Número Identificador

RES2023______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

MILAGROS RÍOS APONTE; 

JUAN RAMÓN CORTÉS 

PÉREZ; CARMEN M. RÍOS 

APONTE Y LA SOCIEDAD 

LEGAL DE GANANCIALES 

entre estos; LAURA RÍOS 

APONTE; YOLANDA RÍOS 

APONTE; ENID COTTO 

QUILES Y MARÍA M. RÍOS 

APONTE

Apelados

v.

DENNIS DE LA PAZ Y 

DIANA DE LA PAZ, 

Sucesores de Celestino de 

la Paz Fuertes E Ivette 

Zoraida González Sierra, 

ABC, XYZ y RRR

Apelantes

KLAN202300786

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Utuado

Caso Núm.:

UT2021CV00427

Sobre:

Destrucción de 

Camino Público, 

Violación de Derecho 

de Paso, Injunction 

Posesorio, Daños y 

Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero. 

Martínez Cordero, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2023.

Comparece el señor Dennis De La Paz González y la señora 

Diana De La Paz González (en adelante, parte apelante), mediante 

un Recurso de Apelación, para solicitarnos la revisión de la Sentencia 

Parcial emitida el 6 de agosto de 2023, y notificada el 10 de agosto 

de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Utuado (en adelante, TPI).

1 Mediante el dictamen apelado, el foro 

primario, luego de concluir que la servidumbre establecida en el 

camino Piedra Gorda (en adelante, Camino) no había estado en 

desuso por los últimos veinte (20) años ni perdido su utilidad, 

ordenó a la parte apelante a restablecer y reconstruir la parte del 

1 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 1-15.
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Camino interrumpido por la excavación y a devolverlo a su estado 

anterior a la excavación, de forma tal que se pueda seguir utilizando 

por la parte apelada y los vecinos de la comunidad.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia Parcial apelada.

I

El 19 de octubre de 2021, se presentó una Demanda sobre 

destrucción de camino público, violación de derecho de paso, 

interdicto posesorio y daños y perjuicios por las señoras Milagros, 

Laura, Yolanda y Mercedes M., todas de apellidos Ríos Aponte, la 

señora Enid Cotto Quiles, el señor Juan Ramón Cortes Pérez, la 

señora Carmen M. Ríos Aponte y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por estos últimos dos (en adelante, parte apelada).

2 

Mediante la Demanda, se solicitó al TPI que: (i) reafirmara la 

Sentencia emitida en el caso alfanumérico L AC93-00133; (ii) 

emitiera una orden de cese y desista a la parte apelante para que se 

abstuvieran de continuar con la remoción de tierra del Camino y 

procedieran a realizar las obras necesarias para garantizar el paso 

provisional de la parte apelada y otros vecinos en lo que se 

reconstruía el mismo a su estado original; (iii) determinara que el 

Camino es uno público y que la parte apelante no tienen título sobre 

el mismo; y, (iv) determinara que la parte apelante le ha causado 

daños y perjuicios de carácter continuo y acumulativo a la parte 

apelada e incurrido en temeridad.4

Por su parte, el 5 de enero de 2022, la parte apelante presentó

Contestación a la Demanda.

5 Allí, negaron prácticamente todas las 

alegaciones de la Demanda y presentaron como defensa afirmativa 

2 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 16-24.

3 Id., a las págs. 51-61.

4 Id., a las págs. 21-22.

5 Id., a las págs. 25-26.
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la disolución de la servidumbre al amparo del Artículo 964 (a) y (h) 

del Código Civil de Puerto Rico.

6

De la Minuta del 16 de febrero de 2022, se desprende que en 

el presente caso se llevó a cabo una Vista Ocular a la cual 

compareció una de las apeladas la señora Milagros Ríos Aponte, 

representada por su abogado, así como el apelante el señor Dennis 

de la Paz González, representado por su abogado.7 

Como parte de las incidencias acaecidas durante el trámite 

del caso, el 10 de marzo de 2022, la parte apelada presentó una

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial y Solicitud de Remedio 

Provisional de Cese y Desista Regla 56.5 de Procedimiento Civil.

8 Por 

su parte, el 2 de mayo de 2022, la parte apelante presentó una

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria.

9

El 18 de julio de 2022, el foro primario emitió una Resolución

mediante la cual dispuso sobre dos (2) asuntos.10 En primer lugar, 

denegó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada por la 

parte apelada. Sobre el particular, el foro primario expresó haber 

evaluado, además, la correspondiente oposición a la solicitud 

presentada por la parte apelante. En lo pertinente, el foro primario 

emitió diez (10) determinaciones de hechos que estimó no estaban 

en controversia.

11

En su Resolución, el foro primario tomó conocimiento judicial 

de la Sentencia dictada el 27 de marzo de 1996, en el caso L AC93-

0013, así como la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones 

en el caso KLAN9700044, el 30 de diciembre de 1997.

12 Expresó que 

ambos foros determinaron que existe una servidumbre por tiempo 

inmemorial y de signo aparente, que le acreditaba a la parte apelada 

6 31 LPRA § 8561, Art. 964 (a) y (h).

7 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 27-29.

8 Apéndice de la parte apelada, a las págs. 18-46. 32 LPRA Ap. V, R. 56.5.

9 Id., a las págs. 57-80.

10 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 32-43.

11 Id., a la pág. 35.

12 Id., a las págs. 62-82.
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su derecho de paso hacia la intersección con la carretera estatal 

núm. 140. Sin embargo, razonó que habían surgido controversias 

de hechos en torno a la extinción de dicha servidumbre lo que 

ameritaba la celebración de un Juicio en su Fondo. 

El segundo asunto sobre el cual dispuso el foro primario en la 

referida Resolución fue en torno a una Solicitud de Remedio 

Provisional de Cese y Desista Regla 56.5 de las Reglas de 

Procedimiento Civil presentada por la parte apelada.

13 Sobre el 

particular, el TPI dispuso que se ordenaba a la parte apelante a 

paralizar cualquier obra y abstenerse de llevar a cabo cualquier acto 

relacionado con la destrucción del Camino mientras se dilucidaban 

los procedimientos judiciales. Determinó, además, que no procedía 

la imposición de fianza ni el pago de un seguro por responsabilidad 

pública a la parte apelante. En atención a lo resuelto: (i) ordenó a la 

parte apelante, de forma temporera hasta que se resolviera el caso 

de autos, a hacer disponible a la parte apelada el camino alterno 

propuesto u otro acceso temporero, asegurándose de que el paso de 

las personas y tránsito de vehículos fuese asequible y seguro; y, (ii) 

dispuso que, de recaer sentencia favorable a la parte apelada, el 

tramo obstruido en el Camino debería ser reestablecido a su 

condición original. Por tanto, sostuvo que el restablecimiento 

permanente del Camino quedaba sujeto a la adjudicación final del 

caso.

Luego de varios incidentes procesales, finalmente el 17 de 

abril de 2023, se celebró el Juicio en su Fondo.14 Allí, el foro 

primario recibió tanto prueba testifical de ambas partes, así como 

prueba documental en conjunto. La prueba testifical de la parte 

apelada consistió en: el señor Ángel Rivera Figueroa, el señor Jaime 

González Rodríguez, la señora Laura Ríos Aponte y la señora 

13 32 LPRA Ap. V, R. 56.5.

14 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 44-47. 
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Milagros Ríos Aponte. Por su parte, la prueba testifical de la parte 

apelante consistió en: el señor Ángel Luis González Meléndez, el 

señor Dennis De La Paz González, la señora Diana De La Paz

González y el señor Heriberto Casanovas Torres. La prueba 

documental conjunta presentada sin controversia fue de dos (2) 

Exhibits: (i) Escritura #10 partición y adjudicación de compraventa 

del 5 de abril de 2018; y, (ii) Escritura #133 compraventa del 12 de

noviembre de 2013.

El Juicio en su Fondo comenzó con el interrogatorio directo 

por parte del representante legal de la parte apelada al señor Ángel 

Rivera Figueroa. El señor Ángel Rivera Figueroa testificó tener una 

propiedad en el Barrio de Mameyes.15 Explicó que la propiedad es 

una parcela de gobierno que fue obtenida en usufructo y que lleva 

allí cerca de veinte (20) años.16 Testificó que conocía el Camino ya 

que ha transitado por este alrededor de veintiséis (26) años por 

razones de trabajo o para transportar los productos agrícolas que 

cultiva.17 Sobre el Camino, indicó que comienza en la carretera 146, 

km. 8.1, y sale a la carretera 140, siendo la finca del Doctor Bibiloni 

parte y llegando hasta Jayuya.18 Además, atestiguó que el Camino 

ha sido utilizado por su esposa cuando llevaba a sus hijos a la 

escuela, quienes testificó tenían las edades de 20, 16 y 14 años.19

Continuó testificando que, debido a que no puede utilizar el 

Camino, utiliza otro camino que lleva a la carretera 146.20 Explicó 

que el camino que lleva a la carretera 146 es peligroso debido a que 

tiene muchas cuestas, una pendiente que cuando llueve hay 

derrumbes y un puente llamado Bado, que es difícil pasar o se queda 

15 En la Transcripción de la Prueba Oral (en adelante, TPO) a la pág. 5, líneas 22-

23 y pág. 6, línea 1.

16 En la TPO pág. 6, líneas 5-8.

17 Id., pág. 6, líneas 15-23 y pág. 7, líneas 4-7.

18 Id., pág. 7, líneas 12-20.

19 Id., pág. 5, líneas 20-21 y pág. 8, líneas 8-11.

20 Id., pág. 9, líneas 21-22.
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sin paso cuando llueve.21 A diferencia, indicó que el Camino era más 

seguro ya que no hay cuestas, no existe el miedo a derrumbes, no 

existe un río que obstruya el camino o en el cual pueda surgir un 

golpe de agua.22 Testificó que toda la comunidad transitaba por el 

Camino y que no es correcta la alegación de que este se ha dejado 

de utilizar en los últimos veinte (20) años.

23 Añadió que, antes de 

que se realizara la excavación, el Camino era utilizado.24

Entonces, comenzó el contrainterrogatorio por parte del 

representante legal de la parte apelante. Testificó que, para el año 

pasado en el mes de junio, el Camino se estaba utilizando.25

Además, explicó que antes de romperse el Camino, aunque no 

estaba embreado, era transitable y así se utilizaba.26

El segundo testigo en prestar testimonio por la parte apelada 

fue el señor Jaime González Rodríguez.27 Declaró que reside en el 

Barrio Mameyes Abajo, Sector Yunes y es agricultor.28 A preguntas 

de su representante legal, testificó que para llegar a su propiedad 

usa la carretera 140 y 146 para entrar hacia el Camino.29 Para llegar 

a su propiedad ahora mismo está usando la carretera de la ferretería 

porque el otro Camino lo cortaron y la que hicieron -la alterna- es 

incómoda para pasar.30 Declaró que antes de que se hiciera la 

remoción de tierra en el Camino, este lo usaba.31 

Expresó que, desde el año 2021 hacia atrás, usó el Camino 

como por diecisiete (17) o dieciocho (18) años y que se interrumpió 

el 21 de junio del año 2021.32 En cuanto al tramo de la carretera 

146, testificó que la que sale a dicha carretera es una cuesta que 

21 Id., pág. 10, líneas 6-13.

22 Id., pág. 12, líneas 1-9.

23 Id., pág. 14, líneas 18-23; pág. 15, líneas 20-22; y, pág. 16, líneas 1-2 y 12-14.

24 Id., pág. 16, líneas 1-2 y 12-14.

25 Id., pág. 19, líneas 15-18.

26 Id., pág. 21, líneas 6-11.

27 Id., págs. 23-36.

28 Id., pág. 24, línea 2-15.

29 Id., pág. 26, líneas 1-13.

30 Id., pág. 28, líneas 14-22 y pág. 29, línea 1-3.

31 Id., pág. 29, líneas 13-17.

32 Id., pág. 29, líneas 18-23 y pág. 30, líneas 1-2.
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uno baja hasta el Río Yunes y es peligroso. Abonó que cuando llueve 

quedan incomunicados porque el Río Yunes brinca encima del 

puente Bado y hay que esperar que baje el río.33 Manifestó que,

previo al año 2021, el Camino se usaba, pero para el Huracán María 

se tapó para entrar a la carretera 146 y los del “ARMY” fueron los 

que se arriesgaron y destaparon. En ese tiempo salían por la 

carretera 140.34 

Durante el contrainterrogatorio, el señor Jaime González 

Rodríguez fue interrogado sobre el mantenimiento que se le hubiese 

dado al Camino a lo que respondió que “nosotros entre todos, pues, 

lo limpiábamos” y que la última vez que se le dio mantenimiento fue 

en el año 2020 o en el 2021.35 Sostuvo que el prefería el Camino en 

vez de usar la carretera 146 porque es más seguro que subir la 

cuesta.36 Explicó que él vendía café en Mameyes y era más viable 

llevarlo por el Camino porque era más cerca y para bajar el carro 

cargado, la cuesta es más peligrosa. Declaró, además, que se podía 

pasar por el Camino y que no estaba tan mal, porque “si estuviera 

tan malo que pudiera desbaratar el carro yo no lo meto por ahí”.

37 A 

preguntas del representante legal de la parte apelante, contestó que 

la última vez que usó el camino fue como en el año 2021.38

La tercera testigo presentada por la parte apelada fue la 

señora Laura Ríos Aponte.39 En el interrogatorio directo declaró que 

reside en el Barrio Mameyes, Sector Piedra Gorda de Utuado hace 

setenta y seis (76) años y que conoce el Camino.40 Expresó que ella 

usaba el Camino desde niña para ir a la escuela y para todo pero 

estaba inservible porque removieron el terreno.41 A preguntas del 

33 Id., pág. 30, líneas 6-19.

34 Id., pág. 30, líneas 21-23 y pág. 31, líneas 1-18.

35 Id., pág. 32, líneas 12-18 y 19-22.

36 Id., pág. 33, líneas 1-14.

37 Id., pág. 33, líneas 3-7 y pág. 34, líneas 11-22.

38 Id., pág. 35, líneas 1-4.

39 Id., págs. 38-58.

40 Id., pág. 38, líneas 22-23, pág. 39, líneas 1-4 y pág. 42, líneas 4-5.

41 Id., pág. 42, líneas 11-15 y pág. 43, líneas 20-21.
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representante legal de la parte apelante explicó que hicieron un 

camino alterno, pero los carros no pueden pasar porque es peligroso 

y cuando llueve no se puede pasar.42 Expresó que el Camino fue 

destruido hace como dos (2) o tres (3) años, pero que antes de eso, 

ella lo utilizaba.43 

Durante el contrainterrogatorio declaró que tenía un vehículo 

Pathfinder y que prefería utilizar el Camino en vez de la carretera 

146.44 Además, expresó que le daban mantenimiento al Camino, que 

lo limpiaban.45 Declaró que ella usaba el Camino para hacer sus 

diligencias, que desde del 2021 no se puede usar el Camino y que la 

última vez que lo utilizó fue en ese mismo año.46 En relación al 

Camino, la testigo sostuvo que el mismo nunca estuvo asfaltado, 

estaba transitable porque era un camino, es decir, que se podía 

caminar y los autos podían pasar.47 Durante el turno del redirecto, 

declaró que el camino alterno está en un sitio peligroso y que si 

llueve no se puede pasar, así como que tampoco puede pasar por el 

Camino, por donde excavaron.48 No hubo preguntas en 

recontrainterrogatorio.

La última testigo presentada por la parte apelada fue la señora 

Milagros Ríos Aponte.49 Declaró haber nacido y haberse criado en el 

Barrio Mameyes, Sector Piedra Gorda.50 También, declaró que reside 

en el referido lugar y que trabaja en San Juan decorando eventos en 

hoteles.51 A preguntas de su representante legal atestiguó que 

conoce el Camino desde hace setenta y ocho (78) años y que lo utiliza 

42 Id., pág. 44, líneas1-10.

43 Id., pág. 44, líneas 17-23.

44 Id., pág. 46, líneas 6-11.

45 Id., pág. 46, líneas 17-23, pág. 47, líneas1-3 y pág. 48, líneas 3-4.

46 Id., pág. 49, líneas15-23 y pág. 50, líneas 3-4.

47 Id., pág. 52, líneas 9-18. 

48 Id., pág. 58, líneas 7-12.

49 Id., págs. 59-82.

50 Id., pág. 60, líneas 10-11.

51 Id., pág. 60, líneas 16 y 20-23 y pág. 61, líneas 3-5.
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para salir a trabajar y para hacer sus diligencias.52 La testigo 

describió el Camino.53 

Sostuvo que estuvo presente en la Vista Ocular celebrada por 

el Tribunal en este caso.54 Declaró que la casa del señor Dennis De 

La Paz González está dentro del Camino.55 Explicó que actualmente 

no puede salir por la carretera 140 por la excavación profunda 

realizada por el señor Dennis De la Paz González.

56 También declaró 

que, en cuanto al camino alterno preparado por el señor Dennis De 

la Paz González, no lo ve como un camino con configuración 

adecuada por la compactación del terreno y le preocupa que se 

pueda deslizar, le provoca miedo y no lo usa.57 Entonces, testificó 

que usa otra salida que, si va bajando, tiene pendientes y taludes y 

si ha llovido tiene desprendimientos.

58 Atestiguó que cuando pasa 

lo anterior les cierran la carretera.

59 

En relación al Camino, declaró que no lo está usando por la 

parte que pasa frente a la casa del señor Dennis De la Paz González 

por la excavación profunda que hay y que el camino alterno no le 

funciona.

60 Sostuvo que, para poder salir por el camino alterno, hay 

que tener mucho cuidado para no caer en la pendiente y de noche 

no se puede inclusive bajar porque no hay luz.

61 Además, expresó 

que tiene que pasar por el Río Yunes pero cuando hay buen tiempo 

porque si hay lluvia no se puede pasar.62 Lo anterior, porque el Río 

Yunes sube, pasa sobre el puente Bado y limita el paso.63 En cuanto 

52 Id., pág. 61, líneas 16-22 y pág. 62, líneas 1-2.

53 Id., págs. 62-63.

54 Id., pág. 63, líneas 14-15.

55 Id., pág. 63, líneas 19-23 y pág. 64, líneas 1-5.

56 Id., pág. 65, líneas 7-11.

57 Id., pág. 65, líneas 12-21.

58 Id., pág. 65, líneas 22-23 y pág. 66, líneas 1-11.

59 Id., pág. 66, líneas12-14.

60 Id., pág. 67, líneas 18-21 y pág. 68, líneas 1-4.

61 Id., pág. 68, líneas 5-12.

62 Id., pág. 68, líneas 13-23.

63 Id., pág. 69, líneas 1-3.
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al Camino, declaró que lo dejó de usar en junio del año 2021, pero 

anterior a esta fecha, lo usaba periódicamente por décadas.64

La testigo negó que el Camino estuviese en desuso por más de 

veinte (20) años, y abonó que, en el año 2005, recayó una Sentencia 

donde ella era la promovente en la cual se tuvieron que eliminar los 

portones que estaban en el Camino.

65 En el turno del 

contrainterrogatorio, la testigo declaró que le ha dado 

mantenimiento al Camino consistente en corte de árboles, limpieza 

de orillas, relleno de piedra en algunas áreas y que la última vez que 

se hizo fue aproximadamente en julio del año 2021.

66 Luego, en el 

redirecto declaró que el camino provisional no tiene la consistencia 

para uno moverse.

67 

Al concluir los turnos, el Tribunal expresó que haría una 

pregunta a la señora Milagros Ríos Aponte y que luego los 

representantes legales de las partes podrían preguntar sobre las 

mismas. El Tribunal preguntó de qué forma o cuál medio de 

transporte utilizaba cuando hacía uso del Camino. La testigo declaró 

que usaba un Jeep 4 x 4, que ese es el que siempre lo ha utilizado 

porque desde el año 1999, siempre ha tenido Jeep.

68 Luego, a 

preguntas de su representante legal declaró que no puede pasar con 

el Jeep por el área de la excavación y porque tiene miedo a los 

derrumbes, expresando que en cuanto a los derrumbes se refería al 

camino alterno. Declaró que en una ocasión llegó a usar el camino 

alterno, pero le causó terror por las pendientes y porque allí hay 

agua subterránea y está enlodado.

69 Finalmente, a preguntas de la 

representación legal de la parte apelante declaró que allí hay unas 

venas de agua por toda la finca.70

64 Id., pág. 69, líneas 4-15.

65 Id., pág. 69, líneas 21-23, pág. 70 y pág. 71, líneas 1-5.

66 Id., pág. 73, líneas13-23 y pág. 74, líneas 1-4.

67 Id., pág. 77, líneas 4-6.

68 Id., pág. 79, líneas 21-23 y pág. 80 líneas 1-6.

69 Id., pág. 81, líneas 10-23.

70 Id., pág. 82, líneas 13-16.
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Entonces comenzó el turno de prueba de la parte apelante. 

Según se desprende de la transcripción de la prueba oral (en 

adelante, TPO), el primer testimonio recibido por el foro primario fue 

el del señor Ángel Luis González Meléndez.71 Declaró ser residente

del Barrio Don Alonso en Utuado.72 Testificó tener equipo pesado y 

daba servicios de limpieza de caminos desde hace veinticinco (25) 

años.73 A preguntas de la representación legal de la parte apelada, 

sostuvo que no había visto personas pasar por el Camino hasta el 

último trabajo que hizo en la finca.74 Declaró que hizo un trabajo a 

principios de junio del año 2020, un solar.75 Manifestó que según 

su apreciación el Camino en ese momento era inexistente e 

intransitable así como que no vio a nadie allí cuando hizo el 

trabajo.

76 

Luego, en el contrainterrogatorio admitió que cuando se 

arregla el Camino por el señor Dennis De La Paz González o por él, 

los demás cogen pon.77 Continuó declarando que él fue quien hizo 

la excavación en el Camino y que estuvo haciendo dicha tarea 

aproximadamente dos (2) meses en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 

p.m.

78 Admitió que no hacía el trabajo de noche.79

El señor Dennis De La Paz González fue el próximo testigo en 

declarar y es uno de los apelantes.

80 A preguntas de su

representante legal, declaró que residía en la finca y admitió que 

había un Camino.

81 Declaró que no veía a nadie pasar por el Camino 

desde que hicieron la carretera de las parcelas del Sector Yunes.82 

A preguntas de su representante legal, testificó que no ha visto que 

71 Id., págs. 85-96.

72 Id., pág. 86, línea 1-2.

73 Id., pág. 86, líneas 3-11.

74 Id., pág. 86, líneas 12-19.

75 Id., pág. 87, líneas 5-11.

76 Id., pág. 87, líneas 20.

77 Id., pág. 90, líneas 20-21.

78 Id., pág. 91, líneas 9-13 y pág. 92, líneas 17-23.

79 Id., pág. 93, líneas 1-2.

80 Id., págs. 96-108.

81 Id., pág. 97, líneas 2-3 y 13-14.

82 Id., pág. 98, líneas 1-15.
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le den mantenimiento al Camino.83 También, declaró que nunca ha 

visto a nadie usando el Camino desde el año 2000, cuando hicieron 

las parcelas.84 Sostuvo que vivió en ese lugar hasta hacía como tres 

(3) años.85 

En el contrainterrogatorio, declaró estar en dicho lugar las 

veinticuatro (24) horas al día, para luego admitir que salía cuando 

tenía que hacer gestiones y a preguntas de la representación legal 

de la parte apelada, también admitió que nadie está veinticuatro (24) 

horas en un lugar.

86 Luego, en el redirecto, declaró que en el tiempo 

en que está en la finca no ha visto a nadie usando el Camino.87

La señora Diana De La Paz González fue la próxima testigo 

presentada por la parte apelante, quien es una de las apelantes.

88 

Testificó ser residente de Utuado. Declaró que, para uso diario, el 

Camino dejó de utilizarse hace veinte (20) años.89 Atestiguó “[q]ue 

alguien suba y pasee por allí es otra cosa, pero uso diario...yo no he 

visto a nadie”.90 Sostuvo que al Camino no se le ha dado 

mantenimiento.

91 En el contrainterrogatorio declaró que es doctora 

y que tiene un horario regular de trabajo.

92 Admitió que si está en 

su oficina entonces no está en la propiedad donde está el Camino.

93 

El último testimonio presentado por la parte apelante fue el 

del señor Heriberto Casanovas Torres.

94 En el interrogatorio directo

declaró que era Oficial del precinto de Mameyes desde el año 2002.95 

Testificó que, durante sus turnos, cuando ha patrullado por el área 

del Camino no ha visto a nadie pasar por allí.96 Admitió desconocer 

83 Id., pág. 98, líneas 20-22.

84 Id., pág. 99, líneas 9-14.

85 Id., pág. 104, líneas 21-22.

86 Id., pág. 105, líneas 9-10, pág. 105, línea 11 y pág. 106, línea 17.

87 Id., pág. 108, líneas 10-12.

88 Id., págs. 109-114.

89 Id., pág. 110, líneas 3-4.

90 Id., pág. 110, líneas 3-6.

91 Id., pág. 110, líneas 20-21.

92 Id., pág. 112, líneas 13-18.

93 Id., pág. 112, líneas 15-21.

94 Id., págs. 123-129.

95 Id., pág. 123, líneas 18-23.

96 Id., pág. 124, líneas 4-20.
KLAN202300786 13

a la parte apelada y que solo conoce a los que residen en el área y 

que sus turnos no son de veinticuatro (24) horas.97

Producto del juicio en su fondo, el TPI emitió la Sentencia 

Parcial apelada el 6 de agosto de 2023, notificada el 10 de agosto de 

dicho año.

98 En ella, dispuso que la servidumbre de paso por signo 

aparente reconocida en la Sentencia del caso alfanumérico L AC93-

0013 y confirmada mediante la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Apelaciones en el caso alfanumérico KLAN9700044, sigue vigente en 

el Camino Piedra Gorda del barrio Mameyes Abajo de Utuado que 

grava la propiedad de la parte apelante, por tanto, concluyó que no 

había prescrito. En lo pertinente, el foro primario emitió treinta siete 

(37) determinaciones de hechos que estimó no estaban en 

controversia, a saber:

1. La parte demandada se compone de los miembros de 

la Sucesión de Celestino De La Paz Fuertes e Ivette 

Zoraida González Sierra, compuesta por Dennis y 

Diana, ambos de apellidos De La Paz González.99

2. La parte demandada es propietaria de la finca objeto 

de este litigio según consta en la Escritura Núm. 10 

sobre partición, adjudicación y compraventa 

otorgada el 5 de abril de 2018.100

3. La descripción de la finca en la mencionada escritura 

es la siguiente:

RUSTICA: Parcela radicada en el Barrio Mameyes, 

del término municipal de Utuado, Puerto Rico, con 

una cabida superficial de Ciento Cinco punto 

Noventa y Una Cuerdas (105.91 cdas). En Lindes: 

por el Norte, con José Tulla, Sucesión Valentín y 

parte con una parcela de Uno punto Setenta y Cinco 

(1.5) cuerdas segregada de esta finca; por el SUR, 

José Tulia, José Pérez Pastrana, Hacienda Isolina de 

Márquez y Compañía y en parte con una parcela de 

Uno punto Setenta y Cinco (1.75) cuerdas segregada 

de esta finca; ESTE, Narciso Sierra y Sucesión 

Valentín; OESTE, con José Tulla y José Pérez 

Pastrana.

Inscrita al folio Cincuenta (50) del tomo Quinientos 

Setenta y Seis (576) de Utuado, finca número Diez 

Mil Trescientos Cincuenta y Ocho (10,358). Véase el 

exhibit 1.

4. La finca de la parte demandada está ubicada en el 

Barrio Mameyes del Municipio de Utuado.101

97 Id., pág. 127, líneas 14-18 y pág. 128, líneas18-23. 

98 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 1-15.

99 Determinación de hecho #1 de la Resolución del 18 de julio de 2022.

100 Determinación de hecho #2 de la Resolución del 18 de julio de 2022.

101 Determinación de hecho #3 de la Resolución del 18 de julio de 2022.
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5. La parte demandada adquirió dicha propiedad 

mediante herencia de su padre y madre Celestino De 

La Paz Fuertes e Ivette Zoraida González Sierra y por 

la compra a la tercera coheredera, Ivette De La Paz 

González, de su participación. Véase exhibit 1.

6. Mediante la Sentencia dictada el 27 de marzo de 

1996 y notificada el 10 de abril de dicho año por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Utuado en el caso LAC93-0013, se declaró sin lugar 

una demanda de negatoria de servidumbre y daños 

y perjuicios102 presentada por Celestino de La Paz 

Fuertes y su esposa Ivette Zoraida González Sierra y 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales (parte 

demandante reconvenida en dicho caso) y se declaró 

ha lugar una reconvención mediante la cual se 

decretó la existencia de una servidumbre de paso de 

tiempo inmemorial y de signo aparente sobre la finca 

antes descrita, en aquel entonces, perteneciente a 

los mencionados demandantes, como vía de acceso 

a favor de la parte demandada de dicho caso 

(miembros de la comunidad del barrio Mameyes 

Abajo de Utuado).103

7. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia 

recurrida respecto a la existencia de dicha 

servidumbre a través de la Sentencia emitida el 30 

de diciembre de 1997 en el caso núm. 

KLAN9700044.104

8. La parte demandada mediante la Escritura Núm. 

133 de Compraventa del 12 de junio de 2013[,] 

adquirió por partes iguales una casa con una parcela 

de una cuerda y setenta y cinco centímetros que 

colinda con el camino vecinal Piedra Gorda donde 

está constituida la servidumbre de paso por signo 

aparente y tiempo inmemorial y provee acceso de 

dicho camino a la carretera estatal 140. Véase 

exhibit 2.

9. La propiedad de la parte demandada constituía el 

predio sirviente de la servidumbre de paso 

establecida en el camino Piedra Gorda reconocida en 

el caso núm. LAC93-0013.105

10. El camino vecinal Piedra Gorda comienza en el 

kilómetro 42.1 de la carretera 140, donde ubica la 

casa de Dennis de la Paz, contigua al camino vecinal 

donde se constituyó el predio sirviente de la 

servidumbre de paso, y termina en el barrio Limón 

en la carretera 146, kilómetro 8.1.

11. Desde agosto de 2021, aproximadamente, la parte 

demandada llevó a cabo una remoción de terreno 

mediante equipo pesado en el Camino Piedra 

Gorda106 afectando la servidumbre de paso.

12. El camino Piedra Gorda, antes de ser interrumpido 

por la parte demandada, no estaba asfaltado.

102 Determinación de hecho #4 de la Resolución del 18 de julio de 2022.

103 Determinación de hecho #5 de la Resolución del 18 de julio de 2022.

104 Determinación de hecho #6 de la Resolución del 18 de julio de 2022.

105 Determinación de hecho #7 de la Resolución del 18 de julio de 2022.

106 Determinación de hecho #8 de la Resolución del 18 de julio de 2022.
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13. Existe una vía alterna en una parte del Camino 

Piedra Gorda que atraviesa el Río Yunes y conduce 

hacia la carretera núm. 146.107

14. E[n] un tramo de la carretera 146 pasa un puente 

bajo que cuando llueve y suben las crecidas del 

agua, bloquean el paso.

15. La parte demandada consintió al uso de un camino 

alterno ubicado en la propiedad de la parte 

demandada que fue utilizado por las partes durante 

la inspección ocular celebrada el 16 de febrero de 

2022 para que la parte demandante pueda acceder 

a su propiedad108 por el camino Piedra Gorda.

16. El testigo Ángel M. Rivera Figueroa tiene una 

propiedad en el área de Mameyes de Utuado en 

usufructo (parcela de gobierno) y lleva allí por cerca 

de 20 años; es agricultor; trabaja con cítricos, 

plátanos, café y tiene proyecto de zumo de limón y 

parcha; conoce el camino vecinal Piedra Gorda y 

llevaba transitando más de 16 años y lo ha utilizado 

para trabajar y llevar su mercancía, incluyendo café; 

dejó de usarlo cuando la parte demandada hizo la 

excavación e interrumpió el paso.

17. Luego de la celebración de la inspección ocular el 16 

de febrero de 2022, se les dio autorización a las 

partes de pasar por una vía alterna, utilizada en la 

misma inspección ocular, en lo que se dilucidaba la 

controversia del caso, y el testigo Ángel M. Rivera 

Figueroa lo usó en una ocasión en un vehículo 4 x 4, 

pero es peligroso y no lo ha vuelto a usar ya que tiene 

un semi codo en la parte baja de la pendiente en una 

curva lo que dificulta el paso.

18. El testigo Ángel M. Rivera Figueroa actualmente está 

usando la otra parte del camino Piedra Gorda que va 

a la carretera 146.

19. Por el camino Piedra Gorda que lleva a la carretera 

140 no hay puentes con crecidas de agua que 

dificulten el paso cuando llueve.

20. El Sr. Ángel M. Rivera Figueroa utilizaba el camino 

de Piedra Gorda con una guagua pick up 4 x 4 antes 

de que se rompiera el camino por la parte 

demandada; el camino no estaba embreado.

21. El testigo Jaime Gómez Rodríguez vive en el barrio 

Mameyes Abajo, sector Yunes; es agricultor de café 

y plátano y su finca está en ese lugar; usaba las 

Carreteras 140 y 146 para llegar a su propiedad; por 

la carretera 146 entra por el lado de ferretería 

comercial Limón; por la carretera 140 del barrio 

Mameyes de Utuado, entraba al camino Piedra 

Gorda pasando por el lado de la casa de la parte 

demandada.

22. El testigo Jaime Gómez Rodríguez usó el camino 

Piedra Gorda por un periodo de 17 a 18 años, pero 

dejó de usarlo cuando se interrumpió por el 

demandado al cortar parte del camino por la 

excavación.

23. Actualmente el testigo Jaime Gómez Rodríguez 

solamente usa la carretera 146 para llegar a su 

propiedad ya que la vía alterna establecida, luego de 

107 Determinación de hecho #9 de la Resolución del 18 de julio de 2022.

108 Determinación de hecho #10 de la Resolución del 18 de julio de 2022.
KLAN202300786 16

la vista ocular, es incómoda y peligrosa en una curva 

que hay que dar para atrás y adelante.

24. Luego del huracán María en el 2017[,] el camino a 

través de la carretera 146 estuvo tapado y la vía de 

uso que utilizaba la parte demandante y el testigo 

Jaime Gómez Rodríguez era por la carretera 140 a 

través del camino de Piedra Gorda.

25. El testigo Jaime Gómez Rodríguez utilizó por última 

vez el camino de Piedra Gorda para entregar los 

primeros granos de café en el 2021[,] ya que para 

junio de dicho año se topó con que el camino estaba 

interrumpido.

26. La demandante Laura Ríos Aponte reside en el barrio 

Mameyes, sector Piedra Gorda en Utuado desde hace 

76 años; conoce el camino vecinal Piedra Gorda 

porque nació ahí.

27. La demandante Laura Ríos Aponte utilizaba el 

camino vecinal Piedra Gorda desde que era una niña 

para ir a la escuela y para todo, tanto a pie como en 

una guagua, y lo dejó de usar en el 2021 cuando se 

interrumpió; ese es el mismo camino que pasaba por 

la casa de Celestino de la Paz (padre ya difunto de 

los demandados).

28. La demandante Milagros Ríos Aponte reside en el 

barrio Mameyes sector Piedra Gorda en Utuado; 

conoce el camino vecinal Piedra Gorda desde hace 

68 años y lo usaba para ir a trabajar y hacer 

diligencias.

29. La demandante Milagros Ríos Aponte no puede salir 

por la carretera 140 por la excavación profunda 

realizada por el codemandado Dennis de la Paz que 

interrumpió el camino Piedra Gorda.

30. La demandante Milagros Ríos Aponte usaba 

periódicamente el camino Piedra Gorda durante los 

últimos 25 a 60 años.

31. Desde el 1999 la demandante Milagros Ríos Aponte 

utiliza un jeep 4 x 4.

32. El testigo Ángel Luis González Menéndez tiene 

equipo pesado y él brinda su servicio cuando los 

agricultores lo piden; lleva sobre 25 años dando 

servicio; las veces que ha trabajado por el camino 

Piedra Gorda no ha visto pasar personas por el 

camino, pero no está todo el tiempo allí metido; ha 

trabajado como 15 veces con el demandado Dennis 

de la Paz y trabajó con su padre Celestino de la Paz; 

su horario de trabajo era de 8am a 3pm y cuando 

llovía se iba antes.

33. El testigo Ángel Luis González Menéndez trabajó por 

última vez el camino de Piedra Gorda a principio de 

junio de 2021 e hizo una excavación con permiso del 

dueño Dennis de la Paz que le tomó como 2 meses 

en horario de 8 am a 3 pm.

34. Los demandados le pagan al testigo Ángel Luis 

González Menéndez por su trabajo y lleva muchos 

años trabajando con ellos.

35. Hace 3 años que el demandado Dennis de la Paz 

González vivía en el lugar por donde pasa el camino 

de Piedra Gorda; reconoció que no estaba en su 

propiedad todo el tiempo (24 horas del día).

36. La demandada Diana de la Paz González ocupa la 

casa contigua al camino Piedra Gorda; reconoció que 
KLAN202300786 17

no puede estar 24 horas en su propiedad, pero no ha 

visto a nadie hasta las 11:00 o 11:30 pm ya que ella 

se acuesta tarde; trabaja como médico en Utuado en 

horario regular y en ese momento no está en su 

propiedad.

37. El testigo Eddiberto Casasnovas Torre es policía en 

el precinto del barrio Mameyes de Utuado y lleva

trabajando desde el 2002 en esa área y hace 

vigilancia en la patrulla de la policía, que incluyen el 

área del camino Piedra Gorda, en turnos de 8 a 12 

horas, no durante las 24 horas del día.109

En consecuencia, en su Sentencia Parcial el TPI ordenó lo 

siguiente: 

[. . .] se ordena a la parte demandada a restablecer y 

reconstruir la parte del camino Piedra Gorda 

interrumpido por la excavación y la devuelva a su 

estado anterior a la excavación, de forma tal que se 

pueda seguir utilizando por la parte demandante y los 

vecinos de la comunidad. Se le concede a la parte 

demandada el término de 90 días, contados a partir de 

que esta sentencia advenga final y firme, para que se 

cumpla con lo aquí ordenado, sujeto a la imposición de 

sanciones por el Tribunal.110

Inconforme, el 25 de agosto de 2023, la parte apelante 

presentó una Moción de Reconsideración111, la cual fue declarada sin 

lugar de plano112, conforme a la Regla 47 de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009113, mediante Resolución emitida y 

notificada el 25 de agosto de 2023.114

El 7 de septiembre de 2023, compareció la parte apelante 

mediante un Recurso de Apelación en el cual esgrimió la comisión 

de cuatro (4) errores por el foro primario, a saber:

1. ERRÓ EL HON. TPI AL RESOLVER QUE LA 

SERVIDUMBRE DETERMINADA EN EL CASO NÚM. 

LAC93-0013 Y CONFIRMADA POR EL TRIBUNAL DE 

APELACIONES EN EL CASO KLAN9700044, SIGUE 

VIGENTE UNA SERVIDUMBRE DE PASO 

INMEMORIAL EN EL CAMINO PIEDRA GORDA DEL 

BARRIO MAMEYES ABAJO DE UTUADO, EN FINCA 

PRIVADA Y A FAVOR DE LOS DEMANDANTES Y DE 

LA COMUNIDAD DE VECINOS. LA SENTENCIA 

PARCIAL APELADA PARA TODOS LOS EFECTOS Y 

ERR[Ó]NEAMENTE DIO COMO “COSA JUZGADA” 

ENTRE LAS PARTES LA SENTENCIA EN EL CASO 

109 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 4-8.

110 Id., a la pág. 15.

111 Id., a la pág. 48.

112 Id., a las págs. 49-50.

113 32 LPRA Ap. V, R.47.

114 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 49-50.
KLAN202300786 18

LAC93-00013 Y KLAN9700044, AUN CUANDO NO 

SE DAN LOS REQUISITOS DE LA COSA JUZGADA 

Y TENIENDO COMO IMPACTO QUE SE ESTARÁ 

BENEFICIANDO A LOS DEMANDANTES AQUÍ 

APELADOS Y A TERCERAS PERSONAS QUE NO 

SON PARTE, GRAVANDO LA PROPIEDAD DE LOS 

DEMANDADOS APELANTES “AD PERPETUAM” Y 

SIN PREVIA COMPENSACIÓN JUSTA A ESTOS POR 

PARTE DE LOS APELADOS Y A FAVOR DE PÚBLICO 

EN GENERAL Y DEL ESTADO SIN PREVIA JUSTA 

COMPENSACIÓN, Y SIN APORTAR A LOS GASTOS 

DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN Y ERRÓ AL 

DECRETAR QUE NO HA PRESCRITO O SE HA 

EXTINGUIDO LA SERVIDUMBRE DE PASO

INMEMORIAL.

2. ERRÓ EL HON. TPI AL ORDENAR A LA PARTE 

DEMANDADA A RESTABLECER Y RECONSTRUIR 

LA PARTE DEL CAMINO PIEDRA GORDA 

INTERRUMPIDO POR LA EXCAVACION Y LA 

DEVUELVA A SU ESTADO ANTERIOR A LA 

EXCAVACIÓN, DE FORMA TAL QUE SE PUEDA 

SEGUIR UTILIZANDO POR LA PARTE 

DEMANDANTE Y LOS VECINOS DE LA 

COMUNIDAD. Y CONCEDIENDO A LA PARTE 

DEMANDADA EL TÉRMINO DE 90 DÍAS, 

CONTADOS A PARTIR DE QUE LA SENTENCIA 

ADVENGA FINAL Y FIRME, PARA QUE SE CUMPLA 

CON LO ORDENADO, SUJETO A LA IMPOSICIÓN 

DE SANCIONES POR EL TRIBUNAL.

3. ERRÓ EL HON. TPI EN LA APRECIACIÓN Y 

SUFICIENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL SIN 

QUE LA PARTE DMEANDANTE HAYA 

ESTABLECIDO SU RECLAMO POR 

PREPONDERANCIA DE LA PRUEBA Y EN LA 

APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS.

4. ERRÓ EL HON. TPI EN LA APRECIACIÓN Y 

SUFICIENCIA DE LA PRUEBA TESTIFICAL SIN QUE 

LA PARTE DEMANDANTE HAYA ESTABLECIDO SU 

RECLAMO POR PREPONDERANCIA DE LA PRUEBA 

Y EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS 

HECHOS.

El 2 de noviembre de 2023, las partes presentaron la TPO 

estipulada conforme a la Regla 76 (C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones.

115 El 14 de noviembre de 2023, la parte apelante 

presentó su Alegato Suplementario. El 7 de diciembre de 2023, la 

parte apelada presentó su Alegato en Oposición a Apelación y Réplica 

a Alegato Suplementario. Contando con la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver la controversia ante nos.

115 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76 (C).
KLAN202300786 19

II

A. Recurso de Apelación

La Regla 52.2(a) de las Reglas de Procedimiento Civil116, 

dispone que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro 

de un término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en 

autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es 

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere 

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su 

incumplimiento es insubsanable.117 La correcta notificación de una 

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso 

judicial.118 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del 

Reglamento de este Tribunal establece que: 

Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos 

civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se 

presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta 

días contados desde el archivo en autos de una copia de 

la notificación de la sentencia.119

[...]

No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en 

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.120 En 

tal caso, el curso del término para apelar comienza a partir del 

archivo en autos copia de la notificación de la resolución que 

resuelve la moción.121 Esto, a pesar de que se haya declarado la 

moción No Ha Lugar.

B. Las Servidumbres122

El Código Civil de Puerto Rico de 1930 (en adelante, Código 

Civil de 1930) establece que el propietario de un terreno es dueño 

116 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).

117 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145 

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).

118 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).

119 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).

120 32 LPRA Ap. V, R. 47.

121 Id.

122 El Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado por el Código Civil de 

Puerto Rico de 2020 aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020. 

Para fines de la presente, el Código Civil derogado es la ley vigente y aplicable a la 

controversia que nos ocupa.
KLAN202300786 20

de su superficie y de lo que está debajo de ella y puede hacer en él

las obras, plantaciones y excavaciones que le convengan, salvo 

las servidumbres legalmente establecidas.

123 (Énfasis suplido). 

En particular, el Título VII Capítulo I del Código Civil de 1930 aborda 

la figura de las servidumbres. La servidumbre es definida como un 

gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro 

perteneciente a distinto dueño.124 A la luz de lo anterior, el inmueble 

a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio 

dominante; el que la sufre, predio sirviente.125 A su vez, pueden 

establecerse servidumbres en provecho de una o más personas, o de 

una comunidad, a quienes no pertenezca la finca gravada.126

Las servidumbres pueden ser continuas o discontinuas, 

aparentes o no aparentes.127 En lo que aquí concierne, son 

discontinuas son las que se usan a intervalos más o menos largos y 

dependen de actos del hombre.128 Por su parte, son aparentes las 

que se anuncian y están continuamente a la vista por signos 

exteriores que revelan el uso y aprovechamiento de estas.129 A raíz 

de ello, las servidumbres discontinuas, sean o no aparentes, sólo 

podrán adquirirse en virtud de título.130 A tales efectos, la falta de 

título constitutivo de las servidumbres que no pueden adquirirse por 

prescripción, únicamente se pueden suplir por la escritura de 

reconocimiento del dueño del predio sirviente, o por una sentencia 

firme.131 Establece que, la existencia de un signo aparente de 

servidumbre entre dos fincas establecido por el propietario de 

ambas, se considerará, si se enajenare una, como título para que la 

servidumbre continúe activa y pasivamente, a no ser que, al tiempo 

123 31 LPRA § 1115, Art. 284.

124 31 LPRA § 1631, Art. 465.

125 Id.

126 31 LPRA § 1632, Art. 466.

127 31 LPRA § 1634, Art. 468.

128 Id.

129 Id.

130 31 LPRA § 1653, Art. 475.

131 31 LPRA § 1654, Art. 476.
KLAN202300786 21

de separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario 

en el título de enajenación de cualquiera de ellas, o se haga 

desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura.132

Acorde con el Código Civil de 1930, las servidumbres se 

extinguen: (i) por reunirse en una misma persona la propiedad del 

predio dominante y la del sirviente; (ii) por el no uso durante veinte 

(20) años; (iii) cuando los predios vengan a tal estado que no pueda 

usarse de la servidumbre; pero ésta revivirá si después el estado de 

los predios permitiera usar de ella, a no ser que cuando sea posible 

el uso haya transcurrido el tiempo suficiente para la prescripción, 

conforme a lo dispuesto en el número anterior; (iv) por la renuncia 

del dueño del predio dominante; y/o, (v) por la redención convenida 

entre el dueño del predio dominante y del sirviente, entre otras.133

En lo que aquí respecta, el término principiará a contarse desde el 

día en que hubiera dejado de usarse la servidumbre respecto a las 

discontinuas.134

Por su parte el Código Civil de Puerto Rico de 2020 (en 

adelante, Código Civil de 2020) establece que: “El dominio del suelo 

se extiende al subsuelo y al vuelo, en la medida en que su 

aprovechamiento sea posible, con las limitaciones que la ley 

establece y respetando los gravámenes impuestos [...]”.135 En 

particular, el Título VI Capítulo III del Código Civil de 2020 aborda 

la figura de las servidumbres. La servidumbre es definida como el 

derecho real limitado que recae sobre una finca, denominada finca 

sirviente, en beneficio de otra finca o de una o varias personas o 

comunidad individualizadas.136 Así, las cosas, si la relación es entre 

fincas, la que recibe la utilidad se llama finca dominante.137 Así, 

132 31 LPRA § 1655, Art. 477.

133 31 LPRA § 1681, Art. 482.

134 Id.

135 31 LPRA § 7953, Art. 743.

136 31 LPRA § 8501, Art. 935.

137 Id.
KLAN202300786 22

pues la utilidad puede consistir en el otorgamiento al titular de la 

finca dominante o a las personas, según sea el caso, de un 

determinado uso de la finca sirviente, o en una reducción de las 

facultades del titular de la finca sirviente.138

Como ya mencionamos en el Código Civil de 1930, de igual 

forma en el del 2020 las servidumbres son catalogadas como 

continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes.139 Son 

discontinuas la que se usan a intervalos más o menos largos y 

depende de actos humanos; mientras que, son aparentes la que se 

anuncian y están continuamente a la vista por signos exteriores que 

tienen una relación objetiva con el uso y el aprovechamiento.140

Respecto a su constitución, las servidumbres discontinuas, sean 

aparentes o no, solo pueden constituirse mediante negocio 

jurídico.141 Por último, las causas de extinción de las servidumbres 

son: 

(a) por el no uso durante quince (15) años, excepto en 

el caso de la servidumbre sobre finca propia. Este plazo 

empieza a contar desde el día en el que deja de usarse 

la servidumbre respecto a las discontinuas, [...]; 

[...]

(c) por la extinción del derecho del concedente o del 

derecho real del titular de la servidumbre; 

(d) por la renuncia a la servidumbre por el titular 

dominante;

(e) por la redención convenida entre el titular dominante 

y el sirviente; 

(f) por la pérdida total de la finca sirviente o de la 

dominante; 

(g) por la falta de declaración expresa de la existencia de 

servidumbre publicada únicamente por signo aparente 

sobre finca propia, en el título de enajenación; 

(h) por la desaparición de toda utilidad del uso de la 

servidumbre o si este uso resulta imposible. La 

servidumbre no se restablece si posteriormente su 

ejercicio vuelve a ser útil o posible; o 

(i) por la expropiación forzosa de la finca sirviente.142

[...]

138 Id.

139 31 LPRA § 8503, Art. 937.

140 Id., (a) y (b).

141 31 LPRA § 8523, Art. 946.

142 31 LPRA § 8561, Art. 964.
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C. Deferencia Judicial

Las determinaciones hechas por los foros inferiores sobre la 

prueba recibida merecen gran deferencia de los foros 

revisores.143 En ese sentido, y como regla general, no debemos 

intervenir con las determinaciones que este haya efectuado en virtud 

de la presunción de corrección de la que gozan.144 A esos efectos, 

aunque no está exenta de la posibilidad de toda revisión, si la 

actuación del tribunal a quo no está desprovista de base razonable 

ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que 

prevalezca el criterio del TPI a quien corresponde la dirección del 

proceso.145 Se puede preterir esta deferencia cuando el juzgador de 

hechos haya incurrido en pasión, prejuicio, parcialidad, error 

manifiesto, o cuando un análisis integral de la prueba así lo 

justifique.146 De igual forma, se podrá intervenir con la 

determinación del TPI cuando la referida valoración se aparte de la 

realidad fáctica o resulte inherentemente imposible o increíble.147 El 

nivel de pasión, prejuicio o parcialidad que hace falta demostrar 

para impugnar exitosamente las determinaciones del TPI sobre los 

hechos varía de caso a caso.148 Los foros apelativos podremos 

intervenir con tal apreciación luego de realizar una evaluación 

rigurosa y que, de esta, surjan serias dudas, razonables y 

fundadas.149 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha determinado que un 

juez incurre en pasión, prejuicio o parcialidad si actúa movido por 

inclinaciones personales de tal intensidad que adopta posiciones, 

143 Pueblo v. Pérez Núñez, 208 DPR 511, 514 (2022).

144 Id., 529.

145 Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).

146 Id. Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996).

147 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021). Pueblo v. Arlequín 

Vélez, 204 DPR 117, 148 (2020). Pueblo v. Martínez Landrón, 202 DPR 409, 424 

(2019) citando a Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 63 (1991). González Hernández 

v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011). Pueblo v. Viruet Camacho, 173 

DPR 563, 584 (2009). Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 789 (2002). Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).

148 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 775-776 (2013).

149 Pueblo v. Pérez Núñez, supra. 
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preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus causas que 

no admiten cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala 

e incluso antes de que se someta prueba alguna.150 Por otro lado, 

un tribunal de justicia incurre en un abuso de discreción cuando el 

juez: (i) no toma en cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 

fundamento para ello, un hecho material importante que no podía 

ser pasado por alto; (ii) por el contrario, sin justificación ni 

fundamento alguno, concede gran peso y valor a un hecho 

irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste; 

o, (iii) no obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, los sopesa y 

calibra livianamente.151 Cuando lo que se impugna es la 

adjudicación de credibilidad y la determinación de los hechos, 

la conducta, participación y expresiones del juez durante el 

proceso judicial serán los elementos que se tomarán en 

consideración para evaluar este incurrió en pasión, prejuicio o 

parcialidad.

152 (Énfasis suplido).

En el caso Torres Pérez v. Colón García, nuestro Alto Foro 

expresó:

Donde se halla la médula del problema adjudicativo es 

cuando toca al juez dirimir conflictos en la prueba, 

decidir sobre probabilidades, descartar imposibles, 

hurgar más allá de los testimonios para encontrar las 

verdades que muchas veces se ocultan tras meras 

apariencias, suplir a base de sus propias experiencias y 

conocimientos de la vida aquellos hechos no aportados 

articuladamente por los testimonios, pero inescapables 

al proceso inductivo de su inteligencia.153

A luz de lo anterior, la llamada deferencia judicial está 

predicada en que los jueces de las salas de instancia están en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical porque tienen la 

oportunidad de oír, ver y apreciar el comportamiento de la persona 

150 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 782.

151 Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).

152 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 776.

153 Torres Pérez v. Colón García, 105 DPR 616, 623 (1977).
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testigo.154 Por ello, la valoración que lleva a cabo el foro primario se 

presume correcta.155 Recalcamos que, la tarea de adjudicar 

credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió depende en 

gran medida de la exposición del juez a la prueba presentada.

156

(Énfasis suplido). Por su parte, un foro apelativo cuenta solamente 

con “récords mudos e inexpresivos”, por lo que se le debe respeto 

a la adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador 

primario de los hechos.

157 (Énfasis suplido). No obstante, si la 

apreciación de la prueba no representa el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba y cuando la 

evaluación se distancie de la realidad fáctica o esta es 

inherentemente imposible o increíble tenemos la responsabilidad 

ineludible de intervenir.158 Sin embargo, a pesar de que existe esta 

norma de deferencia judicial, también hemos indicado que, cuando 

las conclusiones de hecho del foro de instancia estén basadas en 

prueba pericial o documental, el tribunal revisor se encuentra en la 

misma posición que el foro recurrido.159

En consecuencia, al este tribunal apelativo enfrentarse a la 

tarea de revisar las determinaciones del foro de instancia, no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos, con la apreciación de 

la prueba ni con la adjudicación de credibilidad efectuadas por el 

mismo, excepto en aquellas situaciones en que se demuestre que 

este último: (i) actuó con prejuicio o parcialidad; (ii) incurrió en un 

craso abuso de discreción; o, (iii) se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.160

154 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 

189 DPR 123, 142 (2013).

155 Id. Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 148 (2009). Pueblo v. Acevedo Estrada,

supra. 

156 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 771.

157 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345, 356 

(2009). Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001).

158 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra. González Hernández v. González 

Hernández, supra. 

159 González Hernández v. González Hernández, Id.

160 González Hernández v. González Hernández, Id., 776. Ramírez Ferrer v. 

Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009). Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 
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III

Según surge de la relación de hechos que hemos narrado, en 

el caso ante nuestra consideración se emitió una Resolución sobre 

una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada por la parte 

apelada. Como sabemos, dicha solicitud fue denegada por el 

Tribunal a quo. Sin embargo, es de ver que allí el foro primario 

estableció qué era lo que quedaba controvertido y que debía 

adjudicarse mediante la presentación de prueba y que, por ello, se 

hacía necesario celebrar un Juicio en su Fondo. Conforme se 

desprende de la Sentencia Parcial apelada, la primera instancia 

judicial estableció que en el caso ante nos, no estaba en controversia 

ni se estaba cuestionando la servidumbre por signo aparente y 

tiempo inmemorial establecida en el caso L AC 93-0013 y 

confirmada por el Tribunal de Apelaciones en el caso KLAN9700044. 

Dispuso que tampoco estaba en controversia si dicha servidumbre 

gravaba la propiedad que hoy le pertenece a los aquí apelantes. En 

cambio, recalcamos que, el Tribunal a quo dispuso que la 

controversia era determinar si la servidumbre en cuestión se 

extinguió por el desuso por más de veinte (20) años o por haber 

quedado en un estado que impidiera su utilidad.

A tenor con lo anterior y luego de haber dispuesto sobre una 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, mediante la cual consignó 

sus determinaciones de hechos161, y estimó lo controvertido, así 

como de haber celebrado una Vista Ocular en el lugar de la 

controversia en cuestión y, por último, justipreciar la prueba 

recibida durante el Juicio en su Fondo, dictaminó que la 

servidumbre que grava la propiedad de los aquí apelantes sigue 

DPR 140, 155 (2000). Pueblo v. Irizarry, supra. Pueblo v. Maisonave, supra, 62-63 

(1991).

161 Hacemos constar que dichas determinaciones de hechos incontrovertidos, 

emitidas producto de la Resolución emitida el 18 de julio de 2022, y que advino 

final y firme, se hicieron formar parte integral de la Sentencia Parcial

apelada. Véase Apéndice de la parte apelante, a las págs. 32-43 y 1-15.
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vigente, por lo que no ha prescrito. En virtud de lo anterior, el foro 

primario ordenó a los aquí apelantes a reestablecer y reconstruir la 

parte del Camino interrumpido por la excavación y a devolverla a su 

estado anterior a la excavación. Con lo anterior, se podría seguir 

utilizando por la parte apelada y los vecinos de la comunidad. Para 

ello, concedió un término a la parte apelante, so pena de sanciones. 

Luego de un análisis del expediente en su totalidad, incluyendo la 

TPO, colegimos que los errores señalados no fueron cometidos y 

procede confirmar la Sentencia Parcial apelada. Veamos.

Debido a su estrecha relación, discutiremos el primer, tercer 

y cuarto error en conjunto; mientras que, el segundo error, se 

discutirá de forma separada. 

Los primeros tres errores versan sobre la apreciación de la 

prueba del foro primario hacia la prueba desfilada durante el Juicio 

en su Fondo, tomando en consideración las determinaciones de 

hechos que surgen de la Resolución emitida el 18 de julio de 2022, 

mediante la cual se denegó la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial

presentada por la parte apelada. En primer lugar, es un hecho cierto 

que, sobre la propiedad en controversia, existe una servidumbre de 

tiempo inmemorial, determinada en el caso L AC93-0013. La 

determinación sobre si el Camino era o no una servidumbre no es 

una controversia viva, sino una adjudicada y final, por lo que no 

tenemos facultad para intervenir con la misma. 

La controversia real y viva era determinar si dicha 

servidumbre había prescrito o se había extinguido. Para ello, el foro 

primario en primer lugar celebró una Vista Ocular, producto de la 

cual ordenó que se le diera paso a la parte apelada por un camino 

alterno mientras se resolvía la controversia. Luego en el Juicio en su 

Fondo, bifurcó el proceso para solo atender el asunto ante nos y 

postergó la evaluación de daños. Así que, durante el Juicio, recibió 

prueba testifical y documental. Con todo, los testigos de ambas 
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partes fueron interrogados y contrainterrogados ampliamente. 

Destacamos que el tribunal a quo también intervino e hizo 

preguntas para aclarar y, de igual forma, permitió a los 

representantes legales realizar preguntas en torno a las suyas. 

Quedando el caso sometido para el dictamen, la primera instancia 

judicial emitió la Sentencia Parcial apelada. 

Debemos reiterar que, la llamada deferencia judicial está 

predicada, como surgió en este caso, en que los jueces de las salas 

de instancia están en mejor posición para aquilatar la prueba 

testifical porque tienen la oportunidad de oír, ver y apreciar el 

comportamiento de las personas testigos, quienes en este caso 

fueron ocho (8) testigos, cuatro (4) de cada parte.162 Sin embargo, 

esta Curia cuenta solamente con “récords mudos e inexpresivos”, 

por lo que le debemos respeto a la adjudicación de credibilidad 

realizada por el juzgador primario de los hechos.163

De la prueba desfilada y creída durante el Juicio y cónsono a 

lo que surge de la TPO, se desprende que, en efecto, el Camino 

estuvo siendo utilizado por la parte apelada y que el periodo que 

marca inescapablemente la interrupción del uso de este fue la 

excavación realizada por la parte apelante en el año 2021. De los 

autos no se desprende otra prueba que tienda a establecer que el 

Camino estuvo en desuso. Además, es de ver que, previo a la 

excavación, el mismo se utilizaba tanto para asuntos de trabajo, 

agricultura, así como para actividades cotidianas de la parte 

apelada. Además, quedó demostrado que, aunque el Camino no es 

perfecto, le han provisto el mantenimiento para poder caminar y 

transitar. Juzgamos, además, que las determinaciones de hecho 

emitidas por el Tribunal apelado se sustentan en la prueba 

162 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 

supra.

163 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, supra. Trinidad v. 

Chade, supra.
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presentada. Debemos recordar que, los foros apelativos podremos 

intervenir con la apreciación del TPI, luego de realizar una 

evaluación rigurosa y que, de esta, surjan serias dudas, razonables 

y fundadas.164 Consecuentemente, las decisiones discrecionales que 

toma el TPI no serán revocadas a menos que se demuestre que ese 

foro abusó de su discreción.165

En el segundo error esgrimido, la parte apelante plantea que 

el foro primario erró al ordenarles a reestablecer y reconstruir el 

Camino interrumpido por la excavación y a devolverlo a su estado 

anterior para que se pueda seguir utilizando. Sin intención de 

repetir, el expediente ante nos habla por sí. El Camino era la 

servidumbre determinada en el caso L AC93-0013. La parte apelante 

realizó una excavación en el Camino, privando a la parte apelada de 

utilizar la referida servidumbre. Luego de la celebración del Juicio 

en su Fondo y de emitidas sendas determinaciones de hecho, el foro 

primario determinó que no se ha extinguido la servidumbre y, según 

adelantemos, no vimos razón para sustituir su criterio con el 

nuestro. En virtud de lo anterior, y no habiéndose demostrado un 

abuso de discreción, error manifiesto, prejuicio o parcialidad, en 

dicha determinación, no vemos razón alguna para intervenir con lo 

actuado por lo que juzgamos que dicho error no fue cometido.

Sostenemos que, la tarea de adjudicar credibilidad y 

determinar lo que realmente ocurrió, depende en gran medida de la 

exposición del juez a la prueba presentada, lo cual incluye, entre 

otros factores, ver el comportamiento de la persona testigo mientras 

ofrece su testimonio y escuchar su voz.166 Como es sabido, el TPI 

está en mejor posición que esta Curia para llevar a cabo esta 

importante tarea judicial.167 Recordemos que, nuestro trasfondo 

164 Pueblo v. Pérez Núñez, supra. 

165 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Pueblo v. Rivera 

Santiago, supra.

166 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra.

167 Id.
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doctrinario recae en que, nuestro sistema judicial es uno adversativo 

de derecho rogado que descansa en la premisa de que las partes, 

cuidando sus derechos e intereses, son los mejores guardianes de la 

pureza de los procesos, y de que la verdad siempre aflore salga a 

relucir.168 Es por todo lo anterior que, juzgamos procede confirmar

la Sentencia Parcial apelada.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

Parcial apelada. Se devuelve el caso al TPI para la continuación de 

los procedimientos.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

168 Fundación Surfrider y otros v. ARPe, 178 DPR 563, 585 (2010).