Número Identificador

SEN2024 _______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

SONNELL FLEET 

SOLUTIONS II, LLC 

Recurrente

v.

JUNTA DE SUBASTAS DEL 

MUNICIPIO DE COROZAL

Recurrido

KLRA202400190

Revisión Judicial 

procedente de la 

Junta de Subastas 

del Municipio de 

Corozal

Subasta Núm.:

005 2023-2024

Sobre: 

Subasta Municipal

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez 

Rivera Torres, la Juez Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Campos Pérez, Juez Ponente

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2024.

Comparece la parte recurrente, Sonnell Fleet Solutions II, 

LLC., (Sonnell), quien solicita nuestra intervención para revocar la 

adjudicación de la Subasta Número 005 2023-2024, realizada por 

la parte recurrida, la Junta de Subastas del Municipio de Corozal

(Junta de Subastas). 

Por los fundamentos que expondremos adelante, 

anticipamos la revocación de la determinación administrativa. 

I.

Surge del expediente que examinamos que la Junta de 

Subastas celebró la Subasta Número 005 2023-2024, intitulada

Servicio del mantenimiento y reparación a la flota vehicular 

adquirida con fondos de la Administración Federal de Transporte 

(FTA, por sus siglas en inglés) del Municipio de Corozal.

1 La subasta 

formal se llevó a cabo el 29 de febrero de 2024.2 Sonnell3 y 

Truckars, Inc. (Truckars)

4 fueron los únicos dos licitadores.5

1 Apéndice del recurso, págs. 1-29.

2 Los licitadores debían presentar sus ofertas el 28 de febrero de 2024, en o 

antes de las cuatro de la tarde.

3 Apéndice del recurso, págs. 30-196.

4 Apéndice del recurso, págs. 205-282.

5 De los autos se desprende que, el 20 de febrero de 2024, se pautó la reunión

presubasta, la cual constituía un requisito indispensable. Además, la Junta de 
KLRA202400190 2

Truckars obtuvo la buena pro, según fue adjudicado el 27 de marzo

de 2024 y notificado el 3 de abril de 2024.

6

Inconforme, el 12 de abril de 2024, Sonnell recurrió de la

decisión ante este foro intermedio y esbozó los siguientes errores:

ERRÓ LA JUNTA DE SUBASTAS AL CONCLUIR QUE 

TRUCKARS, INC, CUMPLIÓ CON TODOS LOS 

REQUISITOS; POR LO QUE ÉSTE NO ES UN 

LICITADOR RESPONSIVO.

ERRÓ LA JUNRA DE SUBASTAS AL NO 

DESCALIFICAR A TRUCKARS, INC. YA QUE NO 

CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS; Y POR 

ENDE NO ADJUDICARLE LA SUBASTA A SONNELL.

Sonnell acompañó el recurso de revisión judicial con una 

Urgente moción en auxilio de jurisdicción. Adujo que la Junta de 

Subastas obró de manera arbitraria en la adjudicación de la 

licitación del epígrafe, por lo que solicitó la paralización de los 

procedimientos. Mediante nuestra Resolución de 12 de abril de 

2024 ordenamos la inmediata paralización de los procesos

relacionados con la correspondiente ejecución de la adjudicación

de la subasta. Además, concedimos a la parte recurrida un término 

de diez días para presentar su postura. En cumplimiento, la Junta 

de Subastas instó Oposición a revisión administrativa y solicitud de 

desestimación el 23 de abril de 2024.

7 Con el beneficio de su

comparecencia, resolvemos.

II.

A.

Es sabido que, al revisar las determinaciones 

administrativas finales, los tribunales apelativos estamos 

compelidos a conceder deferencia, por la experiencia y 

conocimiento pericial que se presume tienen los organismos 

ejecutivos y municipales para atender y resolver los asuntos que le 

Subastas proveyó un correo electrónico para que los licitadores plantearan sus 

dudas en torno al pliego de subasta. Apéndice del recurso, pág. 3.

6 Apéndice del recurso, págs. 197-200.

7 La Junta de Subasta se opuso, por igual, a la paralización decretada; véase, 

Oposición a Urgente moción en auxilio de jurisdicción y solicitud para dejar sin 

efecto Resolución de paralización.
KLRA202400190 3

han sido delegados. Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803, 819 

(2021); Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 

126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 

(2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016). Al 

respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que las 

determinaciones de los organismos administrativos “poseen una 

presunción de legalidad y corrección que los tribunales debemos 

respetar mientras la parte que las impugna no presente la 

evidencia suficiente para derrotarlas”. Rolón Martínez v. Supte. 

Policía, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra; Batista, Nobbe 

v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012); Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1002-1003 (2011). Por ende, nuestra 

intervención sólo se justifica cuando el ente administrativo haya 

obrado de forma arbitraria, ilegal o irrazonable. En esas 

circunstancias, entonces, cederá la deferencia que ostenta en las 

aplicaciones e interpretaciones de las leyes y los reglamentos que 

administra. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 

177, 187 (2009). En torno a esto, en Torres Rivera v. Policía de PR, 

supra, el Tribunal Supremo expuso las normas básicas sobre el 

alcance de la revisión judicial:

[L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de 

una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá 

cuando: (1) la determinación administrativa no está 

basada en evidencia sustancial; (2) el ente 

administrativo erró en la aplicación o interpretación de 

las leyes o reglamentos que se le ha encomendado 

administrar; (3) el organismo administrativo actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional, o (4) la 

actuación administrativa lesionó derechos 

constitucionales fundamentales. Es importante 

destacar que, si el tribunal no se encuentra frente a 

alguna de esas situaciones, aunque exista más de una 

interpretación razonable de los hechos procede que se 

valide la interpretación que realizó la agencia 

administrativa recurrida. Torres Rivera v. Policía de PR, 

supra, pág. 628.

Así, pues, es norma asentada que el norte al ejercer nuestra 

facultad revisora es el criterio de razonabilidad. Super Asphalt v. 
KLRA202400190 4

AFI y otro, supra, pág. 821; Graciani Rodriguez v. Garage Isla 

Verde, LLC, supra, pág. 127; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, 

pág. 626; Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 1033, 

1042-1043 (2012). Por lo tanto, intervendremos únicamente

cuando el organismo recurrido haya actuado de una manera 

tan irrazonable que su actuación constituya un abuso de

discreción. Super Asphalt v. AFI y otro, supra, pág. 821; Graciani 

Rodriguez v. Garage Isla Verde, LLC, supra, pág. 127; Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, supra.

B.

Como se conoce, el proceso de contratación de servicios por 

el aparato gubernamental está revestido del más alto interés 

público, toda vez que aspira “promover la inversión adecuada, 

responsable y eficiente de los recursos del Estado”. (Cursivas en el

original). Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803, 820 (2021);

ECA General Contractors, Inc. v. Municipio, 200 DPR 665, 672 

(2018). De ordinario, el procedimiento de subasta es el vehículo 

utilizado por el Gobierno en la adquisición de bienes y servicios. 

Super Asphalt v. AFI y otro, supra, págs. 820-821; ECA General 

Contractors, Inc. v. Municipio, supra, pág. 672. “[L]a subasta 

gubernamental procura establecer un esquema que asegure la 

competencia equitativa entre los licitadores, evite la corrupción 

y minimice los riesgos de incumplimiento”. (Énfasis nuestro). 

Super Asphalt v. AFI y otro, supra, pág. 821; ECA General 

Contractors, Inc. v. Municipio, supra, págs. 672-673. Asimismo, 

ante la ausencia de un estatuto uniforme que regule la subasta 

gubernamental, cada organismo ejerce su poder de reglamentación 

para establecer las normas que regirán sus procedimientos de 

subasta. Super Asphalt v. AFI y otro, supra. A tales efectos, el 
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Artículo 7.012, Compras y Suministros, 21 LPRA sec. 7961, del 

Código Municipal de Puerto Rico8 establece:

Todas las compras de bienes y servicios se efectuarán 

de acuerdo a las normas y reglamentos que adopte la 

Junta. Tales normas y reglamentos dispondrán que 

toda compra y contrato de suministros o servicios, 

excluyendo los profesionales, que exceda de la 

cantidad de cien mil (100,000) dólares, conllevará la 

celebración de una subasta formal. Cuando el importe 

de dicha adquisición o contrato sea menor de dicha 

cantidad, se dispondrá por reglamento un 

procedimiento para la solicitud de cotizaciones de por 

lo menos tres (3) licitadores o suplidores.

Por su parte, el Artículo 1.050 del Código Municipal de 2020, 

21 LPRA sec. 7081, dispone para la revisión de las subastas 

municipales por parte de este foro intermedio:

El Tribunal de Apelaciones revisará, el acuerdo final o 

adjudicación de la Junta de Subastas, el cual se 

notificará por escrito y mediante copia por correo 

escrito regular y certificado a la(s) parte(s) afectada(s). 

La solicitud de revisión se instará dentro del término 

jurisdiccional de diez (10) días contados desde el 

depósito en el correo de la copia de la notificación del 

acuerdo final o adjudicación. La notificación deberá 

incluir el derecho de la(s) parte(s) afectada(s) de acudir 

ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones para la 

revisión judicial; término para apelar la decisión; fecha 

de archivo en auto de la copia de la notificación y a 

partir de qué fecha comenzará a transcurrir el 

término. La competencia territorial será del circuito 

regional correspondiente a la región judicial a la que 

pertenece el municipio.

Finalmente, en lo que atañe al caso del título, es pertinente 

examinar las disposiciones del Reglamento para la Administración 

Municipal, Reglamento Núm. 8873 de 19 de diciembre de 2016 

(Reglamento 8873). La Parte II, Sección 5, de la reglamentación

aludida atiende el contenido de los pliegos de especificaciones 

de la subasta. En particular, el inciso (4) establece:

Los pliegos de la subasta contendrán instrucciones 

específicas y precisas sobre los términos y condiciones 

de la referida invitación. El municipio redactará las 

especificaciones, de manera que expresen 

claramente las necesidades de la unidad 

requirente. Además, deben incluir sólo aquellas 

8 Ley Núm. 107 de 13 de agosto de 2020, según enmendada, 21 LPRA sec. 7001, 

et seq.
KLRA202400190 6

restricciones o condiciones necesarias para satisfacer 

las necesidades municipales. (Énfasis nuestro).

En su Capítulo VIII, Parte I, Sección 5, el Reglamento 8873 

dispone los requerimientos de un licitador responsable:

(1) Tiene recursos financieros adecuados para cumplir

su obligación o la habilidad de obtener tales 

recursos.

(2) Es capaz de cumplir con los términos requeridos o 

propuestos de entrega, según estipulados o 

requeridos.

(3) Tiene un historial de cumplimiento satisfactorio.

(4) Tiene un historial satisfactorio de integridad y ética 

comercial.

(5) Tiene la organización, experiencia, contabilidad y 

controles operacionales y destrezas técnicas 

necesarias para cumplir sus obligaciones.

(6) Tiene equipo técnico y facilidades necesarias, o la 

habilidad de obtener tal equipo y facilidades.

(7) Está de otra forma cualificado y sea elegible para 

recibir una adjudicación de conformidad con las 

leyes y reglamentos aplicables.

(8) Cualquier otro requerimiento impuesto por el 

municipio para considerarlo como “licitador 

responsable”.

Cónsono con lo anterior, el Reglamento 8873, Parte II, 

Sección 11, dispone sobre los parámetros para la adjudicación en 

las subastas de suministros de servicios no profesionales. 

La adjudicación de las subastas de adquisición, se 

harán a favor del licitador que esté respaldado por un 

buen historial de capacidad y cumplimiento y que 

reúna los siguientes requisitos:

a) que cumpla con los requisitos y condiciones 

de los pliegos de especificaciones;

b) que sea la más baja en precio o que aunque no 

sea la más baja en precio, la calidad y/o 

garantías ofrecidas superan las demás ofertas o 

se justifique el beneficio de interés público de 

esa adjudicación. (Énfasis nuestro).

. . . . . . . .

Finalmente, en aras de una competencia adecuada, los 

ayuntamientos están compelidos a rechazar aquellas ofertas de un 

licitador cuyo precio es irrazonable o que no cumpla con los 

requerimientos de la subasta. Reglamento 8873, Cap. VIII, Parte II, 

Sección 12 (1). En armonía con lo anterior, el Reglamento 8873, 
KLRA202400190 7

Parte II, Sección 12 (7), provee para que los municipios impartan 

un rechazo global a las propuestas no responsivas. Así reza:

Se podrán rechazar todas las ofertas recibidas para 

una subasta en los siguientes casos:

a) no cumplan con las especificaciones;

b) no cumplan con las condiciones;

c) ofrezcan precios irrazonables;

d) exista colusión entre todos los licitadores;

e) no ha dado atención y cumplimiento 

satisfactorio a contratos que le hayan sido 

otorgados anteriormente;

f) el licitador es deudor del municipio o el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y no está acogido 

a un plan de pago;

g) el licitador ha sido convicto por delitos 

relacionados a malversación de fondos públicos, 

conforme la Ley Núm. 458-2000, según 

enmendada y otras que en lo sucesivo puedan 

ser aprobadas;

h) cualquiera otra causa justificada por la Junta.

(Énfasis nuestro).

En estos casos, en consonancia con el Artículo 7.012 del 

Código Municipal, supra, la acción a tomar es la celebración de

una subasta formal, siempre que el importe del contrato exceda de 

cien mil dólares. En las instancias de sumas inferiores, el 

reglamento de la junta de subastas del ayuntamiento dispondrá 

para la solicitud de cotizaciones de al menos tres suplidores.

III.

En la presente causa, Sonnell alega que la Junta de 

Subastas incidió al adjudicar la buena pro a favor de Truckars, 

aun cuando el agraciado no fue un licitador responsivo ni cumplió 

con los requisitos de la subasta. En este aspecto, le asiste la razón

al recurrente, según explicaremos en adelante al discutir en 

conjunto los dos señalamientos de error.

El Municipio de Corozal posee una flota de tres vehículos 

Chevrolet Express G4500 de 2019 para el transporte colectivo. Las 

unidades fueron adquiridas mediante una asignación de fondos de 

la FTA. A través de la subasta formal del título, el ayuntamiento 
KLRA202400190 8

buscaba contratar los servicios de mantenimiento preventivo y 

reparación de los tres vehículos de pasajeros. El acuerdo estaría

sujeto a una posible extensión de hasta cuatro años. La Junta de 

Subastas delimitó de manera precisa en 54 acápites del Pliego y

Condiciones las especificaciones de los servicios a contratar.

9 No 

obstante, la Junta de Subastas configuró un Pliego de Licitación en 

el que agrupó en tres incisos algunos de los servicios, a saber: los 

costos mensuales por unidad del mantenimiento preventivo, los

costos por mecánica liviana y por mecánica pesada, entre otros, 

con el fin de que los licitadores consignaran sus precios en los 

espacios provistos. Debemos apuntar que el Pliego de Licitación

omite servicios contemplados en el Pliego y Condiciones. Entre

éstos, podemos mencionar el cotejo del sistema de enfriamiento, 

instalación de neumáticos y baterías, hojalatería, pintura, 

rotulación, reemplazo de cristales y lavado de las unidades 

vehiculares. 

Por separado, la Junta de Subasta unió una adenda para el

servicio de grúa para remolque. Ambos proponentes sometieron

sus respectivas tarifas. Ahora, no surge de la propuesta del 

agraciado, sin embargo, qué unidad de reemplazo proveerá. Con 

relación a este requerimiento, el recurrente plantea que se trata de 

un arrendamiento, por lo que Truckars no ostenta la autorización

para ello. Empero, la obligación de suministrar un vehículo de 

reemplazo, cuyo incumplimiento acarrea una multa de $500.00,

10

no cumple con la definición del contrato de arrendamiento. Como 

se conoce, el contrato de arrendamiento es aquél mediante el cual 

“el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el 

uso y disfrute de un bien a cambio de un precio cierto”. Art. 1331 

del Cód. Civil, 31 LPRA sec. 10101. En el negocio jurídico

9 Refiérase al Apéndice del recurso, págs. 4-6.

10 Apéndice del recurso, pág. 4, acápites 15-16.
KLRA202400190 9

propuesto por el Municipio de Corozal, la prestación exigida no 

está atada al pago de un canon de arrendamiento, sino que se 

concibe como un servicio adicional que el licitador debe satisfacer, 

como parte del contrato de mantenimiento y reparación de los 

vehículos de pasajeros.

A base del Pliego de Licitación, éstas fueron las propuestas de 

cada proponente:

SONNELL TRUCKARS

$1,1977.00 $175.00

PRECIO NO 

INCLUYE 

CAMBIO DE 

WIPER, 

REFRIGERANTE, 

FLUIDOS. 

ÉSTOS SE 

FACTURARÁN 

APARTE DE SER 

NECESARIO EL 

CAMBIO DE LOS

MISMOS

Mantenimiento Preventivo

a. Cambio de Aceite y filtros que sean 

los recomendados por el fabricante

b. Cambios de Filtros de Aire y diésel 

en aquellos vehículos que aplique

c. Rotación de gomas

d. Revisión de líquido de frenos, 

wiper, presión de gomas, 

refrigerantes, y suplir de ser 

necesarios

e. Cotejo de sistema de Frenos 

(bandas, pads)

f. Cotejo del sistema de rampa de 

impedidos

a. $100.00

b. 20%

c. $175.00

d. $100.00

a. $60.00

b. 30%

c. $20.00

d. $60.00

Mecánica Liviana

a. Costo por hora de mecánica liviana 

$ 100.00 hora

b. Porciento ganancia en Piezas 

_____%

c. Inspección anual de vehículo 

$_____ por vehículo

d. Costo de Instalación y Reparación 

aire acondicionado $_____ por hora

a. $130.00

b. 20%

c. $175.00

d. $130.00

a. $70.00

b. 30%

c. $40.00

d. $70.00

Mecánica Pesada

(vehículos diésel, guaguas

escolares, camiones, etc.)

a. Costo por hora de mecánica 

[pesada] $_____ hora

b. Porciento ganancia en Piezas 

_____%

c. Inspección anual de vehículo 

$_____ por vehículo

d. Costo de Instalación y Reparación 

aire acondicionado $_____ por hora

$350.00

$75.00 por 

enganche

$10.00 por 

cada milla

Grúa

Tal como se desprende de las propuestas esbozadas, en la 

oferta de mantenimiento preventivo, Truckars modificó el Pliego de 

Licitación y excluyó del precio de $175.00 mensual por unidad los 

servicios de cambio de limpiaparabrisas, refrigerantes y fluidos. 

Según el licitador agraciado, de estos servicios ser necesarios, se 
KLRA202400190 10

facturarían por separado. Cabe señalar que estas especificaciones

sobre el mantenimiento preventivo surgen del Pliego y Condiciones

de la subasta formal, al que citamos e impartimos énfasis:

11

. . . . . . . .

3. El mantenimiento preventivo se hará conforme al 

Manual de Mantenimiento del Manufacturero de los 

vehículos. La frecuencia se debe considerar de acuerdo 

con el millaje y horas de motor, se debe contemplar el 

costo para servicios cada mes. Entre las labores a 

realizar están las siguientes y todas aquellas otras que 

son requeridas por el Manual:

a) Cambio de Aceite y filtros que sean los 

recomendados por el fabricante

b) Cambios de Filtros de Aire y diésel en aquellos 

vehículos que aplique

c) Rotación de gomas

d) Revisión de líquido de frenos, wiper, presión de 

gomas, refrigerantes, y suplir de ser necesarios

e) Cotejo de sistema de Frenos (bandas, pads)

f) Cotejo del sistema de enfriamiento (Servicio si 

necesita)

g) Cotejo del sistema de rampa de impedidos

Somos del criterio que la atribución del agraciado de excluir 

servicios requeridos, tanto en el Pliego y Condiciones como en el

Pliego de Licitación, lo inhabilita como proponente. La mera 

exclusión de los fluidos y los refrigerantes, cuyo producto y labor

debía cotizar, inciden en la contratación pública. Al modificar

unilateralmente las condiciones, la referida partida de 

mantenimiento preventivo queda al arbitrio del contratista, en 

perjuicio de los haberes del ayuntamiento. Nótese que no se trata 

de un servicio incidental, sino continuo, ya que para el uso seguro

de estas unidades de pasajeros de 2019 es esencial la revisión de

la necesidad o no de suplir el aceite de motor, el refrigerante y los 

fluidos, tales como el líquido de frenos o el de la transmisión, entre 

otros.

Ciertamente, la Junta de Subastas abusó de su discreción al

concluir irrazonablemente que el agraciado cumplió con las 

especificaciones de la subasta formal y adjudicar la buena pro a 

11 Apéndice del recurso, pág. 4, acápite 3.
KLRA202400190 11

favor de Truckars. Como se sabe, el precio más bajo es un criterio 

importante en los procesos de adjudicación de subastas públicas, 

pero no el único. Por consiguiente, en esta causa, debe ceder

nuestra deferencia judicial a las determinaciones administrativas.

Además, es notable que de las propuestas de ninguno de los

licitadores se desprenden los costos propuestos por cuatro años, 

en caso de que el Municipio de Corozal hubiera considerado

extender el acuerdo hasta cuatro años. Asimismo, a diferencia de 

Sonnell, Truckars omitió incluir la política de drogas y alcohol, así 

como varias de las certificaciones gubernamentales solicitadas, 

según se puede constatar en los autos.

12

De otro lado, ambos licitadores incumplieron al someter 

estados financieros al 31 de diciembre de 2022, cuando el Pliego y 

Condiciones delimitó la fecha del 31 de diciembre de 2023.13 En 

cuanto a este asunto, Truckars refleja un patrimonio neto 

negativo, lo que podría comprometer su solvencia financiera y la 

capacidad para cumplir con las obligaciones con el ayuntamiento.

Según esbozamos, quien preste los servicios al aparato público 

debe contar con recursos financieros adecuados para cumplir su 

obligación.

En fin, nos parece que la liviandad con la que la Junta de 

Subastas asumió la anotación superpuesta de Truckars y otros

patentes incumplimientos del agraciado denota un gran 

desconocimiento de los procesos de subasta formal, lo que, a su 

vez, compromete la protección de los fondos públicos. Así, pues, 

luego de un ponderado examen del expediente, colegimos que 

procedía la descalificación de Truckars.

Claro está, la descalificación de Truckars no es razón

suficiente para adjudicar la subasta a favor de la parte recurrente. 

12 Apéndice del recurso, págs. 6, acápite 51; 8, acápites 17-19, 24.

13 Apéndice del recurso, pág. 5, acápite 26. Del expediente no surge una 

enmienda que permita a los licitadores someter estados financieros distintos a lo

consignado en el Pliego y Condiciones.
KLRA202400190 12

Primero, si bien Sonnell cumplió con la mayoría de los 

requerimientos del pliego de subasta, no satisfizo todos los 

requisitos. Del mismo modo, opinamos que la Junta de Subastas 

tiene razón al rechazar los precios propuestos por el recurrente, al

considerarlos elevados o irrazonables. A esos efectos, tal como 

regula el Reglamento 8873, a la Junta de Subastas le correspondía

rechazar ambas ofertas, ya que ninguno de los proponentes

satisfizo los parámetros del pliego de la subasta formal. En suma, 

Truckars no cumplió con todas las especificaciones y Sonnell

ofreció precios irrazonables. Por tanto, la Junta de Subastas del

Municipio de Corozal deberá celebrar, de así interesarlo, una 

nueva subasta para los servicios de mantenimiento y reparación de 

la flota vehicular adquirida con fondos de FTA del ayuntamiento.

IV.

Por los fundamentos expuestos, revocamos la adjudicación

de la Subasta Núm. 005 2023-2024 notificada por la Junta de 

Subastas del Municipio de Corozal el 3 de abril de 2024. A su vez, 

dejamos sin efecto la paralización decretada.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones