fuerzas paramilitares y narcotraficantes

simbióticos representa una amenaza significativa a la democracia colombiana.

La crisis colombiana tiene implicaciones

a largo plazo para la seguridad del hemisferio

como prueba a la voluntad estadounidense

para ayudar a restaurar la estabilidad y establecer la autoridad legítima sobre grandes

áreas de la región andina donde las redes

criminales y terroristas tienen profundas

raíces. Washington ya no puede tratar solamente con los síntomas del problema colombiano, y al parecer está dando señales de un

compromiso más profundo.

La alianza Estados Unidos-Colombia

necesita un propósito compartido, global y

cohesivo que no vea la guerra de Colombia

primordialmente bajo la óptica de suprimir el

narcotráfico y el terrorismo. Un nuevo plan

integrado que busque mejorar la seguridad

pública, la gobernabilidad, las relaciones de

seguridad y el desarrollo comunitario, podría

avanzar los intereses de ambos países y

marcaría un importante cambio en el fortalecimiento tanto de la seguridad de Colombia

como de la región.

intensificado desde el evidente, aunque fracasado esfuerzo del anterior presidente Andrés

Pastrana, en negociar el fin a la guerra interna del país, que ha durado décadas. Las

presiones sobre la vida cotidiana han aumentado mientras la capacidad de la nación para

controlar la inseguridad desaparece. El crecimiento económico ha disminuido, la deuda

pública ha aumentado y la pobreza se ha

profundizado. Un nuevo incremento en la

violencia a lo largo de la nación recibió a

Uribe, quien declaró un limitado estado de

conmoción y utilizó este poder para imponer

un impuesto especial para recaudar aproximadamente 778.5 millones de dólares adicionales—en su mayoría para el Ministerio de

Defensa, cuyo presupuesto anual sólo recientemente superó los 2 mil millones de dolares.

El nuevo gobierno de Bogotá está determinado a reestructurar la realidad colombiana. A

diferencia de su antecesor, quien enfatizó la

consecución de la paz, el enfoque del Presidente Uribe se centrá en mejorar la gobernabilidad. Para lograr esto, está comprometido en

reformar la ineficiencia burocrática, restaurar

la autoridad del estado y aumentar la presencia

del gobierno central en zonas rurales azotadas

Unidos está ávido de trabajar con el nuevo

presidente, pero importantes cambios de política en Washington todavía son dudosos debido a consideraciones de política doméstica y

la preocupación por dónde puede llevar el

cambio. Desde el punto de vista estadounidense, los hechos desde el 11 de Septiembre de

2001, han aumentado la sensibilidad hacia lo

peligros del terrorismo internacional, junto

con la creciente preocupación por la propensión de las redes internacionales criminales y

terroristas de explotar espacios no gobernable

para sus operaciones, entrenamiento, o para

propósitos de generación de capital. Colombia

es un caso ejemplar e involucra un complejo

surtido de ejércitos nacionales ilegales, fuerza

paramilitares, y organizaciones simbióticas de

narcotraficantes. La política de Estados Unido

hacia Colombia ha entrado recientemente en

una nueva fase con el otorgamiento de autori

dad legal que permite el uso de la ayuda

antinarcóticos para apoyar a la campaña

unificada de Bogotá contra el narcotráfico y

las organizaciones terroristas, así como también en circunstancias de emergencia protege

la salud y bienestar humanos, si se cumplen

las condiciones del congreso y las pautas de la

administración.1

No. 194/S, October 2002
líderes en ambos países están dispuestos a

mirar la guerra colombiana a través de la

misma óptica e integrar sus políticas. Hasta la

llegada del gobierno de Uribe, la sociedad

colombiana había negado la importancia del

reto político e intentaba controlar la inseguridad. Al mirar todos los temas bilaterales a

través de la óptica antinarcóticos y por evitar

mayor compromiso en Colombia, Estados

Unidos también ha desconocido esta realidad.

La relación es demasiado importante para

continuar así. Las recientes medidas de emergencia del Presidente Uribe demuestran su

reconocimiento de la necesidad urgente de

cambiar el camino para restaurar “la seguridad democrática”. Al parecer Estados Unidos

está señalando un mayor compromiso, y al

hacerlo debe decidir qué es lo que constituye el

éxito para su política. 

El Presidente Uribe está decidido enfrentar

el desafío político y psicológico a la capacidad

del estado colombiano para gobernar y controlar su territorio. Estas dos tareas van al corazón

de la guerra interna no declarada—en la cual

bierno responsable.

También reconoce que la

crisis en Colombia tiene implicaciones a largo

plazo para la seguridad estadounidense y

hemisférica, y es una prueba a la política

norteamericana de apoyar los esfuerzos nacionales por controlar un espacio no gobernado,

así como también las guerras relacionadas

contra el narcotráfico y terrorismo.

El camino por recorrer propuesto

comienza con el entendimiento de la naturaleza

de la guerra colombiana y un reconocimiento

de limitaciones pasadas de la política estadounidense. Desde este punto de partida, podemos

aclarar los objetivos estadounidenses factibles en

Colombia y formular un plan nacional integrado para lograr que los intereses de Estados

Unidos, Colombia y la región puedan ser apoyadas por que la Casa Blanca y el Congreso.

Para Entender la Guerra

de Colombia

Cuando el Presidente Uribe asumió la

presidencia el 7 de Agosto entre violentos

ataques en la capital, su autoridad efectiva

mortal. A pesar de estas limitaciones, la fuerz

y capacidad impresionante de los frentes de la

FARC y los grupos paramilitares continúa

aumentando.5

El nuevo líder político de Colombia enfrenta el reto de restaurar la autoridad del

estado y de proveer seguridad al país. El gobierno de Uribe asume entonces tres tareas

fundamentales. El estado debe:

■ retomar territorio nacional

■ establecer la presencia permanente del

estado (por ejemplo, policía, jueces, representantes

de organismos departmentales y nacionales) para

proveer justicia y orden, oportunidades para el

desarrollo, y otros servicios.

■ negociar con tres grupos armados ilegales

para terminar la guerra. 

La formulación de un plan nacional par

cambiar la realidad colombiana requiere un

claro entendimiento del intercambio dinámic

en la guerra de los fines políticos, presión

psicológica, voluntades enfrentadas y la violencia. El gobierno de Bush y el Congreso

enfrentan un dilema de juicio igualmente

decisivo en el diseño de un enfoque político

que se integre con los esfuerzos del Presidente

Uribe para lograr una gobernabilidad responsable que sigue tras los intereses antinarcótico

estadounidenses.

2 Strategic Forum No. 194/S, October 200

John A. Cope es un decano investigaciones esteatéqicas a el Instituto Nacional de Estudios Esteatéqicos,

Universidad Nacional de Defensa. Lo puede contactor para e-mail, ndu-inss-research@ndu.edu.
para ser capaces de derrotar las fuerzas de

seguridad, controlando territorio con el fin de

aislar las ciudades, socavando la legitimidad

del gobierno a todo nivel, debilitando la voluntad de la sociedad para resistir, y finalmente

ganando la lucha revolucionaria. Esta estrategia ha tenido mucho éxito, y este ejército ilegal

reta regularmente la legitimidad del estado.

Por ejemplo, las FARC impusieron un mandato

por un proceso de paz bajo sus términos en las

elecciones de 1998, y ha habido asesinatos,

secuestros de líderes políticos y religiosos, y

videograbaciones que explotan a famosos

reclusos políticos para sugerir que Bogotá no

puede ni proteger a la élite.

Desde la elección de Uribe en Mayo, las

FARC han demandado de nuevo la renuncia de

todos los funcionarios departamentales, municipales y veredales por lo que representan para

el estado. Ante la impotencia del gobierno para

reaccionar, más de 200 alcaldes y funcionarios

municipales han acatado las amenazas de

renunciar o morir, efectivamente desestabilizando muchos gobiernos locales.6 El incremento de violencia por parte de las FARC desde

la elección parece estar diseñado específicamente para avergonzar al nuevo presidente y

sus líderes de defensa y militares.

ocurre a nivel local. Como resultado las fuerzas

afiliadas con las AUC y las que siguen a las

Autodefensas de Córdoba y Urabá (ACCU) y

otros, representan una seria amenaza a largo

plazo a la legitimidad y autoridad del estado

colombiano.

El interés intensificado de Washington en

el terrorismo señala una vieja dimensión de la

guerra de Colombia, una dimensión que las

ramas ejecutivas y legislativas de Estados

Unidos habían escogido evitar. Las FARC y el

ELN han estado en la lista estadounidense de

organizaciones terroristas extranjeras desde

1997. La administración Bush agregó las AUC

a la lista antes del 11 de Septiembre. Es importante que Estados Unidos y Colombia entiendan el terrorismo de la misma manera. El

término terrorismo se ha utilizado mucho

tiempo para describir una categoría grande y

diversa de violencia política, abarcando desde

la jihad internacional de extremistas islámicos

en contra de Estados Unidos hasta las campañas de resistencia nacional llevados a cabo por

grupos armados ilegales dentro y fuera de

fronteras nacionales.

Las FARC, el ELN, y las AUC están en la

categoría de resistencia nacional. Las actividades terroristas de estos grupos llevan un mensaje: el hecho de violencia se hace con la idea

terrorismo. El secuestro y la extorsión son

también fuentes lucrativas de apoyo para las

FARC y el ELN, y los grupos paramilitares

aumentan sus finanzas con las contribuciones

voluntarias y obligadas de intereses comerciales ansiosos de proteger sus activos. Ninguno d

los grupos ilegales armados depende totalmente del narcotráfico.

¿Aprovechan el

Momento?

Tanto Colombia como Estados Unidos

están arriesgando mucho en esta coyuntura,

pero el progreso requiere que Bogotá y Washington enfrenten las problemáticas de fondo

de sus relaciones de seguridad. Son preguntas

difíciles, marcadas por hechos recientes, que

han sido problemáticas de resolver en los

enfoques de cada gobierno hacia el otro—y

contestar estas interrogantes requerirá que

ambos gobiernos tomen decisiones difíciles en

cuanto a la redifinición de la naturaleza y

alcance de esta relación. 

Colombia. Según la mayoría de las medi

das, el país está harto de vivir en un ambiente

crónico, peligroso y psicológicamente debilitante, en el cual la ausencia de paz y segurida

No. 194/S, October 2002 Strategic Forum 3
4 Strategic Forum No. 194/S, October 200

ción entre los sectores civiles y militares del

gobierno y desarrollar la mentalidad de una

fuerza armada que busca construir a largo

plazo una capacidad de autosuficiencia en

cuestiones de seguridad y defensa. Por el lado

civil, debe convencer a los colombianos a hacer

los sacrificios necesarios para apoyar su anhelo

de realizar la “seguridad patria”, progreso

social y el crecimiento económico. El Presidente Uribe tiene que convencer a su pueblo

que todos los colombianos son responsables

por la seguridad.

Estados Unidos. El Congreso sigue haciendo la pregunta dificil: ¿A dónde va el gobierno actual con la política hacia Colombia?

Una explicación anti-drogas ya no es suficiente; la reciente inclusión del anti-terrorismo

agrega una nueva dimensión a una serie de

pasos con raíces anti-narcóticas que han ampliado la política para mejorar su efectividad y

hacerla rentable, pasos como el Acto de Preferencias Comerciales Andinos (ATPA), promoción del imperio de la ley, y el desarrollo alternativo. Sin embargo, faltan un propósito global

y cohesivo, y un compromiso a largo plazo.

Los formuladores de la política norteamericana han reconocido la debilidad del gobierno de Colombia y la estabilidad interna en

deterioro, pero ha habido una renuencia

Colombia proporcional con su importancia?

Este amigo asediado es la pieza clave en una

región andina alarmantemente inestable

además del ancla para soluciones

relacionadas.9 En cuestiones del crimen internacional, Colombia es la fuente de más del 80

por ciento de la cocaína y el 50 por ciento de la

heroína que entra a Estados Unidos. Más del 80

por ciento de la cocaína consumida en Europa

es oriunda de ese país también. Colombia

también es la vitrina de un gobierno civil

constitucional y liberalización económica, así

como también un aliado con raíces que van

hasta la Guerra de Corea. Mantener el acceso a

su petróleo y gas y la expansión del comercio

es extremadamente importante. La manera en

que Estados Unidos se relaciona con Colombia

es una prueba de su compromiso a la seguridad hemisférica y la guerra global contra el

narcotráfico y el terrorismo. 

Para resumir, Colombia tiene importancia

estratégica, pero ¿definirá Washington un

mica de la industria criminal del narcotráfico

mejoró constantemente, al igual que la percep

ción del Ejército de Colombia. La opinión

inicialmente negativa en cuanto al profesiona

lismo e historia de respeto a los derechos humanos hizo que Estados Unidos ayudara a la

Policía Nacional de Colombia. Washington

minimizó su asociación con el ejército colombiano hasta 1999. Para entonces, los líderes

nacionales militares habían instituido reformas organizacionales y profesionales, muchas

enfocadas hacia la importancia de los derecho

humanos, desarrollo profesional del oficial, y

entrenamiento táctico. Mejores resultados en e

combate produjeron mayor confianza naciona

y un aumento de popularidad. Las reformas

permitieron la expansión del contacto militar

estadounidense para operaciones anti-drogas y

el apoyo y entrenamiento anti-terrorista. 

La puesta en práctica de la política empezó con presupuestos relativamente pequeños

que enfatizaban los recursos de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y los

organismos estadounidenses de apoyo además

de una modesta ayuda para la Policía Naciona

de Colombia. La “estrategia anti-capo” decapitó el liderazgo de los carteles pero logró poca

reducción del narcotráfico. Posteriormente y a

a guea gobacota e

narcotráfico y el

terrorismo
dólares por parte de Colombia que nunca se

logró completamente. El esfuerzo apoyaba

programas sociales, reforma judicial y fiscal,

recuperación económica, el aumento del poderío militar, programas anti-drogas, y el proceso

de paz. Las negociaciones del Presidente Pastrana con las FARC excluyeron el tratamiento

de la seguridad local. Washington aportó 1.3

mil millones de dólares en 2 años, más de 700

millones que fueron destinados a actividades

militares de índole antinarcóticos, donde lo

más sobresaliente fue la creación de la Brigada

Antinarcóticos. Otros actores internacionales

contribuyeron solamente con 500 millones de

dólares para los programas antinarcóticos.

De nuevo, la represión de la producción y

tráfico de estupefacientes fue la parte central de

la política estadounidense durante esta fase del

Plan Colombia. La perspectiva predominante

mantenía que la fumigación aérea (empezando

en el sur de Colombia, donde se cultiva el 40

por ciento de la coca) y la interdicción de los

sistemas de tránsito aéreos y fluviales a lo largo

de la nación son claves a la victoria basada en

el anti-narcotráfico en Colombia. Si estas

acciones tienen éxito y hay un esfuerzo paralelo

para fortalecer las instituciones nacionales, la

producción de estupefacientes disminuirá

(según la teoría). Esto, a su vez, cortaría los

Los funcionarios norteamericanos han

reconocido que para que la política hacia

Colombia sea efectiva, Washington debe reconocer el tamaño relativo del país (vease mapa)

y la complejidad del desafío ampliar su enfoque para enfrentar los tres grupos armados

ilegales que dominan más del 40 por ciento del

campo y operan con facilidad en otro 30 por

ciento. Estados Unidos debe ayudar a las fuerzas de seguridad a lograr el control de las

municipalidades despojadas de la presencia

gubernamental y los barrios urbanos sin ley,

además de continuar la erradicación de los

cultivos de coca y amapola e interceptar el

narcotráfico.10 Este cambio de pensamiento

cambia la lógica que guiaba la segunda fase de

ejecución. La suspensión de las negociaciones

de paz del Presidente Pastrana con las FARC,

abrió las puertas a una mayor atención hacia

al terrorismo nacional, una solicitud al Congreso por parte de la administración Bush para

expandir la autoridad legal necesaria para

enfrentar el problema, y el comienzo de la

tercera fase de la política hacia colombia.

La administración Bush solicitó exitosamente al Congreso permitir que Colombia

usara abiertamente las unidades de la brigada

antinarcóticos entrenada por Estados Unidos

ción agregará directrices, como que solamente

las unidades aprobadas que han recibido entre

namiento norteamericano en la operación de

helicópteros podrán usar las naves y que Estados Unidos debe estar de acuerdo antes de que

se puedan emplear los medios antinarcóticos.12

Ingredientes Ausentes

Una reexaminación de la política estadou

nidense revela que al enfoque narco-céntrico d

Washington le faltan varios elementos, o que

hasta recientemente, habían recibido poca

atención. El enfoque aquí es sobre cuatro elementos ausentes que requieren más desarrollo

en la fase actual de la política norteamericana

Un propósito global estratégico. En su

Estrategia Nacional de Seguridad, el President

Bush declaró que nuestro propósito fundamen

tal en Colombia es el de “defender sus instituciones democráticas y derrotar a los grupos

armados ilegales . . . a través de la extensión de

la soberanía efectiva sobre la totalidad del

territorio nacional y la provisión de seguridad

básica al pueblo colombiano”.13 Hasta el momento, sin embargo, la administración no ha

concretado las diferentes tareas implicadas en

esta visión—la represión de los terroristas y el

narcotráfico, la promoción del imperio de la

No. 194/S, October 2002 Strategic Forum 5
Volver a ganar la confianza de la cúpula militar

colombiana en sus homólogos norteamericanos

es un reto importante para el éxito de la tercera

fase de la política estadounidense.

Medidas para generar mayor responsabilidad colombiana por su conflicto. Para la

mayoría de los colombianos que viven en las

zonas urbanas, la guerra en el campo y los

barrios marginales es un evento que se mira en

los noticieros. Bajo la ley colombiana, los

grupos ilegales armados no se consideran

hostiles. Sus miembros son criminales sospechados, no combatientes. Esta mentalidad de

lejanía se ha reflejado en el bajo gasto nacional en tiempos de guerra (3.5 por ciento del

producto interno bruto tanto para las fuerzas

militares como la policía nacional a principios

de 2002). Mientras que el impuesto especial de

Uribe del 1.2 por ciento sobre patrimonios

(personales y comerciales) más de 57,000

dólares es una muestra bienvenida de un

compromiso más serio, la respuesta del público

todavía no se ha visto.

Cooperación en temas de seguridad con

los vecinos de Colombia. Estados Unidos

provee ayuda anti-drogas a los países vecinos

andinos pero no ha intentado desarrollar la

cooperación entre instituciones militares o

unidad nacional y un gobierno efectivo en

todos los frentes: inversión extranjera, salud y

educación, infraestructura de transporte y

comunicaciones, subdesarrollo y pobreza,

sistema judicial, y la defensa del estado. El

nuevo gobierno está ansioso en mostrar resultados positivos en el cambio de la realidad

colombiana. En el tema de la seguridad, el

presidente planea doblar los efectivos de combate del ejército a un total de 100,000 soldados

y los efectivos de la Policía Nacional a 200,000,

organizar una fuerza nacional de informantes

civiles, y quizás crear algún tipo de estructura

de defensa local.

Estados Unidos cumple un rol en ambos

lados del conflicto interno colombiano. Por un

lado, desgraciadamente, el consumo de estupefacientes ayuda financiar los tres ejércitos

ilegales y sus operaciones. Por otro lado, con el

apoyo al Plan Colombia, Estados Unidos es un

protagonista importante de parte del estado. A

estas alturas, la política estadounidense está

pasando del enfoque “narcotizado” de la

última década hacia el esfuerzo del Presidente

que al final no deja otra decisión viable a los

grupos armados ilegales que terminar la violen

cia a favor de participar en el proceso democrá

tico. Los esfuerzos de Bogotá para reformar y

modernizar las instituciones de gobierno conti

nuarían. Washington trae a la alianza contribuciones valiosas en cuestiones de entrenamiento y asesoría que van más allá del enfoqu

anti-narcótico del Plan Colombia, pero que no

alcanzan un involucramiento en operaciones

de combate. Bogotá aporta liderazgo nacional

que está consciente que el resultado de la guerra recae sobre la sociedad colombiana, no

solamente sobre sus fuerzas militares y policía

nacional, y está comprometido a incrementar

su participación. El plan integrado incluiría la

seguridad pública así como componentes

políticos, sociales y económicos y el apoyo a la

política exterior. El adoptar esta aproximación

mantiene visibles los valores asociados con la

democracia y presiona a los colombianos a

promoverlos. De manera similar, el concepto

del plan integrado ayuda a establecer las condi

ciones necesarias en Colombia (y en el escenario internacional) para que Bogotá pueda

lograr este propósito compartido.

Una parte integral de este concepto es la

incorporación de normas compartidas para

6 Strategic Forum No. 194/S, October 200

cido su capacidad para

imponer su autoridad 

a nivel nacional
■ desarrollo de una moderna base de entrenamiento, para lograr, en tres años o menos, con altos

niveles de desempeño, la estructura de fuerza requerida para lograr el propósito del Presidente Uribe de

doblar el tamaño del ejército y la policía nacional.

■ elaboración de una doctrina para operaciones combinadas antinarcóticos, anti-terroristas, y de

control de área en un ambiente caracterizado por

una agilidad estratégica mejorada, y mayor capacidad militar. 

■ creación de comando y control modernos,

estructuras logísticas y médicas y doctrinas asociadas diseñadas para llenar los requisitos de una

fuerza pública altamente móvil. 

■ institucionalización de canales profesionales

de comunicación entre la cúpula militar y sus

estados mayores y sus contrapartes norteamericanos.

Control Local. Habrá que crear y entrenar

una fuerza de seguridad auxiliar bajo el control del Ministerio de Defensa, para suplementar las fuerzas públicas en los municipios

rurales y los barrios marginales. Ayudaría a

garantizar el orden y buscar información. La

estructura debería incluir un mecanismo de

control nacional para frustrar intentos de

politizar la fuerza, reforzar la conciencia de los

derechos humanos e investigar acusaciones de

violaciones de derechos humanos. Esta organización debe ofrecer una alternativa creíble y

Reformas Institucionales y Desarrollo

Comunitario. Una comprensiva estrategia

basada en el Plan Colombia debe ser formulada y consistentemente implementada para

fortalecer las instituciones políticas locales, el

desarrollo económico, e imperio de la ley y la

sociedad civil. Esta estrategia se debe poner en

práctica dentro de las áreas que el gobierno

controla en las zonas marginales del campo.

Este esfuerzo inicialmente requerirá establecer

entidades cívico-militares a nivel departamental para planificar, coordinar y ejecutar programas cívicos detrás de una cortina de seguridad.

Nivel de Esfuerzo. El éxito en esta categoría tiene dos dimensiones:

■ pasos positivos tomados por el gobierno

colombiano para aumentar la participación nacional en defender el estado y en establecer la ley y el

orden a nivel nacional. Ejemplos incluirían la

movilización de fuerzas de reserva y nivel de fuerza

militares adicionales, incremento sostenido de

gastos militares, y el fin de restricciones artificiales

legales que han impedido las operaciones militares. 

■ la institucionalización de una mentalidad

político-militar profesional dentro del ministerio de

defensa que exige altos niveles de preparación

presión sustancialmente más fuerte sobre los

grupos ilegales—combinada con la creciente

presencia de fuerzas de seguridad bajo el control del estado e instituciones más activos—

socavarán la dominación de las FARC, el ELN 

los grupos paramilitares, debilitando su capac

dad y voluntad de lucha, acelerando así una

solución política. La lógica prevé operaciones

militares y policiales agresivas en contra de la

fuerzas ilegales, su infraestructura logística y

asociación con el narcotráfico (a través de

erradicación e interdicción).

Desde la perspectiva de Estados Unidos la

nueva lógica tiene tres grupos de suposiciones

Primero, las condiciones de Estados Unidos

sobre los derechos humanos y el apoyo para lo

aspectos no relacionados con el narcotráfico

del Plan Colombia continuarán en el largo

plazo. Segundo, Colombia movilizará mayores

recursos para enfrentar su propio reto nacional. Finalmente, que un nuevo consenso de

política entre el ejecutivo y el legislativo estadounidense con respecto a estos lineamientos

debe ser alcanzado para lograr una asistencia

ininterrumpida de Estados Unidos. El plan

integrado Estados Unidos-Colombia define un

claro propósito (y así responde al cuestionamiento frecuente del Congreso) para la ayuda

No. 194/S, October 2002 Strategic Forum 7

ilegales estarían

mejorando
gico de seguridad del Presidente Uribe.

¿Cuáles serían las consecuencias si no

ocurren estos cambios? Si Estados Unidos

continua en una actitud rutinaria, con su

enfoque fijado fundamentalmente sobre la

guerra contra el narcotráfico, la asistencia de

Estados Unidos quedaría bajo la nube de incertidumbre legal y política que a final de cuentas

afectará la capacidad del gobierno colombiano

de desarrollar planes multi-anuales con alguna seguridad de que los recursos anti-drogas

financiados por Estados Unidos estarían disponibles para ayudar a Bogotá a afirmar la

autoridad estatal a nivel nacional. Al final de

cuentas, las FARC y los paramilitares continuarían creciendo en efectivos, capacidad y sofisticación ocasionando así mayores muertes

civiles y más desplazados internos por causa

del conflicto. Un segundo proceso de paz fracasado en términos diferentes del gobierno puede

ser el resultado. 

Fortalecimiento de la 

Seguridad

Las elecciones políticas de Washington en

esta coyuntura crítica están formadas por un

clima de seguridad diferente dentro de cada

país. El elemento de la guerra colombiana

lecer, no solamente a Colombia, sino la seguri

dad regional.

Notes1

El gobierno de Bush recibió la nueva autoridad a finales

de julio para el resto del año fiscal. La autoridad tiene que ser

renegociada para el año fiscal 2003. House Rpt. 107–593, “

Making Supplemental Appropriations for Further Recovery from

and Response to Terrorist Attacks on the United States for the

Fiscal Year Ending September 30, 2002, and for Other Purposes,”

en <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/cpquery/R?cp107:FLD010:

@1(hr593)>. 2

“Relevant text of S.2779 and Senate Appropriations

Committee Report 107-219, the Foreign Appropriations Act, July

24, 2002,” en <http://www.ciponline.org/colombia/

03forops.htm>. 3

“Nuestra política está fundamentada sobre los cuatro

pilares de la democracia, desarrollo, integridad de gobierno, y

seguridad . . . La mayordomía responsible de gobierno es esencial

para logar cada uno de estas metas.” “U.S. Foreign Policy in the

Western Hemisphere”; Otto Reich, Secretario Asistente para

petroleo, el gas, el carbon y el café, se encuentran también en l

regions donde se cultiva la coca y la amapola. El comercio de

estos recursos naturales es crucial para la habilidad de Bogotá

para financiar sa guerra. 11 House Rpt.107-593, “ Making Supplemental Appropria

tions for Further Recovery from and Response to Terrorist Attack

on the United States for the Fiscal Year Ending September 30,

2002, and for Other Purposes,” en <http://thomas.loc.gov/

cgi-bin/cpquery/R?cp107:FLD010:@1(hr593) 12 Marc Grossman, Subsecretario de Estado para Asuntos

Políticos, Departamento de Estado, Audiencia del Subcomité de

Operaciones Extranjeras, Comité de Apropiaciones de la Cámar

Cámara de Representantes de Estados Unidos, Federal News

Service, 10 de Abril 2002, en <www.lexis-nexis.com>. 

13 The National Security Strategy of the United States of

America (The White House, 17 de Septiembre 2002), p.10.

ubicado en <http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf> 14 “Inaugural Address by Colombian President Alvaro

Uribe Velez at Congress’ Elliptic Room in Bogota,” Santa Fe de

Bogota Office of the President (August 7, 2002), en FBIS–Colombia, August 7, 2002.

8 Strategic Forum No. 194/S, October 200

The Strategic Forum series presents original research by

members of the National Defense University as well as

other scholars and specialists in national security affairs

from this country and abroad. The opinions, conclusions,

and recommendations expressed or implied within are

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the views of the Department of Defense or any other

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