Número Identificador

RES2024 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

EL PUEBLO DE 

PUERTO RICO

Recurrido

v.

ROBERTO QUIÑONES 

LOPEZ

Peticionario

KLCE202400152

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Bayamón

Caso Núm.

D VI2008G0087

Y OTROS

Sobre: 

ART. 106 DEL C.P. 

Y OTROS

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la

Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

El peticionario, Roberto Quiñones López, comparece mediante 

el recurso de epígrafe, y nos solicita la revocación de una “Resolución

y Orden” emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, 11 de enero de 2024, notificada el 19 del mismo mes y 

año. En el referido dictamen, el foro primario determinó que las 

penas dispuestas en su sentencia, por disposición de Ley, eran 

consecutivas. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.

I.

El peticionario es miembro de la población correccional. 

Actualmente se encuentra recluido en la Institución Penal-Bayamón 

501 cumpliendo unas penas consecutivas, las cuales suman 

cuarenta y cinco (45) años. Sostiene que se le imputó haber 

cometido asesinato en segundo grado, e infringido los Artículos 5.04 
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y 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, 25

LPRA sec. 458c y 458n (derogada). 

Según relata, el 21 de diciembre de 2023, instó una “Moción”

ante el foro primario, mediante la cual expuso que el ordenamiento 

jurídico criminal vigente permitía que las penas adjudicadas se 

cumplieran de manera concurrente. 

El 11 de enero de 2024, notificada el 19 del mismo mes y año, 

el tribunal de instancia emitió una “Resolución y Orden” en la cual 

concluyó que “[l]as penas dispuestas en la sentencia, por Ley de 

Armas y del Código Penal, por disposición de Ley son consecutivas.

El cumplimiento concurrente de las penas de la Ley de Armas [son] 

consecutivas entre sí y con las penas del Código Penal, las cuales 

pueden ser cumplidas concurrentes entre sí”. 

Inconforme, el 26 de enero de 2024, Quiñones López suscribió 

el presente recurso, en el cual reiteró lo planteado en el foro 

recurrido. 

Examinado el expediente, procedemos a resolver. 

II.

A. Certiorari 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una 

decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos de 

Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); 

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 

1004 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174-175 

(2020). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto, la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40, enumera los criterios que esta Curia debe considerar para 

ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las 
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controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 96-97 (2008). Véase, además, Rivera Gómez y otros v. Arcos de 

Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Pueblo v. Rivera Montalvo, 

205 DPR 352, 372 (2020). La precitada Regla dispone lo siguiente:

El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa de los procedimientos en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es 

determinante por sí solo para este ejercicio, y no constituye una lista 

exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). El foro 

apelativo deberá evaluar la corrección de la decisión recurrida, al 

igual que la etapa del procedimiento en que es presentada. Ello, para 

determinar si es apropiado intervenir, y evitar ocasionar un 

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. (Énfasis 

omitido).

Nuestro Tribunal Supremo, también, ha expresado que, de 

ordinario, el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la 
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discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 

181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 

140, 155 (2000).

Finalmente, precisa señalar que la denegatoria a expedir un 

recurso discrecional no implica la ausencia de error en el dictamen 

cuya revisión se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus 

méritos. Al contrario, responde a la facultad discrecional del foro 

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite 

pautado por el foro de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

supra, pág. 98.

III.

Luego de un examen sosegado del expediente ante nos, 

colegimos que no existe criterio jurídico que amerite nuestra 

intervención con lo resuelto por el foro primario. Al examinar el 

pronunciamiento del cual se recurre, se desprende que el mismo no 

está contenido en las instancias contempladas en la Regla 40, supra,

para que este Foro pueda entender sobre ello. De este modo, 

concluimos que no se requiere nuestra intervención.

En virtud de lo anterior, y en ausencia de prueba que nos 

permita resolver en contrario, denegamos expedir el auto de 

certiorari que nos ocupa.
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IV.

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

La Juez Grana Martínez disiente, puesto que desestimaría por 

falta de jurisdicción.

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones