Número Identificador

SEN202 4

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III CARMEN VYRIA RAMÍREZ ALVARADO T/C/C CARLA GONZÁLEZ Apelante

v.
TRIPLE S MANAGEMENT CORPORATION, MUNICIPIO DE SAN JUAN; OPTIMA SEGUROS ; AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN DE PUERTO RICO; COMPAÑÍA ASEGURADORA “A”; ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO FULANO DE TAL, SUTANO DE TAL Y ENTIDAD XYZ Apelada KL AN202301102 Apelación Procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de SAN JUAN

Caso Núm.: SJ2023CV00480

Sobre: Caída

Panel integrado por su president e el Juez Figueroa Cabán , el Juez Bonilla Ortiz y la Juez a Mateu Meléndez

.

SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2024

. Comparece ante nos Carmen Vyria Ramírez Alvarado (en adelante , señora Ramírez o la apelante) mediante recurso de Apelación en el que

solicita la revocación de las Sentencias Parc ial es emitidas el 2 de ago sto de

2023 , por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (en adelante , TPI o foro apelado )

. Por virtud de las mismas, se declaró Ha Lugar la s

m oci ones de d esestimación sometidas por el Estado Libre Asociado de

Puerto Rico en representación del Departamento de Transportación y Obras

Publicas (en adelante DTOP ) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (en adelante ACT).KL AN202301102 2 Examinado el expediente ante nuestra consideración, en virtud del derecho aplicable que más adelante consignaremos, confirmamos la s

s entencia s apelada s
.

- I

El caso de epígrafe inici ó el 20 de enero de 2023, con la presentación

de una Demanda instada por la señora Carmen Ramírez contra Triple S Management Corporation (en adelante Triple S), el Municipio de San Juan, Optima Seguros, la ACT, y el E stado L ibre A sociado y su agencia, el Departamento de Transportación y Obras Públicas

. En síntesis, la señora

Ramírez alegó que el 26 de enero de 2022 , sufrió un accidente en la acer a ubicada en la marginal de la avenida F.D. Roosevelt, pasada la entrada vehicular al estacionamiento ubicado en o frente la propiedad de Triple S en el Municipio de San Jua n. Según indica en la Demanda , en la acera había un desnivel que ocasionó que perdier a el balance y cayera sobre la acera. Además, arguy ó que la causa del referido accidente se debió a la negligencia de Triple S, el Municipio de San Juan, Optima Seguros, la ACT

y DTO P

. E l 31 de enero de 2023, la señora Carmen Ramírez presentó
Demanda Enmendada con el único fin de enmendar el epígrafe de la

demanda.

E l 8 de mayo de 2023, el DTO P present ó una Moción de Desestimación bajo la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 10.2(5), en la que planteó que procedía la desestimación de la Demanda Enmendada

incoada en su contrada debido a que carece de jurisdicción, control y deber

de mantenimiento del área donde oc urrió el accidente . Encima, manifestó

que , conforme al Artículo 2 de la Ley Núm . 49 de 1 de septiembre de 1917, conocida como “Ley de Travesías de Puerto Rico ”, 9 LPRA sec. 13 (en adelante Ley de Travesía) , dicho lugar pertenecía al Municipio de San Juan

. Por su parte, e l 22 de mayo de 2023, ACT presentó su Contestación a Demanda

Enmendada en la que estableció no tener jurisdicción, control yKL AN202301102 3

mantenimiento del lugar donde se produjo el accidente y, a su vez, sostuvo que no estaba desarrollando ningún proyec to en el referido lugar.

El 31 de mayo de 2023, la señora Carmen Ramírez se opuso a la moción dispositiva del DTOP. Al así hacer, argumentó que, independientemente de lo dispuesto en la Ley de Travesía, el artículo 1.053

de la Ley de Municipios Autónomos 1 ( sic ) establece que los municipios no son responsables por lo s accidentes ocurridos en carretera s o acera s estatal es
. Además, indicó que el D TOP debió presentar una certificación bajo juramento del oficial correspondiente en la cual acreditara que la

Avenida Roosevelt no esta ba bajo su jurisdicción. El 6 de junio de 2023, el foro apelado notificó una Orden en la que denegó la Moción de Desestimación presentada por el DTO P. También, les ordenó a todos los codemandados a presentar certificaciones sobre el control, jurisdicción y mantenimiento
del área donde ocurrió el referido accidente

. Así las cosas, e l 9 de junio de 2023, ACT presentó una Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria Parcial con la cual , mediante un a Declaración Jurada del Ingeniero Eduardo F. Ruiz Vélez , D irector de l a
O ficina R egional M etro de la autoridad, certificó no tener jurisdicción, control y mantenimiento de la Avenida Roosevelt. Por su parte , e l 26 de junio de 2023, el Municipio de San Juan y Optima Seguros presentaron en conjunto una Moción en Cumplimiento de Orden en la cual adujeron que el lugar donde ocurrieron los hechos alegados fue en la carretera estatal PR

23 conocida como la Avenida Roo sevelt. Siendo así, argumentaron que, a tenor con el Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 2020, 21 LPRA sec. 7001 et seq. (en adelante, Código Municipal), no están permitidas las reclamaciones contra los municipios por daños y

p erjuicios que sufran las personas o propiedad en accidentes que ocurran

en las carreteras o aceras estatales. Por ello , sostuvieron que no tenían

1 21 LPRA sec. 7084KL AN202301102 4

jurisdicción sobre la referida carretera, sino que el DTOP era la entidad con jurisdicción y control de ella

. El 24 de julio de 2023, la señora Carmen Ramírez se opuso al escrito en cumplimiento de orden sometido en el caso por ACT. Al así hacer, argumentó que no había tenido oportunidad de realizar el descubrimiento de prueba ni confrontar la suficiencia o vera cidad de la referida

c ertificación , por lo que desestimar la Demanda Enmendada sería una
determinación prematur a que violentaría su derecho a un debido proceso de ley. Varios días después, específicamente el 31 de julio de 2023, el DTO P presentó Moción I

nformativa y en Cumplimiento de Orden de la que surge una

Certificación mediante declaración jurada suscrita por el señor Julio

E nrique Col ó n Vargas, D irector de la O ficina R egional de San Juan del DTOP, que establece que la acera donde ocurrió el referido accidente en la

Avenida Roosevelt no esta ba bajo su jurisdicción, control ni mantenimiento. Así las cosas, el 2 de agosto de 2023, el TPI notificó las dos S entencias

Parciales apeladas desestimando la reclamación de la apelante en cuanto al DTOP y ACT.

En desacuerdo , el 17 de agosto de 2023, la señora Carmen Ramírez

solicitó reconsideración de los dictámenes apelados. Así pues, y a tales efectos, adujo que en el pleito no se ha realizado descubrimiento prueba en

relación con la Certificación presentada por ACT . Asimismo, señaló que el

DTOP no sometió una c ertificación, sino meramente una alegación general sin evidencia en torno a que la acera en controversia le pertenece al Municipio de San Juan. 2 El 13 de octubre de 2023, el foro apelado le ordenó al DTOP mostrar causa por la cual no debía dejar sin efec to la Sentencia Parcial emitida el 2

2 Cabe señalar que p osteriormente, el 21 de agosto de 2023 , la señora Carmen Ramírez sometió Desistimiento Voluntario sin Perjuicio contra el Municipio de San Juan . Similar escrito presentó el 15 de septiembre de 2023 en cuanto a Optima Seguros.KL AN202301102 5

de agosto de 2023. En cumplimiento, el 3 de noviembre de 2023, el DTOP presentó una Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden mediante la cual adjuntó una Certificación suscrita por el Ingeniero Antonio Danilo Corde ro Aglerau que establece lo siguiente: “La Sra. Maritza Lugo del área de Control de Acceso de la ACT nos solicitó para su uso, la jurisdicción de la calle Resolución y l marginal en su intersección con la Avenida Franklin Delano Roosevelt o carretera esta tal PR

- 23 en San Juan. La calle Resolución y la marginal donde termina y hace intersección con la Avenida Roosevelt no es parte del sistema de carreteras estatales de Puerto Rico ya que no fue construida por el D epartamento de T ransportación y O bras P úblicas ni por la A utoridad de C arreteras y T ransportación

. Estas calles fueron construidas por el desarrollador de los solares y de esta urbanización industrial

comercial. La Oficina Regional de la Directora de Obras P ú blicas de San Juan del DTOP no le d a mantenimiento a dicha calle y no está bajo su jurisdicción y dominio. La calle Resolución y la marginal de la Avenid a Roosevelt allí ubicadas están bajo la responsabilidad, jurisdicción y dominio del Municipio de San Juan o del mismo desarrollador si es que no le han pasado las calles al municipio mediante escritura pública. Así que ni el Departamento de Transportación y Obras Públicas ni la Autoridad de Carreteras y Transportación son dueños, ni tienen jurisdicción y dominio sobre estas calles.” 3
El 7 de noviembre de 2023, el TPI dictó un a Orden declarando No Ha Lugar la moción de Reconsideración presentada por la señora Carmen

Ramírez. I nconforme aun con dicha determinación, esta acudió ante
nosotros mediante el recurso de a pelación de autos , en el cual le imputa al TPI la comisión de los siguientes errores: PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA PARCIAL DESESTIMANDO LA DEMANDA CONTRA EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO (DTO P ) SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA PARCIAL DESESTIMANDO LA DEMANDA CONTRA LA AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN DE PUERTO RICO (ACT). Al discutir el primero de estos señalamientos, sostiene que la

determinación del TPI de desestimar su causa contra el DTOP fue una prematura y violó su derecho a un debido proceso de ley al no permitirle

3 Véase, Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden del Apéndice de la apelante, págs. 313

- 314 , inciso 14.KL AN202301102 6

realizar el descubrimiento de prueba ni confrontar la suficiencia o

veracidad de la referida c ertificación y/o las d eclaraciones juradas presentadas por el DTOP. E n la discusión del segundo error señalado , la señora Ramírez en síntesis levanta los mismos argumentos frente a la

desestimación de su causa de acción contra ACT ; obviamente, en relación a

la declaración jurada y certificación que sometió en cuanto a la controversia. Atendido el recurso, el 19 de diciembre de 2023, emitimos Resolución en la que le ordenamos a las partes apeladas a comparecer y someter su posición en treinta (30) días. En cumplimiento con lo ordenado, el 4 de enero de 2024 compareció ACT. El 25 de enero del año en curso, tras peticionar y obtener una extensión del término, finalmente el DTOP, representado por la Oficina del Procurador General hizo lo propio. Así, y en cuanto al primer seña lamiento de error de la apelante, en su comparecencia el DTOP alega que de la declaración jurada y certificaciones presentadas ante la consideración del TPI surge claramente que no ejerce jurisdicción, control ni obligación de mantenimiento de la

Avenida R oosevelt . Además, sostiene que la calle Resolución y la marginal donde termina y hace intersección con la Avenida Roosevelt no es una carretera estatal de Puerto Rico por haber sido construida por el

desarrollador de la urbanización industrial

- comercial. C onsiderando lo anterior, concluye que la Avenida Roosevelt está bajo jurisdicción, control y mantenimiento del Municipio de San Juan o del propio desarrollador.

Mientras , al oponerse al segundo señalamiento de error , la ACT

reiteró que conforme a su Moció n de Desestimación y/o Sentencia Sumaria y los documentos sometidos en apoyo a esta, no tenía bajo su jurisdicción, control y/o mantenimiento de la Avenida Roosevelt. Argumentó que la apelante al oponerse a la solicitud de desestimación debió cumplir con la obligación de presentar declaraciones juradas o documentos admisibles en

evidencia que rebatieran las alegaciones de ACT y demostraran que noKL AN202301102 7

procedía que el TPI dictara sentencia su favor ; cosa que no hizo

. Por tanto, defendió la decisión apelada. Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, damos por sometido el asunto y estando listos para resolver, así lo hacemos.

- II

-

- A

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, permite a una parte que es demandada, mediante la presentación de una
moción debidamente fundamentada a esos fines, solicitar la desestim ación
de la demanda instada en su contra. En particular, la referida regla establece que la parte demandada podrá solicitar la desestimación de la demanda en su contra por alguno de los siguientes fundamentos: (1) Falta de jurisdicción sobre la materia. (2) Falta de jurisdicción sobre la persona. (3) Insuficiencia del emplazamiento. (4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento. (5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio

. (6) Dejar de acumular una parte indispensable. Íd

. Al res pecto, el más alto foro ha expresado que, al resolverse una moción de desestimación por el fundamento de que la demanda deja de

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, "[e]l

tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien aleg ados en la demanda

y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas". Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp. , 174

DPR 409, 428, (2008); Colón v. Lotería , 167 DPR 625, (2006). Además, deberá

identificar los elementos que establecen la causa de acción y las meras alegaciones concluyentes que no pueden presumirse como ciertas.
Hernández Colón op. cit., pág. 268; Ashcroft v. Global , 556 US 662 (2009);

Bell At lantic Corp. v. Twombly , 550 US 544 (2007).

Cónsono con lo anterior las alegaciones en la demanda se tienen que interpretar “[c]onjuntamente , liberalmente y de la forma más favorable posible para la parte demandante" Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez et al. ,KL AN202301102 8

206 DPR 261(2021) ; López García v. López García , 200 DPR 50, 69 (2018). En

ese sentido, la demanda no deberá desestimarse a menos que se dem uestre

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo cualesquiera

hechos que pueda probar. López García v. López García , Íd

. Luego de brindarle veracidad a las alegaciones, el tribunal deberá determinar si a base de éstas, la demanda establece una reclamación plausible que justifique la concesión de un remedio al demandante a la luz

de la norma establecida en Bell Atlantic Corp. v. Twombly , supra
. Realizado

el análisis de las alegaciones, de entender que los hechos alegados "[n]o cumplen con el estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar la

demanda". R. Hernández Colón, op. cit.; Ashcroft v. Global , supra ; Bell

Atlant ic Corp. v. Twombly , supra
. El propósito de la doctrina es evitar "[q]ue una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el

descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones conclusorias". R. Hernández Colón, op. cit .; J.A. Cuevas Sega rra, Tratado de Derecho Civil , 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, Tomo II, pág. 529. Cabe destacar que la propia Regla 10.2 dispone que, si la desestimación se fundamenta en que la demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio y en la moción se exponen materias no contenidas en la demanda, el tribunal deberá

considerar el escrito como una solicitud de sentencia sumaria. El escrito estará sujeto entonces a todos los trámites ulteriores provistos en la Regla

36 de Procedim iento Civil, supra.

La conversión de una moción de desestimación a una de sentencia sumaria, a tenor con lo antes dispuesto, puede ocurrir cuando cualesquiera de las partes, someten materia que no formó parte de las alegaciones, tales como deposiciones, admisiones, certificac iones y contestaciones a interrogatorios. El tribunal tiene plena discreción para aceptar o no la materia evidenciaria que se acompaña. Esta discreción normalmente laKL AN202301102 9

ejerce tomando en consideración si la materia ofrecida y la conversión subsiguiente facil itarían o no la disposición del asunto ante su consideración. Si de la materia ofrecida surge que el caso no se debería despachar sumariamente y que para su resolución se debería celebrar una vista en su fondo, el tribunal denegaría tanto la conversión de la moción de desestimación en una de sentencia sumaria, como la concesión de la desestimación. Si por alguna razón el tribunal decide no aceptar la materia presentada, el promovente puede presentar nuevamente la materia excluida como documentos que acompañ en una moción de sentencia

sumaria. Torres Capeles v. Rivera Alejandro , 143 DPR 300 (1997) al citar a 5A Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 1366 (1990). En cuanto al mecanismo de sentencia sumaria dispuesto en la Regla

36 de P rocedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, sabido es que este es un mecanismo procesal reconocido mediante el cual puede resolverse una controversia sin que se requiera la celebración de un juicio. González Méndez v. Municipio Autónomo de San Juan , Opinión del 24 de julio de 2023, 2023 TSPR 95. Conforme el lenguaje de la mencionada regla procede dictar sentencia si de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las hay u otra evidencia demuestran que no hay controversia real sustancial en cuanto a un hecho esencial y el derecho aplicable lo justifica. Íd. al citar a Roldan Flores v. M. Cuebas et als. , 199 DPR 664, 676 (2018). En cuanto a la revisión judicial sobre la denegato ria o expedición de una solicitud de sentencia sumaria, es importante saber que los tribunales apelativos están limitados a : considerar los documentos y argumentos que se presentaron ante el foro primario , determinar si existe o no alguna controversia genu ina sobre un hecho material, y determinar si el derecho se aplicó correctamente. Entiéndase pues, los foros apelativos están en laKL AN202301102 10

misma posición que los tribunales de instancia y utilizan los mismos criterios para evaluar una solicitud de sentencia sumari a. Íd

.

- III

Como informamos , mediante la discusión conjunta de los dos errores señalados, la apelante asevera que debido a que en el pleito no había realizado descubrimiento de prueba, el TPI no debió desestimar la causa de acción que instó contra el DTOP y la ACT . Así, señala que en el pleito no hay una determinación de a quién le compete jurisdicción sobre la acera donde ocurrió el accidente que concluyó en la demanda y resalta que

confo rme alegó el Municipio de San Juan al contestar la demanda enmendada, esta era una servidumbre de paso del DTOP. A su vez, afirma que la desestimación declarada descansó en una aplicación de la Ley de Travesías que fue rechazada recientemente por nuestro Tribunal Supremo

en González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan , supra
. Ante estos señalamientos, la apelante reclama que al amparo de la normativa aplicable a las mociones bajo la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra, el foro primario estab a obligado a dar por ciertos todos aquellos hechos bien alegados en la demanda. Añade que dándose estos por correctos y ante l as alegaciones levantadas en el pleito por el Municipio,

existía controversia sobre si el control, mantenimiento, las obligaciones y/o la jurisdicción respecto a la acera donde ocurrió la caída le correspondía a

la ACT o al DTOP . Por consiguiente , expone que las desestimaciones

decretadas son erróneas.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en repetidas ocasiones que la revisión de una sentencia se da contra su resultado y no

contra sus fundamentos. 4 Un minucioso estudio del expediente bajo el

crisol de esta normativa nos mueve a diferir con la apelante y su

4 Pérez Viuda de Muñiz v. Criado Amunategui , 151 DPR 355 (2000) al citar a Pagán v. Alcalde Mun. De Cataño , 143 DPR 314 (1997) y otros.KL AN202301102 11

señalamiento de err ores
. Por el contrario, un avaluó del expediente nos mueve a concluir que los dictámenes apelados son correctos en derecho.

En cuanto a la Sentencia Parcial que concede la solicitud de desestimación del DTOP, puede observarse que, al resolver la cuestión, el foro primario hizo alusión a la Moción de desestimación sometida en el caso el 8 de mayo de 2023 por dicha parte . Igualmente puede adverti r s e al estudiar el expediente que el mencionado escrito fue denegado mediante

Orden del 1 de junio de 2023, notificada el día 6

. Ahora, e n esa ocasión, según surge del referido dictamen, a l rechaz ar la desestimación hizo la salvedad de que no existía impedimento para que la desestimación denegada en aquel momento p udiera ser evaluada posteriormente. Nos parece que , precisamente, en virtud de tal aseveración y conforme a los posteriores escritos sometidos en el caso y sus respectivos anejos el TPI reexaminó la solicitud de desestimación del DTOP y res olvió

concederla

. Nótese que, e ntre los escritos que luego se s ometieron en el caso

se encuentra la Moción informativa y en cumplimiento de orden que el DTOP presentó el 31 de julio de 2023 . La misma , como es de fácil cotejo, fue acompañada de una Declaración Jurada suscrita por el Ingeniero Julio Enrique Colón Vargas , Director de la Oficina Regional de San Juan del DTOP. En tal documento, el Ingeniero Colón Vargas certificó bajo juramento que, “de acuerdo a información obtenida por subalternos y de los documentos oficiales que obran en los archivos de este Departament o” el lugar donde se alega que ocurrieron los hechos en la acera que ubica en la marginal de la Avenida F.D. Roosevelt, Municipio de San Juan, no está bajo la jurisdicción, el control y mantenimiento del Departamento de Transportación y Obras Públicas Esta tal

. La apelante nada señala en cuanto a esta declaración jurada . De hecho, ni la menciona, limitándose a argüir que la desestimación de su reclamación contra el DTOP descansó en una aplicación errónea de la LeyKL AN202301102 12

de Travesía que ignoró una decisión reciente de nuestro Tribunal Supremo

sobre el referido estatuto , así como aquellas alegaciones hechas por el Municipio de San Juan. No obstante , tras considerar todos los escritos que conforman el expediente judicial, nos parece que dicha apreciación es

e quivocada. En contrario, nos parece claro que la desestimación concedida se debió a que en el trayecto del pleito la agencia evidenció no tener jurisdicción, control ni mantenimiento del lugar del accidente y por consiguiente, la ausencia de un remedio que pudiera concederse en su contra y a favor de la apelante

. Es más, creemos que, ante la certificación sometida por el DTOP, la moción de desestimación que inicialmente presentó quedó suplementada, pudiéndose evaluar la misma como una

solicitud de sentencia sumaria a ser evaluada bajo la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra
. En fin , en virtud de los documentos que el expediente judicial contiene, concluimos el primer error señalado por la apelante no fue cometido.

Similar desenlace alcan zamos en cuanto a la sentencia parcial en favor de ACT impugnada por la señora Ramírez mediante su segundo

señalamiento de error. Como arriba señalamos, la ACT presentó ante el foro primario una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Criminal, supra , mediante la cual adjunto una certificación y/o declaración jurada. Siendo ello así, conforme al derecho vigent e, esta se convirtió en una moción de sentencia sumaria y como tal debe ser atendida. Así, y tal cual nos es exigido, evaluamos dicho escrito y la oposición sometida ante ello. Así hecho, concluimos que ambos escritos cumplen con los requisitos de forma qu e exige nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a dicha herramienta. Además, y habiéndose determinado lo anterior, tras evaluar el caso concluimos que no hay controversia alguna que impidiera que el foro primario declarara Con Lugar la moción dipositiva sometida por la ACT

.KL AN202301102 13

Ello así, puesto que la ACT adjuntó con la moción una declaración jurada

que cumple con las exigencias de la Regla 36.5 de Procedimiento Civil,

supra , para establecer un hecho incontrovertido

. Aunque la apelante argumenta que el hech o certificado está en controversia, no señala documento o evidencia alguna que así lo demuestre.

Al contrario, cualquier controversia reclamada por la señora Ramírez en

cuanto a la jurisdicción de las agencias apeladas sobre el lugar del incidente descansa en meras alegaciones hechas por el Municipio de San Juan , quien no es parte del litigio debido al desistimiento voluntario que la apelante

sometió en cuanto a este

. 5 Así las cosas, no encontramos elemento alguno que justifique

nuestra intervenci ón con la determinación del foro primario en cuanto a la Autoridad de Carrera y Transportación. Tampoco se cometió el segundo

señalamiento de error.

- IV

Por todo lo antes consignado, confirmamos la Sentencia Parcial

emitida y notificada el 2 de agosto de 2023 por el Tribunal de Primera

Instancia , Sala Superior de San Juan , contra el Departamento de Transportación y Obras Publicas representado por el Estado Libre Asociado

de Puerto Rico

. A simismo , confirmamos la Sentencia Parcial emitida y notificada el 2 de agosto de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan , contra la Autoridad de Carretera y Transportación.

D evolvemos el caso al foro primario para la continuación de los procedimientos

. Lo acordó y manda el Tribunal , y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

5 Recordemos que las meras alegaciones no constituyen prueba. UPR Aguadilla v. Lorenzo Hernández , 184 DPR 1001, 1013 (2012).KL AN202301102 14

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones