso de 

selección y socialización de dichos agentes a la generalización de este estilo policial. Zhao y sus colegas (1995) constataron que existía una preferencia por la 

formación de policía de proximidad y orientada a la solución de problemas en 

muchas agencias de policía. Ésta no es una simple cuestión técnica, ya que apunta a un interrogante fundamental, es decir, si es posible que todos los agentes 

policiales, o al menos una gran parte de ellos, se conviertan en agentes de policía 

de proximidad u orientada a la solución de problemas (Greene, 1989). 

En relación con la formación en la función, las cuestiones emergen en cuanto 

a qué agentes policiales que participan en programas piloto reciben la 

resocialización necesaria para su nuevo papel. Gran parte de la formación policial podría caracterizarse por formar a agentes «activos»; pero la reforma que 

implican los programas comunitarios y los orientados a la solución de problemas requerirá agentes «reflexivos». 

Una rápida revisión de la literatura sobre antiguos programas de policía de 

proximidad y orientada a la solución de problemas revela que generalmente los 

agentes de policía dedican menos de una semana a aprender estos nuevos pape­
412 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

les. Ciertamente, la implantación de roles basados en tan poca preparación significa que es improbable que produzcan los resultados esperados; si estos resultados se consiguen, la cuestión es saber si se han conseguido por los programas 

e instituciones o por la auto-selección de los agentes de policía. 

La policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas 

requieren cambios fundamentales en el procedimiento del trabajo policial. Muchas veces, estos esfuerzos no han ido acompañados de formación efectiva que 

pueda ayudar a los agentes de policía, a los supervisores y al personal a todos 

los niveles para proceder a este cambio de filosofía, política y práctica. 

En sus inicios, la formación sobre policía de proximidad y orientada a la 

solución de problemas era muy pequeña dentro del entrenamiento que recibía 

un policía. En muchos casos, esta formación era corta, conceptual y etérea, y 

carente de conexión con la realidad del trabajo. (Para una discusión de este proceso en Chicago, véase Skogan y Hartnett 1997). Esta formación podía ir desde unas pocas horas a quizás un día entero. De hecho, gran parte de los actuales esfuerzos por inculcar la policía de proximidad y la orientada a la solución 

de problemas a los policías son todavía escasos, yendo desde pocos días a quizás una semana, un tiempo insignificante para resocializar a la policía. 

Aunque, más allá de la cuestión de la duración, la cuestión es de contenido. ¿Cuáles son las áreas de conocimiento relevantes para la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas? Desde la perspectiva 

de la policía de proximidad, los temas consensuados son: la comunicación eficaz, el desarrollo y manejo de las reuniones, la creación de consenso entre los 

socios comunitarios, la planificación de la acción y la habilidad de manejar el 

conflicto interpersonal. Estos temas no se encuentran normalmente en los programas de formación policial. Además, la formación policial avanzada y básica estadounidense emite mensajes sobre el papel de la policía en la sociedad y, 

especialmente, sobre la importancia de la policía de proximidad y la orientada 

a la solución de problemas respecto a enfoques más tradicionales. Lo que falta 

en la policía estadounidense es un vínculo con la policía de proximidad y la 

orientada a la solución de problemas, el cual uniría los temas diversos en un programa de formación básico y avanzado. 

Quizás un problema más grave en la formación policial en cuanto a cómo 

afecta la policía de proximidad y la orientada a la solución de problemas es la 

preparación de los nuevos agentes para el reto de sus nuevos puestos de trabajo. Normalmente, comisiones de formación y estándares de cada estado supervisan la formación policial. Dichas comisiones fijan los estándares mínimos para 

la formación policial. Existe frecuentemente un rango de horas necesarias de 

formación y preparación para ser policía, normalmente entre 420 y 600 horas. 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 413 

Gran parte de esta formación fue desarrollada durante la era profesional de actuación policial. Es decir, gran parte de dicha formación se desarrolló para que 

la policía alcanzara un estándar de práctica que podría asegurar una preparación 

mínima de todos los agentes y garantizar el prestigio ocupacional de la profesión. Juntos, los dos objetivos de establecer criterios mínimos para la policía y 

de incrementar el estatus de la profesión, han sido la justificación de base de este 

movimiento. Desgraciadamente, cuando se adoptaron, los estándares mínimos 

no incluyeron mucha temática de policía de proximidad u orientada a la solución de problemas. Incluso hoy, la integración de los conceptos de policía de 

proximidad y orientada a la solución de problemas en un plan de estudios obligatorio estatal no es nada típico. Más bien, la formación necesaria se suele impartir de forma adicional en las academias policiales del país, dominadas por las 

habilidades tradicionales de actuación policial. 

La cultura policial 

Quizás uno de los mayores obstáculos para materializar los programas de 

policía de proximidad y orientada a la solución de problemas resida dentro de 

la cultura policial. Las culturas organizativas son «los valores, creencias, asunciones, percepciones, normas, artefactos, y los patrones de conducta» que guían 

la acción individual y del grupo (Ott 1989, 1). Las culturas son metáforas poderosas, ya que centran nuestros intereses en símbolos internos que guían el comportamiento organizativo (Morgan 1986). 

A pesar de reconocer el papel que el estilo (o la organización cultural) juega en la policía, los métodos para crear esta cultura organizativa y las 

implicaciones que tiene este conflicto de culturas en el trabajo policial no se 

entienden claramente, y tampoco se ponen en práctica por las policías modernas de hoy en día. La cultura de valores y organizativa en la policía es importante, más allá del concepto de la imagen o las nociones estilísticas pensadas para 

condicionar los departamentos policiales (Wilson 1967; Brown 1981). Al nivel 

institucional de la policía, los valores y la cultura están muchas veces asociados 

a la estrategia corporativa que persigue la organización en su conjunto (véase 

Kelling y Moore 1988; Moore y Trojanowicz 1988). Las tendencias actuales en 

la policía hacia la identificación y publicación de valores organizativos explícitos pueden ilustrar las conexiones institucionales de la selección policial y los 

apoyos al proceso de socialización o renuncia a un estilo de policía más generalizado. Y el conflicto entre la cultura interna de la organización policial y la 

cultura táctica de las operaciones policiales, identificado por distintos autores 
414 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

(Manning 1977; Brown 1981; Reuss-Ianni y Ianni 1983) puede considerarse 

prueba de un conflicto interno por clarificar los valores de los departamentos 

policiales. Además, los esfuerzos actuales por cambiar los departamentos 

policiales de una policía tradicional a una policía de proximidad y orientada a 

la solución de problemas (Goldstein 1990) se pueden considerar dirigidos a valores internos de participación policial, como ya se ha visto en las consideraciones anteriores sobre los modelos policiales. 

La resocialización de los supervisores 

Aunque hay un acuerdo general en que los supervisores de primera línea 

juegan un papel primordial en el control de actividades de los agentes de primera 

línea (escala básica), el cambio de policía de proximidad y orientada a la solución de problemas incrementa la importancia de estas funciones. En la ciudad 

de Nueva York, por ejemplo, el papel de los sargentos requirió importantes ajustes para supervisar correctamente a los CPOP, anteriormente mencionados. Por 

ejemplo, los agentes de Nueva York que supervisaban las actividades de los agentes de las calles tuvieron que ajustar sus expectativas y las de los agentes sobre 

qué actividades eran legítimas. En este caso, la cuestión era cambiar la definición de los sargentos en cuanto al buen trabajo policial para incluir un mayor 

contacto con la comunidad (véase Weisburd y McElroy 1988). Un segundo cambio en la práctica y orientación de los supervisores incluye la necesidad de cambiar el trabajo de los sargentos de una función de gestión del trabajo por una 

actividad orientada a la solución de problemas y mucho más proactiva (en este 

caso, la venta de droga en la calle). En tercer lugar, en la experiencia de Nueva 

York los sargentos necesitaron ajustar las prácticas de supervisión para asegurar que, a la vez que mejoraban la interacción con la comunidad, la acción policial seguía siendo legítima y no suponía corrupción en la toma de decisiones y 

acciones de los agentes. 

Skogan y Hartnett se hicieron eco de la preocupación sobre el desarrollo de 

facilidades y acuerdos entre los sargentos basados en conceptos y prácticas de 

la policía de proximidad y la orientada a la solución de problemas. Sobre el programa CPS de Chicago, consideraron que: «resultaba obvio que el programa no 

podía ser una realidad hasta que los agentes creyeran que sus superiores inmediatos realmente esperaban de ellos que lo llevaran a cabo» (1997, 90). 

Para que la policía de proximidad y la orientada a la solución de problemas 

sea una realidad en la policía estadounidense, será necesario que las prácticas 

de los supervisores cambien para facilitar la consecución de resultados mientras 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 415 

que a los agentes se hace responsables de la solución de problemas. Ésta es una 

tarea importante y que requiere que nos cuestionemos el modelo de supervisión 

industrial que siempre ha existido en la policía. Queda claro desde la literatura 

sobre la policía que la función ambiental de la policía produce por un lado oportunidades para la construcción de la comunidad y la solución de problemas, pero 

también mejora la satisfacción de los agentes de policía (Wycoff y Skogan 1993; 

Zhao, Thurman y He 1999). Los agentes de policía buscan la autonomía en sus 

actividades diarias, de modo que será esencial que los supervisores policiales 

permitan a los agentes tenerla mientras se aseguran de que esta autonomía será 

usada de forma apropiada para resolver los problemas de la comunidad. 

Medición del rendimiento 

Finalmente, quizá una de las cuestiones más importantes de la policía de 

proximidad y la orientada a la solución de problemas es la necesidad de desarrollar e implantar mediciones del rendimiento que refuercen el cambio de una 

policía tradicional hacia estos nuevos estilos y prácticas. La medición del rendimiento tiene como objetivo averiguar qué es lo que la organización valora para 

entonces controlar el cumplimento individual de los objetivos organizativos. 

Estos sistemas refuerzan los mensajes obtenidos de la discusión filosófica sobre la policía de proximidad y la orientada a la solución de problemas, poniendo en práctica los medios y los resultados perseguidos por los agentes de policía, los grupos de trabajo y la organización en su conjunto. Tal como destacaron 

Skogan y Hartnett (1997, 109): 

«El rendimiento en el modelo de policía de proximidad necesita ser reconocido, y 

las medidas de rendimiento deben desarrollarse para permitir que los gestores realicen una retroalimentación con los agentes de la escala básica sobre lo bien que lo 

están haciendo, para transmitir al departamento y al público en general la realidad 

de los nuevos valores y expectativas del departamento». 

En algunos aspectos, la policía estadounidense se encuentra inmersa en una 

situación ridícula en la que al mismo tiempo se anuncia a la comunidad y a la 

policía que deben esperar innovaciones en la misma y, no obstante, se continúan 

midiendo cuestiones que están más relacionadas con la policía tradicional, como 

las detenciones o denuncias. En sistemas donde existe una disyuntiva entre discurso y práctica, debe esperarse que los empleados al final sigan el camino de 

lo que se puede medir, premiar y castigar. 
416 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Actualmente, existen mensajes contradictorios sobre la medición del rendimiento policial a distintos niveles: organizativo e individual. A pesar de los distintos esfuerzos realizados para cambiar la policía hacia un modelo de proximidad y orientado a la solución de problemas, el rendimiento policial se sigue 

midiendo principalmente por la frecuencia con la que se producen delitos graves y por el número de detenciones realizadas por la policía. 

Se han producido numerosas discusiones sobre la vaguedad de las estadísticas policiales y su habilidad para reflejar el rendimiento policial. Esencialmente 

se dice que las estadísticas policiales no pueden medir el rendimiento policial 

porque están más bien relacionadas con la confianza de la sociedad en denunciar su victimación a la policía. Asimismo, las estadísticas policiales sobre detenciones son problemáticas como medida de rendimiento, ya que generalmente están más afectadas por el nivel de recursos que la policía puede destinar a 

un lugar o delito determinado, que por la eficacia y la eficiencia policial. Hasta 

el momento, la mayoría de agencias de policía no han asociado llamadas de servicio con medidas de rendimiento, a pesar de que estos datos pueden reflejar 

mejor las preocupaciones de la sociedad sobre el delito y el desorden, así como 

otras cuestiones que preocupan a la sociedad. 

La solución de problemas, como cambio tecnológico importante de la policía, debe crear un sistema de medición que permita a la policía conocer si el problema se ha resuelto o ha disminuido. Además, si el nivel de daño del problema se ha reducido o éste tarda más tiempo en repetirse, la policía habrá mejorado 

su rendimiento aunque no se refleje exactamente en sus medidas tradicionales. 

Identificando y usando medidas apropiadas para el rendimiento policial, también se actuará para reforzar los cambios hacia la policía de proximidad y la 

orientada a la solución de problemas. Por el contrario, si la policía continúa usando medidas tradicionales de éxito exclusivamente, el mensaje interno que los 

agentes reciben es que el trabajo tradicional es el camino para el éxito individual y organizativo. Este mensaje complica los papeles individuales y los cambios institucionales en la policía y perjudica los primeros logros de la policía de 

proximidad y la orientada a la solución de problemas. 

El autor quiere agradecer al Dr. Dennis P. Rosenbaum, del School of Criminal Justice, Universidad de Albany, Universidad Estatal de Nueva York; al Dr. 

Alex Piquero, Departamento de Criminal Justice, Universidad de Temple; y a los 

miembros del comité editorial del proyecto Criminal Justice 2000 por sus útiles y profundos comentarios sobre este trabajo. Este manuscrito ha mejorado con 

su ayuda, aunque cualquier interpretación, error y omisión se debe al autor. 
LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN ESTADOS UNIDOS 417 

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CRITERIOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO 

DE LOS TRIBUNALES 

INGO KEILITZ 

Presidente de Sherwood Consulting en Williamsburg, Virginia. 

Traducción de Carmen Vargas 

RESUMEN 

Los Criterios del Desempeño de los Juzgados (Trial Court Performance Standards, 

en adelante, TCPS), han cumplido 10 años de desarrollo. Los TCPS impulsaron 

significativamente el panorama de investigación sobre la medición del desempeño 

de los tribunales y otros componentes del sistema judicial, partiendo desde la conceptualización e identificación de modelos, variables y definiciones operativas, hasta 

la revisión y evaluación criticas para su puesta en práctica. A diferencia de tantos 

modelos teóricos que tratan sobre la medición del desempeño y recomiendan su 

aplicación en los juzgados, los TCPS ofrecen instrucciones específicas sobre la forma 

en que ello debe hacerse. Los TCPS incluyen los elementos para un sistema completo de medición del desempeño organizativo: (1) los conceptos o modelos abstractos del desempeño esperado, (2) sus variables o representaciones concretas, y (3) 

las definiciones operativas para medir tales variables. A pesar de su extendido uso 

en los Estados Unidos, los TCPS no son muy conocidos fuera del ámbito de los operadores judiciales. Este ensayo revisa los conceptos, variables y definiciones 

operativas de los TCPS; hace un seguimiento de la historia de su desarrollo; y estudia su contribución a nuestro conocimiento sobre la medición del desempeño de 

los tribunales y otros componentes del sistema judicial. La terminología y la lógica 

de la medición del desempeño —la relativa a los «inputs», «productos» y «resultados»— son luego aplicadas a la tarea de medir el desempeño en los tribunales, en 

particular a las estrategias para la aceptación, la adopción y el uso de los TCPS a la 

luz de la resistencia general que existe, entre los operadores judiciales, hacia los 

indicadores del desempeño organizativo. 
426 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

A los tribunales, como a tantas otras organizaciones financiadas con el dinero público, se les exige de manera creciente la rendición de cuentas de su desempeño. No satisfecho con la priorización de los servicios en razón de las necesidades o las demandas, el ciudadano pide que se le asegure la efectividad de 

los servicios a un coste razonable. La aplicación de criterios e indicadores del 

desempeño en los tribunales es una manera de verificar que el ciudadano recibe aquello por lo que paga (Epstein 1988). Los TCPS, desarrollados a lo largo 

de casi 10 años, fueron publicados en cuatro volúmenes en julio de 1997 

(Commission on Trial Court Performance Standards 1997a, 1997b, 1997c, 

1997d). Estos criterios constituyen un hito en el desarrollo de conceptos, técnicas y estrategias para examinar el desempeño de los tribunales y del sistema judicial. Son un ejemplo de reforma de la política pública surgida del esfuerzo por 

establecer indicadores de los objetivos de una rama del gobierno 1. 

Los TCPS proporcionan un marco conceptual y los pasos a seguir para identificar los resultados esperados, permitiendo crear e identificar indicadores 

medibles del progreso hacia esos resultados, y evaluar el desempeño del sistema judicial. Representan una nueva forma de entender —un nuevo paradigma— 

el papel y las responsabilidades de los tribunales. Los Criterios del Desempeño 

de los Juzgados con comentario (Trial Court Performance Standards with 

Commentary), el primero de los dos principales volúmenes, describe los criterios (esto es, los objetivos de desempeño en sentido amplio o las áreas de mayor énfasis) en torno a los cuales los tribunales deberían canalizar sus mayores 

esfuerzos, el papel y las responsabilidades que estos criterios imponen 

(Commission on Trial Court Performance Standards 1997d). El segundo de esos 

volúmenes, el Manual de los Criterios y la Medición del Desempeño de los Juzgados (Trial Court Performance Standards and Measurement Manual), describe los indicadores de desempeño y los métodos mediante los cuales los tribunales pueden evaluar su desempeño en relación con los criterios (Commission 

on Trial Court Performance Standards 1997b) 2. 

A pesar de su extendido uso en los Estados Unidos y en muchos otros países, los TCPS no son muy conocidos fuera del ámbito de los operadores judi1 Otro ejemplo es la reforma del sistema de bienestar social (véase Nathan 1988). 2 Los otros dos volúmenes, del conjunto de cuatro, el Planning Guide y el Program Brief, 

ofrecen directrices para el uso de los TCPS como herramienta de evaluación y planificación y responden a preguntas y cuestiones que pueden surgir a los responsables de la política pública y a 

los funcionarios judiciales. 
CRITERIOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LOS TRIBUNALES 427 

ciales. 3 El objetivo de este ensayo es estimular la revisión crítica y la experimentación, dirigidas no sólo al fundamento de los TCPS, sino también a su aplicación en los tribunales. El ensayo revisa los conceptos, variables y definiciones operativas de los TCPS; hace un seguimiento de la historia de su desarrollo; 

y explora su contribución a nuestro conocimiento sobre la medición del desempeño de los tribunales y otros componentes del sistema judicial. La terminología y la lógica de la medición del desempeño —la referente a los «inputs», «productos» y «resultados»— son luego aplicadas a la tarea de estimar el desempeño 

de los tribunales, en particular a las estrategias para la aceptación, la adopción 

y el uso de los TCPS, y al progreso de la reforma de política pública suscitada 

por los TCPS a la luz de la resistencia general que existe, entre los operadores 

judiciales, hacia los indicadores del desempeño organizativo. 

En su renombrado libro de 1992, Reinventing Government, David Osborne 

y Ted Gaebler animaban a las organizaciones públicas a medir los resultados en 

lugar de los procedimientos, la efectividad en lugar de la eficiencia, y los resultados amplios de las políticas públicas en lugar de los resultados de los programas o los procedimientos. Citaban una versión preliminar de los TCPS 4 como 

un buen ejemplo de una medición adecuada del desempeño, centrada en los resultados (qué propósitos consiguen realmente los tribunales con los medios de 

los que disponen) y no en los inputs (esto es, la organización y los procedimientos). Poniendo el énfasis en los resultados que son de interés para los usuarios 

de los tribunales, en lugar de aquéllos que interesan a quienes los dirigen, los 

TCPS evitan los problemas habituales en la medición del desempeño en el sector público –fallos en la identificación de los resultados importantes, así como 

una confusión entre los inputs (esto es, procedimientos, recursos y organización) 

y los resultados. 

A diferencia de tantos modelos teóricos que tratan sobre la medición del 

desempeño y recomiendan su aplicación en los juzgados (véase por ejemplo, U.S. 

Department of Justice, 1993), los TCPS ofrecen instrucciones específicas sobre 

la forma en que ello debe hacerse. Los TCPS describen de modo exhaustivo cuestiones que parecen obvias retrospectivamente, pero que los gestores públicos no 

han tenido en cuenta, en palabras de John J. DiIulio, Jr. «con suficiente regula3 El profesor George F. Cole ha publicado el que probablemente es el único artículo académico que describe los TCPS con cierto detalle (véase Cole 1993). Por el contrario, en años recientes, la mayoría de los números de The Court Manager, la publicación de la National 

Association for Court Management, han mencionado los TCPS. 4 Se distribuyeron aproximadamente 10.000 copias de esta versión preliminar de los TCPS 

entre 1989 y 1996 (Commission on Trial Court Performance Standards 1990). 
428 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

ridad o seriedad» (1993, 149). Estas cuestiones son (1) lo que el desempeño de 

los juzgados debiera ser, (2) qué factores determinan los «resultados» de este 

desempeño, (3) cuáles son los resultados esperados y por quién, (4) cómo y con 

qué medios deberían medir los operadores judiciales el desempeño del día a día 

de los tribunales, y (5) cuáles son los objetivos de los tribunales teniendo en 

cuenta que son organizaciones públicas (esto es, los conceptos en los que se fundamentan las variables e indicadores de desempeño). 

EL SABER CONVENCIONAL SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS TRIBUNALES: 1906-1976 

Empezando con el discurso de 1906 de Roscoe Pound a la American Bar 

Association sobre las «causas de la habitual insatisfacción con la administración 

de justicia» (Pound 1937), discurso que «encendió la llama del progreso» en la 

administración de justicia (Wigmore 1937, 176), el «saber convencional» que 

indicaba que la mejor manera de resolver los problemas de los tribunales era 

realizar innovaciones en su organización y sus procedimientos dominó las reformas durante 70 años (Gallas 1976, 35-36). Se asumía, de manera simple, un nexo 

entre la organización, los recursos y los procedimientos (inputs) y sus productos inmediatos, como el número de causas resueltas y los servicios ofrecidos 

(productos), y la efectividad de los tribunales y el bienestar de los ciudadanos 

que reciben tales servicios (resultados). Por ejemplo, la creencia de que la unificación de los mismos —la consolidación y simplificación de la organización 

de los tribunales— tiene un impacto directo sobre su desempeño, no fue cuestionada de manera seria hasta finales de la década de 1970 (véase Henderson et 

al. 1984; Rottman y Hewitt 1996). Este saber convencional, el cual prioriza la 

organización y el procedimiento por encima de los resultados, es ejemplificado 

en los Criterios Relativos a la Organización de los Juzgados (Standards Relating 

to Court Organization) de la American Bar Association (revisados en 1990) y 

los Criterios Relativos a los Juzgados (Standards Relating to Trial Courts) (revisados en 1992) (American Bar Association 1990, 1992). 

El interés en la medición del desempeño, y en los tribunales como unidades de análisis, creció enormemente a partir de la investigación empírica de finales de la década de 1970 e inicios de la de 1980, siendo gran parte de ella realizada por el Centro Nacional para los Tribunales Estatales (National Center for 

State Courts, en adelante, NCSC) para el estudio de la dilación judicial. Esta 

investigación sugería que no había una única manera de garantizar los resultados esperados y que los tribunales con similares reglamentaciones, organización 

y procedimientos podían tener productos y resultados dramáticamente distintos 
CRITERIOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LOS TRIBUNALES 429 

(véase Goerdt 1998). Mientras tanto, el énfasis de la investigación sobre los tribunales se amplió desde tópicos más bien limitados (por ejemplo, el papel del 

abogado de la defensa, la libertad previa al juicio, y los acuerdos en materia penal) hacia una perspectiva más amplia de los tribunales como organizaciones 

públicas que operan en el contexto del sistema judicial como un todo 5. La idea 

de que los tribunales deben ser gestionados como otras organizaciones públicas 

y privadas para alcanzar los resultados esperados había conseguido una posición 

firme en la administración judicial. 

En 1978, el Instituto Nacional de Aplicación de la Ley y Justicia Penal 

(National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice) [ahora el Instituto Nacional de Justicia (National Institute of Justice)] del Departamento de Justicia de los EE.UU. encargó una serie de estudios para medir el desempeño en 

el sistema de justicia penal, incluyendo tribunales, policía, fiscalía, turno de oficio, sistema de ejecución de penas, y el sistema de justicia en su conjunto. (Cook 

et al. 1982; Whitaker et al. 1982; Jacoby 1982; Grizzle et al. 1982). Este conjunto de trabajos son los predecesores inmediatos de los TCPS. Uno de los cuatro 

volúmenes que describen los resultados de estos estudios buscaba desarrollar un 

modelo conceptual y una metodología para ser usados en la construcción de 

indicadores de desempeño de los tribunales penales metropolitanos (Cook et al. 

1982, v). Los autores revisaron tres tipos de literatura: investigaciones y análisis que se centraban en mejorar el desempeño; investigación y teorías para definir el desempeño; e investigación aplicada centrada en la medición del desempeño. La literatura revisada fue complementada con entrevistas al personal de 

los tribunales y observaciones de los operadores judiciales. «No hemos encontrado», concluían los autores, «un consenso claro y explícito sobre los factores 

clave tales como: qué es el desempeño, cómo debería medirse, cuáles son los 

objetivos que debería tener un tribunal, qué factores determinan el producto de 

los tribunales, o el significado de términos tales como “garantía de juicio justo”, “eficiencia” y “justicia”» (Cook et al. 1982, 6). En gran medida, estos temas no estaban resueltos sino simplemente presentados como temas de investigación que requerían mayor atención. 

Dada la complejidad del tema, no debería resultar sorprendente, al menos 

retrospectivamente, que estos primeros estudios no produjeran un «modelo com5 El interés en la resolución alternativa de conflictos, el cual inspiró un torrente de innovación puntera a mediados de la década de 1980, también atrajo la atención hacia cuestiones sobre 

la medición de la calidad de la justicia. Véase Tyler 1989 (este artículo es uno de los varios que 

tratan el tema de la calidad de la resolución de disputas en un número especial) y Hensler 1988. 
430 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

pleto y rigurosamente detallado para la construcción de un sistema de medición 

del desempeño», sino sólo un «marco conceptual que guiaría el futuro desarrollo de tal «riguroso modelo». Llevaría otros cinco años para empezar, y 15 para 

crear este «modelo completo y rigurosamente detallado» (Cook et al. 1982, 11). 

Un comentarista, al evaluar el estado de la medición del desempeño de los tribunales en los inicios del proyecto de los TCPS, en 1987, concluía que «si los 

tribunales tienen que mejorar durante los siguientes 30 años, cualquiera que tenga 

relación con ellos —administradores, jueces, investigadores, y otros— debe aumentar radicalmente el grado de atención prestada a la evaluación del desempeño» (Feeney 1993, 477). 

Visión general de los TCPS 

Los TCPS incluyen los elementos para un sistema completo de medición del 

desempeño organizativo: (1) los conceptos abstractos del desempeño esperado, 

(2) sus representaciones concretas o variables, y (3) sus definiciones operativas 

y los procedimientos para medir tales variables. Los elementos están agrupados 

en cinco áreas de desempeño que engloban el propósito fundamental de los tribunales: 

• Acceso a la Justicia 

• Diligencia y Puntualidad 

• Igualdad, Equidad, e Integridad 

• Independencia y Rendición de Cuentas 

• Confianza Pública 

Estas áreas sugieren formas alternativas de ver el papel y las responsabilidades fundamentales de los tribunales, tales como ofrecer y demostrar que se 

ofrece justicia individual en asuntos individuales; resolver litigios; defender las 

constituciones Federal y Estatal; trabajar de manera independiente de, pero en 

cooperación con, otras ramas del gobierno; promover el estado de derecho; defender a los individuos del uso arbitrario del poder gubernamental; mantener un 

archivo oficial de los procedimientos legales; y promover conductas coherentes 

con las normas societarias expresadas en los estatutos, ordenanzas y regulaciones. Dentro de cada una de las cinco áreas de desempeño, entre tres y seis de 

los criterios describen los propósitos (o principales áreas a enfatizar) para el 

desempeño de los tribunales. Los criterios en dos de las cinco áreas de desempeño —Resoluciones Oportunas y Eficaces, e Igualdad, Equidad e Integridad— 

enfatizan las funciones fundamentales de resolución de litigios de los tribunales. Los criterios en las otras tres áreas de desempeño hacen hincapié en las fun­
CRITERIOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LOS TRIBUNALES 431 

ciones de los tribunales como organizaciones y sus relaciones con otras organizaciones y con los ciudadanos. 

Teóricamente se asigna el mismo peso e importancia a las cinco áreas de 

desempeño. Por ejemplo, si se niega el acceso y la participación efectivas en la 

justicia, ya tiene poca importancia para los afectados que un tribunal se desempeñe potencialmente bien en las otras cuatro áreas. Una justicia tardía es una 

justicia denegada, incluso si se superan las barreras de acceso. Sin embargo, la 

diligencia y la puntualidad no lo es todo. Si el tren no va al lugar donde usted 

quiere ir, poco le importa lo rápido que circule. Un sistema judicial que no cuenta 

con la confianza ciudadana tiene poco poder y legitimidad. 

En la práctica, las áreas de desempeño están vinculadas sistemáticamente, 

y las acciones en una afectarán a la otra. Si un grupo minoritario pierde la confianza en el sistema judicial y considera que no será tratado con justicia y equidad, su participación y acceso efectivos a la justicia serán limitados. El desempeño de los tribunales en las diferentes áreas puede entrar en conflicto, por lo 

que se requerirá que los administradores y organizadores tomen decisiones y las 

sopesen. Una campaña informativa que dé promoción al programa de violencia 

doméstica de un tribunal puede incrementar el acceso de mujeres que necesitan 

órdenes de protección, pero al mismo tiempo puede incrementar la carga de trabajo del tribunal hasta el punto de generar un riesgo de retrasos y dilaciones. 

Para cada área de desempeño se presentan unos textos breves —criterios 

«básicos»— que describen el desempeño esperado. Cada criterio es seguido de 

un comentario que lo explica y aclara. Un total de 22 criterios cubren las cinco 

áreas. Cada criterio está vinculado a un conjunto de indicadores de desempeño 

(esto es, variables, definiciones operativas y procedimientos para medir las variables), así como a métodos, técnicas e impresos para la recogida de la información —un total de 68 indicadores para el conjunto de 22 criterios 6. 

Los TCPS recomiendan a los tribunales realizar una práctica continua de 

auto-evaluación y mejora como parte de su gestión, planificación y liderazgo. 

Cada uno de los 68 indicadores se presenta en un lenguaje fácil de entender, incluyendo una descripción del propósito del indicador y cómo se ajusta al criterio y al área de desempeño; la planificación y los preparativos para realizar la 

medición; los procedimientos e impresos para la recogida y análisis de los datos y la emisión del informe; y referencias a otros recursos. Esto permite a los 

6 Estos elementos están descritos en detalle en dos de los cuatro volúmenes de los TCPS 

(véase Commission on Trial Court Performance Standards 1997b, 1997d). 
432 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

operadores judiciales adaptar el indicador específico de desempeño con poca o 

ninguna ayuda por parte de los investigadores. Algunos indicadores y sus respectivos métodos se construyen a partir de otros, debiendo aplicarse en una secuencia concreta. Otros se pueden evaluar de manera independiente. Algunos 

indicadores, como el 1.1.3, Posibilidad de que Puedan ser Oídos los Participantes Durante las Audiencias Abiertas, son relativamente fáciles de aplicar; otros, 

como el 3.3.3, Igualdad y Equidad de las Sentencias, son más complejos y requieren más tiempo. 

El sistema de medición emplea un gran número de métodos para la recogida de los datos y acude a diversas fuentes de información. Se incluyen métodos 

conocidos como revisar los expedientes judiciales para contabilizar sentencias 

y resoluciones, así como otras técnicas de las ciencias sociales menos familiares para los tribunales como son la observación sistemática, simulaciones, encuestas a diversos grupos de referencia y técnicas de grupo. Se sugieren diferentes «evaluadores» y recolectores de datos dependiendo del objeto a medir. Se 

recomiendan, por ejemplo, voluntarios previamente formados para realizar las 

observaciones estructuradas de los procedimientos judiciales y las simulaciones 

del acceso público a la información judicial; y se recomienda que sea el personal del tribunal quien realice las mediciones que tienen que ver con la revisión 

de los expedientes. Algunos indicadores —como el 5.1.3, Percepciones Generales de los Ciudadanos sobre el Desempeño de los Tribunales— exigen la participación de consultores profesionales o del personal del tribunal con experiencia en el análisis de datos o en la metodología de encuestas. Una de las cuatro 

publicaciones de los TCPS, la Guía de Planificación para la Aplicación de los 

Criterios de Desempeño de los Tribunales y su Sistema de Medición (Planning 

Guide for Using the Trial Court Performance Stardards and Measurement 

System), trata los temas más generales relacionados con el proceso de medición, 

organizándolos en tres cuestiones: ¿Quién debería supervisar el proceso de medición? ¿Cómo debería adaptarse el indicador o el proceso de medición en un 

tribunal específico? ¿Cómo deberían usarse los resultados? (Commissión on Trial 

Court Performance Standards 1997b.) 

7 A nivel conceptual, los resultados son cuestiones de sentido común. Son lo que importa 

a quienes reciben los servicios de los tribunales y no necesariamente a quienes los dirigen: aquéllos que, en su trabajo diario, se preocupan fundamentalmente del producto de los tribunales sin 

referencia a qué efecto tiene ello para los individuos, grupos y la comunidad. Puede encontrarse 

una interesante discusión sobre productos y decisiones basadas en los resultados en Danegger et 

al., 1999. 
CRITERIOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LOS TRIBUNALES 433 

El desempeño, tal como es definido en las áreas, criterios e indicadores de 

desempeño de los TCPS, está orientado hacia resultados y no al nivel de esfuerzo 

o producto. Un «resultado» se refiere a un resultado significativo, a una condición de bienestar para los individuos, grupos o comunidades que reciben servicios de los tribunales, y no sólo a un «producto» o esfuerzo del tribunal (por 

ejemplo, número de causas atendidas) sin relación a las necesidades de los ciudadanos y a los propósitos últimos del gobierno. 7 Decir que los TCPS están 

«orientados» hacia los resultados importantes supone imponer una condición a 

los mismos. Esto es, aunque los objetivos de los TCPS son claramente los resultados, los criterios e indicadores individuales varían considerablemente en 

función del grado en que se les identifique con los resultados y no con meros 

productos. 

Parte del problema es atribuible simplemente a la dificultad para identificar resultados significativos y para crear variables, indicadores y definiciones 

operativas de esos resultados que sean útiles, especialmente en aquellas áreas 

donde no existen indicadores de desempeño. ¿Cuáles son los resultados específicos esperados en relación al acceso a la justicia, la igualdad y la equidad, y la 

independencia y rendición de cuentas? Durante el desarrollo de los indicadores, 

el proyecto de los TCPS estuvo plagado de lo que el personal llamó «deformaciones del procedimiento»: la tendencia a identificar los criterios e indicadores 

asociados con los inputs (los recursos que el tribunal utiliza para producir servicios) y los productos (el número y tipo de servicios producidos), y no con los 

resultados. 

Las siguientes cinco subsecciones resumen los principales elementos de los 

TCPS por área de desempeño de los tribunales, empezando por el Acceso a la 

Justicia. 

Acceso a la Justicia 

Los cinco criterios que definen el área de desempeño de Acceso a la Justicia —presentados en primer lugar porque se refieren a la entrada inicial de los 

litigantes y otros usuarios de los tribunales en el sistema judicial— requieren que 

los tribunales sean accesibles a los individuos a los cuales deben servir. Requieren que los tribunales eliminen, de hecho, todas las barreras —físicas, geográficas, procesales, cognitivas, psicológicas y actitudinales— de los servicios judiciales. Como en el conjunto de los 22 criterios, estos cinco del área de Acceso 

a la Justicia animan a los tribunales a ver su desempeño desde el punto de vista 

de los ciudadanos que son atendidos por los tribunales (resultados), y no desde 
434 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

la perspectiva de quienes los dirigen (que tienen más probabilidad en centrarse 

en los inputs y los productos). 

1.1.	 Procedimientos Públicos: El juzgado realiza sus procedimientos y otras 

actividades de forma transparente. 

1.2.	 Seguridad, Accesibilidad y Facilidad: Los servicios del juzgado son 

seguros, accesibles y convenientes de utilizar. 

1.3.	 Participación Efectiva: El juzgado permite que todos los comparecientes tengan la oportunidad de participar de modo efectivo, sin dificultades o molestias indebidas. 

1.4.	 Cortesía, Receptividad y Respeto: Los jueces y el resto del personal 

del juzgado son receptivos y muestran respeto ante todos aquéllos con 

quienes tienen contacto. 

1.5.	 Coste de Acceso no Prohibitivo: Los costes de acceso a los procedimientos y los expedientes judiciales —medidos tanto en dinero o tiempo, como en los trámites requeridos— son razonables, justos y no prohibitivos. 

Se asocian veintiún indicadores específicos de desempeño con estos cinco 

criterios. En conjunto, los indicadores ofrecen tanto profundidad como amplitud en la medición del desempeño del tribunal en la provisión de acceso público a la justicia. Los métodos de medición sugeridos incluyen observación sistemática, entrevistas, encuestas, búsqueda de expedientes y revisión de los 

mismos. Tres de los indicadores requieren la realización de encuestas (se ofrecen impresos e instrucciones) a individuos que son «usuarios habituales del tribunal». La información recogida está referida a la seguridad, la facilidad de trabajo con el tribunal, y la cortesía y respeto experimentados por los usuarios de 

estos tribunales. 

El método que generalmente se sugiere para medir el acceso es la observación (a veces combinada con la simulación). Los observadores registran de modo 

sistemático lo que ven y oyen. Hay 12 indicadores de este tipo. Otros dos métodos se basan en la recogida de información a través de entrevistas, así como 

el estudio de expedientes judiciales y documentos de políticas internas. Algunos de los indicadores de este tipo se centran en el estudio de casos. Para el Indicador 1.3.1, referido a la representación legal efectiva de los niños en asuntos 

de abuso y negligencia, se examinan por ejemplo los expedientes del tribunal y 

se hacen encuestas y entrevistas a los individuos involucrados en los casos para 

verificar cómo funciona realmente el sistema ad litem de protección del menor. 

Otros de los indicadores se refieren a los documentos de carácter administrativo. Por ejemplo, el Indicador 1.5.1, Inventario de Métodos Alternativos de Asistencia para Personas con Limitaciones Financieras, requiere el examen de im­
CRITERIOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LOS TRIBUNALES 435 

presos, reglamentaciones y protocolos, para evaluar los esfuerzos del tribunal 

para facilitar el acceso de las personas con bajas rentas. Finalmente, los 

indicadores referidos a cuestiones de seguridad en los tribunales (Indicador 1.1.1) 

y los relativos a los servicios de los intérpretes (Indicador 1.3.2) requieren que 

la evaluación sea realizada por expertos externos en las áreas correspondientes. 

Diligencia y Puntualidad 

En los últimos 20 años, la reforma de los tribunales se ha centrado en la reducción de las dilaciones judiciales que afectan a los litigios. Los tres criterios 

de la segunda área de desempeño amplían el requisito de agilidad en el procesamiento de los casos litigiosos a todas las actividades del tribunal. 

2.1. Procesamiento de los Asuntos: El juzgado cumple ágil y eficazmente 

con el procesamiento de los asuntos, y se mantiene al día con la carga de trabajo entrante. 

2.2. Cumplimiento de los Plazos: El juzgado asigna los recursos de modo 

ágil, emite informes de acuerdo con los plazos requeridos, y responde a las solicitudes de información y otros servicios dentro de un cronograma que asegura su uso de manera efectiva. 

2.3. Ágil Aplicación de la Ley y los Procedimientos: El juzgado pone en 

práctica con prontitud los cambios en la ley y los procedimientos. 

Los 10 indicadores para los tres criterios de esta área evalúan con qué diligencia se procesan los asuntos en el tribunal, se archivan los informes, se distribuyen los fondos y se aplican los cambios legales y procesales. Debido a la 

diversidad en el desempeño requerido por los tres criterios, se emplea un amplio rango de técnicas de medición —revisión de expedientes, observación y simulación, encuestas, entrevistas y técnicas organizadas de grupo. Muchos 

indicadores asociados con esta área de desempeño —tiempo para la resolución 

de asuntos, ratio de asuntos resueltos respecto de los asuntos entrados, antigüedad de la carga pendiente— resultan familiares para la mayoría de administradores y jueces. Otros cuatro indicadores acuden a fuentes de información estatal y local con el propósito de determinar si un tribunal está desempeñando las 

funciones no relacionadas con los casos (por ejemplo, distribuir fondos, emitir 

informes y proveer información y servicios) de modo ágil. Un desempeño satisfactorio no sólo requiere que la emisión de informes sea rápida, sino que sea 

realizada de modo útil para la persona o institución que los solicita. Finalmente, los Indicadores 2.3.1., Aplicación de los Cambios en las Leyes Sustantivas 

y Procesales y 2.3.2, Aplicación de los Cambios en el Procedimiento Adminis­
436 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

trativo, se refieren a la agilidad con la que un tribunal aplica los cambios que 

provienen de un organismo externo. 

Igualdad, Equidad e Integridad 

Este requisito se articula mediante los siguientes seis criterios: 

3.1.	 Procedimiento Judicial Justo y Fiable: Los procedimientos de los juzgados se adhieren fielmente a las leyes relevantes, normas procesales 

y políticas establecidas. 

3.2.	 Jurados: Las listas de jurados son representativas de la localidad de la 

que se extraen. 

3.3.	 Decisiones y Acciones del Tribunal: Los juzgados ofrecen atención 

individualizada a los casos, decidiendo sobre ellos sin disparidad respecto a casos similares y teniendo en cuenta los factores legalmente 

relevantes. 

3.4.	 Claridad: El juzgado toma decisiones que, sin género de duda, provienen de los hechos que se le presentan y indican claramente la forma 

en que se les puede dar cumplimiento. 

3.5.	 Responsabilidad en la Ejecución: El juzgado se hace responsable de 

la ejecución de sus órdenes. 

3.6.	 Creación y Conservación de Expedientes: El archivo de todas las acciones y decisiones judiciales relevantes se conserva de modo correcto y apropiado. 

Los seis criterios se refieren a las garantías constitucionales del proceso debido e igual protección ante la ley. Los criterios enfatizan la integridad y fidelidad hacia las leyes y procedimientos establecidos y exigen a los tribunales que 

no sólo sus órdenes sean explícitas, sino que se aseguren de su ejecución. El primer criterio requiere que los juzgados se adhieran a las leyes que tienen la obligación de defender. La igualdad y justicia ofrecidas a los litigantes y sus disputas afectan no sólo a los funcionarios judiciales, sino también a los jurados. El 

Criterio 3.2 requiere que los juzgados hagan el máximo esfuerzo para promover la igualdad, justicia e integridad, asegurándose que las personas llamadas a 

formar parte de un jurado sean representativas de la población de la que provienen. 

El Criterio 3.3 se centra en lo que muchos consideran que es la esencia de 

la justicia —el requisito de que las decisiones y acciones del tribunal se basen 

en factores legalmente relevantes y se apliquen de modo consistente en todos los 

casos. Las decisiones y acciones deberían ser el resultado de la atención indivi­
CRITERIOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LOS TRIBUNALES 437 

dual prestada a casos individuales. Puesto que la claridad y la comprensión son 

requisitos para el cumplimiento y la ejecución, el Criterio 3.4 exige a los tribunales emitir resoluciones que se refieran de forma clara a los asuntos y especifiquen cómo se les puede dar cumplimiento. 

El Criterio 3.5 requiere que los tribunales asuman la responsabilidad de la 

ejecución de sus órdenes, aun sabiendo que tal responsabilidad es a menudo compartida con otros órganos judiciales u otras ramas del gobierno. Finalmente, el 

Criterio 3.6 requiere una conservación fiable y adecuada de los expedientes judiciales. La ley está constituida, fundamentalmente, por el archivo de las decisiones y procedimientos de los juzgados. Tanto la fiabilidad como la agilidad en 

el acceso a tales expedientes son objetivos fundamentales de los tribunales. 

Un total de 23 indicadores de desempeño se asocian con los seis criterios 

del área de Igualdad, Equidad e Integridad. Se espera que ofrezcan información 

sistemática sobre el desempeño en muchas facetas de esta área tan importante 

como compleja. En la mayoría de los criterios, los indicadores asociados usan 

datos, procedimientos de recogida de datos y métodos de análisis similares. Por 

ejemplo, en cinco de los seis indicadores del Criterio 3.6 se utiliza una base de 

datos común para evaluar la integridad de los sistemas de gestión de los expedientes del tribunal. Los indicadores sugieren el uso de un mismo subgrupo de 

casos para examinar si los expedientes judiciales se archivan de modo adecuado. Asimismo, se sugiere el uso de una base de datos conjunta para otros criterios. Por ejemplo, los Indicadores 3.3.3, Igualdad y Equidad en el Dictado de 

Sentencias, y 3.3.4, Igualdad y Equidad en el Establecimiento de Fianzas, utilizan el mismo conjunto de datos y el mismo enfoque metodológico para determinar si las sentencias y las decisiones sobre fianzas tienen en cuenta factores 

legalmente irrelevantes. Un tribunal que decide evaluar un determinado criterio 

encontrará que puede aplicar de modo eficiente todos los indicadores incluidos 

en ese criterio. 

El enfoque más habitual para la medición en esta área es el análisis 

casuístico de la información. Los expedientes judiciales son utilizados como 

fuente básica de información en 17 de los 23 indicadores. En algunos casos, la 

información archivada es recogida y analizada para evaluar la equidad de las 

decisiones judiciales, por ejemplo en la determinación de la pena y la fijación 

de fianzas. Esta información sobre los asuntos es también utilizada en el Criterio 3.1 como un medio para determinar el grado en que un tribunal es fiel a las 

leyes y los procedimientos. En este caso, esta información es utilizada como una 

forma de verificar el cumplimiento de las leyes. 

El siguiente de los métodos más comunes es el uso de cuestionarios por correo para evaluar el punto de vista de algunos participantes claves del procedi­
438 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

miento judicial. Los diferentes indicadores se aplican a distintas muestras de 

encuestados. Por ejemplo, el Indicador 3.3.3 busca determinar cómo evalúan los 

empleados y abogados el desempeño del tribunal en la aplicación de la ley. El 

Indicador 3.3.1 tiene como objetivo el punto de vista de los letrados en relación 

a la equidad de las decisiones y acciones judiciales. El Indicador 3.3.2 ofrece una 

encuesta paralela a los usuarios de los tribunales. El Indicador 3.6.6 está dirigido a la opinión de los abogados respecto a si son o no adecuados y suficientes 

los expedientes judiciales en los procedimientos de apelación. 

Finalmente, los tres Indicadores asociados con el Criterio 3.2 proponen examinar los expedientes judiciales relacionados con la selección de los jurados. Las 

listas de potenciales jurados son comparadas con otras fuentes de información 

tales como los censos para determinar su exhaustividad, aleatoriedad y 

representatividad. 

Independencia y Rendición de Cuentas 

Los cinco criterios en la cuarta área de desempeño reconocen la importancia 

de la independencia de los jueces, la integridad institucional de los tribunales y la 

separación de poderes. Al mismo tiempo, sin embargo, los criterios requieren que 

los tribunales mantengan relaciones de trabajo efectivas (con cordialidad y respeto) con otras ramas del gobierno y sus homólogos en el sistema judicial. Al considerar a los tribunales como organizaciones públicas, estos criterios les exigen 

equilibrar la independencia con la rendición pública de cuentas, realizar una buena gestión de los recursos, asegurar que su personal interno logra los mejores resultados y ser un elemento receptivo y accesible del gobierno. 

4.1. Independencia y Respeto: El juzgado mantiene su integridad 

institucional y sigue el principio de cordialidad y respeto en sus relaciones gubernamentales. 

4.2. Rendición de Cuentas sobre los Recursos Públicos: El juzgado busca, 

usa y justifica de modo responsable sus recursos públicos. 

4.3. Prácticas y Decisiones relativas al Personal: El juzgado desarrolla prácticas de empleo justas. 

4.4. Educación Pública: El juzgado informa sobre sus programas a la comunidad. 

4.5. Respuesta al Cambio: El juzgado se anticipa a las nuevas condiciones 

y sucesos emergentes y adapta su actividad cuando es necesario. 

A diferencia del enfoque de medición en las otras cuatro áreas de desempeño —que es fundamentalmente prescriptivo al detallar los indicadores espe­
CRITERIOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LOS TRIBUNALES 439 

cíficos— el enfoque de medición en el área de Independencia y Rendición de 

Cuentas es, en gran medida, heurístico. En lugar de definir indicadores específicos de desempeño, requiere de métodos mediante los cuales el tribunal identifique de modo empírico a las personas, eventos y actividades necesarios para 

desarrollar indicadores de desempeño factibles con el objetivo de evaluar la independencia y rendición de cuentas. Y en lugar de tomar inicialmente un indicador específico, el tribunal se involucra en un proceso que le permitirá hacer 

inferencias sobre su propio desempeño con base en sus resultados empíricos. Los 

trabajos de campo y los ensayos experimentales con los criterios e indicadores 

(véase la sección «Una Breve Historia del Proyecto de los TCPS») mostraron que 

la evaluación de desempeño en esta área es altamente dependiente del contexto. Las diferencias en el tamaño de los tribunales, los modelos de financiación, 

y la organización de los servicios judiciales hacen difícil recomendar un conjunto 

de métodos para su medición. 

Los indicadores sólo deben ser estimados tras la formación de un comité 

directivo de jueces y administradores judiciales. Este grupo se encargará de planificar la recogida de información, evaluar la relevancia de los resultados, e integrar los hallazgos provenientes de todos los indicadores en una visión global 

del desempeño judicial en esta área. Para ahorrar tiempo durante las reuniones 

de ese comité y para maximizar la objetividad de su trabajo, se recomiendan técnicas organizadas de grupo, como torbellinos de ideas grupales y técnicas de 

búsqueda de consenso, dirigidas por un facilitador. El recurrir a tal comité junto con los esfuerzos de investigación realizados por el personal del tribunal o por 

consultores, permiten combinar la recogida de los datos, la clarificación de su 

importancia relativa, la toma de decisiones, y la acción. 

Confianza Pública 

Un sistema judicial deriva su autoridad y legitimidad de aquéllos a quienes 

sirve. La cuestión central abordada por los tres criterios en esta área es si el desempeño del tribunal —de acuerdo con los criterios en las otras cuatro áreas de 

desempeño— efectivamente induce a la confianza ciudadana. 

5.1. Accesibilidad: La ciudadanía percibe al juzgado y a la justicia que imparte como accesible. 

5.2. Funciones del Tribunal Eficaces: La ciudadanía confía en que las funciones básicas de los tribunales son realizadas de manera eficaz y justa y que sus 

decisiones gozan de integridad. 
440 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

5.3. Independencia Judicial y Rendición de Cuentas: Los ciudadanos perciben que el juzgado es independiente, que no está influenciado indebidamente por 

otras instancias del gobierno y que rinde cuentas de sus acciones. 

Un tribunal debe responder a cuatro niveles o circunscripciones que varían 

en el tipo y en el grado de contacto y experiencia con los tribunales. A nivel más 

general está la comunidad local o el «público en general»: la gran mayoría de 

ciudadanos que rara vez contactan con los tribunales y cuyas opiniones pueden 

haberse formado viendo la televisión, leyendo los periódicos o navegando por 

Internet. Un segundo nivel son los lideres de opinión de una comunidad: el editor del periódico, el periodista asignado a cuestiones judiciales, el jefe de policía, el alcalde, los miembros de un equipo de autoridades judiciales, los empresarios más relevantes, o los miembros de un comité de representantes locales que 

vigilan la administración de justicia. Un tercer nivel incluye a los ciudadanos que 

comparecen en los tribunales de forma regular, a los que llamamos «usuarios 

habituales de los tribunales». Incluye a los abogados, litigantes, testigos, jurados, víctimas, familia, amigos y representantes de aquéllos que comparecen. 

Obviamente, este grupo tiene experiencia y conocimiento directo del tribunal, 

así como de sus funciones y actividades rutinarias. El último nivel consiste en 

aquellas personas que trabajan para el sistema judicial: funcionarios, administradores, y el resto de personal que puede tener una perspectiva interna de cómo 

se desempeña el tribunal. 

Los tres criterios de esta área están asociados con 14 indicadores, de los 

cuales todos salvo tres se obtienen de otras áreas de desempeño. Puesto que el 

desempeño del tribunal en lo relativo a la Confianza Pública depende en gran 

medida de su desempeño en otras áreas como el Acceso a la Justicia, Equidad e 

Igualdad, muchos de los indicadores dependen de la opinión informada (esto es, 

de la opinión de individuos que han tenido contacto con el tribunal). Por ejemplo, en el Indicador 1.2.6, Evaluación de la Accesibilidad y Comodidad para los 

Usuarios de los Tribunales, la facilidad para utilizar los servicios del tribunal es 

medida por medio de una encuesta a usuarios habituales de la justicia: empleados del tribunal, abogados, oficiales de libertad vigilada, y jurados. 

Son tres los indicadores referidos a la confianza ciudadana de modo directo: Indicador 5.1.1, Percepciones de los Empleados sobre el Desempeño del Tribunal; 5.1.2, Percepciones de los Representantes del Sistema Judicial sobre el 

Desempeño del Tribunal; y 5.1.3, Percepciones del Público en General sobre el 

Desempeño del Tribunal. El primer indicador es medido mediante encuestas por 

correo a los empleados del tribunal; el segundo, a través de un grupo de discusión con los representantes de los diversos componentes del sistema judicial, y 

el tercero, mediante una encuesta telefónica al público en general. 
CRITERIOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LOS TRIBUNALES 441 

UNA BREVE HISTORIA DEL PROYECTO DE LOS TCPS 

El proyecto de los TCPS ha perfilado en gran medida el modelo para la 

medición del desempeño de los tribunales que Cook y sus colegas reclamaban 

en 1982, resolviendo muchas de las cuestiones que ellos consideraban que necesitaban mayor atención (p.11). El proyecto multimillonario de 10 años de duración siguió las pautas tradicionales de trabajo en investigación y desarrollo: 

ensayo, perfeccionamiento y demostración, implementación e institucionalización. El NCSC y la Oficina de Asistencia Judicial (Bureau of Justice 

Assistance, en adelante, BJA) del Departamento de Justicia estadounidense iniciaron el proyecto en 1987 para desarrollar criterios de medición del desempeño en los tribunales estatales. En esa época, los sistemas judiciales estatales se 

veían empujados más allá de sus posibilidades. El personal judicial se sentía 

abrumado por el insuperable incremento en el número de asuntos relacionados 

con las drogas. La presión en los tribunales generó una sensación de urgencia. 

A diferencia de la investigación previa sobre medición del desempeño, la cual 

ponía énfasis en el desarrollo de un marco conceptual, el proyecto de los TCPS 

fue presentado como un ambicioso esfuerzo de investigación aplicado con 

implicaciones en las reformas más importantes de políticas públicas. Incluso en 

sus primeras etapas, el proyecto estableció objetivos ambiciosos que iban más 

allá de la mera identificación de hipótesis. Los directores del proyecto afirmaban 

que los TCPS definirían «una filosofía y una concepción ampliamente válida y 

aceptada de lo que significa un desempeño judicial óptimo. Estos criterios demostrarán ser un valioso recurso para la auto-evaluación y mejora de los juzgados y 

ofrecerán mejores maneras de satisfacer las necesidades de los usuarios de la justicia» (Commission on Trial Court Performance Standards 1997a, vii). 

Investigación, Desarrollo e Innovación: 1987-90 

La fase inicial del proyecto de los TCPS fue un esfuerzo de investigación, 

desarrollo e innovación de tres años de duración que empezó en agosto de 1987 

y concluyó a mediados de 1990. El equipo del proyecto estaba formado por un 

grupo de 14 asesores y responsables de política publica, la Comisión de los 

TCPS, que incluía magistrados de juzgados y tribunales de apelación, administradores de juzgados, un secretario judicial, un investigador académico, y personal del NCSC para el proyecto. El personal del proyecto, que oscilaba entre 

5 y 12 personas, incluía científicos sociales, juristas investigadores, y administradores del programa. La cuestión crítica: «¿Qué es lo que los juzgados debe­
442 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

rían conseguir?», y que los estudios previos no habían conseguido resolver en 

absoluto (Cook et al 1982, 184-185), fue abordada desde el inicio. 

El equipo del proyecto descubrió rápidamente que había muy pocas indicaciones en la literatura sobre gestión judicial respecto de cómo medir el desempeño de los juzgados, y que no había consenso sobre cuáles eran los objetivos 

generales en relación a tal medición. El éxito de esta difícil pero crucial etapa 

inicial de establecimiento de objetivos, tal como se ha sugerido para otros en 

diferentes contextos (véase Danegger et al. 1999, 5, 20) fue facilitado en gran 

medida por la legitimidad política y la credibilidad de los 14 miembros de la 

Comisión de los TCPS. Es difícil creer que el proyecto pudiera haber avanzado 

tanto y con tanta rapidez sin la reputación que esta Comisión le aportaba. 

Durante el primer año, y tras muchos meses de deliberación sobre el perfil 

general del proyecto, se establecieron los siguientes objetivos y estrategias: 

• Desarrollo de un número manejable de criterios (20-25) del desempeño de 

los juzgados a través de un proceso que incluía la preparación de una serie de documentos de discusión por parte del personal del proyecto, la reflexión por parte de la Comisión y el personal del proyecto sobre las cuestiones consideradas en esos documentos, y la generación de criterios y 

comentarios en cinco áreas de desempeño. La identificación de las cinco 

áreas de desempeño fue el tema de los primeros sumarios y reuniones iniciales de la Comisión. 

• Desarrollo de un sistema exhaustivo de medición, construido en torno a los 

criterios, incluyendo indicadores de desempeño, métodos de recogida de 

la información y técnicas para realizar las mediciones, requisitos aplicables a los datos, y un esquema de evaluación del desempeño por medio del 

cual pudiera ser aplicado el sistema de medición en los juzgados del país. 

• Trabajo de campo, y aplicación de los criterios y del sistema de medición 

del desempeño en ciertos tribunales seleccionados en una «muestra piloto». 

• Diseminación, promoción y aceptación (institucionalización) de los TCPS 

por organizaciones judiciales clave y diversos estados. 

En 1990 se distribuyó de modo amplio y para su revisión una versión preliminar de los criterios, indicadores y comentarios sobre el desempeño, la cual 

fue publicada en forma de un librito de 41 páginas, acompañado de una cinta de 

vídeo en la que se describía el proyecto de los TCPS. El objetivo inicial del proyecto —un número manejable de criterios de desempeño, agrupados en cinco 

áreas de desempeño, y un conjunto tentativo de indicadores asociados— se alcanzó en gran medida en 1990. Se recibieron comentarios y sugerencias para su 

mejora por parte de jueces, administradores judiciales elegidos y electos a nivel local y estatal, administradores judiciales del ámbito académico, directivos 
CRITERIOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LOS TRIBUNALES 443 

de varias organizaciones de la administración judicial a nivel nacional, estatal 

y local, y otros individuos y grupos interesados. 

En general, los criterios preliminares fueron bien recibidos una vez que fueron redactados por escrito. Aunque muchos observadores del trabajo del proyecto 

se mostraron desde el inicio escépticos en relación a cualquier intento de identificar de manera significativa lo que los tribunales deberían hacer, la mayoría 

estaba de acuerdo con el sentimiento expresado por un juez que revisó la versión preliminar de los criterios: «Estas cosas son como mamá, el pastel de manzana y el estilo de vida americano. ¿Quién se atreve a meterse con ellos?». 

Al mismo tiempo, de manera adicional a los criterios y comentarios, el proyecto de los TCPS desarrolló un sistema provisional de indicadores para acompañarlos (Trial Court Performance Standards Project 1990). El desarrollo de 

muchos de los indicadores se basaba en un proceso de medición del desempeño con una larga tradición en la psicología industrial y organizativa (Smith y 

Kendall 1963) que requiere identificar los factores críticos de los comportamientos eficaces y no eficaces y graduarlos de acuerdo con una escala de efectividad. 

A diferencia de lo sucedido con los criterios que expresan objetivos judiciales amplios respecto de los cuales debe estimarse el desempeño, el sistema preliminar de medición que fue resumido en el folleto de los TCPS del año 1990 

suscitó enormes reacciones negativas. El resumen sólo incluía una descripción 

breve y esquemática de los 75 indicadores específicos asociados a los 22 criterios, el objeto de medición (por ejemplo, las pensiones alimenticias a los hijos 

en casos de divorcio), los métodos de medición (por ejemplo, la revisión de los 

expedientes judiciales), y la persona o personas responsables de realizar tales 

mediciones. 

Diversos grupos e individuos relacionados con la justicia expresaron serias 

objeciones a un borrador avanzado de esta versión preliminar de los indicadores 

de desempeño, presagiando los obstáculos políticos y de actitud que enfrentaría la aplicación de los TCPS en las fases posteriores del proyecto. La afortunada aceptación de los criterios (esto es, los objetivos de desempeño y los principios e ideales en los que se basaban) no se extendía al sistema de medición que 

se le asociaba. Parecía que la propuesta de indicadores específicos —un total de 

75— hacía más notoria la seriedad de los propósitos del proyecto, algo que no 

había resultado tan evidente para los observadores en el pasado. Por ejemplo, un 

grupo de jueces de California mostró de modo persistente sus objeciones al presidente del NCSC, al director de Justicia de California, y a los directores del BJA, 

la agencia del Departamento de Justicia estadounidense de California que financiaba el proyecto de los TCPS. A pesar de las repetidas manifestaciones por parte 

del equipo del proyecto indicando que los TCPS tenían como objetivo la auto­
444 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

evaluación y mejora, el grupo californiano argumentaba que los TCPS eran de 

hecho un mecanismo que el NCSC había diseñado para construir un sistema 

nacional de «acreditación» de los tribunales, cuestión que el grupo rechazaba por 

inapropiada. El grupo usaba un lenguaje tomado de unas solicitudes de ayudas 

de hacía unos tres años, obtenidos del BJA apoyándose en el Acta de Libertad 

de Información, con el objeto de reforzar sus argumentos. El grupo se quejaba 

también de que los TCPS serían utilizados de modo inapropiado para evaluar el 

desempeño individual de los jueces. 

En el intento de prevenir a investigadores y responsables de política pública respecto de cualquier intento de definir indicadores para los objetivos de las 

instituciones judiciales, John J. DiIulio Jr., observa que «son generalmente los 

trabajadores más dedicados y con más empeño los que se encuentran entre la 

suspicacia y la completa indiferencia en relación a la definición y aplicación de 

tales indicadores» (1993, 155). Con el objeto de apaciguar a las organizaciones 

judiciales, cuya aprobación de los TCPS se consideraba crucial para su aceptación y uso, el personal del proyecto redactó la aclaración que aparece, resaltada en itálica, en la segunda página de la introducción a los Trial Court Performance Stardards with Commentary: «No se pretende ni se recomienda el uso de 

estos criterios como base para las comparaciones transversales entre juzgados 

o como parte de una acreditación regional o nacional de los Tribunales... No se 

pretende ni se considera apropiado que los criterios y el sistema de medición que 

les acompaña sean utilizados para evaluar el desempeño de jueces individuales» 

(Commission on Trial Court Performance Standards 1997a, 2). Estas cuidadosas 

palabras reflejan muy acertadamente la percepción o modelo mental negativo que 

existía y que probablemente sigue existiendo en los tribunales en relación a la 

medición del desempeño. Aparentemente proviene de suposiciones tácitas y del 

temor hacia lo que los indicadores de desempeño nos están haciendo a nosotros, 

y no para nosotros, por terceras partes que no necesariamente tienen en mente los 

intereses del tribunal; indicadores que provienen de una seria falta de comprensión de la forma en que funcionan los tribunales; que son acompañados de métodos, los cuales son totalmente ajenos al entorno de trabajo y las actividades de los 

tribunales; que arrojan cifras que tienen poco que ver con lo que se supone deben 

medir; y que tienen gran probabilidad de producir más daño que bien. 

Peter M. Senge, un notable teórico de la gestión, define los modelos mentales como las suposiciones, generalizaciones e imágenes profundamente 

internalizadas, que perfilan el modo en que se entiende el mundo y se actúa. 

(1990, 174-204; Senge et al. 1994, 235-293). Las diferencias en los modelos 

mentales explican por qué dos personas pueden observar el mismo fenómeno y 

describirlo de manera muy distinta. Según Senge, la clásica historia «El Traje 
CRITERIOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LOS TRIBUNALES 445 

Nuevo del Emperador», más que a gente ignorante, describe a personas sometidas a imágenes tan poderosas sobre la dignidad del emperador que les impedían 

verle desnudo. El equipo del proyecto de los TCPS aprendió rápidamente que 

ignorar este modelo negativo en relación a los indicadores de desempeño podría 

poner en riesgo el proyecto. Resultaba claro que la aceptación y el uso de los 

TCPS dependería de asegurar repetidamente la autonomía de los juzgados en el 

control y uso de los TCPS. 

Ensayo, perfeccionamiento y demostración: 1989-95 

Conforme se desarrollaba el sistema de medición, se ensayaron y perfeccionaron 75 indicadores preliminares. Contribuyeron a este proceso Juzgados de 

Arizona, Michigan y Ohio, prestándose como sedes de la muestra piloto para la 

aplicación de tales indicadores. Las pruebas consistían fundamentalmente en 

iniciativas informales a cargo del personal del proyecto que realizaba las diversas estimaciones con la ayuda del personal del juzgado. Aunque se hicieron preguntas al personal del tribunal sobre la factibilidad, utilidad y posibilidades de 

uso de los indicadores, en ese momento no se hizo ningún intento de incorporar tales indicadores en las actividades diarias de los tribunales que estaban sometidos «a prueba». 

Empezando en agosto de 1990, se inició la siguiente fase del proyecto que 

consistía en hacer ensayos y pruebas más amplias de la factibilidad y utilidad 

de los indicadores. Los objetivos de esta fase eran: (1) hacer avanzar el proyecto desde la innovación hacia una implementación limitada en ciertos Estados, 

donde se pudiera probar el uso de los TCPS y el sistema de medición que les 

acompañaba; (2) continuar el perfeccionamiento y adaptación del sistema de 

medición para satisfacer los requisitos de los juzgados y de las oficinas administrativas de los tribunales; y (3) ofrecer los fundamentos para la aceptación e 

institucionalización de los criterios y el sistema de medición como una herramienta útil de la administración de justicia. 

Las pruebas se realizaron en 13 juzgados de diferente tamaño de Nueva Jersey, Ohio, Virginia y Washington. 8 Tras consultar con el personal del proyecto 

8 En Nueva Jersey, los cinco tribunales de divulgación fueron los Tribunales Superiores de 

Atlantic County, Burlington County, Morris County, Ocean County y Somerset County. En Ohio 

participaron los Juzgados de Primera Instancia de Meigs County, Stark County y Wayne County. 

El tribunal de Fairfax County fue el único en Virginia. En Washington, fueron los Tribunales Superiores de Spokane County, Thurston County y Whatcom County (véase Saari 1995). 
446 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

y la oficina administrativa de los juzgados en los respectivos Estados, los tribunales estuvieron de acuerdo en probar cierto número de indicadores de desempeño. Puesto que la versión preliminar de los TCPS ya había sido aceptada por 

la Asociación de Gerentes de los Tribunales Estatales (Conference of State Court 

Administrators) y la Asociación de Presidentes de los Tribunales (Conference of 

Chief Judges), y el proyecto tenía ya cierta notoriedad, muchos juzgados veían 

su participación en el proyecto como «sedes de la muestra piloto» como una forma de llamar la atención del público. En consecuencia, el reclutamiento de sedes para la muestra piloto fue relativamente fácil. 

Se tuvieron en cuenta una serie de consideraciones para determinar qué 

indicadores se aplicarían y por qué juzgados; aquéllas incluían los intereses y 

necesidades de los tribunales y las oficinas administrativas de los tribunales estatales, la necesidad del proyecto de probar todos los indicadores en tantas situaciones diferentes como fuera posible, así como el tamaño y recursos del tribunal. Cada uno de los 75 indicadores fue probado como se indicaba en el 

sistema preliminar de medición en al menos uno de los juzgados de la muestra 

piloto, habiendo probado la mayoría de los indicadores en más de uno (Trial 

Court Performance Standards Project, 1990). 

Las pruebas condujeron a una revisión de los indicadores preliminares, incluyendo la eliminación de algunos, la simplificación de otros, y la confirmación de la mayoría tras ser revisados. Los 75 indicadores de la versión preliminar de 1990 fueron finalmente reducidos a 68 en la versión final. 

Mirando retrospectivamente, está claro que el proyecto no sacó todo el partido posible a las pruebas que de modo directo involucraron durante un año entero a aproximadamente unas 100 personas que trabajaban en los 13 tribunales, 

y de modo indirecto quizás al doble. A pesar de los esfuerzos del personal del 

proyecto por ajustar las pruebas tanto como fuera posible a los contextos 

operativos del día a día de los tribunales, las pruebas siguieron siendo, en gran 

medida, artificiales. Aunque los participantes consideraban que habían obtenido beneficios de estas pruebas para su propia gestión y funcionamiento, los 

indicadores parecían haber sido probados al ser un requisito del proyecto de los 

TCPS y no porque fueran necesarios o deseables para los objetivos de gestión 

y toma de decisiones en los tribunales objeto de la prueba. La mayoría de los 

participantes de los 13 juzgados de la muestra piloto veían sus esfuerzos como 

una contribución para la investigación y los desarrollos del NCSC, y no como 

una ocasión para probar los beneficios reales que la medición del desempeño 

tenía en sus tribunales. Incluso hoy, cuando se les pide hacer un comentario sobre los obstáculos técnicos, administrativos y políticos que surgieron en la 

implementación de los TCPS en los juzgados, los entrevistados hablan más de 
CRITERIOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LOS TRIBUNALES 447 

las dificultades per se (por ejemplo las interacciones con el equipo del proyecto de los TCPS) que de los méritos del sistema de medición de los TCPS desde 

su punto de vista. 

Al realizar un férreo control de las mediciones realizadas, indicando los 

pasos a seguir para que éstas pudieran realizarse, el proyecto probablemente limitó la información obtenida respecto a la aplicación de los TCPS en situaciones reales de funcionamiento de los juzgados. En consecuencia, aunque las pruebas cumplieron el propósito de adquirir información para el perfeccionamiento 

de los aspectos técnicos del sistema de medición (por ejemplo, la capacidad de 

los juzgados para obtener ciertos indicadores sin ayuda externa, las dificultades 

para obtener muestras, y la facilidad de uso de instrumentos de recogida de datos), contribuyeron poco en el conocimiento de cómo y bajo qué circunstancias 

serían usados los TCPS en los juzgados, en ausencia de la obligación de hacerlo. Aunque el personal del proyecto realizó consultas y visitas frecuentes, y registró de modo diligente los comentarios y sugerencias para la mejora de los 

indicadores y el proceso de medición, su interés estaba casi exclusivamente enfocado en la revisión de las mediciones individuales, sus definiciones operativas 

y la descripción de los métodos que debían utilizarse para aplicarlas. Se desechaba así cualquier información que pudiera responder a la pregunta tan frecuente 

en la actualidad: «¿Cómo y con qué resultados se usan los TCPS?». A pesar de 

la «artificialidad» de las pruebas, esta pregunta podría haberse contestado con 

un coste relativamente pequeño, mediante el esfuerzo de preguntar, registrar, y 

catalogar el input, el producto y los resultados producidos por estos esfuerzos 

de medición del desempeño en los juzgados de la muestra piloto. Es probable 

que se necesitará un esfuerzo similar en el futuro con los juzgados que actualmente usan los TCPS (véase la sección «Los inputs, productos y resultados de 

la medición del desempeño»). 

Institucionalización de los TCPS: 1995-2000 

En junio del año 1995 la Comisión, reunida por última vez en Baltimore, 

expresó la idea de que para el año 2000 todos los tribunales estatales estarían 

usando los TCPS de forma sistemática u organizada. A finales de 1994 se realizó en Tucson, Arizona, el primer curso intensivo de tres días sobre el uso de 

los TCPS «Organización de su Tribunal: Cómo Usar los TCPS», con 27 administradores y jueces de todo el país. Con la financiación del Instituto para la 

Gestión de los Tribunales (Institute for Court Management) del NCSC, el curso se centró en el uso de los TCPS como: (1) un lenguaje común para la des­
448 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

cripción, clasificación y comunicación de las actividades judiciales; (2) un medio de autoevaluación y mejora, así como de rendición de cuentas; (3) un esquema conceptual para entender y mejorar el desempeño judicial; y (4) una guía para 

la planificación, gestión y liderazgo en los tribunales. 

Aunque es poco probable que se cumpla la idea de la Comisión de que todos 

los tribunales estatales estuvieran usando los TCPS en el año 2000, es amplio el 

grado de institucionalización de los TCPS en la gestión y administración judicial. 

Respaldo 

Entre 1990 y 1999, cinco organizaciones judiciales y de gestión judicial representativas de la mayoría de los tribunales estatales respaldaron los TCPS 

mediante declaraciones oficiales o publicaciones, entre ellas: la Conference of 

Chief Justices, la Conference of State Court Administrators, el Colegio de los 

Jueces de Libertad Condicional (College of Probate Judges) 9 y la Asociación de 

Jueces Estadounidenses (American Judges Association). 

Esfuerzos a nivel estatal 

Las oficinas administrativas de los tribunales estatales o cortes supremas de 

al menos 20 Estados adoptaron los TCPS como base para su planificación estratégica o de largo plazo. California, por ejemplo, reguló legalmente los TCPS 

en un Reglamento del Consejo Judicial de California y los utiliza como esquema para su ambicioso plan estratégico (Commission on the Future of the 

California Courts, 1993). 

Tribunales con jurisdicción general 

Unos 1.200 juzgados (aproximadamente un 40 por ciento) usan los TCPS 

de algún modo. Por ejemplo, el 19.o Circuit Court de Illinois y el 26.o Judicial 

District Court de Carolina del Norte usan regularmente los TCPS como guía en 

su proyecto de planificación estratégica. 

9 Los 22 criterios con comentarios aparecen, sin cambios sustanciales, en «Probate Court 

Performance», National Probate Courts Standards (Commission on National Probate Court 

Standards 1993, secc. 1, 11-26). 
CRITERIOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LOS TRIBUNALES 449 

Ésta y las subsiguientes estimaciones sobre la adopción o el uso de los TCPS 

se basan en la experiencia directa y en los documentos informativos del proyecto 

de los TCPS y el Institute for Court Management del NCSC, así como sus asociados que se involucraron activamente en la diseminación de los TCPS. Aún está 

pendiente tener una definición precisa de «uso» de los TCPS. Para cumplir con 

nuestro propósito de estimación, el uso fue definido de manera general como 

cualquier intento hecho por los tribunales, más allá del simple contacto con los 

TCPS, mediante el entrenamiento y la educación para la aplicación de los TCPS 

en su gestión, planificación o liderazgo. 

Tribunales con jurisdicción limitada 

Aproximadamente 7.000 (un 40 por ciento) de los tribunales de jurisdicción 

limitada de tipo municipal, familiar, u otros, están usando los TCPS. Por ejemplo, en 1996, el tribunal municipal de Los Ángeles, financiado por el Instituto 

de Justicia Estatal (State Justice Institute), hizo un intento de aplicar los 68 

indicadores de desempeño como parte de su proceso de planificación estratégica (Anabis-Straub, sin fecha). El proyecto del tribunal municipal de North 

County (San Diego) para la mejora de los servicios a los usuarios usando los 

TCPS, fue nominado para el premio Ralph N. Kleps por la mejora en la administración de justicia en los juzgados de California. Con la financiación del State 

Justice Institute, el Juzgado de Familia de Delaware está adaptando los TCPS 

para su uso. 

Esfuerzos de otros tribunales 

Otros tribunales estatales y federales, organizaciones judiciales, y tribunales extranjeros (incluyendo los de Austria, Australia, Canadá, Hong Kong y las 

Filipinas) están usando los TCPS (véase por ejemplo, Gryphon Consulting 

Services, 1998). 

Publicación y Divulgación 

Desde 1990, el NCSC, el BJA y el State Justice Institute han distribuido unas 

20.000 copias de diversas publicaciones que describen los TCPS. 
450 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

Educación y entrenamiento 

Unos 1.500 administradores judiciales, jueces y otros funcionarios públicos 

han tenido contacto con los TCPS en cursos de carácter local, estatal y nacional organizados desde finales de 1994 por el Institute for Court Management del 

NCSC y sus asociados. Se han realizado numerosas presentaciones de los TCPS 

en reuniones nacionales de las organizaciones judiciales. Con el auspicio del 

BJA, el NCSC ha creado un centro de recursos sobre los TCPS que mantiene una 

lista de distribución en Internet y una base de datos de personas interesadas en 

los TCPS. El centro produce un vídeo educativo, una versión en CD-ROM del 

Trial Court Performance Standards and Measurement System y otros recursos 

materiales. 

AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN MÁS ALLÁ DE LOS OBJETIVOS FIJADOS 

Los TCPS permiten impulsar la investigación sobre la medición del desempeño de los tribunales —y otros componentes del sistema judicial— 10 desde la 

conceptualización e identificación de modelos, variables y definiciones 

operativas hasta una revisión y evaluación críticas de un exhaustivo sistema de 

medición que está actualmente en uso en los tribunales. Este es un avance significativo y potencialmente provechoso para los investigadores del sistema judicial, los responsables de la política pública y los operadores judiciales. Las 

cuestiones sobre cuáles deberían ser los objetivos del desempeño de los tribunales pueden dar lugar, al menos en cierta medida, a cuestiones sobre si los objetivos, principios e ideales expresados en los TCPS son los adecuados. ¿Se concentran los TCPS en indicadores significativos del desempeño de los tribunales? 

¿Son relevantes los indicadores de desempeño para otros componentes del sistema judicial? ¿Constituyen los indicadores un esquema equilibrado de los productos y resultados más relevantes (Kaplan y Norton 1992, 1993)? ¿Produce el 

sistema de medición información exacta, consistente en el tiempo, y valiosa tanto 

10 Instituciones judiciales distintas de los tribunales han estudiado los TCPS. En mayo de 

1997, por ejemplo, el Juvenile Probation Departament de Allen County (Indiana) usó los TCPS 

como base para su programa titulado «Pensamiento Estratégico, Planificación y Fortalecimiento 

de su Equipo Ejecutivo». Muchos de los participantes en el curso «central» del Court Executive 

Development Program del NCSC, el «Trial Court Performance Standards», se ofrecieron a representar dos veces al año desde 1994 a las instituciones judiciales distintas de los juzgados. 
CRITERIOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LOS TRIBUNALES 451 

para los operadores judiciales como para los responsables de la política pública? Estas cuestiones pueden responderse empíricamente mediante evaluaciones 

en los tribunales que usan los TCPS. 

En su síntesis de 1982 sobre la literatura existente, Cook y sus colegas se 

lamentaban: «Uno busca en vano una jerarquía estricta y convenientemente 

articulada sobre los objetivos de las instituciones de la justicia criminal en relación a los cuales se pudiera medir el desempeño de estas instituciones ... Los 

primeros intentos de identificar un conjunto consensuado de objetivos del sistema judicial no tuvieron éxito; el aparente consenso se deshizo en medio de los 

detalles referentes a lo que los tribunales deberían estar haciendo» (Cook et al. 

1982, 184-185). Está claro que el valor global de un sistema de medición del 

desempeño depende de la calidad de los indicadores individuales. Sin embargo, 

y sin minimizar la importancia del alto grado de detalle de los indicadores de 

desempeño, la contribución más significativa de los TCPS a la literatura referida a la medición del desempeño puede ser su «estricta jerarquía de objetivos» 

—los conceptos teóricos, abstracciones, y nuevas categorías de pensamiento 

sobre las responsabilidades fundamentales de los tribunales— sobre los cuales 

se construyen los TCPS. La formulación de los objetivos es probablemente el 

paso más importante en el proceso de planificación estratégica. El esfuerzo es 

tanto político como racional (véase Bryson 1995, 10-13). Los investigadores y 

los responsables de la política pública pueden haber subestimado las dificultades en la identificación y medición de los objetivos más generales, en tanto se 

prestaba atención a los desafíos más técnicos que supone la creación de 

indicadores del trabajo desempeñado y los resultados alcanzados por los tribunales. 

Los indicadores de desempeño organizativo para tribunales y otras organizaciones públicas no tendrían mucho sentido si fueran separados de los modelos que pretenden representar. En el mejor de los casos, se construyen sobre la 

comprensión histórica, visión democrática e ideales sociales (véase DiIulio 

1993b). Tradicionalmente, los indicadores del desempeño gubernamental se desarrollan desde la perspectiva de los administradores del gobierno, y no desde 

la de los ciudadanos, y ambas pueden diferir en gran medida. Los TCPS dejan 

claro qué es lo que los ciudadanos piden a sus tribunales y qué resultados esperan. Los ciudadanos desean acceso rápido a la justicia ofrecida por los tribunales; quieren que tal acceso sea seguro, relativamente fácil y no prohibitivo. Una 

vez conseguido el acceso, desean que sus gestiones con el tribunal sean 

expeditivas y justas, de acuerdo con los hechos y siguiendo las reglas establecidas. Quieren que sus asuntos reciban atención individualizada y obtener un resultado justo. Desean que sus tribunales sean independientes de otras ramas del 
452 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

gobierno y de otras instituciones, de tal modo que las decisiones y acciones estén basadas únicamente en los factores legalmente relevantes. Finalmente, buscan poder confiar en los tribunales. Estos ideales se identifican con las cinco 

áreas de desempeño de los TCPS: Acceso a la Justicia; Diligencia y Puntualidad; Igualdad, Equidad e Integridad; Independencia y Rendición de Cuentas; y 

Confianza Pública. 

Los principios que subyacen a los TCPS avalan estos modelos: (1) concentrarse en los resultados (desempeño) y no en los inputs, (2) considerar a los tribunales como organizaciones (esto es, que la unidad de análisis sea la organización), (3) que sean los ciudadanos los que definan los resultados esperados 

(esto es, que se dé una orientación hacia el servicio), y (4) sensibilidad hacia las 

necesidades de la comunidad. Al situar el centro de atención en los resultados 

que interesan a los usuarios de la justicia, y no a los que los ofrecen, los TCPS 

evitan las dificultades más habituales en la medición del desempeño del sector 

público: fallos en la identificación de los resultados importantes y una confusión 

entre los inputs (esto es, procesos, recursos y organización) y los resultados. Los 

TCPS representan un movimiento que pasa de pensar en los tribunales como jueces individuales que toman decisiones individuales (un juez, un tribunal) a pensar 

en ellos como organizaciones públicas: un sistema de organización, personas, 

métodos y prácticas que se reúnen para cumplir objetivos específicos. El hecho 

de pensar en los tribunales como organizaciones hace que, por ejemplo, el Criterio 3.5, Responsabilidad en la Ejecución, y el Criterio 4.5, Respuesta al Cambio (véase el apartado previo: «Visión general de los TCPS») sean más aceptables por los jueces, los cuales, de otro modo, podrían considerar estos criterios 

como una amenaza a la separación de poderes y un apoyo al activismo judicial. 

El énfasis de los TCPS en el desempeño representa un cambio desde una perspectiva interna (la de quienes dirigen los tribunales) hacia otra que prioriza a los 

que reciben el servicio. Los TCPS representan un cambio en la forma de pensar en el papel de los tribunales en la sociedad, desde el aislamiento y la independencia a la interdependencia y la responsabilidad hacia la comunidad. El 

bienestar y la calidad de vida de la comunidad y sus ciudadanos deberían ser 

considerados como algo importante para los tribunales como organizaciones. Las 

mencionadas variables definen no solamente los objetivos de los tribunales — 

su orientación, valores y propósitos— sino también su organización y sus procedimientos. El surgimiento de tribunales especializados, como los dedicados a 

asuntos de drogas, tribunales locales, tribunales de menores, y tribunales de vio­
CRITERIOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LOS TRIBUNALES 453 

lencia doméstica, reflejan la importancia de la comunidad en cómo se organizan y dirigen nuestros tribunales. 11 

Los inputs, productos y resultados de la medición del desempeño 

¿Cuáles son los beneficios o resultados esperados de la adopción y utilización de los indicadores de desempeño judicial? Aunque parece reconocerse ampliamente que la medición del desempeño de las organizaciones es sólo una herramienta, que no un fin en sí mismo, los resultados u objetivos de tales 

indicadores tienen que ser especificados con precisión. Los investigadores y 

operadores judiciales involucrados en la medición del desempeño judicial no han 

examinado sus propios esfuerzos con ninguna regularidad o rigor. Necesitan 

examinar no sólo lo que realmente hacen sino, más importante, lo que ellos y 

sus indicadores de desempeño realmente consiguen en términos de su impacto 

sobre el funcionamiento y la eficacia de los tribunales. 12 Se asume de manera 

simple que los resultados de tales mediciones, por ejemplo los referidos a la 

gestión y planificación estratégica, serán muy beneficiosos (véase Keilitz, Davis 

y Benedict, 1999). 

La lógica y el lenguaje de la medición del desempeño pueden ser puestos 

en práctica como un modelo de revisión y evaluación de los indicadores de desempeño judicial, y como una estrategia para alcanzar los resultados esperados. 

La medición del desempeño con este modelo, como cualquier otra tarea de los 

tribunales, requiere de recursos y estrategias (inputs) que actúan sobre el entorno operativo del sistema judicial y la comunidad para producir servicios (productos) que, a su vez, generan resultados demostrables (resultados). ¿Cuáles son 

los inputs de la medición del desempeño utilizados en los tribunales —los recursos humanos, financieros, de servicios y materiales? ¿Cuáles son los produc11 Rottman, Efkeman y Casey sugieren un nuevo papel para los tribunales: el hacerse más 

receptivos a las necesidades de la comunidad. Este rol surge de otro similar, asumido por otros 

componentes del sistema judicial, y que se desarrolló a partir de una estrategia de política —comunitaria— centrada en establecer una estrategia de resolución de problemas en colaboración con 

la comunidad (véase Rottman y Efkeman 1998; Rottman y Casey 1999). 12 Por supuesto, los investigadores y operadores judiciales han tenido contacto con los beneficios reportados de la medición del desempeño —focalización, comprensión, mejora en la toma 

de decisiones, control, mejor rendición de cuentas, predicción, influencia y estrategias de desarrollo— pero la descripción de estos beneficios para el sistema judicial ha permanecido a un nivel más bien conceptual (véase también Alpert y Moore 1993). 
454 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

tos —actividades, procedimientos y servicios— producidos por el sistema de 

medición? Finalmente, ¿cuáles son los resultados de la medición del desempeño: los resultados o impacto de los inputs y productos sobre el tribunal y la comunidad? El lenguaje y la lógica de la medición del desempeño pueden ser, y 

de hecho deberían ser, aplicados de manera productiva hacia los propios esfuerzos de medición del desempeño. Este exhaustivo sistema de medición, que ya 

ha sido utilizado por los tribunales, hace que esta investigación sea factible. 

El modelo de inputs-productos-resultados puede ser también útil para contestar a la pregunta de qué constituye «adopción» y «uso» de un sistema de medición del desempeño, problema del que ha estado plagado el proyecto de los 

TCPS desde su fase divulgativa. La adopción de los TCPS por parte de un tribunal u oficina administrativa judicial, a falta de por ejemplo suficientes recursos humanos, financieros y materiales, cuestionaría la legitimidad de la «adopción» de un sistema de indicadores. El «uso» podría ser traducido tanto a nivel 

de los productos como de los resultados. La publicación de los resultados de 

medición del desempeño podría constituir un producto legítimo pero no sería 

considerado como un resultado de tal medición del desempeño. 

Los verdaderos inputs de la medición del desempeño judicial pueden agruparse de acuerdo con los esfuerzos de planificación, preparación, recogida de 

datos, análisis de la información y emisión de los informes requeridos para los 

diversos indicadores de los TCPS: número de personal judicial y de otros empleados ocupados en preparar la medición y aplicar los indicadores; cantidad de 

tiempo y dinero gastado; tipo y cantidad de información obtenida; número y tamaño de las muestras tomadas; y equipo, materiales y servicios requeridos. 

(Como se señaló antes, y aunque habría sido posible catalogar los inputs de medición del desempeño de esta forma durante la fase divulgativa del proyecto, en 

cambio no se hizo). Los productos de la medición del desempeño pueden incluir, 

por ejemplo, el tipo y número de indicadores tomados, la cantidad de información requerida, los informes y presentaciones realizados, y el formato de estos 

informes (por ejemplo, una publicación o un sistema de guía en tiempo real que 

incluyera diversos índices enlazando indicadores diferentes). Finalmente, las 

categorías más amplias de resultados pueden incluir las decisiones y acciones 

tomadas, así como los resultados alcanzados tras la medición del desempeño de 

la gestión, planificación y liderazgo de los tribunales en las áreas de desempeño identificadas por los TCPS (esto es, Acceso a la Justicia, Resoluciones Oportunas y Eficaces, entre otras). 

Aunque un modelo de investigación de inputs, productos y resultados puede facilitar la evaluación de la medición del desempeño mediante el uso de los 
CRITERIOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LOS TRIBUNALES 455 

TCPS, así como las mejoras de los indicadores individuales y globales, su valor más inmediato puede recaer en vencer la resistencia al uso de indicadores de 

desempeño. Es habitual, pero no suficiente, describir simplemente las ventajas 

de la medición del desempeño —focalización, comprensión, control, rendición 

de cuentas, predicción, influencia y desarrollo de estrategias— y esperar que se 

implementen de manera efectiva. Primero debemos ser conscientes de, y centrarnos en, los modelos mentales negativos que obstaculizan su uso de manera 

exitosa. La «disciplina» de los modelos mentales es un área esencial de estudio 

y para aprender sobre las organizaciones (Senge 1990; Senge et al. 1994). Cuando se aplican a indicadores de desempeño, se requiere una continua clarificación 

y mejora de la imagen de los indicadores de desempeño, y observar qué efecto 

tienen sobre las decisiones y acciones más importantes. 

El ser rigurosamente explícitos sobre los inputs, productos y resultados esperados de la medición del desempeño judicial ayudará sin duda a crear una 

imagen más exacta —aunque no necesariamente más favorable— de los 

indicadores de desempeño como un verdadero proyecto. La experiencia del proyecto de los TCPS sugiere que los defensores de la medición del desempeño 

pueden haber sido, al mismo tiempo, demasiado optimistas e imprecisos sobre 

los beneficios de la evaluación del desempeño (recomendaciones tales como 

«aquello que se mide recibe atención» y «lo que es contabilizado, cuenta», no 

tienen mucho fundamento) y demasiado reacios a analizar las limitaciones que 

tenía la medición del desempeño. 

La creencia de que la medición de los tiempos de resolución o de la tasa de 

resolución, por ejemplo, pueden colocar a un tribunal o incluso a un juez individual en una posición poco favorable, es un temor que no necesariamente carece de fundamento. De hecho, el modelo mental negativo que da lugar a ese 

temor resulta sencillamente de la conciencia de la posibilidad de resultados inesperados. El hecho de tener en cuenta que las comparaciones transversales entre juzgados basadas en indicadores de desempeño son factibles pero que el análisis cuidadoso de los productos y resultados en términos de desempeño puede 

llevar a resultados inesperados, puede ayudar a los defensores de esta causa. Si 

se imponen restricciones a los resultados de la medición del desempeño (por 

ejemplo, restringiendo el acceso a la información sobre la contribución individual de cada juez al resultado global) y se aplican explícitamente métodos que 

controlen los resultados esperados, se puede contribuir en gran medida a reducir la magnitud del modelo mental negativo que existe respecto a estos 

indicadores, y aumentar así su valor para la administración, planificación y 

liderazgo en los tribunales. 
456 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

CONCLUSIONES 

Los TCPS han logrado un «consenso claro y explícito» sobre los aspectos 

básicos del desempeño de los tribunales que no había sido conseguido por la investigación y las políticas previas (Cook et al. 1982, 6). Los TCPS merecen una 

seria reflexión por parte del sistema judicial, los investigadores y los responsables de la política pública, primero porque representan un sistema exhaustivo de 

desempeño organizativo para los juzgados orientado hacia los resultados —que 

incluye una jerarquía de objetivos y principios, variables, y definiciones 

operativas de los métodos; segundo, porque actualmente están siendo utilizados 

aproximadamente por un tercio de los tribunales estatales. Los TCPS ofrecen a 

investigadores y responsables de la política pública la oportunidad de avanzar 

en el conocimiento del desempeño del sistema judicial más allá de la mera identificación de los aspectos a evaluar y el desarrollo de los elementos de un paradigma ya aceptado y en uso hoy en día. 

Una línea lógica de avance en la investigación es el estudio y la evaluación 

de los elementos de los TCPS tal y como se han concebido e implementado en 

los tribunales estatales. ¿Cómo se usan los TCPS y qué resultados se obtienen? 

¿Se centran en los indicadores relevantes del desempeño de los tribunales? 

¿Constituyen en conjunto una valoración equilibrada de los productos y resultados importantes? ¿Produce este sistema de medición una información exacta, 

consistente en el tiempo y valiosa tanto para operadores judiciales como responsables de la política pública? La lógica y el lenguaje de los indicadores de desempeño puede ser utilizado como un modelo para revisar y evaluar la medición 

del desempeño judicial y como estrategia para obtener los resultados esperados. 

¿Cuáles son los inputs de la medición del desempeño en los tribunales –los recursos humanos, financieros, de servicios y materiales gastados? Cuáles son los 

productos –actividades, procesos y servicios producidos por la medición del 

desempeño? ¿Cuáles son los resultados de la medición del desempeño –los resultados o el impacto de los inputs y productos sobre los tribunales y la comunidad? El exhaustivo sistema de medición de los TCPS, sistema que ya ha sido 

usado por los tribunales, hace que esta línea de investigación sea factible. 

Además de esta obvia línea de trabajo, los TCPS abren otras vías de investigación y desarrollo. Los TCPS ofrecen un modelo que puede facilitar el desarrollo de indicadores nuevos y mejorados del desempeño de los tribunales y otros 

componentes del sistema judicial. Al perfilar los resultados más significativos 

del desempeño, tales como el Acceso a la Justicia, los TCPS pueden sugerir nuevas líneas de investigación y desarrollo. El área de Acceso a la Justicia es un 

campo muy fértil para el desarrollo de nuevos y significativos indicadores. Esto 
CRITERIOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LOS TRIBUNALES 457 

es particularmente cierto para el Criterio 1.3, Participación Efectiva. El acceso 

y las facilidades para litigantes en representación propia —personas que comparecen ante los tribunales sin la representación de un abogado— se ha convertido en uno de los mayores problemas de los tribunales estatales en los últimos 

10 años. En algunas localidades, al menos una de las partes no tiene por ejemplo representación en la gran mayoría de asuntos de familia. Este asunto no es 

tenido en cuenta por el Criterio 3.1; de hecho, no había sido identificado como 

problema cuando se desarrollaron los TCPS. La participación efectiva de 

litigantes sin abogado y el acceso a la justicia podría ser, al menos a nivel conceptual, un mejor indicador del producto que aquéllos actualmente asociados al 

Criterio 3.1. ¿En qué proporción de los casos y en qué tipo de casos comparecen los litigantes sin abogado? ¿Qué resultado da la comparación de la proporción y el tipo de litigantes sin abogado con otros tribunales correspondientes a 

zonas con similar perfil socioeconómico? ¿Se cierran efectivamente las puertas 

y se niega la participación efectiva a litigantes que comparecen en representación propia cuando el porcentaje de usuarios atendidos cae por debajo de cierto 

valor establecido? Estas cuestiones son relevantes para la investigación y desarrollo de nuevos resultados e indicadores en el área de Acceso a la Justicia. 

Otra productiva área de investigación y desarrollo abierta por los TCPS es 

la creación y desarrollo de nuevos índices que combinen diversos indicadores en 

una nueva área de desempeño. «La clave para tener un conjunto exitoso de 

indicadores es limitar su base de datos a unos pocos indicadores cruciales ligados a su éxito», propone Mark Graham Brown en Keeping Score: Using the Right 

Metrics to Drive World-Class Performance (1996, 4). Se pueden asignar diferentes ponderaciones a diversos indicadores en una «familia de indicadores», de 

acuerdo con su importancia, y luego pueden combinarse en un índice estadístico agregado. Un ejemplo de tal índice podría ser reunir los cuatro indicadores 

asociados con el Criterio 2.1, Procesamiento de los Asuntos: tiempo de resolución de los asuntos, tasa de resolución, acumulación de asuntos, y certeza en la 

fecha de juicio. Estos cuatro indicadores de procesamiento de los asuntos, expresados como proporciones, podrían ser reducidos a un único número. El índice resultante podría exigir calcular los indicadores tal como se indica en los 

TCPS, con algunas variaciones para adaptarse a la agregación de los indicadores 

en un índice. 

Los responsables de la política judicial, investigadores y operadores judiciales pueden aprender algo sobre cómo abordar e implementar la medición del 

desempeño, no sólo en los tribunales, sino también en el resto de componentes 

del sistema judicial, a partir de la historia del desarrollo de los TCPS y la experiencia de los tribunales que ya los usan. Aquellos tribunales estatales y las or­
458 JUSTICIA PENAL SIGLO XXI 

ganizaciones judiciales —tribunales con jurisdicción limitada o general y las 

oficinas administrativas de los tribunales estatales— que han adoptado y usado 

los TCPS pueden servir como laboratorios para la innovación y desarrollo de la 

medición del desempeño del sistema judicial. 

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COLECCIÓN

ESTUDIOS DE DERECHO PENAL 

LA LLAMADA «TENTATIVA INIDÓNEA» DE DELITO 

ESTEBAN SOLA RECHE 

LA AUTORÍA MEDIATA EN EL DERECHO PENAL 

JOSÉ ULISES HERNÁNDEZ PLASENCIA 

BIENES JURÍDICOS INTERMEDIOS Y DELITOS DE 

PELIGRO 

RICARDO M. MATA Y MARTÍN 

MINORÍA DE EDAD PENAL Y DERECHO PENAL JUVENIL 

M.a ISABEL SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ 

LA DISCRIMINACIÓN EN EL DERECHO PENAL 

JESÚS BERNAL DEL CASTILLO 

LA COAUTORÍA Y LA COMPLICIDAD NECESARIA EN 

EL DERECHO PENAL 

ESTEBAN JUAN PÉREZ ALONSO 

ANÁLISIS DEL DELITO CONTRA LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO DEL ART. 534 DEL CÓDIGO 

PENAL 

M.a BELÉN SÁNCHEZ DOMINGO 

LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS CONSUMIDORES 

FRENTE A LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA 

IGNACIO MUÑAGORRI LAGUÍA 

LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y TEORÍA DE LA 

CODELINCUENCIA 

MANUEL GÓMEZ TOMILLO 

LA MEDIACIÓN REPARADORA COMO ESTRATEGIA 

DE CONTROL SOCIAL. UNA PERSPECTIVA 

CRIMINOLÓGICA 

GEMA VARONA MARTÍNEZ 

REPARACIÓN Y CONCILIACIÓN EN EL SISTEMA PENAL. ¿APERTURA DE UNA NUEVA VÍA? 

GUADALUPE PÉREZ SANZBERRO 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS EMPLEADOS DE 

BANCA POR EL BLANQUEO DE CAPITALES 

ISIDORO BLANCO CORDERO 

FUNDAMENTOS Y REQUISITOS ESTRUCTURALES DE 

LA LEGÍTIMA DEFENSA. CONSIDERACIÓN ESPECIAL A 

LAS RESTRICCIONES ÉTICO-SOCIALES 

MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS RÍO 

VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD RACISTA EN EUROPA 

OCCIDENTAL: LA RESPUESTA DEL DERECHO PENAL 

EMILIANO BORJA JIMÉNEZ 

LA INSOSTENIBLE SITUACIÓN DEL DERECHO PENAL. INSTITUTO DE CIENCIAS CRIMINALES DE 

FRANKFURT (ED.) 

ÁREA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD 

POMPEU FABRA (ED. ESPAÑOLA) 

EL CÓDIGO PENAL DE 1995: PRESUPUESTOS Y 

FUNDAMENTOS. (LIBRO HOMENAJE AL PROFESOR 

DOCTOR DON ÁNGEL TORÍO LÓPEZ 

JOSÉ CEREZO MIR, RODRIGO F. SUÁREZ MONTES, ANTONIO BERISTAIN IPIÑA, CARLOS M. 

ROMEO CASABONA (EDS.) 

EL MIEDO INSUPERABLE: UNA RECONSTRUCCIÓN 

DE LA EXIMIENTE DESDE UNA TEORÍA DE LA JUSTICIA 

DANIEL VARONA GÓMEZ 

LOS ANÁLISIS DE ADN Y SU APLICACIÓN AL PROCESO PENAL 

J. FRANCISCO ETXEBARRIA GURIDI 
LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS EN LAS CAUSAS DE 

JUSTIFICACIÓN Y ANTITIPICIDAD PENAL 

MARÍA A. TRAPERO BARREALES 

URBANISMO, FUNCIÓN PÚBLICA Y DERECHO PENAL 

MANUEL GÓMEZ TOMILLO 

LA TENTATIVA INIDÓNEA. FUNDAMENTO DE PUNICIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL INJUSTO 

RAFAEL ALCÁCER GUIRAO 

DERECHO PENAL Y DERECHO SANCIONADOR DE 

LA UNIÓN EUROPEA 

RAÚL CARNEVALI RODRÍGUEZ 

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN DERECHO PENAL 

FÁTIMA FLORES MENDOZA 

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. ANÁLISIS SOCIOLÓGICO, DOGMÁTICO Y DE DERECHO COMPARADO 

ELENA B. MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS 

LA POLÍTICA CRIMINAL CONTRA LA XENOFOBIA Y 

LAS TENDENCIAS EXPANSIONISTAS 

JON MIRENA LANDA GOROSTIZA 

LOS DELITOS DE ALTERACIÓN DE PRECIOS 

SANTIAGO B. BRAGE CENDÁN 

LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN 

EL PROCESO PENAL 

AGUSTÍN-ALEJANDRO SANTOS REQUENA 

LA IMPUTACIÓN OBJETIVA 

INGEBORG PUPPE 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS FINES DE LA PENA 

EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 

FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ 

EXENCIÓN Y ATENUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL POR CONSUMO DE DROGAS 

HERMINIO RAMÓN PADILLA ALBA 

LÍMITES DOGMÁTICOS Y POLÍTICO-CRIMINALES DE 

LOS DELITOS DE PELIGRO ABSTRACTO 

BLANCA MENDOZA BUERGO 

LÍMITES A LA PARTICIPACIÓN DELICTIVA. LAS ACCIONES NEUTRALES Y LA COOPERACIÓN EN EL 

DELITO 

ISIDORO BLANCO CORDERO 

DELINCUENCIA INFORMÁTICA Y FRAUDES 

INFORMÁTICOS 

ENRIQUE ROVIRA DEL CANTO 

EUTANASIA Y SUICIDIO. CUESTIONES DOGMÁTICAS 

Y DE POLÍTICA CRIMINAL 

JESÚS BARQUÍN, CLAUS ROXIN, FERRANDO 

MONTOVANI, MIGUEL OLMEDO 

LA PROVOCACIÓN DEL ESTADO DE NECESIDAD EN 

DERECHO PENAL. PROVOCACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL TRÁFICO AUTOMOVILÍSTICO Y OTROS ESTADOS DE CONFLICTO 

JULIA ROPERO CARRASCO 

EL DELITO DE DAÑOS AL PATRIMONIO CULTURAL 

ESPAÑOL. ANÁLISIS DEL ART. 323 DEL CÓDIGO 

PENAL DE 1995 

FELIPE RENART GARCÍA 

LOS DELITOS PLURISUBJETIVOS Y LA PARTICIPACIÓN NECESARIA 

MARÍA DEL MAR CARRASCO ANDRINO 

LA ESTRUCTURA DE LA TEORÍA DEL DELITO EN 

EL ÁMBITO JURÍDICO DEL «COMMON LAW» 

JUAN IGNACIO PIÑA 

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN IMPRUDENTE 

RAQUEL ROSOS CAÑADILLAS 

EL DELITO DE LESIONES AL FETO 

EDUARDO RAMÓN RIBAS 

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO Y DEL LUGAR DE LA 

COMISIÓN DEL DELITO 

M.a ISABEL GONZÁLEZ TAPIA 

DELITOS OBSTÁCULO: TENSIÓN ENTRE POLÍTICA 

CRIMINAL Y TEORÍA DEL BIEN JURÍDICO 

PABLO CUESTA PARTOR 
LA AUSENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO DE JUSTIFICACIÓN 

ALICIA GIL GIL 

LA COMPLICIDAD DELICTIVA EN LA ACTIVIDAD LABORAL «COTIDIANA» 

JON-MIRENA LANDA GOROSTIZA 

LA IMPRUDENCIA INCONSCIENTE 

ESTHER HAVA GARCÍA 

EL CONCEPTO MATERIAL DE CULPABILIDAD Y EL 

PRINCIPIO DE INEXIGIBILIDAD 

MARIANO MELENDO PARDOS 

LA CONDUCCIÓN BAJO LA INFLUENCIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

IGNACIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 

LA TENTATIVA EN LA AUTORÍA MEDIATA Y EN LA 

ACTIO LIBERA IN CAUSA 

EDUARDO DEMETRIO CRESPO 

LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS BIENES COLECTIVO EN LA SOCIEDAD MODERNA 

SUSANA SOTO NAVARRO 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

ESTUDIO CRÍTICO DEL DELITO DE COHECHO 

JORGE VIZUETA FERNÁNDEZ 

EL DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN EN LAS PERSONAS 

JOSÉ ÁNGEL BRANDARIZ GARCÍA 

LOS DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD 

PERSONAL Y LOS RELATIVOS A LA MANIPULACI;ON 

GENÉTICA 

CARLOS MARÍA ROMEO CASABONA 

EL DELITO DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

M.a CARMEN ALASTUEY DOBÓN 

GLOBALIZACIÓN, TRÁFICO INTERNACIONAL ILÍTICO 

DE PERSONAS Y DERECHO PENAL 

ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA 

EPÍSTEME Y DERECHO. UNA EXPLORACIÓN JURÍDICO-PENAL 

JUAN MARCOS RIVERO SÁNCHEZ 

EL ERROR SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS 

MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL 

EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 

FÁTIMA FLORES MENDOZA 

INTERVENCIÓN DELICTIVA E IMPRUDENCIA 

FERNANDO GUANARTEME SÁNCHEZ LÁZARO 

LA RESPUESTA A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA. TRATAMIENTO PENAL DE LA CONDUCTA DE LOS PARTICULARES QUE CONTRIBUYEN A ELLA 

NORBERTO J. DE LA MATA BARRANCO 

LA RELEVANCIA DE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN EN LOS DELITOS IMPRUDENTES 

ESTHER POMARES CINTAS 

TEORÍA DEL CONCURSO DE LEYES Y DE DELITOS. 

BASES PARA UNA REVISIÓN CRÍTICA 

ESTRELLA ESCUCHURI AÍSA 

INEXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA EN DERECHO 

PENAL 

TERESA AGUADO CORREA 

LOS ACTOS PREPARATORIOS DEL DELITO 

SOLEDAD BARBER BURUSCO 

LOS FUNDAMENTOS DE LA CAPACIDAD 

DE CULPABILIDAD PENAL POR RAZÓN DE LA EDAD 

ANDRÉS MARTÍN CRUZ 

ANÁLISIS JURÍDICO-PENAL DE LA FIGURA DEL COMISO 

ANA ISABEL CEREZO DOMÍNGUEZ 

CONDUCTA PELIGROSA E IMPRUDENCIA EN LA 

SOCIEDAD DE RIESGO 

CARLOS MARÍA ROMEO CASABONA 
LA TUTELA DE UN BIEN JURÍDICO COLECTIVO POR 

EL DELITO SOCIETARIO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. ESTUDIO DEL ART. 295 DEL CÓDIGO 

PENAL ESPAÑOL Y PROPUESTA DE LEGE FERENDA 

BELÉN MAYO CALDERÓN 

ESTUDIOS SOBRE LA PROTECCIÓN PENAL DEL 

MEDIO AMBIENTE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 

AGUSTÍN JORGE BARREIRO (DIR.) 

LA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL POR 

REGULARIZACIÓN EN EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

JOSÉ ÁNGEL BRANDARIZ GARCÍA 

PREMIO A LA COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA. 

ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA CORRUPCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

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ESTUDIOS DE DERECHO PENAL 

SERIE MINOR 

LÍMITES DE LA PARTICIPACIÓN CRIMINAL 

BERNARDO FEIJOO SÁNCHEZ 

LA OMISIÓN DEL DEBER DE INTERVENIR PARA 

IMPEDIR DETERMINADOS DELITOS DEL ART. 450 

DEL CÓDIGO PENAL 

ESTEBAN SOLA RECHE 

TEORÍA GENERAL DE LAS CIRCUNSTANCIAS 

MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD 

CRIMINAL Y ARTÍCULO 66 DEL CÓDIGO PENAL 

CARMEN SALINERO ALONSO 

ESTUDIO DEL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LAS 

FALSEDADES DOCUMENTALES 

MIGUEL ÁNGEL BOLDOVA PASAMAR 

EL TIPO DE INJUSTO EN LOS DELITOS DE MERA 

ACTIVIDAD 

MARÍA ACALE SÁNCHEZ 

EL PATRIMONIO CULTURAL. LA NUEVA PROTECCIÓN 

EN LOS ARTS. 321 A 324 DEL CP DE 1995 

MANUEL JOSÉ ARIAS EIBE 

¿ESTÁ BIEN LO QUE BIEN ACABA? LA IMPUTACIÓN DE LA EVITACIÓN DEL RESULTADO EN EL 

DESISTIMIENTO 

RAFAEL ALCÁCER GUIRAO