Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

CARLOS ITURRINO 

CARRILLO, ISABEL 

GARCÍA GALANES Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES

COMPUESTA POR AMBOS

Peticionarios

v.

MARINA PUERTO DEL 

REY, ST. JAMES 

SECURITY, INC. Y OTROS

Recurridos

KLCE202301305

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Fajardo

Caso núm.: 

FA2018CV00695 

(302)

Sobre: Daños

por Violación a 

Propiedad 

Intelectual

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez

Candelaria Rosa y el Juez Marrero Guerrero.

1

Sánchez Ramos, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2024.

En un caso de daños y perjuicios por un supuesto vandalismo 

a un bote en una marina, el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) 

determinó que no se admitiría el testimonio de un perito de los 

demandantes. Según se explica en detalle a continuación, 

concluimos que erró el TPI, pues el perito fue anunciado 

oportunamente por los demandantes y no está presente situación 

extrema alguna que justificara la drástica sanción impuesta.

I.

En septiembre de 2018, el Dr. Carlos Iturrino Carillo, la Dra. 

Isabel García Galanes y la sociedad legal de gananciales por ambos 

compuesta (los “Demandantes”), presentaron la acción de 

1 El recurso fue asignado a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden 

Administrativa OAJP-2021-086, de 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para 

la Asignación de Recursos Nuevos Previamente Presentados en el Tribunal de 

Apelaciones. Como consecuencia de la referida orden, este recurso, así como todo 

recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal de 

Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel, quienes 

adjudicaron el correspondiente recurso anterior (KLCE202200477 CONS. 

KLCE202200489).
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referencia, sobre daños y perjuicios (la “Demanda”), en contra de 

Marina Puerto del Rey Operations, LLC (la “Marina”), y de St. James 

Security Inc. (“St. James”). Alegaron que su embarcación, modelo 

Manta, “center console”, de 28 pies de eslora (el “Bote”), se hundió 

el 17 de septiembre de 2017, mientras estaba en las facilidades de 

la Marina. Se alegó que ello ocurrió a consecuencia de un acto 

vandálico -- la desconexión de una manga -- que fue posible por 

negligencia en el deber de los demandados de proveer seguridad. 

Los Demandantes adujeron que lo anterior les ocasionó gastos y 

perdidas que sobrepasan los $225,000.00, más sufrimientos y 

angustias mentales que estimaron en $500,000.00.

Transcurridos varios trámites procesales, el 21 de mayo de 

2021, los Demandantes presentaron una Moción para Informar 

Contratación de Perito y Prueba Documental Pericial. Anunciaron la 

contratación del Sr. Manuel Valentín Laureano, como perito en el 

área de seguridad (el “Perito en Seguridad”), y la utilización de un 

estudio publicado en un artículo del Departamento de Justicia 

Criminal y Criminología de la Universidad de Carolina del Norte

denominado Understanding Decisions to Burglarize from the 

Offender ́s Perspective. La Moción estaba acompañada del resumé 

del Perito en Seguridad y de una copia del mencionado artículo. En 

respuesta, el 1 de junio, el TPI emitió una Orden en la que declaró 

Ha Lugar la referida Moción.

Mientras tanto, el 26 de junio, el Perito en Seguridad participó 

de una inspección ocular en el lugar de los hechos. Durante la 

inspección ocular se encontraban presentes los representantes 

legales de todas las partes.

Transcurridos varios asuntos procesales, el 9 de agosto de 

2023, las partes presentaron el Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio. En cuanto a la prueba pericial, los 

Demandantes nuevamente informaron que utilizarían al Perito en 
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Seguridad. Celebrada la vista correspondiente, el 17 de agosto, el 

TPI notificó una Orden Bajo Regla 37.5. En lo concerniente al 

recurso de referencia, el TPI les concedió a las partes un término a 

vencer el 5 de septiembre para presentar cualquier moción in limine

para objetar la prueba.

El 28 de agosto, la Marina solicitó la eliminación del 

testimonio del Perito en Seguridad. La Marina arguyó que, durante 

los tres (3) años del descubrimiento, no se presentó un informe o 

resumen de lo que sería la opinión pericial. Por su parte, el 1 de 

septiembre, por esencialmente las mismas razones aducidas por la 

Marina, St. James también solicitó la eliminación del testimonio del 

Perito en Seguridad.

El 18 de septiembre, los Demandantes se opusieron a las 

mociones de los demandados; resaltaron que habían anunciado al 

Perito en Seguridad con suficiente tiempo y que este había 

participado de la inspección ocular del lugar de los hechos en la que 

estuvieron presentes los abogados de las partes. Arguyeron que los 

demandados pudieron cursar interrogatorios, o citar a deposición, 

al Perito en Seguridad, pero optaron por no hacerlo. 

El 25 de septiembre, el TPI notificó una Orden de Exclusión de 

Evidencia (la “Orden”). En lo que atañe al recurso de referencia, el 

TPI eliminó el testimonio del Perito en Seguridad. Razonó que, 

aunque los Demandantes habían anunciado oportunamente al 

Perito en Seguridad, no cumplieron con la Regla 37.1(e) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 37.1(e), pues no proveyeron 

“su curriculum vitae, ni tampoco un resumen de sus opiniones y una 

breve expresión de las teorías, hechos o argumentos que las 

sostienen”.2

2 Véase, Orden de Exclusión de Evidencia, Apéndice XVII del recurso, pág. 134.
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El 28 de septiembre, los Demandantes solicitaron la 

reconsideración de la Orden, lo cual fue denegado por el TPI 

mediante una Orden notificada el 26 de octubre.

Inconformes, el 22 de noviembre, los Demandantes 

presentaron el recurso que nos ocupa; señalan que el TPI cometió el 

siguiente error:

1. Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia al 

ordenar la eliminación del Sr. Manuel Valentín 

Laureano como perito esencial de la parte demandadapeticionaria despojándoles de su derecho a tener su día 

en corte y a un debido proceso de ley.

Le ordenamos a los demandados mostrar causa por la cual no 

debíamos expedir el auto de certiorari y revocar la decisión recurrida. 

Oportunamente, los demandados comparecieron; plantearon, como 

lo hicieron ante el TPI, que cuando se anunció al Perito en 

Seguridad, no se “incluyó materia específica” sobre lo cual se 

declararía ni tampoco se suplió un “resumen de sus opiniones”. 

Resolvemos.

II.

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); IG Builders, et al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012), Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009). Contrario al recurso de apelación, el 

tribunal revisor tiene discreción para decidir si expide o no el 

certiorari. Ahora, la discreción no es irrestricta y debe ejercerse de 

forma razonable, procurando siempre una solución justa. Medina 

Nazario, 194 DPR en la pág. 729; IG Builders, 185 DPR en la pág. 

338; Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que se deben 

examinar al determinar si expedimos un auto de certiorari: 
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(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

Por su parte, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, establece en qué circunstancias este Tribunal 

podrá expedir un auto de certiorari en el ámbito civil. El recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias 

“solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo”. Íd. Además de 

esto, a modo de excepción, podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que revistan de interés 

público o en cualquier otra situación en la que esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd.

III.

A través del descubrimiento de prueba, se pretende ayudar a 

precisar y minimizar las controversias litigiosas; obtener evidencia 

que se utilizaría en el juicio; facilitar la búsqueda de la verdad y 
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perpetuar la prueba relacionada con las reclamaciones de un caso. 

Véase, Regla 23.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

23.1; Berrios Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962 (2009); García 

Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323 (2001); Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140 (2000); véanse, además, Medina v. M.S. & D. 

Química P.R., Inc., 135 DPR 716 (1994); Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729 (1986).

En cuanto al alcance del descubrimiento de prueba, este debe 

ser amplio y liberal. Cruz Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 

465, 496 (2022); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, 206 DPR 

659, 672 (2021); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 152 

(2000). El TPI tiene “amplia discreción para regular el ámbito del 

descubrimiento, pues es su obligación garantizar una solución 

justa, rápida y económica del caso, sin ventajas para ninguna de las 

partes”. Rivera Gómez v. Arcos Dorados, 2023 TSPR 65, págs. 9-10,

citando a Cruz Flores et al., 210 DPR a las págs. 496-497.

Cónsono con lo anterior, el tribunal está autorizado, no tan 

solo a limitar o extender el alcance del descubrimiento de prueba, 

sino que está facultado para supervisar el proceso, ordenar a una 

parte a descubrir prueba y sancionar a aquella que se rehúse a 

cumplir las órdenes dirigidas a esos efectos. Ortiz Rivera v. ELA, 

National Insurance Co., 125 DPR 65 (1989); Lluch, supra. 

En específico, la Regla 34 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 34, reglamenta las controversias relacionadas con el 

descubrimiento de prueba. Cuando una parte se niega a cumplir 

con las órdenes relacionadas con el descubrimiento de prueba, la 

Regla 34.3 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 34.3, le 

confiere al tribunal amplia discreción para sancionar de diversas 

formas ese incumplimiento. Asimismo, la Regla 37.7 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 37.7, regula lo 

concerniente a la imposición de sanciones económicas por incumplir 
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con las órdenes y los señalamientos relacionados al manejo del caso, 

sin que medie justa causa.

No obstante, las sanciones drásticas, como la eliminación de 

las alegaciones de una parte, solo proceden en casos extremos. 

Amaro González v. First Federal Savings Bank, 132 DPR 1042 

(1993); Hartman v. Tribunal Superior, 98 DPR 123 (1969). (Énfasis 

suplido). Es decir, este tipo de sanción se impone cuando es clara 

e inequívoca la desatención y abandono total de la parte que se 

pretende sancionar. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 

(2012); véanse, además, Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 

217 (2001); Ghigliotti Arzola v. Adm. De Servicios Agrícolas, 149 

D.P.R. 902 (2000); Amaro González, supra. 

Así pues, “la medida severa de excluir del juicio el testimonio 

de un testigo crucial [o de un perito esencial], que es análoga a la 

medida extrema de la desestimación, sólo debe usarse en 

circunstancias excepcionales [...]”. Rivera Gómez, 2023 TSPR 65, a 

la pág. 13, citando a Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887, 895 

(1998). En Valentín, supra, se resolvió “que tales sanciones 

drásticas no son favorecidas judicialmente”. Con lo anterior, se 

promueven “los valores superiores de la búsqueda de la verdad y la 

justicia en los procesos adjudicativos.” Rivera Gómez, 2023 TSPR 

65, a las págs. 13-14, citando a Valentín, 145 DPR a la pág. 897.

IV.

Concluimos que el récord no sustenta la extrema sanción 

impuesta por el TPI a los Demandantes. Las siguientes 

consideraciones demuestran que no estamos ante una situación 

extrema que ameritara la drástica sanción impuesta por el TPI.

En primer lugar, aproximadamente dos años antes de que los 

demandados por primera vez solicitaran la exclusión del testimonio 

del Perito en Seguridad, ya los Demandantes habían anunciado que 

lo utilizarían. Al así anunciarlo en el 2021, los Demandantes le 
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cursaron a los demandados el resumé del Perito en Seguridad. En 

segundo lugar, en aquel momento, el TPI autorizó la utilización del 

Perito en Seguridad, a pesar de que no se suplió un resumen de lo 

que sería su opinión. 

En tercer lugar, los demandados tuvieron amplia 

oportunidad, y tiempo para, con o sin la asistencia del TPI, procurar 

descubrir la información que ahora indican que no tienen. 

Adviértase que estos no citaron a deposición al Perito en Seguridad 

ni sometieron interrogatorio alguno a los Demandantes relacionado 

con lo que sería el testimonio del Perito en Seguridad. En cuarto 

lugar, sin que mediase objeción de los demandados, el Perito en 

Seguridad estuvo presente en la inspección ocular de lugar donde 

ocurrieron los hechos. 

Así pues, si los demandados entendían que los Demandantes 

habían incumplido con la obligación que tenían bajo la Regla 37.1(e), 

supra, referente a la “Reunión entre los abogados para el manejo del 

caso”, debieron plantearlo años antes del momento en que lo 

hicieron. De forma similar, antes de imponer la extrema sanción en 

controversia, el TPI debió, a lo sumo, imponer una sanción 

económica a los Demandantes y proveerles una oportunidad de 

remediar el supuesto incumplimiento. Asimismo, nada impedía 

que, en tal caso, el TPI permitiese un breve descubrimiento de 

prueba en relación con el testimonio del Perito en Seguridad. 

En fin, si bien el TPI tiene amplia discreción para pautar el 

descubrimiento de prueba, dicha discreción no debe ejercitarse en 

un vacío, sino que debe ser el resultado de un balance razonable 

entre el interés de garantizar un descubrimiento de prueba amplio 

y liberal, y el interés de promover una solución justa, rápida y 

económica del caso. El derecho a presentar prueba en apoyo de una 

reclamación constituye uno de los ejes centrales del debido proceso 

de ley. Valentín, supra. Por la potencial magnitud de la sanción de 
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excluir del juicio el testimonio de un perito en un caso de esta 

naturaleza, la misma solo procedía ante circunstancias 

excepcionales que no están presentes aquí.

V.

Por los fundamentos que anteceden se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca la Orden recurrida. Se ordena la 

continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí 

resuelto.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones