EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

Oriental Bank

Recurrido

v.

Héctor Agustín Caballero García

Peticionario 

Certiorari

2023 TSPR 103

212 DPR ___

Número del Caso: CC-2022-0566

Fecha: 23 de agosto de 2023

Tribunal de Apelaciones:

Panel I

Abogados de la parte peticionaria:

Lcda. Jessica Rivera Pacheco

Lcdo. Jorge Gordon Menéndez

Abogado de la parte recurrida:

Lcdo. Kevin Miguel Rivera Medina

Materia: Ley de Mediación Compulsoria – Alcance y requisitos del 

proceso de mediación compulsoria estatuido en la Ley Núm. 184-2012, 

para que los tribunales puedan dictar Sentencia u ordenar la ejecución 

de una hipoteca.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de 

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal 

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público 

a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Oriental Bank

 Recurrido

 v.

Héctor Agustín Caballero 

García

 Peticionario

CC-2022-0566

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco emitió la Opinión 

del Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2023.

En esta ocasión tenemos la oportunidad de expresarnos 

sobre el alcance y los requisitos del proceso de mediación 

compulsoria estatuido en la Ley Núm. 184-2012, infra. 

Específicamente, tenemos la tarea de determinar si se

cumplió con las disposiciones del referido estatuto antes de 

que los tribunales pudiesen dictar Sentencia u ordenar la 

ejecución de una hipoteca. Por las razones que expondremos, 

adelantamos que en el caso de autos no se cumplió con la Ley 

Núm. 184-2012, infra. Por lo tanto, la acción 

correspondiente por el Tribunal de Primera Instancia era 

resolver la controversia de derecho que se le refirió sobre 

la liquidez de una deuda y, superado ese escollo, devolver 

el caso para la continuación del proceso de mediación 

compulsoria conforme a los requisitos de ley. Veamos. 
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I

El 22 de octubre de 2020 Oriental Bank (Oriental o 

recurrido) presentó una Demanda contra el Sr. Héctor Agustín 

Caballero García (señor Caballero García o peticionario), 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. En esta, alegó 

que el señor Caballero García suscribió un pagaré 

hipotecario por la suma principal de $106,000.00 con una 

tasa de interés de 6.875% anual. Asimismo, sostuvo que el 

pagaré dispuso que el término del préstamo era de 15 años, 

desde el 2004 hasta el 2019. Consecuentemente, adujo que el 

peticionario adeudaba $78,315.47 de principal, $5,384.16 en 

intereses y otros cargos por demoras, más honorarios de 

abogado. 

El 23 de diciembre de 2020, el señor Caballero García 

contestó la Demanda. En síntesis, alegó que pagó todos los 

plazos mensuales desde el 1 de octubre de 2004 hasta el 1 de 

septiembre de 2019. Por tanto, arguyó que no existía cantidad 

vencida del pagaré ni de la hipoteca que lo garantiza. Por 

otro lado, precisó que el caso debía referirse al proceso de 

mediación compulsoria de la Ley Núm. 184-2012, según 

enmendada, conocida como Ley para la Mediación Compulsoria 

y Preservación de tu Hogar en los procesos de Ejecuciones de 

Hipotecas de una Vivienda Principal, 32 LPRA sec. 2881 et 

seq., ya que la causa de acción trataba sobre su residencia 

principal. 

Tras varios trámites procesales, el foro primario 

refirió el caso al Centro de Mediación de Conflictos. Luego 
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de celebrarse dos (2) reuniones de mediación, el 17 de 

diciembre de 2021 la mediadora presentó una Moción 

Informativa sobre Resultado del Proceso de Mediación al 

Amparo de la Ley Núm. 184-2012.1 En esta, indicó que se 

celebró una primera reunión de mediación el 28 de octubre de 

2021 y se acordó una reunión de seguimiento para el 15 de 

diciembre de 2021. Sostuvo que en esa segunda reunión ambas 

partes comparecieron con su representación legal. Sin 

embargo, surgieron cuestionamientos sobre la liquidez de la 

deuda y otros aspectos de derecho que escapaban la autoridad 

del Centro de Mediación de Conflictos y que no habían sido 

planteados ante el foro primario. Acorde con lo anterior y 

con especial relevancia para la controversia de autos, 

expresó que: 

8. En estos momentos no es posible que podamos 

continuar el proceso de negociación que se requiere 

en la Ley Núm. 184-2012, según enmendada. 

9. Por lo que damos por concluida nuestra 

intervención, sujeto a que en su momento el 

Honorable Tribunal vuelva a referirlo si fuera 

necesario.2 (Negrilla suplida). 

Así las cosas, el foro de instancia ordenó la 

continuación de los procedimientos. Subsiguientemente, el 

10 de enero de 2022, Oriental presentó una Solicitud de 

Sentencia Sumaria. Indicó que, conforme a la prueba 

documental y hechos incontrovertidos del caso, era acreedora 

del señor Caballero García por las cantidades que reclamó 

en la Demanda. En apoyo de esto, presentó un Pagaré, Truth 

1 Apéndice de Certiorari, pág. 85. 

2 Íd.
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in Lending Disclosure Statement (TILA), Certificación de 

Propiedad Inmueble, Declaración Jurada de una asistente de 

Gerente de Oriental y la Escritura de Primera Hipoteca.3

Además, afirmó que el trámite de mediación culminó sin que 

se lograra un acuerdo. Por tanto, solicitó que se dictara 

Sentencia Sumaria sobre la totalidad de la deuda 

consecuencia del préstamo. 

El foro primario le concedió un término de veinte (20) 

días al peticionario para expresarse en cuanto a la 

solicitud de Oriental. Transcurrido el plazo concedido sin 

la comparecencia del señor Caballero García, el foro 

primario notificó una Sentencia el 7 de febrero de 2022 

mediante la cual declaró con lugar la Solicitud de Sentencia 

Sumaria. En esta, estableció que había tres (3) hechos que 

no estaban en controversia, los cuales adoptamos por 

referencia.4 De tal manera, ordenó al peticionario a pagar 

la suma de $78,315.47 de principal, $5,384.16 en intereses 

al 6.875% desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 1 de 

noviembre de 2020, y otras partidas por intereses, cargos 

por demora, gastos y honorarios de abogados. Además, ordenó 

que se ejecutara la hipoteca objeto del litigio si el 

peticionario no satisfacía la Sentencia. 

El mismo día, compareció la Lcda. Jessica Rivera 

Pacheco en representación del peticionario y solicitó unirse 

a la representación legal de este, así como una prórroga 

3 Apéndice de Certiorari, págs. 94-127. 

4 Apéndice de Certiorari, págs. 150-151.
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para replicar a la Solicitud de Sentencia Sumaria. Indicó, 

entre otros extremos, que el procedimiento de mediación no 

pudo completarse por existir controversia entre si el 

préstamo otorgado era uno tipo balloon o uno convencional a 

quince (15) años. A tales fines, sostuvo que procedía 

realizar descubrimiento de prueba en el caso para aclarar 

la naturaleza del préstamo y proceder con la mediación para 

que el señor Caballero García retuviera la propiedad. El 

foro primario denegó la solicitud de prórroga por académica 

ya que había dictado Sentencia luego de que el peticionario 

no compareciera dentro del término que se le concedió para 

que se opusiera a la Solicitud de Sentencia Sumaria. 

El peticionario presentó oportunamente una Solicitud 

de Reconsideración, la cual fue denegada por el Tribunal de 

Primera Instancia. Insatisfecho con esta determinación, el 

señor Caballero García presentó una Apelación ante el 

Tribunal de Apelaciones. Examinadas las posturas de ambas 

partes, el foro apelativo intermedio emitió una Sentencia 

mediante la cual confirmó el dictamen del foro primario. 

Específicamente, concluyó que se cumplió con el proceso de 

mediación compulsoria dispuesto en la Ley Núm. 184-2012,

supra. Además, precisó que el recurrido acompañó su 

Solicitud de Sentencia Sumaria con documentación que 

sustenta los hechos que alegó en su reclamación. Destacó que 

el peticionario no los controvirtió y por ello, determinó 

que procedía dictar Sentencia Sumaria en el caso de autos.

Inconforme con el dictamen, el señor Caballero García 
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presentó una solicitud de reconsideración que el foro 

apelativo intermedió denegó. 

Nuevamente en desacuerdo, el señor Caballero García 

recurrió ante nos y formuló los señalamientos de error

siguientes:

ERRÓ EL [TRIBUNAL DE APELACIONES] AL DETERMINAR 

QUE HAY AUSENCIA TOTAL DE CONTROVERSIA SUSTANCIAL 

SOBRE HECHOS MATERIALES. 

ERRÓ EL [TRIBUNAL DE APELACIONES] AL DETERMINAR 

QUE SE CUMPLIÓ CON EL PROCESO DE MEDIACIÓN 

COMPULSORIA REQUERIDO POR LA LEY 184-2012.

Expedido el recurso, las partes presentaron los 

alegatos correspondientes. Contando con sus comparecencias, 

procedemos a resolver. 

II

A.

Es norma reiterada que la Sentencia Sumaria es un 

mecanismo procesal que nuestro ordenamiento jurídico provee 

para propiciar la solución rápida, justa y económica de los 

pleitos en los cuales es innecesario celebrar un juicio 

plenario. Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015). Esta procede cuando no existen controversias reales 

y sustanciales en cuanto a los hechos materiales del caso, 

por lo que únicamente resta que el tribunal aplique el 

derecho. Íd.; Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7 

(2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013).

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R.36.3, dispone que para que una controversia se 
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adjudique por la vía sumaria, se necesita que “[...] las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios 

y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas

si las hay, u otra evidencia demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente, y, además, si el derecho aplicable 

así lo justifica”. De cumplir con ello, resulta innecesaria 

la celebración de un juicio para disponer de los asuntos 

pendientes, ya que lo que resta sería aplicar el derecho a 

los hechos no controvertidos. Mejías et al. v. Carrasquillo 

et al., 185 DPR 288, 299 (2012).

Dicho de otra forma, solamente procede dictar sentencia 

sumaria cuando surge claramente que ante los hechos 

materiales no controvertidos, el promovido no puede 

prevalecer ante el derecho aplicable y el Tribunal cuenta 

con la verdad de todos los hechos necesarios para resolver 

la controversia. Íd. Un hecho material es aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el 

derecho sustantivo aplicable. Íd.; Ramos Pérez v. Univisión,

178 DPR 200, 213 (2010). Sin embargo, este Tribunal ha 

expresado que cualquier duda no es suficiente para derrotar 

una moción de sentencia sumaria. Debe tratarse de una 

incertidumbre que permita concluir que existe una 

controversia real sobre hechos relevantes y pertinentes. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214. 

La parte que promueve la sentencia sumaria deberá 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 
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controversia sustancial sobre algún hecho material.

Municipio de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 310 (2013). 

Específicamente, la moción de sentencia sumaria debe 

contener: una breve exposición de las alegaciones de las 

partes, los asuntos litigiosos en controversia, la causa de 

acción sobre la cual se solicita el remedio, una relación 

concisa y organizada en párrafos enumerados de todos los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia, con indicación de los párrafos o páginas de 

la prueba documental donde se establecen, la argumentación 

del derecho aplicable y el remedio que se solicita. Regla 

36.3 (a) de Procedimiento Civil, supra.

Igualmente, la parte que se opone a la sentencia 

sumaria tiene que cumplir con los requisitos de la Regla 36

de Procedimiento Civil, supra. Entiéndase, debe enumerar los 

hechos materiales de buena fe controvertidos y aquellos 

sobre los que no hay controversia. Se deberá indicar los 

párrafos o páginas de la prueba documental que establezcan 

o impugnen cada hecho. Íd. Por otro lado, esta parte no 

puede tomar una actitud pasiva y descansar en las 

aseveraciones o negaciones que consigne en su alegación. 

Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664, 677 (2018). Esta 

debe enfrentar la moción de la parte contraria de manera tan 

detallada y específicamente como el promovente de la 

solicitud. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 

432. De no hacerlo, corre el riesgo de que se dicte sentencia 

en su contra. Íd.
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Por último, puntualizamos que los foros apelativos se 

encuentran en la misma posición que el foro primario al 

evaluar la procedencia de una sentencia sumaria. Rivera 

Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1025 (2020).

Por lo tanto, los tribunales revisores están llamados a 

examinar el expediente de novo y verificar que las partes

cumplieron con las exigencias de la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra. Íd. Si el foro revisor encuentra 

que los hechos materiales adoptados están incontrovertidos,

entonces procederá a revisar si el foro primario aplicó 

correctamente el derecho. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, pág. 118.

B.

La Ley Núm. 184-2012, supra, se aprobó con el propósito 

de proteger la vivienda principal de una persona ante los 

efectos de la crisis inmobiliaria de 2007 que sacudió a

Puerto Rico. Franklin Credit Management Corp. v. George 

Riviello, 209 DPR 555, 563 (2022). Así, la Ley Núm. 184-2012

inserta un proceso de mediación compulsoria previo a que 

cualquier institución bancaria lleve un proceso de ejecución 

de hipoteca de una propiedad principal de vivienda en Puerto 

Rico ante nuestros tribunales o los foros administrativos

correspondientes. Exposición de Motivos, Ley Núm. 184-2012, 

supra. 

El acto de citar para una vista de mediación es un 

requisito jurisdiccional que el tribunal debe cumplir en los 

casos en los que un acreedor solicite la ejecución de la 
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vivienda principal de un deudor, salvo en los casos en que 

este último se encuentre en rebeldía o cuando el tribunal 

eliminó sus alegaciones. Bco. Santander v. Correa García,

196 DPR 452, 472 (2016). Por tanto, si el tribunal incumple 

con el requisito de ordenar la celebración de la vista de 

mediación, carecerá de jurisdicción para emitir sentencias 

y ordenar ventas judiciales. Íd. El Art. 3 de la Ley Núm. 

184-2012, supra, dispone que en la vista de mediación 

compulsoria se le informará verbalmente y por escrito al 

deudor hipotecario: 

[...] todas las alternativas disponibles en el 

mercado de acuerdo al tipo de préstamo e 

inversionista para poder evitar la privación del 

inmueble al deudor, ejecución de la hipoteca o la 

venta judicial de una propiedad residencial que 

constituya una vivienda principal, incluyendo 

aquellas alternativas que no dependen de la 

capacidad económica del deudor, como lo son la 

venta corta (‘short sale‘), la dación en pago, 

entrega voluntaria de título, y otros remedios que 

eviten que el deudor pierda su hogar o que, de 

perderlo, se minimicen las consecuencias negativas 

sobre el deudor. (negrilla suplida). 

Conforme a lo anterior, este Tribunal ha interpretado 

que si no se cumple con el requisito jurisdiccional de la 

mediación compulsoria en los casos que aplique, no podrá

dictarse Sentencia ni ordenarse la venta judicial del 

inmueble que se utiliza como residencia principal. Franklin 

Credit Management Corp. v. George Riviello, supra, pág. 565; 

Bco. Santander v. Correa García, supra, pág. 567. Ahora bien, 

la extensión del proceso de mediación y su resultado 

dependerá de la conducta de las partes. Bco. Santander v. 

Correa García, supra, pág. 474. Acorde con ello, el tribunal 
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podrá continuar el proceso judicial cuando: (1) el acreedor 

acudió a la vista de mediación pero el deudor no se presentó; 

(2) las partes acudieron a la vista y se cumplieron los 

requisitos de ley, pero no llegaron a un acuerdo, o (3) el 

deudor incumplió con los acuerdos contraídos como resultado 

del proceso de mediación. Íd. 32 LPRA sec. 2882. Sobre la 

conducta del acreedor hipotecario durante el proceso de 

mediación compulsoria, el citado Art. 3 de la Ley le impone 

a este el deber de actuar de buena fe en cuanto al 

ofrecimiento al deudor de todas las alternativas disponibles 

en el mercado. Scotiabank v. Rosario Ramos, 205 DPR 537, 557 

(2020).

III

En sus señalamientos de error, el señor Caballero 

García primeramente aduce que erró el Tribunal de 

Apelaciones al confirmar la Sentencia Sumaria que dictó el 

foro primario. Señala que existen hechos materiales en 

controversia que impiden la disposición del litigio por la 

vía sumaría. Además, arguye que el caso debió ser devuelto 

al Centro de Mediación de Conflictos ya que no se cumplió 

con los requisitos de mediación compulsoria que estableció 

la Ley Núm. 184-2012, supra. Le asiste la razón parcialmente 

al peticionario. Veamos. 

El foro primario estableció correctamente los hechos 

materiales del caso y que no hay controversia sobre estos,

lo cual le permitió concluir que el peticionario incumplió 

con los términos de pago de un préstamo tipo balloon que 
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estaba garantizado con una hipoteca sobre su vivienda 

principal. Surge claramente del Pagaré que el peticionario, 

para pagar un préstamo por la suma principal de $106,000.00 

a una tasa de interés de 6.875%, se obligó a pagar $696.34 

mensualmente desde octubre de 2004 hasta satisfacer la 

deuda, excepto que cualquier remanente quedaría vencido y 

pagadero el 1 de septiembre de 2019.5 Este lenguaje por sí 

solo denota el carácter balloon del último pago, pues un 

préstamo de la cantidad mencionada sujeto al antedicho 

interés conllevaría un pago mucho mayor al acordado si fuese 

a satisfacerse en el término de quince (15) años mediante

pagos que fuesen todos de la misma exacta cantidad. Además, 

surge del Truth in Lending Disclosure Statement que el 

peticionario estaba sujeto a realizar 179 pagos de $696.34

a partir de octubre de 2004, y un pago de $78,776.10 

vencedero el 1 de septiembre de 2019.6 Ambos documentos 

fueron firmados por el señor Caballero García.

No obstante, los foros recurridos aplicaron 

incorrectamente el derecho ya que no procedía dictar 

Sentencia y conceder el remedio que solicitó Oriental sin 

antes cumplir con el proceso de mediación compulsoria.

Consecuentemente, erró el foro apelativo intermedio al 

confirmar el dictamen de instancia y determinar que en el 

caso de autos se cumplió con este. 

5 Apéndice de Certiorari, págs. 94-95. 

6 Apéndice de Certiorari, págs. 99-100.
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Según adelantamos, debió referirse el caso nuevamente 

al procedimiento de mediación compulsoria para así cumplir 

con lo que establece la Ley Núm. 184-2012, supra. El caso de 

autos fue devuelto al foro primario luego de haberse referido 

al procedimiento de mediación compulsoria por existir una 

controversia sobre la liquidez de la deuda que motivó la 

causa de acción. Específicamente, la mediadora expresó que 

la controversia sobre la liquidez de la deuda era un asunto 

de derecho que escapaba la autoridad del personal del Centro 

de Mediación Compulsoria, por lo que era el Tribunal de 

Primera Instancia el foro que debía resolverla. Además, 

precisamente indicó que, de ser necesario, el caso podía ser 

referido nuevamente al Centro de Mediación de Conflictos. 

Además, consta del expediente de autos que, a pesar de la 

celebración de dos (2) reuniones de mediación, en realidad 

ninguna de estas cumplió con los requisitos que impone la 

Ley Núm. 184-2012 para determinar que se cumplió con el 

proceso de mediación.

En las reuniones no se pudo llegar a un acuerdo ya que 

surgieron controversias sobre la liquidez de la deuda del 

préstamo otorgado. Esto impidió que el proceso de mediación 

se realizara conforme a derecho. De los autos no surge que 

en alguna de las dos (2) reuniones se cumplió con el 

requisito de que el acreedor le ofreciera todas las opciones 

en el mercado al deudor con tal de que este pueda retener su 

vivienda principal y se procediera a una negociación de buena 
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fe entre las partes. Sin ello, no se puede dar por cumplido 

el requisito jurisdiccional de la mediación compulsoria.

El mero hecho de que las partes comparezcan a una vista 

de mediación y no lleguen a un acuerdo, sin más, no es 

suficiente para determinar que el proceso de mediación 

culminó infructuosamente. Previo a disponer del caso por la 

vía judicial, los tribunales deben asegurarse de que la 

mediación compulsoria se llevó a cabo conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el Tribunal de Primera 

Instancia estaba impedido de dictar Sentencia en el caso u 

ordenar la venta judicial del inmueble hasta tanto culminara

el procedimiento de mediación entre las partes, luego de que 

se le ofrecieran al peticionario todas las alternativas 

disponibles en el mercado para que este no pierda su 

residencia principal. Franklin Credit Management Corp. v. 

George Riviello, supra. 

En cambio, el foro primario debió resolver la 

controversia sobre la liquidez de la deuda, tal como hizo, 

y devolver el caso al Centro de Mediación de Conflictos. En 

efecto, la prueba documental que presentó Oriental en su 

moción de sentencia sumaria es suficiente para determinar 

que el préstamo en controversia es uno tipo balloon y que el 

peticionario incumplió con los términos del pagaré que 

suscribió. Sin embargo, al así resolver, el foro primario 

únicamente podía dictar Sentencia y conceder el remedio 

correspondiente en derecho si: el proceso de mediación 

culminaba por: 1) el deudor no acudir a la vista de 
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mediación; 2) ambas partes acudieron a la vista, en la cual 

cumplieron con los requisitos de la Ley Núm. 184-2012 pero 

las partes no llegaron a un acuerdo, o 3) el deudor incumplía 

con los acuerdos que se contrajeron en el proceso de 

mediación. 

Ninguna de estas circunstancias se cumplió en este 

caso. Por lo tanto, los foros inferiores estaban impedidos 

de dar el procedimiento de mediación por cumplido y ordenar 

el pago de la suma reclamada y, en su defecto, autorizar la 

venta en subasta pública de la vivienda principal del señor 

Caballero García. Aclarado lo anterior, resolvemos que 

cuando surja una controversia sobre la liquidez de la deuda 

en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, el 

Tribunal de Primera Instancia la deberá resolver antes de 

referir el asunto al Procedimiento de Mediación Compulsoria, 

cuando este aplique. Asimismo, si un caso es devuelto al 

foro primario por surgir una controversia de derecho que 

impidió la efectiva realización del procedimiento de 

mediación según lo establece la Ley Núm. 184-2012, supra, el 

Tribunal deberá resolverla conforme al derecho aplicable, 

para así asegurar que el procedimiento de mediación 

compulsoria sea efectivo y conforme a lo dispuesto en la 

Ley. Solo cuando el Tribunal de Primera Instancia se asegure

de que el procedimiento de mediación compulsoria se cumplió, 

podrá dictar la Sentencia que proceda. De lo contrario, 

deberá referir el caso nuevamente para que se complete el 
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proceso que requiere la Ley Núm. 184-2012, supra, y su 

jurisprudencia interpretativa.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca al 

Tribunal de Apelaciones y se modifica la Sentencia que dictó 

el foro primario a los fines de eliminar la orden de pagar 

la suma reclamada y, en su defecto, ordenar la venta judicial 

del inmueble. Así, devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que este foro refiera nuevamente el caso al 

procedimiento de mediación compulsoria. Se dictará Sentencia 

de conformidad. 

Mildred G. Pabón Charneco

 Jueza Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Oriental Bank

 Recurrido

 v.

Héctor Agustín Caballero 

García

 Peticionario

CC-2022-0566

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2023.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca al 

Tribunal de Apelaciones y se modifica la Sentencia que dictó 

el foro primario a los fines de eliminar la orden de pagar 

la suma reclamada y, en su defecto, ordenar la venta judicial 

del inmueble. Así, devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que este foro refiera nuevamente el caso al 

procedimiento de mediación compulsoria. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el 

Secretario del Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

 Secretario del Tribunal Supremo