Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

WILLIAM JOSÉ NAZARIO 

CORREA

Apelante

KASANDRA ECHEVARRÍA 

SANTIAGO

Apelada

 

EX PARTE

KLCE202400230

Certiorari acogido 

como Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala

Superior de Ponce

Caso Núm.:

J DI2018-0557 

Sala (405)

Sobre:

DivorcioConsentimiento Mutuo

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

S E N T EN C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2024.

Comparece el señor William Nazario Correa (señor Nazario 

Correa o apelante) mediante recurso de Certiorari, el cual acogemos 

como Apelación1, y nos solicita la revisión de la Resolución emitida 

el 22 de diciembre de 2023, notificada el 16 de enero de 2024, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. En virtud 

del referido dictamen, el foro primario acogió el Acta-Informe emitido 

por la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA) y declaró Ha 

Lugar la solicitud de aumento de pensión alimentaria presentada 

por la señora Kasandra Echevarría Santiago (señora Echevarría 

Santiago o apelada).

El 30 de enero de 2024, el señor Nazario Correa presentó 

Moción en solicitud de reconsideración, la cual fue declarada No Ha 

1 Las determinaciones sobre pensiones alimentarias, incluyendo aquellas en las 

que se modifican o intentan modificar dictámenes finales previos, constituyen 

propiamente sentencias de las cuales se puede interponer un recurso de 

apelación. Otero Vélez v. Schroder Muñoz, 200 DPR 76, 86 (2018); Cortés Pagán v. 

González Colón, 184 DPR 807, 815 (2012); Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 

129 (1998).

Número Identificador

SEN2024__________
KLCE202400230 2

Lugar mediante Resolución emitida el 6 de febrero de 2024 y 

notificada 9 de febrero de 2024.

Por los fundamentos que exponemos a continuación,

modificamos la determinación impugnada y, así modificada,

confirmamos.

I.

El 24 de febrero de 2022, la señora Echevarría Santiago 

presentó una Petición Aumento de Pensión2. Por medio de esta, 

solicitó la revisión de la pensión alimentaria establecida en el 2018

en beneficio de uno de los hijos, menor de edad, procreados por ésta 

y el señor Nazario Correa. Requirió, además, que se hiciera un 

referido ante la Oficina de Relaciones de Familia para establecer las 

relaciones paternofiliales y dejar sin efecto la custodia compartida.

Luego, el 29 de abril de 2022, la apelada sometió la Planilla de 

Información Personal y Económica (PIPE)3, en la que precisó bajo 

juramento sus circunstancias económicas y los gastos del referido 

menor de edad.

Tras múltiples incidencias procesales, y conforme surge del 

recurso ante nos, el 28 de febrero de 2023, la apelada sometió una 

Moción para Incluir e Informar Gastos y Necesidades del Menor4.

Eventualmente, el 14 de junio de 2023, el señor Nazario 

Correa compareció mediante Moción Informativa5, en la que expuso 

haber aceptado capacidad económica para cubrir las necesidades de 

su hijo menor de edad. 

El 11 de julio de 2023, el señor Nazario Correa presentó 

Moción Informativa Urgente6, en la que objetó varios de los gastos 

notificados por la apelada, por estos ser alegadamente duplicados, 

2 Apéndice del recurso, Anejo IV.

3 Apéndice del recurso, Anejo IX.

4 Apéndice del recurso, Anejo VI. Cabe mencionar que dicha moción no consta en 

los autos originales del caso.

5 Apéndice del Alegato en Oposición a Certiorari, Anejo 2.

6 Apéndice del recurso, Anejo VII.
KLCE202300230 3

inexistentes -puesto que él había pagado la totalidad- e 

improcedentes. En detalle, el apelante impugnó los siguientes 

gastos: pintura de la casa, internet, celular, compra para el hogar, 

gastos de transportación, pago del vehículo y lavado mensual del 

mismo, tratamiento de ortodoncia, perfumes, compra de sábanas, 

limpieza de aires acondicionados, joyería fina y accesorios, ropa, 

tenis y chancletas.

Según surge del expediente apelativo, la apelada instó otra

Moción para incluir e informar gastos y necesidades del menor7. En 

esta, expresó que el señor Nazario Correa había aceptado capacidad 

económica e incluyó un listado de los gastos y las necesidades del 

menor de edad, resultando en una nueva relación de gastos.

El 19 de octubre de 2023, las partes de epígrafe presentaron 

una Moción informativa e informe conjunto de reunión entre 

abogados8. Por virtud de esta, se estipularon las siguientes partidas:

a. ...

b. ...

c. Partidas de gastos mensuales que no están en 

controversia y que el alimentante pagará directamente:

1) Aportación del menor de la hipoteca $120.00

2) Pintura de la residencia $11.66.

3) Plan Médico del menor $105.00 (pap[á] ya lo paga 

directamente)[.]

5) Agua $6.66 (pap[á] ya lo paga). Se pagan $20.00 

por parte del padre.

6) Compra de Alimentos en el hogar $250.00[.]

7) Barbería papá lo pagará directamente.

8) Internet $17.99[.]

9) Celular el padre lo paga directamente.

10)Fumigación $5.55[.]

Además, las partes de epígrafe desglosaron los gastos del 

menor de edad sobre los cuales existía controversia tanto de la 

necesidad del gasto como de la cuantía reclamada, así como aquellos 

en los que la controversia surgía únicamente en la cuantía de este.

Así las cosas, los días 8 y 22 de noviembre de 2023, se celebró 

una vista ante la EPA para atender la solicitud de revisión de 

7 Apéndice del Alegato en Oposición a Certiorari, Anejo 3. Dicha moción tampoco 

consta en los autos originales. 

8 Apéndice del recurso, Anejo VIII.
KLCE202400230 4

pensión alimentaria de la señora Echevarría Santiago. Conforme 

surge del Acta-Informe, la EPA utilizó el documento sometido 

conjuntamente por las partes de epígrafe y las declaraciones de 

estos en la vista para determinar los gastos razonables del menor de 

edad. Así pues, la EPA estimó las necesidades y gastos razonables 

en $2,424.53 mensuales. De dicha cantidad, recomendó que el 

señor Nazario Correa retuviese la suma de $1,132.31 −para cubrir 

el gasto de hipoteca, el plan médico y aquellas partidas que ofreció 

pagar directamente− y que se le entregara a la señora Echevarría 

Santiago el monto restante, a saber: $1,292.22.

Asimismo, la EPA recomendó que: (1) se ordenara al apelante 

a mantener al menor de edad como beneficiario del plan médico; (2) 

se le impusiera al señor Nazario Correa el pago del 100% de los 

gastos de graduación del alimentista, previa presentación de recibo 

o factura; (3) las representantes legales de las partes de epígrafe se 

reunieran para determinar la cantidad de deuda y los créditos que 

mantenía el apelante, e informaran al tribunal una propuesta de 

plan de pago y, (4) la imposición de $800.00 al señor Nazario Correa 

en concepto de honorarios de abogados.

El 22 de diciembre de 2023, el foro primario emitió 

Resolución9, en la que declaró Ha Lugar la solicitud de aumento de 

pensión alimentaria y acogió todas las recomendaciones de la EPA, 

haciéndolas formar parte de su dictamen.

Inconforme, el 30 de enero de 2024, el señor Nazario Correa 

presentó Moción en solicitud de reconsideración10. De entrada,

expuso que la suma de los gastos mensuales que debía entregar a 

la señora Echevarría Santiago totalizaba $1,053.87 y no $1,292.22 

según consignado por la EPA. Por otro lado, insistió en que varias 

de las partidas consideradas para establecer la pensión alimentaria 

9 Apéndice del recurso, Anejo I.

10 Apéndice del recurso, Anejo II.
KLCE202300230 5

del menor de edad no procedían o eran excesivas. Particularmente,

solicitó la reconsideración de las siguientes partidas: (1) 

medicamentos over the counter; (2) decoración navideña; (3) gasto 

escolar diario; (4) gastos de cumpleaños del menor; (4) gastos de 

actividades a las cuales el menor de edad es invitado; y, (5) gastos 

de mascotas. 

Sobre los medicamentos over the counter, sostuvo que se le 

estaba obligando a pagar una cantidad mensual para ello, aun 

cuando no se comprara ninguno. Añadió que ya había asumido los 

gastos de higiene personal de su hijo, los cuales incluía unas cremas 

faciales para una condición del menor, por lo que suponía una 

duplicidad de gastos. En cuanto a la decoración navideña, 

argumentó que ello no constituía parte de los alimentos del menor. 

Adujo que dicha partida no era necesaria ni razonable, y que no 

debía siquiera considerarse al momento de adjudicar el pago de la 

pensión alimentaria.

Con respecto al gasto escolar diario, esgrimió que el mismo 

se duplicaba al ya incluirse un gasto por concepto de comida fuera 

del hogar. Sostuvo, además, que dicho gasto escolar se extinguiría 

en el mes de mayo del 2024, puesto que el menor se graduaría de 

su cuarto año. Indicó que el mismo debió haberse dividido por 

etapas. Por otro lado, con relación a los gastos de cumpleaños,

manifestó que ello no era una necesidad del menor y que la cantidad 

era arbitraria. Agregó que la celebración de la vida del menor era 

prerrogativa individual de los progenitores, así como los gastos en 

los que cada uno incurriera.

En lo que respecta a la partida por gastos de actividades a 

las cuales el menor es invitado, adujo que la misma no era 

razonable. Puntualizó que la pensión alimentaria del menor debía 

basarse en sus necesidades y no en las de terceras personas. 

Finalmente, acerca del gasto de mascotas, indicó que el mismo no 
KLCE202400230 6

era acorde con los ingresos limitados de la madre, es decir, que no 

se sustentaba.

El señor Nazario Correa, también arguyó, que la cantidad que 

la apelada solicitaba en concepto de retroactivo, a saber, más de 

$50,000.00, sobrepasaba el ingreso recibido por ella en veintiún

meses, por lo que no era creíble que hubiese incurrido en tales 

gastos. Por último, expresó que, si bien la ley dispone que el subsidio 

de alimentos del PAN no debe considerarse como un ingreso de la 

apelada, no debía reconocerse un gasto de alimentos 

retroactivamente, puesto que la señora Echevarría Santiago no 

había generado el mismo. Asimismo, manifestó que, reconocer dicho 

gasto, implicaría un enriquecimiento injusto por parte de esta.

El 6 de febrero de 2024, el TPI emitió una Resolución11, en la 

que, entre otras cosas, declaró No Ha Lugar la reconsideración 

presentada.

Insatisfecho aún, el 23 de febrero de 2024, el señor Nazario 

Correa acude ante nos mediante el presente recurso y señala al foro 

primario la comisión del siguiente error:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DENEGAR 

LA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DEL RECURRENTE 

Y VALIDANDO LAS PARTIDAS Y CUANTÍAS PARA IMPONER 

LA PENSIÓN ALIMENTARIA, LAS CUALES SON 

IRRAZONABLES Y NO FUERON INCLUÍDAS EN LA 

PLANILLA DE INFORMACIÓN PERSONAL Y ECONÓMICA 

RADICADA.

El 28 de febrero de 2024, emitimos una Resolución 

interlocutoria en la que concedimos a la señora Echevarría Santiago

hasta el 27 de marzo de 2024 para presentar su alegato. Luego de 

una solicitud de prórroga autorizada, el 15 de abril de 2024, la 

apelada compareció mediante Alegato en Oposición a Certiorari.

El 6 de mayo de 2024, emitimos otra Resolución, en la que 

ordenamos a la Secretaria del TPI remitir en calidad de préstamo los 

autos originales del caso.

11 Apéndice del recurso, Anejo III.
KLCE202300230 7

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y 

examinados los autos originales, procedemos a disponer del recurso 

ante nuestra consideración.

II.

-AReconocemos que los Tribunales de Primera Instancia tienen 

una gran discreción en el manejo de los procedimientos celebrados 

en sus salas. En su misión de hacer justicia, la discreción es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces12. En el ámbito del 

desempeño judicial, la discreción no significa poder para actuar en 

una forma u otra, haciendo abstracción del resto del derecho; 

ciertamente, esto constituiría un abuso de discreción. La discreción 

es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 

para llegar a una conclusión justiciera13. Tal conclusión justiciera 

deberá estar avalada por el convencimiento del juzgador de que la 

decisión tomada se sostiene en el estado de derecho aplicable a la 

cuestión planteada. Ese ejercicio constituye "la razonabilidad" de la 

sana discreción judicial14.

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como foro apelativo al intervenir precisamente 

con la discreción judicial. Es norma reiterada que este foro no habrá 

de intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de 

Instancia, salvo en caso de "un craso abuso de discreción o que el 

tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial"15.

12 Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 725 (1981).

13 Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657-658 (1997).

14 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

15 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
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-BNuestro Tribunal Supremo se ha expresado diáfanamente 

sobre el derecho a recibir alimentos16. Estos son definidos como todo 

aquello que sea indispensable para el sustento, la vivienda, la

vestimenta, la recreación y la asistencia médica de una persona, 

según la posición social de la familia17. En instancias en las que el 

alimentista sea menor de edad, los alimentos también comprenden 

la educación, las atenciones de previsión, de acuerdo con los usos y 

las circunstancias de su entorno familiar, y los gastos 

extraordinarios para la atención de condiciones personales 

especiales18.

En aras de lograr un proceso justo y rápido que garantice el 

pago de las pensiones alimentarias, se promulgó la Ley Núm. 5 del 

30 de diciembre de 1986, conocida como la Ley Orgánica de la 

Administración para el Sustento de Menores, según enmendada (Ley 

de Sustento de Menores)19. En virtud del referido estatuto, se 

establecieron las Guías Mandatorias para Determinar y Modificar 

Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 8529 del 

30 de octubre de 2014. Ello, con la finalidad de determinar las 

pensiones alimentarias a base de “criterios numéricos y 

descriptivos” que faciliten el cómputo de la cuantía de la obligación 

alimentaria20.

La determinación relativa a la cuantía de los alimentos que los 

padres o madres deben proveer a sus hijos o hijas debe ser 

proporcional a las necesidades de aquél que los recibe y a los 

recursos de quien los da, reduciéndose o aumentándose, la misma, 

16 Mc Connell v. Palau, 161 DPR 734, 746 (2004).

17 31 LPRA sec. 7531.

18 31 LPRA sec. 7531.

19 8 LPRA, sec. 501, et. seq.

20 Art. 3, Reglamento Núm. 8529.
KLCE202300230 9

conforme a tales criterios21. Cuando se evalúa una pensión 

alimentaria, debe indagarse sobre la capacidad económica de la 

persona no custodia, así como de aquella que ostenta la custodia, 

toda vez que ambas están obligadas a prestar alimentos de forma 

proporcional a sus recursos22.

-CEl Artículo 16 de la Ley de Sustento de Menores obliga al 

descubrimiento de prueba sobre la situación económica de un 

alimentante con el fin de fijar adecuadamente el monto de la pensión 

alimentaria23. En tal sentido, la Ley de Sustento de Menores provee 

para la utilización de la Planilla de Información Personal y 

Económica (PIPE). En detalle, el Artículo 16 del referido cuerpo 

normativo dispone como sigue:

La Oficina de Administración de los Tribunales preparará un 

formulario para servir de guía respecto de la información 

mínima requerida sobre la situación económica de las partes, 

las necesidades del alimentista y la capacidad de pago del 

alimentante. El formulario completado y juramentado, u otro 

documento similar, también juramentado, que contenga 

toda la información requerida deberá radicarse en la 

secretaría del tribunal y notificarse a la otra parte con 

antelación a la vista y sujetará al declarante a las 

penalidades dispuestas para el delito de perjurio24.

No obstante lo anterior, cuando el padre o madre alimentante

acepta tener capacidad económica, dicho descubrimiento se hace 

innecesario25. En los casos en que un alimentante acepta capacidad

económica, procede que éste pague el cien por ciento (100%) de las 

necesidades razonables del alimentista26. En cuanto a esto, el 

Tribunal Supremo ha advertido que, si un alimentante acepta tener 

capacidad económica, luego no podrá impugnar la pensión fijada 

21 31 LPRA sec. 7561; 31 LPRA sec. 7567. Véase, además, Pesquera Fuentes v. 

Colón Molina, 202 DPR 93, 108 (2019); Medina Llorens Becerra v. Mora Monteserín,

178 DPR 1003, 1016 (2010).

22 Franco Resto v. Rivera Aponte, 187 DPR 137, 150 (2012).

23 8 LPRA sec. 515.

24 Íd.

25 Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR 706, 719 (2022); Pesquera Fuentes v. 

Colón Molina, supra, pág. 110, citando a Chévere v. Levis, 150 DPR 525, 544 

(2000).

26 Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 571 (2012).
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conforme a las necesidades razonables del menor alegando no poder 

pagarla27. Empero, esta prohibición no impide que un 

alimentante impugne la cuantía de la pensión alimentaria por 

resultar contraria a la prueba desfilada o irrazonable en cuanto 

a las necesidades del alimentista28.

Las necesidades razonables del alimentista a las que viene 

obligado a pagar el alimentante que acepta tener capacidad 

económica son las que se hayan probado por la persona custodia 

durante una vista evidenciaria29. La persona custodia puede 

presentar prueba circunstancial o directa para demostrar el estilo 

de vida de un alimentante a los efectos de que la pensión alimentaria 

corresponda a las necesidades del alimentista de acuerdo con dicho 

estilo de vida que los menores tienen derecho a disfrutar30. Por el 

contrario, si el alimentante prefiere pagar solamente una proporción 

de las necesidades razonables del alimentista para que la persona 

custodia también realice una aportación justa y matemática a las 

mismas, deberá divulgar sus ingresos para que puedan usarse las 

Guías y así adjudicarse la participación correspondiente a cada 

progenitor31.

III.

En su recurso, el señor Nazario Correa señala que incidió el 

foro primario al declarar No Ha Lugar su solicitud de 

reconsideración y validar las cuantías para imponer la pensión 

alimentaria, por entender que son irrazonables y no fueron incluidas

en la PIPE radicada por la señora Echevarría Santiago.

Por su parte, la señora Echevarría Santiago aduce que el 

señor Nazario Correa aceptó capacidad económica, por lo que le 

27 Chévere v. Levis, 150 DPR 525, 546 (2000).

28 Pesquera Fuentes v. Colón Molina, supra, pág. 111; Santiago, Maisonet v. 

Maisonet Correa, supra, pág. 565.

29 Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra, pág. 572.

30 Íd., pág. 570.

31 Íd., pág. 571.
KLCE202300230 11

corresponde pagar el 100% de los gastos y necesidades de su hijo

menor de edad. Además, sostiene que en las vistas celebradas ante 

la EPA presentó evidencia de los gastos razonables del menor de 

edad, a la cual la EPA le adjudicó credibilidad. 

Como mencionamos anteriormente, en los casos en que el 

alimentante acepta tener capacidad económica para satisfacer los 

gastos de sus hijos, solo resta determinar las necesidades 

económicas del alimentista, sin que pueda posteriormente el 

alimentante impugnar la pensión alimentaria que se fije. No 

obstante, esto no impide que un alimentante pueda impugnar la 

cuantía de la pensión alimentaria por resultar contraria a la prueba 

desfilada o irrazonable en cuanto a las necesidades del 

alimentista32. Las necesidades razonables de los menores son 

aquellas que la parte alimentista logró probar durante la vista 

evidenciaria33.

Según reseñamos, el señor Nazario Correa, padre 

alimentante, aceptó tener capacidad económica para pagar una 

pensión alimentaria adecuada y razonable para su hijo menor de 

edad. Luego, las partes de epígrafe presentaron una Moción 

informativa e informe conjunto de reunión entre abogados34 en la que 

estipularon algunos gastos y partidas mensuales por concepto de 

pensión alimentaria, pero otras fueron impugnadas por el apelante.

Posteriormente, el foro primario acogió el Acta-Informe emitido 

por la EPA y declaró Ha Lugar la solicitud de aumento de pensión 

alimentaria presentada por la señora Echevarría Santiago. No 

obstante, encontramos que dicho informe incluye partidas que 

fueron objetadas por el apelante, no fueron incluidas en la Moción 

32 Pesquera Fuentes v. Colón Molina, supra, pág. 111; Santiago, Maisonet v. 

Maisonet Correa, supra, pág. 565.

33 Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra, pág. 572.

34 Apéndice del recurso, Anejo VIII.
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informativa e informe conjunto de reunión entre abogados o no surge 

evidencia de gastos en los autos del caso.

Específicamente, el apelante impugnó las siguientes partidas:

medicamentos over the counter, gasto de decoración navideña, gasto

escolar diario, gastos de cumpleaños para celebrar la vida del 

menor, gastos de actividades a las cuales el menor es invitado y el 

gasto de mascotas. 

Tras un examen minucioso de los autos originales, así como 

de los argumentos presentados por las partes, concluimos modificar

el dictamen impugnado a los fines de eliminar aquellas cuantías o 

gastos que identificamos irrazonables. Esta modificación surge 

como corolario de la carencia de prueba que sustente los gastos 

razonables del menor de edad.

Específicamente, eliminamos de la pensión alimentaria35 las

partidas y cuantías de: medicamentos over the counter por la 

cantidad mensual de $85.33; gasto escolar diario por la cantidad 

mensual de $33.33; gastos de cumpleaños para celebrar la vida 

del menor por la cantidad mensual de $15.33; gastos de 

actividades a las cuales el menor de edad es invitado por la 

cantidad mensual de $12.50 y, se modifica a los fines de establecer 

que el apelante pagará todos estos gastos cuando se entreguen los 

correspondientes recibos. También, eliminamos los gastos por 

concepto de decoración navideña por la cantidad mensual de 

$116.66, por no constituir una necesidad personal del menor, ni 

existir prueba que demuestre que es parte de su estilo de vida; y el

gasto de mascotas por la cantidad mensual de $103.00, debido a 

que, según se desprende de la Moción informativa e informe conjunto 

de reunión entre abogados, las mascotas no residen en la casa del 

menor. Destacamos que, tampoco surge del expediente ante nos que 

35 Apéndice del recurso, Anejo I Resolución y Acta-Informe. 
KLCE202300230 13

los gastos antes mencionados se hayan probado ante la EPA. Al 

considerar la insuficiencia de la prueba de estos gastos, procede la

modificación de la Resolución impugnada.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la

determinación impugnada a los fines de eliminar las siguientes 

cuantías del pago mensual de pensión alimentaria: $85.33 por 

concepto de los medicamentos over the counter; $33.33 de gasto 

escolar diario; $15.33 de gastos de cumpleaños; 12.50 de gastos de 

actividades a las cuales el menor de edad es invitado; $116.66 por 

concepto de decoración navideña; y $103.00 por concepto de

mascotas, al constituir estos gastos irrazonables. En consecuencia, 

ordenamos la eliminación de $366.1536 de la cantidad del pago 

mensual de pensión alimentaria que realiza el señor Nazario Correa,

por ser la suma total de los gastos irrazonables; y, así modificada,

confirmamos.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. La juez Barresi Ramos concurre con el 

resultado sin opinión escrita.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

36 Reiteramos que el apelante pagará todos los gastos por medicamentos over the 

counter, gasto escolar diario, gastos de cumpleaños del menor y gastos de 

actividades a las cuales el menor de edad es invitado cuando se entregue el recibo 

de dichos gastos. La señora Echevarría Santiago tendrá diez (10) días para 

presentarle la evidencia al señor Nazario Correa; y éste, a su vez, tendrá diez (10) 

días para realizar el pago.