Número Identificador

SEN2023 ___________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

Miguel Santos Vélez

Recurrente

 vs.

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Recurrida

KLRA202300330

Revisión 

Administrativa

procedente del 

Departamento de 

Corrección y

Rehabilitación

Caso Núm.:

B705-35579

Sobre: Evaluación de 

Custodia / Traslado

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez

Ronda del Toro y la Jueza Díaz Rivera.

Rivera Colón, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2023.

Comparece ante nos, el Sr. Miguel Santos Vélez (señor

Santos Vélez o parte recurrente), quien presenta recurso de

revisión administrativa en el que solicita la revocación de la 

“Resolución” notificada el 13 de abril de 2023, por el Comité de 

Clasificación y Tratamiento (CCT o parte recurrida). Mediante

dicha determinación, el CCT acordó en reclasificar a la parte 

recurrente a custodia mediana, y solicitar su traslado a otra 

institución correccional.

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

confirmamos el recurso mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación.

I.

El 13 de abril de 2023, el CCT se reunió con el propósito de 

evaluar el Plan Institucional del señor Santos Vélez. En igual 

fecha, emitió “Resolución” mediante la cual realizó las siguientes 
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determinaciones de hecho, las cuales hacemos formar parte del 

presente dictamen:

1. El confinado de referencia ingresó sumariado al 

sistema correccional el 19 de octubre del 2008.

2. Fue sentenciado el 9 de septiembre de 2009 a 

cumplir 38 años de prisión por asesinato en segundo 

grado varios casos de armas y amenaza a testigos.

3. Fue clasificado inicialmente en custodia máxima el 

30 de septiembre 2009.

4. El 6 de octubre 2009 se le torna la muestra de ADN 

conforme a la Ley 175.

5. El 27 de septiembre 2012 se reclasifica en custodia 

mediana.

6. El 11 de diciembre 2012 se le radica querella 

administrativa por posesión de celular. El 18 de abril 

2013 resultó incurso en la misma.

7. El 1ero de mayo de 2013 fue sentenciado a cumplir 6 

meses de prisión adicionales, por el delito de posesión 

de celulares en prisión y fue reclasificado a recibo y 

traspaso de bienes objeto de delito.

8. Fue reclasificado en custodia máxima nuevamente el 

30 de septiembre 2013 al recibirse un nuevo Auto de

Prisión Provisional.

9. El 27 de agosto 2014 es reclasificado en custodia 

mediana.

10. El 4 de diciembre 2014 completó las terapias 

grupales del NRT.

11. El 21 mayo 2015 la compañera Sra. M. Sánchez, 

que tenía anotada, reportó que hubo un incidente 

durante la visita en la que fue amenazada con una 

navaja, solicito ser borrada del expediente.

12. El 13 de agosto de 2018 se recibe llamada de una 

amiga con quien mantenía una relación para informar 

que la amenazaba y la chantajeaba. La llamaba a 

través de celulares diferentes. Fue referida a La Policía.

13. Le someten cargos por maltrato y amenaza de la 

Ley 54 y le imponen fianza. El 5 de septiembre 2019 le

desestiman los cargos criminales, pero queda vigente la 

Orden de Protección a favor de otra pareja, Sra. S. 

Declet Guevara.

14. Su custodia es reclasificada en máxima nuevamente 

el 1ero de octubre 2019. Estando en custodia máxima le

radican querella administrativa por posesión de 

artículos que afectan la seguridad.

15. Se reclasifica en mediana el 28 de octubre 2020.
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16. Se reclasifica en custodia mínima el 25 de octubre 

2021.

17. Se asigna a rendir labores en el ornato y las áreas 

verdes del complejo de Bayamón el 24 de junio 2022.

18. El 14 de marzo 2022 es dado de baja por 

ausentismo.

19. El pasado 7 de marzo 2023 nos llama la novia del 

confinado Sra. N. Nieves para solicitar ser borrada del

expediente pues terminó la relación y el confinado está 

amenazando con tirotearla a ella y a sus hijos. Fue

referida a la Policía de Puerto Rico.

20. Se reciben informes de la Maestra Ramos y el 

Sargento Maldonado por incidente surgido en el salón 

de clases el 16 de marzo de 2023. En esa ocasión el 

confinado hizo unas manifestaciones intimidantes y

amenazantes contra la civil y compartió con otros 

confinados información de la marca y modelo del 

vehículo personal de la maestra.

Tras examinar la totalidad del expediente, el CCT determinó 

reclasificar al señor Santos Vélez a custodia mediana, y a solicitar 

su traslado a otra institución correccional. Lo anterior, por 

entender que, al incurrir en un patrón de conducta de violencia de 

género, intimidación y amenaza, la parte recurrente representa un 

riesgo a la seguridad del personal y sobre el clima institucional.

Inconforme, el 25 de abril de 2023, el señor Santos Vélez

presentó una solicitud de reconsideración y, en esencia, solicitó ser 

clasificado en custodia mínima, ya que no hubo razón alguna para 

que fuese reclasificado a custodia mediana. Sostiene que, nunca 

cometió los asuntos que se le imputan, ya que no se le denunció o 

querelló por éstos.

Evaluada su petición, el 11 de mayo de 2023,1 el Supervisor 

de la Oficina de Clasificación de Confinados no acogió la solicitud 

de reconsideración presentada por la parte recurrente. Razonó 

que, la conducta del señor Santos Vélez no avalaba su estancia en 

un nivel de mínima supervisión, sino que, demostraba que era un 

confinado de difícil manejo que representa amenaza o peligro.

1 Notificada el 13 de junio de 2023.
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Aún insatisfecho, el señor Santos Vélez recurre ante este foro 

apelativo intermedio, y solicita se revoque la determinación del 

CCT, se le reclasifique a custodia mínima, y sea trasladado a 

Bayamón o Arecibo.

II.

-ALa Constitución de Puerto Rico, en la Sección 19 del Art. VI, 

establece como política pública referente al sistema correccional 

que, el Estado habrá de: “...reglamentar las instituciones penales 

para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, 

dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los 

delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”.

A esos efectos, se adoptó el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 

de noviembre de 2011, 3 LPRA, Ap. XVIII, según enmendado, el 

cual creó el Departamento de Corrección y Rehabilitación con el fin 

de tener un sistema integrado de seguridad y administración 

correccional enfocado en la custodia y la rehabilitación.

Entre las numerosas facultades, funciones y deberes del 

Secretario del Departamento se encuentra el “supervisar el 

cumplimiento de las condiciones de libertad provisional que les 

fueron impuestas a las personas bajo su jurisdicción e informar 

con premura a los tribunales y a cualquier otro funcionario 

pertinente de cualquier incumplimiento de dichas condiciones”.

Véase 3 LPRA, Ap. XVIII, Art. 7. Además, otorga al Secretario la 

facultad para adoptar, establecer, enmendar, revocar e 

implementar aquellos reglamentos que sean necesarios para 

cumplir con los fines del Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de 

noviembre de 2011, supra. 

En virtud de esta facultad, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación adoptó el “Manual para la Clasificación de los 

Confinados” de 22 de enero de 2020, Reglamento Núm. 9151, con 
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el propósito de clasificar a los confinados. Este procedimiento 

“consiste en la separación sistemática y evolutiva de estos en 

subgrupos, en virtud de las necesidades de cada individuo, y las 

exigencias y necesidades de la sociedad, desde la fecha de ingreso 

del confinado hasta la fecha de su excarcelación”. Véase 

Introducción del Reglamento Núm. 9151, supra. El propósito del 

sistema de clasificación es ayudar a los confinados en su 

readaptación y posible reintegración a la sociedad. Íd.

Existen cuatro niveles reconocidos de custodia, a saber: (1) 

máxima, (2) mediana, (3) mínima, y (4) mínima / comunidad. 

Véase, Glosario de Términos del Reglamento Núm. 9151, supra.

En lo pertinente, se encuentran bajo custodia mediana aquellos 

confinados “que requieren un grado intermedio de supervisión”.

Íd. Por su parte, son elegibles para custodia mínima los 

confinados que requieren “un mínimo de supervisión”. Íd. La 

entidad facultada para determinar el nivel de custodia de un 

confinado es el Comité de Clasificación y Tratamiento de la 

institución, el cual tiene la función básica de “evaluar a los 

confinados sentenciados en lo que respecta a sus necesidades,

aptitudes, intereses, limitaciones y funcionamiento social”. 

Sección 2 del Reglamento Núm. 9151, supra.

Dicho esto, es posible reclasificar a un confinado de un nivel 

a otro distinto. Por ejemplo, un confinado que estaba bajo 

custodia mínima puede ser posteriormente reclasificado a custodia 

mediana. Así, “se revisará el nivel actual de custodia de cada 

confinado con el fin de determinar cuán apropiada es la asignación 

de custodia actual”. Sección 7 del Reglamento Núm. 9151, supra. 

Hay dos tipos de reclasificación, a saber: (1) revisiones de rutina y 

(2) revisiones automáticas no rutinarias. Íd. Podrán llevarse a 

cabo revisiones automáticas no rutinarias en distintas situaciones, 

entre estas, cuando el confinado “[p]resenta un patrón de 
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conducta negativa repetitiva, ha incurrido en tres o más 

informes de indisciplina en el término de un (1) año o menos, no 

cumple con el plan institucional trazado a pesar de haber sido

debidamente orientado”. Íd. (Énfasis nuestro).

De acuerdo con el Formulario de Reclasificación de Custodia 

Escala de Reclasificación de Custodia (Casos Sentenciados) e 

instrucciones,2 “[l]a reclasificación de custodia es similar a la 

evaluación inicial de custodia, pero da mayor énfasis a la conducta 

institucional para reflejar la verdadera conducta del confinado 

mientras está encarcelado”. El nivel de custodia dependerá de la 

puntuación que resulte de la escala de reclasificación, siendo 

custodia mínima 5 puntos o menos, y custodia mediana entre 6 a 

10 puntos en los renglones 1-8. Íd. No obstante lo anterior, hay 

ciertos factores que pueden considerarse para, de manera 

discrecional, modificar el nivel de custodia a uno más alto. Entre 

éstos, se encuentra el confinado de difícil manejo,

3 y el confinado 

que representa amenaza o peligro.4

Por otro lado, la Sección 8 del Reglamento Núm. 9151, 

supra, contiene un esquema de los procesos de clasificación que se 

utilizan para el traslado de un confinado de una institución 

correccional a otra. Entre los factores para solicitar el traslado se 

encuentran los “[c]ambios en el nivel de custodia de los 

confiados”, y el “[c]omportamiento continuo que represente un 

serio problema de adaptación, que no se ajuste a las normas de 

la institución y al plan institucional del confinado”. Íd.

(Énfasis suplido).

2 Véase, Apéndice K del Reglamento Núm. 9151, supra.

3 El confinado de difícil manejo es aquel que presentó “problemas de manejo 

mientras estuvo confinado o una conducta desordenada mientras estuvo en la 

comunidad. Se tiene conocimiento de que el confinado ha incitado, provocado o 

agitado a sus compañeros, ha interrumpido las operaciones de la institución, o 

ha demostrado en el pasado una falta de cooperación marcada con las figuras de 

autoridad”. Íd.

4 Se refiere a aquellos casos en los que “el confinado representa un peligro o 

amenaza de violencia a la víctima o perjudicado del delito o comunidad por el 

cual el confinado está sirviendo, ya sea porque lo ha expresado verbalmente o

por escrito”. Íd.
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-BEn nuestro ordenamiento jurídico, las decisiones de las 

agencias administrativas están investidas de una presunción de 

legalidad y corrección. Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 

DPR 581, 591 (2020); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 

870, 893 (2008). Lo anterior se fundamenta en el conocimiento 

especializado y la experiencia (expertise) sobre la materia que su 

ley habilitadora le confiere jurisdicción. Assoc. Ins. Agencies, Inc.

v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 (1997); Misión Ind. P.R. v. J.P. 

y A.A.A., 142 DPR 656, 672-673 (1997). En otras palabras, el 

conocimiento especializado de la agencia justifica que se sostengan 

sus determinaciones. Por lo que, en virtud de nuestro ejercicio de 

revisión judicial, le debemos gran deferencia a las decisiones 

emitidas por los foros administrativos. Pérez López v. Dpto. 

Corrección, 208 DPR 656, 673-674 (2022); Super Asphalt v. AFI y 

otros, 206 DPR 803, 819 (2021).

Dentro de este contexto, la revisión judicial se limita a 

determinar si la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o tan 

irrazonable que implique abuso de discreción. OCS v. Point Guard 

Ins., 205 DPR 1005, 1026-1027 (2020); Rivera Concepción v. A. R. 

Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). Esto significa que el tribunal 

respetará el dictamen de la agencia, salvo que no exista una base 

racional que fundamente la actuación administrativa. ECP 

Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 282 (2020); Misión Ind. P.R. v. 

J.P., 146 DPR 64, 134-135 (1998). Así, la revisión judicial suele 

limitarse a determinar si: (1) el remedio concedido por la agencia 

fue el apropiado; (2) las determinaciones de hechos realizadas por 

la agencia están sostenidas por evidencia sustancial en el 

expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de derecho 

fueron correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).
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Ahora bien, esa presunción de legalidad no constituye un 

dogma inflexible que impide la revisión judicial si no existen las 

condiciones que sostienen la deferencia. En el caso de Torres 

Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606 (2016), el Tribunal Supremo 

se expresó sobre el alcance de la revisión judicial y mencionó lo 

siguiente:

[L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de 

una agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: 

(1) la determinación administrativa no está basada en 

evidencia sustancial; (2) el ente administrativo erró en 

la aplicación o interpretación de las leyes o reglamentos 

que se le ha encomendado administrar; (3) el organismo 

administrativo actuó arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, realizando determinaciones carentes de 

una base racional, o (4) la actuación administrativa 

lesionó derechos constitucionales fundamentales. Es 

importante destacar que, si el tribunal no se 

encuentra frente a alguna de esas situaciones, 

aunque exista más de una interpretación 

razonable de los hechos procede que se valide la 

interpretación que realizó la agencia

administrativa recurrida. Íd., a la pág. 628.

(Énfasis suplido).

Por ende, como norma general, el tribunal revisor le debe 

respeto y deferencia al dictamen administrativo. No obstante, si el 

foro revisor entiende que uno de estos factores está presente, 

podrá entonces modificar la decisión. De lo contrario, se 

abstendrá a ello. Es pertinente enfatizar que la doctrina no exige 

que la agencia tome la mejor decisión posible, sino que el criterio a 

evaluar es si la misma, dentro de las circunstancias particulares 

del caso, es razonable. De Jesús v. Depto. Servicios Sociales, 123 

DPR 407, 417-418 (1989). Por ende, si existe más de una 

interpretación razonable de los hechos, ordinariamente se avalará 

la decisión del foro administrativo. Super Asphalt v. AFI y otros, 

supra, a la pág. 819; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, a la pág. 

628.

En lo concerniente al alcance de la revisión judicial, la 

sección 4.5 de la de Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 
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del Gobierno de Puerto Rico limita la discreción del tribunal revisor 

sobre las determinaciones de hecho que realiza la agencia 

administrativa. 3 LPRA sec. 9675. Como consecuencia, la revisión 

judicial de los tribunales para determinar si un hecho se considera 

probado o no se limita conforme la siguiente norma:

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.

Las determinaciones de hechos de las decisiones 

de las agencias serán sostenidas por el tribunal, 

si se basan en evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo.

Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal. Ley Núm. 38-2017, 3 

LPRA sec. 9675. 

(Énfasis nuestro).

El Tribunal Supremo de Puerto Rico define el concepto de 

evidencia sustancial como “aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005); Misión Ind. 

P.R. v. J.P., supra, a la pág. 131. Además, dicho Foro ha reiterado 

que:

Para que un tribunal pueda decidir que la 

evidencia en el expediente administrativo no 

es sustancial es necesario que la parte afectada 

demuestre que existe otra prueba en el récord que 

razonablemente reduzca o menoscabe el peso de 

tal evidencia, hasta el punto de que un tribunal 

no pueda, concienzudamente, concluir que la 

evidencia sea sustancial, en vista de la prueba 

presentada y hasta el punto que se demuestre 

claramente que la decisión [del organismo 

administrativo] no está justificada por una evaluación 

justa del peso de la prueba que tuvo ante su 

consideración. Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, 148 DPR 387, 397-398 (1999); Hilton Hotels v. 

Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686 (1953).

(Énfasis suplido).

Por tal razón, es la parte que impugna la decisión 

administrativa la que tiene que producir evidencia de tal magnitud 

que conmueva la conciencia y tranquilidad del juzgador, de forma 
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que éste no pueda concluir que la decisión de la agencia fue justa, 

porque simple y sencillamente la prueba que consta en el 

expediente no la justifica. Ello implica que “[s]i en la solicitud de 

revisión la parte afectada no demuestra la existencia de esa otra 

prueba, las determinaciones de hecho de la agencia deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor”. Domínguez v. Caguas 

Expressway Motors, supra, a la pág. 398; Ramírez v. Depto. de 

Salud, 147 DPR 901, 905 (1999).

III.

En su escrito, el señor Santos Vélez argumenta que el CTT 

actuó de forma ilegal, arbitraria y caprichosa. Su contención es 

que, no podía ser reclasificado de custodia mínima a custodia 

mediana, ya que no incurrió en ninguna falta. Fundamenta su 

posición en que no se le hizo ninguna denuncia o querella por los 

actos en que se basa la determinación. No le asiste la razón.

Aunque, ciertamente, el Supervisor de la Oficina de 

Clasificación de Confinados determinó que, según la escala de 

reclasificación, el señor Santos Vélez arrojó una puntuación total 

de 4 puntos, no es menos cierto que, aunque en tales casos se 

recomienda un nivel de custodia mínima, de manera discrecional, 

se puede modificar el nivel de custodia a uno más alto.

Según se desprende de las determinaciones de hecho de la 

“Resolución” recurrida, 7 de marzo 2023, el señor Santos Vélez

contactó a su pareja, la Sra. N. Nieves, y la amenazó con tirotearla 

a ella y a sus hijos. A su vez, es un hecho determinado que, el 16 

de marzo de 2023, la parte recurrente intimidó y amenazó a la 

maestra Ramos, incidente que fue presenciado por el Sargento 

Maldonado. Además, el CCT determinó que el señor Santos Vélez

compartió con otros confinados información de la marca y modelo 

del vehículo personal de la maestra.
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Precisamente, por estas razones fue que el Supervisor de la 

Oficina de Clasificación de Confinados concurrió con la 

modificación del nivel de custodia a uno más alto, entiéndase, de 

mínima a mediana. Esto, pues, la conducta desplegada por la 

parte recurrente constituye un patrón de conducta desordenada, y 

representa un peligro o amenaza de violencia para con la Sra. N. 

Nieves y la maestra Ramos. Coincidimos con dicha determinación.

Cónsono con el marco legal discutido, un confinado podrá 

ser reclasificado mediante revisión automática no rutinaria

cuando, como ocurre en este caso, el confinado presenta un patrón 

de conducta negativa e incumple con el plan institucional trazado.

Somos del criterio que, (1) incurrir en un patrón de conducta 

desordenada, (2) cometer delitos en prisión, (3) incidir en violencia 

de género, (4) incumplir con el plan institucional, y (5) efectuar

amenaza de violencia, son actos que ameritan la modificación del 

nivel de custodia de mínima a mediana, según lo permite el

Reglamento Núm. 9151, supra.

Por ende, concluimos que la conducta desplegada por el

señor Santos Vélez demuestra que este último requiere un grado 

intermedio de supervisión. Lo anterior, por tratarse de un

confinado de difícil manejo, y por representar amenaza o peligro.

Por tal razón, entendemos que la asignación de custodia efectuada 

por el CCT es correcta, y no constituye un abuso de discreción.

Evaluada la totalidad de la prueba presentada, concluimos 

que la determinación de la CCT fue correcta. La parte recurrente 

no aportó evidencia suficiente para derrotar la presunción de 

corrección que caracteriza la decisión del foro administrativo. Es

importante enfatizar que, al desempeñar nuestra función revisora, 

estamos obligados a considerar la especialización, experiencia y las 

cuestiones propias de la discreción o pericia de las agencias

administrativas. En vista de lo anterior, consideramos que la
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agencia recurrida no actuó de manera arbitraria, ilegal, 

irrazonable, o fuera del marco de los poderes que se le delegaron.

La totalidad de la evidencia que obra en el récord nos obliga a 

confirmar el dictamen recurrido.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

“Resolución” recurrida, emitida por el Comité de Clasificación y 

Tratamiento.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones