Número Identificador

SEN2024________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

CHRISTIAN O.

CINTRÓN PÉREZ, 

CRISTINA GUERRA 

CÁCERES y la 

Sociedad de Bienes 

Gananciales 

Compuesta por Ambos 

Recurrida

v.

JUNTA DE 

DIRECTORES Y EL 

CONSEJO DE 

TITULARES DEL 

CONDOMINIO TORRE 

DEL CARDENAL

Recurrente

KLRA202400279

REVISIÓN

ADMINISTRATIVA

procedente del 

Departamento de

Asuntos Del

Consumidor

Caso Núm.:

C-SAN-2023-

0015548

Sobre:

Ley de Condominios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro 

Ronda Del Toro, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 2024.

La Junta de Directores y el Consejo de Titulares del 

Condominio Torre del Cardenal (en conjunto, la parte recurrente) 

solicita la revocación de una Resolución Sumaria emitida el 3 de 

abril de 2024 por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo). Mediante esta, el foro recurrido resolvió que Christian O. 

Cintrón Pérez, Cristina Guerra Cáceres y La Sociedad de Bienes 

Gananciales (en conjunto, la parte recurrida) radicó en término su 

querella y ordenó eliminar cualquier penalidad. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos la determinación recurrida.
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I.

El 16 de enero de 2023, la tesorera del Condominio Torre 

del Cardenal le envió un estado de cuenta con un balance de 

$676.73 a la parte recurrida,1 quien respondió mediante correo 

electrónico con dudas sobre la factura.2

Luego, el 31 de enero de 2023, Torre del Cardenal emitió el 

Comunicado de Tesorera 2023-02, Estados de cuentas y cobro de 

cuotas. Mediante este, anunció que el titular debía actualizar sus 

balances o establecer un plan de pago en los próximos quince (15) 

días. Advirtió, además, que, a partir del 15 de febrero de 2023, 

comenzaría a cobrar las correspondientes penalidades por los 

balances en atraso.

3

Posteriormente, el 13 de febrero de 2023, la tesorera del 

Condominio le envió un estado de cuenta a la parte recurrida para 

que corroborara el atraso.

4

Surge del expediente que, el 13 de abril de 2023, la Junta 

de Directores discutió las penalidades e intereses aplicables a los 

titulares que tenían en atraso dos cuotas o más y no resolvieron 

antes del 15 de febrero de 2023.5 El 17 de abril de 2023, Torre 

del Cardenal notificó a la parte recurrida las penalidades e 

intereses adeudadas por morosidad.

6

El Condominio le envió a la parte recurrida un estado de 

cuenta con un balance adeudado de $193.63 el 11 de mayo de 

2023.

7

El 8 de junio de 2023, Torre del Cardenal le informó a la 

parte recurrida que no puede aceptar el cheque con fecha de 1 de 

1 Apéndice del Recurso, págs. 129-130.

2

Íd., pág. 131.

3

Íd., pág. 137. 

4

Íd., págs. 141-144.

5

Íd., págs. 170-171.

6 Apéndice del Recurso, pág. 174.

7

Íd., págs. 177-179.
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junio de 2023, porque tiene un balance pendiente en su cuenta 

por un total de $540.04.8 

En respuesta, el 13 de junio de 2023, la parte recurrida

envió un correo electrónico a la administradora de Torre del 

Cardenal titulado “Notificación Objeción a Multa y Solicitud de 

Comité Conciliación Art. V). Objetó la alegada multa por pagos 

en atraso y solicitó que se citara un Comité de Conciliación.9

Después, el 3 de julio de 2023, la parte recurrida dirigió a 

la Junta de Directores una carta titulada “Segunda Notificación de 

Objeción a Multa y Solicitud de Comité de Conciliación. Apt. 605”. 

La exhortó a aceptar sus pagos y reiteró su solicitud de que se 

active el Comité de Conciliación.

10

Finalmente, el 12 de julio de 2023, la parte recurrente 

emitió un comunicado en respuesta al escrito del 3 de julio de 

2023. Expresó que no está obligado a recibir pagos parciales al 

amparo de la Ley de Condominios de Puerto Rico. Alegó, además, 

que la nueva legislación dejó sin efecto las funciones previas del 

Comité de Conciliación y que el planteamiento era tardío.11 

El 21 de julio de 2023, la parte recurrida presentó la 

Querella Núm. C-SAN-2023-0015548 ante el DACo.12 El 6 de 

septiembre de 2023, la parte recurrida presentó una Solicitud de 

Desestimación y Archivo por falta de jurisdicción.13 

Por otro lado, el 6 de octubre de 2023, la parte recurrida se 

opuso.14 El 1 de noviembre de 2023, solicitó enmendar la Querella 

8

Íd., págs. 180-181.

9

Íd., págs. 182-183.

10 Íd., págs. 184-185.

11 Íd., pág. 188.

12 Íd., págs. 55-72.

13 Apéndice del Recurso, págs. 96-122.

14Íd., págs. 192-220.
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de epígrafe.15 Veinte días después, la parte recurrente se opuso 

y reiteró su solicitud de desestimación.16

El DACo emitió una Notificación y Orden donde dio por 

enmendada la Querella el 1 de diciembre de 2023.17 Insatisfecha, 

la parte recurrente presentó una Moción de Reconsideración de 

Orden que Autoriza Enmienda a Querella y Señalamiento de Vista 

el 21 de diciembre de 2023. Argumentó que el DACo debió 

adjudicar la solicitud de desestimación pendiente y que, de 

negarse la desestimación, debió haberle concedido un plazo de 

treinta (30) días para presentar una alegación responsiva.18 

El 2 de febrero de 2024, el DACo celebró una vista sobre el 

estado de los procedimientos. Surgió que la Solicitud de 

Desestimación y Archivo de 6 de septiembre de 2023 no estaba 

en el expediente, por lo que el juez administrativo concedió quince 

(15) días para que las partes notificaran los escritos presentados 

a su correo electrónico y suplementaran. Señaló vista para el 5 

de abril de 2024, de resolverse a favor de la no desestimación.19

En cumplimiento, el 19 de febrero de 2024, la parte 

recurrente presentó una Moción Suplementaria a Solicitud de 

Desestimación y notificó los escritos previos.20 Al día siguiente, la 

parte recurrida presentó un Escrito Suplementario. Alegó que 

existen demasiadas controversias que no se pueden resolver por 

la vía sumaria.21 

El 28 de marzo de 2024, la parte recurrente reiteró la 

necesidad de atender los escritos dispositivos previo a la vista 

pautada para el 5 de abril de 2024.22

15 Íd., págs. 235-238.

16 Íd., págs. 239-245.

17 Íd., págs. 246-247.

18 Íd., págs. 248-262.

19 Apéndice del Recurso, pág. 268.

20 Íd., págs. 271-280.

21 Íd., pág. 296.

22 Íd., págs. 306-308.
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Aun así, el 3 de abril de 2024, el DACo resolvió 

sumariamente la Querella.23

En desacuerdo con la determinación del DACo, el 30 de 

mayo de 2024, la parte recurrente presentó el recurso que 

atendemos. Alegó que incidió el DACo al:

ASUMIR JURISDICCIÓN EN UNA QUERELLA PRESENTADA 

TARDÍAMENTE TRAS DETERMINAR QUE EL PLAZO JURISDICCIONAL 

DE 30 DÍAS FUE INTERRUMPIDO Y QUE ERA PERMISIBLE 

CONVOCAR AL INEXISTENTE COMITÉ DE CONCILIACIÓN PARA 

ATENDER EL RECLAMO DEL QUERELLANTE.

OBVIAR EL REQUISITO JURISDICCIONAL DE QUE EL QUERELLANTE 

DEBÍA TENER SU CUENTA AL DÍA, FUERA POR EL PAGO BAJO 

PROTESTA EN EL CONDOMINIO O POR EL MECANISMO LEGAL DE LA 

CONSIGNACIÓN.

DIRIMIR LA PRESUNTA CONTRADICCIÓN ENTRE EL ESTADO DE 15

DE ABRIL DE 2023 Y LA NOTIFICACIÓN DE DEUDA DE 17 DE 

ABRIL DE 2023, SIN QUE EL CONDOMINIO RECURRENTE TUVIERA 

LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR SU ALEGACIÓN RESPONSIVA Y 

PRUEBA EN UNA VISTA ADMINISTRATIVA.

RESOLVER EN LOS MÉRITOS LA CONTROVERSIA PRINCIPAL SIN 

CONSIDERAR LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE. LAS 

DETERMINACIONES FORMULADAS SON PARCIALIZADAS Y EN 

CLARO MENOSPRECIO AL ALTO INTERÉS PÚBLICO QUE TIENEN LAS 

DEUDAS COMUNALES.

RESOLVER SUMARIAMENTE QUE EL TITULAR QUERELLANTE NO 

TENÍA QUE PAGAR PENALIDAD ALGUNA, A PESAR DE HABER 

TENIDO SU CUENTA EN MORA MÁS ALLÁ DEL PERÍODO DE GRACIA 

CONCEDIDO POR LA JUNTA DE DIRECTORES, LO CUAL 

CONTRADICE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE CONDOMINIOS Y EL 

ALTO INTERÉS PÚBLICO QUE REVISTE A LAS DEUDAS COMUNALES.

El 8 de julio de 2024, la parte recurrida presentó su 

oposición. Con el beneficio de ambas comparecencias, 

adjudicamos el recurso. 

II.

A.

Es norma reiterada que los tribunales apelativos debemos 

conceder deferencia a las determinaciones de las agencias 

administrativas, por razón de la experiencia y el conocimiento 

especializado que éstas poseen sobre los asuntos que se les han 

23 Íd., págs. 1-14.
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delegado. Hernández Feliciano v. Municipio de Quebradillas, 211 

DPR 99 (2023); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 

(2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016).

Estos dictámenes cuentan con una presunción de legalidad y 

corrección que subsiste mientras no se produzca suficiente prueba 

para derrotarla. OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 89 (2022); 

Capó Cruz v. Junta de Planificación et al., 204 DPR 581 (2020); 

Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626; Batista, Nobbe v. 

Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). 

Para así lograrlo, corresponde a la parte que las cuestiona 

"demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca 

o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta 

el punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba 

presentada que tuvo ante su consideración." Graciani Rodríguez 

v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 128 (2019); Camacho Torres 

v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006). 

Por tanto, la parte que impugna judicialmente las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa tiene el 

peso de la prueba para demostrar que estas no están basadas en 

el expediente o que las conclusiones a las que llegó la agencia son 

irrazonables. OEG v. Martínez Giraud, supra; OCS v. Universal, 

187 DPR 164, 178-179 (2012); González Segarra v. CFSE, 188 

DPR 252, 276-278 (2013). Así, pues, evidencia sustancial ha sido 

definida jurisprudencialmente como aquella evidencia relevante 

que una mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión. OEG v. Martínez Giraud, supra; Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216. Así, el criterio rector 

en estos casos siempre estará guiado por la razonabilidad de la 
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determinación administrativa luego de considerar el expediente 

administrativo en su totalidad. OEG v. Martínez Giraud, supra. 

En cuanto a las conclusiones de derecho estas serán 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal. Véanse Sec. 4.5 

de la LPAU, supra; Hernández Feliciano v. Municipio de 

Quebradillas, supra; ECP Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 281-

282 (2020). Se descartará el criterio de los entes administrativos 

cuando “no se pueda hallar fundamento racional que explique o 

justifique el dictamen administrativo". Hernández Feliciano v. 

Municipio de Quebradillas, supra; Capó Cruz v. Jta. Planificación 

et al., supra, pág. 591; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra. 

Por ende, se ha señalado que "los tribunales deben darle peso y 

deferencia a las interpretaciones que la agencia realice de aquellas 

leyes particulares que administra". Rolón Martínez v. Supte. 

Policía, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 657. Aun 

en casos dudosos en que la interpretación de la agencia no sea la 

única razonable, la determinación de la agencia merece deferencia 

sustancial. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 

177,187 (2009); De Jesús v. Depto. Servicios Sociales, 123 DPR 

407, 417-418 (1989). 

Para esta encomienda de la revisión judicial, la Sec. 4.5 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico”, Ley Núm. 38-2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 

9675, (en adelante, LPAU) dispone que los tribunales se ceñirán a 

evaluar (1) si el remedio concedido fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho están sostenidas por evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad, y (3) si se sostienen las conclusiones de derecho 

realizadas por la agencia. Hernández Feliciano v. Municipio de 

Quebradillas, supra, pág. 115; Moreno Lorenzo y otros v. Depto. 
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Fam., 207 DPR 833, 839-840 (2021); Capó Cruz v. Jta. 

Planificación et al., supra. 

Así pues, la deferencia a la determinación de una agencia 

administrativa cederá cuando: (1) no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró al aplicar o interpretar 

las leyes o los reglamentos que se le ha encomendado 

administrar; (3) el organismo administrativo actuó de forma 

arbitraria, irrazonable o ilegal, realizando determinaciones 

carentes de una base racional, o (4) cuando la actuación 

administrativa lesiona derechos constitucionales fundamentales. 

Hernández Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra; Torres 

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 628. 

A nivel federal, los tribunales debían aplicar la deferencia 

cuando estuviera en controversia una interpretación de agencia 

administrativa, conforme a la voluntad del poder legislativo. 

Chevron U.S.A. v. Natural Res. Def. Council, 467 US 837 (1984). 

Recientemente, en Loper Bright v. Raimondo, 603 US ____ (2024)

la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que la

responsabilidad de interpretar corresponde a los tribunales.

A la luz de la mencionada normativa, evaluamos. 

III.

La parte recurrente señala que el DACo incidió al asumir 

jurisdicción en una querella al determinar que el plazo 

jurisdiccional de treinta (30) días fue interrumpido y que era 

permisible convocar al Comité de Conciliación. Señala, además, 

que incidió al obviar el requisito jurisdiccional de que la parte 

recurrida debía tener su cuenta al día. 

Por otro lado, la parte recurrente señala que el DACo erró al

dirimir la presunta contradicción entre el estado de 15 de abril de 
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2023 y la notificación de deuda de 17 de abril de 2023, sin que el 

condominio recurrente tuviera la oportunidad de presentar su 

alegación responsiva y prueba en una vista administrativa y al 

resolver en los méritos la controversia principal, sin considerar la 

totalidad del expediente. No le asiste la razón.

Los tribunales apelativos debemos conceder deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen 

sobre los asuntos que se les han delegado. Lo resuelto 

recientemente por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 

nada incide en el caso ante nos. Consideramos que la controversia

fue resuelta adecuadamente por la agencia, quien evaluó las 

alegaciones de las partes.

De otro lado no hay indicio en el expediente de que la 

agencia haya actuado de forma irrazonable, arbitraria o ilegal. Al 

aplicar las normas de revisión judicial de una decisión 

administrativa al caso de autos, procede concluir que el dictamen 

del DACo fue razonable y no requiere nuestra intervención.

IV.

Por los fundamentos ante expuestos, confirmamos la 

Resolución Sumaria emitida por el DACo. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones