Número Identificador

RES2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

RITA ALTAGRACIA ARISTY 

LÓPEZ, MIRANDA 

PATRICE PURCELL 

ARISTY, ALEJANDRA 

CAMILLE PURCELL 

ARISTY Y OTROS

Demandantes - Recurridos

v.

METRO SANTURCE, INC., 

H/N/C HOSPITAL PAVIA 

SANTURCE, HATO REY 

PATHOLOGY 

ASSOCIATES, INC., 

H/N/C HRP LABS, DR. 

LUIS F. GARCÍA PAREDES 

Y OTROS

Demandados

LUIS F. GARCÍA 

PAREDES

Peticionario

KLCE202400061

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

San Juan

Caso núm.: 

SJ2023CV04458

Sobre: 

Impericia Médica

Panel integrado por su presidente, el juez Sánchez Ramos, el juez 

Pagán Ocasio, el juez Marrero Guerrero y la jueza Boria Vizcarrondo.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) autorizó una 

enmienda a una demanda, sobre daños por supuesta impericia 

médica, dirigida a añadir una causa de acción por lucro cesante. 

Según se explica a continuación, como la reclamación por lucro 

cesante surge del mismo núcleo de hechos por el cual se presentó la 

demanda, no había impedimento para que el TPI autorizara la 

enmienda, con el efecto de que la misma se retrotraiga a la fecha de 

la presentación de la demanda.

I.

En mayo de 2023, las señoras Rita Altagracia Aristy López, 

Miranda Patrice Purcell Aristy y Alejandra Camille Purcell Aristy
KLCE202400061 2

presentaron la acción de referencia, sobre daños y perjuicios por 

alegada impericia médica (la “Demanda”), en contra, en lo 

pertinente, del Dr. Luis F. García Paredes (el “Médico”). Alegaron 

que el Sr. Carlos Caonabo Purcell Cabrera, quien era esposo de la 

Sa. Aristy y padre de las otras demandantes, falleció como 

consecuencia de la impericia del Médico y de otros demandados.

Reclamaron $1,500,000 en daños heredados y, por los daños y 

angustias propios, también reclamaron $1,500,000.

El 13 de noviembre, las demandantes presentaron una 

Solicitud de Enmienda a la Demanda, ello con el fin de incluir una 

reclamación por lucro cesante. El TPI ordenó a los demandados que 

se expresaran en un término de 10 días; varios se opusieron al 

plantear que la enmienda debía entenderse como una reclamación 

distinta y separada a la original, por lo cual estaría prescrita. Las 

demandantes replicaron.

Mediante una orden notificada el 30 de noviembre (la 

“Orden”), el TPI autorizó la presentación de la referida enmienda a 

la Demanda.

El 13 de diciembre, el Médico solicitó la reconsideración de la 

Orden, lo cual fue denegado por el TPI mediante una Resolución 

notificada el 18 de diciembre. 

Inconforme, el 17 de enero, el Médico presentó el recurso que 

nos ocupa; formula el siguiente señalamiento de error:

Erró el TPI al autorizar una enmienda a la 

demanda para incluir una nueva causa de acción 

de daños especiales no reclamados a tiempo.

Disponemos.

II.

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 
KLCE202400061 3

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene discreción para 

determinar si expide el auto y, así, revisa los méritos de la 

determinación recurrida. Sin embargo, esta discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, reglamenta en qué circunstancias este Tribunal podrá 

expedir un auto de certiorari; al respecto, dispone, en lo pertinente:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a 

lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. ... .

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los criterios a 

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer lo siguiente:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
KLCE202400061 4

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

La denegación de una petición de expedición del auto de

certiorari no impide a la parte afectada reproducir su planteamiento 

en apelación. Torres Martínez, supra.

III.

Como cuestión de umbral, no está claro que estemos 

autorizados, bajo los términos de la Regla 52.1, supra, a intervenir 

con la decisión recurrida. Adviértase que se trata de si se autoriza 

una enmienda a una demanda, asunto no contemplado en la 

referida regla.

En cualquier caso, aun partiendo de la premisa, sin resolverlo, 

que estaríamos autorizados a expedir el auto solicitado, 

determinaríamos no expedirlo bajo los criterios de la Regla 40,

supra. Ello porque el TPI no cometió error de derecho alguno al 

autorizar la enmienda a la Demanda, ni tampoco podemos concluir 

que, al así actuar, el TPI haya abusado de su discreción.

La reclamación por lucro cesante surge del mismo núcleo de 

hechos por el cual se presentó la Demanda. Por tanto, y contrario 

a lo que arguye el Médico, la presentación de la Demanda 

interrumpió el término prescriptivo para instar cualquier 

reclamación de las demandantes que surgiera del referido núcleo de 

hechos, como lo es la causa de acción por lucro cesante. Ortiz Díaz 

v. R & R Motors Sales Corp., 131 DPR 829 (1992). Así pues, no hay 

impedimento jurídico para que aplique la norma general a los efectos 
KLCE202400061 5

de que la enmienda a una demanda se retrotrae al momento de la 

presentación de la demanda original. Véase, Regla 13.3 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.3.

Tampoco podemos concluir que el TPI hubiese abusado de su 

discreción al autorizar la enmienda en esta etapa del caso. 

Resaltamos que la autorización para enmendar una demanda debe 

concederse liberalmente, aun en etapas avanzadas del pleito, 

tomando en consideración el impacto del tiempo transcurrido previo 

a la enmienda, la razón de la demora y el perjuicio a la otra parte. 

León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20 (2020); S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, 163 DPR 738, 750 (2005); véase, además, Epifanio Vidal, 

Inc. v. Suro, 103 DPR 793, 796 (1975). Se causará un perjuicio si 

la enmienda transforma sustancialmente la naturaleza y el alcance 

del caso o si obliga a la otra parte a incurrir en nuevos gastos, alterar 

su estrategia en el litigio o comenzar nuevamente el descubrimiento 

de prueba. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 204 (2012).

En este caso, el proceso se encuentra en una etapa temprana1

y la enmienda no transforma sustancialmente la naturaleza del 

caso. Por tanto, no se ha demostrado que el Médico sufriría algún 

perjuicio indebido como consecuencia de la enmienda presentada.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega expedir el 

auto de certiorari solicitado.

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

1 De hecho, casi simultáneamente con la autorización de la enmienda, el TPI le 

ordenó a las partes presentar, en 30 días, el Informe de Manejo de Caso. Véase, 

Apéndice del recurso, pág. 80.