Número Identificador

SEN2023 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

SAMUEL HERRERA DÍAZ

Apelado

v.

MILDRED CASTRO LÓPEZ

Apelante

KLAN202300086

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Humacao

Caso Núm.:

HU2018CV00745

(206)

Sobre:

DIVISIÓN DE 

COMUNIDAD DE 

BIENES

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la

Jueza Grana Martínez, el Juez Rodríguez Flores y el Juez Monge 

Gómez

Grana Martínez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

Comparece Mildred Castro López (Apelante o señora Castro 

López) mediante recurso de Apelación y nos solicita que 

revoquemos la Sentencia que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI), el 17 de noviembre de

2022.

1 En el referido dictamen, el foro de instancia declaró ha 

lugar la demanda incoada por el señor Samuel Herrera Díaz 

(Recurrido o señor Herrera Díaz) sobre división, liquidación y 

partición de la comunidad de bienes postganancial, luego de 

concluir que el señor Herrera Díaz cumplió con el pago que le 

correspondía a la señora Castro López por concepto de las 

aportaciones hechas al plan de pensiones perteneciente al Apelado 

durante el matrimonio.

1 La Sentencia fue archivada y notificada el mismo 17 de noviembre de 2022. 

Véase el Anejo I en el Apéndice del Recurso de Apelación.
KLAN202300086 2

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada.

I.

La señora Castro López contrajo matrimonio con el señor

Herrera Díaz el 29 de diciembre de 1973, en Bayamón, Puerto 

Rico. Poco más de 10 años después, el 11 de diciembre de 1985, la 

Corte de Distrito del Condado Tarrant de Texas, Estados Unidos, 

decretó rota y disuelta la unión matrimonial.

2 Como parte del 

procedimiento de divorcio, el tribunal de Texas dictaminó que la 

señora Castro López tenía derecho a recibir determinado por ciento 

de participación de los beneficios del plan de retiro del señor 

Herrera Díaz, que surgían de las aportaciones que éste hizo al plan 

durante la vigencia del matrimonio.

En su parte pertinente, el Tribunal de Distrito decretó lo 

siguiente:

IT IS ORDERED that a percentage of said accrued 

benefit determined by taking one half of the fraction 

calculated by dividing the total number of months 

Respondent was employed while married to Petitioner 

by the total number of months Respondent was 

employed be segregated, assigned and transferred to 

the exclusive beneficial interest of Petitioner.

The benefits hereby assigned to Petitioner, together 

with the interests, earnings and gains thereon, shall 

be paid in the same form subject to the same options 

and restrictions as the benefits payable to Respondent 

under the terms of the plan.

The benefits hereby assigned to Petitioner shall be paid 

to Petitioner on the earliest date benefits could be paid 

to Respondent under the terms of the plan, 

notwithstanding Respondents continuing employment 

by any employer sponsoring the plan, or Respondent ́s 

right to accruals of additional benefits under the terms 

of the plan.

[...]3.

2 Véase el Anejo XI en el Apéndice del Recurso de Apelación.

3 Íd.
KLAN202300086 3

Posteriormente, en el año 2006, el señor Herrera Díaz se 

acogió a la jubilación de su empleo en la agencia federal, Federal 

Highway Administration. Ese mismo año, la Oficina de Manejo de 

Personal del sistema federal (OPM, por sus siglas en inglés) ejecutó 

la parte de la Sentencia que le concedió a la señora Castro López 

parte de los beneficios del plan de retiro del señor Herrera Díaz.

4

En particular, le adjudicó una cantidad correspondiente al 15.85% 

de la pensión federal mensual del señor Herrera Díaz.

5

A principios del año 2017, el señor Herrera Díaz presentó 

ante el Tribunal de Primera Instancia de Humacao una Demanda 

sobre convalidación de la sentencia extranjera de divorcio que 

emitió la Corte de Distrito de Texas, para que se autorizara su 

ejecución.

6 Conforme a ello, el 11 de mayo de 2017, el TPI declaró 

con lugar la Demanda y le dio entera validez, fe y crédito, 

cumplimiento y vigor en Puerto Rico al decreto de divorcio.

7

Más adelante, el 21 de agosto de 2018, el señor Herrera Díaz 

presentó una Demanda sobre división, liquidación y partición de la 

comunidad de bienes.

8 Sobre este particular, expuso que la señora

Castro López ha recibido en exceso los beneficios del plan de retiro 

del señor Herrera Díaz que le correspondían, conforme al dictamen 

emitido por la Corte de Distrito de Texas. Por consiguiente, solicitó 

ser liberado de toda responsabilidad, obligación o deber respecto a 

la señora Castro López y que se diera por cumplido, en su 

totalidad, el pago de la participación que le correspondía en el plan 

de retiro.

4 Íd., Anejo XII.

5 Íd.

6 Véase el Apéndice 27 en el Alegato del Apelado. Proceso conocido como 

exequátur, según establecido en la Regla 55 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 55.

7 Íd., Apéndice 36.

8 Véase el Anejo III, Apéndice del Recurso de Apelación.
KLAN202300086 4

En su Contestación a Demanda, la señora Castro López negó 

la mayoría de las alegaciones.

9 No obstante, argumentó que el 

señor Herrera Díaz no tenía razón en su planteamiento, ya que los 

derechos que ostenta no son producto de una suma específica, 

sino del producto de aportación al plan, más las aportaciones del 

gobierno federal e intereses que se produzcan por el resto de su 

vida. También, levantó como defensa que el asunto traído por el 

señor Herrera Díaz ante los tribunales de Puerto Rico debía 

dilucidarse en el Tribunal de Texas.

Después de considerar las posiciones de las partes y evaluar 

la prueba documental admitida, el 17 de noviembre de 2022, el TPI 

emitió su Sentencia.

10 En ésta declaró ha lugar la Demanda y 

decretó saldado el crédito que le correspondía a la señora Castro 

López, sobre los beneficios acumulados durante el matrimonio en 

el plan de retiro del señor Herrera Díaz.

Insatisfecha con lo resuelto, la señora Castro López presentó 

Moción de Reconsideración, en la que expuso que la Sentencia

omitía los procesos y determinaciones que llevó a cabo la Corte de 

Texas sobre la controversia planteada, que fue atendida y resuelta 

por el gobierno federal a tenor con las leyes y reglamentos 

federales.

11 Argumentó que el dictamen emitido hace 37 años, no 

podía ser enmendado ni por la Corte de Texas, ni por el Tribunal 

de Primera Instancia de Puerto Rico, por haber advenido final y 

firme. Sostuvo que en ninguna parte de la Sentencia de Texas se 

fijó cantidad específica como cantidad máxima a ser recibida por 

ésta, como tampoco se decretó término alguno de la pensión. Por 

último, la señora Castro López razonó que la Sentencia apelada es 

errada, pues limita su participación en el plan de retiro del señor 

9 Íd., Anejo IV.

10 Íd., Anejo I.

11 Íd., Anejo VIII.
KLAN202300086 5

Herrera Díaz a un 50% de los beneficios acumulados durante el 

matrimonio.

El señor Herrera Díaz presentó su Oposición a Solicitud de 

Reconsideración, mediante la cual expuso que la señora Castro 

López se equivoca en su análisis y apreciación de la controversia, 

pues basa sus argumentos en que las pensiones son pagadas por 

el gobierno federal, de acuerdo con las leyes y reglamentos 

federales aplicables. Argumentó que en este caso no se trata de dos 

pensiones separadas y distintas, sino de una sola pensión que le 

corresponde exclusivamente al señor Herrera Díaz por su trabajo 

para el gobierno federal. Expuso que la señora Castro López no es 

acreedora, por derecho propio, a la pensión que reclama, sino a un 

crédito por la mitad de las aportaciones hechas al plan de retiro, 

durante la vigencia del matrimonio entre las partes. Arguyó que el 

total de las referidas aportaciones ascendía a $22,447.89, por lo 

que le correspondía un crédito de $11,238.95 y no la suma de 

$168,115.44, que ya fue pagada y que representa más de la suma 

a la que tenía derecho.

El 29 de diciembre de 2022, el tribunal apelado emitió una 

Orden, en la que declaró no ha lugar la Moción de Reconsideración 

que presentó la señora Castro López.

12

Inconforme, la parte peticionaria presentó el recurso de 

epígrafe, en el que señaló los siguientes dos errores:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL INTERPRETAR 

EQUIVOCADAMENTE LAS DISPOSICIONES DE LA SENTENCIA DE 

DIVORCIO DICTADA EN TEXAS, AL DESCONOCER EN ABSOLUTO 

LA DECISIÓN DE LA AGENCIA FEDERAL DE PENSIONES OPM, AL 

RESOLVER LAS CONTROVERSIAS EN ESTE CASO 

EXCLUSIVAMENTE EN BASE AL DERECHO PUERTORRIQUEÑO,

IGNORANDO LAS DISPOSICIONES FEDERALES QUE LE SON 

APLICABLES.

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCLUIR QUE 

SE HA CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD CON EL PAGO DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LA DEMANDADA, SIN HABER HECHO 

12 Íd., Anejo X.
KLAN202300086 6

DETERMINACIONES DE HECHO SOBRE LAS CANTIDADES A QUE 

TENÍA DERECHO, CON LOS INTERESES, GANANCIAS Y DEMÁS 

EMOLUMENTOS QUE LE RECONOCE LA SENTENCIA DE 

DIVORCIO Y LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES.

II.

A.

El Régimen de Sociedad Legal de Gananciales

Al contraer matrimonio, los esposos determinan el régimen 

económico que regirá su matrimonio. Roselló Puig v. Rodríguez 

Cruz, 183 DPR 81, 92-93 (2011). De acuerdo con el Art. 1267 del 

Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3551, a los 

matrimonios les aplica el régimen económico de sociedad legal de 

gananciales, salvo que existan capitulaciones matrimoniales.

13 Se 

reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no 

se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer. 

31 LPRA sec. 3647. El carácter ganancial de los bienes obtenidos 

durante el matrimonio es controvertible. La parte que alegue el 

carácter privativo del determinado bien tendrá el peso de la prueba 

para derrotar presunción iuris tantum de ganancialidad. Muñiz 

Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 980 (2010).

Durante el matrimonio, ambos cónyuges son codueños y 

administradores de la totalidad del patrimonio matrimonial. SLG 

Báez-Casanova v. Fernández, 193 DPR 192, 197 (2015); Montalván 

v. Rodríguez, 161 DPR 411, 420 (2004).

El Art. 1301 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3641, 

enumera como bienes gananciales: (1) los adquiridos por título 

oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común para la 

comunidad o para uno solo de los esposos, (2) los obtenidos por la 

industria, sueldo o trabajo de los cónyuges o de cualquiera de ellos 

13 El Código Civil de 1930, al que hacemos referencia, fue derogado por la Ley 

Núm. 55-2020, conocida como el Código Civil de Puerto Rico de 2020. No 

obstante, con el fin de adjudicar la controversia ante nuestra consideración, 

utilizaremos las disposiciones del código derogado, debido a que éste era el que 

estaba vigente al momento de los hechos que originaron la controversia.
KLAN202300086 7

y (3) los frutos, rentas o interés percibidos o devengados durante la 

vigencia del matrimonio procedente de los bienes comunes o de los 

peculiares de cada uno de los cónyuges.

Como anticipamos, todos los bienes del matrimonio se 

reputan gananciales, mientras no se pruebe que pertenecen 

privativamente al marido o a la mujer. Al igual que los bienes 

gananciales, las deudas y obligaciones asumidas durante el 

matrimonio por cualquiera de los cónyuges gozan de una 

presunción de ganancial controvertible. Una deuda u obligación no 

es ganancial si se demuestra que se contrajo para el beneficio 

exclusivo de uno de los cónyuges y no sirvió para el interés de la 

familia, o que se efectuó con el ánimo de perjudicar o defraudar al 

otro cónyuge. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 981 

(2010); WRC Props., Inc. v. Santana, 116 DPR 127, 134-135 (1985); 

Pauneto v. Núñez, 115 DPR 591, 597 (1984).

Por otro lado, el Art. 1308, 31 LPRA sec. 3661, define como 

obligaciones gananciales: (1) las deudas y obligaciones contraídas 

durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges, (2) los

atrasos o créditos devengados durante el matrimonio de las 

obligaciones que afectan, tanto los bienes propios como los 

gananciales, (3) las reparaciones menores o de mera conservación 

hechas durante el matrimonio en los bienes particulares de 

cualquiera de los cónyuges, (4) las reparaciones mayores o 

menores de los bienes gananciales, (5) el sostenimiento familiar, la 

educación de los hijos comunes y de los hijos de cualquiera de los 

cónyuges.

El Código Civil de 1930 reconoce que el régimen de bienes 

gananciales puede coexistir con el patrimonio individual de cada 

cónyuge. Así pues, el Art. 1299, 3 LPRA sec. 3631, dispone que 

son bienes propios de cada uno de los cónyuges: (1) los que aporte 

al matrimonio como de su pertenencia, (2) los que adquiere 

durante el matrimonio a título lucrativo, bien sea por donación, 
KLAN202300086 8

legado o herencia, (3) los adquiridos por derecho de retracto o por 

permuta con otros bienes pertenecientes a uno solo de los 

cónyuges, y (4) aquellos bienes comprados con dinero exclusivo de 

un cónyuge particular.

La sociedad legal de gananciales concluye y se extingue al 

disolverse el matrimonio. Art. 1315, 31 LPRA sec. 3681. Como 

consecuencia, las ganancias o los beneficios obtenidos durante su 

vigencia se adjudican por mitad a los excónyuges. Art. 1295, 31 

LPRA sec. 3621; Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 446.

Los Arts. 1316-1323 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3691-

3697, establecen la forma en que se liquidará la sociedad legal de 

gananciales. El Art. 1316, 31 LPRA sec. 3691, establece la 

necesidad de realizar un inventario, luego de disuelta la sociedad y 

salvo las excepciones que se contemplan en dicho artículo. El 

inventario incluirá para ser colacionadas: (1) las cantidades 

pagadas por la sociedad de gananciales que deben rebajarse del 

capital del marido o de la mujer y (2) el importe de las donaciones 

o enajenaciones que deben considerarse ilegales o fraudulentas.

Art. 1317 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3692. El capital 

correspondiente al marido y a la mujer será pagado hasta donde 

alcance el caudal inventariado, luego de pagadas las deudas, 

cargas y obligaciones de la sociedad legal de gananciales. Art.

1319, 31 LPRA sec. 3694. El remanente que exista luego de las 

deducciones constituirá el haber de la sociedad de gananciales.

Art. 1320, 31 LPRA sec. 3695. La exesposa y el exesposo se 

dividirán por mitad el remanente líquido de los bienes gananciales. 

Art. 1322, 31 LPRA sec. 3697.

B.

La Comunidad Post Ganancial

La disolución del matrimonio trae consigo el nacimiento de 

una comunidad ordinaria de bienes entre los excónyuges, 

compuesta por todos los bienes del haber antes ganancial. Ambos 
KLAN202300086 9

participarán en la comunidad en partes iguales, mediante cuotas 

independientes, alienables y homogéneas. Los excónyuges poseen 

una cuota abstracta, independiente y alienable y tendrán el 

derecho a intervenir en la administración de la comunidad y a 

pedir su división. A esta comunidad también se le conoce como 

comunidad postganancial. Pagán Rodríguez v. Registradora, 177

DPR 522, 532-533 (2009); Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 

421 (2004); Residentes Sagrado Corazón v. Arsuaga, 160 DPR 289, 

305-306 (2003). La disolución del matrimonio por divorcio conlleva 

la ruptura completa del vínculo matrimonial y la separación de 

todos los bienes y propiedad. Art. 105 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 381.

La comunidad postganancial está gobernada por los Arts.

326 a 340 del Código Civil, 31 LPRA secs. 1271-1285, a falta de 

contrato o disposiciones especiales. Esta comunidad existe 

indefinidamente hasta que se liquide la cosa común a solicitud de 

cualquiera de las partes. Durante su vigencia, se mezclan y 

confunden provisionalmente los bienes de los excónyuges, porque 

se producen frutos, se saldan deudas, se obtienen ganancias o se 

sufren pérdidas y gastos. Aunque existe una presunta igualdad de 

cuotas, está sujeta a ser rebatida por prueba pertinente. Al así 

justipreciar se debe examinar si el aumento o disminución del 

valor del patrimonio al momento de la liquidación responde al 

mero pasar del tiempo o a la gestión exclusiva de uno de los 

cónyuges. Cuando la presunción de equivalencia es rebatida, el 

aumento en valor del bien o en la producción de frutos se dividirá 

conforme al trabajo y gestión de cada excónyuge. Díaz Rodríguez v. 

García Neris, 208 DPR 706, 717 (2022). Por consiguiente, en la 

adjudicación final de la participación que corresponde a cada 

excónyuge, el tribunal debe considerar si existe prueba de que uno 

puede interponer frente al otro un crédito por los cambios y 
KLAN202300086 10

operaciones en el haber común. Montalván v. Rodríguez, supra, 

págs. 422-423.

C.

Pensiones por Retiro

En cuanto a las pensiones de retiro, el Art. 1303 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3643, establece que el derecho de pensión, 

perteneciente a uno de los cónyuges, es privativo. Sin embargo, 

nuestro ordenamiento dispone que las cantidades abonadas con 

fondos gananciales por el cónyuge beneficiario para constituir el 

plan de pensión se reputan gananciales y están sujetas a su 

inventario y liquidación tras la disolución de la sociedad. Íd.;

Maldonado v. Tribunal Superior, 100 DPR 370, 375 (1972).

Precisamente, en Maldonado v. Tribunal Superior, supra, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró la doctrina de que las 

pensiones de retiro son por su naturaleza personalísimas. Es decir, 

son bienes exclusivos de su titular, aunque se adquieran a costa 

del caudal común de los esposos o por su industria, sueldo o 

trabajo. Art. 1301 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3641. Al momento 

de liquidar la comunidad de bienes postganancial, el otro cónyuge 

puede reclamar únicamente las aportaciones hechas al plan de 

pensiones durante el matrimonio.

A pesar de lo establecido en el Art. 1301, supra, sobre los

bienes gananciales, existen ciertos bienes que por razón de su 

finalidad y naturaleza personalísima no acrecen el haber común.

Maldonado v. Tribunal Superior, supra, pág. 377. Específicamente, 

el Tribunal Supremo ha exceptuado de esta norma general las 

pensiones por retiro y otros sistemas similares. Maldonado v. 

Tribunal Superior, supra; Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 111 DPR 

89, 92 (1981); Delucca Román v. Colón Nieves, 119 DPR 720, 727

(1987); Benítez Guzmán v. García Merced, 126 DPR 302, 304-305
KLAN202300086 11

(1990); Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, 136 DPR 624, 638-639

(1994); Vega v. Soto, 164 DPR 113, 128-129 (2005).

En Maldonado v. Tribunal Superior, supra, pág. 375, el 

tribunal explicó esta norma al señalar que “[l]a doctrina considera 

que la naturaleza personalísima de estas anualidades determinan 

su carácter privativo. Se trata de créditos intuitu personae—esto es 

en consideración a la persona—que, por su propia naturaleza, 

están excluidos de la masa común”. Es esta naturaleza 

personalísima lo que determina su carácter privativo. El Tribunal 

Supremo concluyó que, independiente del modo de adquisición, “el 

derecho a la anualidad por retiro es uno personalísimo que nunca 

acrece el haber común”. Íd., pág. 377.

Luego, en Rosa Resto, supra, el Tribunal Supremo reafirma

la naturaleza personalísima de las pensiones por retiro y dispone

que el derecho a pensión por retiro “tiene un respetable contenido 

ético y moral y constituye un seguro de dignidad para el hombre o 

la mujer que habiendo dedicado al servicio público sus años 

fecundos, no debe encontrarse en la etapa final de su vida en el 

desamparo, o convertido en una carga de parientes o del Estado”.

Íd., pág. 92. Asimismo, resolvió que las aportaciones que un 

cónyuge hace a su plan de retiro, vigente el matrimonio, son de 

naturaleza ganancial, por lo que la sociedad de gananciales tiene 

derecho a un crédito por el importe total de dichas aportaciones al 

momento de su disolución.

III.

En su primer planteamiento de error, la señora Castro López 

afirma que el foro de instancia incidió al resolver la controversia 

traída ante su consideración al amparo del estado de derecho de 

Puerto Rico y no a base de lo resuelto por la agencia federal Office 

of Personnel Management (OPM). Arguye que la Sentencia dictada 

por la Corte de Distrito del estado de Texas determinó un beneficio 
KLAN202300086 12

distinto al que se adjudicó por el TPI y que esa decisión nunca fue 

apelada por el señor Herrera Díaz, por lo que advino final y firme.

Asimismo, asegura que, según el ordenamiento federal, ésta tiene 

derecho a una participación en la pensión federal del señor Herrera 

Díaz, contrario a lo resuelto por la Sentencia apelada. Finalmente, 

sostiene que la legislación federal tiene supremacía sobre la ley 

local en cuanto al asunto en controversia.

Por su parte, el señor Herrera Díaz sostiene que el pleito de 

marras está regido exclusivamente por el estado de derecho de 

Puerto Rico por causa de que las partes contrajeron matrimonio en 

Puerto Rico y no otorgaron capitulaciones matrimoniales. 

Argumenta que por el solo hecho de haber contraído matrimonio 

en Puerto Rico, la regla aplicable para determinar si los bienes 

adquiridos durante el matrimonio son gananciales o privativos son 

las de Puerto Rico. Veamos.

Precisa enfatizar como punto de partida el corolario básico 

del Derecho apelativo que la apelación o revisión se da contra la 

sentencia o decisión apelada; es decir, contra el resultado y no 

contra sus fundamentos. Pueblo v. Pérez, 159 DPR 554, 566 

(2003); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 920

(2001); Pueblo v. González Vega, 147 DPR 692, 702 (1999); Zorniak 

Air Servs. v. Cessna Aicraft Co., 132 DPR 170, 182 (1992); Sánchez 

v. Eastern Air Lines, Inc., 114 DPR 691, 695 (1983). Aunque 

algunos de los fundamentos de la sentencia recurrida sean 

erróneos, ello no constituye base para una revocación si por otros 

motivos puede sostenerse lo dispuesto en la sentencia. Pueblo v. 

Pérez, supra; Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., supra; Corrada v. 

Asamblea Municipal, 79 DPR 365, 370 (1956).

El asunto ante nuestra consideración requiere la 

interpretación de aquella parte de la sentencia emitida por la Corte 

de Distrito de Texas en ocasión del divorcio entre las partes. Lo 
KLAN202300086 13

primero que debemos enfatizar es el carácter finito del remedio 

concedido a la peticionaria. Específicamente, en ese entonces, la 

Corte de Distrito de Texas enfatizó en su sentencia:

Upon full payment of benefit hereby assigned to 

Petitioner, the plan shall thereafter be discharged from 

all responsibility, obligation or duty with respect to 

Petitioner.

Es decir, el por ciento fijado en la sentencia a ser pagado en 

su día a la peticionaria contaba con un punto de partida y un fin. 

En cuanto al fin, colegimos que sería el día que se le pagara por 

completo el beneficio asignado mediante sentencia del plan de 

retiro del recurrido. Incluso aunque este falleciera. La corte de 

Distrito de Texas reconoció que los beneficios reunidos en el plan 

de retiro del recurrido que se habían acumulado durante el 

matrimonio con la peticionaria eran propiedad de la comunidad 

compuesta por ambos. De manera que ante el hecho de que el 

recurrido comenzó a cotizar para la pensión por retiro antes del 

matrimonio y continuó cotizando después del divorcio, la corte de 

Distrito de Texas estableció la siguiente fórmula para compensar a 

la peticionaria con la mitad de las aportaciones hechas a la 

pensión durante el matrimonio. Así ordenó que se calculara el 

beneficio que esta recibiría de la siguiente manera:

[A] percentage of said accrued benefit determined by 

taking one half of the fraction calculated by dividing 

the total number of months Respondent was employed 

while married to Petitioner by the total number of 

months Respondent was employed be segregated, 

assigned and transferred to the exclusive beneficial 

interest of Petitioner.

The benefits hereby assigned to Petitioner, together 

with the interests, earnings and gains thereon, shall 

be paid in the same form subject to the same options 

and restrictions as the benefits payable to Respondent 

under the terms of the plan.

Además, conminó a que los beneficios asignados a la 

peticionaria se le pagaran en la fecha más temprana que 

comenzara el plan a pagar los beneficios al recurrido bajo los 
KLAN202300086 14

términos y condiciones del plan, independientemente de la 

continuidad del empleo de este último con cualquier patrono que 

patrocinara el plan, o el derecho del recurrido a recibir los 

beneficios adicionales bajo los términos del plan, según 

acumulados.

Para la solución de la controversia entre las partes, estas 

estipularon toda la evidencia documental sometida ante el foro 

recurrido, incluyendo los informes periciales de los respectivos 

peritos de las partes y acordaron que el caso quedaría sometido 

presentados los correspondientes memoriales de derecho en apoyo 

a sus respectivas posturas.

En múltiples instancias, la disposición de los bienes 

matrimoniales plantea conflictos de derecho internacional privado, 

entre ellos, el llamado conflicto móvil. El conflicto móvil se genera 

en aquellas situaciones en que los eventos normales de la vida 

alteran las circunstancias fácticas de una relación jurídica 

determinada, como, por ejemplo, casos en que ha habido cambios 

en el domicilio conyugal o del centro de intereses del matrimonio. 

Después del matrimonio hay dos aspectos relativos al conflicto 

móvil en las relaciones patrimoniales post matrimoniales: la 

clasificación de bienes y el procedimiento de división. Cada estado 

tiene sus propias normas. Las distintas jurisdicciones tienen 

normas diferentes en cuanto al derecho que rige los bienes durante 

el matrimonio o la distribución post divorcio. Por esa razón, la 

peticionaria cuestiona que el foro recurrido recurra a nuestras 

normas para la solución de una controversia que ella distingue 

como final y firme por la sentencia emitida hace años en Texas. 

Como anticipáramos, para resolver la controversia basta con 

interpretar las disposiciones de la sentencia de la Corte de Distrito 

de Texas. No obstante, a igual punto llegaríamos si aplicáramos 

normas de derecho internacional a la solución de nuestra 
KLAN202300086 15

controversia. Las leyes relativas a los derechos y deberes de 

familia, o al estado, condición y capacidad legal de las personas, 

obligan a los ciudadanos de Puerto Rico, aunque residan en países 

extranjeros.14 Los bienes muebles están sujetos a la ley de la 

nación del propietario; los bienes inmuebles, a las leyes del país en 

que están sitos.15

Es un hecho incontrovertido que las partes contrajeron 

matrimonio en Bayamón, Puerto Rico, el 29 de diciembre de 1973. 

Que debido a que no otorgaron capitulaciones matrimoniales, al 

momento de su matrimonio se constituyó la sociedad legal de 

gananciales. Y que dicho régimen era inmutable hasta la 

disolución de la sociedad. Que, una vez constituida la sociedad 

legal de gananciales, los bienes gananciales se consideran que son:

(1) Los adquiridos por título oneroso durante el 

matrimonio a costa del caudal común, bien se haga 

la adquisición para la comunidad, bien para uno 

solo de los esposos.

(2) Los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de 

los cónyuges o de cualquiera de ellos. 

(3) Los frutos, rentas o intereses percibidos o 

devengados durante el matrimonio, procedentes de 

los bienes comunes o de los peculiares de cada uno 

de los cónyuges.16

Ahora bien, la pensión por retiro es un bien que se ha 

excluido de la masa común. Independientemente la forma en que 

se hayan adquirido, el derecho a la anualidad por retiro es uno 

personalísimo que nunca forma parte del haber común. No 

obstante, las aportaciones que un cónyuge haga a su plan de 

retiro, vigente el matrimonio, se reputan ganancial, razón por la 

cual la sociedad legal de gananciales tiene derecho a un crédito por 

el importe total de esas aportaciones al momento de su disolución

14 31 LPRA sec. 9

15 31 LPRA sec. 10. Los eventos fácticos y procesales de este caso ocurrieron 

durante la vigencia del Código Civil de 1930, según enmendado, 31 LPRA ant.

sec. I et seq. Por consiguiente, nos amparamos en las disposiciones de dicho 

estatuto y su jurisprudencia interpretativa.

16 31 LPRA sec. 3641
KLAN202300086 16

y, si no hay suficientes bienes en la comunidad de bienes post

ganancial para el pago de esas aportaciones, a la parte que no 

tendrá derecho a la pensión, el cumplimiento del pago de esas 

aportaciones se diferirá. Es esa misma aplicación la que efectuó la 

Corte de Distrito de Texas en su sentencia y a la que llega el foro 

recurrido, a través de la aplicación del estatuto personal y real del 

Código Civil y la jurisprudencia interpretativa del conflicto móvil.

Ante nuestra atención se encuentra cuestionado, 

específicamente, el beneficio que recibe la peticionaria en virtud de 

las aportaciones que se hicieran durante el matrimonio con bienes 

de la sociedad legal de gananciales. No se cuestiona el derecho que 

tiene o tuvo la peticionaria a recibir ese beneficio de pensión por 

retiro, sino la cuantía específica que ha recibido. Se cuestiona por 

el recurrido aseverando que, es más de lo que le corresponde, pues 

excede por mucho la cuantía que se entiende ésta aportó con la 

mitad que le correspondía de las aportaciones de la extinta 

sociedad legal de gananciales y que el pago que recibe disminuye la 

cuantía que este debe recibir.

“[A] percentage of said accrued benefit determined by taking 

one half of the fraction calculated by dividing the total number of 

months Respondent was employed while married to Petitioner by 

the total number of months Respondent was employed be 

segregated, assigned and transferred to the exclusive beneficial 

interest of Petitioner.” La interpretación de esta oración es la 

génesis de la controversia. El perito de la peticionaria aduce que el 

beneficio que le corresponde a esta incluye todos los meses que 

trabajó el recurrido. No nos convence, todo lo contrario, la mera 

lectura explica que recibirá la mitad de la parte que resulte al 

dividir el número de meses que el recurrido trabajó mientras 

estuvo casado con la peticionaria por el número total de meses que 

el recurrido trabajó.
KLAN202300086 17

Coincidimos con el foro primario en que lo adjudicado años 

atrás es cónsono con la normativa en nuestra jurisdicción. Los 

beneficios que recibe la peticionaria han excedido aquellos 

otorgados por la sentencia de la Corte de Distrito de Texas y 

reconocidos por nuestro estado de derecho. Por lo cual,

confirmamos el dictamen recurrido.

IV.

Por lo antes expuesto se confirma la Sentencia apelada.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones