Número Identificador

SEN2023__________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

MIGDALIA LÓPEZ GÓMEZ

Apelante

 

v.

ASOCIACIÓN DE 

EMPLEADOS DEL ESTADO 

LIBRE ASOCIADO DE 

PUERTO RICO

Apelado

KLAN202300292

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala

Superior de San Juan

Caso Núm.:

K AC2017-0014 (908)

Sobre:

Sentencia Declaratoria

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard

Santiago Calderón, Jueza Ponente

S E N T EN C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

Comparece Migdalia López Gómez (señora López Gómez o 

parte apelante) mediante recurso de Apelación y nos solicita la 

revocación de la Sentencia emitida el 6 de diciembre de 2022, 

notificada el 16 de diciembre de 2022, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI o foro primario). Mediante el 

referido dictamen, el foro primario desestimó con perjuicio la 

demanda presentada por la apelante.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada.

I.

Según surge del expediente ante nos, el 11 de enero de 2017, 

la parte apelante presentó una Demanda1, por derecho propio, sobre 

sentencia declaratoria, interdicto preliminar y permanente, daños y 

perjuicios contra la Asociación de Empleados del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (AEELA), el Estado Libre Asociado de Puerto 

1 Véase apéndice del recurso, págs. 124-132.
KLAN202300292 2

Rico (ELA) y la Administración de Sistemas de Retiro (ASR) (en 

conjunto parte apelada). En síntesis, alegó que el 3 de octubre de 

2016 su patrono, la AEELA, le notificó mediante carta que era 

elegible para acogerse al Programa de Preretiro Voluntario 

(Programa de Preretiro) creado por la derogada Ley Núm. 211 de 8 

de diciembre de 2015, según enmendada, conocida como Ley del 

Programa de Preretiro Voluntario (Ley Núm. 211-2015)

2, por lo que 

debía indicar, dentro del término de treinta (30) días, si interesaba 

acogerse al mismo. Sin embargo, adujo la parte apelante que dicha 

notificación fue defectuosa debido a que la AEELA no cualifica para 

implementar el Programa de Preretiro a sus empleados por ser una 

agencia deudora de la ASR. Por otro lado, alegó que la AEELA tenía 

la obligación legal de indicar con certeza la cantidad de la pensión 

que se le estaba ofreciendo, de manera que la demandante pudiera 

ofrecer un consentimiento ilustrado, pero solo se le informó una 

pensión aproximada, sin certeza. Además, señaló que la Ley Núm. 

211-2015 dispone que de aceptar el preretiro, se entendería que 

renuncia a toda causa de acción laboral. Por tanto, sostuvo que, la 

Ley Núm. 211-2015 adolece de defectos de naturaleza 

constitucional.

El 9 de febrero de 2017, la ASR presentó una Moción en 

solicitud de desestimación3 en la que alegó que, la controversia 

planteada por la parte apelante versa sobre la constitucionalidad de 

la Ley Núm. 211-2015 y el proceso que ha llevado a cabo su patrono, 

la AEELA, en cuanto a su solicitud de preretiro. Así, señaló que, 

según dispone el Art. 12(b) de la Ley Núm. 211-2015, le compete al 

director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) implementar 

dicha ley, por lo cual sostuvo que procede la desestimación de la 

acción en su contra. 

2 3 LPRA ant. sec. 9261, et. seq.

3 Véase apéndice del alegato en oposición de la AEELA, págs. 1-2.
KLAN202300292 3

Posteriormente, el 27 de febrero de 2017, la parte apelante 

presentó una Demanda enmendada4 a los fines de incluir una causa 

de acción basada en la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, 

según enmendada, conocida como Ley contra el Despido Injusto o 

Represalias a todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un Foro 

Legislativo, Administrativo o Judicial (Ley Núm. 115-1991)

5 Además, 

añadió a oficiales de la AEELA y a la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto (OGP) como demandados.

Por su parte, el 1 de diciembre de 2017, la AEELA presentó

Moción de desestimación a demanda enmendada y moción in limine6.

En esencia, arguyó que la parte apelante nunca se acogió al 

Programa de Preretiro ni inició los trámites pertinentes. Por ello, 

argumentó que la reclamación de la parte apelante se tornó 

académica debido a que la Ley Núm. 211-2015 fue derogada por la

Ley Núm. 106 de 23 de agosto de 2017, según enmendada, conocida 

como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 

Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los 

Servidores Públicos (Ley Núm. 106-2017)7, por lo que no existe un 

trámite pendiente ante la consideración de la OGP. Además, se 

solicitó la eliminación de las alegaciones contra el representante 

legal de la AEELA por expresiones hechas en vista celebrada el 13 

de febrero de 2017.

El 12 de marzo de 2018, la parte apelante presentó una 

Oposición preliminar a la moción de desestimación y moción in 

limine8. Adujo que el escrito presentado por la AEELA no procede en 

derecho ni como cuestión procesal ni como cuestión sustantiva. 

Añade que la Ley Núm. 211-2015 no opera en el vacío y no confiere 

facultades ultra vires a la AEELA para hacer determinaciones, tomar 

4 Véase apéndice del recurso, págs. 135-165.

5 29 LPRA sec. 194.

6 Véase apéndice del alegato en oposición de la AEELA, págs. 3-33.

7 3 LPRA sec. 9531 et seq.

8 Véase apéndice del alegato en oposición de la AEELA, págs. 260-265.
KLAN202300292 4

decisiones y realizar procedimientos de manera ilegal y antijurídica. 

En cuanto a la moción in limine, señala que necesita un tiempo 

adicional para ser considerada y evaluada por su representación 

legal. Por último, sostiene que la reclamación instada contra la

AEELA no se ha tornado académica. 

El 17 de abril de 2018, la AELLA presentó una Réplica a 

moción a “moción preliminar a moción de desestimación y moción in 

limine9. En su escrito reiteró lo argumentos previamente expuestos. 

Luego de varios trámites procesales que no son necesarios

pormenorizar, el 6 de diciembre de 2022, notificada el 16 de 

diciembre de 2022, el TPI emitió una Sentencia10 mediante la cual 

desestimó con perjuicio la demanda presentada por la apelante. En 

específico, el foro primario resolvió lo siguiente: 

[S]e declara HA LUGAR la Moción en solicitud de 

desestimación a demanda enmendada y moción in limine 

presentada el 1 de diciembre de 2017 y la Réplica a moción 

en oposición de moción de desestimación presentada por la 

demandada Administración de los Sistemas de Retiro suscrita 

por la parte demandante y Moción reiterando solicitud de 

desestimación presentadas por la Asociación el 1 de diciembre 

de 2017 y el 17 de abril de 2018 presentada el 4 de diciembre 

de 2020, ambas presentadas por la Asociación. Además, se 

declara HA LUGAR la Moción en solicitud de desestimación 

presentada el 9 de febrero de 2017 por Sistemas de Retiro. 

(Énfasis en el original)11.

En desacuerdo, el 3 de enero de 2023, la parte apelante 

presentó una Moción en solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales y reconsideración12. Por su parte, el 16 de febrero de 

2023, la AEELA presentó su oposición13. El 7 de marzo de 2023, 

notificada el 8 de marzo de 2023, el foro primario emitió Resolución14

mediante la cual denegó la moción instada por la parte apelante.

9 Véase apéndice del alegato en oposición de la AEELA, págs. 266-285.

10 Véase apéndice del recurso, págs. 21-43.

11 Véase apéndice del recurso, pág. 43.

12 Véase apéndice del recurso, pág. 4-19.

13 Véase apéndice del alegato en oposición de la AEELA, págs. 741-856.

14 Véase apéndice del recurso, págs. 1-2.
KLAN202300292 5

Inconforme, el 10 de abril de 2023, la parte apelante acude 

ante este Tribunal mediante recurso de Apelación en el que le 

imputa al TPI la comisión de los siguientes errores: 

Error Número Uno: Erró el TPI al desestimar la Demanda

Enmendada de la demandante de manera contraria el estado 

de derecho aplicable a la evaluación necesaria para una 

desestimación sumaria de una demanda, por dejar de 

exponer una reclamación al que se le pueda conceder un 

remedio, al no tomar en consideración que en la misma se 

especificó que la demandada le había informado a la 

demandante, durante una vista efectuada el 13 de febrero 

de 2017, que no le reconocería ni concedería el preretiro, así 

que la denegatoria y la causa de acción por daños 

relacionadas, tal como la de represalias contenidas en la 

Demanda Enmendada del 27 de febrero de 2017, se había 

configurado antes de la aprobación de la Ley 106 de 2017 el 

23 de agosto de 2017, aprobada seis meses más tarde, 

especialmente cuando esta legislación no tenía el efecto de 

justificar una desestimación de la Demanda Enmendada de 

la demandante, ni tornaba la acción en una académica (como 

no se han tornado académico numerosos otros casos que 

han realizado reclamaciones relacionados con el Programa 

de Preretiro creado por la Ley 211 de 2017).

Error Número Dos: Erró el TPI al entender que no era 

aplicable al caso de epígrafe lo resuelto por el TA en el caso 

Vilma Ortiz v. Estado Libre Asociado, SJ2020CV00176, 

puesto que, según surge de la propia Sentencia de la cual se 

apela, el TPI entendió erróneamente que ese caso era 

distinguible puesto al de la demandante, puesto que 

supuestamente la señora Ortiz había presentado su solicitud 

para acogerse al preretiro, mientras que la demandante no 

la había presentado cuando lo cierto es que ninguna 

presentó la solicitud por causas atribuibles a los patronos 

incumplidores: por esta razón el TA autorizó a la señora Ortiz 

enmendara su demanda para incluir al patrono como parte 

demandada para hacerle a este los reclamos 

correspondientes.

Error Número Tres: Erró el TPI al entender que la 

“derogación” de la Ley 211 de 2015 a que se refiere la Ley 

106 de 2017 tiene el efecto legal de hacer que la demandante 

no tenga causa de acción, sin tomar en consideración el 

mencionado caso de Ortiz v. Estado Libre Asociado, 

SJ2020Cv00176, caso presentado ante los foros judiciales 

luego de la aprobación de la Ley 106 de 2017, así como otros 

varios casos llevados a la atención del foro judicial con 

reclamaciones también relacionadas con el preretiro provisto 

por la Ley 211 de 2015 donde se le estaba negando a los 

empleados también el preretiro, todas presentadas ante el 

foro judicial luego de la aprobación de la Ley 106 de 2017 y 

consideradas tanto por el TPI y por este Honorable TA. Se 

hizo evidente en la jurisprudencia que la Ley 106 de 2017 no 

tenía como efecto legal el que se pudieran desestimar las 

acciones que estuvieran reclamando preretiro, aún en casos 

en que las solicitudes de preretiro de los empleados no se 

hubieran sometido ante la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto.

Error Número Cuatro: Erró el TPI al entender que no era 

necesario que la Asamblea de Delegado y su Comité Ejecutivo 

aprobaran la implantación del Programa de Preretiro en la 

Asociación antes de entregar la “Notificación de Elegibilidad” 
KLAN202300292 6

a la demandante como empleada de la Asociación para 

ofrecerle preretiro.

Error Número Cinco: Erró el TPI al resolver que era 

suficiente la “intención de pagar” (sin plan de pago, según 

exigido por la Ley 211 de 2015) de la Asociación para que la 

“Notificación de Elegibilidad” entregada a la demandante 

fuera válida a la fecha en que se le entregó a la demandante, 

el 3 de octubre de 2016.

Error Número Seis: Erró el TPI al indicar que la 

demandada no tenía obligación legal alguna de indicar 

alguna certeza en cuanto a la cantidad de la pensión 

“aproximada” que se le estaba ofreciendo, de manera que la 

demandante pudiera ofrecer un consentimiento ilustrado 

para poder considerar la oferta de preretiro y no toma en 

consideración tampoco que el patrono tenía la obligación 

legal de dar a la empleada una orientación de naturaleza 

financiera relacionada con su retiro, según exigido de 

manera expresa por la Ley de Preretiro, Ley Número 211 de 

2016. 

El 8 de mayo de 2023, la AEELA presentó una Solicitud de 

orden al amparo de las Reglas 16 (E) y 74 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones. El 10 de mayo de 2023, la AEELA presentó Alegato 

en oposición a recurso de apelación. En síntesis, adujo que la parte 

apelante carece de capacidad jurídica para cuestionar los méritos y 

fundamentos de la Sentencia apelada debido a que nunca presentó 

solicitud para acogerse a los beneficios de la Ley Núm. 211-2015. 

Destacó que la referida ley fue derogada por la Ley Núm. 106-2017, 

por lo que la reclamación de la parte apelante se tornó académica. 

El 30 de mayo de 2023, la Junta de Retiro del Gobierno de 

Puerto Ricio presentó Moción informativa, en solicitud de orden y 

uniéndonos al alegato en oposición.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable a la 

controversia ante nuestra consideración. 

II. 

-ALa Regla 10.2 de Procedimiento Civil15, en su inciso 5 

establece como fundamento para la desestimación de un pleito, el 

15 32 LPRA Ap. V, R. 10.2; Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 

701 (2012). 
KLAN202300292 7

“[d]ejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio16. En lo pertinente, la referida regla dispone: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación 

se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción 

de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 

mediante una moción debidamente fundamentada: 

 

(1) Falta de jurisdicción sobre la materia. 

(2) Falta de jurisdicción sobre la persona. 

(3) Insuficiencia del emplazamiento. 

(4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento. 

(5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio.

(6) Dejar de acumular una parte indispensable17.

La citada regla establece los fundamentos para que una parte 

en un pleito pueda solicitar la desestimación de una demanda en su 

contra mediante moción fundamentada por cualquiera de los 

motivos en ella expuestos18. En particular, la Regla 10.2 (5) de 

Procedimiento Civil, supra, dispone que el demandado puede 

fundamentar su solicitud de desestimación en que la demanda no 

expone “una reclamación que justifique la concesión de un remedio”. 

En tales casos, la desestimación solicitada se dirige a los méritos de 

la controversia y no a los aspectos procesales19.

En estos casos, procede la desestimación de la reclamación 

judicial cuando surja de los hechos bien alegados en la demanda 

que la parte demandante no tiene derecho a remedio alguno20. Para 

llegar a dicha conclusión, es necesario que el tribunal considere 

ciertas todas las alegaciones fácticas que hayan sido aseveradas de 

manera clara en la demanda21. A su vez, las alegaciones deberán ser 

interpretadas “de forma conjunta, liberal y lo más favorable posible 

16 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 234 (2016); 32 LPRA Ap. 

V, R. 10.2(5). 

17 Íd.

18 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011); El Día, Inc. v. 

Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 (2013).

19 Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96 (2002).

20 Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010).

21 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).
KLAN202300292 8

para la parte demandante”22. Es decir, la demanda no deberá ser 

desestimada a menos que se desprenda con toda certeza que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier 

estado de hechos que puedan ser probados en apoyo de su 

reclamación23. 

Tal y como expresa el Tribunal Supremo, lo más importante a 

la hora de evaluar la procedencia de una moción de desestimación 

es lo siguiente:

Tiene que demostrarse de forma certera en ella que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualquier estado de [D]erecho que se pudiese probar en 

apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda lo 

más liberalmente a su favor. Rivera Sanfeliz v. Junta de 

Directores, 193 DPR 38, 49 (2015); Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development, 187 DPR 649 (2013).

-BLa derogada Ley Núm. 211 de 8 de diciembre de 2015, 

conocida como Ley del Programa de Preretiro Voluntario (Ley Núm. 

211-2015)24, creó el Programa de Preretiro Voluntario (Programa de 

Preretiro), el cual ofrecía a los empleados en el servicio de carrera, 

la oportunidad de separarse voluntariamente de sus funciones al 

cumplir con ciertos requisitos del retiro25.

Para participar del Programa de Preretiro, los empleados 

debían satisfacer ciertos requisitos de elegibilidad. Conforme a la 

Ley Núm. 211-2015, el procedimiento para posibilitar la 

participación del programa era uno interagencial y el Director de la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ostentaba la facultad para 

implantarlo26. Asimismo, este tenía el poder para establecer el 

procedimiento para su implementación27. No obstante, la ley 

22 Íd.

23 Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).

24 3 LPRA ant. sec. 9261 et seq. Esta Ley fue derogada por la Ley Núm. 106 de 23 

de agosto de 2017, según enmendada, conocida como Ley para Garantizar el Pago 

a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para 

los Servidores Públicos, 3 LPRA sec. 9531.

25 Art. 3 de la Ley Núm. 211-2015, 3 LPRA ant. sec. 9262.

26 Art. 12 de la Ley Núm. 211-2015, 3 LPRA ant. sec. 9271.

27 Íd.
KLAN202300292 9

estableció unos estándares mínimos con los que debía cumplir dicho 

procedimiento. Así, dispuso que cada entidad gubernamental, 

siempre que cualificara y estuviera interesada, debía presentar la 

solicitud para acogerse al Programa de Preretiro. Dicha solicitud 

debía incluir la Tasación de Implementación y el Plan Patronal de 

Preretiro28. La Tasación de Implementación del Programa de 

Preretiro se debía presentar a la OGP en un término no mayor de 

sesenta (60) días desde que la ley entró en vigor29.

Una vez presentada la solicitud, la OGP tenía un término 

máximo de sesenta (60) días, prorrogables por treinta (30) días

adicionales, para evaluar su viabilidad. La OGP solo podía aprobar 

la solicitud si se determinaba que, en efecto, representaba un ahorro 

para la entidad gubernamental30. Por otro lado, la Ley también 

dispuso que notificaría al empleado su elegibilidad para solicitar al 

Programa31. A partir de dicha notificación, el empleado tenía 

treinta (30) días para ejercer su opción de participar en el 

Programa de Preretiro32.

Posteriormente se aprobó la Ley Núm. 170 de 9 de agosto de 

2016 para enmendar varios artículos de la Ley Núm. 211-2015. No 

obstante, la Ley Núm. 211-2015 fue derogada por la Ley Núm. 106 

de 23 de agosto de 2017, según enmendada, conocida como “Ley 

para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un 

Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos 

(Ley Núm. 106-2017)33. Con relación al Programa de Preretiro, el 

Artículo 7.1 de esta Ley dispone:

a) Se deroga la Ley 211-2015, según enmendada, conocida 

como “Ley del Programa de Preretiro Voluntario”. No 

obstante, se garantizan todos los derechos y obligaciones 

creados al amparo de dicho estatuto.

28 Íd.

29 Art. 4 de la Ley Núm. 211-2015, 3 LPRA ant. sec. 9263.

30 Art. 12 de la Ley Núm. 211-2015, 3 LPRA ant. sec. 9271.

31 Íd.

32 Íd.

33 3 LPRA sec. 9531 et seq.
KLAN202300292 10

b) Aquellos Preretirados que se encuentran participando del 

Programa de Preretiro Voluntario al momento de aprobarse 

la presente Ley, continuarán disfrutando del mismo de 

acuerdo a las disposiciones establecidas bajo la Ley 211-

2015, según enmendada.

c) Las solicitudes de Preretiro, conforme al Programa de 

Preretiro Voluntario que hayan presentado debidamente los 

Participantes a la fecha de aprobación de esta Ley, 

continuarán el trámite ordinario. Se garantizarán los 

mecanismos de revisión, según dispuestos en la Ley 211-

2015, según enmendada, y cualquier otro estatuto 

aplicable.

d) Se les garantizará a los Participantes cuyos beneficios de 

Preretiro hayan sido previamente aprobados por la Oficina 

de Gerencia y Presupuesto, de acuerdo a lo dispuesto en la 

Ley 211-2015, según enmendada, el acogerse a los beneficios 

de dicho Programa.

e) En o antes del 1 de agosto de 2019, la Oficina de Gerencia 

y Presupuesto deberá revaluar las solicitudes de Preretiro 

que fueron presentadas oportunamente por las entidades 

gubernamentales conforme al Programa de Preretiro 

Voluntario y denegadas por la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto. El periodo antes expresado podrá ser extendido 

por OGP de existir circunstancias extraordinarias que 

ameriten dicha gestión. Ley Núm. 106-201734. (Subrayado

nuestro).

Con la aprobación de esta Ley se declaró un estado de 

emergencia financiera de los sistemas de retiro35. De manera 

simultánea, se estableció como política pública del Estado la 

protección de las pensiones de los empleados públicos retirados 

partícipes de ciertos programas36. A esos fines, si bien se derogó el 

Programa de Preretiro, se mantuvo un procedimiento para continuar 

atendiendo las solicitudes presentadas y garantizar las 

participaciones activas del mismo37. 

-CLos tribunales solamente podemos evaluar aquellos casos que 

son justiciables38. Una controversia no es justiciable cuando: (1) se 

procura resolver una cuestión política; (2) una de las partes carece 

de legitimación activa; (3) hechos posteriores al comienzo del pleito 

34 3 LPRA sec. 9581.

35 3 LPRA sec. 9533.

36 3 LPRA sec. 9534.

37 3 LPRA sec. 9581. 

38 Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 68 (2017); Asoc. Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, 180 DPR 920, 931 (2011).
KLAN202300292 11

han tornado la controversia en académica; (4) las partes están 

tratando de obtener una opinión consultiva, o (5) se intenta 

promover un pleito que no está maduro39. Las doctrinas que dan 

vida al principio de justiciabilidad son: legitimación activa, 

academicidad y cuestión política40. 

Entre estas doctrinas, la academicidad es una de las que 

establece los límites de la judicatura41. Requiere que, en todo pleito 

presentado ante un tribunal, exista una controversia real entre las 

partes42. Un caso se vuelve académico cuando el asunto en 

controversia sucumbe ante el paso del tiempo, “ya sea porque 

ocurrieron cambios en los hechos o el derecho, y la misma se vuelve 

inexistente”43. En consecuencia, el dictamen que emita el tribunal 

no tendrá un efecto práctico entre las partes44. Es decir: 

Los tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso por 

academicidad cuando ocurren cambios durante el trámite 

judicial de una controversia particular que hacen que ésta 

pierda su actualidad, de modo que el remedio que pueda 

dictar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno 

en cuanto a esa controversia45.

Por ausencia de caso o controversia o por motivo de 

autolimitación judicial, “los tribunales debemos abstenernos de 

considerar los méritos de un caso cuando determinemos que el 

mismo se ha tornado académico”

46. Ahora bien, existen cuatro 

excepciones a esta doctrina, a saber: 

(1) cuando se presenta una controversia recurrente y capaz 

de evadir revisión judicial; (2) cuando la situación de hechos 

ha sido modificada por el demandado pero no tiene visos de 

permanencia; (3) cuando la controversia se ha tornado 

académica para el representante de una clase pero no para 

otros miembros de la clase; y (4) cuando persisten 

consecuencias colaterales que no se han tornado 

académicas47.

39 Íd., págs. 68-69.

40 Sánchez v. Srio. de Justicia, 157 DPR 360, 370 (2002).

41 Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 73.

42 Íd.; Amador Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268, 282 (2014).

43 Íd; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 334 (2012).

44 Íd.; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.

45 Íd., citando CEE v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 935 (1993).

46 Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 73.

47 Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969, 974 (2010).
KLAN202300292 12

Sin embargo, dichas excepciones “tienen que usarse con 

mesura, pues no se pueden obviar los límites constitucionales que 

inspiran la doctrina de academicidad”48. El propósito de la doctrina 

de academicidad es evitar que una determinación que se tornó

académica continúe en vigente y obligue a las partes49. Por tal razón, 

procede la desestimación del caso y el tribunal no tiene discreción 

para negarse, salvo que esté presente alguna de las excepciones50. 

En esa línea, “la desestimación deja el camino libre a la litigación 

futura de las disputas entre las partes y preserva sus derechos, sin 

perjudicar a ninguna de ellas por una decisión que era meramente 

preliminar”51. 

III.

En su recurso, la parte apelante solicita la revisión de la 

Sentencia emitida el 6 de diciembre de 2022, notificada el 16 de 

diciembre de 2022 por el TPI, mediante la cual desestimó con 

perjuicio la demanda instada por la parte apelante. Un examen 

minucioso del expediente ante nos mueve a concluir que resulta 

forzoso confirmar la Sentencia apelada.

En su primer señalamiento de error, la parte apelante arguye

que el 13 de febrero de 2017, cuando se celebró una vista ante el 

TPI, se configuró un caso de represalia porque presuntamente la

AEELA le informó que no le concedería el preretiro y esto ocurre seis 

(6) meses antes de que se apruebe la Ley Núm. 106-2017. No 

tenemos criterios para alterar las determinaciones fácticas del foro 

sentenciador debido a que no se presentó la transcripción de la 

prueba oral. Por tanto, no estamos en posición de intervenir con este 

asunto.

48 Íd.

49 Íd., pág. 975.

50 Íd., pág. 974.

51 Íd., pág. 975, citando a Alvarez v. Smith, 130 S.Ct. 576, 581 (2009), citando a 

su vez a U.S. v. Munsingwear, Inc., 340 U.S. 36 (1950).
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También, en el primer señalamiento de error, la parte apelante 

argumenta que su reclamación no se tornó académica porque la Ley 

Núm. 106-2017 no disponía que la demanda presentada bajo la 

normativa anterior, Ley Núm. 211-2015, debía ser desestimada. 

La Ley Núm. 211-2015 tenía varios requisitos de estricto 

cumplimiento, no obstante, referente a los empleados notificados 

sobre su elegibilidad para acogerse a los beneficios del Programa de 

Preretiro, estos tenían treinta (30) días calendario para ejercer su 

opción de participar en el Programa de Preretiro52. Por otro lado, 

con la aprobación de la Ley Núm. 106-2017, el Artículo 7.1 mantuvo 

un procedimiento para continuar atendiendo las solicitudes 

presentadas y garantizar las participaciones activas del mismo 53. 

Ahora bien, en el caso de autos, la apelante no cumplió con el 

requisito de ejercer su opción de participar en el Programa de 

Preretiro, por lo que la determinación del foro primario, en cuanto a 

que la apelante no puede acogerse al preretiro, es correcta54.

Además, reiteramos la norma de nuestro Tribunal Supremo respecto 

a que “[u]n caso se torna académico cuando ocurren cambios en su 

trámite, ya sea en los hechos o en el derecho, que convierten la 

controversia en inexistente, de manera tal que el dictamen que 

tuviera a bien emitir el tribunal no tendría efecto práctico sobre las 

partes”

55. Por tanto, el primer error señalado no fue cometido.

Atenderemos el segundo y tercer error de forma conjunta por

su estrecha relación. En el segundo y tercer error, la apelante alega 

que el TPI incidió al interpretar el caso Ortiz Ortiz v. ELA,

KLAN202000928. Tras revisar la Sentencia del referido caso, 

atendido por un panel hermano, colegimos que es un hecho 

indiscutible que en el caso que nos ocupa la parte apelante no 

52 Íd.

53 3 LPRA sec. 9581. 

54 Véase, Sentencia, apéndice del recurso, pág. 39.

55 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 334 (2012).
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cumplió con el requisito básico de notificar su intención de 

participar en el Programa de Preretiro. Las alegaciones presentadas 

por la parte apelante en cuanto a que no presentó la solicitud por 

causas atribuibles a su patrono, la AEELA, son imprecisas, 

superfluas y constituyen meras generalidades carentes de detalles 

sobre las circunstancias particulares. El segundo y tercer error no 

fueron cometidos.

En su cuarto señalamiento de error, la parte apelante alega 

que incidió el TPI porque la Asamblea de Delegados y el Comité 

Ejecutivo aprobaron la implantación del Programa de Preretiro luego 

de haberle notificado su elegibilidad. La Ley Núm. 211-2015 exigía

que cada empleado de entidad gubernamental, siempre que 

cualificara y estuviera interesado, debía presentar la solicitud para 

acogerse al Programa de Preretiro. Dicha solicitud debía incluir la 

Tasación de Implementación y el Plan Patronal de Preretiro56. La 

Tasación de Implementación del Programa de Preretiro se debía 

presentar a la OGP en un término no mayor de sesenta (60) días 

desde que la ley entró en vigor. Art. 4 de la Ley Núm. 211-201557.

Surge del expediente que la AEELA cumplió su deber ministerial al 

ejecutar adecuadamente la Ley Núm. 211-2015. Sin embargo, aun 

entendiendo que este error pudo haberse cometido, del expediente 

no surge tan siquiera cómo este error incide en que la parte apelante 

no haya tomado su decisión voluntaria e individual de beneficiarse 

del Programa de Preretiro. A tenor con ello, el planteamiento de la 

parte apelante resulta frívolo, fútil y totalmente inmeritorio, por lo 

que no justifica la concesión de un remedio judicial. El cuarto 

señalamiento de error no se cometió.

Referente al quinto señalamiento de error, la parte apelante 

arguye que la notificación de elegibilidad es defectuosa debido a que

56 Íd.

57 3 LPRA ant. sec. 9263.
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su patrono, la AEELA, no había consumado el proceso interagencial 

para cuestionar la deuda notificada por la ASR. Coincidimos con el 

TPI en cuanto especificó que la Ley Núm. 211-2015 delegó a la OGP 

crear un protocolo para impugnar la alegada deuda notificada por

la ASR58. Como surge del expediente apelativo, la AEELA cuestionó

válidamente la deuda dentro del cauce administrativo59. Así pues, 

colegimos que las controversias interagenciales deben ser resueltas 

por las agencias concernientes y, para ello, la propia Ley Núm. 211-

2015 establece un procedimiento relacionado con el pago de deuda. 

La situación que pudo haber existido entre la AEELA y la ASR no le 

privó a la parte apelante de acogerse al Programa Preretiro. Es un 

hecho demostrado ante el TPI que la empleada incumplió en 

responder a la notificación remitida el 3 de octubre de 2016 por la 

AEELA para ser benefactora del Programa de Preretiro. Fíjese que, 

el Artículo 9 de la referida Ley Núm. 211-2015 establecía que toda 

elección del empleado para participar en el Programa sería final e 

irrevocable. No obstante, esta situación no ocurrió porque la parte 

apelante nunca se acogió al programa. El quinto error señalado no 

fue cometido.

Por último, discutiremos el sexto señalamiento de error. La

parte apelante sostiene que no pudo considerar la oferta de preretiro 

por no tener conocimiento de la cantidad exacta que le 

correspondería como pensión. Surge del expediente apelativo que la 

AEELA cumplió con los parámetros de la Ley Núm. 211-2015 en 

cuanto a que orientó y le notificó a la parte apelante su elegibilidad 

al Programa de Preretiro60. No nos convencen los argumentos 

presentados por la parte apelante. Colegimos que las alegaciones 

vacías a esos efectos son, desde el punto de vista de justicia 

58 Véase apéndice del alegato en oposición de la AEELA, pág. 675.

59 Véase apéndice del alegato en oposición de la AEELA, pág. 786. 

60 Véase apéndice del alegato en oposición de la AEELA, pág. 93.
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apelativa, jurídicamente inconsecuentes y las tenemos por no 

puestas. 

Luego de examinar el expediente apelativo, así como los 

argumentos esgrimidos por las partes, resolvemos que no le asiste 

la razón a la parte apelante. Nada en el tracto del caso sugiere que

la AEELA incumplió con la Ley Núm. 211-2015. Concurrimos con el 

foro primario en que aquí había un solo curso de acción: la 

desestimación de la Demanda. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia

apelada. 

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones