Número Identificador

SEN2024 _________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

CARMEN VYRIA RAMÍREZ 

ALVARADO T/C/C CARLA 

GONZÁLEZ

Apelante

v.

TRIPLE S MANAGEMENT 

CORPORATION, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN; 

OPTIMA SEGUROS; 

AUTORIDAD DE 

CARRETERAS Y 

TRANSPORTACIÓN DE 

PUERTO RICO; COMPAÑÍA 

ASEGURADORA “A”; 

ESTADO LIBRE ASOCIADO 

DE PUERTO RICO

FULANO DE TAL, SUTANO 

DE TAL Y ENTIDAD XYZ

Apelada

KLAN202301102

Apelación

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, 

Sala de SAN JUAN

Caso Núm.:

SJ2023CV00480

Sobre:

Caída

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla 

Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2024.

Comparece ante nos Carmen Vyria Ramírez Alvarado (en adelante, 

señora Ramírez o la apelante) mediante recurso de Apelación en el que 

solicita la revocación de las Sentencias Parciales emitidas el 2 de agosto de 

2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (en adelante,

TPI o foro apelado). Por virtud de las mismas, se declaró Ha Lugar las 

mociones de desestimación sometidas por el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico en representación del Departamento de Transportación y Obras 

Publicas (en adelante DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación 

(en adelante ACT). 
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Examinado el expediente ante nuestra consideración, en virtud del 

derecho aplicable que más adelante consignaremos, confirmamos las

sentencias apeladas.

-IEl caso de epígrafe inició el 20 de enero de 2023, con la presentación 

de una Demanda instada por la señora Carmen Ramírez contra Triple S 

Management Corporation (en adelante Triple S), el Municipio de San Juan, 

Optima Seguros, la ACT, y el Estado Libre Asociado y su agencia, el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas. En síntesis, la señora 

Ramírez alegó que el 26 de enero de 2022, sufrió un accidente en la acera

ubicada en la marginal de la avenida F.D. Roosevelt, pasada la entrada 

vehicular al estacionamiento ubicado en o frente la propiedad de Triple S 

en el Municipio de San Juan. Según indica en la Demanda, en la acera había

un desnivel que ocasionó que perdiera el balance y cayera sobre la acera. 

Además, arguyó que la causa del referido accidente se debió a la 

negligencia de Triple S, el Municipio de San Juan, Optima Seguros, la ACT 

y DTOP. El 31 de enero de 2023, la señora Carmen Ramírez presentó 

Demanda Enmendada con el único fin de enmendar el epígrafe de la

demanda. 

El 8 de mayo de 2023, el DTOP presentó una Moción de Desestimación 

bajo la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 10.2(5), en 

la que planteó que procedía la desestimación de la Demanda Enmendada

incoada en su contrada debido a que carece de jurisdicción, control y deber 

de mantenimiento del área donde ocurrió el accidente. Encima, manifestó 

que, conforme al Artículo 2 de la Ley Núm. 49 de 1 de septiembre de 1917, 

conocida como “Ley de Travesías de Puerto Rico”, 9 LPRA sec. 13 (en 

adelante Ley de Travesía), dicho lugar pertenecía al Municipio de San Juan. 

Por su parte, el 22 de mayo de 2023, ACT presentó su Contestación a Demanda 

Enmendada en la que estableció no tener jurisdicción, control y 
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mantenimiento del lugar donde se produjo el accidente y, a su vez, sostuvo 

que no estaba desarrollando ningún proyecto en el referido lugar. 

El 31 de mayo de 2023, la señora Carmen Ramírez se opuso a la 

moción dispositiva del DTOP. Al así hacer, argumentó que, 

independientemente de lo dispuesto en la Ley de Travesía, el artículo 1.053 

de la Ley de Municipios Autónomos1 (sic) establece que los municipios no 

son responsables por los accidentes ocurridos en carreteras o aceras

estatales. Además, indicó que el DTOP debió presentar una certificación 

bajo juramento del oficial correspondiente en la cual acreditara que la 

Avenida Roosevelt no estaba bajo su jurisdicción. El 6 de junio de 2023, el 

foro apelado notificó una Orden en la que denegó la Moción de Desestimación

presentada por el DTOP. También, les ordenó a todos los codemandados 

a presentar certificaciones sobre el control, jurisdicción y mantenimiento 

del área donde ocurrió el referido accidente.

Así las cosas, el 9 de junio de 2023, ACT presentó una Moción de 

Desestimación y/o Sentencia Sumaria Parcial con la cual, mediante una 

Declaración Jurada del Ingeniero Eduardo F. Ruiz Vélez, Director de la

Oficina Regional Metro de la autoridad, certificó no tener jurisdicción, 

control y mantenimiento de la Avenida Roosevelt. Por su parte, el 26 de 

junio de 2023, el Municipio de San Juan y Optima Seguros presentaron en 

conjunto una Moción en Cumplimiento de Orden en la cual adujeron que el 

lugar donde ocurrieron los hechos alegados fue en la carretera estatal PR23 conocida como la Avenida Roosevelt. Siendo así, argumentaron que, a 

tenor con el Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107 de 14 de 

agosto de 2020, 21 LPRA sec. 7001 et seq. (en adelante, Código Municipal),

no están permitidas las reclamaciones contra los municipios por daños y 

perjuicios que sufran las personas o propiedad en accidentes que ocurran 

en las carreteras o aceras estatales. Por ello, sostuvieron que no tenían 

1 21 LPRA sec. 7084
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jurisdicción sobre la referida carretera, sino que el DTOP era la entidad con 

jurisdicción y control de ella. 

El 24 de julio de 2023, la señora Carmen Ramírez se opuso al escrito 

en cumplimiento de orden sometido en el caso por ACT. Al así hacer, 

argumentó que no había tenido oportunidad de realizar el descubrimiento 

de prueba ni confrontar la suficiencia o veracidad de la referida 

certificación, por lo que desestimar la Demanda Enmendada sería una 

determinación prematura que violentaría su derecho a un debido proceso 

de ley. 

Varios días después, específicamente el 31 de julio de 2023, el DTOP

presentó Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden de la que surge una 

Certificación mediante declaración jurada suscrita por el señor Julio 

Enrique Colón Vargas, Director de la Oficina Regional de San Juan del 

DTOP, que establece que la acera donde ocurrió el referido accidente en la 

Avenida Roosevelt no estaba bajo su jurisdicción, control ni mantenimiento. 

Así las cosas, el 2 de agosto de 2023, el TPI notificó las dos Sentencias 

Parciales apeladas desestimando la reclamación de la apelante en cuanto al 

DTOP y ACT. 

En desacuerdo, el 17 de agosto de 2023, la señora Carmen Ramírez

solicitó reconsideración de los dictámenes apelados. Así pues, y a tales 

efectos, adujo que en el pleito no se ha realizado descubrimiento prueba en 

relación con la Certificación presentada por ACT. Asimismo, señaló que el 

DTOP no sometió una certificación, sino meramente una alegación general 

sin evidencia en torno a que la acera en controversia le pertenece al 

Municipio de San Juan. 2

El 13 de octubre de 2023, el foro apelado le ordenó al DTOP mostrar 

causa por la cual no debía dejar sin efecto la Sentencia Parcial emitida el 2 

2 Cabe señalar que posteriormente, el 21 de agosto de 2023, la señora Carmen Ramírez 

sometió Desistimiento Voluntario sin Perjuicio contra el Municipio de San Juan. Similar 

escrito presentó el 15 de septiembre de 2023 en cuanto a Optima Seguros.
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de agosto de 2023. En cumplimiento, el 3 de noviembre de 2023, el DTOP 

presentó una Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden mediante la cual 

adjuntó una Certificación suscrita por el Ingeniero Antonio Danilo Cordero 

Aglerau que establece lo siguiente: 

“La Sra. Maritza Lugo del área de Control de Acceso de la ACT nos 

solicitó para su uso, la jurisdicción de la calle Resolución y l 

marginal en su intersección con la Avenida Franklin Delano 

Roosevelt o carretera estatal PR-23 en San Juan. La calle Resolución

y la marginal donde termina y hace intersección con la Avenida 

Roosevelt no es parte del sistema de carreteras estatales de Puerto 

Rico ya que no fue construida por el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas ni por la Autoridad de Carreteras 

y Transportación. Estas calles fueron construidas por el 

desarrollador de los solares y de esta urbanización industrialcomercial. La Oficina Regional de la Directora de Obras Públicas de 

San Juan del DTOP no le da mantenimiento a dicha calle y no está 

bajo su jurisdicción y dominio. La calle Resolución y la marginal de 

la Avenida Roosevelt allí ubicadas están bajo la responsabilidad, 

jurisdicción y dominio del Municipio de San Juan o del mismo 

desarrollador si es que no le han pasado las calles al municipio 

mediante escritura pública. Así que ni el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas ni la Autoridad de Carreteras y 

Transportación son dueños, ni tienen jurisdicción y dominio sobre 

estas calles.”3

El 7 de noviembre de 2023, el TPI dictó una Orden declarando No Ha 

Lugar la moción de Reconsideración presentada por la señora Carmen 

Ramírez. Inconforme aun con dicha determinación, esta acudió ante 

nosotros mediante el recurso de apelación de autos, en el cual le imputa al 

TPI la comisión de los siguientes errores: 

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA PARCIAL 

DESESTIMANDO LA DEMANDA CONTRA EL ESTADO LIBRE 

ASOCIADO DE PUERTO RICO (DTOP)

SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL 

DE PRIMERA INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA PARCIAL 

DESESTIMANDO LA DEMANDA CONTRA LA AUTORIDAD 

DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN DE PUERTO RICO 

(ACT). 

Al discutir el primero de estos señalamientos, sostiene que la 

determinación del TPI de desestimar su causa contra el DTOP fue una 

prematura y violó su derecho a un debido proceso de ley al no permitirle 

3 Véase, Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden del Apéndice de la apelante, págs. 

313-314, inciso 14.
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realizar el descubrimiento de prueba ni confrontar la suficiencia o 

veracidad de la referida certificación y/o las declaraciones juradas 

presentadas por el DTOP. En la discusión del segundo error señalado, la 

señora Ramírez en síntesis levanta los mismos argumentos frente a la 

desestimación de su causa de acción contra ACT; obviamente, en relación a 

la declaración jurada y certificación que sometió en cuanto a la controversia. 

Atendido el recurso, el 19 de diciembre de 2023, emitimos Resolución 

en la que le ordenamos a las partes apeladas a comparecer y someter su 

posición en treinta (30) días. En cumplimiento con lo ordenado, el 4 de 

enero de 2024 compareció ACT. El 25 de enero del año en curso, tras 

peticionar y obtener una extensión del término, finalmente el DTOP, 

representado por la Oficina del Procurador General hizo lo propio.

Así, y en cuanto al primer señalamiento de error de la apelante, en 

su comparecencia el DTOP alega que de la declaración jurada y 

certificaciones presentadas ante la consideración del TPI surge claramente 

que no ejerce jurisdicción, control ni obligación de mantenimiento de la 

Avenida Roosevelt. Además, sostiene que la calle Resolución y la marginal 

donde termina y hace intersección con la Avenida Roosevelt no es una 

carretera estatal de Puerto Rico por haber sido construida por el 

desarrollador de la urbanización industrial-comercial. Considerando lo 

anterior, concluye que la Avenida Roosevelt está bajo jurisdicción, control 

y mantenimiento del Municipio de San Juan o del propio desarrollador. 

Mientras, al oponerse al segundo señalamiento de error, la ACT 

reiteró que conforme a su Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria y los 

documentos sometidos en apoyo a esta, no tenía bajo su jurisdicción, 

control y/o mantenimiento de la Avenida Roosevelt. Argumentó que la 

apelante al oponerse a la solicitud de desestimación debió cumplir con la 

obligación de presentar declaraciones juradas o documentos admisibles en 

evidencia que rebatieran las alegaciones de ACT y demostraran que no 
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procedía que el TPI dictara sentencia su favor; cosa que no hizo. Por tanto, 

defendió la decisión apelada.

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, damos por 

sometido el asunto y estando listos para resolver, así lo hacemos. 

-II-

-ALa Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

permite a una parte que es demandada, mediante la presentación de una 

moción debidamente fundamentada a esos fines, solicitar la desestimación 

de la demanda instada en su contra. En particular, la referida regla establece 

que la parte demandada podrá solicitar la desestimación de la demanda en 

su contra por alguno de los siguientes fundamentos:

(1) Falta de jurisdicción sobre la materia.

(2) Falta de jurisdicción sobre la persona.

(3) Insuficiencia del emplazamiento.

(4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento.

(5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de

un remedio.

(6) Dejar de acumular una parte indispensable. Íd.

Al respecto, el más alto foro ha expresado que, al resolverse una

moción de desestimación por el fundamento de que la demanda deja de

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, "[e]l

tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda

y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su

faz no den margen a dudas". Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174

DPR 409, 428, (2008); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, (2006). Además, deberá

identificar los elementos que establecen la causa de acción y las meras

alegaciones concluyentes que no pueden presumirse como ciertas.

Hernández Colón op. cit., pág. 268; Ashcroft v. Global, 556 US 662 (2009);

Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US 544 (2007).

Cónsono con lo anterior las alegaciones en la demanda se tienen que

interpretar “[c]onjuntamente, liberalmente y de la forma más favorable

posible para la parte demandante" Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez et al.,
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206 DPR 261(2021); López García v. López García, 200 DPR 50, 69 (2018). En

ese sentido, la demanda no deberá desestimarse a menos que se demuestre

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo cualesquiera

hechos que pueda probar. López García v. López García, Íd.

Luego de brindarle veracidad a las alegaciones, el tribunal deberá 

determinar si a base de éstas, la demanda establece una reclamación 

plausible que justifique la concesión de un remedio al demandante a la luz 

de la norma establecida en Bell Atlantic Corp. v. Twombly, supra. Realizado

el análisis de las alegaciones, de entender que los hechos alegados "[n]o

cumplen con el estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar la

demanda". R. Hernández Colón, op. cit.; Ashcroft v. Global, supra; Bell

Atlantic Corp. v. Twombly, supra. El propósito de la doctrina es evitar

"[q]ue una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el

descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones conclusorias".

R. Hernández Colón, op. cit.; J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Civil, 

2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, Tomo II, pág. 529.

Cabe destacar que la propia Regla 10.2 dispone que, si la 

desestimación se fundamenta en que la demanda deja de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio y en la moción se 

exponen materias no contenidas en la demanda, el tribunal deberá 

considerar el escrito como una solicitud de sentencia sumaria. El escrito 

estará sujeto entonces a todos los trámites ulteriores provistos en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra. 

La conversión de una moción de desestimación a una de sentencia 

sumaria, a tenor con lo antes dispuesto, puede ocurrir cuando cualesquiera 

de las partes, someten materia que no formó parte de las alegaciones, tales 

como deposiciones, admisiones, certificaciones y contestaciones a 

interrogatorios. El tribunal tiene plena discreción para aceptar o no la 

materia evidenciaria que se acompaña. Esta discreción normalmente la 
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ejerce tomando en consideración si la materia ofrecida y la conversión 

subsiguiente facilitarían o no la disposición del asunto ante su 

consideración. Si de la materia ofrecida surge que el caso no se debería 

despachar sumariamente y que para su resolución se debería celebrar una 

vista en su fondo, el tribunal denegaría tanto la conversión de la moción de 

desestimación en una de sentencia sumaria, como la concesión de la 

desestimación. Si por alguna razón el tribunal decide no aceptar la materia 

presentada, el promovente puede presentar nuevamente la materia 

excluida como documentos que acompañen una moción de sentencia 

sumaria. Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 DPR 300 (1997) al citar a 

5A Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 1366 

(1990).

En cuanto al mecanismo de sentencia sumaria dispuesto en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, sabido es que este es un 

mecanismo procesal reconocido mediante el cual puede resolverse una 

controversia sin que se requiera la celebración de un juicio. González 

Méndez v. Municipio Autónomo de San Juan, Opinión del 24 de julio de 

2023, 2023 TSPR 95. Conforme el lenguaje de la mencionada regla procede 

dictar sentencia si de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas 

si las hay u otra evidencia demuestran que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a un hecho esencial y el derecho aplicable lo justifica. 

Íd. al citar a Roldan Flores v. M. Cuebas et als., 199 DPR 664, 676 (2018). 

En cuanto a la revisión judicial sobre la denegatoria o expedición de 

una solicitud de sentencia sumaria, es importante saber que los tribunales 

apelativos están limitados a: considerar los documentos y argumentos que 

se presentaron ante el foro primario, determinar si existe o no alguna 

controversia genuina sobre un hecho material, y determinar si el derecho se 

aplicó correctamente. Entiéndase pues, los foros apelativos están en la 
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misma posición que los tribunales de instancia y utilizan los mismos 

criterios para evaluar una solicitud de sentencia sumaria. Íd.

-IIIComo informamos, mediante la discusión conjunta de los dos 

errores señalados, la apelante asevera que debido a que en el pleito no había 

realizado descubrimiento de prueba, el TPI no debió desestimar la causa de 

acción que instó contra el DTOP y la ACT. Así, señala que en el pleito no 

hay una determinación de a quién le compete jurisdicción sobre la acera 

donde ocurrió el accidente que concluyó en la demanda y resalta que 

conforme alegó el Municipio de San Juan al contestar la demanda 

enmendada, esta era una servidumbre de paso del DTOP. A su vez, afirma 

que la desestimación declarada descansó en una aplicación de la Ley de 

Travesías que fue rechazada recientemente por nuestro Tribunal Supremo

en González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan, supra.

Ante estos señalamientos, la apelante reclama que al amparo de la 

normativa aplicable a las mociones bajo la Regla 10.2(5) de Procedimiento 

Civil, supra, el foro primario estaba obligado a dar por ciertos todos aquellos 

hechos bien alegados en la demanda. Añade que dándose estos por 

correctos y ante las alegaciones levantadas en el pleito por el Municipio, 

existía controversia sobre si el control, mantenimiento, las obligaciones y/o 

la jurisdicción respecto a la acera donde ocurrió la caída le correspondía a 

la ACT o al DTOP. Por consiguiente, expone que las desestimaciones 

decretadas son erróneas.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en repetidas 

ocasiones que la revisión de una sentencia se da contra su resultado y no 

contra sus fundamentos.4 Un minucioso estudio del expediente bajo el 

crisol de esta normativa nos mueve a diferir con la apelante y su 

4 Pérez Viuda de Muñiz v. Criado Amunategui, 151 DPR 355 (2000) al citar a Pagán v. 

Alcalde Mun. De Cataño, 143 DPR 314 (1997) y otros. 
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señalamiento de errores. Por el contrario, un avaluó del expediente nos 

mueve a concluir que los dictámenes apelados son correctos en derecho.

En cuanto a la Sentencia Parcial que concede la solicitud de 

desestimación del DTOP, puede observarse que, al resolver la cuestión, el 

foro primario hizo alusión a la Moción de desestimación sometida en el caso 

el 8 de mayo de 2023 por dicha parte. Igualmente puede advertirse al 

estudiar el expediente que el mencionado escrito fue denegado mediante 

Orden del 1 de junio de 2023, notificada el día 6. Ahora, en esa ocasión, 

según surge del referido dictamen, al rechazar la desestimación hizo la 

salvedad de que no existía impedimento para que la desestimación 

denegada en aquel momento pudiera ser evaluada posteriormente. 

Nos parece que, precisamente, en virtud de tal aseveración y

conforme a los posteriores escritos sometidos en el caso y sus respectivos 

anejos el TPI reexaminó la solicitud de desestimación del DTOP y resolvió

concederla. Nótese que, entre los escritos que luego se sometieron en el caso 

se encuentra la Moción informativa y en cumplimiento de orden que el DTOP 

presentó el 31 de julio de 2023. La misma, como es de fácil cotejo, fue 

acompañada de una Declaración Jurada suscrita por el Ingeniero Julio 

Enrique Colón Vargas, Director de la Oficina Regional de San Juan del 

DTOP. En tal documento, el Ingeniero Colón Vargas certificó bajo 

juramento que, “de acuerdo a información obtenida por subalternos y de 

los documentos oficiales que obran en los archivos de este Departamento”

el lugar donde se alega que ocurrieron los hechos en la acera que ubica en 

la marginal de la Avenida F.D. Roosevelt, Municipio de San Juan, no está 

bajo la jurisdicción, el control y mantenimiento del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas Estatal.

La apelante nada señala en cuanto a esta declaración jurada. De 

hecho, ni la menciona, limitándose a argüir que la desestimación de su 

reclamación contra el DTOP descansó en una aplicación errónea de la Ley 
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de Travesía que ignoró una decisión reciente de nuestro Tribunal Supremo 

sobre el referido estatuto, así como aquellas alegaciones hechas por el 

Municipio de San Juan. No obstante, tras considerar todos los escritos que 

conforman el expediente judicial, nos parece que dicha apreciación es 

equivocada. En contrario, nos parece claro que la desestimación concedida 

se debió a que en el trayecto del pleito la agencia evidenció no tener 

jurisdicción, control ni mantenimiento del lugar del accidente y por 

consiguiente, la ausencia de un remedio que pudiera concederse en su 

contra y a favor de la apelante. Es más, creemos que, ante la certificación 

sometida por el DTOP, la moción de desestimación que inicialmente 

presentó quedó suplementada, pudiéndose evaluar la misma como una 

solicitud de sentencia sumaria a ser evaluada bajo la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. En fin, en virtud de los documentos que el 

expediente judicial contiene, concluimos el primer error señalado por la 

apelante no fue cometido.

Similar desenlace alcanzamos en cuanto a la sentencia parcial en 

favor de ACT impugnada por la señora Ramírez mediante su segundo 

señalamiento de error. Como arriba señalamos, la ACT presentó ante el foro 

primario una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 (5) de 

Procedimiento Criminal, supra, mediante la cual adjunto una certificación 

y/o declaración jurada. Siendo ello así, conforme al derecho vigente, esta 

se convirtió en una moción de sentencia sumaria y como tal debe ser 

atendida. Así, y tal cual nos es exigido, evaluamos dicho escrito y la 

oposición sometida ante ello. Así hecho, concluimos que ambos escritos 

cumplen con los requisitos de forma que exige nuestro ordenamiento 

jurídico en cuanto a dicha herramienta. 

Además, y habiéndose determinado lo anterior, tras evaluar el caso 

concluimos que no hay controversia alguna que impidiera que el foro 

primario declarara Con Lugar la moción dipositiva sometida por la ACT. 
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Ello así, puesto que la ACT adjuntó con la moción una declaración jurada 

que cumple con las exigencias de la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 

supra, para establecer un hecho incontrovertido.

Aunque la apelante argumenta que el hecho certificado está en 

controversia, no señala documento o evidencia alguna que así lo demuestre.

Al contrario, cualquier controversia reclamada por la señora Ramírez en 

cuanto a la jurisdicción de las agencias apeladas sobre el lugar del incidente 

descansa en meras alegaciones hechas por el Municipio de San Juan, quien 

no es parte del litigio debido al desistimiento voluntario que la apelante 

sometió en cuanto a este.

5

Así las cosas, no encontramos elemento alguno que justifique 

nuestra intervención con la determinación del foro primario en cuanto a la 

Autoridad de Carrera y Transportación. Tampoco se cometió el segundo 

señalamiento de error. 

-IVPor todo lo antes consignado, confirmamos la Sentencia Parcial

emitida y notificada el 2 de agosto de 2023 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, contra el Departamento de 

Transportación y Obras Publicas representado por el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico.

Asimismo, confirmamos la Sentencia Parcial emitida y notificada el 2 

de agosto de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, contra la Autoridad de Carretera y Transportación. 

Devolvemos el caso al foro primario para la continuación de los 

procedimientos. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

5 Recordemos que las meras alegaciones no constituyen prueba. UPR Aguadilla v. Lorenzo 

Hernández, 184 DPR 1001, 1013 (2012).
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Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones