# Diario Oficial L 138/2022

| | ISSN 1977-0685 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | L 138 |
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| Edición en lengua española | Legislación | 65.° año17 de mayo de 2022 |

ISSN 1977-0685

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 138

Edición en lengua española

Legislación

65.° año17 de mayo de 2022

---

| Sumario | | II   Actos no legislativos | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| | | REGLAMENTOS |
| | * | Reglamento de Ejecución (UE) 2022/748 del Consejo, de 16 de mayo de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2015/735 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Sudán del Sur | 1 |
| | * | Reglamento Delegado (UE) 2022/749 de la Comisión, de 8 de febrero de 2022, por el que se modifican las normas técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2417 en lo que respecta a la transición a nuevos índices de referencia utilizados en determinados contratos de derivados extrabursátiles (
  1
  ) | 4 |
| | * | Reglamento Delegado (UE) 2022/750 de la Comisión, de 8 de febrero de 2022, por el que se modifican las normas técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2015/2205 en lo que respecta a la transición hacia los nuevos índices de referencia utilizados en determinados contratos de derivados extrabursátiles (
  1
  ) | 6 |
| | * | Reglamento de Ejecución (UE) 2022/751 de la Comisión, de 16 de mayo de 2022, por el que se establece la no aprobación de la sustancia activa cloropicrina, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (
  1
  ) | 11 |
| | | DECISIONES |
| | * | Decisión (UE) 2022/752 del Consejo, de 5 de abril de 2022, por la que se modifica la Decisión 1999/70/CE relativa a los auditores externos de los bancos centrales nacionales, en lo que respecta a los auditores externos del Bank of Greece | 13 |
| | * | Decisión (PESC) 2022/753 del Consejo, de 16 de mayo de 2022, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2019/938 en apoyo de un proceso de creación de un clima de confianza que lleve a la instauración de una zona libre de armas nucleares y de cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva en Oriente Próximo | 15 |
| | * | Decisión (PESC) 2022/754 del Consejo, de 16 de mayo de 2022, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2019/797 relativa a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus Estados miembros | 16 |
| | * | Decisión de Ejecución (PESC) 2022/755 del Consejo, de 16 de mayo de 2022, por la que se aplica la Decisión (PESC) 2015/740 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Sudán del Sur | 17 |
| | * | Decisión (UE) 2022/756 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2021, relativa a las medidas SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) ejecutadas por Italia y la Región de Cerdeña en favor de Saremar
  [notificada con el número C(2021) 6990]

   (
  1
  ) | 19 |
| | * | Decisión de Ejecución (UE) 2022/757 de la Comisión, de 11 de mayo de 2022, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1182 por lo que respecta a las normas armonizadas para los sistemas de gestión de la calidad, la esterilización y la aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios | 27 |
| | | RECOMENDACIONES |
| | * | Recomendación (UE) 2022/758 de la Comisión, de 27 de abril de 2022, sobre la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos que participan en la esfera pública frente a procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos (demandas estratégicas contra la participación pública) | 30 |
| | | REGLAMENTOS INTERNOS Y DE PROCEDIMIENTO |
| | * | Decisión 28/2022 del Consejo de Administración, de 4 de abril de 2022, relativa a las normas internas sobre las limitaciones de determinados derechos de los titulares de datos en relación con el tratamiento de datos personales en el marco de las actividades llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas | 45 |

Sumario

II   Actos no legislativos

Página

REGLAMENTOS

*

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/748 del Consejo, de 16 de mayo de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2015/735 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Sudán del Sur

1

*

Reglamento Delegado (UE) 2022/749 de la Comisión, de 8 de febrero de 2022, por el que se modifican las normas técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2417 en lo que respecta a la transición a nuevos índices de referencia utilizados en determinados contratos de derivados extrabursátiles (
  1
  )

1

4

*

Reglamento Delegado (UE) 2022/750 de la Comisión, de 8 de febrero de 2022, por el que se modifican las normas técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2015/2205 en lo que respecta a la transición hacia los nuevos índices de referencia utilizados en determinados contratos de derivados extrabursátiles (
  1
  )

1

6

*

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/751 de la Comisión, de 16 de mayo de 2022, por el que se establece la no aprobación de la sustancia activa cloropicrina, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (
  1
  )

o

1

11

DECISIONES

*

Decisión (UE) 2022/752 del Consejo, de 5 de abril de 2022, por la que se modifica la Decisión 1999/70/CE relativa a los auditores externos de los bancos centrales nacionales, en lo que respecta a los auditores externos del Bank of Greece

13

*

Decisión (PESC) 2022/753 del Consejo, de 16 de mayo de 2022, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2019/938 en apoyo de un proceso de creación de un clima de confianza que lleve a la instauración de una zona libre de armas nucleares y de cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva en Oriente Próximo

15

*

Decisión (PESC) 2022/754 del Consejo, de 16 de mayo de 2022, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2019/797 relativa a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus Estados miembros

16

*

Decisión de Ejecución (PESC) 2022/755 del Consejo, de 16 de mayo de 2022, por la que se aplica la Decisión (PESC) 2015/740 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Sudán del Sur

17

*

Decisión (UE) 2022/756 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2021, relativa a las medidas SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) ejecutadas por Italia y la Región de Cerdeña en favor de Saremar
  [notificada con el número C(2021) 6990]

   (
  1
  )

[notificada con el número C(2021) 6990]

1

19

*

Decisión de Ejecución (UE) 2022/757 de la Comisión, de 11 de mayo de 2022, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1182 por lo que respecta a las normas armonizadas para los sistemas de gestión de la calidad, la esterilización y la aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios

27

RECOMENDACIONES

*

Recomendación (UE) 2022/758 de la Comisión, de 27 de abril de 2022, sobre la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos que participan en la esfera pública frente a procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos (demandas estratégicas contra la participación pública)

30

REGLAMENTOS INTERNOS Y DE PROCEDIMIENTO

*

Decisión 28/2022 del Consejo de Administración, de 4 de abril de 2022, relativa a las normas internas sobre las limitaciones de determinados derechos de los titulares de datos en relación con el tratamiento de datos personales en el marco de las actividades llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas

45

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Texto pertinente a efectos del EEE. |

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(1)   Texto pertinente a efectos del EEE.

1

| ES | Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.
  Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos. |
| --- | --- |

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

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II Actos no legislativos

REGLAMENTOS

| 17.5.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 138/1 |
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17.5.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 138/1

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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/748 DEL CONSEJO

de 16 de mayo de 2022

por el que se aplica el Reglamento (UE) 2015/735 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Sudán del Sur

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) 2015/735 del Consejo, de 7 de mayo de 2015, relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Sudán del Sur, y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 748/2014 (1), y en particular su artículo 22, apartado 4,

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El 7 de mayo de 2015, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 2015/735. |
| --- | --- |

(1)

El 7 de mayo de 2015, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 2015/735.

| (2) | De conformidad con el artículo 22, apartado 4, del Reglamento (UE) 2015/735, el Consejo ha revisado la lista de personas sujetas a medidas restrictivas que figura en el anexo II de dicho Reglamento. |
| --- | --- |

(2)

De conformidad con el artículo 22, apartado 4, del Reglamento (UE) 2015/735, el Consejo ha revisado la lista de personas sujetas a medidas restrictivas que figura en el anexo II de dicho Reglamento.

| (3) | El Consejo ha llegado a la conclusión de que deben mantenerse las medidas restrictivas contra una persona incluida en la lista del anexo II del Reglamento (UE) 2015/735 y que debe actualizarse y renumerarse la referencia relativa a dicha persona. |
| --- | --- |

(3)

El Consejo ha llegado a la conclusión de que deben mantenerse las medidas restrictivas contra una persona incluida en la lista del anexo II del Reglamento (UE) 2015/735 y que debe actualizarse y renumerarse la referencia relativa a dicha persona.

| (4) | Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2015/735 en consecuencia. |
| --- | --- |

(4)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2015/735 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo II del Reglamento (UE) 2015/735 queda modificado como se establece en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 16 de mayo de 2022.

Por el Consejo

El Presidente

J. BORRELL FONTELLES

---

(1)  
  DO L 117 de 8.5.2015, p. 13.

1

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ANEXO

En el anexo II del Reglamento (UE) 2015/735 el cuadro se sustituye por el texto siguiente:

| | «Nombre | Información identificativa | Motivos de la inclusión en la lista | Fecha de inclusión en la lista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Michael MAKUEI LUETH | Fecha de nacimiento: 1947
  Lugar de nacimiento: Bor, Sudán (actualmente Sudán del Sur)
  Sexo: masculino | Michael Makuei Lueth ocupa el cargo de ministro de Información y Radiodifusión desde 2013 y sigue ocupando dicho cargo en el actual Gobierno de Transición de Unidad Nacional. Además, fue el portavoz público de la delegación del Gobierno en las conversaciones de paz de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo de 2014 a 2015 y de 2016 a 2018.
  Makuei ha obstaculizado el proceso político en Sudán del Sur, en particular obstruyendo mediante declaraciones públicas de carácter incendiario la aplicación del Acuerdo para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur de agosto de 2015 (sustituido en septiembre de 2018 por el Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur), obstruyendo la labor de la Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación del Acuerdo para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur (cuya denominación ha cambiado a «Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación Reconstituida» con arreglo al Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur) y obstruyendo la creación de las instituciones de justicia transicional previstas en el Acuerdo para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur, cuyo establecimiento también se contempla en el Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur. Asimismo, ha obstruido las operaciones de la Fuerza Regional de Protección de las Naciones Unidas.
  Makuei es además responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas restricciones de la libertad de expresión. | 3.2.2018» |

«Nombre

Información identificativa

Motivos de la inclusión en la lista

Fecha de inclusión en la lista

1.

Michael MAKUEI LUETH

Fecha de nacimiento: 1947

Lugar de nacimiento: Bor, Sudán (actualmente Sudán del Sur)

Sexo: masculino

Michael Makuei Lueth ocupa el cargo de ministro de Información y Radiodifusión desde 2013 y sigue ocupando dicho cargo en el actual Gobierno de Transición de Unidad Nacional. Además, fue el portavoz público de la delegación del Gobierno en las conversaciones de paz de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo de 2014 a 2015 y de 2016 a 2018.

Makuei ha obstaculizado el proceso político en Sudán del Sur, en particular obstruyendo mediante declaraciones públicas de carácter incendiario la aplicación del Acuerdo para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur de agosto de 2015 (sustituido en septiembre de 2018 por el Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur), obstruyendo la labor de la Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación del Acuerdo para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur (cuya denominación ha cambiado a «Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación Reconstituida» con arreglo al Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur) y obstruyendo la creación de las instituciones de justicia transicional previstas en el Acuerdo para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur, cuyo establecimiento también se contempla en el Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur. Asimismo, ha obstruido las operaciones de la Fuerza Regional de Protección de las Naciones Unidas.

Makuei es además responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas restricciones de la libertad de expresión.

3.2.2018»

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| 17.5.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 138/4 |
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17.5.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 138/4

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REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/749 DE LA COMISIÓN

de 8 de febrero de 2022

por el que se modifican las normas técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2417 en lo que respecta a la transición a nuevos índices de referencia utilizados en determinados contratos de derivados extrabursátiles

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (1), y en particular su artículo 32, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El Reglamento Delegado (UE) 2017/2417 de la Comisión (2) especifica, entre otras cosas, las categorías de derivados extrabursátiles denominados en euros (EUR), libras esterlinas (GBP) y dólares estadounidenses (USD) que están sujetos a la obligación de negociación a que se refiere el artículo 28 del Reglamento (UE) n.o 600/2014. Las categorías denominadas en GBP y USD están referenciadas al índice LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate). |
| --- | --- |

(1)

El Reglamento Delegado (UE) 2017/2417 de la Comisión (2) especifica, entre otras cosas, las categorías de derivados extrabursátiles denominados en euros (EUR), libras esterlinas (GBP) y dólares estadounidenses (USD) que están sujetos a la obligación de negociación a que se refiere el artículo 28 del Reglamento (UE) n.o 600/2014. Las categorías denominadas en GBP y USD están referenciadas al índice LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate).

| (2) | La ICE Benchmark Administration (IBA), administrador del LIBOR, anunció que las modalidades en GBP y JPY del LIBOR dejarían de publicarse al término de 2021, y que ciertas modalidades del LIBOR en USD dejarían de publicarse en junio de 2023. El 5 de marzo de 2021, la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido confirmó que todas las modalidades del LIBOR dejarían, bien de ser proporcionadas por algún administrador, bien de ser representativas. Además, la Comisión, el Banco Central Europeo en su calidad de supervisor bancario (Supervisión Bancaria del BCE), la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) publicaron una declaración conjunta en la que alentaban encarecidamente a las contrapartes a dejar de utilizar cualquier modalidad del LIBOR, incluido el LIBOR en USD, como tipo de interés de referencia en los nuevos contratos tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, el 31 de diciembre de 2021 a más tardar. |
| --- | --- |

(2)

La ICE Benchmark Administration (IBA), administrador del LIBOR, anunció que las modalidades en GBP y JPY del LIBOR dejarían de publicarse al término de 2021, y que ciertas modalidades del LIBOR en USD dejarían de publicarse en junio de 2023. El 5 de marzo de 2021, la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido confirmó que todas las modalidades del LIBOR dejarían, bien de ser proporcionadas por algún administrador, bien de ser representativas. Además, la Comisión, el Banco Central Europeo en su calidad de supervisor bancario (Supervisión Bancaria del BCE), la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) publicaron una declaración conjunta en la que alentaban encarecidamente a las contrapartes a dejar de utilizar cualquier modalidad del LIBOR, incluido el LIBOR en USD, como tipo de interés de referencia en los nuevos contratos tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, el 31 de diciembre de 2021 a más tardar.

| (3) | Después del 31 de diciembre de 2021, las contrapartes no podrán ya, por tanto, celebrar contratos de derivados extrabursátiles sobre tipos de interés referenciados al LIBOR en GBP, ya que este índice de referencia habrá dejado de existir, y presumiblemente dejarán de celebrar contratos de derivados extrabursátiles sobre tipos de interés referenciados al LIBOR en USD. En consecuencia, se prevé que los volúmenes de esos derivados que aún se negocien sean entre nulos y muy bajos, al igual que su liquidez. Lo mismo cabe decir del volumen de operaciones con esos derivados que serán compensadas por entidades de contrapartida central (ECC) o negociadas en centros de negociación, y se prevé que el volumen o la liquidez disminuyan en el caso de los derivados referenciados al LIBOR en USD. Estas circunstancias justifican un cambio en el ámbito de aplicación de la obligación de compensación y la consiguiente modificación del Reglamento Delegado (UE) 2015/2205 de la Comisión (3), en virtud de la cual los derivados referenciados al LIBOR en GBP y al LIBOR en USD queden excluidos del ámbito de aplicación de la obligación de compensación. Como consecuencia de ello, a partir del 3 de enero de 2022, las categorías de derivados que actualmente entran en el ámbito de aplicación de la obligación de negociación y que están referenciadas al LIBOR en GBP o al LIBOR en USD dejarán de cumplir la condición establecida en el artículo 32, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 600/2014 para someter los derivados a la obligación de negociación. Esas categorías de derivados deben, por tanto, excluirse del ámbito de aplicación de la obligación de negociación. |
| --- | --- |

(3)

Después del 31 de diciembre de 2021, las contrapartes no podrán ya, por tanto, celebrar contratos de derivados extrabursátiles sobre tipos de interés referenciados al LIBOR en GBP, ya que este índice de referencia habrá dejado de existir, y presumiblemente dejarán de celebrar contratos de derivados extrabursátiles sobre tipos de interés referenciados al LIBOR en USD. En consecuencia, se prevé que los volúmenes de esos derivados que aún se negocien sean entre nulos y muy bajos, al igual que su liquidez. Lo mismo cabe decir del volumen de operaciones con esos derivados que serán compensadas por entidades de contrapartida central (ECC) o negociadas en centros de negociación, y se prevé que el volumen o la liquidez disminuyan en el caso de los derivados referenciados al LIBOR en USD. Estas circunstancias justifican un cambio en el ámbito de aplicación de la obligación de compensación y la consiguiente modificación del Reglamento Delegado (UE) 2015/2205 de la Comisión (3), en virtud de la cual los derivados referenciados al LIBOR en GBP y al LIBOR en USD queden excluidos del ámbito de aplicación de la obligación de compensación. Como consecuencia de ello, a partir del 3 de enero de 2022, las categorías de derivados que actualmente entran en el ámbito de aplicación de la obligación de negociación y que están referenciadas al LIBOR en GBP o al LIBOR en USD dejarán de cumplir la condición establecida en el artículo 32, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 600/2014 para someter los derivados a la obligación de negociación. Esas categorías de derivados deben, por tanto, excluirse del ámbito de aplicación de la obligación de negociación.

| (4) | Dado que la extinción del LIBOR en GBP está prevista para finales de 2021, y que las expectativas en materia de regulación expresadas por la Comisión, la Supervisión Bancaria del BCE, la AEVM y la ABE apuntan a que las contrapartes dejen de utilizar cualquier modalidad del LIBOR como tipo de referencia en los nuevos contratos tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, el 31 de diciembre de 2021 a más tardar, se espera que el abandono de los derivados sobre tipos de interés basados en el LIBOR tenga lugar rápidamente. En su lugar, después del 31 de diciembre de 2021, se espera que las contrapartes negocien o compensen otros derivados extrabursátiles sobre tipos de interés, en particular derivados extrabursátiles sobre tipos de interés referenciados a los tipos de interés sin riesgo para la GBP o el USD. El presente Reglamento debe, pues, entrar en vigor sin demora después de su publicación. |
| --- | --- |

(4)

Dado que la extinción del LIBOR en GBP está prevista para finales de 2021, y que las expectativas en materia de regulación expresadas por la Comisión, la Supervisión Bancaria del BCE, la AEVM y la ABE apuntan a que las contrapartes dejen de utilizar cualquier modalidad del LIBOR como tipo de referencia en los nuevos contratos tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, el 31 de diciembre de 2021 a más tardar, se espera que el abandono de los derivados sobre tipos de interés basados en el LIBOR tenga lugar rápidamente. En su lugar, después del 31 de diciembre de 2021, se espera que las contrapartes negocien o compensen otros derivados extrabursátiles sobre tipos de interés, en particular derivados extrabursátiles sobre tipos de interés referenciados a los tipos de interés sin riesgo para la GBP o el USD. El presente Reglamento debe, pues, entrar en vigor sin demora después de su publicación.

| (5) | Procede, por tanto, modificar el Reglamento Delegado (UE) 2017/2417 en consecuencia. |
| --- | --- |

(5)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento Delegado (UE) 2017/2417 en consecuencia.

| (6) | El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) ha presentado a la Comisión. |
| --- | --- |

(6)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) ha presentado a la Comisión.

| (7) | La AEVM ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de los Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). |
| --- | --- |

(7)

La AEVM ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de los Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Modificación del Reglamento Delegado (UE) 2017/2417

En el anexo del Reglamento Delegado (UE) 2017/2417, se suprimen los cuadros 2 y 3.

Artículo 2

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Diario Oficial de la Unión Europea

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 8 de febrero de 2022.

Por la Comisión

La Presidenta

Ursula VON DER LEYEN

---

(1)  
  DO L 173 de 12.6.2014, p. 84.

1

(2)  Reglamento Delegado (UE) 2017/2417 de la Comisión, de 17 de noviembre de 2017, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de instrumentos financieros, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre la obligación de negociación para determinados derivados (DO L 343 de 22.12.2017, p. 48).

2

o

(3)  Reglamento Delegado (UE) 2015/2205 de la Comisión, de 6 de agosto de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la obligación de compensación (DO L 314 de 1.12.2015, p. 13).

3

o

(4)  Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

4

o

o

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| 17.5.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 138/6 |
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17.5.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 138/6

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REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/750 DE LA COMISIÓN

de 8 de febrero de 2022

por el que se modifican las normas técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2015/2205 en lo que respecta a la transición hacia los nuevos índices de referencia utilizados en determinados contratos de derivados extrabursátiles

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El Reglamento Delegado (UE) 2015/2205 de la Comisión (2) especifica, entre otras, las categorías de derivados extrabursátiles de tipos de interés denominados en euros (EUR), libras esterlinas (GBP), yenes japoneses (JPY) y dólares estadounidenses (USD) sujetas a la obligación de compensación. Entre ellas se incluyen una categoría denominada en euros que hace referencia al índice medio del tipo del euro a un día (EONIA), y varias categorías denominadas en GBP, JPY o USD que hacen referencia al tipo interbancario de oferta de Londres (LIBOR), si bien el EONIA y el LIBOR son dos índices de referencia que deben dejar de utilizarse. |
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(1)

El Reglamento Delegado (UE) 2015/2205 de la Comisión (2) especifica, entre otras, las categorías de derivados extrabursátiles de tipos de interés denominados en euros (EUR), libras esterlinas (GBP), yenes japoneses (JPY) y dólares estadounidenses (USD) sujetas a la obligación de compensación. Entre ellas se incluyen una categoría denominada en euros que hace referencia al índice medio del tipo del euro a un día (EONIA), y varias categorías denominadas en GBP, JPY o USD que hacen referencia al tipo interbancario de oferta de Londres (LIBOR), si bien el EONIA y el LIBOR son dos índices de referencia que deben dejar de utilizarse.

| (2) | El European Money Markets Institute, administrador del EONIA, comunicó que la desaparición del EONIA tendrá lugar a finales de 2021. Del mismo modo, el ICE Bench Administration, administrador del LIBOR, comunicó que la desaparición del LIBOR GBP, LIBOR JPY y determinadas revisiones del LIBOR USD también tendrá lugar a finales de 2021, mientras que todas las revisiones restantes del LIBOR USD dejarán de publicarse en junio de 2023. El 5 de marzo de 2021, la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido) confirmó que, en efecto, sus administradores dejarían de proporcionar todas las configuraciones del LIBOR o que estas dejarían de ser representativas. Además, la Comisión, el Banco Central Europeo en su capacidad de supervisor bancario (supervisión bancaria del BCE), la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) emitieron una declaración conjunta para animar encarecidamente a las contrapartes a dejar de utilizar todas las modalidades pertinentes del LIBOR, incluido el LIBOR USD, como tipo de referencia en los nuevos contratos tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, a más tardar el 31 de diciembre de 2021. |
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(2)

El European Money Markets Institute, administrador del EONIA, comunicó que la desaparición del EONIA tendrá lugar a finales de 2021. Del mismo modo, el ICE Bench Administration, administrador del LIBOR, comunicó que la desaparición del LIBOR GBP, LIBOR JPY y determinadas revisiones del LIBOR USD también tendrá lugar a finales de 2021, mientras que todas las revisiones restantes del LIBOR USD dejarán de publicarse en junio de 2023. El 5 de marzo de 2021, la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido) confirmó que, en efecto, sus administradores dejarían de proporcionar todas las configuraciones del LIBOR o que estas dejarían de ser representativas. Además, la Comisión, el Banco Central Europeo en su capacidad de supervisor bancario (supervisión bancaria del BCE), la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) emitieron una declaración conjunta para animar encarecidamente a las contrapartes a dejar de utilizar todas las modalidades pertinentes del LIBOR, incluido el LIBOR USD, como tipo de referencia en los nuevos contratos tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, a más tardar el 31 de diciembre de 2021.

| (3) | Por lo tanto, después del 31 de diciembre de 2021, las contrapartes ya no podrán suscribir derivados extrabursátiles de tipos de interés que tengan como referencia el EONIA, el LIBOR GBP o el LIBOR JPY, ya que esos índices se habrán suprimido, o bien se espera que se dejen de suscribir derivados extrabursátiles de tipos de interés que tengan como referencia el LIBOR USD. Por lo tanto, en esa fecha no habrá volumen ni liquidez en derivados que tengan como referencia el EONIA, el LIBOR GBP o el LIBOR JPY y esas operaciones tampoco serán compensadas por entidades de contrapartida central (ECC). En esa misma fecha, tampoco debe haber liquidez significativa en los derivados con referencia al LIBOR USD. Por lo tanto, las categorías de derivados actualmente sujetas a la obligación de compensación y que hacen referencia al EONIA, al LIBOR GBP o al LIBOR JPY dejarán de cumplir dos de las condiciones para estar sujetas a la obligación de compensación establecida en el Reglamento (UE) n.o 648/2012, a saber, tener un nivel suficiente de liquidez y ser compensadas por una ECC autorizada o reconocida, mientras que las categorías de derivados actualmente sujetas a la obligación de compensación y que hacen referencia al LIBOR USD dejarán de cumplir una de las condiciones para estar sujetas a la obligación de compensación establecida en el Reglamento (UE) n.o 648/2012, a saber, tener un nivel suficiente de liquidez. De ello se deduce que estas categorías deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de la obligación de compensación. |
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(3)

Por lo tanto, después del 31 de diciembre de 2021, las contrapartes ya no podrán suscribir derivados extrabursátiles de tipos de interés que tengan como referencia el EONIA, el LIBOR GBP o el LIBOR JPY, ya que esos índices se habrán suprimido, o bien se espera que se dejen de suscribir derivados extrabursátiles de tipos de interés que tengan como referencia el LIBOR USD. Por lo tanto, en esa fecha no habrá volumen ni liquidez en derivados que tengan como referencia el EONIA, el LIBOR GBP o el LIBOR JPY y esas operaciones tampoco serán compensadas por entidades de contrapartida central (ECC). En esa misma fecha, tampoco debe haber liquidez significativa en los derivados con referencia al LIBOR USD. Por lo tanto, las categorías de derivados actualmente sujetas a la obligación de compensación y que hacen referencia al EONIA, al LIBOR GBP o al LIBOR JPY dejarán de cumplir dos de las condiciones para estar sujetas a la obligación de compensación establecida en el Reglamento (UE) n.o 648/2012, a saber, tener un nivel suficiente de liquidez y ser compensadas por una ECC autorizada o reconocida, mientras que las categorías de derivados actualmente sujetas a la obligación de compensación y que hacen referencia al LIBOR USD dejarán de cumplir una de las condiciones para estar sujetas a la obligación de compensación establecida en el Reglamento (UE) n.o 648/2012, a saber, tener un nivel suficiente de liquidez. De ello se deduce que estas categorías deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de la obligación de compensación.

| (4) | Los reguladores y los participantes en el mercado han estado trabajando en los tipos de sustitución de esas divisas y, en particular, en el desarrollo de nuevos tipos sin riesgo, que se están utilizando ahora como referencia en los instrumentos financieros y los contratos financieros. En particular, el tipo de interés a corto plazo del euro (€STR), la tasa de financiación garantizada a un día (Secured Overnight Financing Rate o SOFR, por sus siglas en inglés), el índice promedio de la libra esterlina a un día (Sterling Over Night Index Average o SONIA, por sus siglas in inglés) y la tasa media a un día de Tokio (Tokyo Overnight Average Rate o TONA, por sus siglas en inglés) son los tipos sin riesgo que se utilizan para el EUR, el USD, la GBP y el JPY, respectivamente. Más concretamente, en lo que respecta al mercado de derivados extrabursátiles, ahora significa que las contrapartes están suscribiendo contratos de derivados extrabursátiles con tipos de interés que tienen como referencia al €STR, a la SOFR, al SONIA y a la TONA y que están siendo compensados en determinadas ECC. |
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(4)

Los reguladores y los participantes en el mercado han estado trabajando en los tipos de sustitución de esas divisas y, en particular, en el desarrollo de nuevos tipos sin riesgo, que se están utilizando ahora como referencia en los instrumentos financieros y los contratos financieros. En particular, el tipo de interés a corto plazo del euro (€STR), la tasa de financiación garantizada a un día (Secured Overnight Financing Rate o SOFR, por sus siglas en inglés), el índice promedio de la libra esterlina a un día (Sterling Over Night Index Average o SONIA, por sus siglas in inglés) y la tasa media a un día de Tokio (Tokyo Overnight Average Rate o TONA, por sus siglas en inglés) son los tipos sin riesgo que se utilizan para el EUR, el USD, la GBP y el JPY, respectivamente. Más concretamente, en lo que respecta al mercado de derivados extrabursátiles, ahora significa que las contrapartes están suscribiendo contratos de derivados extrabursátiles con tipos de interés que tienen como referencia al €STR, a la SOFR, al SONIA y a la TONA y que están siendo compensados en determinadas ECC.

| (5) | Se han notificado a la AEVM las categorías de derivados extrabursátiles de tipos de interés que tienen como referencia el €STR, la SOFR, el SONIA o la TONA que determinadas ECC han sido autorizadas para proceder a su compensación. La AEVM ha evaluado, en relación con cada una de esas categorías, los criterios esenciales para someterlas a la obligación de compensación, en particular el grado de normalización, el volumen y la liquidez, y la disponibilidad de información sobre la fijación de precios. Con el objetivo general de reducir el riesgo sistémico, la AEVM ha determinado las categorías de derivados extrabursátiles de tipos de interés que tienen como referencia algunos de los tipos sin riesgo sujetos a la obligación de compensación de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) n.o 648/2012. Por consiguiente, estas categorías deben incluirse en el ámbito de aplicación de la obligación de compensación. |
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(5)

Se han notificado a la AEVM las categorías de derivados extrabursátiles de tipos de interés que tienen como referencia el €STR, la SOFR, el SONIA o la TONA que determinadas ECC han sido autorizadas para proceder a su compensación. La AEVM ha evaluado, en relación con cada una de esas categorías, los criterios esenciales para someterlas a la obligación de compensación, en particular el grado de normalización, el volumen y la liquidez, y la disponibilidad de información sobre la fijación de precios. Con el objetivo general de reducir el riesgo sistémico, la AEVM ha determinado las categorías de derivados extrabursátiles de tipos de interés que tienen como referencia algunos de los tipos sin riesgo sujetos a la obligación de compensación de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) n.o 648/2012. Por consiguiente, estas categorías deben incluirse en el ámbito de aplicación de la obligación de compensación.

| (6) | En general, las diferentes contrapartes necesitan distintos períodos de tiempo con objeto de adoptar las medidas necesarias para empezar a compensar sus derivados extrabursátiles de tipos de interés sujetos a la obligación de compensación. Sin embargo, en este caso, las contrapartes han tenido tiempo para prepararse de cara a la transición de los índices de referencia y para la supresión prevista del EONIA, el LIBOR EUR, el LIBOR GBP o el LIBOR JPY a finales de 2021, también con respecto a sus acuerdos de compensación. En el caso de las contrapartes que ya estén sujetas a la obligación de compensación y que están compensando derivados extrabursátiles de tipos de interés denominados en EUR o GBP, la compensación de las categorías que hagan referencia a los nuevos tipos sin riesgo en esas divisas no requerirá, en su caso, cambios significativos en sus contratos o procesos de compensación. De hecho, cuando las contrapartes cuentan con acuerdos para compensar los derivados extrabursátiles de tipos de interés denominados en EUR o GBP, las compensaciones que tengan como referencia los tipos sin riesgo en esas divisas no requieren la celebración y la aplicación de nuevos acuerdos de compensación, como sucedió cuando comenzaron a compensar los derivados extrabursátiles de tipos de interés denominados en esas divisas. Dado que la compensación de derivados que hacen referencia a los nuevos tipos sin riesgo forma parte de una preparación más amplia para la transición desde el EONIA y el LIBOR hacia nuevos índices de referencia, no es necesaria una introducción gradual adicional para garantizar una aplicación ordenada y oportuna de dicha obligación. Los cambios realizados para introducir las nuevas categorías de derivados extrabursátiles de tipos de interés que tienen como referencia los tipos sin riesgo y denominados en EUR y GBP deben empezar a aplicarse en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. |
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(6)

En general, las diferentes contrapartes necesitan distintos períodos de tiempo con objeto de adoptar las medidas necesarias para empezar a compensar sus derivados extrabursátiles de tipos de interés sujetos a la obligación de compensación. Sin embargo, en este caso, las contrapartes han tenido tiempo para prepararse de cara a la transición de los índices de referencia y para la supresión prevista del EONIA, el LIBOR EUR, el LIBOR GBP o el LIBOR JPY a finales de 2021, también con respecto a sus acuerdos de compensación. En el caso de las contrapartes que ya estén sujetas a la obligación de compensación y que están compensando derivados extrabursátiles de tipos de interés denominados en EUR o GBP, la compensación de las categorías que hagan referencia a los nuevos tipos sin riesgo en esas divisas no requerirá, en su caso, cambios significativos en sus contratos o procesos de compensación. De hecho, cuando las contrapartes cuentan con acuerdos para compensar los derivados extrabursátiles de tipos de interés denominados en EUR o GBP, las compensaciones que tengan como referencia los tipos sin riesgo en esas divisas no requieren la celebración y la aplicación de nuevos acuerdos de compensación, como sucedió cuando comenzaron a compensar los derivados extrabursátiles de tipos de interés denominados en esas divisas. Dado que la compensación de derivados que hacen referencia a los nuevos tipos sin riesgo forma parte de una preparación más amplia para la transición desde el EONIA y el LIBOR hacia nuevos índices de referencia, no es necesaria una introducción gradual adicional para garantizar una aplicación ordenada y oportuna de dicha obligación. Los cambios realizados para introducir las nuevas categorías de derivados extrabursátiles de tipos de interés que tienen como referencia los tipos sin riesgo y denominados en EUR y GBP deben empezar a aplicarse en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

| (7) | Tras la declaración conjunta de la Comisión, la AEVM, la supervisión bancaria del BCE y la ABE para animar encarecidamente a las contrapartes a dejar de utilizar cualquier configuración del LIBOR como índice de referencia en los nuevos contratos tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, a más tardar el 31 de diciembre de 2021, las entidades de contrapartida han tenido que prever hasta qué momento podrían utilizar el LIBOR USD, incluso con respecto a sus acuerdos de compensación. También se aplican al USD las mismas consideraciones con respecto a la capacidad de las contrapartes que cuentan con acuerdos de compensación para compensar los derivados extrabursátiles de tipos de interés denominados en una determinada divisa para adaptarlos en un período de tiempo relativamente corto con el fin de compensar los derivados extrabursátiles de tipos de interés con referencia a los tipos sin riesgo en esa misma divisa. Sin embargo, algunos elementos adicionales implican que sus preparativos estén menos avanzados para el USD. En particular, las ECC aún no han comunicado cuándo convertirán los derivados extrabursátiles de tipos de interés compensados actualmente que tienen como referencia el LIBOR USD en derivados extrabursátiles sobre tipos de interés que tienen como referencia la SOFR, y tampoco queda claro cómo se adaptará la compensación obligatoria en el mercado nacional para estos derivados. Esta complejidad adicional implica que las contrapartes necesitan más tiempo para prepararse para la obligación de compensación de los derivados extrabursátiles de tipos de interés que tienen como referencia el tipo de interés sin riesgo en USD y, por tanto, es necesaria una introducción gradual adicional para garantizar una aplicación ordenada y oportuna de dicha obligación. Los cambios realizados para introducir la nueva categoría de derivados extrabursátiles de tipos de interés que tienen como referencia el tipo sin riesgo denominado en USD deben empezar a aplicarse tres meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. |
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(7)

Tras la declaración conjunta de la Comisión, la AEVM, la supervisión bancaria del BCE y la ABE para animar encarecidamente a las contrapartes a dejar de utilizar cualquier configuración del LIBOR como índice de referencia en los nuevos contratos tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, a más tardar el 31 de diciembre de 2021, las entidades de contrapartida han tenido que prever hasta qué momento podrían utilizar el LIBOR USD, incluso con respecto a sus acuerdos de compensación. También se aplican al USD las mismas consideraciones con respecto a la capacidad de las contrapartes que cuentan con acuerdos de compensación para compensar los derivados extrabursátiles de tipos de interés denominados en una determinada divisa para adaptarlos en un período de tiempo relativamente corto con el fin de compensar los derivados extrabursátiles de tipos de interés con referencia a los tipos sin riesgo en esa misma divisa. Sin embargo, algunos elementos adicionales implican que sus preparativos estén menos avanzados para el USD. En particular, las ECC aún no han comunicado cuándo convertirán los derivados extrabursátiles de tipos de interés compensados actualmente que tienen como referencia el LIBOR USD en derivados extrabursátiles sobre tipos de interés que tienen como referencia la SOFR, y tampoco queda claro cómo se adaptará la compensación obligatoria en el mercado nacional para estos derivados. Esta complejidad adicional implica que las contrapartes necesitan más tiempo para prepararse para la obligación de compensación de los derivados extrabursátiles de tipos de interés que tienen como referencia el tipo de interés sin riesgo en USD y, por tanto, es necesaria una introducción gradual adicional para garantizar una aplicación ordenada y oportuna de dicha obligación. Los cambios realizados para introducir la nueva categoría de derivados extrabursátiles de tipos de interés que tienen como referencia el tipo sin riesgo denominado en USD deben empezar a aplicarse tres meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

| (8) | La supresión prevista del EONIA, el LIBOR GBP y el LIBOR JPY está programada para finales de 2021, de modo que no será posible negociar ni compensar derivados extrabursátiles de tipos de interés con referencia a esos índices de referencia a partir del 3 de enero de 2022. Del mismo modo, tras la declaración conjunta de la Comisión, la AEVM, la supervisión bancaria del BCE y la ABE para animar encarecidamente a las contrapartes a dejar de utilizar cualquier configuración del LIBOR como índice de referencia en los nuevos contratos tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, a más tardar el 31 de diciembre de 2021, se espera que las contrapartes no operen con derivados extrabursátiles de tipos de interés que tienen como referencia el LIBOR USD, ni los compensen, a partir del 3 de enero de 2022. En su lugar, a partir del 3 de enero de 2022, las contrapartes negociarán o compensarán otros derivados extrabursátiles de tipos de interés, en particular derivados extrabursátiles de tipos de interés que tengan como referencia los tipos sin riesgo. Por consiguiente, el presente Reglamento debe entrar en vigor inmediatamente después de su publicación. |
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(8)

La supresión prevista del EONIA, el LIBOR GBP y el LIBOR JPY está programada para finales de 2021, de modo que no será posible negociar ni compensar derivados extrabursátiles de tipos de interés con referencia a esos índices de referencia a partir del 3 de enero de 2022. Del mismo modo, tras la declaración conjunta de la Comisión, la AEVM, la supervisión bancaria del BCE y la ABE para animar encarecidamente a las contrapartes a dejar de utilizar cualquier configuración del LIBOR como índice de referencia en los nuevos contratos tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, a más tardar el 31 de diciembre de 2021, se espera que las contrapartes no operen con derivados extrabursátiles de tipos de interés que tienen como referencia el LIBOR USD, ni los compensen, a partir del 3 de enero de 2022. En su lugar, a partir del 3 de enero de 2022, las contrapartes negociarán o compensarán otros derivados extrabursátiles de tipos de interés, en particular derivados extrabursátiles de tipos de interés que tengan como referencia los tipos sin riesgo. Por consiguiente, el presente Reglamento debe entrar en vigor inmediatamente después de su publicación.

| (9) | Procede, por tanto, modificar el Reglamento Delegado (UE) 2015/2205 en consecuencia. |
| --- | --- |

(9)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento Delegado (UE) 2015/2205 en consecuencia.

| (10) | El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la AEVM a la Comisión. |
| --- | --- |

(10)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la AEVM a la Comisión.

| (11) | La AEVM ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos, ha solicitado asesoramiento al Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), y ha consultado a la Junta Europea de Riesgo Sistémico. |
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(11)

La AEVM ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos, ha solicitado asesoramiento al Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), y ha consultado a la Junta Europea de Riesgo Sistémico.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Modificación del Reglamento Delegado (UE) 2015/2205

El Reglamento Delegado (UE) 2015/2205 queda modificado como sigue:

| 1) | El artículo 3 se modifica como sigue:






  a) | se insertan los apartados 1 bis y 1 ter siguientes:

  «1 bis.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en relación con los contratos pertenecientes a una de las categorías de derivados extrabursátiles que figuran en el anexo, en las filas D.4.1 y D.4.2 del cuadro 4, la obligación de compensación para dichos contratos será efectiva a partir del 18 de mayo de 2022.


  1 ter.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en relación con los contratos pertenecientes a una de las categorías de derivados extrabursátiles establecidas en el anexo, en las filas D.4.3 del cuadro 4, la obligación de compensación para dichos contratos será efectiva a partir del 18 de agosto de 2022.»; |
| --- | --- | --- |

1)

El artículo 3 se modifica como sigue:

a)

se insertan los apartados 1 bis y 1 ter siguientes:

bis

ter

«1 bis.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en relación con los contratos pertenecientes a una de las categorías de derivados extrabursátiles que figuran en el anexo, en las filas D.4.1 y D.4.2 del cuadro 4, la obligación de compensación para dichos contratos será efectiva a partir del 18 de mayo de 2022.

1 ter.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en relación con los contratos pertenecientes a una de las categorías de derivados extrabursátiles establecidas en el anexo, en las filas D.4.3 del cuadro 4, la obligación de compensación para dichos contratos será efectiva a partir del 18 de agosto de 2022.»;

| b) | en el apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

  «No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 1 bis y 1 ter, en relación con los contratos pertenecientes a una de las categorías de derivados extrabursátiles que figuran en el anexo y celebrados entre contrapartes que formen parte del mismo grupo, de las cuales una esté establecida en un tercer país y la otra, en la Unión, la obligación de compensación será efectiva a partir del:






  a) | 30 de junio de 2022, en caso de que no se haya adoptado, respecto al tercer país considerado, una decisión de equivalencia de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, a efectos del artículo 4 de dicho Reglamento, en relación con los contratos de derivados extrabursátiles a que se refiere el anexo del presente Reglamento; |
| --- | --- | --- |

b)

en el apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 1 bis y 1 ter, en relación con los contratos pertenecientes a una de las categorías de derivados extrabursátiles que figuran en el anexo y celebrados entre contrapartes que formen parte del mismo grupo, de las cuales una esté establecida en un tercer país y la otra, en la Unión, la obligación de compensación será efectiva a partir del:

bis

ter

a)

30 de junio de 2022, en caso de que no se haya adoptado, respecto al tercer país considerado, una decisión de equivalencia de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, a efectos del artículo 4 de dicho Reglamento, en relación con los contratos de derivados extrabursátiles a que se refiere el anexo del presente Reglamento;

o

| b) | la fecha más distante de las siguientes, en caso de que se haya adoptado, respecto al tercer país considerado, una decisión de equivalencia de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, a efectos del artículo 4 de dicho Reglamento, en relación con los contratos de derivados extrabursátiles a que se refiere el anexo del presente Reglamento:






  i) | sesenta días después de la entrada en vigor de la decisión de equivalencia adoptada, respecto al tercer país considerado, de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, a efectos del artículo 4 de dicho Reglamento, en relación con los contratos de derivados extrabursátiles a que se refiere el anexo del presente Reglamento, |
| --- | --- | --- |

b)

la fecha más distante de las siguientes, en caso de que se haya adoptado, respecto al tercer país considerado, una decisión de equivalencia de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, a efectos del artículo 4 de dicho Reglamento, en relación con los contratos de derivados extrabursátiles a que se refiere el anexo del presente Reglamento:

o

i)

sesenta días después de la entrada en vigor de la decisión de equivalencia adoptada, respecto al tercer país considerado, de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, a efectos del artículo 4 de dicho Reglamento, en relación con los contratos de derivados extrabursátiles a que se refiere el anexo del presente Reglamento,

o

| ii) | la fecha en que surta efecto la obligación de compensación de conformidad con el apartado 1.»; |
| --- | --- |

ii)

la fecha en que surta efecto la obligación de compensación de conformidad con el apartado 1.»;

| c) | el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

  «3.   No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 1 bis, 1 ter y 2, en relación con los contratos pertenecientes a una de las categorías de derivados extrabursátiles que figuran en el anexo, la obligación de compensación surtirá efecto a partir del 18 de febrero de 2022 siempre que se cumplan las condiciones siguientes:






  a) | la obligación de compensación no se ha activado a 18 de febrero de 2021; |
| --- | --- | --- |

c)

el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 1 bis, 1 ter y 2, en relación con los contratos pertenecientes a una de las categorías de derivados extrabursátiles que figuran en el anexo, la obligación de compensación surtirá efecto a partir del 18 de febrero de 2022 siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

a)

la obligación de compensación no se ha activado a 18 de febrero de 2021;

| b) | se ha procedido a la novación de los contratos únicamente a efectos de la sustitución de la contraparte establecida en el Reino Unido por una contraparte establecida en un Estado miembro.». |
| --- | --- |

b)

se ha procedido a la novación de los contratos únicamente a efectos de la sustitución de la contraparte establecida en el Reino Unido por una contraparte establecida en un Estado miembro.».

| 2) | El anexo se sustituye por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento. |
| --- | --- |

2)

El anexo se sustituye por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Diario Oficial de la Unión Europea

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 8 de febrero de 2022.

Por la Comisión

La Presidenta

Ursula VON DER LEYEN

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(1)  
  DO L 201 de 27.7.2012, p. 1.

1

(2)  Reglamento Delegado (UE) 2015/2205 de la Comisión, de 6 de agosto de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la obligación de compensación (DO L 314 de 1.12.2015, p. 13).

2

o

(3)  Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

3

o

o

---

ANEXO

«ANEXO

Categorías de derivados extrabursátiles de tipos de interés sujetas a la obligación de compensación

Cuadro 1

Categorías de permutas de bases

| Identificador | Tipo | Índice de referencia | Moneda de liquidación | Vencimiento | Tipo de moneda de liquidación | Opcionalidad | Tipo nocional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.1 | De bases | EURIBOR | EUR | 28D-50A | Moneda única | No | Constante o variable |

Identificador

Tipo

Índice de referencia

Moneda de liquidación

Vencimiento

Tipo de moneda de liquidación

Opcionalidad

Tipo nocional

A.1.1

De bases

EURIBOR

EUR

28D-50A

Moneda única

No

Constante o variable

Cuadro 2

Categorías de permutas financieras de tipos de interés fijo contra variable

| Identificador | Tipo | Índice de referencia | Moneda de liquidación | Vencimiento | Tipo de moneda de liquidación | Opcionalidad | Tipo nocional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2.1 | Fijo contra variable | EURIBOR | EUR | 28D-50A | Moneda única | No | Constante o variable |

Identificador

Tipo

Índice de referencia

Moneda de liquidación

Vencimiento

Tipo de moneda de liquidación

Opcionalidad

Tipo nocional

A.2.1

Fijo contra variable

EURIBOR

EUR

28D-50A

Moneda única

No

Constante o variable

Cuadro 3

Categorías de acuerdos sobre tipos de interés futuros (FRA)

| Identificador | Tipo | Índice de referencia | Moneda de liquidación | Vencimiento | Tipo de moneda de liquidación | Opcionalidad | Tipo nocional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.3.1 | FRA | EURIBOR | EUR | 3D-3A | Moneda única | No | Constante o variable |

Identificador

Tipo

Índice de referencia

Moneda de liquidación

Vencimiento

Tipo de moneda de liquidación

Opcionalidad

Tipo nocional

A.3.1

FRA

EURIBOR

EUR

3D-3A

Moneda única

No

Constante o variable

Cuadro 4

Categorías de permutas financieras sobre índices a un día (OIS)

| Identificador | Tipo | Índice de referencia | Moneda de liquidación | Vencimiento | Tipo de moneda de liquidación | Opcionalidad | Tipo nocional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.4.2 | OIS | FedFunds | USD | 7D-3A | Moneda única | No | Constante o variable |
| D.4.1 | OIS | €STR | EUR | 7D-3A | Moneda única | No | Constante o variable |
| D.4.2 | OIS | SONIA | GBP | 7D-50A | Moneda única | No | Constante o variable |
| D.4.3 | OIS | SOFR | USD | 7D-3A | Moneda única | No | Constante o variable |

Identificador

Tipo

Índice de referencia

Moneda de liquidación

Vencimiento

Tipo de moneda de liquidación

Opcionalidad

Tipo nocional

A.4.2

OIS

FedFunds

USD

7D-3A

Moneda única

No

Constante o variable

D.4.1

OIS

€STR

EUR

7D-3A

Moneda única

No

Constante o variable

D.4.2

OIS

SONIA

GBP

7D-50A

Moneda única

No

Constante o variable

D.4.3

OIS

SOFR

USD

7D-3A

Moneda única

No

Constante o variable

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| 17.5.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 138/11 |
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17.5.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 138/11

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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/751 DE LA COMISIÓN

de 16 de mayo de 2022

por el que se establece la no aprobación de la sustancia activa cloropicrina, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (1), y en particular su artículo 13, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El 21 de diciembre de 2014, European Chloropicrin Group (ECG) presentó al Reino Unido («el Estado miembro ponente») una solicitud de aprobación de la sustancia activa cloropicrina con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009. |
| --- | --- |

(1)

El 21 de diciembre de 2014, European Chloropicrin Group (ECG) presentó al Reino Unido («el Estado miembro ponente») una solicitud de aprobación de la sustancia activa cloropicrina con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

| (2) | De conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, el Estado miembro ponente notificó la admisibilidad de la solicitud al solicitante, a los demás Estados miembros, a la Comisión y a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») el 18 de junio de 2014. |
| --- | --- |

(2)

De conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, el Estado miembro ponente notificó la admisibilidad de la solicitud al solicitante, a los demás Estados miembros, a la Comisión y a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») el 18 de junio de 2014.

| (3) | Se han evaluado los efectos de esta sustancia activa sobre la salud humana y animal y el medio ambiente en virtud del artículo 11, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, en relación con el uso propuesto por el solicitante. El Estado miembro ponente presentó a la Comisión y a la Autoridad un proyecto de informe de evaluación el 12 de diciembre de 2017. |
| --- | --- |

(3)

Se han evaluado los efectos de esta sustancia activa sobre la salud humana y animal y el medio ambiente en virtud del artículo 11, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, en relación con el uso propuesto por el solicitante. El Estado miembro ponente presentó a la Comisión y a la Autoridad un proyecto de informe de evaluación el 12 de diciembre de 2017.

| (4) | De conformidad con el artículo 12, apartado 1, de dicho Reglamento, la Autoridad remitió el proyecto de informe de evaluación recibido del Estado miembro ponente a los solicitantes y a los demás Estados miembros y organizó una consulta pública al respecto. |
| --- | --- |

(4)

De conformidad con el artículo 12, apartado 1, de dicho Reglamento, la Autoridad remitió el proyecto de informe de evaluación recibido del Estado miembro ponente a los solicitantes y a los demás Estados miembros y organizó una consulta pública al respecto.

| (5) | Conforme a lo dispuesto en el artículo 12, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, pidió que el solicitante presentara información adicional a los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad. |
| --- | --- |

(5)

Conforme a lo dispuesto en el artículo 12, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, pidió que el solicitante presentara información adicional a los Estados miembros, la Comisión y la Autoridad.

| (6) | Durante el proceso de revisión inter pares, tras la notificación por parte del Reino Unido de su intención de retirarse de la Unión de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, Italia asumió la responsabilidad de esta sustancia activa como Estado miembro ponente en junio de 2019. |
| --- | --- |

(6)

Durante el proceso de revisión inter pares, tras la notificación por parte del Reino Unido de su intención de retirarse de la Unión de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, Italia asumió la responsabilidad de esta sustancia activa como Estado miembro ponente en junio de 2019.

| (7) | La evaluación de la información adicional hecha por el Estado miembro ponente se presentó a la Autoridad en forma de proyecto de informe de evaluación actualizado. |
| --- | --- |

(7)

La evaluación de la información adicional hecha por el Estado miembro ponente se presentó a la Autoridad en forma de proyecto de informe de evaluación actualizado.

| (8) | Los Estados miembros y la Autoridad revisaron el proyecto de informe de evaluación. El 30 de enero de 2020, la Autoridad presentó a la Comisión sus conclusiones sobre la evaluación del riesgo de la sustancia activa cloropicrina (2). |
| --- | --- |

(8)

Los Estados miembros y la Autoridad revisaron el proyecto de informe de evaluación. El 30 de enero de 2020, la Autoridad presentó a la Comisión sus conclusiones sobre la evaluación del riesgo de la sustancia activa cloropicrina (2).

| (9) | En su conclusión, la Autoridad indicó que, sobre la base de la información disponible, no podía finalizar la evaluación del riesgo para los consumidores, los operadores, los trabajadores, los circunstantes y los residentes, y señaló posibles problemas para las aguas subterráneas, los macroorganismos y microorganismos del suelo y los artrópodos no objetivo que habitan en el suelo. |
| --- | --- |

(9)

En su conclusión, la Autoridad indicó que, sobre la base de la información disponible, no podía finalizar la evaluación del riesgo para los consumidores, los operadores, los trabajadores, los circunstantes y los residentes, y señaló posibles problemas para las aguas subterráneas, los macroorganismos y microorganismos del suelo y los artrópodos no objetivo que habitan en el suelo.

| (10) | Además, no pudo finalizarse la evaluación de los riesgos para los organismos acuáticos, las abejas, los artrópodos no objetivo que habitan en las hojas, las lombrices de tierra ni los vegetales terrestres no objetivo. |
| --- | --- |

(10)

Además, no pudo finalizarse la evaluación de los riesgos para los organismos acuáticos, las abejas, los artrópodos no objetivo que habitan en las hojas, las lombrices de tierra ni los vegetales terrestres no objetivo.

| (11) | La Comisión invitó al solicitante a presentar observaciones sobre las conclusiones de la Autoridad y, de conformidad con el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, sobre el proyecto de informe de revisión. El solicitante presentó sus observaciones, que se examinaron con detenimiento. |
| --- | --- |

(11)

La Comisión invitó al solicitante a presentar observaciones sobre las conclusiones de la Autoridad y, de conformidad con el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, sobre el proyecto de informe de revisión. El solicitante presentó sus observaciones, que se examinaron con detenimiento.

| (12) | El 22 de octubre de 2021, la Comisión presentó al Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos un informe de revisión y el proyecto del presente Reglamento, relativo a la no aprobación de la sustancia activa cloropicrina. La Comisión observó que los problemas detectados por la Autoridad no podían eliminarse y que, por consiguiente, no podía concluirse que se cumplieran los criterios de aprobación. |
| --- | --- |

(12)

El 22 de octubre de 2021, la Comisión presentó al Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos un informe de revisión y el proyecto del presente Reglamento, relativo a la no aprobación de la sustancia activa cloropicrina. La Comisión observó que los problemas detectados por la Autoridad no podían eliminarse y que, por consiguiente, no podía concluirse que se cumplieran los criterios de aprobación.

| (13) | Mediante carta de 18 de enero de 2022, el solicitante retiró su solicitud de aprobación de la cloropicrina. Por consiguiente, no procede aprobar la cloropicrina. |
| --- | --- |

(13)

Mediante carta de 18 de enero de 2022, el solicitante retiró su solicitud de aprobación de la cloropicrina. Por consiguiente, no procede aprobar la cloropicrina.

| (14) | El presente Reglamento no impide la presentación de una nueva solicitud de aprobación de la cloropicrina con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009. |
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(14)

El presente Reglamento no impide la presentación de una nueva solicitud de aprobación de la cloropicrina con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

| (15) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos. |
| --- | --- |

(15)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

No aprobación de la sustancia activa

No se aprueba la sustancia activa cloropicrina.

Artículo 2

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Diario Oficial de la Unión Europea

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 16 de mayo de 2022.

Por la Comisión

La Presidenta

Ursula VON DER LEYEN

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(1)  
  DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.

1

(2)  
  EFSA Journal 2020;18(3):6028, «Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chloropicrin», doi:10.2903/j.efsa.2020.6028.

2

EFSA Journal

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DECISIONES

| 17.5.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 138/13 |
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17.5.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 138/13

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DECISIÓN (UE) 2022/752 DEL CONSEJO

de 5 de abril de 2022

por la que se modifica la Decisión 1999/70/CE relativa a los auditores externos de los bancos centrales nacionales, en lo que respecta a los auditores externos del Bank of Greece

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Protocolo n.o 4 sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 27, apartado 1,

Vista la Recomendación del Banco Central Europeo, de 17 de febrero de 2022, al Consejo de la Unión Europea, sobre los auditores externos del Bank of Greece (BCE/2022/3) (1),

Considerando lo siguiente:

| (1) | Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro deben ser controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea. |
| --- | --- |

(1)

Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro deben ser controladas por auditores externos independientes recomendados por el Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

| (2) | El mandato del actual auditor externo del Bank of Greece, Deloitte Certified Public Accountants S.A., expirará tras la auditoría del ejercicio de 2021. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2022. |
| --- | --- |

(2)

El mandato del actual auditor externo del Bank of Greece, Deloitte Certified Public Accountants S.A., expirará tras la auditoría del ejercicio de 2021. Por lo tanto, es preciso nombrar auditor externo a partir del ejercicio de 2022.

| (3) | El Bank of Greece ha seleccionado a Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. como auditor externo para los ejercicios de 2022 a 2026, con la opción de prorrogar su mandato a los ejercicios 2027 y 2028. |
| --- | --- |

(3)

El Bank of Greece ha seleccionado a Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. como auditor externo para los ejercicios de 2022 a 2026, con la opción de prorrogar su mandato a los ejercicios 2027 y 2028.

| (4) | El Consejo de Gobierno del BCE ha recomendado que Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. sea nombrado auditor externo del Bank of Greece para los ejercicios de 2022 a 2026, con la opción de prorrogar su mandato a los ejercicios 2027 y 2028. |
| --- | --- |

(4)

El Consejo de Gobierno del BCE ha recomendado que Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. sea nombrado auditor externo del Bank of Greece para los ejercicios de 2022 a 2026, con la opción de prorrogar su mandato a los ejercicios 2027 y 2028.

| (5) | A raíz de la recomendación del Consejo de Gobierno del BCE, la Decisión 1999/70/CE del Consejo (2) debe modificarse en consecuencia. |
| --- | --- |

(5)

A raíz de la recomendación del Consejo de Gobierno del BCE, la Decisión 1999/70/CE del Consejo (2) debe modificarse en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

En el artículo 1 de la Decisión 1999/70/CE, el apartado 12 se sustituye por el texto siguiente:

«12.   Se aprueba que Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. sea el auditor externo del Bank of Greece para los ejercicios de 2022 a 2026.».

Artículo 2

La presente Decisión surtirá efecto el día de su notificación.

Artículo 3

El destinatario de la presente Decisión es el Banco Central Europeo.

Hecho en Luxemburgo, el 5 de abril de 2022.

Por el Consejo

El Presidente

B. LE MAIRE

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(1)  
  DO C 102 de 2.3.2022, p. 1.

1

(2)  Decisión 1999/70/CE del Consejo, de 25 de enero de 1999, relativa a los auditores externos de los bancos centrales nacionales (DO L 22 de 29.1.1999, p. 69).

2

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| 17.5.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 138/15 |
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17.5.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 138/15

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DECISIÓN (PESC) 2022/753 DEL CONSEJO

de 16 de mayo de 2022

por la que se modifica la Decisión (PESC) 2019/938 en apoyo de un proceso de creación de un clima de confianza que lleve a la instauración de una zona libre de armas nucleares y de cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva en Oriente Próximo

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 28, apartado 1, y su artículo 31, apartado 1,

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El 6 de junio de 2019, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2019/938 (1). |
| --- | --- |

(1)

El 6 de junio de 2019, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2019/938 (1).

| (2) | La Decisión (PESC) 2019/938 establecía un período de ejecución de treinta y seis meses para las actividades a las que se refiere su artículo 1 a partir de la fecha de celebración del acuerdo de financiación a que se refiere su artículo 3, apartado 3. |
| --- | --- |

(2)

La Decisión (PESC) 2019/938 establecía un período de ejecución de treinta y seis meses para las actividades a las que se refiere su artículo 1 a partir de la fecha de celebración del acuerdo de financiación a que se refiere su artículo 3, apartado 3.

| (3) | El socio ejecutante, el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme, solicitó una prórroga de doce meses de dicho período de ejecución, hasta el 10 de julio de 2023, teniendo en cuenta el retraso en la ejecución de las actividades del proyecto en virtud de la Decisión (PESC) 2019/938 debido a los efectos de la pandemia de COVID-19. |
| --- | --- |

(3)

El socio ejecutante, el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme, solicitó una prórroga de doce meses de dicho período de ejecución, hasta el 10 de julio de 2023, teniendo en cuenta el retraso en la ejecución de las actividades del proyecto en virtud de la Decisión (PESC) 2019/938 debido a los efectos de la pandemia de COVID-19.

| (4) | La continuación de las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Decisión (PESC) 2019/938 hasta el 10 de julio de 2023 no tiene repercusión alguna en materia de recursos financieros hasta el 10 de julio de 2023. |
| --- | --- |

(4)

La continuación de las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Decisión (PESC) 2019/938 hasta el 10 de julio de 2023 no tiene repercusión alguna en materia de recursos financieros hasta el 10 de julio de 2023.

| (5) | Procede modificar la Decisión (PESC) 2019/938 en consecuencia. |
| --- | --- |

(5)

Procede modificar la Decisión (PESC) 2019/938 en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

En el artículo 5, el apartado 2 de la Decisión (PESC) 2019/938 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   La presente Decisión expirará el 10 de julio de 2023.».

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 16 de mayo de 2022.

Por el Consejo

El Presidente

J. BORRELL FONTELLES

---

(1)  Decisión (PESC) 2019/938 del Consejo, de 6 de junio de 2019, en apoyo de un proceso de creación de un clima de confianza que lleve a la instauración de una zona libre de armas nucleares y de cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva en Oriente Próximo (DO L 149 de 7.6.2019, p. 63).

1

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| 17.5.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 138/16 |
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17.5.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 138/16

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DECISIÓN (PESC) 2022/754 DEL CONSEJO

de 16 de mayo de 2022

por la que se modifica la Decisión (PESC) 2019/797 relativa a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus Estados miembros

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El 17 de mayo de 2019, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2019/797 (1). |
| --- | --- |

(1)

El 17 de mayo de 2019, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2019/797 (1).

| (2) | La Decisión (PESC) 2019/797 es aplicable hasta el 18 de mayo de 2022. A tenor de una revisión de dicha Decisión, su validez debe prorrogarse hasta el 18 de mayo de 2025 y las medidas restrictivas establecidas en ella deben prorrogarse hasta el 18 de mayo de 2023. |
| --- | --- |

(2)

La Decisión (PESC) 2019/797 es aplicable hasta el 18 de mayo de 2022. A tenor de una revisión de dicha Decisión, su validez debe prorrogarse hasta el 18 de mayo de 2025 y las medidas restrictivas establecidas en ella deben prorrogarse hasta el 18 de mayo de 2023.

| (3) | Procede, por tanto, modificar la Decisión (PESC) 2019/797 en consecuencia. |
| --- | --- |

(3)

Procede, por tanto, modificar la Decisión (PESC) 2019/797 en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El artículo 10 de la Decisión (PESC) 2019/797 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 10

La presente Decisión será aplicable hasta el 18 de mayo de 2025 y estará sujeta a revisión continua. Las medidas establecidas en los artículos 4 y 5 se aplicarán hasta el 18 de mayo de 2023 a las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos enumerados en el anexo.».

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 16 de mayo de 2022.

Por el Consejo

El Presidente

J. BORRELL FONTELLES

---

(1)  Decisión (PESC) 2019/797 del Consejo, de 17 de mayo de 2019, relativa a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus Estados miembros (DO L 129 I de 17.5.2019, p. 13).

1

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| 17.5.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 138/17 |
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17.5.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 138/17

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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (PESC) 2022/755 DEL CONSEJO

de 16 de mayo de 2022

por la que se aplica la Decisión (PESC) 2015/740 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Sudán del Sur

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 31, apartado 2,

Vista la Decisión (PESC) 2015/740 del Consejo, de 7 de mayo de 2015, relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Sudán del Sur y por la que se deroga la Decisión 2014/449/PESC (1), y en particular su artículo 9, apartado 2.

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El 7 de mayo de 2015, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2015/740. |
| --- | --- |

(1)

El 7 de mayo de 2015, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2015/740.

| (2) | De conformidad con el artículo 12, apartado 2, de la Decisión (PESC) 2015/740, el Consejo ha revisado la lista de personas sujetas a medidas restrictivas que figura en el anexo II de dicha Decisión. |
| --- | --- |

(2)

De conformidad con el artículo 12, apartado 2, de la Decisión (PESC) 2015/740, el Consejo ha revisado la lista de personas sujetas a medidas restrictivas que figura en el anexo II de dicha Decisión.

| (3) | El Consejo ha llegado a la conclusión de que deben mantenerse las medidas restrictivas contra una persona incluida en la lista del anexo II de la Decisión (PESC) 2015/740 y que debe actualizarse y renumerarse la referencia relativa a dicha persona. |
| --- | --- |

(3)

El Consejo ha llegado a la conclusión de que deben mantenerse las medidas restrictivas contra una persona incluida en la lista del anexo II de la Decisión (PESC) 2015/740 y que debe actualizarse y renumerarse la referencia relativa a dicha persona.

| (4) | Procede, por lo tanto, modificar la Decisión (PESC) 2015/740 en consecuencia. |
| --- | --- |

(4)

Procede, por lo tanto, modificar la Decisión (PESC) 2015/740 en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El anexo II de la Decisión (PESC) 2015/740 queda modificado como se establece en el anexo de la presente Decisión.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 16 de mayo de 2022.

Por el Consejo

El Presidente

J. BORRELL FONTELLES

---

(1)  Decisión (PESC) 2015/740 del Consejo, de 7 de mayo de 2015, relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Sudán del Sur y por la que se deroga la Decisión 2014/449/PESC (DO L 117 de 8.5.2015, p. 52).

1

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ANEXO

En el anexo II de la Decisión (PESC) 2015/740, el cuadro se sustituye por el texto siguiente:

| | Nombre | Información identificativa | Motivos de la inclusión en la lista | Fecha de inclusión en la lista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «1. | Michael MAKUEI LUETH | Fecha de nacimiento: 1947
  Lugar de nacimiento: Bor, Sudán (actualmente Sudán del Sur)
  Sexo: masculino | Michael Makuei Lueth ocupa el cargo de ministro de Información y Radiodifusión desde 2013 y sigue ocupando dicho cargo en el actual Gobierno de Transición de Unidad Nacional. Además, fue el portavoz público de la delegación del Gobierno en las conversaciones de paz de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo de 2014 a 2015 y de 2016 a 2018.
  Makuei ha obstaculizado el proceso político en Sudán del Sur, en particular obstruyendo mediante declaraciones públicas de carácter incendiario la aplicación del Acuerdo para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur de agosto de 2015 (sustituido en septiembre de 2018 por el Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur), obstruyendo la labor de la Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación del Acuerdo para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur (cuya denominación ha cambiado a «Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación Reconstituida» con arreglo al Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur) y obstruyendo la creación de las instituciones de justicia transicional previstas en el Acuerdo para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur, cuyo establecimiento también se contempla en el Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur. Asimismo, ha obstruido las operaciones de la Fuerza Regional de Protección de las Naciones Unidas.
  Makuei es además responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas restricciones de la libertad de expresión. | 3.2.2018» |

Nombre

Información identificativa

Motivos de la inclusión en la lista

Fecha de inclusión en la lista

«1.

Michael MAKUEI LUETH

Fecha de nacimiento: 1947

Lugar de nacimiento: Bor, Sudán (actualmente Sudán del Sur)

Sexo: masculino

Michael Makuei Lueth ocupa el cargo de ministro de Información y Radiodifusión desde 2013 y sigue ocupando dicho cargo en el actual Gobierno de Transición de Unidad Nacional. Además, fue el portavoz público de la delegación del Gobierno en las conversaciones de paz de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo de 2014 a 2015 y de 2016 a 2018.

Makuei ha obstaculizado el proceso político en Sudán del Sur, en particular obstruyendo mediante declaraciones públicas de carácter incendiario la aplicación del Acuerdo para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur de agosto de 2015 (sustituido en septiembre de 2018 por el Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur), obstruyendo la labor de la Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación del Acuerdo para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur (cuya denominación ha cambiado a «Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación Reconstituida» con arreglo al Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur) y obstruyendo la creación de las instituciones de justicia transicional previstas en el Acuerdo para la Solución del Conflicto en Sudán del Sur, cuyo establecimiento también se contempla en el Acuerdo Revitalizado para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur. Asimismo, ha obstruido las operaciones de la Fuerza Regional de Protección de las Naciones Unidas.

Makuei es además responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas restricciones de la libertad de expresión.

3.2.2018»

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| 17.5.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 138/19 |
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17.5.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 138/19

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DECISIÓN (UE) 2022/756 DE LA COMISIÓN

de 30 de septiembre de 2021

relativa a las medidas SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) ejecutadas por Italia y la Región de Cerdeña en favor de Saremar

[notificada con el número C(2021) 6990]

(El texto en lengua italiana es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 108, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en particular su artículo 62, apartado 1, letra a),

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con los citados artículos (1), y teniendo en cuenta dichas observaciones,

Considerando lo siguiente:

1.   PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

| (1) | El 6 de agosto de 1999, la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE») con respecto a la ayuda pagada con arreglo a unos contratos de servicio público iniciales («convenios iniciales») a las seis empresas que entonces formaban el grupo Tirrenia (2). |
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(1)

El 6 de agosto de 1999, la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE») con respecto a la ayuda pagada con arreglo a unos contratos de servicio público iniciales («convenios iniciales») a las seis empresas que entonces formaban el grupo Tirrenia (2).

2

| (2) | Durante la fase de investigación, las autoridades italianas solicitaron que el asunto del grupo Tirrenia se dividiera de forma que pudiera darse prioridad a alcanzar una decisión final únicamente con respecto a la empresa Tirrenia di Navigazione (Tirrenia). Esta solicitud estaba motivada por el plan de las autoridades italianas para privatizar el grupo, comenzando con Tirrenia, y su intención de acelerar el proceso en relación con dicha empresa. |
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(2)

Durante la fase de investigación, las autoridades italianas solicitaron que el asunto del grupo Tirrenia se dividiera de forma que pudiera darse prioridad a alcanzar una decisión final únicamente con respecto a la empresa Tirrenia di Navigazione (Tirrenia). Esta solicitud estaba motivada por el plan de las autoridades italianas para privatizar el grupo, comenzando con Tirrenia, y su intención de acelerar el proceso en relación con dicha empresa.

| (3) | La Comisión accedió a la solicitud de las autoridades italianas y, por medio de la Decisión 2001/851/CE de la Comisión (3), cerró el procedimiento incoado con respecto a las ayudas concedidas a Tirrenia. La ayuda se declaró compatible, condicionada al respeto de determinados compromisos por parte de las autoridades italianas. |
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(3)

La Comisión accedió a la solicitud de las autoridades italianas y, por medio de la Decisión 2001/851/CE de la Comisión (3), cerró el procedimiento incoado con respecto a las ayudas concedidas a Tirrenia. La ayuda se declaró compatible, condicionada al respeto de determinados compromisos por parte de las autoridades italianas.

3

| (4) | Mediante la Decisión 2005/163/CE de la Comisión (4) («Decisión de 2004»), la Comisión declaró la compensación concedida por Italia a las empresas del grupo Tirrenia distintas de Tirrenia (5) parcialmente compatible con el mercado interior, parcialmente compatible condicionada al respeto de una serie de compromisos por parte de las autoridades italianas, y parcialmente incompatible con el mercado interior. La Decisión de 2004 se basaba en datos contables correspondientes al período comprendido entre 1992 y 2001 y contenía ciertas condiciones encaminadas a garantizar la compatibilidad de la compensación durante la totalidad del período de vigencia de los convenios iniciales (o sea, hasta 2008). |
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(4)

Mediante la Decisión 2005/163/CE de la Comisión (4) («Decisión de 2004»), la Comisión declaró la compensación concedida por Italia a las empresas del grupo Tirrenia distintas de Tirrenia (5) parcialmente compatible con el mercado interior, parcialmente compatible condicionada al respeto de una serie de compromisos por parte de las autoridades italianas, y parcialmente incompatible con el mercado interior. La Decisión de 2004 se basaba en datos contables correspondientes al período comprendido entre 1992 y 2001 y contenía ciertas condiciones encaminadas a garantizar la compatibilidad de la compensación durante la totalidad del período de vigencia de los convenios iniciales (o sea, hasta 2008).

4

5

| (5) | Mediante sentencia de 4 de marzo de 2009 en los asuntos T-265/04, T-292/04 y T-504/04 (6), el Tribunal de Primera Instancia anuló la Decisión de 2004. |
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(5)

Mediante sentencia de 4 de marzo de 2009 en los asuntos T-265/04, T-292/04 y T-504/04 (6), el Tribunal de Primera Instancia anuló la Decisión de 2004.

6

| (6) | El 5 de octubre de 2011, mediante la Decisión C(2011) 6961 de la Comisión («Decisión de 2011») (7), la Comisión incoó un procedimiento de investigación formal con respecto a varias medidas adoptadas por Italia en favor de las empresas del antiguo grupo Tirrenia. La investigación examinó, en concreto, las compensaciones concedidas a Saremar — Sardegna Regionale Marittima (en lo sucesivo, «Saremar») por la explotación de varias rutas marítimas a partir del 1 de enero de 2009 y otras medidas concedidas a dicha empresa. |
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(6)

El 5 de octubre de 2011, mediante la Decisión C(2011) 6961 de la Comisión («Decisión de 2011») (7), la Comisión incoó un procedimiento de investigación formal con respecto a varias medidas adoptadas por Italia en favor de las empresas del antiguo grupo Tirrenia. La investigación examinó, en concreto, las compensaciones concedidas a Saremar — Sardegna Regionale Marittima (en lo sucesivo, «Saremar») por la explotación de varias rutas marítimas a partir del 1 de enero de 2009 y otras medidas concedidas a dicha empresa.

7

| (7) | La Decisión de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea. La Comisión invitaba en ella a las partes interesadas a formular sus observaciones con respecto a las medidas objeto de investigación. |
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(7)

La Decisión de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea. La Comisión invitaba en ella a las partes interesadas a formular sus observaciones con respecto a las medidas objeto de investigación.

Diario Oficial de la Unión Europea

| (8) | El 7 de noviembre de 2012, la Comisión amplió el procedimiento de investigación en relación, entre otras cosas, con determinadas medidas de apoyo concedidas a Saremar por la Región de Cerdeña. El 19 de diciembre de 2012, la Comisión adoptó una versión modificada (8) de dicha Decisión [Decisión C (2012) 9452 de la Comisión, «Decisión de 2012»]. |
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(8)

El 7 de noviembre de 2012, la Comisión amplió el procedimiento de investigación en relación, entre otras cosas, con determinadas medidas de apoyo concedidas a Saremar por la Región de Cerdeña. El 19 de diciembre de 2012, la Comisión adoptó una versión modificada (8) de dicha Decisión [Decisión C (2012) 9452 de la Comisión, «Decisión de 2012»].

8

| (9) | La Decisión de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (9). La Comisión invitaba en ella a las partes interesadas a formular sus observaciones con respecto a las medidas objeto de investigación. |
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(9)

La Decisión de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (9). La Comisión invitaba en ella a las partes interesadas a formular sus observaciones con respecto a las medidas objeto de investigación.

Diario Oficial de la Unión Europea

9

| (10) | Mediante carta de 14 de mayo de 2013, la Región de Cerdeña solicitó a la Comisión que separase las medidas relativas a Saremar del procedimiento de investigación formal incoado mediante las Decisiones de 2011 y de 2012 y que diera prioridad a las relativas a Saremar, habida cuenta, sobre todo, de su inminente privatización. |
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(10)

Mediante carta de 14 de mayo de 2013, la Región de Cerdeña solicitó a la Comisión que separase las medidas relativas a Saremar del procedimiento de investigación formal incoado mediante las Decisiones de 2011 y de 2012 y que diera prioridad a las relativas a Saremar, habida cuenta, sobre todo, de su inminente privatización.

| (11) | La Comisión aceptó la solicitud de las autoridades sardas y, mediante la Decisión (UE) 2018/261 de la Comisión (10) («Decisión de 2014»), dio por concluido el procedimiento de investigación formal con respecto a determinadas medidas concedidas por la Región de Cerdeña en favor de Saremar. De las cinco medidas adoptadas por la Región de Cerdeña en favor de Saremar, cuatro se evaluaron en la Decisión de 2014, con la excepción del proyecto «Bonus Sardo — Vacanza» (véase el considerando 29 de la presente Decisión). |
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(11)

La Comisión aceptó la solicitud de las autoridades sardas y, mediante la Decisión (UE) 2018/261 de la Comisión (10) («Decisión de 2014»), dio por concluido el procedimiento de investigación formal con respecto a determinadas medidas concedidas por la Región de Cerdeña en favor de Saremar. De las cinco medidas adoptadas por la Región de Cerdeña en favor de Saremar, cuatro se evaluaron en la Decisión de 2014, con la excepción del proyecto «Bonus Sardo — Vacanza» (véase el considerando 29 de la presente Decisión).

10

| (12) | Saremar y la Región de Cerdeña interpusieron ante el Tribunal General recursos de anulación de la Decisión de 2014, que fueron desestimados mediante sentencias de 6 de abril de 2017 en los asuntos T-219/14 (11) y T-220/14 (12). Ni Saremar ni la Región de Cerdeña han interpuesto recurso de casación contra dichas sentencias, que ya son firmes. |
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(12)

Saremar y la Región de Cerdeña interpusieron ante el Tribunal General recursos de anulación de la Decisión de 2014, que fueron desestimados mediante sentencias de 6 de abril de 2017 en los asuntos T-219/14 (11) y T-220/14 (12). Ni Saremar ni la Región de Cerdeña han interpuesto recurso de casación contra dichas sentencias, que ya son firmes.

11

12

| (13) | Mediante la Decisión (UE) 2020/1411 de la Comisión (13), esta concluyó su investigación sobre las empresas del grupo Tirrenia distintas de Tirrenia durante el período 1992-2008. La Comisión concluyó que las ayudas concedidas por la prestación de servicios de transporte de cabotaje marítimo constituían ayuda existente, mientras que las concedidas por la prestación de servicios de transporte marítimo internacional eran compatibles con el Marco sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público de 2011 (en lo sucesivo, «Marco SIEG de 2011») (14). |
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(13)

Mediante la Decisión (UE) 2020/1411 de la Comisión (13), esta concluyó su investigación sobre las empresas del grupo Tirrenia distintas de Tirrenia durante el período 1992-2008. La Comisión concluyó que las ayudas concedidas por la prestación de servicios de transporte de cabotaje marítimo constituían ayuda existente, mientras que las concedidas por la prestación de servicios de transporte marítimo internacional eran compatibles con el Marco sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público de 2011 (en lo sucesivo, «Marco SIEG de 2011») (14).

13

14

| (14) | Mediante la Decisión (UE) 2020/1412 de la Comisión (15), esta dio por concluido el procedimiento de investigación formal con respecto a las medidas concedidas a Tirrenia y a su comprador CIN durante el período 2009-2020. |
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(14)

Mediante la Decisión (UE) 2020/1412 de la Comisión (15), esta dio por concluido el procedimiento de investigación formal con respecto a las medidas concedidas a Tirrenia y a su comprador CIN durante el período 2009-2020.

15

| (15) | Mediante la Decisión (UE) 2021/4268 de la Comisión (16) y la Decisión (UE) 2021/4271 de la Comisión (17), esta dio por concluido el procedimiento de investigación formal con respecto a las medidas concedidas a Siremar y Toremar y a sus compradores durante el período de 2009 en adelante. |
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(15)

Mediante la Decisión (UE) 2021/4268 de la Comisión (16) y la Decisión (UE) 2021/4271 de la Comisión (17), esta dio por concluido el procedimiento de investigación formal con respecto a las medidas concedidas a Siremar y Toremar y a sus compradores durante el período de 2009 en adelante.

16

17

| (16) | La presente Decisión se refiere únicamente a las medidas en favor de Saremar señaladas en las Decisiones de 2011 y 2012 que no se contemplaban en la Decisión de 2014, como se explica en los considerandos 28 y 29. La Comisión tratará todas las medidas restantes contempladas en las Decisiones de 2011 y 2012 mencionadas en los asuntos SA.32014, SA.32015 y SA.32016 en decisiones separadas. En concreto, las medidas restantes afectan a otras empresas del antiguo Grupo Tirrenia (Caremar y Laziomar). |
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(16)

La presente Decisión se refiere únicamente a las medidas en favor de Saremar señaladas en las Decisiones de 2011 y 2012 que no se contemplaban en la Decisión de 2014, como se explica en los considerandos 28 y 29. La Comisión tratará todas las medidas restantes contempladas en las Decisiones de 2011 y 2012 mencionadas en los asuntos SA.32014, SA.32015 y SA.32016 en decisiones separadas. En concreto, las medidas restantes afectan a otras empresas del antiguo Grupo Tirrenia (Caremar y Laziomar).

2.   ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS OBJETO DE INVESTIGACIÓN

ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS OBJETO DE INVESTIGACIÓN

2.1.   Antecedentes

Antecedentes

2.1.1.   Los convenios iniciales

Los convenios iniciales

| (17) | El Grupo Tirrenia, que pertenecía originalmente al Estado italiano a través de la sociedad Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A (en lo sucesivo, «Fintecna») (18), estaba formado por seis empresas: Tirrenia, Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar y Toremar. Estas empresas prestaban servicios de transporte marítimo con arreglo a diferentes contratos de servicio público celebrados en 1991 con el Estado italiano que estuvieron en vigor veinte años, desde enero de 1989 hasta diciembre de 2008. Fintecna poseía el 100 % del capital social de Tirrenia. Tirrenia poseía todas las acciones de Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar y Toremar (en lo sucesivo, conjuntamente, «las sociedades regionales»). Adriatica, que explotaba una serie de rutas entre Italia y Albania, Croacia, Grecia y Montenegro, se fusionó con Tirrenia en 2004. |
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(17)

El Grupo Tirrenia, que pertenecía originalmente al Estado italiano a través de la sociedad Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A (en lo sucesivo, «Fintecna») (18), estaba formado por seis empresas: Tirrenia, Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar y Toremar. Estas empresas prestaban servicios de transporte marítimo con arreglo a diferentes contratos de servicio público celebrados en 1991 con el Estado italiano que estuvieron en vigor veinte años, desde enero de 1989 hasta diciembre de 2008. Fintecna poseía el 100 % del capital social de Tirrenia. Tirrenia poseía todas las acciones de Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar y Toremar (en lo sucesivo, conjuntamente, «las sociedades regionales»). Adriatica, que explotaba una serie de rutas entre Italia y Albania, Croacia, Grecia y Montenegro, se fusionó con Tirrenia en 2004.

18

| (18) | El objetivo de estos convenios iniciales era garantizar la regularidad y fiabilidad de numerosos servicios de transporte marítimo que, en su mayoría, conectaban la Italia continental con Sicilia, Cerdeña y otras islas italianas de menor tamaño. A tal fin, el Estado italiano concedió ayuda financiera en forma de subvenciones pagadas directamente a cada una de las empresas del grupo Tirrenia. |
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(18)

El objetivo de estos convenios iniciales era garantizar la regularidad y fiabilidad de numerosos servicios de transporte marítimo que, en su mayoría, conectaban la Italia continental con Sicilia, Cerdeña y otras islas italianas de menor tamaño. A tal fin, el Estado italiano concedió ayuda financiera en forma de subvenciones pagadas directamente a cada una de las empresas del grupo Tirrenia.

| (19) | Saremar explotaba algunas conexiones exclusivamente de cabotaje local entre Cerdeña y las islas del nordeste y suroeste, así como una conexión internacional con Córcega, de conformidad con el convenio inicial con el Estado. |
| --- | --- |

(19)

Saremar explotaba algunas conexiones exclusivamente de cabotaje local entre Cerdeña y las islas del nordeste y suroeste, así como una conexión internacional con Córcega, de conformidad con el convenio inicial con el Estado.

2.1.2.   La prórroga de los convenios iniciales

La prórroga de los convenios iniciales

| (20) | Los convenios iniciales, incluido el que se refiere a Saremar, se prorrogaron tres veces. |
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(20)

Los convenios iniciales, incluido el que se refiere a Saremar, se prorrogaron tres veces.

| (21) | En primer lugar, el artículo 26 del Decreto-ley n.o 207 de 30 de diciembre de 2008, convertido en la Ley n.o 14 de 27 de febrero de 2009, establecía la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2009, de los convenios iniciales que en un principio debían expirar el 31 de diciembre de 2008. |
| --- | --- |

(21)

En primer lugar, el artículo 26 del Decreto-ley n.o 207 de 30 de diciembre de 2008, convertido en la Ley n.o 14 de 27 de febrero de 2009, establecía la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2009, de los convenios iniciales que en un principio debían expirar el 31 de diciembre de 2008.

o

o

| (22) | En segundo lugar, el artículo 19 ter del Decreto-ley n.o 135 de 25 de septiembre de 2009 («Decreto-ley 135/2009»), convertido en la Ley n.o 166 de 20 de noviembre de 2009 («Ley de 2009»), establecía que, a la vista de la privatización de las empresas del grupo Tirrenia, el capital social de las empresas regionales (excepto en el caso de Siremar) se transfería de la sociedad matriz Tirrenia de la siguiente manera:






  a) | Caremar a la Región de Campania. Posteriormente, la Región de Campania transfirió a la Región de Lacio la empresa en funcionamiento que operaba las conexiones de transporte con el archipiélago de Pontino (constituyendo así Laziomar) (19); |
| --- | --- | --- |

(22)

En segundo lugar, el artículo 19 ter del Decreto-ley n.o 135 de 25 de septiembre de 2009 («Decreto-ley 135/2009»), convertido en la Ley n.o 166 de 20 de noviembre de 2009 («Ley de 2009»), establecía que, a la vista de la privatización de las empresas del grupo Tirrenia, el capital social de las empresas regionales (excepto en el caso de Siremar) se transfería de la sociedad matriz Tirrenia de la siguiente manera:

ter

o

o

a)

Caremar a la Región de Campania. Posteriormente, la Región de Campania transfirió a la Región de Lacio la empresa en funcionamiento que operaba las conexiones de transporte con el archipiélago de Pontino (constituyendo así Laziomar) (19);

19

| b) | Saremar a la Región de Cerdeña; |
| --- | --- |

b)

Saremar a la Región de Cerdeña;

| c) | Toremar a la Región de Toscana. |
| --- | --- |

c)

Toremar a la Región de Toscana.

| (23) | La Ley de 2009 especificaba también que se firmarían nuevos convenios entre el Estado italiano y Tirrenia y Siremar antes del 31 de diciembre de 2009. Asimismo, los servicios regionales se regularían en los nuevos «contratos de servicio público» que debían acordarse entre Saremar, Toremar y Caremar y las respectivas autoridades regionales antes del 31 de diciembre de 2009 (Cerdeña y Toscana) y del 28 de febrero de 2010 (Campania y Lacio). Los nuevos convenios o los nuevos contratos de servicio público deberían ser objeto de licitación, junto con las propias empresas. Los nuevos propietarios de cada una de estas empresas habrían firmado después el respectivo convenio o contrato de servicio público (20). |
| --- | --- |

(23)

La Ley de 2009 especificaba también que se firmarían nuevos convenios entre el Estado italiano y Tirrenia y Siremar antes del 31 de diciembre de 2009. Asimismo, los servicios regionales se regularían en los nuevos «contratos de servicio público» que debían acordarse entre Saremar, Toremar y Caremar y las respectivas autoridades regionales antes del 31 de diciembre de 2009 (Cerdeña y Toscana) y del 28 de febrero de 2010 (Campania y Lacio). Los nuevos convenios o los nuevos contratos de servicio público deberían ser objeto de licitación, junto con las propias empresas. Los nuevos propietarios de cada una de estas empresas habrían firmado después el respectivo convenio o contrato de servicio público (20).

20

| (24) | A tal fin, la Ley de 2009 establecía una prórroga adicional de los convenios iniciales, incluido el aplicable a Saremar, desde el 1 de enero de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2010. |
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(24)

A tal fin, la Ley de 2009 establecía una prórroga adicional de los convenios iniciales, incluido el aplicable a Saremar, desde el 1 de enero de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2010.

| (25) | Finalmente, la Ley n.o 163 de 1 de octubre de 2010 de conversión del Decreto-ley n.o 125 de 5 de agosto de 2010 («Ley de 2010») estableció una prórroga adicional de los convenios iniciales (incluido el aplicable a Saremar) desde el 1 de octubre de 2010 hasta la conclusión de los procesos de privatización de Tirrenia y Siremar. |
| --- | --- |

(25)

Finalmente, la Ley n.o 163 de 1 de octubre de 2010 de conversión del Decreto-ley n.o 125 de 5 de agosto de 2010 («Ley de 2010») estableció una prórroga adicional de los convenios iniciales (incluido el aplicable a Saremar) desde el 1 de octubre de 2010 hasta la conclusión de los procesos de privatización de Tirrenia y Siremar.

o

o

2.1.3.   Aplicación de la Decisión de 2014

Aplicación de la Decisión de 2014

| (26) | En la Decisión de 2014, la Comisión concluyó que dos medidas de ayuda concedidas a Saremar eran incompatibles con el mercado interior y otras dos medidas no constituían ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE. A esta respecto, la Comisión ordenó la recuperación de:






  a) | 10 millones EUR de compensaciones abonadas a Saremar por la explotación de otras dos rutas que conectan Cerdeña con el continente; |
| --- | --- | --- |

(26)

En la Decisión de 2014, la Comisión concluyó que dos medidas de ayuda concedidas a Saremar eran incompatibles con el mercado interior y otras dos medidas no constituían ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE. A esta respecto, la Comisión ordenó la recuperación de:

a)

10 millones EUR de compensaciones abonadas a Saremar por la explotación de otras dos rutas que conectan Cerdeña con el continente;

| b) | una recapitalización prevista de 6 099 961 EUR (de los cuales 824 309,69 EUR ya pagados a Saremar). |
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b)

una recapitalización prevista de 6 099 961 EUR (de los cuales 824 309,69 EUR ya pagados a Saremar).

| (27) | Italia ha aplicado la Decisión de 2014, aunque algunos procedimientos aún están pendientes en el momento de la adopción de la presente Decisión. En concreto:






  a) | por carta de 10 de abril de 2015, las autoridades italianas comunicaron que, el 15 de enero de 2015, el Tribunale di Cagliari había decidido admitir a Saremar al convenio de acreedores. El objetivo del procedimiento era vender todos los activos de Saremar y satisfacer los deudas con los acreedores, sin que Saremar continuara su actividad después de una fecha determinada (inicialmente fijada en el 31 de diciembre de 2015). Los créditos de las ayudas estatales se habían consignado en el rango adecuado e incluían los intereses de recuperación devengados hasta el 1 de julio de 2014, por un importe de 11 131 231,60 EUR. Esta última es la fecha en que Saremar solicitó ser admitida a un convenio de acreedores, que, con arreglo a la legislación italiana, suspende el devengo de intereses (21); |
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(27)

Italia ha aplicado la Decisión de 2014, aunque algunos procedimientos aún están pendientes en el momento de la adopción de la presente Decisión. En concreto:

a)

por carta de 10 de abril de 2015, las autoridades italianas comunicaron que, el 15 de enero de 2015, el Tribunale di Cagliari había decidido admitir a Saremar al convenio de acreedores. El objetivo del procedimiento era vender todos los activos de Saremar y satisfacer los deudas con los acreedores, sin que Saremar continuara su actividad después de una fecha determinada (inicialmente fijada en el 31 de diciembre de 2015). Los créditos de las ayudas estatales se habían consignado en el rango adecuado e incluían los intereses de recuperación devengados hasta el 1 de julio de 2014, por un importe de 11 131 231,60 EUR. Esta última es la fecha en que Saremar solicitó ser admitida a un convenio de acreedores, que, con arreglo a la legislación italiana, suspende el devengo de intereses (21);

21

| b) | por carta de 28 de octubre de 2015, las autoridades italianas informaron a la Comisión de que el procedimiento de venta de los buques de Saremar se separaría del procedimiento de atribución de las obligaciones de servicio público gestionadas por Saremar. Asimismo, remitieron el auto del Tribunale di Cagliari el 22 de julio de 2015, que validaba el convenio de acreedores (la denominada «homologación»), e informaron a la Comisión de que se habían recibido ocho manifestaciones de interés por los buques de Saremar. Por carta de 21 de enero de 2016, las autoridades italianas confirmaron que Saremar solo había seguido en funcionamiento hasta el 31 de marzo de 2016. Las autoridades italianas también informaron de que los buques de Saremar habían sido vendidos a Delcoservizi Srl («Delcoservizi») y de que habían sido entregados efectivamente no más tarde del 30 de abril de 2016, añadiendo que el procedimiento de atribución del servicio público seguía en curso y que se habían recibido dos manifestaciones de interés; |
| --- | --- |

b)

por carta de 28 de octubre de 2015, las autoridades italianas informaron a la Comisión de que el procedimiento de venta de los buques de Saremar se separaría del procedimiento de atribución de las obligaciones de servicio público gestionadas por Saremar. Asimismo, remitieron el auto del Tribunale di Cagliari el 22 de julio de 2015, que validaba el convenio de acreedores (la denominada «homologación»), e informaron a la Comisión de que se habían recibido ocho manifestaciones de interés por los buques de Saremar. Por carta de 21 de enero de 2016, las autoridades italianas confirmaron que Saremar solo había seguido en funcionamiento hasta el 31 de marzo de 2016. Las autoridades italianas también informaron de que los buques de Saremar habían sido vendidos a Delcoservizi Srl («Delcoservizi») y de que habían sido entregados efectivamente no más tarde del 30 de abril de 2016, añadiendo que el procedimiento de atribución del servicio público seguía en curso y que se habían recibido dos manifestaciones de interés;

| c) | por carta de 19 de mayo de 2016, las autoridades italianas informaron de que se había adjudicado el contrato de servicio público a Delcomar Srl («Delcomar»). Por consiguiente, el 31 de marzo de 2016 Saremar dejó de explotar las conexiones de transporte marítimo y, a partir del 1 de abril de 2016, Delcomar comenzó a prestar el servicio público. Las autoridades italianas también informaron a la Comisión de que, tras la transferencia de los activos de Saremar, que tuvo lugar así mismo el 31 de marzo de 2016, el Consejo Regional de Cerdeña ordenó la liquidación de la empresa mediante la Resolución n.o 24/23, de 22 de abril de 2016. En dicha Resolución, el Ejecutivo Regional declaró que, dado que Saremar había cesado todas sus actividades el 31 de marzo de 2016, ya no existía interés por mantenerla, de modo que se procedería a la disolución de la sociedad y a la designación de un nuevo liquidador; |
| --- | --- |

c)

por carta de 19 de mayo de 2016, las autoridades italianas informaron de que se había adjudicado el contrato de servicio público a Delcomar Srl («Delcomar»). Por consiguiente, el 31 de marzo de 2016 Saremar dejó de explotar las conexiones de transporte marítimo y, a partir del 1 de abril de 2016, Delcomar comenzó a prestar el servicio público. Las autoridades italianas también informaron a la Comisión de que, tras la transferencia de los activos de Saremar, que tuvo lugar así mismo el 31 de marzo de 2016, el Consejo Regional de Cerdeña ordenó la liquidación de la empresa mediante la Resolución n.o 24/23, de 22 de abril de 2016. En dicha Resolución, el Ejecutivo Regional declaró que, dado que Saremar había cesado todas sus actividades el 31 de marzo de 2016, ya no existía interés por mantenerla, de modo que se procedería a la disolución de la sociedad y a la designación de un nuevo liquidador;

o

| d) | por carta de 20 de julio de 2016, las autoridades italianas informaron a la Comisión de que, sobre la base de los fondos recibidos de la liquidación de los activos de Saremar y de la inscripción en la masa pasiva, solo podían asignarse a las solicitudes de devolución de ayudas estatales 4 452 226,42 EUR (alrededor del 40 % de los importes adeudados). También confirmaron que Saremar estaba despidiendo a todo su personal y que sería eliminada del registro mercantil una vez finalizada la liquidación y que no había relación de ningún tipo entre el vendedor de los bienes (Saremar) y el comprador (Delcoservizi). Por último, por carta de 17 de julio de 2017, las autoridades italianas presentaron pruebas del pago a la Región de 4 452 226,42 EUR por parte de los liquidadores de Saremar. |
| --- | --- |

d)

por carta de 20 de julio de 2016, las autoridades italianas informaron a la Comisión de que, sobre la base de los fondos recibidos de la liquidación de los activos de Saremar y de la inscripción en la masa pasiva, solo podían asignarse a las solicitudes de devolución de ayudas estatales 4 452 226,42 EUR (alrededor del 40 % de los importes adeudados). También confirmaron que Saremar estaba despidiendo a todo su personal y que sería eliminada del registro mercantil una vez finalizada la liquidación y que no había relación de ningún tipo entre el vendedor de los bienes (Saremar) y el comprador (Delcoservizi). Por último, por carta de 17 de julio de 2017, las autoridades italianas presentaron pruebas del pago a la Región de 4 452 226,42 EUR por parte de los liquidadores de Saremar.

2.2.   Medidas comprendidas dentro del ámbito de aplicación de las Decisiones de 2011 y 2012

Medidas comprendidas dentro del ámbito de aplicación de las Decisiones de 2011 y 2012

| (28) | Las siguientes medidas han sido objeto de análisis en el procedimiento de investigación formal incoado por las Decisiones de 2011 y 2012:






  1) | la compensación por la prestación de SIEG en virtud de la prórroga de los convenios iniciales (medida 1); |
| --- | --- | --- |

(28)

Las siguientes medidas han sido objeto de análisis en el procedimiento de investigación formal incoado por las Decisiones de 2011 y 2012:

1)

la compensación por la prestación de SIEG en virtud de la prórroga de los convenios iniciales (medida 1);

| 2) | la prórroga ilegal de la ayuda de salvamento en favor de Tirrenia y Siremar (medida 2); |
| --- | --- |

2)

la prórroga ilegal de la ayuda de salvamento en favor de Tirrenia y Siremar (medida 2);

| 3) | la privatización de las empresas del antiguo grupo Tirrenia (22) (medida 3); |
| --- | --- |

3)

la privatización de las empresas del antiguo grupo Tirrenia (22) (medida 3);

22

| 4) | la compensación pagada por la prestación del SIEG en virtud de los futuros convenios y contratos de servicio público (medida 4); |
| --- | --- |

4)

la compensación pagada por la prestación del SIEG en virtud de los futuros convenios y contratos de servicio público (medida 4);

| 5) | la prioridad en la asignación de los puntos de amarre (medida 5); |
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5)

la prioridad en la asignación de los puntos de amarre (medida 5);

| 6) | las medidas establecidas en la Ley de 2010 (medida 6); |
| --- | --- |

6)

las medidas establecidas en la Ley de 2010 (medida 6);

| 7) | las cinco medidas adicionales adoptadas por la Región de Cerdeña en favor de Saremar (medida 7). |
| --- | --- |

7)

las cinco medidas adicionales adoptadas por la Región de Cerdeña en favor de Saremar (medida 7).

| (29) | Mediante la Decisión de 2014, la Comisión concluyó el procedimiento de investigación formal en relación con cuatro de las cinco medidas adoptadas por la Región de Cerdeña en favor de Saremar mencionadas anteriormente como medida 7. Sin embargo, no llegó a una conclusión sobre la quinta medida: el proyecto «Bonus Sardo — Vacanza (23)». Por lo tanto, en el caso de Saremar, la Comisión aún no se ha pronunciado sobre la compatibilidad con el mercado interior de las medidas 1, 3, 4, 5, 6 y el proyecto Bonus Sardo — Vacanza. |
| --- | --- |

(29)

Mediante la Decisión de 2014, la Comisión concluyó el procedimiento de investigación formal en relación con cuatro de las cinco medidas adoptadas por la Región de Cerdeña en favor de Saremar mencionadas anteriormente como medida 7. Sin embargo, no llegó a una conclusión sobre la quinta medida: el proyecto «Bonus Sardo — Vacanza (23)». Por lo tanto, en el caso de Saremar, la Comisión aún no se ha pronunciado sobre la compatibilidad con el mercado interior de las medidas 1, 3, 4, 5, 6 y el proyecto Bonus Sardo — Vacanza.

23

3.   LIQUIDACIÓN DEL BENEFICIARIO Y FALTA DE CONTINUIDAD ECONÓMICA

LIQUIDACIÓN DEL BENEFICIARIO Y FALTA DE CONTINUIDAD ECONÓMICA

| (30) | La Comisión recuerda que el sistema de control ex ante de las nuevas medidas de ayuda por parte de la Comisión, previsto en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, tiene por objeto evitar la concesión de ayudas incompatibles con el mercado interior (24). Por lo que se refiere a la recuperación de una ayuda incompatible, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia, la facultad de la Comisión de ordenar a los Estados miembros que recuperen las ayudas que considera incompatibles con el mercado interior se dirige a eliminar el falseamiento de la competencia causado por la ventaja competitiva de la que el beneficiario de esas ayudas ha disfrutado, restableciendo así la situación anterior al pago de esas ayudas (25). Si una empresa no puede devolver la ayuda, para proceder a su recuperación el Estado miembro debe prever la liquidación de dicha empresa (26) y, por tanto, el cese de sus actividades y la venta de sus activos en condiciones de mercado. |
| --- | --- |

(30)

La Comisión recuerda que el sistema de control ex ante de las nuevas medidas de ayuda por parte de la Comisión, previsto en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, tiene por objeto evitar la concesión de ayudas incompatibles con el mercado interior (24). Por lo que se refiere a la recuperación de una ayuda incompatible, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia, la facultad de la Comisión de ordenar a los Estados miembros que recuperen las ayudas que considera incompatibles con el mercado interior se dirige a eliminar el falseamiento de la competencia causado por la ventaja competitiva de la que el beneficiario de esas ayudas ha disfrutado, restableciendo así la situación anterior al pago de esas ayudas (25). Si una empresa no puede devolver la ayuda, para proceder a su recuperación el Estado miembro debe prever la liquidación de dicha empresa (26) y, por tanto, el cese de sus actividades y la venta de sus activos en condiciones de mercado.

ex ante

24

25

26

| (31) | En otras palabras, el principal objetivo del sistema de control de las ayudas estatales es evitar la concesión de ayudas estatales incompatibles. Por consiguiente, si la competencia en el mercado interior se ve falseada por la concesión de ayudas estatales ilegales e incompatibles, debe garantizarse que se restablezca la situación anterior a dicho falseamiento de la competencia, en caso necesario, mediante la liquidación del beneficiario. |
| --- | --- |

(31)

En otras palabras, el principal objetivo del sistema de control de las ayudas estatales es evitar la concesión de ayudas estatales incompatibles. Por consiguiente, si la competencia en el mercado interior se ve falseada por la concesión de ayudas estatales ilegales e incompatibles, debe garantizarse que se restablezca la situación anterior a dicho falseamiento de la competencia, en caso necesario, mediante la liquidación del beneficiario.

| (32) | A este respecto, la Comisión observa que las medidas pendientes mencionadas en los considerandos 28 y 29 se refieren a Saremar, actualmente en liquidación (medidas 1 y Bonus Sardo-Vacanza), o a los sucesores de Saremar tras su privatización (medidas 3 y 4), o a ambos (medidas 5 y 6). No obstante, la privatización de Saremar no se produjo según lo descrito y evaluado previamente en los considerandos 149 y 150, 238 — 246 y 305 y 306 de la Decisión de 2012. Saremar fue liquidada y sus activos y la atribución del servicio público fueron objeto de dos procedimientos distintos. |
| --- | --- |

(32)

A este respecto, la Comisión observa que las medidas pendientes mencionadas en los considerandos 28 y 29 se refieren a Saremar, actualmente en liquidación (medidas 1 y Bonus Sardo-Vacanza), o a los sucesores de Saremar tras su privatización (medidas 3 y 4), o a ambos (medidas 5 y 6). No obstante, la privatización de Saremar no se produjo según lo descrito y evaluado previamente en los considerandos 149 y 150, 238 — 246 y 305 y 306 de la Decisión de 2012. Saremar fue liquidada y sus activos y la atribución del servicio público fueron objeto de dos procedimientos distintos.

| (33) | Según el Derecho italiano (27), una vez que una sociedad se encuentra en liquidación, se ceden sus activos y el producto de la venta se transfiere a los acreedores, según el orden de prelación de sus créditos en la masa pasiva. A este respecto, la Comisión debe determinar en primer lugar si sigue siendo útil proseguir con la investigación contra Saremar y, en caso de no serlo, si puede existir continuidad económica entre Saremar y otras empresas, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. |
| --- | --- |

(33)

Según el Derecho italiano (27), una vez que una sociedad se encuentra en liquidación, se ceden sus activos y el producto de la venta se transfiere a los acreedores, según el orden de prelación de sus créditos en la masa pasiva. A este respecto, la Comisión debe determinar en primer lugar si sigue siendo útil proseguir con la investigación contra Saremar y, en caso de no serlo, si puede existir continuidad económica entre Saremar y otras empresas, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

27

| (34) | Por lo que se refiere a Saremar, la Comisión señala, en primer lugar, que el 15 de enero de 2015, a raíz de la Decisión de 2014, se admitió a Saremar al convenio de acreedores y se nombró un liquidador. Con arreglo al Derecho italiano, este procedimiento tiene normalmente por objeto garantizar la continuidad de las actividades comerciales. No obstante, la Comisión señala que, en el caso de autos, se admitió a la empresa al convenio de acreedores con enajenación de los activos, es decir, a un procedimiento de liquidación acordado con los acreedores para la venta de los activos de la sociedad y el cese de sus actividades, que solo prevé la continuación de dichas actividades durante un período limitado. Este procedimiento es supervisado por un juez, que debe validar el acuerdo entre los acreedores. En el asunto, la Comisión observa que el 22 de julio de 2015 el Tribunal de Cagliari validó el acuerdo entre los acreedores de Saremar, que preveía la continuación de las actividades hasta el 31 de diciembre de 2015 (véase el considerando 27). Por tanto, la Comisión considera que el procedimiento elegido ya implicaba que, al final del mismo, Saremar habría abandonado el mercado. |
| --- | --- |

(34)

Por lo que se refiere a Saremar, la Comisión señala, en primer lugar, que el 15 de enero de 2015, a raíz de la Decisión de 2014, se admitió a Saremar al convenio de acreedores y se nombró un liquidador. Con arreglo al Derecho italiano, este procedimiento tiene normalmente por objeto garantizar la continuidad de las actividades comerciales. No obstante, la Comisión señala que, en el caso de autos, se admitió a la empresa al convenio de acreedores con enajenación de los activos, es decir, a un procedimiento de liquidación acordado con los acreedores para la venta de los activos de la sociedad y el cese de sus actividades, que solo prevé la continuación de dichas actividades durante un período limitado. Este procedimiento es supervisado por un juez, que debe validar el acuerdo entre los acreedores. En el asunto, la Comisión observa que el 22 de julio de 2015 el Tribunal de Cagliari validó el acuerdo entre los acreedores de Saremar, que preveía la continuación de las actividades hasta el 31 de diciembre de 2015 (véase el considerando 27). Por tanto, la Comisión considera que el procedimiento elegido ya implicaba que, al final del mismo, Saremar habría abandonado el mercado.

| (35) | De hecho, la Comisión señala que Saremar cesó toda actividad económica el 31 de marzo de 2016 (véase el considerando 27), incluidos los servicios de transbordador en las rutas explotadas sobre la base de un contrato de servicio público. Desde entonces, el contrato de servicio público se ha confiado a Delcomar y, paralelamente, sus buques han sido vendidos a Delcoservizi. Tras la venta de los activos de Saremar, el 22 de abril de 2016, el Consejo Regional de Cerdeña ordenó la liquidación de la sociedad mediante la Resolución n.o 24/23. |
| --- | --- |

(35)

De hecho, la Comisión señala que Saremar cesó toda actividad económica el 31 de marzo de 2016 (véase el considerando 27), incluidos los servicios de transbordador en las rutas explotadas sobre la base de un contrato de servicio público. Desde entonces, el contrato de servicio público se ha confiado a Delcomar y, paralelamente, sus buques han sido vendidos a Delcoservizi. Tras la venta de los activos de Saremar, el 22 de abril de 2016, el Consejo Regional de Cerdeña ordenó la liquidación de la sociedad mediante la Resolución n.o 24/23.

o

| (36) | Por otra parte, Italia ha aplicado correctamente la Decisión de 2014, aunque con cierto retraso. La solicitud de devolución de la ayuda estatal de 10 824 309,69 EUR, junto con los intereses de recuperación, se inscribió debidamente en la masa pasiva de la empresa. De este importe, Italia solo pudo recuperar unos 4,4 millones EUR después de la venta de los activos de Saremar. No obstante, dado que el procedimiento de insolvencia de Saremar la llevó a su liquidación y la empresa ya no tiene ninguna actividad (28), la Comisión concluyó provisionalmente el procedimiento de recuperación mediante carta a Italia de 13 de septiembre de 2017. |
| --- | --- |

(36)

Por otra parte, Italia ha aplicado correctamente la Decisión de 2014, aunque con cierto retraso. La solicitud de devolución de la ayuda estatal de 10 824 309,69 EUR, junto con los intereses de recuperación, se inscribió debidamente en la masa pasiva de la empresa. De este importe, Italia solo pudo recuperar unos 4,4 millones EUR después de la venta de los activos de Saremar. No obstante, dado que el procedimiento de insolvencia de Saremar la llevó a su liquidación y la empresa ya no tiene ninguna actividad (28), la Comisión concluyó provisionalmente el procedimiento de recuperación mediante carta a Italia de 13 de septiembre de 2017.

28

| (37) | Sobre la base de lo anterior, la Comisión observa que Saremar no ejerce ninguna actividad económica desde hace más de cinco años, que sus activos han sido vendidos y su personal ha sido despedido y que será suprimida del registro mercantil una vez concluido el procedimiento de liquidación. Cualquier posible falseamiento de la competencia o efecto sobre el comercio de las medidas mencionadas en los considerandos 28 y 29 finalizó cuando Saremar cesó su actividad. Por otra parte, la solicitud de recuperación de la Decisión de 2014 solo se satisfizo parcialmente (alrededor del 40 % del importe adeudado; véanse los considerandos 27 y 36). |
| --- | --- |

(37)

Sobre la base de lo anterior, la Comisión observa que Saremar no ejerce ninguna actividad económica desde hace más de cinco años, que sus activos han sido vendidos y su personal ha sido despedido y que será suprimida del registro mercantil una vez concluido el procedimiento de liquidación. Cualquier posible falseamiento de la competencia o efecto sobre el comercio de las medidas mencionadas en los considerandos 28 y 29 finalizó cuando Saremar cesó su actividad. Por otra parte, la solicitud de recuperación de la Decisión de 2014 solo se satisfizo parcialmente (alrededor del 40 % del importe adeudado; véanse los considerandos 27 y 36).

| (38) | A este respecto, la Comisión observa que ya se han cumplido los objetivos mencionados de control y recuperación de las ayudas estatales: se evita la concesión de ayudas estatales incompatibles y se garantiza el restablecimiento de la situación anterior al falseamiento de la competencia causado por las ayudas estatales incompatibles con el mercado interior. De hecho, Saremar ha dejado de ser un operador económico en el mercado y ya está en liquidación y los créditos relativos a las ayudas estatales se han satisfecho tras la venta de los bienes de la empresa, aunque solo en parte por falta de fondos. Por tanto, no procede continuar la investigación contra Saremar. |
| --- | --- |

(38)

A este respecto, la Comisión observa que ya se han cumplido los objetivos mencionados de control y recuperación de las ayudas estatales: se evita la concesión de ayudas estatales incompatibles y se garantiza el restablecimiento de la situación anterior al falseamiento de la competencia causado por las ayudas estatales incompatibles con el mercado interior. De hecho, Saremar ha dejado de ser un operador económico en el mercado y ya está en liquidación y los créditos relativos a las ayudas estatales se han satisfecho tras la venta de los bienes de la empresa, aunque solo en parte por falta de fondos. Por tanto, no procede continuar la investigación contra Saremar.

| (39) | Por lo que respecta a la cuestión de la posible continuidad económica entre Saremar y sus sucesores, según la jurisprudencia, pueden valorarse los siguientes factores: el objeto de la transferencia (activos y pasivos, continuidad de la mano de obra, ventas agregadas de los activos), el precio de la transferencia, la identidad de los propietarios de la empresa compradora y de la originaria, el momento en que se realizó la transferencia (después de que se iniciasen las investigaciones, la incoación del procedimiento o la Decisión final) y la lógica económica de la operación (29). |
| --- | --- |

(39)

Por lo que respecta a la cuestión de la posible continuidad económica entre Saremar y sus sucesores, según la jurisprudencia, pueden valorarse los siguientes factores: el objeto de la transferencia (activos y pasivos, continuidad de la mano de obra, ventas agregadas de los activos), el precio de la transferencia, la identidad de los propietarios de la empresa compradora y de la originaria, el momento en que se realizó la transferencia (después de que se iniciasen las investigaciones, la incoación del procedimiento o la Decisión final) y la lógica económica de la operación (29).

29

| (40) | A este respecto, la Comisión observa que, en el contexto del procedimiento de recuperación para la aplicación de la Decisión de 2014, ya ha evaluado si la obligación de reembolsar las ayudas concedidas a Saremar debería haberse hecho extensiva a otras empresas a las que podrían haberse transferido los activos o actividades del beneficiario. De hecho, en el marco de este procedimiento de recuperación, la Comisión admitió que la obligación de recuperación se dirigiría exclusivamente a Saremar, excluyendo la existencia de una continuidad económica con Delcomar o Delcoservizi (conjuntamente, los «sucesores»), por los siguientes motivos:






  a) | la prestación de servicios de transbordador en las rutas en virtud de un contrato de servicio público y la asignación de los buques se llevó a cabo mediante dos procedimientos de licitación independientes, transparentes, públicos y no discriminatorios; |
| --- | --- | --- |

(40)

A este respecto, la Comisión observa que, en el contexto del procedimiento de recuperación para la aplicación de la Decisión de 2014, ya ha evaluado si la obligación de reembolsar las ayudas concedidas a Saremar debería haberse hecho extensiva a otras empresas a las que podrían haberse transferido los activos o actividades del beneficiario. De hecho, en el marco de este procedimiento de recuperación, la Comisión admitió que la obligación de recuperación se dirigiría exclusivamente a Saremar, excluyendo la existencia de una continuidad económica con Delcomar o Delcoservizi (conjuntamente, los «sucesores»), por los siguientes motivos:

a)

la prestación de servicios de transbordador en las rutas en virtud de un contrato de servicio público y la asignación de los buques se llevó a cabo mediante dos procedimientos de licitación independientes, transparentes, públicos y no discriminatorios;

| b) | los trabajadores de Saremar fueron despedidos y solo parcialmente readmitidos por los sucesores (30); |
| --- | --- |

b)

los trabajadores de Saremar fueron despedidos y solo parcialmente readmitidos por los sucesores (30);

30

| c) | los sucesores son operadores privados, mientras que Saremar es propiedad al 100 % de la Región de Cerdeña; por consiguiente, no pudo establecerse ninguna relación entre el vendedor y el comprador de los bienes; |
| --- | --- |

c)

los sucesores son operadores privados, mientras que Saremar es propiedad al 100 % de la Región de Cerdeña; por consiguiente, no pudo establecerse ninguna relación entre el vendedor y el comprador de los bienes;

| d) | las decisiones de inversión o de oferta adoptadas por los sucesores son decisiones de mercado. |
| --- | --- |

d)

las decisiones de inversión o de oferta adoptadas por los sucesores son decisiones de mercado.

| (41) | Desde el cierre provisional del procedimiento de recuperación, la Comisión no ha recibido ninguna información que la induzca a modificar su posición a este respecto. Por lo tanto, sobre la base de la información disponible, puede descartarse la continuidad económica entre Saremar y Delcomar o Delcoservizi, o ambos. La Comisión seguirá supervisando la liquidación de Saremar hasta su supresión del registro mercantil, lo que permitirá el cierre definitivo del procedimiento de recuperación de la Decisión de 2014 (31). |
| --- | --- |

(41)

Desde el cierre provisional del procedimiento de recuperación, la Comisión no ha recibido ninguna información que la induzca a modificar su posición a este respecto. Por lo tanto, sobre la base de la información disponible, puede descartarse la continuidad económica entre Saremar y Delcomar o Delcoservizi, o ambos. La Comisión seguirá supervisando la liquidación de Saremar hasta su supresión del registro mercantil, lo que permitirá el cierre definitivo del procedimiento de recuperación de la Decisión de 2014 (31).

31

| (42) | A este respecto, habida cuenta de la liquidación de Saremar y de que no existe continuidad económica con sus sucesores, el procedimiento de investigación formal de las medidas aún pendientes en favor de Saremar o de sus sucesores, incoado con arreglo al artículo 108, apartado 2, párrafo primero, del TFUE, carece de objeto. |
| --- | --- |

(42)

A este respecto, habida cuenta de la liquidación de Saremar y de que no existe continuidad económica con sus sucesores, el procedimiento de investigación formal de las medidas aún pendientes en favor de Saremar o de sus sucesores, incoado con arreglo al artículo 108, apartado 2, párrafo primero, del TFUE, carece de objeto.

| (43) | La presente Decisión no contempla ni afecta a las demás cuestiones objeto de las Decisiones de 2011 y 2012 (32) o puestas en conocimiento de la Comisión por las partes interesadas en el transcurso de la investigación incoada en el sentido de dichas Decisiones. |
| --- | --- |

(43)

La presente Decisión no contempla ni afecta a las demás cuestiones objeto de las Decisiones de 2011 y 2012 (32) o puestas en conocimiento de la Comisión por las partes interesadas en el transcurso de la investigación incoada en el sentido de dichas Decisiones.

32

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Se da por concluido el procedimiento incoado el 5 de octubre de 2011 con arreglo al artículo 108, apartado 2, párrafo primero, del TFUE y prorrogado el 19 de diciembre de 2012 contra Saremar y sus sucesores.

Artículo 2

El destinatario de la presente Decisión será la República Italiana.

Hecho en Bruselas, el 30 de septiembre de 2021.

Por la Comisión

Margrethe VESTAGER

Miembro de la Comisión

---

(1)  
  DO C 28 de 1.2.2012, p. 18, y DO C 84 de 22.3.2013, p. 58.

1

(2)  
  DO C 306 de 23.10.1999, p. 2. El antiguo grupo Tirrenia estaba compuesto por las empresas Tirrenia di Navigazione S.p.A., Adriatica S.p.A., Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.A., Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.A., Siremar – Sicilia Regionale Marittima S.p.A., y Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.A.

2

(3)  Decisión 2001/851/CE de la Comisión, de 21 de junio de 2001, relativa a la ayuda estatal concedida por Italia en favor de la compañía marítima Tirrenia di Navigazione (DO L 318 de 4.12.2001, p. 9).

3

(4)  Decisión 2005/163/CE de la Comisión, de 16 de marzo de 2004, relativa a las ayudas estatales otorgadas por Italia a las compañías marítimas Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar y Toremar (Grupo Tirrenia) (DO L 53 de 26.2.2005, p. 29).

4

(5)  En concreto: Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar y Toremar.

5

(6)  Asuntos acumulados T-265/04, T-292/04 y T-504/04, Tirrenia di Navigazione/Comisión, ECLI:EU:T:2009:48.

6

(7)  
  DO C 28 de 1.2.2012, p. 18.

7

(8)  Todas las modificaciones hacían referencia a medidas en favor de Saremar.

8

(9)  
  DO C 84 de 22.3.2013, p. 58.

9

(10)  Decisión (UE) 2018/261 de la Comisión, de 22 de enero de 2014, relativa a las medidas de ayuda SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C) y SA.32016 (2011/C) ejecutadas por la Región de Cerdeña en favor de Saremar (DO L 49 de 22.2.2018, p. 22).

10

(11)  Asunto T-219/14, Regione autonoma della Sardegna/Comisión, EU:T:2017:266.

11

(12)  Asunto T-220/14, Saremar/Comisión, ECLI:EU:T:2017:267.

12

(13)  Decisión (UE) 2020/1411 de la Comisión de 2 de marzo de 2020 sobre la ayuda estatal C 64/99 (ex NN 68/99) ejecutada por Italia en favor de las compañías marítimas Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar y Toremar (grupo Tirrenia) (DO L 332 de 12.10.2020, p. 1).

13

(14)  Comunicación de la Comisión: Marco de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (DO C 8 de 11.1.2012, p. 15).

14

(15)  Decisión (UE) 2020/1412 de la Comisión, de 2 de marzo de 2020, sobre las medidas SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) aplicadas por Italia en favor de Tirrenia di Navigazione y su adquirente Compagnia Italiana di Navigazione (DO L 332 de 12.10.2020, p. 45).

15

(16)  Pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

16

Diario Oficial de la Unión Europea

(17)  Pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

17

Diario Oficial de la Unión Europea

(18)  Fintecna pertenece en su totalidad al Ministerio italiano de Economía y Hacienda y está especializada en la gestión de participaciones y procesos de privatización así como en la racionalización y reestructuración de sociedades que atraviesan dificultades de índole industrial, financiera u organizativa.

18

(19)  Esta transferencia se formalizó el 1 de junio de 2011.

19

(20)  Artículo 19 ter, apartado 10, del Decreto-ley 135/2009.

20

ter

(21)  Véanse los puntos 130 y 133 de la Comunicación de la Comisión relativa a la recuperación de las ayudas estatales ilegales e incompatibles (DO C 247 de 23.7.2019, p. 1).

21

(22)  Esto incluye el pago aplazado por CIN de parte del precio de compra por su adquisición del sector de empresa de Tirrenia y varias supuestas medidas de ayuda adicionales en el contexto de la privatización del sector de empresa de Siremar (por ejemplo, la contragarantía y el aumento de capital por parte del Estado en favor de CdI).

22

(23)  La Decisión de 2014 indicaba que este proyecto se evaluaría en una Decisión aparte.

23

(24)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, apartado 19.

24

(25)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de diciembre de 2012, Comisión/España («Magefesa II»), C-610/10, ECLI:EU:C:2012:781, apartado 105.

25

(26)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 2018, Comisión/Grecia («United Textiles»), C-363/16, ECLI:EU:C:2018:12, apartado 36.

26

(27)  Real Decreto n.o 267, de 16 de marzo de 1942, en su versión modificada (también conocido como Ley Concursal).

27

o

(28)  Véase el punto 129 de la Comunicación de la Comisión relativa a la recuperación de las ayudas estatales ilegales e incompatibles (DO C 247 de 23.7.2019, p. 1).

28

(29)  Sentencia de 24 de septiembre de 2019, Fortischem/Comisión, T-121/15, EU:T:2019:684, apartado 208.

29

(30)  Según la información de que dispone la Comisión, Delcomar readmitió a menos del 20 % de los trabajadores de Saremar.

30

(31)  Véanse los puntos 136 a 140 de la Comunicación de la Comisión relativa a la recuperación de las ayudas estatales ilegales e incompatibles (DO C 247 de 23.7.2019, p. 1).

31

(32)  Véanse los considerandos (6) y (8) de la presente Decisión.

32

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| 17.5.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 138/27 |
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17.5.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 138/27

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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2022/757 DE LA COMISIÓN

de 11 de mayo de 2022

por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1182 por lo que respecta a las normas armonizadas para los sistemas de gestión de la calidad, la esterilización y la aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.o 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y en particular su artículo 10, apartado 6,

Considerando lo siguiente:

| (1) | De conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), debe considerarse que los productos conformes a las correspondientes normas armonizadas, o a partes pertinentes de dichas normas, cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea cumplen los requisitos de dicho Reglamento que tales normas o partes de ellas regulan. |
| --- | --- |

(1)

De conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), debe considerarse que los productos conformes a las correspondientes normas armonizadas, o a partes pertinentes de dichas normas, cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea cumplen los requisitos de dicho Reglamento que tales normas o partes de ellas regulan.

| (2) | El Reglamento (UE) 2017/745 sustituyó a las Directivas 90/385/CEE (3) y 93/42/CEE (4) del Consejo a partir del 26 de mayo de 2021. |
| --- | --- |

(2)

El Reglamento (UE) 2017/745 sustituyó a las Directivas 90/385/CEE (3) y 93/42/CEE (4) del Consejo a partir del 26 de mayo de 2021.

| (3) | Mediante la Decisión de Ejecución C(2021) 2406 (5), la Comisión solicitó al Comité Europeo de Normalización (CEN) y al Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) que revisaran las normas armonizadas vigentes sobre productos sanitarios elaboradas en apoyo de las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE y que elaborasen nuevas normas armonizadas en apoyo del Reglamento (UE) 2017/745. |
| --- | --- |

(3)

Mediante la Decisión de Ejecución C(2021) 2406 (5), la Comisión solicitó al Comité Europeo de Normalización (CEN) y al Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) que revisaran las normas armonizadas vigentes sobre productos sanitarios elaboradas en apoyo de las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE y que elaborasen nuevas normas armonizadas en apoyo del Reglamento (UE) 2017/745.

| (4) | Con arreglo a la solicitud formulada en la Decisión de Ejecución C(2021) 2406, el CEN y el Cenelec revisaron las normas armonizadas EN 285:2015 y EN ISO 14971:2019, cuyas referencias no están publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, a fin de tener en cuenta los últimos avances técnicos y científicos y de adaptarlas a los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745. Esto dio lugar a la adopción de la norma armonizada revisada EN 285:2015 + A1:2021, sobre esterilización, y de la modificación EN ISO 14971:2019/A11:2021 de la norma armonizada EN ISO 14971:2019, sobre la aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios. |
| --- | --- |

(4)

Con arreglo a la solicitud formulada en la Decisión de Ejecución C(2021) 2406, el CEN y el Cenelec revisaron las normas armonizadas EN 285:2015 y EN ISO 14971:2019, cuyas referencias no están publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, a fin de tener en cuenta los últimos avances técnicos y científicos y de adaptarlas a los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745. Esto dio lugar a la adopción de la norma armonizada revisada EN 285:2015 + A1:2021, sobre esterilización, y de la modificación EN ISO 14971:2019/A11:2021 de la norma armonizada EN ISO 14971:2019, sobre la aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios.

| (5) | La Comisión, junto con el CEN y el Cenelec, ha evaluado si las normas armonizadas EN 285:2015+A1:2021 y EN ISO 14971:2019, modificada por EN ISO 14971:2019/A11:2021, se ajustan a la solicitud formulada en la Decisión de Ejecución C(2021) 2406. |
| --- | --- |

(5)

La Comisión, junto con el CEN y el Cenelec, ha evaluado si las normas armonizadas EN 285:2015+A1:2021 y EN ISO 14971:2019, modificada por EN ISO 14971:2019/A11:2021, se ajustan a la solicitud formulada en la Decisión de Ejecución C(2021) 2406.

| (6) | Las normas armonizadas EN 285:2015+A1:2021 y EN ISO 14971:2019, modificada por EN ISO 14971:2019/A11:2021, se ajustan a los requisitos que pretenden cumplir y que se establecen en el Reglamento (UE) 2017/745. Procede, por tanto, publicar las referencias de las normas armonizadas EN 285:2015+A1:2021 y EN ISO 14971:2019 y de la modificación de esta en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
| --- | --- |

(6)

Las normas armonizadas EN 285:2015+A1:2021 y EN ISO 14971:2019, modificada por EN ISO 14971:2019/A11:2021, se ajustan a los requisitos que pretenden cumplir y que se establecen en el Reglamento (UE) 2017/745. Procede, por tanto, publicar las referencias de las normas armonizadas EN 285:2015+A1:2021 y EN ISO 14971:2019 y de la modificación de esta en el Diario Oficial de la Unión Europea.

| (7) | En el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1182 de la Comisión (6) figuran las referencias de las normas armonizadas elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 2017/745. |
| --- | --- |

(7)

En el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1182 de la Comisión (6) figuran las referencias de las normas armonizadas elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 2017/745.

| (8) | A fin de garantizar que las referencias de las normas armonizadas elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 2017/745 figuran en un único acto, las referencias de las normas armonizadas EN 285:2015+A1:2021 y EN ISO 14971:2019 y de la modificación de esta deben incluirse en la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1182. |
| --- | --- |

(8)

A fin de garantizar que las referencias de las normas armonizadas elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 2017/745 figuran en un único acto, las referencias de las normas armonizadas EN 285:2015+A1:2021 y EN ISO 14971:2019 y de la modificación de esta deben incluirse en la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1182.

| (9) | Las referencias de la norma armonizada EN ISO 13485:2016, sobre sistemas de gestión de la calidad, y de su modificación EN ISO 13485:2016/A11:2021 se publican en la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1182. Sin embargo, esa publicación no incluye la referencia de la corrección de errores de esa norma, EN ISO 13485:2016/AC:2018. La corrección de errores corrige únicamente aspectos formales del prólogo europeo y de los anexos informativos, sin afectar al contenido de la norma armonizada. La norma armonizada EN ISO 13485:2016, modificada por EN ISO 13485:2016/A11:2021 y corregida por EN ISO 13485:2016/AC:2018, se ajusta a los requisitos que pretende cumplir y que se establecen en el Reglamento (UE) 2017/745. A fin de garantizar que las correcciones efectuadas por la norma EN ISO 13485:2016/AC:2018 se aplican a efectos de la presunción de conformidad con los requisitos pertinentes del Reglamento (UE) 2017/745 es necesario incluir la referencia de esa corrección de errores en la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1182. Por razones de seguridad jurídica, la referencia de la corrección de errores EN ISO 13485:2016/AC:2018 debe publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea con efecto retroactivo. |
| --- | --- |

(9)

Las referencias de la norma armonizada EN ISO 13485:2016, sobre sistemas de gestión de la calidad, y de su modificación EN ISO 13485:2016/A11:2021 se publican en la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1182. Sin embargo, esa publicación no incluye la referencia de la corrección de errores de esa norma, EN ISO 13485:2016/AC:2018. La corrección de errores corrige únicamente aspectos formales del prólogo europeo y de los anexos informativos, sin afectar al contenido de la norma armonizada. La norma armonizada EN ISO 13485:2016, modificada por EN ISO 13485:2016/A11:2021 y corregida por EN ISO 13485:2016/AC:2018, se ajusta a los requisitos que pretende cumplir y que se establecen en el Reglamento (UE) 2017/745. A fin de garantizar que las correcciones efectuadas por la norma EN ISO 13485:2016/AC:2018 se aplican a efectos de la presunción de conformidad con los requisitos pertinentes del Reglamento (UE) 2017/745 es necesario incluir la referencia de esa corrección de errores en la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1182. Por razones de seguridad jurídica, la referencia de la corrección de errores EN ISO 13485:2016/AC:2018 debe publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea con efecto retroactivo.

| (10) | Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1182 en consecuencia. |
| --- | --- |

(10)

Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1182 en consecuencia.

| (11) | La conformidad con una norma armonizada confiere la presunción de conformidad con los requisitos esenciales correspondientes establecidos en la legislación de armonización de la Unión a partir de la fecha de publicación de la referencia de esa norma en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por consiguiente, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su publicación. |
| --- | --- |

(11)

La conformidad con una norma armonizada confiere la presunción de conformidad con los requisitos esenciales correspondientes establecidos en la legislación de armonización de la Unión a partir de la fecha de publicación de la referencia de esa norma en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por consiguiente, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su publicación.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1182 se modifica de conformidad con el anexo de la presente Decisión.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El punto 1 del anexo será aplicable a partir del 5 de enero de 2022.

Hecho en Bruselas, el 11 de mayo de 2022.

Por la Comisión

La Presidenta

Ursula VON DER LEYEN

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(1)  
  DO L 316 de 14.11.2012, p. 12.

1

(2)  Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.o 178/2002 y el Reglamento (CE) n.o 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (DO L 117 de 5.5.2017, p. 1).

2

o

o

(3)  Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los productos sanitarios implantables activos (DO L 189 de 20.7.1990, p. 17).

3

(4)  Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (DO L 169 de 12.7.1993, p. 1).

4

(5)  Decisión de Ejecución C(2021) 2406 de la Comisión, de 14 de abril de 2021, relativa a una solicitud de normalización al Comité Europeo de Normalización y al Comité Europeo de Normalización Electrotécnica por lo que respecta a los productos sanitarios en apoyo del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo y a los productos sanitarios para diagnóstico in vitro, en apoyo del Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo.

5

in vitro

(6)  Decisión de Ejecución (UE) 2021/1182 de la Comisión, de 16 de julio de 2021, relativa a las normas armonizadas sobre productos sanitarios elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 256 de 19.7.2021, p. 100).

6

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ANEXO

El anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1182 se modifica como sigue:

| 1) | La entrada 10 se sustituye por el texto siguiente:






  N.o | Referencia de la norma |
| --- | --- | --- |
| «10. | EN ISO 13485:2016
  Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios. (ISO 13485:2016).
  EN ISO 13485:2016/AC:2018
  EN ISO 13485:2016/A11:2021». |

1)

La entrada 10 se sustituye por el texto siguiente:

N.o

Referencia de la norma

«10.

EN ISO 13485:2016

Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios. (ISO 13485:2016).

EN ISO 13485:2016/AC:2018

EN ISO 13485:2016/A11:2021».

| 2) | Se añaden las entradas siguientes:






  N.o | Referencia de la norma |
| --- | --- | --- |
| «15. | EN 285:2015+A1:2021
  Esterilización. Esterilizadores de vapor. Esterilizadores grandes. |
| 16. | EN ISO 14971:2019
  Dispositivos médicos/productos sanitarios (MD). Aplicación de la gestión de riesgos a los MD. (ISO 14971:2019).
  EN ISO 14971:2019/A11:2021». |

2)

Se añaden las entradas siguientes:

N.o

Referencia de la norma

«15.

EN 285:2015+A1:2021

Esterilización. Esterilizadores de vapor. Esterilizadores grandes.

16.

EN ISO 14971:2019

Dispositivos médicos/productos sanitarios (MD). Aplicación de la gestión de riesgos a los MD. (ISO 14971:2019).

EN ISO 14971:2019/A11:2021».

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RECOMENDACIONES

| 17.5.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 138/30 |
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17.5.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 138/30

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RECOMENDACIÓN (UE) 2022/758 DE LA COMISIÓN

de 27 de abril de 2022

sobre la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos que participan en la esfera pública frente a procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos («demandas estratégicas contra la participación pública»)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 292,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece que «la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías». |
| --- | --- |

(1)

El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece que «la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías».

| (2) | El artículo 10, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea establece que todo ciudadano de la Unión tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») establece, entre otras cosas, los derechos al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7), a la protección de datos de carácter personal (artículo 8), a la libertad de expresión y de información, que incluye el respeto de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación (artículo 11), así como a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47). |
| --- | --- |

(2)

El artículo 10, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea establece que todo ciudadano de la Unión tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») establece, entre otras cosas, los derechos al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7), a la protección de datos de carácter personal (artículo 8), a la libertad de expresión y de información, que incluye el respeto de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación (artículo 11), así como a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47).

| (3) | El derecho a la libertad de expresión y de información consagrado en el artículo 11 de la Carta comprende el derecho a la libertad de opinión y de recibir o comunicar informaciones e ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Si bien no se trata de un derecho absoluto, solo podrán introducirse limitaciones en él cuando estén establecidas por ley, respeten el contenido esencial de dicho derecho, sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás (artículo 52, apartado 1, de la Carta). |
| --- | --- |

(3)

El derecho a la libertad de expresión y de información consagrado en el artículo 11 de la Carta comprende el derecho a la libertad de opinión y de recibir o comunicar informaciones e ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Si bien no se trata de un derecho absoluto, solo podrán introducirse limitaciones en él cuando estén establecidas por ley, respeten el contenido esencial de dicho derecho, sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás (artículo 52, apartado 1, de la Carta).

| (4) | De conformidad con el artículo 52, apartado 3, de la Carta y con las explicaciones sobre la Carta, debe conferirse al artículo 11 de la Carta el significado y alcance del artículo 10, relativo a la libertad de expresión y de información, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos protege la libertad de expresión y de información. Dentro del ámbito de aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, cualquier restricción debe estar prevista por la ley, ser necesaria en una sociedad democrática y realizarse con el fin de alcanzar los objetivos legítimos enunciados en el artículo 10, apartado 2, del Convenio Europeo de Derechos Humanos. |
| --- | --- |

(4)

De conformidad con el artículo 52, apartado 3, de la Carta y con las explicaciones sobre la Carta, debe conferirse al artículo 11 de la Carta el significado y alcance del artículo 10, relativo a la libertad de expresión y de información, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos protege la libertad de expresión y de información. Dentro del ámbito de aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, cualquier restricción debe estar prevista por la ley, ser necesaria en una sociedad democrática y realizarse con el fin de alcanzar los objetivos legítimos enunciados en el artículo 10, apartado 2, del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

| (5) | El Convenio Europeo de Derechos Humanos también impone a los Estados contratantes la obligación positiva de salvaguardar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y de crear un entorno favorable para la participación en el debate público (1). La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos especifica además que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y es válida no solo para la información o las ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población (2). Asimismo, ha aclarado que «en una sociedad democrática, incluso los grupos de campaña pequeños e informales [...] deben poder llevar a cabo sus actividades de manera eficaz y que existe un gran interés público en que los grupos y personas ajenos a la corriente general puedan contribuir al debate público difundiendo información e ideas sobre cuestiones de interés público general» (3). |
| --- | --- |

(5)

El Convenio Europeo de Derechos Humanos también impone a los Estados contratantes la obligación positiva de salvaguardar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y de crear un entorno favorable para la participación en el debate público (1). La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos especifica además que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y es válida no solo para la información o las ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población (2). Asimismo, ha aclarado que «en una sociedad democrática, incluso los grupos de campaña pequeños e informales [...] deben poder llevar a cabo sus actividades de manera eficaz y que existe un gran interés público en que los grupos y personas ajenos a la corriente general puedan contribuir al debate público difundiendo información e ideas sobre cuestiones de interés público general» (3).

| (6) | Los periodistas desempeñan una importante función a la hora de facilitar el debate público y de transmitir y recibir información, opiniones e ideas (4). Es esencial que dispongan del espacio necesario para contribuir a un debate abierto, libre y justo y puedan luchar contra la desinformación y otras injerencias con fines de manipulación, también de actores de terceros países. Los periodistas deben poder ejercer su labor de manera eficaz para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a una pluralidad de opiniones en las democracias europeas. |
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(6)

Los periodistas desempeñan una importante función a la hora de facilitar el debate público y de transmitir y recibir información, opiniones e ideas (4). Es esencial que dispongan del espacio necesario para contribuir a un debate abierto, libre y justo y puedan luchar contra la desinformación y otras injerencias con fines de manipulación, también de actores de terceros países. Los periodistas deben poder ejercer su labor de manera eficaz para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a una pluralidad de opiniones en las democracias europeas.

| (7) | Los defensores de los derechos humanos también desempeñan un papel esencial en las democracias europeas, especialmente en la defensa de los derechos fundamentales, los valores democráticos, la inclusión social, la protección del medio ambiente y el Estado de Derecho. Deben poder participar activamente en la vida pública y expresar sus opiniones sobre cuestiones políticas y en los procesos de toma de decisiones sin temor a la intimidación. Los defensores de los derechos humanos son personas u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos fundamentales y otros derechos, incluidos los derechos medioambientales y climáticos, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGBTIQ, los derechos de las personas pertenecientes a una minoría étnica o racial, los derechos laborales o las libertades religiosas. |
| --- | --- |

(7)

Los defensores de los derechos humanos también desempeñan un papel esencial en las democracias europeas, especialmente en la defensa de los derechos fundamentales, los valores democráticos, la inclusión social, la protección del medio ambiente y el Estado de Derecho. Deben poder participar activamente en la vida pública y expresar sus opiniones sobre cuestiones políticas y en los procesos de toma de decisiones sin temor a la intimidación. Los defensores de los derechos humanos son personas u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos fundamentales y otros derechos, incluidos los derechos medioambientales y climáticos, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGBTIQ, los derechos de las personas pertenecientes a una minoría étnica o racial, los derechos laborales o las libertades religiosas.

| (8) | Para que una democracia sea sana y próspera, es preciso que los ciudadanos puedan participar activamente en el debate público. Con el fin de garantizar una participación significativa, la población debe tener acceso a información fiable que le permita formarse sus propias opiniones y actuar con criterio propio en un espacio público en el que puedan expresarse libremente diferentes opiniones. |
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(8)

Para que una democracia sea sana y próspera, es preciso que los ciudadanos puedan participar activamente en el debate público. Con el fin de garantizar una participación significativa, la población debe tener acceso a información fiable que le permita formarse sus propias opiniones y actuar con criterio propio en un espacio público en el que puedan expresarse libremente diferentes opiniones.

| (9) | Para fomentar este entorno, es importante proteger a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos de los procedimientos judiciales manifiestamente infundados y abusivos contra la participación pública, a los que comúnmente se denomina demandas estratégicas contra la participación pública («SLAPP», por sus siglas en inglés). Estos procedimientos judiciales son manifiestamente infundados o total o parcialmente infundados y contienen elementos de abuso que permiten suponer que su objetivo principal es impedir, restringir o penalizar la participación pública. El carácter desproporcionado, excesivo o irrazonable de la demanda o de una parte de ella; la existencia de múltiples demandas presentadas por el demandante en relación con asuntos similares, o actos de intimidación, acoso o amenazas por parte del demandante o sus representantes antes de iniciar una demanda estratégica son indicios de tal abuso. Estos procedimientos constituyen un abuso de los procedimientos judiciales y suponen una carga innecesaria para los órganos jurisdiccionales, ya que su objetivo no es acceder a la justicia, sino acosar y silenciar a las partes demandadas. Los procedimientos largos crean una carga para los sistemas judiciales nacionales. |
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(9)

Para fomentar este entorno, es importante proteger a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos de los procedimientos judiciales manifiestamente infundados y abusivos contra la participación pública, a los que comúnmente se denomina demandas estratégicas contra la participación pública («SLAPP», por sus siglas en inglés). Estos procedimientos judiciales son manifiestamente infundados o total o parcialmente infundados y contienen elementos de abuso que permiten suponer que su objetivo principal es impedir, restringir o penalizar la participación pública. El carácter desproporcionado, excesivo o irrazonable de la demanda o de una parte de ella; la existencia de múltiples demandas presentadas por el demandante en relación con asuntos similares, o actos de intimidación, acoso o amenazas por parte del demandante o sus representantes antes de iniciar una demanda estratégica son indicios de tal abuso. Estos procedimientos constituyen un abuso de los procedimientos judiciales y suponen una carga innecesaria para los órganos jurisdiccionales, ya que su objetivo no es acceder a la justicia, sino acosar y silenciar a las partes demandadas. Los procedimientos largos crean una carga para los sistemas judiciales nacionales.

| (10) | Las demandas estratégicas contra la participación pública pueden adoptar la forma de una gran variedad de abusos legales, principalmente en asuntos civiles o penales, pero también en asuntos de Derecho administrativo, y pueden tener diversos fundamentos. |
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(10)

Las demandas estratégicas contra la participación pública pueden adoptar la forma de una gran variedad de abusos legales, principalmente en asuntos civiles o penales, pero también en asuntos de Derecho administrativo, y pueden tener diversos fundamentos.

| (11) | Suelen iniciarlas personas o entidades con poder (por ejemplo, grupos de presión, sociedades y órganos estatales) en un intento por acallar el debate público. A menudo implican un desequilibrio de poder entre las partes, pues la parte demandante tiene más poder que la demandada, por ejemplo, desde el punto de vista financiero o político. Aunque no es un componente indispensable de los procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos, cuando existe un desequilibrio de poder aumentan notablemente los efectos perjudiciales e intimidatorios de los procedimientos judiciales contra la participación pública. |
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(11)

Suelen iniciarlas personas o entidades con poder (por ejemplo, grupos de presión, sociedades y órganos estatales) en un intento por acallar el debate público. A menudo implican un desequilibrio de poder entre las partes, pues la parte demandante tiene más poder que la demandada, por ejemplo, desde el punto de vista financiero o político. Aunque no es un componente indispensable de los procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos, cuando existe un desequilibrio de poder aumentan notablemente los efectos perjudiciales e intimidatorios de los procedimientos judiciales contra la participación pública.

| (12) | Las demandas estratégicas contra la participación pública pueden tener un impacto negativo en la credibilidad y la reputación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos, en particular, y agotar sus recursos financieros y de otra índole. Pueden tener consecuencias psicológicas adversas para las personas que son objeto de ellas y sus familiares. Las demandas estratégicas contra la participación pública ponen en peligro la capacidad de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos de desempeñar sus actividades. Como consecuencia de tales demandas, la publicación de información sobre un asunto de interés público puede retrasarse o impedirse por completo. En términos más generales, la existencia de dichas demandas puede tener un efecto intimidatorio sobre el trabajo de los periodistas y los defensores de los derechos humanos y, en particular, contribuir a la autocensura en previsión de posibles procedimientos judiciales futuros, lo que redunda en el empobrecimiento del debate público en detrimento de la sociedad en su conjunto. La duración de los procedimientos, la presión financiera y la amenaza de sanciones penales son importantes instrumentos para intimidar y silenciar las voces críticas. |
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(12)

Las demandas estratégicas contra la participación pública pueden tener un impacto negativo en la credibilidad y la reputación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos, en particular, y agotar sus recursos financieros y de otra índole. Pueden tener consecuencias psicológicas adversas para las personas que son objeto de ellas y sus familiares. Las demandas estratégicas contra la participación pública ponen en peligro la capacidad de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos de desempeñar sus actividades. Como consecuencia de tales demandas, la publicación de información sobre un asunto de interés público puede retrasarse o impedirse por completo. En términos más generales, la existencia de dichas demandas puede tener un efecto intimidatorio sobre el trabajo de los periodistas y los defensores de los derechos humanos y, en particular, contribuir a la autocensura en previsión de posibles procedimientos judiciales futuros, lo que redunda en el empobrecimiento del debate público en detrimento de la sociedad en su conjunto. La duración de los procedimientos, la presión financiera y la amenaza de sanciones penales son importantes instrumentos para intimidar y silenciar las voces críticas.

| (13) | A menudo, las personas que son objeto de demandas estratégicas contra la participación pública se enfrentan a múltiples procedimientos judiciales simultáneos y en varias jurisdicciones. Los procedimientos judiciales incoados en la jurisdicción de un Estado miembro contra una persona residente en otro Estado miembro suelen ser más complejos y costosos para la parte demandada. Las partes demandantes en demandas estratégicas contra la participación pública también pueden servirse de herramientas procesales para aumentar la duración y el coste del litigio, así como someter los asuntos a una jurisdicción que consideran favorable, en lugar de al órgano jurisdiccional mejor situado para conocer de la demanda. |
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(13)

A menudo, las personas que son objeto de demandas estratégicas contra la participación pública se enfrentan a múltiples procedimientos judiciales simultáneos y en varias jurisdicciones. Los procedimientos judiciales incoados en la jurisdicción de un Estado miembro contra una persona residente en otro Estado miembro suelen ser más complejos y costosos para la parte demandada. Las partes demandantes en demandas estratégicas contra la participación pública también pueden servirse de herramientas procesales para aumentar la duración y el coste del litigio, así como someter los asuntos a una jurisdicción que consideran favorable, en lugar de al órgano jurisdiccional mejor situado para conocer de la demanda.

| (14) | El recurso a demandas estratégicas contra la participación pública está en auge en la Unión Europea. Según estudios recientes (5), estos procedimientos son cada vez más habituales en todos los Estados miembros. |
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(14)

El recurso a demandas estratégicas contra la participación pública está en auge en la Unión Europea. Según estudios recientes (5), estos procedimientos son cada vez más habituales en todos los Estados miembros.

| (15) | El Parlamento Europeo, en su Resolución de 25 de noviembre de 2020 (6), condenó el uso de las demandas estratégicas contra la participación pública para silenciar o intimidar a periodistas y medios de investigación y crear un clima de miedo en relación con la información sobre determinados temas, e hizo un llamamiento a la Comisión para que presentase una propuesta destinada a evitarlas. En su Resolución (7) de 11 de noviembre de 2021 sobre el refuerzo de la democracia y de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión: recurso indebido a acciones en el marco del Derecho civil y penal para silenciar a los periodistas, las ONG y la sociedad civil, el Parlamento Europeo hizo hincapié una vez más en la prevalencia del fenómeno y en la necesidad de ofrecer garantías efectivas a sus víctimas en toda la Unión. |
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(15)

El Parlamento Europeo, en su Resolución de 25 de noviembre de 2020 (6), condenó el uso de las demandas estratégicas contra la participación pública para silenciar o intimidar a periodistas y medios de investigación y crear un clima de miedo en relación con la información sobre determinados temas, e hizo un llamamiento a la Comisión para que presentase una propuesta destinada a evitarlas. En su Resolución (7) de 11 de noviembre de 2021 sobre el refuerzo de la democracia y de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión: recurso indebido a acciones en el marco del Derecho civil y penal para silenciar a los periodistas, las ONG y la sociedad civil, el Parlamento Europeo hizo hincapié una vez más en la prevalencia del fenómeno y en la necesidad de ofrecer garantías efectivas a sus víctimas en toda la Unión.

| (16) | La Plataforma del Consejo de Europa para Promover la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas (8) también señala el aumento de las alertas de amenazas graves para la seguridad de los periodistas y la libertad de los medios de comunicación en Europa, incluidos múltiples casos de intimidación judicial. El informe anual de 2021 de las asociaciones colaboradoras de la Plataforma del Consejo de Europa para Promover la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas subraya el notable aumento de las alertas relacionadas con demandas estratégicas contra la participación pública notificadas en 2020, tanto en lo que respecta a su número como a la cantidad de jurisdicciones de los Estados miembros del Consejo de Europa afectados (9). En su Recomendación sobre la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación (10), de 13 de abril de 2016, el Consejo de Europa recomendó a sus Estados miembros que adoptaran las medidas legislativas o de otra índole necesarias para evitar el uso frívolo, vejatorio o malintencionado de la ley y los procesos jurídicos para intimidar y silenciar a periodistas y otros agentes de los medios de comunicación. |
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(16)

La Plataforma del Consejo de Europa para Promover la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas (8) también señala el aumento de las alertas de amenazas graves para la seguridad de los periodistas y la libertad de los medios de comunicación en Europa, incluidos múltiples casos de intimidación judicial. El informe anual de 2021 de las asociaciones colaboradoras de la Plataforma del Consejo de Europa para Promover la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas subraya el notable aumento de las alertas relacionadas con demandas estratégicas contra la participación pública notificadas en 2020, tanto en lo que respecta a su número como a la cantidad de jurisdicciones de los Estados miembros del Consejo de Europa afectados (9). En su Recomendación sobre la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación (10), de 13 de abril de 2016, el Consejo de Europa recomendó a sus Estados miembros que adoptaran las medidas legislativas o de otra índole necesarias para evitar el uso frívolo, vejatorio o malintencionado de la ley y los procesos jurídicos para intimidar y silenciar a periodistas y otros agentes de los medios de comunicación.

| (17) | Los informes de la Comisión sobre el Estado de Derecho de 2020 (11) y 2021 (12) subrayan que, en varios Estados miembros, cada vez son más frecuentes las amenazas y ataques a periodistas y otros agentes dedicados a proteger el interés público en relación con sus publicaciones y su trabajo de diversas formas, entre las que se incluyen el despliegue de demandas estratégicas contra la participación pública. |
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(17)

Los informes de la Comisión sobre el Estado de Derecho de 2020 (11) y 2021 (12) subrayan que, en varios Estados miembros, cada vez son más frecuentes las amenazas y ataques a periodistas y otros agentes dedicados a proteger el interés público en relación con sus publicaciones y su trabajo de diversas formas, entre las que se incluyen el despliegue de demandas estratégicas contra la participación pública.

| (18) | Un claro ejemplo del uso de procedimientos judiciales contra la participación pública en la Unión es el de la periodista Daphne Caruana Galizia que, cuando fue asesinada, se enfrentaba a más de cuarenta procedimientos judiciales civiles y penales por injurias y difamación relacionados con su trabajo de investigación. |
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(18)

Un claro ejemplo del uso de procedimientos judiciales contra la participación pública en la Unión es el de la periodista Daphne Caruana Galizia que, cuando fue asesinada, se enfrentaba a más de cuarenta procedimientos judiciales civiles y penales por injurias y difamación relacionados con su trabajo de investigación.

| (19) | El Plan de Acción para la Democracia Europea (13) presentado por la Comisión el 3 de diciembre de 2020 pone de relieve el papel fundamental de unos medios de comunicación libres y plurales en las democracias, así como la importancia de la sociedad civil. Destaca, entre otras cosas, el importante papel que desempeñan los medios de comunicación independientes y plurales para ayudar a los ciudadanos a decidir con conocimiento de causa, así como en la lucha contra la manipulación de la información y la interferencia en el espacio informativo, incluida la desinformación. En ese contexto, la Comisión ya adoptó la Recomendación (UE) 2021/1534 sobre la garantía de la protección, la seguridad y el empoderamiento de los periodistas y los otros profesionales de los medios de comunicación en la Unión Europea (14). El objetivo de la Recomendación es garantizar que todos los profesionales de los medios de comunicación puedan trabajar en condiciones más seguras, libres de miedo e intimidación, en línea o fuera de línea. En vista de la creciente amenaza que representan las demandas estratégicas contra la participación pública en la libertad de los medios de comunicación y la participación pública, la Unión debe desarrollar un enfoque coherente y eficaz para luchar contra tales procedimientos. La presente Recomendación complementa la Recomendación (UE) 2021/1534 al formular recomendaciones específicas referentes a las demandas estratégicas contra la participación pública. En lugar de centrarse exclusivamente en la protección de los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación, engloba también a los defensores de los derechos humanos en su ámbito de aplicación. La presente Recomendación debe abordar la amenaza específica que entrañan las demandas estratégicas contra la participación pública y, de este modo, apoyar el correcto funcionamiento de los controles y equilibrios en una democracia sana. Debe orientar a los Estados miembros a fin de que adopten medidas eficaces, adecuadas y proporcionadas para abordar tales procedimientos y garantizar, en este contexto en particular, la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos. Las medidas recomendadas deben incluir la sensibilización y el desarrollo de conocimientos especializados, en especial entre los profesionales de la Justicia y las personas objeto de demandas estratégicas contra la participación pública, a fin de garantizar que estas personas reciban el apoyo que necesitan y contribuir a una mayor supervisión. |
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(19)

El Plan de Acción para la Democracia Europea (13) presentado por la Comisión el 3 de diciembre de 2020 pone de relieve el papel fundamental de unos medios de comunicación libres y plurales en las democracias, así como la importancia de la sociedad civil. Destaca, entre otras cosas, el importante papel que desempeñan los medios de comunicación independientes y plurales para ayudar a los ciudadanos a decidir con conocimiento de causa, así como en la lucha contra la manipulación de la información y la interferencia en el espacio informativo, incluida la desinformación. En ese contexto, la Comisión ya adoptó la Recomendación (UE) 2021/1534 sobre la garantía de la protección, la seguridad y el empoderamiento de los periodistas y los otros profesionales de los medios de comunicación en la Unión Europea (14). El objetivo de la Recomendación es garantizar que todos los profesionales de los medios de comunicación puedan trabajar en condiciones más seguras, libres de miedo e intimidación, en línea o fuera de línea. En vista de la creciente amenaza que representan las demandas estratégicas contra la participación pública en la libertad de los medios de comunicación y la participación pública, la Unión debe desarrollar un enfoque coherente y eficaz para luchar contra tales procedimientos. La presente Recomendación complementa la Recomendación (UE) 2021/1534 al formular recomendaciones específicas referentes a las demandas estratégicas contra la participación pública. En lugar de centrarse exclusivamente en la protección de los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación, engloba también a los defensores de los derechos humanos en su ámbito de aplicación. La presente Recomendación debe abordar la amenaza específica que entrañan las demandas estratégicas contra la participación pública y, de este modo, apoyar el correcto funcionamiento de los controles y equilibrios en una democracia sana. Debe orientar a los Estados miembros a fin de que adopten medidas eficaces, adecuadas y proporcionadas para abordar tales procedimientos y garantizar, en este contexto en particular, la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos. Las medidas recomendadas deben incluir la sensibilización y el desarrollo de conocimientos especializados, en especial entre los profesionales de la Justicia y las personas objeto de demandas estratégicas contra la participación pública, a fin de garantizar que estas personas reciban el apoyo que necesitan y contribuir a una mayor supervisión.

| (20) | Con el fin de ofrecer una protección eficaz frente a las demandas estratégicas contra la participación pública y evitar que el fenómeno se arraigue en la Unión, los Estados miembros deben velar por que sus respectivos marcos jurídicos que rigen los procedimientos civiles, penales, mercantiles y administrativos ofrezcan las garantías necesarias para abordar dichos procedimientos judiciales, respetando plenamente los valores democráticos y los derechos fundamentales, incluidos el derecho a un juicio justo y el derecho a la libertad de expresión. A fin de ofrecer una protección coherente y eficiente contra los procedimientos judiciales manifiestamente infundados contra la participación pública, los Estados miembros deben procurar que exista la posibilidad de una desestimación temprana. Asimismo, deben tratar de ofrecer otras vías de recurso contra los procedimientos judiciales abusivos, tales como la condena en costas a una parte demandante que haya incoado procedimientos judiciales abusivos contra la participación pública, la indemnización por daños a toda persona física o jurídica que haya sufrido un perjuicio como consecuencia de procedimientos judiciales abusivos contra la participación pública, y la posibilidad de imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a la parte que haya incoado procedimientos judiciales abusivos contra la participación pública. El principal objetivo de brindar a los órganos jurisdiccionales la posibilidad de imponer sanciones es disuadir a las posibles partes demandantes de iniciar procedimientos judiciales abusivos contra la participación pública. Dichas sanciones deben ser proporcionales a los elementos de abuso detectados. A la hora de fijar los importes de las sanciones, los órganos jurisdiccionales podrían tener en cuenta si los procedimientos podrían tener efectos perjudiciales o intimidatorios sobre la participación pública, también en lo que respecta a la naturaleza de la demanda; si la parte demandante ha iniciado procedimientos múltiples o simultáneos sobre asuntos similares, y si han existido intentos de intimidar, acosar o amenazar a la parte demandada. |
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(20)

Con el fin de ofrecer una protección eficaz frente a las demandas estratégicas contra la participación pública y evitar que el fenómeno se arraigue en la Unión, los Estados miembros deben velar por que sus respectivos marcos jurídicos que rigen los procedimientos civiles, penales, mercantiles y administrativos ofrezcan las garantías necesarias para abordar dichos procedimientos judiciales, respetando plenamente los valores democráticos y los derechos fundamentales, incluidos el derecho a un juicio justo y el derecho a la libertad de expresión. A fin de ofrecer una protección coherente y eficiente contra los procedimientos judiciales manifiestamente infundados contra la participación pública, los Estados miembros deben procurar que exista la posibilidad de una desestimación temprana. Asimismo, deben tratar de ofrecer otras vías de recurso contra los procedimientos judiciales abusivos, tales como la condena en costas a una parte demandante que haya incoado procedimientos judiciales abusivos contra la participación pública, la indemnización por daños a toda persona física o jurídica que haya sufrido un perjuicio como consecuencia de procedimientos judiciales abusivos contra la participación pública, y la posibilidad de imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a la parte que haya incoado procedimientos judiciales abusivos contra la participación pública. El principal objetivo de brindar a los órganos jurisdiccionales la posibilidad de imponer sanciones es disuadir a las posibles partes demandantes de iniciar procedimientos judiciales abusivos contra la participación pública. Dichas sanciones deben ser proporcionales a los elementos de abuso detectados. A la hora de fijar los importes de las sanciones, los órganos jurisdiccionales podrían tener en cuenta si los procedimientos podrían tener efectos perjudiciales o intimidatorios sobre la participación pública, también en lo que respecta a la naturaleza de la demanda; si la parte demandante ha iniciado procedimientos múltiples o simultáneos sobre asuntos similares, y si han existido intentos de intimidar, acosar o amenazar a la parte demandada.

| (21) | Se anima a los Estados miembros a incluir en su Derecho interno garantías para los asuntos nacionales similares a las incluidas en los instrumentos de la Unión que tratan de hacer frente a las demandas estratégicas contra la participación pública en asuntos civiles con repercusiones transfronterizas. Esto proporcionaría una protección coherente y eficaz contra tales demandas y contribuiría a evitar que el fenómeno se arraigue en la Unión. |
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(21)

Se anima a los Estados miembros a incluir en su Derecho interno garantías para los asuntos nacionales similares a las incluidas en los instrumentos de la Unión que tratan de hacer frente a las demandas estratégicas contra la participación pública en asuntos civiles con repercusiones transfronterizas. Esto proporcionaría una protección coherente y eficaz contra tales demandas y contribuiría a evitar que el fenómeno se arraigue en la Unión.

| (22) | Los Estados miembros deben revisar específicamente sus marcos jurídicos aplicables a la difamación, con vistas a garantizar que las partes demandantes no puedan utilizar los conceptos y definiciones existentes contra los periodistas o los defensores de los derechos humanos en el contexto de demandas estratégicas contra la participación pública. |
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(22)

Los Estados miembros deben revisar específicamente sus marcos jurídicos aplicables a la difamación, con vistas a garantizar que las partes demandantes no puedan utilizar los conceptos y definiciones existentes contra los periodistas o los defensores de los derechos humanos en el contexto de demandas estratégicas contra la participación pública.

| (23) | A fin de evitar un efecto intimidatorio en el debate público, los Estados miembros deben asegurarse de que las sanciones por difamación no sean excesivas ni desproporcionadas. Deben prestar especial atención a las directrices y recomendaciones del Consejo de Europa (15) que abordan el marco jurídico para casos de difamación, y en particular el Derecho penal. En este contexto, se exhorta a los Estados miembros a que eliminen de sus marcos jurídicos las penas de prisión por difamación. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución 1577 (2007) (16), pidió a los Estados miembros que aún prevén penas de prisión por difamación, aunque no se impongan realmente, que las supriman sin demora. También se anima a los Estados miembros a favorecer el recurso al Derecho administrativo o civil para tratar los casos de difamación, siempre que dichas disposiciones tengan un efecto menos punitivo que el Derecho penal (17). |
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(23)

A fin de evitar un efecto intimidatorio en el debate público, los Estados miembros deben asegurarse de que las sanciones por difamación no sean excesivas ni desproporcionadas. Deben prestar especial atención a las directrices y recomendaciones del Consejo de Europa (15) que abordan el marco jurídico para casos de difamación, y en particular el Derecho penal. En este contexto, se exhorta a los Estados miembros a que eliminen de sus marcos jurídicos las penas de prisión por difamación. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución 1577 (2007) (16), pidió a los Estados miembros que aún prevén penas de prisión por difamación, aunque no se impongan realmente, que las supriman sin demora. También se anima a los Estados miembros a favorecer el recurso al Derecho administrativo o civil para tratar los casos de difamación, siempre que dichas disposiciones tengan un efecto menos punitivo que el Derecho penal (17).

| (24) | Los casos de difamación únicamente deberían abordarse desde el punto de vista del Derecho penal como último recurso; en su lugar, deben favorecerse las respuestas a través del Derecho administrativo o civil, en consonancia con las orientaciones de las organizaciones internacionales. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (18) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (19) han recomendado que la difamación se suprima del Derecho penal. En la misma línea, el Consejo de Europa ha expresado sus reservas en ese sentido (20). |
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(24)

Los casos de difamación únicamente deberían abordarse desde el punto de vista del Derecho penal como último recurso; en su lugar, deben favorecerse las respuestas a través del Derecho administrativo o civil, en consonancia con las orientaciones de las organizaciones internacionales. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (18) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (19) han recomendado que la difamación se suprima del Derecho penal. En la misma línea, el Consejo de Europa ha expresado sus reservas en ese sentido (20).

| (25) | El derecho a la protección de los datos personales se concreta más en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (21). El derecho a la protección de los datos personales no es absoluto. El artículo 85 del RGPD establece que los Estados miembros conciliarán por ley el derecho a la protección de los datos personales con el derecho a la libertad de expresión y de información, incluido el tratamiento con fines periodísticos y fines de expresión académica, artística o literaria. |
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(25)

El derecho a la protección de los datos personales se concreta más en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (21). El derecho a la protección de los datos personales no es absoluto. El artículo 85 del RGPD establece que los Estados miembros conciliarán por ley el derecho a la protección de los datos personales con el derecho a la libertad de expresión y de información, incluido el tratamiento con fines periodísticos y fines de expresión académica, artística o literaria.

| (26) | Los Estados miembros deben animar a los organismos de autorregulación y a las asociaciones de profesionales de la Justicia a armonizar, cuando sea necesario, sus normas deontológicas, incluidos los códigos de conducta, con la presente Recomendación. Asimismo, los Estados miembros deben procurar, según proceda, que las normas deontológicas que tengan por objeto desaconsejar o prohibir a los profesionales de la Justicia que adopten conductas que puedan constituir un abuso procesal o un abuso de sus otras responsabilidades profesionales con respecto a la integridad del proceso judicial, así como las sanciones disciplinarias correspondientes, abarquen las demandas estratégicas contra la participación pública. Esto debe ir acompañado de actividades de sensibilización y formación adecuadas, con miras a aumentar el conocimiento y la eficacia de las normas deontológicas existentes que sean pertinentes para las demandas estratégicas contra la participación pública. |
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(26)

Los Estados miembros deben animar a los organismos de autorregulación y a las asociaciones de profesionales de la Justicia a armonizar, cuando sea necesario, sus normas deontológicas, incluidos los códigos de conducta, con la presente Recomendación. Asimismo, los Estados miembros deben procurar, según proceda, que las normas deontológicas que tengan por objeto desaconsejar o prohibir a los profesionales de la Justicia que adopten conductas que puedan constituir un abuso procesal o un abuso de sus otras responsabilidades profesionales con respecto a la integridad del proceso judicial, así como las sanciones disciplinarias correspondientes, abarquen las demandas estratégicas contra la participación pública. Esto debe ir acompañado de actividades de sensibilización y formación adecuadas, con miras a aumentar el conocimiento y la eficacia de las normas deontológicas existentes que sean pertinentes para las demandas estratégicas contra la participación pública.

| (27) | Los profesionales de la Justicia son agentes clave en las demandas estratégicas contra la participación pública, ya sea porque representan a las partes litigantes, porque enjuician a personas o porque resuelven litigios. Por consiguiente, es fundamental que posean los conocimientos y capacidades necesarios para ello. Los Estados miembros deben brindar apoyo y oportunidades de formación a estos profesionales de la Justicia. La formación podría contribuir sustancialmente a desarrollar sus conocimientos y capacidades en lo que respecta a cómo detectar las demandas estratégicas contra la participación pública, en particular aquellas en las que esté involucrado de algún modo un tercer país, y reaccionar adecuadamente. Dicha formación debe dirigirse a la judicatura y al personal judicial que trabaja en órganos jurisdiccionales de todas las instancias, incluidos jueces, fiscales y empleados de los órganos jurisdiccionales y las fiscalías, así como a cualquier otro profesional de la Justicia asociado al poder judicial o que participe de otro modo en la administración de justicia, con independencia de su definición en el Derecho nacional, su estatuto jurídico o su organización interna, a nivel regional y local, cuando puedan surgir en primera instancia demandas estratégicas contra la participación pública. Dicha formación también debe ofrecerse a otros profesionales de la Justicia, como los abogados cualificados. El fomento de la capacidad local de formación puede contribuir a la sostenibilidad a largo plazo de la formación. |
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(27)

Los profesionales de la Justicia son agentes clave en las demandas estratégicas contra la participación pública, ya sea porque representan a las partes litigantes, porque enjuician a personas o porque resuelven litigios. Por consiguiente, es fundamental que posean los conocimientos y capacidades necesarios para ello. Los Estados miembros deben brindar apoyo y oportunidades de formación a estos profesionales de la Justicia. La formación podría contribuir sustancialmente a desarrollar sus conocimientos y capacidades en lo que respecta a cómo detectar las demandas estratégicas contra la participación pública, en particular aquellas en las que esté involucrado de algún modo un tercer país, y reaccionar adecuadamente. Dicha formación debe dirigirse a la judicatura y al personal judicial que trabaja en órganos jurisdiccionales de todas las instancias, incluidos jueces, fiscales y empleados de los órganos jurisdiccionales y las fiscalías, así como a cualquier otro profesional de la Justicia asociado al poder judicial o que participe de otro modo en la administración de justicia, con independencia de su definición en el Derecho nacional, su estatuto jurídico o su organización interna, a nivel regional y local, cuando puedan surgir en primera instancia demandas estratégicas contra la participación pública. Dicha formación también debe ofrecerse a otros profesionales de la Justicia, como los abogados cualificados. El fomento de la capacidad local de formación puede contribuir a la sostenibilidad a largo plazo de la formación.

| (28) | Si esta formación se ampliase a periodistas, miembros del consejo periodístico, profesionales de los medios de comunicación y defensores de los derechos humanos, estarían mejor preparados para reconocer cuándo se encuentran ante este tipo de procedimientos judiciales y poseerían competencias jurídicas críticas para reducir sus riesgos de verse expuestos a demandas estratégicas contra la participación pública o sabrían cómo enfrentarse mejor a ellas. También podría permitirles informar de manera rigurosa sobre las demandas estratégicas contra la participación pública. La formación de los periodistas también debe hacer referencia a las normas y directrices éticas establecidas por los consejos nacionales de prensa o medios de comunicación. Para contribuir al desarrollo general de capacidades y fortalecer la respuesta institucional a las demandas estratégicas contra la participación pública, dicha formación también podría implicar a las autoridades de protección de datos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las instituciones del defensor del pueblo y los organismos estatales que regulan los medios de comunicación. |
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(28)

Si esta formación se ampliase a periodistas, miembros del consejo periodístico, profesionales de los medios de comunicación y defensores de los derechos humanos, estarían mejor preparados para reconocer cuándo se encuentran ante este tipo de procedimientos judiciales y poseerían competencias jurídicas críticas para reducir sus riesgos de verse expuestos a demandas estratégicas contra la participación pública o sabrían cómo enfrentarse mejor a ellas. También podría permitirles informar de manera rigurosa sobre las demandas estratégicas contra la participación pública. La formación de los periodistas también debe hacer referencia a las normas y directrices éticas establecidas por los consejos nacionales de prensa o medios de comunicación. Para contribuir al desarrollo general de capacidades y fortalecer la respuesta institucional a las demandas estratégicas contra la participación pública, dicha formación también podría implicar a las autoridades de protección de datos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las instituciones del defensor del pueblo y los organismos estatales que regulan los medios de comunicación.

| (29) | Los proveedores de formación jurídica y las asociaciones de profesionales de la justicia se encuentran en una posición óptima para impartir formación sobre las demandas estratégicas contra la participación pública, así como para determinar los objetivos de dicha formación y valorar cuál es la metodología de formación más adecuada. La formación impartida por profesionales de la Justicia a otros profesionales del sector favorece que todos aprendan en grupo, facilita que compartan sus experiencias y fomenta la confianza mutua. Deben fomentarse los intercambios de prácticas pertinentes a nivel europeo, también con el apoyo de la Comisión y con la participación de la Red Europea de Formación Judicial (REFJ). Para garantizar la eficacia y la sostenibilidad de las actividades de formación, es crucial que los profesionales de la Justicia y sus asociaciones profesionales se impliquen en ellas desde la preparación de los análisis de necesidades hasta la evaluación de los resultados. |
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(29)

Los proveedores de formación jurídica y las asociaciones de profesionales de la justicia se encuentran en una posición óptima para impartir formación sobre las demandas estratégicas contra la participación pública, así como para determinar los objetivos de dicha formación y valorar cuál es la metodología de formación más adecuada. La formación impartida por profesionales de la Justicia a otros profesionales del sector favorece que todos aprendan en grupo, facilita que compartan sus experiencias y fomenta la confianza mutua. Deben fomentarse los intercambios de prácticas pertinentes a nivel europeo, también con el apoyo de la Comisión y con la participación de la Red Europea de Formación Judicial (REFJ). Para garantizar la eficacia y la sostenibilidad de las actividades de formación, es crucial que los profesionales de la Justicia y sus asociaciones profesionales se impliquen en ellas desde la preparación de los análisis de necesidades hasta la evaluación de los resultados.

| (30) | La formación debe abordar la libertad de expresión y de información y otros derechos fundamentales, de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Derecho interno, e incluir orientaciones prácticas relativas a la aplicación de la jurisprudencia pertinente, las restricciones a los derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, las garantías procesales y otras disposiciones pertinentes del Derecho interno, y los vínculos entre ellos. Debe tenerse debidamente en cuenta el manual del Consejo de Europa sobre la protección del derecho a la libertad de expresión en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos dirigido a los profesionales de la Justicia (22). |
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(30)

La formación debe abordar la libertad de expresión y de información y otros derechos fundamentales, de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Derecho interno, e incluir orientaciones prácticas relativas a la aplicación de la jurisprudencia pertinente, las restricciones a los derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, las garantías procesales y otras disposiciones pertinentes del Derecho interno, y los vínculos entre ellos. Debe tenerse debidamente en cuenta el manual del Consejo de Europa sobre la protección del derecho a la libertad de expresión en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos dirigido a los profesionales de la Justicia (22).

| (31) | La formación debe abordar, entre otros asuntos, la protección de los datos personales que puedan utilizarse para incoar demandas estratégicas contra la participación pública. También debe tratar la manipulación de la información y la injerencia en ella, lo que incluye la desinformación. |
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(31)

La formación debe abordar, entre otros asuntos, la protección de los datos personales que puedan utilizarse para incoar demandas estratégicas contra la participación pública. También debe tratar la manipulación de la información y la injerencia en ella, lo que incluye la desinformación.

| (32) | La formación debe tener en cuenta el marco jurídico y el contexto nacionales. Combinar de manera estructurada y coherente estos dos elementos con las orientaciones elaboradas por el Consejo de Europa, los testimonios de personas objeto de demandas estratégicas contra la participación pública y las mejores prácticas de otros Estados miembros podría contribuir a que la formación sobre procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos alcance sus objetivos. La formación también podría utilizarse para fomentar el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros. |
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(32)

La formación debe tener en cuenta el marco jurídico y el contexto nacionales. Combinar de manera estructurada y coherente estos dos elementos con las orientaciones elaboradas por el Consejo de Europa, los testimonios de personas objeto de demandas estratégicas contra la participación pública y las mejores prácticas de otros Estados miembros podría contribuir a que la formación sobre procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos alcance sus objetivos. La formación también podría utilizarse para fomentar el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros.

| (33) | Para llegar a un público más amplio y fomentar el apoyo, la formación sobre demandas estratégicas contra la participación pública también debe hacer el mejor uso posible de las nuevas tecnologías, incluida la formación en línea. El acceso a recursos electrónicos, material actualizado y herramientas de aprendizaje independientes sobre la legislación y las orientaciones pertinentes complementaría los beneficios de dichas actividades de formación. |
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(33)

Para llegar a un público más amplio y fomentar el apoyo, la formación sobre demandas estratégicas contra la participación pública también debe hacer el mejor uso posible de las nuevas tecnologías, incluida la formación en línea. El acceso a recursos electrónicos, material actualizado y herramientas de aprendizaje independientes sobre la legislación y las orientaciones pertinentes complementaría los beneficios de dichas actividades de formación.

| (34) | Con el objetivo de fomentar las sinergias con iniciativas similares relacionadas con la formación de los profesionales de la justicia, en la formación sobre temas conexos, como la libertad de expresión y la ética jurídica, podrían incluirse módulos sobre las demandas estratégicas contra la participación pública. Se debe impulsar el uso de los materiales y las prácticas de formación existentes, como los promovidos en el Portal Europeo de e-Justicia, el conjunto global de herramientas para agentes judiciales de la UNESCO (23) y los cursos en línea sobre derechos humanos para profesionales de la Justicia del Consejo de Europa (24). |
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(34)

Con el objetivo de fomentar las sinergias con iniciativas similares relacionadas con la formación de los profesionales de la justicia, en la formación sobre temas conexos, como la libertad de expresión y la ética jurídica, podrían incluirse módulos sobre las demandas estratégicas contra la participación pública. Se debe impulsar el uso de los materiales y las prácticas de formación existentes, como los promovidos en el Portal Europeo de e-Justicia, el conjunto global de herramientas para agentes judiciales de la UNESCO (23) y los cursos en línea sobre derechos humanos para profesionales de la Justicia del Consejo de Europa (24).

| (35) | La incorporación de las demandas estratégicas contra la participación pública en los planes de estudios de Derecho y Periodismo ayudaría a dotar a los profesionales de ambos sectores de mejores conocimientos para reconocer dichos procedimientos y de conocimientos específicos para responder en consecuencia, y favorecería el desarrollo de conocimientos especializados y competencias profesionales entre los docentes. Estos conocimientos podrían facilitarlos las instituciones de enseñanza superior mediante cursos o seminarios complementarios durante los últimos años de un programa de grado, por ejemplo, a estudiantes de Derecho y de Periodismo. |
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(35)

La incorporación de las demandas estratégicas contra la participación pública en los planes de estudios de Derecho y Periodismo ayudaría a dotar a los profesionales de ambos sectores de mejores conocimientos para reconocer dichos procedimientos y de conocimientos específicos para responder en consecuencia, y favorecería el desarrollo de conocimientos especializados y competencias profesionales entre los docentes. Estos conocimientos podrían facilitarlos las instituciones de enseñanza superior mediante cursos o seminarios complementarios durante los últimos años de un programa de grado, por ejemplo, a estudiantes de Derecho y de Periodismo.

| (36) | Los Estados miembros deben respaldar las campañas de sensibilización sobre las demandas estratégicas contra la participación pública organizadas, entre otros agentes, por entidades nacionales como instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. |
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(36)

Los Estados miembros deben respaldar las campañas de sensibilización sobre las demandas estratégicas contra la participación pública organizadas, entre otros agentes, por entidades nacionales como instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.

| (37) | Las actividades de comunicación sobre las demandas estratégicas contra la participación pública podrían adoptar la forma de publicaciones, mensajes, reuniones públicas, conferencias, talleres y seminarios web. |
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(37)

Las actividades de comunicación sobre las demandas estratégicas contra la participación pública podrían adoptar la forma de publicaciones, mensajes, reuniones públicas, conferencias, talleres y seminarios web.

| (38) | Las personas objeto de demandas estratégicas contra la participación pública suelen tener dificultades para encontrar información sobre los recursos de apoyo que tienen a su disposición. Para facilitar la identificación de las entidades u organismos que pueden prestar asistencia en procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos y garantizar la eficacia de la asistencia ante dichos procedimientos, es preciso que la información se recopile y suministre en un único lugar, de forma gratuita y fácilmente accesible. A tal fin, cada Estado miembro debe establecer un centro de referencia nacional que recabe y comparta información sobre los recursos disponibles. |
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(38)

Las personas objeto de demandas estratégicas contra la participación pública suelen tener dificultades para encontrar información sobre los recursos de apoyo que tienen a su disposición. Para facilitar la identificación de las entidades u organismos que pueden prestar asistencia en procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos y garantizar la eficacia de la asistencia ante dichos procedimientos, es preciso que la información se recopile y suministre en un único lugar, de forma gratuita y fácilmente accesible. A tal fin, cada Estado miembro debe establecer un centro de referencia nacional que recabe y comparta información sobre los recursos disponibles.

| (39) | Un objetivo subyacente de las actividades de sensibilización sobre las demandas estratégicas contra la participación pública debe ser concienciar acerca de la importancia de contar con un espacio público que permita la participación democrática y en el que los ciudadanos puedan acceder a diversas opiniones e información fiable y libre de todo sesgo. |
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(39)

Un objetivo subyacente de las actividades de sensibilización sobre las demandas estratégicas contra la participación pública debe ser concienciar acerca de la importancia de contar con un espacio público que permita la participación democrática y en el que los ciudadanos puedan acceder a diversas opiniones e información fiable y libre de todo sesgo.

| (40) | Las campañas de sensibilización deben coordinarse con los centros de referencia nacionales y otras autoridades competentes para garantizar su eficacia. También deben tratar de establecer sinergias con campañas de sensibilización sobre temas compatibles, como las centradas en el fomento de un debate abierto, libre y justo y la protección del derecho a la libertad de expresión, y deben integrarse con actividades de sensibilización que promuevan la participación ciudadana activa, la pluralidad de opiniones y el acceso a información fiable. También deben procurar establecer sinergias, según proceda, con iniciativas para el fomento de la resiliencia en los medios de comunicación, la alfabetización informativa, las normas periodísticas y la verificación de datos en el contexto de las medidas contra la desinformación, la manipulación de la información y las injerencias en ella, incluida las ejercidas desde el extranjero. El público destinatario podría estar integrado por grupos específicos, como profesionales de los medios de comunicación, profesionales de la Justicia y miembros de organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la comunicación, académicos, laboratorios de ideas, políticos, funcionarios públicos, autoridades públicas y empresas privadas, entre otros. |
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(40)

Las campañas de sensibilización deben coordinarse con los centros de referencia nacionales y otras autoridades competentes para garantizar su eficacia. También deben tratar de establecer sinergias con campañas de sensibilización sobre temas compatibles, como las centradas en el fomento de un debate abierto, libre y justo y la protección del derecho a la libertad de expresión, y deben integrarse con actividades de sensibilización que promuevan la participación ciudadana activa, la pluralidad de opiniones y el acceso a información fiable. También deben procurar establecer sinergias, según proceda, con iniciativas para el fomento de la resiliencia en los medios de comunicación, la alfabetización informativa, las normas periodísticas y la verificación de datos en el contexto de las medidas contra la desinformación, la manipulación de la información y las injerencias en ella, incluida las ejercidas desde el extranjero. El público destinatario podría estar integrado por grupos específicos, como profesionales de los medios de comunicación, profesionales de la Justicia y miembros de organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la comunicación, académicos, laboratorios de ideas, políticos, funcionarios públicos, autoridades públicas y empresas privadas, entre otros.

| (41) | Los Estados miembros deben fomentar, por cualquier medio que consideren adecuado, la disponibilidad de información sobre las garantías procesales y otras salvaguardias en virtud de sus marcos jurídicos nacionales, así como sobre las entidades u organismos con los que se puede contactar para solicitar asistencia ante demandas estratégicas contra la participación pública. |
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(41)

Los Estados miembros deben fomentar, por cualquier medio que consideren adecuado, la disponibilidad de información sobre las garantías procesales y otras salvaguardias en virtud de sus marcos jurídicos nacionales, así como sobre las entidades u organismos con los que se puede contactar para solicitar asistencia ante demandas estratégicas contra la participación pública.

| (42) | Estos recursos de apoyo podrán incluir bufetes de abogados que defiendan pro bono a las personas objeto de demandas estratégicas contra la participación pública, los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades que prestan dicha asistencia, las organizaciones que se registran y denuncian demandas estratégicas contra la participación pública, y las organizaciones que prestan asistencia financiera y de otro tipo a las personas objeto de procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos. |
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(42)

Estos recursos de apoyo podrán incluir bufetes de abogados que defiendan pro bono a las personas objeto de demandas estratégicas contra la participación pública, los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades que prestan dicha asistencia, las organizaciones que se registran y denuncian demandas estratégicas contra la participación pública, y las organizaciones que prestan asistencia financiera y de otro tipo a las personas objeto de procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos.

| (43) | Las personas objeto de demandas estratégicas contra la participación pública deben contar con los recursos necesarios para enfrentarse a dichos procedimientos. Por lo tanto, es preciso desarrollar las capacidades de los Estados miembros para prestar asistencia a estas personas. Los Estados miembros deben ofrecer financiación a las organizaciones que proporcionan orientación y asistencia a las personas objeto de procedimientos judiciales infundados o abusivos y favorecer que reciban los fondos disponibles a escala de la Unión. |
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(43)

Las personas objeto de demandas estratégicas contra la participación pública deben contar con los recursos necesarios para enfrentarse a dichos procedimientos. Por lo tanto, es preciso desarrollar las capacidades de los Estados miembros para prestar asistencia a estas personas. Los Estados miembros deben ofrecer financiación a las organizaciones que proporcionan orientación y asistencia a las personas objeto de procedimientos judiciales infundados o abusivos y favorecer que reciban los fondos disponibles a escala de la Unión.

| (44) | Resulta necesario hacer un seguimiento más sistemático de las demandas estratégicas contra la participación pública para afrontar mejor este fenómeno. Los datos recopilados deben incluir información suficiente para que las autoridades y otras partes interesadas pertinentes lo cuantifiquen y comprendan mejor, también con vistas a proporcionar la asistencia oportuna a las personas objeto de estos procedimientos. Los Estados miembros deben confiar a una o varias autoridades la recopilación y agregación de datos sobre demandas estratégicas contra la participación pública incoadas ante los órganos jurisdiccionales nacionales, teniendo en cuenta sus acuerdos institucionales en materia de estadísticas judiciales (25). Estas autoridades pueden recoger datos de varias partes interesadas. Para facilitar la recopilación de datos, las autoridades a las que se encomiende esta tarea pueden establecer puntos de contacto para que las autoridades judiciales, las organizaciones profesionales, las organizaciones no gubernamentales, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otras partes interesadas puedan compartir datos sobre procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos. Los Estados miembros deben encargar a una de estas autoridades que coordine la información y, a partir de finales de 2023, presente cada año a la Comisión los datos agregados recopilados a nivel nacional. Los Estados miembros deben garantizar la rendición de cuentas de los datos recopilados. A tal fin, deben velar por que el proceso de recopilación de datos se ajuste a las normas profesionales y que las autoridades encargadas de la recopilación de datos y estadísticas gocen de suficiente autonomía. Deben cumplirse los requisitos en materia de protección de datos. |
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(44)

Resulta necesario hacer un seguimiento más sistemático de las demandas estratégicas contra la participación pública para afrontar mejor este fenómeno. Los datos recopilados deben incluir información suficiente para que las autoridades y otras partes interesadas pertinentes lo cuantifiquen y comprendan mejor, también con vistas a proporcionar la asistencia oportuna a las personas objeto de estos procedimientos. Los Estados miembros deben confiar a una o varias autoridades la recopilación y agregación de datos sobre demandas estratégicas contra la participación pública incoadas ante los órganos jurisdiccionales nacionales, teniendo en cuenta sus acuerdos institucionales en materia de estadísticas judiciales (25). Estas autoridades pueden recoger datos de varias partes interesadas. Para facilitar la recopilación de datos, las autoridades a las que se encomiende esta tarea pueden establecer puntos de contacto para que las autoridades judiciales, las organizaciones profesionales, las organizaciones no gubernamentales, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otras partes interesadas puedan compartir datos sobre procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos. Los Estados miembros deben encargar a una de estas autoridades que coordine la información y, a partir de finales de 2023, presente cada año a la Comisión los datos agregados recopilados a nivel nacional. Los Estados miembros deben garantizar la rendición de cuentas de los datos recopilados. A tal fin, deben velar por que el proceso de recopilación de datos se ajuste a las normas profesionales y que las autoridades encargadas de la recopilación de datos y estadísticas gocen de suficiente autonomía. Deben cumplirse los requisitos en materia de protección de datos.

| (45) | Cuando confíen a las autoridades la recopilación y presentación de datos, los Estados miembros podrían valorar la posibilidad de establecer sinergias con los instrumentos pertinentes en el ámbito del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales. Las instituciones nacionales de derechos humanos, cuando las haya, pueden desempeñar un papel importante. También pueden tener una función relevante otras entidades, como las oficinas del defensor del pueblo, los organismos para la igualdad o las autoridades competentes, como las designadas en virtud de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo (26). Los centros de referencia nacionales que ofrecen una visión general de los recursos de apoyo y las entidades o autoridades encargadas de recopilar y presentar datos podrían estar ubicados en la misma organización, teniendo en cuenta los requisitos y criterios descritos en la presente Recomendación. |
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(45)

Cuando confíen a las autoridades la recopilación y presentación de datos, los Estados miembros podrían valorar la posibilidad de establecer sinergias con los instrumentos pertinentes en el ámbito del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales. Las instituciones nacionales de derechos humanos, cuando las haya, pueden desempeñar un papel importante. También pueden tener una función relevante otras entidades, como las oficinas del defensor del pueblo, los organismos para la igualdad o las autoridades competentes, como las designadas en virtud de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo (26). Los centros de referencia nacionales que ofrecen una visión general de los recursos de apoyo y las entidades o autoridades encargadas de recopilar y presentar datos podrían estar ubicados en la misma organización, teniendo en cuenta los requisitos y criterios descritos en la presente Recomendación.

| (46) | Las autoridades encargadas de recopilar datos deben publicar información en formatos accesibles sobre las demandas estratégicas contra la participación pública en sus sitios web y, si procede, a través de otras herramientas adecuadas. Cuando lo hagan, deben garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales de las personas implicadas en demandas estratégicas contra la participación pública. |
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(46)

Las autoridades encargadas de recopilar datos deben publicar información en formatos accesibles sobre las demandas estratégicas contra la participación pública en sus sitios web y, si procede, a través de otras herramientas adecuadas. Cuando lo hagan, deben garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales de las personas implicadas en demandas estratégicas contra la participación pública.

| (47) | Para delimitar la duración de los procesos relativos a procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos, se debería recopilar, siempre que sea posible, información precisa sobre los sucesos, actos o acciones que hayan iniciado y concluido dichos procedimientos y las fechas en que tuvieron lugar. Entre los datos recopilados también debería figurar, en su caso, información sobre los antecedentes de un caso, por ejemplo, cuando en el pasado hayan tenido lugar procedimientos judiciales recurrentes contra la misma parte demandada o iniciados por la misma parte demandante. |
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(47)

Para delimitar la duración de los procesos relativos a procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos, se debería recopilar, siempre que sea posible, información precisa sobre los sucesos, actos o acciones que hayan iniciado y concluido dichos procedimientos y las fechas en que tuvieron lugar. Entre los datos recopilados también debería figurar, en su caso, información sobre los antecedentes de un caso, por ejemplo, cuando en el pasado hayan tenido lugar procedimientos judiciales recurrentes contra la misma parte demandada o iniciados por la misma parte demandante.

| (48) | En caso necesario, el grupo de expertos de la UE contra las demandas estratégicas contra la participación pública creado por la Comisión (27) podría contribuir al establecimiento, en todos los Estados miembros, de criterios comparables que las autoridades encargadas de recopilar y presentar datos sobre las demandas estratégicas contra la participación pública puedan aplicar con facilidad. |
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(48)

En caso necesario, el grupo de expertos de la UE contra las demandas estratégicas contra la participación pública creado por la Comisión (27) podría contribuir al establecimiento, en todos los Estados miembros, de criterios comparables que las autoridades encargadas de recopilar y presentar datos sobre las demandas estratégicas contra la participación pública puedan aplicar con facilidad.

| (49) | El grupo de expertos de la UE contra las demandas estratégicas contra la participación pública apoya el intercambio y la difusión entre profesionales de prácticas y conocimientos sobre cuestiones relacionadas con este tipo de demandas estratégicas. Entre otras cosas, podría proporcionar asistencia técnica a las autoridades a la hora de establecer centros de referencia, crear material formativo y organizar la asistencia jurídica. |
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(49)

El grupo de expertos de la UE contra las demandas estratégicas contra la participación pública apoya el intercambio y la difusión entre profesionales de prácticas y conocimientos sobre cuestiones relacionadas con este tipo de demandas estratégicas. Entre otras cosas, podría proporcionar asistencia técnica a las autoridades a la hora de establecer centros de referencia, crear material formativo y organizar la asistencia jurídica.

| (50) | El Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores («Programa CERV»), establecido por el Reglamento (UE) 2021/692 del Parlamento Europeo y del Consejo (28), tiene por objeto proteger y fomentar los derechos y valores consagrados en los Tratados y en la Carta. Con el objetivo de sustentar y seguir desarrollando sociedades democráticas basadas en el Estado de Derecho, el Programa CERV prevé, entre otras cosas, la posibilidad de financiar actividades relacionadas con el desarrollo de capacidades y la sensibilización sobre la Carta, lo que incluye la libertad de expresión. El Programa Justicia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/692 (29), contempla, entre otras cosas, la posibilidad de financiar actividades relacionadas con la formación judicial, con vistas a fomentar una cultura común jurídica y judicial basada en el Estado de Derecho, y apoyar y promover la aplicación coherente y eficaz de los instrumentos jurídicos de la Unión que sean pertinentes en el contexto del Programa. |
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(50)

El Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores («Programa CERV»), establecido por el Reglamento (UE) 2021/692 del Parlamento Europeo y del Consejo (28), tiene por objeto proteger y fomentar los derechos y valores consagrados en los Tratados y en la Carta. Con el objetivo de sustentar y seguir desarrollando sociedades democráticas basadas en el Estado de Derecho, el Programa CERV prevé, entre otras cosas, la posibilidad de financiar actividades relacionadas con el desarrollo de capacidades y la sensibilización sobre la Carta, lo que incluye la libertad de expresión. El Programa Justicia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/692 (29), contempla, entre otras cosas, la posibilidad de financiar actividades relacionadas con la formación judicial, con vistas a fomentar una cultura común jurídica y judicial basada en el Estado de Derecho, y apoyar y promover la aplicación coherente y eficaz de los instrumentos jurídicos de la Unión que sean pertinentes en el contexto del Programa.

HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

OBJETO

| 1. | La presente Recomendación define una serie de orientaciones para que los Estados miembros adopten medidas eficaces, adecuadas y proporcionadas para hacer frente a las demandas estratégicas contra la participación pública y proteger, en particular, a los periodistas y los defensores de los derechos humanos frente a dichos procedimientos, respetando plenamente los valores democráticos y los derechos fundamentales. |
| --- | --- |

1.

MARCOS APLICABLES

| 2. | Como norma general, los Estados miembros deben velar por que sus marcos jurídicos aplicables contengan las salvaguardias necesarias para hacer frente a las demandas estratégicas contra la participación pública, respetando plenamente los valores democráticos y los derechos fundamentales, incluidos el derecho a un juicio justo y el derecho a la libertad de expresión. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Los Estados miembros deben procurar que existan las garantías procesales necesarias para proceder a la desestimación temprana de los procedimientos judiciales manifiestamente infundados contra la participación pública. Asimismo, deben tratar de ofrecer otras vías de recurso frente a los procedimientos judiciales abusivos contra la participación pública, tales como la condena en costas a una parte demandante que haya incoado procedimientos judiciales abusivos contra la participación pública, la indemnización por daños a toda persona física o jurídica que haya sufrido un perjuicio como consecuencia de procedimientos judiciales abusivos contra la participación pública, y la posibilidad de imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a la parte que haya incoado procedimientos judiciales abusivos contra la participación pública. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Se anima a los Estados miembros a incluir en su Derecho interno garantías para los asuntos nacionales similares a las incluidas en los instrumentos de la Unión que tratan de hacer frente a las demandas estratégicas contra la participación pública en asuntos civiles con repercusiones transfronterizas. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Los Estados miembros deben velar por que sus normas aplicables a la difamación no tengan un impacto injustificado en la libertad de expresión, en la existencia de un entorno mediático abierto, libre y plural, y en la participación pública. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Los Estados miembros deben velar por que sus normas aplicables a la difamación, y los conceptos de estas, sean lo suficientemente claras, a fin de reducir el riesgo de que se utilicen indebidamente o se abuse de ellas. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Los Estados miembros también deben asegurarse de que las sanciones contra la difamación no sean excesivas ni desproporcionadas. Los Estados miembros deben prestar especial atención a las directrices y recomendaciones del Consejo de Europa (30) que abordan el marco jurídico para casos de difamación, y en particular el Derecho penal. En este contexto, se exhorta a los Estados miembros a que eliminen de sus marcos jurídicos las penas de prisión por difamación. También se anima a los Estados miembros a favorecer el recurso al Derecho administrativo o civil para tratar los casos de difamación (31), siempre que dichas disposiciones tengan un efecto menos punitivo que el Derecho penal. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Los Estados miembros deben esforzarse por que su legislación establezca un vínculo adecuado entre el derecho a la protección de los datos personales y el derecho a la libertad de expresión e información, a fin de conciliar ambos derechos, tal como exige el artículo 85, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/679. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Los Estados miembros deben adoptar las medidas adecuadas para garantizar que las normas deontológicas que rigen la conducta de los profesionales de la Justicia y las sanciones disciplinarias aplicables si se incumplen dichas normas tengan en cuenta e incluyan medidas adecuadas para desalentar las demandas estratégicas contra la participación pública. Los Estados miembros deben animar a los organismos de autorregulación y a las asociaciones de profesionales de la Justicia a armonizar sus normas deontológicas, incluidos los códigos de conducta, con la presente Recomendación. También se recomienda llevar a cabo labores de sensibilización y formación adecuadas. |
| --- | --- |

9.

FORMACIÓN

| 10. | Los Estados miembros deben apoyar las oportunidades de formación sobre las demandas estratégicas contra la participación pública dirigidas a los profesionales de la Justicia, como los jueces, el personal judicial que trabaja en órganos jurisdiccionales de cualquier instancia y abogados cualificados, así como a las personas que pueden ser objeto de dichos procedimientos judiciales. Las formaciones deben centrarse en la adquisición de conocimientos especializados para detectar estos procedimientos y reaccionar adecuadamente. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Los Estados miembros deben animar a las asociaciones de profesionales de la Justicia y a los proveedores de formación jurídica a ofrecer formación sobre cómo lidiar con las demandas estratégicas contra la participación pública. La Comisión alentará a los proveedores de formación a nivel europeo, como la Red Europea de Formación Judicial, a impartir dicha formación. Los profesionales de la Justicia y sus asociaciones profesionales deben participar en el desarrollo, la organización, la realización y la evaluación de la formación. |
| --- | --- |

11.

| 12. | La formación debe abarcar los aspectos pertinentes de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Debe incluir orientaciones prácticas sobre cómo aplicar el Derecho de la Unión y la jurisprudencia nacional, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; sobre la determinación de que las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión cumplen los requisitos establecidos, respectivamente, en el artículo 52 de la Carta y en el artículo 10, apartado 2, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y sobre la vinculación entre la libertad de expresión y la libertad de información, y de estas con otros derechos fundamentales. |
| --- | --- |

12.

| 13. | La formación también debe abarcar las garantías procesales frente a las demandas estratégicas contra la participación pública, cuando existan, así como la jurisdicción y la legislación pertinente aplicable en materia de derechos fundamentales y asuntos penales, administrativos, civiles y mercantiles. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Las actividades de formación también deben abordar la obligación de los Estados miembros de conciliar por ley la protección de los datos personales con el derecho a la libertad de expresión y de información, en virtud del Reglamento (UE) 2016/679. Deben abarcar las normas adoptadas por los Estados miembros a tal fin y las exenciones o excepciones específicas respecto del Reglamento (UE) 2016/679 aplicables al tratamiento de datos realizado con fines periodísticos o con fines de expresión académica, artística o literaria (32). Deben tenerse debidamente en cuenta los elementos mencionados en el anexo de la presente Recomendación. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Los Estados miembros deben considerar la posibilidad de integrar dicha formación en la formación en materia de libertad de expresión y ética jurídica. |
| --- | --- |

15.

| 16. | La formación de los periodistas, otros profesionales de los medios de comunicación y los defensores de los derechos humanos debe reforzar su capacidad para hacer frente a demandas estratégicas contra la participación pública. Debe centrarse en ayudarlos a reconocer las demandas estratégicas contra la participación pública, en cómo pueden lidiar con dichas demandas cuando sean objeto de ellas y en informarles de sus derechos y obligaciones, a fin de que puedan adoptar las medidas necesarias para protegerse frente a tales demandas. La formación de los periodistas también debe abordar las normas y directrices éticas establecidas por los consejos nacionales de prensa o medios de comunicación. |
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16.

| 17. | Los Estados miembros podrían animar a las instituciones de enseñanza superior a incluir en sus planes de estudios conocimientos sobre cómo identificar las demandas estratégicas contra la participación pública, especialmente en las titulaciones de Derecho y Periodismo. |
| --- | --- |

17.

| 18. | La formación podría incluir testimonios de personas que hayan sido objeto de demandas estratégicas contra la participación pública. Asimismo, aprovechando al máximo los conocimientos desarrollados en el marco del grupo de expertos de la UE contra las demandas estratégicas contra la participación pública, la formación podría fomentar el intercambio de experiencias entre los Estados miembros. |
| --- | --- |

18.

SENSIBILIZACIÓN

| 19. | Se anima a los Estados miembros a respaldar iniciativas, incluidas las de instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, destinadas a sensibilizar y organizar campañas informativas sobre las demandas estratégicas contra la participación pública. Debe hacerse especial hincapié en atender a las personas que podrían ser objeto de dichas demandas. |
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19.

| 20. | Las actividades de sensibilización deben tener por objeto explicar la cuestión de las demandas estratégicas contra la participación pública de manera sencilla y accesible, de modo que resulte fácil reconocerlas. |
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20.

| 21. | Las actividades de sensibilización deben proporcionar información sobre las estructuras de apoyo existentes e informar acerca de los centros de referencia nacionales que recopilan y comparten información sobre los recursos disponibles. Las iniciativas de sensibilización también deben proporcionar una visión clara de las líneas legales de defensa previstas en los marcos nacionales en caso de demandas estratégicas contra la participación pública y cómo podrían utilizarse de manera eficaz. |
| --- | --- |

21.

| 22. | Las campañas de sensibilización para luchar contra las actitudes negativas, los estereotipos y los prejuicios también podrían abordar las demandas estratégicas contra la participación pública. |
| --- | --- |

22.

| 23. | La promoción de una mejor comprensión de la naturaleza y el alcance de los efectos de las demandas estratégicas contra la participación pública debe formar parte de las actividades de sensibilización sobre el derecho a la libertad de expresión dirigidas a grupos específicos, como los profesionales de los medios de comunicación, los profesionales de la Justicia, los miembros de organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico, los laboratorios de ideas, los profesionales de la comunicación, los funcionarios, los políticos, las autoridades públicas y las empresas privadas. |
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23.

MECANISMOS DE ASISTENCIA

| 24. | Los Estados miembros deben garantizar que las personas objeto de demandas estratégicas contra la participación pública tengan acceso a una asistencia individual e independiente. A tal fin, los Estados miembros deben identificar y respaldar a las organizaciones que proporcionan orientación y asistencia a estas personas. Entre estas organizaciones pueden figurar asociaciones de profesionales de la Justicia, consejos de prensa y medios de comunicación, asociaciones que agrupen a defensores de los derechos humanos, asociaciones a escala nacional y de la Unión, bufetes de abogados que defienden pro bono a las personas objeto de demandas estratégicas contra la participación pública, consultorios jurídicos gratuitos de universidades y otras organizaciones no gubernamentales. |
| --- | --- |

24.

| 25. | Cada Estado miembro debe establecer un centro de referencia nacional que recopile y comparta información sobre todas las organizaciones que proporcionan orientación y asistencia a las personas objeto de demandas estratégicas contra la participación pública. |
| --- | --- |

25.

| 26. | Se anima a los Estados miembros a que utilicen la financiación nacional y de la Unión para proporcionar apoyo financiero y favorecer que la financiación disponible a escala de la Unión llegue a organizaciones que facilitan orientación y asistencia a las personas objeto de demandas estratégicas contra la participación pública, en particular para asegurarse de que disponen de recursos suficientes para reaccionar rápidamente ante tales demandas. |
| --- | --- |

26.

| 27. | Los Estados miembros deben asegurarse de que las partes demandadas en demandas estratégicas contra la participación pública puedan acceder a asistencia jurídica fácilmente y con un coste asequible. |
| --- | --- |

27.

| 28. | Los Estados miembros deben facilitar el intercambio de información y mejores prácticas entre las organizaciones que proporcionan orientación y asistencia a las personas objeto de demandas estratégicas contra la participación pública. |
| --- | --- |

28.

RECOPILACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS Y SEGUIMIENTO

| 29. | Los Estados miembros deben confiar a una o varias autoridades la recopilación y agregación de datos sobre demandas estratégicas contra la participación pública iniciadas en su jurisdicción, teniendo en cuenta sus acuerdos institucionales en materia de estadísticas judiciales y respetando plenamente los requisitos de protección de datos. Los Estados miembros deben asegurarse de que una autoridad se encargue de coordinar la información y de presentar cada año, a partir de finales de 2023, los datos agregados recopilados a nivel nacional a la Comisión, respetando plenamente los requisitos de protección de datos. La Comisión publicará un resumen anual de las contribuciones recibidas. |
| --- | --- |

29.

| 30. | En caso necesario, el grupo de expertos de la UE contra las demandas estratégicas contra la participación pública podría apoyar el desarrollo y el mejor uso de normas y plantillas sobre recopilación de datos. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Entre los datos a los que se refiere el apartado 29 deben figurar:






  a) | el número de demandas estratégicas contra la participación pública iniciadas en el año correspondiente; |
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31.

a)

el número de demandas estratégicas contra la participación pública iniciadas en el año correspondiente;

| b) | el número de demandas estratégicas contra la participación pública que se desestimaron de forma temprana en el año pertinente a partir de 2022, tanto por motivos de fondo como de procedimiento; |
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b)

el número de demandas estratégicas contra la participación pública que se desestimaron de forma temprana en el año pertinente a partir de 2022, tanto por motivos de fondo como de procedimiento;

| c) | el número de procedimientos judiciales, clasificados por tipo de parte demandada (por ejemplo, periodista, defensor de los derechos humanos, medio de prensa); |
| --- | --- |

c)

el número de procedimientos judiciales, clasificados por tipo de parte demandada (por ejemplo, periodista, defensor de los derechos humanos, medio de prensa);

| d) | el número de procedimientos judiciales, clasificados por tipo de parte demandante (por ejemplo, político, particular, empresa, si la parte demandante es una entidad extranjera); |
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d)

el número de procedimientos judiciales, clasificados por tipo de parte demandante (por ejemplo, político, particular, empresa, si la parte demandante es una entidad extranjera);

| e) | cifras sobre los actos de participación pública a raíz de los cuales se iniciaron procedimientos judiciales; |
| --- | --- |

e)

cifras sobre los actos de participación pública a raíz de los cuales se iniciaron procedimientos judiciales;

| f) | datos sobre el importe estimado de la indemnización inicial solicitada por las partes demandantes; |
| --- | --- |

f)

datos sobre el importe estimado de la indemnización inicial solicitada por las partes demandantes;

| g) | una descripción de los diferentes fundamentos jurídicos empleados por las partes demandantes y las cifras correspondientes; |
| --- | --- |

g)

una descripción de los diferentes fundamentos jurídicos empleados por las partes demandantes y las cifras correspondientes;

| h) | cifras sobre la duración de los procedimientos, incluidas todas las instancias; |
| --- | --- |

h)

cifras sobre la duración de los procedimientos, incluidas todas las instancias;

| i) | cifras sobre elementos transfronterizos, así como |
| --- | --- |

i)

cifras sobre elementos transfronterizos, así como

| j) | según su disponibilidad, otros datos, incluidos los relativos a las costas judiciales de los procedimientos y, en su caso, las cifras pertinentes sobre los antecedentes históricos de los casos. |
| --- | --- |

j)

según su disponibilidad, otros datos, incluidos los relativos a las costas judiciales de los procedimientos y, en su caso, las cifras pertinentes sobre los antecedentes históricos de los casos.

| 32. | La autoridad responsable de la coordinación a la que se refiere el apartado 29 debe publicar los datos en formatos accesibles en su sitio web y, en su caso, a través de otras herramientas adecuadas, adoptando al mismo tiempo las disposiciones necesarias para garantizar la protección de los derechos de las personas implicadas en demandas estratégicas contra la participación pública. |
| --- | --- |

32.

DISPOSICIONES FINALES

| 33. | Los Estados miembros deben hacer pleno uso del apoyo financiero disponible a escala de la Unión para aplicar las disposiciones específicas de la presente Recomendación y promover las oportunidades de financiación disponibles para las entidades públicas y privadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, en particular en el marco del Programa CERV y del Programa Justicia. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Los Estados miembros deben transmitir a la Comisión, a más tardar a finales de 2023 y, posteriormente, previa solicitud, de conformidad con las normas en materia de protección de datos, un informe sobre la aplicación de la presente Recomendación que contenga datos agregados consolidados a nivel de los Estados miembros. La Comisión mantendrá, cuando sea necesario, conversaciones con los Estados miembros y las partes interesadas en los foros pertinentes sobre las medidas y actuaciones emprendidas para aplicar la Recomendación. |
| --- | --- |

34.

| 35. | A más tardar cinco años a contar desde de la fecha de adopción, la Comisión evaluará el impacto de la presente Recomendación en la evolución de las demandas estratégicas contra la participación pública en la Unión Europea. Sobre esta base, la Comisión determinará si es necesario adoptar medidas adicionales para garantizar la protección adecuada de las personas objeto de dichos procedimientos, teniendo en cuenta las conclusiones de los informes de la Comisión sobre el Estado de Derecho y otra información pertinente, incluidos datos externos. |
| --- | --- |

35.

Hecho en Bruselas, el 27 de abril de 2022.

Por la Comisión

Didier REYNDERS

Miembro de la Comisión

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(1)  Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 14 de septiembre de 2010, Dink/Turquía (solicitudes n.os 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 y 7124/09), apartado 137. Véase asimismo, respecto a las obligaciones positivas derivadas del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el informe de la División de Investigación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: https://www.echr.coe.int/documents/research_report_article_10_eng.pdf.

1

os

(2)  Véase la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos de 7 de diciembre de 1976, Handyside/Reino Unido (solicitud n.o 5493/72), apartado 49.

2

o

(3)  Véase la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos de 15 de febrero de 2005, Steel y Morris/Reino Unido (solicitud n.o 68416/01), apartado 89.

3

o

(4)  La Recomendación CM/Rec (2022)4 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la promoción de un entorno favorable para un periodismo de calidad en la era digital establece que «[...]el periodismo de calidad, que se basa en las normas de la ética profesional y adopta distintas formas en función del contexto geográfico, jurídico y social, persigue el doble objetivo de actuar como guardián público en las sociedades democráticas y de contribuir a la sensibilización y la información del público» https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a5ddd0 [documento en inglés]. En lo que respecta a los periodistas profesionales, la Resolución 2213 (2018) sobre el estatuto de los periodistas en Europa, aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, hace referencia a la «misión de informar al público sobre temas generales o especializados de la manera más responsable y objetiva posible» https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a5ddd0 [documento en inglés].

4

(5)  Academic Network on European Citizenship Rights, Ad hoc request – SLAPP in the EU context [«Solicitud especial. La demanda estratégica contra la participación pública en el contexto de la UE», documento en inglés], 29 de mayo de 2020, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ad-hoc-literature-review-analysis-key-elements-slapp_en.pdf, p. 4, y Academic Network on European Citizenship Rights, Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP) in the European Union: A comparative study [«Estudio comparativo sobre las demandas estratégicas contra la participación pública en la Unión Europea», documento en inglés], 30 de junio de 2021, https://ec.europa.eu/info/files/strategic-lawsuits-against-public-participation-slapp-european-union-comparative-study_en.

5

Ad hoc request – SLAPP in the EU context

Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP) in the European Union: A comparative study

(6)  P9_TA(2020) 0320. En esta Resolución, el Parlamento reiteró también lo estipulado en su Resolución de 28 de marzo de 2019 [P8_TA (2019) 0328].

6

(7)  P9_TA(2021) 0451.

7

(8)  Desde 2015, la Plataforma del Consejo de Europa ha facilitado la recopilación y difusión de información sobre profundas preocupaciones relacionadas con la libertad de los medios de comunicación y la seguridad de los periodistas en los Estados miembros del Consejo de Europa. Las organizaciones colaboradoras participantes (ONG internacionales invitadas y asociaciones de periodistas) emiten alertas sobre violaciones de la libertad de los medios de comunicación y publican informes anuales sobre la situación de la libertad de los medios de comunicación y la seguridad de los periodistas en Europa. Se espera que los Estados miembros del Consejo de Europa actúen y subsanen los problemas e informen a la Plataforma de las medidas adoptadas en respuesta a las alertas. La baja tasa de respuesta de los Estados miembros del Consejo de Europa, que también son Estados miembros de la UE, pone de manifiesto la necesidad de proseguir los esfuerzos. https://www.coe.int/en/web/media-freedom.

8

(9)  En 2021, se publicaron 282 alertas en la Plataforma para Promover la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas (coe.int), varias de ellas relacionadas con casos de intimidación judicial, es decir, el uso oportunista, arbitrario o pernicioso de la legislación, incluida la difamación, la lucha contra el terrorismo, la seguridad nacional, el vandalismo o las leyes contra el extremismo. El informe anual de 2021 de las organizaciones colaboradoras de la Plataforma del Consejo de Europa para Promover la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas señaló el aumento en 2020 del número de alertas y de la cantidad de jurisdicciones de los Estados miembros del Consejo de Europa afectados: 1680a2440e (coe.int).

9

(10)  Recomendación CM/Rec(2016)4 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806415d9#_ftn1.

10

(11)  COM(2020) 580 final de 30 de septiembre de 2020.

11

(12)  COM(2021) 700 final de 20 de julio de 2021.

12

(13)  COM(2020) 790 final de 3 de diciembre de 2020.

13

(14)  Recomendación (UE) 2021/1534 de la Comisión, de 16 de septiembre de 2021, sobre la garantía de la protección, la seguridad y el empoderamiento de los periodistas y los otros profesionales de los medios de comunicación en la Unión Europea (DO L 331 de 20.9.2021, p. 8).

14

(15)  Véanse, entre otros, la Resolución 1577 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa Towards decriminalisation of defamation [«Hacia la despenalización de la difamación», documento en inglés], 2007, https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17588&lang=en; la Recomendación 1814 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa Towards decriminalisation of defamation [«Hacia la despenalización de la difamación», documento en inglés], 2007, https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17587&lang=en; el estudio de la Secretaría General del Consejo de Europa sobre libertad de expresión y difamación. Estudio de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2012, https://rm.coe.int/study-on-the-alignment-of-laws-and-practices-concerning-alignment-of-l/16804915c5, y el estudio más reciente del Consejo de Europa de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2016, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ac95b.

15

Towards decriminalisation of defamation

Towards decriminalisation of defamation

(16)  Resolución 1577 (2007) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 4 de octubre de 2007, hacia la despenalización de la difamación, https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17588&lang=en.

16

(17)  Véanse asimismo la observación general n.o 34 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Artículo 19: Libertad de opinión y libertad de expresión, 12 de septiembre de 2011, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/453/34/PDF/G1145334.pdf?OpenElement, y el informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa Special report on legal harassment and abuse of the judicial system against the media [«Informe especial sobre el acoso jurídico y el abuso del sistema judicial contra los medios de comunicación», documento en inglés], 23 de noviembre de 2021, https://www.osce.org/files/f/documents/c/f/505075_0.pdf.

17

o

Special report on legal harassment and abuse of the judicial system against the media

(18)  Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación general n.o 34 del Artículo 19: Libertad de opinión y libertad de expresión, 12 de septiembre de 2011, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/453/34/PDF/G1145334.pdf?OpenElement.

18

o

(19)  Oficina de la Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación, Special report on legal harassment and abuse of the judicial system against the media [«Informe especial sobre el acoso jurídico y el abuso del sistema judicial contra los medios de comunicación», documento en inglés], 23 de noviembre de 2021, https://www.osce.org/files/f/documents/c/f/505075_0.pdf.

19

Special report on legal harassment and abuse of the judicial system against the media

(20)  
  Recommendation CM/Rec(2016)4 of the Committee of Ministers to member States on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors [«Recomendación CM/Rec(2016)4 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación», documento en inglés], apartado 6.

20

Recommendation

of the Committee of Ministers to member States on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors

(21)  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva n.o 95/46/CE, Reglamento general de protección de datos (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

21

o

(22)  Consejo de Europa, Protecting the right to freedom of expression under the European Convention on Human Rights-A handbook for legal practitioners [«Proteger el derecho a la libertad de expresión en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Manual para profesionales de la justicia», documento en inglés], 2017, https://rm.coe.int/handbook-freedom-of-expression-eng/1680732814.

22

Protecting the right to freedom of expression under the European Convention on Human Rights-A handbook for legal practitioners

(23)  UNESCO, Global toolkit for judicial actors: international legal estándares on freedom of expression, access to information and safety of journalists [«Conjunto global de herramientas para los agentes judiciales: normas jurídicas internacionales relativas a la libertad de expresión, el acceso a la información y la seguridad de los periodistas», documento en inglés], 2021, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378755.

23

Global toolkit for judicial actors: international legal estándares on freedom of expression, access to information and safety of journalists

(24)  https://www.coe.int/en/web/help/home.

24

(25)  Véanse las Directrices sobre estadísticas judiciales adoptadas por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) en su 12.a reunión plenaria, celebrada en Estrasburgo los días 10 y 11 de diciembre de 2008: CEPEJ-GT-EVAL (coe.int) [documento en inglés].

25

a

(26)  Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17).

26

(27)  Registro de grupos de expertos de la Comisión y otras entidades similares (europa.eu).

27

(28)  Reglamento (UE) 2021/692 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se crea el Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores y se deroga el Reglamento (UE) n.o 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.o 390/2014 del Consejo (DO L 156 de 5.5.2021, p. 1).

28

o

o

(29)  El Reglamento (UE) 2021/692 tiene el objetivo de contribuir al desarrollo de un espacio europeo de justicia y a fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales.

29

(30)  Véanse, entre otros, la Resolución 1577 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa Towards decriminalisation of defamation [«Hacia la despenalización de la difamación», documento en inglés], 2007, https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17588&lang=en; la Recomendación 1814 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa Towards decriminalisation of defamation [«Hacia la despenalización de la difamación», documento en inglés], 2007, https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17587&lang=en; el estudio de la Secretaría General del Consejo de Europa sobre libertad de expresión y difamación. Estudio de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2012, https://rm.coe.int/study-on-the-alignment-of-laws-and-practices-concerning-alignment-of-l/16804915c5, y el estudio más reciente del Consejo de Europa de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2016, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ac95b.

30

Towards decriminalisation of defamation

Towards decriminalisation of defamation

(31)  Al margen del Consejo de Europa (véase la nota anterior), existe una creciente demanda internacional para despenalizar la difamación. Véanse la observación general n.o 34 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Artículo 19: Libertad de opinión y libertad de expresión, 12 de septiembre de 2011, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/453/34/PDF/G1145334.pdf?OpenElement, y el informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa Special report on legal harassment and abuse of the judicial system against the media [«Informe especial sobre el acoso jurídico y el abuso del sistema judicial contra los medios de comunicación», documento en inglés], 23 de noviembre de 2021, https://www.osce.org/files/f/documents/c/f/505075_0.pdf.

31

o

Special report on legal harassment and abuse of the judicial system against the media

(32)  Para más información sobre la transposición del artículo 85 del RGPD al Derecho nacional, véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, p. 26.

32

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ANEXO

Elementos que podrían incluirse en la formación sobre reclamaciones en materia de protección de datos en el contexto de las demandas estratégicas contra la participación pública (comúnmente conocidos como «SLAPP», por sus siglas en inglés):

| — | La legislación adoptada por los Estados miembros para conciliar el derecho a la protección de los datos personales con el derecho a la libertad de expresión y de información, que establecerá exenciones o excepciones respecto de las disposiciones previstas en el artículo 85, apartado 2, del RGPD para el tratamiento realizado con fines periodísticos o con fines de expresión académica, artística o literaria, si son necesarias para conciliar estos dos derechos. |
| --- | --- |

—

La legislación adoptada por los Estados miembros para conciliar el derecho a la protección de los datos personales con el derecho a la libertad de expresión y de información, que establecerá exenciones o excepciones respecto de las disposiciones previstas en el artículo 85, apartado 2, del RGPD para el tratamiento realizado con fines periodísticos o con fines de expresión académica, artística o literaria, si son necesarias para conciliar estos dos derechos.

| — | Para el ejercicio de los derechos del interesado en virtud del RGPD, el artículo 12, apartado 5, del RGPD, establece que las solicitudes que sean manifiestamente infundadas o excesivas podrán denegarse o estar sujetas a un canon razonable. |
| --- | --- |

—

Para el ejercicio de los derechos del interesado en virtud del RGPD, el artículo 12, apartado 5, del RGPD, establece que las solicitudes que sean manifiestamente infundadas o excesivas podrán denegarse o estar sujetas a un canon razonable.

| — | El derecho de rectificación previsto en el artículo 16 del RGPD solo se refiere a las situaciones en las que los datos personales son inexactos. Además, el derecho a completar los datos personales incompletos no es automático y depende de la finalidad del tratamiento. |
| --- | --- |

—

El derecho de rectificación previsto en el artículo 16 del RGPD solo se refiere a las situaciones en las que los datos personales son inexactos. Además, el derecho a completar los datos personales incompletos no es automático y depende de la finalidad del tratamiento.

| — | Para el ejercicio del derecho al olvido, el RGPD establece que este derecho no se aplicará cuando el tratamiento sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información, conforme al artículo 17, apartado 3, letra a), del RGPD. |
| --- | --- |

—

Para el ejercicio del derecho al olvido, el RGPD establece que este derecho no se aplicará cuando el tratamiento sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información, conforme al artículo 17, apartado 3, letra a), del RGPD.

| — | Como obstáculo a la búsqueda del foro más favorable, el artículo 79, apartado 2, del RGPD establece que las acciones contra un responsable o encargado del tratamiento (por ejemplo, el periodista, el defensor de derechos, el agente de la sociedad civil o la empresa de medios de comunicación) pueden ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en el que el responsable o el encargado del tratamiento tengan un establecimiento o, a menos que el responsable o el encargado del tratamiento sea una autoridad pública de un Estado miembro que actúe en ejercicio de sus poderes públicos, donde el interesado tenga su residencia habitual. Esta disposición no deja margen para acciones por violación de las normas de protección de datos ante otros órganos jurisdiccionales sin relación alguna con el tratamiento de los datos personales, el establecimiento del periodista o del medio de comunicación, o la residencia habitual de la parte demandante, lo que incluye las indemnizaciones. |
| --- | --- |

—

Como obstáculo a la búsqueda del foro más favorable, el artículo 79, apartado 2, del RGPD establece que las acciones contra un responsable o encargado del tratamiento (por ejemplo, el periodista, el defensor de derechos, el agente de la sociedad civil o la empresa de medios de comunicación) pueden ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en el que el responsable o el encargado del tratamiento tengan un establecimiento o, a menos que el responsable o el encargado del tratamiento sea una autoridad pública de un Estado miembro que actúe en ejercicio de sus poderes públicos, donde el interesado tenga su residencia habitual. Esta disposición no deja margen para acciones por violación de las normas de protección de datos ante otros órganos jurisdiccionales sin relación alguna con el tratamiento de los datos personales, el establecimiento del periodista o del medio de comunicación, o la residencia habitual de la parte demandante, lo que incluye las indemnizaciones.

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REGLAMENTOS INTERNOS Y DE PROCEDIMIENTO

| 17.5.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 138/45 |
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17.5.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 138/45

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DECISIÓN 28/2022 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

de 4 de abril de 2022

relativa a las normas internas sobre las limitaciones de determinados derechos de los titulares de datos en relación con el tratamiento de datos personales en el marco de las actividades llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 16,

Visto el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de estos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión 1247/2002/CE (1) (en lo sucesivo, «Reglamento»), y en particular su artículo 25,

Visto el Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2019, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1052/2013 y n.o (UE) 2016/1624 (2) (en lo sucesivo, «Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas» o «Reglamento GEFC»), y en particular su artículo 86, apartado 2,

Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos el 16 de noviembre de 2021,

Considerando lo siguiente:

| (1) | La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (en lo sucesivo, «Agencia») está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas y procedimientos predisciplinarios, disciplinarios y de suspensión, de conformidad con el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, establecidos en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo (3) («Estatuto de los funcionarios»), y con la Decisión 26/2018 del Consejo de Administración, de 25 de octubre de 2018, por la que se adoptan disposiciones de aplicación relativas a la realización de investigaciones administrativas y procedimientos disciplinarios. Si es necesario, también notifica los casos a la OLAF. |
| --- | --- |

(1)

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (en lo sucesivo, «Agencia») está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas y procedimientos predisciplinarios, disciplinarios y de suspensión, de conformidad con el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, establecidos en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo (3) («Estatuto de los funcionarios»), y con la Decisión 26/2018 del Consejo de Administración, de 25 de octubre de 2018, por la que se adoptan disposiciones de aplicación relativas a la realización de investigaciones administrativas y procedimientos disciplinarios. Si es necesario, también notifica los casos a la OLAF.

| (2) | Los miembros del personal de la Agencia están obligados a notificar las actividades potencialmente ilícitas, incluidos el fraude y la corrupción, que vayan en detrimento de los intereses de la Unión. Los miembros del personal también están obligados a comunicar las actuaciones relativas al cumplimiento de las obligaciones profesionales que puedan constituir un incumplimiento grave de las obligaciones de los funcionarios de la Unión. Estas obligaciones están reguladas por la Decisión 17/2019 del Consejo de Administración, de 18 de julio de 2019, por la que se adoptan las Directrices de Frontex sobre denuncia de irregularidades. |
| --- | --- |

(2)

Los miembros del personal de la Agencia están obligados a notificar las actividades potencialmente ilícitas, incluidos el fraude y la corrupción, que vayan en detrimento de los intereses de la Unión. Los miembros del personal también están obligados a comunicar las actuaciones relativas al cumplimiento de las obligaciones profesionales que puedan constituir un incumplimiento grave de las obligaciones de los funcionarios de la Unión. Estas obligaciones están reguladas por la Decisión 17/2019 del Consejo de Administración, de 18 de julio de 2019, por la que se adoptan las Directrices de Frontex sobre denuncia de irregularidades.

| (3) | La Agencia ha puesto en marcha una política destinada a prevenir y tratar eficazmente los casos reales o potenciales de acoso psicológico o sexual en el lugar de trabajo, tal como se establece en la Decisión 16/2019 del Consejo de Administración, de 18 de julio de 2019, por la que se adoptan medidas de ejecución en virtud del Estatuto de los funcionarios. La Decisión establece un procedimiento informal por el que la presunta víctima del acoso puede ponerse en contacto con los consejeros «confidenciales» de la Agencia. |
| --- | --- |

(3)

La Agencia ha puesto en marcha una política destinada a prevenir y tratar eficazmente los casos reales o potenciales de acoso psicológico o sexual en el lugar de trabajo, tal como se establece en la Decisión 16/2019 del Consejo de Administración, de 18 de julio de 2019, por la que se adoptan medidas de ejecución en virtud del Estatuto de los funcionarios. La Decisión establece un procedimiento informal por el que la presunta víctima del acoso puede ponerse en contacto con los consejeros «confidenciales» de la Agencia.

| (4) | La Agencia también puede llevar a cabo investigaciones sobre posibles infracciones de las normas de seguridad de la información clasificada de la Unión Europea (ICUE), sobre la base de sus normas de seguridad para la protección de la ICUE. |
| --- | --- |

(4)

La Agencia también puede llevar a cabo investigaciones sobre posibles infracciones de las normas de seguridad de la información clasificada de la Unión Europea (ICUE), sobre la base de sus normas de seguridad para la protección de la ICUE.

| (5) | La Agencia está sujeta a auditorías internas y externas relativas a sus actividades, en particular por parte del Tribunal de Cuentas Europeo. Las auditorías internas las lleva a cabo la estructura de auditoría interna de la Agencia creada por la Decisión 43/2020 del Consejo de Administración, de 9 de diciembre de 2020, por la que se adopta la estructura organizativa modificada de la Agencia y la correspondiente Decisión del director ejecutivo de conformidad con el artículo 80 de la Decisión 19/2019 del Consejo de Administración, de 23 de julio de 2019, por la que se adopta el Reglamento Financiero de Frontex. |
| --- | --- |

(5)

La Agencia está sujeta a auditorías internas y externas relativas a sus actividades, en particular por parte del Tribunal de Cuentas Europeo. Las auditorías internas las lleva a cabo la estructura de auditoría interna de la Agencia creada por la Decisión 43/2020 del Consejo de Administración, de 9 de diciembre de 2020, por la que se adopta la estructura organizativa modificada de la Agencia y la correspondiente Decisión del director ejecutivo de conformidad con el artículo 80 de la Decisión 19/2019 del Consejo de Administración, de 23 de julio de 2019, por la que se adopta el Reglamento Financiero de Frontex.

| (6) | La Agencia tramita las denuncias externas, en particular las recibidas en el contexto del mecanismo de reclamaciones establecido de conformidad con el artículo 111 del Reglamento GEFC para supervisar y garantizar el respeto de los derechos fundamentales en todas las actividades de la Agencia. |
| --- | --- |

(6)

La Agencia tramita las denuncias externas, en particular las recibidas en el contexto del mecanismo de reclamaciones establecido de conformidad con el artículo 111 del Reglamento GEFC para supervisar y garantizar el respeto de los derechos fundamentales en todas las actividades de la Agencia.

| (7) | Los participantes en las actividades de Frontex tienen la obligación de notificar incidentes graves de conformidad con el artículo 38, apartado 3, letra h), del Reglamento GEFC y con la Decisión del director ejecutivo, de 19 de abril de 2021, sobre procedimientos operativos normalizados (PON) — Notificación de incidentes graves (4). La Agencia también ha establecido un mecanismo de supervisión para supervisar la aplicación de las disposiciones del Reglamento GEFC sobre el uso de la fuerza por parte del personal estatutario, incluidas normas sobre presentación de informes y medidas específicas, como las de carácter disciplinario, en relación con el uso de la fuerza durante los despliegues. Esto está regulado por la Decisión 7/2021 del Consejo de Administración, de 20 de enero de 2021, por la que se establece un mecanismo de supervisión para supervisar la aplicación de las disposiciones sobre el uso de la fuerza por parte del personal estatutario del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. La Agencia también supervisa el uso de la fuerza por parte del personal enviado en comisión de servicios a la Agencia por los Estados miembros a largo plazo, el personal proporcionado por los Estados miembros para despliegues de corta duración y el personal que forma parte de la reserva de reacción rápida para intervenciones fronterizas rápidas, al tiempo que aplica la fuerza en las actividades operativas de Frontex de conformidad con la decisión pertinente del director ejecutivo. |
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(7)

Los participantes en las actividades de Frontex tienen la obligación de notificar incidentes graves de conformidad con el artículo 38, apartado 3, letra h), del Reglamento GEFC y con la Decisión del director ejecutivo, de 19 de abril de 2021, sobre procedimientos operativos normalizados (PON) — Notificación de incidentes graves (4). La Agencia también ha establecido un mecanismo de supervisión para supervisar la aplicación de las disposiciones del Reglamento GEFC sobre el uso de la fuerza por parte del personal estatutario, incluidas normas sobre presentación de informes y medidas específicas, como las de carácter disciplinario, en relación con el uso de la fuerza durante los despliegues. Esto está regulado por la Decisión 7/2021 del Consejo de Administración, de 20 de enero de 2021, por la que se establece un mecanismo de supervisión para supervisar la aplicación de las disposiciones sobre el uso de la fuerza por parte del personal estatutario del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. La Agencia también supervisa el uso de la fuerza por parte del personal enviado en comisión de servicios a la Agencia por los Estados miembros a largo plazo, el personal proporcionado por los Estados miembros para despliegues de corta duración y el personal que forma parte de la reserva de reacción rápida para intervenciones fronterizas rápidas, al tiempo que aplica la fuerza en las actividades operativas de Frontex de conformidad con la decisión pertinente del director ejecutivo.

| (8) | En el contexto de tales investigaciones administrativas, auditorías, examen de denuncias e investigaciones, notificación de incidentes graves y actividades de seguimiento, la Agencia coopera con las autoridades competentes de los Estados miembros (5) y con otras instituciones, órganos y organismos de la Unión. |
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(8)

En el contexto de tales investigaciones administrativas, auditorías, examen de denuncias e investigaciones, notificación de incidentes graves y actividades de seguimiento, la Agencia coopera con las autoridades competentes de los Estados miembros (5) y con otras instituciones, órganos y organismos de la Unión.

| (9) | La Agencia puede cooperar con autoridades competentes de terceros países y con organizaciones internacionales, ya sea a petición de estas o por propia iniciativa. |
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(9)

La Agencia puede cooperar con autoridades competentes de terceros países y con organizaciones internacionales, ya sea a petición de estas o por propia iniciativa.

| (10) | La Agencia participa en los asuntos sometidos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a los órganos jurisdiccionales nacionales cuando remite el asunto al Tribunal, defiende una decisión que ha adoptado y ha sido recurrida ante el Tribunal o interviene en asuntos relacionados con sus funciones. En este contexto, es posible que la Agencia tenga que preservar el carácter confidencial de los datos personales contenidos en documentos obtenidos por las partes o por las partes coadyuvantes. |
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(10)

La Agencia participa en los asuntos sometidos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a los órganos jurisdiccionales nacionales cuando remite el asunto al Tribunal, defiende una decisión que ha adoptado y ha sido recurrida ante el Tribunal o interviene en asuntos relacionados con sus funciones. En este contexto, es posible que la Agencia tenga que preservar el carácter confidencial de los datos personales contenidos en documentos obtenidos por las partes o por las partes coadyuvantes.

| (11) | Para desempeñar sus funciones, la Agencia recoge y trata información y varias categorías de datos personales, incluidos datos identificativos de personas físicas, información de contacto, datos sobre las funciones y tareas profesionales, información sobre la conducta y el rendimiento profesional y privado, y datos financieros. Por lo tanto, la Agencia actúa como responsable del tratamiento de los datos. |
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(11)

Para desempeñar sus funciones, la Agencia recoge y trata información y varias categorías de datos personales, incluidos datos identificativos de personas físicas, información de contacto, datos sobre las funciones y tareas profesionales, información sobre la conducta y el rendimiento profesional y privado, y datos financieros. Por lo tanto, la Agencia actúa como responsable del tratamiento de los datos.

| (12) | Con arreglo al Reglamento, la Agencia está, por tanto, obligada a facilitar información a los interesados sobre dichas actividades de tratamiento y a respetar sus derechos como titulares de datos. |
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(12)

Con arreglo al Reglamento, la Agencia está, por tanto, obligada a facilitar información a los interesados sobre dichas actividades de tratamiento y a respetar sus derechos como titulares de datos.

| (13) | La Agencia podría verse obligada a conciliar esos derechos con los objetivos de las investigaciones administrativas, las auditorías, las investigaciones, la notificación de incidentes graves y el seguimiento de la aplicación de las disposiciones del Reglamento GEFC sobre el uso de la fuerza y los procedimientos judiciales. También podría ser necesario buscar un equilibrio entre los derechos de un interesado y los derechos y las libertades fundamentales de otros interesados. A tal fin, el artículo 25 del Reglamento y el artículo 86, apartado 2, del Reglamento GEFC otorgan a la Agencia la posibilidad de limitar, en condiciones estrictas, la aplicación de los artículos 14 a 22, 35 y 36 del Reglamento, así como de su artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones previstos en los artículos 14 a 20. A menos que se establezcan limitaciones en un acto jurídico adoptado sobre la base de los Tratados, es necesario adoptar normas internas con arreglo a las cuales la Agencia esté facultada para limitar esos derechos. |
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(13)

La Agencia podría verse obligada a conciliar esos derechos con los objetivos de las investigaciones administrativas, las auditorías, las investigaciones, la notificación de incidentes graves y el seguimiento de la aplicación de las disposiciones del Reglamento GEFC sobre el uso de la fuerza y los procedimientos judiciales. También podría ser necesario buscar un equilibrio entre los derechos de un interesado y los derechos y las libertades fundamentales de otros interesados. A tal fin, el artículo 25 del Reglamento y el artículo 86, apartado 2, del Reglamento GEFC otorgan a la Agencia la posibilidad de limitar, en condiciones estrictas, la aplicación de los artículos 14 a 22, 35 y 36 del Reglamento, así como de su artículo 4, en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones previstos en los artículos 14 a 20. A menos que se establezcan limitaciones en un acto jurídico adoptado sobre la base de los Tratados, es necesario adoptar normas internas con arreglo a las cuales la Agencia esté facultada para limitar esos derechos.

| (14) | La Agencia podría, por ejemplo, tener que limitar la información que facilita a un interesado sobre el tratamiento de sus datos personales durante la fase de evaluación preliminar de una investigación administrativa o durante la propia investigación, antes de un posible archivo del caso o en la fase predisciplinaria, o cuando el interesado pueda ser objeto de medidas específicas, como las de carácter disciplinario, en relación con el uso de la fuerza durante los despliegues. En determinadas circunstancias, facilitar dicha información podría afectar gravemente a la capacidad de la Agencia para llevar a cabo la investigación o ejercer su supervisión de la función de uso de la fuerza de manera eficaz, cuando, por ejemplo, exista el riesgo de que la persona afectada pueda destruir pruebas o interferir con posibles testigos antes de ser entrevistados. |
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(14)

La Agencia podría, por ejemplo, tener que limitar la información que facilita a un interesado sobre el tratamiento de sus datos personales durante la fase de evaluación preliminar de una investigación administrativa o durante la propia investigación, antes de un posible archivo del caso o en la fase predisciplinaria, o cuando el interesado pueda ser objeto de medidas específicas, como las de carácter disciplinario, en relación con el uso de la fuerza durante los despliegues. En determinadas circunstancias, facilitar dicha información podría afectar gravemente a la capacidad de la Agencia para llevar a cabo la investigación o ejercer su supervisión de la función de uso de la fuerza de manera eficaz, cuando, por ejemplo, exista el riesgo de que la persona afectada pueda destruir pruebas o interferir con posibles testigos antes de ser entrevistados.

| (15) | Es posible que la Agencia también necesite proteger los derechos y las libertades de los testigos, así como los de otras personas implicadas. Del mismo modo, la Agencia podría tener que limitar la información que facilita a un interesado sobre el tratamiento de sus datos personales cuando el suministro de esta información pueda afectar gravemente a las fases de evaluación y validación del proceso de notificación de incidentes graves de conformidad con el artículo 38, apartado 3, letra h), del Reglamento GEFC. |
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(15)

Es posible que la Agencia también necesite proteger los derechos y las libertades de los testigos, así como los de otras personas implicadas. Del mismo modo, la Agencia podría tener que limitar la información que facilita a un interesado sobre el tratamiento de sus datos personales cuando el suministro de esta información pueda afectar gravemente a las fases de evaluación y validación del proceso de notificación de incidentes graves de conformidad con el artículo 38, apartado 3, letra h), del Reglamento GEFC.

| (16) | Podría ser necesario proteger el anonimato de aquellos testigos o denunciantes que hayan solicitado no ser identificados. En tal caso, la Agencia podría decidir limitar el acceso a la identidad, las declaraciones y otros datos personales de esas personas, a fin de proteger sus derechos y las libertades. En particular, la Agencia podría tener que proteger el anonimato de los testigos u otras personas que denuncien incidentes que impliquen el uso de la fuerza, de conformidad con el mecanismo de supervisión para supervisar la aplicación de las disposiciones del Reglamento GEFC sobre el uso de la fuerza. Del mismo modo, en el contexto de la notificación de incidentes graves de conformidad con el artículo 38, apartado 3, letra h), del Reglamento GEFC, la Agencia podría tener que proteger el anonimato de los participantes en una actividad de Frontex que hayan notificado un incidente de este tipo. |
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(16)

Podría ser necesario proteger el anonimato de aquellos testigos o denunciantes que hayan solicitado no ser identificados. En tal caso, la Agencia podría decidir limitar el acceso a la identidad, las declaraciones y otros datos personales de esas personas, a fin de proteger sus derechos y las libertades. En particular, la Agencia podría tener que proteger el anonimato de los testigos u otras personas que denuncien incidentes que impliquen el uso de la fuerza, de conformidad con el mecanismo de supervisión para supervisar la aplicación de las disposiciones del Reglamento GEFC sobre el uso de la fuerza. Del mismo modo, en el contexto de la notificación de incidentes graves de conformidad con el artículo 38, apartado 3, letra h), del Reglamento GEFC, la Agencia podría tener que proteger el anonimato de los participantes en una actividad de Frontex que hayan notificado un incidente de este tipo.

| (17) | Podría ser necesario proteger la información confidencial relativa a un miembro del personal que se haya puesto en contacto con los asesores confidenciales de la Agencia. En tales casos, la Agencia podría tener que limitar el acceso a la identidad, las declaraciones y otros datos personales de la presunta víctima, el presunto acosador y otras personas implicadas, con el fin de proteger los derechos y las libertades de todos los afectados. |
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(17)

Podría ser necesario proteger la información confidencial relativa a un miembro del personal que se haya puesto en contacto con los asesores confidenciales de la Agencia. En tales casos, la Agencia podría tener que limitar el acceso a la identidad, las declaraciones y otros datos personales de la presunta víctima, el presunto acosador y otras personas implicadas, con el fin de proteger los derechos y las libertades de todos los afectados.

| (18) | La Agencia trata los datos personales de su personal estatutario sobre aptitud médica y psicológica, incluidos, cuando sea necesario, la autorización para portar y utilizar armas de conformidad con el artículo 82, apartado 7, del Reglamento GEFC y la Decisión 3/2021 del Consejo de Administración, de 15 de enero de 2021 (6). Teniendo en cuenta el carácter sensible de los datos médicos y con el fin de proteger al interesado del acceso directo a expedientes que puedan ser perjudiciales para la salud y el estado mental de este, la Agencia proporcionará acceso indirecto a la información médica pertinente a través del asesor médico de la Agencia o de un proveedor médico externo para la información y el asesoramiento médicos pertinentes. |
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(18)

La Agencia trata los datos personales de su personal estatutario sobre aptitud médica y psicológica, incluidos, cuando sea necesario, la autorización para portar y utilizar armas de conformidad con el artículo 82, apartado 7, del Reglamento GEFC y la Decisión 3/2021 del Consejo de Administración, de 15 de enero de 2021 (6). Teniendo en cuenta el carácter sensible de los datos médicos y con el fin de proteger al interesado del acceso directo a expedientes que puedan ser perjudiciales para la salud y el estado mental de este, la Agencia proporcionará acceso indirecto a la información médica pertinente a través del asesor médico de la Agencia o de un proveedor médico externo para la información y el asesoramiento médicos pertinentes.

| (19) | La Agencia solo debe aplicar limitaciones cuando estas respeten en lo esencial los derechos y las libertades fundamentales y sean una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática. La Agencia deberá explicar las razones que justifiquen dichas limitaciones. |
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(19)

La Agencia solo debe aplicar limitaciones cuando estas respeten en lo esencial los derechos y las libertades fundamentales y sean una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática. La Agencia deberá explicar las razones que justifiquen dichas limitaciones.

| (20) | En aplicación del principio de rendición de cuentas, la Agencia debe llevar un registro de las limitaciones impuestas. |
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(20)

En aplicación del principio de rendición de cuentas, la Agencia debe llevar un registro de las limitaciones impuestas.

| (21) | Al tratar los datos personales intercambiados con otras organizaciones en el marco de sus funciones, tanto la Agencia como dichas organizaciones se deben consultar mutuamente sobre los posibles motivos de imposición de limitaciones, así como sobre la necesidad y proporcionalidad de estas, a menos que ello ponga en peligro las actividades de la Agencia. |
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(21)

Al tratar los datos personales intercambiados con otras organizaciones en el marco de sus funciones, tanto la Agencia como dichas organizaciones se deben consultar mutuamente sobre los posibles motivos de imposición de limitaciones, así como sobre la necesidad y proporcionalidad de estas, a menos que ello ponga en peligro las actividades de la Agencia.

| (22) | El artículo 25, apartado 6, del Reglamento obliga al responsable del tratamiento a informar a los interesados de las razones principales que justifican la limitación, así como de su derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD). |
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(22)

El artículo 25, apartado 6, del Reglamento obliga al responsable del tratamiento a informar a los interesados de las razones principales que justifican la limitación, así como de su derecho a presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD).

| (23) | De conformidad con el artículo 25, apartado 8, del Reglamento, la Agencia podrá aplazar, omitir o denegar la comunicación de la información que justifica la limitación al interesado si dicha comunicación dejase sin efecto la limitación impuesta. La Agencia debe evaluar caso por caso si la comunicación de la limitación la deja sin efecto. |
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(23)

De conformidad con el artículo 25, apartado 8, del Reglamento, la Agencia podrá aplazar, omitir o denegar la comunicación de la información que justifica la limitación al interesado si dicha comunicación dejase sin efecto la limitación impuesta. La Agencia debe evaluar caso por caso si la comunicación de la limitación la deja sin efecto.

| (24) | La Agencia debe levantar la limitación tan pronto como las condiciones que la justifiquen ya no sean aplicables y debe evaluar dichas condiciones de forma periódica. |
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(24)

La Agencia debe levantar la limitación tan pronto como las condiciones que la justifiquen ya no sean aplicables y debe evaluar dichas condiciones de forma periódica.

| (25) | A fin de garantizar la máxima protección de los derechos y las libertades de los interesados y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, del Reglamento, debe consultarse al agente de protección de datos (APD) de la Agencia a su debido tiempo cualquier limitación que pueda aplicarse y comprobar su conformidad con la presente Decisión. |
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(25)

A fin de garantizar la máxima protección de los derechos y las libertades de los interesados y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, del Reglamento, debe consultarse al agente de protección de datos (APD) de la Agencia a su debido tiempo cualquier limitación que pueda aplicarse y comprobar su conformidad con la presente Decisión.

| (26) | La Agencia ha establecido normas específicas relativas al tratamiento de datos personales operativos, de conformidad con el artículo 90 del Reglamento GEFC, incluidas normas internas específicas sobre la conservación de datos personales operativos y normas sobre las limitaciones aplicadas a los derechos pertinentes de los interesados (7). |
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(26)

La Agencia ha establecido normas específicas relativas al tratamiento de datos personales operativos, de conformidad con el artículo 90 del Reglamento GEFC, incluidas normas internas específicas sobre la conservación de datos personales operativos y normas sobre las limitaciones aplicadas a los derechos pertinentes de los interesados (7).

DECIDE:

Artículo 1

Objeto, ámbito de aplicación y responsabilidad

1.   La presente Decisión establece normas relativas a las condiciones en las que la Agencia puede limitar la aplicación del artículo 4, 14 a 22, 35 y 36 del Reglamento, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento y el artículo 86, apartado 2, del Reglamento GEFC.

La presente Decisión se aplica al tratamiento de datos personales por parte de la Agencia a efectos de tareas administrativas de conformidad con el artículo 87, apartado 1, letra h), del Reglamento GEFC.

2.   De conformidad con el apartado 1 y en las condiciones establecidas en la presente Decisión, las limitaciones podrán aplicarse a los siguientes derechos: el derecho de información que debe otorgarse al interesado, el derecho de acceso del interesado, el derecho de rectificación, supresión y limitación del tratamiento y los derechos a la comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado y a la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas.

3.   Las categorías de datos personales a que se refiere la presente Decisión son tanto datos objetivos o sólidos (por ejemplo, datos de identificación, datos de contacto, datos profesionales, datos administrativos, datos recibidos de fuentes específicas, datos de comunicaciones electrónicas y datos de tráfico) como datos subjetivos o blandos (por ejemplo, razonamiento, datos de comportamiento, valoraciones, datos relacionados con el rendimiento y la conducta y datos relacionados con el objeto del procedimiento o la actividad en cuestión o presentados en relación con los mismos).

4.   La Agencia, en su calidad de responsable del tratamiento, está representada por el director ejecutivo. Se aplicarán las normas de aplicación del Reglamento de la Agencia en lo que se refiere a la responsabilidad del tratamiento de datos (8).

5.   Se informará a los interesados de los responsables del tratamiento designados mediante información o registros publicados en el sitio web o en la intranet de la Agencia.

Artículo 2

Limitaciones

1.   La Agencia podrá limitar la aplicación de los artículos 14 a 22, 35 y 36 del Reglamento y de su artículo 4 en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones previstos en los artículos 14 a 22 en el contexto del tratamiento de datos personales indicado en el artículo 1, apartado 1, de la Decisión:

| a) | de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras b), c), f), g) y h), del Reglamento, a la hora de llevar a cabo investigaciones administrativas o procedimientos predisciplinarios, disciplinarios o de suspensión con arreglo al artículo 86 y el anexo IX del Estatuto de los funcionarios, y a la Decisión 26/2018 del Consejo de Administración, de 25 de octubre de 2018, por la que se adoptan disposiciones generales de aplicación relativas a la realización de investigaciones administrativas y procedimientos disciplinarios, a la hora de notificar casos a la OLAF y de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras c), g) y h), del Reglamento, cuando el APD investigue asuntos directamente relacionados con sus funciones, en particular cuando lleve a cabo investigaciones sobre las actividades de tratamiento llevadas a cabo en la Agencia de conformidad con el artículo 5, apartado 11, de la Decisión 56/2021 del Consejo de Administración, de 15 de octubre de 2021 (9). La Agencia podrá limitar algunos de los derechos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de la Decisión de un miembro del personal, de una persona interesada o de un tercero con relación a cualquier información que pueda afectar gravemente a investigaciones o procedimientos predisciplinarios, disciplinarios o de suspensión futuros o en curso, incluidas las declaraciones de testigos y otros documentos; |
| --- | --- |

a)

de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras b), c), f), g) y h), del Reglamento, a la hora de llevar a cabo investigaciones administrativas o procedimientos predisciplinarios, disciplinarios o de suspensión con arreglo al artículo 86 y el anexo IX del Estatuto de los funcionarios, y a la Decisión 26/2018 del Consejo de Administración, de 25 de octubre de 2018, por la que se adoptan disposiciones generales de aplicación relativas a la realización de investigaciones administrativas y procedimientos disciplinarios, a la hora de notificar casos a la OLAF y de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras c), g) y h), del Reglamento, cuando el APD investigue asuntos directamente relacionados con sus funciones, en particular cuando lleve a cabo investigaciones sobre las actividades de tratamiento llevadas a cabo en la Agencia de conformidad con el artículo 5, apartado 11, de la Decisión 56/2021 del Consejo de Administración, de 15 de octubre de 2021 (9). La Agencia podrá limitar algunos de los derechos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de la Decisión de un miembro del personal, de una persona interesada o de un tercero con relación a cualquier información que pueda afectar gravemente a investigaciones o procedimientos predisciplinarios, disciplinarios o de suspensión futuros o en curso, incluidas las declaraciones de testigos y otros documentos;

| b) | de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra h), del Reglamento, a la hora de garantizar que los miembros del personal de la Agencia puedan notificar hechos de forma confidencial cuando consideren que existen irregularidades graves, tal como se establece en la Decisión 17/2019 del Consejo de Administración, de 18 de julio de 2019, por la que se adoptan las Directrices de Frontex sobre denuncia de irregularidades. La Agencia podrá limitar algunos de los derechos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de la Decisión de los interesados potencialmente implicados en las presuntas irregularidades en relación con cualquier información que pudiera comprometer el anonimato de la persona que denuncie una irregularidad grave; |
| --- | --- |

b)

de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra h), del Reglamento, a la hora de garantizar que los miembros del personal de la Agencia puedan notificar hechos de forma confidencial cuando consideren que existen irregularidades graves, tal como se establece en la Decisión 17/2019 del Consejo de Administración, de 18 de julio de 2019, por la que se adoptan las Directrices de Frontex sobre denuncia de irregularidades. La Agencia podrá limitar algunos de los derechos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de la Decisión de los interesados potencialmente implicados en las presuntas irregularidades en relación con cualquier información que pudiera comprometer el anonimato de la persona que denuncie una irregularidad grave;

| c) | de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra h), del Reglamento, a la hora de garantizar que los miembros del personal de la Agencia puedan obtener el apoyo de los asesores confidenciales, tal como se definen en la Decisión 16/2019 del Consejo de Administración, de 18 de julio de 2019, sobre la política de Frontex relativa a la protección de la dignidad de la persona y la prevención del acoso psicológico y sexual. La Agencia podrá limitar, en caso necesario, algunos de los derechos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de la Decisión de los presuntos acosadores, para proteger el anonimato de la posible víctima de acoso y el anonimato de los testigos; |
| --- | --- |

c)

de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra h), del Reglamento, a la hora de garantizar que los miembros del personal de la Agencia puedan obtener el apoyo de los asesores confidenciales, tal como se definen en la Decisión 16/2019 del Consejo de Administración, de 18 de julio de 2019, sobre la política de Frontex relativa a la protección de la dignidad de la persona y la prevención del acoso psicológico y sexual. La Agencia podrá limitar, en caso necesario, algunos de los derechos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de la Decisión de los presuntos acosadores, para proteger el anonimato de la posible víctima de acoso y el anonimato de los testigos;

| d) | de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras c), g) y h), del Reglamento, a la hora de llevar a cabo auditorías internas y externas en relación con actividades o departamentos de la Agencia, en particular cuando las auditorías internas sean realizadas por la estructura de auditoría interna de la Agencia. La Agencia podrá limitar algunos de los derechos a que se refiere el artículo 1, apartado 2 de los interesados, en relación con aquellos datos que puedan comprometer la confidencialidad de la información recabada mediante la auditoría o interferir en la realización de una auditoría en curso; |
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d)

de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras c), g) y h), del Reglamento, a la hora de llevar a cabo auditorías internas y externas en relación con actividades o departamentos de la Agencia, en particular cuando las auditorías internas sean realizadas por la estructura de auditoría interna de la Agencia. La Agencia podrá limitar algunos de los derechos a que se refiere el artículo 1, apartado 2 de los interesados, en relación con aquellos datos que puedan comprometer la confidencialidad de la información recabada mediante la auditoría o interferir en la realización de una auditoría en curso;

| e) | de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras b), e), g) y h), del Reglamento, en el contexto de investigaciones de la Fiscalía Europea. La Agencia podrá limitar algunos de los derechos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de la presente Decisión de los interesados en relación con la información necesaria para garantizar el correcto desarrollo y la confidencialidad de las investigaciones de la Fiscalía Europea; |
| --- | --- |

e)

de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras b), e), g) y h), del Reglamento, en el contexto de investigaciones de la Fiscalía Europea. La Agencia podrá limitar algunos de los derechos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de la presente Decisión de los interesados en relación con la información necesaria para garantizar el correcto desarrollo y la confidencialidad de las investigaciones de la Fiscalía Europea;

| f) | de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras c), e), g) y h), del Reglamento, a la hora de tramitar las denuncias, incluidas las recibidas por la Agencia en el contexto del mecanismo de denuncias establecido de conformidad con el artículo 111 del Reglamento GEFC para supervisar y garantizar el respeto de los derechos fundamentales en todas las actividades de la Agencia y con la decisión pertinente del director ejecutivo. La Agencia podrá limitar algunos de los derechos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de la presente Decisión de un miembro del personal que participe en una actividad de la Agencia (10) que sea objeto de una reclamación, en relación con cualquier información que pueda afectar gravemente a la revisión y tramitación de la reclamación; |
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f)

de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras c), e), g) y h), del Reglamento, a la hora de tramitar las denuncias, incluidas las recibidas por la Agencia en el contexto del mecanismo de denuncias establecido de conformidad con el artículo 111 del Reglamento GEFC para supervisar y garantizar el respeto de los derechos fundamentales en todas las actividades de la Agencia y con la decisión pertinente del director ejecutivo. La Agencia podrá limitar algunos de los derechos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de la presente Decisión de un miembro del personal que participe en una actividad de la Agencia (10) que sea objeto de una reclamación, en relación con cualquier información que pueda afectar gravemente a la revisión y tramitación de la reclamación;

| g) | de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra c), e), g) y h), del Reglamento, a la hora de tramitar las notificaciones de incidentes con arreglo al artículo 38, apartado 3, letra h), del Reglamento GEFC y a la Decisión del director ejecutivo, de 19 de abril de 2021, sobre el procedimiento operativo normalizado (PON) — Notificación de incidentes graves. La Agencia podrá limitar algunos de los derechos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de la presente Decisión de los interesados incluidos en el Informe de incidente grave en relación con información que pueda afectar gravemente a la validación y evaluación del informe de incidente grave, así como a las acciones de seguimiento y el anonimato de los testigos u otras personas que informen de incidentes, incluidos los migrantes y los retornados; |
| --- | --- |

g)

de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra c), e), g) y h), del Reglamento, a la hora de tramitar las notificaciones de incidentes con arreglo al artículo 38, apartado 3, letra h), del Reglamento GEFC y a la Decisión del director ejecutivo, de 19 de abril de 2021, sobre el procedimiento operativo normalizado (PON) — Notificación de incidentes graves. La Agencia podrá limitar algunos de los derechos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de la presente Decisión de los interesados incluidos en el Informe de incidente grave en relación con información que pueda afectar gravemente a la validación y evaluación del informe de incidente grave, así como a las acciones de seguimiento y el anonimato de los testigos u otras personas que informen de incidentes, incluidos los migrantes y los retornados;

| h) | de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras b), c), f), g) y h), del Reglamento, a la hora de supervisar la aplicación de las disposiciones sobre el uso de la fuerza por parte del personal estatutario del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas con arreglo al artículo 55, apartado 5, letra a), del Reglamento GEFC y a la Decisión 7/2021 del Consejo de Administración, de 20 de enero de 2021, y a la hora de supervisar el uso de la fuerza por parte del personal enviado a la Agencia por los Estados miembros a largo plazo, el personal facilitado por los Estados miembros para despliegues de corta duración y el personal que forma parte de la reserva de reacción rápida para intervenciones fronterizas rápidas, cuando este personal haga uso de la fuerza en el marco de las actividades operativas de Frontex de conformidad con la decisión pertinente del director ejecutivo. La Agencia podrá limitar algunos de los derechos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de la presente Decisión de los interesados incluidos en un informe sobre el uso de la fuerza en relación con información (incluidas las declaraciones de testigos y otros documentos) que pueda afectar gravemente a la verificación del informe y a cualquier acción de seguimiento futura o en curso, incluidas las investigaciones y los procedimientos predisciplinarios, disciplinarios o de suspensión; |
| --- | --- |

h)

de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras b), c), f), g) y h), del Reglamento, a la hora de supervisar la aplicación de las disposiciones sobre el uso de la fuerza por parte del personal estatutario del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas con arreglo al artículo 55, apartado 5, letra a), del Reglamento GEFC y a la Decisión 7/2021 del Consejo de Administración, de 20 de enero de 2021, y a la hora de supervisar el uso de la fuerza por parte del personal enviado a la Agencia por los Estados miembros a largo plazo, el personal facilitado por los Estados miembros para despliegues de corta duración y el personal que forma parte de la reserva de reacción rápida para intervenciones fronterizas rápidas, cuando este personal haga uso de la fuerza en el marco de las actividades operativas de Frontex de conformidad con la decisión pertinente del director ejecutivo. La Agencia podrá limitar algunos de los derechos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de la presente Decisión de los interesados incluidos en un informe sobre el uso de la fuerza en relación con información (incluidas las declaraciones de testigos y otros documentos) que pueda afectar gravemente a la verificación del informe y a cualquier acción de seguimiento futura o en curso, incluidas las investigaciones y los procedimientos predisciplinarios, disciplinarios o de suspensión;

| i) | de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras b), c), d), g) y h), del Reglamento, cuando preste asistencia a otras instituciones, órganos y organismos de la Unión o reciba asistencia de estos, o cuando coopere con ellos en el contexto de las actividades contempladas en las letras a) a h) del presente apartado y con arreglo a los acuerdos de nivel servicio, memorandos de entendimiento y acuerdos de trabajo pertinentes; |
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i)

de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras b), c), d), g) y h), del Reglamento, cuando preste asistencia a otras instituciones, órganos y organismos de la Unión o reciba asistencia de estos, o cuando coopere con ellos en el contexto de las actividades contempladas en las letras a) a h) del presente apartado y con arreglo a los acuerdos de nivel servicio, memorandos de entendimiento y acuerdos de trabajo pertinentes;

| j) | de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras b), c), g) y h), del Reglamento, cuando preste asistencia y cooperación a las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros, o reciba asistencia y cooperación de estas, bien a petición de las mismas o por propia iniciativa, en particular en el contexto de las actividades contempladas en las letras f) a h) del presente apartado y de conformidad con las disposiciones del Reglamento GEFC y las decisiones del Consejo de Administración; |
| --- | --- |

j)

de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras b), c), g) y h), del Reglamento, cuando preste asistencia y cooperación a las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros, o reciba asistencia y cooperación de estas, bien a petición de las mismas o por propia iniciativa, en particular en el contexto de las actividades contempladas en las letras f) a h) del presente apartado y de conformidad con las disposiciones del Reglamento GEFC y las decisiones del Consejo de Administración;

| k) | de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras b), c), g) y h), del Reglamento, cuando preste asistencia a las autoridades nacionales competentes de terceros países y a las organizaciones internacionales, o reciba asistencia de estas, o cuando coopere con dichas autoridades y organizaciones, en particular en virtud de memorandos de entendimiento y acuerdos de trabajo pertinentes; |
| --- | --- |

k)

de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras b), c), g) y h), del Reglamento, cuando preste asistencia a las autoridades nacionales competentes de terceros países y a las organizaciones internacionales, o reciba asistencia de estas, o cuando coopere con dichas autoridades y organizaciones, en particular en virtud de memorandos de entendimiento y acuerdos de trabajo pertinentes;

| l) | de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento, cuando se traten datos personales en el contexto de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o ante los órganos jurisdiccionales nacionales; |
| --- | --- |

l)

de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento, cuando se traten datos personales en el contexto de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o ante los órganos jurisdiccionales nacionales;

| m) | de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra h), del Reglamento, cuando la tramitación de las solicitudes de acceso de los miembros del personal a su expediente médico en relación con su aptitud médica y psicológica, si el acceso directo a dichos expedientes puede ser perjudicial para el interesado, teniendo en cuenta su estado de salud física o mental. En tales casos, la Agencia proporcionará acceso indirecto a la información médica pertinente a través del asesor médico de la Agencia o de un proveedor médico externo; |
| --- | --- |

m)

de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra h), del Reglamento, cuando la tramitación de las solicitudes de acceso de los miembros del personal a su expediente médico en relación con su aptitud médica y psicológica, si el acceso directo a dichos expedientes puede ser perjudicial para el interesado, teniendo en cuenta su estado de salud física o mental. En tales casos, la Agencia proporcionará acceso indirecto a la información médica pertinente a través del asesor médico de la Agencia o de un proveedor médico externo;

| n) | de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras c), d), g) y h), del Reglamento, a la hora de llevar a cabo análisis de seguridad que puedan dar lugar a investigaciones internas vinculadas a incidentes de ciberseguridad o al uso abusivo de sistemas informáticos, incluso con la participación externa del CERT-UE, cuando se encarga de garantizar la seguridad interna por medio de la videovigilancia, el control del acceso y actividades de investigación, de proteger los sistemas de comunicación e información y de aplicar contramedidas técnicas de seguridad. La Agencia podrá limitar algunos de los derechos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de la presente Decisión de los interesados en relación con información que pueda afectar gravemente a dichos análisis de seguridad, a los medios destinados a garantizar la seguridad interior, incluido el control del acceso, a las investigaciones de seguridad y a las contramedidas técnicas de seguridad. |
| --- | --- |

n)

de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras c), d), g) y h), del Reglamento, a la hora de llevar a cabo análisis de seguridad que puedan dar lugar a investigaciones internas vinculadas a incidentes de ciberseguridad o al uso abusivo de sistemas informáticos, incluso con la participación externa del CERT-UE, cuando se encarga de garantizar la seguridad interna por medio de la videovigilancia, el control del acceso y actividades de investigación, de proteger los sistemas de comunicación e información y de aplicar contramedidas técnicas de seguridad. La Agencia podrá limitar algunos de los derechos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de la presente Decisión de los interesados en relación con información que pueda afectar gravemente a dichos análisis de seguridad, a los medios destinados a garantizar la seguridad interior, incluido el control del acceso, a las investigaciones de seguridad y a las contramedidas técnicas de seguridad.

2.   Cualquier limitación respetará la esencia de los derechos y las libertades fundamentales y será necesaria y proporcionada en una sociedad democrática.

3.   Se llevará a cabo una prueba de necesidad y proporcionalidad, caso por caso, antes de aplicar limitaciones. Las limitaciones serán las estrictamente necesarias para alcanzar su objetivo.

4.   A efectos de rendición de cuentas, la Agencia llevará un registro en el que se describirán los motivos de las limitaciones aplicadas, los fundamentos que se aplican de entre los enumerados en el apartado 1 y el resultado de la prueba de necesidad y proporcionalidad. Estos documentos formarán parte de un registro, que se pondrá a disposición del SEPD a petición suya. La Agencia elaborará y publicará informes periódicos sobre la aplicación del artículo 25 del Reglamento.

5.   Al tratar los datos personales procedentes de otras organizaciones en el contexto de sus funciones, la Agencia consultará a dichas organizaciones sobre los posibles motivos de imposición de limitaciones y sobre la necesidad y proporcionalidad de las limitaciones de que se trate, a menos que ello ponga en peligro las actividades de la Agencia.

Artículo 3

Riesgos para los derechos y las libertades de los interesados

1.   Las evaluaciones de los riesgos para los derechos y las libertades de los interesados resultantes de la aplicación de limitaciones y los detalles sobre el período de aplicación de tales limitaciones se harán constar en el registro de actividades de tratamiento llevado por la Agencia en virtud del artículo 31 del Reglamento. También se harán constar en todas las evaluaciones de impacto en materia de protección de datos relativas a tales limitaciones que se lleven a cabo con arreglo al artículo 39 del Reglamento.

2.   Siempre que la Agencia evalúe la necesidad y proporcionalidad de una limitación, tendrá en cuenta los posibles riesgos para los derechos y las libertades del interesado.

3.   Las limitaciones no se aplicarán cuando el ejercicio del derecho limitado pueda privar a la limitación de su finalidad o afectar negativamente a los derechos o libertades de otros interesados.

Artículo 4

Salvaguardias y plazos de conservación

1.   La Agencia aplicará salvaguardias para evitar accesos a datos personales o transferencias de datos personales ilícitos o abusivos en relación con los cuales se apliquen o puedan aplicarse limitaciones. Dichas salvaguardias incluirán medidas técnicas y organizativas y se detallarán, en caso necesario, en las decisiones del Consejo de Administración de la Agencia, las decisiones del director ejecutivo, los planes operativos elaborados de conformidad con el artículo 38 del Reglamento GEFC, las decisiones internas, los procedimientos y las comunicaciones administrativas. Estas salvaguardias incluirán lo siguiente:

| a) | una definición clara de las funciones, responsabilidades y etapas del procedimiento; |
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a)

una definición clara de las funciones, responsabilidades y etapas del procedimiento;

| b) | cuando proceda, un entorno electrónico seguro que impida el acceso ilícito y accidental a los datos electrónicos o la transferencia ilícita o accidental de datos electrónicos a personas no autorizadas; |
| --- | --- |

b)

cuando proceda, un entorno electrónico seguro que impida el acceso ilícito y accidental a los datos electrónicos o la transferencia ilícita o accidental de datos electrónicos a personas no autorizadas;

| c) | cuando proceda, un almacenamiento y un tratamiento seguro de los documentos en soporte papel; |
| --- | --- |

c)

cuando proceda, un almacenamiento y un tratamiento seguro de los documentos en soporte papel;

| d) | la debida supervisión de las limitaciones y la revisión periódica de su aplicación. |
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d)

la debida supervisión de las limitaciones y la revisión periódica de su aplicación.

Las revisiones a que se refiere la letra d) se llevarán a cabo al menos cada seis meses y podrán dar lugar a la supresión de las limitaciones de conformidad con el apartado 2. Las revisiones serán documentadas por el responsable del tratamiento designado a efectos de rendición de cuentas.

2.   Las limitaciones se levantarán tan pronto como dejen de cumplirse las circunstancias que las hubieran justificado.

3.   Los datos personales se conservarán de acuerdo con las normas de conservación aplicables de la Agencia, que se definirán en los registros de protección de datos llevados conforme al artículo 31 del Reglamento. Al final del período de conservación, los datos personales se suprimirán, se anonimizarán o se transferirán a los archivos de conformidad con el artículo 13 del Reglamento.

Artículo 5

Participación del agente de protección de datos

1.   Se informará sin demora al APD cuando los derechos de los interesados estén limitados de conformidad con la presente Decisión. Se le dará acceso a los registros correspondientes y a todos los documentos relativos al contexto fáctico o jurídico.

2.   El APD podrá solicitar que se revisen las limitaciones aplicadas. La Agencia informará por escrito a su APD del resultado de la revisión.

3.   La Agencia documentará la participación del APD en la aplicación de las limitaciones, incluida la información que se comparta con él.

4.   Los responsables del tratamiento designados informarán al APD cuando se levante una limitación.

Artículo 6

Información dirigida a los interesados sobre las limitaciones de sus derechos

1.   La Agencia incluirá una sección en los anuncios de protección de datos publicados en su sitio web y su intranet que proporcione información general a los interesados sobre las posibles limitaciones de sus derechos, de conformidad con el artículo 2, apartado 1. Esta información cubrirá los derechos que pueden ser objeto de limitaciones, los motivos por los que pueden aplicarse las limitaciones y su posible duración.

2.   La Agencia informará a los interesados, individualmente, por escrito y sin demora injustificada, de las limitaciones actuales o futuras de sus derechos. La Agencia informará a los interesados de los motivos principales en los que se fundamenta la limitación aplicada, de su derecho a consultar al APD con el fin de impugnar la limitación y de su derecho a presentar una reclamación ante el SEPD.

3.   La Agencia podrá aplazar, omitir o denegar la comunicación de información sobre los motivos de la limitación y el derecho a presentar una reclamación ante el SEPD en la medida en que ello anule el efecto de la limitación. Se evaluará si dicha acción es justificable caso por caso. Tan pronto como dicha comunicación de información deje de anular el efecto de la limitación, la Agencia facilitará la información a los interesados.

Artículo 7

Comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado

1.   Cuando la Agencia tenga la obligación de comunicar una violación de la seguridad de los datos con arreglo al artículo 35, apartado 1, del Reglamento, podrá, en casos excepcionales, limitar dicha comunicación total o parcialmente. La Agencia documentará en una nota los motivos de la limitación y su fundamento jurídico de conformidad con el artículo 2, e incluirá una evaluación de su necesidad y proporcionalidad. La nota se comunicará al SEPD en el momento en que se notifique la violación de la seguridad de los datos personales.

2.   Cuando dejen de ser aplicables las razones de la limitación, la Agencia comunicará a los interesados la violación de la seguridad de los datos personales y le informará de los motivos principales de la limitación, así como de su derecho a presentar una reclamación ante el SEPD.

Artículo 8

Confidencialidad de las comunicaciones electrónicas

1.   En circunstancias excepcionales, la Agencia podrá limitar el derecho a la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas previsto en el artículo 36 del Reglamento. Dichas limitaciones se ajustarán a lo dispuesto en la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11).

2.   En caso de que la Agencia limite el derecho a la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas, deberá informar a los interesados, en su respuesta a cualquier solicitud procedente de estos, de las razones principales que justifican la limitación y de su derecho a presentar una reclamación ante el SEPD.

3.   La Agencia podrá aplazar, omitir o denegar la comunicación de información sobre los motivos de la limitación y el derecho a presentar una reclamación ante el SEPD en la medida en que ello anule el efecto de la limitación. Se evaluará si dicha acción es justificable caso por caso.

Artículo 9

Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Diario Oficial de la Unión Europea

Hecho mediante procedimiento escrito el 4 de abril de 2022.

Por el Consejo de Administración

Marko GAŠPERLIN

Presidente

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(1)  
  DO L 295 de 21.11.2018, p. 39.

1

(2)  
  DO L 295 de 14.11.2019, p. 1.

2

(3)  Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión (DO L 56 de 4.3.1968, p. 1).

3

o

(4)  Decisión del Director Ejecutivo n. R-ED-2021-51 de 19.4.2021 relativa al procedimiento operativo normalizado (PON) – Notificación de incidentes graves.

4

(5)  A efectos de la presente Decisión, el término «Estados miembros» se refiere también a los Estados que participan en el desarrollo pertinente del acervo de Schengen en el sentido del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de su Protocolo (n.o 19) por el que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea.

5

o

(6)  Decisión 3/2021 del Consejo de Administración, de 15 de enero de 2021, por la que se adoptan normas para que el director ejecutivo autorice al personal estatutario a portar y utilizar armas, en particular por lo que se refiere a la cooperación obligatoria con las autoridades nacionales competentes, y se garantiza que el personal estatutario siga cumpliendo las condiciones para expedir dichas autorizaciones.

6

(7)  Decisión 69/2021 del Consejo de Administración, de 21 de diciembre de 2021, por la que se adoptan normas sobre el tratamiento de datos personales operativos por la Agencia.

7

(8)  Decisión 56/2021 del Consejo de Administración, de 15 de octubre de 2021, por la que se adoptan normas de desarrollo sobre la aplicación del Reglamento (UE) 2018/1725 relativo a las tareas, funciones y competencias del agente de protección de datos, así como normas relativas a los responsables del tratamiento designados en Frontex.

8

(9)  Decisión 56/2021 del Consejo de Administración, de 15 de octubre de 2021, por la que se adoptan normas de desarrollo sobre la aplicación del Reglamento (UE) 2018/1725 con relación a las tareas, funciones y competencias del agente de protección de datos, así como normas relativas a los responsables del tratamiento designados en Frontex.

9

(10)  El término «Personal que participa en una actividad de la Agencia» se refiere, entre otros, a los miembros de los equipos, como el personal propio de la Agencia o los miembros de las categorías 2, 3 y 4 del cuerpo permanente.

10

(11)  Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

11

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