Número Identificador

SEN2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

HÉCTOR GONZÁLEZ 

ROSARIO

Apelante

v.

NEGOCIADO DE LA 

POLICÍA DE PUERTO 

RICO; ESTADO LIBRE 

ASOCIADO DE PUERTO 

RICO

Apelado

KLRA2023004301

Revisión Judicial 

acogida como 

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

San Juan

Sobre:

Petición/Revisión 

Portación sobre Ley 

de Armas

Caso Núm.:

SJ2023CV05546

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la 

Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

El apelante, Héctor González Rosario, comparece ante nos y 

solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

determinación emitida y notificada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, el 6 de julio de 2023. Mediante la 

misma, el foro primario ordenó la desestimación y archivo del caso 

por falta de jurisdicción. Todo, dentro de una acción sobre revisión 

de una determinación administrativa, a través de la cual, la parte 

apelada, Negociado de la Policía de Puerto Rico; Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, revocó la licencia de portación de armas 

número 2732.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen emitido. 

1 Este recurso se presentó como una revisión administrativa. Sin embargo, por 

recurrir de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, fue 

acogido como un recurso de apelación, mediante Resolución del 18 de agosto de 

2023.
KLRA202300430 2

I

El 8 de junio de 2023, el apelante presentó ante el Tribunal 

de Primera Instancia, un escrito intitulado Petición. En su solicitud, 

peticionó la revisión de la determinación emitida por el Negociado de 

la Policía de Puerto Rico, (en adelante, “NPPR”). En el pliego, expuso 

que el 27 de abril de 20232 recibió un comunicado del NPPR, por 

medio del cual se le revocó su licencia de armas número 2732, Tiro 

al Blanco 6589 y Portación Tribunal CPA2010-0021. El NPPR 

fundamentó la revocación por falsedad, a tenor con el artículo 2.02, 

incisos (a) (2) y (d) (8) de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, 

Ley Núm. 168-2019, 25 LPRA sec. 462a.

En su petición planteó que el pronunciamiento del NPPR no 

cumplió con los requisitos de una notificación adecuada. 

Particularmente sostuvo, que el NPPR se limitó a revocar su licencia 

de armas, sin exponer en detalle las razones por las cuales se 

fundamentó la determinación. Así pues, solicitó al foro de origen que 

ordenara al NPPR cumplir con el debido proceso de ley en lo atinente 

a una notificación adecuada, y que se expidiera nuevamente su 

licencia de armas. 

El 22 de junio de 2023, el NPPR, presentó una Moción de 

Desestimación. En su petitorio, solicitó la desestimación de la acción 

entablada, al amparo de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 10.2(5). Basó su solicitud en que la causa de acción dejaba

de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio, dado que, el apelante está inhabilitado para poseer una 

licencia de armas. Ello, según adujo, por el apelante no cumplir con 

los requisitos dispuestos en la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, 

supra y la legislación Federal Gun Control Act of 1968, 18 USC, sec. 

922 (g) (3). 

2 Según obra en el expediente de autos, el referido comunicado tiene fecha de 

emisión del 12 de abril de 2023. Véase Apéndice 4, página 23.
KLRA202300430 3

Respecto a la normativa local, alegó que la licencia de armas 

del apelante fue revocada por la información que se obtuvo a través 

de una investigación efectuada por la División de Investigaciones de 

Licencias y Permisos de Armas de Fuego. Sobre el particular 

mencionó, que el apelante proveyó información falsa a la policía, en 

cuanto a su tenencia de una licencia de cannabis medicinal. Ello, 

en contravención del artículo 2.02, inciso (d) (8) de la Ley de Armas 

de Puerto Rico de 2020, supra. En lo que se refiere a la legislación 

federal, argumentó, que dicha normativa prohíbe la tenencia 

simultánea de una licencia de cannabis medicinal y de armas, dado 

que, el cannabis es una sustancia controlada ilegal para efectos de 

sus estatutos. Así pues, solicitó al foro primario la desestimación de 

la causa de acción, dado que el incumplimiento con los referidos 

requisitos legales constituía una revocación automática de la 

licencia de armas, lo cual dejaba al apelante desprovisto de una 

reclamación que justificara la concesión de un remedio. 

El 30 de junio de 2023, el apelante presentó Replica a Moción 

de Desestimación y en Cumplimiento de Orden. En esencia, 

argumentó que la investigación a la que hizo referencia el NPPR fue 

realizada en el año 2012, y ello, no fue óbice para renovar su licencia 

de armas en la fecha del 26 de mayo de 2016. A su vez, alegó que el 

15 de junio de 2022 su registro como paciente del Programa de 

Cannabis Medicinal fue inactivado. Además, agregó que, contrario a 

la aducido por el NPPR, no es un delito federal poseer a la misma 

vez una licencia de cannabis medicinal y una licencia de armas. 

Cónsono con lo anterior, arguyó que el tener una licencia de 

cannabis medicinal no necesariamente implicaba que fuera usuario 

de sustancias controladas. 

De otra parte, expresó que a pesar de que el NPPR le notificó 

una revocación de licencia de armas, en realidad su caso versaba 

sobre una denegatoria de licencia de armas. Siendo así, alegó que 
KLRA202300430 4

no era de aplicación el artículo 7.06 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico de 2020, 25 LPRA sec. 467e, dado que, solo en los asuntos de 

revocación de una licencia de armas aplicaban, de forma supletoria, 

las disposiciones de la revisión judicial de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 38-2017, 

3 LPRA sec. 9672. Así, arguyó que, por procurar la revisión de una 

denegatoria de licencia de armas, le era de aplicación el artículo 2.02 

(d) (4) de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, 25 LPRA sec.

462a. Por ello, alegó que la revisión de la determinación 

administrativa le correspondía al Tribunal de Primera Instancia y no 

al Tribunal de Apelaciones. 

En su pliego, agregó que no recibió una notificación adecuada 

del NPPR, puesto que de la comunicación que le envío el NPPR no se 

desprendían los fundamentos que sustentaran la determinación de 

la alegada denegatoria de renovación de la licencia de armas. 

Luego de varias incidencias procesales que no son necesarias 

de pormenorizar, el 6 de julio de 2023, el Tribunal de Primera 

Instancia, notificó la Sentencia que nos ocupa. Mediante la misma, 

desestimó el caso de epígrafe por falta de jurisdicción. Ello, bajo el 

fundamento de que, al tratarse el asunto en cuestión de una 

revocación de licencia de armas, la revisión de la determinación 

administrativa le correspondía al Tribunal de Apelaciones, a tenor 

con las disposiciones sobre revisión judicial de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 

Ley 38-2017, supra. 

En su dictamen, el foro primario, también concluyó que la 

comunicación del 12 de abril de 2023 no incluyó las advertencias 

necesarias y requeridas por el debido proceso de ley, para que dicha 

notificación pudiera considerarse una determinación final, por lo 

cual, el NPPR aún conservaba la jurisdicción del asunto en 

controversia. 
KLRA202300430 5

Inconforme y luego de examinada una oportuna solicitud de 

reconsideración, el Juzgador denegó el petitorio mediante una 

notificación del 24 de julio de 2023. Aún en desacuerdo, el 16 de 

agosto de 2023, el apelante acudió ante nos mediante el recurso de 

certiorari que nos ocupa. En su recurso formuló los siguientes

señalamientos de error:

PRIMERO: ERRÓ EL TRIBUNAL AL RESOLVER ‘’QUE 

CONTRARIO A LO SUGERIDO POR LA PARTE 

RECURRENTE, LA AUSENCIA DE REGLAMENTACIÓN 

ESPECÍFICA POR PARTE DEL NPPR TRAS LA 

APROBACIÓN DE LA LEY DE ARMAS DE 2020 EN 

CUANTO AL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE 

UNA REVOCACIÓN DE UNA LICENCIA DE ARMAS NO 

IMPLICA QUE ESTAS DISPOSICIONES DE LA LPAU Y 

SU JURISPRUDENCIA INTERPRETATIVA SEAN 

INAPLICABLES. TODO LO CONTRARIO, PUES LA 

PROPIA LEY DE ARMAS Y EL REGLAMENTO NÚM. 

9172 REQUIEREN EXPRESAMENTE QUE EL 

PROCESO SE RIJA POR TALES DISPOSICIONES 

PROCEDIMENTALES DE LA PROPIA LPAU’’, LA PARTE 

RECURRENTE NO PLANTEÓ LO ANTERIOR, LO QUE 

SOSTUVO ES QUE EL NPPR NO CUMPLIÓ CON LO 

MANDATADO POR LA LEY 168-2019 Y POR LA MISMA 

LPAU; LEY 38-2017 Y QUE POR TANTO NO ES 

POSIBLE LA UTILIZACIÓN DE LA LPAU EN FORMA 

SUPLETORIA.

SEGUNDO: ERRÓ EL TRIBUNAL AL DECLINAR 

JURISDICCIÓN SOBRE EL CASO CUANDO ES EL 

MISMO TRIBUNAL QUE DESTACA QUE “NO 

OBSTANTE, E INDEPENDIENTEMENTE DE LA 

TANGENCIA DE ESA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA 

EN LA ACTUALIDAD, RESALTAMOS UNA VEZ MÁS 

QUE LA LEY DE ARMAS DE 2020 TAMPOCO DISPUSO 

NINGÚN PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL PARA LAS 

REVOCACIONES DE LICENCIAS DE ARMAS.”

TERCERO: ERRÓ EL TRIBUNAL EN CONCLUIR QUE 

“FINALMENTE, SOMOS DEL CRITERIO QUE EL NPPR 

AUN TIENE JURISDICCIÓN SOBRE LA REVOCACIÓN 

DE LICENCIA DE ARMAS EN CONTROVERSIA, 

DEBIDO A QUE LA COMUNICACIÓN DEL 12 DE ABRIL 

DE 2023 NO INCLUYÓ LAS ADVERTENCIAS 

NCESARIAS Y REQUERIDAS POR EL DEBIDO 

PROCESO DE LEY PARA QUE LA MISMA PUEDA 

CONSIDERARSE COMO UNA DETERMINACIÓN FINAL 

Y NO LE ORDENASE AL NPPR CUMPLIR EMITIENDO 

UNA NOTIFICACIÓN ADECUADA EN LEY.’’

CUARTO: ERRÓ EL TRIBUNAL EN NO CONSIDERAR 

LA SECCIÓN 4.3 DE LA LPAU EN VISTA DE LAS 

DEFICIENCIAS INSALVABLES DE DEBIDO PROCESO 

DE LEY [sic] EXISTENTES; AGOTAMIENTO DE 
KLRA202300430 6

REMEDIOS ADMINISTRATIVOS; RELEVO. (3 LPRA sec. 

9673). 

Luego de evaluar el expediente de autos, el cual incluye la 

comparecencia de la parte apelada, procedemos a expresarnos a 

tenor con la norma aplicable.

II

A

El debido proceso de ley, en su vertiente procesal, se extiende 

al ejercicio de las facultades adjudicativas delegadas a la agencia, 

esto por su intervención directa con intereses de estirpe 

constitucional. PVH Motor, LLC v. ASG, 209 DPR 122, 130-131 

(2022); Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475, 481 (2002). 

La adjudicación constituye el procedimiento mediante el cual una 

agencia determina los derechos, obligaciones o privilegios que 

corresponden a una parte. Sección 1.6 (b), Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 38-2017, 

3 LPRA sec. 9603 (b). Nuestro estado de derecho es enfático al 

reconocer que el derecho a cuestionar una determinación emitida 

por una agencia, ello mediante el correspondiente recurso de 

revisión judicial, forma parte del debido proceso de ley. IM Winner, 

Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 35 (2000).

Ahora bien, para que el pronunciamiento de que trate surta 

efecto, no sólo debe ser emitido por un foro con jurisdicción, sino 

que tiene que ser adecuadamente notificado a las partes, para que, 

entre otras prerrogativas, estas puedan tomar las acciones 

ulteriores que estimen convenientes a su causa. Caro v. Cardona, 

158 DPR 592, 599 (2003). Al respecto, sabido es que la falta de una

notificación adecuada incide sobre el derecho de una parte 

adversamente afectada por determinado pronunciamiento a 

impugnar sus términos, todo en contravención al debido proceso de 

ley. R&G Mortgage v. Arroyo Torres y otros, 180 DPR 511, 520 
KLRA202300430 7

(2010). La correcta y oportuna notificación de las órdenes, 

resoluciones y sentencias, constituye un requisito sine qua non para 

un sistema judicial ordenado, puesto que afecta el estado procesal 

del caso que se atiende. R&G Mortgage v. Arroyo Torres y otros, 

supra, pág. 520.

De este modo, y en el escenario en el que nos expresamos, los 

derechos y obligaciones resueltos mediante un pronunciamiento 

administrativo, no son oponibles cuando el mismo no les ha sido 

notificado a las partes en la forma y manera que lo exige la ley. Cotto 

v. Depto. de Educación, 138 DPR 658, 665 (1995). Por ello, ante la 

notificación defectuosa de una resolución u orden, los términos que 

de ella dimanan no comienzan a decursar. Caro v. Cardona, supra,

págs. 599, 600. 

Cónsono con lo anterior, la sección 3.14 de la Ley 38-2017,

supra, incorpora los criterios que imprimen validez y oponibilidad a 

una orden o resolución administrativa final. A tal efecto dispone 

como sigue:

. . . . . . . . 

La orden o resolución deberá incluir y exponer 

separadamente determinaciones de hecho si éstas no se 

han renunciado, conclusiones de derecho, que 

fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del 

recurso de reconsideración o revisión según sea el caso. 

La orden o resolución deberá ser firmada por el jefe de 

la agencia o cualquier otro funcionario autorizado por 

ley.

La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar 

reconsideración ante la agencia o de instar el recurso 

de revisión como cuestión de derecho en el Tribunal de 

Apelaciones, así como las partes que deberán ser 

notificadas del recurso de revisión, con expresión de los 

términos correspondientes. Cumplido este requisito 

comenzarán a correr dichos términos.

. . . . . . . . 

3 LPRA sec. 9654. 

Por otra parte, las resoluciones y órdenes de una agencia 

administrativa serán revisables ante este Tribunal cuando se 

cumplan con los siguientes criterios: (1) que la resolución que se 
KLRA202300430 8

pretenda revisar sea final y no interlocutoria; y (2) que la parte 

adversamente afectada por la orden haya agotado los remedios 

provistos por la agencia. Pérez López v. Depto. Corrección, 208 DPR 

656, 672 (2022).

B

Los procedimientos relacionados a la obtención de una 

licencia de armas son regulados vía legislación especial. A tono con 

ello, la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, supra, incluye entre 

sus secciones, disposiciones relacionadas a la expedición, 

denegación y revocación de una licencia de armas. En lo pertinente 

a la revocación, esta podrá efectuarse luego de que se realice la 

investigación correspondiente. Ley de Armas de Puerto Rico de 

2020, supra, 25 LPRA § 462a. Así pues, para que la revocación 

proceda, de dicha investigación debe surgir, entre otras, evidencia 

del que el investigado ha brindado a sabiendas información falsa o 

incumple con los requisitos establecidos en la Ley de Armas de 

Puerto Rico de 2020, supra. 

Las determinaciones que emita una agencia en cuanto a la 

revocación de una licencia de armas son revisables ante el tribunal. 

Para que la referida revisión judicial cumpla a cabalidad con los 

criterios legales establecidos, la Ley de Armas de Puerto Rico de 

2020, supra, nos remite a la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, supra. Ello, a la luz del 

artículo siguiente: 

Salvo que otra cosa se disponga expresamente, todas 

las determinaciones que tengan que realizarse en virtud 

de esta Ley se regirán por las disposiciones de vistas 

informales, adjudicaciones y reconsideraciones 

establecidas en la Ley 38-2017, según enmendada, 

conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico’’.

25 LPRA sec. 467e.

Así pues, a las determinaciones administrativas de revocación 

de licencias de armas le son de aplicabilidad los siguientes términos 
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y remedios provistos por la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, supra, para la revisión 

judicial: 

Una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo correspondiente 

podrá presentar una solicitud de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de 

treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo 

en autos de la copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia o a partir de la fecha 

aplicable de las dispuestas en la Sección 3.15 de esta 

Ley, cuando el término para solicitar la revisión judicial 

haya sido interrumpido mediante la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración.

3 LPRA § 9672; ACT v. Prosol et als., 210 DPR 897, 908 

(2022).

III

En síntesis, el apelante plantea, que en el caso de autos no 

son de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 

supra. También sostiene, que incidió el foro primario al desestimar 

el caso de epígrafe por falta de jurisdicción, al determinar que el 

dictamen de la agencia no era final por no cumplir con las 

disposiciones requeridas para salvaguardar el debido proceso de ley. 

Asimismo, indicó que erró el tribunal de origen al no considerar las 

excepciones relacionadas al agotamiento de remedios 

administrativos. 

Luego de un examen detallado del expediente que obra ante 

nuestra consideración, determinamos que al apelante no le asiste la 

razón. Veamos. 

Según se desprende de la notificación en controversia, el NPPR 

informó al apelante sobre la revocación de su licencia de armas. Por 

tanto, tal cual fue esbozado en la normativa que antecede, al caso 

de epígrafe le son de aplicabilidad las disposiciones de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 
KLRA202300430 10

supra, atinentes a los procesos adjudicativos. En ese sentido, la 

notificación en cuestión debía contener los términos y remedios 

provistos para la revisión judicial, según dispuestos en dicha 

legislación. Así pues, para que la notificación al apelante fuera 

adecuada, el NPPR tenía que apercibirle de su derecho a presentar 

reconsideración dentro de los veinte (20) días desde la fecha de 

archivo en autos de la notificación de la resolución u orden. De igual 

modo, el NPPR debió informar al apelante de su derecho a presentar 

una solicitud de revisión ante este Foro, dentro del término de 

treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos 

de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la 

agencia, o a partir del término dispuesto para los casos en que se 

haya presentado una oportuna moción de reconsideración. 

De la notificación en cuestión surge, que el NPPR 

erróneamente informó al apelante que el foro con jurisdicción para 

atender sus planteamientos en revisión era el “Tribunal Municipal”,

y no el Tribunal de Apelaciones, lo cual es contrario al procedimiento 

de revisión judicial aplicable. Además, la referida notificación no 

cumple con los requisitos necesarios para considerarse una 

determinación final, puesto que no incluyó determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho que fundamenten la adjudicación, 

toda vez que, el NPPR solo le avisó al apelante la revocación de su 

licencia de armas, sin incluir fundamentos que sustentaran tal

determinación. Ante ello, concluimos que el pronunciamiento 

emitido por el NPPR es una determinación que carece de finalidad. 

Consecuentemente, una vez la notificación cumpla a 

cabalidad con las exigencias en ley y los requisitos del debido 

proceso de ley en su vertiente procesal, la jurisdicción para revisar 

la determinación final de la agencia administrativa será de este 

Tribunal. 
KLRA202300430 11

Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia actuó 

correctamente al desestimar el caso de epígrafe por falta de 

jurisdicción, toda vez que, una revocación de licencia de armas no 

es una determinación administrativa para la cual se le haya 

otorgado la facultad legal de revisar. 

IV

Por los fundamentos esbozados, confirmamos el dictamen 

recurrido. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal. 

 

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones