Número Identificador

SEN2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

OCTAVIO SALAS 

CORDERO

Parte Recurrente

v.

JUNTA DE LIBERTAD

BAJO PALABRA

Parte Recurrida

KLRA202300241

Revisión de Decisión 

Administrativa

procedente de la 

Junta de Libertad 

Bajo Palabra

Caso Número: 

146670

Sobre: 

No Concesión del 

Privilegio de 

Libertad Bajo 

Palabra

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 

Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores

Rodríguez Flores, juez ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

Comparece ante nos el señor Octavio Salas Cordero 

(recurrente o señor Salas Cordero), representado por la Sociedad 

para Asistencia Legal (SAL), y nos solicita que revoquemos la 

Resolución emitida y notificada el 25 de abril de 2023, por la Junta 

de Libertad Bajo Palabra (Junta). Mediante el referido dictamen, la 

Junta declaró No Ha Lugar la solicitud en reconsideración 

presentada por el señor Salas Cordero, en la cual solicitaba le 

concedieran el privilegio de libertad bajo palabra. 

Con el beneficio de la comparecencia de la Junta, 

representados por el Procurador General de Puerto Rico, 

resolvemos. 

I.

El recurrido actualmente se encuentra en la Institución 

Correccional 501 de Bayamón, cumpliendo una sentencia de ciento 

once (111) años por los delitos de asesinato en primer grado y 

violación a la Ley de Armas. Inicialmente el señor Salas Cordero fue 

clasificado a custodia máxima. Para el 13 de febrero de 2020, por 
KLRA202300241 2

orden del Tribunal, fue reclasificado de manera no rutinaria a 

custodia mediana. La Junta adquirió jurisdicción sobre su caso el 3 

de septiembre de 2021. El 16 de febrero de 2023, fue reclasificado a 

custodia mínima, por este haber cumplido con varios tratamientos 

y talleres y por demostrar introspección, crecimiento personal y su 

funcionamiento bajo medidas de mínima supervisión.1

El 14 de diciembre de 2022, un técnico sociopenal sometió 

ante la Junta un Informe Breve de Libertad Bajo Palabra, en el cual 

surge que el recurrente proponía residir con su hermano, en 

Georgia, Estados Unidos.2 El 16 de febrero de 2023, el Comité de 

Clasificación y Tratamiento (Comité de Clasificación) realizó una 

reclasificación de custodia al señor Salas Cordero de custodia 

mediana a custodia mínima. Esto, pues según surge de los Acuerdos 

del Comité de Clasificación y Tratamiento3, el señor Salas Cordero 

“no ha incurrido en querellas ni informes negativos en los últimos 

11 años”. Además, surge que “[l]a conducta actual refleja la 

adaptación del confinado al encarcelamiento y que ha ganado 

madurez y sentido de responsabilidad, aunque se benefició al 

máximo de los programas de tratamientos que en las instituciones 

se ofrecen tales como [Patrones] Adictivos (30/06/19), Terapias de 

Control de Impulso (9/12/20), Aprendiendo a Vivir sin Violencia 

(12/10/21), demuestra compromiso con reforzar y continuar con el 

Plan Institucional que se le continúe asignando”. 

El 22 de febrero de 2023, se celebró una vista de 

consideración para el disfrute del privilegio de libertad bajo palabra 

a la cual el señor Salas Cordero compareció, representado por la 

SAL. En la vista se atendieron alegaciones de índole constitucional, 

ya que el representante legal de las víctimas arguyó que el 

1 Véase, Apéndice de la Petición de Revisión Administrativa, págs. 24-29. 

2 Véase, Apéndice de la Petición de Revisión Administrativa, págs. 18-22. 

3 Véase, Apéndice de la Petición de Revisión Administrativa, pág. 23.
KLRA202300241 3

recurrente no había cumplido el mínimo de sentencia para celebrar 

el proceso de libertad bajo palabra. Surge del expediente que el 

tribunal confirmó, a través del personal del área de récord criminal 

del DCR que el señor Salas Cordero sí cumplía con el mínimo de 

sentencia para que la Junta pudiese considerar el caso.

A tales efectos, la Junta emitió una Resolución el 14 de marzo 

de 2023, notificada el 3 de abril de 2023, en la cual determinó no 

conceder el privilegio de libertad bajo palabra al señor Salas 

Cordero.4 En específico, la Junta dispuso lo siguiente: 

“[...] en el caso que nos ocupa, entendemos que el 

peticionario aún no es buen candidato para merecer el 

privilegio de libertad bajo palabra. El peticionario no 

presentó una oferta de empleo, planes de estudio ni un 

candidato amigo consejero para la corroboración del 

Negociado de Comunidad del DCR.”

A su vez la Junta, formuló las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. Surge del expediente que el peticionario no presentó 

una oferta de empleo, ni un candidato amigo y 

consejero para la corroboración del Negociado de 

Comunidad del DCR. 

2. Surge del expediente que el peticionario posee una 

residencia corroborada por el Programa de 

Reciprocidad del DCR. 

3. El peticionario posee una carta de aceptación para el 

estado de Georgia, USA emitida el 15 de diciembre 

de 2022. 

4. El peticionario se encuentra clasificado en custodia 

mínima desde el 16 de febrero de 2023. 

5. Surge del expediente que el peticionario completó 

trastornos adictivos el 30 de junio de 2019. 

6. El peticionario completó el Programa Aprendiendo a 

Vivir Sin Violencia el 12 de octubre de 2021. 

7. El peticionario completó las terapias de Control de 

Impulsos el 9 de diciembre de 2020. 

8. El peticionario posee la toma de muestra de ADN 

efectuada el 29 de mayo de 2012, conforme la Ley 

175-1998. 

9. Se tomó en consideración la opinión de las víctimas.

10. Se tomó en consideración la naturaleza y 

circunstancias de los delitos, por los cuales cumple 

sentencia. 

En desacuerdo con la determinación de la Junta, el 10 de abril 

de 2023, el señor Salas Cordero presentó una Moción de 

4 Véase, Apéndice de la Petición de Revisión Administrativa, págs. 38-41. 
KLRA202300241 4

Reconsideración.

5 En síntesis, alegó que la determinación de la 

Junta era errada y constituía un abuso de discreción, pues la 

prueba que surgía del expediente demostraba que el señor Salas 

Cordero cumplía con los criterios de elegibilidad al amparo del 

estado de derecho vigente. Explicó que desde el 17 de enero de 2023, 

fue enviada la oferta de empleo ofrecida al técnico sociopenal, el Sr. 

William Guzmán Andino y que éste último envió copia a la Junta, 

recibido el 24 de enero de 2023. Además, alegó que no hay 

controversia en cuanto a que el Plan de Salida del señor Salas 

Cordero es para Georgia, y que el mismo fue aceptado por dicho 

estado luego de una investigación y evaluación por el programa de 

reciprocidad que existe en virtud del pacto interestatal entre la 

jurisdicción de Georgia y Puerto Rico.

El 25 de abril de 2023, la Junta emitió una Resolución en la 

que declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración presentada 

por el señor Salas Cordero.6

Aun inconforme, el 25 de mayo de 2023, el señor Salas 

Cordero acudió ante este Tribunal de Apelaciones mediante Petición 

de Revisión Administrativa y apuntó el siguiente señalamiento de 

error: 

Abusó de su discreción y actuó de forma ultra vires la 

Junta de Libertad Bajo Palabra al denegar el privilegio 

de libertad a prueba al alegadamente no poseer amigo 

consejero ni oferta de empleo cuando el peticionario fue 

aceptado en el programa interestatal que no requiere 

amigo consejero como tampoco la ley de la Junta y 

presentó oferta de empleo antes de la vista de concesión 

al denegar el [privilegio] sin estar fundamentada su 

determinación en evidencia sustancial en violación al 

debido proceso de ley. 

El 26 de junio de 2023, la Junta, representada por la Oficina 

del Procurador General de Puerto Rico, presentó su Escrito en 

Cumplimiento de Resolución. El 12 de julio de 2023, el recurrente 

5 Véase, Apéndice de la Petición de Revisión Administrativa, págs. 42-55.

6 Véase, Apéndice de la Petición de Revisión Administrativa, págs. 68-69.
KLRA202300241 5

presentó Moción Urgente en Solicitud de Remedio al Amparo del 

Debido Proceso de Ley. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

II.

-AEs doctrina reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial.7 Ello, en vista 

al gran conocimiento especializado y experiencia que las agencias 

ostentan.8 Esta deferencia se debe a que son estos los que cuentan 

con el conocimiento experto y con la experiencia especializada de los 

asuntos que les son encomendados.9

Así pues, la decisión de una agencia administrativa gozará de 

una presunción de legalidad y corrección que será respetada, 

siempre que la parte que la impugna no produzca evidencia 

suficiente para rebatirla.10 El criterio rector para la revisión de este 

tipo de determinación es el de razonabilidad, esto es, si la actuación 

de la agencia fue ilegal, arbitraria, o tan irrazonable que constituye 

un abuso de discreción.11

A su vez, la revisión usualmente comprende las siguientes 

áreas: (1) si se concedió el remedio apropiado; (2) si las 

determinaciones de hechos son conformes al principio de evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo; y (3) si las 

conclusiones de derecho son correctas.12

7 Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 207 DPR 833, 839 (2021); Graciani 

Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 126 (2019); OSC v. CODEPOLA, 202 

DPR 842, 853 (2019).

8 OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012); Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 

DPR 341, 358 (2012).

9 OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79 (2022); The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 

185 DPR 800, 821 (2012); Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821, 829 

(2007); Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 324 (2006); Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004).

10 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012).

11 Íd., pág. 216. 

12 Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., supra, págs. 839-840; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty, et al. II, 179 DPR 923, 940 (2009). 
KLRA202300241 6

B.

La Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 

4 LPRA sec. 1501, et seq. creó la Junta de Libertad Bajo Palabra, 

adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación. Entre los 

poderes conferidos a la Junta está el decretar la libertad bajo 

palabra de cualquier persona recluida en cualquiera de las 

instituciones penales de Puerto Rico. De igual forma, en el uso de 

su discreción, la Junta tendrá facultad para revocar la libertad bajo 

palabra a cualquier liberado que, por su conducta, revele no estar 

aún preparado para beneficiarse plenamente del privilegio y el 

tratamiento que implica la libertad bajo palabra.13

De esta forma, este organismo tiene la autoridad de conceder 

a cualquier persona recluida en una institución correccional de 

Puerto Rico el privilegio de cumplir la última parte de su condena 

en libertad bajo palabra.14 Al conceder el privilegio, la Junta puede 

imponer las condiciones que estime necesarias.15 Así, el liberado 

bajo palabra tiene una libertad cualificada.16

Cónsono con lo anterior, la Ley Núm. 85-2022 enmendó el 

Artículo 308 de la Ley Núm. 146-2012, conocida como el Código 

Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5416, a los fines de disponer los 

criterios para cualificar para la Junta de Libertad Bajo Palabra. 

Surge de la Exposición de Motivos que su objetivo es “establecer una 

manera justa, retributiva y rehabilitadora, que le permita a aquella 

persona convicta por varios delitos el poder ser considerada para 

libertad bajo palabra al cumplir con los términos de la sentencia 

más onerosa relacionada directamente con alguno de los delitos por 

los cuales fue encontrado culpable”.17

13 Artículo 3 (a) y (b), 4 LPRA sec. 1503.

14 Benítez Nieves v. ELA et al., 202 DPR 818 (2019).

15 Art. 3, Ley Núm. 118, supra, 4 LPRA sec. 1503.

16 Benítez Nieves v. ELA et al., supra; Maldonado Elías v. González Rivera, 118 

DPR 260, 266 (1987).

17 Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 85-2022.
KLRA202300241 7

Respecto a la enmienda al Artículo 308 del Código Penal, 

supra, la Sección 1 de la Ley Núm. 85-2022 dispone lo siguiente: 

Toda persona convicta bajo las disposiciones de este 

Código podrá ser considerada para libertad bajo palabra 

por la Junta de Libertad Bajo Palabra al cumplir el 

setenta y cinco por ciento (75%) del término de reclusión 

impuesto. Este cómputo nunca excederá de quince (15) 

años cuando se trate de un adulto o de cinco (5) años 

cuando se trate de un menor sentenciado y procesado 

como adulto en delitos para los cuales al realizarse el 

cómputo jurisdiccional para cualificar ante la 

consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra este 

sea mayor a lo requerido para delitos con pena fija 

señalada en el tipo de cincuenta (50) años.

[...]

En aquellos procesos judiciales en que se encuentre al 

acusado culpable por más de un delito y se le imponga 

una sentencia a ser cumplida de manera consecutiva, 

la persona convicta tendrá derecho a cualificar para 

libertad bajo palabra al cumplir con el término 

concerniente a la pena mayor recibida por alguno de los 

delitos cometidos. Cuando más de uno de los delitos 

cometidos conlleve la misma pena, la persona convicta 

cualificará para el beneficio de libertad bajo palabra con 

el mero hecho de haber cumplido con el término de una 

de ellas. Lo dispuesto en este párrafo será de 

aplicabilidad, independientemente si la Ley en virtud de 

la cual resulta convicto, sea una Ley Penal Especial. 

En cuanto a los criterios específicos que la Junta debe 

considerar al momento de considerar el privilegio, el Artículo 3-D de 

la Ley Núm. 118, establece los siguientes:

(1) La naturaleza y circunstancias del delito o delitos por 

los cuales cumple sentencia. 

(2) Las veces que el confinado haya sido convicto y 

sentenciado. 

 

(3) Una relación de liquidación de la sentencia o 

sentencias que cumple el confinado.

 

(4) La totalidad del expediente penal, social, y los 

informes médicos e informes por cualquier profesional 

de la salud mental, sobre el confinado. 

(5) El de ajuste institucional y del social y psicológico 

del confinado, preparado por la Administración de 

Corrección y el médico y psiquiátrico preparado por 

Salud Correccional del Departamento de Salud. 

(6) La edad del confinado.

 

(7) El o los tratamientos para condiciones de salud que 

reciba el confinado. 
KLRA202300241 8

(8) La opinión de la víctima. 

(9) Planes de estudios, adiestramiento vocacional o 

estudio y trabajo del confinado. 

(10) Lugar en el que piensa residir el confinado y la 

actitud de dicha comunidad, de serle concedida la 

libertad bajo palabra.

(11) Cualquier otra consideración meritoria que la 

Junta haya dispuesto mediante reglamento. 

La Junta tendrá la discreción para considerar los 

mencionados criterios según estime conveniente y 

emitirá resolución escrita con determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho. (Énfasis nuestro).

En relación a los hechos de este caso, el Artículo 3-B de la Ley 

Núm. 118 establece los derechos de las víctimas del delito al 

momento de la consideración de la concesión o modificación del 

privilegio de libertad bajo palabra. Estos incluyen los siguientes: 

(a) Recibir un trato digno, compasivo y respetuoso por 

parte de todos los miembros de la Junta y los 

empleados de dicha entidad. Comparecer y ser 

escuchado, ya sea oralmente o por escrito a su 

discreción, para presentar ante los miembros de la 

Junta o del panel correspondiente de la Junta su 

opinión sobre: 

1. El proceso de rehabilitación y la determinación 

que en su momento deba tomarse con relación 

al beneficio del privilegio, y/o

2. el impacto económico, emocional o físico 

que ha causado la comisión del delito sobre 

la víctima y su familia. 

(b) Estar presente como observador en la vista. 

(c) Mediante solicitud al efecto, testificar en la vista en 

ausencia del liberado o confinado. (Énfasis nuestro).

[...]

Además, el legislador hizo constar en el Artículo 5 de la Ley 

Núm. 118, supra, que la Junta tiene la autoridad de promulgar las 

reglas y reglamentos que crea convenientes para el mejor 

cumplimiento de las disposiciones de ese artículo.18 En virtud de 

ello, el 18 de noviembre de 2020, la agencia aprobó el Reglamento 

Núm. 9232, mejor conocido como Reglamento de la Junta de 

Libertad Bajo Palabra (Reglamento Núm. 9232). 

18 Benítez Nieves v. ELA et al., supra.
KLRA202300241 9

En lo pertinente, el Artículo X, Sección 10.1 del Reglamento 

Núm. 9232, establece los Criterios para Elegibilidad, a saber:

A. La Junta evaluará las solicitudes del privilegio, caso 

a caso, conforme al grado de rehabilitación y ajuste 

que presente el peticionario durante el término que 

ha estado en reclusión.

B. Al evaluar los casos, la Junta tomará en 

consideración los siguientes criterios con relación al 

peticionario:

1. Historial delictivo

a. La totalidad del expediente penal.

b. Los antecedentes penales. Se 

entenderá por antecedentes penales las 

veces que un peticionario haya sido 

convicto y sentenciado.

c. No se tomarán en consideración 

aquellos delitos en los cuales hayan 

transcurrido tres (3) años desde que el 

peticionario cumplió la sentencia.

d. Naturaleza y circunstancias del 

delito, por el cual cumple sentencia, 

incluyendo el grado de fuerza o violencia 

utilizado en la comisión del delito.

e. Si cumplió con el pago de la pena 

especial para el Fondo de Compensación 

y Servicios a las víctimas y Testigos de 

delito, dispuesta en el Artículo 48 (i) del 

Código Penal de 2012, en los casos que 

aplique.

f.Si existe una orden de detención 

("detainer") emitida por cualquier estado 

de los Estados Unidos, el tribunal 

federal, el gobierno federal y/o del 

Servicio de Inmigración y 

Naturalización.

i. El sólo hecho de que exista una 

orden de detención ("detainer") 

contra un peticionario no será 

fundamento para denegar la 

libertad bajo palabra siempre y 

cuando el peticionario cumpla 

con todos los demás criterios.

2. Una relación de liquidación de la(s) 

sentencia(s) que cumple el peticionario.

3. La clasificación de custodia, el tiempo que 

lleva en dicha clasificación y si hubo cambio 

de clasificación y las razones para ello.

a. La Junta no concederá libertad bajo 

palabra cuando el peticionario se 

encuentre en custodia máxima.

4. La edad del peticionario.
KLRA202300241 10

5. La opinión de la víctima. 

a. La opinión de la víctima constituye 

un factor a ser considerado por la Junta, 

pero la determinación sobre el grado de 

rehabilitación de un peticionario y si 

está capacitado para continuar 

cumpliendo su sentencia en la libre 

comunidad es prerrogativa de la Junta. 

6. El historial social

a. Se tomará en consideración la 

totalidad del expediente social.

b. Si anteriormente ha estado en 

libertad bajo palabra, libertad a prueba 

o cualquier otro programa de desvío.

i. Cumplimiento y ajustes 

Institucionales 

ii. Si se le revocó la libertad bajo 

palabra, libertad a prueba o 

cualquier otro programa de 

desvío.

iii. No se tomará en consideración 

una revocación si han 

transcurrido tres (3) años desde la 

fecha en que se revocó la libertad 

bajo palabra, libertad a prueba o 

cualquier otro programa de 

desvío. 

c. El historial de ajuste institucional y 

el historial social preparado por el 

Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.

d. Si se le han impuesto medidas 

disciplinarias, disponiéndose que no se 

tomarán en consideración aquellas 

medidas disciplinarias en las cuales ha 

transcurrido un (1) año desde la fecha 

en que se impuso dicha medida 

disciplinaria.

e. El historial de trabajo y/o estudio 

realizado en la institución.

f. En los casos contemplados en el 

Artículo VII, Sección 7.4 de este 

Reglamento, el peticionario debe haber 

observado buena conducta en la 

institución por un lapso razonable de 

tiempo que no será menor de un (1) año 

natural, ininterrumpido, a la fecha de 

cumplir con las condiciones para el 

privilegio.

7. Si cuenta con un plan de salida estructurado 

y viable en las áreas de oferta de empleo y/o 

estudio, residencia y amigo consejero.
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a. El plan de salida podrá ser en Puerto 

Rico, en cualquier estado de los Estados 

Unidos o en cualquier otro país que 

tenga un tratado de reciprocidad con 

Estados Unidos. 

b. Cuando el plan de salida propuesto 

sea fuera de la jurisdicción del Gobierno 

de Puerto Rico:

i. El peticionario proveerá la 

dirección física del lugar donde 

propone residir, de concederle la 

libertad bajo palabra, el nombre y 

número de teléfono, correo 

electrónico de la persona con la 

cual residirá y su relación con el 

peticionario. 

ii. [...]

c. [...]

d. Oferta de empleo y/o estudio.

i. Todo peticionario deberá proveer 

una oferta de empleo o, en la 

alternativa, un plan de estudios 

adiestramiento vocacional o 

estudio y trabajo. 

ii. La oferta de empleo se presentará 

mediante carta suscrita por la 

persona que extiende la oferta de 

empleo al peticionario, incluyendo 

la siguiente información:

a. Nombre completo, dirección 

postal, física, electrónica y 

teléfono(s) de la persona 

que ofrece el empleo.

[...] 

En cuanto a la concesión o denegatoria del privilegio, la 

Sección 12.3 (B) del Reglamento dispone que, “Cuando la Junta 

deniegue la libertad bajo palabra, expresará individualmente en su 

resolución las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho 

que fundamentan dicha determinación, así como indicará la fecha 

(mes y año) en que volverá a considerar el caso.”

Aun cuando la decisión de conceder o denegar los beneficios 

de libertad bajo palabra descansa en la entera discreción del Estado, 

y no existe un derecho a obtener tales beneficios, el procedimiento 
KLRA202300241 12

para su concesión debe cumplir con ciertas salvaguardas 

procesales.19

Por último, y en lo que respecta a la Sección 3 de la 

mencionada Ley Núm. 85-2022, establece lo siguiente:

Esta Ley aplicará de manera retroactiva, 

independientemente del Código Penal o Ley Penal 

Especial vigente al momento de los hechos delictivos, 

siempre y cuando resulte favorable para la persona 

condenada. Las cláusulas de prohibiciones absolutas 

de libertad bajo palabra en los delitos de leyes penales 

especiales no serán aplicables al caso de menores 

juzgados y sentenciados como adultos cuando 

contravengan lo aquí establecido.

III.

En su señalamiento de error, el recurrente solicita, en 

síntesis, que revoquemos la determinación de la Junta por no estar 

sostenida en evidencia sustancial y que demuestre que no cumplió 

con los requisitos requeridos por las leyes y los reglamentos. Alega 

que la referida determinación es ilegal, irrazonable y que violenta los 

parámetros establecidos en el Reglamento Núm. 9232 y su debido 

proceso de ley. Además, arguye que la Junta actuó de manera ultra 

vires al denegar el privilegio y sustentar su determinación en que 

alegadamente el señor Salas Cordero no contaba con un amigo 

consejero ni una oferta de empleo, ambos criterios necesarios para 

la concesión del mismo.

Por su lado, la Junta alega que el recurrente incumple con los 

requisitos para beneficiarse del privilegio de libertad bajo palabra, 

de acuerdo con el Reglamento Núm. 9232, al no cumplir con tener 

un amigo consejero al momento de la vista de consideración y al 

momento de la Resolución de Reconsideración. En específico, aducen 

que, el no contar con un amigo consejero, hacía su salida en libertad 

bajo palabra una inviable. Así las cosas, procedemos a resolver. 

19 Maldonado Elías v. González Rivera, supra, págs. 275-276.
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Surge del expediente que en la Resolución emitida el 14 de 

marzo de 2023, notificada el 20 de marzo de 2023, la Junta 

determinó que el señor Salas Cordero no era un buen candidato 

para el privilegio de libertad bajo palabra, pues no cumplió con los 

requisitos de (1) oferta de empleo, (2) planes de estudios, y (3) 

candidato a amigo consejero. Dentro de su discreción como agencia 

administrativa, la Junta consideró los criterios necesarios para 

determinar si concedía o no el privilegio. En este caso, y según la 

prueba presentada ante la Junta, el señor Salas Cordero no era

merecedor de dicho privilegio, por no cumplir con los criterios 

requeridos tanto por el Reglamento Núm. 9232 como por la Ley 

Núm. 118, supra.

De los hechos se desprende que el señor Salas Cordero 

presentó una carta de aceptación para el estado de Georgia emitida 

el 15 de diciembre de 2022. Como parte de sus alegaciones, el 

recurrente arguye que, al haber obtenido la aceptación en el 

programa de reciprocidad para cumplir su sentencia en el estado de 

Georgia, y en la reglamentación de ese estado no se requiere un 

amigo consejero, no es necesario que en este caso cumpliera con 

dicho requisito. No le asiste la razón. 

Precisamente la ley en este caso requiere que el criterio de 

amigo consejero sea cumplido, para que la Junta lo tome en 

consideración al momento de otorgar o denegar el privilegio de 

libertad bajo palabra. El mero hecho de haber presentado la 

aceptación para cumplir su sentencia en el estado de Georgia no 

implica que automáticamente aplica la ley vigente en dicho estado y 

que el privilegio será concedido. Sino que la persona que solicita el 

privilegio de libertad bajo palabra debe cumplir con los todos 

requisitos de las leyes y reglamentos de nuestro ordenamiento 

jurídico, para que la Junta llegue a una determinación; si cumple o 

no con los criterios establecidos para ello. Además, la fecha de 
KLRA202300241 14

emisión de la aceptación al estado de Georgia está fechada al 15 de 

diciembre de 2022, con vigencia de ciento veinte (120 días), por lo 

que al momento de emitirse la Resolución en reconsideración el 25 

de abril de 2023, se encontraba vencida.

Enfatizamos que, según el Reglamento, el plan de salida 

requiere contar con un amigo consejero que coopere con la Junta y 

el Programa de Comunidad del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.20 Además, el Reglamento dispone que la Junta debe 

corroborar que el candidato a amigo consejero resida en el área 

limítrofe al Programa de Comunidad con competencia y que tenga 

contacto frecuente con el recurrente.21 Es preciso destacar que, la 

aceptación del amigo consejero no es automática. La persona que 

consiente a esta encomienda queda sujeta a investigación por parte 

de la Administración de Corrección. 

El Programa de Reciprocidad del DCR comunicó a la Junta 

que el 26 de mayo de 2023, que al recurrente le fue aprobada una 

nueva carta de aceptación, la cual será considerada al evaluar el 

caso nuevamente en marzo de 2024. En vista de lo anterior, la Junta 

determinó correctamente que el recurrente no poseía, en el momento

del proceso de consideración del privilegio de libertad bajo palabra,

un amigo consejero para su plan de salida, por lo que no cumplió

con los criterios establecidos por ley.

Por otro lado, la Junta tomó en consideración la opinión de 

las víctimas del delito cometido por el señor Salas Cordero, de la 

cual se desprende que no fue una positiva ni beneficiosa para el 

recurrente, pues estos temen por su vida, de este ser liberado de su 

sentencia. La Ley Núm. 118, en el Artículo 3-D (8) establece que uno 

de los criterios a tomar en consideración es la opinión de la víctima. 

20 Artículo X, Sección 10.1(B)(7)(f)(i), Reglamento de la Junta 

de Libertad Bajo Palabra, supra.

21 Artículo X, Sección 10.1(B)(7)(f), Reglamento de la Junta 

de Libertad Bajo Palabra, supra.
KLRA202300241 15

Asimismo, el Artículo X, Sección 10.1 Reglamento Núm. 9232, 

dispone que entre los criterios de elegibilidad se encuentra la 

opinión de la víctima. En lo pertinente, dispone que “la opinión de 

la víctima constituye un factor a ser considerado por la Junta, pero 

la determinación sobre el grado de rehabilitación de un peticionario 

y si está capacitado para continuar cumpliendo su sentencia en la 

libre comunidad es prerrogativa de la Junta”. 

El marco de revisión de este Tribunal se circunscribe a un 

estándar de razonabilidad. En ese contexto, concluimos que la 

determinación recurrida se fundamentó en el expediente 

administrativo y constituyó una actuación razonable dentro de las 

prerrogativas de la agencia administrativa. Por ello, la determinación 

administrativa merece nuestra deferencia. Las determinaciones de 

hechos de organismos y agencias tienen a su favor una presunción 

de regularidad y corrección que debe ser respetada mientras la parte

que las impugne no produzca evidencia suficiente para derrotarlas. 

El señor Salas Cordero no demostró de manera indudable y 

fehaciente que la Junta actuó de manera caprichosa, irrazonable, 

ilegal o fuera del marco de los poderes delegados en ésta. Por todo 

lo anteriormente expuesto, confirmamos la Resolución recurrida. 

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución recurrida de la Junta de Libertad Bajo Palabra. 

Notifíquese.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones