Número Identificador

SEN2023_______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

CRISTINA M. 

VARGAS RIVERA

Recurrida

v.

BRYAN A. 

SANTIAGO SÁNCHEZ

Recurrente

KLRA202300499

Revisión Administrativa

procedente del 

Departamento de la 

Familia

ASUME

Sala Administrativa de 

Mayagüez

Núm. de caso en

ASUME: 0570527

Sobre: Alimentos

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera 

Torres y la Jueza Rivera Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2023.

Comparece el señor Bryan Santiago Sánchez (Sr. Santiago 

Sánchez o recurrente) mediante un recurso de revisión administrativa y 

solicita la revocación de la Resolución en Reconsideración emitida el 15 

de agosto de 2023, notificada el día 21 siguiente, por la Administración de 

Sustento de Menores (ASUME o Agencia), Sala Administrativa de la 

Región de Mayagüez, adscrita al Departamento de la Familia. En el 

referido dictamen, ASUME declaró “no ha lugar” la reconsideración

solicitada por el recurrente.

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos, 

desestimamos el recurso del título por falta de jurisdicción.

I

Como cuestión de umbral, debemos apuntar que, en su recurso de

revisión administrativa, el recurrente solicitó que se le permitiera presentar

el apéndice en fecha posterior.1 A esos efectos, el 22 de septiembre de 

2023, emitimos una Resolución interlocutoria, mediante la cual le 

concedimos “hasta el martes 10 de octubre de 2023 a la parte apelante 

1 Véase, Regla 59 (E) (2) del Reglamento de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.
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para que [presentara] los documentos del apéndice de su recurso.”

Transcurrido el término provisto, no cumplió con lo ordenado.

De todas formas, al tomar como cierto el tracto procesal esbozado 

en la causa del título, auscultamos que, como cuestión de derecho,

carecemos de jurisdicción para atender la petición. Veamos.

El Sr. Santiago Sánchez alegó que, el 29 de marzo de 2017, la

parte recurrida, la señora Cristina M. Vargas Rivera, presentó ante 

ASUME una Petición de Pensión Alimentaria, a beneficio de la alimentista 

B.J.S.V., quien para esa fecha tenía tres años de edad. En su escrito, el 

recurrente desglosó el siguiente trámite administrativo, al que hemos 

impartido énfasis:

[...]

2. El 9 de mayo de 2022, la Examinadora de Pensiones

Alimentarias [en adelante EPA] recibió el documento titulado 

Respuesta Estándar a Verificación de Empleo/Ingreso de 

parte de la Compañía Cintas, ubicada en el estado de 

Louisiana, Estados Unidos de América.

3. El 23 de junio de 2022, la [EPA] envió al recurrente, Bryan 

A. Santiago Sánchez, por correo certificado con acuse de 

recibo, Notificación de Alegación de Establecimiento de 

Pensión Alimentaria. Cabe destacar que dicho documento 

postal, el PS Form 3811 suministrado en el descubrimiento 

de prueba, aunque contiene la firma del recurrente, no 

contiene la fecha en que el mismo fue recibido.

4. En fecha no especificada (Fecha no obra en el expediente 

y si obra no fue descubierto.), la [EPA] notificó, por correo 

ordinario, Citación a Reunión [s]obre Procedimiento

Administrativo Expedito para el 1 de noviembre de 2022 a 

las 10:00 am.

5. El 1 de noviembre de 2022 la Administradora de la 

ASUME por conducto de la [EPA] emitió Resolución 

Dictada en Rebeldía [s]obre Establecimiento de Pensión 

Alimentaria, sin la comparecencia del recurrente. Se 

estableció una pensión alimentaria de $588.37 mensuales, 

efectiva desde el 26 de abril de 2017, estableciéndose una 

cantidad de $37,655.68 en atrasos con un plan de pago de 

[$]176.51 mensuales.

6. El 15 de febrero de 2023 y referida a la Jueza

Administrativa el 16 de febrero de 2023, el recurrente, por 

conducto de su representación legal, presentó Moción

[s]obre Representación Legal y Reconsideración Legal y 

Reconsideración de la Resolución Dictada en [R]ebeldía

y solicitando copia del expediente del caso.

7. El 20 de marzo de 2023, se dictó Resolución 

decretando NO HA Lugar la reconsideración solicitada.
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[...].

Así las cosas, el Sr. Santiago Sánchez expuso también que, el 24 

de marzo de 2023, instó un escrito intitulado Segunda Solicitud de Copia 

de Expediente. En respuesta, el 29 de marzo de 2023, la EPA envió al 

recurrente los siguientes documentos: (1) Planilla de Información 

Personal y Económica de la recurrida; (2) Respuesta Estándar a 

Verificación de Empleo/Ingreso provista por la compañía Cintas; y, (3) PS 

Form 381 del correo postal de los Estados Unidos.

Inconforme, el recurrente solicitó el examen del expediente del 

caso. La EPA le indicó que todos los expedientes eran digitales y que la 

información suministrada constituía los documentos pertinentes al caso.

Todavía insatisfecho, el 19 de abril de 2023, el Sr. Santiago Sánchez

instó Moción de Reconsideración.

En atención a lo peticionado, la Agencia celebró una vista de 

reconsideración el 1 de agosto de 2023, a la que compareció el recurrente 

y la Procuradora Auxiliar de Familia. Afirma el recurrente que la única 

prueba presentada fue su testimonio bajo juramento, el cual no fue 

controvertido por la Procuradora. El Sr. Santiago Sánchez aseveró que 

esta no presentó prueba testifical ni documental alguna. Así pues, el 15 

de agosto de 2023, notificada el 21 de agosto de 2023, ASUME emitió 

una Resolución en Reconsideración, en la que decretó “no ha lugar” a la 

reconsideración solicitada.

No conteste, el 20 de septiembre de 2023, el Sr. Santiago Sánchez

presentó el recurso del epígrafe y señaló los siguientes errores:

Erró la Honorable Agencia al determinar que el recurrente 

recibió la notificación de la Resolución en Rebeldía en fecha 

distinta a la vertida por este, cuando la única prueba que 

desfiló en la vista, el testimonio bajo juramento del 

recurrente, no fue controvertida.

Erró la Honorable Agencia Administrativa al emitir una 

resolución basada en prueba que no obraba en el

expediente y si obraba no le fue descubierta a la parte 

recurrente violando así el derecho de este a un debido 

proceso de ley.
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II

A

En su parte pertinente, la Sección 3.15, Reconsideración, estatuida 

en la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LAUG), 3 LPRA sec.

9601 et seq., regula el término para presentar una solicitud de 

reconsideración ante el organismo administrativo adjudicador.

Específicamente, dispone lo siguiente:

La parte adversamente afectada por una resolución u 

orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte 

(20) días desde la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la resolución u orden, presentar una 

moción de reconsideración de la resolución u orden. La 

agencia dentro de los quince (15) días de haberse 

presentado dicha moción deberá considerarla. Si la 

rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) 

días, el término para solicitar revisión comenzará a correr 

nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o 

desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso. 

Si se tomare alguna determinación en su consideración, el 

término para solicitar revisión empezará a contarse desde la 

fecha en que se archive en autos una copia de la 

notificación de la resolución de la agencia resolviendo 

definitivamente la moción de reconsideración. Tal 

resolución deberá ser emitida y archivada en autos

dentro de los noventa (90) días siguientes a la 

radicación de la moción de reconsideración. Si la 

agencia acoge la moción de reconsideración pero deja de 

tornar alguna acción con relación a la moción dentro de los 

noventa (90) días de ésta haber sido radicada, perderá 

jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la 

revisión judicial empezará a contarse a partir de la 

expiración de dicho término de noventa (90) días salvo que 

la agencia, por justa causa y dentro de esos noventa (90) 

días, prorrogue el término para resolver por un período que 

no excederá de treinta (30) días adicionales. [...] (Énfasis 

nuestro.) 3 LPRA sec. 9655.

Si bien la solicitud de reconsideración no es jurisdiccional, toda vez 

que la parte afectada puede acudir directamente ante este foro 

intermedio, salvo que la ley orgánica de la agencia establezca otra cosa,

el término de 20 días para presentar el pedimento de reconsideración sí

es de naturaleza jurisdiccional, según estatuye la LPAUG. Véase, Perfect 

Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR 745 (2004). Por tanto, la 

presentación o notificación de una solicitud de reconsideración fuera de 
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dicho término priva de jurisdicción al ente administrativo y, por

consiguiente, a este tribunal intermedio.

B

La Parte VII del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B, dispone todo lo concerniente con las revisiones 

administrativas. En particular, la Regla 59 versa sobre el contenido de los 

recursos de revisión judicial que incluye, en parte, lo siguiente:

. . . . . . . .

(E) Apéndice

(1) El recurso de revisión incluirá un Apéndice que 

contendrá una copia literal de:

(a) Las alegaciones de las partes ante la agencia, a 

saber, la solicitud original, la querella o la apelación y 

las contestaciones a las anteriores hechas por las

demás partes.

(b) [...]

(c) La orden, resolución o providencia administrativa 

objeto del recurso de revisión que se solicita, 

incluyendo las determinaciones de hechos y las 

conclusiones de derecho en que esté fundada, cuando 

procedieren.

(d) Toda moción, resolución u orden necesaria para 

acreditar la interrupción y reanudación del término para 

presentar el recurso de revisión.

(e) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de 

cualquiera de las partes que forme parte del expediente 

original administrativo, en los cuales se discuta 

expresamente cualquier asunto planteado en el recurso de 

revisión o que sean relevantes a esta.

(f) Cualquier otro documento que forme parte del 

expediente original en la Agencia y que pueda ser útil al 

Tribunal de Apelaciones en la resolución de la 

controversia.

(g) [...] (Énfasis nuestro.)

De otra parte, es norma conocida que los tribunales debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción. Souffront v. AAA, 164 DPR 

663, 674 (2005). No poseemos la facultad de atribuirnos jurisdicción si no 

la tenemos, ni las partes en litigio no las pueden arrogar. Maldonado v.

Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). La ausencia de jurisdicción 

es, simplemente, insubsanable. Id. Así pues, cuando un tribunal 

determina que no tiene la autoridad para atender un recurso, solo puede
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así declararlo y desestimar el caso. Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc.,

158 DPR 345, 355 (2003). 

Cónsono con lo anterior, nuestro Reglamento, nos concede 

facultad para desestimar, a instancia propia, un recurso cuando 

carecemos de jurisdicción. Ello así, porque la jurisdicción es un asunto 

que debemos examinar con cuidado, pues si no poseemos autoridad 

en ley para dirimir una causa, cualquier pronunciamiento será nulo, 

salvo que sea para declarar la falta de jurisdicción y desestimar. 

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). En fin, las 

cuestiones de jurisdicción deben ser resueltas con preferencia. 

En específico, el inciso (C) de la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C), dispone que, a

iniciativa propia, este foro intermedio puede desestimar un recurso por 

cualesquiera de los motivos consignados en el inciso (B) precedente.

2 A 

tales efectos, el inciso (B) de la citada norma establece los siguientes 

fundamentos, a los que hemos impartido énfasis: 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción;

(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 

cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa 

causa para ello.

(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia

o de buena fe;

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se 

ha presentado una controversia sustancial o que ha sido 

interpuesto para demorar los procedimientos;

(5) que el recurso se ha convertido en académico.

III

En la causa de autos, el Sr. Santiago Sánchez nos solicita dejar sin 

efecto el pronunciamiento administrativo y ordenar a ASUME que señale 

una vista “para el establecimiento de una pensión alimentaria”.

3 A pesar 

de su falta de diligencia al no incluir el apéndice del recurso, lo cierto es 

que, por sus propios dichos, indica que, el 15 de enero de 2023, recibió 

la Resolución Dictada en Rebeldía sobre Establecimiento de Pensión 

2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B).

3 Véase, Escrito de Revisión de Decisión Administrativa, a la pág. 14.
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Alimentaria, emitida el 1 de noviembre de 2022 por ASUME.

4 Enfatiza 

que así lo declaró en la vista de 1 de agosto de 2023 y que su testimonio

no fue controvertido por la Procuradora Auxiliar de Familia. Asimismo, el 

recurrente sostiene en el escrito que, por conducto de su representación

legal, solicitó la reconsideración de la decisión administrativa el 15 

de febrero de 2023; esto es, 31 días de presuntamente haber recibido el 

dictamen de la Agencia. Según reseñamos, el término jurisdiccional para 

solicitar reconsideración de las resoluciones finales emitidas por las 

agencias administrativas que se rigen por el estatuto uniformador se 

extiende a 20 días. En consecuencia, a pesar de no contar con el

expediente administrativo que el recurrente debió unir como apéndice, al 

adoptar el tracto procesal consignado por este, es forzoso concluir que

carecemos de jurisdicción para atender su reclamo. Por tanto, al palio de 

la Regla 83 de nuestro Reglamento, supra, procede la desestimación del 

recurso.

IV

Por los fundamentos expuestos, se desestima la petición de 

revisión judicial por falta de jurisdicción.

Notifíquese.

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

4 Del recurso se desprende que, según ASUME, notificó la Resolución Dictada en 

Rebeldía sobre Establecimiento de Pensión Alimentaria el 4 de noviembre de 2022;

véase, Escrito de Revisión de Decisión Administrativa, a la pág. 13.