Número Identificador

SEN2024________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

MUNICIPIO AUTONOMO DE 

SAN SEBASTIAN, 

REPRESENTADO POR SU 

ALCALDE, HON. JAVIER D. 

JIMENEZ PEREZ, EN SU 

CAPACIDAD OFICIAL

Apelado

v.

GILBERTO SUAREZ H/N/C 

SUAREZ EQUIPMENT; 

ADMINISTRACION PARA EL 

DESARROLLO DE EMPRESAS 

AGROPECUARIAS (ADEA), 

JUAN LUIS RODRIGUEZ 

REYES, ADMINISTRADOR

Apelantes

KLAN202301069

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

San Juan

Civil Núm.:

SJ2023CV02160

Sobre:

Cobro de Dinero

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 19 de enero de 2024.

Comparece Gilberto Suárez Miranda H/N/C Suárez 

Equipment, en adelante el señor Suárez o el apelante,

quien solicita que revoquemos la Sentencia Enmendada

emitida el 27 de octubre de 2023. Mediante la misma, el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en 

adelante TPI, ordenó al apelante pagar una suma de 

dinero adeudada al Municipio Autónomo de San Sebastián,

en adelante el Municipio o el apelado, más intereses al 

tipo legal y honorarios de abogado. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia Enmendada

apelada.
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-ISegún surge del expediente ante nos, el Municipio

presentó una Moción en Solicitud de Notificación en la 

que alegó, que a pesar de haber entregado copia de la 

demanda y el emplazamiento al señor Suárez y de que el 

TPI le concedió una prórroga para presentar alegación

responsiva, el apelante incumplió con el término

impuesto al no presentar ni notificar su contestación a 

la Demanda.1 En consecuencia, solicitó al TPI que le 

anotara la rebeldía al señor Suárez.

Por su parte, el TPI emitió una Orden en la que le 

anotó la rebeldía al apelante.2

Posteriormente, el apelado presentó una Moción 

para que se Dicte Sentencia por las Alegaciones en la 

que arguyó que, una vez se anota la rebeldía, procede

dar por admitidas las siguientes alegaciones, por ser 

hechos correctamente alegados: (1) el señor Suárez no 

cumplió con el pago de los arbitrios de construcción, 

según disponía la ahora derogada Ley de Municipios 

Autónomos de Puerto Rico o Ley Núm.81-1991; (2) el 

Municipio requirió mediante comunicación escrita, en 

cuatro ocasiones, el pago de los arbitrios de 

construcción adeudados; (3) en ausencia de respuesta 

por parte del apelante, el Municipio insistió y le 

envió una notificación de intención de imposición de 

sanción administrativa; (4) el señor Suárez compareció 

a la vista administrativa, pero no emitió el pago de 

los arbitrios; (5) en consecuencia, la deuda por la 

suma de $202,416.60 es líquida, vencida y exigible.3

Además, anejó la Certificación del Director de Finanzas 

1 Apéndice del apelante, págs. 37-39.

2 Id., pág. 40.

3 Id., págs. 41-44.
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del Municipio de San Sebastián, así como el Estado de 

Cuenta Municipal, en los que se evidencia la cantidad 

adeudada.4

Luego de evaluar la prueba ofrecida por el 

apelado, el TPI declaró ha lugar la Demanda y emitió 

una Sentencia en la que ordenó al señor Suárez a 

satisfacer al Municipio la suma adeudada, más intereses 

al tipo legal y honorarios de abogado por la cantidad 

de $20,300.00.5

En desacuerdo, el apelante presentó una Moción de 

Reconsideración en la que solicitó eliminar la cuantía 

impuesta por honorarios de abogado.6 En su opinión, esta 

es improcedente en tanto el Municipio no la solicitó. 

También, destacó que no se le puede imputar temeridad

porque nunca impugnó las cuantías reclamadas y optó por 

permanecer en silencio para que la Administración para 

el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, en adelante 

ADEA, liberara la suma de dinero retenida al señor 

Suárez, a favor del apelado.

Así pues, el Municipio presentó su Oposición a 

Moción en Solicitud de Reconsideración y sostuvo que la 

Demanda7, declarada ha lugar por el TPI, contiene como 

parte de la súplica, el pago de las costas y honorarios 

de abogado.8 Del mismo modo, destacó que el apelante fue 

temerario porque, aunque conocía la existencia de la 

deuda, obligó al Municipio a reclamar su pago 

judicialmente. Además, arguyó, que el señor Suárez no 

expuso las razones por las cuales entiende que el TPI 

abusó de su discreción al imponer los honorarios de 

4 Id., págs. 45-46.

5 Id., pág. 48.

6 Id., págs. 54-57.

7 Id., págs. 1-7.

8 Id., págs. 60-63. Véase, además, id, pág. 7.
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abogado y que este nunca refutó la Demanda en su 

contra.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, el TPI dictó la siguiente Sentencia Enmendada:

Analizada la Moción para que se dicte 

Sentencia por las alegaciones, presentada por la 

parte demandante el 9 de septiembre de 2023, surge 

que la parte codemandada GILBERTO SUAREZ H/N/C 

SUAREZ EQUIPMENT fue emplazada. La parte

codemandada no presentó objeción de clase alguna a 

la solicitud del demandante, ni formuló 

contestación a la demanda en el caso de epígrafe 

por lo que el Tribunal le anotó la rebeldía el 7 

de agosto de 2023. Obra en autos Declaración 

Jurada de la parte demandante acreditativa de la 

deuda reclamada en la demanda.

Luego de evaluar la prueba ofrecida por la 

parte demandante, declara Ha Lugar la demanda y 

dicta Sentencia condenando a la parte codemandada 

GILBERTO SUAREZ H/N/C SUAREZ EQUIPMENT de epígrafe 

a satisfacerle a la parte demandante la suma de 

$202,416.60, más intereses al tipo legal sobre 

dicha cantidad a partir de la fecha de la 

radicación de la presente demanda y hasta su total 

y completo pago a razón de 9.25% anuales. Así 

también, adeuda los honorarios de abogado por la 

cantidad de $10,000.00. Las costas y los gastos 

del litigio se concederán luego de la presentación 

del correspondiente memorando.

[...]

9

Insatisfecho, el apelante presentó una Apelación

en la que invocó la comisión del siguiente error:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

IMPONER HONORARIOS DE ABOGADOS EN LA 

SENTENCIA.

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.

-IICon respecto a la concesión de costas y honorarios 

de abogado, la Regla 44.1 de Procedimiento Civil dispone 

lo siguiente:

(a) Su concesión. - Las costas le serán 

concedidas a la parte a cuyo favor se 

resuelva el pleito o se dicte sentencia en 

apelación, excepto en aquellos casos en que 

9 Id., págs. 65 y 67.
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se dispusiera lo contrario por ley o por 

estas reglas. [...]

(b) [...]

(c) [...]

(d) Honorarios de abogado. - En caso que 

cualquier parte o su abogado haya procedido 

con temeridad o frivolidad, el tribunal 

deberá imponerle en su sentencia al 

responsable el pago de una suma por concepto 

de honorarios de abogado que el tribunal 

entienda correspondan a tal conducta.

10

En términos generales, se considerará temeraria 

toda aquella conducta que haga innecesario un pleito 

que se pudo evitar, que lo prolongue innecesariamente o 

requiera a la otra parte efectuar gestiones 

innecesarias.11 La imposición de intereses y honorarios 

de abogado por temeridad es una facultad discrecional 

del tribunal sentenciador que no será variada a menos 

que la misma constituya un abuso de discreción.12

Persigue penalizar a aquel litigante perdidoso que, por 

su obstinación, terquedad, contumacia e insistencia en 

una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte a asumir innecesariamente las molestias, 

gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito.13 Una 

vez determinada la existencia de temeridad, la 

imposición del pago de honorarios de abogado es 

mandatoria.14 Por ello, los tribunales revisores sólo 

intervendrán cuando surja de tal actuación un claro 

abuso de discreción.

10 32 LPRA Ap. V, R.44.1. 

11 Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, 210 DPR 163, 193 (2022); 

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 212 (2013). 

12 SLG González-Figueroa v. SLG et al., 209 DPR 138, 150 (2022); 

Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, supra, pág. 193. (Énfasis 

suplido). 

13 Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, supra, pág. 193. 

14 Id., págs. 192-193. 
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-IIIEn síntesis, el apelante alega que no fue 

temerario porque no impugnó las cuantías reclamadas, 

“ya que estas eran finales y firmes”. En su opinión, el 

Municipio presentó la Demanda con el único interés de 

recobrar la suma de dinero retenida por la ADEA, quien 

mostró indisposición para realizar el pago en ausencia 

de una sentencia de cobro de dinero contra el señor 

Suárez. Así pues, el apelante aduce que decidió 

permanecer en silencio ante los reclamos del Municipio,

como estrategia para que ADEA pagara al apelado el 

dinero retenido. Además, sostiene que la imposición de 

honorarios podría considerarse una doble compensación,

en la medida en que el Estado de Cuenta del Municipio 

contempla penalidades por falta de pago.

Por otro lado, el apelado arguye que instó la 

acción en cobro de dinero a los fines de “recobrar la 

suma de dinero vencida que el deudor se ha negado a 

satisfacer extrajudicialmente” y no con el único 

interés de plasmar la deuda en una sentencia para 

recobrar la suma de dinero retenida por la ADEA. Así 

mismo, destaca, que el señor Suárez “tuvo oportunidad 

de refutar la reclamación, sin embargo, por su 

temeridad optó por no defenderse y continuar sin pagar 

la deuda”. Finalmente, sostiene que el apelante no 

expuso las razones por las cuales entiende que el TPI 

abusó de su discreción al imponer los honorarios de 

abogado.

Luego de revisar cuidadosamente los documentos que 

obran en autos, determinamos que el apelante no expuso 

las razones por las cuales entiende que el TPI abusó de 
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su discreción al imponer los honorarios de abogado. 

Veamos. 

En primer lugar y contrario a lo alegado por el

señor Suárez, la Demanda del pleito de epígrafe sí 

contempla como parte de la súplica los honorarios de 

abogado y las costas. 

En segundo lugar, del tracto procesal del caso, no 

refutado por el apelante, surge que el señor Suárez 

tenía pleno conocimiento de que la deuda era líquida, 

estaba vencida y era exigible. Sin embargo, se negó a 

pagarla y en cambio, obligó al apelado a instar el 

presente pleito que se pudo evitar.

Finalmente, como expusimos en la parte normativa

de la presente Sentencia, la imposición de honorarios 

de abogado es una facultad discrecional del foro 

sentenciador y en ausencia de abuso de discreción, lo 

que se alegó por la parte apelante pero no se probó, no 

tenemos facultad para intervenir con la determinación 

de aquel.

-IVPor los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Sentencia Enmendada apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones