Número Identificador

SEN2024________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

ISAELYS A. VEGA CARBALLO 

Y MIGUEL ROSARIO TORRES 

EN REP. RICURA CARIBEÑA, 

LLC.

Parte Recurrida

v.

MELMARY AGUILAR RÍOS

Parte Peticionaria

KLCE202400593

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Municipal de

Mayagüez

Caso Núm.:

O LA2024-079

Sobre:

Ley 284-1999, 

Ley Contra el 

Acecho en Puerto 

Rico, según 

enmendada por 

la Ley Núm. 44-

2016

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio de 2024.

Comparece la señora Melmary Aguilar Ríos (Sra. Aguilar) y 

solicita que revoquemos la Orden de Protección al Amparo de la Ley 

contra el Acecho en Puerto Rico emitida y notificada el 8 de abril de 

2024, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de 

Mayagüez. Mediante el referido dictamen, el foro primario emitió una 

orden de protección a favor de la Sra. Isaelys A. Vega Caraballo y el 

Sr. Miguel Rosario Torres, y en contra de la Sra. Aguilar, con 

vigencia de un (1) año.

Examinado el recurso, así como la regrabación de la prueba 

oral, y a tenor con los criterios (A), (C) y (G) de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento1, expedimos el auto de certiorari y revocamos la orden 

de protección recurrida.

1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202400593 2

I.

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, el 

18 de marzo de 2024, la Sra. Isaelys A. Vega Caraballo y el Sr. Miguel 

Rosario Torres (en conjunto, señores Vega-Rosario) presentaron por 

derecho propio una Petición de Orden de Protección al Amparo de la 

Ley contra el Acecho en Puerto Rico, Ley Núm. 284 de 21 de agosto 

de 1999, según enmendada, 33 LPRA sec. 4013 et seq. (Ley Núm. 

284-1999), contra la Sra. Aguilar. En síntesis, alegaron: 

1. Que he sido víctima de acecho por la parte 

peticionada consistente en que: intencionalmente, o a 

sabiendas de que razonablemente podría sentirme 

intimidado(a), ha manifestado un patrón de conducta 

consistente en amenazas, persecución u hostigamiento, 

comunicaciones verbales o escritas no deseadas o actos 

de vandalismo para atemorizarme, que podría 

causarme daños, podría causar daño a mis bienes o 

podría causar daños a un miembro de mi familia o a sus 

bienes.

2. El acecho que he sufrido ocurrió en o durante las 

fechas siguientes: 

Lugar: En predios de mi finca (Ricura Caribeña, LLC); 

Fecha: 16 de marzo de 2024.

Lugar: vía telefónica en predios de mi finca (Ricura 

Caribeña, LLC); 

Fecha: 17 de marzo de 2024. 

Debido a lo anterior, los señores Vega-Rosario solicitaron que 

se ordenara a la Sra. Aguilar abstenerse de molestarlos, acosarlos, 

perseguirlos, intimidarlos o amenazarlos, incluyendo a cualquier 

miembro de su familia; de acercarse o penetrar a su negocio y sus 

alrededores; de tener contacto o interferir con ellos mediante redes 

sociales; de causarle daños a sus bienes y de acercarse a sus 

mascotas. Los señores Vega-Rosario también reclamaron que se 

ordenara a la Sra. Aguilar pagar una indemnización ascendente a 

$3,150.00 por los daños sufridos a consecuencia del acecho.

El 18 de marzo de 2024, y luego de escuchar a los señores 

Vega-Rosario, el TPI expidió de manera ex parte la orden de 

protección solicitada, al amparo de la Ley Núm. 284-1999. En ésta 

formuló las siguientes determinaciones de hechos:
KLCE202400593 3

Escuchada la prueba presentada el Tribunal expide 

exparte la orden de protección solicitada al amparo de 

la Ley 284, Ley contra el Acecho en Puerto Rico por 

configurarse el patrón de acecho establecido [en] la ley 

consistente en que la peticionada acosa, acecha, 

amenaza y maltrata de palabra a la parte peticionada 

temiendo estos por su seguridad.2

El TPI concluyó que los señores Vega-Rosario demostraron 

que existía una probabilidad sustancial de riesgo inmediato a su 

seguridad o a la seguridad de algún miembro de su familia y que dar 

notificación previa a la parte peticionada provocaría el daño 

irreparable que se intentaba prevenir al solicitar la orden de 

protección. 

En virtud de lo anterior, el TPI le ordenó a la Sra. Aguilar 

abstenerse de acosar, perseguir, intimidar, amenazar o de cualquier 

otra forma interferir con los señores Vega-Rosario o con miembros 

de su familia. A su vez, ordenó a la Sra. Aguilar abstenerse de 

penetrar o acercarse al hogar de los señores Vega-Rosario, su lugar 

de empleo, el hogar de sus familiares; su negocio, la escuela y lugar 

de cuido a la que asisten sus hijos o cualquier menor bajo su 

custodia, así como a los alrededores de cualquiera de los 

mencionados. También, el TPI ordenó a la Sra. Aguilar abstenerse 

de realizar llamadas telefónicas a los señores Vega-Rosario y de 

enviar mensajes de texto o de voz a sus números telefónicos 

personales, lugar de trabajo, o a sus familiares y amigos. De igual 

forma, el TPI le requirió a la Sra. Aguilar abstenerse de enviar 

correos electrónicos, cartas o facsímiles a los señores Vega-Rosario; 

de tener contacto o interferir con ellos mediante redes sociales; de 

causarle daños a sus bienes y de acercarse a sus mascotas. Por 

último, le ordenó a la Sra. Aguilar entregar a la Policía de Puerto 

Rico cualquier arma de fuego que le perteneciera o tuviera bajo su 

control. 

2 Apéndice del recurso, págs. 11-16, a la pág. 13.
KLCE202400593 4

El TPI dispuso que la orden estaría vigente hasta el 1 de abril 

de 2024, fecha para la cual se pautó la vista en su fondo. A su vez, 

citó a la Sra. Aguilar para que compareciera en esa fecha a prestar 

su declaración con relación a la solicitud. Llegado el día, el TPI 

extendió la orden de protección ex parte3 y reseñaló la vista final 

para el 8 de abril de 2024. 

El 8 de abril de 2024, ambas partes comparecieron a la vista 

con sus respectivas representaciones legales. Luego de aquilatar la 

prueba presentada, el TPI expidió la orden de protección al amparo 

de la Ley contra el Acecho en Puerto Rico a favor de los esposos VegaRosario, y en contra de la Sra. Aguilar, con vigencia de un (1) año.4

En tal virtud, ordenó a la Sra. Aguilar abstenerse de acosar, 

perseguir, intimidar, amenazar o de cualquiera otra forma interferir 

con los señores Vega-Rosario o miembros de su familia. También le 

ordenó a la Sra. Aguilar abstenerse de acercarse o penetrar al hogar 

de los señores Vega-Rosario, su lugar de empleo, el hogar de sus 

familiares; su negocio, la escuela y lugar de cuido a la que asisten 

sus hijos o cualquier menor bajo su custodia, así como a los 

alrededores de cualquiera de los mencionados. También, el TPI 

dictaminó que la Sra. Aguilar se abstuviera de realizar llamadas 

telefónicas a los señores Vega-Rosario y de enviar mensajes de texto 

o de voz a sus números telefónicos personales, lugar de trabajo, o a 

sus familiares y amigos. De igual forma, el TPI le requirió a la Sra. 

Aguilar abstenerse de enviar correos electrónicos, cartas o facsímiles

a los señores Vega-Rosario; de tener contacto o interferir con ellos 

mediante redes sociales; de causarle daños a sus bienes y de 

acercarse a sus mascotas. Por último, le ordenó a la Sra. Aguilar 

entregar a la Policía de Puerto Rico cualquier arma de fuego que le 

perteneciera o tuviera bajo su control. 

3 Íd., págs. 5-10.

4 Íd., págs. 18-23.
KLCE202400593 5

Sin embargo, a pesar de la orden adversa a la Sra. Aguilar, la 

resolución carece de determinaciones de hechos que fundamenten 

la decisión. 

Así las cosas, el 22 de abril de 2024, la Sra. Aguilar presentó 

una Moción Urgente Asumiendo Co-Representación Legal de la Parte 

Peticionada y en Solicitud de Reconsideración al Amparo de la Regla 

47 de Procedimiento Civil de Puerto Rico. En esencia, adujo que de la 

prueba desfilada surgía que había ocurrido un solo incidente entre 

las partes, razón por la cual no se configuró el patrón de acecho 

requerido por la precitada ley.

Mediante Notificación de 26 de abril de 2024, el TPI denegó la 

solicitud de co-representación legal y la moción de reconsideración.

Inconforme, el 28 de mayo de 2024, la Sra. Aguilar presentó 

el recurso que nos ocupa y apuntó los siguientes señalamientos de 

error:

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de Mayagüez al expedir y declarar ha lugar la 

orden de protección OLA2024—00-079 al amparo de la 

Ley 284-1999 solicitada por las partes peticionarias a 

pesar [de] no existir todos los elementos necesarios para 

la expedición de esta.

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de Mayagüez al expedir la orden de 

protección en clara violación de las garantías mínimas 

del debido proceso de ley, toda vez que la vista final fue 

precedida por el mismo juez que había atendido una 

vista de Ley 140-1974, el mismo día, entre las mismas 

partes, sobre hecho y controversias íntimamente 

relacionadas y no se le permitió a la parte peticionada 

estar representada del abogado de selección.

Toda vez que el TPI adjudicó la orden de protección final sin 

consignar las determinaciones de hechos que explicasen su 

razonamiento decisorio, y a los fines descargar responsablemente 

nuestra función apelativa, el 6 de junio de 2024, este Tribunal emitió 

una resolución al amparo de la Regla 83.1 de nuestro Reglamento, 

4 LPRA Ap. XXII-B, requiriéndole al foro recurrido que elaborara las 
KLCE202400593 6

determinaciones de hechos que dieron lugar a las conclusiones de 

derecho de la orden de protección.

En cumplimiento con nuestra orden, el 10 de junio de 2024, 

el TPI dictó y notificó la Resolución, en la que formuló las siguientes 

determinaciones de hechos:

1. La Peticionaria tuvo varios incidentes con la Sra. 

Mirta Ríos Hernández los días 17, 19 de marzo y 2 de 

abril de 2024 en la finca de su propiedad en presencia 

de estudiantes. 

2. La Sra. Mirta Ríos Hernández el 19 de marzo de 2024 

junto a Melmary Aguilar Ríos5, entró a la propiedad de 

la Peticionaria sin autorización mediando orden de 

protección vigente a su favor.

3. El 1 de abril de 2024 la Peticionaria acudió a su 

propiedad para colocar los puntos de colindancia.

4. La Sra. Ríos Hernández junto a Melmary Aguilar Ríos 

intentaron quitar los puntos de colindancia en la 

propiedad de la Peticionaria.

5. La Sra. Aguilar Ríos aceleró y lanzó su vehículo de 

motor donde se encontraba la Peticionaria.

6. La Sra. Ríos Hernández quitó uno de los puntos de 

colindancia e indicó que se (sic) quitaría los demás.

7. La Peticionaria se siente intimidada y amenazada por 

la Sra. Ríos Hernández.

8. La Sra. Ríos Hernández admitió que no es dueña de 

la propiedad.

9. La Sra. Ríos Hernández admitió que entró a la 

propiedad entró a la propiedad (sic) sin autorización de 

la Peticionaria.

10. La Sra. Ríos Hernández admitió que removió el 

cemento y puntos de colindancias de la propiedad sin 

autorización de la Peticionaria. 

11. La Sra. Ríos Hernández no tiene negocio o derecho 

propietario alguno sobre la propiedad perteneciente a la 

Peticionaria. (Nota al calce en el original).

El 2 de julio de 2024, le concedimos a las partes hasta el 8 de 

julio de 2024 para expresarse en torno a la resolución emitida por 

el foro de instancia. La Sra. Aguilar compareció mediante un Escrito 

en Cumplimiento de Orden.

5 Melmary Aguilar Ríos es hija de la Sra. Mirta Ríos Hernandez.
KLCE202400593 7

Transcurrido el término concedido a la parte recurrida, 

esposos Vega-Rosario, para que ésta compareciera sin que así lo 

hiciera, procedemos a adjudicar el recurso sin el beneficio de su 

posición.

II.

A.

En nuestro ordenamiento, es norma conocida que los 

tribunales apelativos no intervendrán con la apreciación de la 

prueba, la adjudicación de credibilidad y las determinaciones de 

hechos que realizan los tribunales de instancia, a menos que se 

demuestre que el juzgador actuó movido por pasión, prejuicio o 

parcialidad, o que incurrió en error manifiesto.6 Ello pues, porque 

los jueces de primera instancia son quienes están en mejor posición 

de aquilatar la prueba y adjudicar credibilidad, que incluye, entre 

otros factores, ver el comportamiento de los testigos mientras 

ofrecen su testimonio.7 Sólo se podrá intervenir con sus 

determinaciones cuando la apreciación de la prueba no represente 

el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

prueba.8

El Tribunal Supremo ha expuesto que incurre en pasión, 

prejuicio o parcialidad el “juzgador que actúe movido por 

inclinaciones personales de tal intensidad que adopta posiciones, 

preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus causas que 

no admiten cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala 

e incluso antes de que someta prueba alguna”.9

6 Pueblo v. Hernández Doble, 210 DPR 850, 864 (2022); Ortiz Ortiz v. Medtronics, 

209 DPR 759, 778 (2022); Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 

(2021); Gómez Márquez v. El Oriental, 203 DPR 783, 793 (2020); Citibank et al. v. 

ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018).

7 Ortiz Ortiz v. Medtronics, supra, págs. 778-779; Gómez Márquez v. El Oriental, 

supra, pág. 792; Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013).

8 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011).

9 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013), seguido en Pueblo v. 

Hernández Doble, supra, págs. 864-865.
KLCE202400593 8

Por otro lado, “se incurre en error manifiesto cuando la 

apreciación de esa prueba se distancia de la realidad fáctica o es

inherentemente imposible o increíble”.

10 De igual forma, el Tribunal 

Supremo ha señalado que las conclusiones del foro de instancia se 

considerarán claramente erróneas si un análisis de la totalidad de 

la prueba recibida revela que las conclusiones están en conflicto con 

el balance más racional, justiciero y jurídico.11

Por consiguiente, los tribunales apelativos están facultados 

para sustituir el criterio de los tribunales de instancia cuando, a la 

luz de la prueba admitida no existe base suficiente que sustente su 

determinación.

12

En otro extremo, a pesar de la norma de deferencia judicial, 

el Tribunal Supremo ha indicado que cuando las determinaciones 

de hecho del foro primario estén basadas en prueba pericial o 

documental, el tribunal revisor se encuentra en la misma posición 

que el foro revisado. Por consiguiente, el tribunal apelativo tendrá la 

facultad de adoptar su propio criterio en la apreciación y evaluación 

de la prueba pericial, y hasta para descartarla, aunque resulte 

técnicamente correcta.13

B.

La Ley contra el Acecho en Puerto Rico, Ley Núm. 284 de 21 de 

agosto de 1999, según enmendada, 33 LPRA sec. 4013 et seq. (Ley 

Núm. 284-1999), fue aprobada con el fin de “tipificar como delito y 

penalizar todo patrón de conducta de acecho, que induzca temor en 

el ánimo de una persona prudente y razonable de sufrir algún daño 

físico en su persona, sus bienes y/o en la persona de un miembro 

de su familia, y proveer los mecanismos adecuados para intervenir 

oportunamente en los casos de acecho, ofreciendo protección a las 

10 Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018), seguido en Pueblo v. 

Hernández Doble, supra, pág. 865.

11 Pueblo v. Hernández Doble, supra.

12 Íd.

13 Íd., pág. 777.
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víctimas de este tipo de comportamiento”. Exposición de Motivos de 

la Ley Núm. 284-1999.

El Art. 3, inciso (a), de la citada ley, define el acecho de la 

siguiente manera:

Acecho. – Significa una conducta mediante la cual se 

ejerce una vigilancia sobre determinada persona; se 

envían comunicaciones verbales o escritas no deseadas 

a una determinada persona, se realizan amenazas 

escritas, verbales o implícitas a determinada persona, 

se efectúan actos de vandalismos dirigidos a 

determinada persona, se hostiga repetidamente 

mediante palabras, gestos o acciones dirigidas a 

intimidar, amenazar o perseguir a la víctima o a 

miembros de su familia. 33 LPRA sec. 4013, inciso (a). 

El Art 4, inciso (a), de la ley expone la conducta delictiva que 

constituye acecho. A tales efectos, expresa que:

(a) Toda persona que intencionalmente manifieste un 

patrón constante o repetitivo de conducta de acecho 

dirigido a intimidar a una determinada persona a los 

efectos de que ella, o cualquier miembro de su familia 

podría sufrir daños, en su persona o en sus bienes; o 

que mantenga dicho patrón de conducta a sabiendas de 

que determinada persona razonablemente podría 

sentirse intimidada incurrirá en delito menos grave. 33 

LPRA sec. 4014.

Mientras, el Art. 3, inciso (b), del estatuto establece que el 

patrón de conducta persistente “significa realizar en dos (2) o más 

ocasiones actos que evidencian el propósito intencional de intimidar 

a determinada persona o a miembros de su familia”. 33 LPRA sec.

4013, inciso (b).

El tribunal expedirá la orden de protección si determina que 

existen motivos suficientes para creer que la parte peticionaria ha 

sido víctima de acecho. 33 LPRA sec. 4015, inciso (c). A discreción 

del TPI, la Orden puede ir dirigida a prevenir que la parte peticionada 

moleste, intimide, amenace o de cualquier otra forma aceche o 

interfiera con la parte peticionaria o un miembro de su familia. Íd.

Toda orden de protección podrá ser revisada por el Tribunal 

de Apelaciones. Art. 5 de la Ley Núm. 284-1999, 33 LPRA sec. 4015 

(d).
KLCE202400593 10

III.

En su primer señalamiento de error, la Sra. Aguilar aduce que

el TPI incurrió en error manifiesto en la apreciación de la prueba y 

abusó de su discreción al emitir una orden de protección en su 

contra, en ausencia de prueba que demostrara que ésta hubiera 

incurrido en el patrón de conducta repetitivo de acecho requerido 

por la Ley Núm. 284-1999 para la expedición de la orden.

Luego de escuchar detenidamente la regrabación de la vista

del 8 de abril de 2024, que incluye el testimonio de la Sra. Isaelys A. 

Vega Caraballo (Sra. Vega), y examinadas las determinaciones de 

hechos formuladas por el TPI, concluimos que erró el foro primario 

al expedir la orden de protección en contra de la Sra. Aguilar. Nos 

explicamos.

Durante su testimonio, la Sra. Vega declaró que el 16 de 

marzo de 2024 estaba colocando una verja de colindancia y al 

terminar de hacer los huecos en la tierra y colocar los tubos, recibió 

una llamada de amenaza de una persona que dijo ser el hermano de 

la Sra. Aguilar. Continuó testificando que el 17 de marzo de 2024, 

ocurrió un incidente con la Sra. Mirta Ríos Hernandez, quien es la 

madre de la Sra. Aguilar. La Sra. Vega indicó que ese 17 de marzo 

de 2024, la Sra. Aguilar no se encontraba en el área porque estaba 

en el Festival de las Chinas.

La Sra. Vega habló también de un incidente ocurrido el 2 de 

abril de 2024, en el que adujo que la Sra. Aguilar y su madre 

intentaron quitar los puntos de la colindancia. Además, aseveró que 

ese día la Sra. Aguilar aceleró su vehículo de motor hacia donde se 

encontraba la testigo.

A base de dicha prueba, el TPI expidió la orden de protección 

final en contra de la Sra. Aguilar. Sin embargo, las determinaciones 

de hecho a las que llegó al tribunal al expedir esta orden más bien 

reseñan un patrón de eventos o de conducta realizado por la Sra. 
KLCE202400593 11

Mirta Ríos Hernández, madre de la Sra. Aguilar, y no por ésta 

directamente. De tal forma, el TPI concluyó, en síntesis, que: (1) la 

parte peticionaria tuvo varios incidentes con la Sra. Ríos Hernández 

los días 17, 19 de marzo y 2 de abril de 2024, en la finca de su 

propiedad; (2) la Sra. Ríos Hernández el 19 de marzo de 2024, junto 

a la Sra. Aguilar, entraron a la propiedad de la parte peticionaria sin 

autorización; (3) La Sra. Ríos Hernández, junto a la Sra. Aguilar, 

intentaron quitar los puntos de colindancia en la propiedad de la 

parte peticionaria; (4) la Sra. Aguilar aceleró y lanzó su vehículo de 

motor donde se encontraba la peticionaria; y (5) la Sra. Ríos 

Hernández quitó uno de los puntos de colindancia e indicó que 

quitaría los demás. 

Sin embargo, y conforme al marco jurídico esbozado, 

colegimos que los incidentes descritos demuestran que la Sra. 

Aguilar solamente participó en el evento ocurrido el 19 de marzo de 

2024, el cual, si bien estuvo dirigido a intimidar a la Sra. Vega, no 

satisface el requisito de un patrón de conducta persistente necesario 

para justificar la expedición de una orden de protección por acecho. 

Dicho de otra forma, la conducta desplegada por la Sra. Aguilar 

constituyó un evento aislado que no cumple con la definición de 

acecho. De hecho, las determinaciones del tribunal colocan a la Sra. 

Ríos Hernández como la única persona que incurrió en actos 

repetitivos que pudieran ser considerados como acecho.

En torno al segundo señalamiento de error, en el que se 

cuestiona el hecho de que el mismo juez presidió tanto la vista inicial 

como la vista final de la orden de protección, el Tribunal Supremo 

ha expresado - dentro del contexto de una causa criminal- que, a 

menos que se demuestre específicamente prejuicio y parcialidad de 

parte de un juez que preside una vista, el hecho de que ese mismo 

juez haya participado en procedimientos anteriores relacionados con 
KLCE202400593 12

el caso, no lo descualifica para actuar en la vista principal.14 En el 

presente caso, las alegaciones presentadas no constituyen prueba 

para validar imputaciones de prejuicio o parcialidad de parte del 

juzgador que presidió las vistas del presente caso.

En fin, no encontramos prueba alguna que demuestre que la 

Sra. Aguilar incurriera en un patrón de conducta persistente que 

evidenciara el propósito intencional de intimidar a los señores VegaRosario. Por consiguiente, concluimos que incidió el foro primario al 

expedir la orden de protección en contra de la Sra. Aguilar. Siendo 

así, procede revocar la resolución recurrida.

IV.

En virtud de lo anterior, expedimos el auto de certiorari y 

revocamos la orden de protección expedida en contra de la Sra. 

Melmary Aguilar Ríos. 

Notifíquese.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. La jueza Cintrón Cintrón disiente sin 

opinión escrita.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

14 Pueblo v. Dones Arroyo, 106 DPR 303, 317 (1977).