Número Identificador

RES2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO

Recurrido

v.

AGNES MARIE MERCADO 

AVILÉS

Peticionarios

KLCE202400790

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Mayagüez

Caso núm.: 

ISCR202300575 

al 577

ISCR202300815 

Sobre: 

Art. 6.22 Ley 168, 

Art. 401 Ley 4, 

Art. 404 A Ley 4 y 

Art. 6.05 Ley 168

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO

Recurrido

v.

REY ADRIÁN RODRÍGUEZ 

GAUD

Peticionarios

Caso núm.:

ISCR202300578 al 

580

ISCR202300816

Sobre: 

Art. 6.22 Ley 168, 

Art. 401 Ley 4, 

Art. 404 A Ley 4 y 

Art. 6.05 Ley 168

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de julio de 2024.

Luego de la correspondiente vista evidenciaria, el Tribunal de 

Primera Instancia (“TPI”) denegó una solicitud de la defensa de 

suprimir cierta evidencia. Por las razones que se exponen a 

continuación, en el ejercicio de nuestra discreción, declinamos la 

invitación de la defensa a intervenir, en esta etapa, con la decisión 

recurrida.

I.

El Sr. Rey Adrían Rodríguez Gaud (el “Imputado”) y la Sa. 

Agnes Marie Mercado Avilés (la “Imputada”; en conjunto con el 
KLCE202400790 2

Imputado, los “Imputados”) fueron acusados, en lo pertinente, de 

varios delitos tipificados por la ley de sustancias controladas y la ley 

de armas.

En febrero de 2024, el Imputado presentó una Moción de 

Supresión de Evidencia (la “Moción”). Alegó que él y la Imputada 

conducían un vehículo y fueron detenidos por agentes de la Policía,

quienes registraron el baúl del vehículo, producto de lo cual 

ocuparon un arma de fuego, municiones y sustancias controladas. 

La Imputada se unió a la Moción.

Luego de que el Ministerio Público consignara su postura 

respecto a la Moción, el TPI celebró una vista evidenciaria el 20 de 

mayo, en la cual se admitieron, entre otros, varias fotografías, y en 

la cual declaró el sargento Agdel Torres Román (el “Sargento”).

Mediante una Resolución notificada el 10 de junio, el TPI 

denegó la Moción. El TPI reseñó que, de conformidad con lo 

declarado por el Sargento, a cuyo testimonio el TPI le otorgó “entera 

credibilidad”, el Sargento, desde la vía pública, observó que la 

Imputada le entregó al Imputado “un rifle color negro”, ello al lado 

de un vehículo de motor. Declaró el Sargento que, al arrestar a los 

Imputados, observó que, dentro del vehículo, en la parte del dash, 

había una bolsa plástica transparente que contenía varias bolsas 

con aparente cocaína y marihuana. El TPI concluyó, sobre la base 

de lo anterior, que el registro no fue ilegal, pues surgían a simple 

vista los motivos fundados para ocupar la evidencia en controversia.

Inconformes, el 10 de julio, los Imputados presentaron el 

recurso que nos ocupa. Sostienen que el testimonio del Sargento es 

“estereotipado”, “inverosímil [e] inherentemente irreal e improbable”. 

Arguyen que dicho testimonio estuvo “bien distanciado de la 

realidad fáctica que surgía de [ciertas] fotografías” que se 

presentaron en la vista. Disponemos.
KLCE202400790 3

II.

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir 

el recurso de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los criterios a 

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

La denegación de una petición de expedición del auto de 

certiorari no impide a la parte afectada reproducir su planteamiento 

en apelación. Torres Martínez, supra.
KLCE202400790 4

III.

Considerados los factores de la Regla 40, supra, hemos 

determinado, en ejercicio de nuestra discreción, denegar el auto 

solicitado. No es aconsejable nuestra intervención en esta etapa de 

los procedimientos, lo cual dilataría innecesariamente la solución 

final de este caso. Regla 40(E) y (F) de nuestro Reglamento, supra. 

Resaltamos que, luego del correspondiente juicio, y si les

resultase adverso el fallo, los Acusados estarán en libertad de 

reproducir su planteamiento de error en apelación, por lo que 

tampoco estamos ante una situación en la que se requiera nuestra 

intervención, en esta etapa, para evitar un fracaso de la justicia. 

Véase Regla 40(G) de nuestro Reglamento, supra. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari solicitado.

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones