Número Identificador

RES2024_______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

MIGUEL ÁNGEL MONTES 

TORRES

Recurrido

v.

ÁNGEL ANTONIO OCASIO 

MARTIN

Peticionario 

KLCE202400688

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala

Superior de 

Bayamón

Caso Núm.:

BY2023CV00571

Salón: 502

Sobre:

Liquidación de 

Comunidad de 

Bienes

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, el Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del 

Toro.

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de julio de 2024.

Comparece el Sr. Ángel A. Ocasio Martin (el señor 

Ocasio Martin o Peticionario), mediante el presente 

recurso de certiorari, y solicita que revisemos una 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (TPI o foro primario) el 19 de marzo 

de 2024 y notificada el 20 de marzo de 2024. Mediante el 

referido dictamen, el TPI ordenó al Peticionario a 

descubrir lo solicitado, so pena de sanciones 

económicas. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

procedemos a denegar la expedición del recurso ante 

nuestra consideración.

-ILa controversia ante nos tiene su génesis el 1 de 

febrero de 2023 con la radicación de una Demanda sobre 

División y Liquidación de Comunidad de Bienes; Daños y 
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Perjuicios por parte del Sr. Miguel Ángel Montes Torres 

(el señor Montes Torres o Recurrido). En esta, adujo que 

pagó un proyecto de remodelación en una propiedad 

privativa del Peticionario. Solicitó la devolución del 

valor de lo pagado o la participación proporcional en el 

aumento en valor de dicho bien como consecuencia de la 

mejora, lo que sea mayor al tiempo de la disolución. 

También reclamó $20,000.00 por daños emocionales y 

honorarios de abogado por temeridad y frivolidad.1

En respuesta, el 10 de abril de 2023, el 

Peticionario radicó una Contestación a Demanda y

Reconvención. Informó que las partes otorgaron 

capitulaciones matrimoniales previo a su matrimonio y 

después de la remodelación a la propiedad privativa del 

Peticionario. Además, alegó que el Recurrido no reservó 

para sí el dinero invertido en la propiedad privativa 

del Peticionario, porque esa nunca fue la intención de 

las partes.2

El recurrido radicó una Contestación a Reconvención 

y Solicitud de Enmienda a Demanda el 17 de mayo de 2023. 

Aclaró que el recurrido contrató los servicios de un 

contratista previo al matrimonio y no durante la 

vigencia del este.3 Al otro día, el TPI permitió la 

enmienda mediante Orden, notificada el 19 de mayo de 

2023.4 Cónsono con la anterior, el 24 de mayo de 2023 el 

Recurrido radicó Demanda Enmendada.5

Por otro lado, el 13 de junio de 2023 el 

peticionario radicó una Moción en Solicitud de 

Desestimación. Planteó que las alegaciones de la 

1 Apéndice del Recurso, págs. 1-4.

2 Íd., págs. 5-14.

3 Íd., págs. 15-23.

4 Íd., pág. 24.

5 Íd., págs. 25-28.
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demanda, según enmendada, no justifican la concesión de 

un remedio a favor del Recurrido en este caso. Destacó

que no existe una comunidad de bienes que haya que 

liquidar entre las partes, ni el Recurrido se constituye 

como un edificante de buena fe.6 El 2 de agosto de 2023

el Recurrido radicó una Moción en Oposición a 

Desestimación.7 Ese mismo día, el TPI declaró No Ha Lugar 

la Moción de Desestimación.8

Así las cosas, el 13 de agosto de 2023, el 

Peticionario radicó una Contestación a la Demanda

Enmendada.9

Surge del expediente que el 23 de octubre de 2023,

el Recurrido envió al peticionario un Primer Pliego de

Interrogatorio y Producción de Documentos.10 Tras varios 

trámites procesales, el 6 de febrero de 2024, el 

Peticionario informó que notificó al Recurrido la

Contestación a Interrogatorio y Producción de 

Documentos.11 El 14 de marzo de 2024, notificada en esa 

misma fecha, el TPI dictó una Orden, disponiendo como 

último día de descubrimiento de prueba el 31 de julio de 

2024.12

El 15 de marzo de 2024, el Recurrido radicó una 

Moción al Amparo de la Regla 34.2 para que se Ordene a

Descubrir lo Solicitado y Concesión de Gastos.13 Luego, 

el 19 de marzo de 2024, el TPI dictó una Orden,

notificada al día después, requiriendo que en el término 

6 Apéndice del Recurso, págs. 29-40.

7 Íd., págs. 41-53.

8 Íd., págs. 54-55.

9 Íd., págs. 56-63.

10 Íd., pág. 72.

11 Íd., pág. 81.

12 Apéndice del Recurso, pág. 82.

13 Íd., págs. 90-104.
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de cinco (5) días se descubriera lo solicitado, so pena 

de sanciones económicas.14

Insatisfecho, el 1 de abril de 2024 el Peticionario 

radicó una Oposición a Moción al Amparo de la Regla 34.2 

para que se Ordene a Descubrir lo Solicitado y Concesión 

de Gastos; Reconsideración y Solicitud de Orden 

Protectora al Amparo de la Regla 23.2 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas. Alegó que 

el TPI dispuso del asunto negándole la oportunidad de 

réplica al Peticionario para oponerse, según requiere el

debido proceso de ley.15

En su oposición, el Peticionario también solicitó 

una Orden Protectora. Adujo que con el descubrimiento de

prueba el Recurrido pretende que el Peticionario 

renuncie al derecho constitucional de intimidad y

privacidad que le asiste a sus hijos y a él, 

requiriéndole divulgar información sobre su familia, sus

finanzas y los asuntos relacionados a los gastos de sus 

hijos, como parte de una reclamación sobre una única 

causa de acción relacionada al costo de una remodelación 

que el Recurrido aduce realizó sobre un bien privativo 

del Peticionario.16

Diez días después, el Peticionario informó al TPI 

que suplementó la solicitud de producción de documentos 

del Recurrido.17

El 17 de abril de 2024, el TPI le requirió al 

Recurrido que explicara la pertinencia de lo solicitado, 

considerando que las partes se contrajeron nupcias con

capitulaciones matrimoniales, mediante Orden notificada 

14 Íd., pág. 105.

15 Íd., págs. 106-112.

16 Íd.

17 Íd., pág. 113.
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19 de abril de 2024.18 El 26 de abril de 2024, el 

Recurrido radicó una Moción en Cumplimiento de Orden.19

El 22 de mayo de 2024, el TPI dictó una Orden dando 

por cumplido lo ordenado por el TPI.20 Ese mismo día, 

dictó una Resolución proveyendo No Ha Lugar la 

reconsideración y solicitud del Peticionario. Además, el 

foro primario le concedió quince (15) días al 

Peticionario para contestar los interrogatorios y 

producir lo documentos requeridos, so pena de severas 

sanciones económicas.21 El Peticionario solicitó una 

prórroga el 6 de junio de 2024.22

Inconforme aún, el 21 de junio de 2024, el 

Peticionario compareció ante esta Curia y expuso el

siguiente señalamiento de error:

Erró y abusó de su discreción el 

TPI, mediando pasión, perjuicio y 

error manifiesto, al no haber 

evaluado y tomado en consideración 

que la información solicitada no es 

pertinente y que la moción del 

recurrido en cumplimiento de orden 

no cumplió con la Orden del TPI del 

17 de abril de 2023, por lo que 

debió haberse emitido la Orden 

Protectora Solicitada o en la 

alternativa haberse concedido la 

vista argumentativa solicitada por 

el peticionario para atender la 

controversia en torno al 

descubrimiento de prueba. Máxime 

cuando es el tercer cambio de juez 

desde que inició el caso.

Resumidos los hechos que originan la presente 

controversia, examinemos el derecho aplicable.

-IIA. Certiorari

El certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

18 Apéndice del Recurso, pág. 115.

19 Íd., págs. 116-120.

20 Íd., pág. 121.

21 Íd., págs. 122-123.

22 Íd., págs. 124-125.
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jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.23 Los tribunales apelativos 

tenemos la facultad para expedir un certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.24 Esta discreción se define como “el 

poder para decidir en una u otra forma, esto es, para 

escoger entre uno o varios cursos de acción”.25 Asimismo, 

la discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justa.26 Ahora bien, la aludida discreción que tiene este 

foro apelativo para atender un certiorari no es 

absoluta.27 Esto, por razón de que no tenemos autoridad 

para actuar de una forma u otra, con abstracción total 

al resto del derecho, pues ello constituiría un abuso de 

discreción. 

B. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones

La Regla 40 de nuestro Reglamento28, establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer 

nuestra facultad discrecional. La aludida regla 

establece lo siguiente:

El tribunal tomará en consideración 

los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto 

de certiorari o de una orden de 

mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición 

de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

23 800 Ponce de León Corp. v. American International Insurance 

Company of Puerto Rico, 2020 TSPR 104, 205 DPR 163 (2020), IG 

Builders et. al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).

24 Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

25 García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

26 Id., a las págs. 334-335.

27 Id., a la pág. 335. 

28 4 LPRA Ap. XXII-B.
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(B) Si la situación de hechos 

planteada es la más indicada para el 

análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, 

parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la 

prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz 

de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en 

que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de 

la orden de mostrar causa no causan 

un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en 

la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de 

la orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.29

Este Tribunal solo puede intervenir con el 

ejercicio de la discreción en aquellas situaciones en 

que se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con 

perjuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso 

de discreción; o (3) se equivocó en interpretar o aplicar 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.30 Si 

bien es cierto que determinar si un tribunal ha abusado 

de su discreción no es tarea fácil, ello ciertamente 

está relacionado de forma estrecha con el concepto de 

razonabilidad. 

-IIIEn síntesis, el Peticionario aduce que erró el TPI

al no haber tomado en consideración que la información 

29 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

30 Rivera Durán v. Banco Popular de Puerto Rico, 152 DPR 140, 155 

(2000).
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solicitada no es pertinente y que la moción del recurrido 

en cumplimiento de orden no cumplió con lo ordenado por 

el TPI. Argumentó que debió haberse emitido la orden 

protectora o concedido la vista argumentativa solicitada 

por el peticionario para atender la controversia en 

torno al descubrimiento de prueba. Luego de llevar a 

cabo un examen minucioso del recurso ante nos, y de 

revisar los criterios de la Regla 40, supra, concluimos

que no existen razones que justifiquen nuestra 

intervención con la determinación recurrida. 

Como tribunal revisor, solo debemos intervenir con 

las determinaciones interlocutorias del foro primario 

cuando se demuestre que este último actuó con prejuicio, 

parcialidad, con craso abuso de su discreción o se 

equivocó en la interpretación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo. Determinamos que el 

TPI no abusó de su discreción mediante la Orden emitida. 

-IVPor los fundamentos antes expuestos se deniega el 

recurso de certiorari.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones