Número Identificador
SEN 2 0 2 3

___________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

Miguel Santos Vélez
Recurrente

v s
. Depart amento de Corrección y Rehabilitación
Recurrida K L RA202300330 Revisión Administrativa p rocedente de l Departament o de Corrección y Rehabilitaci ón
Caso Núm.: B 7 05

- 35579
Sobre : Evaluación de Custodia / Traslado
Panel integrado por su president e , el Jue z R i ve r a Colón , el Juez Ronda del Toro y la Juez a Díaz Rivera

. Rivera Colón, Juez Ponente

SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2 0 2 3

. Compa rece ante nos, el S r
. Miguel Santos Vélez ( señor
S antos Vélez o parte recurrente ) , quien presenta recurso de
revisión admini strativa en el que solicita la revocación de l a

“ Resolución ” notifica d a el 13 de a bril d e 202 3 , por el Comité de Clasificación y T ratamiento ( CCT o parte recurrida )

. M ediante
dicha determinación , el CC T acordó en reclasi ficar a la parte

recurrente a custodia mediana , y solicitar su traslado a otra
institución correccional

. Examinada la solici tu d de aut o s, la t o t al idad del ex pe diente y el estado de derecho aplicable an t e nu estra c o n sideración,
confirm a mos el recurso mediante los fundamentos q u e expondremos a continuación.
I.
El 13 de abril de 2023, el C CT se reunió con el propósito de
evaluar e l Plan I nstitucional del s eñor Sant os Vélez

. En igual fecha, emitió “ Resolución ” mediante la cual realizó las siguientesKL RA202300330 2

determinaciones de hecho, las cuales hacemos formar parte del presente dictamen :
1. El confinado de referencia ingresó sumariado al si st e ma correccional el 19 de octubre del 2008.
2. Fue sentenciado el 9 de septiembre de 2009 a cumplir 38 a ñ os de prisión po r asesinato en segundo grado varios casos de armas y amenaza a testigos

. 3. Fue clasificado inicialmente en custodia máxima el 30 d e s eptiembre 2009.
4. El 6 de octub re 2009 se le torna la muestra de ADN conforme a la Ley 175.
5. El 27 de septiembre 2012 se reclasifica en custodia mediana.
6. El 11 de diciembre 2012 se le radica querella administrativa por posesión de celular. El 1 8 d e abril 2013 resultó incurso en l a misma.
7. El 1 ero de mayo de 2013 fue sentenciado a cumplir 6 meses de prisión adicionales, por el delito de posesión de celulares en prisión y fue reclasificado a recibo y traspaso de bienes objeto de delito.
8. Fue r e clasificado en custodia máxima nu evamente el 30 de septiembre 2013 al recibirse un nuevo Auto de Prisión Provisional.
9. El 27 de agosto 2014 es reclasificado en custodia mediana.
10. El 4 de diciembre 2014 completó las terapias grupales del NRT.
11. E l 21 mayo 2015 l a co mpañer a Sra. M . Sánchez, que tenía anotada, reportó que hubo un incidente durante la visita en la que fue amenazada con una navaja, solicito ser borrada d el expediente

. 12. El 13 de agosto de 2018 se recibe llamada de una amiga con q ui e n mantenía una relación para info rmar que la amenazaba y la chantajeaba

. La llamaba a través de celulares diferentes

. Fue referida a La Policía

. 13. Le someten cargos por maltrato y amenaza de la Ley 54 y le imponen fianza. El 5 de septiembre 2019 le d es e stiman los cargos criminales, per o queda vigente la Orden de Protección a favor de otra pareja, Sra. S. Declet Guevara.
14. Su custodia es reclasificada en máxima nuevamente el 1 ero de octubre 2019. Estando en custodia máxima le radican querella admin i st r ativa por posesión de artículos q ue afectan la seguridad.
15. Se reclasifica en mediana el 28 de octubre 2020.KL RA202300330 3

16. Se reclasifica en custodia mínima el 25 de octubre 2021. 17. Se asigna a rendir labores en el ornato y las áreas verdes del complejo de B a yamón el 24 de junio 2022.
18. E l 14 de marzo 2022 es dado de baja por ausentismo.
19. El pasado 7 de marzo 2023 nos llama la novia del confinado Sra. N. Nieves para solicitar ser borrada del expediente pues terminó la relación y el conf inado está ame na z ando con tirotearla a ella y a su s hijos. Fue referida a la Policía de Puerto Rico.
20. Se reciben informes de la Maestra Ramos y el Sa rgento Maldonado por incidente surgido en el salón de clases el 16 de marzo de 2023. En esa ocasión el confinado hizo u n as manifestaciones intimida ntes y amenazantes contra la civil y com partió con otros confinados información de la marca y modelo del vehículo personal de la maestra.
Tras examina r la totalidad de l expediente , el CCT determinó
reclasificar a l s eñor Santo s Vélez a custodia mediana , y a solici tar
su traslado a otra institución correccional

. L o anterior, por entender que , al incurrir en un patrón de conducta de violencia de género, intimidación y amenaza , la parte recurrente representa un riesgo a la seguri da d de l personal y sobre el clima inst itucional

. Inconforme, el 25 de a bril de 2023, el s eñor Santos Vélez presentó una s olicitud de reconsideración y , en esencia, solicitó ser
clasificado en custodia m ín ima , y a que no hubo razón alguna para que fuese recl as ificad o a custodia mediana. Sostiene que , nunca
cometió los asunt os que se le imputan , y a que no se le denunció o querell ó por é stos. Evaluada su petic ión, el 11 de mayo de 2023, 1 el S upervisor
de la Oficina de Clasificación de Confinados no acogió la s ol icitud
de reconsideración presentada por la parte recurrente

. Razonó

que , la conducta del s eñor Santos Vélez no avalaba su estancia en
un nivel de mínima supervisión, sino que, demostraba que era un
conf inad o de difícil manejo que representa amenaza o p el igro

.

1 Notific ada el 13 de juni o de 2023.KL RA202300330 4
Aún insatisfecho, el s eñor Santos Vélez recurre ante este foro

ap elativo intermedio, y solicita se revoque la determinación del CCT, se le re clasifique a custodia mínima , y sea tra sladado a Bayamón o Arecibo.
II.

- A
La Constitución de Puerto Rico, e n la Sección 19 del Art

. VI, establece como política pública referente al sistema correccional que, el Estado habrá de: “...reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponi bl es, al trata miento adecu ado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”. A esos efectos, se adoptó el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21
de n oviembre de 2011, 3 LPRA, Ap. XVIII, según enmendado , el
cual creó el D epartamento d e C orrección y R ehabilita ción con el fin
de tener un sistema integrado de seguridad y administración
correccional enfocado en la custodia y la rehabilitación

. Entre las numerosas f acultades, f

unciones y d eberes del
Secretari o del Departamento se encuentr a el “ supervisa r el cumplim iento de las condiciones de libertad provisional que les fueron impuestas a las personas bajo su jurisdicción e informar con premura a los tribunales y a cualquier otro funcionario pertinente de cualquier incumplimiento de dichas c ondiciones ”.
Véase 3 LPRA , Ap. XVIII, Art. 7. Además, otorga al Secretario la facultad para a doptar , establecer, enmendar, revocar e implementar aquellos reglament os que sean necesarios para cumplir con los fines del Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 d e
noviembre de 2011, supra
. En virtud de esta facultad, el Departamento de Corrección y Rehabilitación adoptó el “Manual para la Clasificación de los
Confinados” de 22 de enero de 2020 , Reglamento Núm. 9151 , conKL RA202300330 5

el propósito de clasificar a los confinad os
. Este procedim iento
“consiste en la separación sistemática y evolutiva de estos en subgrupos, en virtud de las necesidades de cada individuo, y las exigencias y necesidades de la sociedad, desde la fecha de ingreso
del confinado hasta la fecha de su ex ca rcelación ”

. Véas e
Intr oducción del Reglamento Núm. 9151, supra
. El propósito del
sistema de clasificación es ayuda r a los confinados en su readaptación y posible reintegración a la sociedad. Íd. Existen cuatro niveles reconocidos de custodia, a saber: ( 1) máxima, (2) med iana, (3) mínima, y (4) mínima / comunidad.
Véase , Glosar i o de Términos del Reglamento Núm. 9151, supra
. En lo pertinente, se encuentran bajo custodia mediana aquellos
confinados “ que requieren un grado intermedio de supervisión ”

. Í d

. Por su part e, son ele gibles para custodia m ínima los confinados que requieren “ un mínimo de supervisión ”

. Í d

. La entidad facultada para det erminar el nivel de custodia de un
confinado es e l Comité de Clasificación y Tratamiento de la
i nstitución , el c ua l tiene la función básic a de “ evaluar a los confinados sentenciados en lo que respecta a sus necesidades, aptitudes, intereses, li m itaciones y funcionamiento social ”

. Sección 2 del Reglamento Núm. 9151, supra
. Dicho esto, es posible reclasificar a un c on finado de un nivel

a otro distinto. Por ejemplo, un confinado que estaba bajo
custodia m ínima puede ser posteriormente reclasificado a custodia

m ediana

. Así, “se revisará el nivel actual de custodia de cada confinado con el fin de determinar cuán aprop ia da es la asignación
de cust odia actual ”

. Sección 7 del Reglamento Núm. 9151, supra
. Hay dos tipos de reclasificación, a saber: (1) revi siones de rutina y (2) revisiones automáticas no rutinarias. Íd

. Podrán llevarse a
cabo revisiones automáticas no rut in arias en distintas situacione s, entre estas, cuando el confinado “[p] resenta un patrón deKL RA202300330 6

conducta negativa repetitiva , ha incurrido en t res o más
informes de indisciplina en el término de un (1) año o menos, no cumple con el plan institucional trazado a p esar de haber sido
debidament e orientado ”

. Íd. (Énfasis nuestro).
De acuerdo con el Formulario de Reclasificación de Custodia Escala de Reclasificación de Custodia (Casos Sentenciados) e instrucciones, 2 “ [l ]a reclasificación de custodia es similar a l a
evaluación inicial de custodia, pero da mayor é nfasis a la conducta institucional para reflejar la verdadera conducta del confinado
mientras est á encarcelado ”

. El nivel de custod ia dependerá de la puntuación que resulte de la escala de reclasificación, si endo custodia mínima 5 puntos o m enos, y custodia mediana entre 6 a 10 puntos en los renglones 1

- 8. Íd. No obstante lo anterior, hay ciertos factores que pueden considerarse para , de manera discrecional, modificar el nivel de c ustodia a uno más alto. En tre
é stos, se encuentra el confinado de difícil manejo , 3 y el confinado

que re presenta amenaza o peligro. 4 Por otro lado, la Sección 8 d el Reglamento Núm. 9151,

supra , cont iene un esquema de los procesos de clasificación que se utilizan para el traslado de un confinado de una institución

cor recci onal a otra. Entre los factores para solicitar el traslado se
encuentran los “ [ c ] ambios en el nivel de custodia de los
confi ados ” , y el “ [ c ] omportamiento continuo que represente un

ser io problema de adaptación , q ue no se ajuste a las normas de
la inst itución y a l plan institucional del confinado ”

. Íd. (Énfasis suplid o).

2 Véase, A péndice K del Reglamento Núm. 9151, supra
. 3 El confinado de difícil manejo es aquel que presentó “ problemas de m anejo mientras estuvo confinado o una conducta desord en ada mientras estuvo en la comunidad. Se tiene cono cimiento de que el confinado ha incitado , provocado o agitado a sus compañeros, ha interrumpido las operaciones de la institución, o ha demostrado en el pasado una falta de cooperación marcada con las fig ur as de autoridad ”. Íd.
4 Se refiere a aquellos caso s en los que “ el confinado representa un peligro o amenaza de violencia a la víctima o perjudicado del delito o comunidad por el cual el confinado está sirviendo , ya sea porque lo ha expresado verbalmente o por escrito ”

. Íd.KL RA202300330 7

- B
En nuestro ordenamiento jurídico, las decisiones de las agencias administrativas están investidas de una presunción de legalidad y corrección

. Capó Cruz v. Jta. Planificación et al. , 204 DPR 581, 591 (2020); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893 (2008). Lo anterior se fundamenta en el conocimiento especializado y la experiencia ( expertise ) sobre la materia que su ley habilitadora l e confiere jurisdicción. Assoc. Ins. Ag encies, Inc.

v. Com. Seg. P.R. , 144 DPR 425, 436 (1997); Mi sión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A. , 142 DPR 656, 672

- 673 (1997). En otras palabras, el conocimiento especializado de la agencia justifica que se sostengan

sus de terminaciones. Por lo que, en virtud de nuestro ejercicio de revisión judicial, le debemos gran deferencia a las decisiones emitidas por los foros administrativos. Pérez López v. Dpto.
Corrección , 20 8 DPR 656, 673

- 674 (2022) ; Super Asphalt v. AFI y

otr os , 206 DPR 803, 819 (2021).
Dentro de e ste contexto, la revisión judicial se limita a
determinar s i la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que implique abuso de discreción. OCS v. Point Guard Ins., 205 DPR 1005, 1026

- 1027 (2020); R ivera Concepción v. A. R.
Pe. , 152 DPR 116, 122 (2000). Esto significa que el tribunal respetará el dictamen de la agencia, salvo que no exista una base racional que fundamente la actuación administrativa. ECP Incorporated v. OCS , 205 DPR 268, 282 (2020 ); Misión Ind. P.R. v.
J.P. , 146 DPR 64, 134

- 135 (1998). Así, la revisión judicial suele
limitarse a determinar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue el apropiado; (2) las determinaciones de hechos realizadas por la agencia están sostenidas por ev idencia sustancial en el expediente ad ministrativo; y (3) si las conclusiones de derecho
fueron c orrectas. Pacheco v. Estancias , 160 DPR 409, 431 (2003).KL RA202300330 8 Ahora bien, esa presunción de legalidad no constituye un dogma inflexible que impide la revisión j ud icial si no existen las condiciones qu e sostienen la deferencia. En el caso de Torres
Rivera v. P

olicía de PR , 196 DPR 606 (2016), el Tribunal Supremo se expresó sobre el alcance de la revisión judicial y mencionó lo siguiente: [L]os tribunales deben de fe rencia a las decisiones de una agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: (1) la determinaci ón administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o interpretación de las leyes o reglamentos que s e le ha encomendado administrar; (3) el o rganismo administrativo actuó arbitraria, irrazonable o ile galmente, realizando determinaciones carentes de una base racional, o (4) la actuación administrativa lesionó derechos constitucionales fundamentales. Es im po rtante destacar que, si el tribunal no se encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque ex ista más de una interpretación razonable de los hechos procede que se valide la interpretación que realizó la agencia administrativa recurrida. Íd

. , a la pá g. 628. (Énfasis suplido).
Por ende, co mo norma general, el tribunal revisor le debe respeto y deferencia al dictamen administrativo. No obstante, si el foro revisor entiende que uno de estos factores está presente, podrá entonces modificar la decisión. De lo contrario, se
abstend rá a ello. Es pertinente enfatizar que la doctrina no exige que la agencia tome la mejor decisión posible, sino que el criterio a evaluar es si la misma, dentro de las circunstancias particulares del caso, es razonable. De Je sú s v. Depto. Servicios Socia les , 123
DPR 407, 417

- 418 (1989). Por ende, si existe más de una interpretación razonable de los hechos, ordinariamente se avalará
la decisión del foro administrativo. Super Asphalt v. AFI y otros , supra , a la pág. 819; Torres R ivera v. Policía de PR , sup ra , a la pág

. 628. En lo concerniente al alcance de la revisión judicial, la sección 4.5 de la de Ley de Procedimiento Administrativo UniformeKL RA202300330 9

del Gobierno de Puerto Rico limita la discreción del tribunal revisor
sobre las dete rm inaciones de hecho que real iza la agenc ia
administrativa. 3 LPRA sec. 9675. Como consecuencia, la revisión judicial de los tribunales para determinar si un hecho se considera probado o no se limita conforme la siguiente norma: El tribunal podrá conceder e l remedio apropiado si dete rmina que el recurrente tiene derecho a un remedio.
Las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo

. Las conclusiones de derecho serán revi sables en todos sus aspectos por el tribunal. Ley Núm. 38

- 2017, 3 LPRA sec. 9675. (Énfasis nuestro). El Tribunal Supremo de Puerto Rico define el concepto de evidencia sustancial como “aquella evidencia relevante q ue un a mente razonable podría aceptar c omo adecuada para sostener una
conclusión”. Otero v. Toyota , 163 DPR 716, 728 (2005); Misión Ind.
P.R. v. J.P. , supra , a la pág. 131. Además, dicho Foro ha reiterado

que: Para que un tribunal pueda decidir que la ev idenc ia en el expediente administrativo no es sustancial es necesario que la parte afectada demuestre que existe otra prueba en el récord que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el punto de que un tribunal no pueda, concien zu damen te, concluir que la evidencia sea sustancial , en vista de la prueba presentada y hasta el punto que se demuestre claramente que la decisión [del organismo administrativo] no está justificada por una evaluación justa del peso de la prueba que tuvo an te su c onsideración. Domínguez v. Caguas Expressway Motors , 148 DPR 387, 397

- 398 (1999); Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo , 74 DPR 670, 686 (1953). (Énfasis suplido). Por tal razón, es la parte que impugna la decisión administrativa la que tiene que pr oducir evidencia de tal magnitud

que co nmueva la conciencia y tranquilidad del juzgador, de formaKL RA202300330 10

que éste no pueda concluir que la decisión de la agencia fue justa, porque simple y sencillamente la prueba que consta en el expediente no la justifica. El lo implica que “[s]i en la solicitud de

r evisión la parte afectada no demuestra la existencia de esa otra prueba, las determinaciones de hecho de la agencia deben ser sostenidas por el tribunal revisor”. Domínguez v. Caguas Expressway Motors , supra , a la p ág . 398; Ramírez v. Depto. de
Salud , 147 DPR 901, 905 (1999).
III. En su escrito, el s eñor Santos Vélez argu menta que el CTT actuó de forma ilegal, arbitraria y capr ichosa

. Su contención es que, no podía ser reclasificado de custo dia mínima a custodia
med ia na, ya que no incurrió en ninguna falta. F undamenta su posición en que no se le hizo ninguna denuncia o querella por los

actos e n que se basa la determinación. No le asiste la razón. Aunque, ciertamente, el Supervisor de la Oficina de
Clasificación de Co nfinados determinó que , segú n la escala de

r eclasificación, el s eñor Santos Vélez arrojó una puntuación total de 4 puntos, no es menos cierto que, aunque en tales casos se recomienda un nivel de custodia mínima, de manera discrecional,

se puede modificar e l nivel de custodia a uno más alto. Según se d esprende de la s determinaciones de hecho de la
“Resolución” recurrida, 7 de marzo 2023 , el s eñor Santos Vélez contactó a su pareja , la Sra. N. Nieves , y la amenaz ó con tirotearla
a el la y a sus hijos. A su v ez , es un hecho determinado que , el 16
de marzo de 2023 , la parte recurrente intimid ó y amenaz ó a la

m aestra Ramos , incidente que fue presenciado por el Sargento
Maldonado

. A demás , el C CT determinó que el s eñor Santos Vélez compartió con otros confinad os in formación de la marca y modelo del vehículo personal de la maestra.KL RA202300330 11 Precisamente, por estas razones fue que el Supervisor de la
Oficina de Clasificación de Confinados concurrió con la
modifica ción d el nivel de custodia a uno má s alto , entiéndase, de
míni ma a mediana. Esto, pues, la conducta desplegada por l a parte recurrente con st ituye un patrón de conducta desordenada , y representa un peligro o amenaza de violencia para con la Sra. N.
Nieves y la maestra Ramos

. Coincidimos con dicha determinación.
Cónso no con el marco legal discutido, un confinado podrá

ser reclasificado mediante revisi ón automática no rutinaria cuando, como ocurre en este caso, el confinado p resent a un patrón de conducta negativa e incumple con el plan institucional trazado.
Somos del c ri terio que, (1) incurrir en un patrón de conducta
deso rdenada , (2) cometer delitos en prisión , (3) incidir en violencia de género, (4 ) incumplir con el plan institucional, y (5) efectuar

amenaza de violencia , son actos que ameritan la modifica ción d el
niv el de custodia de mínima a mediana , según lo permite el Reglamento Núm. 9151, supra
. Por ende, c oncluimos que l a conducta desplegada por el

s eñor Santos Vélez demuestra que este último requiere un grado intermedio de supervisión

. Lo anterior, por tratarse de un confinado de difícil manejo, y por representa r amen aza o peligro.

P or tal razón, e ntendemos que la asignación de custodia efectuada por el CCT es correcta , y no constituye un abus o de discreción

. Eval u ad a la totalidad de l a prueba p resentada, conclui mo s que la determinación de la CCT fue correcta. La parte recurrente no aport ó evidencia suficie nte para derrotar la presunc ión de

correcc ión que caracteriza l a decisión del foro ad mini strativo. Es
im portant e enfatizar que, al desempeñar nuestra función re visora, estamos obligados a consider ar la especialización , experienc ia y las cuestiones p ropia s de la discreción o pericia d e la s agencias
administrativa s
. En vista de lo a nterior , cons ideramos que laKL RA202300330 12

a genci a recurrida no actuó de manera arbitraria, ileg al , irrazonable, o fuera del marco de los poderes que se le delegaron

. L a totalidad de la e viden cia que obra en el récord nos obli ga a
confi rmar el dictamen recu rrido.
IV.
Por l os fun da me ntos antes expu estos, s e confirma la

“ Resolución ” recurrida, emi tida po r el Comité de Clasificación y
Trata miento

. Lo acordó y m anda el Tribunal , y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oqu en d o S o l í s Secreta ria del Tribunal de Apelaci ones