Número Identificador

SEN2024________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

VÍCTOR RAMÍREZ TIRADO

Parte Apelada

v.

ESTADO LIBRE ASOCIADO 

DE PUERTO RICO, en 

representación del 

Departamento de Obras 

Públicas y ARTURO DELIZ 

VÉLEZ, Director Interino

Parte Apelante

KLAN202400455

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Aguadilla

Civil Núm.:

SJ2023CV11489

Sobre:

Entredicho 

Provisional e 

Injunction

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2024.

Comparece el Gobierno de Puerto Rico, representado por la 

Oficina del Procurador General, y solicita que revoquemos la 

Sentencia emitida el 6 de febrero de 2024, notificada el 7 de febrero 

de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Aguadilla. Mediante el referido dictamen, el foro primario expidió 

una orden de interdicto provisional contra el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP). En consecuencia, ordenó

al DTOP levantar el cierre de la estación de inspección operada por 

el Sr. Víctor Ramírez Tirado (Sr. Ramírez Tirado), y reestablecer el 

acceso de la estación al programa E-Marban y venta de marbetes a 

través del Departamento de Hacienda, hasta tanto el DTOP celebre 

la vista administrativa dispuesta por reglamento para los casos en 

que se suspende la autorización a una estación de inspección. 
KLAN202400455 2

Evaluado el recurso presentado, así como el alegato en 

oposición de la parte apelada, Sr. Ramírez Tirado, revocamos el 

dictamen apelado.

I.

El 12 de diciembre de 2023, el Sr. Ramírez Tirado presentó 

una Demanda de entredicho provisional e injunction contra el DTOP.

En síntesis, alegó que opera una estación oficial de inspección de 

vehículos, permiso número EOI-AG-0092, ubicada en Rincón, 

Puerto Rico (en adelante, Centro de Inspección). Adujo que, el 27 

de junio de 2023, la compañía Cartek Caribe acudió al Centro de 

Inspección para realizar una actualización del sistema de 

inspecciones, pero la misma no se pudo completar debido a una 

interrupción del servicio de energía eléctrica. El Sr. Ramírez Tirado 

expresó que se comunicó con la compañía al otro día, pues no tenía 

acceso a las cámaras para poder preparar las órdenes de servicio.

Cartek Caribe le informó que enviaría un técnico al día siguiente.

El Sr. Ramírez Tirado expuso en su demanda que, ante la falta 

de acceso al programa E-Marban, el 30 de junio de 2023, generó 

una llamada telefónica al DTOP, y dicha agencia –sin mediar 

explicación y sin notificarle sobre querella alguna– le informó que le 

había desactivado el acceso al programa E-Marban por motivo de 

una máquina de inspección inactiva. El Sr. Ramírez Tirado alegó 

que solicitó, sin éxito, reunirse con personal del DTOP para que le 

explicara la razón por la cual le desactivaron el acceso al sistema EMarban. 

Según las alegaciones, el 17 de julio de 2023, el DTOP notificó

al Sr. Ramírez Tirado una carta sobre Investigación de Querellas 

Recibidas1, en la que se le informó que, durante la visita realizada 

semanas antes por un Investigador de Querellas del Centro de 

1 Véase, Apéndice de Apelación, págs. 11-28.
KLAN202400455 3

Servicios al Conductor (CESCO), éste había encontrado que “su 

máquina estaba inactiva y [aun así] estaban vendiendo marbetes 

con certificados de inspección de su EOI”, por lo que podría estar en 

violación al Artículo 12.07(e) de la Ley Núm. 22 del 7 de enero de 

2000, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 

LPRA § 5001, et seq. En la referida carta, el DTOP citó al Sr. Ramírez 

Tirado para que al día siguiente compareciera a las oficinas del

CESCO para una reunión informal con el fin de concluir la 

investigación y emitir una determinación final sobre la querella.

Además, en la misiva, el DTOP indicó al Sr. Ramírez Tirado que, 

mientras concluía la investigación, el Centro de Inspección no 

estaba autorizado para operar. Por último, la comunicación advirtió 

al Sr. Ramírez Tirado sobre su derecho de solicitar la revisión de la 

decisión.

2

El Sr. Ramírez Tirado continuó explicando en su demanda que 

en la reunión informal refutó todos los señalamientos que el DTOP 

le hizo y que, luego de dicha reunión, el DTOP le notificó otras cartas 

con nuevos señalamientos de irregularidades. Indicó que, el 4 de 

agosto de 2023, solicitó la revisión de todas las cartas cursadas 

hasta ese entonces por el DTOP y que se señalara la fecha para la 

celebración de una vista administrativa. Sin embargo, la agencia 

nunca le respondió ni pautó una fecha para la celebración de la 

vista. 

El Sr. Ramírez Tirado reclamó que, desde el 30 de junio de

2023, el Centro de Inspección ha permanecido cerrado sin que se 

hubiera celebrado una vista administrativa ante el DTOP, lo cual 

resultaba contrario al deber ministerial impuesto por reglamento a 

la agencia de conceder el derecho a una vista en cualquier caso en 

el que se suspenda la autorización conferida a una estación de 

2 El 4 de agosto de 2023, el Sr. Ramírez Tirado solicitó la revisión de las cartas 

notificadas. Véase, Acápite 15 de la demanda, Apéndice del recurso, página 56.
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inspección por un término mayor a treinta (30) días. Añadió que, la 

inobservancia de la agencia con los deberes impuestos por su 

reglamento violentaba su derecho a un debido proceso de ley, sin 

que la agencia hubiera tomado medidas para mitigar los daños que 

le ocasionó el cierre del Centro de Inspección. Señaló que lo anterior 

lo obligó a recurrir al foro judicial como único remedio disponible 

para vindicar sus derechos. 

De tal forma, el Sr. Ramírez Tirado solicitó al foro primario 

que expidiera el interdicto provisional, ordenando al DTOP a 

levantar el cierre de la estación de inspección y a reanudar el acceso 

al programa E-Marban, así como la venta de marbetes a través del 

Departamento Hacienda. También requirió que dichos accesos se 

mantuvieran vigentes hasta tanto el DTOP celebrara la vista 

administrativa y la decisión que en su día emitiera la agencia fuera

final y firme. 

El foro primario señaló la vista de interdicto para el 24 de 

enero de 2024, mediante videoconferencia, y concedió al DTOP hasta 

el 23 de enero de 2024 para exponer su posición por escrito.

En cumplimiento con lo anterior, el 23 de enero de 2024, el 

Gobierno de Puerto Rico, por sí y en representación del DTOP, 

presentó ante el TPI una Moción en Solicitud de Desestimación.3 En 

primer lugar, el DTOP alegó que el foro judicial carecía de 

jurisdicción para atender el asunto, debido a que todo lo 

concerniente a la concesión y autorización para operar una estación 

de inspección de vehículos ha sido delegado, por mandato 

legislativo, al DTOP. En segundo lugar, y sin renunciar al 

planteamiento de falta de jurisdicción, el DTOP alegó que, de 

conformidad con el Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, no 

se puede conceder una orden de interdicto provisional para impedir 

3 Véase, Apéndice del recurso, págs. 76-91.
KLAN202400455 5

la aplicación u observancia de cualquier ley de la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico o el cumplimiento de cualquier actuación 

autorizada por ley. Añadió que, tampoco procedía la expedición del 

injunction debido a que las alegaciones del Sr. Ramírez Tirado no 

satisfacían los requisitos necesarios para la expedición del recurso 

extraordinario, puesto que éste no había establecido la existencia de 

un daño, mucho menos irreparable y, además, cuenta con un 

remedio adecuado en ley para dilucidar sus reclamos. 

Por ello, el DTOP sostuvo que el Sr. Ramírez Tirado había 

presentado la solicitud de interdicto como un subterfugio para 

eludir agotar el trámite administrativo. Sobre el particular, la 

agencia resaltó la existencia de un trámite activo y pendiente ante 

su consideración, y que cualquier reclamo que el Sr. Ramírez Tirado 

tuviera una vez concluido dicho trámite, debía presentarse ante este 

tribunal intermedio, por ser el foro con jurisdicción para revisar las 

determinaciones administrativas. El DTOP también resaltó que,

conforme a nuestro ordenamiento jurídico, cuando una agencia 

incumple con su obligación de adjudicar un caso dentro del término 

provisto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017 (LPAU), el único remedio 

es la presentación de un recurso judicial de mandamus ante este

Tribunal de Apelaciones. En virtud de lo anterior, el DTOP solicitó 

la desestimación de la demanda de interdicto, con perjuicio.

Por su parte, el Sr. Ramírez Tirado presentó Oposición a 

Desestimación4, en la que alegó que el cierre del Centro de 

Inspección por más de siete meses le causó daños irreparables.

Detalló que dichos daños eran económicos, pues tenía que 

continuar pagando el arrendamiento del local, utilidades, salarios, 

entre otros. También alegó que sus clientes habituales habían 

4 Véase, Apéndice del recurso, págs. 92-97.
KLAN202400455 6

tenido que recurrir a otros centros de inspección, afectándose

negativamente su negocio y plusvalía. A su vez, argumentó que el 

cierre sin justificación de la estación de inspección ha dañado la 

imagen de su negocio. Por último, arguyó que la tardanza de la 

agencia en celebrar la vista administrativa lo coloca en un estado de 

indefensión impreciso, sujeto a que se celebre la vista y se adjudique 

el asunto. 

La vista de interdicto preliminar se celebró el 25 de enero de

2024. En ella, las partes informaron que el DTOP señalaría la vista 

administrativa solicitada por el Sr. Ramírez Tirado para una fecha 

cercana. Las partes presentaron sus argumentos y el caso quedó

sometido para adjudicación.

El 7 de febrero de 2024, el TPI emitió la sentencia apelada. En 

ésta, resolvió que el Sr. Ramírez Tirado carecía de un remedio 

adecuado en ley para dilucidar su reclamo ante la dilación excesiva 

del DTOP en señalar la vista administrativa, razón por la cual 

asimismo resultaba inútil requerirle agotar el referido trámite

administrativo. Añadió que mantener la estación de inspección 

cerrada por tanto tiempo sin habérsele conferido un debido proceso 

de ley ocasionó daños irreparables al Sr. Ramírez Tirado, 

colocándolo en un estado de indefensión. 

En virtud de lo anterior, el TPI expidió una orden de interdicto

provisional, mediante la cual exigió al DTOP levantar el cierre del 

Centro de Inspección EOI-AG-0092, y reanudarle el acceso al 

programa E-Marban y la venta de marbetes a través del 

Departamento de Hacienda. Requirió, además, que ambos servicios 

se mantuvieran vigentes hasta tanto el DTOP celebrara las vistas 

administrativas, emitiera su determinación y ésta adviniera final y 

firme. Por último, apercibió que el incumplimiento de cualquiera de 

las partes con la orden emitida podría ser causa para encontrarla 

incursa en desacato. 
KLAN202400455 7

Inconforme, el DTOP presentó Moción en Solicitud de 

Reconsideración.5 En esta reprodujo los argumentos presentados en 

su solicitud de desestimación, a saber, que el foro de instancia 

carecía de jurisdicción sobre la materia, que el Sr. Ramírez Tirado 

no había agotado el trámite administrativo ante el DTOP y que, ante 

un incumplimiento de una agencia en adjudicar un caso dentro del 

término provisto en la LPAU, el remedio judicial disponible ante este 

foro apelativo era el mandamus.

El Sr. Ramírez Tirado presentó su Oposición a Moción en 

Solicitud de Reconsideración. En síntesis, alegó que el DTOP no 

controvirtió los hechos alegados en la demanda; y que al igual que 

el mandamus, también el injunction es uno de los recursos 

disponibles que tiene una parte que alega incumplimiento de los 

deberes ministeriales de una agencia. Añadió que la controversia 

del caso cumplía con las excepciones establecidas en la Sección 4.3 

de la LPAU que permiten relevar a una parte del agotamiento de los 

remedios administrativos ante la agencia. Por ello, solicitó que se 

denegara la solicitud de reconsideración y se mantuviera vigente la 

orden de interdicto provisional.

El 8 de marzo de 2024 y notificada en esa misma fecha, el TPI 

emitió Resolución, en la que declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por DTOP por los fundamentos 

expresados en la oposición del Sr. Ramírez Tirado.6

Insatisfecho, el 7 de mayo de 2024, el Gobierno de Puerto Rico

acudió ante este foro apelativo y formuló el siguiente señalamiento 

de error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir un 

entredicho provisional a favor de la parte apelada a 

pesar de que el DTOP es quien ostenta jurisdicción en 

primera instancia para atender la controversia y se no 

(sic) cumplen con los requisitos para su emisión.

5 Véase, Apéndice del recurso, págs. 11-28.

6 Apéndice del recurso, pág. 53. 
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El 7 de junio de 2024, el Sr. Ramírez Tirado presentó su 

Alegato en Oposición a Apelación. Evaluados los argumentos de las 

partes, resolvemos.

II.

A.

La Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57, y 

los Arts. 675 y 687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs.

3521 et seq., son las disposiciones de ley que regulan en nuestro 

ordenamiento el recurso de injunction.

El Art. 675 del Código de Enjuiciamiento Civil define el 

injunction como “un mandamiento judicial expedido por escrito, bajo 

el sello de un tribunal, por el que se requiere a una persona para 

que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga por otras bajo 

su intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique el 

derecho de otra”. 32 LPRA sec. 3521. Este recurso fue adoptado 

del sistema de equidad inglés y se utiliza principalmente en casos 

donde no existe otro remedio adecuado en ley.7

Existen tres modalidades de injunction, a decir: el entredicho 

provisional; el injunction preliminar; y el injunction permanente. 32

LPRA Ap. V, R. 57. 

El injunction preliminar es un remedio provisional que 

persigue mantener el status quo hasta que se celebre el juicio en sus 

méritos, con el fin de que la conducta del demandado no convierta 

en académica la sentencia que finalmente se dicte o que se le 

ocasione al peticionario un daño de mayor consideración mientras 

se dilucida el litigio.8

El injunction preliminar va dirigido a requerir o prohibir hacer 

determinado acto, con el objetivo de impedir que se causen 

perjuicios inminentes o menoscabos irreparables a alguna persona 

7 Next Step Medical v. Bromedicon et al., 190 DPR 474, 486 (2014).

8 Íd., pág. 486.
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durante la pendencia del pleito. Por lo tanto, el factor cardinal que 

gobierna la expedición de este remedio extraordinario es la 

existencia de una amenaza real de sufrir algún menoscabo para el 

cual no existe un remedio adecuado en ley.9

Al decidir si expide una orden de entredicho provisional o

injunction preliminar, el tribunal deberá considerar: (1) la naturaleza 

de los daños que puedan ocasionársele a las partes de concederse o 

negarse el recurso; (2) la irreparabilidad del daño o la existencia de 

un remedio adecuado en ley;10 (3) la probabilidad de que 

eventualmente la parte promovente prevalezca al resolverse el litigio 

en su fondo; (4) la probabilidad de que la causa se torne en 

académica de no concederse el injunction; y (5) el posible impacto 

sobre el interés público del remedio que se solicita. También, la 

Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 57.3, 

enumera los factores que el tribunal debe considerar al decidir si 

concede o no la petición del recurso. Además de los factores 

enumerados, la regla añade el criterio de diligencia y la buena fe con 

que ha obrado la parte peticionaria.11

Por su parte, en cuanto al interdicto o injunction permanente, 

después del juicio en sus méritos y antes de ordenar un injunction 

permanente, el tribunal debe considerar, nuevamente, la existencia 

o ausencia de algún otro remedio adecuado en ley.12 Los factores 

que se deben tomar en consideración para emitir el recurso de 

injunction permanente son si el demandante ha prevalecido en un 

juicio en sus méritos; si posee algún remedio adecuado en ley; el 

interés público envuelto; y el balance de equidades.13

9 Íd.

10 Es preciso aclarar que el concepto del “daño irreparable” en el contexto del

injunction se refiere a “aquél que no puede ser apreciado con certeza ni 

debidamente compensado por cualquier indemnización que pudiera recobrarse en 

un pleito”, o a “aquél que no puede ser adecuadamente satisfecho mediante la 

utilización de los remedios legales disponibles”. Misión Ind. PR v. JP y AAA, 

142 DPR 656, 681 (1998).

11 Next Step Medical v. Bromedicon et al., supra, pág. 487. 

12 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008).

13 Íd.
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Tanto los requisitos promulgados por la jurisprudencia, como 

los enumerados en las Reglas de Procedimiento Civil, no son 

absolutos, sino directrices que dirigen al tribunal al momento de 

decidir si la evidencia presentada justifica la expedición del recurso. 

La concesión del remedio descansará en la sana discreción judicial, 

que se ejercerá al considerar tanto los intereses como las 

necesidades de las partes involucradas en el caso. Éste debe 

expedirse únicamente ante una demostración clara e inequívoca 

violación de un derecho. Por ello, la determinación del tribunal no 

se revocará en apelación, a menos que se demuestre que el foro 

abusó de su facultad.14

De otra parte, el Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA sec. 3524, dispone las instancias en las que no podrá 

otorgarse un injunction ni una orden de entredicho. Así pues, el 

mencionado artículo en su inciso (3) prohíbe la concesión del 

remedio de injunction para impedir la aplicación u observancia de 

cualquier ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de un 

funcionario público, de una corporación pública, o de una agencia 

pública o de cualquier empleado o funcionario de dicha corporación 

o agencia, a menos que se hubiera determinado por sentencia final 

y firme e inapelable e irrevisable que dicha ley o actuación 

autorizada por ley es inconstitucional o inválida.

B.

La revisión judicial está sujeta a ciertos límites de naturaleza

prudencial y estatutaria. En específico, al amparo de la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos, una parte que desea 

obtener un remedio en una agencia debe utilizar todos los medios 

administrativos disponibles antes de acudir a un tribunal.15 Ello 

implica que la revisión judicial no está disponible hasta tanto la 

14 Next Step Medical v. Bromedicon et al., supra, pág. 487.

15 AAA v. UIA, 200 DPR 903, 913 (2018).
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parte afectada haya utilizado todos los procedimientos correctivos 

ofrecidos por el procedimiento administrativo.16

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos 

cumple varios objetivos, tales como permitir que la agencia 

desarrolle un historial completo del asunto ante su consideración, 

asegurar que la agencia pueda adoptar las medidas 

correspondientes de conformidad con la política pública formulada 

por una entidad, y evitar los disloques causados por las 

intervenciones inoportunas de los tribunales en distintas etapas 

interlocutorias. En otro extremo, facilita la revisión judicial, porque 

asegura que los tribunales tengan información más precisa sobre el 

asunto en controversia y les permite tomar una decisión más 

informada. También, promueve una distribución más eficiente de 

tareas entre los poderes ejecutivo y judicial.17

No obstante, existen varios factores que operan a favor de 

preterir la doctrina de agotamiento de remedios. Éstos son: (1)

cuando dar curso a la acción administrativa cause un daño 

inminente, material y sustancial, no teórico o especulativo; (2)

cuando el remedio administrativo constituya una gestión inútil, 

inefectiva y que no ofrece un remedio adecuado, (3) cuando la 

agencia claramente no tiene jurisdicción sobre el asunto y la 

posposición conllevaría un daño irreparable al afectado, o (4) cuando 

el asunto es estrictamente de derecho.18

Una mera alegación de violación a derechos constitucionales 

o la ineficacia de los remedios administrativos no justifica eludir el 

proceso administrativo.19 El solicitante que pretenda desviarse del 

trámite administrativo alegando violación a un derecho 

16 Íd. Véase, además, lo resuelto en Rivera v. ELA, 121 DPR 582, 597 (1988). En 

dicha ocasión el Tribunal Supremo determinó que procede la desestimación del

caso judicial ante la aplicación de la doctrina de remedios administrativos.

17 Íd., pág. 914.

18 ORIL v. El Farmer, Inc., 204 DPR 229, 240 (2020). 

19 Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR, 788, 806-807 (2001).
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constitucional tiene la obligación de demostrar que el agravio al 

referido derecho es de tan grave y patente intensidad, que se justifica 

eludir el cauce administrativo.20

El Tribunal Supremo ha sido enfático al aclarar que “para 

preterir el requisito de agotamiento “[n]o basta con que los remedios 

administrativos sean lentos”, sino que también deben constituir 

“una gestión inútil e inefectiva o que produzcan un daño 

irreparable”.21 Además, es necesario, que quien recurre al foro 

judicial alegando que debe prescindirse del requisito de agotamiento 

de remedios administrativos, señale hechos específicos y bien 

definidos de manera tal que el tribunal pueda evaluar su petición.22

C.

En nuestro ordenamiento jurídico es norma conocida que las 

agencias administrativas están obligadas a observar estrictamente 

sus propios reglamentos.

23 Además, según ha establecido el 

Tribunal Supremo, “una vez se ha adoptado una norma, la agencia 

administrativa, debe cumplirla y aplicarla en la manera en que está 

concebida, sirviendo siempre a los propósitos, objetivos y política 

pública que la forjaron”.24

El Reglamento para reglamentar la inspección de vehículos de 

motor, la certificación de estaciones oficiales y personal, Reglamento 

Núm. 6271, aprobado el 2 de enero de 2001, aplicable a los hechos 

del caso, establece en su Artículo XII (Vista Administrativa), inciso

(1) que “[e]n todos los casos en que el Secretario suspenda por un 

término mayor de treinta (30) días o revoque la autorización a una 

20 Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 714 nota 19 (2002), citando a Delgado 

Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 DPR 347, 357 (1988). 

21 S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 852 (2008), citando a Guadalupe 

v. Saldaña, Pres U.P.R., 133 DPR 42, 50 (1993).

22 Guadalupe v. Saldaña, Pres U.P.R., supra, pág. 50.

23 Rivera Padilla v. OAT, 189 DPR 315 (2013); García Cabán v. U.P.R., 120 DPR 

167, 175 (1987).

24 Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 981 nota 87 (2011), citando a 

Centro Unido Detallistas v. J.P., 172 DPR 601, 614 (2007).
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estación de inspección a un mecánico procederá a otorgar el derecho 

a vista administrativa”. 

El Reglamento Número 6271 quedó anulado con la 

aprobación del Reglamento para estaciones oficiales de inspección, 

inspección de vehículos de motor y otros fines relacionados, 

Reglamento Núm. 9526 de 27 de diciembre de 2023. Las 

disposiciones aplicables al derecho a la concesión de una vista 

administrativa se desglosan en el Artículo VII, sección (O) (Vista 

Administrativa) del nuevo reglamento. Esta también reconoce el 

derecho a una vista administrativa en los casos en que se suspenda 

o revoque la autorización a una estación de inspección. 

D.

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

permite que un demandado en una demanda, reconvención, 

demanda contra coparte, o demanda contra tercero, solicite al 

tribunal la desestimación de las alegaciones en su contra antes de 

contestarla cuando es evidente de las alegaciones de la demanda 

que alguna de las defensas afirmativas prosperará.25 A tales efectos, 

la referida regla lee, en lo pertinente, como sigue:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada:

(1) falta de jurisdicción sobre la materia;

(2) falta de jurisdicción sobre la persona;

(3) insuficiencia del emplazamiento;

(4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento;

(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio;

(6) dejar de acumular una parte indispensable.

Por consiguiente, para disponer de una moción de 

desestimación por el fundamento de que la demanda no expone una 

25 Costas Elena y otros v. Magic Sport y otros, 213 DPR ___ (2024), 2024 TSPR 

13; Eagle Security v. Efrón Dorado et al., 211 DPR 70, 83 (2023); Conde Cruz v. 

Resto Rodríguez, 205 DPR 1043 (2020).
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reclamación que justifique la concesión de un remedio, los 

tribunales vienen obligados a tomar como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda y considerarlos de la manera más 

favorable a la parte demandante.

26 La demanda no deberá ser 

desestimada a menos que se desprenda con toda certeza que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier 

estado de hechos que puedan ser probados en apoyo de su 

reclamación.27

Por lo tanto, es necesario considerar si, a la luz de la situación 

más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de 

este, la demanda es suficiente para constituir una reclamación 

válida.28 Tampoco procede la desestimación de una demanda, si la 

misma es susceptible de ser enmendada.29

Ahora bien, una moción de desestimación al amparo de la 

Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, obliga al demandante 

que se opone a establecer por qué la reclamación que presentó es 

del tipo que justifica un remedio legal.30

III.

En su único señalamiento de error, el Gobierno de Puerto Rico 

consigna que el TPI erró al emitir el interdicto provisional a favor del 

Sr. Ramírez Tirado a pesar de carecer de jurisdicción y porque la 

acción instada deja de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio. Ello debido a que el Artículo 678 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, supra, veda la expedición de un 

interdicto para poner en vigor una legislación o reglamentación 

válida y porque el Sr. Ramírez Tirado no estableció los requisitos 

26 Eagle Security v. Efrón Dorado et al., supra, pág. 84; Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. 

Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 

1049 (2013).

27 Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 423 (2012); 

Pressure Vessels PR v. Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994).

28 Eagle Security v. Efrón Dorado et al., supra; Pressure Vessels PR v. Empire Gas 

PR, supra, pág. 505.

29 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).

30 Conde Cruz v. Resto Rodríguez, supra.
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necesarios para la expedición del recurso extraordinario.

Igualmente, el Gobierno de Puerto Rico indicó que los daños 

alegados por el Sr. Ramírez Tirado son exclusivamente económicos 

y, por tanto, resarcibles mediante otro remedio adecuado en ley. 

Por su parte, el Sr. Ramírez Tirado señala que la tardanza de 

la agencia en celebrar la vista administrativa y los daños económicos 

que ello representa para su negocio cumplen con el requisito 

esencial de daño irreparable que el tribunal consideró antes de

expedir el recurso extraordinario de injunction. 

Según discutido, el recurso de injunction no es el 

procedimiento adecuado para impedir la aplicación de una ley o 

reglamentación válida a menos que se hubiera determinado por 

sentencia final, firme e inapelable e irreversible que dicha ley o 

actuación autorizada por ley es inconstitucional o inválida. Por 

tanto, presumida la validez de la reglamentación del DTOP, no

procede el injunction ante la ausencia de una sentencia final y firme 

que haya dispuesto que la actuación de la agencia es inválida. 

El DTOP ya ha iniciado el proceso administrativo, el cual se 

rige por el reglamento citado. El Sr. Ramírez Tirado fue notificado de 

que existe una querella y una investigación administrativa que 

podría resultar en la revocación del permiso para operar el Centro 

de Inspección. Conforme al reglamento, el procedimiento 

administrativo se rige por las disposiciones de vistas, adjudicaciones 

y reconsideraciones establecidas en la LPAU. 

Al aplicar la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos, resulta inescapable concluir que el foro con la 

pericia y el conocimiento especializado para dirimir la controversia 

en primera instancia es el DTOP y no el tribunal. Una vez concluya 

el trámite administrativo, la parte adversamente afectada por la 

decisión de la agencia podría recurrir en revisión judicial ante este 
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Tribunal de Apelaciones, por ser foro con jurisdicción para revisar 

las decisiones administrativas de los entes administrativos. 

Aun cuando el Sr. Ramírez Tirado se ampara en su derecho a 

un debido proceso de ley en su vertiente procesal, ello no justifica la 

preterición del cauce administrativo que está obligado a seguir ante 

el DTOP. Si el Sr. Ramírez Tirado entiende que la agencia ha 

incumplido su obligación de adjudicar el caso dentro del término 

provisto en la LPAU, tiene disponible como remedio presentar un 

recurso de mandamus.

Añadimos una consideración adicional. La demanda incoada 

por el Sr. Ramírez Tirado no cumple con los criterios requeridos para 

la concesión del recurso extraordinario de injunction. 

Conforme a la normativa jurídica citada, para determinar si 

procede la expedición de un injunction el tribunal deberá evaluar la 

naturaleza de los daños que pueden ocasionársele a la parte 

promovente de concederse o denegarse el mismo, su irreparabilidad 

o la existencia de un remedio adecuado en ley y, finalmente, la 

probabilidad de que dicha parte promovente prevalezca en los 

méritos. De las alegaciones de la demanda se colige que los daños 

que el Sr. Ramírez Tirado reclama son estrictamente económicos. 

Este señala que la dilación del proceso administrativo ante el DTOP 

ha imposibilitado que el Centro de Inspección opere, con las

consecuentes pérdidas monetarias que ello conlleva. Tales daños 

alegados no son irreparables, pues el Sr. Ramírez Tirado tiene 

disponible un procedimiento administrativo ante el DTOP para 

hacer valer su reclamo. El Sr. Ramírez Tirado falló en establecer la 

naturaleza irreparable de los daños requerido para demostrar la 

procedencia del recurso extraordinario de injunction. 

En resumen, el remedio extraordinario de injunction no 

constituye el mecanismo procesal adecuado en ley para lograr que 

se restablezcan las operaciones de una estación oficial de 
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inspección, sino que al Sr. Ramírez Tirado le corresponde agotar el 

remedio administrativo provisto por reglamento correspondiente. En 

otras palabas, existen remedios adecuados en ley para vindicar los 

derechos que le asisten.

Por lo tanto, a la luz de que el Sr. Ramírez Tirado cuenta con 

un remedio adecuado en ley que hace inmeritoria la concesión del 

remedio extraordinario del injunction, corresponde ordenar la 

desestimación de su causa de acción.

IV.

Por los fundamentos expuestos, revocamos la sentencia 

apelada. En consecuencia, este Tribunal ordena la desestimación de 

la demanda instada el 12 de diciembre de 2023 por el Sr. Víctor 

Ramírez Tirado.

Notifíquese. 

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones