# Diario Oficial L 78/2019

| | ISSN 1977-0685 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | L 78 |
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| Edición en lengua española | Legislación | 62.° año20 de marzo de 2019 |

ISSN 1977-0685

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 78

Edición en lengua española

Legislación

62.° año20 de marzo de 2019

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| Sumario | | II   Actos no legislativos | Página |
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| | | DECISIONES |
| | * | Decisión (UE) 2019/421 de la Comisión, de 20 de junio de 2018, relativa a la ayuda estatal SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) ejecutada por Luxemburgo en favor de Engie
  [notificada con el número C(2018) 3839]

   (
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  ) | 1 |
| | * | Decisión (UE) 2019/422 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2018, relativa la ayuda estatal SA 36112 (2016/C) (ex 2015/NN) concedida por Italia a la autoridad portuaria de Nápoles y a Cantieri del Mediterraneo S.p.A.
  [notificada con el número C(2018) 6037]

   (
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  ) | 63 |

Sumario

II   Actos no legislativos

Página

DECISIONES

*

Decisión (UE) 2019/421 de la Comisión, de 20 de junio de 2018, relativa a la ayuda estatal SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) ejecutada por Luxemburgo en favor de Engie
  [notificada con el número C(2018) 3839]

   (
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  )

[notificada con el número C(2018) 3839]

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*

Decisión (UE) 2019/422 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2018, relativa la ayuda estatal SA 36112 (2016/C) (ex 2015/NN) concedida por Italia a la autoridad portuaria de Nápoles y a Cantieri del Mediterraneo S.p.A.
  [notificada con el número C(2018) 6037]

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  )

[notificada con el número C(2018) 6037]

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63

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| | (1)   Texto pertinente a efectos del EEE. |

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(1)   Texto pertinente a efectos del EEE.

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| ES | Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.
  Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos. |
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ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

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II Actos no legislativos

DECISIONES

| 20.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 78/1 |
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20.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 78/1

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DECISIÓN (UE) 2019/421 DE LA COMISIÓN

de 20 de junio de 2018

relativa a la ayuda estatal SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) ejecutada por Luxemburgo en favor de Engie

[notificada con el número C(2018) 3839]

(El texto en lengua francesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Tratado»), y en particular su artículo 108, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en particular su artículo 62, apartado 1, letra a),

Después de haber emplazado a los interesados a que presentaran sus observaciones, de conformidad con los citados artículos, (1) y teniendo en cuenta dichas observaciones,

Considerando lo siguiente:

1.   PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

| (1) | Mediante carta de 23 de marzo de 2015, la Comisión envió una solicitud de información al Gran Ducado de Luxemburgo (en lo sucesivo, «Luxemburgo») (2) a fin de recabar información sobre sus prácticas en materia de resolución fiscal respecto al grupo Engie (anteriormente, el grupo GDF Suez) (3). En dicha carta, la Comisión solicitó a Luxemburgo que le proporcionara todas las resoluciones fiscales concedidas a las entidades de este grupo desde 2004 hasta la fecha de la carta, dirigidas a este grupo o a cualquier entidad de este grupo, que estaban vigentes en ese momento o que habían estado vigentes en los últimos 10 años, así como las cuentas anuales del grupo y sus entidades jurídicas para los años 2011, 2012 y 2013, junto con una copia de sus declaraciones fiscales. |
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(1)

Mediante carta de 23 de marzo de 2015, la Comisión envió una solicitud de información al Gran Ducado de Luxemburgo (en lo sucesivo, «Luxemburgo») (2) a fin de recabar información sobre sus prácticas en materia de resolución fiscal respecto al grupo Engie (anteriormente, el grupo GDF Suez) (3). En dicha carta, la Comisión solicitó a Luxemburgo que le proporcionara todas las resoluciones fiscales concedidas a las entidades de este grupo desde 2004 hasta la fecha de la carta, dirigidas a este grupo o a cualquier entidad de este grupo, que estaban vigentes en ese momento o que habían estado vigentes en los últimos 10 años, así como las cuentas anuales del grupo y sus entidades jurídicas para los años 2011, 2012 y 2013, junto con una copia de sus declaraciones fiscales.

2

3

| (2) | El 25 de junio de 2015, Luxemburgo respondió a esta solicitud y remitió la información relativa a las resoluciones fiscales emitidas por la Administración tributaria de Luxemburgo en favor de varias sociedades del grupo Engie establecidas en Luxemburgo, entre ellas la sociedad GDF Suez LNG Supply SA (en lo sucesivo, «LNG Supply») (4) y la sociedad GDF Suez Treasury Management S.à.r.l. (en lo sucesivo «GSTM») (5). En particular, Luxemburgo ha facilitado dos solicitudes de resolución fiscal, y sus respectivas aprobaciones, con relación a dos operaciones intragrupo casi idénticas consistentes en una transferencia de activos de las empresas del grupo Engie a LNG Supply, por una parte, y a GSTM, por otra. En ambos casos, la transferencia se financió mediante un préstamo sin intereses obligatoriamente convertible en acciones designado como «ZORA» (6) (en lo sucesivo, «ZORA LNG» y «ZORA GSTM», respectivamente, y colectivamente «ZORA»), y por un contrato de venta de futuros prepagado («contrato de futuros LNG» y «contrato de futuros GSTM», respectivamente, y colectivamente «contratos de futuros»). |
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(2)

El 25 de junio de 2015, Luxemburgo respondió a esta solicitud y remitió la información relativa a las resoluciones fiscales emitidas por la Administración tributaria de Luxemburgo en favor de varias sociedades del grupo Engie establecidas en Luxemburgo, entre ellas la sociedad GDF Suez LNG Supply SA (en lo sucesivo, «LNG Supply») (4) y la sociedad GDF Suez Treasury Management S.à.r.l. (en lo sucesivo «GSTM») (5). En particular, Luxemburgo ha facilitado dos solicitudes de resolución fiscal, y sus respectivas aprobaciones, con relación a dos operaciones intragrupo casi idénticas consistentes en una transferencia de activos de las empresas del grupo Engie a LNG Supply, por una parte, y a GSTM, por otra. En ambos casos, la transferencia se financió mediante un préstamo sin intereses obligatoriamente convertible en acciones designado como «ZORA» (6) (en lo sucesivo, «ZORA LNG» y «ZORA GSTM», respectivamente, y colectivamente «ZORA»), y por un contrato de venta de futuros prepagado («contrato de futuros LNG» y «contrato de futuros GSTM», respectivamente, y colectivamente «contratos de futuros»).

4

5

6

| (3) | Por carta de 1 de abril de 2016, la Comisión indicó que, sobre la base de la información que había aportado Luxemburgo, no podía excluir la posibilidad de que las resoluciones fiscales emitidas en favor de las sociedades del grupo Engie contengan un elemento de ayuda estatal incompatible con el mercado interior. Por tanto, pidió a Luxemburgo que indicara las razones por las que dichas medidas no serían selectivas, o de qué manera podrían justificarse de otro modo con arreglo al Derecho de la Unión en materia de ayudas estatales, y proporcionara información y aclaraciones adicionales. |
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(3)

Por carta de 1 de abril de 2016, la Comisión indicó que, sobre la base de la información que había aportado Luxemburgo, no podía excluir la posibilidad de que las resoluciones fiscales emitidas en favor de las sociedades del grupo Engie contengan un elemento de ayuda estatal incompatible con el mercado interior. Por tanto, pidió a Luxemburgo que indicara las razones por las que dichas medidas no serían selectivas, o de qué manera podrían justificarse de otro modo con arreglo al Derecho de la Unión en materia de ayudas estatales, y proporcionara información y aclaraciones adicionales.

| (4) | Por carta de 3 de mayo de 2016, la Comisión recordó a Luxemburgo que proporcionara la información indicada en el considerando 3. |
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(4)

Por carta de 3 de mayo de 2016, la Comisión recordó a Luxemburgo que proporcionara la información indicada en el considerando 3.

| (5) | El 23 de mayo de 2016, Luxemburgo respondió a la solicitud de información de la Comisión de 1 de abril de 2016. |
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(5)

El 23 de mayo de 2016, Luxemburgo respondió a la solicitud de información de la Comisión de 1 de abril de 2016.

| (6) | El 19 de septiembre de 2016, la Comisión decidió incoar un procedimiento de investigación formal en virtud del artículo 108, apartado 2, del Tratado, en relación con el trato fiscal concedido a Engie mediante las resoluciones fiscales emitidas por Luxemburgo, alegando que podrían constituir una ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado (en lo sucesivo, «la Decisión de incoar un procedimiento») (7). |
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(6)

El 19 de septiembre de 2016, la Comisión decidió incoar un procedimiento de investigación formal en virtud del artículo 108, apartado 2, del Tratado, en relación con el trato fiscal concedido a Engie mediante las resoluciones fiscales emitidas por Luxemburgo, alegando que podrían constituir una ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado (en lo sucesivo, «la Decisión de incoar un procedimiento») (7).

7

| (7) | El 21 de noviembre de 2016, Luxemburgo presentó sus observaciones sobre la Decisión de incoar un procedimiento y la información solicitada por carta. |
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(7)

El 21 de noviembre de 2016, Luxemburgo presentó sus observaciones sobre la Decisión de incoar un procedimiento y la información solicitada por carta.

| (8) | El 3 de febrero de 2017, se publicó la Decisión de incoar un procedimiento en el Diario Oficial de la Unión Europea (8). La Comisión invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre la medida en cuestión. |
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(8)

El 3 de febrero de 2017, se publicó la Decisión de incoar un procedimiento en el Diario Oficial de la Unión Europea (8). La Comisión invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre la medida en cuestión.

Diario Oficial de la Unión Europea

8

| (9) | El 27 de febrero de 2017, la Comisión recibió observaciones de Engie sobre la Decisión de incoar un procedimiento. Mediante carta de 10 de marzo de 2017, la Comisión las transmitió a las autoridades luxemburguesas dándoles la posibilidad de comentarlas. |
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(9)

El 27 de febrero de 2017, la Comisión recibió observaciones de Engie sobre la Decisión de incoar un procedimiento. Mediante carta de 10 de marzo de 2017, la Comisión las transmitió a las autoridades luxemburguesas dándoles la posibilidad de comentarlas.

| (10) | Por carta de 22 de marzo de 2017, tras examinar las observaciones presentadas por las autoridades luxemburguesas y Engie, la Comisión solicitó información adicional a Luxemburgo. |
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(10)

Por carta de 22 de marzo de 2017, tras examinar las observaciones presentadas por las autoridades luxemburguesas y Engie, la Comisión solicitó información adicional a Luxemburgo.

| (11) | El 10 de abril de 2017, Luxemburgo comunicó, por carta, que las observaciones presentadas por Engie correspondían a sus propias observaciones. |
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(11)

El 10 de abril de 2017, Luxemburgo comunicó, por carta, que las observaciones presentadas por Engie correspondían a sus propias observaciones.

| (12) | El 12 de mayo de 2017, Luxemburgo presentó la información solicitada el 22 de marzo de 2017. |
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(12)

El 12 de mayo de 2017, Luxemburgo presentó la información solicitada el 22 de marzo de 2017.

| (13) | El 1 de junio de 2017, los servicios de la Comisión se reunieron con las autoridades luxemburguesas y Engie. El contenido de esta reunión se ha recogido en el acta acordada entre la Comisión y Luxemburgo. A raíz de esta reunión, el 16 de junio de 2017 Luxemburgo presentó información adicional. |
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(13)

El 1 de junio de 2017, los servicios de la Comisión se reunieron con las autoridades luxemburguesas y Engie. El contenido de esta reunión se ha recogido en el acta acordada entre la Comisión y Luxemburgo. A raíz de esta reunión, el 16 de junio de 2017 Luxemburgo presentó información adicional.

| (14) | Mediante carta de 11 de diciembre de 2017, a raíz de las observaciones de las autoridades luxemburguesas y Engie durante la reunión de 1 de junio de 2017, la Comisión quiso aclarar determinados elementos de la investigación (en lo sucesivo, «la carta de 11 de diciembre de 2017») y solicitó información adicional. La Comisión pidió a Luxemburgo que enviara una copia de esta carta a Engie. |
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(14)

Mediante carta de 11 de diciembre de 2017, a raíz de las observaciones de las autoridades luxemburguesas y Engie durante la reunión de 1 de junio de 2017, la Comisión quiso aclarar determinados elementos de la investigación (en lo sucesivo, «la carta de 11 de diciembre de 2017») y solicitó información adicional. La Comisión pidió a Luxemburgo que enviara una copia de esta carta a Engie.

| (15) | El 31 de enero de 2018, las autoridades luxemburguesas y Engie presentaron sus observaciones en respuesta a la carta de 11 de diciembre de 2017. En la misma fecha, Luxemburgo facilitó también la información solicitada en la carta de 11 de diciembre de 2017. |
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(15)

El 31 de enero de 2018, las autoridades luxemburguesas y Engie presentaron sus observaciones en respuesta a la carta de 11 de diciembre de 2017. En la misma fecha, Luxemburgo facilitó también la información solicitada en la carta de 11 de diciembre de 2017.

2.   CONTEXTO

CONTEXTO

2.1.   EL GRUPO ENGIE

EL GRUPO ENGIE

| (16) | El grupo Engie está formado por Engie SA, una empresa establecida en Francia, y el conjunto de empresas directamente o indirectamente controladas por Engie SA (en conjunto, denominadas «Engie»). Engie resulta de la fusión en 2008 de los grupos franceses GDF y Suez (anteriormente, Lyonnaise des Eaux) (9). La sede central de Engie se encuentra en Francia. Engie SA cotiza en la bolsa de París, Bruselas y Luxemburgo (10). |
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(16)

El grupo Engie está formado por Engie SA, una empresa establecida en Francia, y el conjunto de empresas directamente o indirectamente controladas por Engie SA (en conjunto, denominadas «Engie»). Engie resulta de la fusión en 2008 de los grupos franceses GDF y Suez (anteriormente, Lyonnaise des Eaux) (9). La sede central de Engie se encuentra en Francia. Engie SA cotiza en la bolsa de París, Bruselas y Luxemburgo (10).

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| (17) | Engie opera en tres sectores principales: generación de electricidad, gas natural y gas natural licuado y servicios de eficiencia energética. Engie ejerce principalmente actividades de generación y suministro de electricidad (11) y de comercio de energía, de prospección y producción, suministro, transporte y distribución de gas natural, de suministro de servicios de eficiencia energética e instalaciones de energía. |
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(17)

Engie opera en tres sectores principales: generación de electricidad, gas natural y gas natural licuado y servicios de eficiencia energética. Engie ejerce principalmente actividades de generación y suministro de electricidad (11) y de comercio de energía, de prospección y producción, suministro, transporte y distribución de gas natural, de suministro de servicios de eficiencia energética e instalaciones de energía.

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| (18) | Engie emplea a 153 090 personas en todo el mundo en 70 países (12). En 2016, su volumen de negocios ascendió a 66 600 millones EUR (13). De todo el volumen de negocios del grupo, 52 200 millones EUR se realizaron en Europa (14). En 2016, el 67,3 % del resultado antes de la deducción de intereses, impuestos y amortizaciones (EBITDA) se generó en Europa (15). |
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(18)

Engie emplea a 153 090 personas en todo el mundo en 70 países (12). En 2016, su volumen de negocios ascendió a 66 600 millones EUR (13). De todo el volumen de negocios del grupo, 52 200 millones EUR se realizaron en Europa (14). En 2016, el 67,3 % del resultado antes de la deducción de intereses, impuestos y amortizaciones (EBITDA) se generó en Europa (15).

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| (19) | En Luxemburgo, Engie opera a través de una serie de entidades jurídicas, algunas de las cuales participan en las transacciones mencionadas en la resolución fiscal en cuestión. Compagnie Européenne de Financement C.E.F. SA (en lo sucesivo, «CEF») (16) es una filial de Engie constituida en Luxemburgo en 1933. El objetivo de esta sociedad consiste en adquirir participaciones en Luxemburgo y en entidades extranjeras, y en gestionar, explotar y controlar estas participaciones (17). Es la principal responsable de la constitución de garantías y de préstamos intragrupo para las filiales del grupo. Los ingresos de CEF provienen de los intereses y costes percibidos por la concesión de estos préstamos y garantías (18). |
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(19)

En Luxemburgo, Engie opera a través de una serie de entidades jurídicas, algunas de las cuales participan en las transacciones mencionadas en la resolución fiscal en cuestión. Compagnie Européenne de Financement C.E.F. SA (en lo sucesivo, «CEF») (16) es una filial de Engie constituida en Luxemburgo en 1933. El objetivo de esta sociedad consiste en adquirir participaciones en Luxemburgo y en entidades extranjeras, y en gestionar, explotar y controlar estas participaciones (17). Es la principal responsable de la constitución de garantías y de préstamos intragrupo para las filiales del grupo. Los ingresos de CEF provienen de los intereses y costes percibidos por la concesión de estos préstamos y garantías (18).

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| (20) | GSTM es una empresa constituida con arreglo a la legislación luxemburguesa, propiedad al 100 % de CEF. Realiza actividades de gestión del efectivo y de financiación para Engie desde Luxemburgo. De acuerdo con la solicitud de resolución fiscal de 15 de junio de 2012, «en general, GSTM concede préstamos en diversas divisas (sobre todo, EUR y USD) a las sociedades vinculadas y ejerce una actividad de centralización de tesorería [...]. La actividad de centralización de tesorería de GSTM representa entre [2 000-7 000] y [7 000-12 000] millones EUR» (19). |
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(20)

GSTM es una empresa constituida con arreglo a la legislación luxemburguesa, propiedad al 100 % de CEF. Realiza actividades de gestión del efectivo y de financiación para Engie desde Luxemburgo. De acuerdo con la solicitud de resolución fiscal de 15 de junio de 2012, «en general, GSTM concede préstamos en diversas divisas (sobre todo, EUR y USD) a las sociedades vinculadas y ejerce una actividad de centralización de tesorería [...]. La actividad de centralización de tesorería de GSTM representa entre [2 000-7 000] y [7 000-12 000] millones EUR» (19).

19

| (21) | GDF Suez LNG Holding S.à.r.l. (en lo sucesivo, «LNG Holding») (20) es una filial de Engie constituida en Luxemburgo en 2009. El objetivo de esta sociedad consiste en adquirir participaciones en Luxemburgo y en entidades extranjeras, y en gestionar estas participaciones (21). LNG Holding es propiedad al 100 % de CEF. |
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(21)

GDF Suez LNG Holding S.à.r.l. (en lo sucesivo, «LNG Holding») (20) es una filial de Engie constituida en Luxemburgo en 2009. El objetivo de esta sociedad consiste en adquirir participaciones en Luxemburgo y en entidades extranjeras, y en gestionar estas participaciones (21). LNG Holding es propiedad al 100 % de CEF.

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21

| (22) | LNG Supply es propiedad al 100 % de LNG Holding. Realiza actividades de compra, venta y comercio de gas natural licuado («GNL»), gas y productos derivados del gas, así como transporte de GNL, y ha celebrado un número importante de contratos con empresas internacionales de energía (22). En 2018, Engie anunció su intención de vender determinadas partes de su actividad de GNL, entre las cuales LNG Supply, a Total SA (23). |
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(22)

LNG Supply es propiedad al 100 % de LNG Holding. Realiza actividades de compra, venta y comercio de gas natural licuado («GNL»), gas y productos derivados del gas, así como transporte de GNL, y ha celebrado un número importante de contratos con empresas internacionales de energía (22). En 2018, Engie anunció su intención de vender determinadas partes de su actividad de GNL, entre las cuales LNG Supply, a Total SA (23).

22

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2.2.   LA RESOLUCIÓN FISCAL EN CUESTIÓN

LA RESOLUCIÓN FISCAL EN CUESTIÓN

2.2.1.   INTRODUCCIÓN

| (23) | La presente resolución se refiere a dos conjuntos de resoluciones fiscales emitidas por la Administración tributaria luxemburguesa a las empresas del grupo Engie (en lo sucesivo, «las resoluciones fiscales en cuestión»). Las resoluciones fiscales en cuestión se refieren a dos operaciones intragrupo similares llevadas a cabo por Engie entre las distintas empresas del grupo. En ambos casos, Engie transfiere una serie de activos que constituyen una actividad comercial plenamente funcional a una filial en Luxemburgo, que posteriormente ejerce esta actividad comercial. |
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(23)

La presente resolución se refiere a dos conjuntos de resoluciones fiscales emitidas por la Administración tributaria luxemburguesa a las empresas del grupo Engie (en lo sucesivo, «las resoluciones fiscales en cuestión»). Las resoluciones fiscales en cuestión se refieren a dos operaciones intragrupo similares llevadas a cabo por Engie entre las distintas empresas del grupo. En ambos casos, Engie transfiere una serie de activos que constituyen una actividad comercial plenamente funcional a una filial en Luxemburgo, que posteriormente ejerce esta actividad comercial.

| (24) | El pago del precio por la filial se financia mediante un préstamo sin intereses obligatoriamente convertible en acciones de una duración de 15 años (ZORA) concedido por una sociedad intermediaria del grupo residente en Luxemburgo. El ZORA no genera intereses periódicos pero, con su conversión, la filial reembolsará la deuda al acreedor mediante acciones por un importe que represente el importe nominal del ZORA, además de una «prima» constituida por el conjunto de beneficios de la filial durante la vigencia del ZORA, tras la deducción de un margen limitado (24) acordado con las autoridades tributarias luxemburguesas (el importe de esta «prima» se denomina «adiciones en el ZORA» tanto en las resoluciones fiscales en cuestión como en las declaraciones fiscales de las empresas) (25). |
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(24)

El pago del precio por la filial se financia mediante un préstamo sin intereses obligatoriamente convertible en acciones de una duración de 15 años (ZORA) concedido por una sociedad intermediaria del grupo residente en Luxemburgo. El ZORA no genera intereses periódicos pero, con su conversión, la filial reembolsará la deuda al acreedor mediante acciones por un importe que represente el importe nominal del ZORA, además de una «prima» constituida por el conjunto de beneficios de la filial durante la vigencia del ZORA, tras la deducción de un margen limitado (24) acordado con las autoridades tributarias luxemburguesas (el importe de esta «prima» se denomina «adiciones en el ZORA» tanto en las resoluciones fiscales en cuestión como en las declaraciones fiscales de las empresas) (25).

24

25

| (25) | Al mismo tiempo, la entidad intermediaria financia este préstamo mediante un contrato de venta de futuros prepagado (en lo sucesivo, «el contrato de futuros») celebrado con una sociedad de cartera también residente en Luxemburgo, que es el único accionista tanto de la filial como de la entidad intermediaria. Con arreglo a las condiciones del contrato de futuros, la sociedad de cartera paga a la empresa intermediaria un importe igual al valor nominal del ZORA a cambio de la adquisición de los derechos de las acciones que la filial emitirá para la conversión del ZORA. Así, si la filial obtiene un beneficio durante la vigencia del ZORA, la sociedad de cartera recibirá, en la conversión del ZORA, las acciones que integren el valor de las adiciones al ZORA. Por tanto, la sociedad de cartera ofrece a la filial la financiación necesaria para la adquisición de los activos a través del contrato de futuros y del ZORA. |
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(25)

Al mismo tiempo, la entidad intermediaria financia este préstamo mediante un contrato de venta de futuros prepagado (en lo sucesivo, «el contrato de futuros») celebrado con una sociedad de cartera también residente en Luxemburgo, que es el único accionista tanto de la filial como de la entidad intermediaria. Con arreglo a las condiciones del contrato de futuros, la sociedad de cartera paga a la empresa intermediaria un importe igual al valor nominal del ZORA a cambio de la adquisición de los derechos de las acciones que la filial emitirá para la conversión del ZORA. Así, si la filial obtiene un beneficio durante la vigencia del ZORA, la sociedad de cartera recibirá, en la conversión del ZORA, las acciones que integren el valor de las adiciones al ZORA. Por tanto, la sociedad de cartera ofrece a la filial la financiación necesaria para la adquisición de los activos a través del contrato de futuros y del ZORA.

| (26) | Las resoluciones fiscales en cuestión confirman el siguiente trato fiscal de las empresas implicadas: la filial deducirá cada año provisiones para las adiciones al ZORA debidas a la conversión de este. Por lo tanto, la filial no será gravada, salvo por el margen limitado acordado con las autoridades tributarias. Cuando la sociedad de cartera realice las adiciones al ZORA (26), este beneficio se eximirá en virtud de la aplicación del régimen de las sociedades matrices y las filiales en Luxemburgo, que permite la exención, en determinadas condiciones, de los ingresos generados por las participaciones en el capital social de otras sociedades. Tampoco se grava a la entidad intermediaria, puesto que los beneficios generados por la conversión del ZORA (las adiciones al ZORA) se compensan con una pérdida del mismo importe derivado del contrato de futuros (27). En última instancia, de ello se desprende que las adiciones al ZORA se deducen en la filial y que el importe correspondiente tampoco se grava en la sociedad de cartera, puesto que se considera como un ingreso exento de impuestos. En consecuencia, las adiciones al ZORA, que representan prácticamente todos los beneficios de la filial durante la vigencia del ZORA, no son imponibles en Luxemburgo (28). |
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(26)

Las resoluciones fiscales en cuestión confirman el siguiente trato fiscal de las empresas implicadas: la filial deducirá cada año provisiones para las adiciones al ZORA debidas a la conversión de este. Por lo tanto, la filial no será gravada, salvo por el margen limitado acordado con las autoridades tributarias. Cuando la sociedad de cartera realice las adiciones al ZORA (26), este beneficio se eximirá en virtud de la aplicación del régimen de las sociedades matrices y las filiales en Luxemburgo, que permite la exención, en determinadas condiciones, de los ingresos generados por las participaciones en el capital social de otras sociedades. Tampoco se grava a la entidad intermediaria, puesto que los beneficios generados por la conversión del ZORA (las adiciones al ZORA) se compensan con una pérdida del mismo importe derivado del contrato de futuros (27). En última instancia, de ello se desprende que las adiciones al ZORA se deducen en la filial y que el importe correspondiente tampoco se grava en la sociedad de cartera, puesto que se considera como un ingreso exento de impuestos. En consecuencia, las adiciones al ZORA, que representan prácticamente todos los beneficios de la filial durante la vigencia del ZORA, no son imponibles en Luxemburgo (28).

26

27

28

| (27) | La estructura descrita en los considerandos 23 a 26 se ilustra en el Gráfico 1.

  Gráfico 1


  Ilustración de las estructuras establecidas mediante las resoluciones fiscales en cuestión




  Sociedad intermediaria
  Acciones (de las cuales adiciones al ZORA)
  Contrato de futuros
  Beneficios
  Acciones (de las cuales adiciones al ZORA)
  ZORA
  Activos
  Filial
  Sociedad de cartera |
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(27)

La estructura descrita en los considerandos 23 a 26 se ilustra en el Gráfico 1.

Gráfico 1

Gráfico 1

Ilustración de las estructuras establecidas mediante las resoluciones fiscales en cuestión

Ilustración de las estructuras establecidas mediante las resoluciones fiscales en cuestión

Sociedad intermediaria

Acciones (de las cuales adiciones al ZORA)

Contrato de futuros

Beneficios

Acciones (de las cuales adiciones al ZORA)

ZORA

Activos

Filial

Sociedad de cartera

2.2.2.   PRESENTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES FISCALES EN CUESTIÓN

| (28) | Este trato fiscal fue validado en dos conjuntos de resoluciones fiscales relativos a dos estructuras diferentes establecidas por Engie. |
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(28)

Este trato fiscal fue validado en dos conjuntos de resoluciones fiscales relativos a dos estructuras diferentes establecidas por Engie.

| (29) | El primer conjunto de la resolución fiscal afecta a la transferencia de las actividades de compra, de venta y de comercio de GNL y de productos derivados del gas (en lo sucesivo «actividad GNL») (29) de la sociedad luxemburguesa Suez LNG Trading SA (en lo sucesivo «LNG Trading») a LNG Supply. Incluye cinco resoluciones fiscales emitidas por la Administración tributaria luxemburguesa en respuesta a las solicitudes de resolución fiscal presentadas por el asesor fiscal de Engie (en lo sucesivo, «el asesor fiscal») en nombre de diferentes empresas de Engie (designadas en conjunto como «resoluciones fiscales LNG»).






  (1) | Una primera resolución fiscal dictada el 9 de septiembre de 2008 (en lo sucesivo, «la resolución fiscal LNG de 2008»). Responde a una solicitud de resolución fiscal dictada en la misma fecha (en lo sucesivo, «la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008») sobre el trato fiscal de los contratos utilizados para financiar la transferencia de la actividad GNL de LNG Trading a LNG Supply (el ZORA LNG y el contrato de futuros LNG). La resolución fiscal LNG de 2008 se modifica parcialmente o completa mediante otras resoluciones emitidas por la Administración tributaria luxemburguesa. |
| --- | --- | --- |

(29)

El primer conjunto de la resolución fiscal afecta a la transferencia de las actividades de compra, de venta y de comercio de GNL y de productos derivados del gas (en lo sucesivo «actividad GNL») (29) de la sociedad luxemburguesa Suez LNG Trading SA (en lo sucesivo «LNG Trading») a LNG Supply. Incluye cinco resoluciones fiscales emitidas por la Administración tributaria luxemburguesa en respuesta a las solicitudes de resolución fiscal presentadas por el asesor fiscal de Engie (en lo sucesivo, «el asesor fiscal») en nombre de diferentes empresas de Engie (designadas en conjunto como «resoluciones fiscales LNG»).

29

(1)

Una primera resolución fiscal dictada el 9 de septiembre de 2008 (en lo sucesivo, «la resolución fiscal LNG de 2008»). Responde a una solicitud de resolución fiscal dictada en la misma fecha (en lo sucesivo, «la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008») sobre el trato fiscal de los contratos utilizados para financiar la transferencia de la actividad GNL de LNG Trading a LNG Supply (el ZORA LNG y el contrato de futuros LNG). La resolución fiscal LNG de 2008 se modifica parcialmente o completa mediante otras resoluciones emitidas por la Administración tributaria luxemburguesa.

| (2) | Una solicitud de resolución fiscal de 30 de septiembre de 2008, relativa a la transferencia de la gestión efectiva de LNG Trading a los Países Bajos. Esta solicitud de resolución fiscal fue aprobada el mismo día por la Administración tributaria luxemburguesa. |
| --- | --- |

(2)

Una solicitud de resolución fiscal de 30 de septiembre de 2008, relativa a la transferencia de la gestión efectiva de LNG Trading a los Países Bajos. Esta solicitud de resolución fiscal fue aprobada el mismo día por la Administración tributaria luxemburguesa.

| (3) | Una solicitud de resolución fiscal de 3 de marzo de 2009 (en lo sucesivo, «la solicitud de resolución fiscal LNG de 2009»), por la que se modifica parcialmente la estructura creada en la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008. Esta solicitud de resolución fiscal fue aprobada el mismo día por la Administración tributaria luxemburguesa. |
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(3)

Una solicitud de resolución fiscal de 3 de marzo de 2009 (en lo sucesivo, «la solicitud de resolución fiscal LNG de 2009»), por la que se modifica parcialmente la estructura creada en la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008. Esta solicitud de resolución fiscal fue aprobada el mismo día por la Administración tributaria luxemburguesa.

| (4) | Una solicitud de resolución fiscal con fecha de 9 de marzo de 2012 (en lo sucesivo «solicitud de resolución fiscal LNG de 2012»), que aclara algunos términos contables utilizados en el cálculo del margen sobre el cual LNG Supply tributa. Esta solicitud de resolución fiscal fue aprobada el mismo día por la Administración tributaria luxemburguesa. |
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(4)

Una solicitud de resolución fiscal con fecha de 9 de marzo de 2012 (en lo sucesivo «solicitud de resolución fiscal LNG de 2012»), que aclara algunos términos contables utilizados en el cálculo del margen sobre el cual LNG Supply tributa. Esta solicitud de resolución fiscal fue aprobada el mismo día por la Administración tributaria luxemburguesa.

| (5) | Por último, una solicitud de resolución fiscal con fecha de 20 de septiembre de 2013 destinada a aclarar el trato fiscal de una conversión parcial del ZORA LNG (en lo sucesivo, «la solicitud de resolución fiscal LNG relativa a la conversión»). Esta solicitud de resolución fiscal fue aceptada por la Administración tributaria luxemburguesa mediante carta de 13 de marzo de 2014 (en lo sucesivo, «la resolución fiscal LNG relativa a la conversión»). |
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(5)

Por último, una solicitud de resolución fiscal con fecha de 20 de septiembre de 2013 destinada a aclarar el trato fiscal de una conversión parcial del ZORA LNG (en lo sucesivo, «la solicitud de resolución fiscal LNG relativa a la conversión»). Esta solicitud de resolución fiscal fue aceptada por la Administración tributaria luxemburguesa mediante carta de 13 de marzo de 2014 (en lo sucesivo, «la resolución fiscal LNG relativa a la conversión»).

| (30) | El segundo conjunto de resoluciones fiscales aborda la transferencia de actividades de gestión de tesorería y de financiación (en lo sucesivo, «la actividad de financiación y de gestión de tesorería») (30) de CEF a GSTM. Comprende dos resoluciones fiscales emitidas por la Administración tributaria luxemburguesa en respuesta a las solicitudes de resoluciones fiscales presentadas por el asesor fiscal en nombre de diferentes empresas de Engie (denominadas conjuntamente las «resoluciones fiscales GSTM»).






  (1) | La primera resolución fiscal fue dictada por la Administración tributaria luxemburguesa el 9 de febrero de 2010 (en lo sucesivo, «la resolución fiscal GSTM 2010»). Responde a una solicitud de resolución fiscal realizada en la misma fecha (en lo sucesivo, «la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010») sobre el trato fiscal de los contratos utilizados para financiar la transferencia de la actividad de financiación y de gestión de tesorería de CEF a GSTM (el ZORA GSTM y el contrato de futuros GSTM). |
| --- | --- | --- |

(30)

El segundo conjunto de resoluciones fiscales aborda la transferencia de actividades de gestión de tesorería y de financiación (en lo sucesivo, «la actividad de financiación y de gestión de tesorería») (30) de CEF a GSTM. Comprende dos resoluciones fiscales emitidas por la Administración tributaria luxemburguesa en respuesta a las solicitudes de resoluciones fiscales presentadas por el asesor fiscal en nombre de diferentes empresas de Engie (denominadas conjuntamente las «resoluciones fiscales GSTM»).

30

(1)

La primera resolución fiscal fue dictada por la Administración tributaria luxemburguesa el 9 de febrero de 2010 (en lo sucesivo, «la resolución fiscal GSTM 2010»). Responde a una solicitud de resolución fiscal realizada en la misma fecha (en lo sucesivo, «la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010») sobre el trato fiscal de los contratos utilizados para financiar la transferencia de la actividad de financiación y de gestión de tesorería de CEF a GSTM (el ZORA GSTM y el contrato de futuros GSTM).

| (2) | La resolución fiscal GSTM de 2010 se completó mediante una solicitud de resolución fiscal con fecha de 15 de junio de 2012 relativa, entre otros, a un posible incremento del importe del ZORA GSTM (en lo sucesivo, «solicitud de resolución fiscal GSTM 2012»). Esta solicitud de resolución fiscal fue aprobada el mismo día por la Administración tributaria luxemburguesa (en lo sucesivo, «la resolución fiscal GSTM 2012»). |
| --- | --- |

(2)

La resolución fiscal GSTM de 2010 se completó mediante una solicitud de resolución fiscal con fecha de 15 de junio de 2012 relativa, entre otros, a un posible incremento del importe del ZORA GSTM (en lo sucesivo, «solicitud de resolución fiscal GSTM 2012»). Esta solicitud de resolución fiscal fue aprobada el mismo día por la Administración tributaria luxemburguesa (en lo sucesivo, «la resolución fiscal GSTM 2012»).

| (31) | Las sociedades de cartera de cada una de las estructuras establecidas en las resoluciones fiscales LNG y las resoluciones fiscales GSTM son, respectivamente, LNG Holding y CEF (en conjunto denominadas «sociedades de cartera»). Las entidades intermediarias que conceden los ZORA son, respectivamente, GDF Suez LNG (Luxemburgo) S.à.r.l. (en lo sucesivo, «LNG Luxembourg») y Electrabel Invest Luxembourg SA (en lo sucesivo «EIL», en conjunto con LNG Luxembourg, los «acreedores»). Por último, las filiales que adquieren y explotan la actividad de GNL y la actividad de financiación y gestión de tesorería son, respectivamente, LNG Supply y GSTM (denominadas colectivamente las «filiales»). |
| --- | --- |

(31)

Las sociedades de cartera de cada una de las estructuras establecidas en las resoluciones fiscales LNG y las resoluciones fiscales GSTM son, respectivamente, LNG Holding y CEF (en conjunto denominadas «sociedades de cartera»). Las entidades intermediarias que conceden los ZORA son, respectivamente, GDF Suez LNG (Luxemburgo) S.à.r.l. (en lo sucesivo, «LNG Luxembourg») y Electrabel Invest Luxembourg SA (en lo sucesivo «EIL», en conjunto con LNG Luxembourg, los «acreedores»). Por último, las filiales que adquieren y explotan la actividad de GNL y la actividad de financiación y gestión de tesorería son, respectivamente, LNG Supply y GSTM (denominadas colectivamente las «filiales»).

2.2.3.   DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS RESOLUCIONES FISCALES LNG

2.2.3.1.   
  Las operaciones descritas en las resoluciones fiscales LNG

Las operaciones descritas en las resoluciones fiscales LNG

| (32) | De acuerdo con la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, LNG Trading incorporará dos nuevas sociedades luxemburguesas sujetas a impuestos: LNG Luxembourg y LNG Supply. La solicitud de resolución fiscal LNG de 2008 especificaba que la actividad de GNL se vendería a LNG Luxembourg, que a su vez la vendería a LNG Supply (31). Sin embargo, se han introducido cambios en esta estructura: según la solicitud de resolución fiscal LNG de 2009, CEF primero adquirió las acciones de LNG Trading, antes de integrar a LNG Luxembourg, LNG Supply y LNG Holding. Entonces, LNG Holding asumió el papel de LNG Trading (32) en la estructura (33). |
| --- | --- |

(32)

De acuerdo con la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, LNG Trading incorporará dos nuevas sociedades luxemburguesas sujetas a impuestos: LNG Luxembourg y LNG Supply. La solicitud de resolución fiscal LNG de 2008 especificaba que la actividad de GNL se vendería a LNG Luxembourg, que a su vez la vendería a LNG Supply (31). Sin embargo, se han introducido cambios en esta estructura: según la solicitud de resolución fiscal LNG de 2009, CEF primero adquirió las acciones de LNG Trading, antes de integrar a LNG Luxembourg, LNG Supply y LNG Holding. Entonces, LNG Holding asumió el papel de LNG Trading (32) en la estructura (33).

31

32

33

| (33) | La estructura se aplicará de la manera siguiente:






  (1) | LNG Supply adquiere la actividad comercial de LNG Trading (la actividad de GNL) a un precio estimado de aproximadamente 750 millones USD; |
| --- | --- | --- |

(33)

La estructura se aplicará de la manera siguiente:

(1)

LNG Supply adquiere la actividad comercial de LNG Trading (la actividad de GNL) a un precio estimado de aproximadamente 750 millones USD;

| (2) | LNG Supply financia el precio de compra por medio de un préstamo sin intereses obligatoriamente convertible de 15 años en USD (el ZORA LNG) concedido por LNG Luxembourg. En la conversión del préstamo (34), LNG Supply emite acciones (en lo sucesivo «acciones LNG Supply») que incorporan el importe nominal del ZORA con la suma o la deducción de las adiciones al ZORA; |
| --- | --- |

(2)

LNG Supply financia el precio de compra por medio de un préstamo sin intereses obligatoriamente convertible de 15 años en USD (el ZORA LNG) concedido por LNG Luxembourg. En la conversión del préstamo (34), LNG Supply emite acciones (en lo sucesivo «acciones LNG Supply») que incorporan el importe nominal del ZORA con la suma o la deducción de las adiciones al ZORA;

34

| (3) | Por su parte, LNG Luxembourg financia la inversión en el ZORA LNG a través de un contrato de futuros LNG celebrado con LNG Holding. De conformidad con este contrato, LNG Luxembourg se compromete a ceder a LNG Holding las acciones de LNG Supply. El precio de las acciones de LNG Supply corresponde al importe nominal del ZORA LNG (35). |
| --- | --- |

(3)

Por su parte, LNG Luxembourg financia la inversión en el ZORA LNG a través de un contrato de futuros LNG celebrado con LNG Holding. De conformidad con este contrato, LNG Luxembourg se compromete a ceder a LNG Holding las acciones de LNG Supply. El precio de las acciones de LNG Supply corresponde al importe nominal del ZORA LNG (35).

35

2.2.3.2.   
  Los contratos firmados entre las partes

Los contratos firmados entre las partes

| (34) | Luxemburgo presentó las copias de los contratos que informan sobre la aplicación por parte de Engie de las operaciones descritas en las resoluciones fiscales LNG:






  (1) | un contrato de trasferencia de actividades celebrado entre LNG Trading y LNG Supply el 30 de octubre de 2009 (en lo sucesivo, «el contrato de transferencia LNG») (36) en virtud del cual la primera se compromete a transferir a la segunda la actividad de GNL por un precio de 657 millones USD (37) a cambio de dos pagarés emitidos por LNG Supply (en calidad de prestatario) a favor de LNG Trading (en calidad de prestamista), y cuyos importes respectivos ascienden a 11 000 000 USD y a 646 000 000 USD (38); |
| --- | --- | --- |

(34)

Luxemburgo presentó las copias de los contratos que informan sobre la aplicación por parte de Engie de las operaciones descritas en las resoluciones fiscales LNG:

(1)

un contrato de trasferencia de actividades celebrado entre LNG Trading y LNG Supply el 30 de octubre de 2009 (en lo sucesivo, «el contrato de transferencia LNG») (36) en virtud del cual la primera se compromete a transferir a la segunda la actividad de GNL por un precio de 657 millones USD (37) a cambio de dos pagarés emitidos por LNG Supply (en calidad de prestatario) a favor de LNG Trading (en calidad de prestamista), y cuyos importes respectivos ascienden a 11 000 000 USD y a 646 000 000 USD (38);

36

37

38

| (2) | un contrato de préstamo obligatoriamente convertible celebrado entre LNG Luxembourg y LNG Supply el 30 de octubre de 2009 (en lo sucesivo, «el contrato ZORA LNG») (39). En virtud de este contrato, LNG Luxembourg concede un préstamo a LNG Supply (40), reembolsable mediante la emisión de acciones de LNG Supply (41). La duración máxima del préstamo es de 15 años. Por lo tanto, vence el 30 de octubre de 2024 (42). Al final de este período, se convertirá en acciones, salvo que anteriormente una de las partes ya lo haya convertido con el acuerdo por escrito de la otra (43). El «precio de emisión» del préstamo es de 646 millones USD (44). El precio de conversión equivaldrá al «precio de emisión» con la suma de las adiciones al ZORA acumuladas a la fecha de la conversión (45). Como se explica en el punto 2.2.3.6, el ZORA LNG se convirtió parcialmente en 2014; |
| --- | --- |

(2)

un contrato de préstamo obligatoriamente convertible celebrado entre LNG Luxembourg y LNG Supply el 30 de octubre de 2009 (en lo sucesivo, «el contrato ZORA LNG») (39). En virtud de este contrato, LNG Luxembourg concede un préstamo a LNG Supply (40), reembolsable mediante la emisión de acciones de LNG Supply (41). La duración máxima del préstamo es de 15 años. Por lo tanto, vence el 30 de octubre de 2024 (42). Al final de este período, se convertirá en acciones, salvo que anteriormente una de las partes ya lo haya convertido con el acuerdo por escrito de la otra (43). El «precio de emisión» del préstamo es de 646 millones USD (44). El precio de conversión equivaldrá al «precio de emisión» con la suma de las adiciones al ZORA acumuladas a la fecha de la conversión (45). Como se explica en el punto 2.2.3.6, el ZORA LNG se convirtió parcialmente en 2014;

39

40

41

42

43

44

45

| (3) | un contrato de compra de acciones de futuros prepagado celebrado entre LNG Holding y LNG Luxembourg a la misma fecha (46). En virtud de este contrato, LNG Holding compra todos los derechos de LNG Luxembourg sobre las acciones de LNG Supply por 646 millones USD (47), es decir el mismo importe que el «precio de emisión» del ZORA LNG. Las acciones de LNG Supply se transferirán a LNG Holding a la fecha de su emisión (48). |
| --- | --- |

(3)

un contrato de compra de acciones de futuros prepagado celebrado entre LNG Holding y LNG Luxembourg a la misma fecha (46). En virtud de este contrato, LNG Holding compra todos los derechos de LNG Luxembourg sobre las acciones de LNG Supply por 646 millones USD (47), es decir el mismo importe que el «precio de emisión» del ZORA LNG. Las acciones de LNG Supply se transferirán a LNG Holding a la fecha de su emisión (48).

46

47

48

2.2.3.3.   
  El trato fiscal de LNG Supply

El trato fiscal de LNG Supply

| (35) | Según la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, aprobada por la Administración tributaria luxemburguesa, los beneficios anuales generados por LNG Supply serán iguales a un margen acordado con la Administración tributaria luxemburguesa (en lo sucesivo, «margen LNG»). Por lo tanto, LNG Supply solo tributará según este margen. La diferencia entre el beneficio real generado cada año por LNG Supply y el margen LNG (las adiciones al ZORA) se considera una carga deducible vinculada al ZORA LNG (49). |
| --- | --- |

(35)

Según la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, aprobada por la Administración tributaria luxemburguesa, los beneficios anuales generados por LNG Supply serán iguales a un margen acordado con la Administración tributaria luxemburguesa (en lo sucesivo, «margen LNG»). Por lo tanto, LNG Supply solo tributará según este margen. La diferencia entre el beneficio real generado cada año por LNG Supply y el margen LNG (las adiciones al ZORA) se considera una carga deducible vinculada al ZORA LNG (49).

49

| (36) | El margen LNG se fija en la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008 en un importe correspondiente a «un margen global neto de [1/(50-100)%] del valor de los activos brutos, tal como se indica en el balance de [LNG Supply], sin embargo este margen neto no es inferior al [0,0-0,50] % del volumen de negocios bruto anual de la sociedad (50)». Según la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, «el margen LNG se considerará de plena competencia», porque LNG Supply no «asumirá el riesgo de cambio ni el riesgo de deudas incobrables por su actividad» (51). La solicitud de resolución fiscal LNG de 2008 también explica que «los ingresos brutos de [LNG Supply] [...], tras deducir todos los gastos de operación asumidos y las tasas del ZORA, equivale aproximadamente al margen LNG» (52). |
| --- | --- |

(36)

El margen LNG se fija en la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008 en un importe correspondiente a «un margen global neto de [1/(50-100)%] del valor de los activos brutos, tal como se indica en el balance de [LNG Supply], sin embargo este margen neto no es inferior al [0,0-0,50] % del volumen de negocios bruto anual de la sociedad (50)». Según la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, «el margen LNG se considerará de plena competencia», porque LNG Supply no «asumirá el riesgo de cambio ni el riesgo de deudas incobrables por su actividad» (51). La solicitud de resolución fiscal LNG de 2008 también explica que «los ingresos brutos de [LNG Supply] [...], tras deducir todos los gastos de operación asumidos y las tasas del ZORA, equivale aproximadamente al margen LNG» (52).

50

51

52

| (37) | En otras palabras, antes de la conversión del ZORA, los ingresos anuales imponibles de LNG Supply se limitan al margen LNG. La conversión no tiene ninguna incidencia en los ingresos anuales imponibles de LNG Supply, sabiendo que LNG Supply dedujo el importe de las adiciones al ZORA cada año antes de la conversión. |
| --- | --- |

(37)

En otras palabras, antes de la conversión del ZORA, los ingresos anuales imponibles de LNG Supply se limitan al margen LNG. La conversión no tiene ninguna incidencia en los ingresos anuales imponibles de LNG Supply, sabiendo que LNG Supply dedujo el importe de las adiciones al ZORA cada año antes de la conversión.

2.2.3.4.   
  El trato fiscal de LNG Luxembourg

El trato fiscal de LNG Luxembourg

| (38) | La solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, aprobada por la Administración tributaria luxemburguesa, permite a LNG Luxembourg, durante la vigencia de ZORA LNG mantener el valor de ZORA en sus cuentas al valor contable (53), o, en su defecto, aumentar (o reducir) su valor, de su precio de adquisición hasta el precio de reembolso anticipado (54). Por lo tanto, a lo largo de la vigencia de ZORA LNG, LNG Luxembourg puede optar por no reconocer ningún ingreso imponible, ni gasto fiscalmente deducible en relación con ZORA. Como se explica en el considerando 52, LNG Luxembourg optó por mantener el reconocimiento del ZORA en su valor contable. |
| --- | --- |

(38)

La solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, aprobada por la Administración tributaria luxemburguesa, permite a LNG Luxembourg, durante la vigencia de ZORA LNG mantener el valor de ZORA en sus cuentas al valor contable (53), o, en su defecto, aumentar (o reducir) su valor, de su precio de adquisición hasta el precio de reembolso anticipado (54). Por lo tanto, a lo largo de la vigencia de ZORA LNG, LNG Luxembourg puede optar por no reconocer ningún ingreso imponible, ni gasto fiscalmente deducible en relación con ZORA. Como se explica en el considerando 52, LNG Luxembourg optó por mantener el reconocimiento del ZORA en su valor contable.

53

54

| (39) | En la conversión, LNG Luxembourg recibirá las acciones de LNG Supply, cuyo valor integrará el precio de emisión del ZORA y las adiciones al ZORA acumuladas a la fecha de conversión. Según la solicitud de resolución fiscal de 2008, la conversión está regida por el régimen de excepción previsto en el artículo 22 bis de la Ley relativa al impuesto sobre los ingresos (Ley modificada de 4 de diciembre de 1967 relativa al impuesto sobre los ingresos; en lo sucesivo, «la LIR»), a menos que LNG Supply decida no aplicarla (55). De acuerdo con esta disposición, la conversión del préstamo en acciones no dará lugar a una plusvalía imponible (56). Por consiguiente, las adiciones al ZORA que LNG Luxembourg recibirá en la conversión no tributarán en el momento de la conversión (57). |
| --- | --- |

(39)

En la conversión, LNG Luxembourg recibirá las acciones de LNG Supply, cuyo valor integrará el precio de emisión del ZORA y las adiciones al ZORA acumuladas a la fecha de conversión. Según la solicitud de resolución fiscal de 2008, la conversión está regida por el régimen de excepción previsto en el artículo 22 bis de la Ley relativa al impuesto sobre los ingresos (Ley modificada de 4 de diciembre de 1967 relativa al impuesto sobre los ingresos; en lo sucesivo, «la LIR»), a menos que LNG Supply decida no aplicarla (55). De acuerdo con esta disposición, la conversión del préstamo en acciones no dará lugar a una plusvalía imponible (56). Por consiguiente, las adiciones al ZORA que LNG Luxembourg recibirá en la conversión no tributarán en el momento de la conversión (57).

bis

55

56

57

2.2.3.5.   
  El trato fiscal de LNG Holding

El trato fiscal de LNG Holding

| (40) | Según la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, aprobada por la Administración tributaria luxemburguesa, LNG Holding registrará el pago recibido en virtud del contrato de futuros bajo el concepto «inmovilizaciones financieras» (58). La solicitud de resolución fiscal LNG de 2008 explica que estos activos «serán y continuarán evaluándose a precio de coste» (59). Por lo tanto, LNG Holding no registrará ingresos imponibles ni tasas deducibles fiscalmente antes de la conversión del ZORA, y la transferencia de LNG Luxembourg de las acciones de LNG Supply emitidas de nuevo. |
| --- | --- |

(40)

Según la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, aprobada por la Administración tributaria luxemburguesa, LNG Holding registrará el pago recibido en virtud del contrato de futuros bajo el concepto «inmovilizaciones financieras» (58). La solicitud de resolución fiscal LNG de 2008 explica que estos activos «serán y continuarán evaluándose a precio de coste» (59). Por lo tanto, LNG Holding no registrará ingresos imponibles ni tasas deducibles fiscalmente antes de la conversión del ZORA, y la transferencia de LNG Luxembourg de las acciones de LNG Supply emitidas de nuevo.

58

59

| (41) | La solicitud de resolución fiscal LNG de 2008 también pide la confirmación de que «a efectos del artículo 166 de la LIR [...] la participación adquirida por [LNG Holding] en virtud del contrato de futuros [LNG] se tratará como tal desde el momento en que se celebre el contrato de futuros [LNG]» (60) y que «todos los ingresos (dividendos y plusvalías) generados por sociedades luxemburgueses y derivados de las mismas estarán exentos sobre la base del artículo 166 de la LII» (61). Tal como se explica en la sección 2.3.2, el artículo 166 de la LIR es la disposición de la Ley relativa al impuesto sobre los ingresos que rige la exención de los rendimientos de participaciones en Luxemburgo. En virtud del sistema de exención de los rendimientos de participaciones, los ingresos procedentes de participaciones de otras entidades, como las acciones, están exentos si se cumplen determinadas condiciones. |
| --- | --- |

(41)

La solicitud de resolución fiscal LNG de 2008 también pide la confirmación de que «a efectos del artículo 166 de la LIR [...] la participación adquirida por [LNG Holding] en virtud del contrato de futuros [LNG] se tratará como tal desde el momento en que se celebre el contrato de futuros [LNG]» (60) y que «todos los ingresos (dividendos y plusvalías) generados por sociedades luxemburgueses y derivados de las mismas estarán exentos sobre la base del artículo 166 de la LII» (61). Tal como se explica en la sección 2.3.2, el artículo 166 de la LIR es la disposición de la Ley relativa al impuesto sobre los ingresos que rige la exención de los rendimientos de participaciones en Luxemburgo. En virtud del sistema de exención de los rendimientos de participaciones, los ingresos procedentes de participaciones de otras entidades, como las acciones, están exentos si se cumplen determinadas condiciones.

desde el momento en que se celebre el contrato de futuros [LNG]

60

61

| (42) | Por lo tanto, los ingresos imponibles asociados a la tenencia de acciones de LNG Supply emitidas en el contexto de la conversión del ZORA LNG estarán exentos de impuestos a nivel de LNG Holding, si se cumplen las condiciones del artículo 166 de la LIR. |
| --- | --- |

(42)

Por lo tanto, los ingresos imponibles asociados a la tenencia de acciones de LNG Supply emitidas en el contexto de la conversión del ZORA LNG estarán exentos de impuestos a nivel de LNG Holding, si se cumplen las condiciones del artículo 166 de la LIR.

2.2.3.6.   
  La resolución fiscal LNG relativa a la conversión

La resolución fiscal LNG relativa a la conversión

| (43) | Según la solicitud de resolución fiscal LNG sobre la conversión, aprobada por la Administración tributaria luxemburguesa, Engie realizaría una conversión inicial parcial del ZORA LNG a acciones por un importe estimado en esa fecha de [300-400] millones USD. En la fecha de conversión, se adoptaría una resolución para reducir el capital nominal de LNG Supply a un importe equivalente al de la conversión. De acuerdo con la solicitud de resolución fiscal, «[p]ara [LNG Luxembourg], la conversión parcial del ZORA no tiene ninguna incidencia fiscal» (62). «Debido a la reducción del capital de [LNG Supply], [LNG Holding] registrará un beneficio equivalente a la diferencia entre el importe nominal de las acciones convertidas y el importe de la conversión. Este beneficio aparecerá en los libros de contabilidad de [LNG Holding] y está cubierto por la exención de los rendimientos de participaciones» (63). Como consecuencia, el beneficio obtenido por LNG Holding en el momento de la cancelación de las acciones debido a la reducción del capital estará exento de impuestos. Este beneficio corresponde a las adiciones al ZORA integradas en las acciones de LNG Supply recibidas por LNG Holding en la conversión. |
| --- | --- |

(43)

Según la solicitud de resolución fiscal LNG sobre la conversión, aprobada por la Administración tributaria luxemburguesa, Engie realizaría una conversión inicial parcial del ZORA LNG a acciones por un importe estimado en esa fecha de [300-400] millones USD. En la fecha de conversión, se adoptaría una resolución para reducir el capital nominal de LNG Supply a un importe equivalente al de la conversión. De acuerdo con la solicitud de resolución fiscal, «[p]ara [LNG Luxembourg], la conversión parcial del ZORA no tiene ninguna incidencia fiscal» (62). «Debido a la reducción del capital de [LNG Supply], [LNG Holding] registrará un beneficio equivalente a la diferencia entre el importe nominal de las acciones convertidas y el importe de la conversión. Este beneficio aparecerá en los libros de contabilidad de [LNG Holding] y está cubierto por la exención de los rendimientos de participaciones» (63). Como consecuencia, el beneficio obtenido por LNG Holding en el momento de la cancelación de las acciones debido a la reducción del capital estará exento de impuestos. Este beneficio corresponde a las adiciones al ZORA integradas en las acciones de LNG Supply recibidas por LNG Holding en la conversión.

62

63

2.2.3.7.   
  Ejecución de las resoluciones fiscales LNG

Ejecución de las resoluciones fiscales LNG

| (44) | Las declaraciones fiscales presentadas por Luxemburgo reflejan el trato fiscal concedido a las empresas implicadas en las operaciones descritas en las resoluciones fiscales LNG. |
| --- | --- |

(44)

Las declaraciones fiscales presentadas por Luxemburgo reflejan el trato fiscal concedido a las empresas implicadas en las operaciones descritas en las resoluciones fiscales LNG.

2.2.3.7.1.   LNG Supply

LNG Supply

| (45) | Las cuentas sociales de LNG Supply del año 2010 indican que en 2009 se celebró «un contrato de préstamo obligatoriamente convertible en acciones entre LNG Luxembourg y LNG Supply» por un importe de 646 millones USD y una duración de 15 años a partir del 30 de octubre de 2009 (64). |
| --- | --- |

(45)

Las cuentas sociales de LNG Supply del año 2010 indican que en 2009 se celebró «un contrato de préstamo obligatoriamente convertible en acciones entre LNG Luxembourg y LNG Supply» por un importe de 646 millones USD y una duración de 15 años a partir del 30 de octubre de 2009 (64).

64

| (46) | El ZORA LNG está registrado en el pasivo del balance e incluido en la declaración fiscal de LNG Supply por un importe equivalente al valor nominal del ZORA (646 millones USD) de 2009 a 2013 (65). En 2014, el importe se redujo en 193,8 millones USD para alcanzar los [300-600] millones USD tras la conversión parcial realizada durante el año (66). |
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(46)

El ZORA LNG está registrado en el pasivo del balance e incluido en la declaración fiscal de LNG Supply por un importe equivalente al valor nominal del ZORA (646 millones USD) de 2009 a 2013 (65). En 2014, el importe se redujo en 193,8 millones USD para alcanzar los [300-600] millones USD tras la conversión parcial realizada durante el año (66).

65

66

| (47) | Cada año, se registra un importe equivalente a las adiciones anuales al ZORA en el pasivo del balance de LNG Supply (67) como deuda financiera de LNG Supply (68) como contrapartida del gasto correspondiente registrado en la cuenta de resultados. Por lo tanto, este importe se deduce de los ingresos imponibles de LNG Supply. Las adiciones al ZORA acumuladas registradas en las declaraciones fiscales de LNG Supply se presentan en el Cuadro 1. La reducción de 193,8 millones USD de las adiciones al ZORA acumuladas en 2014 se debe al impacto de la conversión parcial del ZORA LNG, que, por otro lado, se compensa parcialmente con las adiciones complementarias al ZORA del año (69).

  Cuadro 1


  Adiciones al ZORA acumuladas registradas en las declaraciones fiscales de LNG Supply | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adiciones al ZORA acumuladas (en millones USD) | 10,9 | 46,8 | 165,6 | [350–400] | [650–700] | [450–550] | 0 | 0 |

(47)

Cada año, se registra un importe equivalente a las adiciones anuales al ZORA en el pasivo del balance de LNG Supply (67) como deuda financiera de LNG Supply (68) como contrapartida del gasto correspondiente registrado en la cuenta de resultados. Por lo tanto, este importe se deduce de los ingresos imponibles de LNG Supply. Las adiciones al ZORA acumuladas registradas en las declaraciones fiscales de LNG Supply se presentan en el Cuadro 1. La reducción de 193,8 millones USD de las adiciones al ZORA acumuladas en 2014 se debe al impacto de la conversión parcial del ZORA LNG, que, por otro lado, se compensa parcialmente con las adiciones complementarias al ZORA del año (69).

67

68

69

Cuadro 1

Cuadro 1

Adiciones al ZORA acumuladas registradas en las declaraciones fiscales de LNG Supply

Adiciones al ZORA acumuladas registradas en las declaraciones fiscales de LNG Supply

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Adiciones al ZORA acumuladas (en millones USD)

10,9

46,8

165,6

[350–400]

[650–700]

[450–550]

0

0

| (48) | LNG Supply está sujeta al margen LNG. Tal como se indica en la Figura 2 del año 2011 (70), el margen LNG se fija al [1/(50-100)%] de la media total de los activos de la sociedad con un mínimo de [0,0-0,50]% del volumen de negocios bruto anual, de acuerdo con la resolución fiscal LNG de 2008. El valor medio de los activos que financian el ZORA ascendió a 752 703 699 USD en 2011. Por lo tanto, el margen de [1/(50-100)%] ascendió a [100 000-150 000] USD. El volumen de negocios registrado fue de 1 573 579 569 USD. Por lo tanto, el margen de [0,0-0,50]% de este importe ascendió a [3 500 000-4 000 000] USD. Por consiguiente, este último importe se consideró la renta imponible de LNG Supply para el período de 2011 (71). De este modo, LNG Supply pagó [500 000-1 500 000] EUR (72) en virtud del impuesto sobre los ingresos de las sociedades para el ejercicio fiscal de 2011.

  Figura 2


  Cálculo de los ingresos imponibles de LNG Supply, tal como se detalla en el anexo 3 de la declaración fiscal de 2011

  Adición al Zora
  El importe de la adición al Zora, tal como se indica en las cuentas anuales, no corresponde a los acuerdos previos firmados por las autoridades tributarias, el 9 septiembre de 2008 y de marzo de 2012.
  Por consiguiente, se ha elaborado un balance fiscal a fin de reflejar el importe correcto. En efecto, tras este acuerdo previo, el margen de la sociedad no tributa (véase a continuación).
  Cálculo del margen
  Margen neto [1/(50-100) %] sobre el valor de los activos brutos (es decir, el valor medio de los activos que financian el Zora) con un mínimo de [0,0-0,5 %] del volumen de negocios bruto derivado de los activos que se transfirieron a la sociedad (es decir, la renta total de la sociedad)
  Margen mínimo









  Producto total | Tasa | Fecha de inicio | Fecha de fin | Margen mínimo (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 573 579 569 | [0,0-0,5 %] | 1/1/11 | 31/12/11 | [3 500 000 -4 000 000 ] |

(48)

LNG Supply está sujeta al margen LNG. Tal como se indica en la Figura 2 del año 2011 (70), el margen LNG se fija al [1/(50-100)%] de la media total de los activos de la sociedad con un mínimo de [0,0-0,50]% del volumen de negocios bruto anual, de acuerdo con la resolución fiscal LNG de 2008. El valor medio de los activos que financian el ZORA ascendió a 752 703 699 USD en 2011. Por lo tanto, el margen de [1/(50-100)%] ascendió a [100 000-150 000] USD. El volumen de negocios registrado fue de 1 573 579 569 USD. Por lo tanto, el margen de [0,0-0,50]% de este importe ascendió a [3 500 000-4 000 000] USD. Por consiguiente, este último importe se consideró la renta imponible de LNG Supply para el período de 2011 (71). De este modo, LNG Supply pagó [500 000-1 500 000] EUR (72) en virtud del impuesto sobre los ingresos de las sociedades para el ejercicio fiscal de 2011.

70

[0,0-0,50]

71

72

Figura 2

Figura 2

Cálculo de los ingresos imponibles de LNG Supply, tal como se detalla en el anexo 3 de la declaración fiscal de 2011

Cálculo de los ingresos imponibles de LNG Supply, tal como se detalla en el anexo 3 de la declaración fiscal de 2011

Adición al Zora

El importe de la adición al Zora, tal como se indica en las cuentas anuales, no corresponde a los acuerdos previos firmados por las autoridades tributarias, el 9 septiembre de 2008 y de marzo de 2012.

Por consiguiente, se ha elaborado un balance fiscal a fin de reflejar el importe correcto. En efecto, tras este acuerdo previo, el margen de la sociedad no tributa (véase a continuación).

Cálculo del margen

Margen neto [1/(50-100) %] sobre el valor de los activos brutos (es decir, el valor medio de los activos que financian el Zora) con un mínimo de [0,0-0,5 %] del volumen de negocios bruto derivado de los activos que se transfirieron a la sociedad (es decir, la renta total de la sociedad)

Margen mínimo

Producto total

Tasa

Fecha de inicio

Fecha de fin

Margen mínimo (USD)

1 573 579 569

[0,0-0,5 %]

1/1/11

31/12/11

[3 500 000 -4 000 000 ]

Margen neto de [1/(50-100 %)] sobre el valor medio de los activos que financian el Zora.

| Fecha | Zora | |
| --- | --- | --- |
| 1/1/11 | 692 817 329 | (Véase la declaración fiscal de 2010) |
| 31/12/2011 | 812 590 069 | |
| Total | 1 505 407 398 | |
| Media | 752 703 699 | |

Fecha

Zora

1/1/11

692 817 329

(Véase la declaración fiscal de 2010)

31/12/2011

812 590 069

Total

1 505 407 398

Media

752 703 699

| Zora | Tasa | Fecha de inicio | Fecha de fin | Margen (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 752 703 699 | [1/(50-100) %] | 1/1/11 | 31/12/11 | [100 000 -150 000 ] |

Zora

Tasa

Fecha de inicio

Fecha de fin

Margen (USD)

752 703 699

[1/(50-100) %]

1/1/11

31/12/11

[100 000 -150 000 ]

| (49) | De acuerdo con las cuentas sociales de LNG Supply del año 2014, la conversión parcial del ZORA LNG se dividió «entre una parte del importe nominal y una parte de adición» (73). Por consiguiente, tanto el importe nominal del ZORA como las adiciones al ZORA acumuladas se redujeron en 193,8 millones USD en 2014 (74). En septiembre de 2014, LNG Supply aumentó su capital en 699,9 millones USD (75) para reembolsar parcialmente el ZORA LNG. Las acciones de LNG Supply se emitieron según el valor nominal y posteriormente se anularon por una reducción de capital por un importe de su valor nominal (76). Esta conversión no tuvo consecuencias fiscales para LNG Supply. |
| --- | --- |

(49)

De acuerdo con las cuentas sociales de LNG Supply del año 2014, la conversión parcial del ZORA LNG se dividió «entre una parte del importe nominal y una parte de adición» (73). Por consiguiente, tanto el importe nominal del ZORA como las adiciones al ZORA acumuladas se redujeron en 193,8 millones USD en 2014 (74). En septiembre de 2014, LNG Supply aumentó su capital en 699,9 millones USD (75) para reembolsar parcialmente el ZORA LNG. Las acciones de LNG Supply se emitieron según el valor nominal y posteriormente se anularon por una reducción de capital por un importe de su valor nominal (76). Esta conversión no tuvo consecuencias fiscales para LNG Supply.

73

74

75

76

| (50) | En 2015, cuando LNG Supply estaba en situación deficitaria, las adiciones al ZORA se volvieron negativas por un importe de [650-850] millones USD, lo cual, en consecuencia, redujo, en primer lugar, las restantes adiciones al ZORA acumuladas (de [450-550] USD) a 0 USD y, en segundo lugar, el valor nominal del saldo pendiente del ZORA LNG a [200-250] millones USD (77). |
| --- | --- |

(50)

En 2015, cuando LNG Supply estaba en situación deficitaria, las adiciones al ZORA se volvieron negativas por un importe de [650-850] millones USD, lo cual, en consecuencia, redujo, en primer lugar, las restantes adiciones al ZORA acumuladas (de [450-550] USD) a 0 USD y, en segundo lugar, el valor nominal del saldo pendiente del ZORA LNG a [200-250] millones USD (77).

77

| (51) | En 2016, las adiciones al ZORA volvían a ser negativas por un importe de [100-200] millones USD, lo cual redujo más el importe del saldo pendiente del ZORA LNG a [100-200] millones USD (78). |
| --- | --- |

(51)

En 2016, las adiciones al ZORA volvían a ser negativas por un importe de [100-200] millones USD, lo cual redujo más el importe del saldo pendiente del ZORA LNG a [100-200] millones USD (78).

78

2.2.3.7.2.   LNG Luxembourg

LNG Luxembourg

| (52) | De acuerdo con las declaraciones fiscales de LNG Luxembourg, el valor del ZORA LNG se mantuvo a su valor nominal (de 646 millones USD) hasta su conversión parcial en 2014 (79), de conformidad con la resolución fiscal LNG de 2008 (80). El contrato de futuros LNG también aparece en la declaración fiscal de LNG Luxembourg como elemento del pasivo con el mismo importe (81). |
| --- | --- |

(52)

De acuerdo con las declaraciones fiscales de LNG Luxembourg, el valor del ZORA LNG se mantuvo a su valor nominal (de 646 millones USD) hasta su conversión parcial en 2014 (79), de conformidad con la resolución fiscal LNG de 2008 (80). El contrato de futuros LNG también aparece en la declaración fiscal de LNG Luxembourg como elemento del pasivo con el mismo importe (81).

79

80

81

| (53) | En 2014, como consecuencia de la conversión parcial, el valor del ZORA LNG (activo) y del contrato de futuros LNG (pasivo) disminuyó en 193,8 millones USD, para llegar a 452,2 millones USD, sin ningún impacto en la cuenta de resultados (82). LNG Luxembourg no optó por la aplicación del artículo 22 bis de la LIR. |
| --- | --- |

(53)

En 2014, como consecuencia de la conversión parcial, el valor del ZORA LNG (activo) y del contrato de futuros LNG (pasivo) disminuyó en 193,8 millones USD, para llegar a 452,2 millones USD, sin ningún impacto en la cuenta de resultados (82). LNG Luxembourg no optó por la aplicación del artículo 22 bis de la LIR.

82

bis

| (54) | En 2015, como se explica en el considerando 50, el valor del ZORA LNG se redujo a [300-600] millones USD debido a las adiciones negativas al ZORA. Por consiguiente, LNG Luxembourg redujo el valor del ZORA LNG en este importe y, al mismo tiempo, redujo el valor del contrato de futuros LNG al mismo importe (83). |
| --- | --- |

(54)

En 2015, como se explica en el considerando 50, el valor del ZORA LNG se redujo a [300-600] millones USD debido a las adiciones negativas al ZORA. Por consiguiente, LNG Luxembourg redujo el valor del ZORA LNG en este importe y, al mismo tiempo, redujo el valor del contrato de futuros LNG al mismo importe (83).

83

| (55) | En 2016, se realizaron correcciones similares en el ZORA LNG y en el contrato de futuros LNG, reduciendo su valor a [100-200] millones USD (84). |
| --- | --- |

(55)

En 2016, se realizaron correcciones similares en el ZORA LNG y en el contrato de futuros LNG, reduciendo su valor a [100-200] millones USD (84).

84

2.2.3.7.3.   LNG Holding

LNG Holding

| (56) | El ZORA se incluye en las cuentas sociales de LNG Holding como activo financiero (85). Desde 2012, una participación de LNG Supply de un importe equivalente al nominal del ZORA LNG también aparece en la declaración fiscal de LNG Holding en la categoría de participaciones admisibles para la exención de los rendimientos de participaciones en virtud del artículo 166 de la LIR (86). |
| --- | --- |

(56)

El ZORA se incluye en las cuentas sociales de LNG Holding como activo financiero (85). Desde 2012, una participación de LNG Supply de un importe equivalente al nominal del ZORA LNG también aparece en la declaración fiscal de LNG Holding en la categoría de participaciones admisibles para la exención de los rendimientos de participaciones en virtud del artículo 166 de la LIR (86).

85

86

| (57) | De acuerdo con la declaración fiscal y las cuentas sociales de LNG Holding de 2014, la anulación de las acciones de LNG Supply recibidas tras la conversión parcial del ZORA LNG en 2014 generó una plusvalía de 506,2 millones USD (87), que no estuvo sujeta a impuestos por la aplicación del régimen de exención de los rendimientos de participaciones (artículo 166 de la LIR). |
| --- | --- |

(57)

De acuerdo con la declaración fiscal y las cuentas sociales de LNG Holding de 2014, la anulación de las acciones de LNG Supply recibidas tras la conversión parcial del ZORA LNG en 2014 generó una plusvalía de 506,2 millones USD (87), que no estuvo sujeta a impuestos por la aplicación del régimen de exención de los rendimientos de participaciones (artículo 166 de la LIR).

87

| (58) | En 2015 y en 2016, LNG Holding registró una corrección por pérdida de valor en el contrato de futuros LNG que reflejaba la bajada de valor del ZORA LNG, como resultado de las adiciones negativas al ZORA, tal como se explica en los considerandos 50 y 51 (88). Este gasto por pérdida de valor se consigna en la cuenta de resultados de LNG Holding. |
| --- | --- |

(58)

En 2015 y en 2016, LNG Holding registró una corrección por pérdida de valor en el contrato de futuros LNG que reflejaba la bajada de valor del ZORA LNG, como resultado de las adiciones negativas al ZORA, tal como se explica en los considerandos 50 y 51 (88). Este gasto por pérdida de valor se consigna en la cuenta de resultados de LNG Holding.

88

2.2.4.   DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS RESOLUCIONES FISCALES GSTM

2.2.4.1.   
  Las operaciones descritas en las resoluciones fiscales GSTM

Las operaciones descritas en las resoluciones fiscales GSTM

| (59) | Según la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010, Engie se propone aplicar una estructura similar a la descrita en las resoluciones fiscales LNG: GSTM adquiere la actividad de financiación y de gestión de tesorería y financia la adquisición mediante el ZORA GSTM concedido por EIL. En la conversión (89), GSTM emite acciones (en lo sucesivo, «acciones GSTM») que incluyen el importe nominal del ZORA con la suma o la deducción de las adiciones al ZORA. Por su parte, EIL financia la inversión en el ZORA GSTM a través del contrato de futuros GSTM celebrado con CEF. En virtud de este contrato, EIL se compromete a ceder acciones de GSTM a CEF. El precio de venta de las acciones GSTM corresponde al valor nominal del ZORA GSTM. (90) |
| --- | --- |

(59)

Según la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010, Engie se propone aplicar una estructura similar a la descrita en las resoluciones fiscales LNG: GSTM adquiere la actividad de financiación y de gestión de tesorería y financia la adquisición mediante el ZORA GSTM concedido por EIL. En la conversión (89), GSTM emite acciones (en lo sucesivo, «acciones GSTM») que incluyen el importe nominal del ZORA con la suma o la deducción de las adiciones al ZORA. Por su parte, EIL financia la inversión en el ZORA GSTM a través del contrato de futuros GSTM celebrado con CEF. En virtud de este contrato, EIL se compromete a ceder acciones de GSTM a CEF. El precio de venta de las acciones GSTM corresponde al valor nominal del ZORA GSTM. (90)

89

90

| (60) | La solicitud de resolución fiscal GSTM de 2012 contiene un análisis fiscal de un ZORA idéntico que equivale al de la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, aparte del hecho de que esta resolución fiscal prevé, entre otras cosas, un posible aumento en el futuro del importe del ZORA GSTM (91). |
| --- | --- |

(60)

La solicitud de resolución fiscal GSTM de 2012 contiene un análisis fiscal de un ZORA idéntico que equivale al de la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, aparte del hecho de que esta resolución fiscal prevé, entre otras cosas, un posible aumento en el futuro del importe del ZORA GSTM (91).

91

2.2.4.2.   
  Los contratos firmados entre las partes

Los contratos firmados entre las partes

| (61) | Luxemburgo ha presentado copias de los documentos y contratos que informan sobre la ejecución por parte de Engie de las operaciones descritas en las resoluciones fiscales GSTM:






  (1) | un documento titulado «Propuesta de cesión de un sector de actividad», presentado en el Registro mercantil y de sociedades de Luxemburgo el 13 de mayo de 2011 (en lo sucesivo, «la propuesta de cesión a GSTM») (92). Según este documento, CEF pretende ceder a GSTM la actividad de financiación y de gestión de tesorería por un importe de 1 036 912 506,84 EUR. De acuerdo con la propuesta de cesión a GSTM, CEF transfiere estas actividades a cambio de un pagaré de GSTM (93); |
| --- | --- | --- |

(61)

Luxemburgo ha presentado copias de los documentos y contratos que informan sobre la ejecución por parte de Engie de las operaciones descritas en las resoluciones fiscales GSTM:

(1)

un documento titulado «Propuesta de cesión de un sector de actividad», presentado en el Registro mercantil y de sociedades de Luxemburgo el 13 de mayo de 2011 (en lo sucesivo, «la propuesta de cesión a GSTM») (92). Según este documento, CEF pretende ceder a GSTM la actividad de financiación y de gestión de tesorería por un importe de 1 036 912 506,84 EUR. De acuerdo con la propuesta de cesión a GSTM, CEF transfiere estas actividades a cambio de un pagaré de GSTM (93);

92

93

| (2) | dos contratos de préstamo obligatoriamente convertibles celebrados por EIL y GSTM, uno con fecha de 17 de junio de 2011 y el otro de 30 de junio de 2014 (en lo sucesivo, «los contratos ZORA») (94), con casi el mismo contenido (95). En virtud de los contratos ZORA GSTM, EIL concede a GSTM un préstamo (96) reembolsable mediante la emisión de acciones GSTM (97). Este préstamo vence el 17 de junio de 2026 (98). Al final de este período, se convertirá en acciones, salvo que anteriormente una de las partes ya lo haya convertido con el acuerdo por escrito de la otra (99). El «precio de emisión» del préstamo es de 1 036 912 507 EUR (100). El precio de conversión equivaldrá al «precio de emisión» con la suma de las adiciones al ZORA acumuladas a la fecha de la conversión (101); |
| --- | --- |

(2)

dos contratos de préstamo obligatoriamente convertibles celebrados por EIL y GSTM, uno con fecha de 17 de junio de 2011 y el otro de 30 de junio de 2014 (en lo sucesivo, «los contratos ZORA») (94), con casi el mismo contenido (95). En virtud de los contratos ZORA GSTM, EIL concede a GSTM un préstamo (96) reembolsable mediante la emisión de acciones GSTM (97). Este préstamo vence el 17 de junio de 2026 (98). Al final de este período, se convertirá en acciones, salvo que anteriormente una de las partes ya lo haya convertido con el acuerdo por escrito de la otra (99). El «precio de emisión» del préstamo es de 1 036 912 507 EUR (100). El precio de conversión equivaldrá al «precio de emisión» con la suma de las adiciones al ZORA acumuladas a la fecha de la conversión (101);

94

95

96

97

98

99

100

101

| (3) | un contrato de compra de acciones de futuros prepagado celebrado entre CEF y EIL el 17 de junio de 2011 (el contrato de futuros GSTM) (102). En virtud de este contrato, CEF compra todos los derechos de EIL sobre las acciones GSTM a un precio equivalente al «precio de emisión» del ZORA GSTM (103). Las acciones GSTM se transferirán a CEF en la fecha de su emisión (104). |
| --- | --- |

(3)

un contrato de compra de acciones de futuros prepagado celebrado entre CEF y EIL el 17 de junio de 2011 (el contrato de futuros GSTM) (102). En virtud de este contrato, CEF compra todos los derechos de EIL sobre las acciones GSTM a un precio equivalente al «precio de emisión» del ZORA GSTM (103). Las acciones GSTM se transferirán a CEF en la fecha de su emisión (104).

102

103

104

2.2.4.3.   
  El trato fiscal de GSTM

El trato fiscal de GSTM

| (62) | De acuerdo con la solicitud de resolución fiscal de 2010, aprobada por la Administración tributaria luxemburguesa, la renta imponible anual de GSTM es igual a un margen acordado con la Administración tributaria luxemburguesa (en lo sucesivo, «el margen GSTM»). Por consiguiente, solo se gravará a GSTM sobre este margen. La diferencia entre el beneficio real generado por GSTM y el margen GSTM (las adiciones al ZORA) se considera una carga deducible vinculada al ZORA GSTM (105). |
| --- | --- |

(62)

De acuerdo con la solicitud de resolución fiscal de 2010, aprobada por la Administración tributaria luxemburguesa, la renta imponible anual de GSTM es igual a un margen acordado con la Administración tributaria luxemburguesa (en lo sucesivo, «el margen GSTM»). Por consiguiente, solo se gravará a GSTM sobre este margen. La diferencia entre el beneficio real generado por GSTM y el margen GSTM (las adiciones al ZORA) se considera una carga deducible vinculada al ZORA GSTM (105).

105

| (63) | El margen GSTM se fija en la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010 en un importe que corresponde a «un margen global neto de [1/(50-100)]% del valor principal de todos sus activos, incluidos los activos financiados por préstamos normales» (106). En la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010, el margen GSTM se considera acorde con el principio de plena competencia (107). |
| --- | --- |

(63)

El margen GSTM se fija en la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010 en un importe que corresponde a «un margen global neto de [1/(50-100)]% del valor principal de todos sus activos, incluidos los activos financiados por préstamos normales» (106). En la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010, el margen GSTM se considera acorde con el principio de plena competencia (107).

106

107

| (64) | En la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2012, se prevé una modificación del margen GSTM. Indica que su importe «se determinará en una “APA letter” posterior, acompañada de un “TP [transfer pricing] report [informe de los precios de transferencia]”» (108). Según las cuentas sociales de GSTM de 2011 (109), la modificación del margen GSTM a partir del 1 de enero de 2012 se debió a la entrada en vigor de la circular administrativa de 28 de enero de 2011 relativa a las operaciones de financiación intragrupo (en lo sucesivo, «la circular 164/2») (110). Esta circular exigía la transmisión de estudios de precios de transferencia en el marco de las solicitudes destinadas a obtener una resolución fiscal que apruebe los precios de transferencia para las operaciones de financiación intragrupo (como el margen GSTM) (111). Por consiguiente, el asesor fiscal presentó, mediante cartas de 11 de julio de 2012 y 11 de noviembre de 2013, dos solicitudes de resolución fiscal acompañadas de estudios de precios de transferencia sobre el establecimiento del margen GSTM (112). Según Luxemburgo, la Administración tributaria no aprobó estas solicitudes de resolución fiscal. En otras palabras, la Administración tributaria luxemburguesa no emitió ninguna resolución fiscal que confirmara el importe del margen GSTM propuesto por el asesor fiscal de Engie en las cartas de 11 de julio de 2012 y de 11 de noviembre de 2013 (113). |
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(64)

En la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2012, se prevé una modificación del margen GSTM. Indica que su importe «se determinará en una “APA letter” posterior, acompañada de un “TP [transfer pricing] report [informe de los precios de transferencia]”» (108). Según las cuentas sociales de GSTM de 2011 (109), la modificación del margen GSTM a partir del 1 de enero de 2012 se debió a la entrada en vigor de la circular administrativa de 28 de enero de 2011 relativa a las operaciones de financiación intragrupo (en lo sucesivo, «la circular 164/2») (110). Esta circular exigía la transmisión de estudios de precios de transferencia en el marco de las solicitudes destinadas a obtener una resolución fiscal que apruebe los precios de transferencia para las operaciones de financiación intragrupo (como el margen GSTM) (111). Por consiguiente, el asesor fiscal presentó, mediante cartas de 11 de julio de 2012 y 11 de noviembre de 2013, dos solicitudes de resolución fiscal acompañadas de estudios de precios de transferencia sobre el establecimiento del margen GSTM (112). Según Luxemburgo, la Administración tributaria no aprobó estas solicitudes de resolución fiscal. En otras palabras, la Administración tributaria luxemburguesa no emitió ninguna resolución fiscal que confirmara el importe del margen GSTM propuesto por el asesor fiscal de Engie en las cartas de 11 de julio de 2012 y de 11 de noviembre de 2013 (113).

APA letter

TP [transfer pricing] report

108

109

110

111

112

113

| (65) | La solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010 también expone que «en el improbable caso de que el trato contable no respete totalmente las obligaciones en virtud del contrato ZORA, el beneficio o la pérdida resultante indicado en las cuentas anuales no afectará a la situación fiscal contemplada arriba» (114). |
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(65)

La solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010 también expone que «en el improbable caso de que el trato contable no respete totalmente las obligaciones en virtud del contrato ZORA, el beneficio o la pérdida resultante indicado en las cuentas anuales no afectará a la situación fiscal contemplada arriba» (114).

114

| (66) | En conclusión, antes de la conversión del ZORA GSTM, los ingresos imponibles de GSTM se limitan al margen GSTM. La conversión del ZORA GSTM no tiene ninguna repercusión en los ingresos imponibles del GSTM. |
| --- | --- |

(66)

En conclusión, antes de la conversión del ZORA GSTM, los ingresos imponibles de GSTM se limitan al margen GSTM. La conversión del ZORA GSTM no tiene ninguna repercusión en los ingresos imponibles del GSTM.

2.2.4.4.   
  El trato fiscal de EIL

El trato fiscal de EIL

| (67) | El trato fiscal concedido a EIL es similar al que se ha descrito para LNG Luxembourg (115), y se basa en los mismos argumentos (116). Por lo tanto, durante la vigencia del ZORA GSTM, EIL puede optar por no reconocer ningún ingreso imponible ni gasto deducible fiscalmente. En el momento de la conversión, si EIL opta por aplicar el régimen derogatorio previsto en el artículo 22 bis de la LIR, no registrará ingresos (117) y, de este modo, no deberá ningún impuesto de sociedades (118). Tal como se explica en el considerando 76, LNG optó por mantener el reconocimiento del ZORA GSTM en su valor contable. |
| --- | --- |

(67)

El trato fiscal concedido a EIL es similar al que se ha descrito para LNG Luxembourg (115), y se basa en los mismos argumentos (116). Por lo tanto, durante la vigencia del ZORA GSTM, EIL puede optar por no reconocer ningún ingreso imponible ni gasto deducible fiscalmente. En el momento de la conversión, si EIL opta por aplicar el régimen derogatorio previsto en el artículo 22 bis de la LIR, no registrará ingresos (117) y, de este modo, no deberá ningún impuesto de sociedades (118). Tal como se explica en el considerando 76, LNG optó por mantener el reconocimiento del ZORA GSTM en su valor contable.

115

116

bis

117

118

2.2.4.5.   
  El trato fiscal de CEF

El trato fiscal de CEF

| (68) | El trato fiscal concedido a CEF es similar al que se describe para LNG Holding (119). Por consiguiente, CEF no reconocerá ingresos imponibles ni gastos deducibles fiscalmente antes de la conversión del ZORA (120). |
| --- | --- |

(68)

El trato fiscal concedido a CEF es similar al que se describe para LNG Holding (119). Por consiguiente, CEF no reconocerá ingresos imponibles ni gastos deducibles fiscalmente antes de la conversión del ZORA (120).

119

120

| (69) | La solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010 también pide la confirmación de que «la participación adquirida por CEF en virtud del contrato de futuros se considerará una participación directa del capital de GSTM desde el momento en que este contrato de futuros se celebre a efectos del artículo 166 de la LIR» (121). Por lo tanto, los ingresos imponibles de CEF asociados a la tenencia de acciones de GSTM quedarán exentos de impuestos, en la medida en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 166 de la LIR. |
| --- | --- |

(69)

La solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010 también pide la confirmación de que «la participación adquirida por CEF en virtud del contrato de futuros se considerará una participación directa del capital de GSTM desde el momento en que este contrato de futuros se celebre a efectos del artículo 166 de la LIR» (121). Por lo tanto, los ingresos imponibles de CEF asociados a la tenencia de acciones de GSTM quedarán exentos de impuestos, en la medida en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 166 de la LIR.

desde el momento en que este contrato de futuros se celebre

121

2.2.4.6.   
  Ejecución de las resoluciones fiscales GSTM

Ejecución de las resoluciones fiscales GSTM

| (70) | Las declaraciones fiscales presentadas por Luxemburgo reflejan el trato fiscal concedido por Luxemburgo a las sociedades que participan en las operaciones descritas en las resoluciones fiscales GSTM. |
| --- | --- |

(70)

Las declaraciones fiscales presentadas por Luxemburgo reflejan el trato fiscal concedido por Luxemburgo a las sociedades que participan en las operaciones descritas en las resoluciones fiscales GSTM.

2.2.4.6.1.   GSTM

GSTM

| (71) | Las cuentas sociales de GSTM de 2012 indican que EIL «concedió un préstamo obligatoriamente convertible de un importe de 1 036 912 506,84 EUR a [GSTM] de una duración de 15 años a partir del 17 de junio de 2011» (122). |
| --- | --- |

(71)

Las cuentas sociales de GSTM de 2012 indican que EIL «concedió un préstamo obligatoriamente convertible de un importe de 1 036 912 506,84 EUR a [GSTM] de una duración de 15 años a partir del 17 de junio de 2011» (122).

122

| (72) | El ZORA GSTM se consigna en el pasivo del balance incluido en las declaraciones fiscales de GSTM por un importe igual al valor nominal del ZORA (1 036 912 506,84 EUR). Este importe no evoluciona con el paso del tiempo (123). |
| --- | --- |

(72)

El ZORA GSTM se consigna en el pasivo del balance incluido en las declaraciones fiscales de GSTM por un importe igual al valor nominal del ZORA (1 036 912 506,84 EUR). Este importe no evoluciona con el paso del tiempo (123).

123

| (73) | Cada año, se registra un importe equivalente a las adiciones anuales al ZORA en el pasivo del balance de GSTM como deuda financiera de GSTM (124) como contrapartida del gasto correspondiente registrado en la cuenta de resultados (125). Por lo tanto, este importe se ha deducido de los ingresos imponibles de GSTM. Las adiciones al ZORA acumuladas registradas en las declaraciones fiscales de GSTM del período de 2011 a 2015 se presentan en el siguiente Cuadro 2.

  Cuadro 2


  Adiciones al ZORA acumuladas registradas en las declaraciones fiscales de GSTM | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adiciones al ZORA acumuladas (en millones EUR) | 44,9 | [100-150] | [300–350] | [450–500] | [600–650] | [600-900] |

(73)

Cada año, se registra un importe equivalente a las adiciones anuales al ZORA en el pasivo del balance de GSTM como deuda financiera de GSTM (124) como contrapartida del gasto correspondiente registrado en la cuenta de resultados (125). Por lo tanto, este importe se ha deducido de los ingresos imponibles de GSTM. Las adiciones al ZORA acumuladas registradas en las declaraciones fiscales de GSTM del período de 2011 a 2015 se presentan en el siguiente Cuadro 2.

124

125

Cuadro 2

Cuadro 2

Adiciones al ZORA acumuladas registradas en las declaraciones fiscales de GSTM

Adiciones al ZORA acumuladas registradas en las declaraciones fiscales de GSTM

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Adiciones al ZORA acumuladas (en millones EUR)

44,9

[100-150]

[300–350]

[450–500]

[600–650]

[600-900]

| (74) | En consonancia con la resolución fiscal GSTM de 2010, GSTM tributa según el margen GSTM. La siguiente Figura 3 presenta el cálculo del margen GSTM para el ejercicio de 2011 (126). Los «ingresos netos antes de impuestos y antes de la adición al ZORA» ascendían a 45 522 581,00 EUR. La renta imponible de GSTM se calcula sobre la base de [1/(50-100)]% del total medio de los activos de la sociedad para el período de 2011, que ascendía a 3 700 millones EUR. La renta imponible retenida por GSTM sobre esta base asciende a [500 000 – 600 000]EUR (a la que se añade un importe denominado «remuneración sobre el capital», de [6 000-11 000]EUR). La diferencia entre este importe y los «ingresos netos antes de impuestos y antes de la adición al ZORA» es de 44,9 millones EUR, importe consignado en la declaración fiscal en relación con la adición al ZORA deducible.

  Figura 3


  Cálculo de los ingresos imponibles de GSTM de 2011, tal como se detalla en el anexo 3 de la declaración fiscal de GSTM de 2011











  Total activos | De | a | Número de días | Media (*1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 691 871 776 | 2.5.2011 | 31.12.2011 | 244 | 3 729 884 433 |
| |
| Total de deudas que financian los activos | 3 729 202 241 |
| Rendimientos netos antes de impuestos y antes de la adición al Zora | [45 000 000 -50 000 000 ] |
| Rendimientos netos antes de impuestos y antes de la adición al Zora relativos al capital | 8 326 |
| Rendimientos netos antes de impuestos y antes de la adición al Zora relativos a la deuda que financia los activos | [45 000 000 -50 000 000 ] |
| Total | [45 000 000 -50 000 000 ] |
| Margen de [1/(50-100) %] | [550 000 -600 000 ] |
| Renumeración sobre el capital | |
| Renumeración sobre la deuda que financia los activos (margen de [1/(50-100) %]) | [550 000 -600 000 ] |
| Margen neto total | [550 000 -600 000 ] |
| El margen ya se contabilizó en las cuentas anuales, no hay que realizar ningún ajuste |
| Cálculo del importe imponible | EUR |
| Resultado del ejercicio | 420 802 |
| Añadir: impuestos | [150 000 -200 000 ] |
| Importe imponible | [550 000 -600 000 ] |
| Impuesto sobre la renta de las sociedades | [100 000 -150 000 ] |

(74)

En consonancia con la resolución fiscal GSTM de 2010, GSTM tributa según el margen GSTM. La siguiente Figura 3 presenta el cálculo del margen GSTM para el ejercicio de 2011 (126). Los «ingresos netos antes de impuestos y antes de la adición al ZORA» ascendían a 45 522 581,00 EUR. La renta imponible de GSTM se calcula sobre la base de [1/(50-100)]% del total medio de los activos de la sociedad para el período de 2011, que ascendía a 3 700 millones EUR. La renta imponible retenida por GSTM sobre esta base asciende a [500 000 – 600 000]EUR (a la que se añade un importe denominado «remuneración sobre el capital», de [6 000-11 000]EUR). La diferencia entre este importe y los «ingresos netos antes de impuestos y antes de la adición al ZORA» es de 44,9 millones EUR, importe consignado en la declaración fiscal en relación con la adición al ZORA deducible.

126

Figura 3

Figura 3

Cálculo de los ingresos imponibles de GSTM de 2011, tal como se detalla en el anexo 3 de la declaración fiscal de GSTM de 2011

Cálculo de los ingresos imponibles de GSTM de 2011, tal como se detalla en el anexo 3 de la declaración fiscal de GSTM de 2011

Total activos

De

a

Número de días

Media (*1)

*1

8 691 871 776

2.5.2011

31.12.2011

244

3 729 884 433

Total de deudas que financian los activos

3 729 202 241

Rendimientos netos antes de impuestos y antes de la adición al Zora

[45 000 000 -50 000 000 ]

Rendimientos netos antes de impuestos y antes de la adición al Zora relativos al capital

8 326

Rendimientos netos antes de impuestos y antes de la adición al Zora relativos a la deuda que financia los activos

[45 000 000 -50 000 000 ]

Total

[45 000 000 -50 000 000 ]

Margen de [1/(50-100) %]

[550 000 -600 000 ]

Renumeración sobre el capital

Renumeración sobre la deuda que financia los activos (margen de [1/(50-100) %])

[550 000 -600 000 ]

Margen neto total

[550 000 -600 000 ]

El margen ya se contabilizó en las cuentas anuales, no hay que realizar ningún ajuste

Cálculo del importe imponible

EUR

Resultado del ejercicio

420 802

Añadir: impuestos

[150 000 -200 000 ]

Importe imponible

[550 000 -600 000 ]

Impuesto sobre la renta de las sociedades

[100 000 -150 000 ]

| (75) | Las declaraciones fiscales de GSTM muestran que, tal como se ha indicado anteriormente (127), el margen GSTM cambió después de 2011. Tal como se ilustra en la Figura 4 respecto a los años 2012 y 2013, el margen GSTM no está fijado al [1/(50-100)%] del valor de los activos, como se había previsto inicialmente en la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010, sino al [0-1 %] del valor de las deudas que financian los activos (128). En 2014, el margen GSTM se fijó al [0-1 %] del importe total de los préstamos y créditos. Las declaraciones fiscales indican que el margen GSTM para estos años se calculó en referencia a las solicitudes de resolución fiscal de 11 de julio de 2012 y de 11 de noviembre de 2013 (129) que, como se expone en el considerando 64, la Administración fiscal luxemburguesa nunca aceptó.

  Figura 4


  Cálculo de los ingresos imponibles de GSTM en referencia a las solicitudes de resolución fiscal de 2010 y de 2012, adjuntadas al anexo 3 de la declaración fiscal de GSTM de 2012

  Anexos a la declaración del impuesto sobre la renta de las sociedades y del impuesto municipal sobre actividades económicas del año 2012 y la declaración del patrimonio el 1 de enero de 2013 en nombre de:
  GDF SUEZ Treasury Management S.à.r.l número fiscal 2011 2416 545






  Anexo 3 | STAW/NGOK |
| --- | --- | --- |

(75)

Las declaraciones fiscales de GSTM muestran que, tal como se ha indicado anteriormente (127), el margen GSTM cambió después de 2011. Tal como se ilustra en la Figura 4 respecto a los años 2012 y 2013, el margen GSTM no está fijado al [1/(50-100)%] del valor de los activos, como se había previsto inicialmente en la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010, sino al [0-1 %] del valor de las deudas que financian los activos (128). En 2014, el margen GSTM se fijó al [0-1 %] del importe total de los préstamos y créditos. Las declaraciones fiscales indican que el margen GSTM para estos años se calculó en referencia a las solicitudes de resolución fiscal de 11 de julio de 2012 y de 11 de noviembre de 2013 (129) que, como se expone en el considerando 64, la Administración fiscal luxemburguesa nunca aceptó.

127

128

129

Figura 4

Figura 4

Cálculo de los ingresos imponibles de GSTM en referencia a las solicitudes de resolución fiscal de 2010 y de 2012, adjuntadas al anexo 3 de la declaración fiscal de GSTM de 2012

Cálculo de los ingresos imponibles de GSTM en referencia a las solicitudes de resolución fiscal de 2010 y de 2012, adjuntadas al anexo 3 de la declaración fiscal de GSTM de 2012

Anexos a la declaración del impuesto sobre la renta de las sociedades y del impuesto municipal sobre actividades económicas del año 2012 y la declaración del patrimonio el 1 de enero de 2013 en nombre de:

GDF SUEZ Treasury Management S.à.r.l número fiscal 2011 2416 545

Anexo 3

STAW/NGOK

Notas explicativas

Información general

Se hace referencia a las cartas del asesor fiscal de 9 de febrero de 2010 y de 15 de junio de 2012.

Margen sobre la actividad de financión

Margen sobre la actividad de financión

Se hace referencia a los acuerdos previos en materia de precios de transferencia del asesor fiscal de 11 de julio de 2012 y de 11 de noviembre de 2013 (los APA)

El margen sobre las actividades de financiación se calcula de la forma siguiente:

| Importe medio de deudas que financian los activos (*) | de | a | días | % (**) | margen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [9 000 000 000 -10 000 000 000 ] | 1/1/2012 | 31/12/2012 | 366 | 4,2 bps | [3 000 000 -4 000 000 ] |
| Total | | | 366 | | |

Importe medio de deudas que financian los activos (*)

de

a

días

% (**)

margen

[9 000 000 000 -10 000 000 000 ]

1/1/2012

31/12/2012

366

4,2 bps

[3 000 000 -4 000 000 ]

Total

366

Renumeración del capital de riesgo

Renumeración del capital de riesgo

| Capital medio (*) | de | a | días | renumeración del capital de riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2 000 000 -3 000 000 ] | 1/1/2012 | 31/12/2012 | 366 | [20 000 -30 000 ] |
| Total | | | 366 | |

Capital medio (*)

de

a

días

renumeración del capital de riesgo

[2 000 000 -3 000 000 ]

1/1/2012

31/12/2012

366

[20 000 -30 000 ]

Total

366

Cálculo de la adición al Zora

Cálculo de la adición al Zora

| Rendimientos netos antes de impuestos y antes de la adición al Zora | [100 000 000 -150 000 000 ] |
| --- | --- |
| Menos: renumeración en capital | [20 000 -30 000 ] |
| Menos: margen mínimo | [3 000 000 -4 000 000 ] |
| Adición al Zora | [100 000 000 -150 000 000 ] |
| El importe de la adición al Zora, tal como se indica en las cuentas, no corresponde a los APA (de manera suficiente). Por consiguiente, se ha realizado un ajuste de EUR [40 000 -50 000 ] en el balance fiscal y la cuenta fiscal de pérdidas y garancias, y este ajuste se reflejará en las cuentas comerciales del año 2013. |
| (*) | Calculado sobre una base mensual |

Rendimientos netos antes de impuestos y antes de la adición al Zora

[100 000 000 -150 000 000 ]

Menos: renumeración en capital

[20 000 -30 000 ]

Menos: margen mínimo

[3 000 000 -4 000 000 ]

Adición al Zora

[100 000 000 -150 000 000 ]

El importe de la adición al Zora, tal como se indica en las cuentas, no corresponde a los APA (de manera suficiente). Por consiguiente, se ha realizado un ajuste de EUR [40 000 -50 000 ] en el balance fiscal y la cuenta fiscal de pérdidas y garancias, y este ajuste se reflejará en las cuentas comerciales del año 2013.

(*)

Calculado sobre una base mensual

| (**) | Nos referimos al estudio de precios de transferencia tal como se prevé en los APA |
| --- | --- |

(**)

Nos referimos al estudio de precios de transferencia tal como se prevé en los APA

2.2.4.6.2.   EIL

EIL

| (76) | El valor del ZORA GSTM en las cuentas de EIL se ha mantenido al nivel del valor nominal, es decir 1 036 912 507 EUR (130), de conformidad con la opción concedida por las resoluciones fiscales GSTM (131). |
| --- | --- |

(76)

El valor del ZORA GSTM en las cuentas de EIL se ha mantenido al nivel del valor nominal, es decir 1 036 912 507 EUR (130), de conformidad con la opción concedida por las resoluciones fiscales GSTM (131).

130

131

2.2.4.6.3.   CEF

CEF

| (77) | Por último, una participación de GSTM de un importe equivalente al nominal del ZORA GSTM también aparece en las declaraciones fiscales de CEF en la categoría de participaciones admisibles para la exención de los rendimientos de participaciones en virtud del artículo 166 de la LIR (132). |
| --- | --- |

(77)

Por último, una participación de GSTM de un importe equivalente al nominal del ZORA GSTM también aparece en las declaraciones fiscales de CEF en la categoría de participaciones admisibles para la exención de los rendimientos de participaciones en virtud del artículo 166 de la LIR (132).

132

2.3.   DESCRIPCIÓN DEL MARCO JURÍDICO NACIONAL APLICABLE

DESCRIPCIÓN DEL MARCO JURÍDICO NACIONAL APLICABLE

2.3.1.   DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL RÉGIMEN LUXEMBURGUÉS DE IMPOSICIÓN DE LAS SOCIEDADES

| (78) | Las normas del derecho común aplicables a la tributación de las sociedades en Luxemburgo se establecen en la LIR. Según el artículo 159 de la LIR, las sociedades con residencia fiscal en Luxemburgo están sujetas al impuesto sobre todos sus ingresos (133). El artículo 163 de la LIR estipula que el impuesto luxemburgués sobre las sociedades se aplica a los ingresos imponibles que genera un contribuyente a lo largo de un año determinado (134). Antes de 2013, todas las sociedades sujetas a impuestos en Luxemburgo tributaban según su beneficio imponible a un tipo estándar del 28,80 % (135). Desde 2013, el tipo impositivo estándar es del 29,22 %. |
| --- | --- |

(78)

Las normas del derecho común aplicables a la tributación de las sociedades en Luxemburgo se establecen en la LIR. Según el artículo 159 de la LIR, las sociedades con residencia fiscal en Luxemburgo están sujetas al impuesto sobre todos sus ingresos (133). El artículo 163 de la LIR estipula que el impuesto luxemburgués sobre las sociedades se aplica a los ingresos imponibles que genera un contribuyente a lo largo de un año determinado (134). Antes de 2013, todas las sociedades sujetas a impuestos en Luxemburgo tributaban según su beneficio imponible a un tipo estándar del 28,80 % (135). Desde 2013, el tipo impositivo estándar es del 29,22 %.

133

134

135

| (79) | El artículo 18, apartado 1, de la LIR, estipula el método que determina el beneficio anual imponible de una empresa contribuyente: «El beneficio será la diferencia entre los activos netos invertidos al final y los activos netos invertidos al principio del ejercicio más las deducciones personales realizadas durante el ejercicio y deducidos de las contribuciones abonadas durante el ejercicio». |
| --- | --- |

(79)

El artículo 18, apartado 1, de la LIR, estipula el método que determina el beneficio anual imponible de una empresa contribuyente: «El beneficio será la diferencia entre los activos netos invertidos al final y los activos netos invertidos al principio del ejercicio más las deducciones personales realizadas durante el ejercicio y deducidos de las contribuciones abonadas durante el ejercicio».

| (80) | El artículo 23 de la LIR explica que la evaluación de los activos netos debe cumplir las normas y los principios contables (136). |
| --- | --- |

(80)

El artículo 23 de la LIR explica que la evaluación de los activos netos debe cumplir las normas y los principios contables (136).

136

| (81) | El artículo 40 de la LIR establece el principio de vincular el balance fiscal al balance comercial. Según este principio, el balance fiscal, que fija la renta anual imponible, debe corresponderse con el balance comercial, salvo que se aplique una norma fiscal específica que disponga el uso de valores distintos (137). |
| --- | --- |

(81)

El artículo 40 de la LIR establece el principio de vincular el balance fiscal al balance comercial. Según este principio, el balance fiscal, que fija la renta anual imponible, debe corresponderse con el balance comercial, salvo que se aplique una norma fiscal específica que disponga el uso de valores distintos (137).

137

2.3.2.   EL RÉGIMEN DE EXENCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS DE PARTICIPACIONES Y LA IMPOSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

| (82) | Según el artículo 97, apartado 1, de la LIR, los rendimientos del capital mobiliario incluyen los dividendos, las participaciones en beneficios y otros rendimientos asignados, derivados de las acciones o de otras participaciones de las sociedades (138). |
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(82)

Según el artículo 97, apartado 1, de la LIR, los rendimientos del capital mobiliario incluyen los dividendos, las participaciones en beneficios y otros rendimientos asignados, derivados de las acciones o de otras participaciones de las sociedades (138).

138

| (83) | Por lo que respecta a la imposición de dividendos y otros rendimientos derivados de participaciones, el artículo 166 de la LIR introduce en Luxemburgo el «régimen de exención de los rendimientos de participaciones». El régimen prevé una exención del impuesto de sociedades, de la retención en la fuente y del impuesto sobre el patrimonio en relación con los activos netos por ingresos procedentes de participaciones de entidades que cumplan determinados criterios. El Consejo de Estado luxemburgués en su dictamen sobre el proyecto de ley que incorpora esta disposición en la LIR indicó que este régimen se justificaba para evitar la triple imposición por razones de equidad fiscal y de orden económico (139). |
| --- | --- |

(83)

Por lo que respecta a la imposición de dividendos y otros rendimientos derivados de participaciones, el artículo 166 de la LIR introduce en Luxemburgo el «régimen de exención de los rendimientos de participaciones». El régimen prevé una exención del impuesto de sociedades, de la retención en la fuente y del impuesto sobre el patrimonio en relación con los activos netos por ingresos procedentes de participaciones de entidades que cumplan determinados criterios. El Consejo de Estado luxemburgués en su dictamen sobre el proyecto de ley que incorpora esta disposición en la LIR indicó que este régimen se justificaba para evitar la triple imposición por razones de equidad fiscal y de orden económico (139).

139

| (84) | El artículo 166, apartado 2, de la LIR enumera las entidades que pueden beneficiarse de la exención de los rendimientos de participaciones, entre las que se incluyen las sociedades de capitales imponibles en Luxemburgo (como las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada) y las empresas enumeradas en el artículo 2 de la Directiva 90/435/CEE del Consejo (140). |
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(84)

El artículo 166, apartado 2, de la LIR enumera las entidades que pueden beneficiarse de la exención de los rendimientos de participaciones, entre las que se incluyen las sociedades de capitales imponibles en Luxemburgo (como las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada) y las empresas enumeradas en el artículo 2 de la Directiva 90/435/CEE del Consejo (140).

140

| (85) | Para poder acogerse a la exención, deben cumplirse dos condiciones acumulativas. Por una parte, las entidades deberán poseer o comprometerse a participar en una explotación durante un período ininterrumpido de al menos doce meses. Por otra parte, la participación no debe ser inferior al 10 % del capital de la entidad de la cual se posee la participación o el precio de adquisición no puede ser inferior a 1,2 millones EUR (141). |
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(85)

Para poder acogerse a la exención, deben cumplirse dos condiciones acumulativas. Por una parte, las entidades deberán poseer o comprometerse a participar en una explotación durante un período ininterrumpido de al menos doce meses. Por otra parte, la participación no debe ser inferior al 10 % del capital de la entidad de la cual se posee la participación o el precio de adquisición no puede ser inferior a 1,2 millones EUR (141).

141

| (86) | Siempre que se cumplan estas dos condiciones, los rendimientos procedentes de la participación (dividendos, plusvalías u otros rendimientos derivados de la participación) están totalmente exentos del impuesto de sociedades de Luxemburgo. En virtud del artículo 166, apartado 9, de la LIR y del Reglamento del Gran Ducado, de 21 de diciembre de 2001 (el «Reglamento de 21 de diciembre de 2001») (142), la exención de los rendimientos de participaciones se aplica también a las plusvalías («rendimientos obtenidos de la venta de la participación») (143). |
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(86)

Siempre que se cumplan estas dos condiciones, los rendimientos procedentes de la participación (dividendos, plusvalías u otros rendimientos derivados de la participación) están totalmente exentos del impuesto de sociedades de Luxemburgo. En virtud del artículo 166, apartado 9, de la LIR y del Reglamento del Gran Ducado, de 21 de diciembre de 2001 (el «Reglamento de 21 de diciembre de 2001») (142), la exención de los rendimientos de participaciones se aplica también a las plusvalías («rendimientos obtenidos de la venta de la participación») (143).

142

143

| (87) | La imposición de los beneficios distribuidos a nivel de la entidad distribuidora se rige por el artículo 164 de la LIR. El artículo 164, apartado 1, de la LIR estipula que para determinar los rendimientos imponibles, no es relevante que estos se hayan distribuido o no a los titulares (144). El artículo 164, apartado 2, de la LIR explica qué se entiende por «distribución» a efectos del artículo 164, apartado 1, de la misma ley, e incluye en esta categoría las distribuciones de cualquier tipo, realizadas a tenedores de acciones, participaciones sociales o acciones de fundadores, participaciones de usufructo o de cualquier otro título, incluidos los bonos de ingresos (145). |
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(87)

La imposición de los beneficios distribuidos a nivel de la entidad distribuidora se rige por el artículo 164 de la LIR. El artículo 164, apartado 1, de la LIR estipula que para determinar los rendimientos imponibles, no es relevante que estos se hayan distribuido o no a los titulares (144). El artículo 164, apartado 2, de la LIR explica qué se entiende por «distribución» a efectos del artículo 164, apartado 1, de la misma ley, e incluye en esta categoría las distribuciones de cualquier tipo, realizadas a tenedores de acciones, participaciones sociales o acciones de fundadores, participaciones de usufructo o de cualquier otro título, incluidos los bonos de ingresos (145).

144

145

2.3.3.   SUSPENSIÓN DE LA TRIBUTACIÓN DE LAS PLUSVALÍAS DERIVADAS DE UNA CONVERSIÓN

| (88) | El principio general relativo a la conversión de activos se establece en el artículo 22, apartado 5, de la LIR, de acuerdo con este apartado un intercambio de bienes se considera una venta a título oneroso del bien entregado a cambio, seguida de la compra a título oneroso del bien recibido a cambio a un precio correspondiente a su valor estimado de realización (146), lo cual da lugar, potencialmente, a una plusvalía imponible. |
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(88)

El principio general relativo a la conversión de activos se establece en el artículo 22, apartado 5, de la LIR, de acuerdo con este apartado un intercambio de bienes se considera una venta a título oneroso del bien entregado a cambio, seguida de la compra a título oneroso del bien recibido a cambio a un precio correspondiente a su valor estimado de realización (146), lo cual da lugar, potencialmente, a una plusvalía imponible.

146

| (89) | No obstante lo dispuesto en esta norma general, el artículo 22 bis, apartado 2, punto 1, de la LIR dispone que la conversión de un préstamo a capital social del deudor no desemboca en la realización de plusvalías a efectos del impuesto de sociedades. Esta misma disposición estipula que esta excepción no cubre el interés capitalizado del préstamo relacionado con el período de funcionamiento anterior a la conversión hasta la fecha del intercambio (147). |
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(89)

No obstante lo dispuesto en esta norma general, el artículo 22 bis, apartado 2, punto 1, de la LIR dispone que la conversión de un préstamo a capital social del deudor no desemboca en la realización de plusvalías a efectos del impuesto de sociedades. Esta misma disposición estipula que esta excepción no cubre el interés capitalizado del préstamo relacionado con el período de funcionamiento anterior a la conversión hasta la fecha del intercambio (147).

bis

147

2.3.4.   DISPOSICIÓN CONTRA LAS PRÁCTICAS ABUSIVAS

| (90) | El artículo 6 de la Ley de adaptación fiscal de Luxemburgo o Steueranpassungsgesetz (en lo sucesivo, «la StAnpG») prohíbe la evasión fiscal o la reducción de la carga fiscal mediante el uso abusivo de formas jurídicas o de planes financieros que son legales en relación con el derecho civil. De conformidad con el artículo 6 de la StAnpG, si la forma jurídica o el plan financiero que enmarca una operación no se adecua a su sustancia, el impuesto debe valorarse de acuerdo con la sustancia de la operación como si se hubiese concluido en la forma jurídica adecuada (148). |
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(90)

El artículo 6 de la Ley de adaptación fiscal de Luxemburgo o Steueranpassungsgesetz (en lo sucesivo, «la StAnpG») prohíbe la evasión fiscal o la reducción de la carga fiscal mediante el uso abusivo de formas jurídicas o de planes financieros que son legales en relación con el derecho civil. De conformidad con el artículo 6 de la StAnpG, si la forma jurídica o el plan financiero que enmarca una operación no se adecua a su sustancia, el impuesto debe valorarse de acuerdo con la sustancia de la operación como si se hubiese concluido en la forma jurídica adecuada (148).

Steueranpassungsgesetz

148

3.   RAZONES QUE MOTIVARON LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RAZONES QUE MOTIVARON LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| (91) | En la Decisión de incoar un procedimiento, la Comisión estimó, de manera provisional, que el trato fiscal que concedían las resoluciones fiscales en cuestión parecía constituir una ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado, y planteó dudas sobre la compatibilidad de estas medidas con el mercado interior. |
| --- | --- |

(91)

En la Decisión de incoar un procedimiento, la Comisión estimó, de manera provisional, que el trato fiscal que concedían las resoluciones fiscales en cuestión parecía constituir una ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado, y planteó dudas sobre la compatibilidad de estas medidas con el mercado interior.

| (92) | Más concretamente, en la Decisión de incoar un procedimiento, la Comisión planteó dudas en cuanto a:






  (1) | si las autoridades tributarias luxemburguesas habían permitido la deducción de las adiciones al ZORA y si los ZORA cumplían el principio de plena competencia; |
| --- | --- | --- |

(92)

Más concretamente, en la Decisión de incoar un procedimiento, la Comisión planteó dudas en cuanto a:

(1)

si las autoridades tributarias luxemburguesas habían permitido la deducción de las adiciones al ZORA y si los ZORA cumplían el principio de plena competencia;

| (2) | en el caso de que las autoridades tributarias luxemburguesas tuvieran derecho a deducir las adiciones al ZORA, en primer lugar, si las autoridades tributarias luxemburguesas estuvieron acertadas al aceptar la aplicación del artículo 22 bis de la LIR; y, en segundo lugar, si la metodología utilizada para determinar los ingresos imponibles de GSTM y de LNG Supply se ajustaba al principio de plena competencia; |
| --- | --- |

(2)

en el caso de que las autoridades tributarias luxemburguesas tuvieran derecho a deducir las adiciones al ZORA, en primer lugar, si las autoridades tributarias luxemburguesas estuvieron acertadas al aceptar la aplicación del artículo 22 bis de la LIR; y, en segundo lugar, si la metodología utilizada para determinar los ingresos imponibles de GSTM y de LNG Supply se ajustaba al principio de plena competencia;

bis

| (3) | si el efecto combinado de la deducibilidad de los gastos (adiciones al ZORA) de LNG Supply y GSTM y de la no imposición de los ingresos correspondientes de EIL y LNG Luxembourg constituye una excepción al objetivo general del régimen fiscal luxemburgués, confiriendo así una ventaja selectiva a las sociedades de cartera LNG Holding y CEF. |
| --- | --- |

(3)

si el efecto combinado de la deducibilidad de los gastos (adiciones al ZORA) de LNG Supply y GSTM y de la no imposición de los ingresos correspondientes de EIL y LNG Luxembourg constituye una excepción al objetivo general del régimen fiscal luxemburgués, confiriendo así una ventaja selectiva a las sociedades de cartera LNG Holding y CEF.

| (93) | La primera duda de la Comisión se refería a la deducción de las adiciones al ZORA (149). La Comisión puso en duda la calificación de las adiciones al ZORA como intereses en el sentido del artículo 109 de la LIR y, por lo tanto, su deducibilidad. Más concretamente, la Comisión estimó que las adiciones al ZORA deberían considerarse distribuciones de beneficios de acuerdo con el artículo 164, apartados 1 y 2, de la LIR y, por consiguiente, que su deducción no debería haberse permitido. La Comisión también consideró que, al permitir las deducciones de las adiciones al ZORA, Luxemburgo había, potencialmente, aplicado de manera incorrecta el artículo 164, apartado 3, de la LIR. Según esta disposición, una empresa debe incluir en su renta imponible, como distribución oculta de beneficios, cualquier importe pagado a sus accionistas que no esté en consonancia con el principio de plena competencia. Más concretamente, la Comisión dudaba de que una empresa independiente que comerciara en el marco de las condiciones de plena competencia hubiera concedido un préstamo a LNG Supply y a GSTM en las mismas condiciones que las establecidas en los ZORA. |
| --- | --- |

(93)

La primera duda de la Comisión se refería a la deducción de las adiciones al ZORA (149). La Comisión puso en duda la calificación de las adiciones al ZORA como intereses en el sentido del artículo 109 de la LIR y, por lo tanto, su deducibilidad. Más concretamente, la Comisión estimó que las adiciones al ZORA deberían considerarse distribuciones de beneficios de acuerdo con el artículo 164, apartados 1 y 2, de la LIR y, por consiguiente, que su deducción no debería haberse permitido. La Comisión también consideró que, al permitir las deducciones de las adiciones al ZORA, Luxemburgo había, potencialmente, aplicado de manera incorrecta el artículo 164, apartado 3, de la LIR. Según esta disposición, una empresa debe incluir en su renta imponible, como distribución oculta de beneficios, cualquier importe pagado a sus accionistas que no esté en consonancia con el principio de plena competencia. Más concretamente, la Comisión dudaba de que una empresa independiente que comerciara en el marco de las condiciones de plena competencia hubiera concedido un préstamo a LNG Supply y a GSTM en las mismas condiciones que las establecidas en los ZORA.

149

| (94) | En el caso de que las autoridades tributarias luxemburguesas tuvieran el derecho de permitir la deducción de las adiciones al ZORA, la Comisión expresó una segunda duda que podría explicarse en dos partes:






  (1) | en primer lugar, la Comisión cuestionó la aplicación del artículo 22 bis, de la LIR, según el cual ningún impuesto sobre los ingresos de las sociedades tributa sobre la conversión del ZORA en acciones (150). Si las adiciones al ZORA se consideraran intereses deudores deducibles, lo cual la Comisión ha refutado en su primera duda, deberían haber sido gravadas como rendimientos de EIL y LNG Luxembourg o de las sociedades de cartera, y no deberían haberse beneficiado de una exención en virtud del artículo 22 bis, de la LIR; |
| --- | --- | --- |

(94)

En el caso de que las autoridades tributarias luxemburguesas tuvieran el derecho de permitir la deducción de las adiciones al ZORA, la Comisión expresó una segunda duda que podría explicarse en dos partes:

(1)

en primer lugar, la Comisión cuestionó la aplicación del artículo 22 bis, de la LIR, según el cual ningún impuesto sobre los ingresos de las sociedades tributa sobre la conversión del ZORA en acciones (150). Si las adiciones al ZORA se consideraran intereses deudores deducibles, lo cual la Comisión ha refutado en su primera duda, deberían haber sido gravadas como rendimientos de EIL y LNG Luxembourg o de las sociedades de cartera, y no deberían haberse beneficiado de una exención en virtud del artículo 22 bis, de la LIR;

bis

150

bis

| (2) | en segundo lugar, la Comisión planteó sus dudas respecto al método utilizado en las resoluciones fiscales en cuestión para determinar los rendimientos imponibles de LNG Supply y de GSTM (un margen imponible que no está fundado en ningún análisis económico) y respecto a la conformidad de este método con el principio de plena competencia (151). |
| --- | --- |

(2)

en segundo lugar, la Comisión planteó sus dudas respecto al método utilizado en las resoluciones fiscales en cuestión para determinar los rendimientos imponibles de LNG Supply y de GSTM (un margen imponible que no está fundado en ningún análisis económico) y respecto a la conformidad de este método con el principio de plena competencia (151).

151

| (95) | Por último, la tercera duda se refería al efecto combinado de la deducibilidad de las adiciones al ZORA respecto a las filiales y de la no imposición de los ingresos correspondientes de EIL y LNG Luxembourg debido a la aplicación del artículo 22 bis, de la LIR (152). Al combinar estos dos efectos, Luxemburgo validó la no imposición de facto de una parte significativa de los beneficios generados por las actividades de GSTM y de LNG Supply en Luxemburgo. La Comisión valoró si este resultado representaba una excepción al objetivo del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, que, según el artículo 163, de la LIR, consiste en gravar los beneficios de todas las sociedades sujetas a impuestos en Luxemburgo (153). |
| --- | --- |

(95)

Por último, la tercera duda se refería al efecto combinado de la deducibilidad de las adiciones al ZORA respecto a las filiales y de la no imposición de los ingresos correspondientes de EIL y LNG Luxembourg debido a la aplicación del artículo 22 bis, de la LIR (152). Al combinar estos dos efectos, Luxemburgo validó la no imposición de facto de una parte significativa de los beneficios generados por las actividades de GSTM y de LNG Supply en Luxemburgo. La Comisión valoró si este resultado representaba una excepción al objetivo del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, que, según el artículo 163, de la LIR, consiste en gravar los beneficios de todas las sociedades sujetas a impuestos en Luxemburgo (153).

bis

152

153

| (96) | En el contexto de esta tercera duda, la Comisión también examinó si el trato fiscal validado por las resoluciones fiscales podía constituir una aplicación errónea del artículo 166 de la LIR, cuyo objetivo es eliminar la doble imposición económica de un mismo beneficio. Más concretamente, la Comisión observó que la aplicación del artículo 166, de la LIR parecía haber sido invocada por CEF y LNG Holding para eximir los beneficios que no se habían gravado a nivel de GSTM y LNG Supply (154). |
| --- | --- |

(96)

En el contexto de esta tercera duda, la Comisión también examinó si el trato fiscal validado por las resoluciones fiscales podía constituir una aplicación errónea del artículo 166 de la LIR, cuyo objetivo es eliminar la doble imposición económica de un mismo beneficio. Más concretamente, la Comisión observó que la aplicación del artículo 166, de la LIR parecía haber sido invocada por CEF y LNG Holding para eximir los beneficios que no se habían gravado a nivel de GSTM y LNG Supply (154).

154

| (97) | La Comisión indicó que las resoluciones fiscales en cuestión concedían claramente una ventaja selectiva no solo a las sociedades de cartera CEF y LNG Holding, sino también al grupo Engie en general (155). |
| --- | --- |

(97)

La Comisión indicó que las resoluciones fiscales en cuestión concedían claramente una ventaja selectiva no solo a las sociedades de cartera CEF y LNG Holding, sino también al grupo Engie en general (155).

155

| (98) | La Comisión también estimó, previamente, que las resoluciones fiscales en cuestión podrían haber establecido excepciones a las disposiciones luxemburguesas relativas al abuso de derecho en el ámbito fiscal (artículos 5 y 6 de StAnpG) (156). |
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(98)

La Comisión también estimó, previamente, que las resoluciones fiscales en cuestión podrían haber establecido excepciones a las disposiciones luxemburguesas relativas al abuso de derecho en el ámbito fiscal (artículos 5 y 6 de StAnpG) (156).

156

| (99) | En la reunión de 1 de junio de 2017 y en la carta de 11 de diciembre de 2017 en respuesta a la presentación de información adicional de Luxemburgo y Engie, la Comisión explicó de manera más detallada determinados elementos de su evaluación del caso. La Comisión tomó nota de que el artículo 109, apartado 1, de la LIR no se aplica a las sociedades constituidas con arreglo a la legislación luxemburguesa ni a las sociedades con residencia fiscal en Luxemburgo. La Comisión también observó que el régimen previsto en el artículo 22 bis, de la LIR es opcional y que, en este caso, las empresas afectadas todavía, hasta el momento, no han optado por su aplicación. Por último, la Comisión señaló que, según Luxemburgo, las resoluciones fiscales en cuestión «se basan en el régimen general de imposición de las sociedades» (157) y, sobre todo, en «el principio de vincular el balance fiscal al balance comercial» (158). A este respecto, y como indica la Decisión de incoar un procedimiento (159), el sistema de referencia aplicable podría ser el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, cuyo objetivo consiste en gravar los beneficios de las sociedades sujetas al impuesto de sociedades de Luxemburgo. |
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(99)

En la reunión de 1 de junio de 2017 y en la carta de 11 de diciembre de 2017 en respuesta a la presentación de información adicional de Luxemburgo y Engie, la Comisión explicó de manera más detallada determinados elementos de su evaluación del caso. La Comisión tomó nota de que el artículo 109, apartado 1, de la LIR no se aplica a las sociedades constituidas con arreglo a la legislación luxemburguesa ni a las sociedades con residencia fiscal en Luxemburgo. La Comisión también observó que el régimen previsto en el artículo 22 bis, de la LIR es opcional y que, en este caso, las empresas afectadas todavía, hasta el momento, no han optado por su aplicación. Por último, la Comisión señaló que, según Luxemburgo, las resoluciones fiscales en cuestión «se basan en el régimen general de imposición de las sociedades» (157) y, sobre todo, en «el principio de vincular el balance fiscal al balance comercial» (158). A este respecto, y como indica la Decisión de incoar un procedimiento (159), el sistema de referencia aplicable podría ser el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, cuyo objetivo consiste en gravar los beneficios de las sociedades sujetas al impuesto de sociedades de Luxemburgo.

bis

157

158

159

| (100) | Además, en su carta de 11 de diciembre de 2017, la Comisión explicó, respecto a la ventaja concedida al grupo Engie (160), que dado que el objetivo del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades consiste en incluir, por norma general, en los rendimientos imponibles todos los beneficios registrados en las cuentas de la sociedad, las transacciones de financiación intragrupo que se realizan entre varias entidades con residencia fiscal en Luxemburgo no deberían repercutir en la suma de los rendimientos imponibles de estas entidades o, en otras palabras, en sus rendimientos imponibles combinados. En el presente caso, sin embargo, la Comisión observó que las resoluciones fiscales en cuestión dieron lugar a una reducción de los rendimientos imponibles combinados de Engie en Luxemburgo (razonamiento a nivel de grupo). |
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(100)

Además, en su carta de 11 de diciembre de 2017, la Comisión explicó, respecto a la ventaja concedida al grupo Engie (160), que dado que el objetivo del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades consiste en incluir, por norma general, en los rendimientos imponibles todos los beneficios registrados en las cuentas de la sociedad, las transacciones de financiación intragrupo que se realizan entre varias entidades con residencia fiscal en Luxemburgo no deberían repercutir en la suma de los rendimientos imponibles de estas entidades o, en otras palabras, en sus rendimientos imponibles combinados. En el presente caso, sin embargo, la Comisión observó que las resoluciones fiscales en cuestión dieron lugar a una reducción de los rendimientos imponibles combinados de Engie en Luxemburgo (razonamiento a nivel de grupo).

160

4.   OBSERVACIONES DE LUXEMBURGO

OBSERVACIONES DE LUXEMBURGO

| (101) | Luxemburgo recuerda, en primer lugar, que, de conformidad con el artículo 114 del Tratado, las disposiciones fiscales son competencia de los Estados miembros. Solo en los casos en que una disposición fiscal infrinja el artículo 107 del Tratado, la Comisión puede examinarla. |
| --- | --- |

(101)

Luxemburgo recuerda, en primer lugar, que, de conformidad con el artículo 114 del Tratado, las disposiciones fiscales son competencia de los Estados miembros. Solo en los casos en que una disposición fiscal infrinja el artículo 107 del Tratado, la Comisión puede examinarla.

| (102) | En segundo lugar, Luxemburgo niega la existencia de una ventaja selectiva por las razones que se exponen a continuación. |
| --- | --- |

(102)

En segundo lugar, Luxemburgo niega la existencia de una ventaja selectiva por las razones que se exponen a continuación.

4.1.   EL SISTEMA DE REFERENCIA QUE UTILIZA LA COMISIÓN EN LA DECISIÓN DE INCOAR UN PROCEDIMIENTO ES ERRÓNEO

EL SISTEMA DE REFERENCIA QUE UTILIZA LA COMISIÓN EN LA DECISIÓN DE INCOAR UN PROCEDIMIENTO ES ERRÓNEO

| (103) | En primer lugar, según Luxemburgo, el artículo 109 de la LIR solo se aplica a las personas físicas y, por lo tanto, no se aplica a las empresas. |
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(103)

En primer lugar, según Luxemburgo, el artículo 109 de la LIR solo se aplica a las personas físicas y, por lo tanto, no se aplica a las empresas.

| (104) | En segundo lugar, Luxemburgo alega que los ZORA son, desde el punto de vista fiscal de Luxemburgo, instrumentos de deuda: por consiguiente, no pueden equipararse a participaciones en el capital (161). Esta clasificación se justifica principalmente por la ausencia de derechos de voto en relación con la posesión de ZORA, de derecho a participar en la gestión, de dividendos o de superávit de liquidación, por la obligación de ser reembolsados en una fecha predeterminada, por la ausencia de una escritura de fideicomiso que establezca una aportación de capital y por la forma jurídica del contrato. Además, Luxemburgo afirma que los ZORA no son un título que da derecho a una participación en el beneficio anual o el beneficio de liquidación. En consecuencia, según Luxemburgo, el artículo 164, apartados 1 y 2, de la LIR no se aplica. |
| --- | --- |

(104)

En segundo lugar, Luxemburgo alega que los ZORA son, desde el punto de vista fiscal de Luxemburgo, instrumentos de deuda: por consiguiente, no pueden equipararse a participaciones en el capital (161). Esta clasificación se justifica principalmente por la ausencia de derechos de voto en relación con la posesión de ZORA, de derecho a participar en la gestión, de dividendos o de superávit de liquidación, por la obligación de ser reembolsados en una fecha predeterminada, por la ausencia de una escritura de fideicomiso que establezca una aportación de capital y por la forma jurídica del contrato. Además, Luxemburgo afirma que los ZORA no son un título que da derecho a una participación en el beneficio anual o el beneficio de liquidación. En consecuencia, según Luxemburgo, el artículo 164, apartados 1 y 2, de la LIR no se aplica.

161

| (105) | En tercer lugar, por lo que se refiere al carácter de plena competencia de los ZORA, Luxemburgo considera que la Comisión ignoró las diferentes categorías de inversores. Los ZORA no son contratos de préstamo estándar, sino instrumentos atípicos que cubren al prestatario de los posibles riesgos operativos y permiten al inversor beneficiarse de un mejor rendimiento de la inversión. Dada la volatilidad del mercado y la dependencia de la financiación, el uso de un ZORA es lógico para el prestamista, y pueden observarse instrumentos similares en los mercados financieros, como, por ejemplo, los títulos de deuda que reproducen el rendimiento de un subyacente determinado. Por lo tanto, las condiciones del ZORA son de plena competencia y, según Luxemburgo, no se aplica el artículo 164, apartado 3, de la LIR. |
| --- | --- |

(105)

En tercer lugar, por lo que se refiere al carácter de plena competencia de los ZORA, Luxemburgo considera que la Comisión ignoró las diferentes categorías de inversores. Los ZORA no son contratos de préstamo estándar, sino instrumentos atípicos que cubren al prestatario de los posibles riesgos operativos y permiten al inversor beneficiarse de un mejor rendimiento de la inversión. Dada la volatilidad del mercado y la dependencia de la financiación, el uso de un ZORA es lógico para el prestamista, y pueden observarse instrumentos similares en los mercados financieros, como, por ejemplo, los títulos de deuda que reproducen el rendimiento de un subyacente determinado. Por lo tanto, las condiciones del ZORA son de plena competencia y, según Luxemburgo, no se aplica el artículo 164, apartado 3, de la LIR.

| (106) | Según Luxemburgo, el sistema de referencia está constituido, por una parte, por los artículos 18, 40 y 23 de la LIR, que determinan la renta imponible de una sociedad, el principio de vincular el balance comercial al balance fiscal, así como el principio de prudencia y, por otra, el artículo 22 bis de la LIR. |
| --- | --- |

(106)

Según Luxemburgo, el sistema de referencia está constituido, por una parte, por los artículos 18, 40 y 23 de la LIR, que determinan la renta imponible de una sociedad, el principio de vincular el balance comercial al balance fiscal, así como el principio de prudencia y, por otra, el artículo 22 bis de la LIR.

bis

| (107) | Luxemburgo alega que la determinación de los beneficios imponibles, tal como se definen en el artículo 18 de la LIR, sigue dos principios fundamentales. En primer lugar, el principio de vincular el balance comercial al balance fiscal (artículo 40 LIR) y, en segundo lugar, el principio de prudencia, según el cual no se pueden gravar los beneficios hasta que se hayan generado. |
| --- | --- |

(107)

Luxemburgo alega que la determinación de los beneficios imponibles, tal como se definen en el artículo 18 de la LIR, sigue dos principios fundamentales. En primer lugar, el principio de vincular el balance comercial al balance fiscal (artículo 40 LIR) y, en segundo lugar, el principio de prudencia, según el cual no se pueden gravar los beneficios hasta que se hayan generado.

| (108) | Respecto al artículo 22 bis de la LIR, Luxemburgo declara que se trata de un régimen opcional aplicable a las sociedades, de conformidad con el artículo 162 de la LIR (162). |
| --- | --- |

(108)

Respecto al artículo 22 bis de la LIR, Luxemburgo declara que se trata de un régimen opcional aplicable a las sociedades, de conformidad con el artículo 162 de la LIR (162).

bis

162

| (109) | Luxemburgo niega la interpretación de que el artículo 163 de la LIR establezca un objetivo, o un principio, del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades según el cual todos los beneficios obtenidos por las empresas que residen en Luxemburgo deben gravarse. Luxemburgo considera que este objetivo no está recogido ni reflejado en ninguna disposición de la Ley. Según Luxemburgo, la definición de un sistema de referencia debe basarse en un conjunto de normas establecidas por el legislador, y no a través de un principio hipotético o de un objetivo cuya interpretación pudiera ir más allá de las condiciones precisas de la Ley. |
| --- | --- |

(109)

Luxemburgo niega la interpretación de que el artículo 163 de la LIR establezca un objetivo, o un principio, del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades según el cual todos los beneficios obtenidos por las empresas que residen en Luxemburgo deben gravarse. Luxemburgo considera que este objetivo no está recogido ni reflejado en ninguna disposición de la Ley. Según Luxemburgo, la definición de un sistema de referencia debe basarse en un conjunto de normas establecidas por el legislador, y no a través de un principio hipotético o de un objetivo cuya interpretación pudiera ir más allá de las condiciones precisas de la Ley.

4.2.   LAS RESOLUCIONES FISCALES EN CUESTIÓN NO SON UNA EXCEPCIÓN AL SISTEMA DE REFERENCIA

LAS RESOLUCIONES FISCALES EN CUESTIÓN NO SON UNA EXCEPCIÓN AL SISTEMA DE REFERENCIA

| (110) | Luxemburgo alega que al aceptar la deducibilidad de los costes asociados a los ZORA, el trato fiscal validado por las resoluciones fiscales en cuestión era plenamente conforme con los artículos 14 a 60 de la LIR, y, por lo tanto, con los artículos 18, 40 y 23 de la LIR. Luxemburgo considera que la Comisión no ha tenido en cuenta que las tasas deducibles de GSTM y LNG Supply no son ni intereses ni dividendos. El reembolso del ZORA puede efectuarse a un precio más elevado que el importe nominal del instrumento. En virtud del principio de prudencia, el prestatario debe prever una tasa teniendo en cuenta este riesgo. De conformidad con los artículos 18, 40 y 23 de la LIR, esta tasa es fiscalmente deducible. |
| --- | --- |

(110)

Luxemburgo alega que al aceptar la deducibilidad de los costes asociados a los ZORA, el trato fiscal validado por las resoluciones fiscales en cuestión era plenamente conforme con los artículos 14 a 60 de la LIR, y, por lo tanto, con los artículos 18, 40 y 23 de la LIR. Luxemburgo considera que la Comisión no ha tenido en cuenta que las tasas deducibles de GSTM y LNG Supply no son ni intereses ni dividendos. El reembolso del ZORA puede efectuarse a un precio más elevado que el importe nominal del instrumento. En virtud del principio de prudencia, el prestatario debe prever una tasa teniendo en cuenta este riesgo. De conformidad con los artículos 18, 40 y 23 de la LIR, esta tasa es fiscalmente deducible.

| (111) | Luxemburgo considera que el trato fiscal validado por las resoluciones fiscales en cuestión estaba plenamente en consonancia con los artículos 97 y 22 bis de la LIR. Luxemburgo alega que la Comisión estimó erróneamente que los intereses capitalizados debían ser imponibles. Más aún, Luxemburgo sostiene que la Comisión no tuvo en cuenta el hecho de que, tal como se explica en el considerando 110, las tasas deducibles no son ni intereses ni dividendos. El principio de prudencia presupone que una tasa, que es fiscalmente deducible para una parte, no constituye necesariamente un beneficio imponible para la otra parte. El acreedor debe valorar los ZORA al precio de compra, y no al precio de mercado. Por consiguiente, Luxemburgo considera que los ZORA no generan rendimientos imponibles a nivel del acreedor antes de la fecha de la conversión. |
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(111)

Luxemburgo considera que el trato fiscal validado por las resoluciones fiscales en cuestión estaba plenamente en consonancia con los artículos 97 y 22 bis de la LIR. Luxemburgo alega que la Comisión estimó erróneamente que los intereses capitalizados debían ser imponibles. Más aún, Luxemburgo sostiene que la Comisión no tuvo en cuenta el hecho de que, tal como se explica en el considerando 110, las tasas deducibles no son ni intereses ni dividendos. El principio de prudencia presupone que una tasa, que es fiscalmente deducible para una parte, no constituye necesariamente un beneficio imponible para la otra parte. El acreedor debe valorar los ZORA al precio de compra, y no al precio de mercado. Por consiguiente, Luxemburgo considera que los ZORA no generan rendimientos imponibles a nivel del acreedor antes de la fecha de la conversión.

bis

| (112) | Desde el punto de vista fiscal, en la fecha de la conversión se obtiene un beneficio igual a la diferencia entre el precio de adquisición y el valor de mercado de las acciones. Sin embargo, Luxemburgo alega que EIL y LNG Luxembourg pueden optar por utilizar el mecanismo previsto en el artículo 22 bis de la LIR. Las acciones que el prestamista ha recibido pueden considerarse como sustituto de los ZORA por el acreedor. En este caso, las acciones pueden valorarse en las cuentas del acreedor por el valor nominal de los ZORA. |
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(112)

Desde el punto de vista fiscal, en la fecha de la conversión se obtiene un beneficio igual a la diferencia entre el precio de adquisición y el valor de mercado de las acciones. Sin embargo, Luxemburgo alega que EIL y LNG Luxembourg pueden optar por utilizar el mecanismo previsto en el artículo 22 bis de la LIR. Las acciones que el prestamista ha recibido pueden considerarse como sustituto de los ZORA por el acreedor. En este caso, las acciones pueden valorarse en las cuentas del acreedor por el valor nominal de los ZORA.

bis

| (113) | Sin embargo, Luxemburgo explica que, a raíz del reembolso parcial del ZORA por parte de LNG Supply, que tuvo lugar en 2014, LNG Luxembourg no optó por el régimen opcional previsto en el artículo 22 bis de la LIR y registró un beneficio imponible en sus cuentas. |
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(113)

Sin embargo, Luxemburgo explica que, a raíz del reembolso parcial del ZORA por parte de LNG Supply, que tuvo lugar en 2014, LNG Luxembourg no optó por el régimen opcional previsto en el artículo 22 bis de la LIR y registró un beneficio imponible en sus cuentas.

bis

| (114) | Luxemburgo considera que las resoluciones fiscales en cuestión no constituyen una excepción al principio de plena competencia al aceptar una metodología para determinar los beneficios de GSTM y de LNG Supply basada en los riesgos de que se trate, las funciones desempeñadas y los activos utilizados por cada entidad. |
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(114)

Luxemburgo considera que las resoluciones fiscales en cuestión no constituyen una excepción al principio de plena competencia al aceptar una metodología para determinar los beneficios de GSTM y de LNG Supply basada en los riesgos de que se trate, las funciones desempeñadas y los activos utilizados por cada entidad.

| (115) | Luxemburgo niega haber aplicado erróneamente el artículo 166 de la LIR, ya que las resoluciones fiscales en cuestión solo respaldan una lectura estricta y correcta de las diferentes disposiciones fiscales aplicables a cualquier empresa sujeta al impuesto de sociedades. |
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(115)

Luxemburgo niega haber aplicado erróneamente el artículo 166 de la LIR, ya que las resoluciones fiscales en cuestión solo respaldan una lectura estricta y correcta de las diferentes disposiciones fiscales aplicables a cualquier empresa sujeta al impuesto de sociedades.

| (116) | Luxemburgo cuestiona que el artículo 166, de la LIR tenga por objeto evitar la doble imposición económica. Según el artículo 166 de la LIR, Luxemburgo considera que los rendimientos no deben haber sido gravados en el pasado para beneficiarse de la exención de los rendimientos de las participaciones. Las únicas condiciones para beneficiarse de la exención de los rendimientos de las participaciones son la naturaleza del instrumento, el porcentaje que se posee del capital de la entidad de que se trate o el precio de compra, y la duración de la tenencia de las participaciones. En el caso que nos ocupa, el artículo 166 de la LIR se aplicó con arreglo a todas estas condiciones. En vista de lo anterior, Luxemburgo considera no solo que el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades no exige que todos los ingresos se graven, sino también que, de conformidad con el artículo 166, de la LIR, los ingresos que pueden beneficiarse de la exención de los rendimientos de las participaciones no tienen por qué proceder necesariamente de ingresos anteriormente gravados. |
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(116)

Luxemburgo cuestiona que el artículo 166, de la LIR tenga por objeto evitar la doble imposición económica. Según el artículo 166 de la LIR, Luxemburgo considera que los rendimientos no deben haber sido gravados en el pasado para beneficiarse de la exención de los rendimientos de las participaciones. Las únicas condiciones para beneficiarse de la exención de los rendimientos de las participaciones son la naturaleza del instrumento, el porcentaje que se posee del capital de la entidad de que se trate o el precio de compra, y la duración de la tenencia de las participaciones. En el caso que nos ocupa, el artículo 166 de la LIR se aplicó con arreglo a todas estas condiciones. En vista de lo anterior, Luxemburgo considera no solo que el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades no exige que todos los ingresos se graven, sino también que, de conformidad con el artículo 166, de la LIR, los ingresos que pueden beneficiarse de la exención de los rendimientos de las participaciones no tienen por qué proceder necesariamente de ingresos anteriormente gravados.

| (117) | Luxemburgo añade que, si la Comisión considera que el artículo 166 de la LIR no constituye una excepción al sistema de referencia, debe demostrar que las resoluciones fiscales en cuestión aprueban una excepción a lo dispuesto en el artículo 166, de la LIR para CEF y LNG Holding. Luxemburgo impugna específicamente la aplicación combinada de los artículos 164 y 166 de la LIR, teniendo en cuenta que las disposiciones del artículo 164 de la LIR no son una condición sine qua non para la aplicación del artículo 166, de la LIR. El artículo 164 de la LIR solo se aplica a los ingresos distribuidos por empresas nacionales (empresas residentes en Luxemburgo), mientras que las disposiciones del artículo 166, de la LIR abarcan un ámbito de aplicación más amplio, ya que el régimen de exención de los rendimientos de participaciones se aplica a los ingresos procedentes de participaciones de empresas residentes en Luxemburgo y de empresas extranjeras. Sin embargo, Luxemburgo reconoce explícitamente que salvo la excepción para las participaciones extranjeras, todas las participaciones cuyos rendimientos pueden beneficiarse del artículo 166 también están cubiertas por las disposiciones del artículo 164, de la LIR (163). |
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(117)

Luxemburgo añade que, si la Comisión considera que el artículo 166 de la LIR no constituye una excepción al sistema de referencia, debe demostrar que las resoluciones fiscales en cuestión aprueban una excepción a lo dispuesto en el artículo 166, de la LIR para CEF y LNG Holding. Luxemburgo impugna específicamente la aplicación combinada de los artículos 164 y 166 de la LIR, teniendo en cuenta que las disposiciones del artículo 164 de la LIR no son una condición sine qua non para la aplicación del artículo 166, de la LIR. El artículo 164 de la LIR solo se aplica a los ingresos distribuidos por empresas nacionales (empresas residentes en Luxemburgo), mientras que las disposiciones del artículo 166, de la LIR abarcan un ámbito de aplicación más amplio, ya que el régimen de exención de los rendimientos de participaciones se aplica a los ingresos procedentes de participaciones de empresas residentes en Luxemburgo y de empresas extranjeras. Sin embargo, Luxemburgo reconoce explícitamente que salvo la excepción para las participaciones extranjeras, todas las participaciones cuyos rendimientos pueden beneficiarse del artículo 166 también están cubiertas por las disposiciones del artículo 164, de la LIR (163).

sine qua non

163

| (118) | Por lo que se refiere al razonamiento aplicado al grupo (véase el considerando 100), Luxemburgo reitera su posición de que el razonamiento de la Comisión no puede basarse en un sistema de referencia inadecuado e inexistente. Luxemburgo subraya que la legislación luxemburguesa no especifica que las operaciones de financiación intragrupo entre varias entidades con residencia fiscal en Luxemburgo no puedan aumentar o reducir la suma de la renta imponible de todas estas entidades en Luxemburgo, o, en otras palabras, en la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo. Por otra parte, Luxemburgo explica que para establecer la selectividad de una medida, la Comisión debe demostrar que esta establece una excepción al propio sistema de referencia y no al objetivo de este sistema. |
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(118)

Por lo que se refiere al razonamiento aplicado al grupo (véase el considerando 100), Luxemburgo reitera su posición de que el razonamiento de la Comisión no puede basarse en un sistema de referencia inadecuado e inexistente. Luxemburgo subraya que la legislación luxemburguesa no especifica que las operaciones de financiación intragrupo entre varias entidades con residencia fiscal en Luxemburgo no puedan aumentar o reducir la suma de la renta imponible de todas estas entidades en Luxemburgo, o, en otras palabras, en la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo. Por otra parte, Luxemburgo explica que para establecer la selectividad de una medida, la Comisión debe demostrar que esta establece una excepción al propio sistema de referencia y no al objetivo de este sistema.

| (119) | Luxemburgo alega que para considerar que una medida es selectiva, la Comisión debe probar que las empresas de un sector determinado se benefician respecto a otras, y se remita a la anulación de la Decisión de la Comisión en el asunto Comunidad Autónoma de Galicia (164). |
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(119)

Luxemburgo alega que para considerar que una medida es selectiva, la Comisión debe probar que las empresas de un sector determinado se benefician respecto a otras, y se remita a la anulación de la Decisión de la Comisión en el asunto Comunidad Autónoma de Galicia (164).

164

| (120) | Luxemburgo también cuestiona la afirmación de la Comisión de que toda carga deducible fiscalmente registrada por el emisor de un ZORA en relación con las adiciones al ZORA se habría incluido en la renta imponible del acreedor, por lo que no afectaría a la renta imponible del grupo en Luxemburgo. Luxemburgo señala que el artículo 22 bis de la LIR permite al acreedor de un préstamo convertible abstenerse de registrar una plusvalía en el momento de la conversión. Por consiguiente, según Luxemburgo, la intervención de EIL y de LNG Luxembourg no redujo los ingresos imponibles del grupo Engie como hubiese ocurrido si el grupo hubiera recurrido directamente a ZORA. |
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(120)

Luxemburgo también cuestiona la afirmación de la Comisión de que toda carga deducible fiscalmente registrada por el emisor de un ZORA en relación con las adiciones al ZORA se habría incluido en la renta imponible del acreedor, por lo que no afectaría a la renta imponible del grupo en Luxemburgo. Luxemburgo señala que el artículo 22 bis de la LIR permite al acreedor de un préstamo convertible abstenerse de registrar una plusvalía en el momento de la conversión. Por consiguiente, según Luxemburgo, la intervención de EIL y de LNG Luxembourg no redujo los ingresos imponibles del grupo Engie como hubiese ocurrido si el grupo hubiera recurrido directamente a ZORA.

bis

| (121) | Luxemburgo también niega cualquier abuso de derecho. En particular, Luxemburgo critica la insinuación de la Comisión de que habría aprobado una transacción simulada con arreglo al artículo 5 de StAnpG, y recuerda que las diferentes partes tienen una existencia jurídica verdadera y han cumplido correctamente sus obligaciones contractuales. Luxemburgo rechaza también el argumento de que la forma jurídica de la transacción no fue apropiada según su sustancia de conformidad con el artículo 6 de StAnpG, ya que las transacciones se realizaron para financiar la transferencia de activos dentro del grupo. |
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(121)

Luxemburgo también niega cualquier abuso de derecho. En particular, Luxemburgo critica la insinuación de la Comisión de que habría aprobado una transacción simulada con arreglo al artículo 5 de StAnpG, y recuerda que las diferentes partes tienen una existencia jurídica verdadera y han cumplido correctamente sus obligaciones contractuales. Luxemburgo rechaza también el argumento de que la forma jurídica de la transacción no fue apropiada según su sustancia de conformidad con el artículo 6 de StAnpG, ya que las transacciones se realizaron para financiar la transferencia de activos dentro del grupo.

4.3.   SIN RECUPERACIÓN

SIN RECUPERACIÓN

| (122) | Por último, en el caso de que la Comisión adopte una decisión negativa, Luxemburgo considera que solo debería tener efecto para el futuro, y que la Comisión no debería ordenar la recuperación de las supuestas ayudas estatales, de conformidad con los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. |
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(122)

Por último, en el caso de que la Comisión adopte una decisión negativa, Luxemburgo considera que solo debería tener efecto para el futuro, y que la Comisión no debería ordenar la recuperación de las supuestas ayudas estatales, de conformidad con los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

5.   OBSERVACIONES DE ENGIE

OBSERVACIONES DE ENGIE

| (123) | Engie considera que los ZORA son instrumentos de deuda. El importe total que debe reembolsarse depende del desempeño del prestatario. Por lo tanto, Engie sostiene que el acreedor no debe percibir ingresos antes de la conversión. Por otra parte, hasta la conversión, el ZORA es un instrumento de deuda en las cuentas y, por lo tanto, se trata como tal desde el punto de vista contable y fiscal. |
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(123)

Engie considera que los ZORA son instrumentos de deuda. El importe total que debe reembolsarse depende del desempeño del prestatario. Por lo tanto, Engie sostiene que el acreedor no debe percibir ingresos antes de la conversión. Por otra parte, hasta la conversión, el ZORA es un instrumento de deuda en las cuentas y, por lo tanto, se trata como tal desde el punto de vista contable y fiscal.

| (124) | Engie alega que la deducibilidad de las tasas vinculadas a un ZORA en relación con el prestatario está en consonancia con la legislación fiscal aplicable. Las tasas asociadas al reembolso del ZORA registradas en las cuentas con arreglo a las normas contables aplicables son deducibles a efectos fiscales sobre la base del principio fiscal fundamental de la vinculación del balance contable al balance fiscal. En virtud del principio de prudencia contable, el acreedor no tiene derecho a contabilizar un beneficio en sus cuentas antes de la conversión del ZORA en acciones. Por lo tanto, solo en la fecha de la conversión el acreedor contabilizará un beneficio imponible. Sin embargo, según Engie, el artículo 22 bis de la LIR permite a una empresa beneficiarse de una suspensión del impuesto en caso de conversión de un préstamo convertible. Por último, EIL y LNG Luxembourg cubrieron sus riesgos mediante la celebración de los contratos de futuros con CEF y LNG Holding, respectivamente. Los ingresos obtenidos por CEF y LNG Holding de sus inversiones se gravarán de acuerdo con la legislación fiscal aplicable, incluido el artículo 166, de la LIR. |
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(124)

Engie alega que la deducibilidad de las tasas vinculadas a un ZORA en relación con el prestatario está en consonancia con la legislación fiscal aplicable. Las tasas asociadas al reembolso del ZORA registradas en las cuentas con arreglo a las normas contables aplicables son deducibles a efectos fiscales sobre la base del principio fiscal fundamental de la vinculación del balance contable al balance fiscal. En virtud del principio de prudencia contable, el acreedor no tiene derecho a contabilizar un beneficio en sus cuentas antes de la conversión del ZORA en acciones. Por lo tanto, solo en la fecha de la conversión el acreedor contabilizará un beneficio imponible. Sin embargo, según Engie, el artículo 22 bis de la LIR permite a una empresa beneficiarse de una suspensión del impuesto en caso de conversión de un préstamo convertible. Por último, EIL y LNG Luxembourg cubrieron sus riesgos mediante la celebración de los contratos de futuros con CEF y LNG Holding, respectivamente. Los ingresos obtenidos por CEF y LNG Holding de sus inversiones se gravarán de acuerdo con la legislación fiscal aplicable, incluido el artículo 166, de la LIR.

bis

| (125) | Engie explicó más detalladamente las actividades que se transfirieron a LNG Supply y a GSTM, que consisten, respectivamente, en un contrato de suministro de gas natural licuado a largo plazo (aproximadamente 20 años) (en lo sucesivo, «contrato GNL») en Yemen y sus activos complementarios (capacidad de la terminal y capacidad de transporte), por una parte, y las actividades de centralización de tesorería (cash pooling) del grupo, por otra parte (165). |
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(125)

Engie explicó más detalladamente las actividades que se transfirieron a LNG Supply y a GSTM, que consisten, respectivamente, en un contrato de suministro de gas natural licuado a largo plazo (aproximadamente 20 años) (en lo sucesivo, «contrato GNL») en Yemen y sus activos complementarios (capacidad de la terminal y capacidad de transporte), por una parte, y las actividades de centralización de tesorería (cash pooling) del grupo, por otra parte (165).

cash pooling

165

| (126) | Además, Engie explicó que solo el ZORA entre LNG Supply y LNG Luxembourg se había convertido parcialmente a acciones en 2014, debido a los considerables beneficios derivados de LNG Supply. Tras la conversión parcial, LNG Luxembourg registró ingresos imponibles. LNG Luxembourg no optó por el régimen previsto en el artículo 22 bis de la LIR. Durante el mismo ejercicio fiscal, la entidad registró una tasa deducible de la misma cantidad en sus cuentas como resultado de la transferencia de las acciones a LNG Holding en el marco del contrato de futuros LNG. |
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(126)

Además, Engie explicó que solo el ZORA entre LNG Supply y LNG Luxembourg se había convertido parcialmente a acciones en 2014, debido a los considerables beneficios derivados de LNG Supply. Tras la conversión parcial, LNG Luxembourg registró ingresos imponibles. LNG Luxembourg no optó por el régimen previsto en el artículo 22 bis de la LIR. Durante el mismo ejercicio fiscal, la entidad registró una tasa deducible de la misma cantidad en sus cuentas como resultado de la transferencia de las acciones a LNG Holding en el marco del contrato de futuros LNG.

bis

| (127) | Engie también confirmó que, de hecho, la aplicación del artículo 22 bis, de la LIR no habría repercutido en los ingresos imponibles de los acreedores de los ZORA (LNG Luxembourg y EIL), ya que el precio de venta y la fecha de venta se fijaron de antemano en los contratos de futuros. A este respecto, se realizaron cambios durante la reunión de 1 de junio de 2017 en lo que se refiere a la situación en que LNG Luxembourg o EIL generarían un beneficio imponible o una pérdida, puesto que los ZORA y los contratos de futuros se cubren mutuamente. Engie explicó que todos los ingresos imponibles generados por la conversión de los ZORA suponen una pérdida fiscalmente deducible en los contratos de futuros. |
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(127)

Engie también confirmó que, de hecho, la aplicación del artículo 22 bis, de la LIR no habría repercutido en los ingresos imponibles de los acreedores de los ZORA (LNG Luxembourg y EIL), ya que el precio de venta y la fecha de venta se fijaron de antemano en los contratos de futuros. A este respecto, se realizaron cambios durante la reunión de 1 de junio de 2017 en lo que se refiere a la situación en que LNG Luxembourg o EIL generarían un beneficio imponible o una pérdida, puesto que los ZORA y los contratos de futuros se cubren mutuamente. Engie explicó que todos los ingresos imponibles generados por la conversión de los ZORA suponen una pérdida fiscalmente deducible en los contratos de futuros.

bis

| (128) | Por último, por lo que se refiere al marco jurídico aplicable a las sociedades de cartera (es decir, CEF y LNG Holding), Engie aclaró que, en la fecha de la venta de las acciones y cuando el valor de las acciones sea superior al precio de compra establecido en los contratos de futuros, la sociedad de cartera no registrará ningún beneficio en sus cuentas. Estos beneficios solo pueden contabilizarse más adelante, siempre y cuando las acciones de los emisores se vendan o se cancelen. Según Engie, estos posibles beneficios pueden estar exentos de impuestos con arreglo al régimen de exención de los rendimientos de participaciones aplicable a todas las empresas luxemburguesas, tal como dispone el artículo 166 de la LIR. |
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(128)

Por último, por lo que se refiere al marco jurídico aplicable a las sociedades de cartera (es decir, CEF y LNG Holding), Engie aclaró que, en la fecha de la venta de las acciones y cuando el valor de las acciones sea superior al precio de compra establecido en los contratos de futuros, la sociedad de cartera no registrará ningún beneficio en sus cuentas. Estos beneficios solo pueden contabilizarse más adelante, siempre y cuando las acciones de los emisores se vendan o se cancelen. Según Engie, estos posibles beneficios pueden estar exentos de impuestos con arreglo al régimen de exención de los rendimientos de participaciones aplicable a todas las empresas luxemburguesas, tal como dispone el artículo 166 de la LIR.

| (129) | Engie afirma que la ejecución del ZORA GSTM y el ZORA LNG cumple las resoluciones fiscales adoptadas de acuerdo con la legislación fiscal y que no conduce a una doble no imposición. Engie también explicó en la reunión de junio de 2017 que cuando se sigue un razonamiento económico en vez de un razonamiento jurídico, es importante tener en cuenta la larga madurez del ZORA y no centrarse en los años en los que se han obtenido beneficios y durante los cuales se han pagado impuestos limitados. Engie aclaró que si se sigue un razonamiento de entidades en lugar de un enfoque económico o global, el sistema es simétrico. |
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(129)

Engie afirma que la ejecución del ZORA GSTM y el ZORA LNG cumple las resoluciones fiscales adoptadas de acuerdo con la legislación fiscal y que no conduce a una doble no imposición. Engie también explicó en la reunión de junio de 2017 que cuando se sigue un razonamiento económico en vez de un razonamiento jurídico, es importante tener en cuenta la larga madurez del ZORA y no centrarse en los años en los que se han obtenido beneficios y durante los cuales se han pagado impuestos limitados. Engie aclaró que si se sigue un razonamiento de entidades en lugar de un enfoque económico o global, el sistema es simétrico.

| (130) | Además, Engie explicó que el ZORA GSTM aún no se había convertido. Hasta la fecha, EIL no ha registrado ningún beneficio. El ZORA LNG se convirtió parcialmente en acciones en 2014, lo que dio lugar a un beneficio equivalente a las adiciones al ZORA acumuladas en las cuentas de LNG Luxembourg. LNG Luxembourg optó por no utilizar el régimen facultativo de suspensión del impuesto previsto en el artículo 22 bis, de la LIR, y el beneficio obtenido en la conversión se tuvo en cuenta en el cálculo de su base imponible para 2014. |
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(130)

Además, Engie explicó que el ZORA GSTM aún no se había convertido. Hasta la fecha, EIL no ha registrado ningún beneficio. El ZORA LNG se convirtió parcialmente en acciones en 2014, lo que dio lugar a un beneficio equivalente a las adiciones al ZORA acumuladas en las cuentas de LNG Luxembourg. LNG Luxembourg optó por no utilizar el régimen facultativo de suspensión del impuesto previsto en el artículo 22 bis, de la LIR, y el beneficio obtenido en la conversión se tuvo en cuenta en el cálculo de su base imponible para 2014.

bis

| (131) | Engie también explicó con más detalle las funciones específicas de EIL y LNG Luxembourg. Estas funciones se describen en los informes de precios de transferencia establecidos por Engie para justificar los ZORA y se adjuntan a las observaciones de Engie presentadas a la Comisión sobre la Decisión de incoar un procedimiento («informes PT»). EIL y LNG Luxembourg se presentan en los informes PT como el «inversor» que asume todos los riesgos vinculados a las actividades y que garantizan las funciones clave derivadas de estas actividades, si bien, al mismo tiempo, estas entidades están completamente cubiertas desde el punto de vista de los riesgos por los contratos de futuros (166). Engie explicó que, desde la perspectiva de los precios de transferencia, para determinar la remuneración del emisor del ZORA, es posible fusionar el acreedor del ZORA con el comprador de las acciones convertidas al amparo de los contratos de futuros. |
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(131)

Engie también explicó con más detalle las funciones específicas de EIL y LNG Luxembourg. Estas funciones se describen en los informes de precios de transferencia establecidos por Engie para justificar los ZORA y se adjuntan a las observaciones de Engie presentadas a la Comisión sobre la Decisión de incoar un procedimiento («informes PT»). EIL y LNG Luxembourg se presentan en los informes PT como el «inversor» que asume todos los riesgos vinculados a las actividades y que garantizan las funciones clave derivadas de estas actividades, si bien, al mismo tiempo, estas entidades están completamente cubiertas desde el punto de vista de los riesgos por los contratos de futuros (166). Engie explicó que, desde la perspectiva de los precios de transferencia, para determinar la remuneración del emisor del ZORA, es posible fusionar el acreedor del ZORA con el comprador de las acciones convertidas al amparo de los contratos de futuros.

166

| (132) | Considerando que la intervención de EIL y de LNG Luxembourg es neutra desde el punto de vista económico y comercial, la Comisión solicitó, en la reunión de 1 de junio de 2017, que se le explicara la necesidad de tener estas entidades para la financiación de la transferencia de activos. Engie confirmó que podría haber estructurado la financiación de la transferencia de actividades de forma diferente. Aunque existen otras maneras de estructurar esta operación, se escogió esta estructura porque ofrece más flexibilidad para la gestión de las empresas y más opciones para futuras operaciones, que son criterios importantes para la organización de un grupo de empresas. |
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(132)

Considerando que la intervención de EIL y de LNG Luxembourg es neutra desde el punto de vista económico y comercial, la Comisión solicitó, en la reunión de 1 de junio de 2017, que se le explicara la necesidad de tener estas entidades para la financiación de la transferencia de activos. Engie confirmó que podría haber estructurado la financiación de la transferencia de actividades de forma diferente. Aunque existen otras maneras de estructurar esta operación, se escogió esta estructura porque ofrece más flexibilidad para la gestión de las empresas y más opciones para futuras operaciones, que son criterios importantes para la organización de un grupo de empresas.

5.1.   ENGIE NIEGA LA EXISTENCIA DE UNA VENTAJA

ENGIE NIEGA LA EXISTENCIA DE UNA VENTAJA

| (133) | Engie sostiene que las empresas en cuestión no se benefician de ninguna ventaja, puesto que no se benefician de ninguna reducción injustificada del impuesto. Engie declara que la deducción de las adiciones al ZORA no constituye una ventaja competitiva. Asimismo, Engie considera que la combinación del régimen aplicado a los emisores de los ZORA con el que se aplica a los acreedores no puede originar una ventaja competitiva, ya que dicha ventaja no se ha materializado debido a la no conversión del ZORA GSTM y a la decisión de no recurrir al artículo 22 bis, de la LIR para el ZORA LNG. |
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(133)

Engie sostiene que las empresas en cuestión no se benefician de ninguna ventaja, puesto que no se benefician de ninguna reducción injustificada del impuesto. Engie declara que la deducción de las adiciones al ZORA no constituye una ventaja competitiva. Asimismo, Engie considera que la combinación del régimen aplicado a los emisores de los ZORA con el que se aplica a los acreedores no puede originar una ventaja competitiva, ya que dicha ventaja no se ha materializado debido a la no conversión del ZORA GSTM y a la decisión de no recurrir al artículo 22 bis, de la LIR para el ZORA LNG.

bis

5.2.   ENGIE NIEGA EL CARÁCTER SELECTIVO DE LAS MEDIDAS EN CUESTIÓN

ENGIE NIEGA EL CARÁCTER SELECTIVO DE LAS MEDIDAS EN CUESTIÓN

| (134) | En primer lugar, Engie considera que las resoluciones fiscales en cuestión no constituyen medidas individuales de ayuda. |
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(134)

En primer lugar, Engie considera que las resoluciones fiscales en cuestión no constituyen medidas individuales de ayuda.

| (135) | Engie cuestiona el sistema de referencia utilizado por la Comisión en la Decisión de incoar un procedimiento. Engie considera que el artículo 109, apartado 1, y el artículo 164, de la LIR, no son aplicables, el primero porque solo se refiere a las personas físicas y el segundo, porque no afecta a los préstamos. El sistema de referencia correcto es el que establecen los artículos 18 a 45, de la LIR, que recogen los principios fundamentales de la legislación fiscal luxemburguesa respecto a la determinación de los ingresos imponibles de una empresa, por ejemplo, el principio de prudencia (artículo 23, de la LIR), la vinculación del balance fiscal al balance comercial (artículo 40, de la LIR) y la deducibilidad de los gastos de explotación (artículo 45, de la LIR). |
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(135)

Engie cuestiona el sistema de referencia utilizado por la Comisión en la Decisión de incoar un procedimiento. Engie considera que el artículo 109, apartado 1, y el artículo 164, de la LIR, no son aplicables, el primero porque solo se refiere a las personas físicas y el segundo, porque no afecta a los préstamos. El sistema de referencia correcto es el que establecen los artículos 18 a 45, de la LIR, que recogen los principios fundamentales de la legislación fiscal luxemburguesa respecto a la determinación de los ingresos imponibles de una empresa, por ejemplo, el principio de prudencia (artículo 23, de la LIR), la vinculación del balance fiscal al balance comercial (artículo 40, de la LIR) y la deducibilidad de los gastos de explotación (artículo 45, de la LIR).

| (136) | Engie considera que las resoluciones fiscales en cuestión no constituyen una excepción al sistema de referencia aplicable. El aumento del valor de amortización de la deuda supone una carga financiera para los prestatarios. Esta carga financiera se incluye en las cuentas anuales y es deducible sobre la base del principio de vinculación del balance fiscal al balance comercial y de la deducibilidad de los gastos de explotación. Por el contrario, en el caso de adiciones al ZORA negativas, la reducción de la deuda implica la contabilización de una renta imponible. La conversión posterior del préstamo en acciones no afecta a la calificación inicial del instrumento como una deuda. Por lo que se refiere a EIL y LNG Luxembourg, el artículo 22 bis, de la LIR les ofrece la posibilidad, en el momento de la conversión, de optar por la suspensión del impuesto. LNG Luxembourg no optó por este régimen después de la conversión parcial del ZORA LNG en 2014 y registró un beneficio imponible en sus cuentas. Hasta la fecha, el ZORA GSTM y el resto del ZORA LNG no se han convertido. No se han generado ingresos hasta la fecha y no se ha podido invocar el régimen facultativo del artículo 22 bis, de la LIR. Por lo tanto, Engie considera que tanto en su contenido formal como en su aplicación, las resoluciones fiscales en cuestión no constituyen una excepción al sistema de referencia. |
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(136)

Engie considera que las resoluciones fiscales en cuestión no constituyen una excepción al sistema de referencia aplicable. El aumento del valor de amortización de la deuda supone una carga financiera para los prestatarios. Esta carga financiera se incluye en las cuentas anuales y es deducible sobre la base del principio de vinculación del balance fiscal al balance comercial y de la deducibilidad de los gastos de explotación. Por el contrario, en el caso de adiciones al ZORA negativas, la reducción de la deuda implica la contabilización de una renta imponible. La conversión posterior del préstamo en acciones no afecta a la calificación inicial del instrumento como una deuda. Por lo que se refiere a EIL y LNG Luxembourg, el artículo 22 bis, de la LIR les ofrece la posibilidad, en el momento de la conversión, de optar por la suspensión del impuesto. LNG Luxembourg no optó por este régimen después de la conversión parcial del ZORA LNG en 2014 y registró un beneficio imponible en sus cuentas. Hasta la fecha, el ZORA GSTM y el resto del ZORA LNG no se han convertido. No se han generado ingresos hasta la fecha y no se ha podido invocar el régimen facultativo del artículo 22 bis, de la LIR. Por lo tanto, Engie considera que tanto en su contenido formal como en su aplicación, las resoluciones fiscales en cuestión no constituyen una excepción al sistema de referencia.

bis

bis

| (137) | Sobre la base de los informes PT, Engie sostiene que el método utilizado para calcular el margen de imposición de los emisores (es decir, la remuneración de los emisores) corresponde a una aproximación fiable de un resultado basado en el mercado y acorde con el principio de plena competencia. Las funciones, los riesgos y los activos de las distintas entidades jurídicas se remuneraron con arreglo a los precios de mercado. Los dos informes PT presentados evalúan las funciones y los riesgos asumidos por los emisores (LNG Supply o GSTM) y el «inversor» (que no se identifica con precisión), y concluyen que la mayoría de los riesgos corren a cargo del «inversor», mientras que el emisor participa en la gestión diaria de las actividades transferidas. Según los informes PT, el método del precio comparable en el mercado libre (167) es el adecuado para evaluar el carácter de plena competencia del ZORA y la remuneración de los exchange-traded funds (ETF) constituye una remuneración comparable. Por último, los informes PT llegan a la conclusión de que la remuneración de los emisores está en consonancia con la de los ETF y que, por tanto, debe considerarse acorde con el principio de plena competencia. |
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(137)

Sobre la base de los informes PT, Engie sostiene que el método utilizado para calcular el margen de imposición de los emisores (es decir, la remuneración de los emisores) corresponde a una aproximación fiable de un resultado basado en el mercado y acorde con el principio de plena competencia. Las funciones, los riesgos y los activos de las distintas entidades jurídicas se remuneraron con arreglo a los precios de mercado. Los dos informes PT presentados evalúan las funciones y los riesgos asumidos por los emisores (LNG Supply o GSTM) y el «inversor» (que no se identifica con precisión), y concluyen que la mayoría de los riesgos corren a cargo del «inversor», mientras que el emisor participa en la gestión diaria de las actividades transferidas. Según los informes PT, el método del precio comparable en el mercado libre (167) es el adecuado para evaluar el carácter de plena competencia del ZORA y la remuneración de los exchange-traded funds (ETF) constituye una remuneración comparable. Por último, los informes PT llegan a la conclusión de que la remuneración de los emisores está en consonancia con la de los ETF y que, por tanto, debe considerarse acorde con el principio de plena competencia.

167

exchange-traded funds

| (138) | Según Engie, la confirmación por parte de las resoluciones fiscales en cuestión de la aplicación acumulativa de las disposiciones pertinentes de la legislación luxemburguesa se ajusta al objetivo del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, que es la imposición de los beneficios, después de tener en cuenta la remuneración de los instrumentos de deuda emitidos, de todas las empresas sujetas a tributación en Luxemburgo. Todos los titulares de instrumentos de deuda (prestatario) estarían sujetos al mismo trato fiscal, es decir a la deducibilidad de los gastos financieros. Del mismo modo, cualquier prestamista que sea acreedor de un préstamo similar estaría sujeto al mismo trato fiscal, es decir, a la imposición de un beneficio contable en el momento del reembolso, salvo que se opte por el régimen de suspensión del impuesto. |
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(138)

Según Engie, la confirmación por parte de las resoluciones fiscales en cuestión de la aplicación acumulativa de las disposiciones pertinentes de la legislación luxemburguesa se ajusta al objetivo del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, que es la imposición de los beneficios, después de tener en cuenta la remuneración de los instrumentos de deuda emitidos, de todas las empresas sujetas a tributación en Luxemburgo. Todos los titulares de instrumentos de deuda (prestatario) estarían sujetos al mismo trato fiscal, es decir a la deducibilidad de los gastos financieros. Del mismo modo, cualquier prestamista que sea acreedor de un préstamo similar estaría sujeto al mismo trato fiscal, es decir, a la imposición de un beneficio contable en el momento del reembolso, salvo que se opte por el régimen de suspensión del impuesto.

| (139) | Engie también niega cualquier abuso de derecho. Todas las entidades implicadas en las operaciones son entidades jurídicas. Además, las transacciones en cuestión tienen una lógica económica, que consiste en financiar la transferencia de actividades. Por lo tanto, Engie considera que Luxemburgo no ha eximido las adiciones al ZORA de la imposición, ni aceptado una evasión o abuso fiscal con arreglo a la legislación nacional. |
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(139)

Engie también niega cualquier abuso de derecho. Todas las entidades implicadas en las operaciones son entidades jurídicas. Además, las transacciones en cuestión tienen una lógica económica, que consiste en financiar la transferencia de actividades. Por lo tanto, Engie considera que Luxemburgo no ha eximido las adiciones al ZORA de la imposición, ni aceptado una evasión o abuso fiscal con arreglo a la legislación nacional.

| (140) | En segundo lugar, Engie considera que, puesto que las resoluciones fiscales en cuestión solo confirman la legislación nacional aplicable, deberían contemplarse como un régimen. A este respecto, Engie considera que estos regímenes, tal como se interpretan en las resoluciones fiscales en cuestión, no son selectivos. Son de carácter general, puesto que se aplican, de manera aislada o acumulativa, sin distinción alguna a todos los operadores económicos y sin condiciones. Su aplicabilidad no está sujeta a la emisión de resoluciones fiscales, solicitadas en este caso por razones de seguridad jurídica. Todas las empresas que se encuentren en una situación fáctica y jurídica comparable a la luz del objetivo del sistema fiscal, es decir, la imposición de los beneficios, pueden beneficiarse de estos regímenes. Por lo tanto, según Engie, a efectos prácticos no discriminan ni distinguen entre empresas. |
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(140)

En segundo lugar, Engie considera que, puesto que las resoluciones fiscales en cuestión solo confirman la legislación nacional aplicable, deberían contemplarse como un régimen. A este respecto, Engie considera que estos regímenes, tal como se interpretan en las resoluciones fiscales en cuestión, no son selectivos. Son de carácter general, puesto que se aplican, de manera aislada o acumulativa, sin distinción alguna a todos los operadores económicos y sin condiciones. Su aplicabilidad no está sujeta a la emisión de resoluciones fiscales, solicitadas en este caso por razones de seguridad jurídica. Todas las empresas que se encuentren en una situación fáctica y jurídica comparable a la luz del objetivo del sistema fiscal, es decir, la imposición de los beneficios, pueden beneficiarse de estos regímenes. Por lo tanto, según Engie, a efectos prácticos no discriminan ni distinguen entre empresas.

| (141) | En tercer lugar, Engie sostiene que las medidas en cuestión derivan de los principios rectores del sistema tributario luxemburgués, en particular del principio de prudencia. |
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(141)

En tercer lugar, Engie sostiene que las medidas en cuestión derivan de los principios rectores del sistema tributario luxemburgués, en particular del principio de prudencia.

| (142) | Engie discute que el objetivo del sistema luxemburgués de imposición de las sociedades sea gravar los beneficios registrados en las cuentas. El sistema de referencia es el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, que incluye el artículo 166, de la LIR y cuya aplicación fue aprobada en las resoluciones fiscales en cuestión. |
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(142)

Engie discute que el objetivo del sistema luxemburgués de imposición de las sociedades sea gravar los beneficios registrados en las cuentas. El sistema de referencia es el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, que incluye el artículo 166, de la LIR y cuya aplicación fue aprobada en las resoluciones fiscales en cuestión.

| (143) | Engie también indica que las resoluciones fiscales en cuestión no constituye una excepción a lo dispuesto en el artículo 166, de la LIR. Según el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, los dividendos o las plusvalías registrados por un contribuyente no pueden ser gravados si se cumplen las condiciones del artículo 166, de la LIR. Engie señala que se cumplieron las condiciones del artículo 166, de la LIR cuando LNG Supply redujo su capital mediante la cancelación de las acciones nuevas. Por lo tanto, Engie considera que las resoluciones fiscales en cuestión no se desvían de las normas fiscales aplicables y no han reducido el impuesto que se habría adeudado en su ausencia. |
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(143)

Engie también indica que las resoluciones fiscales en cuestión no constituye una excepción a lo dispuesto en el artículo 166, de la LIR. Según el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, los dividendos o las plusvalías registrados por un contribuyente no pueden ser gravados si se cumplen las condiciones del artículo 166, de la LIR. Engie señala que se cumplieron las condiciones del artículo 166, de la LIR cuando LNG Supply redujo su capital mediante la cancelación de las acciones nuevas. Por lo tanto, Engie considera que las resoluciones fiscales en cuestión no se desvían de las normas fiscales aplicables y no han reducido el impuesto que se habría adeudado en su ausencia.

| (144) | Asimismo, Engie considera que, de conformidad con los artículos 99 y 101 de la Constitución de Luxemburgo, las autoridades tributarias luxemburguesas no pueden establecer excepciones a las condiciones estrictas establecidas en el artículo 166, de la LIR. |
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(144)

Asimismo, Engie considera que, de conformidad con los artículos 99 y 101 de la Constitución de Luxemburgo, las autoridades tributarias luxemburguesas no pueden establecer excepciones a las condiciones estrictas establecidas en el artículo 166, de la LIR.

| (145) | Engie señala que la Decisión de incoar un procedimiento se refiere a una posible medida de ayuda individual y no al artículo 166, de la LIR, que constituiría un régimen. Si la Comisión no considera que el artículo 166, de la LIR sea una excepción en sí mismo, pero cuestiona su aplicación en las resoluciones fiscales en cuestión, la Comisión sigue sin demostrar de qué manera las resoluciones fiscales en cuestión constituyen una excepción a lo dispuesto en el artículo 166 de la LIR. |
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(145)

Engie señala que la Decisión de incoar un procedimiento se refiere a una posible medida de ayuda individual y no al artículo 166, de la LIR, que constituiría un régimen. Si la Comisión no considera que el artículo 166, de la LIR sea una excepción en sí mismo, pero cuestiona su aplicación en las resoluciones fiscales en cuestión, la Comisión sigue sin demostrar de qué manera las resoluciones fiscales en cuestión constituyen una excepción a lo dispuesto en el artículo 166 de la LIR.

| (146) | Engie alega que la ampliación del ámbito de aplicación del régimen de exención de los rendimientos de participaciones, introducido inicialmente en Luxemburgo en 1940, estaba en consonancia con el objetivo de construcción del mercado interior. Según Engie, este es precisamente el objetivo de la Directiva 90/435/CEE. Engie considera que esta Directiva no exige que los beneficios que se distribuirán se graven. |
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(146)

Engie alega que la ampliación del ámbito de aplicación del régimen de exención de los rendimientos de participaciones, introducido inicialmente en Luxemburgo en 1940, estaba en consonancia con el objetivo de construcción del mercado interior. Según Engie, este es precisamente el objetivo de la Directiva 90/435/CEE. Engie considera que esta Directiva no exige que los beneficios que se distribuirán se graven.

| (147) | Por lo que se refiere al razonamiento a nivel de grupo, Engie afirma que el criterio de selectividad debe ser evaluado individualmente para cada entidad jurídica, y no a nivel de grupo. Engie entiende que, en determinadas decisiones precedentes (168), la Comisión creyó que un análisis a nivel del grupo no estaba justificado. |
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(147)

Por lo que se refiere al razonamiento a nivel de grupo, Engie afirma que el criterio de selectividad debe ser evaluado individualmente para cada entidad jurídica, y no a nivel de grupo. Engie entiende que, en determinadas decisiones precedentes (168), la Comisión creyó que un análisis a nivel del grupo no estaba justificado.

168

| (148) | Según Engie, el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades no prevé un principio de igualdad de trato entre las sociedades residentes a efectos fiscales y que participan en la misma transacción, ni linking rules (normas de asociación) tal como recomienda la OCDE (169). Engie reitera que cada entidad del grupo ha tributado de conformidad con las normas aplicables, tal como lo confirman las resoluciones fiscales en cuestión. |
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(148)

Según Engie, el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades no prevé un principio de igualdad de trato entre las sociedades residentes a efectos fiscales y que participan en la misma transacción, ni linking rules (normas de asociación) tal como recomienda la OCDE (169). Engie reitera que cada entidad del grupo ha tributado de conformidad con las normas aplicables, tal como lo confirman las resoluciones fiscales en cuestión.

linking rules

169

| (149) | Engie explica que las transacciones cuyo trato fiscal ha sido validado por las resoluciones fiscales en cuestión persiguen un objetivo económico, a saber, financiar la transferencia de activos. Por lo tanto, según Engie, los criterios del artículo 6, StAnpG no se cumplen en el presente caso. |
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(149)

Engie explica que las transacciones cuyo trato fiscal ha sido validado por las resoluciones fiscales en cuestión persiguen un objetivo económico, a saber, financiar la transferencia de activos. Por lo tanto, según Engie, los criterios del artículo 6, StAnpG no se cumplen en el presente caso.

| (150) | Engie afirma que los beneficiarios de las resoluciones fiscales en cuestión no recibieron un trato distinto a otras empresas que no se beneficiarían de dichas resoluciones fiscales, dado que las resoluciones fiscales en cuestión solo confirman la correcta aplicación de las normas fiscales aplicables en Luxemburgo. Por lo tanto, las resoluciones fiscales en cuestión no constituyen, ni de iure ni de facto, una discriminación para otras empresas en una situación jurídica y fáctica comparable a la de Engie sobre la base de los objetivos del sistema tributario luxemburgués. |
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(150)

Engie afirma que los beneficiarios de las resoluciones fiscales en cuestión no recibieron un trato distinto a otras empresas que no se beneficiarían de dichas resoluciones fiscales, dado que las resoluciones fiscales en cuestión solo confirman la correcta aplicación de las normas fiscales aplicables en Luxemburgo. Por lo tanto, las resoluciones fiscales en cuestión no constituyen, ni de iure ni de facto, una discriminación para otras empresas en una situación jurídica y fáctica comparable a la de Engie sobre la base de los objetivos del sistema tributario luxemburgués.

5.3.   SIN RECUPERACIÓN

SIN RECUPERACIÓN

| (151) | Por último, Engie alega que, en caso de que la Comisión considerase las resoluciones fiscales en cuestión como ayudas incompatibles con el mercado interior, no podría exigir su recuperación sin infringir una serie de principios generales del Derecho, a saber, los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, de buena administración y de igualdad de trato. |
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(151)

Por último, Engie alega que, en caso de que la Comisión considerase las resoluciones fiscales en cuestión como ayudas incompatibles con el mercado interior, no podría exigir su recuperación sin infringir una serie de principios generales del Derecho, a saber, los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, de buena administración y de igualdad de trato.

| (152) | En particular, según Engie, la Comisión solo podría demostrar la existencia de una ventaja selectiva imponiendo de manera retroactiva su propia interpretación de la legislación fiscal luxemburguesa para concluir que, en este caso, se habría aplicado erróneamente. La inseguridad jurídica resultante debería limitarse con la no aplicación retroactiva de los efectos de la Decisión. |
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(152)

En particular, según Engie, la Comisión solo podría demostrar la existencia de una ventaja selectiva imponiendo de manera retroactiva su propia interpretación de la legislación fiscal luxemburguesa para concluir que, en este caso, se habría aplicado erróneamente. La inseguridad jurídica resultante debería limitarse con la no aplicación retroactiva de los efectos de la Decisión.

6.   EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AYUDA

EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AYUDA

| (153) | Como se indica en el considerando 92, en la Decisión de incoar un procedimiento, la Comisión planteó tres dudas principales. En la presente Decisión, la Comisión centrará su evaluación en la tercera duda, relativa al efecto combinado de la deducibilidad de las adiciones al ZORA y la exención de ingresos correspondientes, y explicará por qué no se han despejado las dudas expresadas en la Decisión de incoar un procedimiento. |
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(153)

Como se indica en el considerando 92, en la Decisión de incoar un procedimiento, la Comisión planteó tres dudas principales. En la presente Decisión, la Comisión centrará su evaluación en la tercera duda, relativa al efecto combinado de la deducibilidad de las adiciones al ZORA y la exención de ingresos correspondientes, y explicará por qué no se han despejado las dudas expresadas en la Decisión de incoar un procedimiento.

6.1.   EXISTENCIA DE AYUDA

EXISTENCIA DE AYUDA

| (154) | Con arreglo al artículo 107, apartado 1, del Tratado, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. |
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(154)

Con arreglo al artículo 107, apartado 1, del Tratado, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

| (155) | La calificación de «ayuda», en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado, exige que se cumplan todos los requisitos previstos en esta disposición (170). Por lo tanto, en primer lugar, debe haber una intervención del Estado o mediante fondos estatales; en segundo lugar, esta intervención debe poder afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros; en tercer lugar, debe conferir una ventaja selectiva a una empresa y, en cuarto lugar, debe falsear o amenazar con falsear la competencia (171). |
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(155)

La calificación de «ayuda», en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado, exige que se cumplan todos los requisitos previstos en esta disposición (170). Por lo tanto, en primer lugar, debe haber una intervención del Estado o mediante fondos estatales; en segundo lugar, esta intervención debe poder afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros; en tercer lugar, debe conferir una ventaja selectiva a una empresa y, en cuarto lugar, debe falsear o amenazar con falsear la competencia (171).

170

171

| (156) | Por lo que se refiere a la primera condición para constatar la existencia de una ayuda, las resoluciones fiscales en cuestión han sido emitidas por la Administración tributaria luxemburguesa, que es un organismo del Estado luxemburgués. Mediante estas resoluciones fiscales, la Administración acepta un determinado trato fiscal. Sobre la base de estas resoluciones fiscales, las sociedades LNG Supply, LNG Luxembourg, LNG Holding, GSTM, EIL y CEF pertenecientes al grupo Engie determinaron la cuantía del impuesto de sociedades que tenían que pagar a Luxemburgo cada año. Posteriormente, estas sociedades del grupo Engie utilizaron estas resoluciones fiscales a efectos de sus declaraciones anuales del impuesto de sociedades, y la Administración tributaria luxemburguesa las ha aceptado como el elemento que determina su impuesto sobre las sociedades de Luxemburgo. Por lo tanto, la ventaja fiscal concedida sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión es imputable a Luxemburgo. |
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(156)

Por lo que se refiere a la primera condición para constatar la existencia de una ayuda, las resoluciones fiscales en cuestión han sido emitidas por la Administración tributaria luxemburguesa, que es un organismo del Estado luxemburgués. Mediante estas resoluciones fiscales, la Administración acepta un determinado trato fiscal. Sobre la base de estas resoluciones fiscales, las sociedades LNG Supply, LNG Luxembourg, LNG Holding, GSTM, EIL y CEF pertenecientes al grupo Engie determinaron la cuantía del impuesto de sociedades que tenían que pagar a Luxemburgo cada año. Posteriormente, estas sociedades del grupo Engie utilizaron estas resoluciones fiscales a efectos de sus declaraciones anuales del impuesto de sociedades, y la Administración tributaria luxemburguesa las ha aceptado como el elemento que determina su impuesto sobre las sociedades de Luxemburgo. Por lo tanto, la ventaja fiscal concedida sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión es imputable a Luxemburgo.

| (157) | En lo que se refiere a la financiación de las medidas mediante fondos estatales, según la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, una medida mediante la cual las autoridades públicas conceden a determinadas empresas un trato fiscal ventajoso que, aunque no implique una transferencia de fondos estatales coloque a los beneficiarios en una situación financiera más favorable que a los restantes contribuyentes, constituye una ayuda de Estado (172). En este caso, las resoluciones fiscales en cuestión confirman que las adiciones al ZORA constituyen gastos fiscalmente deducibles en el marco de LNG Supply y GSTM, mientras que los ingresos correspondientes generados por LNG Holding y CEF, respectivamente, estarían exentos de impuestos. En consecuencia, los importes de las adiciones al ZORA, que representan una parte significativa de los beneficios generados por LNG Supply y GSTM, no se gravan en Luxemburgo. Por lo tanto, se puede afirmar que el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión reduce el impuesto de sociedades que el grupo Engie adeuda en Luxemburgo y, en consecuencia, ocasiona una pérdida de fondos estatales. Esto se debe al hecho de que todos los gastos de las sociedades del grupo Engie que se declaran fiscalmente deducibles en Luxemburgo, así como todos los rendimientos de las sociedades del grupo Engie que están exentos de impuestos en Luxemburgo, se traducen en una pérdida de ingresos fiscales, que, de lo contrario, estarían a disposición de Luxemburgo (173). Por consiguiente, las medidas en cuestión se financian mediante fondos estatales. |
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(157)

En lo que se refiere a la financiación de las medidas mediante fondos estatales, según la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, una medida mediante la cual las autoridades públicas conceden a determinadas empresas un trato fiscal ventajoso que, aunque no implique una transferencia de fondos estatales coloque a los beneficiarios en una situación financiera más favorable que a los restantes contribuyentes, constituye una ayuda de Estado (172). En este caso, las resoluciones fiscales en cuestión confirman que las adiciones al ZORA constituyen gastos fiscalmente deducibles en el marco de LNG Supply y GSTM, mientras que los ingresos correspondientes generados por LNG Holding y CEF, respectivamente, estarían exentos de impuestos. En consecuencia, los importes de las adiciones al ZORA, que representan una parte significativa de los beneficios generados por LNG Supply y GSTM, no se gravan en Luxemburgo. Por lo tanto, se puede afirmar que el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión reduce el impuesto de sociedades que el grupo Engie adeuda en Luxemburgo y, en consecuencia, ocasiona una pérdida de fondos estatales. Esto se debe al hecho de que todos los gastos de las sociedades del grupo Engie que se declaran fiscalmente deducibles en Luxemburgo, así como todos los rendimientos de las sociedades del grupo Engie que están exentos de impuestos en Luxemburgo, se traducen en una pérdida de ingresos fiscales, que, de lo contrario, estarían a disposición de Luxemburgo (173). Por consiguiente, las medidas en cuestión se financian mediante fondos estatales.

172

173

| (158) | Por lo que se refiere a la segunda condición para establecer la existencia de ayuda, las empresas beneficiarias de las resoluciones fiscales en cuestión forman parte del grupo Engie, un grupo multinacional que opera en varios mercados energéticos de varios Estados miembros, de modo que cualquier ayuda a su favor puede afectar al comercio dentro de la Unión. Según la misma lógica, al conceder un trato fiscal favorable a Engie, Luxemburgo ha podido desviar las inversiones de Estados miembros que no pueden permitir un trato fiscal tan favorable o que no lo concederían. Dado que las resoluciones fiscales en cuestión refuerzan la posición de competencia de su beneficiario respecto a las otras empresas competidoras en los intercambios comerciales dentro de la Unión, debe considerarse que afectan a estos intercambios (174). |
| --- | --- |

(158)

Por lo que se refiere a la segunda condición para establecer la existencia de ayuda, las empresas beneficiarias de las resoluciones fiscales en cuestión forman parte del grupo Engie, un grupo multinacional que opera en varios mercados energéticos de varios Estados miembros, de modo que cualquier ayuda a su favor puede afectar al comercio dentro de la Unión. Según la misma lógica, al conceder un trato fiscal favorable a Engie, Luxemburgo ha podido desviar las inversiones de Estados miembros que no pueden permitir un trato fiscal tan favorable o que no lo concederían. Dado que las resoluciones fiscales en cuestión refuerzan la posición de competencia de su beneficiario respecto a las otras empresas competidoras en los intercambios comerciales dentro de la Unión, debe considerarse que afectan a estos intercambios (174).

174

| (159) | Del mismo modo, en lo que se refiere a la cuarta condición para establecer la existencia de ayuda, se considera que una medida concedida por el Estado falsea o amenaza con falsear la competencia cuando puede mejorar la posición de competencia del beneficiario respecto a otras empresas competidoras (175). |
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(159)

Del mismo modo, en lo que se refiere a la cuarta condición para establecer la existencia de ayuda, se considera que una medida concedida por el Estado falsea o amenaza con falsear la competencia cuando puede mejorar la posición de competencia del beneficiario respecto a otras empresas competidoras (175).

175

| (160) | En particular, Engie opera en los sectores de la electricidad, el gas natural y el GNL, de los servicios de eficiencia energética y en otros mercados conexos en varios Estados miembros de la UE. En todos estos mercados, Engie se enfrenta a la competencia de otras empresas. Tal como se demostrará, el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión libera a Engie de una carga fiscal que normalmente habría tenido que soportar en el marco de la gestión habitual de su actividad normal. Por lo tanto, debe considerarse que la ayuda concedida sobre la base de estas resoluciones fiscales falsea o amenaza falsear la competencia, ya que refuerza la situación financiera de Engie en los mercados en los que opera el grupo. Al dispensar a Engie de una carga fiscal que, de lo contrario, tendría que soportar y que las empresas competidoras deben asumir, el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión libera recursos que Engie puede utilizar, por ejemplo, para invertir en sus actividades comerciales, realizar inversiones adicionales o aumentar la remuneración de los accionistas, falseando así la competencia en los mercados en los que opera. Por consiguiente, en este caso también se cumple la cuarta condición necesaria para establecer la existencia de ayuda. |
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(160)

En particular, Engie opera en los sectores de la electricidad, el gas natural y el GNL, de los servicios de eficiencia energética y en otros mercados conexos en varios Estados miembros de la UE. En todos estos mercados, Engie se enfrenta a la competencia de otras empresas. Tal como se demostrará, el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión libera a Engie de una carga fiscal que normalmente habría tenido que soportar en el marco de la gestión habitual de su actividad normal. Por lo tanto, debe considerarse que la ayuda concedida sobre la base de estas resoluciones fiscales falsea o amenaza falsear la competencia, ya que refuerza la situación financiera de Engie en los mercados en los que opera el grupo. Al dispensar a Engie de una carga fiscal que, de lo contrario, tendría que soportar y que las empresas competidoras deben asumir, el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión libera recursos que Engie puede utilizar, por ejemplo, para invertir en sus actividades comerciales, realizar inversiones adicionales o aumentar la remuneración de los accionistas, falseando así la competencia en los mercados en los que opera. Por consiguiente, en este caso también se cumple la cuarta condición necesaria para establecer la existencia de ayuda.

| (161) | Por lo que se refiere a la tercera condición necesaria para establecer la existencia de una ayuda, el objetivo de una resolución fiscal consiste en confirmar de antemano la aplicación del sistema fiscal común a un caso concreto, teniendo en cuenta los hechos y circunstancias de cada caso. No obstante, al igual que cualquier otra medida fiscal, el trato fiscal concedido sobre la base de una resolución fiscal debe respetar las normas sobre ayudas estatales. Cuando una resolución fiscal respalda un trato fiscal que no corresponde a lo que resultaría de una aplicación normal del régimen fiscal común sin justificación, la medida confiere una ventaja selectiva a su beneficiario, ya que su trato fiscal mejora la situación financiera de dicha empresa en el Estado miembro en relación con las empresas que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la luz del objetivo del sistema fiscal. |
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(161)

Por lo que se refiere a la tercera condición necesaria para establecer la existencia de una ayuda, el objetivo de una resolución fiscal consiste en confirmar de antemano la aplicación del sistema fiscal común a un caso concreto, teniendo en cuenta los hechos y circunstancias de cada caso. No obstante, al igual que cualquier otra medida fiscal, el trato fiscal concedido sobre la base de una resolución fiscal debe respetar las normas sobre ayudas estatales. Cuando una resolución fiscal respalda un trato fiscal que no corresponde a lo que resultaría de una aplicación normal del régimen fiscal común sin justificación, la medida confiere una ventaja selectiva a su beneficiario, ya que su trato fiscal mejora la situación financiera de dicha empresa en el Estado miembro en relación con las empresas que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la luz del objetivo del sistema fiscal.

| (162) | En la línea de las dudas expuestas en la Decisión de incoar un procedimiento (176), la Comisión estima que el trato fiscal que apoyan las resoluciones fiscales en cuestión constituye una ventaja selectiva. La existencia de esta ventaja selectiva puede establecerse analizando, desde diversos ángulos, los efectos del trato fiscal concedido a Engie. En la sección 6.2, la Comisión establece la existencia de una ventaja selectiva analizando las consecuencias de las resoluciones fiscales en cuestión a nivel individual de las sociedades de cartera LNG Holding y CEF. En la sección 6.3, establece la existencia de una ventaja selectiva analizando las consecuencias de las resoluciones fiscales en cuestión a nivel del grupo. Por último, en la sección 6.4, la Comisión demuestra que, al no aplicar sus normas fiscales contra las prácticas abusivas, Luxemburgo concedió una ventaja selectiva a Engie. |
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(162)

En la línea de las dudas expuestas en la Decisión de incoar un procedimiento (176), la Comisión estima que el trato fiscal que apoyan las resoluciones fiscales en cuestión constituye una ventaja selectiva. La existencia de esta ventaja selectiva puede establecerse analizando, desde diversos ángulos, los efectos del trato fiscal concedido a Engie. En la sección 6.2, la Comisión establece la existencia de una ventaja selectiva analizando las consecuencias de las resoluciones fiscales en cuestión a nivel individual de las sociedades de cartera LNG Holding y CEF. En la sección 6.3, establece la existencia de una ventaja selectiva analizando las consecuencias de las resoluciones fiscales en cuestión a nivel del grupo. Por último, en la sección 6.4, la Comisión demuestra que, al no aplicar sus normas fiscales contra las prácticas abusivas, Luxemburgo concedió una ventaja selectiva a Engie.

176

a nivel individual

a nivel del grupo

6.2.   ESTABLECIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA VENTAJA SELECTIVA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DEL TRATO FISCAL EN RELACIÓN CON LNG HOLDING Y CEF

ESTABLECIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA VENTAJA SELECTIVA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DEL TRATO FISCAL EN RELACIÓN CON LNG HOLDING Y CEF

| (163) | Siempre que una medida adoptada por el Estado mejore la situación financiera neta de una empresa, existe una ventaja en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado (177). Cuando se establece la existencia de una ventaja, conviene remitirse al efecto de la propia medida (178). Por lo que respecta a las medidas fiscales, puede conferirse una ventaja mediante la reducción de diversas maneras de la carga fiscal de una empresa y, en particular, mediante la disminución de la renta imponible o del valor del impuesto debido (179). |
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(163)

Siempre que una medida adoptada por el Estado mejore la situación financiera neta de una empresa, existe una ventaja en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado (177). Cuando se establece la existencia de una ventaja, conviene remitirse al efecto de la propia medida (178). Por lo que respecta a las medidas fiscales, puede conferirse una ventaja mediante la reducción de diversas maneras de la carga fiscal de una empresa y, en particular, mediante la disminución de la renta imponible o del valor del impuesto debido (179).

177

178

179

| (164) | Las resoluciones fiscales en cuestión aprueban un trato fiscal en virtud del cual GSTM, EIL, CEF, LNG Supply, LNG Luxembourg y LNG Holding determinaron cada año su beneficio imponible a efectos del impuesto de sociedades. Este trato fiscal determina el impuesto de sociedades que estas empresas deben pagar a Luxemburgo durante el período cubierto por las resoluciones fiscales en cuestión y, por lo tanto, proporciona una ventaja selectiva. |
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(164)

Las resoluciones fiscales en cuestión aprueban un trato fiscal en virtud del cual GSTM, EIL, CEF, LNG Supply, LNG Luxembourg y LNG Holding determinaron cada año su beneficio imponible a efectos del impuesto de sociedades. Este trato fiscal determina el impuesto de sociedades que estas empresas deben pagar a Luxemburgo durante el período cubierto por las resoluciones fiscales en cuestión y, por lo tanto, proporciona una ventaja selectiva.

| (165) | Por consiguiente, en lo que respecta al argumento de Engie expuesto en el considerando 133, según el cual no puede considerarse una ventaja porque el trato fiscal en cuestión no se materializó debido a que el ZORA GSTM no se convirtió, la Comisión observa que la existencia de la ventaja no depende de la conversión de los ZORA, incluso si, tal como se explica en la sección 8, para determinar el importe que debe recuperarse, se considera que la ventaja solo se materializa en el momento en que los ingresos de CEF y LNG Holding quedan exentos (180). |
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(165)

Por consiguiente, en lo que respecta al argumento de Engie expuesto en el considerando 133, según el cual no puede considerarse una ventaja porque el trato fiscal en cuestión no se materializó debido a que el ZORA GSTM no se convirtió, la Comisión observa que la existencia de la ventaja no depende de la conversión de los ZORA, incluso si, tal como se explica en la sección 8, para determinar el importe que debe recuperarse, se considera que la ventaja solo se materializa en el momento en que los ingresos de CEF y LNG Holding quedan exentos (180).

180

| (166) | Además, en respuesta a determinadas observaciones de Luxemburgo (181) y de Engie (182), la Comisión recuerda que la presente Decisión no se refiere al régimen de exención de los rendimientos de participaciones previsto en el artículo 166, de la LIR como tal, sino a la aplicación de este régimen en las circunstancias específicas de este caso, tal como lo aprobaron las autoridades tributarias luxemburguesas al emitir las resoluciones fiscales en cuestión. De hecho, el trato fiscal sujeto a la evaluación de la Comisión consiste en autorizar la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones a los ingresos percibidos por LNG Holding y CEF en virtud de su participación en LNG Supply y en GSTM, respectivamente, que corresponden, desde un punto de vista económico, a los importes deducidos en concepto de gastos (las adiciones al ZORA) por parte de estas últimas entidades. El efecto combinado de la deducibilidad del importe de las adiciones al ZORA y de la exención de los ingresos correspondientes consiste en que, en la práctica, casi el total de los beneficios de LNG Supply y GSTM elude todos los gravámenes (183). Tal como se explica en la sección 6.2.1, este trato fiscal establece una excepción al marco de referencia, que es el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades. También constituye una discriminación injustificada respecto a otras empresas sujetas al mismo marco de referencia en Luxemburgo, que tributan con todos sus beneficios. |
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(166)

Además, en respuesta a determinadas observaciones de Luxemburgo (181) y de Engie (182), la Comisión recuerda que la presente Decisión no se refiere al régimen de exención de los rendimientos de participaciones previsto en el artículo 166, de la LIR como tal, sino a la aplicación de este régimen en las circunstancias específicas de este caso, tal como lo aprobaron las autoridades tributarias luxemburguesas al emitir las resoluciones fiscales en cuestión. De hecho, el trato fiscal sujeto a la evaluación de la Comisión consiste en autorizar la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones a los ingresos percibidos por LNG Holding y CEF en virtud de su participación en LNG Supply y en GSTM, respectivamente, que corresponden, desde un punto de vista económico, a los importes deducidos en concepto de gastos (las adiciones al ZORA) por parte de estas últimas entidades. El efecto combinado de la deducibilidad del importe de las adiciones al ZORA y de la exención de los ingresos correspondientes consiste en que, en la práctica, casi el total de los beneficios de LNG Supply y GSTM elude todos los gravámenes (183). Tal como se explica en la sección 6.2.1, este trato fiscal establece una excepción al marco de referencia, que es el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades. También constituye una discriminación injustificada respecto a otras empresas sujetas al mismo marco de referencia en Luxemburgo, que tributan con todos sus beneficios.

181

182

183

| (167) | El artículo 107 del Tratado solo prohíbe las ayudas «favoreciendo a determinadas empresas o producciones», es decir, en otras palabras, las medidas que confieren una ventaja selectiva (184). Para poder calificar a una medida fiscal nacional como selectiva en el sentido de dicha disposición, el Tribunal de Justicia debe realizar un análisis de tres fases. La Comisión debe, en primer lugar, identificar el sistema de referencia. A continuación, debe demostrar que la medida fiscal en cuestión constituye una excepción a ese sistema de referencia en la medida en que introduce una diferencia entre operadores que, en virtud del objetivo de dicho sistema, se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable (selectividad a priori) (185). Por último, una medida fiscal que constituye una excepción de la aplicación del sistema de referencia puede justificarse si el Estado miembro afectado consigue demostrar que se desprende directamente de los principios fundadores o rectores de este sistema fiscal (186). Si es así, la medida fiscal no es selectiva. La carga probatoria en esta tercera etapa corresponde al Estado miembro. |
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(167)

El artículo 107 del Tratado solo prohíbe las ayudas «favoreciendo a determinadas empresas o producciones», es decir, en otras palabras, las medidas que confieren una ventaja selectiva (184). Para poder calificar a una medida fiscal nacional como selectiva en el sentido de dicha disposición, el Tribunal de Justicia debe realizar un análisis de tres fases. La Comisión debe, en primer lugar, identificar el sistema de referencia. A continuación, debe demostrar que la medida fiscal en cuestión constituye una excepción a ese sistema de referencia en la medida en que introduce una diferencia entre operadores que, en virtud del objetivo de dicho sistema, se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable (selectividad a priori) (185). Por último, una medida fiscal que constituye una excepción de la aplicación del sistema de referencia puede justificarse si el Estado miembro afectado consigue demostrar que se desprende directamente de los principios fundadores o rectores de este sistema fiscal (186). Si es así, la medida fiscal no es selectiva. La carga probatoria en esta tercera etapa corresponde al Estado miembro.

184

a priori

185

186

| (168) | Por consiguiente, el análisis de la existencia de una ventaja selectiva debe empezar por la identificación del sistema de referencia aplicable en el Estado miembro de que se trate. En el contexto de este sistema de referencia es necesario determinar si la medida constituye una excepción que da lugar a un trato favorable en comparación con otras empresas que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la luz de los objetivos del sistema. |
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(168)

Por consiguiente, el análisis de la existencia de una ventaja selectiva debe empezar por la identificación del sistema de referencia aplicable en el Estado miembro de que se trate. En el contexto de este sistema de referencia es necesario determinar si la medida constituye una excepción que da lugar a un trato favorable en comparación con otras empresas que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la luz de los objetivos del sistema.

| (169) | Un sistema de referencia consiste en un conjunto coherente de normas que se aplican sobre la base de criterios objetivos a todas las empresas que entran en su ámbito de aplicación definido por su objetivo. Estas normas no solo definen el ámbito de aplicación del sistema, sino también las condiciones en las que el sistema se aplica, los derechos y las obligaciones de las empresas que están sujetas a él y los aspectos técnicos del funcionamiento del sistema (187). En el caso de los impuestos o los gravámenes, el sistema de referencia se basa en elementos como la base de imposición, los contribuyentes, el devengo y los tipos impositivos o de gravamen (188). |
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(169)

Un sistema de referencia consiste en un conjunto coherente de normas que se aplican sobre la base de criterios objetivos a todas las empresas que entran en su ámbito de aplicación definido por su objetivo. Estas normas no solo definen el ámbito de aplicación del sistema, sino también las condiciones en las que el sistema se aplica, los derechos y las obligaciones de las empresas que están sujetas a él y los aspectos técnicos del funcionamiento del sistema (187). En el caso de los impuestos o los gravámenes, el sistema de referencia se basa en elementos como la base de imposición, los contribuyentes, el devengo y los tipos impositivos o de gravamen (188).

187

188

| (170) | En este caso, la Comisión establece en la sección 6.2.1 que el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión constituye una excepción al régimen general luxemburgués de imposición de las sociedades. En la sección 6.2.2 demuestra que este trato fiscal también se aparta de un sistema de referencia más estricto, compuesto exclusivamente de normas del régimen general luxemburgués de imposición de las sociedades que rigen la exención de los rendimientos de participaciones y la imposición de las distribuciones de los beneficios. |
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(170)

En este caso, la Comisión establece en la sección 6.2.1 que el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión constituye una excepción al régimen general luxemburgués de imposición de las sociedades. En la sección 6.2.2 demuestra que este trato fiscal también se aparta de un sistema de referencia más estricto, compuesto exclusivamente de normas del régimen general luxemburgués de imposición de las sociedades que rigen la exención de los rendimientos de participaciones y la imposición de las distribuciones de los beneficios.

6.2.1.   EXCEPCIÓN AL RÉGIMEN LUXEMBURGUÉS DE IMPOSICIÓN DE LAS SOCIEDADES QUE DA LUGAR A UNA DISCRIMINACIÓN

6.2.1.1.   
  Marco de referencia: el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades

Marco de referencia: el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades

| (171) | Las resoluciones fiscales en cuestión se emitieron en favor de varias empresas del grupo Engie residente en Luxemburgo, para determinar el impuesto de sociedades al que están sujetas con arreglo al régimen fiscal común aplicable en materia de imposición de las sociedades en Luxemburgo. En vista de lo anterior, la Comisión considera que, en el caso que nos ocupa, el sistema de referencia está constituido por este régimen, es decir, por el régimen general luxemburgués de imposición de las sociedades. |
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(171)

Las resoluciones fiscales en cuestión se emitieron en favor de varias empresas del grupo Engie residente en Luxemburgo, para determinar el impuesto de sociedades al que están sujetas con arreglo al régimen fiscal común aplicable en materia de imposición de las sociedades en Luxemburgo. En vista de lo anterior, la Comisión considera que, en el caso que nos ocupa, el sistema de referencia está constituido por este régimen, es decir, por el régimen general luxemburgués de imposición de las sociedades.

| (172) | En este caso, las disposiciones legislativas fundamentales (189) indican que el régimen de imposición de sociedades se aplica a todas las sociedades que residen en Luxemburgo para determinar el impuesto de sociedades al que están sujetas. |
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(172)

En este caso, las disposiciones legislativas fundamentales (189) indican que el régimen de imposición de sociedades se aplica a todas las sociedades que residen en Luxemburgo para determinar el impuesto de sociedades al que están sujetas.

189

se aplica a todas las sociedades que residen en Luxemburgo

| (173) | El artículo 159, apartado 1, de la LIR, estipula que se consideran contribuyentes que residen en Luxemburgo y que están sujetos al impuesto sobre los ingresos de las sociedades todas las empresas cuya sede social o administración central se encuentre en el territorio de Luxemburgo. De conformidad con el artículo 159, apartado 2, de la LIR, las empresas con residencia fiscal están sujetas al impuesto sobre la totalidad de sus ingresos («todos los ingresos del contribuyente»). Lógicamente, el artículo 163 de la LIR establece que «se aplicará el impuesto de sociedades sobre la renta imponible del contribuyente durante el año civil». |
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(173)

El artículo 159, apartado 1, de la LIR, estipula que se consideran contribuyentes que residen en Luxemburgo y que están sujetos al impuesto sobre los ingresos de las sociedades todas las empresas cuya sede social o administración central se encuentre en el territorio de Luxemburgo. De conformidad con el artículo 159, apartado 2, de la LIR, las empresas con residencia fiscal están sujetas al impuesto sobre la totalidad de sus ingresos («todos los ingresos del contribuyente»). Lógicamente, el artículo 163 de la LIR establece que «se aplicará el impuesto de sociedades sobre la renta imponible del contribuyente durante el año civil».

| (174) | El beneficio imponible (o la «renta imponible») de las empresas sujetas al impuesto se determina en función de su resultado contable. El artículo 18 de la LIR (190) explica el modo de determinación del beneficio anual del contribuyente. Según esta disposición, el beneficio será la diferencia entre los activos netos invertidos al final y los activos netos invertidos al principio del ejercicio, que aumenta con las deducciones personales realizadas durante el ejercicio y disminuye con las contribuciones abonadas durante el ejercicio. |
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(174)

El beneficio imponible (o la «renta imponible») de las empresas sujetas al impuesto se determina en función de su resultado contable. El artículo 18 de la LIR (190) explica el modo de determinación del beneficio anual del contribuyente. Según esta disposición, el beneficio será la diferencia entre los activos netos invertidos al final y los activos netos invertidos al principio del ejercicio, que aumenta con las deducciones personales realizadas durante el ejercicio y disminuye con las contribuciones abonadas durante el ejercicio.

190

| (175) | Por lo tanto, para determinar el beneficio que debe gravarse, en primer lugar, es necesario definir cómo medir los activos netos invertidos en la sociedad que se han de tener en cuenta a efectos de la imposición. Con este fin, el artículo 23 de la LIR (191) expone que la evaluación de los bienes de los activos netos invertidos debe responder a las normas y los principios contables y el artículo 40 (192) establece el principio de vinculación del balance fiscal al balance comercial, según el cual los valores que hay que registrar en el balance fiscal deben ser los del balance comercial, salvo en los casos en que una norma fiscal específica exija la utilización de un valor distinto (193). Esto significa que, de acuerdo con el régimen general luxemburgués de imposición de las sociedades, el resultado contable de una empresa está incluido en su renta imponible, a menos que una disposición específica de la legislación disponga lo contrario. |
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(175)

Por lo tanto, para determinar el beneficio que debe gravarse, en primer lugar, es necesario definir cómo medir los activos netos invertidos en la sociedad que se han de tener en cuenta a efectos de la imposición. Con este fin, el artículo 23 de la LIR (191) expone que la evaluación de los bienes de los activos netos invertidos debe responder a las normas y los principios contables y el artículo 40 (192) establece el principio de vinculación del balance fiscal al balance comercial, según el cual los valores que hay que registrar en el balance fiscal deben ser los del balance comercial, salvo en los casos en que una norma fiscal específica exija la utilización de un valor distinto (193). Esto significa que, de acuerdo con el régimen general luxemburgués de imposición de las sociedades, el resultado contable de una empresa está incluido en su renta imponible, a menos que una disposición específica de la legislación disponga lo contrario.

191

192

principio de vinculación del balance fiscal al balance comercial

193

| (176) | En conclusión, el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades se aplica a todas las empresas que tengan su domicilio social o su administración central en el territorio de Luxemburgo, y la base de cálculo de los beneficios imponibles es el beneficio contable. Por lo tanto, el objetivo del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades es la imposición de los beneficios de todas las empresas sujetas a impuesto en Luxemburgo, tal como se constata en sus cuentas. |
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(176)

En conclusión, el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades se aplica a todas las empresas que tengan su domicilio social o su administración central en el territorio de Luxemburgo, y la base de cálculo de los beneficios imponibles es el beneficio contable. Por lo tanto, el objetivo del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades es la imposición de los beneficios de todas las empresas sujetas a impuesto en Luxemburgo, tal como se constata en sus cuentas.

| (177) | Esta afirmación, en principio, no la cuestionan ni Luxemburgo ni Engie (194). Según Luxemburgo (195), el sistema de referencia está constituido, por una parte, por los artículos 18, 40 y 23 de la LIR, que determinan la renta imponible de una sociedad, el principio de vincular el balance comercial al balance fiscal, así como el principio de prudencia (196) y, por otra, por el artículo 22 bis de la LIR. Según Engie (197), el sistema de referencia correcto es el que establecen los artículos 18 a 45, de la LIR, que recogen los principios fundamentales de la legislación fiscal luxemburguesa respecto a la determinación de los ingresos imponibles de una empresa, por ejemplo, el principio de prudencia, la vinculación del balance fiscal al balance comercial y la deducibilidad de los gastos de explotación (198). Engie señala explícitamente que el objetivo del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades consiste en gravar los beneficios de todas las sociedades sujetas a impuestos en Luxemburgo (199). |
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(177)

Esta afirmación, en principio, no la cuestionan ni Luxemburgo ni Engie (194). Según Luxemburgo (195), el sistema de referencia está constituido, por una parte, por los artículos 18, 40 y 23 de la LIR, que determinan la renta imponible de una sociedad, el principio de vincular el balance comercial al balance fiscal, así como el principio de prudencia (196) y, por otra, por el artículo 22 bis de la LIR. Según Engie (197), el sistema de referencia correcto es el que establecen los artículos 18 a 45, de la LIR, que recogen los principios fundamentales de la legislación fiscal luxemburguesa respecto a la determinación de los ingresos imponibles de una empresa, por ejemplo, el principio de prudencia, la vinculación del balance fiscal al balance comercial y la deducibilidad de los gastos de explotación (198). Engie señala explícitamente que el objetivo del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades consiste en gravar los beneficios de todas las sociedades sujetas a impuestos en Luxemburgo (199).

194

195

196

bis

197

198

199

| (178) | La definición del régimen general luxemburgués de imposición de las sociedades como marco de referencia es coherente con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, que establece que en el caso de medidas relativas a la determinación del impuesto de sociedades adeudado, el sistema de referencia que hay que tener en cuenta es el régimen de imposición de las sociedades del Estado miembro en cuestión que se aplica a todas las empresas, y no las disposiciones específicas que solo se aplican a determinados contribuyentes o a determinadas operaciones. En la sentencia de World Duty Free Group, por ejemplo, un asunto sobre las normas rectoras de las inversiones relativas a la adquisición de participaciones, el Tribunal apoyó la posición de la Comisión según la cual el sistema de referencia era el régimen común español de imposición de las sociedades y no las normas específicas que rigen el trato fiscal de estas inversiones (200). |
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(178)

La definición del régimen general luxemburgués de imposición de las sociedades como marco de referencia es coherente con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, que establece que en el caso de medidas relativas a la determinación del impuesto de sociedades adeudado, el sistema de referencia que hay que tener en cuenta es el régimen de imposición de las sociedades del Estado miembro en cuestión que se aplica a todas las empresas, y no las disposiciones específicas que solo se aplican a determinados contribuyentes o a determinadas operaciones. En la sentencia de World Duty Free Group, por ejemplo, un asunto sobre las normas rectoras de las inversiones relativas a la adquisición de participaciones, el Tribunal apoyó la posición de la Comisión según la cual el sistema de referencia era el régimen común español de imposición de las sociedades y no las normas específicas que rigen el trato fiscal de estas inversiones (200).

World Duty Free Group

200

| (179) | La Comisión considera que la limitación del marco de referencia a disposiciones específicas de la Ley del impuesto sobre la renta dirigidas a determinadas transacciones o a determinadas empresas significaría que la identificación del sistema de referencia en un caso concreto dependería exclusivamente de si el Estado miembro en cuestión adoptó normas fiscales específicas, en lugar de abordar el objetivo del sistema fiscal. Con la adopción de normas específicas aplicables únicamente a determinadas empresas o transacciones, el Estado miembro podría, por tanto, alegar que el trato fiscal de dichas empresas o transacciones nunca constituye una excepción al marco de referencia. Ello equivaldría a proteger las medidas de este tipo de la aplicación del artículo 107 del Tratado, con lo que resultaría ineficaz el control de las ayudas estatales. En otras palabras, la aceptación de un procedimiento de este tipo implicaría que la posibilidad de considerar que una medida representa una excepción al sistema de referencia dependería exclusivamente de la técnica reglamentaria utilizada por el Estado miembro. Tal como confirmó el Tribunal, esto sería incompatible con el principio reiterado en virtud del cual el artículo 107 del Tratado define una medida como una ayuda estatal según sus efectos e independientemente de las técnicas utilizadas (201). |
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(179)

La Comisión considera que la limitación del marco de referencia a disposiciones específicas de la Ley del impuesto sobre la renta dirigidas a determinadas transacciones o a determinadas empresas significaría que la identificación del sistema de referencia en un caso concreto dependería exclusivamente de si el Estado miembro en cuestión adoptó normas fiscales específicas, en lugar de abordar el objetivo del sistema fiscal. Con la adopción de normas específicas aplicables únicamente a determinadas empresas o transacciones, el Estado miembro podría, por tanto, alegar que el trato fiscal de dichas empresas o transacciones nunca constituye una excepción al marco de referencia. Ello equivaldría a proteger las medidas de este tipo de la aplicación del artículo 107 del Tratado, con lo que resultaría ineficaz el control de las ayudas estatales. En otras palabras, la aceptación de un procedimiento de este tipo implicaría que la posibilidad de considerar que una medida representa una excepción al sistema de referencia dependería exclusivamente de la técnica reglamentaria utilizada por el Estado miembro. Tal como confirmó el Tribunal, esto sería incompatible con el principio reiterado en virtud del cual el artículo 107 del Tratado define una medida como una ayuda estatal según sus efectos e independientemente de las técnicas utilizadas (201).

201

| (180) | Luxemburgo no niega explícitamente que el marco de referencia sea el régimen general de imposición de las sociedades. Sin embargo, considera que el objetivo de gravar los beneficios obtenidos por las sociedades sujetas a impuestos en Luxemburgo no aparece ni se refleja en las disposiciones de la Ley relativa al impuesto sobre la renta y que ninguna de las disposiciones de la Ley puede interpretarse como una exigencia para que todos los ingresos generados por una sociedad residente en Luxemburgo se graven en cualquier circunstancia, incluso contrariamente al texto de la Ley (202). A este respecto, Luxemburgo y Engie invocan el principio de legalidad fiscal, según el cual las modalidades de impuestos deben establecerse por ley, cuya interpretación es estricta, y si una situación determinada no está contemplada específicamente en la ley (silencio del legislador), no puede estar sujeta al impuesto (203). |
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(180)

Luxemburgo no niega explícitamente que el marco de referencia sea el régimen general de imposición de las sociedades. Sin embargo, considera que el objetivo de gravar los beneficios obtenidos por las sociedades sujetas a impuestos en Luxemburgo no aparece ni se refleja en las disposiciones de la Ley relativa al impuesto sobre la renta y que ninguna de las disposiciones de la Ley puede interpretarse como una exigencia para que todos los ingresos generados por una sociedad residente en Luxemburgo se graven en cualquier circunstancia, incluso contrariamente al texto de la Ley (202). A este respecto, Luxemburgo y Engie invocan el principio de legalidad fiscal, según el cual las modalidades de impuestos deben establecerse por ley, cuya interpretación es estricta, y si una situación determinada no está contemplada específicamente en la ley (silencio del legislador), no puede estar sujeta al impuesto (203).

202

203

| (181) | La Comisión no está de acuerdo con esta alegación. |
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(181)

La Comisión no está de acuerdo con esta alegación.

| (182) | En primer lugar, la Comisión no entiende cómo la imposición de los beneficios de todas las sociedades sujetas a impuestos no puede ser un objetivo de un sistema de imposición de las sociedades. La Comisión señala, en particular, que Luxemburgo no propone ningún otro objetivo en sus observaciones. En segundo lugar, la Comisión también destaca que Engie reconoce que el objetivo del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades reside en la imposición de los beneficios de todas las empresas sujetas a impuesto en Luxemburgo (204). En tercer lugar, como se explica en los considerandos 172 a 176, la mera lectura de las disposiciones pertinentes de la Ley basta para concluir que la finalidad del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades consiste en gravar los beneficios de todas las empresas sujetas a impuestos en Luxemburgo, que se determinan según sus cuentas. |
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(182)

En primer lugar, la Comisión no entiende cómo la imposición de los beneficios de todas las sociedades sujetas a impuestos no puede ser un objetivo de un sistema de imposición de las sociedades. La Comisión señala, en particular, que Luxemburgo no propone ningún otro objetivo en sus observaciones. En segundo lugar, la Comisión también destaca que Engie reconoce que el objetivo del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades reside en la imposición de los beneficios de todas las empresas sujetas a impuesto en Luxemburgo (204). En tercer lugar, como se explica en los considerandos 172 a 176, la mera lectura de las disposiciones pertinentes de la Ley basta para concluir que la finalidad del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades consiste en gravar los beneficios de todas las empresas sujetas a impuestos en Luxemburgo, que se determinan según sus cuentas.

204

| (183) | Al invocar el principio de legalidad fiscal, parece que Luxemburgo y Engie hacen referencia a la existencia de una excepción, o de un vacío, en la legislación luxemburguesa, que habría conducido en la práctica a la no imposición de casi todos los beneficios obtenidos por LNG Supply y GSTM en Luxemburgo. Lo esencial de este argumento es que, en tales casos, estas excepciones o lagunas forman parte integrante del sistema de referencia y, por lo tanto, no puede haber ninguna excepción. |
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(183)

Al invocar el principio de legalidad fiscal, parece que Luxemburgo y Engie hacen referencia a la existencia de una excepción, o de un vacío, en la legislación luxemburguesa, que habría conducido en la práctica a la no imposición de casi todos los beneficios obtenidos por LNG Supply y GSTM en Luxemburgo. Lo esencial de este argumento es que, en tales casos, estas excepciones o lagunas forman parte integrante del sistema de referencia y, por lo tanto, no puede haber ninguna excepción.

| (184) | La Comisión refuta este argumento. Dado que las estructuras percibidas por Engie en las resoluciones fiscales en cuestión –tal como admiten Luxemburgo y Engie (205) – están abiertas a todos los operadores del mercado, cualquier empresa podría transferir sus actividades a una filial, establecer una estructura de financiación similar y, finalmente, solo tributar sobre una parte marginal de sus beneficios, tal como ha hecho Engie. En otras palabras, este argumento implica que cualquier contribuyente de Luxemburgo puede optar por tributar sobre la totalidad de sus beneficios o por no estar sujeto a prácticamente ningún impuesto. La Comisión no puede aceptar esta conclusión. No solo sería contraria al carácter general de cualquier sistema fiscal, según el cual el importe del impuesto que debe pagarse no puede ser determinado unilateralmente por el contribuyente, sino también al principio fundamental –común a todos los Estados miembros–, en virtud del cual los impuestos sobre la renta se gravan en función de la capacidad contributiva de los contribuyentes. Además, pondría en peligro la capacidad del Estado para movilizar los recursos necesarios para financiar su presupuesto, lo cual dejaría sin efecto a su sistema de imposición. |
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(184)

La Comisión refuta este argumento. Dado que las estructuras percibidas por Engie en las resoluciones fiscales en cuestión –tal como admiten Luxemburgo y Engie (205) – están abiertas a todos los operadores del mercado, cualquier empresa podría transferir sus actividades a una filial, establecer una estructura de financiación similar y, finalmente, solo tributar sobre una parte marginal de sus beneficios, tal como ha hecho Engie. En otras palabras, este argumento implica que cualquier contribuyente de Luxemburgo puede optar por tributar sobre la totalidad de sus beneficios o por no estar sujeto a prácticamente ningún impuesto. La Comisión no puede aceptar esta conclusión. No solo sería contraria al carácter general de cualquier sistema fiscal, según el cual el importe del impuesto que debe pagarse no puede ser determinado unilateralmente por el contribuyente, sino también al principio fundamental –común a todos los Estados miembros–, en virtud del cual los impuestos sobre la renta se gravan en función de la capacidad contributiva de los contribuyentes. Además, pondría en peligro la capacidad del Estado para movilizar los recursos necesarios para financiar su presupuesto, lo cual dejaría sin efecto a su sistema de imposición.

205

| (185) | En la práctica, la posición defendida por Luxemburgo y Engie haría ineficaz el control de la ayuda estatal, puesto que los Estados miembros tendrían derecho a introducir en sus sistemas fiscales, de forma deliberada o de otro modo, excepciones injustificadas al principio general de imposición de los beneficios que podrían beneficiar a categorías enteras de empresas u operaciones. Dado que estas excepciones formarían parte del marco de referencia, nunca podrían constituir una ayuda estatal. |
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(185)

En la práctica, la posición defendida por Luxemburgo y Engie haría ineficaz el control de la ayuda estatal, puesto que los Estados miembros tendrían derecho a introducir en sus sistemas fiscales, de forma deliberada o de otro modo, excepciones injustificadas al principio general de imposición de los beneficios que podrían beneficiar a categorías enteras de empresas u operaciones. Dado que estas excepciones formarían parte del marco de referencia, nunca podrían constituir una ayuda estatal.

| (186) | Como argumento relacionado, Luxemburgo también afirma que el marco de referencia debe basarse en un conjunto de normas establecidas por el legislador, y no en un supuesto «principio» u «objetivo» cuya interpretación puede ir más allá de las condiciones claras y precisas de la Ley (206). |
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(186)

Como argumento relacionado, Luxemburgo también afirma que el marco de referencia debe basarse en un conjunto de normas establecidas por el legislador, y no en un supuesto «principio» u «objetivo» cuya interpretación puede ir más allá de las condiciones claras y precisas de la Ley (206).

206

| (187) | La Comisión no está de acuerdo en que un sistema de referencia no se pueda definir mediante sus objetivos, como la imposición de los beneficios de todas las empresas sujetas a tributación. Asimismo, es la forma habitual de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de definir sistemáticamente el marco de referencia en los asuntos relativos a las ayudas estatales en el ámbito de la imposición de las sociedades (207). La Comisión, en efecto, tiene la obligación de definir el objetivo del sistema para establecer el carácter selectivo de una medida, porque solo en relación con este objetivo podrá determinar si las empresas que no se benefician de la ventaja se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la de las beneficiarias de la medida en cuestión (208). En cualquier caso, el objetivo del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, que se aplica a todas las sociedades contribuyentes residentes en Luxemburgo, se define en la Ley, tal como se explica en los considerandos 172 a 176 y, una vez más, Luxemburgo no ha definido ningún otro objetivo. Por lo tanto, este argumento debe rechazarse. |
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(187)

La Comisión no está de acuerdo en que un sistema de referencia no se pueda definir mediante sus objetivos, como la imposición de los beneficios de todas las empresas sujetas a tributación. Asimismo, es la forma habitual de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de definir sistemáticamente el marco de referencia en los asuntos relativos a las ayudas estatales en el ámbito de la imposición de las sociedades (207). La Comisión, en efecto, tiene la obligación de definir el objetivo del sistema para establecer el carácter selectivo de una medida, porque solo en relación con este objetivo podrá determinar si las empresas que no se benefician de la ventaja se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la de las beneficiarias de la medida en cuestión (208). En cualquier caso, el objetivo del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, que se aplica a todas las sociedades contribuyentes residentes en Luxemburgo, se define en la Ley, tal como se explica en los considerandos 172 a 176 y, una vez más, Luxemburgo no ha definido ningún otro objetivo. Por lo tanto, este argumento debe rechazarse.

207

obligación

208

| (188) | Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión concluye que el sistema de referencia aplicable es el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, cuyo objetivo consiste en gravar los beneficios de todas las empresas sujetas a impuestos en Luxemburgo (209). El hecho de que puedan existir determinadas excepciones o determinados ajustes en la forma de establecer la renta imponible, tal como alegan Luxemburgo (210) y Engie (211), no puede socavar esta conclusión. Por consiguiente, en el contexto de este sistema es necesario determinar si el trato fiscal concedida en virtud de las resoluciones fiscales en cuestión constituye una excepción que da lugar a un trato favorable en comparación con otras empresas que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la luz del objetivo del sistema (212). |
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(188)

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión concluye que el sistema de referencia aplicable es el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, cuyo objetivo consiste en gravar los beneficios de todas las empresas sujetas a impuestos en Luxemburgo (209). El hecho de que puedan existir determinadas excepciones o determinados ajustes en la forma de establecer la renta imponible, tal como alegan Luxemburgo (210) y Engie (211), no puede socavar esta conclusión. Por consiguiente, en el contexto de este sistema es necesario determinar si el trato fiscal concedida en virtud de las resoluciones fiscales en cuestión constituye una excepción que da lugar a un trato favorable en comparación con otras empresas que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la luz del objetivo del sistema (212).

209

210

211

212

| (189) | Puede considerarse que LNG Holding y CEF están en una situación jurídica y fáctica comparable a la de todas las empresas sujetas al impuesto sobre sociedades en Luxemburgo, habida cuenta del objetivo del régimen general luxemburgués de imposición de las sociedades, a saber, la imposición de los beneficios de todas las empresas sujetas a tributación en Luxemburgo. Teniendo en cuenta este objetivo, todas las sociedades sujetas a la tributación que puedan obtener beneficios están, en principio, en una situación fáctica y jurídica comparable a la hora de determinar el impuesto de sociedades que deben pagar en Luxemburgo. |
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(189)

Puede considerarse que LNG Holding y CEF están en una situación jurídica y fáctica comparable a la de todas las empresas sujetas al impuesto sobre sociedades en Luxemburgo, habida cuenta del objetivo del régimen general luxemburgués de imposición de las sociedades, a saber, la imposición de los beneficios de todas las empresas sujetas a tributación en Luxemburgo. Teniendo en cuenta este objetivo, todas las sociedades sujetas a la tributación que puedan obtener beneficios están, en principio, en una situación fáctica y jurídica comparable a la hora de determinar el impuesto de sociedades que deben pagar en Luxemburgo.

| (190) | El hecho de que LNG Holding y CEF, a diferencia de otros contribuyentes, reciban distribuciones de beneficios de entidades en las que poseen una participación y que estos rendimientos de las participaciones puedan beneficiarse de la exención de los rendimientos de participaciones a que se refiere el artículo 166 de la LIR, no significa que estas dos entidades no sean comparables a los contribuyentes que no se benefician de dicha exención a la luz del objetivo del sistema. La exención prevista en esta disposición solo se concede a ciertos tipos de ingresos cuando se cumplen determinadas condiciones. Sin embargo, la naturaleza de los ingresos obtenidos por la sociedad (distribución de beneficios a que se refiere el artículo 166 de la LIR u otros beneficios comerciales obtenidos por la sociedad), al igual que el resto de condiciones previstas en el artículo 166, de la LIR (213), no repercute en el objetivo del sistema, que es la imposición de los beneficios de todas las sociedades sujetas a imposición en Luxemburgo (214). En efecto, si el hecho de beneficiarse de una exención particular en el ámbito del impuesto de sociedades fuera suficiente para hacer que una empresa no fuese comparable a otras empresas que no se benefician de dicha exención, las exenciones del impuesto de sociedades, por definición, nunca se considerarían selectivas. |
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(190)

El hecho de que LNG Holding y CEF, a diferencia de otros contribuyentes, reciban distribuciones de beneficios de entidades en las que poseen una participación y que estos rendimientos de las participaciones puedan beneficiarse de la exención de los rendimientos de participaciones a que se refiere el artículo 166 de la LIR, no significa que estas dos entidades no sean comparables a los contribuyentes que no se benefician de dicha exención a la luz del objetivo del sistema. La exención prevista en esta disposición solo se concede a ciertos tipos de ingresos cuando se cumplen determinadas condiciones. Sin embargo, la naturaleza de los ingresos obtenidos por la sociedad (distribución de beneficios a que se refiere el artículo 166 de la LIR u otros beneficios comerciales obtenidos por la sociedad), al igual que el resto de condiciones previstas en el artículo 166, de la LIR (213), no repercute en el objetivo del sistema, que es la imposición de los beneficios de todas las sociedades sujetas a imposición en Luxemburgo (214). En efecto, si el hecho de beneficiarse de una exención particular en el ámbito del impuesto de sociedades fuera suficiente para hacer que una empresa no fuese comparable a otras empresas que no se benefician de dicha exención, las exenciones del impuesto de sociedades, por definición, nunca se considerarían selectivas.

213

214

6.2.1.2.   
  Excepción al marco de referencia que da lugar a una discriminación

Excepción al marco de referencia que da lugar a una discriminación

| (191) | Teniendo en cuenta el marco de referencia descrito en la sección 6.2.1.1, la base imponible debida por las sociedades sujetas a impuestos en Luxemburgo es la misma para todas estas sociedades, es decir, que está constituida por el importe del beneficio neto, que aparece en sus cuentas (215). |
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(191)

Teniendo en cuenta el marco de referencia descrito en la sección 6.2.1.1, la base imponible debida por las sociedades sujetas a impuestos en Luxemburgo es la misma para todas estas sociedades, es decir, que está constituida por el importe del beneficio neto, que aparece en sus cuentas (215).

215

| (192) | El trato fiscal aprobado por las resoluciones fiscales en cuestión permite la exención de los ingresos obtenidos por LNG Holding y CEF, es decir, los ingresos generados por su participación en el capital de LNG Supply y de GSTM, respectivamente. Tal como muestran, a la vez, las resoluciones fiscales en cuestión y los contratos firmados por las partes, y tal como admite explícitamente Luxemburgo (216), existe un vínculo directo y evidente entre estos ingresos y las adiciones al ZORA deducidas de la renta imponible de LNG Supply y de GSTM, respectivamente. De hecho, cualquier beneficio obtenido por LNG Supply y GSTM que supere el margen LNG y el margen GSTM se deduce de su renta imponible en forma de adiciones al ZORA (por lo que elude la imposición). Por consiguiente, el beneficio imponible de las filiales se limita al margen LNG, en un caso, y al margen GSTM, en el otro. A continuación, los beneficios sin imposición deducidos en forma de adiciones al ZORA se incorporan a las acciones LNG y a las acciones GSTM que, según los ZORA y los contratos de futuros, en el momento de la conversión recibirán, respectivamente, LNG Holding y CEF. Sin embargo, cuando los beneficios incorporados en las acciones LNG y las acciones GSTM se reconocen como ingresos generados por LNG Holding y CEF, se pueden beneficiar de la exención de los rendimientos de participaciones (217), y, de este modo, eludir también cualquier imposición respecto a estas sociedades. |
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(192)

El trato fiscal aprobado por las resoluciones fiscales en cuestión permite la exención de los ingresos obtenidos por LNG Holding y CEF, es decir, los ingresos generados por su participación en el capital de LNG Supply y de GSTM, respectivamente. Tal como muestran, a la vez, las resoluciones fiscales en cuestión y los contratos firmados por las partes, y tal como admite explícitamente Luxemburgo (216), existe un vínculo directo y evidente entre estos ingresos y las adiciones al ZORA deducidas de la renta imponible de LNG Supply y de GSTM, respectivamente. De hecho, cualquier beneficio obtenido por LNG Supply y GSTM que supere el margen LNG y el margen GSTM se deduce de su renta imponible en forma de adiciones al ZORA (por lo que elude la imposición). Por consiguiente, el beneficio imponible de las filiales se limita al margen LNG, en un caso, y al margen GSTM, en el otro. A continuación, los beneficios sin imposición deducidos en forma de adiciones al ZORA se incorporan a las acciones LNG y a las acciones GSTM que, según los ZORA y los contratos de futuros, en el momento de la conversión recibirán, respectivamente, LNG Holding y CEF. Sin embargo, cuando los beneficios incorporados en las acciones LNG y las acciones GSTM se reconocen como ingresos generados por LNG Holding y CEF, se pueden beneficiar de la exención de los rendimientos de participaciones (217), y, de este modo, eludir también cualquier imposición respecto a estas sociedades.

216

217

| (193) | Esto significa que casi todos los beneficios obtenidos por LNG Supply y GSTM no están sujetos a imposición cuando se asignan a LNG Holding y CEF, respectivamente. Sin embargo, estos beneficios los obtienen sociedades sujetas a impuestos en Luxemburgo y están registrados en las cuentas, primero en las de LNG Supply y GSTM, y después en las de LNG Holding y CEF. Por lo tanto, con arreglo al régimen fiscal común, deberían tributar en Luxemburgo. De ello se desprende que el trato fiscal concedido en virtud de las resoluciones fiscales en cuestión constituye una excepción al marco de referencia. |
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(193)

Esto significa que casi todos los beneficios obtenidos por LNG Supply y GSTM no están sujetos a imposición cuando se asignan a LNG Holding y CEF, respectivamente. Sin embargo, estos beneficios los obtienen sociedades sujetas a impuestos en Luxemburgo y están registrados en las cuentas, primero en las de LNG Supply y GSTM, y después en las de LNG Holding y CEF. Por lo tanto, con arreglo al régimen fiscal común, deberían tributar en Luxemburgo. De ello se desprende que el trato fiscal concedido en virtud de las resoluciones fiscales en cuestión constituye una excepción al marco de referencia.

| (194) | Luxemburgo vuelve a hacer referencia al principio de legalidad fiscal. Considera que el enunciado de las disposiciones de la Ley aplicadas en las resoluciones fiscales en cuestión es claro y que no se presta a una interpretación según la ratio legis ni a una interpretación «teleológica». Según Luxemburgo, dado que se ha respetado el texto de las disposiciones de la Ley, no puede existir una excepción y, por consiguiente, no existe ninguna ventaja (218). |
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(194)

Luxemburgo vuelve a hacer referencia al principio de legalidad fiscal. Considera que el enunciado de las disposiciones de la Ley aplicadas en las resoluciones fiscales en cuestión es claro y que no se presta a una interpretación según la ratio legis ni a una interpretación «teleológica». Según Luxemburgo, dado que se ha respetado el texto de las disposiciones de la Ley, no puede existir una excepción y, por consiguiente, no existe ninguna ventaja (218).

ratio legis

218

| (195) | Este argumento de Luxemburgo significa, en esencia, que una medida no puede constituir una ventaja selectiva si se ajusta a la legislación nacional, ya que, en tal caso, no constituiría una excepción. En opinión de la Comisión, este argumento no es admisible. Como ya se ha explicado, las medidas de ayuda estatal se evalúan en función de sus efectos. Por consiguiente, la calificación de una medida como ayuda no puede depender de su legalidad en el ordenamiento jurídico interno. Por otro lado, prácticamente ninguna medida adoptada por un Estado podría calificarse como ayuda estatal (219). Por el contrario, cuando la aplicación de una o varias disposiciones de Derecho a un caso concreto dé lugar a una excepción a la norma general establecida en el sistema de referencia (en este caso, la imposición de los beneficios de todas las empresas sujetas a impuestos en Luxemburgo), el trato fiscal en cuestión debe considerarse una excepción. Además, si una excepción de este tipo da lugar a una discriminación de empresas que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la luz del objetivo del sistema, la medida en cuestión debe considerarse, a priori, selectiva, con independencia de que se haya respetado o no la redacción de las disposiciones aplicadas. |
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(195)

Este argumento de Luxemburgo significa, en esencia, que una medida no puede constituir una ventaja selectiva si se ajusta a la legislación nacional, ya que, en tal caso, no constituiría una excepción. En opinión de la Comisión, este argumento no es admisible. Como ya se ha explicado, las medidas de ayuda estatal se evalúan en función de sus efectos. Por consiguiente, la calificación de una medida como ayuda no puede depender de su legalidad en el ordenamiento jurídico interno. Por otro lado, prácticamente ninguna medida adoptada por un Estado podría calificarse como ayuda estatal (219). Por el contrario, cuando la aplicación de una o varias disposiciones de Derecho a un caso concreto dé lugar a una excepción a la norma general establecida en el sistema de referencia (en este caso, la imposición de los beneficios de todas las empresas sujetas a impuestos en Luxemburgo), el trato fiscal en cuestión debe considerarse una excepción. Además, si una excepción de este tipo da lugar a una discriminación de empresas que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la luz del objetivo del sistema, la medida en cuestión debe considerarse, a priori, selectiva, con independencia de que se haya respetado o no la redacción de las disposiciones aplicadas.

219

a priori

| (196) | Por consiguiente, el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión constituye una excepción al régimen general luxemburgués de imposición de las sociedades y constituye, por tanto, una ventaja económica en favor de LNG Holding y de CEF. El hecho de que la legislación en materia de imposición de sociedades prevea un determinado número de excepciones distintas no cuestiona la naturaleza excepcional del trato fiscal concedido en virtud de las resoluciones fiscales en cuestión (220). |
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(196)

Por consiguiente, el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión constituye una excepción al régimen general luxemburgués de imposición de las sociedades y constituye, por tanto, una ventaja económica en favor de LNG Holding y de CEF. El hecho de que la legislación en materia de imposición de sociedades prevea un determinado número de excepciones distintas no cuestiona la naturaleza excepcional del trato fiscal concedido en virtud de las resoluciones fiscales en cuestión (220).

220

| (197) | Por otra parte, según lo establecido en la sección 6.2.1.1, LNG Holding y CEF se encuentran en una situación jurídica y fáctica comparable a la de todas las empresas sujetas al impuesto de sociedades en Luxemburgo. Por lo tanto, el trato fiscal concedido a LNG Holding y a CEF sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión confiere una ventaja a estas dos empresas en comparación con todas las empresas sujetas a imposición que se encuentran en una situación jurídica y fáctica comparable a la luz del objetivo del impuesto de sociedades en Luxemburgo. |
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(197)

Por otra parte, según lo establecido en la sección 6.2.1.1, LNG Holding y CEF se encuentran en una situación jurídica y fáctica comparable a la de todas las empresas sujetas al impuesto de sociedades en Luxemburgo. Por lo tanto, el trato fiscal concedido a LNG Holding y a CEF sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión confiere una ventaja a estas dos empresas en comparación con todas las empresas sujetas a imposición que se encuentran en una situación jurídica y fáctica comparable a la luz del objetivo del impuesto de sociedades en Luxemburgo.

| (198) | Habida cuenta de lo anterior, la Comisión concluye que la ventaja concedida sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión es, a priori, selectiva. |
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(198)

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión concluye que la ventaja concedida sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión es, a priori, selectiva.

a priori

| (199) | En cualquier caso, aunque solo se considere que las empresas sujetas a las normas sobre la exención de los rendimientos de participaciones y sobre la imposición de las distribuciones de beneficios se encuentran en una situación jurídica y fáctica comparable a la de LNG Holding y CEF, la Comisión también demostrará en la sección 6.2.2 que estos contribuyentes no pueden beneficiarse de la ventaja fiscal concedida a LNG Holding y a CEF. |
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(199)

En cualquier caso, aunque solo se considere que las empresas sujetas a las normas sobre la exención de los rendimientos de participaciones y sobre la imposición de las distribuciones de beneficios se encuentran en una situación jurídica y fáctica comparable a la de LNG Holding y CEF, la Comisión también demostrará en la sección 6.2.2 que estos contribuyentes no pueden beneficiarse de la ventaja fiscal concedida a LNG Holding y a CEF.

6.2.2.   EXCEPCIÓN A LAS NORMAS DEL RÉGIMEN LUXEMBURGUÉS DE IMPOSICIÓN DE LAS SOCIEDADES RELATIVAS A LA EXENCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS DE PARTICIPACIONES Y A LA IMPOSICIÓN DE LAS DISTRIBUCIONES DE BENEFICIOS

6.2.2.1.   
  Marco de referencia: normas del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades relativas a la exención de los rendimientos de participaciones y a la imposición de las distribuciones de beneficios

Marco de referencia: normas del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades relativas a la exención de los rendimientos de participaciones y a la imposición de las distribuciones de beneficios

| (200) | Engie afirma que los ajustes impuestos por la legislación fiscal a los beneficios registrados en el balance comercial de los contribuyentes y, en particular, el régimen de exención de los rendimientos de participaciones forman parte del marco de referencia (221). En este sentido, Engie intenta limitar el marco de referencia a las disposiciones específicas de la Ley del impuesto sobre la renta, que regulan la exención de los rendimientos de las participaciones y la imposición de las distribuciones de beneficios. En este marco de referencia más limitado, la identificación de las empresas que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la de LNG Holding y CEF está necesariamente restringida a los contribuyentes a los que se aplican estas disposiciones. Sin embargo, como se demostrará en esta sección, el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión constituye, a priori, una ventaja selectiva también en este marco de referencia más limitado. |
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(200)

Engie afirma que los ajustes impuestos por la legislación fiscal a los beneficios registrados en el balance comercial de los contribuyentes y, en particular, el régimen de exención de los rendimientos de participaciones forman parte del marco de referencia (221). En este sentido, Engie intenta limitar el marco de referencia a las disposiciones específicas de la Ley del impuesto sobre la renta, que regulan la exención de los rendimientos de las participaciones y la imposición de las distribuciones de beneficios. En este marco de referencia más limitado, la identificación de las empresas que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la de LNG Holding y CEF está necesariamente restringida a los contribuyentes a los que se aplican estas disposiciones. Sin embargo, como se demostrará en esta sección, el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión constituye, a priori, una ventaja selectiva también en este marco de referencia más limitado.

221

a priori

| (201) | El artículo 164, apartado 1, de la LIR estipula que para determinar la renta imponible de una sociedad, no es relevante que se haya distribuido o no a los titulares. Esto significa que el beneficio distribuido por una empresa no reduce su renta imponible, es decir, no puede deducirse. Por consiguiente, los beneficios solo pueden distribuirse después de impuestos. Como se explica en el considerando 87, el artículo 164, apartado 2, de la LIR se aplica a las distribuciones de cualquier clase. |
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(201)

El artículo 164, apartado 1, de la LIR estipula que para determinar la renta imponible de una sociedad, no es relevante que se haya distribuido o no a los titulares. Esto significa que el beneficio distribuido por una empresa no reduce su renta imponible, es decir, no puede deducirse. Por consiguiente, los beneficios solo pueden distribuirse después de impuestos. Como se explica en el considerando 87, el artículo 164, apartado 2, de la LIR se aplica a las distribuciones de cualquier clase.

| (202) | Por otra parte, los beneficiarios registran los beneficios distribuidos en sus cuentas como ingresos. Según el principio de la vinculación del balance fiscal al balance comercial, estos ingresos, que forman parte de los beneficios obtenidos por estas empresas y que, en consecuencia, se registran en su contabilidad, se incluirán, en principio, en su renta imponible. Esto provoca una doble imposición económica, a menos que se aplique la exención de los rendimientos de participaciones, de conformidad con las disposiciones del artículo 166, de la LIR (222). La exención prevista en esta disposición se aplica a los ingresos generados por «participaciones», término que no está definido en la Ley. Sin embargo, tal como aclaró Luxemburgo, todas las participaciones cuyos rendimientos pueden beneficiarse de la exención prevista en el artículo 166, de la LIR (incluidas las acciones) también están cubiertas por la obligación prevista en el artículo 164, de la LIR (salvo las participaciones en entidades extranjeras) (223). En consecuencia, en el régimen luxemburgués de imposición de sociedades de derecho común, la exención de los rendimientos de participaciones se aplica al beneficio después de impuestos (lo que significa que no puede aplicarse a importes deducidos de la renta imponible de la entidad distribuidora). (224) |
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(202)

Por otra parte, los beneficiarios registran los beneficios distribuidos en sus cuentas como ingresos. Según el principio de la vinculación del balance fiscal al balance comercial, estos ingresos, que forman parte de los beneficios obtenidos por estas empresas y que, en consecuencia, se registran en su contabilidad, se incluirán, en principio, en su renta imponible. Esto provoca una doble imposición económica, a menos que se aplique la exención de los rendimientos de participaciones, de conformidad con las disposiciones del artículo 166, de la LIR (222). La exención prevista en esta disposición se aplica a los ingresos generados por «participaciones», término que no está definido en la Ley. Sin embargo, tal como aclaró Luxemburgo, todas las participaciones cuyos rendimientos pueden beneficiarse de la exención prevista en el artículo 166, de la LIR (incluidas las acciones) también están cubiertas por la obligación prevista en el artículo 164, de la LIR (salvo las participaciones en entidades extranjeras) (223). En consecuencia, en el régimen luxemburgués de imposición de sociedades de derecho común, la exención de los rendimientos de participaciones se aplica al beneficio después de impuestos (lo que significa que no puede aplicarse a importes deducidos de la renta imponible de la entidad distribuidora). (224)

222

223

224

| (203) | Según el Reglamento de 21 de diciembre de 2001, la exención de los rendimientos de participaciones no solo se aplica a los beneficios distribuidos por la entidad distribuidora, sino también a las plusvalías derivadas de las participaciones admisibles según este régimen (225). Una plusvalía se define como los ingresos derivados de la diferencia entre el valor de realización de una participación (en el caso de venta o cancelación) y su valor de adquisición. Las plusvalías de las participaciones corresponden a los beneficios ya obtenidos por la empresa distribuidora pero que todavía no han sido distribuidos, o a los beneficios que tienen que realizarse en el futuro y que, por tanto, tampoco han sido distribuidos. En virtud de los artículos 18 y 40 de la LIR, todos los beneficios deben incluirse necesariamente en la renta imponible de la entidad distribuidora. Por otra parte, puesto que esos beneficios no fueron distribuidos por la entidad distribuidora, por definición, no pueden ser objeto de ningún tipo de deducción. En consecuencia, en el caso de las plusvalías, la exención de los rendimientos de participaciones es aplicable a los ingresos que no correspondan a importes deducidos de la renta imponible de la entidad distribuidora (como las adiciones al ZORA). |
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(203)

Según el Reglamento de 21 de diciembre de 2001, la exención de los rendimientos de participaciones no solo se aplica a los beneficios distribuidos por la entidad distribuidora, sino también a las plusvalías derivadas de las participaciones admisibles según este régimen (225). Una plusvalía se define como los ingresos derivados de la diferencia entre el valor de realización de una participación (en el caso de venta o cancelación) y su valor de adquisición. Las plusvalías de las participaciones corresponden a los beneficios ya obtenidos por la empresa distribuidora pero que todavía no han sido distribuidos, o a los beneficios que tienen que realizarse en el futuro y que, por tanto, tampoco han sido distribuidos. En virtud de los artículos 18 y 40 de la LIR, todos los beneficios deben incluirse necesariamente en la renta imponible de la entidad distribuidora. Por otra parte, puesto que esos beneficios no fueron distribuidos por la entidad distribuidora, por definición, no pueden ser objeto de ningún tipo de deducción. En consecuencia, en el caso de las plusvalías, la exención de los rendimientos de participaciones es aplicable a los ingresos que no correspondan a importes deducidos de la renta imponible de la entidad distribuidora (como las adiciones al ZORA).

225

| (204) | En otras palabras, en un marco de referencia más restringido que consista exclusivamente en normas sobre la exención de los rendimientos de participaciones y en la tributación de las distribuciones de beneficios, la exención de los rendimientos de participaciones es aplicable a los ingresos que no corresponden a los importes deducidos de la renta imponible de la entidad distribuidora, y dichos ingresos se consideran como distribuciones de beneficios o de plusvalías. |
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(204)

En otras palabras, en un marco de referencia más restringido que consista exclusivamente en normas sobre la exención de los rendimientos de participaciones y en la tributación de las distribuciones de beneficios, la exención de los rendimientos de participaciones es aplicable a los ingresos que no corresponden a los importes deducidos de la renta imponible de la entidad distribuidora, y dichos ingresos se consideran como distribuciones de beneficios o de plusvalías.

| (205) | LNG Holding y CEF se encuentran en una situación jurídica y fáctica comparable a la de todas las empresas sujetas a impuestos que reciben rendimientos de participaciones y que, por tanto, están sujetas a las normas sobre la exención de los rendimientos de participaciones y la tributación de las distribuciones de beneficios en Luxemburgo. Estas sociedades poseen el mismo tipo de instrumentos que LNG Holding y CEF (participaciones) y los ingresos que reciben de estos instrumentos son de la misma naturaleza que los ingresos obtenidos por LNG Holding y CEF, de manera que, en teoría, tienen derecho a que se aplique la exención para los rendimientos de participaciones. |
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(205)

LNG Holding y CEF se encuentran en una situación jurídica y fáctica comparable a la de todas las empresas sujetas a impuestos que reciben rendimientos de participaciones y que, por tanto, están sujetas a las normas sobre la exención de los rendimientos de participaciones y la tributación de las distribuciones de beneficios en Luxemburgo. Estas sociedades poseen el mismo tipo de instrumentos que LNG Holding y CEF (participaciones) y los ingresos que reciben de estos instrumentos son de la misma naturaleza que los ingresos obtenidos por LNG Holding y CEF, de manera que, en teoría, tienen derecho a que se aplique la exención para los rendimientos de participaciones.

6.2.2.2.   
  Excepción al marco de referencia que da lugar a una discriminación

Excepción al marco de referencia que da lugar a una discriminación

| (206) | Las resoluciones fiscales en cuestión permiten que LNG Holding y CEF (entidades fiscales residentes en Luxemburgo) apliquen la exención de los rendimientos de participaciones a unos ingresos correspondientes, desde el punto de vista económico, a los importes deducidos a título de gastos (adiciones al ZORA) por parte de LNG Supply y GSTM, respectivamente (también residentes en Luxemburgo). |
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(206)

Las resoluciones fiscales en cuestión permiten que LNG Holding y CEF (entidades fiscales residentes en Luxemburgo) apliquen la exención de los rendimientos de participaciones a unos ingresos correspondientes, desde el punto de vista económico, a los importes deducidos a título de gastos (adiciones al ZORA) por parte de LNG Supply y GSTM, respectivamente (también residentes en Luxemburgo).

| (207) | De hecho, las resoluciones fiscales en cuestión confirman que cualquier beneficio generado por LNG Supply y GSTM que supere el margen LNG, en un caso, y el margen GSTM, en el otro (y, por tanto, deducido de sus respectivas rentas imponibles en forma de adiciones al ZORA) se integrará en las acciones LNG y las acciones GSTM, respectivamente. De conformidad con los ZORA y los contratos de futuros, LNG Holding y CEF reciben, en el momento de la conversión, estas acciones. Acto seguido, cuando los beneficios incorporados en las acciones LNG y las acciones GSTM se reconocen como ingresos generados por LNG Holding y CEF, se pueden beneficiar de la exención de los rendimientos de participaciones (226). |
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(207)

De hecho, las resoluciones fiscales en cuestión confirman que cualquier beneficio generado por LNG Supply y GSTM que supere el margen LNG, en un caso, y el margen GSTM, en el otro (y, por tanto, deducido de sus respectivas rentas imponibles en forma de adiciones al ZORA) se integrará en las acciones LNG y las acciones GSTM, respectivamente. De conformidad con los ZORA y los contratos de futuros, LNG Holding y CEF reciben, en el momento de la conversión, estas acciones. Acto seguido, cuando los beneficios incorporados en las acciones LNG y las acciones GSTM se reconocen como ingresos generados por LNG Holding y CEF, se pueden beneficiar de la exención de los rendimientos de participaciones (226).

226

| (208) | La existencia de un vínculo claro y directo entre los ingresos que se benefician de la exención de los rendimientos de participaciones de las sociedades de cartera y los importes deducidos como gastos por parte de las filiales es evidente en el caso de la conversión parcial del ZORA LNG. En este caso, tal como muestran las declaraciones fiscales presentadas, los ingresos generados por LNG Holding tras la conversión parcial y la anulación de las acciones LNG Supply en 2014 corresponden, desde un punto de vista económico, a las adiciones al ZORA deducidas por LNG Supply entre 2009 y 2014, que LNG Holding recibió a través del ZORA LNG y del contrato de futuros LNG (227). Luxemburgo también confirmó explícitamente que: «La plusvalía contable de 506,2 millones USD generada por LNG Holding corresponde económicamente al aumento del valor de LNG Supply entre 2009 y 2014» (228). |
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(208)

La existencia de un vínculo claro y directo entre los ingresos que se benefician de la exención de los rendimientos de participaciones de las sociedades de cartera y los importes deducidos como gastos por parte de las filiales es evidente en el caso de la conversión parcial del ZORA LNG. En este caso, tal como muestran las declaraciones fiscales presentadas, los ingresos generados por LNG Holding tras la conversión parcial y la anulación de las acciones LNG Supply en 2014 corresponden, desde un punto de vista económico, a las adiciones al ZORA deducidas por LNG Supply entre 2009 y 2014, que LNG Holding recibió a través del ZORA LNG y del contrato de futuros LNG (227). Luxemburgo también confirmó explícitamente que: «La plusvalía contable de 506,2 millones USD generada por LNG Holding corresponde económicamente al aumento del valor de LNG Supply entre 2009 y 2014» (228).

227

228

| (209) | La aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones a los ingresos reconocidos por las sociedades de cartera que corresponden, desde un punto de vista económico, a los importes deducidos en concepto de gastos por parte de las filiales constituye una excepción al marco de referencia descrito en la sección 6.2.2.1, según el cual la exención de los rendimientos de participaciones es aplicable a los ingresos que no corresponden a importes deducidos de la renta imponible de la entidad distribuidora. Esta excepción implica que casi todos los beneficios generados por LNG Supply y GSTM nunca tributan en Luxemburgo. Por lo tanto, el trato fiscal aprobado por las resoluciones fiscales en cuestión mejora la posición financiera de LNG Holding y de CEF. De hecho, en el régimen fiscal común descrito en la sección 6.2.2.1, los ingresos percibidos por estas entidades no se habrían deducido (en forma de adiciones al ZORA) en las filiales. Estos ingresos habrían sido inferiores, ya que el beneficio correspondiente habría sido gravado previamente en las filiales. |
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(209)

La aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones a los ingresos reconocidos por las sociedades de cartera que corresponden, desde un punto de vista económico, a los importes deducidos en concepto de gastos por parte de las filiales constituye una excepción al marco de referencia descrito en la sección 6.2.2.1, según el cual la exención de los rendimientos de participaciones es aplicable a los ingresos que no corresponden a importes deducidos de la renta imponible de la entidad distribuidora. Esta excepción implica que casi todos los beneficios generados por LNG Supply y GSTM nunca tributan en Luxemburgo. Por lo tanto, el trato fiscal aprobado por las resoluciones fiscales en cuestión mejora la posición financiera de LNG Holding y de CEF. De hecho, en el régimen fiscal común descrito en la sección 6.2.2.1, los ingresos percibidos por estas entidades no se habrían deducido (en forma de adiciones al ZORA) en las filiales. Estos ingresos habrían sido inferiores, ya que el beneficio correspondiente habría sido gravado previamente en las filiales.

todos los beneficios

nunca tributan en Luxemburgo

| (210) | Luxemburgo y Engie cuestionan la aplicabilidad del artículo 164, apartado 2, de la LIR a las adiciones al ZORA. En otras palabras, Luxemburgo y Engie niegan que las adiciones al ZORA puedan considerarse una distribución de beneficios. |
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(210)

Luxemburgo y Engie cuestionan la aplicabilidad del artículo 164, apartado 2, de la LIR a las adiciones al ZORA. En otras palabras, Luxemburgo y Engie niegan que las adiciones al ZORA puedan considerarse una distribución de beneficios.

| (211) | A este respecto, la Comisión recuerda que LNG Holding califica explícitamente los beneficios derivados de la anulación de las acciones LNG Supply de «dividendos exentos», es decir de distribución de beneficios, en sus declaraciones fiscales del ejercicio de 2014 (229). |
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(211)

A este respecto, la Comisión recuerda que LNG Holding califica explícitamente los beneficios derivados de la anulación de las acciones LNG Supply de «dividendos exentos», es decir de distribución de beneficios, en sus declaraciones fiscales del ejercicio de 2014 (229).

229

| (212) | Además, como se explica en los considerandos 207 y 208, existe un vínculo claro y directo entre los ingresos que pueden ser objeto de exención en el marco de LNG Holding y CEF y los importes deducidos por LNG Supply y GSTM como gastos (las adiciones al ZORA). Por consiguiente, desde un punto de vista económico, los ingresos obtenidos por LNG Holding y CEF equivalen a una distribución de beneficios (230). |
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(212)

Además, como se explica en los considerandos 207 y 208, existe un vínculo claro y directo entre los ingresos que pueden ser objeto de exención en el marco de LNG Holding y CEF y los importes deducidos por LNG Supply y GSTM como gastos (las adiciones al ZORA). Por consiguiente, desde un punto de vista económico, los ingresos obtenidos por LNG Holding y CEF equivalen a una distribución de beneficios (230).

230

| (213) | En cualquier caso, la Comisión recuerda que el hecho de considerar oficialmente los beneficios exentos de LNG Holding y CEF como «distribuciones de beneficios» o como «plusvalías», no es pertinente. En realidad, como se expone en la sección 6.2.2.1, en un marco de referencia más restringido que consista exclusivamente en normas sobre la exención de los rendimientos de participaciones y en la tributación de las distribuciones de beneficios, la exención de los rendimientos de participaciones es aplicable a los ingresos que no corresponden a los importes deducidos de la renta imponible de la entidad distribuidora, y dichos ingresos se consideran como distribuciones de beneficios o de plusvalías (231). |
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(213)

En cualquier caso, la Comisión recuerda que el hecho de considerar oficialmente los beneficios exentos de LNG Holding y CEF como «distribuciones de beneficios» o como «plusvalías», no es pertinente. En realidad, como se expone en la sección 6.2.2.1, en un marco de referencia más restringido que consista exclusivamente en normas sobre la exención de los rendimientos de participaciones y en la tributación de las distribuciones de beneficios, la exención de los rendimientos de participaciones es aplicable a los ingresos que no corresponden a los importes deducidos de la renta imponible de la entidad distribuidora, y dichos ingresos se consideran como distribuciones de beneficios o de plusvalías (231).

231

| (214) | En conclusión, el trato fiscal concedido a LNG Holding y a CEF sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión establece excepciones a las normas generales del régimen luxemburgués de imposición de sociedades que rige la exención de los rendimientos de participaciones y la imposición de las distribuciones de beneficios. |
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(214)

En conclusión, el trato fiscal concedido a LNG Holding y a CEF sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión establece excepciones a las normas generales del régimen luxemburgués de imposición de sociedades que rige la exención de los rendimientos de participaciones y la imposición de las distribuciones de beneficios.

| (215) | Esta excepción también da lugar a una discriminación contra otras empresas que se encuentran en una situación jurídica y fáctica comparable a la de LNG Holding y CEF por lo que se refiere al objetivo del régimen. De hecho, las otras empresas contribuyentes que obtienen rendimientos de participaciones y que, por lo tanto, están sujetas a las normas sobre la exención de los rendimientos de participaciones y la tributación de las distribuciones de beneficios en Luxemburgo no se benefician de la ventaja fiscal concedida a LNG Holding y a CEF, a pesar de que se encuentren en una situación fáctica y jurídica comparable a la luz del objetivo del régimen. Es cierto que todos estos contribuyentes podrían beneficiarse de la exención prevista en el artículo 166 de la LIR. Sin embargo, la exención de los rendimientos de participaciones se habría aplicado a una renta relativamente más baja (es decir, al beneficio después de impuestos de la entidad distribuidora), tal como se explica en el considerando 209. |
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(215)

Esta excepción también da lugar a una discriminación contra otras empresas que se encuentran en una situación jurídica y fáctica comparable a la de LNG Holding y CEF por lo que se refiere al objetivo del régimen. De hecho, las otras empresas contribuyentes que obtienen rendimientos de participaciones y que, por lo tanto, están sujetas a las normas sobre la exención de los rendimientos de participaciones y la tributación de las distribuciones de beneficios en Luxemburgo no se benefician de la ventaja fiscal concedida a LNG Holding y a CEF, a pesar de que se encuentren en una situación fáctica y jurídica comparable a la luz del objetivo del régimen. Es cierto que todos estos contribuyentes podrían beneficiarse de la exención prevista en el artículo 166 de la LIR. Sin embargo, la exención de los rendimientos de participaciones se habría aplicado a una renta relativamente más baja (es decir, al beneficio después de impuestos de la entidad distribuidora), tal como se explica en el considerando 209.

| (216) | Luxemburgo afirma que la aplicación del artículo 166 de la LIR no exige que los rendimientos de participaciones se graven previamente, y que las disposiciones del artículo 164 de la LIR no constituyen una condición sine qua non para la aplicación del artículo 166 de la LIR (232). En la misma línea, Engie considera que se han cumplido todas las condiciones de aplicación del artículo 166 de la LIR, de manera que no podría tratarse de una excepción (233). Tanto Luxemburgo como Engie niegan que el objetivo del artículo 166 de la LIR consista en evitar la doble imposición y se apoyan en varios argumentos relacionados, en particular, con la Directiva (UE) 2015/121 del Consejo (234) (la «Directiva sobre sociedades matrices y filiales»). |
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(216)

Luxemburgo afirma que la aplicación del artículo 166 de la LIR no exige que los rendimientos de participaciones se graven previamente, y que las disposiciones del artículo 164 de la LIR no constituyen una condición sine qua non para la aplicación del artículo 166 de la LIR (232). En la misma línea, Engie considera que se han cumplido todas las condiciones de aplicación del artículo 166 de la LIR, de manera que no podría tratarse de una excepción (233). Tanto Luxemburgo como Engie niegan que el objetivo del artículo 166 de la LIR consista en evitar la doble imposición y se apoyan en varios argumentos relacionados, en particular, con la Directiva (UE) 2015/121 del Consejo (234) (la «Directiva sobre sociedades matrices y filiales»).

sine qua non

232

233

234

| (217) | La Comisión refuta este argumento. |
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(217)

La Comisión refuta este argumento.

| (218) | En primer lugar, el hecho de que no exista ningún vínculo expresamente establecido entre el artículo 166 de la LIR y el artículo 164, apartados 1 y 2 de la LIR es irrelevante. Luxemburgo confirmó, de manera explícita, (235) que todas las participaciones cuyos rendimientos puedan beneficiarse de la exención en virtud del artículo 166 de la LIR también están cubiertas por el artículo 164, apartados 1 y 2, de la LIR en el marco de la entidad distribuidora (236). De ello se desprende que, en el marco de referencia descrito en la sección 6.2.2.1, la exención de los rendimientos de participaciones es aplicable a los ingresos que no pueden corresponder a importes deducidos de la renta imponible de la entidad distribuidora. Como excepción a esta norma, las resoluciones fiscales en cuestión permiten la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones, en el marco de las sociedades de cartera (entidades con residencia fiscal en Luxemburgo), a unos ingresos correspondientes, desde un punto de vista económico, a los importes deducidos en concepto de gastos (las adiciones al ZORA) por parte de las filiales (también con residencia fiscal en Luxemburgo). Por consiguiente, el trato fiscal concedido en virtud de las resoluciones fiscales en cuestión constituye una excepción al sistema de referencia. |
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(218)

En primer lugar, el hecho de que no exista ningún vínculo expresamente establecido entre el artículo 166 de la LIR y el artículo 164, apartados 1 y 2 de la LIR es irrelevante. Luxemburgo confirmó, de manera explícita, (235) que todas las participaciones cuyos rendimientos puedan beneficiarse de la exención en virtud del artículo 166 de la LIR también están cubiertas por el artículo 164, apartados 1 y 2, de la LIR en el marco de la entidad distribuidora (236). De ello se desprende que, en el marco de referencia descrito en la sección 6.2.2.1, la exención de los rendimientos de participaciones es aplicable a los ingresos que no pueden corresponder a importes deducidos de la renta imponible de la entidad distribuidora. Como excepción a esta norma, las resoluciones fiscales en cuestión permiten la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones, en el marco de las sociedades de cartera (entidades con residencia fiscal en Luxemburgo), a unos ingresos correspondientes, desde un punto de vista económico, a los importes deducidos en concepto de gastos (las adiciones al ZORA) por parte de las filiales (también con residencia fiscal en Luxemburgo). Por consiguiente, el trato fiscal concedido en virtud de las resoluciones fiscales en cuestión constituye una excepción al sistema de referencia.

235

236

| (219) | En segundo lugar, incluso sin un vínculo explícito entre las dos disposiciones, la complementariedad entre el artículo 166 de la LIR y el artículo 164, apartados 1 y 2, de la LIR es indispensable para garantizar la coherencia lógica del sistema fiscal. Si la misma cantidad pudiera deducirse como un gasto por parte de la entidad distribuidora y quedase exenta en calidad de ingresos del beneficiario, este beneficio no estaría sujeto a ningún gravamen en Luxemburgo. Esta interpretación permitiría a cualquier grupo de sociedades eludir fácilmente el objetivo del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, que consiste en gravar el beneficio de todas las sociedades sujetas a impuestos en Luxemburgo, distribuyendo a sus accionistas todos los beneficios de las filiales que no han sido gravados previamente (237). Además, se contradiría con el objetivo destinado a evitar la doble o la triple imposición (238). |
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(219)

En segundo lugar, incluso sin un vínculo explícito entre las dos disposiciones, la complementariedad entre el artículo 166 de la LIR y el artículo 164, apartados 1 y 2, de la LIR es indispensable para garantizar la coherencia lógica del sistema fiscal. Si la misma cantidad pudiera deducirse como un gasto por parte de la entidad distribuidora y quedase exenta en calidad de ingresos del beneficiario, este beneficio no estaría sujeto a ningún gravamen en Luxemburgo. Esta interpretación permitiría a cualquier grupo de sociedades eludir fácilmente el objetivo del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, que consiste en gravar el beneficio de todas las sociedades sujetas a impuestos en Luxemburgo, distribuyendo a sus accionistas todos los beneficios de las filiales que no han sido gravados previamente (237). Además, se contradiría con el objetivo destinado a evitar la doble o la triple imposición (238).

237

238

| (220) | El artículo 107 del Tratado define las medidas de ayuda en relación con sus efectos económicos en el mercado y no en relación con su legalidad en el orden jurídico interno, con las técnicas legislativas empleadas o con la intención del legislador. En consecuencia, en la medida en que el efecto combinado de la deducibilidad de las adiciones al ZORA y la exención de los ingresos correspondientes consiste en que casi todos los beneficios obtenidos por las filiales eluden todos los gravámenes de las sociedades de cartera, lo cual constituye una discriminación contra las sociedades que se encuentran en una situación jurídica y fáctica comparable, debe considerarse que la medida del Estado que acepta este tipo de trato fiscal confiere una ventaja a priori selectiva. Esta conclusión es válida, independientemente de que se cumplan los artículos 166 y 164 de la LIR, de que exista un posible vínculo explícito entre dichas disposiciones o, incluso, del objetivo de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales. |
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(220)

El artículo 107 del Tratado define las medidas de ayuda en relación con sus efectos económicos en el mercado y no en relación con su legalidad en el orden jurídico interno, con las técnicas legislativas empleadas o con la intención del legislador. En consecuencia, en la medida en que el efecto combinado de la deducibilidad de las adiciones al ZORA y la exención de los ingresos correspondientes consiste en que casi todos los beneficios obtenidos por las filiales eluden todos los gravámenes de las sociedades de cartera, lo cual constituye una discriminación contra las sociedades que se encuentran en una situación jurídica y fáctica comparable, debe considerarse que la medida del Estado que acepta este tipo de trato fiscal confiere una ventaja a priori selectiva. Esta conclusión es válida, independientemente de que se cumplan los artículos 166 y 164 de la LIR, de que exista un posible vínculo explícito entre dichas disposiciones o, incluso, del objetivo de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales.

efectos económicos

efecto

a priori

| (221) | Engie se remite a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Service public fédéral Finances (239), que interpreta las disposiciones de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales que estaban en vigor en el momento en que se adoptaron las resoluciones fiscales en cuestión (240). Según Engie, el Tribunal de Justicia confirmó en dicha sentencia que la Directiva sobre sociedades matrices y filiales, aplicable a situaciones transfronterizas, no exige que los beneficios que se benefician de la exención de los rendimientos de participaciones estén sujetos a una imposición previa. Engie considera que, al aplicar el mismo régimen de exención a situaciones internas, Luxemburgo ha garantizado la igualdad de trato entre grupos de empresas con filiales en Luxemburgo y grupos de empresas con filiales en otros Estados miembros. Puesto que ambas situaciones son idénticas en los hechos y que se aplican las mismas disposiciones en ambos casos, Engie considera que no puede alegarse que la exención de los rendimientos de participaciones solo se aplique en situaciones transfronterizas y no en situaciones puramente internas. |
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(221)

Engie se remite a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Service public fédéral Finances (239), que interpreta las disposiciones de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales que estaban en vigor en el momento en que se adoptaron las resoluciones fiscales en cuestión (240). Según Engie, el Tribunal de Justicia confirmó en dicha sentencia que la Directiva sobre sociedades matrices y filiales, aplicable a situaciones transfronterizas, no exige que los beneficios que se benefician de la exención de los rendimientos de participaciones estén sujetos a una imposición previa. Engie considera que, al aplicar el mismo régimen de exención a situaciones internas, Luxemburgo ha garantizado la igualdad de trato entre grupos de empresas con filiales en Luxemburgo y grupos de empresas con filiales en otros Estados miembros. Puesto que ambas situaciones son idénticas en los hechos y que se aplican las mismas disposiciones en ambos casos, Engie considera que no puede alegarse que la exención de los rendimientos de participaciones solo se aplique en situaciones transfronterizas y no en situaciones puramente internas.

239

240

| (222) | Con carácter preliminar, la Comisión observa que la presente Decisión se refiere a una situación puramente interna en la que todas las empresas implicadas en las diversas operaciones cubiertas por las resoluciones fiscales en cuestión son entidades con residencia fiscal en Luxemburgo. La ventaja selectiva se deriva de una excepción consistente en que el beneficio obtenido por dos filiales del grupo Engie que residen en Luxemburgo prácticamente no fue gravado a nivel de sus accionistas, que también residen en Luxemburgo. Por lo tanto, la investigación de la Comisión no pretendía determinar si una medida similar, aplicada a una situación en la que las entidades distribuidoras no serían entidades con residencia fiscal en Luxemburgo, también constituiría una ventaja selectiva. |
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(222)

Con carácter preliminar, la Comisión observa que la presente Decisión se refiere a una situación puramente interna en la que todas las empresas implicadas en las diversas operaciones cubiertas por las resoluciones fiscales en cuestión son entidades con residencia fiscal en Luxemburgo. La ventaja selectiva se deriva de una excepción consistente en que el beneficio obtenido por dos filiales del grupo Engie que residen en Luxemburgo prácticamente no fue gravado a nivel de sus accionistas, que también residen en Luxemburgo. Por lo tanto, la investigación de la Comisión no pretendía determinar si una medida similar, aplicada a una situación en la que las entidades distribuidoras no serían entidades con residencia fiscal en Luxemburgo, también constituiría una ventaja selectiva.

| (223) | La Comisión rechaza el argumento de que Luxemburgo está obligado a aplicar, en una situación puramente interna, un trato más favorable del que se aplicaría a la misma operación transfronteriza. Puede surgir una discrepancia por diferencias en la cualificación jurídica —y, por lo tanto, en el trato fiscal— de un instrumento o una transacción transfronterizos en virtud de las disposiciones de dos países o jurisdicciones fiscales diferentes, lo que provoca una ausencia de imposición. Sin embargo, tales discrepancias, en principio, no deberían surgir en una situación puramente interna, en la que la lógica y la coherencia internas del sistema están destinadas precisamente a evitar este tipo de lagunas. Como es bien sabido, para limitar la evasión fiscal, la Unión, la OCDE y la comunidad fiscal internacional trabajan para reducir las disparidades entre las legislaciones fiscales y para eliminar las discrepancias y las lagunas existentes. Por consiguiente, afirmar, tal como presuntamente lo hace Engie, que Luxemburgo debería aplicar las discrepancias transfronterizas existentes también a nivel interno, incluso contra la lógica inherente del sistema fiscal, no solo resulta incoherente en el plano jurídico sino también contrario a estos esfuerzos. |
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(223)

La Comisión rechaza el argumento de que Luxemburgo está obligado a aplicar, en una situación puramente interna, un trato más favorable del que se aplicaría a la misma operación transfronteriza. Puede surgir una discrepancia por diferencias en la cualificación jurídica —y, por lo tanto, en el trato fiscal— de un instrumento o una transacción transfronterizos en virtud de las disposiciones de dos países o jurisdicciones fiscales diferentes, lo que provoca una ausencia de imposición. Sin embargo, tales discrepancias, en principio, no deberían surgir en una situación puramente interna, en la que la lógica y la coherencia internas del sistema están destinadas precisamente a evitar este tipo de lagunas. Como es bien sabido, para limitar la evasión fiscal, la Unión, la OCDE y la comunidad fiscal internacional trabajan para reducir las disparidades entre las legislaciones fiscales y para eliminar las discrepancias y las lagunas existentes. Por consiguiente, afirmar, tal como presuntamente lo hace Engie, que Luxemburgo debería aplicar las discrepancias transfronterizas existentes también a nivel interno, incluso contra la lógica inherente del sistema fiscal, no solo resulta incoherente en el plano jurídico sino también contrario a estos esfuerzos.

también a nivel interno

| (224) | La jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, en particular, la sentencia del asunto Service public fédéral Finances, no afirma otra cosa. Este asunto se refiere a una ley belga que ampliaba la aplicación de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales a situaciones puramente internas. La jurisdicción belga presentó al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación que debe darse a esta Directiva (241). La sentencia confirma que la Directiva pretende eliminar las situaciones de doble imposición de los beneficios distribuidos por las filiales a sus sociedades matrices y eliminar las desventajas de la cooperación transfronteriza derivadas del hecho de que el trato fiscal de las relaciones transfronterizas entre sociedades matrices y filiales es menos favorable que el que se aplica a las relaciones puramente internas (242). Teniendo en cuenta este objetivo, y en consonancia con la jurisprudencia relativa a las libertades fundamentales, el Tribunal de Justicia declara que «las libertades de circulación garantizadas por el Tratado se oponen a que un Estado miembro trate de manera menos ventajosa los dividendos de origen extranjero que los dividendos de origen nacional, a menos que esta diferencia de trato afecte a situaciones que no sean objetivamente comparables o resulte justificada por razones imperiosas de interés general» (243). En otras palabras, dicha sentencia se limita a aplicar la jurisprudencia consolidada en virtud de la cual las libertades fundamentales prohíben a los Estados miembros tratar las situaciones internas más favorablemente que las situaciones transfronterizas comparables. Sin embargo, lo contrario no es cierto: los Estados miembros no están obligados, como parece que Engie da a entender, a ampliar a las situaciones puramente internas el trato fiscal más favorable aplicable a las situaciones transfronterizas, en particular si dicho trato más favorable es el resultado de discrepancias o de lagunas que dan lugar a la no imposición (244). |
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(224)

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, en particular, la sentencia del asunto Service public fédéral Finances, no afirma otra cosa. Este asunto se refiere a una ley belga que ampliaba la aplicación de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales a situaciones puramente internas. La jurisdicción belga presentó al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación que debe darse a esta Directiva (241). La sentencia confirma que la Directiva pretende eliminar las situaciones de doble imposición de los beneficios distribuidos por las filiales a sus sociedades matrices y eliminar las desventajas de la cooperación transfronteriza derivadas del hecho de que el trato fiscal de las relaciones transfronterizas entre sociedades matrices y filiales es menos favorable que el que se aplica a las relaciones puramente internas (242). Teniendo en cuenta este objetivo, y en consonancia con la jurisprudencia relativa a las libertades fundamentales, el Tribunal de Justicia declara que «las libertades de circulación garantizadas por el Tratado se oponen a que un Estado miembro trate de manera menos ventajosa los dividendos de origen extranjero que los dividendos de origen nacional, a menos que esta diferencia de trato afecte a situaciones que no sean objetivamente comparables o resulte justificada por razones imperiosas de interés general» (243). En otras palabras, dicha sentencia se limita a aplicar la jurisprudencia consolidada en virtud de la cual las libertades fundamentales prohíben a los Estados miembros tratar las situaciones internas más favorablemente que las situaciones transfronterizas comparables. Sin embargo, lo contrario no es cierto: los Estados miembros no están obligados, como parece que Engie da a entender, a ampliar a las situaciones puramente internas el trato fiscal más favorable aplicable a las situaciones transfronterizas, en particular si dicho trato más favorable es el resultado de discrepancias o de lagunas que dan lugar a la no imposición (244).

241

eliminar las situaciones de doble imposición

menos favorable

242

menos ventajosa

243

244

| (225) | La alegación de que la ventaja fiscal concedida a LNG Holding y CEF sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión es de aplicación general, ya que, en teoría, cualquier otra empresa podría obtener una ventaja similar al adoptar la estructura aplicada por Engie, tampoco es admisible. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la circunstancia de que el número de empresas que puede aspirar a beneficiarse de una medida nacional sea muy significativo, o que estas empresas pertenezcan a distintos sectores de actividades, no basta para cuestionar su carácter selectivo (245). El mismo principio puede aplicarse en los casos en que la ventaja se deriva de una resolución fiscal que aplica una combinación de disposiciones legislativas a una situación determinada y esta situación puede ser replicada por otras empresas. El Tribunal de Justicia también estableció que no puede exigirse, para demostrar la selectividad de tal medida, que la Comisión identifique determinadas características propias y específicas, comunes a las empresas que disfrutan de la ventaja fiscal, que permitan distinguirlas de aquellas que quedan excluidas (246). |
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(225)

La alegación de que la ventaja fiscal concedida a LNG Holding y CEF sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión es de aplicación general, ya que, en teoría, cualquier otra empresa podría obtener una ventaja similar al adoptar la estructura aplicada por Engie, tampoco es admisible. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la circunstancia de que el número de empresas que puede aspirar a beneficiarse de una medida nacional sea muy significativo, o que estas empresas pertenezcan a distintos sectores de actividades, no basta para cuestionar su carácter selectivo (245). El mismo principio puede aplicarse en los casos en que la ventaja se deriva de una resolución fiscal que aplica una combinación de disposiciones legislativas a una situación determinada y esta situación puede ser replicada por otras empresas. El Tribunal de Justicia también estableció que no puede exigirse, para demostrar la selectividad de tal medida, que la Comisión identifique determinadas características propias y específicas, comunes a las empresas que disfrutan de la ventaja fiscal, que permitan distinguirlas de aquellas que quedan excluidas (246).

245

246

| (226) | Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión concluye que, en un marco de referencia más restringido que consta exclusivamente de las normas del régimen general luxemburgués de imposición de sociedades que rigen la exención de los rendimientos de participaciones y la imposición de las distribuciones de beneficios, la ventaja concedida sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión es a priori selectiva, ya que favorece a LNG Holding y a CEF en comparación con las empresas que se encuentran en una situación jurídica y fáctica comparable. |
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(226)

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión concluye que, en un marco de referencia más restringido que consta exclusivamente de las normas del régimen general luxemburgués de imposición de sociedades que rigen la exención de los rendimientos de participaciones y la imposición de las distribuciones de beneficios, la ventaja concedida sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión es a priori selectiva, ya que favorece a LNG Holding y a CEF en comparación con las empresas que se encuentran en una situación jurídica y fáctica comparable.

a priori

6.2.3.   FALTA DE JUSTIFICACIÓN

| (227) | Según jurisprudencia reiterada, el concepto de ayuda estatal no se refiere a las medidas estatales que establecen una diferenciación entre empresas y que, en consecuencia, son a priori selectivas, cuando esta diferenciación resulta de la naturaleza y de la estructura del sistema, lo cual corresponde al Estado miembro interesado demostrar (247). |
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(227)

Según jurisprudencia reiterada, el concepto de ayuda estatal no se refiere a las medidas estatales que establecen una diferenciación entre empresas y que, en consecuencia, son a priori selectivas, cuando esta diferenciación resulta de la naturaleza y de la estructura del sistema, lo cual corresponde al Estado miembro interesado demostrar (247).

a priori

247

| (228) | Una medida que establece una excepción a la aplicación del régimen fiscal general puede justificarse por la naturaleza o la estructura del sistema fiscal si el Estado miembro de que se trate puede demostrar que dicha medida se deriva directamente de los principios fundadores o rectores de su régimen fiscal o que es el resultado de mecanismos inherentes al propio régimen fiscal que son necesarios para el funcionamiento y la eficacia del sistema (248). A este respecto, debe distinguirse entre los objetivos perseguidos por un régimen fiscal particular y que le son externos, por un lado, y los mecanismos inherentes al propio sistema fiscal, que son necesarios para la consecución de dichos objetivos, por otro (249). |
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(228)

Una medida que establece una excepción a la aplicación del régimen fiscal general puede justificarse por la naturaleza o la estructura del sistema fiscal si el Estado miembro de que se trate puede demostrar que dicha medida se deriva directamente de los principios fundadores o rectores de su régimen fiscal o que es el resultado de mecanismos inherentes al propio régimen fiscal que son necesarios para el funcionamiento y la eficacia del sistema (248). A este respecto, debe distinguirse entre los objetivos perseguidos por un régimen fiscal particular y que le son externos, por un lado, y los mecanismos inherentes al propio sistema fiscal, que son necesarios para la consecución de dichos objetivos, por otro (249).

248

249

| (229) | Ni Luxemburgo ni Engie han aportado ninguna justificación respecto al trato favorable apoyado por las resoluciones fiscales en cuestión en favor de LNG Holding y CEF. La Comisión recuerda, a este respecto, que la carga de la prueba para dicha justificación recae sobre el Estado miembro. A falta de una justificación presentada por Luxemburgo, la Comisión debe concluir, por tanto, que la ventaja fiscal concedida a LNG Holding y a CEF no puede justificarse mediante la naturaleza o la estructura general del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades. |
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(229)

Ni Luxemburgo ni Engie han aportado ninguna justificación respecto al trato favorable apoyado por las resoluciones fiscales en cuestión en favor de LNG Holding y CEF. La Comisión recuerda, a este respecto, que la carga de la prueba para dicha justificación recae sobre el Estado miembro. A falta de una justificación presentada por Luxemburgo, la Comisión debe concluir, por tanto, que la ventaja fiscal concedida a LNG Holding y a CEF no puede justificarse mediante la naturaleza o la estructura general del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades.

| (230) | En cualquier caso, la Comisión no consiguió identificar ningún motivo que permitiese justificar el trato preferente de LNG Holding y de CEF alegando que se deriva directamente de los principios intrínsecos, fundadores o rectores del sistema de referencia o que es el resultado de mecanismos inherentes a dicho sistema que son necesarios para su funcionamiento y su eficacia (250). |
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(230)

En cualquier caso, la Comisión no consiguió identificar ningún motivo que permitiese justificar el trato preferente de LNG Holding y de CEF alegando que se deriva directamente de los principios intrínsecos, fundadores o rectores del sistema de referencia o que es el resultado de mecanismos inherentes a dicho sistema que son necesarios para su funcionamiento y su eficacia (250).

250

| (231) | La Comisión observa que según el Consejo de Estado de Luxemburgo (251), el régimen de exención de los rendimientos de participaciones establecido por el artículo 166 de la LIR pretende, en particular, evitar una doble o triple imposición por razones de equidad fiscal (252). La doble imposición se refiere a situaciones en las que el mismo beneficio tributa dos veces por parte del mismo contribuyente (doble imposición jurídica) o por parte de dos contribuyentes distintos (doble imposición económica). La Comisión admite que una exención de la imposición destinada a evitar la doble imposición económica puede justificarse por la naturaleza y la estructura del sistema fiscal (253). Por consiguiente, la aplicación de la exención prevista en el artículo 166 de la LIR para evitar la doble o triple imposición económica puede derivarse directamente de los principios fundadores o rectores del sistema fiscal. |
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(231)

La Comisión observa que según el Consejo de Estado de Luxemburgo (251), el régimen de exención de los rendimientos de participaciones establecido por el artículo 166 de la LIR pretende, en particular, evitar una doble o triple imposición por razones de equidad fiscal (252). La doble imposición se refiere a situaciones en las que el mismo beneficio tributa dos veces por parte del mismo contribuyente (doble imposición jurídica) o por parte de dos contribuyentes distintos (doble imposición económica). La Comisión admite que una exención de la imposición destinada a evitar la doble imposición económica puede justificarse por la naturaleza y la estructura del sistema fiscal (253). Por consiguiente, la aplicación de la exención prevista en el artículo 166 de la LIR para evitar la doble o triple imposición económica puede derivarse directamente de los principios fundadores o rectores del sistema fiscal.

251

252

253

| (232) | Sin embargo, la ventaja concedida sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión no reside exclusivamente en la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones, sino en su aplicación a nivel de las sociedades de cartera a una renta correspondiente, desde un punto de vista económico, a las cantidades deducidas por las filiales en concepto de gastos (adiciones al ZORA), lo que se traduce en la ausencia de imposición en el marco de LNG Holding y CEF de casi todos los beneficios obtenidos por LNG Supply y GSTM. En estas circunstancias, el trato fiscal concedido a LNG Holding y a CEF sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión no puede servir para evitar la doble imposición económica. La aplicación acumulativa de la exención y de la deducción queda confirmada en las resoluciones fiscales en cuestión y, por lo tanto, la Administración tributaria luxemburguesa era consciente de que nunca se podría haber producido una doble imposición económica. Por consiguiente, el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión no guarda ninguna relación con el objetivo de evitar la doble o triple imposición económica (potencial o real) ni con otras posibles razones relacionadas con la equidad fiscal. Tales objetivos no pueden, por tanto, invocarse válidamente para justificar la diferencia de trato derivada de las medidas impugnadas. |
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(232)

Sin embargo, la ventaja concedida sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión no reside exclusivamente en la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones, sino en su aplicación a nivel de las sociedades de cartera a una renta correspondiente, desde un punto de vista económico, a las cantidades deducidas por las filiales en concepto de gastos (adiciones al ZORA), lo que se traduce en la ausencia de imposición en el marco de LNG Holding y CEF de casi todos los beneficios obtenidos por LNG Supply y GSTM. En estas circunstancias, el trato fiscal concedido a LNG Holding y a CEF sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión no puede servir para evitar la doble imposición económica. La aplicación acumulativa de la exención y de la deducción queda confirmada en las resoluciones fiscales en cuestión y, por lo tanto, la Administración tributaria luxemburguesa era consciente de que nunca se podría haber producido una doble imposición económica. Por consiguiente, el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión no guarda ninguna relación con el objetivo de evitar la doble o triple imposición económica (potencial o real) ni con otras posibles razones relacionadas con la equidad fiscal. Tales objetivos no pueden, por tanto, invocarse válidamente para justificar la diferencia de trato derivada de las medidas impugnadas.

| (233) | A este respecto la Comisión observó que, tal como subrayó anteriormente el Tribunal de Justicia, para que unas exenciones fiscales puedan verse justificadas por la naturaleza o la economía general del sistema fiscal del Estado miembro afectado, este debe asegurarse de que son conformes al principio de proporcionalidad y no exceden de los límites de lo necesario, en el sentido de que el objetivo legítimo perseguido no podría lograrse mediante medidas de menor alcance (254). En el presente caso, la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones a una renta percibida por LNG Holding y CEF que corresponde, desde un punto de vista económico, a los importes deducidos por LNG Supply y GSTM en concepto de gastos (adiciones al ZORA) no puede, en modo alguno, considerarse proporcionada a fin de evitar la doble imposición económica y tampoco contribuye al principio de la equidad fiscal. Ocurre más bien lo contrario: las medidas impugnadas permiten que LNG Holding y CEF, así como Engie como grupo, se beneficien de una doble no imposición. La aplicación de la exención fiscal supera, por tanto, los límites de lo que es necesario y proporcionado para alcanzar el objetivo del presente caso. |
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(233)

A este respecto la Comisión observó que, tal como subrayó anteriormente el Tribunal de Justicia, para que unas exenciones fiscales puedan verse justificadas por la naturaleza o la economía general del sistema fiscal del Estado miembro afectado, este debe asegurarse de que son conformes al principio de proporcionalidad y no exceden de los límites de lo necesario, en el sentido de que el objetivo legítimo perseguido no podría lograrse mediante medidas de menor alcance (254). En el presente caso, la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones a una renta percibida por LNG Holding y CEF que corresponde, desde un punto de vista económico, a los importes deducidos por LNG Supply y GSTM en concepto de gastos (adiciones al ZORA) no puede, en modo alguno, considerarse proporcionada a fin de evitar la doble imposición económica y tampoco contribuye al principio de la equidad fiscal. Ocurre más bien lo contrario: las medidas impugnadas permiten que LNG Holding y CEF, así como Engie como grupo, se beneficien de una doble no imposición. La aplicación de la exención fiscal supera, por tanto, los límites de lo que es necesario y proporcionado para alcanzar el objetivo del presente caso.

254

| (234) | A este respecto, según el Tribunal de Justicia, debe garantizarse el cumplimiento del requisito sobre la coherencia de una ventaja concedida, no solo con las características inherentes al sistema fiscal en cuestión, sino también en lo que se refiere a la aplicación de dicho sistema (255). En este caso, la ventaja fiscal concedida sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión es incoherente, no solo con uno de los objetivos de la exención de los rendimientos de participaciones, sino también con la lógica del sistema en que este régimen se incluye, que consiste en gravar los beneficios de todas las sociedades sujetas a impuestos en Luxemburgo (256). |
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(234)

A este respecto, según el Tribunal de Justicia, debe garantizarse el cumplimiento del requisito sobre la coherencia de una ventaja concedida, no solo con las características inherentes al sistema fiscal en cuestión, sino también en lo que se refiere a la aplicación de dicho sistema (255). En este caso, la ventaja fiscal concedida sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión es incoherente, no solo con uno de los objetivos de la exención de los rendimientos de participaciones, sino también con la lógica del sistema en que este régimen se incluye, que consiste en gravar los beneficios de todas las sociedades sujetas a impuestos en Luxemburgo (256).

255

256

| (235) | En conclusión, la ventaja fiscal concedida a LNG Holding y CEF no puede justificarse por la naturaleza y la lógica del sistema. |
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(235)

En conclusión, la ventaja fiscal concedida a LNG Holding y CEF no puede justificarse por la naturaleza y la lógica del sistema.

6.2.4.   CONCLUSIÓN RESPECTO A LA VENTAJA SELECTIVA DE LNG HOLDING Y DE CEF

| (236) | En vista de lo anterior, la Comisión concluye que la ventaja fiscal concedida a LNG Holding y a CEF sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión es selectiva. |
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(236)

En vista de lo anterior, la Comisión concluye que la ventaja fiscal concedida a LNG Holding y a CEF sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión es selectiva.

6.3.   VENTAJA SELECTIVA ESTABLECIDA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL TRATO FISCAL DEL GRUPO

VENTAJA SELECTIVA ESTABLECIDA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL TRATO FISCAL DEL GRUPO

| (237) | Sin perjuicio de la conclusión expuesta en el considerando 236, un análisis de los efectos de las resoluciones fiscales en cuestión a nivel del grupo, y no solo a nivel de las entidades jurídicas distintas, conduce a la misma conclusión: el trato fiscal concedido en virtud de las resoluciones fiscales en cuestión confiere una ventaja selectiva a Engie. |
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(237)

Sin perjuicio de la conclusión expuesta en el considerando 236, un análisis de los efectos de las resoluciones fiscales en cuestión a nivel del grupo, y no solo a nivel de las entidades jurídicas distintas, conduce a la misma conclusión: el trato fiscal concedido en virtud de las resoluciones fiscales en cuestión confiere una ventaja selectiva a Engie.

| (238) | En este contexto, Engie alega que la selectividad de las medidas fiscales solo puede valorarse en los contribuyentes individuales y no a nivel de grupo, y hace referencia a las decisiones de la Comisión en los asuntos FIAT (257) y groepsrentebox (258). |
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(238)

En este contexto, Engie alega que la selectividad de las medidas fiscales solo puede valorarse en los contribuyentes individuales y no a nivel de grupo, y hace referencia a las decisiones de la Comisión en los asuntos FIAT (257) y groepsrentebox (258).

257

258

| (239) | A este respecto, la Comisión observa que, según las declaraciones fiscales de Luxemburgo, las entidades GSTM, EIL, LNG Supply, LNG Luxembourg y LNG Holding formaron, a partir de 2015, una unidad fiscal con CEF a efectos de la fiscalidad luxemburguesa y que CEF cumplía la función de sociedad matriz de esta unidad (259). Por consiguiente, con arreglo al Derecho tributario luxemburgués, a partir de 2015, estas empresas no se consideraron como entidades diferentes, pero pagaron sus impuestos sobre una base consolidada, es decir, como si fueran un único contribuyente (260). La Comisión considera que esta circunstancia sería por sí sola suficiente para justificar una evaluación combinada, como mínimo a partir de 2015. |
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(239)

A este respecto, la Comisión observa que, según las declaraciones fiscales de Luxemburgo, las entidades GSTM, EIL, LNG Supply, LNG Luxembourg y LNG Holding formaron, a partir de 2015, una unidad fiscal con CEF a efectos de la fiscalidad luxemburguesa y que CEF cumplía la función de sociedad matriz de esta unidad (259). Por consiguiente, con arreglo al Derecho tributario luxemburgués, a partir de 2015, estas empresas no se consideraron como entidades diferentes, pero pagaron sus impuestos sobre una base consolidada, es decir, como si fueran un único contribuyente (260). La Comisión considera que esta circunstancia sería por sí sola suficiente para justificar una evaluación combinada, como mínimo a partir de 2015.

259

260

| (240) | En cualquier caso, aunque estas entidades no fueran una unidad fiscal, no puede aceptarse el argumento de Engie. Como se explicará de nuevo en la sección 6.6, de la propia formulación del artículo 107 del Tratado se desprende que las normas sobre ayudas estatales analizan los efectos económicos de las medidas estatales en relación con las «empresas» y no en relación con las entidades jurídicas distintas. El concepto de empresa debe entenderse como una unidad económica, incluso si esta unidad está formada por varias personas jurídicas (261). Para determinar si varias entidades forman una unidad económica, el Tribunal de Justicia intenta averiguar si existe una participación de control o vínculos funcionales, económicos u orgánicos (262). En este caso, GSTM, EIL, LNG Supply, LNG Luxembourg y LNG Holding están totalmente controladas por CEF, que, a su vez, está controlada por Engie SA Por lo tanto, debe considerarse que todas estas entidades forman parte de una única empresa. |
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(240)

En cualquier caso, aunque estas entidades no fueran una unidad fiscal, no puede aceptarse el argumento de Engie. Como se explicará de nuevo en la sección 6.6, de la propia formulación del artículo 107 del Tratado se desprende que las normas sobre ayudas estatales analizan los efectos económicos de las medidas estatales en relación con las «empresas» y no en relación con las entidades jurídicas distintas. El concepto de empresa debe entenderse como una unidad económica, incluso si esta unidad está formada por varias personas jurídicas (261). Para determinar si varias entidades forman una unidad económica, el Tribunal de Justicia intenta averiguar si existe una participación de control o vínculos funcionales, económicos u orgánicos (262). En este caso, GSTM, EIL, LNG Supply, LNG Luxembourg y LNG Holding están totalmente controladas por CEF, que, a su vez, está controlada por Engie SA Por lo tanto, debe considerarse que todas estas entidades forman parte de una única empresa.

261

262

| (241) | Por otra parte, la ventaja concedida sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión reside en la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones, en el marco de las sociedades cartera, a unos ingresos que, desde un punto de vista económico, corresponden a importes deducidos por las filiales en concepto de gastos (adiciones al ZORA). Por lo tanto, para determinar la existencia de una ventaja, es lógico que también se analicen los efectos combinados de las medidas fiscales en ambos niveles. Esta conclusión no se ve socavada por el hecho de que la legislación luxemburguesa relativa al impuesto sobre la renta se refiere a entidades individuales. De hecho, la Comisión observa que las solicitudes de resolución fiscal presentadas por el asesor fiscal se refieren al trato fiscal de todas las entidades jurídicas del grupo Engie implicadas en las operaciones y que todas estas entidades están sujetas a impuestos en Luxemburgo. |
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(241)

Por otra parte, la ventaja concedida sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión reside en la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones, en el marco de las sociedades cartera, a unos ingresos que, desde un punto de vista económico, corresponden a importes deducidos por las filiales en concepto de gastos (adiciones al ZORA). Por lo tanto, para determinar la existencia de una ventaja, es lógico que también se analicen los efectos combinados de las medidas fiscales en ambos niveles. Esta conclusión no se ve socavada por el hecho de que la legislación luxemburguesa relativa al impuesto sobre la renta se refiere a entidades individuales. De hecho, la Comisión observa que las solicitudes de resolución fiscal presentadas por el asesor fiscal se refieren al trato fiscal de todas las entidades jurídicas del grupo Engie implicadas en las operaciones y que todas estas entidades están sujetas a impuestos en Luxemburgo.

de todas las entidades jurídicas del grupo Engie implicadas en las operaciones

| (242) | Esta circunstancia marca la diferencia entre este asunto y los asuntos groepsrentebox y FIAT. En el asunto groepsrentebox, la Comisión decidió evaluar el régimen a nivel individual porque la medida en cuestión se aplicaba a las entidades individuales (263). Del mismo modo, en el asunto FIAT, la medida (resolución fiscal) se refería únicamente al beneficio imponible de una entidad jurídica individual, mientras que los socios de la operación residían en otro Estado miembro. En consecuencia, cualquier reducción de los impuestos, que constituía la base de la ventaja en este asunto, tenía que basarse en los resultados de la entidad residente en Luxemburgo y no debía tenerse en cuenta la posibilidad de que el impacto fuera neutro para las otras sociedades del grupo FIAT debido al trato que reciben en otros Estados miembros (264). |
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(242)

Esta circunstancia marca la diferencia entre este asunto y los asuntos groepsrentebox y FIAT. En el asunto groepsrentebox, la Comisión decidió evaluar el régimen a nivel individual porque la medida en cuestión se aplicaba a las entidades individuales (263). Del mismo modo, en el asunto FIAT, la medida (resolución fiscal) se refería únicamente al beneficio imponible de una entidad jurídica individual, mientras que los socios de la operación residían en otro Estado miembro. En consecuencia, cualquier reducción de los impuestos, que constituía la base de la ventaja en este asunto, tenía que basarse en los resultados de la entidad residente en Luxemburgo y no debía tenerse en cuenta la posibilidad de que el impacto fuera neutro para las otras sociedades del grupo FIAT debido al trato que reciben en otros Estados miembros (264).

263

264

| (243) | Por el contrario, en el presente caso, el efecto de la medida (la no imposición de una parte de los beneficios obtenidos por determinadas entidades en Luxemburgo) se debe a la aplicación combinada de una exención y a una deducción en el marco de las diferentes entidades del grupo que son residentes en Luxemburgo a efectos fiscales. Por tanto, un análisis del efecto combinado de las resoluciones fiscales a nivel del grupo Engie en Luxemburgo es adecuado para evaluar plenamente el resultado del trato fiscal. |
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(243)

Por el contrario, en el presente caso, el efecto de la medida (la no imposición de una parte de los beneficios obtenidos por determinadas entidades en Luxemburgo) se debe a la aplicación combinada de una exención y a una deducción en el marco de las diferentes entidades del grupo que son residentes en Luxemburgo a efectos fiscales. Por tanto, un análisis del efecto combinado de las resoluciones fiscales a nivel del grupo Engie en Luxemburgo es adecuado para evaluar plenamente el resultado del trato fiscal.

| (244) | En cualquier caso, la Comisión recuerda que no está limitada por su práctica decisoria. Cada posible medida de ayuda debe evaluarse sobre la base de sus propias características y en relación con los criterios objetivos expuestos en el artículo 107, apartado 1, del Tratado, de manera que, incluso si se estableciese la existencia de una práctica decisoria contraria, esto no podría afectar a las conclusiones de la presente Decisión (265). |
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(244)

En cualquier caso, la Comisión recuerda que no está limitada por su práctica decisoria. Cada posible medida de ayuda debe evaluarse sobre la base de sus propias características y en relación con los criterios objetivos expuestos en el artículo 107, apartado 1, del Tratado, de manera que, incluso si se estableciese la existencia de una práctica decisoria contraria, esto no podría afectar a las conclusiones de la presente Decisión (265).

265

6.3.1.   SISTEMA DE REFERENCIA

| (245) | Tal como se establece en la sección 6.2.1.1, en el presente caso, el sistema de referencia es el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, que tiene por objeto gravar los beneficios de todas las empresas sujetas a impuestos en Luxemburgo. Los beneficios imponibles se calculan sobre la base del beneficio contable del contribuyente (principio de vinculación del balance fiscal al balance comercial). Este objetivo se aplica a todas las empresas sujetas a impuestos en Luxemburgo. |
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(245)

Tal como se establece en la sección 6.2.1.1, en el presente caso, el sistema de referencia es el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, que tiene por objeto gravar los beneficios de todas las empresas sujetas a impuestos en Luxemburgo. Los beneficios imponibles se calculan sobre la base del beneficio contable del contribuyente (principio de vinculación del balance fiscal al balance comercial). Este objetivo se aplica a todas las empresas sujetas a impuestos en Luxemburgo.

| (246) | Las operaciones objeto de las resoluciones fiscales en cuestión son transacciones intragrupo que consisten, en primer lugar, en la transferencia de determinados activos a las filiales de Engie sujetas a impuestos en Luxemburgo y, en segundo lugar, en la financiación de estas transferencias por parte de las sociedades de cartera, que también están sujetas a impuestos en Luxemburgo (266). |
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(246)

Las operaciones objeto de las resoluciones fiscales en cuestión son transacciones intragrupo que consisten, en primer lugar, en la transferencia de determinados activos a las filiales de Engie sujetas a impuestos en Luxemburgo y, en segundo lugar, en la financiación de estas transferencias por parte de las sociedades de cartera, que también están sujetas a impuestos en Luxemburgo (266).

266

| (247) | Considerando que el trato fiscal de estas operaciones intragrupo debe evaluarse en el marco del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades y con el fin de establecer si el trato fiscal concedido a Engie sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión constituye una excepción al sistema de referencia, la Comisión limitará su análisis a una comparación con otras operaciones de financiación intragrupo del mismo tipo y, en consecuencia, evaluará las normas del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades que rigen las operaciones de financiación intragrupo entre las entidades de un grupo que tienen residencia en Luxemburgo. |
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(247)

Considerando que el trato fiscal de estas operaciones intragrupo debe evaluarse en el marco del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades y con el fin de establecer si el trato fiscal concedido a Engie sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión constituye una excepción al sistema de referencia, la Comisión limitará su análisis a una comparación con otras operaciones de financiación intragrupo del mismo tipo y, en consecuencia, evaluará las normas del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades que rigen las operaciones de financiación intragrupo entre las entidades de un grupo que tienen residencia en Luxemburgo.

| (248) | La Comisión establecerá que, en virtud del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, el pago de una remuneración en el marco de una transacción de financiación (267) entre dos entidades de un grupo sujetas a impuestos en Luxemburgo no puede dar lugar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo, independientemente de la naturaleza de los medios de financiación utilizados o del importe de la remuneración. En este contexto, por «renta imponible combinada» se entiende la suma de los ingresos imponibles de todas las entidades del grupo que participan en una operación de financiación intragrupo sujetas a impuestos en Luxemburgo. |
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(248)

La Comisión establecerá que, en virtud del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, el pago de una remuneración en el marco de una transacción de financiación (267) entre dos entidades de un grupo sujetas a impuestos en Luxemburgo no puede dar lugar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo, independientemente de la naturaleza de los medios de financiación utilizados o del importe de la remuneración. En este contexto, por «renta imponible combinada» se entiende la suma de los ingresos imponibles de todas las entidades del grupo que participan en una operación de financiación intragrupo sujetas a impuestos en Luxemburgo.

267

| (249) | En el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, los medios de financiación pueden clasificarse en dos categorías: por un lado, los instrumentos de participación, como las acciones, cuyos rendimientos pueden quedar exentos en virtud del artículo 166 de la LIR (en lo sucesivo, «las participaciones») y, por otro lado, otros instrumentos y contratos cuyos ingresos no pueden acogerse a dicha exención (en lo sucesivo, «los instrumentos que no son participaciones»). |
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(249)

En el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, los medios de financiación pueden clasificarse en dos categorías: por un lado, los instrumentos de participación, como las acciones, cuyos rendimientos pueden quedar exentos en virtud del artículo 166 de la LIR (en lo sucesivo, «las participaciones») y, por otro lado, otros instrumentos y contratos cuyos ingresos no pueden acogerse a dicha exención (en lo sucesivo, «los instrumentos que no son participaciones»).

| (250) | En el caso de los instrumentos que no son participaciones, de conformidad con los principios contables de Luxemburgo e internacionales (268), el pago de la remuneración (así como el pago de los intereses de un préstamo) se incluye en la contabilidad del prestatario como un gasto. El mismo importe se contabilizará, en algún momento, como un ingreso del prestamista. |
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(250)

En el caso de los instrumentos que no son participaciones, de conformidad con los principios contables de Luxemburgo e internacionales (268), el pago de la remuneración (así como el pago de los intereses de un préstamo) se incluye en la contabilidad del prestatario como un gasto. El mismo importe se contabilizará, en algún momento, como un ingreso del prestamista.

instrumentos que no son participaciones

268

| (251) | En lo que se refiere al trato fiscal, según el principio de vinculación del balance fiscal al balance comercial (269), los ingresos contabilizados por el prestamista, en principio, son imponibles, mientras que los gastos contabilizados por el prestatario, en principio, son fiscalmente deducibles. Por consiguiente, el pago de la remuneración procedente de un instrumento que no es una participación no da lugar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo en relación con la renta imponible combinada anterior al pago (270). |
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(251)

En lo que se refiere al trato fiscal, según el principio de vinculación del balance fiscal al balance comercial (269), los ingresos contabilizados por el prestamista, en principio, son imponibles, mientras que los gastos contabilizados por el prestatario, en principio, son fiscalmente deducibles. Por consiguiente, el pago de la remuneración procedente de un instrumento que no es una participación no da lugar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo en relación con la renta imponible combinada anterior al pago (270).

269

270

| (252) | En el caso de las participaciones, como las acciones, el pago de la remuneración adoptará la forma de una distribución de beneficios. Desde un punto de vista contable, el beneficiario (la entidad que posee la participación) contabiliza los importes distribuidos como ingresos. Sin embargo, las sumas distribuidas, por definición, habrán formado parte de los beneficios de la entidad distribuidora, dicho de otro modo, no se habrán contabilizado como un gasto (271). |
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(252)

En el caso de las participaciones, como las acciones, el pago de la remuneración adoptará la forma de una distribución de beneficios. Desde un punto de vista contable, el beneficiario (la entidad que posee la participación) contabiliza los importes distribuidos como ingresos. Sin embargo, las sumas distribuidas, por definición, habrán formado parte de los beneficios de la entidad distribuidora, dicho de otro modo, no se habrán contabilizado como un gasto (271).

participaciones

271

| (253) | En lo que se refiere al trato fiscal, tal como se explica en los considerandos 201 y 202, en virtud del artículo 164, apartados 1 y 2, de la LIR, la entidad distribuidora no puede deducir los beneficios distribuidos de su reta imponible. Además, el beneficiario deberá incluir también los beneficios distribuidos en su renta imponible, con arreglo al principio de vinculación del balance fiscal al balance comercial. Esto significa que la distribución de los beneficios supondrá una doble imposición económica, a menos que pueda beneficiarse de la exención de los rendimientos de participaciones en virtud del artículo 166 de la LIR (272). Por lo tanto, la distribución de los beneficios procedentes de una participación no conduce a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo en comparación con la situación anterior a la distribución. |
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(253)

En lo que se refiere al trato fiscal, tal como se explica en los considerandos 201 y 202, en virtud del artículo 164, apartados 1 y 2, de la LIR, la entidad distribuidora no puede deducir los beneficios distribuidos de su reta imponible. Además, el beneficiario deberá incluir también los beneficios distribuidos en su renta imponible, con arreglo al principio de vinculación del balance fiscal al balance comercial. Esto significa que la distribución de los beneficios supondrá una doble imposición económica, a menos que pueda beneficiarse de la exención de los rendimientos de participaciones en virtud del artículo 166 de la LIR (272). Por lo tanto, la distribución de los beneficios procedentes de una participación no conduce a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo en comparación con la situación anterior a la distribución.

272

| (254) | En conclusión, en virtud del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, el pago de una remuneración en una operación de financiación intragrupo entre entidades con residencia fiscal en Luxemburgo, ya sea a través de una participación o de un instrumento que no sea una participación, no puede dar lugar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo. |
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(254)

En conclusión, en virtud del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, el pago de una remuneración en una operación de financiación intragrupo entre entidades con residencia fiscal en Luxemburgo, ya sea a través de una participación o de un instrumento que no sea una participación, no puede dar lugar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo.

| (255) | Luxemburgo sostiene que, al definir el sistema de referencia, la Comisión debe hacer referencia al texto de la Ley. A este respecto, alega que el principio según el cual el pago de la remuneración (o la distribución de beneficios) relacionada con una operación de financiación intragrupo entre entidades residentes en Luxemburgo no puede llevar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo no está previsto en la Ley. |
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(255)

Luxemburgo sostiene que, al definir el sistema de referencia, la Comisión debe hacer referencia al texto de la Ley. A este respecto, alega que el principio según el cual el pago de la remuneración (o la distribución de beneficios) relacionada con una operación de financiación intragrupo entre entidades residentes en Luxemburgo no puede llevar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo no está previsto en la Ley.

| (256) | La Comisión recuerda, en primer lugar, que, contrariamente a lo que afirma Luxemburgo, el objetivo del régimen fiscal luxemburgués (la imposición de los beneficios de todas las empresas sujetas a impuestos en Luxemburgo) se establece en la Ley, tal como se explica en los considerandos 171 a 176. El principio según el cual el pago de una remuneración vinculada a una operación de financiación intragrupo entre entidades sujetas a impuestos en Luxemburgo no puede llevar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo puede deducirse directamente de dicho objetivo. De hecho, si el pago de una remuneración pudiese llevar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo en comparación con la renta imponible antes del pago, una parte de los beneficios del prestamista o del prestatario eludiría impuestos, puesto que no se incluiría en ninguna renta imponible. Esta situación sería claramente contraria al objetivo del sistema. Además, esta posibilidad haría que el sistema fiscal de Luxemburgo fuera intrínsecamente discriminatorio, ya que permitiría a las empresas que forman parte de un grupo excluir parte de sus beneficios de su renta imponible, lo cual no está a disposición de las empresas independientes. |
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La Comisión recuerda, en primer lugar, que, contrariamente a lo que afirma Luxemburgo, el objetivo del régimen fiscal luxemburgués (la imposición de los beneficios de todas las empresas sujetas a impuestos en Luxemburgo) se establece en la Ley, tal como se explica en los considerandos 171 a 176. El principio según el cual el pago de una remuneración vinculada a una operación de financiación intragrupo entre entidades sujetas a impuestos en Luxemburgo no puede llevar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo puede deducirse directamente de dicho objetivo. De hecho, si el pago de una remuneración pudiese llevar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo en comparación con la renta imponible antes del pago, una parte de los beneficios del prestamista o del prestatario eludiría impuestos, puesto que no se incluiría en ninguna renta imponible. Esta situación sería claramente contraria al objetivo del sistema. Además, esta posibilidad haría que el sistema fiscal de Luxemburgo fuera intrínsecamente discriminatorio, ya que permitiría a las empresas que forman parte de un grupo excluir parte de sus beneficios de su renta imponible, lo cual no está a disposición de las empresas independientes.

| (257) | En segundo lugar, aunque la LIR no mencione explícitamente las operaciones de financiación o a su remuneración, establece de forma clara e inequívoca cómo debe gravarse el pago de la remuneración en cada clase de instrumento financiero. La Comisión ha demostrado, en los considerandos 249 a 254, sobre la base del Derecho tributario luxemburgués, que el pago de una remuneración vinculada a una operación de financiación intragrupo entre entidades sujetas a impuestos en Luxemburgo no puede llevar a una reducción de la renta imponible combinada. |
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(257)

En segundo lugar, aunque la LIR no mencione explícitamente las operaciones de financiación o a su remuneración, establece de forma clara e inequívoca cómo debe gravarse el pago de la remuneración en cada clase de instrumento financiero. La Comisión ha demostrado, en los considerandos 249 a 254, sobre la base del Derecho tributario luxemburgués, que el pago de una remuneración vinculada a una operación de financiación intragrupo entre entidades sujetas a impuestos en Luxemburgo no puede llevar a una reducción de la renta imponible combinada.

6.3.2.   COMPARABILIDAD CON LOS GRUPOS DE EMPRESAS QUE REALIZAN OPERACIONES DE FINANCIACIÓN INTRAGRUPO ENTRE ENTIDADES RESIDENTES EN LUXEMBURGO

| (258) | La Comisión considera que todos los grupos de sociedades que realicen operaciones de financiación intragrupo entre entidades con residencia fiscal en Luxemburgo se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la de Engie, con independencia de la naturaleza del instrumento de financiación utilizado. En la sección 6.3.1 se ha explicado que el objetivo del sistema fiscal consiste en gravar los beneficios de todas las sociedades sujetas a impuestos en Luxemburgo. |
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(258)

La Comisión considera que todos los grupos de sociedades que realicen operaciones de financiación intragrupo entre entidades con residencia fiscal en Luxemburgo se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la de Engie, con independencia de la naturaleza del instrumento de financiación utilizado. En la sección 6.3.1 se ha explicado que el objetivo del sistema fiscal consiste en gravar los beneficios de todas las sociedades sujetas a impuestos en Luxemburgo.

| (259) | Según este principio, todos los grupos de empresas que realicen operaciones de financiación intragrupo entre entidades del grupo residentes en Luxemburgo son necesariamente comparables, puesto que el instrumento de financiación elegido y el importe de la remuneración de la financiación son irrelevantes para este principio (273). |
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(259)

Según este principio, todos los grupos de empresas que realicen operaciones de financiación intragrupo entre entidades del grupo residentes en Luxemburgo son necesariamente comparables, puesto que el instrumento de financiación elegido y el importe de la remuneración de la financiación son irrelevantes para este principio (273).

273

| (260) | El tipo de instrumento elegido para la financiación podría tener un impacto en el tipo de remuneración, en las fechas y las modalidades de pago de esta remuneración, así como en los derechos concedidos al «prestamista» o al «tenedor» del instrumento. Por ejemplo, en el caso de las acciones ordinarias, que son instrumentos de participación, la remuneración adopta la forma de una distribución de beneficios, cuyo importe y condiciones suelen determinar los órganos de dirección de la entidad emisora de dichas acciones. Por otra parte, no hay ninguna obligación de reembolsar el importe de la financiación. Las acciones ordinarias también pueden conferir un derecho de voto en la junta general y el derecho a estar representado en el consejo de administración, el consejo de supervisión o en otros órganos de la empresa. Por el contrario, en el caso de los instrumentos que no son participaciones, como los préstamos, las condiciones y el importe de la remuneración (intereses) son fijados por las dos partes del contrato, y, en principio, el prestamista no tiene derecho a participar en la gestión del prestatario ni a supervisar, en modo alguno, al prestatario. Además, existe una obligación contractual de reembolsar el valor nominal del préstamo. |
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(260)

El tipo de instrumento elegido para la financiación podría tener un impacto en el tipo de remuneración, en las fechas y las modalidades de pago de esta remuneración, así como en los derechos concedidos al «prestamista» o al «tenedor» del instrumento. Por ejemplo, en el caso de las acciones ordinarias, que son instrumentos de participación, la remuneración adopta la forma de una distribución de beneficios, cuyo importe y condiciones suelen determinar los órganos de dirección de la entidad emisora de dichas acciones. Por otra parte, no hay ninguna obligación de reembolsar el importe de la financiación. Las acciones ordinarias también pueden conferir un derecho de voto en la junta general y el derecho a estar representado en el consejo de administración, el consejo de supervisión o en otros órganos de la empresa. Por el contrario, en el caso de los instrumentos que no son participaciones, como los préstamos, las condiciones y el importe de la remuneración (intereses) son fijados por las dos partes del contrato, y, en principio, el prestamista no tiene derecho a participar en la gestión del prestatario ni a supervisar, en modo alguno, al prestatario. Además, existe una obligación contractual de reembolsar el valor nominal del préstamo.

| (261) | La Comisión considera que ninguna de estas diferencias afecta en absoluto al principio básico según el cual, de acuerdo con el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, todos los beneficios obtenidos por las empresas deben estar sujetos a impuestos y, por lo tanto, el pago de la remuneración por operaciones de financiación intragrupo entre empresas residentes en Luxemburgo no puede llevar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo. Según este principio, la elección de un instrumento de financiación en lugar de otro no hace que la situación de una empresa sea menos comparable. |
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(261)

La Comisión considera que ninguna de estas diferencias afecta en absoluto al principio básico según el cual, de acuerdo con el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, todos los beneficios obtenidos por las empresas deben estar sujetos a impuestos y, por lo tanto, el pago de la remuneración por operaciones de financiación intragrupo entre empresas residentes en Luxemburgo no puede llevar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo. Según este principio, la elección de un instrumento de financiación en lugar de otro no hace que la situación de una empresa sea menos comparable.

| (262) | De hecho, en el caso de los instrumentos de participación, como las acciones, ya se ha explicado en la sección 6.3.1 que, de conformidad con el artículo 164, apartados 1 y 2, de la LIR, los beneficios distribuidos deberían incluirse, y por lo tanto estar sujetos al impuesto, como mínimo en la renta imponible de la entidad distribuidora. En el caso de los instrumentos que no son participaciones, como los préstamos, los intereses pagados por el prestatario se deducirán de su renta imponible, pero se incluirán como renta imponible en la renta imponible total del prestamista. Por lo tanto, a pesar de las diferencias respecto a las condiciones y las modalidades de remuneración y reembolso de la financiación, así como de los derechos y las obligaciones de las partes, en ambos casos, el pago de la remuneración no lleva a una reducción de la renta imponible combinada de las sociedades que participan en la operación. |
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(262)

De hecho, en el caso de los instrumentos de participación, como las acciones, ya se ha explicado en la sección 6.3.1 que, de conformidad con el artículo 164, apartados 1 y 2, de la LIR, los beneficios distribuidos deberían incluirse, y por lo tanto estar sujetos al impuesto, como mínimo en la renta imponible de la entidad distribuidora. En el caso de los instrumentos que no son participaciones, como los préstamos, los intereses pagados por el prestatario se deducirán de su renta imponible, pero se incluirán como renta imponible en la renta imponible total del prestamista. Por lo tanto, a pesar de las diferencias respecto a las condiciones y las modalidades de remuneración y reembolso de la financiación, así como de los derechos y las obligaciones de las partes, en ambos casos, el pago de la remuneración no lleva a una reducción de la renta imponible combinada de las sociedades que participan en la operación.

| (263) | La Comisión considera que los argumentos planteados por Luxemburgo de que la estructura creada por Engie aporta más flexibilidad que una operación directa entre empresas de cartera y filiales y permite a Engie financiar las actividades adquiridas al tiempo que limita el perfil de riesgo de las filiales (274) no son admisibles, ya que ninguna de estas razones está relacionada con el principio según el cual, de acuerdo con el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, el pago de la remuneración de operaciones de financiación intragrupo entre sociedades residentes en Luxemburgo no puede dar lugar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo. |
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(263)

La Comisión considera que los argumentos planteados por Luxemburgo de que la estructura creada por Engie aporta más flexibilidad que una operación directa entre empresas de cartera y filiales y permite a Engie financiar las actividades adquiridas al tiempo que limita el perfil de riesgo de las filiales (274) no son admisibles, ya que ninguna de estas razones está relacionada con el principio según el cual, de acuerdo con el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, el pago de la remuneración de operaciones de financiación intragrupo entre sociedades residentes en Luxemburgo no puede dar lugar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo.

274

| (264) | Por lo tanto, puede concluirse que todos los grupos de empresas que realizan operaciones de financiación intragrupo entre sociedades con residencia fiscal en Luxemburgo se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la de Engie. La implicación de los prestamistas en las estructuras creadas por Engie no altera esta conclusión, dado que los prestamistas también residen en Luxemburgo y que el objetivo de estas estructuras sigue siendo financiar la transferencia de activos, tal como han reconocido Luxemburgo y Engie. |
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(264)

Por lo tanto, puede concluirse que todos los grupos de empresas que realizan operaciones de financiación intragrupo entre sociedades con residencia fiscal en Luxemburgo se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la de Engie. La implicación de los prestamistas en las estructuras creadas por Engie no altera esta conclusión, dado que los prestamistas también residen en Luxemburgo y que el objetivo de estas estructuras sigue siendo financiar la transferencia de activos, tal como han reconocido Luxemburgo y Engie.

6.3.3.   EXCEPCIÓN AL MARCO DE REFERENCIA QUE DA LUGAR A UNA DISCRIMINACIÓN

| (265) | La Comisión considera que el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión establece una excepción al trato fiscal que se da a las operaciones de financiación intragrupo entre entidades de un grupo residentes en Luxemburgo en el marco del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades. |
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(265)

La Comisión considera que el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión establece una excepción al trato fiscal que se da a las operaciones de financiación intragrupo entre entidades de un grupo residentes en Luxemburgo en el marco del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades.

| (266) | Por una parte, las adiciones al ZORA, cuando son positivas, se contabilizan anualmente como un gasto fiscalmente deducible por las filiales. Por otra parte, al convertir el ZORA LNG, las acciones de LNG Supply, que incluyen las adiciones al ZORA, se transfieren inmediatamente a LNG Holding, de conformidad con el contrato de futuros LNG. En consecuencia, LNG Holding recibe la remuneración de la financiación concedida a LNG Supply (que LNG Supply ha deducido de su renta imponible). Sin embargo, LNG Holding contabiliza las acciones de LNG Supply al valor nominal del ZORA, es decir, sin incluir las adiciones al ZORA convertidas. |
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(266)

Por una parte, las adiciones al ZORA, cuando son positivas, se contabilizan anualmente como un gasto fiscalmente deducible por las filiales. Por otra parte, al convertir el ZORA LNG, las acciones de LNG Supply, que incluyen las adiciones al ZORA, se transfieren inmediatamente a LNG Holding, de conformidad con el contrato de futuros LNG. En consecuencia, LNG Holding recibe la remuneración de la financiación concedida a LNG Supply (que LNG Supply ha deducido de su renta imponible). Sin embargo, LNG Holding contabiliza las acciones de LNG Supply al valor nominal del ZORA, es decir, sin incluir las adiciones al ZORA convertidas.

| (267) | Por consiguiente, las resoluciones fiscales en cuestión permiten una situación en la que la remuneración pagada por LNG Supply por la financiación recibida, es decir, la emisión de acciones por un importe igual al de las adiciones al ZORA, resulta en una disminución de la renta imponible de LNG Supply (por valor de las adiciones al ZORA) que no ha sido compensada (y no se compensará en el futuro) por un aumento de la renta imponible del LNG Holding (o un aumento real de la renta imponible de LNG Luxembourg). |
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(267)

Por consiguiente, las resoluciones fiscales en cuestión permiten una situación en la que la remuneración pagada por LNG Supply por la financiación recibida, es decir, la emisión de acciones por un importe igual al de las adiciones al ZORA, resulta en una disminución de la renta imponible de LNG Supply (por valor de las adiciones al ZORA) que no ha sido compensada (y no se compensará en el futuro) por un aumento de la renta imponible del LNG Holding (o un aumento real de la renta imponible de LNG Luxembourg).

| (268) | El razonamiento expuesto debe transponerse por analogía a GSTM, EIL y CEF (275). |
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(268)

El razonamiento expuesto debe transponerse por analogía a GSTM, EIL y CEF (275).

275

| (269) | En resumen, las resoluciones fiscales apoyan un trato fiscal de la remuneración pagada por LNG Supply y GSTM por la financiación proporcionada por LNG Holding y por CEF, respectivamente, que permite una reducción de la renta imponible combinada del grupo Engie en Luxemburgo. |
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(269)

En resumen, las resoluciones fiscales apoyan un trato fiscal de la remuneración pagada por LNG Supply y GSTM por la financiación proporcionada por LNG Holding y por CEF, respectivamente, que permite una reducción de la renta imponible combinada del grupo Engie en Luxemburgo.

| (270) | A la luz de lo anterior, la Comisión considera que el trato fiscal concedido a Engie sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión establece una excepción al sistema de referencia y constituye, por tanto, una ventaja económica para el grupo Engie. |
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(270)

A la luz de lo anterior, la Comisión considera que el trato fiscal concedido a Engie sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión establece una excepción al sistema de referencia y constituye, por tanto, una ventaja económica para el grupo Engie.

| (271) | Según el Tribunal, la evaluación de la selectividad consiste «en investigar si la exclusión de determinados operadores del disfrute de una ventaja fiscal derivada de una medida que establece una excepción a un régimen tributario común constituye un trato discriminatorio respecto a ellas» (276). |
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(271)

Según el Tribunal, la evaluación de la selectividad consiste «en investigar si la exclusión de determinados operadores del disfrute de una ventaja fiscal derivada de una medida que establece una excepción a un régimen tributario común constituye un trato discriminatorio respecto a ellas» (276).

276

| (272) | Tal como se establece en la sección 6.3.2, todos los grupos que participan en las operaciones de financiación intragrupo entre empresas residentes en Luxemburgo se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la de Engie en relación con los objetivos del sistema. Sin embargo, estos grupos no tendrían acceso a la ventaja concedida a Engie porque, como se establece en la sección 6.3.1, en virtud del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, el pago de una remuneración en una operación de financiación entre dos entidades con residencia fiscal en Luxemburgo no puede llevar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo, independientemente del instrumento de financiación o del contrato utilizados o del importe de la remuneración. Así pues, las medidas en cuestión constituyen una discriminación contra dichos operadores. |
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(272)

Tal como se establece en la sección 6.3.2, todos los grupos que participan en las operaciones de financiación intragrupo entre empresas residentes en Luxemburgo se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a la de Engie en relación con los objetivos del sistema. Sin embargo, estos grupos no tendrían acceso a la ventaja concedida a Engie porque, como se establece en la sección 6.3.1, en virtud del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, el pago de una remuneración en una operación de financiación entre dos entidades con residencia fiscal en Luxemburgo no puede llevar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo, independientemente del instrumento de financiación o del contrato utilizados o del importe de la remuneración. Así pues, las medidas en cuestión constituyen una discriminación contra dichos operadores.

| (273) | Por lo tanto, la ventaja concedida a Engie sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión es, a priori, selectiva. |
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(273)

Por lo tanto, la ventaja concedida a Engie sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión es, a priori, selectiva.

a priori

| (274) | Luxemburgo (277) y Engie (278) afirman que los grupos de empresas que utilizan como instrumento de financiación un ZORA directo entre dos entidades del grupo residentes en Luxemburgo, es decir sin una entidad intermediaria y sin un contrato de futuros prepagado, tendrían acceso a la misma ventaja que se concedió a Engie, es decir, una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo, y que, por consiguiente, no existiría ninguna excepción al marco de referencia. |
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(274)

Luxemburgo (277) y Engie (278) afirman que los grupos de empresas que utilizan como instrumento de financiación un ZORA directo entre dos entidades del grupo residentes en Luxemburgo, es decir sin una entidad intermediaria y sin un contrato de futuros prepagado, tendrían acceso a la misma ventaja que se concedió a Engie, es decir, una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo, y que, por consiguiente, no existiría ninguna excepción al marco de referencia.

277

278

| (275) | La Comisión desea reiterar, de forma preliminar, que, para establecer la existencia de selectividad, no es necesario demostrar que cada empresa que se encuentre en una situación fáctica y jurídica comparable queda excluida del disfrute de la ventaja otorgada al beneficiario de la medida. Es suficiente con demostrar, tal como ha hecho la Comisión en el considerando 271, que «determinados operadores» que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable en relación con el objetivo del sistema quedan excluidos del disfrute de la ventaja fiscal concedida al beneficiario (279). Por lo tanto, aunque una determinada categoría de empresas –los grupos de empresas que utilizan un ZORA directo– también pudiese beneficiarse del mismo trato fiscal que Engie, esta circunstancia no sería, por sí sola, suficiente para concluir que la ventaja concedida a Engie no es, a priori, selectiva. |
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(275)

La Comisión desea reiterar, de forma preliminar, que, para establecer la existencia de selectividad, no es necesario demostrar que cada empresa que se encuentre en una situación fáctica y jurídica comparable queda excluida del disfrute de la ventaja otorgada al beneficiario de la medida. Es suficiente con demostrar, tal como ha hecho la Comisión en el considerando 271, que «determinados operadores» que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable en relación con el objetivo del sistema quedan excluidos del disfrute de la ventaja fiscal concedida al beneficiario (279). Por lo tanto, aunque una determinada categoría de empresas –los grupos de empresas que utilizan un ZORA directo– también pudiese beneficiarse del mismo trato fiscal que Engie, esta circunstancia no sería, por sí sola, suficiente para concluir que la ventaja concedida a Engie no es, a priori, selectiva.

cada empresa

279

a priori

| (276) | En cualquier caso, la Comisión considera que, contrariamente a lo que alegan Luxemburgo y Engie, un grupo que utiliza un ZORA directo entre dos entidades residentes en Luxemburgo no se beneficiaría del mismo trato fiscal que Engie. |
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(276)

En cualquier caso, la Comisión considera que, contrariamente a lo que alegan Luxemburgo y Engie, un grupo que utiliza un ZORA directo entre dos entidades residentes en Luxemburgo no se beneficiaría del mismo trato fiscal que Engie.

| (277) | Este hecho queda confirmado por las declaraciones fiscales de Luxemburgo, que muestran que el trato fiscal de un ZORA sigue el trato fiscal de cualquier instrumento que no sea una participación (280): las filiales contabilizaron cada año las provisiones para los futuros pagos de adiciones al ZORA como gastos fiscalmente deducibles (281) y en el momento de la conversión, LNG Luxembourg contabilizó las adiciones al ZORA como un ingreso imponible (282). |
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(277)

Este hecho queda confirmado por las declaraciones fiscales de Luxemburgo, que muestran que el trato fiscal de un ZORA sigue el trato fiscal de cualquier instrumento que no sea una participación (280): las filiales contabilizaron cada año las provisiones para los futuros pagos de adiciones al ZORA como gastos fiscalmente deducibles (281) y en el momento de la conversión, LNG Luxembourg contabilizó las adiciones al ZORA como un ingreso imponible (282).

280

281

282

| (278) | En otras palabras, como en el caso de cualquier otro instrumento que no sea una participación, el pago de la remuneración vinculada a los ZORA (es decir, la conversión de las adiciones al ZORA) no da lugar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo en relación con la renta imponible combinada anterior a dicho pago (283). |
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(278)

En otras palabras, como en el caso de cualquier otro instrumento que no sea una participación, el pago de la remuneración vinculada a los ZORA (es decir, la conversión de las adiciones al ZORA) no da lugar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo en relación con la renta imponible combinada anterior a dicho pago (283).

283

| (279) | Luxemburgo sostiene (284) que en caso de conversión de un ZORA directo, los beneficios derivados del pago de la remuneración, es decir, la conversión de las adiciones al ZORA, no se gravarían al prestamista si este decide aplicar el régimen especial previsto en el artículo 22 bis, de la LIR. Según esta disposición, la conversión de un préstamo en participaciones en el capital de la empresa no dará lugar a la realización de plusvalías y, por tanto, no se adeudará ningún impuesto de sociedades en el momento de la conversión, al igual que en las estructuras creadas por Engie. |
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(279)

Luxemburgo sostiene (284) que en caso de conversión de un ZORA directo, los beneficios derivados del pago de la remuneración, es decir, la conversión de las adiciones al ZORA, no se gravarían al prestamista si este decide aplicar el régimen especial previsto en el artículo 22 bis, de la LIR. Según esta disposición, la conversión de un préstamo en participaciones en el capital de la empresa no dará lugar a la realización de plusvalías y, por tanto, no se adeudará ningún impuesto de sociedades en el momento de la conversión, al igual que en las estructuras creadas por Engie.

284

bis

| (280) | La Comisión rechaza este argumento. El artículo 22 bis de la LIR no daría lugar a la no imposición de las adiciones al ZORA convertidas en acciones. En primer lugar, porque el artículo 22 bis de la LIR no sería aplicable a las adiciones al ZORA y, en segundo lugar, porque, aunque fuera aplicable, no eximiría de impuestos, de manera permanente, las adiciones al ZORA del beneficiario. |
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(280)

La Comisión rechaza este argumento. El artículo 22 bis de la LIR no daría lugar a la no imposición de las adiciones al ZORA convertidas en acciones. En primer lugar, porque el artículo 22 bis de la LIR no sería aplicable a las adiciones al ZORA y, en segundo lugar, porque, aunque fuera aplicable, no eximiría de impuestos, de manera permanente, las adiciones al ZORA del beneficiario.

bis

bis

| (281) | De hecho, el artículo 22 bis de la LIR no sería aplicable a las adiciones al ZORA. Esta disposición distingue claramente entre las plusvalías derivadas de la conversión del instrumento de financiación en acciones y la remuneración de dicho instrumento antes de su conversión, y declara, de manera explícita, que la remuneración no puede beneficiarse de la exención prevista en el artículo 22 bis de la LIR: «[e]n caso de conversión de un préstamo de capitalización convertible, el interés capitalizado correspondiente al período de funcionamiento anterior a la conversión se gravará en el momento del cambio» (285). Los términos «préstamo de capitalización convertible» e «interés capitalizado» no se definen en la Ley. Sin embargo, según Luxemburgo, los ZORA son préstamos convertibles. Además, las adiciones al ZORA no se pagan anualmente sino que se acumulan en el precio de emisión del ZORA en el momento de la conversión, a fin de determinar el importe que debe convertirse en acciones. No existe ninguna diferencia entre un «interés capitalizado» que se convertiría en acciones en el momento de la conversión de un préstamo y las adiciones al ZORA. En consecuencia, en el momento de la conversión, la parte de las acciones de nueva emisión correspondiente a las adiciones al ZORA es imponible y debería incluirse en la renta imponible del beneficiario. |
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(281)

De hecho, el artículo 22 bis de la LIR no sería aplicable a las adiciones al ZORA. Esta disposición distingue claramente entre las plusvalías derivadas de la conversión del instrumento de financiación en acciones y la remuneración de dicho instrumento antes de su conversión, y declara, de manera explícita, que la remuneración no puede beneficiarse de la exención prevista en el artículo 22 bis de la LIR: «[e]n caso de conversión de un préstamo de capitalización convertible, el interés capitalizado correspondiente al período de funcionamiento anterior a la conversión se gravará en el momento del cambio» (285). Los términos «préstamo de capitalización convertible» e «interés capitalizado» no se definen en la Ley. Sin embargo, según Luxemburgo, los ZORA son préstamos convertibles. Además, las adiciones al ZORA no se pagan anualmente sino que se acumulan en el precio de emisión del ZORA en el momento de la conversión, a fin de determinar el importe que debe convertirse en acciones. No existe ninguna diferencia entre un «interés capitalizado» que se convertiría en acciones en el momento de la conversión de un préstamo y las adiciones al ZORA. En consecuencia, en el momento de la conversión, la parte de las acciones de nueva emisión correspondiente a las adiciones al ZORA es imponible y debería incluirse en la renta imponible del beneficiario.

bis

bis

se gravará en el momento del cambio

285

es imponible

| (282) | Por consiguiente, en este caso, la exención en virtud del artículo 22 bis de la LIR, en teoría, solo podría aplicarse a las acciones correspondientes al importe nominal del ZORA, y no a las acciones correspondientes a las adiciones al ZORA, que deberían incluirse directamente en la renta imponible del beneficiario. |
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(282)

Por consiguiente, en este caso, la exención en virtud del artículo 22 bis de la LIR, en teoría, solo podría aplicarse a las acciones correspondientes al importe nominal del ZORA, y no a las acciones correspondientes a las adiciones al ZORA, que deberían incluirse directamente en la renta imponible del beneficiario.

bis

al importe nominal del ZORA

| (283) | Por otra parte, aunque el artículo 22 bis de la LIR fuera aplicable a las adiciones al ZORA, esta circunstancia no daría lugar a la exención permanente de tales ingresos. En efecto, del texto del artículo 22 bis, apartado 4, de la LIR se desprende claramente que esta disposición solo permite una «suspensión del impuesto» (286). El hecho de que no pretende facilitar la no imposición, como sugieren Luxemburgo y Engie, queda confirmado de manera explícita por la Administración tributaria de Luxemburgo en su circular de 27 de noviembre de 2002 sobre la aplicación de esta disposición (en lo sucesivo, «la circular 22 bis») (287). Esta circular explica que las plusvalías derivadas de la conversión solo se transfieren en los activos recibidos a cambio (en este caso, las acciones), pero, en principio, singuen siendo imponibles en el momento de su posterior realización (288). |
| --- | --- |

(283)

Por otra parte, aunque el artículo 22 bis de la LIR fuera aplicable a las adiciones al ZORA, esta circunstancia no daría lugar a la exención permanente de tales ingresos. En efecto, del texto del artículo 22 bis, apartado 4, de la LIR se desprende claramente que esta disposición solo permite una «suspensión del impuesto» (286). El hecho de que no pretende facilitar la no imposición, como sugieren Luxemburgo y Engie, queda confirmado de manera explícita por la Administración tributaria de Luxemburgo en su circular de 27 de noviembre de 2002 sobre la aplicación de esta disposición (en lo sucesivo, «la circular 22 bis») (287). Esta circular explica que las plusvalías derivadas de la conversión solo se transfieren en los activos recibidos a cambio (en este caso, las acciones), pero, en principio, singuen siendo imponibles en el momento de su posterior realización (288).

bis

bis

286

bis

287

288

| (284) | En conclusión, la Comisión demostró que la ventaja concedida a Engie sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión no estaría a disposición de otras empresas que se encontraran en una situación fáctica y jurídica comparable a la de Engie en relación con el objetivo del régimen. Por lo tanto, esta ventaja debe considerarse a priori selectiva. Esta conclusión no se ve alterada por el hecho de que la estructura creada por Engie esté, en principio, abierta a cualquier grupo en Luxemburgo. Según jurisprudencia reiterada, el factor determinante para evaluar la selectividad es el hecho de que la medida establece una excepción al marco de referencia general, lo cual da lugar a una discriminación, y esto es lo que la Comisión ha presentado en la presente sección (289). |
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(284)

En conclusión, la Comisión demostró que la ventaja concedida a Engie sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión no estaría a disposición de otras empresas que se encontraran en una situación fáctica y jurídica comparable a la de Engie en relación con el objetivo del régimen. Por lo tanto, esta ventaja debe considerarse a priori selectiva. Esta conclusión no se ve alterada por el hecho de que la estructura creada por Engie esté, en principio, abierta a cualquier grupo en Luxemburgo. Según jurisprudencia reiterada, el factor determinante para evaluar la selectividad es el hecho de que la medida establece una excepción al marco de referencia general, lo cual da lugar a una discriminación, y esto es lo que la Comisión ha presentado en la presente sección (289).

a priori

289

6.3.4.   FALTA DE JUSTIFICACIÓN

| (285) | Ni Luxemburgo ni Engie han aportado ninguna justificación respecto al trato favorable apoyado por las resoluciones fiscales en cuestión en favor de Engie. A este respecto, la Comisión recuerda que corresponde al Estado miembro establecer dicha justificación. |
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(285)

Ni Luxemburgo ni Engie han aportado ninguna justificación respecto al trato favorable apoyado por las resoluciones fiscales en cuestión en favor de Engie. A este respecto, la Comisión recuerda que corresponde al Estado miembro establecer dicha justificación.

| (286) | Por consiguiente, teniendo en cuenta que Luxemburgo no ha aportado ninguna justificación, la Comisión debe concluir que la ventaja fiscal concedida a Engie no puede justificarse por la naturaleza o la economía general de dicho sistema. |
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(286)

Por consiguiente, teniendo en cuenta que Luxemburgo no ha aportado ninguna justificación, la Comisión debe concluir que la ventaja fiscal concedida a Engie no puede justificarse por la naturaleza o la economía general de dicho sistema.

| (287) | Por lo que se refiere a las posibles justificaciones que Luxemburgo podría hipotéticamente aportar –cosa que no ha hecho– respecto a la prevención de la doble imposición económica, la Comisión se remite a la evaluación que ha efectuado en la sección 6.2.3. |
| --- | --- |

(287)

Por lo que se refiere a las posibles justificaciones que Luxemburgo podría hipotéticamente aportar –cosa que no ha hecho– respecto a la prevención de la doble imposición económica, la Comisión se remite a la evaluación que ha efectuado en la sección 6.2.3.

6.3.5.   CONCLUSIÓN RELATIVA A LA VENTAJA SELECTIVA DEL GRUPO

| (288) | A la luz de lo anterior, y sin perjuicio de las conclusiones expuestas en la sección 6.2.4, la Comisión concluye que la ventaja fiscal concedida a Engie sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión es de naturaleza selectiva. |
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(288)

A la luz de lo anterior, y sin perjuicio de las conclusiones expuestas en la sección 6.2.4, la Comisión concluye que la ventaja fiscal concedida a Engie sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión es de naturaleza selectiva.

6.4.   VENTAJA SELECTIVA DERIVADA DE LA NO APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES LUXEMBURGUESAS AL ABUSO DE DERECHO (ARTÍCULO 6 StAnpG)

VENTAJA SELECTIVA DERIVADA DE LA NO APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES LUXEMBURGUESAS AL ABUSO DE DERECHO (ARTÍCULO 6 StAnpG)

| (289) | Con carácter subsidiario, la Comisión también considera que tampoco se han disipado las dudas que expresó en el considerando 158 de la Decisión de incoar un procedimiento en cuanto a si, al no gravar al grupo, Luxemburgo establecía una excepción a sus normas internas sobre el abuso de derecho en el ámbito fiscal. |
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(289)

Con carácter subsidiario, la Comisión también considera que tampoco se han disipado las dudas que expresó en el considerando 158 de la Decisión de incoar un procedimiento en cuanto a si, al no gravar al grupo, Luxemburgo establecía una excepción a sus normas internas sobre el abuso de derecho en el ámbito fiscal.

| (290) | Tal como se establece en la sección 6.2.1.1, el sistema de referencia es el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, que tiene por objeto gravar los beneficios de todas las empresas sujetas a impuestos en Luxemburgo. La renta imponible se calcula sobre la base de los beneficios registrados en la contabilidad. Este objetivo se aplica a todas las empresas sujetas a impuestos que residen en Luxemburgo. |
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(290)

Tal como se establece en la sección 6.2.1.1, el sistema de referencia es el régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, que tiene por objeto gravar los beneficios de todas las empresas sujetas a impuestos en Luxemburgo. La renta imponible se calcula sobre la base de los beneficios registrados en la contabilidad. Este objetivo se aplica a todas las empresas sujetas a impuestos que residen en Luxemburgo.

| (291) | Las disposiciones fiscales destinadas a luchar contra el abuso están formadas por el conjunto de normas destinadas a evitar que los contribuyentes eludan el objetivo principal del sistema de referencia, es decir, la imposición de los beneficios de las empresas. Por lo tanto, se considera que estas normas forman parte integrante del sistema de referencia, ya que garantizan la coherencia interna de dicho sistema y pretenden alcanzar sus objetivos básicos. |
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(291)

Las disposiciones fiscales destinadas a luchar contra el abuso están formadas por el conjunto de normas destinadas a evitar que los contribuyentes eludan el objetivo principal del sistema de referencia, es decir, la imposición de los beneficios de las empresas. Por lo tanto, se considera que estas normas forman parte integrante del sistema de referencia, ya que garantizan la coherencia interna de dicho sistema y pretenden alcanzar sus objetivos básicos.

6.4.1.   CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DESTINADAS A LUCHAR CONTRA LOS ABUSOS

| (292) | El artículo 6 StAnpG prohíbe la evasión fiscal y la desgravación fiscal mediante el uso abusivo de formas jurídicas o de mecanismos legales con arreglo al Derecho civil. Según esta disposición, si la forma o el mecanismo jurídico que enmarca una operación no se adecua a su sustancia, el impuesto debe valorarse de acuerdo con la sustancia de la operación como si se hubiese concluido en la forma jurídica adecuada (290). Luxemburgo considera que esta disposición permite a la Administración tributaria evitar las construcciones jurídicas o las operaciones impulsadas exclusivamente con fines fiscales y no motivadas por consideraciones económicas, pero sin limitar la elección del contribuyente (291). |
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(292)

El artículo 6 StAnpG prohíbe la evasión fiscal y la desgravación fiscal mediante el uso abusivo de formas jurídicas o de mecanismos legales con arreglo al Derecho civil. Según esta disposición, si la forma o el mecanismo jurídico que enmarca una operación no se adecua a su sustancia, el impuesto debe valorarse de acuerdo con la sustancia de la operación como si se hubiese concluido en la forma jurídica adecuada (290). Luxemburgo considera que esta disposición permite a la Administración tributaria evitar las construcciones jurídicas o las operaciones impulsadas exclusivamente con fines fiscales y no motivadas por consideraciones económicas, pero sin limitar la elección del contribuyente (291).

290

291

| (293) | Según la nota de servicio de 21 de agosto de 1989 (en lo sucesivo, «la nota de servicio de 1989») (292), el artículo 6 StAnpG es aplicable a cualquier procedimiento fiscal, incluidas las resoluciones fiscales presentadas por la Administración tributaria luxemburguesa. A la hora de dictar una resolución de este tipo, la Administración tributaria luxemburguesa debe asegurarse de que la estructura o las transacciones presentadas por el contribuyente en la solicitud de resolución fiscal no constituyen un abuso de derecho en el sentido del artículo 6 StAnpG. Esto significa que las autoridades fiscales luxemburguesas no deberían adoptar resoluciones vinculantes, como las resoluciones fiscales, cuando el motivo principal por el que el contribuyente solicita dicha resolución reside en obtener una ventaja fiscal (293). La nota de servicio de 1989 también confirma que es fundamental que la Administración tributaria luxemburguesa excluya la existencia de un posible abuso de derecho antes de emitir una resolución fiscal (294). |
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(293)

Según la nota de servicio de 21 de agosto de 1989 (en lo sucesivo, «la nota de servicio de 1989») (292), el artículo 6 StAnpG es aplicable a cualquier procedimiento fiscal, incluidas las resoluciones fiscales presentadas por la Administración tributaria luxemburguesa. A la hora de dictar una resolución de este tipo, la Administración tributaria luxemburguesa debe asegurarse de que la estructura o las transacciones presentadas por el contribuyente en la solicitud de resolución fiscal no constituyen un abuso de derecho en el sentido del artículo 6 StAnpG. Esto significa que las autoridades fiscales luxemburguesas no deberían adoptar resoluciones vinculantes, como las resoluciones fiscales, cuando el motivo principal por el que el contribuyente solicita dicha resolución reside en obtener una ventaja fiscal (293). La nota de servicio de 1989 también confirma que es fundamental que la Administración tributaria luxemburguesa excluya la existencia de un posible abuso de derecho antes de emitir una resolución fiscal (294).

292

293

294

| (294) | Según Luxemburgo, sobre la base de la jurisprudencia pertinente, deben cumplirse cuatro criterios para que una medida constituya un abuso de derecho: i) el recurso a formas e instituciones de derecho privado por parte del contribuyente; ii) la elusión, total o parcial, de la carga fiscal, de cualquier tipo, en que el contribuyente habría incurrido normalmente; iii) el recurso a un medio jurídico inadecuado por parte del contribuyente; y iv) la inexistencia de motivos extrafiscales que puedan justificar el medio jurídico escogido por parte del contribuyente (295). |
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(294)

Según Luxemburgo, sobre la base de la jurisprudencia pertinente, deben cumplirse cuatro criterios para que una medida constituya un abuso de derecho: i) el recurso a formas e instituciones de derecho privado por parte del contribuyente; ii) la elusión, total o parcial, de la carga fiscal, de cualquier tipo, en que el contribuyente habría incurrido normalmente; iii) el recurso a un medio jurídico inadecuado por parte del contribuyente; y iv) la inexistencia de motivos extrafiscales que puedan justificar el medio jurídico escogido por parte del contribuyente (295).

295

| (295) | El primer criterio exige que la estructura de una operación determinada, tal como la concibió el contribuyente, utilice formas o instituciones del derecho privado (Formen und Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechts). Ni el artículo 6 StAnpG ni la jurisprudencia definen con precisión la sustancia de las formas e instituciones de derecho privado, pero se entiende que deberían definirse como cualquier medio jurídico no vinculado al derecho público. Por consiguiente, debe considerarse que la constitución de una sociedad y la ejecución de contratos de financiación intragrupo constituyen un recurso por parte del contribuyente a una forma o una institución de derecho privado (296). |
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(295)

El primer criterio exige que la estructura de una operación determinada, tal como la concibió el contribuyente, utilice formas o instituciones del derecho privado (Formen und Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechts). Ni el artículo 6 StAnpG ni la jurisprudencia definen con precisión la sustancia de las formas e instituciones de derecho privado, pero se entiende que deberían definirse como cualquier medio jurídico no vinculado al derecho público. Por consiguiente, debe considerarse que la constitución de una sociedad y la ejecución de contratos de financiación intragrupo constituyen un recurso por parte del contribuyente a una forma o una institución de derecho privado (296).

Formen und Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechts

296

| (296) | El segundo criterio exige que la estructura abusiva permita al contribuyente disminuir su carga fiscal (Minderung der Steuerpflicht) mediante la evasión fiscal, una exención o una reducción de la renta imponible (297). |
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(296)

El segundo criterio exige que la estructura abusiva permita al contribuyente disminuir su carga fiscal (Minderung der Steuerpflicht) mediante la evasión fiscal, una exención o una reducción de la renta imponible (297).

Minderung der Steuerpflicht

297

| (297) | El tercer criterio exige que el contribuyente utilice un medio jurídico «no adecuado» (unangemessene rechtliche Gestaltung) en el marco de la estructura posiblemente abusiva. Según Luxemburgo (298), esto significa que el medio escogido debe permitir al contribuyente obtener un efecto fiscal que no se ajuste a la intención del legislador (299). De acuerdo con Luxemburgo, para que se cumpla esta condición, el resultado económico buscado debe poder alcanzarse por al menos dos medios, uno de los cuales no sería apropiado. El recurso a los medios inapropiados debe permitir un ahorro fiscal que no habría sido posible utilizando alguno de los medios adecuados. |
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(297)

El tercer criterio exige que el contribuyente utilice un medio jurídico «no adecuado» (unangemessene rechtliche Gestaltung) en el marco de la estructura posiblemente abusiva. Según Luxemburgo (298), esto significa que el medio escogido debe permitir al contribuyente obtener un efecto fiscal que no se ajuste a la intención del legislador (299). De acuerdo con Luxemburgo, para que se cumpla esta condición, el resultado económico buscado debe poder alcanzarse por al menos dos medios, uno de los cuales no sería apropiado. El recurso a los medios inapropiados debe permitir un ahorro fiscal que no habría sido posible utilizando alguno de los medios adecuados.

unangemessene rechtliche Gestaltung

298

299

| (298) | El cuarto criterio es la ausencia de motivos extrafiscales que puedan justificar el medio jurídico escogido por el contribuyente para alcanzar los objetivos económicos de la operación o de la estructura. Según Luxemburgo (300), la jurisprudencia establece que los motivos extrafiscales, como los motivos económicos, deben ser reales y proporcionar una ventaja económica suficiente al contribuyente (301). La existencia de tales motivos económicos es suficiente para evitar la aplicación de disposiciones contra las prácticas abusivas. |
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(298)

El cuarto criterio es la ausencia de motivos extrafiscales que puedan justificar el medio jurídico escogido por el contribuyente para alcanzar los objetivos económicos de la operación o de la estructura. Según Luxemburgo (300), la jurisprudencia establece que los motivos extrafiscales, como los motivos económicos, deben ser reales y proporcionar una ventaja económica suficiente al contribuyente (301). La existencia de tales motivos económicos es suficiente para evitar la aplicación de disposiciones contra las prácticas abusivas.

300

301

6.4.2.   APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES EN ESTE CASO

| (299) | Sobre la base de la información facilitada por Luxemburgo, la Comisión concluye que la Administración tributaria luxemburguesa no debería haber emitido las resoluciones fiscales en cuestión, ya que las estructuras creadas por Engie son abusivas en el sentido del artículo 6 StAnpG. |
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(299)

Sobre la base de la información facilitada por Luxemburgo, la Comisión concluye que la Administración tributaria luxemburguesa no debería haber emitido las resoluciones fiscales en cuestión, ya que las estructuras creadas por Engie son abusivas en el sentido del artículo 6 StAnpG.

| (300) | De hecho, las operaciones presentadas por Engie en las solicitudes de resolución fiscal cumplen las condiciones descritas en la sección 6.4.1, que son necesarias para aplicar el artículo 6 StAnpG. |
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(300)

De hecho, las operaciones presentadas por Engie en las solicitudes de resolución fiscal cumplen las condiciones descritas en la sección 6.4.1, que son necesarias para aplicar el artículo 6 StAnpG.

6.4.2.1.   
  Recurso a formas o instituciones de derecho privado

Recurso a formas o instituciones de derecho privado

| (301) | No se discute que Engie haya recurrido a formas o instituciones de derecho privado para aplicar las estructuras descritas en las resoluciones fiscales en cuestión: los contratos de futuros y los préstamos convertibles, tales como ZORA. Por lo tanto, se cumple el primer criterio para la aplicación del artículo 6 StAnpG. |
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(301)

No se discute que Engie haya recurrido a formas o instituciones de derecho privado para aplicar las estructuras descritas en las resoluciones fiscales en cuestión: los contratos de futuros y los préstamos convertibles, tales como ZORA. Por lo tanto, se cumple el primer criterio para la aplicación del artículo 6 StAnpG.

6.4.2.2.   
  Reducción de la carga fiscal

Reducción de la carga fiscal

| (302) | Es evidente que, como se indica en las secciones 6.2.1, 6.2.2 y 6.3.3, las resoluciones fiscales en cuestión permiten a Engie reducir significativamente su carga fiscal a nivel de grupo en Luxemburgo, ya que los beneficios de las actividades transferidas a las filiales (la actividad GNL y la actividad de gestión de tesorería y financiación) eluden casi totalmente la imposición. Así pues, también se cumple el segundo criterio para determinar el abuso de derecho. |
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(302)

Es evidente que, como se indica en las secciones 6.2.1, 6.2.2 y 6.3.3, las resoluciones fiscales en cuestión permiten a Engie reducir significativamente su carga fiscal a nivel de grupo en Luxemburgo, ya que los beneficios de las actividades transferidas a las filiales (la actividad GNL y la actividad de gestión de tesorería y financiación) eluden casi totalmente la imposición. Así pues, también se cumple el segundo criterio para determinar el abuso de derecho.

6.4.2.3.   
  Recurso a un medio jurídico inadecuado

Recurso a un medio jurídico inadecuado

| (303) | El tercer criterio exige, en primer lugar, el establecimiento del objetivo económico perseguido por la operación en cuestión. Solo después es posible determinar si este objetivo puede alcanzarse por medios distintos del elegido por el contribuyente. En segundo lugar, es necesario determinar si el medio elegido por el contribuyente es inadecuado, en el sentido de que permite beneficiarse de una reducción fiscal que no puede ajustarse a la intención del legislador y que no habría sido posible utilizando un medio adecuado. |
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(303)

El tercer criterio exige, en primer lugar, el establecimiento del objetivo económico perseguido por la operación en cuestión. Solo después es posible determinar si este objetivo puede alcanzarse por medios distintos del elegido por el contribuyente. En segundo lugar, es necesario determinar si el medio elegido por el contribuyente es inadecuado, en el sentido de que permite beneficiarse de una reducción fiscal que no puede ajustarse a la intención del legislador y que no habría sido posible utilizando un medio adecuado.

| (304) | En el presente caso, es evidente, en primer lugar, que el resultado económico perseguido por Engie a través de las estructuras descritas en las resoluciones fiscales en cuestión es la financiación de la adquisición, por parte de las filiales, de la actividad GNL, así como de la actividad de gestión de tesorería y financiación. Tampoco se cuestiona que el mismo resultado económico pueda alcanzarse por otros medios: instrumentos de capital o de préstamo entre las filiales y las sociedades de cartera (302). |
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(304)

En el presente caso, es evidente, en primer lugar, que el resultado económico perseguido por Engie a través de las estructuras descritas en las resoluciones fiscales en cuestión es la financiación de la adquisición, por parte de las filiales, de la actividad GNL, así como de la actividad de gestión de tesorería y financiación. Tampoco se cuestiona que el mismo resultado económico pueda alcanzarse por otros medios: instrumentos de capital o de préstamo entre las filiales y las sociedades de cartera (302).

302

| (305) | Después, como explica la Comisión en las secciones 6.2 y 6.3, el efecto de las estructuras establecidas por Engie consiste en una no imposición casi total de los beneficios obtenidos por las filiales en Luxemburgo. Este resultado es incompatible con el objetivo fundamental del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, que es la imposición de los beneficios de las empresas sujetas a impuestos en Luxemburgo. Por lo tanto, este efecto no puede ajustarse a la intención del legislador. Además, no habría sido posible si la transferencia de actividades a las filiales se hubiera financiado mediante instrumentos de capital o de préstamo. Por lo tanto, las estructuras creadas por Engie no constituyen un medio jurídico adecuado para financiar la transferencia de actividades a las filiales. |
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(305)

Después, como explica la Comisión en las secciones 6.2 y 6.3, el efecto de las estructuras establecidas por Engie consiste en una no imposición casi total de los beneficios obtenidos por las filiales en Luxemburgo. Este resultado es incompatible con el objetivo fundamental del régimen luxemburgués de imposición de las sociedades, que es la imposición de los beneficios de las empresas sujetas a impuestos en Luxemburgo. Por lo tanto, este efecto no puede ajustarse a la intención del legislador. Además, no habría sido posible si la transferencia de actividades a las filiales se hubiera financiado mediante instrumentos de capital o de préstamo. Por lo tanto, las estructuras creadas por Engie no constituyen un medio jurídico adecuado para financiar la transferencia de actividades a las filiales.

6.4.2.4.   
  Falta de motivos extrafiscales

Falta de motivos extrafiscales

| (306) | Por último, la Comisión no ha podido identificar ningún motivo económico real ni que presente una ventaja económica suficiente para justificar las complejas estructuras desarrolladas por Engie, más allá de lograr un ahorro fiscal significativo. |
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(306)

Por último, la Comisión no ha podido identificar ningún motivo económico real ni que presente una ventaja económica suficiente para justificar las complejas estructuras desarrolladas por Engie, más allá de lograr un ahorro fiscal significativo.

| (307) | Luxemburgo afirma (303) que las estructuras creadas a través de contratos de futuros y de ZORA son necesarias para financiar la adquisición de las actividades por parte de las filiales. Esta afirmación es incorrecta. En realidad, como muestran las resoluciones fiscales en cuestión, las sociedades de cartera aportan la financiación a los prestamistas que, el mismo día, la ponen a disposición de las filiales. En otras palabras, son las sociedades de cartera las que proporcionan la financiación a las filiales para la adquisición de los activos. |
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(307)

Luxemburgo afirma (303) que las estructuras creadas a través de contratos de futuros y de ZORA son necesarias para financiar la adquisición de las actividades por parte de las filiales. Esta afirmación es incorrecta. En realidad, como muestran las resoluciones fiscales en cuestión, las sociedades de cartera aportan la financiación a los prestamistas que, el mismo día, la ponen a disposición de las filiales. En otras palabras, son las sociedades de cartera las que proporcionan la financiación a las filiales para la adquisición de los activos.

303

| (308) | La Comisión observa que el contrato de transferencia LNG y la propuesta de transferencia GSTM ya incluían disposiciones sobre la financiación de la transferencia de actividades. El contrato de transferencia LNG especifica que a cambio de los activos recibidos, LNG Supply debía emitir pagarés en favor de LNG Trading por un valor equivalente al valor nominal del ZORA (304). Del mismo modo, la propuesta de transferencia GSTM indica que CEF transfiere una rama de actividad a cambio de un pagaré de GSTM (305). Estas disposiciones muestran que la transferencia de activos ya había sido financiada por las sociedades de cartera a través de instrumentos de préstamo. En otras palabras, los contratos de futuros y los ZORA eran estructuras puramente redundantes, que sustituían las transacciones de préstamo directas que existían entre las sociedades de cartera y las filiales (306). El papel de los prestamistas como simples entidades intermediarias que no pueden obtener el mínimo beneficio confirma que el único motivo económico de su intervención es el ahorro fiscal. |
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(308)

La Comisión observa que el contrato de transferencia LNG y la propuesta de transferencia GSTM ya incluían disposiciones sobre la financiación de la transferencia de actividades. El contrato de transferencia LNG especifica que a cambio de los activos recibidos, LNG Supply debía emitir pagarés en favor de LNG Trading por un valor equivalente al valor nominal del ZORA (304). Del mismo modo, la propuesta de transferencia GSTM indica que CEF transfiere una rama de actividad a cambio de un pagaré de GSTM (305). Estas disposiciones muestran que la transferencia de activos ya había sido financiada por las sociedades de cartera a través de instrumentos de préstamo. En otras palabras, los contratos de futuros y los ZORA eran estructuras puramente redundantes, que sustituían las transacciones de préstamo directas que existían entre las sociedades de cartera y las filiales (306). El papel de los prestamistas como simples entidades intermediarias que no pueden obtener el mínimo beneficio confirma que el único motivo económico de su intervención es el ahorro fiscal.

304

305

306

| (309) | Luxemburgo también sostiene que las complejas estructuras creadas por Engie son más flexibles y le permiten financiar las actividades adquiridas, limitando al mismo tiempo el perfil de riesgo de las filiales. Este argumento también es incorrecto. De hecho, el mismo objetivo podría haberse logrado mediante la emisión directa de acciones de las filiales en favor de las sociedades de cartera. Una operación directa en el capital entre las sociedades de cartera y las filiales daría a las filiales la misma protección que la compleja estructura ideada por Engie. Las estructuras concebidas por Engie pueden absorber pérdidas de un importe equivalente al valor nominal de los ZORA. Si las pérdidas superan el valor nominal de los ZORA, el capital de las filiales sufrirá las consecuencias. En el caso de una aportación de capital de un importe igual al valor nominal del ZORA, las filiales tendrían exactamente la misma reserva de capital, antes de que las pérdidas afectaran al capital inicial. Además, la Comisión rechaza el argumento de que añadir un nivel adicional (los prestamistas) y el uso de productos financieros complejos (el ZORA y los contratos de futuros) en lugar de inyecciones directas de capital pueden mejorar la flexibilidad. Por el contrario, esto podría crear riesgos operativos para el grupo: la utilización de entidades intermediarias, en lugar de aportar flexibilidad, crea una carga administrativa, conlleva un riesgo de ejecución para las sociedades de cartera y añade costes de transacción. |
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(309)

Luxemburgo también sostiene que las complejas estructuras creadas por Engie son más flexibles y le permiten financiar las actividades adquiridas, limitando al mismo tiempo el perfil de riesgo de las filiales. Este argumento también es incorrecto. De hecho, el mismo objetivo podría haberse logrado mediante la emisión directa de acciones de las filiales en favor de las sociedades de cartera. Una operación directa en el capital entre las sociedades de cartera y las filiales daría a las filiales la misma protección que la compleja estructura ideada por Engie. Las estructuras concebidas por Engie pueden absorber pérdidas de un importe equivalente al valor nominal de los ZORA. Si las pérdidas superan el valor nominal de los ZORA, el capital de las filiales sufrirá las consecuencias. En el caso de una aportación de capital de un importe igual al valor nominal del ZORA, las filiales tendrían exactamente la misma reserva de capital, antes de que las pérdidas afectaran al capital inicial. Además, la Comisión rechaza el argumento de que añadir un nivel adicional (los prestamistas) y el uso de productos financieros complejos (el ZORA y los contratos de futuros) en lugar de inyecciones directas de capital pueden mejorar la flexibilidad. Por el contrario, esto podría crear riesgos operativos para el grupo: la utilización de entidades intermediarias, en lugar de aportar flexibilidad, crea una carga administrativa, conlleva un riesgo de ejecución para las sociedades de cartera y añade costes de transacción.

| (310) | En conclusión, las estructuras complejas creadas por Engie podrían considerarse equivalentes, en términos económicos, a las operaciones de financiación directas entre sociedades de cartera y filiales, ya sea en forma de instrumentos de capital o de préstamo. Sea cual sea la forma considerada económicamente equivalente a las complejas estructuras creadas por Engie, habría conducido a la imposición de los beneficios subyacentes. Esto significa que, en cualquier caso, no habría ningún motivo económico real ni que presentara una ventaja económica suficiente, aparte del ahorro fiscal significativo, para que Engie optara por las complejas estructuras establecidas por las resoluciones fiscales en cuestión. |
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(310)

En conclusión, las estructuras complejas creadas por Engie podrían considerarse equivalentes, en términos económicos, a las operaciones de financiación directas entre sociedades de cartera y filiales, ya sea en forma de instrumentos de capital o de préstamo. Sea cual sea la forma considerada económicamente equivalente a las complejas estructuras creadas por Engie, habría conducido a la imposición de los beneficios subyacentes. Esto significa que, en cualquier caso, no habría ningún motivo económico real ni que presentara una ventaja económica suficiente, aparte del ahorro fiscal significativo, para que Engie optara por las complejas estructuras establecidas por las resoluciones fiscales en cuestión.

| (311) | En consecuencia, se cumplen los criterios del artículo 6 StAnpG y la Administración tributaria luxemburguesa debería haber considerado las complejas estructuras creadas por Engie como prácticas abusivas. Según la nota de servicio de 1989, la administración fiscal solo debería emitir resoluciones fiscales cuando la preocupación por obtener una ventaja fiscal no fuera la razón principal. Por consiguiente, al validar las solicitudes de resolución fiscal, la Administración tributaria luxemburguesa aplicó de manera incorrecta la legislación y concedió a Engie una ventaja que consistía en eximir de toda imposición a casi todos los beneficios obtenidos por dos de sus filiales (LNG Supply y GSTM) en Luxemburgo (307). |
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(311)

En consecuencia, se cumplen los criterios del artículo 6 StAnpG y la Administración tributaria luxemburguesa debería haber considerado las complejas estructuras creadas por Engie como prácticas abusivas. Según la nota de servicio de 1989, la administración fiscal solo debería emitir resoluciones fiscales cuando la preocupación por obtener una ventaja fiscal no fuera la razón principal. Por consiguiente, al validar las solicitudes de resolución fiscal, la Administración tributaria luxemburguesa aplicó de manera incorrecta la legislación y concedió a Engie una ventaja que consistía en eximir de toda imposición a casi todos los beneficios obtenidos por dos de sus filiales (LNG Supply y GSTM) en Luxemburgo (307).

307

| (312) | Dado que la ventaja concedida a Engie sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión está basada en una aplicación incorrecta de la legislación que, por definición, no está a disposición de ninguna otra empresa, la Comisión concluye, al final de este razonamiento, que es de carácter selectivo. |
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(312)

Dado que la ventaja concedida a Engie sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión está basada en una aplicación incorrecta de la legislación que, por definición, no está a disposición de ninguna otra empresa, la Comisión concluye, al final de este razonamiento, que es de carácter selectivo.

6.5.   CONCLUSIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA AYUDA

CONCLUSIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA AYUDA

| (313) | Dado que el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión cumple todas las condiciones del artículo 107, apartado 1, del Tratado, debe considerarse que constituye una ayuda estatal en el sentido de dicha disposición. Esta ayuda lleva a una reducción de las cargas que normalmente debería soportar Engie por sus actividades y, por lo tanto, debe considerarse que constituye una ayuda al funcionamiento concedida a Engie. |
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(313)

Dado que el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión cumple todas las condiciones del artículo 107, apartado 1, del Tratado, debe considerarse que constituye una ayuda estatal en el sentido de dicha disposición. Esta ayuda lleva a una reducción de las cargas que normalmente debería soportar Engie por sus actividades y, por lo tanto, debe considerarse que constituye una ayuda al funcionamiento concedida a Engie.

6.6.   BENEFICIARIO DE LA AYUDA

BENEFICIARIO DE LA AYUDA

| (314) | En la sección 6.2, la Comisión llegó a la conclusión de que el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión confería una ventaja selectiva a LNG Holding y a CEF en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado, ya que da lugar a una reducción de los beneficios imponibles de estas entidades y, por tanto, del impuesto de sociedades que tienen que pagar en Luxemburgo. LNG Holding y CEF forman parte del grupo Engie. |
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(314)

En la sección 6.2, la Comisión llegó a la conclusión de que el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión confería una ventaja selectiva a LNG Holding y a CEF en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado, ya que da lugar a una reducción de los beneficios imponibles de estas entidades y, por tanto, del impuesto de sociedades que tienen que pagar en Luxemburgo. LNG Holding y CEF forman parte del grupo Engie.

| (315) | Las normas sobre la exención de los rendimientos de participaciones se refieren a los beneficios distribuidos por una empresa del grupo a otra. En el caso que nos ocupa, la resolución fiscal respalda la exención de los ingresos de LNG Holding y CEF que corresponden, desde un punto de vista económico, a los importes deducidos en concepto de gastos por parte de LNG Supply y GSTM, respectivamente, lo que da lugar a la no imposición real de casi todos los beneficios obtenidos por LNG Supply y GSTM, salvo un margen limitado. Esto conduce a una situación de deducción y exención que, como se menciona en el considerando 243, tiene un impacto positivo en la carga fiscal de Engie en Luxemburgo. |
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(315)

Las normas sobre la exención de los rendimientos de participaciones se refieren a los beneficios distribuidos por una empresa del grupo a otra. En el caso que nos ocupa, la resolución fiscal respalda la exención de los ingresos de LNG Holding y CEF que corresponden, desde un punto de vista económico, a los importes deducidos en concepto de gastos por parte de LNG Supply y GSTM, respectivamente, lo que da lugar a la no imposición real de casi todos los beneficios obtenidos por LNG Supply y GSTM, salvo un margen limitado. Esto conduce a una situación de deducción y exención que, como se menciona en el considerando 243, tiene un impacto positivo en la carga fiscal de Engie en Luxemburgo.

| (316) | En la misma línea, puede considerarse que otras entidades jurídicas forman una única unidad económica a efectos de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales. Dicha unidad económica es a la que entonces se considera la empresa en cuestión, beneficiaria de la medida de ayuda. Tal como el Tribunal de Justicia ha fallado previamente, «en el Derecho en materia de competencia, el concepto de empresa designa una unidad económica [...] aunque, desde el punto de vista jurídico, dicha unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas» (308). Para determinar si varias entidades forman una unidad económica, el Tribunal de Justicia intenta averiguar si existe una participación de control o vínculos funcionales, económicos u orgánicos (309). En el caso que nos ocupa, tanto LNG Holding como CEF están controlados en un 100 % por Engie SA, la empresa matriz del grupo Engie. |
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(316)

En la misma línea, puede considerarse que otras entidades jurídicas forman una única unidad económica a efectos de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales. Dicha unidad económica es a la que entonces se considera la empresa en cuestión, beneficiaria de la medida de ayuda. Tal como el Tribunal de Justicia ha fallado previamente, «en el Derecho en materia de competencia, el concepto de empresa designa una unidad económica [...] aunque, desde el punto de vista jurídico, dicha unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas» (308). Para determinar si varias entidades forman una unidad económica, el Tribunal de Justicia intenta averiguar si existe una participación de control o vínculos funcionales, económicos u orgánicos (309). En el caso que nos ocupa, tanto LNG Holding como CEF están controlados en un 100 % por Engie SA, la empresa matriz del grupo Engie.

308

309

| (317) | Por lo tanto, todo trato fiscal favorable concedido a LNG Holding y a CEF por la Administración tributaria luxemburguesa beneficia no solo a estas entidades, sino también a Engie en su conjunto, proporcionando recursos financieros adicionales a todo el grupo. Por consiguiente, aunque el grupo esté organizado en diferentes personas jurídicas y que las resoluciones fiscales en cuestión se refieran al trato fiscal de distintas entidades, este grupo debe considerarse como una unidad económica única que se beneficia de la medida de ayuda impugnada (310). |
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(317)

Por lo tanto, todo trato fiscal favorable concedido a LNG Holding y a CEF por la Administración tributaria luxemburguesa beneficia no solo a estas entidades, sino también a Engie en su conjunto, proporcionando recursos financieros adicionales a todo el grupo. Por consiguiente, aunque el grupo esté organizado en diferentes personas jurídicas y que las resoluciones fiscales en cuestión se refieran al trato fiscal de distintas entidades, este grupo debe considerarse como una unidad económica única que se beneficia de la medida de ayuda impugnada (310).

310

| (318) | Por otra parte, la conclusión que figura en el considerando 317 se ve reforzada por las constataciones de las secciones 6.3 y 6.4, en las que la Comisión estableció que el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión confiere una ventaja selectiva en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado al grupo Engie en Luxemburgo, ya que dan lugar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en ese Estado miembro. |
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(318)

Por otra parte, la conclusión que figura en el considerando 317 se ve reforzada por las constataciones de las secciones 6.3 y 6.4, en las que la Comisión estableció que el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión confiere una ventaja selectiva en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado al grupo Engie en Luxemburgo, ya que dan lugar a una reducción de la renta imponible combinada del grupo en ese Estado miembro.

6.7.   COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA CON EL MERCADO INTERIOR

COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA CON EL MERCADO INTERIOR

| (319) | Una ayuda estatal se considera compatible con el mercado interior si corresponde a una de las categorías estipuladas en el artículo 107, apartado 2, del Tratado, y puede considerarse compatible con el mercado interior si la Comisión estima que esta ayuda corresponde a una de las categorías mencionadas en el artículo 107, apartado 3, del Tratado. Sin embargo, es el Estado miembro que concede la ayuda el que soporta la carga de demostrar que la ayuda estatal concedida es compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 2 o 3, del Tratado. |
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(319)

Una ayuda estatal se considera compatible con el mercado interior si corresponde a una de las categorías estipuladas en el artículo 107, apartado 2, del Tratado, y puede considerarse compatible con el mercado interior si la Comisión estima que esta ayuda corresponde a una de las categorías mencionadas en el artículo 107, apartado 3, del Tratado. Sin embargo, es el Estado miembro que concede la ayuda el que soporta la carga de demostrar que la ayuda estatal concedida es compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 2 o 3, del Tratado.

| (320) | Luxemburgo no ha aducido ningún motivo que permita establecer la compatibilidad con el mercado interior, en virtud de una u otra de esas disposiciones, de la ayuda estatal que concedió sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión. Engie tampoco ha aducido ningún motivo al respecto. |
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(320)

Luxemburgo no ha aducido ningún motivo que permita establecer la compatibilidad con el mercado interior, en virtud de una u otra de esas disposiciones, de la ayuda estatal que concedió sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión. Engie tampoco ha aducido ningún motivo al respecto.

| (321) | Por otra parte, dado que el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión libera a Engie de una carga fiscal que, de lo contrario, habría tenido que soportar en el marco de la gestión cotidiana de sus actividades habituales, la ayuda concedida sobre la base de esas decisiones constituye una ayuda de funcionamiento. Por norma general, estas ayudas no pueden, en principio, considerarse compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, del Tratado, en la medida en que no facilitan el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas. Además, las ventajas fiscales en cuestión no están limitadas en el tiempo ni son decrecientes y no están proporcionadas a lo que es necesario para remediar una deficiencia específica del mercado o para cumplir un objetivo de interés general en las regiones afectadas. Por tanto, no pueden considerarse compatibles con el mercado interior. |
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(321)

Por otra parte, dado que el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión libera a Engie de una carga fiscal que, de lo contrario, habría tenido que soportar en el marco de la gestión cotidiana de sus actividades habituales, la ayuda concedida sobre la base de esas decisiones constituye una ayuda de funcionamiento. Por norma general, estas ayudas no pueden, en principio, considerarse compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, del Tratado, en la medida en que no facilitan el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas. Además, las ventajas fiscales en cuestión no están limitadas en el tiempo ni son decrecientes y no están proporcionadas a lo que es necesario para remediar una deficiencia específica del mercado o para cumplir un objetivo de interés general en las regiones afectadas. Por tanto, no pueden considerarse compatibles con el mercado interior.

| (322) | Por consiguiente, la ayuda estatal concedida al grupo Engie por Luxemburgo no es compatible con el mercado interior. |
| --- | --- |

(322)

Por consiguiente, la ayuda estatal concedida al grupo Engie por Luxemburgo no es compatible con el mercado interior.

6.8.   ILEGALIDAD DE LA AYUDA

ILEGALIDAD DE LA AYUDA

| (323) | De conformidad con el artículo 108, apartado 3, del Tratado, los Estados miembros están obligados a informar a la Comisión de cualquier plan de concesión de ayuda (obligación de notificación) y no podrán ejecutar las medidas de ayuda proyectadas hasta que la Comisión haya tomado una decisión definitiva sobre las ayudas en cuestión («obligación de suspensión»). |
| --- | --- |

(323)

De conformidad con el artículo 108, apartado 3, del Tratado, los Estados miembros están obligados a informar a la Comisión de cualquier plan de concesión de ayuda (obligación de notificación) y no podrán ejecutar las medidas de ayuda proyectadas hasta que la Comisión haya tomado una decisión definitiva sobre las ayudas en cuestión («obligación de suspensión»).

| (324) | La Comisión observa que Luxemburgo no le notificó ningún proyecto de concesión de la medida de ayuda impugnada y que no cumplió la obligación de suspensión establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado. En consecuencia, en virtud del artículo 1, letra f), del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo (311), el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión constituye una ayuda ilegal, ejecutada en incumplimiento del artículo 108, apartado 3, del Tratado. |
| --- | --- |

(324)

La Comisión observa que Luxemburgo no le notificó ningún proyecto de concesión de la medida de ayuda impugnada y que no cumplió la obligación de suspensión establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado. En consecuencia, en virtud del artículo 1, letra f), del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo (311), el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión constituye una ayuda ilegal, ejecutada en incumplimiento del artículo 108, apartado 3, del Tratado.

311

7.   ALEGACIÓN DE DEFECTOS DE PROCEDIMIENTO

ALEGACIÓN DE DEFECTOS DE PROCEDIMIENTO

| (325) | Luxemburgo afirma (312) que la Comisión vulneró su derecho a ser oído, ya que el objeto principal de la investigación de la Comisión, supuestamente, habrían cambiado desde la adopción de la Decisión de incoar un procedimiento, tal como lo demuestra la carta de 11 de diciembre de 2017. Según Luxemburgo, la Comisión debería haber cerrado el procedimiento en curso e iniciado un nuevo procedimiento o debería haber adoptado una decisión de ampliación de la Decisión de incoar un procedimiento, con el fin de dar a Luxemburgo la oportunidad de notificar debidamente su opinión sobre el supuesto nuevo objeto principal de la investigación de la Comisión. |
| --- | --- |

(325)

Luxemburgo afirma (312) que la Comisión vulneró su derecho a ser oído, ya que el objeto principal de la investigación de la Comisión, supuestamente, habrían cambiado desde la adopción de la Decisión de incoar un procedimiento, tal como lo demuestra la carta de 11 de diciembre de 2017. Según Luxemburgo, la Comisión debería haber cerrado el procedimiento en curso e iniciado un nuevo procedimiento o debería haber adoptado una decisión de ampliación de la Decisión de incoar un procedimiento, con el fin de dar a Luxemburgo la oportunidad de notificar debidamente su opinión sobre el supuesto nuevo objeto principal de la investigación de la Comisión.

312

| (326) | Además, Engie afirma (313) que sus derechos de defensa han sido vulnerados porque no tuvo la posibilidad de presentar sus observaciones sobre el análisis de la Comisión de otras resoluciones fiscales luxemburgueses adoptadas entre 2009 y 2016, que se refieren a la existencia de ZORA o de «contratos de préstamo obligatoriamente convertibles» y a su respectivo trato fiscal y contable. |
| --- | --- |

(326)

Además, Engie afirma (313) que sus derechos de defensa han sido vulnerados porque no tuvo la posibilidad de presentar sus observaciones sobre el análisis de la Comisión de otras resoluciones fiscales luxemburgueses adoptadas entre 2009 y 2016, que se refieren a la existencia de ZORA o de «contratos de préstamo obligatoriamente convertibles» y a su respectivo trato fiscal y contable.

313

| (327) | La Comisión considera que, en el presente asunto, se han respetado plenamente los derechos procesales de Luxemburgo. |
| --- | --- |

(327)

La Comisión considera que, en el presente asunto, se han respetado plenamente los derechos procesales de Luxemburgo.

| (328) | La Comisión señala, ante todo, que el alcance de su investigación sobre la existencia de ayudas estatales se ha mantenido sin cambios entre la Decisión de incoar un procedimiento y la adopción de la presente Decisión. Las dos decisiones se refieren a las mismas resoluciones fiscales en cuestión, los mismos beneficiarios (LNG Holding, CEF y el grupo Engie) y las mismas preocupaciones en relación con las ayudas estatales (es decir, si el trato fiscal concedido a LNG Holding, a CEF y al grupo Engie sobre la base de esas decisiones es conforme con las normas sobre ayudas estatales del artículo 107, apartado 1, del Tratado). |
| --- | --- |

(328)

La Comisión señala, ante todo, que el alcance de su investigación sobre la existencia de ayudas estatales se ha mantenido sin cambios entre la Decisión de incoar un procedimiento y la adopción de la presente Decisión. Las dos decisiones se refieren a las mismas resoluciones fiscales en cuestión, los mismos beneficiarios (LNG Holding, CEF y el grupo Engie) y las mismas preocupaciones en relación con las ayudas estatales (es decir, si el trato fiscal concedido a LNG Holding, a CEF y al grupo Engie sobre la base de esas decisiones es conforme con las normas sobre ayudas estatales del artículo 107, apartado 1, del Tratado).

| (329) | En la Decisión de incoar un procedimiento, la Comisión expresó sus dudas iniciales sobre la compatibilidad con las normas sobre ayudas estatales del trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión a las diversas entidades del grupo Engie en Luxemburgo. La finalidad de una fase de investigación exhaustiva tras una Decisión de incoar un procedimiento es aportar a la atención de la Comisión elementos de hecho y de derecho adicionales. Estos elementos pueden alimentar las dudas iniciales expresadas por la Comisión en su Decisión de incoar un procedimiento o disiparlas. Por ello al final de este procedimiento, el análisis de la Comisión puede haber evolucionado y la decisión final puede, por tanto, presentar determinadas divergencias respecto a la Decisión de incoar un procedimiento, sin que estas afecten a la legalidad de la decisión final (314). |
| --- | --- |

(329)

En la Decisión de incoar un procedimiento, la Comisión expresó sus dudas iniciales sobre la compatibilidad con las normas sobre ayudas estatales del trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión a las diversas entidades del grupo Engie en Luxemburgo. La finalidad de una fase de investigación exhaustiva tras una Decisión de incoar un procedimiento es aportar a la atención de la Comisión elementos de hecho y de derecho adicionales. Estos elementos pueden alimentar las dudas iniciales expresadas por la Comisión en su Decisión de incoar un procedimiento o disiparlas. Por ello al final de este procedimiento, el análisis de la Comisión puede haber evolucionado y la decisión final puede, por tanto, presentar determinadas divergencias respecto a la Decisión de incoar un procedimiento, sin que estas afecten a la legalidad de la decisión final (314).

314

| (330) | En el presente caso, el análisis de la Comisión evolucionó a raíz de las observaciones formuladas por Luxemburgo y Engie sobre las cuestiones relativas a las ayudas estatales planteadas por la Comisión en su Decisión de incoar un procedimiento. Por ejemplo, Luxemburgo especificó a lo largo del procedimiento administrativo (315) que como consecuencia del reembolso parcial del ZORA LNG que tuvo lugar en 2014, LNG Luxembourg no recurrió al régimen opcional previsto en el artículo 22 bis, apartado 2, de la LIR, sino que todos los beneficios imponibles generados por la conversión del ZORA se convirtieron en una pérdida correspondiente fiscalmente deducible en el contrato de futuros LNG. Luxemburgo presentó el texto de los contratos de futuros tras la Decisión de incoar un procedimiento, el 21 de noviembre de 2016, y Luxemburgo y Engie explicaron detalladamente a la Comisión el papel de LNG Luxembourg y de EIL en calidad de entidades intermediarias, así como el funcionamiento del artículo 22 bis, apartado 2, en la reunión de 1 de junio de 2017. |
| --- | --- |

(330)

En el presente caso, el análisis de la Comisión evolucionó a raíz de las observaciones formuladas por Luxemburgo y Engie sobre las cuestiones relativas a las ayudas estatales planteadas por la Comisión en su Decisión de incoar un procedimiento. Por ejemplo, Luxemburgo especificó a lo largo del procedimiento administrativo (315) que como consecuencia del reembolso parcial del ZORA LNG que tuvo lugar en 2014, LNG Luxembourg no recurrió al régimen opcional previsto en el artículo 22 bis, apartado 2, de la LIR, sino que todos los beneficios imponibles generados por la conversión del ZORA se convirtieron en una pérdida correspondiente fiscalmente deducible en el contrato de futuros LNG. Luxemburgo presentó el texto de los contratos de futuros tras la Decisión de incoar un procedimiento, el 21 de noviembre de 2016, y Luxemburgo y Engie explicaron detalladamente a la Comisión el papel de LNG Luxembourg y de EIL en calidad de entidades intermediarias, así como el funcionamiento del artículo 22 bis, apartado 2, en la reunión de 1 de junio de 2017.

315

bis

bis

| (331) | El objetivo de la investigación de la Comisión sobre la existencia de ayuda estatal, a saber, el trato fiscal dispensado a las diferentes entidades del grupo Engie en Luxemburgo, como consecuencia de las resoluciones fiscales en cuestión, nunca cambió desde la adopción de la Decisión de incoar un procedimiento. Sucede lo mismo con las dudas principales de la Comisión respecto a la conformidad de las medidas impugnadas con las normas en materia de ayudas estatales (316). Solo por motivos de transparencia, los servicios de la Comisión enviaron la carta de 11 de diciembre de 2017 a Luxemburgo, que, a su vez, la transmitió a Engie. |
| --- | --- |

(331)

El objetivo de la investigación de la Comisión sobre la existencia de ayuda estatal, a saber, el trato fiscal dispensado a las diferentes entidades del grupo Engie en Luxemburgo, como consecuencia de las resoluciones fiscales en cuestión, nunca cambió desde la adopción de la Decisión de incoar un procedimiento. Sucede lo mismo con las dudas principales de la Comisión respecto a la conformidad de las medidas impugnadas con las normas en materia de ayudas estatales (316). Solo por motivos de transparencia, los servicios de la Comisión enviaron la carta de 11 de diciembre de 2017 a Luxemburgo, que, a su vez, la transmitió a Engie.

316

| (332) | Por lo que se refiere a Engie, la Comisión recuerda que, como parte interesada, tiene derecho a presentar observaciones únicamente sobre la Decisión de incoar un procedimiento, y no sobre la información facilitada por Luxemburgo en respuesta a la Decisión de incoar un procedimiento. Sin embargo, Engie tuvo la posibilidad de presentar a la Comisión sus observaciones en varias ocasiones, tanto por escrito como oralmente, y la utilizó. |
| --- | --- |

(332)

Por lo que se refiere a Engie, la Comisión recuerda que, como parte interesada, tiene derecho a presentar observaciones únicamente sobre la Decisión de incoar un procedimiento, y no sobre la información facilitada por Luxemburgo en respuesta a la Decisión de incoar un procedimiento. Sin embargo, Engie tuvo la posibilidad de presentar a la Comisión sus observaciones en varias ocasiones, tanto por escrito como oralmente, y la utilizó.

| (333) | Por lo tanto, la Comisión considera que, en el presente asunto, se han respetado los derechos procesales de Luxemburgo. |
| --- | --- |

(333)

Por lo tanto, la Comisión considera que, en el presente asunto, se han respetado los derechos procesales de Luxemburgo.

8.   RECUPERACIÓN

RECUPERACIÓN

| (334) | El artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/1589 obliga a la Comisión a ordenar la recuperación de las ayudas ilegales e incompatibles con el mercado interior. Dicha disposición prevé, asimismo, que el Estado miembro afectado debe tomar todas las medidas necesarias para recuperar la ayuda ilegal declarada incompatible. El artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/1589 establece que se debe recuperar la ayuda, incluidos los intereses devengados desde la fecha en que la ayuda ilegal estuvo a disposición del beneficiario hasta la fecha de su recuperación efectiva. El Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión (317) detalla los métodos que deben utilizarse para calcular los intereses de recuperación. Por último, el artículo 16, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/1589 estipula que «la recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional del Estado miembro interesado, siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión». |
| --- | --- |

(334)

El artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/1589 obliga a la Comisión a ordenar la recuperación de las ayudas ilegales e incompatibles con el mercado interior. Dicha disposición prevé, asimismo, que el Estado miembro afectado debe tomar todas las medidas necesarias para recuperar la ayuda ilegal declarada incompatible. El artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/1589 establece que se debe recuperar la ayuda, incluidos los intereses devengados desde la fecha en que la ayuda ilegal estuvo a disposición del beneficiario hasta la fecha de su recuperación efectiva. El Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión (317) detalla los métodos que deben utilizarse para calcular los intereses de recuperación. Por último, el artículo 16, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/1589 estipula que «la recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional del Estado miembro interesado, siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión».

o

317

8.1.   NUEVA AYUDA

NUEVA AYUDA

| (335) | El artículo 1, letra c), del Reglamento (UE) 2015/1589 define «nueva ayuda» como «toda ayuda, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda existente, incluidas las modificaciones de ayudas existente». |
| --- | --- |

(335)

El artículo 1, letra c), del Reglamento (UE) 2015/1589 define «nueva ayuda» como «toda ayuda, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda existente, incluidas las modificaciones de ayudas existente».

| (336) | Según el artículo 17, del Reglamento (UE) 2015/1589, las competencias de la Comisión en lo relativo a la recuperación de ayudas estarán sujetas a un plazo de prescripción de diez años. El plazo de prescripción se contará a partir de la fecha en que se haya concedido la ayuda ilegal al beneficiario, bien como ayuda individual, bien en virtud de un régimen de ayudas. Cualquier acción emprendida por la Comisión o por un Estado miembro a petición de la Comisión y que esté relacionada con la ayuda ilegal interrumpirá el plazo de prescripción. Tras cada interrupción, el plazo comenzará a contarse desde el principio. El plazo de prescripción se suspende durante el tiempo en que la decisión de la Comisión sea objeto de un procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia. Por último, cualquier ayuda para la que haya expirado el plazo de prescripción se considerará como ayuda existente. |
| --- | --- |

(336)

Según el artículo 17, del Reglamento (UE) 2015/1589, las competencias de la Comisión en lo relativo a la recuperación de ayudas estarán sujetas a un plazo de prescripción de diez años. El plazo de prescripción se contará a partir de la fecha en que se haya concedido la ayuda ilegal al beneficiario, bien como ayuda individual, bien en virtud de un régimen de ayudas. Cualquier acción emprendida por la Comisión o por un Estado miembro a petición de la Comisión y que esté relacionada con la ayuda ilegal interrumpirá el plazo de prescripción. Tras cada interrupción, el plazo comenzará a contarse desde el principio. El plazo de prescripción se suspende durante el tiempo en que la decisión de la Comisión sea objeto de un procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia. Por último, cualquier ayuda para la que haya expirado el plazo de prescripción se considerará como ayuda existente.

| (337) | En el presente caso, la Administración tributaria luxemburguesa emitió las resoluciones fiscales en cuestión y la ayuda se concedió menos de diez años antes de la fecha en que la Comisión presentó a Luxemburgo su primera petición de información respecto a las resoluciones fiscales en cuestión (el 23 de marzo de 2015) (318). Por lo tanto, cualquier ayuda concedida a Engie sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión constituye una ayuda nueva. |
| --- | --- |

(337)

En el presente caso, la Administración tributaria luxemburguesa emitió las resoluciones fiscales en cuestión y la ayuda se concedió menos de diez años antes de la fecha en que la Comisión presentó a Luxemburgo su primera petición de información respecto a las resoluciones fiscales en cuestión (el 23 de marzo de 2015) (318). Por lo tanto, cualquier ayuda concedida a Engie sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión constituye una ayuda nueva.

318

8.2.   NINGÚN PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO SE OPONE A LA RECUPERACIÓN

NINGÚN PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO SE OPONE A LA RECUPERACIÓN

| (338) | El artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/1589 estipula que la Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho de la Unión. |
| --- | --- |

(338)

El artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/1589 estipula que la Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho de la Unión.

8.2.1.   SEGURIDAD JURÍDICA Y CONFIANZA LEGÍTIMA

8.2.1.1.   
  Argumentos presentados por Luxemburgo y Engie

Argumentos presentados por Luxemburgo y Engie

| (339) | Luxemburgo y Engie invocan los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima para prevenir la recuperación de la ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior sobre la base de argumentos similares. |
| --- | --- |

(339)

Luxemburgo y Engie invocan los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima para prevenir la recuperación de la ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior sobre la base de argumentos similares.

| (340) | En lo que se refiere a la seguridad jurídica, Luxemburgo sostiene que este principio se opone a la recuperación, en este caso, debido a la «complejidad del análisis de medidas fiscales en relación con las normas en materia de ayudas estatales» y al hecho de que la Comisión impusiera su propia interpretación de la legislación luxemburguesa (319). Luxemburgo hace valer su buena fe en el sentido de que aplicó las resoluciones fiscales en cuestión de una manera rigurosamente conforme a su aplicación constante en el país (320). Luego, se remite (321) a la Decisión de la Comisión de 17 de julio de 2013, relativa al sistema español de arrendamiento fiscal (322), así como a sus Decisiones sobre las sociedades holding «1929» (323) y sobre los centros de coordinación establecidos en Bélgica (324), y alega que, teniendo en cuenta estos asuntos, cualquier decisión negativa solo debería hacerse efectiva en el futuro, al término de un período de transición. |
| --- | --- |

(340)

En lo que se refiere a la seguridad jurídica, Luxemburgo sostiene que este principio se opone a la recuperación, en este caso, debido a la «complejidad del análisis de medidas fiscales en relación con las normas en materia de ayudas estatales» y al hecho de que la Comisión impusiera su propia interpretación de la legislación luxemburguesa (319). Luxemburgo hace valer su buena fe en el sentido de que aplicó las resoluciones fiscales en cuestión de una manera rigurosamente conforme a su aplicación constante en el país (320). Luego, se remite (321) a la Decisión de la Comisión de 17 de julio de 2013, relativa al sistema español de arrendamiento fiscal (322), así como a sus Decisiones sobre las sociedades holding «1929» (323) y sobre los centros de coordinación establecidos en Bélgica (324), y alega que, teniendo en cuenta estos asuntos, cualquier decisión negativa solo debería hacerse efectiva en el futuro, al término de un período de transición.

seguridad jurídica

319

320

321

322

323

324

| (341) | Engie también alega que la Comisión adopta un enfoque innovador (325) e impone de manera retroactiva su propia interpretación de la legislación luxemburguesa, desviándose de determinados principios de esta legislación (el principio de vinculación del balance fiscal al balance comercial) y dando muestras de incoherencia respecto al marco de referencia definido en la Decisión de la Comisión del asunto Fiat (326). Asimismo, se remite a la Decisión de la Comisión sobre el régimen fiscal aplicable a las agrupaciones de interés económico (327), en que la Comisión limitó la recuperación alegando que su supuesta mala gestión del caso había provocado inseguridad jurídica (328). |
| --- | --- |

(341)

Engie también alega que la Comisión adopta un enfoque innovador (325) e impone de manera retroactiva su propia interpretación de la legislación luxemburguesa, desviándose de determinados principios de esta legislación (el principio de vinculación del balance fiscal al balance comercial) y dando muestras de incoherencia respecto al marco de referencia definido en la Decisión de la Comisión del asunto Fiat (326). Asimismo, se remite a la Decisión de la Comisión sobre el régimen fiscal aplicable a las agrupaciones de interés económico (327), en que la Comisión limitó la recuperación alegando que su supuesta mala gestión del caso había provocado inseguridad jurídica (328).

325

326

327

328

| (342) | Por último, Luxemburgo (329) y Engie (330) alegan que la recuperación provocaría un riesgo de repercusiones económicas graves o de problemas graves tanto para Luxemburgo como para Engie. |
| --- | --- |

(342)

Por último, Luxemburgo (329) y Engie (330) alegan que la recuperación provocaría un riesgo de repercusiones económicas graves o de problemas graves tanto para Luxemburgo como para Engie.

329

330

| (343) | Por lo que se refiere al principio de confianza legítima, Engie recurre a argumentos y precedentes similares a los que adujo Luxemburgo respecto a la seguridad jurídica (la buena fe de Luxemburgo a la hora de aplicar las resoluciones fiscales y la referencia a las Decisiones sobre las sociedades Holdings 1929 y los centros de coordinación belgas) (331). Asimismo, afirma que la sentencia Unicredito (332), que admitió que una empresa puede elegir la opción con menos imposición en el marco de una operación, se opone a la recuperación (333). |
| --- | --- |

(343)

Por lo que se refiere al principio de confianza legítima, Engie recurre a argumentos y precedentes similares a los que adujo Luxemburgo respecto a la seguridad jurídica (la buena fe de Luxemburgo a la hora de aplicar las resoluciones fiscales y la referencia a las Decisiones sobre las sociedades Holdings 1929 y los centros de coordinación belgas) (331). Asimismo, afirma que la sentencia Unicredito (332), que admitió que una empresa puede elegir la opción con menos imposición en el marco de una operación, se opone a la recuperación (333).

principio de confianza legítima

sociedades Holdings 1929

centros de coordinación belgas

331

Unicredito

332

333

8.2.1.2.   
  Evaluación

Evaluación

| (344) | Aunque los principios generales del Derecho de la Unión inspiran todo el marco jurídico de la Unión, el Tribunal de Justicia ha interpretado de forma muy restrictiva estos principios en el contexto de la recuperación. El principio de seguridad jurídica es un principio general del Derecho de la Unión que implica la previsibilidad de las normas y de sus efectos jurídicos. Según la jurisprudencia, este principio impide que la Comisión retrase indefinidamente el ejercicio de sus facultades (334). El Tribunal de Justicia también declaró que este principio solo puede invocarse en casos excepcionales en que exista una omisión manifiesta de la Comisión y un evidente incumplimiento de su obligación de diligencia en el ejercicio de sus facultades de control (335). |
| --- | --- |

(344)

Aunque los principios generales del Derecho de la Unión inspiran todo el marco jurídico de la Unión, el Tribunal de Justicia ha interpretado de forma muy restrictiva estos principios en el contexto de la recuperación. El principio de seguridad jurídica es un principio general del Derecho de la Unión que implica la previsibilidad de las normas y de sus efectos jurídicos. Según la jurisprudencia, este principio impide que la Comisión retrase indefinidamente el ejercicio de sus facultades (334). El Tribunal de Justicia también declaró que este principio solo puede invocarse en casos excepcionales en que exista una omisión manifiesta de la Comisión y un evidente incumplimiento de su obligación de diligencia en el ejercicio de sus facultades de control (335).

334

335

| (345) | En el caso que nos ocupa, puesto que Luxemburgo nunca notificó las resoluciones fiscales en cuestión a la Comisión ni se hicieron públicas de otro modo, la Comisión no pudo saber de su existencia hasta el 25 de junio de 2015, fecha en la que Luxemburgo respondió a su solicitud de información de 25 de marzo de 2015. Por lo tanto, no hubo retrasos injustificados ni falta de la debida diligencia de la Comisión en el ejercicio de sus competencias que pudieran justificar la aplicación de este principio para evitar la recuperación. |
| --- | --- |

(345)

En el caso que nos ocupa, puesto que Luxemburgo nunca notificó las resoluciones fiscales en cuestión a la Comisión ni se hicieron públicas de otro modo, la Comisión no pudo saber de su existencia hasta el 25 de junio de 2015, fecha en la que Luxemburgo respondió a su solicitud de información de 25 de marzo de 2015. Por lo tanto, no hubo retrasos injustificados ni falta de la debida diligencia de la Comisión en el ejercicio de sus competencias que pudieran justificar la aplicación de este principio para evitar la recuperación.

| (346) | El hecho de que Luxemburgo estime que ha aplicado su propio derecho de buena fe de una manera que considera correcta y acorde con su práctica anterior, o el hecho de que no esté de acuerdo con la interpretación del sistema de referencia de la Comisión, no es pertinente a efectos de su obligación de recuperación. La aceptación del argumento de Luxemburgo tendría como consecuencia inaceptable que un Estado miembro que concede continuamente ayudas ilegales e incompatibles con el mercado interior no sea obligado a recuperarlas. También significaría que el mero hecho de que una medida de ayuda haya sido ejecutada de conformidad con la interpretación del Estado miembro de su propia legislación nacional podría invocarse para impedir la recuperación. Esta conclusión pondría en peligro la aplicación de las normas sobre ayudas estatales en el caso de cualquier medida de ayuda que se haya considerado ilegal e incompatible con el mercado interior, dado que la obligación de recuperación no puede basarse en la intención del Estado miembro cuando se concedió la ayuda, sino en los falseamientos de la competencia derivados de la ayuda. Por otra parte, la supuesta «complejidad» del análisis de las medidas fiscales realizado por la Comisión no es un argumento aceptable respecto a la obligación de recuperación establecida por el Reglamento (UE) 2015/1589. |
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(346)

El hecho de que Luxemburgo estime que ha aplicado su propio derecho de buena fe de una manera que considera correcta y acorde con su práctica anterior, o el hecho de que no esté de acuerdo con la interpretación del sistema de referencia de la Comisión, no es pertinente a efectos de su obligación de recuperación. La aceptación del argumento de Luxemburgo tendría como consecuencia inaceptable que un Estado miembro que concede continuamente ayudas ilegales e incompatibles con el mercado interior no sea obligado a recuperarlas. También significaría que el mero hecho de que una medida de ayuda haya sido ejecutada de conformidad con la interpretación del Estado miembro de su propia legislación nacional podría invocarse para impedir la recuperación. Esta conclusión pondría en peligro la aplicación de las normas sobre ayudas estatales en el caso de cualquier medida de ayuda que se haya considerado ilegal e incompatible con el mercado interior, dado que la obligación de recuperación no puede basarse en la intención del Estado miembro cuando se concedió la ayuda, sino en los falseamientos de la competencia derivados de la ayuda. Por otra parte, la supuesta «complejidad» del análisis de las medidas fiscales realizado por la Comisión no es un argumento aceptable respecto a la obligación de recuperación establecida por el Reglamento (UE) 2015/1589.

| (347) | Por lo que se refiere al supuesto «nuevo enfoque» en el que se basa la presente Decisión, la Comisión rechaza esta alegación. El análisis de la Comisión es coherente con sus decisiones anteriores y con la jurisprudencia: la existencia de una ventaja selectiva se ha evaluado con arreglo al régimen fiscal común aplicable a los ingresos de las empresas en Luxemburgo. A este respecto, aunque los Estados miembros gocen de autonomía fiscal en el ámbito de la fiscalidad directa, todas las medidas fiscales adoptadas por un Estado miembro deben ser acordes a las normas de la Unión en materia de ayudas estatales, que vinculan a los Estados miembros y priman sobre el derecho nacional (336). El hecho de que Luxemburgo o Engie no estén de acuerdo con la interpretación de determinadas disposiciones o que los hechos en los que se basa la presente Decisión sean distintos de los hechos en los que se basan otras decisiones anteriores, no hace que el enfoque de la Comisión sea «innovador». Además, como ya se ha demostrado, el marco de referencia definido por la Comisión en la presente Decisión es totalmente coherente con sus decisiones anteriores, no solo en el asunto Fiat sino también en el asunto Amazon y en la jurisprudencia del Tribunal (337). |
| --- | --- |

(347)

Por lo que se refiere al supuesto «nuevo enfoque» en el que se basa la presente Decisión, la Comisión rechaza esta alegación. El análisis de la Comisión es coherente con sus decisiones anteriores y con la jurisprudencia: la existencia de una ventaja selectiva se ha evaluado con arreglo al régimen fiscal común aplicable a los ingresos de las empresas en Luxemburgo. A este respecto, aunque los Estados miembros gocen de autonomía fiscal en el ámbito de la fiscalidad directa, todas las medidas fiscales adoptadas por un Estado miembro deben ser acordes a las normas de la Unión en materia de ayudas estatales, que vinculan a los Estados miembros y priman sobre el derecho nacional (336). El hecho de que Luxemburgo o Engie no estén de acuerdo con la interpretación de determinadas disposiciones o que los hechos en los que se basa la presente Decisión sean distintos de los hechos en los que se basan otras decisiones anteriores, no hace que el enfoque de la Comisión sea «innovador». Además, como ya se ha demostrado, el marco de referencia definido por la Comisión en la presente Decisión es totalmente coherente con sus decisiones anteriores, no solo en el asunto Fiat sino también en el asunto Amazon y en la jurisprudencia del Tribunal (337).

336

337

| (348) | En lo que se refiere al principio de la confianza legítima, puede invocarlo cualquier justiciable que se encuentre en una situación de la que se desprenda que una institución de la Unión «le hizo concebir esperanzas fundadas» (338). Se aplican limitaciones significativas a la invocación de este principio. En primer lugar, el Tribunal de Justicia declaró que nadie puede invocar una violación de dicho principio «si la Administración no le dio garantías concretas» (339). Estas garantías deben proporcionarlas las instituciones de la Unión (340). En segundo lugar, los Estados miembros no pueden invocar este principio si no han notificado la medida de ayuda a la Comisión (341). En tercer lugar, la supuesta inacción de la Comisión carece de sentido si una medida de ayuda no se le ha notificado (342) y, por consiguiente, el silencio de la Comisión no puede interpretarse como una autorización implícita de la medida que puede generar una confianza legítima (343). En el caso que nos ocupa, Luxemburgo no notificó a la Comisión las resoluciones fiscales en cuestión y la Comisión no dio garantías concretas a Luxemburgo de que las resoluciones fiscales en cuestión no constituyeran una ayuda. Por consiguiente, Luxemburgo no puede invocar el principio de confianza legítima. |
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(348)

En lo que se refiere al principio de la confianza legítima, puede invocarlo cualquier justiciable que se encuentre en una situación de la que se desprenda que una institución de la Unión «le hizo concebir esperanzas fundadas» (338). Se aplican limitaciones significativas a la invocación de este principio. En primer lugar, el Tribunal de Justicia declaró que nadie puede invocar una violación de dicho principio «si la Administración no le dio garantías concretas» (339). Estas garantías deben proporcionarlas las instituciones de la Unión (340). En segundo lugar, los Estados miembros no pueden invocar este principio si no han notificado la medida de ayuda a la Comisión (341). En tercer lugar, la supuesta inacción de la Comisión carece de sentido si una medida de ayuda no se le ha notificado (342) y, por consiguiente, el silencio de la Comisión no puede interpretarse como una autorización implícita de la medida que puede generar una confianza legítima (343). En el caso que nos ocupa, Luxemburgo no notificó a la Comisión las resoluciones fiscales en cuestión y la Comisión no dio garantías concretas a Luxemburgo de que las resoluciones fiscales en cuestión no constituyeran una ayuda. Por consiguiente, Luxemburgo no puede invocar el principio de confianza legítima.

338

339

340

341

342

343

| (349) | Respecto al hecho de que Luxemburgo y Engie se remitan a la práctica decisoria anterior de la Comisión en el contexto de la seguridad jurídica y de la confianza legítima, la Comisión recuerda, con carácter preliminar, que no está vinculada por su práctica decisoria (344). Además, los asuntos mencionados no respaldan los argumentos de Luxemburgo y de Engie. |
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(349)

Respecto al hecho de que Luxemburgo y Engie se remitan a la práctica decisoria anterior de la Comisión en el contexto de la seguridad jurídica y de la confianza legítima, la Comisión recuerda, con carácter preliminar, que no está vinculada por su práctica decisoria (344). Además, los asuntos mencionados no respaldan los argumentos de Luxemburgo y de Engie.

344

| (350) | En la Decisión sobre los centros de coordinación belgas, si la Comisión no exigió la recuperación de la ayuda, fue porque no había planteado ninguna objeción en una decisión anterior sobre un régimen belga que presentaba características similares. Por lo tanto, la Comisión consideró que su anterior Decisión sobre la medida belga dio lugar a una confianza legítima por parte de los beneficiarios del nuevo régimen que analizó en aquel momento. Del mismo modo, en su Decisión sobre el régimen fiscal aplicable a las agrupaciones de interés económico, la Comisión consideró que dos circunstancias excepcionales justificaban la no recuperación de la ayuda concedida: en primer lugar, la Comisión se retrasó en el ejercicio de sus facultades respecto al análisis del régimen porque no respondió a varias cartas de las autoridades francesas y, en segundo lugar, los beneficiarios de dicho régimen fueron inducidos a error respecto a la legalidad del mismo a causa de una decisión anterior de la Comisión que consideraba que una medida similar no constituía una ayuda. Fue precisamente la incertidumbre creada por esa decisión anterior lo que justificó la decisión adoptada por la Comisión en el asunto relativo al régimen español de arrendamiento fiscal de no recuperar la ayuda concedida antes de la publicación de la Decisión sobre el régimen fiscal aplicable a las agrupaciones de interés económico. Ninguna de estas circunstancias está presente en el presente caso. La Comisión no se retrasó especialmente, y Luxemburgo y Engie no fueron inducidos a error por una decisión previa de la Comisión relativa a un régimen fiscal similar. |
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(350)

En la Decisión sobre los centros de coordinación belgas, si la Comisión no exigió la recuperación de la ayuda, fue porque no había planteado ninguna objeción en una decisión anterior sobre un régimen belga que presentaba características similares. Por lo tanto, la Comisión consideró que su anterior Decisión sobre la medida belga dio lugar a una confianza legítima por parte de los beneficiarios del nuevo régimen que analizó en aquel momento. Del mismo modo, en su Decisión sobre el régimen fiscal aplicable a las agrupaciones de interés económico, la Comisión consideró que dos circunstancias excepcionales justificaban la no recuperación de la ayuda concedida: en primer lugar, la Comisión se retrasó en el ejercicio de sus facultades respecto al análisis del régimen porque no respondió a varias cartas de las autoridades francesas y, en segundo lugar, los beneficiarios de dicho régimen fueron inducidos a error respecto a la legalidad del mismo a causa de una decisión anterior de la Comisión que consideraba que una medida similar no constituía una ayuda. Fue precisamente la incertidumbre creada por esa decisión anterior lo que justificó la decisión adoptada por la Comisión en el asunto relativo al régimen español de arrendamiento fiscal de no recuperar la ayuda concedida antes de la publicación de la Decisión sobre el régimen fiscal aplicable a las agrupaciones de interés económico. Ninguna de estas circunstancias está presente en el presente caso. La Comisión no se retrasó especialmente, y Luxemburgo y Engie no fueron inducidos a error por una decisión previa de la Comisión relativa a un régimen fiscal similar.

centros de coordinación belgas

| (351) | La referencia al asunto sobre sociedades de Holdings 1929 también es inadmisible. En ese asunto, la Comisión consideró que no se recuperarían ayudas a la vista del carácter de ayuda existente del régimen, que se había adoptado en 1929, es decir, antes de la entrada en vigor del Tratado. Decidió conceder un período transitorio para poner fin al régimen en vista de determinadas circunstancias excepcionales que caracterizan el asunto, a saber, el período excepcionalmente largo de aplicación del régimen (76 años) y el hecho de que una supresión inmediata de la medida podría haber tenido un impacto relativamente grave en el empleo y el crecimiento económico de Luxemburgo, donde 13 000 sociedades holding exentas estaban activas en un país con una población activa de no más de 110 000 trabajadores. Una vez más, ninguna de estas circunstancias excepcionales se presenta en el presente asunto: la ayuda concedida en este caso no puede considerarse una ayuda existente y la recuperación de la ayuda por parte de Engie no puede ocasionar un grave impacto económico en Luxemburgo. La Comisión también rechaza los argumentos sobre las graves repercusiones económicas de la recuperación por parte de Engie. Tal como ya estipuló el Tribunal de Justicia, la recuperación no puede verse afectada por las circunstancias relacionadas con la situación económica del beneficiario (345). |
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(351)

La referencia al asunto sobre sociedades de Holdings 1929 también es inadmisible. En ese asunto, la Comisión consideró que no se recuperarían ayudas a la vista del carácter de ayuda existente del régimen, que se había adoptado en 1929, es decir, antes de la entrada en vigor del Tratado. Decidió conceder un período transitorio para poner fin al régimen en vista de determinadas circunstancias excepcionales que caracterizan el asunto, a saber, el período excepcionalmente largo de aplicación del régimen (76 años) y el hecho de que una supresión inmediata de la medida podría haber tenido un impacto relativamente grave en el empleo y el crecimiento económico de Luxemburgo, donde 13 000 sociedades holding exentas estaban activas en un país con una población activa de no más de 110 000 trabajadores. Una vez más, ninguna de estas circunstancias excepcionales se presenta en el presente asunto: la ayuda concedida en este caso no puede considerarse una ayuda existente y la recuperación de la ayuda por parte de Engie no puede ocasionar un grave impacto económico en Luxemburgo. La Comisión también rechaza los argumentos sobre las graves repercusiones económicas de la recuperación por parte de Engie. Tal como ya estipuló el Tribunal de Justicia, la recuperación no puede verse afectada por las circunstancias relacionadas con la situación económica del beneficiario (345).

sociedades de Holdings 1929

345

| (352) | La jurisprudencia Unicredito del Tribunal de Justicia tampoco impide la recuperación. Todo lo que se afirma en esta sentencia es que en la fase de recuperación las autoridades nacionales pueden tener en cuenta un trato fiscal más favorable que el del régimen ordinario, que se habría aplicado al beneficiario «de no haber existido la ayuda ilegal y con arreglo a normas internas compatibles con el Derecho comunitario» (346). Por tanto, el hecho de que una empresa pueda elegir la «vía con menos imposición» con respecto a una operación o un «trato fiscal más favorable que el del régimen ordinario» no excluye en modo alguno la recuperación cuando esta vía o este trato constituya precisamente la medida de ayuda ilegal a la que se refiere la Decisión de la Comisión. |
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(352)

La jurisprudencia Unicredito del Tribunal de Justicia tampoco impide la recuperación. Todo lo que se afirma en esta sentencia es que en la fase de recuperación las autoridades nacionales pueden tener en cuenta un trato fiscal más favorable que el del régimen ordinario, que se habría aplicado al beneficiario «de no haber existido la ayuda ilegal y con arreglo a normas internas compatibles con el Derecho comunitario» (346). Por tanto, el hecho de que una empresa pueda elegir la «vía con menos imposición» con respecto a una operación o un «trato fiscal más favorable que el del régimen ordinario» no excluye en modo alguno la recuperación cuando esta vía o este trato constituya precisamente la medida de ayuda ilegal a la que se refiere la Decisión de la Comisión.

Unicredito

346

8.2.2.   EL PRINCIPIO DE BUENA ADMINISTRACIÓN

| (353) | Engie alega que la Decisión de incoar un procedimiento no está suficientemente motivada. En particular, según esta empresa, la Comisión se limita a un único párrafo para establecer la presunción de selectividad de las medidas individuales a las resoluciones fiscales en cuestión o para invocar una supuesta excepción a las normas sobre el abuso de derecho en la legislación fiscal de Luxemburgo. La falta de motivación implicaría una vulneración del principio de buena administración, que también evitaría la recuperación (347). |
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(353)

Engie alega que la Decisión de incoar un procedimiento no está suficientemente motivada. En particular, según esta empresa, la Comisión se limita a un único párrafo para establecer la presunción de selectividad de las medidas individuales a las resoluciones fiscales en cuestión o para invocar una supuesta excepción a las normas sobre el abuso de derecho en la legislación fiscal de Luxemburgo. La falta de motivación implicaría una vulneración del principio de buena administración, que también evitaría la recuperación (347).

347

| (354) | La Comisión no puede aceptar que se haya infringido el principio de buena administración. No tuvo conocimiento de la existencia de las medidas de ayuda hasta el 25 de junio de 2015, cuando Luxemburgo respondió a su solicitud de información de 25 de marzo de 2015. Por lo tanto, no se produjeron retrasos injustificados en el procedimiento. |
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(354)

La Comisión no puede aceptar que se haya infringido el principio de buena administración. No tuvo conocimiento de la existencia de las medidas de ayuda hasta el 25 de junio de 2015, cuando Luxemburgo respondió a su solicitud de información de 25 de marzo de 2015. Por lo tanto, no se produjeron retrasos injustificados en el procedimiento.

| (355) | Por lo que se refiere a la falta de motivación, la Comisión recuerda que la Decisión de incoar un procedimiento solo debe «resumir las principales cuestiones de hecho y de Derecho, [...] incluir una valoración inicial de la medida estatal de que se trate dirigida a determinar si esta tiene carácter de ayuda y [...] exponer las razones que la llevan a dudar sobre su compatibilidad con el mercado común» (348). Dado el carácter provisional de la evaluación, no puede impedirse la recuperación mediante lo que se percibe como una falta de motivación en la Decisión de incoar un procedimiento. En cualquier caso, la Comisión recuerda que la supuesta falta de motivación de la presunción de selectividad de las medidas individuales es un argumento ineficaz, ya que la Comisión no basa la presente Decisión en dicha presunción. |
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(355)

Por lo que se refiere a la falta de motivación, la Comisión recuerda que la Decisión de incoar un procedimiento solo debe «resumir las principales cuestiones de hecho y de Derecho, [...] incluir una valoración inicial de la medida estatal de que se trate dirigida a determinar si esta tiene carácter de ayuda y [...] exponer las razones que la llevan a dudar sobre su compatibilidad con el mercado común» (348). Dado el carácter provisional de la evaluación, no puede impedirse la recuperación mediante lo que se percibe como una falta de motivación en la Decisión de incoar un procedimiento. En cualquier caso, la Comisión recuerda que la supuesta falta de motivación de la presunción de selectividad de las medidas individuales es un argumento ineficaz, ya que la Comisión no basa la presente Decisión en dicha presunción.

348

8.2.3.   PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO

| (356) | Por último, Engie invoca el incumplimiento del principio de igualdad de trato al afirmar que una decisión de recuperación solo tendría consecuencias para Engie y no afectaría a los otros contribuyentes que se beneficiaron del mismo trato fiscal (349). Sin embargo, el Tribunal de Justicia ya declaró que el hecho de que otras empresas se beneficien de la ayuda estatal, incluso si son competidoras, no afecta a la clasificación de una medida específica de ayuda estatal (350). Dado que la recuperación es la consecuencia lógica de la existencia de una ayuda ilegal, este razonamiento debe, con más razón, aplicarse a la restitución de la ayuda estatal ilegal. |
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(356)

Por último, Engie invoca el incumplimiento del principio de igualdad de trato al afirmar que una decisión de recuperación solo tendría consecuencias para Engie y no afectaría a los otros contribuyentes que se beneficiaron del mismo trato fiscal (349). Sin embargo, el Tribunal de Justicia ya declaró que el hecho de que otras empresas se beneficien de la ayuda estatal, incluso si son competidoras, no afecta a la clasificación de una medida específica de ayuda estatal (350). Dado que la recuperación es la consecuencia lógica de la existencia de una ayuda ilegal, este razonamiento debe, con más razón, aplicarse a la restitución de la ayuda estatal ilegal.

349

350

| (357) | En conclusión, ningún principio general del Derecho impide la recuperación en el presente caso. |
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(357)

En conclusión, ningún principio general del Derecho impide la recuperación en el presente caso.

8.3.   MÉTODO DE RECUPERACIÓN

MÉTODO DE RECUPERACIÓN

| (358) | La obligación de que el Estado miembro suprima la ayuda ilegal que la Comisión considere incompatible con el mercado interior tiene por objeto restablecer la situación de competencia previamente existente en el mercado. A este respecto, el Tribunal de Justicia declaró que este objetivo se alcanza una vez que el beneficiario ha reembolsado los importes concedidos mediante la ayuda ilegal, perdiendo así la ventaja de la que había disfrutado sobre sus competidores en el mercado, y se restablece la situación anterior a la concesión de la ayuda. |
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(358)

La obligación de que el Estado miembro suprima la ayuda ilegal que la Comisión considere incompatible con el mercado interior tiene por objeto restablecer la situación de competencia previamente existente en el mercado. A este respecto, el Tribunal de Justicia declaró que este objetivo se alcanza una vez que el beneficiario ha reembolsado los importes concedidos mediante la ayuda ilegal, perdiendo así la ventaja de la que había disfrutado sobre sus competidores en el mercado, y se restablece la situación anterior a la concesión de la ayuda.

| (359) | Ninguna disposición del Derecho de la Unión exige que la Comisión, al ordenar la recuperación de una ayuda declarada incompatible con el mercado interior, deba fijar el importe exacto de la ayuda que debe recuperarse (351). Basta con que la decisión de la Comisión incluya información que permita al beneficiario calcular dicho importe sin dificultad (352). El Derecho de la Unión solo exige que la recuperación de la ayuda ilegal restablezca la situación anterior y que la restitución se efectúe según las modalidades previstas por el Derecho nacional (353). Por consiguiente, la Comisión puede limitarse a constatar la obligación de restitución de las ayudas en cuestión y dejar a las autoridades nacionales la labor de calcular el importe exacto de las ayudas que se deben restituir (354). |
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(359)

Ninguna disposición del Derecho de la Unión exige que la Comisión, al ordenar la recuperación de una ayuda declarada incompatible con el mercado interior, deba fijar el importe exacto de la ayuda que debe recuperarse (351). Basta con que la decisión de la Comisión incluya información que permita al beneficiario calcular dicho importe sin dificultad (352). El Derecho de la Unión solo exige que la recuperación de la ayuda ilegal restablezca la situación anterior y que la restitución se efectúe según las modalidades previstas por el Derecho nacional (353). Por consiguiente, la Comisión puede limitarse a constatar la obligación de restitución de las ayudas en cuestión y dejar a las autoridades nacionales la labor de calcular el importe exacto de las ayudas que se deben restituir (354).

351

352

353

354

| (360) | En el caso de una ayuda estatal ilegal en forma de medida fiscal, el importe que se debe recuperar se calculará sobre la base de una comparación entre el impuesto pagado realmente y el importe que se debería haber pagado de no existir las resoluciones fiscales en cuestión. La diferencia entre los dos valores representa la ayuda concedida al beneficiario, que debe recuperarse en su totalidad. |
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(360)

En el caso de una ayuda estatal ilegal en forma de medida fiscal, el importe que se debe recuperar se calculará sobre la base de una comparación entre el impuesto pagado realmente y el importe que se debería haber pagado de no existir las resoluciones fiscales en cuestión. La diferencia entre los dos valores representa la ayuda concedida al beneficiario, que debe recuperarse en su totalidad.

| (361) | Como se explica en la sección 6, la ayuda concedida sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión consiste, básicamente, en la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones de LNG Holding y CEF a los ingresos que corresponden, desde un punto de vista económico, a los importes deducidos en concepto de gastos de LNG Supply y de GSTM, respectivamente (355). Esta aplicación combinada de la exención y la deducción a los mismos importes tuvo como consecuencia que prácticamente todos los beneficios obtenidos por LNG Supply y GSTM eludieran impuestos. Como consecuencia, la ventaja se materializa en el momento en que se aplica la exención de los rendimientos de participaciones, de LNG Holding y CEF, a los ingresos correspondientes a las adiciones al ZORA que previamente se habían deducido de LNG Supply y de GSTM, respectivamente. A este respecto, la Comisión señala que el 31 de diciembre de 2016 (356), el ZORA GSTM todavía no se había convertido a acciones GSTM, lo que significa que, en lo que se refiere a esta operación, la exención de los rendimientos de participaciones todavía no se había aplicado. Por lo tanto, la ayuda concedida sobre la base de las resoluciones fiscales GSTM aún no se ha materializado y, por consiguiente, no hay ningún importe pendiente de recuperación (a menos que el ZORA GSTM se haya convertido a acciones GSTM, que estas acciones se hayan anulado o vendido y que la exención de los rendimientos de participaciones se haya aplicado a los ingresos correspondientes entre el 31 de diciembre de 2016 y la fecha de la presente Decisión). |
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(361)

Como se explica en la sección 6, la ayuda concedida sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión consiste, básicamente, en la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones de LNG Holding y CEF a los ingresos que corresponden, desde un punto de vista económico, a los importes deducidos en concepto de gastos de LNG Supply y de GSTM, respectivamente (355). Esta aplicación combinada de la exención y la deducción a los mismos importes tuvo como consecuencia que prácticamente todos los beneficios obtenidos por LNG Supply y GSTM eludieran impuestos. Como consecuencia, la ventaja se materializa en el momento en que se aplica la exención de los rendimientos de participaciones, de LNG Holding y CEF, a los ingresos correspondientes a las adiciones al ZORA que previamente se habían deducido de LNG Supply y de GSTM, respectivamente. A este respecto, la Comisión señala que el 31 de diciembre de 2016 (356), el ZORA GSTM todavía no se había convertido a acciones GSTM, lo que significa que, en lo que se refiere a esta operación, la exención de los rendimientos de participaciones todavía no se había aplicado. Por lo tanto, la ayuda concedida sobre la base de las resoluciones fiscales GSTM aún no se ha materializado y, por consiguiente, no hay ningún importe pendiente de recuperación (a menos que el ZORA GSTM se haya convertido a acciones GSTM, que estas acciones se hayan anulado o vendido y que la exención de los rendimientos de participaciones se haya aplicado a los ingresos correspondientes entre el 31 de diciembre de 2016 y la fecha de la presente Decisión).

355

356

| (362) | En cambio, el ZORA LNG se convirtió parcialmente en 2014 y las acciones de LNG Supply que recibió LNG Holding en la conversión se anularon el mismo año, dando lugar a un ingreso de 506,2 millones USD para LNG Holding. Estos ingresos no se gravaron debido a la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones. Este importe corresponde a los gastos deducidos, en concepto de adiciones al ZORA, por LNG Supply. |
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(362)

En cambio, el ZORA LNG se convirtió parcialmente en 2014 y las acciones de LNG Supply que recibió LNG Holding en la conversión se anularon el mismo año, dando lugar a un ingreso de 506,2 millones USD para LNG Holding. Estos ingresos no se gravaron debido a la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones. Este importe corresponde a los gastos deducidos, en concepto de adiciones al ZORA, por LNG Supply.

| (363) | Habida cuenta de todo lo anterior, el importe que se debe recuperar debería determinarse: en primer lugar, teniendo en cuenta todos los ingresos registrados en las declaraciones fiscales de LNG Holding correspondientes a las adiciones al ZORA convertidas que previamente LNG Supply se dedujo (357); y, en segundo lugar, aplicando al importe obtenido el régimen fiscal común aplicable a los beneficios de las sociedades en Luxemburgo, incluido el impuesto común sobre las sociedades, el impuesto municipal, los recargos y el impuesto sobre el patrimonio. De este modo, la suma calculada equivaldrá al importe de la ayuda que debe recuperarse para eliminar la ventaja selectiva concedida por Luxemburgo sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión. La Comisión toma nota del hecho de que, hasta el ejercicio fiscal de 2016 incluido, el importe de los ingresos mencionados en las declaraciones fiscales de LNG Holding correspondiente a las adiciones al ZORA convertidas que LNG Supply se dedujo, ascendía a 506,2 millones USD, concedidos durante el ejercicio fiscal de 2014 (358). |
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(363)

Habida cuenta de todo lo anterior, el importe que se debe recuperar debería determinarse: en primer lugar, teniendo en cuenta todos los ingresos registrados en las declaraciones fiscales de LNG Holding correspondientes a las adiciones al ZORA convertidas que previamente LNG Supply se dedujo (357); y, en segundo lugar, aplicando al importe obtenido el régimen fiscal común aplicable a los beneficios de las sociedades en Luxemburgo, incluido el impuesto común sobre las sociedades, el impuesto municipal, los recargos y el impuesto sobre el patrimonio. De este modo, la suma calculada equivaldrá al importe de la ayuda que debe recuperarse para eliminar la ventaja selectiva concedida por Luxemburgo sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión. La Comisión toma nota del hecho de que, hasta el ejercicio fiscal de 2016 incluido, el importe de los ingresos mencionados en las declaraciones fiscales de LNG Holding correspondiente a las adiciones al ZORA convertidas que LNG Supply se dedujo, ascendía a 506,2 millones USD, concedidos durante el ejercicio fiscal de 2014 (358).

357

358

| (364) | El método descrito en el considerando 363 debería aplicarse a CEF en el caso de que un importe de ayuda se hubiera materializado como consecuencia de la conversión (total o parcial) de ZORA GSTM a acciones, la anulación o la venta de estas acciones, y la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones en las declaraciones fiscales de CEF después de la fecha de adopción de la presente Decisión. Lo mismo se aplicará a todas las ayudas adicionales concedidas a LNG Holding en la fecha de adopción de la presente Decisión como consecuencia de la posible conversión posterior del ZORA LNG, la anulación o la venta de las acciones correspondientes de LNG Supply, y la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones en las declaraciones fiscales de LNG Holding. |
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(364)

El método descrito en el considerando 363 debería aplicarse a CEF en el caso de que un importe de ayuda se hubiera materializado como consecuencia de la conversión (total o parcial) de ZORA GSTM a acciones, la anulación o la venta de estas acciones, y la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones en las declaraciones fiscales de CEF después de la fecha de adopción de la presente Decisión. Lo mismo se aplicará a todas las ayudas adicionales concedidas a LNG Holding en la fecha de adopción de la presente Decisión como consecuencia de la posible conversión posterior del ZORA LNG, la anulación o la venta de las acciones correspondientes de LNG Supply, y la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones en las declaraciones fiscales de LNG Holding.

8.4.   ENTIDAD DE LA CUAL DEBE RECUPERARSE LA AYUDA

ENTIDAD DE LA CUAL DEBE RECUPERARSE LA AYUDA

| (365) | Habida cuenta de las observaciones de las secciones 6.6 y 8.3, la Comisión considera que Luxemburgo debería, en primer lugar, recuperar la ayuda ilegal e incompatible que ya se ha materializado por parte de LNG Holding (359). Si LNG Holding no estuviera en condiciones de devolver el importe íntegro de la ayuda obtenida a través de las resoluciones fiscales en cuestión, Luxemburgo debería recuperar cualquier cantidad pendiente por parte de Engie SA, o de uno de sus sucesores, o de las empresas del grupo, ya que esta es la entidad que controla el grupo Engie, que es la única unidad económica que se beneficia de la ayuda. De este modo, se elimina la ventaja indebida concedida sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión y se restablece la situación anterior del mercado mediante la recuperación. |
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(365)

Habida cuenta de las observaciones de las secciones 6.6 y 8.3, la Comisión considera que Luxemburgo debería, en primer lugar, recuperar la ayuda ilegal e incompatible que ya se ha materializado por parte de LNG Holding (359). Si LNG Holding no estuviera en condiciones de devolver el importe íntegro de la ayuda obtenida a través de las resoluciones fiscales en cuestión, Luxemburgo debería recuperar cualquier cantidad pendiente por parte de Engie SA, o de uno de sus sucesores, o de las empresas del grupo, ya que esta es la entidad que controla el grupo Engie, que es la única unidad económica que se beneficia de la ayuda. De este modo, se elimina la ventaja indebida concedida sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión y se restablece la situación anterior del mercado mediante la recuperación.

359

9.   CONTROL DE LA APLICACIÓN DE LA DECISIÓN

CONTROL DE LA APLICACIÓN DE LA DECISIÓN

| (366) | Como se explica en la sección 6.2, es la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones de LNG Holding y CEF a los ingresos correspondientes, desde un punto de vista económico, a los importes deducidos en concepto de gastos por parte de LNG Supply y GSTM (las adiciones al ZORA) que genera una ventaja indebida y que constituye materialmente la ayuda concedida por Luxemburgo sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión. Como tal, la Comisión no cuestiona la legalidad, en virtud del Derecho fiscal de Luxemburgo, de la estructura completa establecida por Engie para la transferencia de las dos actividades. Simplemente cuestiona los efectos concretos de dicha estructura sobre el total de impuestos adeudados por el grupo Engie, a saber, el hecho de que casi todos los beneficios obtenidos por LNG Supply y GSTM en Luxemburgo, en realidad, no se gravan. En particular, la Comisión exige, sobre todo, que Luxemburgo no aplique la exención de los rendimientos de participaciones en las sociedades de cartera a cualquier ingreso que corresponda a importes deducidos previamente de la renta imponible de las filiales. |
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(366)

Como se explica en la sección 6.2, es la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones de LNG Holding y CEF a los ingresos correspondientes, desde un punto de vista económico, a los importes deducidos en concepto de gastos por parte de LNG Supply y GSTM (las adiciones al ZORA) que genera una ventaja indebida y que constituye materialmente la ayuda concedida por Luxemburgo sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión. Como tal, la Comisión no cuestiona la legalidad, en virtud del Derecho fiscal de Luxemburgo, de la estructura completa establecida por Engie para la transferencia de las dos actividades. Simplemente cuestiona los efectos concretos de dicha estructura sobre el total de impuestos adeudados por el grupo Engie, a saber, el hecho de que casi todos los beneficios obtenidos por LNG Supply y GSTM en Luxemburgo, en realidad, no se gravan. En particular, la Comisión exige, sobre todo, que Luxemburgo no aplique la exención de los rendimientos de participaciones en las sociedades de cartera a cualquier ingreso que corresponda a importes deducidos previamente de la renta imponible de las filiales.

| (367) | Puesto que los contratos ZORA expiran en 2024 y en 2026 (360), una gran parte de la ventaja conferida a Engie mediante las resoluciones fiscales en cuestión se materializará en el futuro, en función de las elecciones de Engie en el momento de la conversión de los ZORA a acciones de LNG Supply y de GSTM, y de la anulación o la venta posterior de estas. Por lo tanto, la Comisión considera que además de la obligación de recuperar la ayuda que ya se ha materializado, tal como se describe en la sección 8, Luxemburgo no debe aceptar la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones, de LNG Holding y CEF, a los ingresos correspondientes a las adiciones al ZORA ya deducidas por LNG Supply y GSTM, respectivamente, ya sea a la fecha de expiración de los contratos ZORA en 2024 y en 2026, antes, o incluso después de 2026 (361). |
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(367)

Puesto que los contratos ZORA expiran en 2024 y en 2026 (360), una gran parte de la ventaja conferida a Engie mediante las resoluciones fiscales en cuestión se materializará en el futuro, en función de las elecciones de Engie en el momento de la conversión de los ZORA a acciones de LNG Supply y de GSTM, y de la anulación o la venta posterior de estas. Por lo tanto, la Comisión considera que además de la obligación de recuperar la ayuda que ya se ha materializado, tal como se describe en la sección 8, Luxemburgo no debe aceptar la aplicación de la exención de los rendimientos de participaciones, de LNG Holding y CEF, a los ingresos correspondientes a las adiciones al ZORA ya deducidas por LNG Supply y GSTM, respectivamente, ya sea a la fecha de expiración de los contratos ZORA en 2024 y en 2026, antes, o incluso después de 2026 (361).

360

ya

361

| (368) | Dado que una gran parte de la ayuda concedida a Engie aún no se ha materializado, y con el fin de verificar que esto no se produce en el futuro, será necesario que Luxemburgo facilite a la Comisión las declaraciones fiscales, las cuentas sociales y las liquidaciones del impuesto finales de las siguientes entidades del grupo Engie: Engie LNG Supply, SA, Engie Treasury Management S.à.r.l., Engie LNG Holding S.à.r.l., Engie Invest International SA (incluidas las declaraciones fiscales y las liquidaciones del impuesto en el marco del régimen de integración fiscal) (362), Engie LNG (Luxembourg) S.à.r.l. y Electrabel Invest Luxembourg SA La Comisión también deberá recibir todas las resoluciones fiscales nuevas que adopte Luxemburgo en favor de las entidades mencionadas arriba o de cualquier otra entidad del grupo Engie, relativas al trato fiscal de las estructuras aplicadas por Engie en el marco de las resoluciones fiscales en cuestión. Esta información es necesaria para garantizar la aplicación continua de la presente Decisión a lo largo del tiempo. En efecto, la Comisión verificará, sobre todo para cada ejercicio, que no se aplique ninguna exención de los rendimientos de participaciones, de Engie LNG Holding S.à.r.l. y de Engie Invest International S.A, a los ingresos correspondientes a las adiciones al ZORA deducidas por Engie LNG Supply, SA y Engie Treasury Management S.à.r.l., respectivamente. Esta obligación de control se aplicará independientemente de si se ha completado la operación prevista descrita en el considerando 22, es decir, que la sociedad matriz de Engie LNG Supply, SA pertenezca al grupo Engie o al grupo Total. Además, si Engie decide revisar las estructuras ejecutadas por las resoluciones fiscales en cuestión, Luxemburgo debe informar a la Comisión de las modificaciones correspondientes y de sus efectos sobre el impuesto total adeudado por el grupo Engie en Luxemburgo. Las obligaciones mencionadas en el presente considerando seguirán vigentes mientras que las acciones de LNG Supply y de GSTM no se conviertan totalmente y se anulen o se vendan. |
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(368)

Dado que una gran parte de la ayuda concedida a Engie aún no se ha materializado, y con el fin de verificar que esto no se produce en el futuro, será necesario que Luxemburgo facilite a la Comisión las declaraciones fiscales, las cuentas sociales y las liquidaciones del impuesto finales de las siguientes entidades del grupo Engie: Engie LNG Supply, SA, Engie Treasury Management S.à.r.l., Engie LNG Holding S.à.r.l., Engie Invest International SA (incluidas las declaraciones fiscales y las liquidaciones del impuesto en el marco del régimen de integración fiscal) (362), Engie LNG (Luxembourg) S.à.r.l. y Electrabel Invest Luxembourg SA La Comisión también deberá recibir todas las resoluciones fiscales nuevas que adopte Luxemburgo en favor de las entidades mencionadas arriba o de cualquier otra entidad del grupo Engie, relativas al trato fiscal de las estructuras aplicadas por Engie en el marco de las resoluciones fiscales en cuestión. Esta información es necesaria para garantizar la aplicación continua de la presente Decisión a lo largo del tiempo. En efecto, la Comisión verificará, sobre todo para cada ejercicio, que no se aplique ninguna exención de los rendimientos de participaciones, de Engie LNG Holding S.à.r.l. y de Engie Invest International S.A, a los ingresos correspondientes a las adiciones al ZORA deducidas por Engie LNG Supply, SA y Engie Treasury Management S.à.r.l., respectivamente. Esta obligación de control se aplicará independientemente de si se ha completado la operación prevista descrita en el considerando 22, es decir, que la sociedad matriz de Engie LNG Supply, SA pertenezca al grupo Engie o al grupo Total. Además, si Engie decide revisar las estructuras ejecutadas por las resoluciones fiscales en cuestión, Luxemburgo debe informar a la Comisión de las modificaciones correspondientes y de sus efectos sobre el impuesto total adeudado por el grupo Engie en Luxemburgo. Las obligaciones mencionadas en el presente considerando seguirán vigentes mientras que las acciones de LNG Supply y de GSTM no se conviertan totalmente y se anulen o se vendan.

362

10.   CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN

| (369) | En conclusión, la Comisión constata que Luxemburgo, infringiendo el artículo 107, apartado 1, y el artículo 108, apartado 3, del Tratado, concedió ilegalmente a Engie una ayuda estatal sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión. Luxemburgo tiene la obligación de recuperar dicha ayuda estatal de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) 2015/1589 por parte de LNG Holding o, si esta empresa no devuelve todo el importe de la ayuda, debe exigirse a Engie SA o a uno de sus sucesores o a las sociedades del grupo la devolución del resto del importe de la ayuda. Luxemburgo también debe garantizar que no se conceda ninguna ayuda adicional en el futuro a Engie o a cualquiera de las empresas de su grupo como consecuencia del trato fiscal establecido en las resoluciones fiscales en cuestión. Por lo tanto, la Comisión, |
| --- | --- |

(369)

En conclusión, la Comisión constata que Luxemburgo, infringiendo el artículo 107, apartado 1, y el artículo 108, apartado 3, del Tratado, concedió ilegalmente a Engie una ayuda estatal sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión. Luxemburgo tiene la obligación de recuperar dicha ayuda estatal de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) 2015/1589 por parte de LNG Holding o, si esta empresa no devuelve todo el importe de la ayuda, debe exigirse a Engie SA o a uno de sus sucesores o a las sociedades del grupo la devolución del resto del importe de la ayuda. Luxemburgo también debe garantizar que no se conceda ninguna ayuda adicional en el futuro a Engie o a cualquiera de las empresas de su grupo como consecuencia del trato fiscal establecido en las resoluciones fiscales en cuestión. Por lo tanto, la Comisión,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La ayuda estatal concedida en favor de Engie SA y de todas las empresas directa o indirectamente controladas por Engie SA, sobre la base de la resolución fiscal emitida por la Administración tributaria luxemburguesa el 9 de septiembre de 2008, modificada y completada por las resoluciones fiscales de 30 de septiembre de 2008, 3 de marzo de 2009, 9 de marzo de 2012 y 13 de marzo de 2014, y sobre la base de la resolución fiscal emitida por la Administración tributaria luxemburguesa el 9 de febrero de 2010, completada por la resolución fiscal de 15 de junio de 2012, ejecutada ilegalmente por Luxemburgo infringiendo el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es incompatible con el mercado interior.

Artículo 2

1.   Luxemburgo debe recuperar la ayuda incompatible e ilegal mencionada en el artículo 1 por parte de Engie LNG Holding S.à.r.l.

2.   Los importes que no se puedan recuperar de Engie LNG Holding S.à.r.l. en el marco de la recuperación mencionada en el apartado 1 deberán recuperarse de Engie SA o de alguno de sus sucesores o de alguna de las sociedades del grupo.

3.   Los importes pendientes de recuperación devengarán intereses desde la fecha en que se pusieron a disposición de los beneficiarios hasta su recuperación.

4.   Los intereses se calcularán sobre una base compuesta de conformidad con el capítulo V del Reglamento (CE) n.o 794/2004.

5.   Luxemburgo dejará de conceder la medida de ayuda mencionada en el artículo 1 a partir de la fecha de adopción de la presente Decisión.

Artículo 3

1.   La recuperación de la ayuda concedida en virtud de las medidas a las que se refiere el artículo 1 será inmediata y efectiva.

2.   Luxemburgo velará por que la presente Decisión se aplique en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de su notificación.

Artículo 4

1.   En un plazo de dos meses tras la notificación de la presente Decisión, Luxemburgo facilitará información relativa al método utilizado para calcular el importe exacto de la ayuda.

2.   Luxemburgo mantendrá informada a la Comisión del avance de las medidas nacionales adoptadas para aplicar la presente Decisión, hasta que la recuperación de la ayuda concedida en virtud de las medidas a que se refiere el artículo 1 haya concluido. Presentará inmediatamente, a petición de la Comisión, información sobre las medidas ya tomadas y las medidas previstas para cumplir la presente Decisión.

Artículo 5

El destinatario de la presente Decisión es el Gran Ducado de Luxemburgo.

Hecho en Bruselas, el 20 de junio de 2018.

Por la Comisión

Margrethe VESTAGER

Miembro de la Comisión

---

(1)  
  DO C 36 de 3.2.2017, p. 13.

1

(2)  Esta carta se envió con el número de referencia SA.37267 (2013/CP) — Prácticas de resolución fiscal — Luxemburgo.

2

(3)  En 2015, el grupo GDF Suez cambió su nombre a Engie; véase el sitio web de Engie (https://www.engie.com/groupe/histoire-groupe-engie/).

3

(4)  Rebautizada LNG Supply SA en 2015 Engie. «LNG» es la sigla de liquidified natural gas (gas natural licuado).

4

liquidified natural gas

(5)  Rebautizada Engie Treasury Management S.à.r.l. en 2015.

5

(6)  Aunque el significado exacto de la sigla ZORA no figura en el expediente, ni lo ha aclarado Luxemburgo, la Comisión asume que corresponde a Zéro-intérêts Obligation Remboursable en Actions (obligación de interés nulo reembolsable en acciones).

6

Zéro-intérêts Obligation Remboursable en Actions

(7)  Decisión de la Comisión de 19 de septiembre de 2016 sobre el asunto SA.44888 (2016/NN) (ex 2016/EO), «Potencial ayuda a GDF Suez» (DO C 36 de 3.2.2017, p. 13).

7

(8)  Véase la nota a pie de página 1.

8

(9)  Véase el sitio web de Engie (https://www.engie.com/groupe/histoire-groupe-engie/).

9

(10)  Véase el sitio web de Engie (http://www.engie.com/journalistes/communiques-de-presse/gdf-suez-devient-engie/).

10

(11)  En 2014, gestionaba alrededor de 650 centrales en todo el mundo [Engie, Cifras clave, https://library.engie.com/uid_3b0d9abd-abf7-404d-913f-0c30f10eb8d0#app=3d20&9557-source=xmlConfs/init.xml&l=fr&p=0&v=Version1].

11

(12)  El 31 de diciembre de 2016 (http://www.engie.com/wp-content/uploads/2017/03/chifres-cles-2016-v1_va.jpg).

12

(13)  Engie, cifras clave (http://www.engie.com/wp-content/uploads/2017/03/chifres-cles-2016-v1_va.jpg).

13

(14)  Engie, Resultados anuales de 2016, anexos FY 2016 (https://www.engie.com/investisseurs/resultats-3/resultats-2016/). 3 800 millones EUR se generaron en América Latina, 4 700 millones EUR en América del Norte, 5 500 millones EUR en Asia, Oriente Medio y Oceanía y 300 millones EUR en África.

14

(15)  
  Ibídem 15,1 % en América Latina, 5,9 % en América del Norte y 11,6 % en el resto del mundo.

15

Ibídem

(16)  Rebautizada Engie Invest International SA en 2015.

16

(17)  Véanse las cuentas sociales no auditadas de CEF a fecha de 31 de diciembre de 2014.

17

(18)  Véase https://www.engie.com/wp-content/uploads/2015/06/gsii-co.pdf.

18

(19)  Véase la solicitud de resolución fiscal de 15 de junio de 2012, página 2.

19

(20)  Rebautizada Engie LNG Holding S.à.r.l. en 2015.

20

(21)  Véanse las cuentas sociales de LNG Holding a 31 de diciembre de 2013.

21

(22)  Según la solicitud de resolución fiscal de 9 de septiembre de 2008, los principales activos en ese momento eran los siguientes: un acuerdo de capacidad para la terminal de GNL y un acuerdo de intercambio para esta terminal, un acuerdo de compra y venta de GNL con Yemen LNG LLC, diversos contratos de fletamento y contratos de almacenamiento a largo plazo. La lista completa de los activos transferidos figura en el anexo 1 del acuerdo de transferencia de actividad, de 30 de octubre de 2009, entre GDF Suez LNG Trading, SA, y LNG Supply.

22

(23)  El 11 de abril de 2018, la Comisión decidió, en virtud del artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (DO L 24 de 29.1.2004, p. 1) no oponerse a la adquisición por parte de Total SA del control exclusivo de determinadas partes de la actividad de GNL de Engie, incluida LNG Supply.

23

o

(24)  Inferior al 1 % de los beneficios realmente logrados por la filial en sus actividades comerciales.

24

(25)  En el caso de que la filial registre pérdidas a lo largo de la vigencia del ZORA, las adiciones al ZORA serán negativas y reducirán el importe nominal del ZORA.

25

(26)  Por ejemplo, si cancela las acciones que ha recibido en virtud del contrato de futuros.

26

(27)  A pesar de que las resoluciones fiscales en cuestión previeran que la entidad intermediaria no tributaría con arreglo a una disposición particular del derecho fiscal de Luxemburgo (artículo 22 bis), que permite aplazar la tributación de las plusvalías derivadas de la conversión de préstamos en participaciones, Luxemburgo añadió que, en lo que respecta a la única conversión que tuvo lugar en la fecha de la presente resolución, las empresas no habían hecho uso de esta disposición. En cualquier caso, con independencia de la aplicación de esta disposición especial, la entidad intermediaria no tendrá beneficios en el momento de la conversión.

27

bis

(28)  En realidad, la filial solo tributa por menos del 1 % de los beneficios realmente obtenidos en sus actividades comerciales.

28

(29)  Véase el considerando 22.

29

(30)  Véase el considerando 20.

30

(31)  Véase la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, sección 1.

31

(32)  La gestión efectiva de LNG Trading se transfirió a los Países Bajos (véase la solicitud de resolución fiscal de 30 de septiembre de 2008). Posteriormente, el 1 de octubre de 2012 se liquidó la sociedad [véase la carta enviada por Luxemburgo el 25 de junio de 2015 con referencia SA 37.267 (2013/CP) – Prácticas de resolución fiscal – Luxemburgo].

32

(33)  Estos cambios en la estructuración de la transferencia de activos, sin embargo, no afectan al trato fiscal de las distintas empresas.

33

(34)  Que, a más tardar, interviene al vencimiento del ZORA, véase el considerando 34 (2).

34

(35)  En concreto, la estructura se aplicó de la manera siguiente: LNG Supply adquirió la actividad de GNL a cambio de dos créditos, uno de [7-12] millones USD, y el otro representaba el valor real de mercado de la actividad de GNL descontando [7-12] millones USD. El segundo crédito lo transfirió LNG Trading a LNG Holding, que, a su vez, lo transfirió a LNG Luxembourg a cambio del contrato de futuros LNG. LNG Luxembourg transfirió el crédito a LNG Supply a cambio del ZORA LNG (véase la solicitud de resolución fiscal de 2009, sección 1).

35

[7-12]

[7-12]

(36)  Presentado por Luxemburgo el 16 de junio de 2017.

36

(37)  Véase el contrato de transferencia LNG, punto 2.1.

37

(38)  Véase el contrato de transferencia LNG, puntos 2.1, 3 y 4.3.

38

(39)  Presentado por Luxemburgo el 21 de noviembre de 2016.

39

(40)  Véase el contrato ZORA LNG, punto 2.

40

(41)  Véase el contrato ZORA LNG, punto 5.

41

(42)  Véase el contrato ZORA LNG, punto 4.

42

(43)  Véase el contrato ZORA LNG, puntos 4 y 5.

43

(44)  Véase el contrato ZORA LNG, punto 2.

44

(45)  Véase el contrato ZORA LNG, punto 5.2 y definiciones del punto 1.

45

(46)  Presentado por Luxemburgo el 21 de noviembre de 2016.

46

(47)  Véase el punto 2 del contrato de futuros de LNG. La diferencia entre el precio de transferencia de los activos de GNL en virtud del contrato de transferencia de la actividad (657 millones USD) y el «precio de emisión» del ZORA LNG y el precio fijado en virtud del contrato de futuros LNG (646 millones USD) corresponde al pagaré de 11 millones USD emitido por LNG Supply y que no está incluido en la estructura de financiación (véase la nota a pie de página 35).

47

(48)  Véase el punto 3 del contrato de futuros LNG.

48

(49)  La solicitud de resolución fiscal LNG 2008 indica que «el ZORA se acumulará hasta alcanzar el beneficio antes de impuestos de [LNG Supply] descontando el margen neto [...]. El incremento del valor de la obligación en virtud del ZORA generará una tasa deducible equivalente para [LNG Supply]» (solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, página 2). Este aumento de la obligación se menciona en la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008 con la denominación «acreción en el ZORA» o «tasa sobre el ZORA».

49

(50)  La solicitud de resolución fiscal LNG de 2012 especifica que “el margen neto de [1/(50-100)]% del valor de los activos brutos” debe considerarse que se refiere al valor medio de los activos financiados por el ZORA, mientras que el “volumen de negocios bruto” debería considerarse como los ingresos totales de LNG Supply, tal como se indica en sus cuentas, incluidas la facturación y las tasas derivadas de los intereses deudores asumidos y de las diferencias de cambio asociadas a las diversas actividades de LNG Supply.

50

(51)  Véase la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, página 5, apartado 6, y para la explicación, página 3.

51

(52)  Véase la solicitud de resolución fiscal de 2008, página 2. Esto significa que las adiciones al ZORA también podrían haber sido negativas, cuando LNG Supply registrara pérdidas.

52

(53)  Véase la solicitud de resolución fiscal de 2008, página 3.

53

(54)  La solicitud de resolución fiscal LNG de 2008 reconoce (nota a pie de página 4) que, «si no existen exigencias específicas en virtud de la legislación de Luxemburgo y a fin de reflejar el fondo económico de la remuneración del ZORA, se recomienda que [LNG Luxembourg] contabilice los ingresos de toda la vigencia del ZORA. Esto provocaría un aumento del valor del ZORA en las cuentas de [LNG Luxembourg], salvo que el valor real del ZORA sea inferior».

54

(55)  El artículo 22 bis, párrafo 2, de la LIR establece lo siguiente: «No obstante lo dispuesto en el artículo 22, párrafo 5, las operaciones de intercambio mencionadas en los puntos 1 a 4 siguientes no conducirán a la realización de las plusvalías inherentes a los bienes de intercambio, a menos que, en los casos mencionados en los puntos 1, 3 y 4, el acreedor o el socio renuncie a la aplicación de la presente disposición: 1. Para la conversión de un préstamo: la asignación al acreedor de títulos representativos del capital social del deudor. En caso de conversión de un préstamo de capitalización convertible, el interés capitalizado correspondiente al período de funcionamiento anterior a la conversión se gravará en el momento del cambio». En la práctica, esto significa que, a efectos del sistema tributario luxemburgués, el precio histórico de adquisición y la fecha de adquisición histórica del ZORA se utilizarán para las acciones emitidas en ese momento.

55

bis

(56)  Véase la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, apartado 7, página 5.

56

(57)  Véase la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, apartado 7, página 5.

57

(58)  Véase la solicitud de resolución fiscal de 2008, página 3.

58

(59)  Véase la solicitud de resolución fiscal de 2008, página 3.

59

(60)  Véase la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, página 4 (subrayado añadido por la Comisión).

60

(61)  Véase la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, página 9.

61

(62)  Véase la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, sección 3.1.

62

(63)  Véase la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, sección 3.2.

63

(64)  Véase la nota 9 de las cuentas sociales de LNG Supply 2010.

64

(65)  Véase, para cada año, la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre actividades económicas, anexo 1.

65

(66)  Véase la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre actividades económicas de 2014, anexo 1.

66

(67)  Véase, para cada año, la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre actividades económicas, anexo 1.

67

(68)  Véase, para cada año, la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre actividades económicas, anexo 2.

68

(69)  Según la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre actividades económicas de 2014, anexo 2, las adiciones al ZORA correspondientes a 2014, ascendieron a [250-350] millones USD. Esto significa que el importe al que se redujeron efectivamente las adiciones al ZORA acumuladas en 2017 ascendió a [450-550] millones USD (lo que corresponde a la suma de [250-350] millones USD y de 193,8 millones USD).

69

(70)  Esta cifra corresponde al cálculo del margen LNG, tal como se establece en el anexo 3 de la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre actividades económicas para 2011. En declaraciones fiscales de otros años se puede encontrar un cálculo similar.

70

(71)  Según la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre actividades económicas de 2011, este importe se convirtió en [2 500 000-3 500 000] EUR.

71

(72)  A saber, [100 000-300 000] EUR en virtud del impuesto municipal sobre actividades económicas y [550 000-750 000] EUR en virtud del impuesto sobre los ingresos de las sociedades.

72

(73)  Véase la nota 8 de las cuentas sociales de 2014 de LNG Supply.

73

(74)  Véanse los considerandos 46 y 47. Sin embargo, tal como se indica en la nota a pie de página 69, el importe al que se redujeron efectivamente las adiciones al ZORA acumuladas ascendió a [450-550] millones USD.

74

(75)  El importe de 699,9 millones USD también incluye las adiciones al ZORA correspondientes a 2014 (véanse las notas a pie de página 69 y 74).

75

(76)  Véase la nota 7 de las cuentas sociales de LNG Supply de 2014.

76

(77)  Véase la nota 8 de las cuentas sociales de LNG Supply de 2015.

77

(78)  Véase la nota 8 de las cuentas sociales de LNG Supply de 2016.

78

(79)  Véase la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre actividades económicas de 2013, anexo 1.

79

(80)  Véase el considerando 38.

80

(81)  Véase la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre actividades económicas de 2013, anexo 1.

81

(82)  Véase la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre actividades económicas de 2014, anexos 1 y 2.

82

(83)  Véanse las notas 4 y 5 de las cuentas sociales de LNG Luxembourg de 2015.

83

(84)  Véanse las notas 3 y 6 de las cuentas sociales de LNG Luxembourg de 2016.

84

(85)  Véase, por ejemplo, la nota 3 de las cuentas sociales de LNG Supply de 2013.

85

(86)  Véase, para cada año desde 2012, la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre las actividades económicas, información relativa a las participaciones a que se refiere el artículo 166 de la LIR.

86

(87)  Véase la nota 3 de las cuentas sociales de LNG Holding de 2014. El importe de la plusvalía corresponde aproximadamente al importe de las adiciones al ZORA acumuladas convertidas (véase la nota a pie de página 74).

87

(88)  Véase la nota 3 de las cuentas sociales de LNG Holding de 2015 y 2016.

88

(89)  Que, a más tardar, interviene al vencimiento del ZORA, véase el considerando 63 (2).

89

(90)  En concreto, la estructura se aplicó de la manera siguiente: CEF transfiere la actividad de financiación y de gestión de tesorería a GSTM a cambio de un pagaré de GSTM. CEF cede el pagaré a EIL a cambio de un segundo pagaré del mismo importe emitido por EIL dirigido a CEF. Posteriormente, GSTM emitirá el ZORA GSTM a favor de EIL a cambio del primer pagaré. EIL financiará la inversión en el ZORA GSTM a través del contrato de futuros GSTM celebrado con CEF. Como contrapartida del contrato de futuros GSTM, CEF pagará un importe igual al segundo pagaré que se compensará (véase la solicitud de resolución fiscal GSTM 2010 sección I).

90

(91)  Según el apartado 5 de la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2012, «el ZORA emitido por GSTM podrá aumentarse. Se prevé que el importe total emitido en virtud del ZORA oscile entre [7 000-12 000] y [37 000-42 000] millones EUR». Según las cuentas y las declaraciones fiscales de GSTM, a fecha de 31 de diciembre de 2016, el importe del ZORA GSTM no se había incrementado.

91

(92)  
  «Propuesta de cesión de un sector de actividad entregada en el Registro mercantil y de sociedades de Luxemburgo», presentada por Luxemburgo el 16 de junio de 2017.

92

(93)  Véase la Propuesta de cesión de un sector de actividad — Memorial C — 13 de mayo de 2011 – sección 1: «En consideración de esta cesión de actividades, la empresa beneficiaria emitirá un pagaré por un importe equivalente a: 1 036 912 506,84 EUR».

93

(94)  Presentado por Luxemburgo el 21 de noviembre de 2016.

94

(95)  El contrato de 2014 se firmó tras una solicitud de financiación adicional y cubre cualquier importe previamente utilizado.

95

(96)  Véase la cláusula 2 de los contratos ZORA GSTM.

96

(97)  Véase la cláusula 5 de los contratos ZORA GSTM.

97

(98)  Véase la cláusula 4 de los contratos ZORA GSTM.

98

(99)  Véanse las cláusulas 4 y 5 de los contratos ZORA GSTM.

99

(100)  Véase la cláusula 2 de los contratos ZORA GSTM.

100

(101)  Véanse la cláusula 5.2 de los contratos ZORA GSTM, y las definiciones de la cláusula 1.

101

(102)  Presentado por Luxemburgo el 21 de noviembre de 2016.

102

(103)  Véase la cláusula 2 del contrato de futuros GSTM.

103

(104)  Véase la cláusula 3 del contrato de futuros GSTM.

104

(105)  Véase la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010, página 2.

105

(106)  Véase la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010, página 2.

106

(107)  Véase la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010, página 5, apartado 5.

107

(108)  Véase la solicitud de resolución fiscal de 2012, página 2. «APA» es una abreviatura de «Acuerdo previo sobre precios de transferencia».

108

(109)  Véase la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre actividades económicas de 2011, anexo 3.

109

(110)  Circular del director de aportaciones n.o 164/2 de 28 de enero de 2011.

110

o

(111)  Véase la circular 164/2, apartado 4.2.

111

(112)  Véase la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre actividades económicas de 2012, anexo 3.

112

(113)  Véase la carta de Luxemburgo de 23 de mayo de 2016.

113

(114)  Véase la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010, página 2. En la misma línea, la solicitud de la resolución fiscal GSTM de 2012 reza como sigue: «en el caso de que el trato contable sea distinto a la adición anual en virtud del contrato ZORA, con fines fiscales, GSTM continuará declarando solo el margen».

114

(115)  Véase la sección 2.2.3.4.

115

(116)  Véase la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010, página 3 y las notas a pie de página 3 y 4, que contiene argumentos idénticos a los que se utilizaron en la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008 (véase el considerando 38).

116

(117)  Véase la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010, página 3.

117

(118)  Véase la solicitud fiscal GSTM de 2010, apartado 6, página 6.

118

(119)  Véase la sección 2.2.3.5.

119

(120)  Véase la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010, página 3.

120

(121)  Véase la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010, página 5, apartado 2 (subrayado añadido por la Comisión).

121

(122)  Véanse también las notas explicativas del balance de GSTM a 31 de diciembre de 2011, declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre actividades económicas de 2011 de GSTM, anexo 3.

122

(123)  Véase, para cada año, la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre actividades económicas, anexo 1.

123

(124)  Véase, para cada año, la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre actividades económicas, anexo 1.

124

(125)  Véase, para cada año, la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre actividades económicas, anexo 2.

125

(126)  Esta cifra corresponde a la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre actividades económicas correspondiente a 2011, anexo 3.

126

(*1)  calculada sobre una base mensual

*1

(127)  Véase el considerando 64.

127

(128)  Véase la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre actividades económicas de 2012, anexo 3.

128

(129)  Véase la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre actividades económicas de 2012, anexo 3.

129

(130)  Véase, para cada año, el balance de EIL en la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre actividades económicas, anexo 1.

130

(131)  Véase el considerando 67.

131

(132)  Véase, para cada año, la declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre las actividades económicas, información relativa a las participaciones a que se refiere el artículo 166 de la LIR.

132

(133)  Artículo 159, apartado 1 de la LIR: «Se consideran contribuyentes residentes sujetos al pago del impuesto sobre la renta de las sociedades a las entidades de carácter colectivo que se describen a continuación, siempre que su domicilio social o administración central se encuentre en el Grand Ducado de Luxemburgo». Artículo 159, apartado 2, de la LIR: «El impuesto de sociedades se aplica a todos los ingresos del contribuyente».

133

(134)  Artículo 163, apartado 1 de la LIR: «El impuesto de sociedades se recauda sobre la renta imponible del contribuyente durante el año natural.»

134

(135)  El impuesto de sociedades de Luxemburgo consiste en un impuesto sobre los beneficios (el «impuesto sobre la renta de las sociedades»), cuyo tipo se fija en el 21 %, y, para las empresas establecidas en la ciudad de Luxemburgo, un impuesto comercial sobre los beneficios («impuesto comercial»), cuyo tipo se fija en el 6,75 %. Además, se aplica un incremento del 5 % al impuesto sobre la renta de las sociedades del 21 % para alimentar un fondo de empleo. En 2012, el incremento de solidaridad aumentó del 5 % al 7 % con efecto a partir del ejercicio fiscal de 2013. Con los cambios introducidos a partir del ejercicio fiscal de 2013, el tipo impositivo acumulado aumentó del 28,80 % al 29,22 % para los ingresos de las empresas establecidas en la ciudad de Luxemburgo. Asimismo, las empresas de Luxemburgo están sujetas a un impuesto anual sobre el patrimonio, que afecta a sus activos netos y que consiste en un gravamen del 0,5 % del valor neto del patrimonio que poseen en el mundo y se aplica el 1 de enero de cada año.

135

(136)  Artículo 23, apartado 1 de la LIR: «[...] la valoración de los bienes de los activos netos invertidos deberá cumplir las normas establecidas en los siguientes apartados y, por lo que se refiere a los operadores obligados a llevar una contabilidad periódica, los principios de tal compatibilidad».

136

(137)  Artículo 40, apartado 1, de la LIR: «Cuando los requisitos de evaluación fiscal no requieran una evaluación de un determinado importe, los valores que deben utilizarse para determinar el balance fiscal deben ser los del balance comercial o deben acercarse a ellos tanto como sea posible en el marco de los requisitos pertinentes, en función de que los valores del balance comercial cumplan o no cumplan los mismos requisitos».

137

(138)  Artículo 97, apartado 1, de la LIR: «Los siguientes se considerarán rendimientos del capital mobiliario: 1. Los dividendos, las participaciones en beneficios y otros rendimientos asignados, en cualquier forma, por cuenta de acciones, participaciones del capital, participaciones en beneficios u otras participaciones de cualquier naturaleza en las sociedades a que se refieren los artículos 159 y 160.»

138

(139)  Dictamen del Consejo de Estado de 2 de abril de 1965 sobre el artículo 242 del proyecto de ley del impuesto sobre la renta: «Considera que los beneficios sociales generados por una sociedad filial y que pasan por una sociedad matriz antes de distribuirse a sus accionistas están expuestos a una triple imposición que, por razones de equidad fiscal y de orden económico, hay que evitar
  » (subrayado añadido por la Comisión).

139

están expuestos a una triple imposición que, por razones de equidad fiscal y de orden económico, hay que evitar

(140)  Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (DO L 225 de 20.8.1990, p. 6).

140

(141)  Artículo 166, apartado 1, de la LIR: «Los rendimientos de una participación [...] estarán exentos cuando, en la fecha en que se pongan a disposición, el beneficiario sea titular o se comprometa a poseer dicha participación durante un período ininterrumpido de al menos doce meses y que durante este período la participación no sea inferior al 10 % o que el precio de adquisición no sea inferior a 1 200 000 EUR».

141

(142)  Reglamento del Gran Ducado, de 21 de diciembre de 2001, por el que se aplica el artículo 166, apartado 9, punto 1 de la Ley modificada de 4 de diciembre de 1967 sobre el impuesto sobre la renta.

142

(143)  Artículo 166, apartado 9, de la LIR: «El Reglamento del Gran Ducado puede: 1. Ampliar la exención, según las condiciones que se determinen, a los rendimientos obtenidos por la venta de participaciones; 2. Estipular, según las condiciones que se especifiquen, que las pérdidas de la venta no son deducibles». Artículo 1, apartado 1, del Reglamento de 21 de diciembre de 2001: «Cuando un contribuyente, a que se refiere el artículo 166, apartado 1, puntos 1 a 4, vende los títulos de una participación directa del capital social de una sociedad mencionada en el apartado 2, puntos 1 a 3 del mismo artículo, los rendimientos obtenidos de la venta están exentos, cuando a la fecha de la enajenación de los títulos el vendedor posee o se compromete a poseer dicha participación durante un período ininterrumpido de al menos doce meses y que durante todo este período el tipo de participación no es inferior al 10 % o el precio de adquisición no es inferior a 6 000 000 EUR».

143

(144)  Artículo 164, apartado 1, de la LIR: «Para determinar los rendimientos imponibles, no es relevante que estos se hayan distribuido o no a los titulares».

144

(145)  Artículo 164, apartado 2, de la LIR: «El apartado anterior considera una distribución cualquier tipo de repartición a tenedores de acciones, participaciones sociales o acciones de fundadores, participaciones de usufructo o de cualquier otro título, incluidos los bonos de ingresos que conceden derechos sobre una participación en el beneficio anual o el beneficio de liquidación.»

145

(146)  Artículo 22, apartado 5, de la LIR: «El intercambio de bienes se considerará una venta a título oneroso del bien entregado a cambio, seguida de la compra a título oneroso del bien recibido a cambio. El precio de venta del bien entregado a cambio corresponderá a su valor realizable estimado».

146

(147)  El artículo 22 bis, apartado 2, punto 1, de la LIR establece lo siguiente: «No obstante lo dispuesto en el artículo 22, párrafo 5, las operaciones de intercambio mencionadas en los puntos 1 a 4 siguientes no conducirán a la realización de las plusvalías inherentes a los bienes de intercambio, a menos que, en los casos mencionados en los puntos 1, 3 y 4, el acreedor o el socio renuncie a la aplicación de la presente disposición: 1. Para la conversión de un préstamo: la asignación al acreedor de títulos representativos del capital social del deudor. En caso de conversión de un préstamo de capitalización convertible, el interés capitalizado correspondiente al período de funcionamiento anterior a la conversión se gravará en el momento del cambio». Además, el artículo 22 bis, apartado 4, estipula lo siguiente: «Por parte del socio, el precio y la fecha de adquisición de los títulos recibidos a cambio corresponderán al precio y la fecha de adquisición de los títulos entregados a cambio. En caso de que se abone una compensación al socio, el precio de compra de los títulos recibidos a cambio se reducirá en el importe de dicha compensación.»

147

bis

bis

(148)  El artículo 6 de la StAnpG dispone lo siguiente: Durch Missbrauch von Formen und Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechts kann die Steuerpflicht nicht umgangen oder gemindert werden. Liegt ein Missbrauch vor, so sind die Steuern so zu erheben, wie sie bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen, Tatsachen und Verhältnissen angemessenen rechtlichen Gestaltung zu erheben wären.

148

Durch Missbrauch von Formen und Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechts kann die Steuerpflicht nicht umgangen oder gemindert werden. Liegt ein Missbrauch vor, so sind die Steuern so zu erheben, wie sie bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen, Tatsachen und Verhältnissen angemessenen rechtlichen Gestaltung zu erheben wären.

(149)  Véase la sección 4.2.1 de la Decisión de incoar un procedimiento.

149

(150)  Véase la sección 4.2.2.1 de la Decisión de incoar un procedimiento.

150

(151)  Véase la sección 4.2.2.2 de la Decisión de incoar un procedimiento.

151

(152)  Véase la sección 4.2.3 de la Decisión de incoar un procedimiento.

152

(153)  Véanse los considerandos 151 a 155 de la Decisión de incoar un procedimiento.

153

(154)  Véase el considerando 156 de la Decisión de incoar un procedimiento.

154

(155)  Véase el considerando 152 de la Decisión de incoar un procedimiento.

155

(156)  Véase el considerando 158 de la Decisión de incoar un procedimiento.

156

(157)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la Decisión de incoar un procedimiento, apartado 168.

157

(158)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la Decisión de incoar un procedimiento, apartado 170.

158

(159)  Véase el considerando 152 de la Decisión de incoar un procedimiento.

159

(160)  Véase el considerando 97.

160

(161)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la Decisión de incoar un procedimiento, página 8: «Un ZORA constituye un contrato que documenta una deuda y su devolución, de modo que, en este caso, la pertinencia del artículo 164 de la LIR no resulta evidente». «Desde el punto de vista fiscal de Luxemburgo, los ZORA tienen las características esenciales de una deuda y no de una participación en el capital.»

161

(162)  Artículo 162 LIR: «1. Las disposiciones del primer título de la presente Ley son aplicables para determinar la renta imponible y los rendimientos netos que la conforman, para determinar el beneficio de venta o de liquidación y para declarar, establecer y recaudar el impuesto, salvo que se disponga otra cosa a continuación o que la aplicación de estas disposiciones no se justifique teniendo en cuenta la naturaleza especial de los organismos de carácter colectivo. 2. En cumplimiento del apartado anterior, un reglamento del Gran Ducado especificará las disposiciones aplicables a los organismos de carácter colectivo».

162

(163)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, respuesta a la pregunta 1.b: «Salvo la excepción para las empresas extranjeras [...], todas las participaciones cuyos rendimientos pueden acogerse a la exención prevista en el artículo 166, de la LIR también están cubiertas por lo dispuesto en el artículo 164, de la LIR».

163

(164)  Sentencia en el asunto C-70/16 P, Comunidad Autónoma de Galicia y Retegal/Comisión, ECLI:EU:C:2017:1002.

164

(165)  Asimismo, Engie declaró que LNG Supply empleaba aproximadamente a [1-40] trabajadores a tiempo completo, y GSTM a unos [1-10] trabajadores a tiempo completo. Engie también confirmó que la única actividad de LNG Luxembourg consistía en poseer el ZORA LNG y el contrato de futuros LNG.

165

(166)  Véase el informe PT, secciones 6.1.2 y 6.1.3.

166

(167)  El método del precio comparable en el mercado libre es uno de los cinco métodos de fijación de precios de transferencia reconocidos por la OCDE en las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias (edición de 2010).

167

(168)  Decisión 2009/809/CE de la Comisión, de 8 de julio de 2009, relativa al régimen groepsrentebox que los Países Bajos tienen previsto aplicar [C 4/07 (ex N 465/06)] (DO L 288 de 4.11.2009, p. 26). Decisión (UE) 2016/2326 de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, relativa a la ayuda estatal SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) ejecutada por Luxemburgo en favor de Fiat (DO L 351 de 22.12.2016, p. 1).

168

groepsrentebox

(169)  Acción 2 del proyecto BEPS (Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios).

169

(170)  Véase la sentencia en el asunto C-399/08 P, Comisión/Deutsche Post, ECLI:EU:C:2010:481, apartado 38, y la jurisprudencia citada.

170

(171)  Sentencia en los asuntos acumulados C-20/15 P, Comisión/World Duty Free Group, ECLI:EU:C:2016:981, apartado 53 y la jurisprudencia citada.

171

(172)  Véase la sentencia en los asuntos acumulados C-106/09 P y C-107/09 P, Comisión/Gobierno de Gibraltar y Reino Unido, ECLI:EU:C:2011:732, apartado 72, y la jurisprudencia citada.

172

(173)  Véase la sentencia en los asuntos acumulados C-106/09 P y C-107/09 P, Comisión/Gobierno de Gibraltar y Reino Unido, ECLI:EU:C:2011:732, apartado 72, y la jurisprudencia citada.

173

(174)  Sentencia en el asunto C-126/01, GEMO SA, ECLI:EU:C:2003:622, apartado 41 y la jurisprudencia citada.

174

(175)  Sentencia en el asunto 730/79, Philip Morris, ECLI:EU:C:1980:209, apartado 11; y sentencia en los asuntos acumulados T-298/97, T-312/97 etc., Alzetta, ECLI:EU:T:2000:151, apartado 80.

175

(176)  Véase el considerando 152 de la Decisión de incoar un procedimiento.

176

(177)  Véase la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Comunicación sobre el concepto de ayuda») (DO C 262 de 19.7.2016, p. 1), párrafo 67 y la jurisprudencia citada.

177

(178)  Véase la sentencia en el asunto C-173/73, Italia/Comisión, ECLI:EU:C:1974:71, párrafo 13.

178

(179)  Véase la sentencia en el asunto C-66/02, Italia/Comisión, ECLI:EU:C:2005:768, párrafo 78; sentencia en el asunto C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze y otros, ECLI:EU:C:2006:8, párrafo 132; y sentencia en el asunto C-522/13, Ministerio de Defensa y Navantia, ECLI:EU:C:2014:2262, párrafos 21 a 31.

179

(180)  Por otra parte, el ZORA LNG se ha convertido parcialmente.

180

(181)  Observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, página 5.

181

(182)  Observaciones presentadas por Engie sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, apartado 33.

182

(183)  Más concretamente, la totalidad de los beneficios obtenidos por estas dos entidades, tras deducir el margen LNG y el margen GSTM (inicialmente fijados en [1/(50-100)%] del valor de sus activos).

183

(184)  Véase la sentencia en el asunto C-6/12, P Oy, ECLI:EU:C:2013:525, párrafo 17; y sentencia en el asunto C-522/13, Ministerio de Defensa y Navantia, ECLI:EU:C:2014:2262, párrafo 32.

184

(185)  Véase la sentencia en los asuntos acumulados C-20/15 P y C-21/15 P, Comisión/World Duty Free Group, ECLI:EU:C:2016:981, párrafo 57 y la jurisprudencia citada.

185

(186)  Véase la sentencia en los asuntos acumulados C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, párrafo 65.

186

(187)  Véase la Comunicación sobre el concepto de ayuda, apartado 133.

187

(188)  Comunicación sobre el concepto de ayuda, apartado 134.

188

(189)  Véase la sección 2.3.1.

189

(190)  Aunque en principio es aplicable a las personas físicas, con arreglo al artículo 162, de la LIR, esta disposición se aplica también a las personas jurídicas sujetas a imposición.

190

(191)  Aunque en principio es aplicable a las personas físicas, con arreglo al artículo 162, de la LIR, esta disposición se aplica también a las personas jurídicas sujetas a imposición.

191

(192)  Aunque en principio es aplicable a las personas físicas, con arreglo al artículo 162, de la LIR, esta disposición se aplica también a las personas jurídicas sujetas a imposición.

192

(193)  Como tales, todos los principios contables, incluido el principio de prudencia, deben considerarse como parte del sistema de referencia. En el presente caso, el principio de prudencia explica que puede existir un lapso temporal entre el momento en que las filiales registran las adiciones al ZORA como gastos en sus cuentas y el momento en que los acreedores (suscriptores de los ZORA) constatan los ingresos correspondientes en sus cuentas.

193

(194)  Sin embargo, véase el considerando 180.

194

(195)  Véanse los considerandos 106 a 108.

195

(196)  Véase la nota a pie de página 193.

196

(197)  Véase el considerando 135.

197

(198)  La deducibilidad de gastos de funcionamiento simplemente refleja el hecho de que la base para calcular el beneficio imponible de las sociedades es el beneficio registrado en sus cuentas, puesto que este beneficio corresponde a los ingresos obtenidos, menos los gastos de explotación y otros gastos incurridos.

198

(199)  
  «La confirmación de la aplicación acumulativa de los artículos cubiertos por las resoluciones fiscales es acorde con el objetivo del régimen luxemburgués de gravar el beneficio de todas las sociedades sujetas a impuestos en Luxemburgo, tras tener en cuenta la remuneración de los instrumentos de deuda emitidos por el contribuyente» (Observaciones de Engie relativas a la Decisión de incoar un procedimiento, Executive Summary, sección III, parte B, letra a), inciso iv). Subrayado añadido por la Comisión).

199

el objetivo del régimen luxemburgués de gravar el beneficio de todas las sociedades sujetas a impuestos en Luxemburgo

(200)  Sentencia en los asuntos acumulados C-20/15 P y C-21/15 P, Comisión/World Duty Free Group, ECLI:EU:C:2016:981, párrafo 92: «[E]n las Decisiones controvertidas, la Comisión, con el fin de calificar la medida controvertida como selectiva, adujo que la ventaja fiscal conferida por dicha medida no beneficiaba indistintamente a todos los operadores económicos que se encontraran objetivamente en una situación comparable, en relación con el objetivo perseguido por el régimen tributario común español, ya que las empresas residentes que adquirían participaciones del mismo tipo en sociedades domiciliadas fiscalmente en España no podían conseguir esa ventaja.» (subrayado añadido por la Comisión); en el mismo sentido, véanse también los párrafos 22 y 68. De modo similar, véase la sentencia en el asunto C-217/03, Bélgica y Forum 187/Comisión, ECLI:EU:C:2005:266, párrafo 95; sentencia en el asunto C-88/03, Portugal/Comisión, ECLI:EU:C:2006:511, párrafo 56; sentencia en el asunto C-519/07 P, Comisión/Koninklijke Friesland/Campina ECLI:EU:C:2009:556, párrafos 2 a 7; y sentencia en los asuntos acumulados C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, párrafo 50. Véase también la Comunicación sobre el concepto de ayuda, apartado 134.

200

por el régimen tributario común español

(201)  Sentencia en los asuntos acumulados C-106/09 P y C-107/09 P, Comisión/Gobierno de Gibraltar y Reino Unido, ECLI:EU:C:2011:732, párrafos 92 a 95. En lo que se refiere a la evaluación de las medidas en función de sus efectos, véase también la sentencia en el asunto British Aggregates/Comisión, párrafos 85 y 89 y la jurisprudencia citada, y la sentencia en el asunto C-279/08 P, Comisión/Países Bajos, ECLI:EU:C:2011:551, párrafo 51.

201

(202)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, página 2.

202

(203)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, página 2. Observaciones presentadas por Engie sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, apartado 30.

203

(204)  Véase la nota a pie de página 199.

204

(205)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, página 8; y las observaciones de Engie sobre la Decisión de incoar un procedimiento, apartados 125 y 126.

205

(206)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, página 2.

206

(207)  Véase, por ejemplo, la sentencia en el asunto C-217/03, Bélgica y Forum 187/Comisión, ECLI:EU:C:2005:266, donde, como en la presente Decisión, el Tribunal define el marco de referencia remitiéndose al principio según el cual se grava el beneficio comercial de las sociedades: «Para examinar si la determinación de los ingresos imponibles, tal como se prevé en el régimen de los centros de coordinación, les procura una ventaja, procede, como sugiere la Comisión en el punto 95 de la Decisión impugnada, comparar el citado régimen al del Derecho común basado en la diferencia entre el activo y el pasivo de una empresa que desarrolle sus actividades en un entorno de libre competencia.» (párrafo 95). En la misma línea, véase la sentencia en los asuntos acumulados C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, párrafo 50: «A ese respecto, de los elementos de que dispone el Tribunal de Justicia, por una parte, se desprende que, a la hora de calcular el impuesto sobre el beneficio de las sociedades, la base imponible de las sociedades cooperativas de producción y de trabajo se determina de la misma manera que la de otros tipos de sociedades, es decir, en función del importe del beneficio neto resultante del ejercicio de la actividad de la empresa al final del año de imposición. Por tanto, debe considerarse que el impuesto sobre sociedades constituye el régimen jurídico de referencia a efectos de apreciar el eventual carácter selectivo de la medida controvertida.» (subrayado añadido por la Comisión). Véase también la sentencia en los asuntos acumulados C-106/09 P y C-107/09 P, Comisión/Gobierno de Gibraltar y Reino Unido, ECLI:EU:C:2011:732, párrafo 95: «En efecto, a este respecto, debe señalarse que, contrariamente a lo que el Tribunal de Primera Instancia declaró, habida cuenta de los apartados 143, 144 y 150 de la Decisión controvertida, de dichos apartados se desprende que la Comisión examinó la existencia de las ventajas selectivas en favor de las sociedades extraterritoriales a la luz del régimen fiscal de que se trata, que se aplica formalmente a todas las empresas. De este modo, se pone de manifiesto que la Decisión controvertida identifica el mencionado régimen como marco de referencia con respecto al cual las sociedades extraterritoriales se verían, de hecho, favorecidas.» Más recientemente, sentencia en los asuntos C-236/16 y C-237/16, ANGED/Generalitat de Catalunya, ECLI:ECLI:EU:C:2018:280, párrafos 42 a 45.

207

en función del importe del beneficio neto resultante del ejercicio de la actividad de la empresa al final del año de imposición

(208)  Véase la sentencia en los asuntos acumulados C-20/15 P y C-21/15 P, Comisión/World Duty Free Group e.a., ECLI:EU:C:2016:981, párrafo 54 y la jurisprudencia citada, así como el párrafo 86.

208

(209)  Véanse también los asuntos acumulados C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, párrafo 54, en que el Tribunal de Justicia confirma que el objetivo del régimen del impuesto sobre sociedades era la imposición de los beneficios de las sociedades.

209

(210)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, página 2.

210

(211)  Véanse las observaciones de Engie sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, apartados 22 y 23.

211

(212)  En cualquier caso, en la sección 6.2.2, la Comisión demuestra que si se fijase un marco de referencia más estricto, que estuviese limitado por las disposiciones relativas a la exención de los rendimientos de participaciones y a la imposición de las distribuciones de beneficios, el trato fiscal concedido sobre la base de las resoluciones fiscales en cuestión también representaría una excepción que daría lugar a un trato favorable en relación con otras empresas que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable.

212

(213)  Obligación de poseer la participación por un período ininterrumpido de doce meses; un índice de participación que no sea inferior al 10 % del capital social de la empresa de que se trate; o bien un precio de compra que no sea inferior a 1,2 millones EUR.

213

(214)  De hecho, las empresas que reciben ingresos de la misma naturaleza pero que no cumplen las condiciones del artículo 166 de la LIR (por ejemplo, porque su participación es inferior al 5 % o porque la poseen desde hace menos de doce meses), no se benefician de la misma exención.

214

(215)  Luxemburgo lo confirmó en la reunión de 1 de junio de 2017. En particular, cuando la Comisión preguntó, en esta reunión, si se podía considerar que el ajuste fiscal previsto en el artículo 164, apartado 3, de la LIR era una de las excepciones al principio de la «vinculación» establecido en el artículo 40, de la LIR, Luxemburgo especificó que «todas las disposiciones fiscales que prevean un ajuste del balance comercial se considerarán una excepción».

215

(216)  Véase la carta de Luxemburgo de 12 de mayo de 2017 en la que responde a la pregunta 2.ii: «La plusvalía contable de 506,2 millones USD generada por LNG Holding corresponde económicamente al aumento del valor de LNG Supply entre 2009 y 2014».

216

(217)  Véanse las secciones 2.2.3.3, 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.4.3, 2.2.4.4 y 2.2.4.5.

217

(218)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, página 4.

218

(219)  Excepto en caso de aplicación incorrecta de la legislación nacional.

219

(220)  Sentencia en el asunto C-217/03, Bélgica y Forum 187/Comisión, ECLI:EU:C:2005:266, párrafo 120.

220

(221)  Véanse las observaciones de Engie sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, apartados 22 y 24.

221

(222)  Véase el considerando 85.

222

(223)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, respuesta a la pregunta 1.b: «Salvo la excepción para las empresas extranjeras tal como se ha expuesto anteriormente, todas las participaciones cuyos rendimientos pueden acogerse a la exención prevista en el artículo 166, de la LIR también están cubiertas por lo dispuesto en el artículo 164, de la LIR» (subrayado añadido por la Comisión).

223

todas las participaciones cuyos rendimientos pueden acogerse a la exención

(224)  A este respecto, véase Steichen Alain, Manuel de Droit fiscal. Droit fiscal général, Les cours de l'Université du Luxembourg, 2015, página 644: «Artículo 166 LIR para la eliminación de la doble imposición económica, la filosofía que subyace a este artículo es que se aplica a los ingresos después de impuestos distribuidos por las empresas. Por lo tanto, el artículo 166 de la LIR debe leerse conjuntamente con el artículo 164, apartado 2, de la LIR, que define las distribuciones que no son deducibles de la base imponible de la empresa que efectúa el pago [...]. Además de la coherencia lógica entre el artículo 166 de la LIR y el 164, apartado 2 de la LIR (el beneficiario puede quedar exento de aquello que no es deducible para el deudor de los ingresos; todo aquello que no sea deducible por parte del deudor de ingresos debe poder quedar exento de la renta del acreedor) [...]».

224

(225)  Véase el considerando 86. La exención fiscal para las plusvalías procedentes de las participaciones se basa en la misma lógica que la exención fiscal para las distribuciones de beneficios. A falta de una exención de los rendimientos de participaciones, los mismos beneficios se incluirían tanto en la renta imponible de la entidad emisora como en la de la entidad poseedora de la participación, dando así lugar a una doble imposición económica.

225

(226)  Véanse las secciones 2.2.3.3, 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.4.3, 2.2.4.4 y 2.2.4.5.

226

(227)  Véanse los considerandos 49, 53 y 57.

227

(228)  Véase la carta de Luxemburgo de 12 de mayo de 2017 en la que se contesta a la pregunta 2.ii.

228

(229)  Declaración del impuesto sobre los ingresos de las sociedades y del impuesto sobre las actividades económicas de LNG Holding del ejercicio de 2014, modelo de formulario 506A, «Detalles relativos a las participaciones a que se refiere el artículo 166 de la LIR» sobre LNG Supply, sección 3, línea 19: «dividendos exentos».

229

(230)  El hecho de que LNG Supply no haya organizado una asamblea oficial de accionistas que apruebe una distribución de dividendos es irrelevante. LNG Holding es el único accionista de LNG Supply y de la entidad que concedió el ZORA LNG (LNG Luxembourg). Por lo tanto, puede decidir en cualquier momento de manera unilateral la fecha de conversión del ZORA, al igual que puede decidir cuándo aprobar la distribución de los beneficios de LNG Supply en una asamblea de accionistas.

230

(231)  Véase el considerando 204.

231

(232)  Véanse las observaciones de Luxemburgo en relación con la carta de 11 de diciembre de 2017, páginas 4 y 6, y las respuestas a las preguntas 1.b y 1.c.

232

(233)  Véanse las observaciones de Engie sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, apartados 26 a 31.

233

(234)  Directiva (UE) 2015/121 del Consejo, de 27 de enero de 2015, por la que se modifica la Directiva 2011/96/UE, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (DO L 21 de 28.1.2015, p. 1).

234

En sus observaciones en respuesta a la carta de 11 de diciembre de 2017, Luxemburgo explica que la reciente modificación introducida en la Directiva sobre sociedades matrices y filiales en 2015 —según la cual la aplicación de la exención de los rendimiento de participaciones a los beneficios distribuidos está condicionada a la no deducibilidad de esos beneficios por la filial— no habría sido necesaria si el objetivo de la exención de los rendimientos de participaciones fuera evitar la doble imposición (página 4). Engie también se refiere a otros objetivos que persigue esta Directiva (véanse sus observaciones sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, apartados 35-43).

(235)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, respuesta a la pregunta 1.b: «Salvo la excepción para las empresas extranjeras tal como se ha expuesto anteriormente, todas las participaciones cuyos rendimientos pueden acogerse a la exención prevista en el artículo 166, de la LIR también están cubiertas por lo dispuesto en el artículo 164, de la LIR» (subrayado añadido por la Comisión).

235

todas las participaciones cuyos rendimientos pueden acogerse a la exención

(236)  A menos que la entidad distribuidora no sea una entidad con residencia fiscal en Luxemburgo, en cuyo caso el artículo 164 de la LIR no es aplicable.

236

(237)  A este respecto, Véase Steichen, Alain en la nota a pie de página 224.

237

(238)  Véase el dictamen del Consejo de Estado relativo al artículo 166 de la LIR (considerando 83). Véase también la Decisión 2006/940/CE de la Comisión, de 19 de julio de 2006, relativa al régimen de ayudas C 3/2006 ejecutado por Luxemburgo en favor de las sociedades holding 1929 y Multimillonarias (DO L 366 de 21.12.2006, p. 47), considerando 63.

238

(239)  Véase la sentencia en el asunto C-48/07, État belge – Service public fédéral Finances, ECLI:EU:C:2008:758, párrafos 37 y 45.

239

(240)  La sentencia hace referencia a la Directiva 90/435/CEE.

240

(241)  En su sentencia, el Tribunal de Justicia afirma explícitamente que aunque el órgano jurisdiccional remitente no pueda desviarse de su interpretación de la Directiva, la medida en que esta interpretación se aplica a una situación interna «corresponde al Derecho interno y, por consiguiente, a la competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de que se trate» (apartado 27).

241

(242)  Ibidem, apartado 37.

242

(243)  
  Ibidem, apartados 46 y 47 (subrayado añadido por la Comisión).

243

Ibidem

(244)  Las libertades fundamentales se refieren a situaciones transfronterizas. Las situaciones puramente internas no están cubiertas y, en principio, se autoriza una discriminación positiva desde el punto de vista del Derecho de la Unión (véanse las sentencias en el asunto C-60/91, Batista Morais, ECLI:EU:C:1992:140, párrafo 7; el asunto C-29/94 a C-35/94, Jean-Louis Aubertin, ECLI:EU:C:1995:39, párrafos 9 a 11; el asunto C-332/90, Steen/Deutsche Bundespost, ECLI:EU:C:1992:40; el asunto C-139/12, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona/Generalidad de Cataluña, ECLI:EU:C:2014:174, párrafos 42 y 45; y el asunto C-591/15, Gibraltar Bying and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, ECLI:EU:C:2017:449, párrafo 33.

244

Dado que las situaciones internas no pueden recibir un trato más favorable que las situaciones transfronterizas comparables, todavía con más razón, LNG Holding y CEF no deberían recibir ventajas que no se concederían en situaciones transfronterizas. A este respecto, cabe recordar que en virtud del artículo 166, apartado 2 bis, de la LIR –introducido en la LIR en 2016 como resultado de la transposición de la Directiva 2014/86/UE, la exención de los rendimientos de participaciones no sería aplicable en las situaciones transfronterizas cuando los ingresos obtenidos por el beneficiario pueden deducirse en el Estado miembro de la entidad distribuidora: «[...] la exención no se aplicará a los ingresos contemplados en la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, procedentes de una participación directa en el capital social de una entidad colectiva residente en otro Estado miembro de la Unión Europea y en el artículo 2 de la Directiva 2011/96/UE, siempre que sean deducibles en ese Estado miembro o cuando se asignen en el marco de un mecanismo o de una serie de mecanismos que, puesto que se establecieron para obtener, como objetivo principal o como uno de los objetivos principales, una ventaja fiscal contraria al objeto o la finalidad de dicha Directiva, no es genuina a la luz de todos los hechos y circunstancias pertinentes. A efectos de la presente disposición, un mecanismo, que puede consistir en varias fases o partes, o una serie de mecanismos, se considerarán no genuinos siempre que este mecanismo o esta serie de mecanismos no se establezcan por motivos comerciales válidos que reflejen la realidad económica».

bis

(245)  Sentencia en los asuntos acumulados C-20/15 P y C-21/15 P, World Duty Free Group, ECLI:EU:C:2016:981, párrafo 80; sentencia en el asunto C-409/00, España/Comisión, párrafo 48; sentencia en el asunto C-279/08 P, Comisión/Países Bajos, ECLI:EU:C:2011:551, párrafo 50.

245

(246)  Sentencia en los asuntos acumulados C-20/15 P y C-21/15 P, World Duty Free Group, ECLI:EU:C:2016:981, párrafo 78.

246

(247)  Sentencia en el asunto C-88/03, Portugal/Comisión, ECLI:EU:C:2006:511, párrafos 52 y 80, y jurisprudencia citada.

247

(248)  Sentencias en los asuntos acumulados C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos, EU:C:2011:550, párrafo 69.

248

(249)  Sentencia en el asunto C-88/03, Portugal/Comisión, ECLI:EU:C:2006:511, párrafo 81.

249

(250)  Sentencia en los asuntos acumulados C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, párrafo 69.

250

(251)  Véase el considerando 83..

251

(252)  Véase el dictamen del Consejo de Estado relativo al artículo 166 de la LIR (considerando 83). Véase también la Decisión 2006/940/CE, considerando 63. Este objetivo se ve confirmado por el hecho de que las empresas que no tienen la residencia fiscal solo pueden beneficiarse de la exención concedida por el artículo 166 de la LIR si están sujetas a un impuesto que corresponda al impuesto de sociedades luxemburgués. En otras palabras, la exención no se aplica en ausencia de una imposición previa de los beneficios, es decir, si no hay doble imposición.

252

(253)  Véase, por analogía, la sentencia en los asuntos acumulados C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, párrafo 71, en que el Tribunal menciona la posibilidad de invocar la naturaleza o la economía general del sistema fiscal nacional para justificar que las sociedades cooperativas que distribuyen a sus miembros todos sus beneficios no estén gravadas como tales, en la medida en que se exige el pago del impuesto a sus miembros.

253

(254)  Sentencia en los asuntos acumulados C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, párrafo 75. Véase también la sentencia en el asunto T-287/11, Heitkamp BauHolding/Comisión, ECLI:EU:T:2016:60, párrafo 160; y la sentencia en el asunto T-620/11, GFKL Financial Services AG, ECLI:EU:T:2016:59, párrafo 154.

254

(255)  Sentencia en los asuntos acumulados C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, párrafo 73. Véase también la sentencia en el asunto T-287/11, Heitkamp BauHolding/Comisión, ECLI:EU:T:2016:60, párrafo 160; y la sentencia en el asunto T-620/11, GFKL Financial Services AG, ECLI:EU:T:2016:59, párrafo 154.

255

(256)  En efecto, según la lógica del sistema, los beneficios generados por una sociedad pueden estar sujetos a imposición más de una vez (por ejemplo, en el caso de las distribuciones de beneficios que no cumplen las condiciones para beneficiarse de la exención prevista en el artículo 166 de la LIR), pero en ningún caso pueden no estar sometidos a ningún tipo de imposición.

256

más de una vez

ningún tipo de imposición

(257)  Decisión (UE) 2016/2326 (DO L 351 de 22.12.2016, p. 1).

257

(258)  Decisión 2009/809/CE (DO L 288 de 4.11.2009, p. 26).

258

(259)  Véase la declaración fiscal de LNG Luxembourg para el ejercicio 2015, anexo 3.

259

(260)  En una unidad fiscal (régimen de integración fiscal), una sociedad matriz puede ser gravada como un grupo junto con una o más de sus filiales. A efectos del impuesto de sociedades, esto significa que se considera que las filiales han sido absorbidas por la empresa matriz.

260

(261)  Sentencia en el asunto C-170/83, Hydrotherm, ECLI:EU:C:1984:271, párrafo 11. Véase también la sentencia en el asunto T-137/02, Pollmeier Malchow/Comisión, ECLI:EU:T:2004:304, párrafo 50.

261

(262)  Sentencia en el asunto C-480/09, P Acea Electrabel Produzione SpA/Comisión ECLI:EU:C:2010:787, párrafos 47 a 55; sentencia en el asunto C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze SpA y otros, ECLI:EU:C:2006:8, párrafo 112.

262

(263)  Véase la Decisión de groeprentebox, considerando 80.

263

groeprentebox

(264)  Véase la Decisión de FIAT, considerando 198: «Además, incluso si se puede considerar que las decisiones de financiación se adoptaron en el interés superior del grupo en su conjunto, el impuesto de sociedades luxemburgués se grava a las entidades individuales y no a los grupos, y la resolución fiscal impugnada se refiere exclusivamente a los beneficios imponibles de FFT, de manera que cualquier reducción de impuestos se basa individualmente en los resultados de esta sociedad.» (subrayado añadido por la Comisión). Véase también, en la misma Decisión, el considerando 314.

264

FIAT

y la resolución fiscal impugnada se refiere exclusivamente a los beneficios imponibles de FFT, de manera que cualquier reducción de impuestos se basa individualmente en los resultados de esta sociedad

(265)  Véase la sentencia en el asunto C-138/09, Todaro Nunziatina & C., ECLI:EU:C:2010:291, párrafo 21.

265

(266)  La financiación por parte de las sociedades de cartera se concede a través de los contratos de futuros celebrados entre las sociedades de cartera y los prestamistas, y a través de contratos ZORA firmados por los prestamistas y las filiales. Ni Luxemburgo ni Engie cuestionan este punto (véase la descripción de las transacciones presentada por Luxemburgo en sus observaciones sobre la Decisión de incoar un procedimiento, secciones 2.1 y 2.2). Las resoluciones fiscales en cuestión también señalaban que las sociedades de cartera «deberían considerarse las accionista [...] desde el momento en que celebran el contrato de futuros» (véase la solicitud de resolución fiscal LNG de 2008, p. 4; y la solicitud de resolución fiscal GSTM de 2010, p. 4), lo cual muestra que las sociedades de cartera se consideran las portadoras de la financiación.

266

(267)  El pago de una remuneración en una operación de financiación se entenderá como una referencia a cualquier pago efectuado por el prestatario al prestamista, en efectivo o en forma de cualquier otro activo financiero, incluidos los fondos propios del prestatario, que no persiga amortizar o reembolsar la financiación, o, en el caso de reembolso o amortización, que sea superior al importe financiado inicialmente.

267

(268)  Véase la norma NIC 32 y la Ley de 19 de diciembre de 2002 sobre el Registro mercantil y de sociedades, así como la contabilidad y las cuentas anuales de las empresas.

268

(269)  Artículo 40 de la LIR. Véase el considerando 81.

269

(270)  El hecho de que, en algunos casos, pueda haber una desviación temporal entre el momento en que el prestatario contabiliza los gastos y el momento en que el prestamista contabiliza los ingresos correspondientes no altera esta conclusión. Desde un punto de vista contable, esta desviación temporal se justifica por el principio de prudencia, en virtud del cual se reconoce un ingreso cuando se realiza, es decir, cuando es seguro, mientras que los gastos deben tenerse en cuenta a partir del momento en que es probable, o incluso posible, que se realicen.

270

(271)  Véase la norma NIC 32, párrafo 35: «Las distribuciones a los tenedores de un instrumento de patrimonio se reconocerán por la entidad directamente contra el patrimonio» y el párrafo 36: «los rescates o la refinanciación de los instrumentos de patrimonio se reconocerán como cambios en el patrimonio».

271

(272)  Esto significa que, desde el punto de vista del grupo, la exención de los rendimientos de participaciones solo da lugar a la eliminación de una desventaja causada por la doble imposición económica.

272

eliminación de una desventaja

(273)  De hecho, la renta imponible combinada del grupo en Luxemburgo debe permanecer inalterada tras el pago de la remuneración. Tal como se explica en la sección 6.3.1, como excepción a esta norma, la renta imponible combinada puede, en determinadas situaciones excepcionales, aumentar y dar lugar a una doble imposición, es decir, en el caso de una distribución de beneficios cuando la participación no se puede acoger a la exención de los rendimientos de participaciones en virtud del artículo 166 de la LIR.

273

aumentar

(274)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017.

274

(275)  Tan pronto como las acciones GSTM se conviertan y se anulen, ya que las resoluciones fiscales en cuestión también lo permiten.

275

(276)  Véase la sentencia en los asuntos acumulados C-20/15 P y C-21/15 P, World Duty Free Group, ECLI:EU:C:2016:981, párrafo 71.

276

(277)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, página 8.

277

(278)  Véanse las observaciones presentadas por Engie sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, apartados 89, 93 y 94.

278

(279)  Sentencia en los asuntos acumulados C-20/15 P y C-21/15 P, World Duty Free Group, ECLI:EU:C:2016:981, párrafo 71.

279

(280)  Esta práctica está en consonancia con la posición de Luxemburgo de que los ZORA deben considerarse como instrumentos que no son participaciones (véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, respuesta a la pregunta 1 d).

280

(281)  Véanse las secciones 2.2.3.7.1 y 2.2.4.6.1.

281

(282)  Véase la sección 2.2.3.7.2.

282

(283)  En el caso de una reducción del valor del ZORA debido a adiciones al ZORA acumuladas negativas, los gastos que hayan reconocido los prestamistas como consecuencia de la disminución del valor de su crédito deberían corresponder a un ingreso contabilizado por las filiales como resultado de una reducción de los pasivos.

283

(284)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, p. 8.

284

(285)  Artículo 22 bis, apartado 2, punto 1, de la LIR (subrayado añadido por la Comisión).

285

bis

(286)  Artículo 22 bis, apartado 4, de la LIR: «Por parte del socio, el precio y la fecha de adquisición de los títulos recibidos a cambio corresponderán al precio y la fecha de adquisición de los títulos entregados a cambio.».

286

bis

(287)  Circular del director de aportaciones directas LIR n.o 22 bis/1 de 27 de noviembre de 2002.

287

o

bis

(288)  Véase la circular 22 bis: «la plusvalía inherente a los títulos entregados a cambio se transfiere en los títulos de nueva adquisición y, en principio, se vuelve imponible en el momento de la realización posterior de estos títulos
  » (subrayado añadido por la Comisión).

288

bis

y, en principio, se vuelve imponible en el momento de la realización posterior de estos títulos

Algunos podrían sostener que, una vez realizados, los ingresos estarían exentos en virtud de la exención de los rendimientos de participaciones con arreglo al artículo 166 de la LIR. Este argumento también sería incorrecto. De hecho, en la circular 22 bis se especifica que, precisamente para evitar el recurso al artículo 22 bis de la LIR a fin de eludir la obligación de gravar todos los ingresos, dicho régimen no puede utilizarse para eximir de forma permanente las plusvalías que, de no existir esta medida, habrían estado sujetas a impuestos [véase la circular 22 bis: «El objetivo del artículo 22 bis de la LIR consiste en determinar las operaciones de cambio de títulos que pueden efectuarse en el marco de la neutralidad fiscal. Sin embargo, el artículo 22 bis de la LIR no pretende eximir de manera definitiva las plusvalías, que sin esta medida serían imponibles por parte del cedente, sino aplazar su imposición en el tiempo» (subrayado añadido por la Comisión)].

bis

bis

bis

bis

bis

que sin esta medida serían imponibles

En cualquier caso, la aplicación del artículo 166 de la LIR a los ingresos aplazados temporalmente gracias a la aplicación del artículo 22 bis de la LIR y correspondientes a los importes deducidos de la renta imponible del prestatario constituiría una ventaja selectiva según el razonamiento desarrollado por la Comisión en la sección 6.2.

bis

(289)  Sentencia en los asuntos acumulados C-20/15 P y C-21/15 P, World Duty Free Group, ECLI:EU:C:2016:981, párrafo 80.

289

(290)  Véase la sección 2.3.4.

290

(291)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, respuesta a la pregunta 2.a.

291

(292)  Nota de servicio del director de aportaciones L.G./N.S. n.o 3 de 21 de agosto de 1989.

292

o

(293)  Véase la nota de servicio de 1989: «5. La información para vincular a la Administración no se facilita en los casos en que la preocupación por obtener una ventaja fiscal es la principal consideración (por ejemplo, el examen de los modelos para evitar los impuestos llamados “Steuersparmodelle”, el establecimiento de límites para eludir los elementos de la simulación o del abuso de derecho)».

293

(294)  Puesto que solo el artículo 6 StAnpGo define el abuso de derecho en la legislación luxemburguesa, esta disposición debe aplicarse en el contexto de la nota de servicio de 1989.

294

(295)  Las observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017 contienen una descripción de estos cuatro criterios, así como una explicación de cómo deben aplicarse.

295

(296)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, respuesta a la pregunta 2.a.

296

(297)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, respuesta a la pregunta 2.a.

297

(298)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, respuesta a la pregunta 2.a.

298

(299)  En su respuesta a la carta de 11 de diciembre de 2017, Luxemburgo cita la Decisión de 1 de agosto de 2017 del Tribunal Administrativo del Gran Ducado de Luxemburgo, n.o 39009C: es decir, un medio que permita al contribuyente «alcanzar un objetivo económico de tal forma que este medio permita obtener un efecto fiscal que no se puede considerar que el legislador haya deseado otorgar en el marco de una aplicación de la ley fiscal de acuerdo con su intención».

299

o

(300)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, respuesta a la pregunta 2.a.

300

(301)  Luxemburgo cita, en su carta de 16 de febrero de 2016, la decisión del Tribunal Administrativo del Gran Ducado de Luxemburgo n.o 35979C y n.o 35978C: «[...] no es suficiente con que el contribuyente presente simplemente motivos económicos para que se admitan como válidos, sino que es necesario que estos motivos puedan considerarse reales y que presenten por sí mismos una ventaja económica suficiente que vaya más allá del beneficio fiscal obtenido».

301

o

o

(302)  La Comisión recuerda que, en el caso de un ZORA directo, los beneficios subyacentes deberían estar sujetos a impuestos, tal como establecen los considerandos 279 a 283.

302

(303)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la Decisión de incoar un procedimiento, p. 16.

303

(304)  Véase el considerando 34 (1).

304

(305)  Véase el considerando 60 (1).

305

(306)  De igual modo, la aplicación precisa de las estructuras (véanse las notas a pie de página 35 y 90) muestra que, en ambos casos, las actividades se transfirieron a cambio de pagarés de las filiales a las sociedades de cartera. Por lo tanto, los contratos de futuros y los ZORA simplemente sustituyen la financiación por parte de las sociedades de cartera que ya estaban en marcha.

306

(307)  Véase también la Comunicación sobre el concepto de ayuda, apartado 174, letra c).

307

(308)  Sentencia en el asunto C-170/83, Hydrotherm, ECLI:EU:C:1984:271, párrafo 11. Véase también la sentencia en el asunto T-137/02, Pollmeier Malchow/Comisión, ECLI:EU:T:2004:304, párrafo 50.

308

(309)  Sentencia en el asunto C-480/09, P Acea Electrabel Produzione SpA/Comisión ECLI:EU:C:2010:787, párrafos 47 a 55; sentencia en el asunto C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze SpA y otros, ECLI:EU:C:2006:8, párrafo 112.

309

(310)  Véase, por analogía, la sentencia en el asunto 323/82, Intermills, ECLI:EU:C:1984:345, párrafo 11. Véase también la sentencia en los asuntos acumulados C-182/03 y C-217/03, Bélgica y Forum 187/Comisión, ECLI:EU:C:2005:266, párrafo 102: «A la vista de estos elementos, la Comisión estimó, por ello, acertadamente que las reglas relativas a la determinación de los ingresos imponibles constituían una ventaja para los centros de coordinación y los grupos a los que pertenecen».

310

(311)  Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 248 de 24.9.2015, p. 9).

311

(312)  Véanse las observaciones de Luxemburgo sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, página 3.

312

(313)  Véanse las observaciones presentadas por Engie sobre la carta de 11 de diciembre de 2017, apartados 98 a 102.

313

(314)  Sentencias en el asunto T-424/05, Italia/Comisión, ECLI:EU:T:2009:49, párrafo 69; y en los asuntos acumulados T-231/06 y T-237/06, Países Bajos y NOS/Comisión, ECLI:EU:T:2010:525, párrafo 50. Véase también la sentencia en el asunto T-242/12, SNCF/Comisión, ECLI:EU:T:2015:1003, párrafos 345 a 367.

314

(315)  Véase el considerando 113.

315

(316)  Véase la Decisión de incoar un procedimiento, considerandos 152, 156, 158 y 160.

316

(317)  Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento(CE) n.o 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 140 de 30.4.2004, p. 1).

317

o

o

(318)  Véase la sección 1 para el procedimientos y la sección 2 para las fechas de las resoluciones y de la concesión de la ayuda.

318

(319)  Observaciones de Luxemburgo sobre la Decisión de incoar un procedimiento, página 20.

319

(320)  Observaciones de Luxemburgo sobre la Decisión de incoar un procedimiento, página 21.

320

(321)  Observaciones de Luxemburgo sobre la Decisión de incoar un procedimiento, página 20.

321

(322)  Decisión 2014/200/UE de la Comisión, de 17 de julio de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) ejecutada por España Régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero también conocidos como Sistema español de arrendamiento fiscal (DO L 114 de 16.4.2014, p. 1).

322

(323)  Decisión 2006/940/CE, considerandos 102 a 113.

323

(324)  Decisión 2003/755/CE, de 17 de febrero de 2003, sobre el régimen de ayudas ejecutado por Bélgica en favor de los centros de coordinación establecidos en Bélgica (DO L 282 de 30.10.2003, p. 25), considerandos 117 a 120.

324

(325)  Observaciones de Engie sobre la Decisión de incoar un procedimiento, apartados 336 a 339.

325

(326)  Observaciones de Engie sobre la Decisión de incoar un procedimiento, apartados 346 y 349.

326

(327)  Decisión 2007/256/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2006, relativa al régimen de ayudas ejecutado por Francia en virtud del artículo 39 CA del Code général des impôts — Ayuda estatal C 46/2004 (ex NN 65/2004) (DO L 112 de 30.4.2007, p. 41).

327

(328)  Observaciones de Engie sobre la Decisión de incoar un procedimiento, apartado 354.

328

(329)  Observaciones de Luxemburgo sobre la Decisión de incoar un procedimiento, página 21.

329

(330)  Observaciones de Engie sobre la Decisión de incoar un procedimiento, apartado 356.

330

(331)  Observaciones de Engie sobre la Decisión de incoar un procedimiento, apartados 323 a 333.

331

(332)  Véase la sentencia en el asunto C-148/04, Unicredito Italiano SpA/Agenzia delle Entrate, ECLI:EU:C:2005:774, párrafo 119.

332

(333)  Observaciones de Engie sobre la Decisión de incoar un procedimiento, apartado 334.

333

(334)  Sentencia en el asunto C-74/00, Falck y A. di Bolzano/Comisión, ECLI:EU:C:2002:524, párrafo 140.

334

(335)  Sentencia en el asunto C-408/04 P, Comisión/Salzgitter, ECLI:EU:C:2008:236, párrafos 100 a 107.

335

(336)  Véanse las sentencias en los asuntos acumulados C-182/03 y C-217/03, Bélgica y Forum 187 ASBL/Comisión, ECLI:EU:C:2006:416, párrafo 81; en los asuntos acumulados C-106/09 P y C-107/09 P, Comisión/Gobierno de Gibraltar y Reino Unido, ECLI:EU:C:2011:732; y en el asunto C-417/10, 3M Italia, ECLI:EU:C:2012:184, párrafo 25; y el auto en el asunto C-529/10, Safilo, ECLI:EU:C:2012:188, párrafo 18. Véase también la sentencia en el asunto T-538/11, Bélgica/Comisión, ECLI:EU:T:2015:188, párrafo 66.

336

(337)  Véase el considerando 174.

337

(338)  Véanse las sentencias en los asuntos acumulados C-182/03 y C-217/03, Bélgica y Forum 187/Comisión, ECLI:EU:C:2005:266, párrafo 147; y en el asunto 265/85, Van den Bergh en Jurgens y Van Dijk Food Products Lopik/Comisión, Rec. 1987, p. 1155, párrafo 44.

338

(339)  
  Ibidem.

339

Ibidem

(340)  Véase, por ejemplo, la sentencia en el asunto T-243/09, FEDECOM/Comisión, ECLI:EU:T:2012:497, párrafo 91, y la jurisprudencia citada.

340

(341)  Véase la sentencia en los asuntos acumulados C-471/09 P a C-473/09 P, Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya y otros/Comisión, EU:C:2011:521, párrafo 64: «Sobre este punto procede recordar que un Estado miembro cuyas autoridades hayan concedido una ayuda infringiendo las normas de procedimiento establecidas en el artículo 88 CE no puede invocar, en principio, la confianza legítima de los beneficiarios para eludir su obligación de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la decisión de la Comisión en la que se le ordene recuperar la ayuda. En efecto, si se admitiese esta posibilidad se privaría por completo de eficacia a las disposiciones de los artículos 87 CE y 88 CE, ya que las autoridades nacionales podrían así basarse en su propio comportamiento ilícito para dejar sin efecto las decisiones adoptadas por la Comisión en virtud de dichas disposiciones del Tratado CE». Para un razonamiento similar, véanse también las sentencias en los asuntos acumulados C-465/09 a C-470/09, Diputación Foral de Vizcaya y otros/Comisión, ECLI:EU:C:2011:372, párrafo 150; y en el asunto C-372/97, Italia/Comisión, ECLI:EU:C:2003:275, párrafo 112.

341

(342)  Véase la sentencia en los asuntos acumulados C-471/09 P a C-473/09 P, Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya y otros/Comisión, ECLI:EU:C:2011:521, párrafo 68. Véase también la sentencia en el asunto C-183/02 P, Demesa y Territorio Histórico de Álava/Comisión, ECLI:EU:C:2004:701, párrafo 52.

342

(343)  Véase la sentencia en los asuntos acumulados C-471/09 P a C-473/09 P, Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya y otros/Comisión, ECLI:EU:C:2011:521, párrafo 76.

343

(344)  Véase la sentencia en el asunto C-138/09, Todaro Nunziatina & C., ECLI:EU:C:2010:291, párrafo 21.

344

(345)  Sentencia en el asunto 52/84, Comisión/Bélgica, ECLI:EU:C:1986:3, párrafo 14. La jurisprudencia citada por Engie en sus observaciones en apoyo a este argumento (notas a pie de página 168 a 170) no es pertinente. Estos asuntos, no solo no tienen ninguna relación con decisiones de recuperación de ayudas estatales (abordan la limitación de los efectos de las sentencias del Tribunal en las peticiones de decisión prejudicial) sino que además, si confirman algo, es la posición de la Comisión de que la posibilidad de limitar los efectos de un acto de la Unión es «completamente excepcional» (véase la sentencia en los asuntos acumulados C-367/93 a C-377/93, Roders BV, ECLI:EU:C:1995:261, párrafo 43).

345

(346)  Véase la sentencia en el asunto C-148/04, Unicredito Italiano SpA/Agenzia delle Entrate, ECLI:EU:C:2005:774, párrafo 119.

346

(347)  Observaciones de Engie sobre la Decisión de incoar un procedimiento, apartados 358 a 367.

347

(348)  Sentencia en el asunto C-194/09 P, Alcoa Trasformazioni/Comisión, ECLI:EU:C:2011:497, párrafo 102.

348

(349)  Observaciones de Engie sobre la Decisión de incoar un procedimiento, apartados 368 a 372.

349

(350)  Sentencia en el asunto T-214/95 Het Vlaamse Gewest (Région flamande)/Comisión, ECLI:EU:T:1998:77, párrafo 54.

350

(351)  Incluso si el contexto es de una «imposibilidad de recuperar» y no de una «dificultad para fijar el importe de la ayuda».

351

(352)  Véase la sentencia en el asunto C-441/06, Comisión/Francia, ECLI:EU:C:2007:616, párrafo 29, y la jurisprudencia citada.

352

(353)  Véase la sentencia en los asuntos acumulados T-427/04 y T-17/05, Francia y France Télécom/Comisión, ECLI:EU:T:2009:474, párrafo 297.

353

(354)  Véase la sentencia en los asuntos acumulados T-427/04 y T-17/05, Francia y France Télécom/Comisión, ECLI:EU:T:2009:474, párrafo 299.

354

(355)  Véanse, en particular, los considerandos 157, 192 y 241.

355

(356)  La fecha de los estados financieros más recientes de GSTM presentados por Luxemburgo.

356

(357)  A este respecto, no es pertinente la calificación de estos ingresos en las cuentas sociales o en las declaraciones fiscales de LNG Holding como «plusvalías», «dividendos» u otros.

357

(358)  Véase el considerando 56.

358

(359)  Igualmente para GSTM, en el caso de que un importe de la ayuda se hubiera materializado en la fecha de publicación de la presente Decisión.

359

(360)  Véanse los considerandos 34 y 60.

360

(361)  Esto significa, en la práctica, que Luxemburgo no debe emitir ninguna liquidación del impuesto para LNG Holding y CEF en la que acepte la exención de los rendimientos de participaciones en estas condiciones.

361

(362)  Se trata de los nuevos nombres de las empresas afectadas: véanse las notas a pie de página 4, 5, 16 y 20.

362

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| 20.3.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 78/63 |
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20.3.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 78/63

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DECISIÓN (UE) 2019/422 DE LA COMISIÓN

de 20 de septiembre de 2018

relativa la ayuda estatal SA 36112 (2016/C) (ex 2015/NN) concedida por Italia a la autoridad portuaria de Nápoles y a Cantieri del Mediterraneo S.p.A.

[notificada con el número C(2018) 6037]

(El texto en lengua italiana es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE») y, en particular, su artículo 108, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Tras haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones de conformidad con los citados artículos (1), y habida cuenta de las observaciones transmitidas,

Considerando lo siguiente:

1.   PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

| (1) | En marzo de 2006, la Comisión envió a las autoridades italianas una solicitud de información relativa a una posible ayuda estatal a Cantieri del Mediterraneo S.p.A. (en lo sucesivo, «CAMED») concedida en el marco de las obras de acondicionamiento previstas de un dique seco (dique seco n.o 3) ubicado en el puerto de Nápoles. En relación con la respuesta de las autoridades italianas de 3 de abril de 2006, la Comisión no se pronunció ni investigó el asunto a raíz de las observaciones de Italia, y los servicios de la Comisión archivaron el expediente internamente, dado que consideraron que la financiación no constituía ayuda estatal. Italia nunca notificó oficialmente a la Comisión dichas medidas. |
| --- | --- |

(1)

En marzo de 2006, la Comisión envió a las autoridades italianas una solicitud de información relativa a una posible ayuda estatal a Cantieri del Mediterraneo S.p.A. (en lo sucesivo, «CAMED») concedida en el marco de las obras de acondicionamiento previstas de un dique seco (dique seco n.o 3) ubicado en el puerto de Nápoles. En relación con la respuesta de las autoridades italianas de 3 de abril de 2006, la Comisión no se pronunció ni investigó el asunto a raíz de las observaciones de Italia, y los servicios de la Comisión archivaron el expediente internamente, dado que consideraron que la financiación no constituía ayuda estatal. Italia nunca notificó oficialmente a la Comisión dichas medidas.

o

| (2) | El 21 de enero de 2013, una empresa de reparación naval que trabajaba en el puerto de Nápoles expresó su preocupación por la financiación que las autoridades italianas habían concedido a tres proyectos de inversión, que se habrían realizado entre 2006 y 2014, relativos a obras de acondicionamiento de tres diques secos gestionados por CAMED en virtud de una relación de concesión. El asunto se registró con el número SA.36112 (2013/CP) – Supuesta ayuda concedida a Cantieri del Mediterraneo. El 27 de junio de 2013, el denunciante envió información adicional a la Comisión. |
| --- | --- |

(2)

El 21 de enero de 2013, una empresa de reparación naval que trabajaba en el puerto de Nápoles expresó su preocupación por la financiación que las autoridades italianas habían concedido a tres proyectos de inversión, que se habrían realizado entre 2006 y 2014, relativos a obras de acondicionamiento de tres diques secos gestionados por CAMED en virtud de una relación de concesión. El asunto se registró con el número SA.36112 (2013/CP) – Supuesta ayuda concedida a Cantieri del Mediterraneo. El 27 de junio de 2013, el denunciante envió información adicional a la Comisión.

| (3) | Entre el 28 de febrero de 2013 y el 12 de junio de 2013, la Comisión solicitó información a las autoridades italianas a la luz de las alegaciones presentadas por el denunciante. |
| --- | --- |

(3)

Entre el 28 de febrero de 2013 y el 12 de junio de 2013, la Comisión solicitó información a las autoridades italianas a la luz de las alegaciones presentadas por el denunciante.

| (4) | El 21 de octubre de 2013, los servicios de la Comisión transmitieron al denunciante sus conclusiones preliminares sobre la supuesta ayuda estatal concedida a CAMED, comunicándole que, sobre la base de la información disponible en aquel momento, las medidas impugnadas no parecían constituir ayuda estatal en virtud del artículo 107, apartado 1, del TFUE, puesto que no constaba que CAMED se hubiese beneficiado de ninguna ventaja. Los servicios de la Comisión explicaron que, en aquel momento, no existían pruebas de que se hubieran concedido al operador ayudas al funcionamiento, ya que no constaba que CAMED hubiese sido liberada de los costes en que normalmente habría tenido que incurrir en el marco de su gestión ordinaria o de sus actividades habituales. |
| --- | --- |

(4)

El 21 de octubre de 2013, los servicios de la Comisión transmitieron al denunciante sus conclusiones preliminares sobre la supuesta ayuda estatal concedida a CAMED, comunicándole que, sobre la base de la información disponible en aquel momento, las medidas impugnadas no parecían constituir ayuda estatal en virtud del artículo 107, apartado 1, del TFUE, puesto que no constaba que CAMED se hubiese beneficiado de ninguna ventaja. Los servicios de la Comisión explicaron que, en aquel momento, no existían pruebas de que se hubieran concedido al operador ayudas al funcionamiento, ya que no constaba que CAMED hubiese sido liberada de los costes en que normalmente habría tenido que incurrir en el marco de su gestión ordinaria o de sus actividades habituales.

| (5) | Entre el 19 de noviembre de 2013 y el 10 de febrero de 2015, el denunciante presentó información adicional mediante la que, en particular, expresaba su preocupación ante la posibilidad de que las medidas constituyeran ayudas ilegales a las inversiones en favor de la autoridad portuaria de Nápoles (en lo sucesivo, «APN») y ayudas ilegales al funcionamiento en favor de CAMED. Los servicios de la Comisión solicitaron información adicional a las autoridades italianas el 17 de junio de 2014, el 14 de noviembre de 2014 y el 12 de marzo de 2015. Las autoridades italianas respondieron a dichas solicitudes el 1 de agosto, el 3 y el 29 de septiembre de 2014, el 11 de febrero de 2015 y el 10 de junio de 2015. Dado que, con arreglo a la información disponible, la financiación pública ya había sido concedida, el 4 de junio de 2015, los servicios de la Comisión informaron a las autoridades italianas de que las medidas se habían registrado como ayuda ilegal (2015/NN) –Ayudas a la inversión a la autoridad portuaria de Nápoles y a Cantieri del Mediterraneo S.p.A.– y de que las normas de procedimiento aplicables eran las establecidas en el capítulo III del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo (2). |
| --- | --- |

(5)

Entre el 19 de noviembre de 2013 y el 10 de febrero de 2015, el denunciante presentó información adicional mediante la que, en particular, expresaba su preocupación ante la posibilidad de que las medidas constituyeran ayudas ilegales a las inversiones en favor de la autoridad portuaria de Nápoles (en lo sucesivo, «APN») y ayudas ilegales al funcionamiento en favor de CAMED. Los servicios de la Comisión solicitaron información adicional a las autoridades italianas el 17 de junio de 2014, el 14 de noviembre de 2014 y el 12 de marzo de 2015. Las autoridades italianas respondieron a dichas solicitudes el 1 de agosto, el 3 y el 29 de septiembre de 2014, el 11 de febrero de 2015 y el 10 de junio de 2015. Dado que, con arreglo a la información disponible, la financiación pública ya había sido concedida, el 4 de junio de 2015, los servicios de la Comisión informaron a las autoridades italianas de que las medidas se habían registrado como ayuda ilegal (2015/NN) –Ayudas a la inversión a la autoridad portuaria de Nápoles y a Cantieri del Mediterraneo S.p.A.– y de que las normas de procedimiento aplicables eran las establecidas en el capítulo III del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo (2).

o

2

| (6) | El 21 de septiembre de 2015, los servicios de la Comisión se reunieron con las autoridades italianas y, el 7 de octubre de 2015, presentaron una solicitud de información adicional, a la que las autoridades italianas respondieron el 9 de noviembre de 2015. El 11 de noviembre de 2015, los servicios de la Comisión se reunieron con el denunciante. |
| --- | --- |

(6)

El 21 de septiembre de 2015, los servicios de la Comisión se reunieron con las autoridades italianas y, el 7 de octubre de 2015, presentaron una solicitud de información adicional, a la que las autoridades italianas respondieron el 9 de noviembre de 2015. El 11 de noviembre de 2015, los servicios de la Comisión se reunieron con el denunciante.

| (7) | Mediante carta de 28 de junio de 2016, la Comisión informó a las autoridades italianas de su Decisión de incoar el procedimiento, a tenor de lo establecido en el artículo 108, apartado 2, del TFUE con respecto a las medidas de ayuda. |
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(7)

Mediante carta de 28 de junio de 2016, la Comisión informó a las autoridades italianas de su Decisión de incoar el procedimiento, a tenor de lo establecido en el artículo 108, apartado 2, del TFUE con respecto a las medidas de ayuda.

| (8) | La Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento (en lo sucesivo, «la Decisión de incoar el procedimiento») se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (3) el 7 de octubre de 2016. La Comisión invitó a los interesados a presentar observaciones sobre dicha ayuda. |
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(8)

La Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento (en lo sucesivo, «la Decisión de incoar el procedimiento») se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (3) el 7 de octubre de 2016. La Comisión invitó a los interesados a presentar observaciones sobre dicha ayuda.

Diario Oficial de la Unión Europea

3

| (9) | Dos partes interesadas presentaron observaciones a la Comisión: CAMED y el denunciante. Las observaciones se transmitieron a las autoridades italianas, ofreciéndoles la posibilidad de comentarlas; los comentarios formulados se recibieron por carta de 12 de enero de 2017. |
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(9)

Dos partes interesadas presentaron observaciones a la Comisión: CAMED y el denunciante. Las observaciones se transmitieron a las autoridades italianas, ofreciéndoles la posibilidad de comentarlas; los comentarios formulados se recibieron por carta de 12 de enero de 2017.

| (10) | La Comisión planteó nuevas preguntas el 9 y el 16 de noviembre de 2017, a las que las autoridades italianas respondieron el 24 de noviembre de 2017. |
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(10)

La Comisión planteó nuevas preguntas el 9 y el 16 de noviembre de 2017, a las que las autoridades italianas respondieron el 24 de noviembre de 2017.

2.   DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA AYUDA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA AYUDA

2.1.   Contexto y beneficiarios de la ayuda

Contexto y beneficiarios de la ayuda

| (11) | El puerto de Nápoles está situado en la región de Campania y está gestionado por la APN. |
| --- | --- |

(11)

El puerto de Nápoles está situado en la región de Campania y está gestionado por la APN.

| (12) | En el puerto de Nápoles hay tres diques secos, propiedad del Estado (diques secos n.os 1, 2 y 3), y dos diques flotantes, propiedad de dos operadores privados (muelles n.os 5 y 6). |
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(12)

En el puerto de Nápoles hay tres diques secos, propiedad del Estado (diques secos n.os 1, 2 y 3), y dos diques flotantes, propiedad de dos operadores privados (muelles n.os 5 y 6).

os

os

| (13) | Los diques secos n.os 1, 2 y 3 los utiliza CAMED para actividades de reparación naval y, en principio, cualquier otra empresa de reparación naval con arreglo a lo dispuesto en el Regolamento per l'esercizio dei bacini di carenaggio del porto di Napoli (Reglamento para el funcionamiento de los diques secos del puerto de Nápoles) (4), aprobado en 2002 y posteriormente modificado (en lo sucesivo, «el Reglamento de 2002») (5). Según las autoridades italianas, todos los diques secos del puerto de Nápoles deben ser accesibles a todos los usuarios interesados (como otras empresas de reparación naval), sobre la base de determinadas normas objetivas y predeterminadas. |
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(13)

Los diques secos n.os 1, 2 y 3 los utiliza CAMED para actividades de reparación naval y, en principio, cualquier otra empresa de reparación naval con arreglo a lo dispuesto en el Regolamento per l'esercizio dei bacini di carenaggio del porto di Napoli (Reglamento para el funcionamiento de los diques secos del puerto de Nápoles) (4), aprobado en 2002 y posteriormente modificado (en lo sucesivo, «el Reglamento de 2002») (5). Según las autoridades italianas, todos los diques secos del puerto de Nápoles deben ser accesibles a todos los usuarios interesados (como otras empresas de reparación naval), sobre la base de determinadas normas objetivas y predeterminadas.

os

Regolamento per l

esercizio dei bacini di carenaggio del porto di Napoli

4

5

| (14) | Las autoridades italianas explicaron que, en relación con la Decisión del grupo Fincantieri –que en aquel momento era uno de los principales operadores del sector de la construcción naval– de retirarse del puerto de Nápoles, a finales del siglo pasado los diques se encontraban en una situación de degradación sustancial. En aquel momento, CAMED (6) actuaba como empresa de reparaciones navales en el puerto en virtud de un acto de concesión de propiedades públicas, válido de 1909 a 2008. Según las autoridades italianas, CAMED accedió a invertir en la zona, siempre que la APN llevase a cabo una serie de inversiones estructurales en los diques secos n.os 1, 2 y 3. En relación con una solicitud que presentó CAMED en 1999 a la APN, esta última aceptó ejecutar obras para modernizar el dique seco n.o 3 y adaptarlo para su uso (en lo sucesivo, «el acuerdo de 2001») (7). |
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(14)

Las autoridades italianas explicaron que, en relación con la Decisión del grupo Fincantieri –que en aquel momento era uno de los principales operadores del sector de la construcción naval– de retirarse del puerto de Nápoles, a finales del siglo pasado los diques se encontraban en una situación de degradación sustancial. En aquel momento, CAMED (6) actuaba como empresa de reparaciones navales en el puerto en virtud de un acto de concesión de propiedades públicas, válido de 1909 a 2008. Según las autoridades italianas, CAMED accedió a invertir en la zona, siempre que la APN llevase a cabo una serie de inversiones estructurales en los diques secos n.os 1, 2 y 3. En relación con una solicitud que presentó CAMED en 1999 a la APN, esta última aceptó ejecutar obras para modernizar el dique seco n.o 3 y adaptarlo para su uso (en lo sucesivo, «el acuerdo de 2001») (7).

6

os

o

7

| (15) | En 2001, CAMED solicitó a la APN autorización para llevar a cabo una serie de obras en los muelles a cambio de una prórroga de 40 años de la concesión existente de la propiedad pública. A raíz de la petición de CAMED, la APN inició el procedimiento administrativo que establece la legislación italiana para la adjudicación de un contrato de concesión de propiedades públicas (8) mediante la publicación en el registro municipal y en el registro de la APN de la solicitud de CAMED relativa a la concesión de propiedades públicas, junto con el plan industrial, durante un período de 20 días (del 18 de enero de 2002 al 6 de febrero de 2002). En la publicación, se invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones o propuestas alternativas. De conformidad con el procedimiento, en caso de oposición o reclamación, la decisión sobre la adjudicación de la concesión deberá ser aprobada por el Ministro competente. |
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(15)

En 2001, CAMED solicitó a la APN autorización para llevar a cabo una serie de obras en los muelles a cambio de una prórroga de 40 años de la concesión existente de la propiedad pública. A raíz de la petición de CAMED, la APN inició el procedimiento administrativo que establece la legislación italiana para la adjudicación de un contrato de concesión de propiedades públicas (8) mediante la publicación en el registro municipal y en el registro de la APN de la solicitud de CAMED relativa a la concesión de propiedades públicas, junto con el plan industrial, durante un período de 20 días (del 18 de enero de 2002 al 6 de febrero de 2002). En la publicación, se invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones o propuestas alternativas. De conformidad con el procedimiento, en caso de oposición o reclamación, la decisión sobre la adjudicación de la concesión deberá ser aprobada por el Ministro competente.

8

| (16) | A falta de comentarios en relación con la publicación de la solicitud de CAMED, la APN expidió a CAMED el «acto de concesión de propiedades públicas» n.o 125, de 29 de julio de 2004 (en lo sucesivo, «la concesión de 2004»), para la gestión y utilización de los tres diques secos, con la obligación de hacerlos accesibles a todos los usuarios interesados, es decir, las demás empresas de reparación naval, de conformidad con el Reglamento de 2002. CAMED acordó rescindir la concesión de propiedades públicas anterior, que databa de 1909. En virtud de la concesión de 2004, CAMED tiene derecho a gestionar y utilizar los diques secos durante 30 años a partir del 28 de julio de 2003, en lugar de los 40 años exigidos, a cambio de un canon de ocupación anual, calculado sobre la base de los parámetros fijos previstos (EUR/m2) por la ley y ajustado anualmente a la inflación a tenor de lo dispuesto en el decreto ministerial de 15 de noviembre de 1995. En el cuadro 1 se presentan los datos sobre el canon de ocupación abonado en el período 2004-2017.

  Cuadro 1


  Canon de concesión







  (en EUR) |
| --- | --- |
| Año | Canon de concesión anual |
| 2004 | 124 117 |
| 2005 | 103 300 |
| 2006 | 139 900 |
| 2007 | 147 800 |
| 2008 | 146 341 |
| 2009 | 154 392 |
| 2010 | 149 148 |
| 2011 | 153 321 |
| 2012 | 159 071 |
| 2013 | 143 671 |
| 2014 | 142 178 |
| 2015 | 132 664 |
| 2016 | 133 658 |
| 2017 | 133 257 |

(16)

A falta de comentarios en relación con la publicación de la solicitud de CAMED, la APN expidió a CAMED el «acto de concesión de propiedades públicas» n.o 125, de 29 de julio de 2004 (en lo sucesivo, «la concesión de 2004»), para la gestión y utilización de los tres diques secos, con la obligación de hacerlos accesibles a todos los usuarios interesados, es decir, las demás empresas de reparación naval, de conformidad con el Reglamento de 2002. CAMED acordó rescindir la concesión de propiedades públicas anterior, que databa de 1909. En virtud de la concesión de 2004, CAMED tiene derecho a gestionar y utilizar los diques secos durante 30 años a partir del 28 de julio de 2003, en lugar de los 40 años exigidos, a cambio de un canon de ocupación anual, calculado sobre la base de los parámetros fijos previstos (EUR/m2) por la ley y ajustado anualmente a la inflación a tenor de lo dispuesto en el decreto ministerial de 15 de noviembre de 1995. En el cuadro 1 se presentan los datos sobre el canon de ocupación abonado en el período 2004-2017.

o

2

Cuadro 1

Cuadro 1

Canon de concesión

Canon de concesión

(en EUR)

Año

Canon de concesión anual

2004

124 117

2005

103 300

2006

139 900

2007

147 800

2008

146 341

2009

154 392

2010

149 148

2011

153 321

2012

159 071

2013

143 671

2014

142 178

2015

132 664

2016

133 658

2017

133 257

| (17) | Con arreglo al artículo 1 de la concesión de 2004, la duración de la concesión permite la amortización de inversiones ya efectuadas y que se efectuarán en relación con las medidas previstas en el marco del nuevo programa de inversiones de CAMED, por un total de 24 millones de EUR (47 662 millones de liras italianas) (9). A tenor de lo dispuesto en la concesión de 2004, CAMED también aportó un aval de 275 000 EUR como garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acto de concesión. |
| --- | --- |

(17)

Con arreglo al artículo 1 de la concesión de 2004, la duración de la concesión permite la amortización de inversiones ya efectuadas y que se efectuarán en relación con las medidas previstas en el marco del nuevo programa de inversiones de CAMED, por un total de 24 millones de EUR (47 662 millones de liras italianas) (9). A tenor de lo dispuesto en la concesión de 2004, CAMED también aportó un aval de 275 000 EUR como garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acto de concesión.

9

| (18) | En virtud del artículo 3 de la concesión de 2004, la APN se comprometió a realizar, antes de finales de 2006, determinadas obras estructurales en la zona concedida a CAMED, en particular: i) la adaptación de la estación de bombeo de los diques n.os 1 y 2; ii) la construcción de los nuevos barcos-puertas certificados para los diques n.os 1, 2 y 3; iii) la rehabilitación de los paramentos y de la platea del dique n.o 2; iv) la rehabilitación estructural de los muelles y de los paramentos del muelle adyacente al dique n.o 2 y el muelle n.o 33/b. |
| --- | --- |

(18)

En virtud del artículo 3 de la concesión de 2004, la APN se comprometió a realizar, antes de finales de 2006, determinadas obras estructurales en la zona concedida a CAMED, en particular: i) la adaptación de la estación de bombeo de los diques n.os 1 y 2; ii) la construcción de los nuevos barcos-puertas certificados para los diques n.os 1, 2 y 3; iii) la rehabilitación de los paramentos y de la platea del dique n.o 2; iv) la rehabilitación estructural de los muelles y de los paramentos del muelle adyacente al dique n.o 2 y el muelle n.o 33/b.

os

os

o

o

o

| (19) | Tras la Decisión de incoar el procedimiento, las autoridades italianas precisaron que CAMED había realizado inversiones por un importe de 24 610 420 EUR en el marco de la concesión de 2004 y otras inversiones adicionales por un importe de 17 931 075 EUR hasta 2016. |
| --- | --- |

(19)

Tras la Decisión de incoar el procedimiento, las autoridades italianas precisaron que CAMED había realizado inversiones por un importe de 24 610 420 EUR en el marco de la concesión de 2004 y otras inversiones adicionales por un importe de 17 931 075 EUR hasta 2016.

2.2.   Denuncia de ayudas estatales por parte del denunciante

Denuncia de ayudas estatales por parte del denunciante

| (20) | En el primer documento presentado, el denunciante afirmaba que CAMED se había beneficiado de ayudas en dos sentidos: i) como gestor de los diques secos, gracias a la reducción de los costes de acondicionamiento (ayudas al funcionamiento); y ii) como usuario de la infraestructura, es decir, como operador en el ámbito de la reparación naval, dado que esta última, que, en principio, debería estar abierta a todos los usuarios comerciales de manera no discriminatoria, fue utilizada únicamente por CAMED. La denuncia también contenía acusaciones de conducta abusiva que no son, sin embargo, pertinentes a efectos de la presente Decisión y sobre las cuales el demandante es destinatario de una Decisión individual adoptada el 24 de julio de 2014. |
| --- | --- |

(20)

En el primer documento presentado, el denunciante afirmaba que CAMED se había beneficiado de ayudas en dos sentidos: i) como gestor de los diques secos, gracias a la reducción de los costes de acondicionamiento (ayudas al funcionamiento); y ii) como usuario de la infraestructura, es decir, como operador en el ámbito de la reparación naval, dado que esta última, que, en principio, debería estar abierta a todos los usuarios comerciales de manera no discriminatoria, fue utilizada únicamente por CAMED. La denuncia también contenía acusaciones de conducta abusiva que no son, sin embargo, pertinentes a efectos de la presente Decisión y sobre las cuales el demandante es destinatario de una Decisión individual adoptada el 24 de julio de 2014.

| (21) | Según el denunciante, la ventaja recibida por CAMED habría sido consecuencia de la realización de las siguientes obras (en lo sucesivo, «las intervenciones»):






  1) | intervención n.o 1: adaptación estructural de algunas partes del dique n.o 3 (importe de la ayuda: 12 928 537 EUR); |
| --- | --- | --- |

(21)

Según el denunciante, la ventaja recibida por CAMED habría sido consecuencia de la realización de las siguientes obras (en lo sucesivo, «las intervenciones»):

1)

intervención n.o 1: adaptación estructural de algunas partes del dique n.o 3 (importe de la ayuda: 12 928 537 EUR);

o

o

| 2) | intervención n.o 2: adaptación de la estación de bombeo de los diques n.os 1 y 2, y rehabilitación de los paramentos de los muelles adyacentes al dique n.o 2 (importe de la ayuda: 23 170 000 EUR); |
| --- | --- |

2)

intervención n.o 2: adaptación de la estación de bombeo de los diques n.os 1 y 2, y rehabilitación de los paramentos de los muelles adyacentes al dique n.o 2 (importe de la ayuda: 23 170 000 EUR);

o

os

o

| 3) | intervención n.o 3: reparación y consolidación del malecón interior del muelle n.o 3 (muelle Cesario Console) (importe de la ayuda: 13 000 000 EUR). |
| --- | --- |

3)

intervención n.o 3: reparación y consolidación del malecón interior del muelle n.o 3 (muelle Cesario Console) (importe de la ayuda: 13 000 000 EUR).

o

o

| (22) | Mediante un escrito complementario de 19 de noviembre de 2013, el denunciante amplió el campo de aplicación de su reclamación, alegando que las intervenciones constituyen una ayuda estatal en favor de la APN, de acuerdo con la práctica reiterada de la Comisión (10). Según el denunciante, el concesionario (CAMED) se habría beneficiado de la ayuda, dado que la concesión no se adjudicó mediante una licitación pública abierta, transparente y no discriminatoria. El denunciante también señaló que no había pruebas de que el canon de concesión pagado por CAMED pudiera excluir posibles ventajas. Según el denunciante, la metodología prevista por la legislación nacional para establecer el canon de concesión (véase el considerando 16) no refleja el aumento de valor de la infraestructura tras posibles intervenciones. ya que corresponde a un importe fijo de EUR/m2. |
| --- | --- |

(22)

Mediante un escrito complementario de 19 de noviembre de 2013, el denunciante amplió el campo de aplicación de su reclamación, alegando que las intervenciones constituyen una ayuda estatal en favor de la APN, de acuerdo con la práctica reiterada de la Comisión (10). Según el denunciante, el concesionario (CAMED) se habría beneficiado de la ayuda, dado que la concesión no se adjudicó mediante una licitación pública abierta, transparente y no discriminatoria. El denunciante también señaló que no había pruebas de que el canon de concesión pagado por CAMED pudiera excluir posibles ventajas. Según el denunciante, la metodología prevista por la legislación nacional para establecer el canon de concesión (véase el considerando 16) no refleja el aumento de valor de la infraestructura tras posibles intervenciones. ya que corresponde a un importe fijo de EUR/m2.

10

2

| (23) | El 1 de octubre de 2015, el denunciante facilitó también una lista de las decisiones adoptadas por la autoridad portuaria de Nápoles (resoluciones n.os 308/2015, 181/2015, 233/2015, 277/2015, 279/2015, 281/2015, 293/2015, 302/2015) en relación con las obras que se debían efectuar en los diques secos, como prueba del incumplimiento de la obligación de suspender la ayuda. |
| --- | --- |

(23)

El 1 de octubre de 2015, el denunciante facilitó también una lista de las decisiones adoptadas por la autoridad portuaria de Nápoles (resoluciones n.os 308/2015, 181/2015, 233/2015, 277/2015, 279/2015, 281/2015, 293/2015, 302/2015) en relación con las obras que se debían efectuar en los diques secos, como prueba del incumplimiento de la obligación de suspender la ayuda.

os

2.3.   Observaciones de Italia relativas a la supuesta medida de ayuda estatal/Financiación del proyecto de inversión y fundamento jurídico

Observaciones de Italia relativas a la supuesta medida de ayuda estatal/Financiación del proyecto de inversión y fundamento jurídico

| (24) | Antes de aprobar la Decisión de incoar el procedimiento, las autoridades italianas explicaron que solo una parte de las obras previstas para la reparación y consolidación del dique seco n.o 3 se había completado en 2006, tras un proceso de licitación pública (intervención n.o 1), mientras que las obras previstas para las intervenciones n.os 2 y 3 no se habían finalizado. De todo el proyecto acordado con CAMED en el marco del acuerdo de 2001 y de la concesión de 2004, solo una pequeña parte se completó íntegramente. |
| --- | --- |

(24)

Antes de aprobar la Decisión de incoar el procedimiento, las autoridades italianas explicaron que solo una parte de las obras previstas para la reparación y consolidación del dique seco n.o 3 se había completado en 2006, tras un proceso de licitación pública (intervención n.o 1), mientras que las obras previstas para las intervenciones n.os 2 y 3 no se habían finalizado. De todo el proyecto acordado con CAMED en el marco del acuerdo de 2001 y de la concesión de 2004, solo una pequeña parte se completó íntegramente.

o

o

os

| (25) | De acuerdo con las autoridades italianas, el derecho legal de beneficiarse de financiaciones se atribuyó a la APN en 1998, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley n.o 413/1998, que prevé que el Ministerio de Infraestructuras y Transportes italiano (en lo sucesivo, «el Ministerio») adopte un programa de inversiones en los puertos sobre la base de las solicitudes de las autoridades portuarias (11). De ello se deduce que el programa de inversión se aprobó con dos decretos emitidos por el Ministerio y fue modificado posteriormente. El primer decreto de 27 de octubre de 1999 (12) (en lo sucesivo, el «Decreto ministerial de 27 de octubre de 1999») enumera 20 puertos beneficiarios de la financiación nacional, y el segundo decreto (13) (en lo sucesivo, el «Decreto ministerial de 2 de mayo de 2001») amplía esta lista a 25 puertos. Con referencia a dichos decretos, las autoridades portuarias están autorizadas a contraer préstamos o realizar otras transacciones financieras por un importe total de 100 000 millones de liras italianas (aproximadamente 51 millones de EUR). El Ministerio debe reembolsar los importes correspondientes directamente a las entidades financieras cada año (14). Por tanto, según Italia, las medidas en favor de la APN habrían sido concedidas en 1998 con la Ley n.o 413/1998. |
| --- | --- |

(25)

De acuerdo con las autoridades italianas, el derecho legal de beneficiarse de financiaciones se atribuyó a la APN en 1998, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley n.o 413/1998, que prevé que el Ministerio de Infraestructuras y Transportes italiano (en lo sucesivo, «el Ministerio») adopte un programa de inversiones en los puertos sobre la base de las solicitudes de las autoridades portuarias (11). De ello se deduce que el programa de inversión se aprobó con dos decretos emitidos por el Ministerio y fue modificado posteriormente. El primer decreto de 27 de octubre de 1999 (12) (en lo sucesivo, el «Decreto ministerial de 27 de octubre de 1999») enumera 20 puertos beneficiarios de la financiación nacional, y el segundo decreto (13) (en lo sucesivo, el «Decreto ministerial de 2 de mayo de 2001») amplía esta lista a 25 puertos. Con referencia a dichos decretos, las autoridades portuarias están autorizadas a contraer préstamos o realizar otras transacciones financieras por un importe total de 100 000 millones de liras italianas (aproximadamente 51 millones de EUR). El Ministerio debe reembolsar los importes correspondientes directamente a las entidades financieras cada año (14). Por tanto, según Italia, las medidas en favor de la APN habrían sido concedidas en 1998 con la Ley n.o 413/1998.

o

11

12

13

14

o

| (26) | Tras la Decisión de incoar el procedimiento, las autoridades italianas presentaron aclaraciones adicionales sobre los importes de las inversiones por parte del Estado italiano y de la APN. |
| --- | --- |

(26)

Tras la Decisión de incoar el procedimiento, las autoridades italianas presentaron aclaraciones adicionales sobre los importes de las inversiones por parte del Estado italiano y de la APN.

Intervención n.o 1

Intervención n.o

| (27) | Las autoridades italianas indicaron que las obras relativas a la intervención n.o 1 comenzaron el 21 de octubre de 2002 y finalizaron el 24 de enero de 2006. Los gastos realizados en el momento de adoptar la presente Decisión ascienden a 12 859 854,50 EUR. |
| --- | --- |

(27)

Las autoridades italianas indicaron que las obras relativas a la intervención n.o 1 comenzaron el 21 de octubre de 2002 y finalizaron el 24 de enero de 2006. Los gastos realizados en el momento de adoptar la presente Decisión ascienden a 12 859 854,50 EUR.

o

Intervención n.o 2

Intervención n.o

| (28) | La intervención n.o 2 fue cofinanciada por el Ministerio con un importe de 14 971 621,41 EUR. Sin embargo, el Ministerio aún no ha abonado la suma de 5 498 378,59 EUR que la APN debe adelantar y que se reembolsará posteriormente a través de subvenciones monetarias del Ministerio. |
| --- | --- |

(28)

La intervención n.o 2 fue cofinanciada por el Ministerio con un importe de 14 971 621,41 EUR. Sin embargo, el Ministerio aún no ha abonado la suma de 5 498 378,59 EUR que la APN debe adelantar y que se reembolsará posteriormente a través de subvenciones monetarias del Ministerio.

o

| (29) | Para la intervención n.o 2, la APN hizo uso de fondos propios equivalentes a 2 700 000 EUR (Delibera 89/2016 de 22 de marzo de 2016) y a 5 830 000 EUR (Delibera 175/2017 de 31 de mayo de 2017). |
| --- | --- |

(29)

Para la intervención n.o 2, la APN hizo uso de fondos propios equivalentes a 2 700 000 EUR (Delibera 89/2016 de 22 de marzo de 2016) y a 5 830 000 EUR (Delibera 175/2017 de 31 de mayo de 2017).

o

Delibera 89/2016

Delibera 175/2017

| (30) | Las obras relativas a la intervención n.o 2 comenzaron el 5 de noviembre de 2012 y todavía no han finalizado. Los gastos sufragados en el momento de adoptar la presente Decisión ascienden a 11 192 515,79 EUR. La estimación global de gastos para esta intervención es de 29 000 000 EUR. |
| --- | --- |

(30)

Las obras relativas a la intervención n.o 2 comenzaron el 5 de noviembre de 2012 y todavía no han finalizado. Los gastos sufragados en el momento de adoptar la presente Decisión ascienden a 11 192 515,79 EUR. La estimación global de gastos para esta intervención es de 29 000 000 EUR.

o

Intervención n.o 3

Intervención n.o

| (31) | Por último, la tercera intervención se financia en parte mediante los fondos propios de la APN (5 091 000 EUR de conformidad con la Delibera 356/2014 de 24 de diciembre de 2014). |
| --- | --- |

(31)

Por último, la tercera intervención se financia en parte mediante los fondos propios de la APN (5 091 000 EUR de conformidad con la Delibera 356/2014 de 24 de diciembre de 2014).

Delibera 356/2014

| (32) | En diciembre de 2017, las obras correspondientes a la intervención n.o 3 aún no habían comenzado (las obras se adjudicaron el 19 de julio de 2017) y los gastos contraídos ascendían a 6 880,50 EUR. La estimación global de gastos para esta intervención es de 15 900 000 EUR. |
| --- | --- |

(32)

En diciembre de 2017, las obras correspondientes a la intervención n.o 3 aún no habían comenzado (las obras se adjudicaron el 19 de julio de 2017) y los gastos contraídos ascendían a 6 880,50 EUR. La estimación global de gastos para esta intervención es de 15 900 000 EUR.

o

| (33) | El coste total del proyecto de inversión (es decir, las tres intervenciones) es de 57 759 874,5 EUR, y se divide en tres partes, tal como se indica en el cuadro 2.

  Cuadro 2


  Inversiones públicas programadas











  Intervención | Importes | Desembolso | Fecha de pago | Coste de la inversión programada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reforma estructural de algunas partes del muelle n.o 3 |

(33)

El coste total del proyecto de inversión (es decir, las tres intervenciones) es de 57 759 874,5 EUR, y se divide en tres partes, tal como se indica en el cuadro 2.

Cuadro 2

Cuadro 2

Inversiones públicas programadas

Inversiones públicas programadas

Intervención

Importes

Desembolso

Fecha de pago

Coste de la inversión programada

1.

Reforma estructural de algunas partes del muelle n.o 3

o

9 760 629,57

Sí

8.1.2003

21.12.2004

14.7.2005

26.10.2005

12.12.2011

12 859 854,50

3 099 224,93

Sí

31.12.2002

26.4.2004

19.4.2005

6.10.2005

24.4.2006

| 2. | Adaptación de la estación de bombeo de los muelles n.os 1 y 2, renovación de los estribos adyacentes al muelle n.o 2 |
| --- | --- |

2.

Adaptación de la estación de bombeo de los muelles n.os 1 y 2, renovación de los estribos adyacentes al muelle n.o 2

os

o

8 300 000,00

Sí

4.8.2006

27.12.2006

29.12.2006

29 000 000,00

6 671 621,41

Sí

1.9.2011

22.3.2013

17.12.2014

2 700 000,00 (contribución propia de la APN)

Sí

23.03.2016

5 498 378,59 (que debe adelantar la APN y que serán reembolsados por el Estado italiano)

5 498 378,59

No

No procede

5 830 000,00

(contribución propia de la APN)

Sí

31.5.2017

| 3. | Reparación y consolidación del malecón interior del muelle n.o 3 |
| --- | --- |

3.

Reparación y consolidación del malecón interior del muelle n.o 3

o

10 809 000,00

Sí

18.11.2014

15 900 000

5 091 000,00 (contribución propia de la APN)

Sí

24.12.2014

Financiación total de la APN

13 621 000,00

Financiación total del Estado italiano

44 138 854,50

44 138 854,50

Total

Total

57 759 854,50

57 759 854,50

| (34) | A la luz de lo anterior, la financiación del Estado italiano ya concedida o comprometida para este proyecto es de 44 138 854,50 EUR. Dicha financiación adoptó la forma de reembolso directo del Ministerio a las entidades financieras para los préstamos contraídos por la APN, así como de subvenciones directas a la APN con cargo al presupuesto nacional italiano. Las autoridades italianas explicaron que el importe restante de 13 621 000 EUR (incluidos 2 700 000 EUR y 5 830 000 EUR para la intervención n.o 2 y 5 091 000 EUR para la intervención n.o 3) lo aportó la APN utilizando fondos propios, adquiridos en el marco del ejercicio de su actividad económica de gestión del puerto. |
| --- | --- |

(34)

A la luz de lo anterior, la financiación del Estado italiano ya concedida o comprometida para este proyecto es de 44 138 854,50 EUR. Dicha financiación adoptó la forma de reembolso directo del Ministerio a las entidades financieras para los préstamos contraídos por la APN, así como de subvenciones directas a la APN con cargo al presupuesto nacional italiano. Las autoridades italianas explicaron que el importe restante de 13 621 000 EUR (incluidos 2 700 000 EUR y 5 830 000 EUR para la intervención n.o 2 y 5 091 000 EUR para la intervención n.o 3) lo aportó la APN utilizando fondos propios, adquiridos en el marco del ejercicio de su actividad económica de gestión del puerto.

o

o

2.4.   Razones para incoar el procedimiento de investigación formal

Razones para incoar el procedimiento de investigación formal

| (35) | El 28 de junio de 2016, la Comisión aprobó una Decisión para incoar el procedimiento de investigación formal relativo a las medidas en cuestión, con el fin de resolver las dudas sobre el carácter de ayuda estatal de dichas medidas en virtud del artículo 107, apartado 1, del TFUE, y sobre su compatibilidad con el mercado interior. |
| --- | --- |

(35)

El 28 de junio de 2016, la Comisión aprobó una Decisión para incoar el procedimiento de investigación formal relativo a las medidas en cuestión, con el fin de resolver las dudas sobre el carácter de ayuda estatal de dichas medidas en virtud del artículo 107, apartado 1, del TFUE, y sobre su compatibilidad con el mercado interior.

2.4.1.   Dudas sobre la existencia de ayudas en favor de la APN

Dudas sobre la existencia de ayudas en favor de la APN

| (36) | En la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión llegó a la conclusión preliminar de que la medida constituía una ayuda a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, puesto que la APN había recibido fondos estatales para modernizar las instalaciones de reparación naval que gestiona. La APN –como entidad que desarrolla una actividad económica por cuenta del propietario, que es el Estado italiano– puede considerarse una empresa. Por tanto, la transferencia parece constituir una transferencia de fondos estatales y es imputable al Estado. |
| --- | --- |

(36)

En la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión llegó a la conclusión preliminar de que la medida constituía una ayuda a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, puesto que la APN había recibido fondos estatales para modernizar las instalaciones de reparación naval que gestiona. La APN –como entidad que desarrolla una actividad económica por cuenta del propietario, que es el Estado italiano– puede considerarse una empresa. Por tanto, la transferencia parece constituir una transferencia de fondos estatales y es imputable al Estado.

| (37) | Por otra parte, con arreglo a la Decisión de incoar el procedimiento, la financiación pública parece conceder una ventaja selectiva a la APN. La Comisión alberga dudas de que la APN esté encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público (en lo sucesivo, «OSP»), obligaciones que deben estar claramente definidas y cumplir las cuatro condiciones acumulativas de la sentencia Altmark. El servicio prestado por la APN (alquiler de instalaciones de reparación naval a cambio de una contraprestación) no presenta ninguna característica específica respecto a las demás actividades económicas. La Comisión expresó dudas sobre el hecho de que; i) la APN se hubiese encargado efectivamente de la ejecución de las OSP y que dichas obligaciones se hubiesen definido claramente; ii) los parámetros a partir de los que se calcula la compensación se hubiesen definido previamente de manera objetiva y transparente; iii) la compensación no superase el importe necesario para cubrir los costes derivados de la ejecución de las OSP, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones; y iv) que el operador hubiese sido elegido sobre la base de un procedimiento de contratación pública o que los costes imputables a las OSP se limitasen a los costes de una empresa media (bien gestionada y adecuadamente equipada de medios de transporte para poder satisfacer las exigencias del servicio público requeridas). |
| --- | --- |

(37)

Por otra parte, con arreglo a la Decisión de incoar el procedimiento, la financiación pública parece conceder una ventaja selectiva a la APN. La Comisión alberga dudas de que la APN esté encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público (en lo sucesivo, «OSP»), obligaciones que deben estar claramente definidas y cumplir las cuatro condiciones acumulativas de la sentencia Altmark. El servicio prestado por la APN (alquiler de instalaciones de reparación naval a cambio de una contraprestación) no presenta ninguna característica específica respecto a las demás actividades económicas. La Comisión expresó dudas sobre el hecho de que; i) la APN se hubiese encargado efectivamente de la ejecución de las OSP y que dichas obligaciones se hubiesen definido claramente; ii) los parámetros a partir de los que se calcula la compensación se hubiesen definido previamente de manera objetiva y transparente; iii) la compensación no superase el importe necesario para cubrir los costes derivados de la ejecución de las OSP, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones; y iv) que el operador hubiese sido elegido sobre la base de un procedimiento de contratación pública o que los costes imputables a las OSP se limitasen a los costes de una empresa media (bien gestionada y adecuadamente equipada de medios de transporte para poder satisfacer las exigencias del servicio público requeridas).

| (38) | La Comisión llegó a la conclusión preliminar de que el proyecto de inversión permite a la APN continuar la actividad económica consistente en el arrendamiento de diques secos, que es un sector económico abierto a la competencia y a los intercambios comerciales a nivel de la Unión, y que la medida puede falsear la competencia y afectar al comercio dentro de la Unión. |
| --- | --- |

(38)

La Comisión llegó a la conclusión preliminar de que el proyecto de inversión permite a la APN continuar la actividad económica consistente en el arrendamiento de diques secos, que es un sector económico abierto a la competencia y a los intercambios comerciales a nivel de la Unión, y que la medida puede falsear la competencia y afectar al comercio dentro de la Unión.

| (39) | En la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión consideró que el hecho de calificar las medidas como ayudas estatales no implica una infracción del artículo 345 del TFUE, que establece el principio de neutralidad entre entidades públicas y privadas. La Comisión señaló con carácter preliminar que considerar las medidas como ayudas estatales no parece discriminar a los propietarios públicos, dado que los propietarios privados que actúan en el mismo sector deberían elaborar previamente un plan de negocio y efectuar la inversión solo en caso de que resultase rentable según dicho plan de negocio. De lo contrario, los propietarios, tanto públicos como privados, podrían recibir ayudas compatibles si cumpliesen todas las condiciones establecidas en las normas aplicables en materia de ayudas estatales en el sector de la construcción naval. |
| --- | --- |

(39)

En la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión consideró que el hecho de calificar las medidas como ayudas estatales no implica una infracción del artículo 345 del TFUE, que establece el principio de neutralidad entre entidades públicas y privadas. La Comisión señaló con carácter preliminar que considerar las medidas como ayudas estatales no parece discriminar a los propietarios públicos, dado que los propietarios privados que actúan en el mismo sector deberían elaborar previamente un plan de negocio y efectuar la inversión solo en caso de que resultase rentable según dicho plan de negocio. De lo contrario, los propietarios, tanto públicos como privados, podrían recibir ayudas compatibles si cumpliesen todas las condiciones establecidas en las normas aplicables en materia de ayudas estatales en el sector de la construcción naval.

| (40) | Por otra parte, en la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión concluyó con carácter preliminar que las medidas en cuestión no podían calificarse de ayuda existente a tenor de lo dispuesto en el artículo 1, letra b), del Reglamento (UE) 2015/1589 (en lo sucesivo, el «Reglamento de Procedimiento»), ya que el apoyo del Estado a las infraestructuras para la construcción y la reparación naval siempre se ha considerado una ayuda estatal, incluso antes de la sentencia Leipzig Halle. |
| --- | --- |

(40)

Por otra parte, en la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión concluyó con carácter preliminar que las medidas en cuestión no podían calificarse de ayuda existente a tenor de lo dispuesto en el artículo 1, letra b), del Reglamento (UE) 2015/1589 (en lo sucesivo, el «Reglamento de Procedimiento»), ya que el apoyo del Estado a las infraestructuras para la construcción y la reparación naval siempre se ha considerado una ayuda estatal, incluso antes de la sentencia Leipzig Halle.

2.4.2.   Dudas sobre la existencia de ayudas en favor de CAMED

Dudas sobre la existencia de ayudas en favor de CAMED

| (41) | En relación con la posible ayuda a CAMED, en la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión observó que el apoyo público a la APN la eximió parcialmente de los costes de inversión que cualquier otro propietario de instalaciones de reparación naval en el mercado habría debido pagar en su totalidad y, por lo tanto, permitió aplicar cánones inferiores a CAMED. |
| --- | --- |

(41)

En relación con la posible ayuda a CAMED, en la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión observó que el apoyo público a la APN la eximió parcialmente de los costes de inversión que cualquier otro propietario de instalaciones de reparación naval en el mercado habría debido pagar en su totalidad y, por lo tanto, permitió aplicar cánones inferiores a CAMED.

| (42) | Las medidas examinadas son imputables al Estado, ya que las concedió la autoridad portuaria de Nápoles, que es un organismo público perteneciente a la administración del Estado, a pesar de que el organismo en cuestión goza de autonomía jurídica respecto a las demás autoridades públicas. Por otra parte, en la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión señaló que, al poner a disposición de CAMED los diques secos posiblemente a tarifas inferiores a las del mercado, la APN podría haber renunciado a fondos estatales. |
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(42)

Las medidas examinadas son imputables al Estado, ya que las concedió la autoridad portuaria de Nápoles, que es un organismo público perteneciente a la administración del Estado, a pesar de que el organismo en cuestión goza de autonomía jurídica respecto a las demás autoridades públicas. Por otra parte, en la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión señaló que, al poner a disposición de CAMED los diques secos posiblemente a tarifas inferiores a las del mercado, la APN podría haber renunciado a fondos estatales.

| (43) | En ausencia de una licitación, y dado que el canon de ocupación que pagó CAMED a la autoridad portuaria se calculó sobre la base de los parámetros fijos establecidos por ley, la Comisión concluyó con carácter preliminar que los acuerdos contractuales entre la APN y CAMED podrían otorgar a CAMED una posible ventaja económica en condiciones más favorables que las condiciones normales de mercado, al poner a disposición diques secos renovados a tarifas posiblemente por debajo de las del mercado. Asimismo, aun en el caso de que pudiera reconocerse que CAMED realizó algunas inversiones a cambio de la finalización de las intervenciones, no hay indicios de que el importe de las inversiones que efectuó CAMED para la APN, junto con el canon de ocupación, corresponda al valor de las intervenciones que llevó a cabo la APN para CAMED. La Comisión invitó a las autoridades italianas y a las demás partes interesadas a presentar sus observaciones sobre las conclusiones provisionales. |
| --- | --- |

(43)

En ausencia de una licitación, y dado que el canon de ocupación que pagó CAMED a la autoridad portuaria se calculó sobre la base de los parámetros fijos establecidos por ley, la Comisión concluyó con carácter preliminar que los acuerdos contractuales entre la APN y CAMED podrían otorgar a CAMED una posible ventaja económica en condiciones más favorables que las condiciones normales de mercado, al poner a disposición diques secos renovados a tarifas posiblemente por debajo de las del mercado. Asimismo, aun en el caso de que pudiera reconocerse que CAMED realizó algunas inversiones a cambio de la finalización de las intervenciones, no hay indicios de que el importe de las inversiones que efectuó CAMED para la APN, junto con el canon de ocupación, corresponda al valor de las intervenciones que llevó a cabo la APN para CAMED. La Comisión invitó a las autoridades italianas y a las demás partes interesadas a presentar sus observaciones sobre las conclusiones provisionales.

| (44) | En la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión expresó dudas en cuanto a que los cuatro requisitos de la sentencia Altmark se cumplieran simultáneamente por lo que respecta a las medidas concedidas a CAMED. |
| --- | --- |

(44)

En la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión expresó dudas en cuanto a que los cuatro requisitos de la sentencia Altmark se cumplieran simultáneamente por lo que respecta a las medidas concedidas a CAMED.

| (45) | Asimismo, la Comisión observó que las medidas podrían falsear la competencia y afectar al comercio dentro de la Unión. |
| --- | --- |

(45)

Asimismo, la Comisión observó que las medidas podrían falsear la competencia y afectar al comercio dentro de la Unión.

2.4.3.   Dudas respecto a la compatibilidad de la ayuda

Dudas respecto a la compatibilidad de la ayuda

| (46) | En relación con la compatibilidad, la Comisión concluyó con carácter preliminar que los diques secos no son infraestructuras de transporte, sino medios de producción de los astilleros, puesto que sirven para la construcción y la reparación naval, y no para el transporte. Por consiguiente, no fue posible evaluar la ayuda en cuestión directamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE como ayuda a la inversión para infraestructuras de transporte. |
| --- | --- |

(46)

En relación con la compatibilidad, la Comisión concluyó con carácter preliminar que los diques secos no son infraestructuras de transporte, sino medios de producción de los astilleros, puesto que sirven para la construcción y la reparación naval, y no para el transporte. Por consiguiente, no fue posible evaluar la ayuda en cuestión directamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE como ayuda a la inversión para infraestructuras de transporte.

2.4.3.1.   Compatibilidad de la ayuda en favor de la APN

Compatibilidad de la ayuda en favor de la APN

| (47) | La Comisión expresó dudas sobre la compatibilidad de la ayuda a la APN en virtud del Marco comunitario sobre los SIEG de 2011 y con arreglo a las normas sobre ayudas estatales en el sector de la construcción naval vigentes en el momento de la concesión de cada una de las medidas. En la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión llegó a la conclusión preliminar de que la concesión de cada una de las medidas tuvo lugar en el momento en que se incluyó la inversión en el programa de inversiones que se debía preparar a partir de los requisitos de las autoridades portuarias. La Comisión consideró que la información a este respecto era insuficiente e invitó a Italia a comunicar las fechas de concesión pertinentes para cada medida/intervención. |
| --- | --- |

(47)

La Comisión expresó dudas sobre la compatibilidad de la ayuda a la APN en virtud del Marco comunitario sobre los SIEG de 2011 y con arreglo a las normas sobre ayudas estatales en el sector de la construcción naval vigentes en el momento de la concesión de cada una de las medidas. En la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión llegó a la conclusión preliminar de que la concesión de cada una de las medidas tuvo lugar en el momento en que se incluyó la inversión en el programa de inversiones que se debía preparar a partir de los requisitos de las autoridades portuarias. La Comisión consideró que la información a este respecto era insuficiente e invitó a Italia a comunicar las fechas de concesión pertinentes para cada medida/intervención.

| (48) | No obstante, la Comisión expresó dudas en cuanto a la plena conformidad de las medidas, dado que los importes de la ayuda eran superiores a los importes máximos admisibles para las ayudas a la inversión de finalidad regional destinadas a instalaciones de reparación naval, de conformidad con las tres disciplinas relativas a la construcción naval, independientemente de la fecha exacta en que se concediese cada medida y sobre la base de los siguientes requisitos de compatibilidad aplicables a las ayudas a la construcción naval:






  — | el Reglamento (CE) n.o 1540/98 del Consejo (15); |
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(48)

No obstante, la Comisión expresó dudas en cuanto a la plena conformidad de las medidas, dado que los importes de la ayuda eran superiores a los importes máximos admisibles para las ayudas a la inversión de finalidad regional destinadas a instalaciones de reparación naval, de conformidad con las tres disciplinas relativas a la construcción naval, independientemente de la fecha exacta en que se concediese cada medida y sobre la base de los siguientes requisitos de compatibilidad aplicables a las ayudas a la construcción naval:

—

el Reglamento (CE) n.o 1540/98 del Consejo (15);

o

15

| — | el Marco de 2004 sobre ayudas estatales a la construcción naval, aplicable inicialmente desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2006, y prorrogado en un primer momento hasta el 31 de diciembre de 2008 y posteriormente hasta el 31 de diciembre de 2011
   (16); |
| --- | --- |

—

el Marco de 2004 sobre ayudas estatales a la construcción naval, aplicable inicialmente desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2006, y prorrogado en un primer momento hasta el 31 de diciembre de 2008 y posteriormente hasta el 31 de diciembre de 2011
   (16);

16

| — | el Marco de 2011 sobre las ayudas estatales a la construcción naval (17), aplicable a las ayudas no notificadas concedidas después del 31 de diciembre de 2011. La aplicación de dicho Marco fue prorrogada hasta el 30 de junio de 2014
   (18); |
| --- | --- |

—

el Marco de 2011 sobre las ayudas estatales a la construcción naval (17), aplicable a las ayudas no notificadas concedidas después del 31 de diciembre de 2011. La aplicación de dicho Marco fue prorrogada hasta el 30 de junio de 2014
   (18);

17

18

| — | las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020 en vigor a partir del 1 de julio de 2014
   (19). |
| --- | --- |

—

las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020 en vigor a partir del 1 de julio de 2014
   (19).

19

| (49) | Dado que las autoridades italianas no facilitaron la información necesaria para establecer una fecha precisa de concesión, la Comisión no estaba en condiciones de realizar una evaluación completa de compatibilidad, al no haber podido detectar el fundamento jurídico correcto. En la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión observó que no podía excluirse que al menos una parte de las medidas pudiera considerarse compatible con arreglo a las normas pertinentes sobre ayudas estatales, e invitó a las autoridades italianas a aportar un análisis de compatibilidad para cada medida. |
| --- | --- |

(49)

Dado que las autoridades italianas no facilitaron la información necesaria para establecer una fecha precisa de concesión, la Comisión no estaba en condiciones de realizar una evaluación completa de compatibilidad, al no haber podido detectar el fundamento jurídico correcto. En la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión observó que no podía excluirse que al menos una parte de las medidas pudiera considerarse compatible con arreglo a las normas pertinentes sobre ayudas estatales, e invitó a las autoridades italianas a aportar un análisis de compatibilidad para cada medida.

2.4.3.2.   Compatibilidad de la ayuda en favor de CAMED

Compatibilidad de la ayuda en favor de CAMED

| (50) | La Comisión manifestó dudas sobre la compatibilidad de las medidas en virtud del Marco comunitario sobre los SIEG de 2011 en cuanto a la supuesta ayuda en favor de CAMED. |
| --- | --- |

(50)

La Comisión manifestó dudas sobre la compatibilidad de las medidas en virtud del Marco comunitario sobre los SIEG de 2011 en cuanto a la supuesta ayuda en favor de CAMED.

| (51) | Sin embargo, puesto que la Comisión no pudo excluir totalmente que al menos una parte de las medidas en favor de la APN pudiera considerarse compatible, como mínimo parcialmente, con arreglo a las normas pertinentes sobre ayudas estatales aplicables al sector de la construcción naval en el momento de la concesión de las medidas, es posible que dicha evaluación pudiera influir también en la evaluación de la compatibilidad de la ayuda concedida a CAMED. La Comisión invitó a las autoridades italianas a facilitar un análisis de la compatibilidad de cada medida (relativa a CAMED) en virtud de la legislación aplicable, en función de las fechas de concesión de cada medida. |
| --- | --- |

(51)

Sin embargo, puesto que la Comisión no pudo excluir totalmente que al menos una parte de las medidas en favor de la APN pudiera considerarse compatible, como mínimo parcialmente, con arreglo a las normas pertinentes sobre ayudas estatales aplicables al sector de la construcción naval en el momento de la concesión de las medidas, es posible que dicha evaluación pudiera influir también en la evaluación de la compatibilidad de la ayuda concedida a CAMED. La Comisión invitó a las autoridades italianas a facilitar un análisis de la compatibilidad de cada medida (relativa a CAMED) en virtud de la legislación aplicable, en función de las fechas de concesión de cada medida.

3.   OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES ITALIANAS

OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES ITALIANAS

3.1.   Observaciones sobre la Decisión de incoar el procedimiento

Observaciones sobre la Decisión de incoar el procedimiento

| (52) | Según las autoridades italianas, la Decisión de incoar el procedimiento constituye una clara infracción de las fuentes primarias del Derecho de la Unión y de los principios de buena administración, de seguridad jurídica, de confianza legítima y de tutela judicial efectiva. Italia alega que cualquier Decisión de la Comisión revocaría una Decisión anterior de archivo que la Comisión aprobó en 2006 (20). |
| --- | --- |

(52)

Según las autoridades italianas, la Decisión de incoar el procedimiento constituye una clara infracción de las fuentes primarias del Derecho de la Unión y de los principios de buena administración, de seguridad jurídica, de confianza legítima y de tutela judicial efectiva. Italia alega que cualquier Decisión de la Comisión revocaría una Decisión anterior de archivo que la Comisión aprobó en 2006 (20).

20

| (53) | Asimismo, Italia alega que el sobreseimiento de un procedimiento en un plazo razonable es un principio general del Derecho de la Unión (21), que impide a la Comisión la posibilidad de prorrogar de manera discrecional la duración de la fase preliminar de una investigación que hubiese iniciado a raíz de la recepción de una denuncia relativa a supuestas ayudas no notificadas, a menos que dicha medida fuese ilegal (22). De acuerdo con las autoridades italianas, esta no es la situación en el caso de autos. |
| --- | --- |

(53)

Asimismo, Italia alega que el sobreseimiento de un procedimiento en un plazo razonable es un principio general del Derecho de la Unión (21), que impide a la Comisión la posibilidad de prorrogar de manera discrecional la duración de la fase preliminar de una investigación que hubiese iniciado a raíz de la recepción de una denuncia relativa a supuestas ayudas no notificadas, a menos que dicha medida fuese ilegal (22). De acuerdo con las autoridades italianas, esta no es la situación en el caso de autos.

21

22

| (54) | Las autoridades italianas hacen referencia al artículo 16, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, que dispone que la Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho de la Unión. |
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(54)

Las autoridades italianas hacen referencia al artículo 16, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, que dispone que la Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho de la Unión.

3.1.1.   En relación con la existencia de ayudas en favor de la APN

En relación con la existencia de ayudas en favor de la APN

| (55) | Por lo que respecta a la existencia de ayudas a la APN, Italia explicó que las autoridades portuarias no son empresas, sino entidades públicas no empresariales (enti pubblici non economici) reguladas por el Derecho público (por ejemplo, la Ley n.o 84/1994, la ley marco italiana sobre puertos) (23). Las autoridades portuarias nacionales cuentan con autonomía administrativa, organizativa, reguladora, presupuestaria y financiera. El Estado italiano atribuyó a la autoridad portuaria la tarea institucional de desarrollar por cuenta del Estado y exclusivamente en el interés público las tareas administrativas, reguladoras y de control de los puertos italianos. Por tanto, las autoridades portuarias no explotan comercialmente los bienes propiedad del Estado, sino que simplemente los administran, respetando las funciones que se les han conferido. |
| --- | --- |

(55)

Por lo que respecta a la existencia de ayudas a la APN, Italia explicó que las autoridades portuarias no son empresas, sino entidades públicas no empresariales (enti pubblici non economici) reguladas por el Derecho público (por ejemplo, la Ley n.o 84/1994, la ley marco italiana sobre puertos) (23). Las autoridades portuarias nacionales cuentan con autonomía administrativa, organizativa, reguladora, presupuestaria y financiera. El Estado italiano atribuyó a la autoridad portuaria la tarea institucional de desarrollar por cuenta del Estado y exclusivamente en el interés público las tareas administrativas, reguladoras y de control de los puertos italianos. Por tanto, las autoridades portuarias no explotan comercialmente los bienes propiedad del Estado, sino que simplemente los administran, respetando las funciones que se les han conferido.

entidades públicas no empresariales

enti pubblici non economici

o

23

| (56) | Las autoridades italianas afirman que las autoridades portuarias no ofrecen bienes o servicios en ningún mercado y, por lo tanto, no ejercen ninguna actividad económica. De hecho, el artículo 6 de la Ley n.o 84/1994 impide a las autoridades portuarias ejercer cualquier actividad portuaria, ya sea de forma directa o indirecta (24). Asimismo, la administración de los puertos italianos está reservada por ley a la autoridad portuaria con competencia territorial. Por consiguiente, de acuerdo con las autoridades italianas, en el desempeño de sus funciones institucionales de administración de los puertos italianos, las autoridades portuarias no actúan en ningún mercado competitivo, ya que: i) ningún otro sujeto puede ejercer dicha actividad y ii) no pueden ejercer actividades económicas en sectores abiertos a la competencia. |
| --- | --- |

(56)

Las autoridades italianas afirman que las autoridades portuarias no ofrecen bienes o servicios en ningún mercado y, por lo tanto, no ejercen ninguna actividad económica. De hecho, el artículo 6 de la Ley n.o 84/1994 impide a las autoridades portuarias ejercer cualquier actividad portuaria, ya sea de forma directa o indirecta (24). Asimismo, la administración de los puertos italianos está reservada por ley a la autoridad portuaria con competencia territorial. Por consiguiente, de acuerdo con las autoridades italianas, en el desempeño de sus funciones institucionales de administración de los puertos italianos, las autoridades portuarias no actúan en ningún mercado competitivo, ya que: i) ningún otro sujeto puede ejercer dicha actividad y ii) no pueden ejercer actividades económicas en sectores abiertos a la competencia.

o

24

| (57) | Según las autoridades italianas, el canon de ocupación no remunera ninguna prestación de servicios económicos, sino que representa la contraprestación por la ocupación de zonas de dominio exclusivamente público. El cobro del canon por cuenta del Estado será una de las responsabilidades incluidas en el mandato institucional conferido a las autoridades portuarias. |
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(57)

Según las autoridades italianas, el canon de ocupación no remunera ninguna prestación de servicios económicos, sino que representa la contraprestación por la ocupación de zonas de dominio exclusivamente público. El cobro del canon por cuenta del Estado será una de las responsabilidades incluidas en el mandato institucional conferido a las autoridades portuarias.

| (58) | De acuerdo con las autoridades italianas, solo los cánones comerciales, que las autoridades portuarias pueden determinar de manera autónoma y se calculan sobre la base de los valores de mercado, podrían considerarse como una actividad económica (25). No obstante, en el caso de autos, el Decreto Ministerial italiano n.o 595/1995 establece el canon a partir de los parámetros fijos relativos a la superficie de la zona de ocupación cedida en régimen de concesión y aplicables a todas las autoridades portuarias italianas en lo que respecta a cada concesión y cada concesionario, independientemente del uso que este último tenga intención de hacer de la superficie solicitada o de los resultados que pueda obtener. Por tanto, el canon forma parte de la carga impositiva total a la que están sujetas las empresas que actúan en zonas de propiedad estatal, no solo en el sector de la construcción naval. Asimismo, las autoridades italianas señalan que el canon no se puede fijar sobre la base de los valores de mercado, dado que no existe un mercado relativo a las propiedades y/o a la administración de los bienes públicos. |
| --- | --- |

(58)

De acuerdo con las autoridades italianas, solo los cánones comerciales, que las autoridades portuarias pueden determinar de manera autónoma y se calculan sobre la base de los valores de mercado, podrían considerarse como una actividad económica (25). No obstante, en el caso de autos, el Decreto Ministerial italiano n.o 595/1995 establece el canon a partir de los parámetros fijos relativos a la superficie de la zona de ocupación cedida en régimen de concesión y aplicables a todas las autoridades portuarias italianas en lo que respecta a cada concesión y cada concesionario, independientemente del uso que este último tenga intención de hacer de la superficie solicitada o de los resultados que pueda obtener. Por tanto, el canon forma parte de la carga impositiva total a la que están sujetas las empresas que actúan en zonas de propiedad estatal, no solo en el sector de la construcción naval. Asimismo, las autoridades italianas señalan que el canon no se puede fijar sobre la base de los valores de mercado, dado que no existe un mercado relativo a las propiedades y/o a la administración de los bienes públicos.

25

o

| (59) | Italia ha precisado también que las medidas no eran selectivas, porque la operación realizada en los diques secos del puerto de Nápoles representa una de las numerosas inversiones realizadas por el Estado italiano sobre los activos de los que es propietario, no solo en el ámbito portuario. El Estado italiano financia el mantenimiento extraordinario de una amplia variedad de bienes pertenecientes al dominio público, entre los que se encuentran, en virtud del Código de Navegación (Codice della Navigazione) y el Código Civil (Codice Civile), los puertos italianos y las correspondientes infraestructuras, incluidos los diques secos. |
| --- | --- |

(59)

Italia ha precisado también que las medidas no eran selectivas, porque la operación realizada en los diques secos del puerto de Nápoles representa una de las numerosas inversiones realizadas por el Estado italiano sobre los activos de los que es propietario, no solo en el ámbito portuario. El Estado italiano financia el mantenimiento extraordinario de una amplia variedad de bienes pertenecientes al dominio público, entre los que se encuentran, en virtud del Código de Navegación (Codice della Navigazione) y el Código Civil (Codice Civile), los puertos italianos y las correspondientes infraestructuras, incluidos los diques secos.

Codice della Navigazione

Codice Civile

| (60) | Por otra parte, la financiación pública para las obras destinadas a ampliar, modernizar y mejorar los puertos, asignada en virtud de la Ley n.o 413/1998 (y refinanciada con arreglo a la Ley n.o 388/2000 y n.o 166/2002), se puso a disposición de todas las autoridades portuarias italianas (26). El mantenimiento extraordinario de los diques n.os 1, 2 y 3 no constituye una Decisión de inversión ad hoc, sino una transferencia de fondos dentro de la administración pública, de conformidad con la legislación italiana, que establece que el Estado es propietario y responsable de la administración de los puertos. Las autoridades italianas alegan que la Comisión no puede cuestionar, en virtud del artículo 107 del TFUE, medidas que son de alcance general y no tienen un carácter selectivo, y que constituyen la demostración de las decisiones de política económica e industrial de cada uno de los Estados miembros. |
| --- | --- |

(60)

Por otra parte, la financiación pública para las obras destinadas a ampliar, modernizar y mejorar los puertos, asignada en virtud de la Ley n.o 413/1998 (y refinanciada con arreglo a la Ley n.o 388/2000 y n.o 166/2002), se puso a disposición de todas las autoridades portuarias italianas (26). El mantenimiento extraordinario de los diques n.os 1, 2 y 3 no constituye una Decisión de inversión ad hoc, sino una transferencia de fondos dentro de la administración pública, de conformidad con la legislación italiana, que establece que el Estado es propietario y responsable de la administración de los puertos. Las autoridades italianas alegan que la Comisión no puede cuestionar, en virtud del artículo 107 del TFUE, medidas que son de alcance general y no tienen un carácter selectivo, y que constituyen la demostración de las decisiones de política económica e industrial de cada uno de los Estados miembros.

o

o

o

26

os

ad hoc

| (61) | Por lo que respecta a la posible ventaja económica atribuida a la APN, las autoridades italianas consideran que, a tenor de lo dispuesto en la Ley n.o 84/1994 y en la Ley n.o 112/1998 (27), la carga económica por las obras extraordinarias de acondicionamiento recae exclusivamente en el propietario, es decir, el Estado italiano. Por lo tanto, la financiación pública de los costes de mantenimiento extraordinario no exime a la autoridad portuaria de ninguna carga, ni le confiere ventaja alguna. |
| --- | --- |

(61)

Por lo que respecta a la posible ventaja económica atribuida a la APN, las autoridades italianas consideran que, a tenor de lo dispuesto en la Ley n.o 84/1994 y en la Ley n.o 112/1998 (27), la carga económica por las obras extraordinarias de acondicionamiento recae exclusivamente en el propietario, es decir, el Estado italiano. Por lo tanto, la financiación pública de los costes de mantenimiento extraordinario no exime a la autoridad portuaria de ninguna carga, ni le confiere ventaja alguna.

o

o

27

| (62) | Por otra parte, según las autoridades italianas, no existe ninguna ventaja económica para la APN, ya que la medida es necesaria para la ejecución del Marco comunitario sobre los SIEG, es decir, para la gestión de los diques secos (dentro del mandato conferido y de las prohibiciones que la Ley n.o 84/1994 impone a la autoridad portuaria). De acuerdo con lo afirmado por Italia, el legislador nacional considera expresamente que dicha actividad, que ejercen todas las autoridades portuarias italianas, entra dentro de las actividades previstas en el Marco comunitario sobre los SIEG. Por consiguiente, la medida no confiere ninguna ventaja selectiva a la APN con respecto a otras autoridades portuarias italianas. |
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(62)

Por otra parte, según las autoridades italianas, no existe ninguna ventaja económica para la APN, ya que la medida es necesaria para la ejecución del Marco comunitario sobre los SIEG, es decir, para la gestión de los diques secos (dentro del mandato conferido y de las prohibiciones que la Ley n.o 84/1994 impone a la autoridad portuaria). De acuerdo con lo afirmado por Italia, el legislador nacional considera expresamente que dicha actividad, que ejercen todas las autoridades portuarias italianas, entra dentro de las actividades previstas en el Marco comunitario sobre los SIEG. Por consiguiente, la medida no confiere ninguna ventaja selectiva a la APN con respecto a otras autoridades portuarias italianas.

o

| (63) | Las autoridades italianas remiten al Protocolo n.o 26 del TFUE, que reconoce una amplia facultad de apreciación a las autoridades nacionales en relación con los servicios de interés económico general (SIEG) y consideran que el papel de la Comisión debe limitarse al control de errores manifiestos. Según las autoridades italianas, las actividades de gestión que constituye el SIEG no consisten en el alquiler de instalaciones a cambio de una contraprestación, ni en el uso directo de la infraestructura por parte de la autoridad portuaria de Nápoles para llevar a cabo la actividad de construcción naval. En cambio, se refiere a la obligación que la Ley n.o 84/1994 impone a las autoridades portuarias de administrar por cuenta del Estado italiano los diques secos y, en particular, a la obligación de las autoridades portuarias de ejecutar y realizar el mantenimiento extraordinario de dichos bienes propiedad del Estado, de conformidad con el interés público. |
| --- | --- |

(63)

Las autoridades italianas remiten al Protocolo n.o 26 del TFUE, que reconoce una amplia facultad de apreciación a las autoridades nacionales en relación con los servicios de interés económico general (SIEG) y consideran que el papel de la Comisión debe limitarse al control de errores manifiestos. Según las autoridades italianas, las actividades de gestión que constituye el SIEG no consisten en el alquiler de instalaciones a cambio de una contraprestación, ni en el uso directo de la infraestructura por parte de la autoridad portuaria de Nápoles para llevar a cabo la actividad de construcción naval. En cambio, se refiere a la obligación que la Ley n.o 84/1994 impone a las autoridades portuarias de administrar por cuenta del Estado italiano los diques secos y, en particular, a la obligación de las autoridades portuarias de ejecutar y realizar el mantenimiento extraordinario de dichos bienes propiedad del Estado, de conformidad con el interés público.

o

o

| (64) | Por consiguiente, la financiación pública concedida por el Estado para permitir la rehabilitación de los diques secos n.os 1, 2 y 3 no confirió ninguna ventaja a la APN, lo que representa una mera transferencia de fondos dentro de la administración pública para el desempeño de las funciones específicas conferidas por el Estado a las autoridades portuarias y, con carácter subsidiario, la compensación por los gastos en que incurrió la APN para cumplir con las obligaciones que la Ley n.o 84/1994 impone a todas las autoridades portuarias italianas. |
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(64)

Por consiguiente, la financiación pública concedida por el Estado para permitir la rehabilitación de los diques secos n.os 1, 2 y 3 no confirió ninguna ventaja a la APN, lo que representa una mera transferencia de fondos dentro de la administración pública para el desempeño de las funciones específicas conferidas por el Estado a las autoridades portuarias y, con carácter subsidiario, la compensación por los gastos en que incurrió la APN para cumplir con las obligaciones que la Ley n.o 84/1994 impone a todas las autoridades portuarias italianas.

os

o

| (65) | Por lo que se refiere a la intervención de rehabilitación, las autoridades italianas explicaron que la financiación pública concedida no excedió el importe estrictamente necesario para compensar los gastos en que incurrió la APN. Los contratos públicos relativos a las obras se adjudicaron de conformidad con un procedimiento de licitación, cuya realización permitió obtener una reducción de los costes respecto al importe que se había presupuestado inicialmente. Además, CAMED efectuó importantes inversiones complementarias a las llevadas a cabo por la APN, por un importe superior a 40 millones de EUR. |
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(65)

Por lo que se refiere a la intervención de rehabilitación, las autoridades italianas explicaron que la financiación pública concedida no excedió el importe estrictamente necesario para compensar los gastos en que incurrió la APN. Los contratos públicos relativos a las obras se adjudicaron de conformidad con un procedimiento de licitación, cuya realización permitió obtener una reducción de los costes respecto al importe que se había presupuestado inicialmente. Además, CAMED efectuó importantes inversiones complementarias a las llevadas a cabo por la APN, por un importe superior a 40 millones de EUR.

| (66) | Por lo que se refiere a la tarea institucional de administrar los puertos por cuenta del Estado, las autoridades italianas declararon que, en virtud de los artículos 28 y 29 del Código de Navegación (Codice di Navigazione) y con los artículos 822 y 823 del Código Civil (Codice Civile), dicha tarea no puede subcontratarse a otros sujetos distintos de las autoridades portuarias ni tampoco asignarse a través de un procedimiento de licitación. Por el contrario, la APN adoptó un procedimiento de selección abierto, transparente y público para adjudicar en favor de CAMED la concesión temporal de bienes propiedad del Estado de manera coherente con el Derecho italiano (28) y con los principios de la Unión. |
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(66)

Por lo que se refiere a la tarea institucional de administrar los puertos por cuenta del Estado, las autoridades italianas declararon que, en virtud de los artículos 28 y 29 del Código de Navegación (Codice di Navigazione) y con los artículos 822 y 823 del Código Civil (Codice Civile), dicha tarea no puede subcontratarse a otros sujetos distintos de las autoridades portuarias ni tampoco asignarse a través de un procedimiento de licitación. Por el contrario, la APN adoptó un procedimiento de selección abierto, transparente y público para adjudicar en favor de CAMED la concesión temporal de bienes propiedad del Estado de manera coherente con el Derecho italiano (28) y con los principios de la Unión.

Codice di Navigazione

Codice Civile

28

| (67) | Las autoridades italianas alegan que el carácter de las medidas no era tal como para falsear la competencia o afectar al comercio entre los Estados miembros. Puesto que el sector portuario en Italia no está liberalizado, las autoridades portuarias italianas no actúan en un sector abierto a la competencia. De acuerdo con las autoridades italianas, la Comisión incurrió en un error en la Decisión de incoar el procedimiento cuando clasificó las actividades como «arrendamiento» y no como «concesión de propiedades públicas». A diferencia del titular de una propiedad arrendada, el concesionario de zonas de propiedad estatal está sujeto a numerosos vínculos, como la obligación de respetar el interés público y estar sometido a la supervisión de la autoridad portuaria con arreglo al Derecho público. |
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(67)

Las autoridades italianas alegan que el carácter de las medidas no era tal como para falsear la competencia o afectar al comercio entre los Estados miembros. Puesto que el sector portuario en Italia no está liberalizado, las autoridades portuarias italianas no actúan en un sector abierto a la competencia. De acuerdo con las autoridades italianas, la Comisión incurrió en un error en la Decisión de incoar el procedimiento cuando clasificó las actividades como «arrendamiento» y no como «concesión de propiedades públicas». A diferencia del titular de una propiedad arrendada, el concesionario de zonas de propiedad estatal está sujeto a numerosos vínculos, como la obligación de respetar el interés público y estar sometido a la supervisión de la autoridad portuaria con arreglo al Derecho público.

| (68) | Además, Italia afirma que la Comisión no tuvo en cuenta las diferencias entre los Estados miembros en cuanto a la manera de gestionar los puertos. En ausencia de un enfoque uniforme a escala de la Unión, Italia optó por mantener un modelo de administración del sector portuario de iniciativa claramente pública. Por lo tanto, dado que el sector portuario en Italia no está liberalizado y que las autoridades portuarias no actúan en un sector abierto a la competencia, según las autoridades italianas, las medidas no falsean la competencia ni afectan a los intercambios comerciales entre Estados miembros a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1 del TFUE. |
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(68)

Además, Italia afirma que la Comisión no tuvo en cuenta las diferencias entre los Estados miembros en cuanto a la manera de gestionar los puertos. En ausencia de un enfoque uniforme a escala de la Unión, Italia optó por mantener un modelo de administración del sector portuario de iniciativa claramente pública. Por lo tanto, dado que el sector portuario en Italia no está liberalizado y que las autoridades portuarias no actúan en un sector abierto a la competencia, según las autoridades italianas, las medidas no falsean la competencia ni afectan a los intercambios comerciales entre Estados miembros a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1 del TFUE.

| (69) | Las autoridades italianas consideran que el hecho de calificar de ayudas estatales las medidas constituiría una infracción del artículo 345 del TFUE, que establece el principio de neutralidad entre entidades públicas y privadas. Un propietario privado es libre de invertir en sus activos cuando lo desee; sin embargo, las inversiones del Estado en sus infraestructuras constituirían una ayuda estatal. Las autoridades italianas no están de acuerdo con la evaluación preliminar de la Comisión según la cual, por regla general, los propietarios privados solo hacen inversiones rentables (por ejemplo, con la finalidad de mejorar la imagen). |
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(69)

Las autoridades italianas consideran que el hecho de calificar de ayudas estatales las medidas constituiría una infracción del artículo 345 del TFUE, que establece el principio de neutralidad entre entidades públicas y privadas. Un propietario privado es libre de invertir en sus activos cuando lo desee; sin embargo, las inversiones del Estado en sus infraestructuras constituirían una ayuda estatal. Las autoridades italianas no están de acuerdo con la evaluación preliminar de la Comisión según la cual, por regla general, los propietarios privados solo hacen inversiones rentables (por ejemplo, con la finalidad de mejorar la imagen).

| (70) | Asimismo, Italia afirma que, en virtud del artículo 345 del TFUE, el Derecho de la Unión no puede imponer a los Estados miembros la privatización o la venta de bienes que han decidido dedicar a la propiedad pública, especialmente en ausencia de medidas comunes de liberalización del sector. Cualquier otra interpretación sería contraria al principio general de igualdad de trato, que prohíbe tratar del mismo modo situaciones claramente distintas. |
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(70)

Asimismo, Italia afirma que, en virtud del artículo 345 del TFUE, el Derecho de la Unión no puede imponer a los Estados miembros la privatización o la venta de bienes que han decidido dedicar a la propiedad pública, especialmente en ausencia de medidas comunes de liberalización del sector. Cualquier otra interpretación sería contraria al principio general de igualdad de trato, que prohíbe tratar del mismo modo situaciones claramente distintas.

| (71) | Por otra parte, la Comisión no puede impedir a los Estados miembros llevar a cabo un mantenimiento de dichos bienes. El derecho a preservar las condiciones de funcionamiento y eficacia de sus propiedades constituye el fundamento del derecho de propiedad, que en la actualidad está garantizado en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, fuente primaria de Derecho que también es vinculante para las instituciones de la Unión. |
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(71)

Por otra parte, la Comisión no puede impedir a los Estados miembros llevar a cabo un mantenimiento de dichos bienes. El derecho a preservar las condiciones de funcionamiento y eficacia de sus propiedades constituye el fundamento del derecho de propiedad, que en la actualidad está garantizado en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, fuente primaria de Derecho que también es vinculante para las instituciones de la Unión.

| (72) | Por lo que respecta a la calificación de la medida como ayuda existente, Italia subraya que la Comisión, en las conclusiones preliminares que envió al denunciante en 2013, declaró que los diques en cuestión forman parte del dominio marítimo nacional. Las autoridades italianas subrayan que, hasta la sentencia Leipzig/Halle, la propia Comisión consideraba las inversiones en infraestructuras, incluso en las zonas portuarias, como actividades que no entran en el ámbito de aplicación del artículo 107 TFUE. Durante el período en que se decidió realizar obras en los diques n.os 1, 2 y 3 del puerto de Nápoles (antes de 2001), los apoyos públicos en favor de las infraestructuras, por lo general, no constituían ayudas, sino medidas de carácter general que encontraban justificación en la soberanía nacional sobre la política económica, el desarrollo y la ordenación del territorio. |
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(72)

Por lo que respecta a la calificación de la medida como ayuda existente, Italia subraya que la Comisión, en las conclusiones preliminares que envió al denunciante en 2013, declaró que los diques en cuestión forman parte del dominio marítimo nacional. Las autoridades italianas subrayan que, hasta la sentencia Leipzig/Halle, la propia Comisión consideraba las inversiones en infraestructuras, incluso en las zonas portuarias, como actividades que no entran en el ámbito de aplicación del artículo 107 TFUE. Durante el período en que se decidió realizar obras en los diques n.os 1, 2 y 3 del puerto de Nápoles (antes de 2001), los apoyos públicos en favor de las infraestructuras, por lo general, no constituían ayudas, sino medidas de carácter general que encontraban justificación en la soberanía nacional sobre la política económica, el desarrollo y la ordenación del territorio.

os

| (73) | Las autoridades italianas remiten también a la Comunicación sobre el concepto de ayuda (29), según la cual, debido a la incertidumbre existente antes de la sentencia Aéroports de Paris, las autoridades públicas podían considerar legítimamente que la financiación pública de infraestructuras concedida antes de dicha sentencia no constituía una ayuda estatal y que, en consecuencia, tal medida no necesitaba ser notificada a la Comisión. Por lo tanto, Italia considera que tales medidas no pueden ponerse en tela de juicio sobre la base de las normas en materia de ayudas estatales, si se tienen en cuenta los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima (30). |
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(73)

Las autoridades italianas remiten también a la Comunicación sobre el concepto de ayuda (29), según la cual, debido a la incertidumbre existente antes de la sentencia Aéroports de Paris, las autoridades públicas podían considerar legítimamente que la financiación pública de infraestructuras concedida antes de dicha sentencia no constituía una ayuda estatal y que, en consecuencia, tal medida no necesitaba ser notificada a la Comisión. Por lo tanto, Italia considera que tales medidas no pueden ponerse en tela de juicio sobre la base de las normas en materia de ayudas estatales, si se tienen en cuenta los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima (30).

29

30

| (74) | Por lo que se refiere a la conclusión preliminar de la Comisión en la Decisión de incoar el procedimiento por el que la ayuda estatal a la infraestructura para la construcción y la reparación naval siempre se ha considerado una ayuda estatal, incluso antes de la sentencia Leipzig Halle, las autoridades italianas presentaron las siguientes observaciones. De acuerdo con Italia, en la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión se refiere de forma errónea a la Decisión 94/374/CE de la Comisión (31). Italia afirma que, de conformidad con dicha Decisión, algunas de las medidas de apoyo público en favor de «instalaciones de reparación naval [de un] dique seco» podían entrar dentro del ámbito de aplicación del artículo 107 del TFUE. Así pues, la Decisión se refería a las «instalaciones», es decir, las llamadas superestructuras portuarias (estructuras móviles, grúas, etc.) que son propiedad de los concesionarios y no se refería a las infraestructuras portuarias que son propiedad del Estado. La Decisión reconoce expresamente que i) la financiación pública para la entidad gestora de un puerto italiano «se inscribe en la gestión de las infraestructuras regionales, por lo que no puede calificarse de ayuda estatal» y que ii) las medidas de «financiación de infraestructuras que han de ser realizadas por un organismo público [...] no pueden considerarse ayudas a efectos del artículo» 107, apartado 1, del TFUE, confirmando que, hasta la sentencia Leipzig/Halle, incluso la propia Comisión consideraba las inversiones en infraestructuras, incluso en ámbito portuario, como actividades que no entran en el ámbito de aplicación del artículo 107 del TFUE. |
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(74)

Por lo que se refiere a la conclusión preliminar de la Comisión en la Decisión de incoar el procedimiento por el que la ayuda estatal a la infraestructura para la construcción y la reparación naval siempre se ha considerado una ayuda estatal, incluso antes de la sentencia Leipzig Halle, las autoridades italianas presentaron las siguientes observaciones. De acuerdo con Italia, en la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión se refiere de forma errónea a la Decisión 94/374/CE de la Comisión (31). Italia afirma que, de conformidad con dicha Decisión, algunas de las medidas de apoyo público en favor de «instalaciones de reparación naval [de un] dique seco» podían entrar dentro del ámbito de aplicación del artículo 107 del TFUE. Así pues, la Decisión se refería a las «instalaciones», es decir, las llamadas superestructuras portuarias (estructuras móviles, grúas, etc.) que son propiedad de los concesionarios y no se refería a las infraestructuras portuarias que son propiedad del Estado. La Decisión reconoce expresamente que i) la financiación pública para la entidad gestora de un puerto italiano «se inscribe en la gestión de las infraestructuras regionales, por lo que no puede calificarse de ayuda estatal» y que ii) las medidas de «financiación de infraestructuras que han de ser realizadas por un organismo público [...] no pueden considerarse ayudas a efectos del artículo» 107, apartado 1, del TFUE, confirmando que, hasta la sentencia Leipzig/Halle, incluso la propia Comisión consideraba las inversiones en infraestructuras, incluso en ámbito portuario, como actividades que no entran en el ámbito de aplicación del artículo 107 del TFUE.

31

| (75) | Italia reitera el argumento de que las autoridades portuarias italianas no actúan en ningún mercado abierto a la competencia. Según jurisprudencia reiterada, los regímenes de ayudas establecidos en mercados no liberalizados constituyen ayudas existentes, que únicamente pueden ser objeto de una declaración de incompatibilidad con efecto ex nunc y que, como tales, no están sujetos a una obligación de reembolso. |
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(75)

Italia reitera el argumento de que las autoridades portuarias italianas no actúan en ningún mercado abierto a la competencia. Según jurisprudencia reiterada, los regímenes de ayudas establecidos en mercados no liberalizados constituyen ayudas existentes, que únicamente pueden ser objeto de una declaración de incompatibilidad con efecto ex nunc y que, como tales, no están sujetos a una obligación de reembolso.

ex nunc

3.1.2.   Existencia de ayudas en favor de CAMED

Existencia de ayudas en favor de CAMED

| (76) | Por lo que respecta a las supuestas ayudas a CAMED, las autoridades italianas explicaron que, conforme a la legislación italiana, las obras extraordinarias de acondicionamiento de los diques secos competen al propietario, es decir, al Estado, y no al administrador de las infraestructuras. Como sucede en los contratos de arrendamiento, las obras rutinarias son responsabilidad del administrador, mientras que el propietario velará por que las infraestructuras sean idóneas para el uso que se ha concedido al administrador en virtud del contrato de concesión durante toda su vigencia. Al concluir el período de concesión, la infraestructura seguirá siendo de propiedad estatal. De acuerdo con las autoridades italianas, esto se aplica no solo a la concesión en favor de CAMED de 2004, sino para todas las concesiones para el uso y gestión de los bienes estatales (32). |
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(76)

Por lo que respecta a las supuestas ayudas a CAMED, las autoridades italianas explicaron que, conforme a la legislación italiana, las obras extraordinarias de acondicionamiento de los diques secos competen al propietario, es decir, al Estado, y no al administrador de las infraestructuras. Como sucede en los contratos de arrendamiento, las obras rutinarias son responsabilidad del administrador, mientras que el propietario velará por que las infraestructuras sean idóneas para el uso que se ha concedido al administrador en virtud del contrato de concesión durante toda su vigencia. Al concluir el período de concesión, la infraestructura seguirá siendo de propiedad estatal. De acuerdo con las autoridades italianas, esto se aplica no solo a la concesión en favor de CAMED de 2004, sino para todas las concesiones para el uso y gestión de los bienes estatales (32).

32

| (77) | Por tanto, Italia afirma que las medidas tienen un alcance general y transversal, en consonancia con el modelo público según el cual el legislador italiano ha organizado el sector portuario y todas las autoridades portuarias italianas (no solo la APN) recibían y siguen recibiendo fondos públicos para financiar obras de infraestructura en bienes de propiedad estatal. De ello se deduce que todas las empresas (no solo CAMED) que actúan en la zona portuaria de todos los puertos italianos (no solo el de Nápoles) y en todos los sectores económicos (no solo la construcción naval) se «beneficiaron» de «ayudas» idénticas a las ayudas de las que se benefició CAMED. Las autoridades italianas aducen que el conjunto de los operadores económicos que obtuvieron una concesión sobre bienes públicos: i) participaron en una licitación abierta y competitiva, ii) pudieron hacer uso de las áreas, los bienes y las infraestructuras construidas y reparadas mediante el uso de fondos públicos y iii) pagaron un canon de ocupación de conformidad con la legislación nacional. Por consiguiente, CAMED no obtuvo ninguna ventaja selectiva respecto a otras empresas que se encuentran en una situación similar de hecho y de Derecho respecto a otros constructores navales, operadores de las terminales, compañías de navegación, etc. (33). Asimismo, de conformidad con el reglamento de 2002, CAMED debe conceder el acceso a las infraestructuras que sean propiedad del Estado a otros operadores en igualdad de condiciones y sobre la base de criterios de prioridad transparentes y no discriminatorios, de acuerdo con las tarifas publicadas, lo que corrobora que la medida no tiene carácter selectivo según las autoridades italianas. |
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(77)

Por tanto, Italia afirma que las medidas tienen un alcance general y transversal, en consonancia con el modelo público según el cual el legislador italiano ha organizado el sector portuario y todas las autoridades portuarias italianas (no solo la APN) recibían y siguen recibiendo fondos públicos para financiar obras de infraestructura en bienes de propiedad estatal. De ello se deduce que todas las empresas (no solo CAMED) que actúan en la zona portuaria de todos los puertos italianos (no solo el de Nápoles) y en todos los sectores económicos (no solo la construcción naval) se «beneficiaron» de «ayudas» idénticas a las ayudas de las que se benefició CAMED. Las autoridades italianas aducen que el conjunto de los operadores económicos que obtuvieron una concesión sobre bienes públicos: i) participaron en una licitación abierta y competitiva, ii) pudieron hacer uso de las áreas, los bienes y las infraestructuras construidas y reparadas mediante el uso de fondos públicos y iii) pagaron un canon de ocupación de conformidad con la legislación nacional. Por consiguiente, CAMED no obtuvo ninguna ventaja selectiva respecto a otras empresas que se encuentran en una situación similar de hecho y de Derecho respecto a otros constructores navales, operadores de las terminales, compañías de navegación, etc. (33). Asimismo, de conformidad con el reglamento de 2002, CAMED debe conceder el acceso a las infraestructuras que sean propiedad del Estado a otros operadores en igualdad de condiciones y sobre la base de criterios de prioridad transparentes y no discriminatorios, de acuerdo con las tarifas publicadas, lo que corrobora que la medida no tiene carácter selectivo según las autoridades italianas.

33

| (78) | El canon de ocupación que pagó CAMED por la utilización de los bienes estatales se calculó de conformidad con la legislación nacional, en particular, el Decreto Ministerial n.o 595/1995. La APN no habría podido aplicar un canon inferior a CAMED, dado que no se trata de un canon comercial negociado entre las partes con arreglo a las tarifas del mercado. Los cánones se fijan de manera objetiva y son idénticos para todas las concesiones portuarias para este tipo de actividad. Por consiguiente, no se calculan de manera selectiva. De tal modo, la medida no redujo los costes en que la APN debía incurrir, ni le permitió aplicar cánones inferiores a CAMED. |
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(78)

El canon de ocupación que pagó CAMED por la utilización de los bienes estatales se calculó de conformidad con la legislación nacional, en particular, el Decreto Ministerial n.o 595/1995. La APN no habría podido aplicar un canon inferior a CAMED, dado que no se trata de un canon comercial negociado entre las partes con arreglo a las tarifas del mercado. Los cánones se fijan de manera objetiva y son idénticos para todas las concesiones portuarias para este tipo de actividad. Por consiguiente, no se calculan de manera selectiva. De tal modo, la medida no redujo los costes en que la APN debía incurrir, ni le permitió aplicar cánones inferiores a CAMED.

o

| (79) | Asimismo, las autoridades italianas consideran que no es necesario, durante el período de vigencia de una concesión, que el concesionario de un bien estatal realice inversiones por un importe que, junto con el canon abonado, sea equivalente al de las posibles obras de mantenimiento extraordinario realizadas por el Estado en su calidad de propietario único del bien. Para la utilización meramente temporal de dicho bien, no es necesario que el concesionario esté obligado a correr con los mismos gastos que el propietario para mantener tales productos en condiciones de explotación, aumentando así su valor futuro. |
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(79)

Asimismo, las autoridades italianas consideran que no es necesario, durante el período de vigencia de una concesión, que el concesionario de un bien estatal realice inversiones por un importe que, junto con el canon abonado, sea equivalente al de las posibles obras de mantenimiento extraordinario realizadas por el Estado en su calidad de propietario único del bien. Para la utilización meramente temporal de dicho bien, no es necesario que el concesionario esté obligado a correr con los mismos gastos que el propietario para mantener tales productos en condiciones de explotación, aumentando así su valor futuro.

| (80) | Las autoridades italianas alegan también que la Decisión de incoar el procedimiento no tiene en cuenta el hecho de que, aunque no era necesario, CAMED llevó a cabo un gran plan de inversiones complementarias respecto a las que efectuó la APN, por un total de más de 40 millones de EUR. |
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(80)

Las autoridades italianas alegan también que la Decisión de incoar el procedimiento no tiene en cuenta el hecho de que, aunque no era necesario, CAMED llevó a cabo un gran plan de inversiones complementarias respecto a las que efectuó la APN, por un total de más de 40 millones de EUR.

| (81) | Las autoridades italianas opinan que mediante el proyecto de inversión, CAMED no obtuvo ninguna ventaja, puesto que la concesión de 2004 se adjudicó a CAMED a través de un procedimiento público y abierto (véase el considerando 15) y que CAMED tiene el derecho de administrar una infraestructura que sea apta para el uso acordado. Por otra parte, según las autoridades italianas, la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (34) sobre la adjudicación de concesiones no se aplica a los contratos públicos para concesiones de zonas portuarias. La APN no estaba, pues, obligada a convocar una licitación para adjudicar la concesión de los diques en cuestión, especialmente por lo que se refiere a una concesión adjudicada 10 años antes de la entrada en vigor de dicha Directiva. |
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(81)

Las autoridades italianas opinan que mediante el proyecto de inversión, CAMED no obtuvo ninguna ventaja, puesto que la concesión de 2004 se adjudicó a CAMED a través de un procedimiento público y abierto (véase el considerando 15) y que CAMED tiene el derecho de administrar una infraestructura que sea apta para el uso acordado. Por otra parte, según las autoridades italianas, la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (34) sobre la adjudicación de concesiones no se aplica a los contratos públicos para concesiones de zonas portuarias. La APN no estaba, pues, obligada a convocar una licitación para adjudicar la concesión de los diques en cuestión, especialmente por lo que se refiere a una concesión adjudicada 10 años antes de la entrada en vigor de dicha Directiva.

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| (82) | Asimismo, Italia alega que las medidas no son adecuadas para determinar ningún falseamiento de la competencia o perjuicio al comercio entre los Estados miembros, ya que no refuerza la posición de una empresa en relación con otras empresas activas en el mismo sector. Con arreglo a las condiciones establecidas en el Reglamento de 2002, cualquier empresa puede solicitar la utilización de los diques, independientemente de su lugar de establecimiento. Según las autoridades italianas, las medidas no tienen, por tanto, efecto alguno sobre las condiciones de inversión y/o establecimiento transfronterizos. |
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(82)

Asimismo, Italia alega que las medidas no son adecuadas para determinar ningún falseamiento de la competencia o perjuicio al comercio entre los Estados miembros, ya que no refuerza la posición de una empresa en relación con otras empresas activas en el mismo sector. Con arreglo a las condiciones establecidas en el Reglamento de 2002, cualquier empresa puede solicitar la utilización de los diques, independientemente de su lugar de establecimiento. Según las autoridades italianas, las medidas no tienen, por tanto, efecto alguno sobre las condiciones de inversión y/o establecimiento transfronterizos.

| (83) | De acuerdo con Italia, la Comisión no puede impugnar una medida pública general aplicable a todo el territorio nacional y a todas las empresas que actúan en él, afirmando que la medida confiere una ventaja a dichos operadores respecto a las condiciones de las que gozan las empresas activas y establecidas en otros Estados miembros. De hecho, la concesión de una ventaja selectiva se determinaría exclusivamente a nivel nacional, ya que en ausencia de normas comunes a escala de la Unión, la comparación entre las condiciones ofrecidas a las empresas en los distintos Estados miembros determinaría una comparación entre las distintas situaciones de hecho y de Derecho que derivan de las disparidades legales o reglamentarias entre los Estados miembros, con el efecto de menoscabar el objetivo y el funcionamiento de las disposiciones sobre el control de las ayudas estatales. |
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(83)

De acuerdo con Italia, la Comisión no puede impugnar una medida pública general aplicable a todo el territorio nacional y a todas las empresas que actúan en él, afirmando que la medida confiere una ventaja a dichos operadores respecto a las condiciones de las que gozan las empresas activas y establecidas en otros Estados miembros. De hecho, la concesión de una ventaja selectiva se determinaría exclusivamente a nivel nacional, ya que en ausencia de normas comunes a escala de la Unión, la comparación entre las condiciones ofrecidas a las empresas en los distintos Estados miembros determinaría una comparación entre las distintas situaciones de hecho y de Derecho que derivan de las disparidades legales o reglamentarias entre los Estados miembros, con el efecto de menoscabar el objetivo y el funcionamiento de las disposiciones sobre el control de las ayudas estatales.

| (84) | Las autoridades italianas reiteran las alegaciones relativas a la calificación de la medida como ayuda existente (véase el considerando 75). |
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(84)

Las autoridades italianas reiteran las alegaciones relativas a la calificación de la medida como ayuda existente (véase el considerando 75).

3.1.3.   Compatibilidad de la supuesta ayuda concedida a la APN y a CAMED

Compatibilidad de la supuesta ayuda concedida a la APN y a CAMED

| (85) | Italia no comparte la conclusión de la Comisión de que la concesión de las medidas tuviera lugar en el momento cuando la inversión se incluyó en el programa de inversiones que se debía preparar a partir de los requisitos de las autoridades portuarias. Italia reitera que la fecha de concesión de una ayuda estatal debe coincidir con el momento de la entrada en vigor del fundamento jurídico que confiere al supuesto beneficiario el derecho a obtener la ayuda, y no con la fecha de adopción de las siguientes –y posiblemente numerosas– medidas de ejecución. Italia observa que todas las medidas de ejecución que la Comisión ha identificado se refieren expresamente a los actos de refinanciación de la Ley n.o 413/1998, que, por tanto, representa el único fundamento jurídico auténtico de la intervención, así como a las diferentes decisiones de la APN de 2001 y al acto de concesión en favor de CAMED de 2004. |
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(85)

Italia no comparte la conclusión de la Comisión de que la concesión de las medidas tuviera lugar en el momento cuando la inversión se incluyó en el programa de inversiones que se debía preparar a partir de los requisitos de las autoridades portuarias. Italia reitera que la fecha de concesión de una ayuda estatal debe coincidir con el momento de la entrada en vigor del fundamento jurídico que confiere al supuesto beneficiario el derecho a obtener la ayuda, y no con la fecha de adopción de las siguientes –y posiblemente numerosas– medidas de ejecución. Italia observa que todas las medidas de ejecución que la Comisión ha identificado se refieren expresamente a los actos de refinanciación de la Ley n.o 413/1998, que, por tanto, representa el único fundamento jurídico auténtico de la intervención, así como a las diferentes decisiones de la APN de 2001 y al acto de concesión en favor de CAMED de 2004.

o

| (86) | De acuerdo con Italia, las medidas no deberían evaluarse sobre la base de las directrices relativas a la construcción naval (véase el considerando 48), dado que se refieren únicamente a las obras de mantenimiento extraordinario sobre bienes públicos propiedad del Estado. Según las autoridades italianas, la supuesta ayuda no tiene por objeto favorecer el incremento de productividad de las instalaciones existentes en los astilleros, es decir, las llamadas superestructuras portuarias (estructuras móviles, grúas, etc.), sino para llevar a cabo las obras de mantenimiento extraordinario en dicha infraestructura portuaria que es exclusivamente de propiedad estatal; Todo ello con el objeto de poner fin a su obsolescencia, especialmente en términos de seguridad, teniendo también en cuenta que dichos bienes son accesibles a todos los usuarios en condiciones de igualdad y no discriminación. Por consiguiente, la compatibilidad de la medida en cuestión no puede evaluarse sobre la base del Marco sectorial en materia de ayudas estatales a la construcción naval. |
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(86)

De acuerdo con Italia, las medidas no deberían evaluarse sobre la base de las directrices relativas a la construcción naval (véase el considerando 48), dado que se refieren únicamente a las obras de mantenimiento extraordinario sobre bienes públicos propiedad del Estado. Según las autoridades italianas, la supuesta ayuda no tiene por objeto favorecer el incremento de productividad de las instalaciones existentes en los astilleros, es decir, las llamadas superestructuras portuarias (estructuras móviles, grúas, etc.), sino para llevar a cabo las obras de mantenimiento extraordinario en dicha infraestructura portuaria que es exclusivamente de propiedad estatal; Todo ello con el objeto de poner fin a su obsolescencia, especialmente en términos de seguridad, teniendo también en cuenta que dichos bienes son accesibles a todos los usuarios en condiciones de igualdad y no discriminación. Por consiguiente, la compatibilidad de la medida en cuestión no puede evaluarse sobre la base del Marco sectorial en materia de ayudas estatales a la construcción naval.

| (87) | De acuerdo con Italia, las medidas son compatibles con el mercado interior sobre la base del artículo 107, apartado 2, letra b), y del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, puesto que las medidas están destinadas a rehabilitar bienes públicos de propiedad estatal que habían sido dañados por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y por el terremoto de 1980 que afectó a la ciudad de Nápoles. Las presuntas ayudas son también proporcionadas, dado que la financiación pública se limitó al importe estrictamente necesario y las obras para la ejecución de los trabajos de mantenimiento extraordinario se concedieron a través de procedimientos de licitación abiertos y competitivos que permitieron reducir los costes respecto a los importes presupuestados inicialmente. Asimismo, las autoridades italianas señalan que CAMED hizo inversiones significativas y redujo la intensidad de la aportación pública a aproximadamente el 40 % de los costes totales de inversión. Por otra parte, las medidas son proporcionadas, pues, según el régimen jurídico aplicable a las concesiones de dominio público, al concluir la concesión, las obras que hubiese realizado el concesionario seguirán siendo propiedad del Estado, sin ningún tipo de indemnización o reembolso a favor de CAMED. Italia subraya que las supuestas medidas de ayuda favorecen la economía de una región desfavorecida, que puede acogerse a la ayuda con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE. |
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(87)

De acuerdo con Italia, las medidas son compatibles con el mercado interior sobre la base del artículo 107, apartado 2, letra b), y del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, puesto que las medidas están destinadas a rehabilitar bienes públicos de propiedad estatal que habían sido dañados por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y por el terremoto de 1980 que afectó a la ciudad de Nápoles. Las presuntas ayudas son también proporcionadas, dado que la financiación pública se limitó al importe estrictamente necesario y las obras para la ejecución de los trabajos de mantenimiento extraordinario se concedieron a través de procedimientos de licitación abiertos y competitivos que permitieron reducir los costes respecto a los importes presupuestados inicialmente. Asimismo, las autoridades italianas señalan que CAMED hizo inversiones significativas y redujo la intensidad de la aportación pública a aproximadamente el 40 % de los costes totales de inversión. Por otra parte, las medidas son proporcionadas, pues, según el régimen jurídico aplicable a las concesiones de dominio público, al concluir la concesión, las obras que hubiese realizado el concesionario seguirán siendo propiedad del Estado, sin ningún tipo de indemnización o reembolso a favor de CAMED. Italia subraya que las supuestas medidas de ayuda favorecen la economía de una región desfavorecida, que puede acogerse a la ayuda con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE.

| (88) | Las autoridades italianas presentaron información complementaria en noviembre de 2017, en la que reiteran su opinión de que las normas sobre las ayudas estatales aplicables a la construcción naval no constituyen el fundamento jurídico adecuado para evaluar la compatibilidad de la ayuda. Las autoridades italianas facilitaron las siguientes observaciones. |
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(88)

Las autoridades italianas presentaron información complementaria en noviembre de 2017, en la que reiteran su opinión de que las normas sobre las ayudas estatales aplicables a la construcción naval no constituyen el fundamento jurídico adecuado para evaluar la compatibilidad de la ayuda. Las autoridades italianas facilitaron las siguientes observaciones.

| (89) | Por lo que se refiere a la compatibilidad de la ayuda concedida a la APN, las autoridades italianas confirmaron que la APN no presentó ninguna solicitud de ayuda (invocando las normas pertinentes en materia de construcción naval) antes del inicio de las obras relativas a cada inversión. Las autoridades italianas confirmaron su postura, según la cual la financiación se utilizó para el mantenimiento de las funciones de las infraestructuras portuarias existentes y no constituyen ayudas a las instalaciones de construcción naval. |
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(89)

Por lo que se refiere a la compatibilidad de la ayuda concedida a la APN, las autoridades italianas confirmaron que la APN no presentó ninguna solicitud de ayuda (invocando las normas pertinentes en materia de construcción naval) antes del inicio de las obras relativas a cada inversión. Las autoridades italianas confirmaron su postura, según la cual la financiación se utilizó para el mantenimiento de las funciones de las infraestructuras portuarias existentes y no constituyen ayudas a las instalaciones de construcción naval.

| (90) | Por último, Italia alega que las cantidades objeto de examen no podrían ser recuperadas, ya que ha expirado el plazo de prescripción establecido en el artículo 17 del Reglamento de Procedimiento. |
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(90)

Por último, Italia alega que las cantidades objeto de examen no podrían ser recuperadas, ya que ha expirado el plazo de prescripción establecido en el artículo 17 del Reglamento de Procedimiento.

4.   OBSERVACIONES FORMULADAS POR LAS PARTES INTERESADAS

OBSERVACIONES FORMULADAS POR LAS PARTES INTERESADAS

4.1.   Observaciones de CAMED

Observaciones de CAMED

| (91) | CAMED sostiene que la legalidad de la intervención en cuestión ya se examinó y constató en 2006, cuando la Comisión, tras haber solicitado información a las autoridades italianas, concluyó el procedimiento. La Decisión de incoar el procedimiento es, por lo tanto, una revocación ilegal de dicho sobreseimiento, y tiene lugar 10 años después de la primera medida, lo que constituye una violación de los principios generales del Derecho de la Unión de buena administración, de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva. |
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(91)

CAMED sostiene que la legalidad de la intervención en cuestión ya se examinó y constató en 2006, cuando la Comisión, tras haber solicitado información a las autoridades italianas, concluyó el procedimiento. La Decisión de incoar el procedimiento es, por lo tanto, una revocación ilegal de dicho sobreseimiento, y tiene lugar 10 años después de la primera medida, lo que constituye una violación de los principios generales del Derecho de la Unión de buena administración, de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva.

| (92) | Además, CAMED considera que tales medidas no constituyen ayudas estatales ni en favor de la APN ni en su favor, puesto que se trata de los procedimientos ordinarios con los que el Estado italiano gestiona y administra no una determinada actividad económica, sino una categoría de bienes, es decir, los bienes públicos de propiedad estatal. Ninguna de las condiciones que prevé el artículo 107, apartado 1, del TFUE se respeta realmente. |
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(92)

Además, CAMED considera que tales medidas no constituyen ayudas estatales ni en favor de la APN ni en su favor, puesto que se trata de los procedimientos ordinarios con los que el Estado italiano gestiona y administra no una determinada actividad económica, sino una categoría de bienes, es decir, los bienes públicos de propiedad estatal. Ninguna de las condiciones que prevé el artículo 107, apartado 1, del TFUE se respeta realmente.

| (93) | CAMED reitera las alegaciones efectuadas por las autoridades italianas según las cuales las autoridades portuarias son entidades públicas no empresariales a las que la Ley n.o 84/1994 prohíbe desarrollar cualquier actividad económica, así como prestar servicios portuarios. Por consiguiente, de acuerdo con CAMED, las autoridades portuarias italianas no son empresas capaces de determinar de forma autónoma el importe de los cánones de ocupación recaudados por las empresas concesionarias por cuenta del Estado, dado que es el legislador nacional quien establece dicho importe en el Decreto Ministerial n.o 595/1995. |
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(93)

CAMED reitera las alegaciones efectuadas por las autoridades italianas según las cuales las autoridades portuarias son entidades públicas no empresariales a las que la Ley n.o 84/1994 prohíbe desarrollar cualquier actividad económica, así como prestar servicios portuarios. Por consiguiente, de acuerdo con CAMED, las autoridades portuarias italianas no son empresas capaces de determinar de forma autónoma el importe de los cánones de ocupación recaudados por las empresas concesionarias por cuenta del Estado, dado que es el legislador nacional quien establece dicho importe en el Decreto Ministerial n.o 595/1995.

o

o

| (94) | CAMED considera que la intervención no otorga ninguna ventaja económica ni en favor de la APN ni en su favor. Las obras de mantenimiento extraordinario de los bienes de propiedad estatal en cuestión competen ex lege exclusivamente al Estado en cuanto que propietario, además de ser fundamental y necesario para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público. Como tales, las medidas no eximen a CAMED de ninguna carga y no le confieren ventaja alguna. |
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(94)

CAMED considera que la intervención no otorga ninguna ventaja económica ni en favor de la APN ni en su favor. Las obras de mantenimiento extraordinario de los bienes de propiedad estatal en cuestión competen ex lege exclusivamente al Estado en cuanto que propietario, además de ser fundamental y necesario para el cumplimiento de las obligaciones de servicio público. Como tales, las medidas no eximen a CAMED de ninguna carga y no le confieren ventaja alguna.

ex lege

| (95) | Asimismo, CAMED subraya que, cuando las intervenciones públicas se diseñaron y aprobaron, la empresa aún no se había adjudicado la concesión de las zonas de propiedad estatal en cuestión, puesto que el procedimiento de adjudicación, abierto y competitivo, aún no se había celebrado. La APN se había comprometido a invertir independientemente de la identidad del futuro concesionario. De hecho, cualquier empresa habría podido presentar una candidatura para la concesión y adjudicarse los bienes en régimen de concesión. Por consiguiente, el procedimiento supera la prueba del operador en una economía de mercado y no confiere ninguna ventaja al adjudicatario. |
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(95)

Asimismo, CAMED subraya que, cuando las intervenciones públicas se diseñaron y aprobaron, la empresa aún no se había adjudicado la concesión de las zonas de propiedad estatal en cuestión, puesto que el procedimiento de adjudicación, abierto y competitivo, aún no se había celebrado. La APN se había comprometido a invertir independientemente de la identidad del futuro concesionario. De hecho, cualquier empresa habría podido presentar una candidatura para la concesión y adjudicarse los bienes en régimen de concesión. Por consiguiente, el procedimiento supera la prueba del operador en una economía de mercado y no confiere ninguna ventaja al adjudicatario.

| (96) | CAMED también alega que la intervención no tuvo carácter selectivo, puesto que se trató de la forma habitual de intervención del Estado, que, en general, y no solo dentro del ámbito portuario o del sector de la construcción naval, asegura el mantenimiento en condiciones de funcionamiento y seguridad de un gran número y variedad de bienes e infraestructuras públicas. Esto se aplica, en particular, a los bienes que el Estado decidió reservar al dominio público, con una Decisión que va más allá de la posibilidad de recurso que el Tratado atribuye a la Comisión, de conformidad con el artículo 345 del TFUE. En el caso de autos, la intervención se programó y aprobó en aplicación de un programa de financiación puesto en marcha en 1998 por el legislador nacional para la realización de obras de ampliación, modernización y mejora de las infraestructuras de todos los puertos italianos. |
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(96)

CAMED también alega que la intervención no tuvo carácter selectivo, puesto que se trató de la forma habitual de intervención del Estado, que, en general, y no solo dentro del ámbito portuario o del sector de la construcción naval, asegura el mantenimiento en condiciones de funcionamiento y seguridad de un gran número y variedad de bienes e infraestructuras públicas. Esto se aplica, en particular, a los bienes que el Estado decidió reservar al dominio público, con una Decisión que va más allá de la posibilidad de recurso que el Tratado atribuye a la Comisión, de conformidad con el artículo 345 del TFUE. En el caso de autos, la intervención se programó y aprobó en aplicación de un programa de financiación puesto en marcha en 1998 por el legislador nacional para la realización de obras de ampliación, modernización y mejora de las infraestructuras de todos los puertos italianos.

| (97) | En opinión de CAMED, dicha circunstancia demuestra el carácter no selectivo de la medida tanto en relación con i) la posición de la APN respecto a todas las demás autoridades portuarias, que se beneficiaron de las mismas ayudas públicas para realizar obras en los bienes e infraestructuras estatales situados en zonas portuarias asignados a su competencia territorial, como por lo que se refiere a ii) la posición de CAMED respecto a otras empresas que actúan –no solo– en el sector de la construcción naval, en el puerto de Nápoles y en cualquier otro puerto italiano. |
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(97)

En opinión de CAMED, dicha circunstancia demuestra el carácter no selectivo de la medida tanto en relación con i) la posición de la APN respecto a todas las demás autoridades portuarias, que se beneficiaron de las mismas ayudas públicas para realizar obras en los bienes e infraestructuras estatales situados en zonas portuarias asignados a su competencia territorial, como por lo que se refiere a ii) la posición de CAMED respecto a otras empresas que actúan –no solo– en el sector de la construcción naval, en el puerto de Nápoles y en cualquier otro puerto italiano.

| (98) | Asimismo, CAMED alega que las normas que regulan el uso de las infraestructuras de propiedad estatal objeto de las obras de mantenimiento disponen que cualquier empresa que lo solicite tiene derecho a acceder a los diques concedidos en favor de CAMED con arreglo a criterios transparentes y no discriminatorios y a cambio del pago de los precios públicos. El acceso a las infraestructuras se produce en condiciones de absoluta igualdad con otros posibles usuarios, no solo las demás empresas de reparación naval, sino toda persona que tenga interés en utilizar dicha infraestructura como, por ejemplo, las empresas navieras, administradores de servicios portuarios, agentes marítimos y empresas de gestión de buques. CAMED considera este hecho como una confirmación más del carácter no selectivo de las medidas de rehabilitación de los diques, que no benefician a «determinadas empresas o producciones». |
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(98)

Asimismo, CAMED alega que las normas que regulan el uso de las infraestructuras de propiedad estatal objeto de las obras de mantenimiento disponen que cualquier empresa que lo solicite tiene derecho a acceder a los diques concedidos en favor de CAMED con arreglo a criterios transparentes y no discriminatorios y a cambio del pago de los precios públicos. El acceso a las infraestructuras se produce en condiciones de absoluta igualdad con otros posibles usuarios, no solo las demás empresas de reparación naval, sino toda persona que tenga interés en utilizar dicha infraestructura como, por ejemplo, las empresas navieras, administradores de servicios portuarios, agentes marítimos y empresas de gestión de buques. CAMED considera este hecho como una confirmación más del carácter no selectivo de las medidas de rehabilitación de los diques, que no benefician a «determinadas empresas o producciones».

| (99) | CAMED también reitera el argumento esgrimido por Italia sobre la ausencia de distorsión de la competencia y el efecto sobre el comercio entre los Estados miembros. |
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(99)

CAMED también reitera el argumento esgrimido por Italia sobre la ausencia de distorsión de la competencia y el efecto sobre el comercio entre los Estados miembros.

| (100) | CAMED alega que las medidas serían en cualquier caso compatibles con el mercado interior tanto de conformidad con el artículo 107, apartado 2, del TFUE, dado que su objetivo es reparar los «perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional», en el caso de autos, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y el terremoto de 1980, como con arreglo al artículo 107, apartado 3, del TFUE, dado que las medidas persiguen un objetivo de interés común. Por otra parte, las medidas son proporcionadas, habida cuenta de las inversiones que realizó CAMED (por un importe de 42 541 495 EUR), que redujeron el importe de la intervención del Estado a aproximadamente el 40 % de los costes totales. Según la información facilitada, CAMED invirtió 11,1 millones de EUR en los diques secos y las cantidades restantes en otros conceptos, como los relativos a los bienes y zonas objeto del canon de concesión, almacenes y edificios, gastos de transporte y equipos informáticos y de oficina. |
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(100)

CAMED alega que las medidas serían en cualquier caso compatibles con el mercado interior tanto de conformidad con el artículo 107, apartado 2, del TFUE, dado que su objetivo es reparar los «perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional», en el caso de autos, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y el terremoto de 1980, como con arreglo al artículo 107, apartado 3, del TFUE, dado que las medidas persiguen un objetivo de interés común. Por otra parte, las medidas son proporcionadas, habida cuenta de las inversiones que realizó CAMED (por un importe de 42 541 495 EUR), que redujeron el importe de la intervención del Estado a aproximadamente el 40 % de los costes totales. Según la información facilitada, CAMED invirtió 11,1 millones de EUR en los diques secos y las cantidades restantes en otros conceptos, como los relativos a los bienes y zonas objeto del canon de concesión, almacenes y edificios, gastos de transporte y equipos informáticos y de oficina.

| (101) | Por último, CAMED alega que si las medidas se consideraran ayudas estatales, estas constituirían ayudas existentes, ya que el plazo establecido en el artículo 17 del Reglamento de Procedimiento ha vencido. |
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(101)

Por último, CAMED alega que si las medidas se consideraran ayudas estatales, estas constituirían ayudas existentes, ya que el plazo establecido en el artículo 17 del Reglamento de Procedimiento ha vencido.

4.2.   Observaciones del denunciante

Observaciones del denunciante

| (102) | El denunciante comparte la conclusión preliminar de la Comisión de que la APN debería ser considerada una empresa que ejerce actividades económicas. El denunciante considera que el hecho de que los puertos nacionales realicen actividades económicas que compiten entre sí y con otros puertos europeos y mediterráneos es un hecho evidente, a la luz de las aclaraciones facilitadas por la Comisión en su práctica decisoria. Por ejemplo, en su Decisión de 2012 (35), la Comisión aclaró que la autoridad portuaria de Augusta se considera una empresa cuando desarrolla la actividad económica de explotar la infraestructura portuaria de propiedad estatal a través de la adjudicación en régimen de concesión de dicha infraestructura a los operadores portuarios. Se trata de un importante precedente para la APN, ya que la autoridad portuaria de Augusta está regida por la misma legislación nacional (36). |
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(102)

El denunciante comparte la conclusión preliminar de la Comisión de que la APN debería ser considerada una empresa que ejerce actividades económicas. El denunciante considera que el hecho de que los puertos nacionales realicen actividades económicas que compiten entre sí y con otros puertos europeos y mediterráneos es un hecho evidente, a la luz de las aclaraciones facilitadas por la Comisión en su práctica decisoria. Por ejemplo, en su Decisión de 2012 (35), la Comisión aclaró que la autoridad portuaria de Augusta se considera una empresa cuando desarrolla la actividad económica de explotar la infraestructura portuaria de propiedad estatal a través de la adjudicación en régimen de concesión de dicha infraestructura a los operadores portuarios. Se trata de un importante precedente para la APN, ya que la autoridad portuaria de Augusta está regida por la misma legislación nacional (36).

35

36

| (103) | Con relación al canon de la concesión, el denunciante considera que se determinó con arreglo a la legislación nacional (37), considerada erróneamente aplicable, dado que no concierne únicamente a la utilización de los diques para las actividades de reparación naval, sino también a la administración de CAMED de los diques secos. Por lo tanto, el denunciante alega que, con la adjudicación directa de la concesión a CAMED sin convocar una licitación, la APN renunció a cobrar un canon para la gestión de los diques secos, y se limitó a exigir solamente el canon de ocupación. El denunciante también señala que el artículo 6 del contrato de concesión establece expresamente que CAMED pague el canon a la APN «en concepto de contraprestación de la presente concesión» y no como un impuesto. |
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(103)

Con relación al canon de la concesión, el denunciante considera que se determinó con arreglo a la legislación nacional (37), considerada erróneamente aplicable, dado que no concierne únicamente a la utilización de los diques para las actividades de reparación naval, sino también a la administración de CAMED de los diques secos. Por lo tanto, el denunciante alega que, con la adjudicación directa de la concesión a CAMED sin convocar una licitación, la APN renunció a cobrar un canon para la gestión de los diques secos, y se limitó a exigir solamente el canon de ocupación. El denunciante también señala que el artículo 6 del contrato de concesión establece expresamente que CAMED pague el canon a la APN «en concepto de contraprestación de la presente concesión» y no como un impuesto.

37

| (104) | El denunciante está de acuerdo con la conclusión preliminar de la Comisión en lo que atañe al carácter público de los fondos transferidos a la APN y al carácter selectivo de las medidas que recibió, y afirma, en particular, que las medidas de ayuda no pueden constituir una mera transferencia de fondos entre entidades públicas. De hecho, a tenor de lo dispuesto en la Ley n.o 84/1994, aunque las entidades públicas no empresariales cuentan con personalidad jurídica de Derecho público, las autoridades portuarias disponen de una amplia autonomía administrativa y financiera, gracias a la que la adjudicación de concesiones relativas, entre otras cosas, a la administración de los diques secos no está sujeta al control ministerial. |
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(104)

El denunciante está de acuerdo con la conclusión preliminar de la Comisión en lo que atañe al carácter público de los fondos transferidos a la APN y al carácter selectivo de las medidas que recibió, y afirma, en particular, que las medidas de ayuda no pueden constituir una mera transferencia de fondos entre entidades públicas. De hecho, a tenor de lo dispuesto en la Ley n.o 84/1994, aunque las entidades públicas no empresariales cuentan con personalidad jurídica de Derecho público, las autoridades portuarias disponen de una amplia autonomía administrativa y financiera, gracias a la que la adjudicación de concesiones relativas, entre otras cosas, a la administración de los diques secos no está sujeta al control ministerial.

o

| (105) | El denunciante comparte la conclusión preliminar de la Comisión de que las medidas no cumplen las cuatro condiciones de la sentencia Altmark y que, por lo tanto, la administración de los diques secos que garantiza la APN no puede considerarse un servicio de interés económico general, representando así una ventaja económica. |
| --- | --- |

(105)

El denunciante comparte la conclusión preliminar de la Comisión de que las medidas no cumplen las cuatro condiciones de la sentencia Altmark y que, por lo tanto, la administración de los diques secos que garantiza la APN no puede considerarse un servicio de interés económico general, representando así una ventaja económica.

| (106) | El denunciante está de acuerdo con la conclusión preliminar de la Comisión de que las medidas son susceptibles de falsear la competencia entre los puertos europeos y afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. En particular, el denunciante insiste en que los puertos italianos están en competencia con varios puertos europeos en un mercado competitivo y que, por consiguiente, se debe rechazar el argumento de las autoridades italianas según el cual la solicitud de reparación de las infraestructuras de reparación naval sería de carácter local. |
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(106)

El denunciante está de acuerdo con la conclusión preliminar de la Comisión de que las medidas son susceptibles de falsear la competencia entre los puertos europeos y afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. En particular, el denunciante insiste en que los puertos italianos están en competencia con varios puertos europeos en un mercado competitivo y que, por consiguiente, se debe rechazar el argumento de las autoridades italianas según el cual la solicitud de reparación de las infraestructuras de reparación naval sería de carácter local.

| (107) | El denunciante comparte la conclusión preliminar de la Comisión por lo que se refiere a la existencia de ayuda estatal en favor de CAMED, dado que, mediante la asignación a este último de la concesión de los diques secos por un precio inferior al precio de mercado, la APN podría haber renunciado a percibir fondos estatales. El denunciante también comparte la conclusión preliminar de la Comisión por la que CAMED se benefició de una ventaja económica tanto porque no se adjudicó la concesión mediante un procedimiento de licitación adecuado, sino según un procedimiento diferente (cuya publicidad tuvo lugar únicamente a nivel local), como porque el canon de ocupación se calculó sobre la base de los parámetros fijos (sin tener en cuenta las infraestructuras ya presentes en la zona) y no en función de un precio de mercado. El denunciante explica de nuevo que la concesión prevé no solo el derecho a utilizar las infraestructuras de propiedad estatal para las actividades de reparación naval, sino también la administración de los diques secos. De hecho, el modo de calcular el canon de concesión refleja las dos actividades que CAMED desarrolla y el valor económico real de la concesión. |
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(107)

El denunciante comparte la conclusión preliminar de la Comisión por lo que se refiere a la existencia de ayuda estatal en favor de CAMED, dado que, mediante la asignación a este último de la concesión de los diques secos por un precio inferior al precio de mercado, la APN podría haber renunciado a percibir fondos estatales. El denunciante también comparte la conclusión preliminar de la Comisión por la que CAMED se benefició de una ventaja económica tanto porque no se adjudicó la concesión mediante un procedimiento de licitación adecuado, sino según un procedimiento diferente (cuya publicidad tuvo lugar únicamente a nivel local), como porque el canon de ocupación se calculó sobre la base de los parámetros fijos (sin tener en cuenta las infraestructuras ya presentes en la zona) y no en función de un precio de mercado. El denunciante explica de nuevo que la concesión prevé no solo el derecho a utilizar las infraestructuras de propiedad estatal para las actividades de reparación naval, sino también la administración de los diques secos. De hecho, el modo de calcular el canon de concesión refleja las dos actividades que CAMED desarrolla y el valor económico real de la concesión.

| (108) | El denunciante alega, además, que la gestión de los diques secos es un servicio de valor económico considerable. Según las estimaciones, el volumen de negocios anual de CAMED podría oscilar entre 6 millones de EUR y 9 millones de EUR (en comparación con el canon anual de 137 409,68 EUR que CAMED paga). Si se tiene en cuenta todo el período de la concesión, el valor de la concesión para la administración de diques secos públicos parece oscilar entre 180 millones de EUR y 270 millones de EUR. En particular, los ingresos arancelarios que CAMED percibió constituyen la contraprestación: i) del uso de los diques secos y ii) de la prestación de CAMED de otros servicios auxiliares (por ejemplo, trabajos necesarios para la entrada, salida y permanencia del buque en el dique, y el suministro de electricidad). El denunciante destaca el hecho de que CAMED puede establecer las tarifas libremente sin ningún control por parte de la APN, y que las tarifas que CAMED aplica son excesivas y muy superiores a las que aplican los administradores de infraestructuras similares en otros puertos (en noviembre de 2012, CAMED aumentó las tarifas en más del 300 %). |
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(108)

El denunciante alega, además, que la gestión de los diques secos es un servicio de valor económico considerable. Según las estimaciones, el volumen de negocios anual de CAMED podría oscilar entre 6 millones de EUR y 9 millones de EUR (en comparación con el canon anual de 137 409,68 EUR que CAMED paga). Si se tiene en cuenta todo el período de la concesión, el valor de la concesión para la administración de diques secos públicos parece oscilar entre 180 millones de EUR y 270 millones de EUR. En particular, los ingresos arancelarios que CAMED percibió constituyen la contraprestación: i) del uso de los diques secos y ii) de la prestación de CAMED de otros servicios auxiliares (por ejemplo, trabajos necesarios para la entrada, salida y permanencia del buque en el dique, y el suministro de electricidad). El denunciante destaca el hecho de que CAMED puede establecer las tarifas libremente sin ningún control por parte de la APN, y que las tarifas que CAMED aplica son excesivas y muy superiores a las que aplican los administradores de infraestructuras similares en otros puertos (en noviembre de 2012, CAMED aumentó las tarifas en más del 300 %).

| (109) | El denunciante comparte la conclusión preliminar de la Comisión según la cual, dado que CAMED no cumple los requisitos acumulativos de la sentencia Altmark, no se puede considerar que sus actividades cumplen una obligación de servicio público. El denunciante opina que, en última instancia, solo el servicio de administración del dique seco n.o 3 podría considerarse una obligación de servicio público, ya que se trata del dique más grande del puerto de Nápoles. Por otra parte, en realidad, los diques secos que administra CAMED no son realmente accesibles a operadores terceros. CAMED es un usuario privilegiado que impide a los demás operadores portuarios acceder en condiciones no discriminatorias. Asimismo, las tarifas que CAMED aplica para permitir a operadores terceros acceder a la infraestructura serían superiores al precio de mercado. |
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(109)

El denunciante comparte la conclusión preliminar de la Comisión según la cual, dado que CAMED no cumple los requisitos acumulativos de la sentencia Altmark, no se puede considerar que sus actividades cumplen una obligación de servicio público. El denunciante opina que, en última instancia, solo el servicio de administración del dique seco n.o 3 podría considerarse una obligación de servicio público, ya que se trata del dique más grande del puerto de Nápoles. Por otra parte, en realidad, los diques secos que administra CAMED no son realmente accesibles a operadores terceros. CAMED es un usuario privilegiado que impide a los demás operadores portuarios acceder en condiciones no discriminatorias. Asimismo, las tarifas que CAMED aplica para permitir a operadores terceros acceder a la infraestructura serían superiores al precio de mercado.

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| (110) | De acuerdo con el denunciante, las medidas falsean la competencia en dos niveles. En primer lugar, CAMED, en cuanto que administrador de la infraestructura, recibe un tratamiento ventajoso en comparación con sus posibles competidores, i) dado que se adjudicó la concesión para administrar los diques sin haber participado en una licitación, y ii) porque se beneficia de un canon inexplicablemente bajo que debe pagar a la APN, mientras que aplica tarifas excesivas a otras empresas de reparación que pretenden usar los diques. En segundo lugar, en cuanto que empresa de reparaciones navales, CAMED se beneficia como usuario indebidamente privilegiado de los diques de propiedad estatal. |
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(110)

De acuerdo con el denunciante, las medidas falsean la competencia en dos niveles. En primer lugar, CAMED, en cuanto que administrador de la infraestructura, recibe un tratamiento ventajoso en comparación con sus posibles competidores, i) dado que se adjudicó la concesión para administrar los diques sin haber participado en una licitación, y ii) porque se beneficia de un canon inexplicablemente bajo que debe pagar a la APN, mientras que aplica tarifas excesivas a otras empresas de reparación que pretenden usar los diques. En segundo lugar, en cuanto que empresa de reparaciones navales, CAMED se beneficia como usuario indebidamente privilegiado de los diques de propiedad estatal.

| (111) | Por lo que se refiere al efecto sobre el comercio, el denunciante subraya que la demanda de infraestructuras de reparación naval procede principalmente de operadores internacionales, que a menudo pertenecen a grandes grupos multinacionales. |
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(111)

Por lo que se refiere al efecto sobre el comercio, el denunciante subraya que la demanda de infraestructuras de reparación naval procede principalmente de operadores internacionales, que a menudo pertenecen a grandes grupos multinacionales.

| (112) | Por lo que respecta a la compatibilidad de las medidas de ayuda con el mercado interior, el denunciante está de acuerdo con la conclusión preliminar de la Comisión de que los diques secos no son infraestructuras de transporte y, como tales, no están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. Asimismo, el denunciante considera que las medidas no cumplen los criterios de compatibilidad establecidos i) en el artículo 107, apartado 3, letra a) o c), relativos a las ayudas de finalidad regional o ii) en el Marco comunitario sobre los SIEG de 2011 o iii) en las normas sectoriales en materia de ayudas estatales en el sector de la construcción naval. |
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(112)

Por lo que respecta a la compatibilidad de las medidas de ayuda con el mercado interior, el denunciante está de acuerdo con la conclusión preliminar de la Comisión de que los diques secos no son infraestructuras de transporte y, como tales, no están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. Asimismo, el denunciante considera que las medidas no cumplen los criterios de compatibilidad establecidos i) en el artículo 107, apartado 3, letra a) o c), relativos a las ayudas de finalidad regional o ii) en el Marco comunitario sobre los SIEG de 2011 o iii) en las normas sectoriales en materia de ayudas estatales en el sector de la construcción naval.

| (113) | Por último, el denunciante comparte la opinión de la Comisión de que las medidas de ayuda se concedieron en el momento en que las correspondientes intervenciones se incluyeron en el programa de inversión elaborado a partir de los requisitos de la APN y no en 1998 (como afirman las autoridades italianas), en virtud del artículo 9 de la Ley n.o 413/1998. |
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(113)

Por último, el denunciante comparte la opinión de la Comisión de que las medidas de ayuda se concedieron en el momento en que las correspondientes intervenciones se incluyeron en el programa de inversión elaborado a partir de los requisitos de la APN y no en 1998 (como afirman las autoridades italianas), en virtud del artículo 9 de la Ley n.o 413/1998.

o

5.   CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN

| (114) | El artículo 107, apartado 1, del TFUE dispone que «serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones». |
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(114)

El artículo 107, apartado 1, del TFUE dispone que «serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

| (115) | Para que una medida pueda considerarse ayuda con arreglo a dicha disposición, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones simultáneamente: i) la medida debe ser imputable al Estado y estar financiada mediante fondos estatales; ii) debe conferir una ventaja a su beneficiario; iii) dicha ventaja debe ser selectiva; iv) la medida en cuestión debe falsear o amenazar falsear la competencia y debe poder incidir en el comercio entre los Estados miembros. |
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(115)

Para que una medida pueda considerarse ayuda con arreglo a dicha disposición, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones simultáneamente: i) la medida debe ser imputable al Estado y estar financiada mediante fondos estatales; ii) debe conferir una ventaja a su beneficiario; iii) dicha ventaja debe ser selectiva; iv) la medida en cuestión debe falsear o amenazar falsear la competencia y debe poder incidir en el comercio entre los Estados miembros.

5.1.   Existencia de una ayuda en favor de la APN

Existencia de una ayuda en favor de la APN

5.1.1.   Concepto de empresa

Concepto de empresa

| (116) | Con arreglo a la legislación italiana, las autoridades portuarias son entidades públicas no empresariales a las que se les ha asignado la tarea de encargarse del mantenimiento y desarrollo de infraestructuras portuarias. A tal efecto, los recursos financieros a disposición de una autoridad portuaria pueden ser utilizados exclusivamente para la administración del puerto y para el desempeño de las funciones que se le atribuyen por ley (véase el considerando 55). |
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(116)

Con arreglo a la legislación italiana, las autoridades portuarias son entidades públicas no empresariales a las que se les ha asignado la tarea de encargarse del mantenimiento y desarrollo de infraestructuras portuarias. A tal efecto, los recursos financieros a disposición de una autoridad portuaria pueden ser utilizados exclusivamente para la administración del puerto y para el desempeño de las funciones que se le atribuyen por ley (véase el considerando 55).

| (117) | El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (38) (en lo sucesivo, el «Tribunal de Justicia») ha definido reiteradamente a las empresas como entidades que ejercen una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de sus modalidades de financiación. El Tribunal de Justicia ha dictaminado reiteradamente que cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un determinado mercado constituye una actividad económica (39). |
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(117)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (38) (en lo sucesivo, el «Tribunal de Justicia») ha definido reiteradamente a las empresas como entidades que ejercen una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de sus modalidades de financiación. El Tribunal de Justicia ha dictaminado reiteradamente que cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un determinado mercado constituye una actividad económica (39).

38

39

| (118) | Por lo tanto, la clasificación de una entidad concreta como empresa depende por completo de la naturaleza de sus actividades. Este principio general comporta tres consecuencias importantes: i) en primer lugar, el estatuto jurídico de la entidad en cuestión con arreglo al Derecho nacional es irrelevante; ii) en segundo lugar, la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales como tales no depende del hecho de que la entidad se haya constituido para obtener beneficios; iii) en tercer lugar, una entidad se considera empresa en relación con una actividad específica. |
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(118)

Por lo tanto, la clasificación de una entidad concreta como empresa depende por completo de la naturaleza de sus actividades. Este principio general comporta tres consecuencias importantes: i) en primer lugar, el estatuto jurídico de la entidad en cuestión con arreglo al Derecho nacional es irrelevante; ii) en segundo lugar, la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales como tales no depende del hecho de que la entidad se haya constituido para obtener beneficios; iii) en tercer lugar, una entidad se considera empresa en relación con una actividad específica.

| (119) | Las medidas en cuestión se refieren a la financiación de las obras de acondicionamiento de las infraestructuras de reparación naval (diques secos) situadas en un puerto que es propiedad del Estado italiano, que ejerce su derecho de propiedad mediante la APN, que actúa como administrador. La Comisión observa que los diques secos no son infraestructuras portuarias, sino medios de producción de los astilleros, puesto que se utilizan para las actividades de construcción y reparación naval. Tal como se recoge en la práctica decisoria establecida de la Comisión, la construcción naval es una actividad económica caracterizada por el comercio entre Estados miembros (40). |
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(119)

Las medidas en cuestión se refieren a la financiación de las obras de acondicionamiento de las infraestructuras de reparación naval (diques secos) situadas en un puerto que es propiedad del Estado italiano, que ejerce su derecho de propiedad mediante la APN, que actúa como administrador. La Comisión observa que los diques secos no son infraestructuras portuarias, sino medios de producción de los astilleros, puesto que se utilizan para las actividades de construcción y reparación naval. Tal como se recoge en la práctica decisoria establecida de la Comisión, la construcción naval es una actividad económica caracterizada por el comercio entre Estados miembros (40).

40

| (120) | La APN explota comercialmente los diques secos e impone un canon para su utilización. En este contexto, contrariamente a lo que afirman las autoridades italianas (véanse los considerandos 57 y 58), dichos cánones constituyen una compensación por la prestación de servicios económicos (por ejemplo, el alquiler de instalaciones de reparación naval a cambio de una contraprestación). El canon constituye una de las fuentes de ingresos de la APN que le permiten financiar sus actividades, como las inversiones para mantener los diques secos en funcionamiento. Mantener los diques secos en funcionamiento para acoger la actividad de reparación naval permite a la APN evitar una reducción de sus actividades de gestión del puerto y atraer empresas de reparación naval. De hecho, sin dichas obras, los diques secos no habrían podido funcionar correctamente y, a largo plazo, la APN no habría podido continuar ejerciendo su actividad económica de alquiler de diques a cambio de una contraprestación. A este respecto, la concesión de 2004 dispone en su artículo 1 que «la concesión se concede con el fin de realizar obras de conversión y reparación de buques y/o embarcaciones de recreo, así como para administrar los diques secos ... (41)»; por tanto, especifica de antemano el uso específico de los terrenos públicos en cuestión. |
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(120)

La APN explota comercialmente los diques secos e impone un canon para su utilización. En este contexto, contrariamente a lo que afirman las autoridades italianas (véanse los considerandos 57 y 58), dichos cánones constituyen una compensación por la prestación de servicios económicos (por ejemplo, el alquiler de instalaciones de reparación naval a cambio de una contraprestación). El canon constituye una de las fuentes de ingresos de la APN que le permiten financiar sus actividades, como las inversiones para mantener los diques secos en funcionamiento. Mantener los diques secos en funcionamiento para acoger la actividad de reparación naval permite a la APN evitar una reducción de sus actividades de gestión del puerto y atraer empresas de reparación naval. De hecho, sin dichas obras, los diques secos no habrían podido funcionar correctamente y, a largo plazo, la APN no habría podido continuar ejerciendo su actividad económica de alquiler de diques a cambio de una contraprestación. A este respecto, la concesión de 2004 dispone en su artículo 1 que «la concesión se concede con el fin de realizar obras de conversión y reparación de buques y/o embarcaciones de recreo, así como para administrar los diques secos ... (41)»; por tanto, especifica de antemano el uso específico de los terrenos públicos en cuestión.

41

| (121) | Si bien no puede excluirse que, habida cuenta de sus funciones públicas, la APN pueda desarrollar también actividades que entren en el ámbito de las competencias de los poderes públicos, la presente Decisión solo se refiere a la administración de los diques secos subvencionados y a su arrendamiento a cambio de una contraprestación. Según reiterada jurisprudencia, una entidad puede ser considerada una empresa solo en relación con una actividad específica. Una entidad que realiza actividades económicas y no económicas se considerará una empresa únicamente en lo referente a las primeras. Por lo tanto, la Comisión no está obligada a comprobar si las demás actividades de la APN (salvo las de arrendamiento de instalaciones para la reparación naval a cambio de una contraprestación) constituyen actividades económicas. |
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(121)

Si bien no puede excluirse que, habida cuenta de sus funciones públicas, la APN pueda desarrollar también actividades que entren en el ámbito de las competencias de los poderes públicos, la presente Decisión solo se refiere a la administración de los diques secos subvencionados y a su arrendamiento a cambio de una contraprestación. Según reiterada jurisprudencia, una entidad puede ser considerada una empresa solo en relación con una actividad específica. Una entidad que realiza actividades económicas y no económicas se considerará una empresa únicamente en lo referente a las primeras. Por lo tanto, la Comisión no está obligada a comprobar si las demás actividades de la APN (salvo las de arrendamiento de instalaciones para la reparación naval a cambio de una contraprestación) constituyen actividades económicas.

5.1.2.   Imputabilidad y fondos estatales

Imputabilidad y fondos estatales

| (122) | Los fondos concedidos en favor de los proyectos de inversión se desembolsaron a la APN sobre la base de los presupuestos del Estado. Como se indica en la sección 5.1.1, la APN puede ser considerada una empresa para los efectos de la presente Decisión, ya que se trata de una entidad que ejerce una actividad económica por cuenta del propietario, que es el Estado italiano. Por tanto, la transferencia equivale a una transferencia de fondos estatales y es imputable al Estado. |
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(122)

Los fondos concedidos en favor de los proyectos de inversión se desembolsaron a la APN sobre la base de los presupuestos del Estado. Como se indica en la sección 5.1.1, la APN puede ser considerada una empresa para los efectos de la presente Decisión, ya que se trata de una entidad que ejerce una actividad económica por cuenta del propietario, que es el Estado italiano. Por tanto, la transferencia equivale a una transferencia de fondos estatales y es imputable al Estado.

5.1.3.   Selectividad

Selectividad

| (123) | Para que sea considerada ayuda estatal, una medida debe ser específica o selectiva, es decir, debe favorecer a determinadas empresas y/o producciones. |
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(123)

Para que sea considerada ayuda estatal, una medida debe ser específica o selectiva, es decir, debe favorecer a determinadas empresas y/o producciones.

| (124) | Dado que el presente asunto se refiere a las medidas de ayuda concedidas por separado a la APN, la existencia de una ventaja económica comporta la presunción de que las medidas son selectivas (42). |
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(124)

Dado que el presente asunto se refiere a las medidas de ayuda concedidas por separado a la APN, la existencia de una ventaja económica comporta la presunción de que las medidas son selectivas (42).

42

| (125) | En cualquier caso, la Comisión señala que la medida en cuestión favorece a la APN en comparación con otras empresas que se encuentran en una situación de hecho y de Derecho semejante a la de la APN. La Ley n.o 413/1998 prevé que el Ministerio, en relación con las peticiones de las autoridades portuarias, adopte un programa de inversiones. A petición de la APN, el programa de inversión se aprobó con dos decretos ministeriales (27 de octubre de 1999 y 2 de mayo de 2001) (véase el considerando 25). A pesar de que algunas otras autoridades portuarias enumeradas en el programa de inversiones (43) también pudieron utilizar estos fondos públicos para realizar inversiones en otros puertos italianos, la Comisión observa que las medidas favorecen de manera selectiva a las instalaciones de construcción naval de la APN. De hecho, la APN recibió financiación estatal para ampliar, modernizar y mejorar la instalación de construcción naval que gestionaba, a diferencia de otros administradores de instalaciones de construcción naval no enumerados en el programa de inversiones, por ejemplo, porque no son autoridades portuarias. Dichos administradores de instalaciones de construcción naval que no figuran en el programa se encuentran en una situación de hecho y de Derecho similar a la de la APN, pero tuvieron que ampliar, modernizar o renovar las infraestructuras de construcción naval sin recibir dicha financiación estatal. Según el Tribunal, ni el elevado número de empresas admisibles (que puede incluir a todas las empresas de un determinado sector), ni la diversidad o la dimensión de los sectores industriales a los que pertenecen dichas empresas permiten considerar que una medida estatal constituya una medida general de política económica (44). Por último, la Comisión observa que las medidas son selectivas, ya que favorecen a un administrador de instalaciones de construcción y reparación naval respecto a los administradores de instalaciones de fabricación o reparación de otros sectores de la economía. Estos últimos se encuentran en una situación de hecho y de Derecho similar, dado que también basan su actividad económica en las instalaciones de producción o reparación que gestionan. Sin embargo, deben ejercer dicha actividad económica sin beneficiarse de la ayuda a la inversión concedida a la APN. |
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(125)

En cualquier caso, la Comisión señala que la medida en cuestión favorece a la APN en comparación con otras empresas que se encuentran en una situación de hecho y de Derecho semejante a la de la APN. La Ley n.o 413/1998 prevé que el Ministerio, en relación con las peticiones de las autoridades portuarias, adopte un programa de inversiones. A petición de la APN, el programa de inversión se aprobó con dos decretos ministeriales (27 de octubre de 1999 y 2 de mayo de 2001) (véase el considerando 25). A pesar de que algunas otras autoridades portuarias enumeradas en el programa de inversiones (43) también pudieron utilizar estos fondos públicos para realizar inversiones en otros puertos italianos, la Comisión observa que las medidas favorecen de manera selectiva a las instalaciones de construcción naval de la APN. De hecho, la APN recibió financiación estatal para ampliar, modernizar y mejorar la instalación de construcción naval que gestionaba, a diferencia de otros administradores de instalaciones de construcción naval no enumerados en el programa de inversiones, por ejemplo, porque no son autoridades portuarias. Dichos administradores de instalaciones de construcción naval que no figuran en el programa se encuentran en una situación de hecho y de Derecho similar a la de la APN, pero tuvieron que ampliar, modernizar o renovar las infraestructuras de construcción naval sin recibir dicha financiación estatal. Según el Tribunal, ni el elevado número de empresas admisibles (que puede incluir a todas las empresas de un determinado sector), ni la diversidad o la dimensión de los sectores industriales a los que pertenecen dichas empresas permiten considerar que una medida estatal constituya una medida general de política económica (44). Por último, la Comisión observa que las medidas son selectivas, ya que favorecen a un administrador de instalaciones de construcción y reparación naval respecto a los administradores de instalaciones de fabricación o reparación de otros sectores de la economía. Estos últimos se encuentran en una situación de hecho y de Derecho similar, dado que también basan su actividad económica en las instalaciones de producción o reparación que gestionan. Sin embargo, deben ejercer dicha actividad económica sin beneficiarse de la ayuda a la inversión concedida a la APN.

o

43

44

5.1.4.   Ventaja económica

Ventaja económica

| (126) | La financiación pública de 44 138 854,50 EUR se presta en forma de subvenciones o reembolsos de los préstamos contraídos por la APN con entidades de crédito, como se muestra en el cuadro 2 anterior. La subvención es un instrumento de financiación no reembolsable que no implica ningún coste de financiación. Del mismo modo, el reembolso por parte del Estado de los préstamos contraídos por una empresa que no incurre en costes financieros por ser beneficiaria de una ayuda, no es un instrumento disponible en condiciones normales de mercado, ya que exime a la empresa de las cargas económicas que, de lo contrario, habría tenido que asumir. En el mercado libre, el beneficiario no habría podido acceder a estos instrumentos de financiación. La financiación pública concedida a la APN confiere, por lo tanto, una ventaja económica. |
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(126)

La financiación pública de 44 138 854,50 EUR se presta en forma de subvenciones o reembolsos de los préstamos contraídos por la APN con entidades de crédito, como se muestra en el cuadro 2 anterior. La subvención es un instrumento de financiación no reembolsable que no implica ningún coste de financiación. Del mismo modo, el reembolso por parte del Estado de los préstamos contraídos por una empresa que no incurre en costes financieros por ser beneficiaria de una ayuda, no es un instrumento disponible en condiciones normales de mercado, ya que exime a la empresa de las cargas económicas que, de lo contrario, habría tenido que asumir. En el mercado libre, el beneficiario no habría podido acceder a estos instrumentos de financiación. La financiación pública concedida a la APN confiere, por lo tanto, una ventaja económica.

| (127) | No obstante, de la sentencia Altmark se desprende que la compensación concedida por el Estado o mediante fondos estatales como compensación por los servicios prestados por las empresas beneficiarias en ejecución de obligaciones de servicio público no confiere una ventaja a dichas empresas y, por lo tanto, no constituye ayuda estatal a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, si cumple simultáneamente cuatro condiciones (45):






  — | en primer lugar, «la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público, y estas deben haberse definido claramente». Dado que la definición de los SIEG es competencia de los Estados miembros, la competencia de la Comisión se limita, en principio, a comprobar la existencia de errores manifiestos cometidos por los Estados miembros a la hora de calificar un servicio como servicio de interés económico general; |
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(127)

No obstante, de la sentencia Altmark se desprende que la compensación concedida por el Estado o mediante fondos estatales como compensación por los servicios prestados por las empresas beneficiarias en ejecución de obligaciones de servicio público no confiere una ventaja a dichas empresas y, por lo tanto, no constituye ayuda estatal a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, si cumple simultáneamente cuatro condiciones (45):

45

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en primer lugar, «la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público, y estas deben haberse definido claramente». Dado que la definición de los SIEG es competencia de los Estados miembros, la competencia de la Comisión se limita, en principio, a comprobar la existencia de errores manifiestos cometidos por los Estados miembros a la hora de calificar un servicio como servicio de interés económico general;

| — | en segundo lugar, los parámetros para calcular la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente. La necesidad de establecer los parámetros de la compensación previamente no significa que esta deba calcularse en función de una fórmula específica. Lo importante es que esté claro desde un principio cómo se determinará la compensación. Por regla general, el acto de concesión de la obligación de servicio público debe especificar como mínimo el objeto y la duración de la obligación, la empresa y el territorio correspondientes, los parámetros de cálculo, control y revisión de la compensación, y las modalidades para evitar y recuperar las posibles compensaciones excesivas; |
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en segundo lugar, los parámetros para calcular la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente. La necesidad de establecer los parámetros de la compensación previamente no significa que esta deba calcularse en función de una fórmula específica. Lo importante es que esté claro desde un principio cómo se determinará la compensación. Por regla general, el acto de concesión de la obligación de servicio público debe especificar como mínimo el objeto y la duración de la obligación, la empresa y el territorio correspondientes, los parámetros de cálculo, control y revisión de la compensación, y las modalidades para evitar y recuperar las posibles compensaciones excesivas;

| — | en tercer lugar, la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un margen de beneficio razonable por la ejecución de dichas obligaciones; |
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en tercer lugar, la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un margen de beneficio razonable por la ejecución de dichas obligaciones;

| — | en cuarto lugar, cuando la elección de la empresa a la que se encargará la ejecución de obligaciones de servicio público no se efectúe en el marco de un procedimiento de contratación pública, el nivel de la compensación necesaria deberá calcularse sobre la base del análisis de los costes en que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada de medios de transporte para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas habría incurrido para ejecutar dichas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un margen de beneficio razonable por la ejecución de las obligaciones. |
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en cuarto lugar, cuando la elección de la empresa a la que se encargará la ejecución de obligaciones de servicio público no se efectúe en el marco de un procedimiento de contratación pública, el nivel de la compensación necesaria deberá calcularse sobre la base del análisis de los costes en que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada de medios de transporte para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas habría incurrido para ejecutar dichas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un margen de beneficio razonable por la ejecución de las obligaciones.

| (128) | En el caso de autos (véase el considerando 62), Italia alegó que el artículo 1, letra g), del Decreto Ministerial de 14 de noviembre de 1994 establecía una obligación de servicio público para todas las autoridades portuarias italianas. Por consiguiente, la Comisión evaluará si se cumplen los cuatro criterios Altmark. |
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(128)

En el caso de autos (véase el considerando 62), Italia alegó que el artículo 1, letra g), del Decreto Ministerial de 14 de noviembre de 1994 establecía una obligación de servicio público para todas las autoridades portuarias italianas. Por consiguiente, la Comisión evaluará si se cumplen los cuatro criterios Altmark.

| (129) | De acuerdo con la jurisprudencia (46), dado que el primer criterio Altmark está concebido para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica, es necesario que se cumplan dos criterios mínimos: i), la empresa debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público, y ii) el carácter, la duración y el alcance de las obligaciones deben estar claramente definidas. En ausencia de una definición clara de tales criterios objetivos, no es posible comprobar si una determinada actividad puede quedar cubierta por el concepto de servicio de interés económico general. Estos dos criterios mínimos deben aplicarse estrictamente y no gozan de un amplio poder discrecional de los Estados miembros. Por lo tanto, la Comisión supervisa exhaustivamente su cumplimiento y, en esta fase, no se aplica la comprobación de un error manifiesto. La comprobación de un error manifiesto solo se lleva a cabo en una fase posterior, con el fin de comprobar si los servicios y obligaciones conferidos y claramente definidos son adecuados para que se les designe servicio de interés económico general. Solo en la última fase puede ser importante la existencia de una deficiencia del mercado. |
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(129)

De acuerdo con la jurisprudencia (46), dado que el primer criterio Altmark está concebido para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica, es necesario que se cumplan dos criterios mínimos: i), la empresa debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público, y ii) el carácter, la duración y el alcance de las obligaciones deben estar claramente definidas. En ausencia de una definición clara de tales criterios objetivos, no es posible comprobar si una determinada actividad puede quedar cubierta por el concepto de servicio de interés económico general. Estos dos criterios mínimos deben aplicarse estrictamente y no gozan de un amplio poder discrecional de los Estados miembros. Por lo tanto, la Comisión supervisa exhaustivamente su cumplimiento y, en esta fase, no se aplica la comprobación de un error manifiesto. La comprobación de un error manifiesto solo se lleva a cabo en una fase posterior, con el fin de comprobar si los servicios y obligaciones conferidos y claramente definidos son adecuados para que se les designe servicio de interés económico general. Solo en la última fase puede ser importante la existencia de una deficiencia del mercado.

46

| (130) | En caso de autos, el carácter, la duración y el alcance de la obligación de servicio público conferida a la APN no están claramente definidos. Contrariamente a lo que las autoridades italianas afirman (véase el considerando 63), el Derecho nacional (artículo 1, letra g) del Decreto Ministerial de 14 de noviembre de 1994) describe únicamente en términos muy generales la obligación de todas las autoridades portuarias, que consiste en la «gestión de los [...] diques secos para la industria», sin más especificaciones. El artículo 1, letra g) no define la duración de la supuesta obligación de servicio público. Además, dicha disposición general no define claramente el carácter o el alcance de la obligación. |
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(130)

En caso de autos, el carácter, la duración y el alcance de la obligación de servicio público conferida a la APN no están claramente definidos. Contrariamente a lo que las autoridades italianas afirman (véase el considerando 63), el Derecho nacional (artículo 1, letra g) del Decreto Ministerial de 14 de noviembre de 1994) describe únicamente en términos muy generales la obligación de todas las autoridades portuarias, que consiste en la «gestión de los [...] diques secos para la industria», sin más especificaciones. El artículo 1, letra g) no define la duración de la supuesta obligación de servicio público. Además, dicha disposición general no define claramente el carácter o el alcance de la obligación.

| (131) | En cualquier caso, por lo que se refiere al hecho de que las supuestas obligaciones de servicio público sean adecuadas para que se considere un servicio de interés económico general, la Comisión opina que las autoridades italianas cometieron un error manifiesto. Las autoridades italianas no aportaron pruebas que demuestren que la APN, mediante el arrendamiento de estructuras para la reparación naval a cambio de una contraprestación, realiza una actividad que no está disponible en el mercado en condiciones similares, en términos de precio, calidad, continuidad y acceso al servicio. La Comisión considera que la existencia de (o la posibilidad de construir) otros diques secos o flotantes del mismo tamaño en el puerto de Nápoles y en otros puertos vecinos puede excluir la posibilidad de considerar la administración de un determinado dique seco por parte de la autoridad portuaria como un servicio de interés económico general. Asimismo, las instalaciones subvencionadas no prestan un servicio que pueda beneficiar a la sociedad en su conjunto, sino a un único servicio de reparación naval en la zona de Nápoles (47). En la sentencia Enirisorse (48), el Tribunal de Justicia confirmó que la administración de cualquier puerto comercial no constituye automáticamente un servicio de interés económico general. Por consiguiente, la Comisión considera que los servicios económicos prestados por la APN no presentan características específicas en relación con el arrendamiento de instalaciones para la reparación naval en el mercado (49) y no remedian posibles deficiencias del mercado. |
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(131)

En cualquier caso, por lo que se refiere al hecho de que las supuestas obligaciones de servicio público sean adecuadas para que se considere un servicio de interés económico general, la Comisión opina que las autoridades italianas cometieron un error manifiesto. Las autoridades italianas no aportaron pruebas que demuestren que la APN, mediante el arrendamiento de estructuras para la reparación naval a cambio de una contraprestación, realiza una actividad que no está disponible en el mercado en condiciones similares, en términos de precio, calidad, continuidad y acceso al servicio. La Comisión considera que la existencia de (o la posibilidad de construir) otros diques secos o flotantes del mismo tamaño en el puerto de Nápoles y en otros puertos vecinos puede excluir la posibilidad de considerar la administración de un determinado dique seco por parte de la autoridad portuaria como un servicio de interés económico general. Asimismo, las instalaciones subvencionadas no prestan un servicio que pueda beneficiar a la sociedad en su conjunto, sino a un único servicio de reparación naval en la zona de Nápoles (47). En la sentencia Enirisorse (48), el Tribunal de Justicia confirmó que la administración de cualquier puerto comercial no constituye automáticamente un servicio de interés económico general. Por consiguiente, la Comisión considera que los servicios económicos prestados por la APN no presentan características específicas en relación con el arrendamiento de instalaciones para la reparación naval en el mercado (49) y no remedian posibles deficiencias del mercado.

47

48

49

| (132) | Por lo que se refiere al segundo y el tercer criterio de la sentencia Altmark, la Comisión observa lo siguiente. El Decreto Ministerial de 14 de noviembre de 1994 no aporta ninguna cuantificación o parámetro objetivo y transparente para calcular la compensación por las obligaciones de servicio público supuestamente prestadas por la APN. Los documentos de la concesión (véase el considerando 125) tampoco especifican la supuesta compensación por las obligaciones de servicio público. |
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(132)

Por lo que se refiere al segundo y el tercer criterio de la sentencia Altmark, la Comisión observa lo siguiente. El Decreto Ministerial de 14 de noviembre de 1994 no aporta ninguna cuantificación o parámetro objetivo y transparente para calcular la compensación por las obligaciones de servicio público supuestamente prestadas por la APN. Los documentos de la concesión (véase el considerando 125) tampoco especifican la supuesta compensación por las obligaciones de servicio público.

| (133) | Por tanto, no es imposible determinar si la compensación acordada excede el importe necesario para cubrir los correspondientes costes imputables a la ejecución de las obligaciones de servicio público, incluido un margen de beneficio razonable. |
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(133)

Por tanto, no es imposible determinar si la compensación acordada excede el importe necesario para cubrir los correspondientes costes imputables a la ejecución de las obligaciones de servicio público, incluido un margen de beneficio razonable.

| (134) | Por lo que se refiere al cuarto criterio Altmark, la Comisión observa que, según Italia, en virtud de la legislación italiana no estaba, y no está, previsto que la obligación de servicio público se confíe a la APN a través de un procedimiento de licitación (véase el considerando 66). |
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(134)

Por lo que se refiere al cuarto criterio Altmark, la Comisión observa que, según Italia, en virtud de la legislación italiana no estaba, y no está, previsto que la obligación de servicio público se confíe a la APN a través de un procedimiento de licitación (véase el considerando 66).

| (135) | De conformidad con la sentencia Altmark, cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de servicio público no se efectúe mediante un procedimiento de licitación para seleccionar al licitador capaz de prestar dichos servicios al menor coste para la colectividad, el nivel de la compensación deberá calcularse sobre la base de un análisis de los costes en que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada de medios de transporte para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría incurrido para ejecutar dichas obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un margen de beneficio razonable por la ejecución de las obligaciones. |
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(135)

De conformidad con la sentencia Altmark, cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de servicio público no se efectúe mediante un procedimiento de licitación para seleccionar al licitador capaz de prestar dichos servicios al menor coste para la colectividad, el nivel de la compensación deberá calcularse sobre la base de un análisis de los costes en que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada de medios de transporte para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría incurrido para ejecutar dichas obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un margen de beneficio razonable por la ejecución de las obligaciones.

| (136) | Las autoridades italianas no han facilitado ningún análisis exhaustivo de los costes en que una empresa similar, que cuente con los medios necesarios, habría incurrido para ejecutar las supuestas obligaciones de servicio público. Tampoco han indicado que dicho análisis se haya llevado a cabo para establecer la metodología de cálculo de la compensación. |
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(136)

Las autoridades italianas no han facilitado ningún análisis exhaustivo de los costes en que una empresa similar, que cuente con los medios necesarios, habría incurrido para ejecutar las supuestas obligaciones de servicio público. Tampoco han indicado que dicho análisis se haya llevado a cabo para establecer la metodología de cálculo de la compensación.

| (137) | Habida cuenta de lo anterior, la Comisión considera que los cuatro criterios no se cumplen simultáneamente; por lo tanto, las medidas en cuestión comportan una ventaja económica. |
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(137)

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión considera que los cuatro criterios no se cumplen simultáneamente; por lo tanto, las medidas en cuestión comportan una ventaja económica.

5.1.5.   Falseamiento de la competencia y efectos en el comercio

Falseamiento de la competencia y efectos en el comercio

| (138) | Según jurisprudencia reiterada, cuando la ayuda financiera concedida por un Estado miembro refuerza la posición de una empresa frente a otras empresas que compiten comercialmente dentro de la Unión, existe al menos un posible efecto sobre el comercio entre Estados miembros y sobre la competencia (50). |
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(138)

Según jurisprudencia reiterada, cuando la ayuda financiera concedida por un Estado miembro refuerza la posición de una empresa frente a otras empresas que compiten comercialmente dentro de la Unión, existe al menos un posible efecto sobre el comercio entre Estados miembros y sobre la competencia (50).

50

| (139) | La Comisión toma nota de los argumentos aducidos por Italia según los cuales, con arreglo a la legislación nacional, la administración de puertos entra dentro del ámbito de competencias de los poderes públicos y las autoridades portuarias no operan en un sector liberalizado y abierto a la competencia y al comercio entre Estados miembros. |
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(139)

La Comisión toma nota de los argumentos aducidos por Italia según los cuales, con arreglo a la legislación nacional, la administración de puertos entra dentro del ámbito de competencias de los poderes públicos y las autoridades portuarias no operan en un sector liberalizado y abierto a la competencia y al comercio entre Estados miembros.

| (140) | Como se indica en los considerandos 118 y 119, el proyecto de inversión, que incluye la rehabilitación de los diques con la finalidad de restablecer unas condiciones de uso adecuadas, permitirá a la APN continuar la actividad económica de arrendamiento de los diques secos y, de ese modo, mejorar su competitividad. Aunque la APN ya era activa en el mercado antes del arrendamiento de infraestructuras de construcción y reparación naval, el hecho de que dicha infraestructura esté recibiendo subvenciones y que, por tanto, se utilice para prestar servicios posteriores de reparación y construcción naval falsea la competencia y afecta al comercio dentro de la Unión. Esto se debe al hecho de que el sector de la construcción y reparación naval está abierto a la competencia y a los intercambios comerciales a nivel de la Unión. Por este motivo, las normas específicas aplicables al sector de la construcción naval deberán establecer un marco para una posible intervención pública en dichas estructuras (51). Asimismo, la APN compite con otros administradores que pueden arrendar infraestructuras de construcción y reparación naval dentro de la Unión y, por lo tanto, actúa en un mercado abierto a la competencia y al comercio a nivel de la Unión. |
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(140)

Como se indica en los considerandos 118 y 119, el proyecto de inversión, que incluye la rehabilitación de los diques con la finalidad de restablecer unas condiciones de uso adecuadas, permitirá a la APN continuar la actividad económica de arrendamiento de los diques secos y, de ese modo, mejorar su competitividad. Aunque la APN ya era activa en el mercado antes del arrendamiento de infraestructuras de construcción y reparación naval, el hecho de que dicha infraestructura esté recibiendo subvenciones y que, por tanto, se utilice para prestar servicios posteriores de reparación y construcción naval falsea la competencia y afecta al comercio dentro de la Unión. Esto se debe al hecho de que el sector de la construcción y reparación naval está abierto a la competencia y a los intercambios comerciales a nivel de la Unión. Por este motivo, las normas específicas aplicables al sector de la construcción naval deberán establecer un marco para una posible intervención pública en dichas estructuras (51). Asimismo, la APN compite con otros administradores que pueden arrendar infraestructuras de construcción y reparación naval dentro de la Unión y, por lo tanto, actúa en un mercado abierto a la competencia y al comercio a nivel de la Unión.

51

| (141) | La Comisión concluye, por lo tanto, que las medidas en cuestión pueden falsear la competencia y afectar al comercio dentro de la Unión. |
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(141)

La Comisión concluye, por lo tanto, que las medidas en cuestión pueden falsear la competencia y afectar al comercio dentro de la Unión.

5.1.6.   En relación con la supuesta infracción del artículo 345 del TFUE

En relación con la supuesta infracción del artículo 345 del TFUE

| (142) | De acuerdo con las autoridades italianas, el hecho de considerar las medidas como ayudas estatales supondría una infracción del artículo 345 del TFUE, que establece el principio de neutralidad entre entidades públicas y privadas. Un propietario privado puede invertir el importe que desee en instalaciones para la reparación naval, mientras que las inversiones realizadas por el Estado en sus infraestructuras son siempre ayudas estatales. |
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(142)

De acuerdo con las autoridades italianas, el hecho de considerar las medidas como ayudas estatales supondría una infracción del artículo 345 del TFUE, que establece el principio de neutralidad entre entidades públicas y privadas. Un propietario privado puede invertir el importe que desee en instalaciones para la reparación naval, mientras que las inversiones realizadas por el Estado en sus infraestructuras son siempre ayudas estatales.

| (143) | La Comisión observa que el ordenamiento jurídico de la Unión es neutro en cuanto al régimen de propiedad, que no prejuzga en modo alguno el derecho de los Estados miembros de actuar como operadores económicos. Si realizan, directa o indirectamente, transacciones económicas bajo cualquier forma (52), las autoridades estatales, sin embargo, estarán sujetas a las normas de la Unión en materia de ayudas estatales. Las transacciones económicas realizadas por organismos públicos (incluidas las empresas públicas) no confieren una ventaja para la contraparte y, por consiguiente, no constituyen ayuda, si se realizan con arreglo a las condiciones normales de mercado (53). |
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(143)

La Comisión observa que el ordenamiento jurídico de la Unión es neutro en cuanto al régimen de propiedad, que no prejuzga en modo alguno el derecho de los Estados miembros de actuar como operadores económicos. Si realizan, directa o indirectamente, transacciones económicas bajo cualquier forma (52), las autoridades estatales, sin embargo, estarán sujetas a las normas de la Unión en materia de ayudas estatales. Las transacciones económicas realizadas por organismos públicos (incluidas las empresas públicas) no confieren una ventaja para la contraparte y, por consiguiente, no constituyen ayuda, si se realizan con arreglo a las condiciones normales de mercado (53).

52

53

| (144) | La Comisión observa que, al conceder financiación estatal a la APN, el Estado italiano no ha llevado a cabo la inversión de acuerdo con el «principio del inversor en una economía de mercado». En primer lugar, dicho principio no es aplicable en una situación en la que una autoridad pública se presenta a sí misma como la autoridad que organiza y concede el servicio público. La aplicabilidad de este principio quedaría automáticamente excluida, puesto que, por definición, el Estado miembro actúa como poder público en la organización y concesión de las supuestas obligaciones de servicio público (54). En segundo lugar, aun cuando se pudiera aplicar el principio del inversor privado, la Comisión considera que un operador privado del mismo sector habría preparado previamente un plan de negocio y habría realizado la inversión solo si hubiese sido rentable con arreglo a dicho plan de negocio. Con carácter excepcional, se podrían valorar otros argumentos [por ejemplo, razones de imagen, según lo indicado por las autoridades italianas (véase el considerando 69)] en el análisis de rentabilidad, pero deberían ir acompañados de pruebas objetivas, que no fueron facilitadas por las autoridades italianas. |
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(144)

La Comisión observa que, al conceder financiación estatal a la APN, el Estado italiano no ha llevado a cabo la inversión de acuerdo con el «principio del inversor en una economía de mercado». En primer lugar, dicho principio no es aplicable en una situación en la que una autoridad pública se presenta a sí misma como la autoridad que organiza y concede el servicio público. La aplicabilidad de este principio quedaría automáticamente excluida, puesto que, por definición, el Estado miembro actúa como poder público en la organización y concesión de las supuestas obligaciones de servicio público (54). En segundo lugar, aun cuando se pudiera aplicar el principio del inversor privado, la Comisión considera que un operador privado del mismo sector habría preparado previamente un plan de negocio y habría realizado la inversión solo si hubiese sido rentable con arreglo a dicho plan de negocio. Con carácter excepcional, se podrían valorar otros argumentos [por ejemplo, razones de imagen, según lo indicado por las autoridades italianas (véase el considerando 69)] en el análisis de rentabilidad, pero deberían ir acompañados de pruebas objetivas, que no fueron facilitadas por las autoridades italianas.

54

| (145) | Como se indica en la Decisión de incoar el procedimiento, las autoridades italianas presentaron un análisis financiero basado en el déficit de financiación calculado como la diferencia entre el valor actualizado de las previsiones de beneficio de la inversión para el ejercicio y los costes de inversión actualizados del proyecto. Los resultados de dicho cálculo indican que, durante un período de referencia de 25 años, el proyecto tiene un valor financiero actual neto negativo de -44 274 286,68 millones de EUR. |
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(145)

Como se indica en la Decisión de incoar el procedimiento, las autoridades italianas presentaron un análisis financiero basado en el déficit de financiación calculado como la diferencia entre el valor actualizado de las previsiones de beneficio de la inversión para el ejercicio y los costes de inversión actualizados del proyecto. Los resultados de dicho cálculo indican que, durante un período de referencia de 25 años, el proyecto tiene un valor financiero actual neto negativo de -44 274 286,68 millones de EUR.

| (146) | Por lo tanto, la Comisión considera que la calificación de las medidas como ayudas estatales no constituye una infracción del artículo 345 del TFUE. |
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(146)

Por lo tanto, la Comisión considera que la calificación de las medidas como ayudas estatales no constituye una infracción del artículo 345 del TFUE.

5.1.7.   Clasificación de las medidas como ayuda existente

Clasificación de las medidas como ayuda existente

| (147) | Italia sostiene que las medidas en cuestión constituyen una ayuda existente con arreglo al artículo 1, letra b), del Reglamento de Procedimiento, ya que «la ayuda [es] considerada como ayuda existente al poder acreditarse que en el momento en que se llevó a efecto no constituía una ayuda, y que posteriormente pasó a ser una ayuda debido a la evolución del mercado común y sin haber sido modificada por el Estado miembro». El artículo 1, letra b), punto v) prevé además que «cuando determinadas medidas pasen a ser ayudas tras la liberalización de una determinada actividad por la legislación comunitaria, dichas medidas no se considerarán como ayudas existentes tras la fecha fijada para la liberalización». |
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(147)

Italia sostiene que las medidas en cuestión constituyen una ayuda existente con arreglo al artículo 1, letra b), del Reglamento de Procedimiento, ya que «la ayuda [es] considerada como ayuda existente al poder acreditarse que en el momento en que se llevó a efecto no constituía una ayuda, y que posteriormente pasó a ser una ayuda debido a la evolución del mercado común y sin haber sido modificada por el Estado miembro». El artículo 1, letra b), punto v) prevé además que «cuando determinadas medidas pasen a ser ayudas tras la liberalización de una determinada actividad por la legislación comunitaria, dichas medidas no se considerarán como ayudas existentes tras la fecha fijada para la liberalización».

| (148) | La Comisión es de la opinión de que la ayuda no puede clasificarse como ayuda existente, dado que la ayuda estatal a las infraestructuras para la construcción y reparación naval siempre ha sido considerada una ayuda estatal, incluso antes de la sentencia en el asunto Leipzig-Halle (55). |
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(148)

La Comisión es de la opinión de que la ayuda no puede clasificarse como ayuda existente, dado que la ayuda estatal a las infraestructuras para la construcción y reparación naval siempre ha sido considerada una ayuda estatal, incluso antes de la sentencia en el asunto Leipzig-Halle (55).

55

| (149) | La Comisión toma nota del argumento esgrimido por Italia según el cual la Decisión 94/374/CE relativa a la Ley regional de Sicilia (citada en la Decisión de incoar el procedimiento, véase el considerando 74), no permite concluir que las medidas de apoyo público en favor de las infraestructuras de reparación naval en un dique seco entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, del TFUE. No obstante, la Comisión considera que la citada Decisión hace una clara distinción entre el apoyo público concedido al organismo responsable de la gestión de dicho puerto (no calificado como ayuda estatal) y el apoyo público prestado al mismo organismo público para las obras de mantenimiento del dique seco (calificado, en este caso, como ayuda estatal). En cualquier caso, la noción de ayuda estatal es un concepto objetivo, que depende únicamente de si una medida estatal confiere o no una ventaja a una o varias empresas determinadas, y no se ve afectado por la práctica decisoria de la Comisión (56). |
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(149)

La Comisión toma nota del argumento esgrimido por Italia según el cual la Decisión 94/374/CE relativa a la Ley regional de Sicilia (citada en la Decisión de incoar el procedimiento, véase el considerando 74), no permite concluir que las medidas de apoyo público en favor de las infraestructuras de reparación naval en un dique seco entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, del TFUE. No obstante, la Comisión considera que la citada Decisión hace una clara distinción entre el apoyo público concedido al organismo responsable de la gestión de dicho puerto (no calificado como ayuda estatal) y el apoyo público prestado al mismo organismo público para las obras de mantenimiento del dique seco (calificado, en este caso, como ayuda estatal). En cualquier caso, la noción de ayuda estatal es un concepto objetivo, que depende únicamente de si una medida estatal confiere o no una ventaja a una o varias empresas determinadas, y no se ve afectado por la práctica decisoria de la Comisión (56).

56

| (150) | Por lo tanto, la Comisión reitera su conclusión de que las medidas en cuestión constituían ayudas estatales incluso antes de la sentencia Leipzig Halle. |
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(150)

Por lo tanto, la Comisión reitera su conclusión de que las medidas en cuestión constituían ayudas estatales incluso antes de la sentencia Leipzig Halle.

5.2.   Existencia de ayudas en favor de CAMED

Existencia de ayudas en favor de CAMED

| (151) | Dado que la APN recibió y seguirá recibiendo apoyo público para financiar las intervenciones acordadas con CAMED, esta última no tuvo que sufragar la totalidad de los costes de inversión como cualquier otro operador privado de infraestructuras de reparación naval existente en el mercado. La Comisión considera que, al ceder los diques secos a CAMED a tipos inferiores a los del mercado, Italia concedió una ventaja económica selectiva en favor de CAMED. |
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(151)

Dado que la APN recibió y seguirá recibiendo apoyo público para financiar las intervenciones acordadas con CAMED, esta última no tuvo que sufragar la totalidad de los costes de inversión como cualquier otro operador privado de infraestructuras de reparación naval existente en el mercado. La Comisión considera que, al ceder los diques secos a CAMED a tipos inferiores a los del mercado, Italia concedió una ventaja económica selectiva en favor de CAMED.

5.2.1.   Imputabilidad y fondos estatales

Imputabilidad y fondos estatales

| (152) | Dado que la APN es un organismo público que forma parte de la administración del Estado (aunque se considere que actúa como una entidad privada, véase el considerando 118), la Comisión concluye que la medida es imputable al Estado. Cuando una autoridad pública conceda una ayuda a un beneficiario, dicha transferencia será imputable al Estado, aun cuando el organismo en cuestión goce de autonomía jurídica respecto de otras autoridades públicas. |
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(152)

Dado que la APN es un organismo público que forma parte de la administración del Estado (aunque se considere que actúa como una entidad privada, véase el considerando 118), la Comisión concluye que la medida es imputable al Estado. Cuando una autoridad pública conceda una ayuda a un beneficiario, dicha transferencia será imputable al Estado, aun cuando el organismo en cuestión goce de autonomía jurídica respecto de otras autoridades públicas.

| (153) | Por «fondos estatales» se entienden todos los fondos del sector público, incluidos los fondos de entidades intraestatales (descentralizadas, federadas, regionales o de otra índole). Asimismo, la renuncia a fondos que, de lo contrario, hubieran debido abonarse al presupuesto del Estado, constituye una transferencia de fondos estatales. Si las autoridades públicas suministran bienes o prestan servicios a un precio inferior a los del mercado, esto implica una renuncia a fondos estatales (así como la concesión de una ventaja). |
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(153)

Por «fondos estatales» se entienden todos los fondos del sector público, incluidos los fondos de entidades intraestatales (descentralizadas, federadas, regionales o de otra índole). Asimismo, la renuncia a fondos que, de lo contrario, hubieran debido abonarse al presupuesto del Estado, constituye una transferencia de fondos estatales. Si las autoridades públicas suministran bienes o prestan servicios a un precio inferior a los del mercado, esto implica una renuncia a fondos estatales (así como la concesión de una ventaja).

| (154) | Por consiguiente, la Comisión concluye que, al adjudicar a CAMED la concesión de los diques secos por debajo de los precios de mercado, la APN renuncia a recibir fondos estatales. |
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(154)

Por consiguiente, la Comisión concluye que, al adjudicar a CAMED la concesión de los diques secos por debajo de los precios de mercado, la APN renuncia a recibir fondos estatales.

5.2.2.   Selectividad

Selectividad

| (155) | Para ser considerada ayuda estatal, la medida debe ser específica o selectiva, es decir, favorecer solo a determinadas empresas o producciones. Italia afirma que las medidas tienen un alcance general y transversal, en consonancia con el modelo público según el cual el legislador italiano ha organizado el sector portuario, y que todas las empresas (no solo CAMED) que actúan en la zona portuaria, en todos los puertos italianos (no solo Nápoles) y en todos los sectores económicos (no solo la construcción naval) se han «beneficiado» de «ayudas» idénticas a aquellas de las que se habría beneficiado CAMED. La Comisión no está de acuerdo con esta apreciación por las razones que figuran a continuación. |
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(155)

Para ser considerada ayuda estatal, la medida debe ser específica o selectiva, es decir, favorecer solo a determinadas empresas o producciones. Italia afirma que las medidas tienen un alcance general y transversal, en consonancia con el modelo público según el cual el legislador italiano ha organizado el sector portuario, y que todas las empresas (no solo CAMED) que actúan en la zona portuaria, en todos los puertos italianos (no solo Nápoles) y en todos los sectores económicos (no solo la construcción naval) se han «beneficiado» de «ayudas» idénticas a aquellas de las que se habría beneficiado CAMED. La Comisión no está de acuerdo con esta apreciación por las razones que figuran a continuación.

| (156) | En primer lugar, dado que el contrato de concesión se firmó con CAMED específicamente, se supone que la ventaja fue otorgada de manera selectiva a CAMED. Para las medidas de ayuda individuales, la existencia de una ventaja económica da lugar a la presunción de que la medida es selectiva (57). En segundo lugar, y en cualquier caso, las medidas son selectivas, dado que favorecen a CAMED respecto a otras empresas que se encuentran en una situación de hecho y de Derecho semejante. Como se ha mostrado en la sección 5.2.3 de la presente Decisión, CAMED puede llevar a cabo la actividad de construcción y reparación naval en el puerto de Nápoles pagando solo una pequeña parte de sus costes. Por el contrario, otros astilleros (en otros puertos o fuera de la zona portuaria), que usan infraestructuras no estatales y, por tanto, que no entran dentro del ámbito de aplicación del Decreto Ministerial n.o 595/1995, deben, en principio, correr directamente con todos los gastos para equipar las infraestructuras de construcción y reparación naval que usan para prestar dichos servicios. Por último, la Comisión observa también que las medidas son selectivas, ya que favorecen a un operador de infraestructuras de construcción y reparación naval respecto a operadores de producción o reparación de instalaciones en otros sectores de la economía. Estos se encuentran en una situación de hecho y de Derecho similar, ya que su actividad económica también se basa en las instalaciones de fabricación o reparación que utilizan. Sin embargo, contrariamente a CAMED, deben ejercer su actividad económica sin disfrutar de cánones de arrendamiento para sus instalaciones inferiores a los costes. |
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(156)

En primer lugar, dado que el contrato de concesión se firmó con CAMED específicamente, se supone que la ventaja fue otorgada de manera selectiva a CAMED. Para las medidas de ayuda individuales, la existencia de una ventaja económica da lugar a la presunción de que la medida es selectiva (57). En segundo lugar, y en cualquier caso, las medidas son selectivas, dado que favorecen a CAMED respecto a otras empresas que se encuentran en una situación de hecho y de Derecho semejante. Como se ha mostrado en la sección 5.2.3 de la presente Decisión, CAMED puede llevar a cabo la actividad de construcción y reparación naval en el puerto de Nápoles pagando solo una pequeña parte de sus costes. Por el contrario, otros astilleros (en otros puertos o fuera de la zona portuaria), que usan infraestructuras no estatales y, por tanto, que no entran dentro del ámbito de aplicación del Decreto Ministerial n.o 595/1995, deben, en principio, correr directamente con todos los gastos para equipar las infraestructuras de construcción y reparación naval que usan para prestar dichos servicios. Por último, la Comisión observa también que las medidas son selectivas, ya que favorecen a un operador de infraestructuras de construcción y reparación naval respecto a operadores de producción o reparación de instalaciones en otros sectores de la economía. Estos se encuentran en una situación de hecho y de Derecho similar, ya que su actividad económica también se basa en las instalaciones de fabricación o reparación que utilizan. Sin embargo, contrariamente a CAMED, deben ejercer su actividad económica sin disfrutar de cánones de arrendamiento para sus instalaciones inferiores a los costes.

57

o

5.2.3.   Ventaja económica

Ventaja económica

| (157) | Por lo que se refiere a CAMED, la Comisión observa que el contrato de concesión no se adjudicó mediante un procedimiento de licitación abierto, sino utilizando un tipo de procedimiento mediante el que otros operadores pueden presentar observaciones o propuestas alternativas a una solicitud de concesión específica (una especie de «procedimiento de oposición», véase el considerando 15). |
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(157)

Por lo que se refiere a CAMED, la Comisión observa que el contrato de concesión no se adjudicó mediante un procedimiento de licitación abierto, sino utilizando un tipo de procedimiento mediante el que otros operadores pueden presentar observaciones o propuestas alternativas a una solicitud de concesión específica (una especie de «procedimiento de oposición», véase el considerando 15).

| (158) | Asimismo, la Comisión observa que el canon pagado por CAMED en virtud de la concesión de 2004 no corresponde a un canon conforme a las condiciones de mercado. El canon de ocupación abonado por CAMED a la APN se calculó sobre la base de parámetros e importes legales fijos y corresponde a una media de 140 201,29 EUR al año, es decir, a unos 4,2 millones de EUR para un período de concesión de 30 años (58). Dicho canon se calcula a partir del Decreto n.o 595 de 15 de noviembre de 1995 y tiene en cuenta el número de metros cuadrados de espacio público objeto de la concesión, multiplicado por un importe unitario en EUR, que aumenta anualmente según un coeficiente expresado en porcentaje. El importe unitario en EUR varía en función de las actividades que son objeto de la concesión. Una de las actividades a las que se refiere dicho Decreto es «la construcción, mantenimiento, reparación y demolición de medios de transporte aéreos y navales». No obstante, la actividad de administración de los diques secos, que también se adjudicó a CAMED en régimen de concesión, no se menciona en el citado Decreto. |
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(158)

Asimismo, la Comisión observa que el canon pagado por CAMED en virtud de la concesión de 2004 no corresponde a un canon conforme a las condiciones de mercado. El canon de ocupación abonado por CAMED a la APN se calculó sobre la base de parámetros e importes legales fijos y corresponde a una media de 140 201,29 EUR al año, es decir, a unos 4,2 millones de EUR para un período de concesión de 30 años (58). Dicho canon se calcula a partir del Decreto n.o 595 de 15 de noviembre de 1995 y tiene en cuenta el número de metros cuadrados de espacio público objeto de la concesión, multiplicado por un importe unitario en EUR, que aumenta anualmente según un coeficiente expresado en porcentaje. El importe unitario en EUR varía en función de las actividades que son objeto de la concesión. Una de las actividades a las que se refiere dicho Decreto es «la construcción, mantenimiento, reparación y demolición de medios de transporte aéreos y navales». No obstante, la actividad de administración de los diques secos, que también se adjudicó a CAMED en régimen de concesión, no se menciona en el citado Decreto.

58

o

| (159) | La Comisión considera que el importe calculado según el método descrito anteriormente es una simple contraprestación por la ocupación del dominio público, pero no tiene en cuenta el objeto y el valor económico real de los activos en régimen de concesión. En particular, el canon no tiene en cuenta el hecho de que la concesión permite a CAMED no solo ejercer la actividad de reparación naval, sino también administrar en exclusiva los diques secos de propiedad estatal. Esto permite a CAMED aplicar un canon a los operadores portuarios que deseen llevar a cabo reparaciones en dichos diques (59). |
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(159)

La Comisión considera que el importe calculado según el método descrito anteriormente es una simple contraprestación por la ocupación del dominio público, pero no tiene en cuenta el objeto y el valor económico real de los activos en régimen de concesión. En particular, el canon no tiene en cuenta el hecho de que la concesión permite a CAMED no solo ejercer la actividad de reparación naval, sino también administrar en exclusiva los diques secos de propiedad estatal. Esto permite a CAMED aplicar un canon a los operadores portuarios que deseen llevar a cabo reparaciones en dichos diques (59).

59

| (160) | Asimismo, la Comisión observa que, de acuerdo con la concesión de 2004, CAMED ha realizado inversiones por un total de 24 610 420 EUR. De acuerdo con las autoridades italianas y con CAMED, en realidad el programa de inversiones de CAMED era de 42 541 495 EUR (véanse los considerandos 80 y 100). |
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(160)

Asimismo, la Comisión observa que, de acuerdo con la concesión de 2004, CAMED ha realizado inversiones por un total de 24 610 420 EUR. De acuerdo con las autoridades italianas y con CAMED, en realidad el programa de inversiones de CAMED era de 42 541 495 EUR (véanse los considerandos 80 y 100).

| (161) | La Comisión concluye que CAMED, como administrador y explotador de los diques secos (es decir, proveedor de servicios de reparación naval), habría tenido que correr con todos los costes de las obras de acondicionamiento. Con carácter subsidiario, en caso de que se pongan a su disposición instalaciones acondicionadas, CAMED debería pagar un canon (de concesión) que refleje como mínimo el valor de la inversión del acondicionamiento llevado a cabo por el Estado italiano y por la APN. Esto es así porque CAMED utiliza la infraestructura subvencionada durante su ciclo de vida, por tanto, al final del período de concesión, el Estado obtendrá solo un valor residual limitado. |
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(161)

La Comisión concluye que CAMED, como administrador y explotador de los diques secos (es decir, proveedor de servicios de reparación naval), habría tenido que correr con todos los costes de las obras de acondicionamiento. Con carácter subsidiario, en caso de que se pongan a su disposición instalaciones acondicionadas, CAMED debería pagar un canon (de concesión) que refleje como mínimo el valor de la inversión del acondicionamiento llevado a cabo por el Estado italiano y por la APN. Esto es así porque CAMED utiliza la infraestructura subvencionada durante su ciclo de vida, por tanto, al final del período de concesión, el Estado obtendrá solo un valor residual limitado.

| (162) | La Comisión señala que solo una parte de la inversión de CAMED se refiere al acondicionamiento de los diques secos (véase el considerando 100). La parte restante de las inversiones (en su mayoría) guarda una relación directa con el funcionamiento habitual y la gestión de las instalaciones, gastos de los que, en todo caso, CAMED sería la figura responsable. |
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(162)

La Comisión señala que solo una parte de la inversión de CAMED se refiere al acondicionamiento de los diques secos (véase el considerando 100). La parte restante de las inversiones (en su mayoría) guarda una relación directa con el funcionamiento habitual y la gestión de las instalaciones, gastos de los que, en todo caso, CAMED sería la figura responsable.

| (163) | Por consiguiente, las inversiones por un importe de 42 millones EUR que CAMED realizó en su propio beneficio (es decir, los costes que habría debido asumir en cualquier caso) representan una inversión privada que se añade a todas las intervenciones públicas indicadas en el cuadro 2 y no pueden considerarse una aportación relativa a un canon de concesión en condiciones de mercado. La parte de dicho importe (11,1 millones de EUR) que pagó CAMED para las inversiones en los diques (véase el considerando 15) tampoco puede considerarse una aportación propia, ya que al final del contrato de concesión la APN no recuperará ningún valor (ni un valor mínimo), debido a la depreciación de los activos. |
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(163)

Por consiguiente, las inversiones por un importe de 42 millones EUR que CAMED realizó en su propio beneficio (es decir, los costes que habría debido asumir en cualquier caso) representan una inversión privada que se añade a todas las intervenciones públicas indicadas en el cuadro 2 y no pueden considerarse una aportación relativa a un canon de concesión en condiciones de mercado. La parte de dicho importe (11,1 millones de EUR) que pagó CAMED para las inversiones en los diques (véase el considerando 15) tampoco puede considerarse una aportación propia, ya que al final del contrato de concesión la APN no recuperará ningún valor (ni un valor mínimo), debido a la depreciación de los activos.

| (164) | Además, como se indica en la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión expresó sus dudas de que se impusiera a CAMED una obligación de servicio público en el marco del contrato de concesión. Italia argumentó antes de la Decisión de incoar el procedimiento que, dado que CAMED utiliza los diques secos para la ejecución de una obligación de servicio público, cualquier inversión necesaria para prestar dicho servicio constituye una compensación de este. |
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(164)

Además, como se indica en la Decisión de incoar el procedimiento, la Comisión expresó sus dudas de que se impusiera a CAMED una obligación de servicio público en el marco del contrato de concesión. Italia argumentó antes de la Decisión de incoar el procedimiento que, dado que CAMED utiliza los diques secos para la ejecución de una obligación de servicio público, cualquier inversión necesaria para prestar dicho servicio constituye una compensación de este.

| (165) | Aunque después de la Decisión de incoar el procedimiento, Italia dejó de argumentar que se hubiese impuesto una obligación de servicio público a CAMED, en aras de la exhaustividad, en los siguientes apartados, la Comisión evalúa si los cuatro criterios Altmark se cumplen acumulativamente con respecto a las medidas en favor de CAMED. |
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(165)

Aunque después de la Decisión de incoar el procedimiento, Italia dejó de argumentar que se hubiese impuesto una obligación de servicio público a CAMED, en aras de la exhaustividad, en los siguientes apartados, la Comisión evalúa si los cuatro criterios Altmark se cumplen acumulativamente con respecto a las medidas en favor de CAMED.

| (166) | Por lo que se refiere al primer criterio de la sentencia Altmark, no se cumplen los criterios mínimos mencionados en el considerando 129. En particular, el carácter y el alcance de la obligación de servicio público que se habría encomendado a CAMED no están claramente definidos. La obligación se define en el acto de concesión mediante una simple remisión a las disposiciones formulada en términos más generales en el artículo 1, letra g), del Decreto Ministerial de 14 de noviembre de 1994. Por consiguiente, aun cuando pudiera argumentarse que la duración de la obligación se define por los 30 años de duración de la concesión, no existe todavía una definición clara del carácter y el alcance de la supuesta obligación de servicio público por los motivos mencionados en el considerando 130 de la presente Decisión. |
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(166)

Por lo que se refiere al primer criterio de la sentencia Altmark, no se cumplen los criterios mínimos mencionados en el considerando 129. En particular, el carácter y el alcance de la obligación de servicio público que se habría encomendado a CAMED no están claramente definidos. La obligación se define en el acto de concesión mediante una simple remisión a las disposiciones formulada en términos más generales en el artículo 1, letra g), del Decreto Ministerial de 14 de noviembre de 1994. Por consiguiente, aun cuando pudiera argumentarse que la duración de la obligación se define por los 30 años de duración de la concesión, no existe todavía una definición clara del carácter y el alcance de la supuesta obligación de servicio público por los motivos mencionados en el considerando 130 de la presente Decisión.

| (167) | En cualquier caso, por lo que se refiere al hecho de que las supuestas obligaciones de servicio público puedan considerarse como servicio de interés económico general, la Comisión no considera que CAMED deba cumplir obligaciones que puedan definirse como obligaciones de servicio público. De hecho, el servicio en cuestión (la administración de diques secos) ya lo prestan, y lo podrán prestar satisfactoriamente, otras empresas que actúen en condiciones normales de mercado. El servicio no presenta ninguna característica específica en relación con los propietarios privados de servicios de reparación y los administradores de dichas infraestructuras, y no remedia posibles deficiencias del mercado. Las autoridades italianas no han aportado pruebas de que CAMED ejerza una actividad que no se preste en el mercado en condiciones similares en términos de precio, calidad, continuidad y acceso al servicio. Asimismo, las infraestructuras subvencionadas no proporcionan ningún beneficio a la sociedad, sino un mero servicio a los propietarios de buques en la zona de Nápoles (60). |
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(167)

En cualquier caso, por lo que se refiere al hecho de que las supuestas obligaciones de servicio público puedan considerarse como servicio de interés económico general, la Comisión no considera que CAMED deba cumplir obligaciones que puedan definirse como obligaciones de servicio público. De hecho, el servicio en cuestión (la administración de diques secos) ya lo prestan, y lo podrán prestar satisfactoriamente, otras empresas que actúen en condiciones normales de mercado. El servicio no presenta ninguna característica específica en relación con los propietarios privados de servicios de reparación y los administradores de dichas infraestructuras, y no remedia posibles deficiencias del mercado. Las autoridades italianas no han aportado pruebas de que CAMED ejerza una actividad que no se preste en el mercado en condiciones similares en términos de precio, calidad, continuidad y acceso al servicio. Asimismo, las infraestructuras subvencionadas no proporcionan ningún beneficio a la sociedad, sino un mero servicio a los propietarios de buques en la zona de Nápoles (60).

60

| (168) | Por lo que se refiere al segundo criterio de la sentencia Altmark, la concesión de 2004 no exige explícitamente ninguna cuantificación o parámetros establecidos previamente de forma objetiva y transparente con el fin de calcular el importe de la compensación que la APN debe pagar a CAMED a cambio de la obligación de conceder a otras empresas de reparación libre acceso a los diques secos. La concesión de 2004 no establece una relación explícita entre dicha obligación y el compromiso de la APN para desarrollar las obras en cuestión. La concesión de 2004 tampoco identifica claramente el perjuicio supuestamente sufrido por CAMED, ni el importe correspondiente a las intervenciones. |
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(168)

Por lo que se refiere al segundo criterio de la sentencia Altmark, la concesión de 2004 no exige explícitamente ninguna cuantificación o parámetros establecidos previamente de forma objetiva y transparente con el fin de calcular el importe de la compensación que la APN debe pagar a CAMED a cambio de la obligación de conceder a otras empresas de reparación libre acceso a los diques secos. La concesión de 2004 no establece una relación explícita entre dicha obligación y el compromiso de la APN para desarrollar las obras en cuestión. La concesión de 2004 tampoco identifica claramente el perjuicio supuestamente sufrido por CAMED, ni el importe correspondiente a las intervenciones.

| (169) | La Comisión también observa que la financiación de las intervenciones prestada a CAMED, en concepto de compensación por la obligación de facilitar el acceso libre a los diques secos, no puede excluir el riesgo de exceso de compensación, como exige el tercer criterio Altmark. De hecho, en ausencia de cálculo o estimación del perjuicio supuestamente sufrido por la ejecución de las obligaciones de servicio público, no parece posible comprobar el importe de las inversiones que se concedieron para las intervenciones correspondientes a dichas pérdidas de explotación, si se tiene en cuenta un margen de beneficio razonable. |
| --- | --- |

(169)

La Comisión también observa que la financiación de las intervenciones prestada a CAMED, en concepto de compensación por la obligación de facilitar el acceso libre a los diques secos, no puede excluir el riesgo de exceso de compensación, como exige el tercer criterio Altmark. De hecho, en ausencia de cálculo o estimación del perjuicio supuestamente sufrido por la ejecución de las obligaciones de servicio público, no parece posible comprobar el importe de las inversiones que se concedieron para las intervenciones correspondientes a dichas pérdidas de explotación, si se tiene en cuenta un margen de beneficio razonable.

| (170) | Por lo que respecta al cuarto criterio Altmark, el suelo se adjudicó a CAMED en régimen de concesión sin ningún procedimiento de licitación; tampoco Italia ha facilitado la información necesaria para evaluar si el importe de la inversión para las intervenciones corresponde a los costes en que incurre una empresa media bien gestionada que ofrece libre acceso a los diques secos a otras empresas de reparación. |
| --- | --- |

(170)

Por lo que respecta al cuarto criterio Altmark, el suelo se adjudicó a CAMED en régimen de concesión sin ningún procedimiento de licitación; tampoco Italia ha facilitado la información necesaria para evaluar si el importe de la inversión para las intervenciones corresponde a los costes en que incurre una empresa media bien gestionada que ofrece libre acceso a los diques secos a otras empresas de reparación.

| (171) | Por lo tanto, la Comisión concluye que no se cumplen simultáneamente los cuatro criterios y que, consiguientemente, las medidas en cuestión suponen una ventaja económica en favor de CAMED. |
| --- | --- |

(171)

Por lo tanto, la Comisión concluye que no se cumplen simultáneamente los cuatro criterios y que, consiguientemente, las medidas en cuestión suponen una ventaja económica en favor de CAMED.

5.2.4.   Falseamiento de la competencia y efectos en el comercio

Falseamiento de la competencia y efectos en el comercio

| (172) | La reparación naval representa una actividad económica en un mercado abierto a la competencia y a los intercambios comerciales a nivel de la Unión. Cualquier ventaja concedida a CAMED es, por consiguiente, susceptible de falsear la competencia y afectar al comercio dentro de la Unión. |
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(172)

La reparación naval representa una actividad económica en un mercado abierto a la competencia y a los intercambios comerciales a nivel de la Unión. Cualquier ventaja concedida a CAMED es, por consiguiente, susceptible de falsear la competencia y afectar al comercio dentro de la Unión.

5.2.5.   Clasificación de las medidas como ayuda existente

Clasificación de las medidas como ayuda existente

| (173) | Por las razones que se analizan en la sección 5.1.7 de la presente Decisión respecto a la APN, la Comisión también considera que las medidas en favor de CAMED no pueden considerarse como ayudas existentes. |
| --- | --- |

(173)

Por las razones que se analizan en la sección 5.1.7 de la presente Decisión respecto a la APN, la Comisión también considera que las medidas en favor de CAMED no pueden considerarse como ayudas existentes.

5.3.   Compatibilidad

Compatibilidad

| (174) | La Comisión observa que los diques secos no son infraestructuras de transporte, sino estructuras de producción para los astilleros, puesto que sirven para la construcción o la reparación naval y no para el transporte. De acuerdo con la Comisión, las medidas en cuestión no pueden evaluarse directamente con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE como ayuda a la inversión para infraestructuras de transporte, tal como afirman las autoridades italianas (véase el considerando 86). |
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(174)

La Comisión observa que los diques secos no son infraestructuras de transporte, sino estructuras de producción para los astilleros, puesto que sirven para la construcción o la reparación naval y no para el transporte. De acuerdo con la Comisión, las medidas en cuestión no pueden evaluarse directamente con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE como ayuda a la inversión para infraestructuras de transporte, tal como afirman las autoridades italianas (véase el considerando 86).

| (175) | La Comisión observa también que la ayuda no puede evaluarse sobre la base del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE relativo a las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional. La Comisión señala que las ayudas estatales pueden ser consideradas compatibles con arreglo a dicho artículo únicamente si se cumplen condiciones muy estrictas que prevén, entre otras cosas, que la ayuda solo compense los perjuicios causados por los acontecimientos en cuestión y no dé lugar a una compensación excesiva, que no se ha demostrado en el caso de autos (61). |
| --- | --- |

(175)

La Comisión observa también que la ayuda no puede evaluarse sobre la base del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE relativo a las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional. La Comisión señala que las ayudas estatales pueden ser consideradas compatibles con arreglo a dicho artículo únicamente si se cumplen condiciones muy estrictas que prevén, entre otras cosas, que la ayuda solo compense los perjuicios causados por los acontecimientos en cuestión y no dé lugar a una compensación excesiva, que no se ha demostrado en el caso de autos (61).

61

| (176) | Por lo tanto, la Comisión considera que el análisis de la compatibilidad de las medidas en favor de la APN y de CAMED deberá realizarse en primer lugar con arreglo a la Comunicación de la Comisión – Marco de la Unión sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (en lo sucesivo, el «Marco comunitario sobre los SIEG de 2011») (62). |
| --- | --- |

(176)

Por lo tanto, la Comisión considera que el análisis de la compatibilidad de las medidas en favor de la APN y de CAMED deberá realizarse en primer lugar con arreglo a la Comunicación de la Comisión – Marco de la Unión sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (en lo sucesivo, el «Marco comunitario sobre los SIEG de 2011») (62).

62

| (177) | Si las condiciones de compatibilidad establecidas en el Marco comunitario sobre los SIEG de 2011 no se cumplen, la Comisión considera que el análisis de la compatibilidad de las medidas concedidas a la APN y a CAMED también podrá llevarse a cabo en virtud de las normas sobre ayudas estatales aplicables al sector de la construcción naval en el momento de concesión de la medida. |
| --- | --- |

(177)

Si las condiciones de compatibilidad establecidas en el Marco comunitario sobre los SIEG de 2011 no se cumplen, la Comisión considera que el análisis de la compatibilidad de las medidas concedidas a la APN y a CAMED también podrá llevarse a cabo en virtud de las normas sobre ayudas estatales aplicables al sector de la construcción naval en el momento de concesión de la medida.

| (178) | La Comisión señala que la fecha de concesión de las ayudas individuales a la APN no corresponde con la fecha de entrada en vigor de la Ley n.o 413/1998, como afirma Italia (véase el considerando 85). Esta ley es demasiado general y puede facilitar al beneficiario el derecho legal de recibir la ayuda, ya que no incluye una lista de beneficiarios específicos o el importe de las ayudas (63). Por otra parte, la Comisión observa que el derecho a recibir las ayudas en cuestión deriva del Decreto Ministerial de 27 de diciembre de 1999, aprobado en el marco general que establece la Ley n.o 413/1998, en relación con el Decreto Ministerial de 2 de mayo de 2001, que representan las medidas ejecutivas reales de las medidas, a tenor de lo dispuesto en la Ley n.o 413/1998. |
| --- | --- |

(178)

La Comisión señala que la fecha de concesión de las ayudas individuales a la APN no corresponde con la fecha de entrada en vigor de la Ley n.o 413/1998, como afirma Italia (véase el considerando 85). Esta ley es demasiado general y puede facilitar al beneficiario el derecho legal de recibir la ayuda, ya que no incluye una lista de beneficiarios específicos o el importe de las ayudas (63). Por otra parte, la Comisión observa que el derecho a recibir las ayudas en cuestión deriva del Decreto Ministerial de 27 de diciembre de 1999, aprobado en el marco general que establece la Ley n.o 413/1998, en relación con el Decreto Ministerial de 2 de mayo de 2001, que representan las medidas ejecutivas reales de las medidas, a tenor de lo dispuesto en la Ley n.o 413/1998.

o

63

o

o

| (179) | En virtud del artículo 9 de la Ley n.o 413/1998, a petición de la Autoridad Portuaria de que se trate, el artículo 1 del Decreto Ministerial de 27 de octubre de 1999 prevé la adopción de un programa de obras de infraestructura para la ampliación, modernización y rehabilitación de los puertos y la asignación de fondos indicada en su anexo. Con arreglo a dicho anexo, el Ministerio debía poner a disposición de la APN 51 403 millones de EUR (99 530 millones de liras italianas) para obras de inversión para los diques secos en el puerto de Nápoles. Los importes a disposición de todas las obras de inversión portuaria de 2001 a 2017 se fijaron en el anexo del Decreto Ministerial de 2 de mayo de 2001, aprobado sobre la base de la Ley n.o 413/1998. Respecto a la APN, dicho Decreto impone un límite máximo de financiación de 102 millones de EUR (197 500 millones de liras italianas). El Decreto confiere a la APN, entre otras cosas, el derecho a reclamar al Ministerio el reembolso del préstamo en relación con proyectos de infraestructuras portuarias previstos en el anexo de los decretos ministeriales, incluidos los relativos a los diques secos en cuestión. Dichas inversiones ya se habían previsto en el momento de la concesión de 2004 a CAMED, y tal concesión remite a su vez a las inversiones arriba mencionadas, ya previstas en el convenio de 2001. Por tanto, las siguientes bases de compatibilidad podrían ser aplicables a las ayudas a la construcción naval (ayudas de finalidad regional a las inversiones destinadas a mejorar o modernizar los astilleros existentes con el objetivo de aumentar la productividad de las instalaciones existentes) en favor de la APN y de CAMED:






  1) | el Reglamento (CE) n.o 1540/98; |
| --- | --- | --- |

(179)

En virtud del artículo 9 de la Ley n.o 413/1998, a petición de la Autoridad Portuaria de que se trate, el artículo 1 del Decreto Ministerial de 27 de octubre de 1999 prevé la adopción de un programa de obras de infraestructura para la ampliación, modernización y rehabilitación de los puertos y la asignación de fondos indicada en su anexo. Con arreglo a dicho anexo, el Ministerio debía poner a disposición de la APN 51 403 millones de EUR (99 530 millones de liras italianas) para obras de inversión para los diques secos en el puerto de Nápoles. Los importes a disposición de todas las obras de inversión portuaria de 2001 a 2017 se fijaron en el anexo del Decreto Ministerial de 2 de mayo de 2001, aprobado sobre la base de la Ley n.o 413/1998. Respecto a la APN, dicho Decreto impone un límite máximo de financiación de 102 millones de EUR (197 500 millones de liras italianas). El Decreto confiere a la APN, entre otras cosas, el derecho a reclamar al Ministerio el reembolso del préstamo en relación con proyectos de infraestructuras portuarias previstos en el anexo de los decretos ministeriales, incluidos los relativos a los diques secos en cuestión. Dichas inversiones ya se habían previsto en el momento de la concesión de 2004 a CAMED, y tal concesión remite a su vez a las inversiones arriba mencionadas, ya previstas en el convenio de 2001. Por tanto, las siguientes bases de compatibilidad podrían ser aplicables a las ayudas a la construcción naval (ayudas de finalidad regional a las inversiones destinadas a mejorar o modernizar los astilleros existentes con el objetivo de aumentar la productividad de las instalaciones existentes) en favor de la APN y de CAMED:

o

o

1)

el Reglamento (CE) n.o 1540/98;

o

| 2) | el Marco de 2004 sobre ayudas estatales a la construcción naval, aplicable desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2006, y posteriormente prorrogado en dos ocasiones, hasta el 31 de diciembre de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2011, respectivamente; |
| --- | --- |

2)

el Marco de 2004 sobre ayudas estatales a la construcción naval, aplicable desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2006, y posteriormente prorrogado en dos ocasiones, hasta el 31 de diciembre de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2011, respectivamente;

| 3) | el Marco de 2011 sobre ayudas estatales a la construcción naval, que era aplicable a las ayudas estatales no notificadas concedidas después del 31 de diciembre de 2011. La aplicación de dicho Marco fue prorrogada hasta el 30 de junio de 2014; |
| --- | --- |

3)

el Marco de 2011 sobre ayudas estatales a la construcción naval, que era aplicable a las ayudas estatales no notificadas concedidas después del 31 de diciembre de 2011. La aplicación de dicho Marco fue prorrogada hasta el 30 de junio de 2014;

| 4) | las Directrices relativas a las ayudas estatales de finalidad regional para el período 2014-2020, a partir del 1 de julio de 2014. |
| --- | --- |

4)

las Directrices relativas a las ayudas estatales de finalidad regional para el período 2014-2020, a partir del 1 de julio de 2014.

| (180) | Italia afirma que el citado fundamento de compatibilidad para las ayudas a la construcción naval no debería aplicarse como tal y que la compatibilidad, en cambio, debería evaluarse directamente sobre la base del artículo 107 del TFUE y a la luz de las demás disposiciones de Derecho derivado adoptadas en el ámbito de las ayudas estatales (64). Italia citó los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, los terremotos, el desarrollo de la economía de una región asistida y la modernización y el desarrollo de las infraestructuras portuarias. |
| --- | --- |

(180)

Italia afirma que el citado fundamento de compatibilidad para las ayudas a la construcción naval no debería aplicarse como tal y que la compatibilidad, en cambio, debería evaluarse directamente sobre la base del artículo 107 del TFUE y a la luz de las demás disposiciones de Derecho derivado adoptadas en el ámbito de las ayudas estatales (64). Italia citó los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, los terremotos, el desarrollo de la economía de una región asistida y la modernización y el desarrollo de las infraestructuras portuarias.

64

| (181) | Con arreglo a la jurisprudencia, corresponde al Estado miembro demostrar que las circunstancias de una medida nacional son diferentes de las exigidas en las directrices correspondientes y, por consiguiente, que la Comisión debe evaluar la medida directamente a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 3, del TFUE (65). En la medida en que Italia sostiene que los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y los terremotos constituyen un motivo para apartarse de las Directrices arriba mencionadas, la Comisión ya explicó en el considerando 175 el motivo por el que las condiciones del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE no se cumplen en ningún caso por lo que se refiere a las medidas en cuestión. Por lo que concierne a la alegación relativa a la modernización y el desarrollo de las infraestructuras portuarias como motivo para evaluar las medidas directamente en virtud del Tratado, la Comisión explicó en el considerando 174 que los diques secos no son infraestructuras de transporte y, por lo tanto, no pueden ser evaluadas directamente con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. Por último, por lo que respecta a las alegaciones de Italia relativas al desarrollo de la economía de la región asistida en cuestión, la Comisión observa que esta ayuda no habría sido evaluada la luz de las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional aplicables en el momento de la concesión de las medidas, dado que las ayudas a la construcción naval estaban reguladas por normas sectoriales, de conformidad con el considerando 176, siendo esta una circunstancia claramente reconocida por cada una de las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional aplicables en el momento de la concesión de la ayuda (66). También se considera que las ayudas al sector de la construcción naval se han evaluado a la luz de las normas específicas del sector de la construcción naval, y no sobre la base de las normas más generales sobre ayudas estatales de finalidad regional, dado que solo las directrices sectoriales pueden cubrir las especificidades del sector y, por lo tanto, persiguen el mejor objetivo común al que aspira la ayuda. |
| --- | --- |

(181)

Con arreglo a la jurisprudencia, corresponde al Estado miembro demostrar que las circunstancias de una medida nacional son diferentes de las exigidas en las directrices correspondientes y, por consiguiente, que la Comisión debe evaluar la medida directamente a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 3, del TFUE (65). En la medida en que Italia sostiene que los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y los terremotos constituyen un motivo para apartarse de las Directrices arriba mencionadas, la Comisión ya explicó en el considerando 175 el motivo por el que las condiciones del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE no se cumplen en ningún caso por lo que se refiere a las medidas en cuestión. Por lo que concierne a la alegación relativa a la modernización y el desarrollo de las infraestructuras portuarias como motivo para evaluar las medidas directamente en virtud del Tratado, la Comisión explicó en el considerando 174 que los diques secos no son infraestructuras de transporte y, por lo tanto, no pueden ser evaluadas directamente con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE. Por último, por lo que respecta a las alegaciones de Italia relativas al desarrollo de la economía de la región asistida en cuestión, la Comisión observa que esta ayuda no habría sido evaluada la luz de las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional aplicables en el momento de la concesión de las medidas, dado que las ayudas a la construcción naval estaban reguladas por normas sectoriales, de conformidad con el considerando 176, siendo esta una circunstancia claramente reconocida por cada una de las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional aplicables en el momento de la concesión de la ayuda (66). También se considera que las ayudas al sector de la construcción naval se han evaluado a la luz de las normas específicas del sector de la construcción naval, y no sobre la base de las normas más generales sobre ayudas estatales de finalidad regional, dado que solo las directrices sectoriales pueden cubrir las especificidades del sector y, por lo tanto, persiguen el mejor objetivo común al que aspira la ayuda.

65

66

5.3.1.   Evaluación de la compatibilidad de las ayudas en favor de la APN

Evaluación de la compatibilidad de las ayudas en favor de la APN

| (182) | Una de las condiciones para considerar si las ayudas son compatibles en virtud del Marco comunitario sobre los SIEG de 2011 es que concedieran para un verdadero servicio de interés económico general correctamente definido de conformidad con el artículo 106, apartado 2, del TFUE. Asimismo, los SIEG deberían atribuirse mediante un acto que concrete las obligaciones de servicio público y los métodos de cálculo de la compensación, mientras que el importe de la compensación no debe superar lo necesario para cubrir los costes netos de la ejecución de las obligaciones de servicio público, incluido un margen de beneficio razonable. |
| --- | --- |

(182)

Una de las condiciones para considerar si las ayudas son compatibles en virtud del Marco comunitario sobre los SIEG de 2011 es que concedieran para un verdadero servicio de interés económico general correctamente definido de conformidad con el artículo 106, apartado 2, del TFUE. Asimismo, los SIEG deberían atribuirse mediante un acto que concrete las obligaciones de servicio público y los métodos de cálculo de la compensación, mientras que el importe de la compensación no debe superar lo necesario para cubrir los costes netos de la ejecución de las obligaciones de servicio público, incluido un margen de beneficio razonable.

| (183) | Como demuestran los argumentos presentados en la sección 5.1.4, la Comisión toma nota de que Italia ha cometido un error manifiesto de apreciación en cuanto a la definición del servicio público exigido a la APN. Asimismo, los actos pertinentes no proporcionan indicaciones en cuanto al importe de la compensación que debe concederse a la APN para la gestión de los diques secos, ni sobre la forma en que se deba calcular dicha compensación y, por lo tanto, no permiten comprobar si la cuantía de la compensación se limita al importe necesario para cubrir los costes derivados de la ejecución de las supuestas obligaciones de servicio público. Además, como se explica en el considerando 167, el carácter, la duración y el alcance de la obligación de servicio público que se habría conferido a la APN no se han definido claramente. |
| --- | --- |

(183)

Como demuestran los argumentos presentados en la sección 5.1.4, la Comisión toma nota de que Italia ha cometido un error manifiesto de apreciación en cuanto a la definición del servicio público exigido a la APN. Asimismo, los actos pertinentes no proporcionan indicaciones en cuanto al importe de la compensación que debe concederse a la APN para la gestión de los diques secos, ni sobre la forma en que se deba calcular dicha compensación y, por lo tanto, no permiten comprobar si la cuantía de la compensación se limita al importe necesario para cubrir los costes derivados de la ejecución de las supuestas obligaciones de servicio público. Además, como se explica en el considerando 167, el carácter, la duración y el alcance de la obligación de servicio público que se habría conferido a la APN no se han definido claramente.

| (184) | Por consiguiente, la Comisión es de la opinión de que las medidas no cumplen todas las condiciones de compatibilidad y, por lo tanto, no se pueden declarar compatibles en virtud del Marco comunitario de los SIEG de 2011 en lo que se refiere a la ayuda concedida a la APN. |
| --- | --- |

(184)

Por consiguiente, la Comisión es de la opinión de que las medidas no cumplen todas las condiciones de compatibilidad y, por lo tanto, no se pueden declarar compatibles en virtud del Marco comunitario de los SIEG de 2011 en lo que se refiere a la ayuda concedida a la APN.

| (185) | La Comisión también valoró si las medidas podían declararse compatibles con el mercado interior sobre la base de la normativa aplicable en materia de construcción naval. |
| --- | --- |

(185)

La Comisión también valoró si las medidas podían declararse compatibles con el mercado interior sobre la base de la normativa aplicable en materia de construcción naval.

| (186) | La Comisión observa que, vistos los actos de concesión de las ayudas (véanse los considerandos 25 y 179), los fundamentos jurídicos aplicables a las diferentes ayudas son el Reglamento (CE) n.o 1540/98 y el Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval, de conformidad con los puntos i) y ii) del considerando 179 (67). La Comisión examinó si se cumplían las condiciones de compatibilidad para cada fundamento jurídico. |
| --- | --- |

(186)

La Comisión observa que, vistos los actos de concesión de las ayudas (véanse los considerandos 25 y 179), los fundamentos jurídicos aplicables a las diferentes ayudas son el Reglamento (CE) n.o 1540/98 y el Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval, de conformidad con los puntos i) y ii) del considerando 179 (67). La Comisión examinó si se cumplían las condiciones de compatibilidad para cada fundamento jurídico.

o

67

| (187) | Para que las ayudas fueran admisibles con arreglo a las normas en materia de construcción naval, estas deben concederse para invertir en la mejora o modernización de astilleros ya existentes, sin que existan vínculos con la reestructuración financiera del astillero(s), con el fin de aumentar la productividad de las instalaciones existentes (excepto la mera sustitución de activos anteriores) (68). |
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(187)

Para que las ayudas fueran admisibles con arreglo a las normas en materia de construcción naval, estas deben concederse para invertir en la mejora o modernización de astilleros ya existentes, sin que existan vínculos con la reestructuración financiera del astillero(s), con el fin de aumentar la productividad de las instalaciones existentes (excepto la mera sustitución de activos anteriores) (68).

68

| (188) | Las autoridades italianas afirmaron (véase el considerando 86) que la supuesta ayuda no está destinada a fomentar el aumento de la productividad de las instalaciones existentes en un astillero, sino más bien a apoyar actividades específicas para el mantenimiento de determinados elementos de la infraestructura portuaria que pertenecen exclusivamente al Estado italiano y a impedir que se conviertan en obsoletos. Las inversiones, por lo tanto, no son subvencionables en virtud de las normas en materia de construcción naval. |
| --- | --- |

(188)

Las autoridades italianas afirmaron (véase el considerando 86) que la supuesta ayuda no está destinada a fomentar el aumento de la productividad de las instalaciones existentes en un astillero, sino más bien a apoyar actividades específicas para el mantenimiento de determinados elementos de la infraestructura portuaria que pertenecen exclusivamente al Estado italiano y a impedir que se conviertan en obsoletos. Las inversiones, por lo tanto, no son subvencionables en virtud de las normas en materia de construcción naval.

| (189) | Asimismo, Italia no demostró que la ayuda tuviera un efecto incentivador, es decir, que se presentara una solicitud de ayuda antes de la fecha de inicio de las obras y que las ayudas se limitasen a sufragar los gastos admisibles, tal como se define en las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional (véase el considerando 89). |
| --- | --- |

(189)

Asimismo, Italia no demostró que la ayuda tuviera un efecto incentivador, es decir, que se presentara una solicitud de ayuda antes de la fecha de inicio de las obras y que las ayudas se limitasen a sufragar los gastos admisibles, tal como se define en las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional (véase el considerando 89).

| (190) | La financiación pública ya concedida para el proyecto (44 138 854,50 EUR, es decir, el 76,42 % de los costes de inversión totales) supera el importe máximo admisible para las ayudas a las inversiones de finalidad regional para el sector de la construcción naval, con arreglo a los tres marcos siguientes en materia de construcción naval (importe máximo entre un 12,5 % y un 22,5 % de los costes de inversión totales en función del estado de las ayudas de finalidad regional en la región de que se trate). |
| --- | --- |

(190)

La financiación pública ya concedida para el proyecto (44 138 854,50 EUR, es decir, el 76,42 % de los costes de inversión totales) supera el importe máximo admisible para las ayudas a las inversiones de finalidad regional para el sector de la construcción naval, con arreglo a los tres marcos siguientes en materia de construcción naval (importe máximo entre un 12,5 % y un 22,5 % de los costes de inversión totales en función del estado de las ayudas de finalidad regional en la región de que se trate).

| (191) | Teniendo en cuenta el hecho de que no se cumplen las condiciones de compatibilidad establecidas anteriormente, la Comisión llega a la conclusión de que las medidas de ayuda en favor de la APN no son compatibles con el mercado interior. |
| --- | --- |

(191)

Teniendo en cuenta el hecho de que no se cumplen las condiciones de compatibilidad establecidas anteriormente, la Comisión llega a la conclusión de que las medidas de ayuda en favor de la APN no son compatibles con el mercado interior.

5.3.2.   Evaluación de la compatibilidad de las ayudas en favor de CAMED

Evaluación de la compatibilidad de las ayudas en favor de CAMED

| (192) | Como ha quedado demostrado en la sección 5.2.3, Italia cometió un error manifiesto de apreciación al clasificar los servicios de reparación naval asignados a CAMED como obligaciones de servicio público. Asimismo, los actos pertinentes no ofrecen ninguna indicación del importe de la compensación que debe concederse a CAMED por la obligación de mantener abierto el acceso a los diques secos y, por lo tanto, no permiten comprobar si la cuantía de la compensación concedida supera el importe necesario para cubrir los costes derivados de la ejecución de las obligaciones de servicio público. La Comisión toma nota de que la financiación de las intervenciones (por un importe de 44 138 854,50 EUR, pagado por el Estado italiano, y fondos propios de la APN equivalentes a 13 621 000 EUR) en concepto de compensación por la ejecución de la obligación de CAMED de mantener abierto el acceso a los diques secos no puede excluir el riesgo de compensación excesiva (véase el considerando 169). Asimismo, como se explica en el considerando 162, el carácter, la duración y el alcance de la obligación de servicio público no están claramente definidos. |
| --- | --- |

(192)

Como ha quedado demostrado en la sección 5.2.3, Italia cometió un error manifiesto de apreciación al clasificar los servicios de reparación naval asignados a CAMED como obligaciones de servicio público. Asimismo, los actos pertinentes no ofrecen ninguna indicación del importe de la compensación que debe concederse a CAMED por la obligación de mantener abierto el acceso a los diques secos y, por lo tanto, no permiten comprobar si la cuantía de la compensación concedida supera el importe necesario para cubrir los costes derivados de la ejecución de las obligaciones de servicio público. La Comisión toma nota de que la financiación de las intervenciones (por un importe de 44 138 854,50 EUR, pagado por el Estado italiano, y fondos propios de la APN equivalentes a 13 621 000 EUR) en concepto de compensación por la ejecución de la obligación de CAMED de mantener abierto el acceso a los diques secos no puede excluir el riesgo de compensación excesiva (véase el considerando 169). Asimismo, como se explica en el considerando 162, el carácter, la duración y el alcance de la obligación de servicio público no están claramente definidos.

| (193) | Por consiguiente, la Comisión concluye que la medida no puede declararse compatible en virtud del Marco comunitario sobre los SIEG de 2011 en relación con la presunta ayuda concedida a CAMED. |
| --- | --- |

(193)

Por consiguiente, la Comisión concluye que la medida no puede declararse compatible en virtud del Marco comunitario sobre los SIEG de 2011 en relación con la presunta ayuda concedida a CAMED.

| (194) | Por lo que se refiere a la compatibilidad de la ayuda concedida a CAMED conforme a las normas en materia de construcción naval, la Comisión observa que CAMED –como administrador y operador de los servicios subvencionados– se benefició de ayudas al funcionamiento (en forma de cánones de concesión) destinadas a reducir los gastos en que CAMED habría tenido que incurrir. Las normas sobre ayudas estatales aplicables al sector de la construcción naval en el momento en que se concedió la medida (véase el considerando 179) no contemplan ayudas al funcionamiento para los administradores o usuarios de instalaciones de construcción naval. La Comisión concluye, por lo tanto, que la ayuda concedida a CAMED no puede declararse compatible. |
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(194)

Por lo que se refiere a la compatibilidad de la ayuda concedida a CAMED conforme a las normas en materia de construcción naval, la Comisión observa que CAMED –como administrador y operador de los servicios subvencionados– se benefició de ayudas al funcionamiento (en forma de cánones de concesión) destinadas a reducir los gastos en que CAMED habría tenido que incurrir. Las normas sobre ayudas estatales aplicables al sector de la construcción naval en el momento en que se concedió la medida (véase el considerando 179) no contemplan ayudas al funcionamiento para los administradores o usuarios de instalaciones de construcción naval. La Comisión concluye, por lo tanto, que la ayuda concedida a CAMED no puede declararse compatible.

6.   CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN

| (195) | La Comisión constata que Italia ejecutó ilegalmente la ayuda a la inversión en favor de la APN, infringiendo así el artículo 108, apartado 3, del TFUE. |
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(195)

La Comisión constata que Italia ejecutó ilegalmente la ayuda a la inversión en favor de la APN, infringiendo así el artículo 108, apartado 3, del TFUE.

| (196) | Asimismo, la Comisión considera que Italia ejecutó ilegalmente las ayudas al funcionamiento en favor de la APN, infringiendo así el artículo 108, apartado 3, del TFUE. |
| --- | --- |

(196)

Asimismo, la Comisión considera que Italia ejecutó ilegalmente las ayudas al funcionamiento en favor de la APN, infringiendo así el artículo 108, apartado 3, del TFUE.

| (197) | Puesto que en las medidas no se puede encontrar ningún motivo de compatibilidad, estas resultan ser incompatibles con el mercado interior. |
| --- | --- |

(197)

Puesto que en las medidas no se puede encontrar ningún motivo de compatibilidad, estas resultan ser incompatibles con el mercado interior.

7.   RECUPERACIÓN

RECUPERACIÓN

7.1.   Plazo de prescripción

Plazo de prescripción

| (198) | La Comisión observa que, de acuerdo con las autoridades italianas, la ayuda pública en cuestión no puede recuperarse porque ha vencido el plazo de prescripción previsto en el artículo 17 del Reglamento de Procedimiento. |
| --- | --- |

(198)

La Comisión observa que, de acuerdo con las autoridades italianas, la ayuda pública en cuestión no puede recuperarse porque ha vencido el plazo de prescripción previsto en el artículo 17 del Reglamento de Procedimiento.

| (199) | El artículo 17, apartado 1, de dicho Reglamento dispone que «los poderes de la Comisión de recuperar la ayuda estarán sujetos a un plazo de prescripción de diez años». Sin embargo, de conformidad con el artículo 17, apartado 2: «El plazo de prescripción se contará a partir de la fecha en que se haya concedido la ayuda ilegal al beneficiario, bien como ayuda individual, bien en virtud de un régimen de ayudas. Cualquier acción emprendida por la Comisión o por un Estado miembro a petición de la Comisión y que esté relacionada con la ayuda ilegal interrumpirá el plazo de prescripción. Tras cada interrupción, el plazo comenzará a contarse desde el principio. El plazo de prescripción quedará suspendido mientras la Decisión de la Comisión sea objeto de un procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea». |
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(199)

El artículo 17, apartado 1, de dicho Reglamento dispone que «los poderes de la Comisión de recuperar la ayuda estarán sujetos a un plazo de prescripción de diez años». Sin embargo, de conformidad con el artículo 17, apartado 2: «El plazo de prescripción se contará a partir de la fecha en que se haya concedido la ayuda ilegal al beneficiario, bien como ayuda individual, bien en virtud de un régimen de ayudas. Cualquier acción emprendida por la Comisión o por un Estado miembro a petición de la Comisión y que esté relacionada con la ayuda ilegal interrumpirá el plazo de prescripción. Tras cada interrupción, el plazo comenzará a contarse desde el principio. El plazo de prescripción quedará suspendido mientras la Decisión de la Comisión sea objeto de un procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

| (200) | La Comisión considera que no pueden aceptarse los argumentos de las autoridades italianas. De hecho, la actuación de la Comisión, que consiste en el envío de una solicitud de información en marzo de 2006, de dos cartas de evaluación preliminar al denunciante en 2013 y en 2014, así como las solicitudes de información adicional a las autoridades italianas (véanse los considerandos 3, 5 y 6) interrumpieron el plazo de prescripción y, por tanto, el plazo de prescripción de 10 años no ha vencido. |
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(200)

La Comisión considera que no pueden aceptarse los argumentos de las autoridades italianas. De hecho, la actuación de la Comisión, que consiste en el envío de una solicitud de información en marzo de 2006, de dos cartas de evaluación preliminar al denunciante en 2013 y en 2014, así como las solicitudes de información adicional a las autoridades italianas (véanse los considerandos 3, 5 y 6) interrumpieron el plazo de prescripción y, por tanto, el plazo de prescripción de 10 años no ha vencido.

7.2.   Confianza legítima y seguridad jurídica

Confianza legítima y seguridad jurídica

| (201) | Con arreglo al artículo 16, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, toda ayuda que resulte incompatible con el mercado interior debe ser recuperada. |
| --- | --- |

(201)

Con arreglo al artículo 16, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, toda ayuda que resulte incompatible con el mercado interior debe ser recuperada.

| (202) | Sin embargo, según el citado artículo 16, apartado 1, «la Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho de la Unión». A este respecto, el Tribunal de Justicia estableció que la Comisión está obligada a tomar en cuenta las circunstancias excepcionales que justifican, de conformidad con dicho artículo 16, apartado 1, su renuncia a exigir la recuperación de las ayudas concedidas ilegalmente cuando esta recuperación sea contraria a un principio general del Derecho de la Unión (69). |
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(202)

Sin embargo, según el citado artículo 16, apartado 1, «la Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho de la Unión». A este respecto, el Tribunal de Justicia estableció que la Comisión está obligada a tomar en cuenta las circunstancias excepcionales que justifican, de conformidad con dicho artículo 16, apartado 1, su renuncia a exigir la recuperación de las ayudas concedidas ilegalmente cuando esta recuperación sea contraria a un principio general del Derecho de la Unión (69).

69

| (203) | La Comisión observa que Italia y CAMED, en sus observaciones a la Decisión de incoar el procedimiento, alegaron que la Decisión de la Comisión era ilegal y que constituía una violación de los principios generales de buena administración, de seguridad jurídica y confianza legítima (véanse los considerandos 52-54 y 91). |
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(203)

La Comisión observa que Italia y CAMED, en sus observaciones a la Decisión de incoar el procedimiento, alegaron que la Decisión de la Comisión era ilegal y que constituía una violación de los principios generales de buena administración, de seguridad jurídica y confianza legítima (véanse los considerandos 52-54 y 91).

| (204) | De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el derecho de invocar el principio de protección de la confianza legítima implica que las autoridades competentes de la Unión hayan dado al interesado garantías concretas, incondicionales y concordantes, que emanen de fuentes autorizadas y fiables (70). Dichas garantías, según la jurisprudencia, pueden ser explícitas (por ejemplo, en forma de comunicación directa a un Estado miembro sobre la validez de una medida determinada) (71) o implícitas (por ejemplo, una demora injustificada en el procedimiento o la adopción de regímenes similares en el pasado) (72). Una confianza legítima que demuestre que la ayuda concedida es legal, salvo circunstancias excepcionales, no puede ser admisible si la ayuda no se concedió de conformidad con las obligaciones de notificación contempladas en el artículo 108 del TFUE (73). |
| --- | --- |

(204)

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el derecho de invocar el principio de protección de la confianza legítima implica que las autoridades competentes de la Unión hayan dado al interesado garantías concretas, incondicionales y concordantes, que emanen de fuentes autorizadas y fiables (70). Dichas garantías, según la jurisprudencia, pueden ser explícitas (por ejemplo, en forma de comunicación directa a un Estado miembro sobre la validez de una medida determinada) (71) o implícitas (por ejemplo, una demora injustificada en el procedimiento o la adopción de regímenes similares en el pasado) (72). Una confianza legítima que demuestre que la ayuda concedida es legal, salvo circunstancias excepcionales, no puede ser admisible si la ayuda no se concedió de conformidad con las obligaciones de notificación contempladas en el artículo 108 del TFUE (73).

70

71

72

73

| (205) | La Comisión considera que no existe infracción del principio de la confianza legítima en el caso de autos. De hecho, tal como se explica en los considerandos 147 a 150, las autoridades italianas nunca notificaron la ayuda a la Comisión. Asimismo, la Comisión no aportó ninguna garantía precisa, incondicional y concordante sobre la medida de ayuda o una ayuda compatible (74). |
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(205)

La Comisión considera que no existe infracción del principio de la confianza legítima en el caso de autos. De hecho, tal como se explica en los considerandos 147 a 150, las autoridades italianas nunca notificaron la ayuda a la Comisión. Asimismo, la Comisión no aportó ninguna garantía precisa, incondicional y concordante sobre la medida de ayuda o una ayuda compatible (74).

74

| (206) | La exigencia fundamental de seguridad jurídica, que también está prevista en el artículo 16 del Reglamento de Procedimiento, pretende garantizar la previsibilidad de las situaciones y de las relaciones jurídicas reguladas por el Derecho de la Unión y, por consiguiente, se opone a que la Comisión pueda demorar indefinidamente el ejercicio de sus facultades (75). |
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(206)

La exigencia fundamental de seguridad jurídica, que también está prevista en el artículo 16 del Reglamento de Procedimiento, pretende garantizar la previsibilidad de las situaciones y de las relaciones jurídicas reguladas por el Derecho de la Unión y, por consiguiente, se opone a que la Comisión pueda demorar indefinidamente el ejercicio de sus facultades (75).

75

| (207) | A la luz de las circunstancias tan específicas del caso de autos, la Comisión opina que el principio de seguridad jurídica se subestimó en relación con las autoridades italianas. |
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(207)

A la luz de las circunstancias tan específicas del caso de autos, la Comisión opina que el principio de seguridad jurídica se subestimó en relación con las autoridades italianas.

| (208) | La Comisión observa que existen pruebas que sugieren i) que la Comisión demoró el ejercicio de sus facultades al examinar las medidas en cuestión y ii) que la indicación implícita que dio la Comisión a las autoridades italianas antes de la reapertura del expediente en 2013 pudo haberlas inducido a error sobre la legalidad de las medidas (76). |
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(208)

La Comisión observa que existen pruebas que sugieren i) que la Comisión demoró el ejercicio de sus facultades al examinar las medidas en cuestión y ii) que la indicación implícita que dio la Comisión a las autoridades italianas antes de la reapertura del expediente en 2013 pudo haberlas inducido a error sobre la legalidad de las medidas (76).

76

| (209) | En primer lugar, la Comisión demoró el ejercicio de sus facultades en la fase de análisis de las medidas en cuestión: la Comisión envió una solicitud de información en marzo de 2006, a la que Italia respondió el 3 de abril de 2006, aportando información exhaustiva que debería haber llevado a la Comisión a la conclusión de que la medida examinada constituía en realidad una ayuda pública. Sin embargo, los servicios de la Comisión no tomaron ninguna medida al respecto y el expediente se archivó. El expediente se reabrió solo siete años después, a raíz de una denuncia formal interpuesta en febrero de 2013. Finalmente, la Decisión de incoar el procedimiento se publicó en junio de 2016. |
| --- | --- |

(209)

En primer lugar, la Comisión demoró el ejercicio de sus facultades en la fase de análisis de las medidas en cuestión: la Comisión envió una solicitud de información en marzo de 2006, a la que Italia respondió el 3 de abril de 2006, aportando información exhaustiva que debería haber llevado a la Comisión a la conclusión de que la medida examinada constituía en realidad una ayuda pública. Sin embargo, los servicios de la Comisión no tomaron ninguna medida al respecto y el expediente se archivó. El expediente se reabrió solo siete años después, a raíz de una denuncia formal interpuesta en febrero de 2013. Finalmente, la Decisión de incoar el procedimiento se publicó en junio de 2016.

| (210) | En segundo lugar, la indicación implícita que la Comisión dio a las autoridades italianas antes de la reapertura del expediente en 2013 pudo inducir a error a dichas autoridades acerca de su legalidad. Mediante carta de 3 de abril de 2006, las autoridades italianas declararon que los diques secos en cuestión eran infraestructuras públicas y, como tales, no estaban sujetas a las Directrices sobre construcción naval. Sin embargo, la información facilitada por las autoridades italianas a la Comisión debería haber llevado a la Comisión a la conclusión de que la medida examinada constituía en realidad una ayuda pública a la construcción y reparación naval, que constituía una ayuda estatal y que debería haber sido notificada a la Comisión. Por consiguiente, a pesar de que la Comisión fue informada del carácter del proyecto de inversión subvencionado, no adoptó nuevas medidas ni puso en marcha nuevas investigaciones durante el período 2006-2013 y, de este modo, transmitió a Italia el mensaje implícito de que su calificación de los diques secos como infraestructuras portuarias era correcta. |
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(210)

En segundo lugar, la indicación implícita que la Comisión dio a las autoridades italianas antes de la reapertura del expediente en 2013 pudo inducir a error a dichas autoridades acerca de su legalidad. Mediante carta de 3 de abril de 2006, las autoridades italianas declararon que los diques secos en cuestión eran infraestructuras públicas y, como tales, no estaban sujetas a las Directrices sobre construcción naval. Sin embargo, la información facilitada por las autoridades italianas a la Comisión debería haber llevado a la Comisión a la conclusión de que la medida examinada constituía en realidad una ayuda pública a la construcción y reparación naval, que constituía una ayuda estatal y que debería haber sido notificada a la Comisión. Por consiguiente, a pesar de que la Comisión fue informada del carácter del proyecto de inversión subvencionado, no adoptó nuevas medidas ni puso en marcha nuevas investigaciones durante el período 2006-2013 y, de este modo, transmitió a Italia el mensaje implícito de que su calificación de los diques secos como infraestructuras portuarias era correcta.

| (211) | Los siete años transcurridos entre la respuesta de las autoridades italianas a la carta de la Comisión y la solicitud de información adicional que la Comisión envió a Italia podrían haber inducido a Italia –en este caso específico– a considerar que, a causa del silencio de la Comisión, la posición inicial de Italia, según la cual la medida no entraba dentro del ámbito de aplicación del control de las ayudas estatales y, por lo tanto, no exigía notificación alguna, fue implícitamente aprobada por la Comisión. Si bien es cierto que, en principio, la falta de reacción de la Comisión a la respuesta de un Estado miembro no puede, por sí sola, constituir una infracción del principio de seguridad jurídica, está claro que este caso particular no conduce únicamente a la inacción de la Comisión, sino también a una indicación implícita dada por los servicios de la Comisión a Italia, que se traduce en una combinación de circunstancias excepcionales. Como consecuencia, i) la demora de siete años en el proceso de toma de decisiones de la Comisión (al no haber tomado medidas respecto al escrito inicial de las autoridades italianas de 3 de abril de 2006), junto con ii) la inactividad de la Comisión que, en las circunstancias específicas del caso de autos, podría haberse interpretado como una aceptación tácita de la postura de las autoridades italianas en lo relativo a la determinación y la interpretación del marco jurídico para la evaluación de la medida, pueden haber planteado dudas en cuanto a la legalidad de las medidas e impedido a las autoridades italianas tomar medidas destinadas a adaptar a su debido tiempo las medidas en cuestión a las normas sobre ayudas estatales. |
| --- | --- |

(211)

Los siete años transcurridos entre la respuesta de las autoridades italianas a la carta de la Comisión y la solicitud de información adicional que la Comisión envió a Italia podrían haber inducido a Italia –en este caso específico– a considerar que, a causa del silencio de la Comisión, la posición inicial de Italia, según la cual la medida no entraba dentro del ámbito de aplicación del control de las ayudas estatales y, por lo tanto, no exigía notificación alguna, fue implícitamente aprobada por la Comisión. Si bien es cierto que, en principio, la falta de reacción de la Comisión a la respuesta de un Estado miembro no puede, por sí sola, constituir una infracción del principio de seguridad jurídica, está claro que este caso particular no conduce únicamente a la inacción de la Comisión, sino también a una indicación implícita dada por los servicios de la Comisión a Italia, que se traduce en una combinación de circunstancias excepcionales. Como consecuencia, i) la demora de siete años en el proceso de toma de decisiones de la Comisión (al no haber tomado medidas respecto al escrito inicial de las autoridades italianas de 3 de abril de 2006), junto con ii) la inactividad de la Comisión que, en las circunstancias específicas del caso de autos, podría haberse interpretado como una aceptación tácita de la postura de las autoridades italianas en lo relativo a la determinación y la interpretación del marco jurídico para la evaluación de la medida, pueden haber planteado dudas en cuanto a la legalidad de las medidas e impedido a las autoridades italianas tomar medidas destinadas a adaptar a su debido tiempo las medidas en cuestión a las normas sobre ayudas estatales.

| (212) | Por lo tanto, sobre la base de las circunstancias específicas del caso de autos y de los elementos anteriores tomados en su conjunto, con el fin de garantizar la previsibilidad de las situaciones y de las relaciones jurídicas reguladas por el Derecho de la Unión, la Comisión concluye que las circunstancias específicas del presente asunto implican que Italia no está obligada a recuperar las ayudas incompatibles descritas en la sección 5 en favor de la APN o de CAMED que fueron concedidas antes de la solicitud de información que la Comisión envió a Italia el 28 de febrero de 2013, con la que se reabrió el caso de autos. |
| --- | --- |

(212)

Por lo tanto, sobre la base de las circunstancias específicas del caso de autos y de los elementos anteriores tomados en su conjunto, con el fin de garantizar la previsibilidad de las situaciones y de las relaciones jurídicas reguladas por el Derecho de la Unión, la Comisión concluye que las circunstancias específicas del presente asunto implican que Italia no está obligada a recuperar las ayudas incompatibles descritas en la sección 5 en favor de la APN o de CAMED que fueron concedidas antes de la solicitud de información que la Comisión envió a Italia el 28 de febrero de 2013, con la que se reabrió el caso de autos.

| (213) | En cuanto a las ayudas concedidas después del 28 de febrero de 2013, todas las ayudas incompatibles pueden ser recuperadas por los beneficiarios. La Comisión señala que, tras el envío de la solicitud de información detallada de 28 de febrero de 2013, las autoridades italianas fueron plenamente conscientes de las dudas de la Comisión sobre la legalidad y la compatibilidad de la ayuda. |
| --- | --- |

(213)

En cuanto a las ayudas concedidas después del 28 de febrero de 2013, todas las ayudas incompatibles pueden ser recuperadas por los beneficiarios. La Comisión señala que, tras el envío de la solicitud de información detallada de 28 de febrero de 2013, las autoridades italianas fueron plenamente conscientes de las dudas de la Comisión sobre la legalidad y la compatibilidad de la ayuda.

| (214) | No obstante, como se menciona en el considerando 178, la Comisión observa que todas las medidas en cuestión se concedieron a la APN antes del 28 de febrero de 2013, fecha de la solicitud de información que la Comisión envió a Italia en relación con la denuncia formal de 2013. También se concedieron a CAMED todas las medidas en cuestión antes del 28 de febrero de 2013, ya que obtuvo el derecho legal de recibir la ayuda en virtud del acuerdo de delegación de servicio público de 2004. Por lo tanto, ninguna de las medidas de ayuda objeto del presente asunto fue concedida después del 28 de febrero de 2013. |
| --- | --- |

(214)

No obstante, como se menciona en el considerando 178, la Comisión observa que todas las medidas en cuestión se concedieron a la APN antes del 28 de febrero de 2013, fecha de la solicitud de información que la Comisión envió a Italia en relación con la denuncia formal de 2013. También se concedieron a CAMED todas las medidas en cuestión antes del 28 de febrero de 2013, ya que obtuvo el derecho legal de recibir la ayuda en virtud del acuerdo de delegación de servicio público de 2004. Por lo tanto, ninguna de las medidas de ayuda objeto del presente asunto fue concedida después del 28 de febrero de 2013.

7.3.   Ayuda por recuperar por parte de la APN y de CAMED

Ayuda por recuperar por parte de la APN y de CAMED

| (215) | A la luz de las circunstancias específicas en el caso de autos, como se ha explicado en los considerandos 207 a 211, y de la conclusión que figura en el considerando 214, Italia no debe recuperar ningún importe de la APN y de CAMED. Por las mismas razones, la presente Decisión no obsta para que los futuros pagos de importes de ayudas ya concedidas a la APN (en virtud del Decreto Ministerial de 27 de octubre de 1999, aprobado dentro del marco general establecido por la Ley n.o 413/1998, en relación con el Decreto Ministerial de 2 de mayo de 2001) y a CAMED (con arreglo al acuerdo de delegación de servicio público de 2004) antes del 28 de febrero de 2013. |
| --- | --- |

(215)

A la luz de las circunstancias específicas en el caso de autos, como se ha explicado en los considerandos 207 a 211, y de la conclusión que figura en el considerando 214, Italia no debe recuperar ningún importe de la APN y de CAMED. Por las mismas razones, la presente Decisión no obsta para que los futuros pagos de importes de ayudas ya concedidas a la APN (en virtud del Decreto Ministerial de 27 de octubre de 1999, aprobado dentro del marco general establecido por la Ley n.o 413/1998, en relación con el Decreto Ministerial de 2 de mayo de 2001) y a CAMED (con arreglo al acuerdo de delegación de servicio público de 2004) antes del 28 de febrero de 2013.

o

| (216) | No obstante, en caso de que se planteara la concesión de otras medidas de ayuda en el puerto de Nápoles, Italia estaría obviamente obligada, con arreglo al artículo 108, apartado 3, del TFUE, a notificar las medidas a la Comisión para la correspondiente evaluación de compatibilidad con el mercado interior (excepto, por supuesto, en caso de que dichas medidas hayan sido objeto de una exención por categorías de la obligación de notificación). |
| --- | --- |

(216)

No obstante, en caso de que se planteara la concesión de otras medidas de ayuda en el puerto de Nápoles, Italia estaría obviamente obligada, con arreglo al artículo 108, apartado 3, del TFUE, a notificar las medidas a la Comisión para la correspondiente evaluación de compatibilidad con el mercado interior (excepto, por supuesto, en caso de que dichas medidas hayan sido objeto de una exención por categorías de la obligación de notificación).

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1.   Las ayudas estatales en forma de ayudas a la inversión, concedidas por Italia en favor de la APN mediante Decreto Ministerial de 27 de octubre de 1999, aprobado dentro del marco general establecido por la Ley n.o 413/1998, en relación con el Decreto Ministerial de 2 de mayo de 2001, que Italia ejecutó ilegalmente, infringiendo el artículo 108, apartado 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, son incompatibles con el mercado interior.

2.   Las ayudas estatales en forma de cánones de concesión con importes indebidamente bajos que la autoridad portuaria de Nápoles concedió en favor de CAMED y que Italia ejecutó ilegalmente mediante el acuerdo de delegación de servicio público de 2004 firmado por CAMED y por la APN el 29 de julio de 2004, infringiendo el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, son incompatibles con el mercado interior.

Artículo 2

Italia no está obligada a recuperar la ayuda a la que se refiere el artículo 1.

Artículo 3

El destinatario de la presente Decisión es la República Italiana.

Hecho en Bruselas, el 20 de septiembre de 2018.

Por la Comisión

Margrethe VESTAGER

Miembro de la Comisión

---

(1)  
  DO C 369 de 7.10.2016, p. 78.

1

(2)  Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea (DO L 83 de 27.3.1999, p. 1). Dicho Reglamento fue sustituido por el Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 248 de 24.9.2015, p. 1).

2

o

(3)  Véase la nota 1 a pie de página.

3

(4)  
  Regolamento per l'esercizio dei bacini di carenaggio, http://porto.napoli.it/wp-content/uploads/2015/05/RegolamentoBacini.pdf.

4

Regolamento per l

esercizio dei bacini di carenaggio

(5)  La última modificación del Reglamento se produjo en 2012. http://porto.napoli.it/wp-content/uploads/2015/06/Ordinanza_N.6_03-04-2012.pdf.

5

(6)  Las autoridades italianas explicaron que la empresa había emprendido una serie de transformaciones empresariales y había cambiado su nombre varias veces. En aras de la simplicidad, en la Decisión se emplea la denominación «CAMED» para hacer referencia a la empresa, aunque en el pasado poseía otro nombre (Bacini Napoletani S.p.A.).

6

(7)  Convenio entre la autoridad portuaria de Nápoles y Bacini Napoletani S.p.A., es decir, CAMED, de 12 de junio de 2001. De acuerdo con el acuerdo de 2001, CAMED gestiona el dique seco n.o 3 como mínimo desde 1959.

7

o

(8)  Artículo 36 del Código Naval (Codice navale) y artículo 18 del Reglamento para la ejecución del Código de Navegación Marítima (Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima).

8

Codice navale)

(Regolamento per l

esecuzione del codice della navigazione marittima

(9)  El importe de la inversión indicado en la concesión de 2004 es igual a 24 millones de EUR, y no a 24 000 EUR, como se indica en la Decisión de incoar el procedimiento.

9

(10)  El denunciante, en particular, hizo referencia a la Decisión de la Comisión sobre la ayuda estatal n.o SA. 34940 (N/2012) – Italia – Puerto de Augusta, de 19 de diciembre de 2012 (DO C 77 de 15.3.2013, p. 1).

10

o

(11)  
  Per la realizzazione di opere infrastrutturali di amplimento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta un programma sulla base delle richieste delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime, sentite le regioni interessate.

11

Per la realizzazione di opere infrastrutturali di amplimento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta un programma sulla base delle richieste delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime, sentite le regioni interessate

(12)  
  Decreto 27 ottobre 1999 Adozione del Programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti (GU Serie Generale n. 10 del 14.01.2000).

12

Decreto 27 ottobre 1999 Adozione del Programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti (GU Serie Generale n. 10 del 14.01.2000)

(13)  
  Decreto 2 maggio 2001 Ripartizione delle risorse di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, rifinanziate dall'art. 54, comma 1, della legge n. 488 del 1999 e dall'art. 144, comma 1, della legge n. 388 del 2000 per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, l'ammodernamento e riqualificazione dei porti. (GU Serie Generale n. 199 del 28.08.2001).

13

Decreto 2 maggio 2001 Ripartizione delle risorse di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, rifinanziate dall'art. 54, comma 1, della legge n. 488 del 1999 e dall'art. 144, comma 1, della legge n. 388 del 2000 per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, l'ammodernamento e riqualificazione dei porti. (GU Serie Generale n. 199 del 28.08.2001)

(14)  Asimismo, se concedieron financiaciones adicionales en relación con el artículo 54, apartado 1, de la Ley n.o 488/1999; con el artículo 144, apartado 1, de la Ley n.o 388/2000; y con el artículo 36 de la Ley n.o 166/2002.

14

o

o

o

(15)  Reglamento (CE) n.o 1540/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, sobre ayudas a la construcción naval, en vigor desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2003 (DO L 202 de 18.7.1998, p. 1).

15

o

(16)  
  DO C 317 de 30.12.2003, p. 11. Véase también la Comunicación de la Comisión relativa a la prórroga del Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval (DO C 260 de 28.10.2006, p. 7), y la Comunicación de la Comisión relativa a la prórroga del Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval (DO C 173 de 8.7.2008, p. 3).

16

(17)  
  DO C 364 de 14.12.2011, p. 9.

17

(18)  Véase la Comunicación de la Comisión relativa a la prórroga de la aplicación del Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval (DO C 357 de 6.12.2013, p. 1).

18

(19)  
  DO C 209 de 23.7.2013, p. 1.

19

(20)  Véase la sentencia en el asunto C-222/92, SFEI ECLI:EU:C:1994:396.

20

(21)  Véase la sentencia en el asunto T-156/94, Aristrain/Comisión, SL, ECLI:EU:T:1999:53.

21

(22)  Véase la sentencia en el asunto C-362/09 P, Athinaïki Techniki/Comisión, ECLI: EU: C:2010:783.

22

(23)  Véase la Ley n.o 84 de 28 de enero de 1994. Riordino della legislazione in materia portuale, Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4.2.1994-Supplemento Ordinario n. 21.

23

o

Riordino della legislazione in materia portuale, Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4.2.1994-Supplemento Ordinario n. 21.

(24)  Con arreglo a dicha ley, las principales funciones de las autoridades portuarias italianas son las siguientes: (a) la programación, la coordinación y la promoción de las actividades industriales y comerciales que se efectúen en los puertos; (b) la conservación de un acceso abierto a las infraestructuras y a los espacios; (c) la subcontratación de terceros y el control de las actividades portuarias destinadas a la prestación de servicios de interés general a los usuarios a cambio de una contraprestación.

24

(25)  Las autoridades italianas hacen referencia a la sentencia del asunto T-128/98 Aéroports de Paris/Comisión, ECLI: EU:T:2000:290. Según las autoridades italianas, la posibilidad de determinar libremente el importe de los cánones que cobrará el administrador de una infraestructura a los posibles usuarios constituye una condición necesaria e imprescindible para considerar el canon como comercial y, por lo tanto, las actividades del administrador de infraestructuras como económicas.

25

(26)  De acuerdo con las autoridades italianas, las autoridades nacionales asignaron, en el marco del plan nacional para la rehabilitación de los puertos italianos, mediante la aprobación de la Ley n.o 413/1998, fondos para la realización de obras de infraestructura para la ampliación, modernización y mejora de los puertos, y autorizaron a las autoridades portuarias a invertir en obras de infraestructura en los puertos por una suma total de unos 50 millones de EUR al año.

26

o

(27)  Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley n.o 84/1994 y en el artículo 104 del Decreto legislativo n.o 112/1998, la carga económica por las obras extraordinarias de acondicionamiento sobre las infraestructuras de dominio público de las que el Estado italiano es el único propietario recae en este último.

27

o

o

(28)  La concesión se adjudicó en virtud de artículo 36 del Código de Navegación (Codice di Navigazione) y del artículo 18 del Reglamento para la aplicación del Código de la Navegación Marítima (Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima).

28

Codice di Navigazione

Regolamento per l

esecuzione del codice della navigazione marittima

(29)  Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, DO C 262 de 19.7.2016, p. 1.

29

(30)  Italia señala que, en la sentencia del asunto Aéroports de Paris, se describía como actividad económica la administración de los aeropuertos, y no la construcción de infraestructuras. Por consiguiente, es necesario hacer referencia a la sentencia del asunto Leipzig/Halle. Las autoridades italianas siguen cuestionando la transposición de dicha sentencia al sector portuario; de hecho, existe un riesgo importante de que su aplicación absorba dentro del ámbito de las normas sobre ayudas estatales al conjunto de la política industrial y económica de los Estados miembros en el sector portuario, modificando así los ámbitos de competencia de la Unión y de los Estados miembros, y perjudicando al mismo tiempo a estos últimos.

30

(31)  Decisión 94/374/CE de la Comisión, de 2 de febrero de 1994, relativa a la Ley regional n.o 23/1991 de la región de Sicilia, sobre intervenciones extraordinarias destinadas a la industria, y al artículo 5 de la Ley regional n.o 8/1991 de la región de Sicilia relativa, en particular, a la financiación de la empresa SITAS (DO L 170 de 5.7.1994, p. 36).

31

o

o

(32)  Las autoridades italianas también proporcionaron ejemplos de situaciones similares en las que otros concesionarios que actúan en el puerto de Nápoles firmaron acuerdos semejantes con arreglo a los cuales la autoridad portuaria financió las intervenciones en varias infraestructuras. En particular, las autoridades italianas hacen referencia a un contrato de concesión firmado por la autoridad portuaria con el presente denunciante para el ejercicio de actividades de construcción naval en el puerto de Nápoles, donde el concesionario era responsable de las obras de mantenimiento (ordinario) y la autoridad portuaria se comprometía a financiar la construcción de un nuevo muelle (obras extraordinarias).

32

(33)  Las autoridades italianas explicaron que, especialmente a nivel local en aplicación de la Ley n.o 413/1998, la autoridad portuaria de Nápoles aplicó una serie de medidas utilizando fondos públicos para mejorar y modernizar un gran número de bienes estatales e infraestructuras que usaban empresas activas en todos los sectores económicos, y no solo empresas de construcción naval; además, proporcionaron ejemplos concretos.

33

o

(34)  Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1).

34

(35)  Decisión de la Comisión de 19 de diciembre de 2012, SA.34940 – Puerto de Augusta (DO C 77 de 15.3.2013, p. 1).

35

(36)  
  Legge n. 84/1994, legge quadro italiana sui porti.

36

Legge n. 84/1994, legge quadro italiana sui porti

(37)  Decreto n.o 595 del Ministro de Transporte y Navegación junto con el Ministro del Tesoro y el Ministro de Finanzas de 15 de noviembre de 1995, Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime en la GURI n.o 158 de 8 de julio de 1996.

37

o

Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime

o

(38)  Véase la sentencia del asunto C-41/90 Höfner y Elsner/Macrotron, ECLI:EU:C:1991:161, apartado 21; la sentencia del asunto C-160/91 Poucet y Pistre/AGF y Cancava, ECLI:EU:C:1993:63, apartado 17; y la sentencia del asunto C-35/96 Comisión/Italia, ECLI:EU:C:1998:303.

38

(39)  Véase la sentencia del asunto C-118/85 Comisión/Italia, ECLI:EU:C:1987:283, apartado 7; la sentencia del asunto C-35/96 Comisión/Italia, ECLI:EU:C:1998:303, apartado 36; la sentencia en los asuntos acumulados de C-180/98 a C-184/98, Pavlov y otros, ECLI:EU:C:2000:428, apartado 75.

39

(40)  Véase, por ejemplo, la Decisión de la Comisión de 12 de mayo de 2004 relativa a la ayuda estatal ejecutada por España para una nueva ayuda de acondicionamiento de los astilleros públicos, asunto de ayuda estatal C 40/00 (ex NN 61/00) (2005/173/CE).

40

(41)  ...la concessione è assentita allo scopo di esercitarvi un cantiere di trasformazioni e riparazioni di navi e/o imbarcazioni da diporto nonché per la gestione dei bacini di carenaggio in muratura....

41

la concessione è assentita allo scopo di esercitarvi un cantiere di trasformazioni e riparazioni di navi e/o imbarcazioni da diporto nonché per la gestione dei bacini di carenaggio in muratura...

(42)  Véase la sentencia en el asunto T-314/15, Grecia/Comisión, ECLI:EU:T:2017:903, apartado 79.

42

(43)  El Programa de 27 de octubre de 1999 enumera 20 puertos beneficiarios de los fondos nacionales y el Programa de 2 de mayo de 2001 amplía la lista a 25 puertos.

43

(44)  Véase, por ejemplo, la sentencia en el asunto C-75/97, Bélgica/Comisión, ECLI:EU:C:1999:311, apartado 32; y la sentencia en el asunto C-143/99, Adria-Wien Pipeline & Peggauer Zementwerke, ECLI:EU:C:2001:598, apartado 48.

44

(45)  Véase la sentencia en el asunto C-280/00, Altmark Trans/Regierungsprasidium Magdeburg, ECLI:EU:C:2003:415, apartados 87 y 88.

45

Altmark Trans/Regierungsprasidium Magdeburg

(46)  Véase la sentencia en los asuntos acumulados C-66/16 P y C-69/16 P Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Comisión ECLI:EU:C:2017:999, apartados 72, 73 y 75; véanse también las conclusiones del abogado Wathelet en los asuntos acumulados C-66/16 P a C-69/16 P Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Comisión ECLI:EU:C:2017:654, apartados 112, 114-117 y 121-122.

46

(47)  Véase la Comunicación de la Comisión sobre ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico general de 2011, apartado 50.

47

(48)  Véase la sentencia en los asuntos acumulados C-34/01 y C-38/01, Enirisorse, ECLI:EU:C:2003:640, apartado 33.

48

(49)  Véase la Comunicación de la Comisión C(2001) 9404 sobre la aplicación de las normas de la Unión Europea sobre ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico general, de 20 de diciembre de 2011 (la Comunicación SIEG de 2011), apartado 45.

49

(50)  Véase, por ejemplo, la sentencia en el asunto C-730/79, Philip Morris/Comisión, ECLI:EU:C:1980:209, apartado 11; y la sentencia en el asunto C-372/97, República Italiana/Comisión, ECLI:EU:C:2004:234, apartado 44.

50

(51)  Véase la Decisión de la Comisión de 12 de mayo de 2004 relativa a la ayuda estatal ejecutada por España para una nueva ayuda de acondicionamiento de los astilleros públicos, asunto de ayuda estatal C 40/00 (ex NN 61/00) (2005/173/CE).

51

(52)  Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Bélgica/Comisión, 40/85, ECLI:EU:C:1986:305, apartado 12.

52

(53)  Véase la sentencia en el asunto C-39/94, SFEI y otros, ECLI:EU:C:1996:285, apartados 60 y 61.

53

(54)  Véase la sentencia en el asunto T-454/13, SNCM/Comisión, ECLI:EU:T:2017:134, apartado 233.

54

(55)  Véase, por ejemplo, la Decisión 94/374/CE.

55

(56)  Véase el asunto T-445/05, Associazione italiana del risparmio gestito y Fineco Asset Management/Comisión, ECLI:EU:T:2009:50, apartado 145.

56

(57)  Véase la sentencia en el asunto T-314/15, Grecia/Comisión (ECLI:EU:T:2017:903), apartado 79.

57

(58)  Dicha cifra es el resultado de una extrapolación, para un período de 30 años, del canon medio de concesión que CAMED ya abonó para el período 2004-2017.

58

(59)  En particular, los cánones que otros operadores portuarios pagaron a CAMED se refieren a: i) el uso de los diques secos y ii) la puesta a disposición por parte de CAMED de «servicios asociados», como la entrada, la salida y el mantenimiento del buque en el dique seco, el suministro de electricidad, aire comprimido, grúas de puerto, el seguimiento y la seguridad medioambiental.

59

(60)  Véase la Comunicación SIEG de 2011, apartado 50.

60

(61)  Decisión de la Comisión SA.39622 (2014/N), República de Eslovenia, Ayudas para compensar los daños causados por el hielo en Eslovenia en enero y febrero de 2014 (todos los sectores excepto la agricultura, la silvicultura, la pesca y la acuicultura).

61

(62)  
  DO C 8 de 11.1.2012, p. 15.

62

(63)  Véase la sentencia en el asunto C-245/16 NEREA ECLI: EU:C:2017: 521, apartado 32.

63

(64)  En este caso, Italia remite a la Comunicación 2003/C 317/06, DO C 317 de 30.12.2003, p. 11, en particular, al apartado 12, en el que se establece que «pueden concederse ayudas a la construcción naval de conformidad con artículos [107 y 108 el TFUE] y con toda la legislación y las medidas adoptadas sobre la base de los mismos».

64

(65)  Asunto C-431/14 P, Grecia/Comisión, ECLI:EU:C:2016:145, apartados 70-72.

65

(66)  Véase el apartado 8 (y nota 9 de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para el período 2007-2013 (DO C 54 de 4.3.2006, p. 13): «[...] por otra parte, además de los anteriores, otros sectores [transporte y construcción naval] [...] están sujetos a normas específicas, las cuales toman en consideración la situación particular de los sectores de que se trata, y [...] pueden quedar total o parcialmente exentos de las presentes Directrices»; véase el apartado 2 de las Directrices relativas a las ayudas con finalidad regional (2000-2006) (DO C 74 de 10.3.1998, p. 9): «En algunos sectores afectados por estas Directrices se aplican además directrices sectoriales específicas».

66

(67)  Véase i) el Reglamento (CE) n.o 1540/98, que entró en vigor el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2003; ii) el Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval 2004, aplicable inicialmente desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2006, y que se prorrogó posteriormente hasta el 31 de diciembre de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2011.

67

o

(68)  Véase el artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 1540/98; el apartado 26 del Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval de 2003; el apartado 13 del Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval de 2011; véase también la Decisión de la Comisión sobre las ayudas estatales en el asunto C21/2006 (ex N 635/2005) de la República Eslovaca a favor de la empresa Slovense lodenice Komarno, 2007/529/CE.

68

o

(69)  Véase la sentencia en el asunto 223/85, RSV/Comisión, ECLI: EU: C: 1987, apartado 502.

69

(70)  Véase la sentencia en el asunto C-537/08 P Kahla Thüringen Porzellan/Comisión, ECLI:EU:C:2010:769, apartado 63 y la jurisprudencia citada.

70

(71)  Véase la sentencia en el asunto 267/85, Van den Bergh en Jurgens BV y Van Dijk Food Products (Lopik) BV, ECLI:EU:C:1987:121, apartado 44.

71

(72)  Véase la sentencia en el asunto 223/85 Rijn Schelde Verolme ECLI:EU:C:1987, apartado 502.

72

(73)  Véase la sentencia en los asuntos acumulados C-630/11 P a C-63E/11 P HGA Srl y otros, ECLI:EU:C:2013:387, apartado 134.

73

(74)  Sobre la definición del principio de la confianza legítima, véanse las sentencias del Tribunal de Justicia en el asunto 265/85, Van den Bergh en Jurgens/Comisión (Recopilación 1987, p. 1155, apartado 44), y en el asunto C-152/88, Sofrimport/Comisión (Recopilación 1990, p. I-2477, apartado 26); las sentencias del Tribunal de primera instancia en los asuntos T-290/97, Mehibas Dordtselaan/Comisión (Recopilación 2000, p. II-15, apartado 59), y T- 223/00, Kyowa Hakko Kogyo/Comisión (Recopilación 2003, p. II-2553, apartado 51); sobre la ausencia de confianza legítima de los beneficiarios de una ayuda ejecutada ilegalmente, la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-183/02 P y C-187/02 P, Demesa y Territorio Histórico de Álava/Comisión (Recopilación 2004, p. I-10609, apartados 44 y 45, y la jurisprudencia citada).

74

(75)  Véase la sentencia en los asuntos acumulados C-74/00 P y C-75/00 P, de 24 de septiembre de 2002, Falck y Acciaierie di Bolzano/Comisión, (Rec. 2002, p. I-7869, apartado 140).

75

(76)  Véase la Decisión 2007/256/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2006, relativa al régimen de ayudas ejecutado por Francia en virtud del artículo 39 CA del Code général des impôts — Ayuda estatal C 46/2004 (ex NN65/2004) (DO L 112 de 30.4.2007, p. 41), y la sentencia en el asunto C-408/04 P, Salzgitter, ECLI:EU:C:2008:236, apartado 106.

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