Número Identificador

SEN2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

PEDRO JOSÉ 

NIEVA ANNONI

Parte Apelada

v.

LORRAINE IRENITA 

FUSTER SANTANA

Parte Apelante

KLAN202400123

Apelación,

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Guayama

Caso Núm.: 

PO2023RF00199

Sobre: 

Divorcio - Ruptura 

Irreparable

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge 

Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2024.

Compareció ante este Tribunal la parte apelante, la Sra. Lorraine 

Irenita Fuster Santana (en adelante, la “señora Fuster Santana” o la 

“Apelante”), mediante recurso de apelación presentado el 12 de febrero de 

2024. Nos solicitó la revocación de la Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Guayama (en adelante, el “TPI”), el 11 

de enero de 2024, notificada y archivada en autos en la misma fecha.

Mediante el referido dictamen, el foro apelado declaró “Ha Lugar” la 

“Petición de Divorcio Individual” (en adelante, la “Demanda”) decretando

la disolución del vínculo matrimonial habido entre las partes de epígrafe, 

por la causal de ruptura irreparable. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma

la Sentencia apelada. 

I.

El caso de autos se originó el 7 de marzo de 2023, con la 

presentación de la Demanda sobre divorcio interpuesta por el Sr. Pedro 

José Nieva Annoni (en adelante, el “señor Nieva Annoni” o el “Apelado”) en 

contra de la Apelante. A través de su escrito, alegó que: (1) es marino 
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mercante de profesión; (2) trabaja jornadas ininterrumpidas en alta mar, 

seguidas por períodos de treinta (30) días consecutivos de descanso; (3) 

su dirección es 804 South Road Boyton Beach, Florida, Estados Unidos;

(4) el 2 de enero de 2023, luego de una disputa entre las partes, mientras

se encontraba en la jurisdicción de Puerto Rico, entendió que el matrimonio 

estaba roto irreparablemente; (5) que los hechos que dieron por culminado 

los nexos de convivencia matrimonial ocurrieron en Puerto Rico, por lo que

procedía que esta jurisdicción fuera la que decretara el divorcio entre las 

partes, (6) la señora Fuster Santana ha residido en Puerto Rico por más de 

un año, específicamente desde el 6 de marzo de 2022; y que (7) contaba

con una propiedad ubicada en el Municipio de Lajas, Puerto Rico. Además, 

solicitó que la patria potestad fuera compartida y que las relaciones 

paternofiliales se establecieran en función del bienestar óptimo de los 

menores. 

Así las cosas, el 10 de mayo de 2023, la Apelante radicó su

“Contestación a la Demanda”. A través de la misma, argumentó que: (1) 

no era vecina de Ponce, Puerto Rico, puesto que su dirección física estaba 

ubicada en 804 South Road, Boyton Beach FL, 33435, (2) durante las 

estadías en Puerto Rico se alojó junto al Apelado y sus hijos en común en 

la residencia de su madre ubicada en el Municipio de Ponce, (3) el incidente 

entre la partes que detonó las razones para presentar la Demanda no

ocurrió en Puerto Rico, sino en el estado de la Florida en horas de la

madrugada del 2 de enero de 2023; y (4) que ha estado viviendo en Puerto 

Rico por las dificultades en el desarrollo del habla de su hijo, pero que no 

ha sido de manera continua e ininterrumpida por espacio de un (1) año.

Expresó que se ha mantenido viajando continuamente entre Florida 

y Puerto Rico durante los años 2022 y 2023. Asimismo, negó tener la 

intención de vivir permanentemente en Puerto Rico y se opuso a la custodia 

compartida de los hijos menores de edad. En este mismo escrito, incluyó 

una “Reconvención” mediante la cual alegó que existe un patrón de 

maltrato psicológico, económico y emocional por parte del Apelado en su 

contra. Así pues, también solicitó la disolución del vínculo matrimonial por 
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la causal de ruptura irreparable. Igualmente, solicitó como medidas 

cautelares la imposición de una pensión alimentaria para sus hijos, una 

pensión pendente lite por la cantidad de $6,000.00 y se refiriera al Apelado 

a evaluación psicológica para evaluar sus capacidades protectoras, antes 

de tener contacto con sus hijos menores de edad, entre otros remedios.

Posteriormente, el 21 de mayo de 2023, el señor Nieva Annoni

presentó “Réplica a Contestación a Demanda y Contestación a 

Reconvención” mediante la cual reiteró que la Apelante residía en el 

pueblo de Ponce y que su intención era permanecer en Puerto Rico. Añadió

que uno de sus hijos recibía terapias y asistía a una escuela en dicha

localización. También señaló que los viajes esporádicos que ha realizado 

la señora Fuster Santana no interrumpían el período de residencia 

requerido por ley. Indicó que se ha hecho cargo de los gastos tanto 

familiares como los de la Apelante y que la cuantía reclamada era excesiva. 

Por último, arguyó que la señora Fuster Santana es arquitecta y abogada,

por lo que tiene la capacidad de generar ingresos superiores a los suyos. 

Luego de varios trámites procesales, el 9 de enero de 2024, la 

Apelante presentó una “Moción Solicitando la Vivienda Familiar como 

Hogar Seguro para los Menores de Edad como requisito sine qua non

para celebrar Vista de Disolución del Vínculo Matrimonial” (en 

adelante, “Moción Solicitando la Vivienda Familiar”). Relató que tanto

sus hijos como ella se encuentran en una situación de inestabilidad e 

inseguridad respecto a su hogar ubicado en el estado de la Florida y que 

allí se encuentran todas las pertenencias de los menores, sus bienes 

muebles y cuentas bancarias. También manifestó que cierta Orden del TPI 

que establece que los menores no pueden ser removidos de la jurisdicción 

de Puerto Rico no permitía el viaje de los menores a su residencia en 

Florida. Como corolario de lo anterior, solicitó que antes de que se llevara 

a cabo la vista de divorcio se hiciera una determinación de hogar seguro 

sobre la vivienda familiar. Expresó que, si el Tribunal entendía que no 

procedían las alegaciones sobre hogar seguro, tampoco se debía atender 

el divorcio en este caso, por lo que la “Demanda” debía ser desestimada.
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En esta misma fecha, el foro primario declaró “No Ha Lugar” la solicitud de

desestimación de la “Demanda” por falta de jurisdicción y le concedió un 

término al señor Nieva Annoni para presentar su posición a la solicitud de 

designación de hogar seguro. Al día siguiente, el Apelado presentó su

“Oposición a Moción solicitando la Vivienda Familiar...[entrada 261]”. 

Finalmente, el 11 de enero de 2024, se celebró la vista de divorcio.

A dicho señalamiento, compareció la Apelante, a través de su 

representación legal, la Lcda. Ruz Torres Orengo (en adelante, la “Lcda. 

Torres Orengo”) y el Apelado representado por el Lcdo. José Asencio 

Quiles (en adelante, el “Lcdo. Asencio Quiles”). Antes del desfile de la 

prueba, se les permitió a las partes argumentar sus respectivas posturas 

sobre la procedencia de la solicitud de la señora Fuster Santana sobre 

hogar seguro. Escuchadas las partes, el foro apelado determinó que 

carecía de jurisdicción para conceder dicho remedio, pues la propiedad 

inmueble sobre la que se solicitaba el hogar seguro se encontraba en el 

estado de la Florida. 

Adjudicado el asunto sobre hogar seguro, se procedió con el desfile 

de prueba relacionado con la solicitud de divorcio. Es menester destacar 

que de la transcripción de la prueba oral (en adelante, “TPO”) la única 

evidencia presentada consistió del testimonio del señor Nieva 

Annoni, mientras que la Apelante se negó a participar del proceso. Lo 

anterior, presuntamente, porque fue el interés de la Apelante solicitarle la 

inhibición al juez que preside los procedimientos, sin embargo, no se había 

presentado solicitud escrita a esos efectos. 

Luego de evaluar la evidencia presentada, el TPI emitió una 

Sentencia mediante la cual: (1) declaró “Ha Lugar” la Demanda; (2)

estableció que la patria potestad sería compartida y que la custodia la 

ostentaría la señora Fuster Santana; (3) ordenó a la Unidad de Relaciones 

de Familia a establecer un plan provisional de relaciones filiales hasta el 16 

de febrero de 2024; (4) consignó que carecía de jurisdicción para atender 

asuntos relacionados al inmueble ubicado en el estado de la Florida; e (5) 
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impuso el pago de la suma de $5,000.00, por concepto de honorarios de 

abogado a favor del Apelado. 

Inconforme con lo anteriormente resuelto, la Apelante acudió a este 

Tribunal mediante el recurso de epígrafe, en el que señaló los siguientes 

errores:

PRIMER ERROR: ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN 

EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

NO DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN DE DIVORCIO 

POR CARECER DE JURISDICCIÓN SOBRE LA MATERIA.

SEGUNDO ERROR: ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN 

EL HONORALE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

NO CELEBRAR UNA VISTA EVIDECIARIA PARA RECIBIR 

PRUEBA SOBRE LA ALEGACIÓN DE FALTA DE 

JURISDICCI[Ó]N SOBRE LA MATERIA PREVIO A LA 

CELEBRACIÓN DE LA VISTA DE DIVORCIO.

TERCER ERROR: ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN 

EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

IMPONER HONORARIOS POR TEMERIDAD A LA PARTE 

APELANTE. 

El 20 de marzo de 2024, compareció el señor Nieva Annoni 

mediante “Alegato en Oposición a Recurso de Apelación”.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a resolver.

II.

A.

El término jurisdicción ha sido definido como el poder y autoridad

que poseen los tribunales para considerar y decidir sobre las controversias 

ante su consideración. Cobra Acquisitions v. Municipio de Yabucoa et al., 

210 DPR 384, 394 (2022). Para adjudicar un caso, el tribunal debe tener 

jurisdicción tanto sobre la materia en cuestión como sobre las partes en 

disputa. Adm. Terrenos v. Ponce Bayland, 207 DPR 586, 600 (2021). La 

jurisdicción sobre la materia se trata de la capacidad del tribunal para 

abordar y solucionar controversias sobre aspectos legales particulares. 

Rodríguez Rivera v. De León Otano, 191 DPR 700, 708 (2014). Es por ello

que los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción. Torres 

Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 500 (2019). Así pues, la ausencia 

de jurisdicción conlleva las siguientes consecuencias inexonerablemente
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fatales: (1) la falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada, (2) 

las partes no pueden voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la 

materia a un tribunal, ni el tribunal puede abrogársela, (3) los dictámenes 

de un foro sin jurisdicción sobre la materia son nulos, (4) los tribunales tiene 

el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción, (5) los tribunales 

apelativos, además, deberán examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso y (6) el planteamiento de falta de jurisdicción sobre la 

materia puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento. Allied 

Mgmt. Group. v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 386 (2020). A causa de lo 

antes dicho, cuando un tribunal determina que no tiene jurisdicción sobre 

la materia, solo puede así declararlo y desestimar el caso. Beltrán Cintrón

et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 102 (2020). 

A tenor con lo anterior, el Artículo 424 del Código Civil de Puerto 

Rico regula lo concerniente a la jurisdicción en los casos de divorcio. En 

específico, dispone lo siguiente: 

Ninguna persona puede solicitar u obtener la disolución 

de su matrimonio por divorcio, de conformidad con las 

disposiciones de este Código, si no ha residido en Puerto 

Rico por un año, de manera continua e inmediatamente 

antes de presentar la petición, a menos que los motivos 

que dan lugar a la petición individual en que se funde 

haya ocurrido en Puerto Rico o cuando uno de los 

cónyuges reside aquí. El periodo de residencia del cónyuge 

promovente puede ser menor si la muerte presunta del 

cónyuge ocurre en Puerto Rico. 31 LPRA sec. 6771 (énfasis 

suplido). 

Esto es, un tribunal posee jurisdicción sobre un caso de divorcio en 

tres circunstancias, a saber: (1) cuando quien solicita la disolución del 

matrimonio ha vivido un año en Puerto Rico antes de presentar la demanda,

de manera continua e inmediatamente; (2) cuando las circunstancias que 

generan la solicitud de divorcio ocurrieron en Puerto Rico; o (3) cuando al 

menos uno de los cónyuges reside en Puerto Rico. Cabe resaltar que no 

es requerido que todas estas condiciones estén presentes 

simultáneamente. La ocurrencia de una de ellas es suficiente para 

establecer la jurisdicción del tribunal. Así, el referido Artículo exime al 

demandante de cumplir con el requisito de residir un año en Puerto Rico si 

se satisface cualquiera de las restantes condiciones. Prawl v. Lafita Delfin, 
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100 DPR 35, 37 (1971); González Miranda v. Santiago, 84 DPR 380, 383

(1962).

1

Por otra parte, es fundamental señalar que los conceptos residencia

y domicilio no tienen el mismo significado. La residencia se ha descrito 

como el lugar donde una persona se encuentra durante cierto periodo de 

tiempo, accidental o incidentalmente, sin intención de domiciliarse;

mientras que el domicilio es su sitio permanente de vivienda. S.L.G. SoláMoreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 688 (2011); Prawl v. Lafita 

Delfin, supra, pág. 37. Una persona puede residir en un determinado lugar 

por diversos motivos como trabajo, estudios o placer. Prawl v. Lafita Delfin,

supra, pág. 37. Por lo tanto, es posible ser residente en Puerto Rico sin 

tener la intención de permanecer indefinidamente aquí. Íd.

B.

Es norma conocida en nuestro ordenamiento jurídico que, ante la 

ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión, no se favorece 

la intervención de los tribunales apelativos para revisar la apreciación de la 

prueba, la adjudicación de credibilidad o las determinaciones de hechos 

formuladas por el Tribunal de Primera Instancia. Ortiz Ortiz v. Medtronic 

Puerto Rico Operations, Co., 209 DPR 759, 779 (2022). Al respecto, la 

Regla 42.2 de las Reglas de Procedimiento Civil dispone que “[l]as 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin 

efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar 

la credibilidad de los testigos”. 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.

Es decir, un tribunal apelativo no tiene facultad de sustituir por sus 

propias apreciaciones las determinaciones del foro de instancia. Serrano v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). La razón jurídica detrás de esta 

normativa se fundamenta en la apreciación que hace el adjudicador de los 

hechos de la prueba testifical, porque al ser una tarea llena de elementos 

1 Es menester destacar que dichas Opiniones del Tribunal Supremo se dieron dentro del 

contexto del entonces vigente Artículo 97 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 331 

(derogada), que disponía de un lenguaje análogo al actual Artículo 424 del Código Civil de 

2020, supra.
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subjetivos, es él quien está en mejor posición para aquilatarla. Sucn. 

Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917 (2016). El Tribunal de 

Primera Instancia es el foro que tiene la oportunidad de escuchar el 

testimonio y apreciar el comportamiento de los testigos. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). Basándose en ello, adjudica la 

credibilidad que le merecen los testimonios. Así, la declaración directa de 

un sólo testigo, de ser creída por el juzgador de hechos, es prueba 

suficiente de cualquier hecho. SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 

345, 357 (2009).

A tenor con lo anterior, se le concede respeto a la adjudicación de 

credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos, dado que el 

foro apelativo cuenta solamente con “récords mudos e inexpresivos”. 

Trinidad v. Chade, supra, pág. 291. No obstante, la norma de deferencia 

judicial tiene límites y no supone una inmunidad absoluta frente a la función 

de los tribunales revisores. El Tribunal Supremo aclaró en Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, supra, por primera vez, qué constituye que un juez 

adjudique con pasión, prejuicio o parcialidad, o que su determinación sea 

un error manifiesto. Allí se concluyó que un juzgador incurre en pasión, 

prejuicio o parcialidad si actúa “movido por inclinaciones personales de tal 

intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto a 

las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la 

prueba recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba alguna”. 

Íd., pág. 782. 

Por otro lado, se consideran claramente erróneas las conclusiones 

del foro revisado si de un análisis de la totalidad de la evidencia, el foro 

apelativo queda convencido de que “se cometió un error, [...] [porque] las 

conclusiones están en conflicto con el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la evidencia recibida”. Íd., pág. 772. En otras 

palabras, incurre en un error manifiesto cuando “la apreciación de esa 

prueba se distancia de la realidad fáctica o es inherentemente imposible o 

increíble”. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018). 
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Por lo tanto, la facultad de los tribunales apelativos para sustituir el 

criterio de los tribunales de instancia se reduce a aquellas circunstancias 

en las que, a la luz de la prueba admitida, “no exista base suficiente que 

apoye su determinación”. Gómez Márquez et al. v. El Oriental, 203 DPR 

783, 794 (2020). Como es conocido, las diferencias de criterio jurídico no 

cumplen con el referido estándar de revisión. Íd.

C.

En nuestro ordenamiento, la imposición de honorarios de abogado 

únicamente procede en derecho cuando una parte ha actuado con 

temeridad o frivolidad. Torres Vélez v. Soto Hernández, 189 DPR 972, 993 

(2013) (citando a Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 820 (2006)).

Cónsono con esta norma, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil 

establece, en lo pertinente, que “[e]n caso que cualquier parte o su abogado 

o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 

imponerle en su sentencia al responsable el pago de una suma por 

concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondan 

a tal conducta...”. 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d). 

A pesar de que la citada Regla no especifica la naturaleza de una 

conducta temeraria, la jurisprudencia la ha descrito como “aquellas 

actuaciones de un litigante que lleven a un pleito que pudo evitarse, que 

provoquen la prolongación indebida del trámite judicial o que obliguen a la 

otra parte a incurrir en gastos innecesarios para hacer valer sus derechos”. 

SGL González-Figueroa v. SLG et al., 209 DPR 138, 148 (2022). Así, la 

penalidad que se impone por conducta temeraria tiene por fin “disuadir la 

litigación frívola y fomentar las transacciones mediante sanciones que 

compensen a la parte victoriosa los perjuicios económicos y las molestias 

producto de la temeridad de la otra parte”. Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, 178 DPR 476, 505 (2010). 

También se ha indicado que el propósito de la imposición de 

honorarios por temeridad es penalizar a la parte que por su “terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las 
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molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito”. C.O.P.R. v. 

S.P.U., 181 DPR 299, 342 (2011).

2 Es decir, que es temerario quien torna 

necesario un pleito frívolo, o provoca su indebida prolongación, 

obligando a la otra a incurrir en gastos innecesarios. Colón Santos v. 

Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 188 (2008); P.R. Oil v. Dayco, 164 

DPR 486, 511 (2005); Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690, 706 (2002). 

La determinación de si una parte obró con temeridad descansa en 

la sana discreción del juzgador. SGL González-Figueroa v. SLG et al., 

supra, pág. 151. Determinada la existencia de temeridad, el tribunal deberá 

tomar en cuenta una serie de factores para poder calcular la cantidad que 

concederá, a saber: “(1) el grado de temeridad; (2) el trabajo realizado; (3) 

la duración y naturaleza del litigio; (4) la cuantía involucrada, y (5) el nivel 

profesional de los abogados”. C.O.P.R. v. S.P.U., supra, págs. 342-343. La 

cantidad concedida en honorarios de abogado, al amparo de la Regla 44.1 

de Procedimiento Civil, supra, no necesariamente tiene que ser equivalente 

al valor de los servicios legales prestados, sino a “aquella suma que en 

consideración al grado de temeridad y demás circunstancias el tribunal 

concluye que representa razonablemente el valor de esos servicios”. 

Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 DPR 351, 357 (1989).

III. 

Los primeros dos errores están íntimamente relacionados, por lo que 

se abordarán de manera conjunta en la discusión. La señora Fuster 

Santana plantea que el TPI erró y abusó de su discreción al no desestimar 

la causa de acción de divorcio, por carecer de jurisdicción sobre la materia 

y al no celebrar una vista evidenciaria para recibir prueba sobre dicha

alegación. No nos convence su postura. Nos explicamos. 

Surge del expediente del caso que las partes contrajeron matrimonio 

el 11 de febrero de 2017, en el Municipio de Ponce, Puerto Rico. 

Posteriormente, procrearon dos hijos en el estado de la Florida. Seis años 

después, el señor Nieva Annoni solicitó la disolución de dicho matrimonio

en Puerto Rico. La vista de divorcio se llevó a cabo el 11 de enero de 2024. 

2 Citando a S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008).
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Surge de la TPO que, al comienzo de ésta se les dio la oportunidad a las 

partes para expresar sus posturas sobre la Moción Solicitando la Vivienda 

Familiar. Luego de que el Tribunal determinara que no tenía jurisdicción 

para establecer ninguna medida provisional sobre el inmueble sito en el 

estado de la Florida, la Apelante, a través de su representación legal,

expresó que no estaba preparada para ver el divorcio, puesto que entendía 

que para decretar la disolución del vínculo matrimonial entre las partes sin 

establecer un hogar seguro para los menores colocaría a estos últimos en 

un estado de vulnerabilidad. 

Además, solicitó verbalmente y sin presentar moción en 

cumplimiento con las Reglas de Procedimiento Civil, la inhibición del juez 

que presidió los procedimientos. En particular, hizo alusión a un supuesto

audio comprometedor. Luego de que el juzgador de instancia le informara 

que debía mediar un escrito solicitando su inhibición y que no eran 

suficientes las expresiones verbales, el juez intentó que se juramentara a 

las partes para prestar testimonio. No obstante, quien único prestó 

juramento lo fue el señor Nieva Annoni, pues la Apelante decidió no 

participar del proceso y renunció a contrainterrogar o presentar 

prueba a su favor.

Nótese pues, que ante la negativa de la Apelante de presentar

evidencia o de participar de la vista de divorcio, la única prueba

presentada fue el testimonio, bajo juramento, del señor Nieva Annoni.

Surge del testimonio incontrovertido del Apelado que este reside en el 

Municipio de Lajas, Puerto Rico.3 Asimismo, declaró que entendió que su 

matrimonio culminó el 2 de enero de 2023 en Puerto Rico mientras iba de 

camino al Municipio de Ponce.4 Expresó que uno de sus hijos asiste a un 

cuido y toma terapias del habla en Puerto Rico desde el verano del 2022.5

Respecto a la residencia de las partes al momento de presentar la 

Demanda, testificó lo siguiente:

3 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 50.

4

Íd., pág. 54.

5

Íd., pág. 56.
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Honorable Juez: 

P Cuando presentó la demanda ¿Dónde usted vivía, 

señor? 

En ese momento estaba viviendo Florida, pero 

obviamente taxable, eh, “taxable”, mis taxes se pagaban en 

Florida. 

P ¿En Florida? Pero, ambos vivían en Florida.

R Ehhh, no, porque la Demanda se puso en marzo y 

ya ella llevaba un año en Puerto Rico.

P Ah, ya llevaba un año en Puerto Rico cuando se radicó 

la Demanda.

R Se, pone, que vivía en Florida por los taxes, porque los 

taxes era mi residencia primaria para los taxes. Por eso los 

taxes ahora de este año, va a salir con la dirección mía de 

Puerto Rico.

P O sea, cuando usted presentó la Demanda, ¿usted ya 

vivía en Puerto Rico?

R Llevábamos, llevábamos, yo llegaba viajando a Puerto 

Rico 3 veces de mi trabajo, yo volé a Puerto Rico o 2 veces. 

P La pregunta es bien sencilla, cuando presenta la 

Demanda ¿Usted vivía en Puerto Rico ¿Sí o no?

R Para mi entender yo vivía en Puerto Rico, Honorable...

Lcdo. José Asencio Quiles:

P Por qué para yo entender, explíqueme bien.

R Y yo llevaba un año, yo llevaba un año viajando a 

Puerto Rico. Lo que pasa es que yo pongo en la Demanda

que yo vivo en Florida porque mi dirección postal y mi 

dirección de trabajo está en la Florida. Porque no voy a poner 

la dirección de mi suegra.

P Pero donde usted vivía en ese momento, ¿dónde era?

R Puerto Rico

P Puerto Rico

R Yo estaba viviendo en...

P ¿Dónde en Puerto Rico?

R En casa de mi suegra, vinimos a vivir a casa de mi 

suegra. 

P ¿En dónde? ¿En qué mun..., pue...?

R En Ponce. 

P En Ponce. “Okay”. Y la parte demandada ¿dónde vivía 

también en Puerto Rico?
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R Sí, en Puerto Rico, sí. 

6

En su recurso, la señora Fuster Santana argumentó que no residió 

en Puerto Rico un año antes a la fecha de la presentación de la Demanda,

por lo que el Tribunal carecía de jurisdicción para atender el caso. A su vez, 

alegó que su residencia es el estado de la Florida y que ha vivido en Puerto 

Rico. Dado a que la Apelante no testificó en la aludida vista, del recurso 

presentado ante nuestra consideración lo único que surgen son meras 

alegaciones respecto a su lugar de residencia, las cuales no constituyen 

prueba. Como mencionamos anteriormente, la única prueba no 

controvertida que tuvo ante sí el TPI fue el testimonio del Apelado, quien

declaró bajo juramento que la Apelante vivía en Puerto Rico hacía más de 

un año. 

Sobre este particular, entendemos necesario establecer que si bien 

de la TPO se desprende que la señora Fuster Santana llevaba viviendo un 

(1) año en nuestra jurisdicción cuando el Apelado presentó la Demanda y, 

por tanto, se justifica la jurisdicción del TPI, no es menos cierto que la 

Apelante en su recurso sostiene que el requisito de un año de residencia 

continua e inmediatamente antes de la presentación del divorcio le aplica 

a ambas partes en el pleito, de conformidad con el Artículo 424 del Código 

Civil, supra. Sin embargo, no hemos hallado (ni la apelante hace referencia) 

a ninguna autoridad que establezca el requisito de un año de residencia 

continua de ambas partes en este tipo de litigio. Nótese que, conforme el 

Artículo 424 del Código Civil, supra, quien tiene que probar haber residido 

en Puerto Rico continua e inmediatamente lo es el promovente de la acción, 

aunque también se podría comprobar la autoridad del foro de instancia para 

entender en los méritos de un caso de divorcio cuando “los motivos que 

dan lugar a la petición individual en que se funde haya ocurrido en 

Puerto Rico o cuando uno de los cónyuges reside aquí”. 31 LPRA sec. 

6771. 

En suma, el tracto del caso demuestra que la Apelante tuvo la 

oportunidad de presentar prueba e impugnar el testimonio del Apelado

6

Íd., págs. 63-66 (énfasis suplido).
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referente a que ella era residía en Puerto Rico al momento de la solicitud 

de divorcio, sin embargo, se rehusó a hacerlo. En otras palabras, renunció 

a su derecho de presentar prueba y contradecir o impugnar el testimonio

del señor Nieva Annoni. 

Como hemos adelantado, para que un tribunal pueda atender un 

caso de divorcio, al menos uno de los cónyuges debe residir en Puerto Rico 

al momento de la presentación de la demanda. 31 LPRA sec. 6771.

Asimismo, el término de residencia se refiere al lugar donde una persona

se encuentra ya sea por motivos de trabajo, estudios o placer, sin intención 

de que sea su sitio permanente de vivienda. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, supra, pág. 688; Prawl v. Lafita Delfin, supra, pág. 37. A base de 

la prueba no impugnada por la parte Apelante y creída por el foro apelado, 

quedó establecido que, para el 7 de marzo de 2023, fecha de la

presentación de la Demanda, la señora Fuster Santana llevaba residiendo 

un año en Puerto Rico. 

A nivel apelativo resulta improcedente impugnar una prueba que 

debió haberse impugnado ante el TPI, quien es el juzgador de los hechos 

y quien aquilata la evidencia presentada. Así pues, en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, estamos en la obligación de 

concederle entera credibilidad a las determinaciones de hechos realizadas 

por el foro primario. Alusivo a lo anterior, queda demostrado que no 

procedía la desestimación de la causa de acción de divorcio, puesto que 

se cumplió con uno de los requisitos que provee nuestro Código Civil. Es

decir, al momento de la presentación de la Demanda, la prueba demostró 

que la Apelante residía en Puerto Rico junto a sus dos hijos. La exigencia 

del año de residencia continua e inmediatamente antes de la presentación 

de un pleito de divorcio aplica exclusivamente a la parte que promueve la 

disolución del matrimonio.

Ahora bien, aún si hiciéramos abstracción de lo anterior, surge de la 

“Reconvención” presentada por la señora Fuster Santana que los hechos 

que provocaron la Demanda ocurrieron en Puerto Rico. Específicamente, 

la Apelante sostuvo lo siguiente: 
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Todos los hechos anteriores han provocado que se den por 

culminados los nexos de convivencia matrimonial, todos 

ocurridos en Puerto Rico, por lo que la demandante 

reconviniente solicita, respetuosamente, a este Honorable 

Tribunal que se declare roto y disuelto el vínculo matrimonial 

entre las partes por la causal de Ruptura Irreparable, a tenor 

con los Artículos 424 y 425 del Código Civil de Puerto Rico.

7

De las transcritas alegaciones consignadas por la propia señora 

Fuster Santana, se desprende que los motivos que dieron lugar a la petición 

de divorcio en este caso ocurrieron en Puerto Rico. Es decir, por admisión 

de la Apelante, el récord demuestra claramente que concurre otro de los 

requisitos que el Artículo 424 del Código Civil, supra, establece para 

otorgarle jurisdicción al TPI para entender en los méritos de la Demanda.

Y es que resulta lógico concluir de esta forma, pues sería un contrasentido 

jurídico solicitarle al foro primario, mediante la “Reconvención”, la 

disolución del matrimonio habido entre las partes y al mismo tiempo, 

cuestionar la jurisdicción de dicho foro. No se cometieron los primeros dos 

(2) errores, pues el foro a quo tenía jurisdicción sobre la materia para 

decretar el divorcio y les concedió amplia oportunidad a ambas partes para 

presentar prueba sobre la existencia o no de dicha autoridad. 

Como último señalamiento de error, la señora Fuster Santana alega 

que el TPI erró al imponerle honorarios de abogados por temeridad. Esta 

postura tampoco nos resulta convincente. Veamos. 

Durante el tiempo que el caso estuvo ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce, se llevaron a cabo múltiples vistas, 

siendo las fechas de estas vistas el 30 de mayo de 2023, 6 de junio de 

2023, 16 de junio de 2023 y 5 de julio de 2023. Aparte de estas vistas, se 

señaló una vista para el 25 de septiembre de 2023, en la cual se atenderían

asuntos relacionados a las relaciones paternofiliales y la reinstauración del 

Apelado con los menores, todo ello debido al incumplimiento de la 

Apelante con las relaciones parentales previamente establecidas. Más 

adelante, en las vistas celebradas en el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Guayama, el 13 de octubre de 2023 y el 8 de diciembre de 

7 Véase, Expediente del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos 

(SUMAC), entrada núm. 38, ¶9, pág. 7.
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2023, la Apelante se opuso a que se atendiera el divorcio, indicando que

era necesario abordar primero sus reclamaciones sobre remedios 

provisionales. 

Así pues, se reseñaló una vez más la vista para el 11 de enero de 

2024. Dos días antes de este señalamiento, la señora Fuster Santana

radicó la Moción Solicitando la Vivienda Familiar. Durante la aludida vista 

se le denegó la solicitud de hogar seguro, posteriormente, pretendió que se 

considerara una solicitud verbal de inhibición del juez, se negó 

nuevamente a que se atendiera el divorcio y no participó del proceso.

El análisis detenido y ponderado del trámite procesal acaecido en el 

caso revela que el divorcio instado por el Apelado llevaba pendiente de 

adjudicación durante un espacio de diez (10) meses. Asimismo, el 

expediente del caso ante el TPI demuestra que se le otorgaron múltiples 

oportunidades a la Apelante para atender sus peticiones, previo al decreto 

de divorcio. Tan es así, que el día de la vista de divorcio se le concedió la 

oportunidad para argumentar el asunto de designación de hogar seguro, el 

mismo fue resuelto por el TPI y tras la determinación, la Apelante se negó 

a participar del proceso y renunció a presentar prueba. También surge del 

expediente que la señora Fuster Santana pretendió que se paralizaran los 

procedimientos pues expresó verbalmente que solicitaría la inhibición del 

juez que presidía los procedimientos. 

Además, surge que la Apelante incumplió con los dictámenes del 

Tribunal sobre la forma en que se llevarían a cabo las relaciones filiales y 

efectuó imputaciones a funcionarios del Tribunal. Por ser meritorio, citamos 

las porciones de la Sentencia apelada en las que constatan las incidencias 

que provocaron la imposición de honorarios de abogado y que fueron 

comprobadas por este Tribunal, veamos:

De manera específica, notamos que durante el tiempo que 

el caso estuvo ante la atención del Tribunal de Ponce, por 

conducto de la Honorable Jueza Lourdes L. Gómez Torres, 

surge del récord múltiples vistas. Surgen vistas celebradas el 

30 de mayo de 2023, 6 de junio de 2023, 16 de junio de 2023, 

5 de julio de 2023 y había una cuarta vista señalada para el 

25 de septiembre de 2023 en la que entre otras cosas, se 

atenderían reclamos relacionados a las relaciones filiales así 

como la reposición de relaciones de la parte demandante con 

los menores ante el incumplimiento de la parte demandada 
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con las relaciones filiales establecidas. Dicha reposición 

surge ya que específicamente la Honorable Jueza Lourdes L. 

Gómez Torres tuvo ordenar a la parte demandada a cumplir 

con las relaciones filiales ordenadas so pena de encontrarla 

incurso en desacato, véase orden 20 de septiembre de 2023. 

Surge del Récord que la referida Vista del 25 de septiembre 

de 2023, en donde se atendería el desacato de la parte 

demandada nunca pudo ser celebrada ya que en una moción 

donde se anunciaba conflicto de calendario, la parte 

demandada anunció que utilizaría como testigo a su señora 

madre, o sea la Lcda. Roseline Santana Ríos. Lo anterior 

provocó que la Honorable Jueza Lourdes L. Gómez Torres 

solicitara a la Jueza Administradora que decidiera si el caso 

podía continuar en Ponce ya que la testigo anunciada por la 

parte demandada, había sido Jueza Superior en el Tribunal 

de Ponce. Por lo tanto, debido a dicha situación la Honorable 

Jueza Lissette Toro Velez dictó Orden de traslado, ordenando 

que el caso fuera transferido al Tribunal de Guayama.

En el Tribunal de Guayama, el caso estaba señalado para 

vista en sus méritos para el 13 de octubre de 2023, la cual fue 

atendida por la Honorable Jueza María de los A. Silva Basora. 

En dicha vista, se intentaron atender los asuntos pendientes 

del caso, sin embargo, solamente se pudo atender el asunto 

relativo a la pensión provisional de los menores ya que la 

parte demandada se negó a que se atendiera el divorcio, 

argumentando que se tenían que atender los remedios 

provisionales solicitados por ella. Surge de la Minuta de la 

Vista que, durante las argumentaciones, la parte demandada 

aparentemente le faltó el respeto a la Honorable Jueza Silva 

Basora, haciendo imputaciones de que alegadamente se 

sentía atropellada. También surge de la Minuta de la referida 

vista que la Honorable Jueza Silva Basora indicó que no 

aceptaría faltas de respetos y que la representante legal de 

la parte demandada solicitó disculpas al Tribunal. Ese día, el 

caso quedó señalado para el 8 de diciembre de 2023.

El 7 de diciembre de 2023, la parte demandante presentó 

Urgente solicitud para que se proceda con el divorcio. En la 

misma, la parte demandante solicitó que, en la vista del 8 de 

diciembre de 2023, se atendiera también el divorcio entre 

otras cosas. El 7 de diciembre de 2023, dictamos Orden en la 

que dispusimos que atenderíamos la Urgente solicitud para 

que se proceda con el divorcio en la Vista del 8 de diciembre 

de 2023.

Dicha Vista del 8 de diciembre de 2023, fue atendida por 

el juez suscribiente ya que la Honorable Jueza Silva Basora 

estaba indispuesta de salud, lo que informamos a inicios de 

la vista. En la Vista, la parte demandada se opuso a que se 

atendiera el divorcio ese día indicando que necesitaba un día 

de vista para que se atendieran sus reclamos de remedios 

provisionales. Luego de escuchado los argumentos de los 

abogados, accedimos al pedido de la parte demandada y 

separamos el 11 de enero de 2024 para atender el divorcio y 

los remedios provisionales.

Dos días antes de la vista de hoy, o sea el 9 de enero de 

2024, la parte demandada presentó Moción Solicitando la 

Vivienda Familiar como Hogar Seguro para los Menores de 

Edad.... Solicitando que previo al divorcio se atendiera su 

reclamo de hogar seguro, y argumentó que del Tribunal 

entender que no podría conceder el reclamo el caso debía 

desestimarse. El 10 de enero de 2024, la parte demandante 
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presentó Oposición a “Moción Solicitando la Vivienda 

Familiar...” en la que argumentó que carecemos de autoridad 

para atender el reclamo de hogar seguro, ya que se trata de 

una propiedad sita en el Estado de Florida.

Según solicitó la parte demandada, el primer asunto que 

atendimos en la vista de hoy fue su reclamo de hogar seguro. 

Además de haber leído los escritos de las partes, le dimos a 

ambas partes la oportunidad de sus respectivos argumentos. 

Luego de las argumentaciones, informamos en Sala nuestra 

determinación de declarar No Ha Lugar la solicitud de hogar 

seguro. Luego de anunciar dicha determinación en contra de 

la parte demandada, la representante legal de la parte 

demandada informó que su cliente quería hablar. Le dimos 

un receso a la representante legal de la parte demandada 

para que hablara con su cliente para ver qué quería decir y 

tras dicho receso informó que la parte demandada tenía 

planteamientos que hacer, específicamente que interesa 

pedir la inhibición del Juez que maneja el caso por haber 

alegadamente escuchado algo en una grabación.

Determinamos que no era el foro para hacer tales 

alegaciones, que celebraríamos la vista de divorcio y 

remedios provisionales. Le dimos a la parte demandada la 

oportunidad de presentar prueba sobre sus reclamos de 

remedios provisionales. También se le dio la oportunidad de 

contrainterrogar a la parte demandante y objetar la prueba. 

La parte demandada, aunque se mantuvo en Sala, de manera 

recurrente informaba que no participaría de los procesos ya 

que no estaba de acuerdo que continuaran.8

A nuestro juicio, el análisis de cada una de las anteriores incidencias

ocurridas ante el TPI, son demostrativas de que el proceso se vio retrasado

innecesariamente en varias ocasiones. Aunque coincidimos con la 

Apelante a los efectos de que la utilización de un testigo no puede ser 

penalizada, aunque sean personas reconocidas en el escenario jurídico, el 

restante de las actuaciones provocó la prolongación indebida del trámite 

judicial y colocaron al señor Nieva Annoni en una situación en la que tuvo 

que incurrir en gastos innecesarios para continuar con el litigio. Así pues, a 

la luz de las circunstancias particulares del caso, entendemos que el foro a 

quo no se extralimitó en sus facultades discrecionales al entender que la 

Apelante incurrió en temeridad. Por consiguiente, procede sostener la 

imposición de honorarios de abogados que dispuso el foro primario. 

IV.

Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar 

parte integral del presente dictamen, se confirma la Sentencia apelada. 

8 Véase, Apéndice del recurso, págs. 5-7. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones