# Diario Oficial L 205/2014

| | ISSN 1977-0685 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | L 205 |
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| Edición en lengua española | Legislación | 57° año12 de julio de 2014 |

ISSN 1977-0685

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 205

Edición en lengua española

Legislación

57° año12 de julio de 2014

---

| Sumario | | II   Actos no legislativos | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| | | ACUERDOS INTERNACIONALES |
| | * | Información sobre la entrada en vigor de la renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de América | 1 |
| | | 2014/451/UE |
| | * | Decisión del Consejo, de 26 de mayo de 2014, relativa a la firma y celebración del Acuerdo de participación entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre la participación de la Confederación Suiza en la Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM Libia) | 2 |
| | | Acuerdo de participación entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre la participación de la Confederación Suiza en la misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM Libia) | 3 |
| | | REGLAMENTOS |
| | * | Reglamento de Ejecución (UE) no 753/2014 del Consejo, de 11 de julio de 2014, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 269/2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania | 7 |
| | * | Reglamento de Ejecución (UE) no 754/2014 de la Comisión, de 11 de julio de 2014, por el que se deniega la autorización de Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) y Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) como aditivos para piensos (
  1
  ) | 10 |
| | | Reglamento de Ejecución (UE) no 755/2014 de la Comisión, de 11 de julio de 2014, por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas | 12 |
| | * | Reglamento (UE) no 756/2014 del Banco Central Europeo, de 8 de julio de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) sobre las estadísticas de los tipos de interés que aplican las instituciones financieras monetarias (BCE/2014/30) | 14 |
| | | DECISIONES |
| | | 2014/452/UE |
| | * | Decisión del Consejo, de 8 de julio de 2014, relativa a la posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades | 15 |
| | | 2014/453/UE |
| | * | Decisión del Consejo, de 8 de julio de 2014, relativa a la posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades | 18 |
| | | 2014/454/UE |
| | * | Decisión del Consejo, de 8 de julio de 2014, relativa a la posición que se ha de adoptar, en nombre la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una modificación del anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE | 20 |
| | * | Decisión 2014/455/PESC del Consejo, de 11 de julio de 2014, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania | 22 |
| | | 2014/456/UE |
| | * | Decisión de la Comisión, de 4 de febrero de 2014, relativa a la medida SA.21817 (C 3/07) (ex NN 66/06) de Tarifas eléctricas españolas: consumidores aplicada por España
  [notificada con el número C(2013) 7741]

   (
  1
  ) | 25 |
| | | 2014/457/UE |
| | * | Decisión de la Comisión, de 4 de febrero de 2014, relativa a la medida de tarifas eléctricas españolas: distribuidores [SA.36559 (C3/07) (ex NN 66/06)], aplicada por España
  [notificada con el número C(2013) 7743]

   (
  1
  ) | 45 |
| | | 2014/458/UE |
| | * | Decisión de Ejecución de la Comisión, de 9 de julio de 2014, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
  [notificada con el número C(2014) 4479] | 62 |
| | | 2014/459/UE |
| | * | Decisión de la Comisión, de 10 de julio de 2014, relativa a la comercialización para usos esenciales de biocidas que contengan cobre
  [notificada con el número C(2014) 4611] | 76 |

Sumario

II   Actos no legislativos

Página

ACUERDOS INTERNACIONALES

*

Información sobre la entrada en vigor de la renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de América

1

2014/451/UE

*

Decisión del Consejo, de 26 de mayo de 2014, relativa a la firma y celebración del Acuerdo de participación entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre la participación de la Confederación Suiza en la Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM Libia)

2

Acuerdo de participación entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre la participación de la Confederación Suiza en la misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM Libia)

3

REGLAMENTOS

*

Reglamento de Ejecución (UE) no 753/2014 del Consejo, de 11 de julio de 2014, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 269/2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania

o

o

7

*

Reglamento de Ejecución (UE) no 754/2014 de la Comisión, de 11 de julio de 2014, por el que se deniega la autorización de Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) y Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) como aditivos para piensos (
  1
  )

o

Pediococcus pentosaceus

Pediococcus pentosaceus

1

10

Reglamento de Ejecución (UE) no 755/2014 de la Comisión, de 11 de julio de 2014, por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

o

12

*

Reglamento (UE) no 756/2014 del Banco Central Europeo, de 8 de julio de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) sobre las estadísticas de los tipos de interés que aplican las instituciones financieras monetarias (BCE/2014/30)

o

o

(BCE/2014/30)

14

DECISIONES

2014/452/UE

*

Decisión del Consejo, de 8 de julio de 2014, relativa a la posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades

15

2014/453/UE

*

Decisión del Consejo, de 8 de julio de 2014, relativa a la posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades

18

2014/454/UE

*

Decisión del Consejo, de 8 de julio de 2014, relativa a la posición que se ha de adoptar, en nombre la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una modificación del anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE

20

*

Decisión 2014/455/PESC del Consejo, de 11 de julio de 2014, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania

22

2014/456/UE

*

Decisión de la Comisión, de 4 de febrero de 2014, relativa a la medida SA.21817 (C 3/07) (ex NN 66/06) de Tarifas eléctricas españolas: consumidores aplicada por España
  [notificada con el número C(2013) 7741]

   (
  1
  )

[notificada con el número C(2013) 7741]

1

25

2014/457/UE

*

Decisión de la Comisión, de 4 de febrero de 2014, relativa a la medida de tarifas eléctricas españolas: distribuidores [SA.36559 (C3/07) (ex NN 66/06)], aplicada por España
  [notificada con el número C(2013) 7743]

   (
  1
  )

[notificada con el número C(2013) 7743]

1

45

2014/458/UE

*

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 9 de julio de 2014, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
  [notificada con el número C(2014) 4479]

[notificada con el número C(2014) 4479]

62

2014/459/UE

*

Decisión de la Comisión, de 10 de julio de 2014, relativa a la comercialización para usos esenciales de biocidas que contengan cobre
  [notificada con el número C(2014) 4611]

[notificada con el número C(2014) 4611]

76

| | | Corrección de errores |
| --- | --- | --- |
| | * | Corrección de errores del Reglamento (UE) no 375/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, por el que se crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria (iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE) ( DO L 122 de 24.4.2014 ) | 79 |

Corrección de errores

*

Corrección de errores del Reglamento (UE) no 375/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, por el que se crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria (iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE) ( DO L 122 de 24.4.2014 )

o

( DO L 122 de 24.4.2014 )

79

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Texto pertinente a efectos del EEE |

---

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

1

| ES | Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.
  Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos. |
| --- | --- |

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

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II Actos no legislativos

ACUERDOS INTERNACIONALES

| 12.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 205/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 205/1

---

Información sobre la entrada en vigor de la renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de América

La renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de América, firmado el 5 de diciembre de 1997 (1) y renovado en 2004 (2), 2009 (3) y 2014 (4), entró en vigor el 13 de junio de 2014, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12, letra a), del Acuerdo. La renovación del Acuerdo por otros cinco años, con arreglo a la letra b) de dicho artículo, surte efecto a partir del 14 de octubre de 2013.

---

(1)  DO L 284 de 22.10.1998, p. 37.

(2)  DO L 335 de 11.11.2004, p. 5.

(3)  DO L 90 de 2.4.2009, p. 20.

(4)  DO L 128 de 30.4.2014, p. 43.

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| 12.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 205/2 |
| --- | --- | --- | --- |

12.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 205/2

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DECISIÓN DEL CONSEJO

de 26 de mayo de 2014

relativa a la firma y celebración del Acuerdo de participación entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre la participación de la Confederación Suiza en la Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM Libia)

(2014/451/UE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 37, en relación con el artículo 218, apartados 5 y 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El artículo 10, apartado 4, de la Decisión 2013/233/PESC del Consejo, de 22 de mayo de 2013, sobre la Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM Libia) (1) establece que el régimen de participación de terceros Estados en EUBAM Libia estará sujeto a acuerdos celebrados con arreglo al artículo 37 del Tratado de la Unión Europea y a las disposiciones técnicas adicionales que sean necesarias. |
| --- | --- |

(1)

El artículo 10, apartado 4, de la Decisión 2013/233/PESC del Consejo, de 22 de mayo de 2013, sobre la Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM Libia) (1) establece que el régimen de participación de terceros Estados en EUBAM Libia estará sujeto a acuerdos celebrados con arreglo al artículo 37 del Tratado de la Unión Europea y a las disposiciones técnicas adicionales que sean necesarias.

| (2) | Tras la adopción por el Consejo, el 17 de marzo de 2014, de una Decisión que autorizaba la apertura de negociaciones, la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad negoció un Acuerdo de Participación entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre la participación de Confederación Suiza en la Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM Libia) («Acuerdo de Participación»). |
| --- | --- |

(2)

Tras la adopción por el Consejo, el 17 de marzo de 2014, de una Decisión que autorizaba la apertura de negociaciones, la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad negoció un Acuerdo de Participación entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre la participación de Confederación Suiza en la Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM Libia) («Acuerdo de Participación»).

| (3) | Procede aprobar el Acuerdo de Participación. |
| --- | --- |

(3)

Procede aprobar el Acuerdo de Participación.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Queda aprobado, en nombre de la Unión, el Acuerdo de Participación entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre la participación de la Confederación Suiza en la Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM Libia).

El texto del Acuerdo de Participación se adjunta a la presente Decisión.

Artículo 2

Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la persona o personas facultadas para firmar el Acuerdo de Participación con efectos vinculantes para la Unión.

Artículo 3

El Presidente del Consejo procederá, en nombre de la Unión, a la notificación prevista en el artículo 9, apartado 1, del Acuerdo de Participación.

Artículo 4

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 2014.

Por el Consejo

El Presidente

Ch. VASILAKOS

---

(1)  DO L 138 de 24.5.2013, p. 15.

1

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| 12.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 205/3 |
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12.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 205/3

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TRADUCCIÓN

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN

entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre la participación de la Confederación Suiza en la misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM Libia)

LA UNIÓN EUROPEA («UE» o «Unión»),

por una parte, y

LA CONFEDERACIÓN SUIZA,

por otra,

en lo sucesivo denominadas conjuntamente «Partes»,

TENIENDO EN CUENTA:

la Decisión 2013/233/PESC del Consejo, de 22 de mayo de 2013, sobre la Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM Libia) (1),

la carta del Jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores con fecha de 6 de noviembre de 2013 en la que ofrece una contribución a EUBAM Libia,

la Decisión EUBAM Libia/2/2014 del Comité Político y de Seguridad, de 14 de enero de 2014, relativa a la aceptación de contribuciones de la Confederación Suiza a la Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (2),

la Decisión EUBAM Libia/1/2014 del Comité Político y de Seguridad, de 14 de enero de 2014, sobre la creación del Comité de contribuyentes para la Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM Libia) (3),

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1

Participación en la misión

1.   La Confederación Suiza se asociará a la Decisión 2013/233/PESC del Consejo y a cualquier otra Decisión en virtud de la cual el Consejo de la Unión Europea decida prorrogar la EUBAM Libia, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y con las normas de aplicación que se requieran.

2.   La contribución de la Confederación Suiza a la EUBAM Libia se hará sin perjuicio de la autonomía de decisión de la Unión.

3.   La Confederación Suiza se asegurará de que el personal suizo que participe en la EUBAM Libia desempeñe su misión de conformidad con:

| — | la Decisión 2013/233/PESC del Consejo y sus modificaciones posteriores, |
| --- | --- |

—

la Decisión 2013/233/PESC del Consejo y sus modificaciones posteriores,

| — | el Plan de la misión, |
| --- | --- |

—

el Plan de la misión,

| — | las medidas de aplicación. |
| --- | --- |

—

las medidas de aplicación.

4.   El personal enviado en comisión de servicios por la Confederación Suiza ejercerá sus funciones y se conducirá teniendo presentes únicamente los intereses de la EUBAM Libia.

5.   La Confederación Suiza informará oportunamente al Jefe de Misión y a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de cualquier cambio en su participación en la operación.

Artículo 2

Estatuto del personal

1.   El estatuto del personal con el que la Confederación Suiza contribuya a la EUBAM Libia se regirá por el Acuerdo entre la Unión Europea y Libia sobre el estatuto de la EUBAM Libia en Libia.

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el Acuerdo sobre el estatuto de la misión a que se refiere el apartado 1, la Confederación Suiza tendrá jurisdicción sobre el personal con el que participe en la EUBAM Libia.

3.   La Confederación Suiza deberá atender cualquier reclamación relacionada con la participación en la EUBAM Libia en Libia que presente un miembro de su personal o que se refiera a él. A la Confederación Suiza le corresponderá emprender acciones, en particular legales o disciplinarias, contra cualquier miembro de su personal, de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias.

4.   Las Partes acuerdan renunciar a toda reclamación, excepto cuando sea de tipo contractual, ante la otra Parte por daños, pérdidas o destrucción de bienes pertenecientes a cada Parte o utilizados por ella, o por lesiones o muerte de su personal, que resulten del ejercicio de sus funciones relacionadas con las actividades previstas en el presente Acuerdo, salvo en caso de negligencia grave o de conducta dolosa.

5.   La Confederación Suiza se compromete a formular una declaración relativa a la renuncia a presentar reclamaciones contra cualquier Estado que participe en la EUBAM Libia, y a hacerlo al firmar el presente Acuerdo.

6.   La Unión se compromete a garantizar que sus Estados miembros formulen una declaración por lo que respecta a la renuncia a las reclamaciones, en relación con la participación de la Confederación Suiza en la EUBAM Libia, y a que lo hagan al firmar el presente Acuerdo.

Artículo 3

Información clasificada

El Acuerdo entre la Confederación Suiza y la Unión Europea sobre procedimientos de seguridad para el intercambio de información clasificada (4), hecho en Bruselas el 28 de abril de 2008, se aplicará en el contexto de la EUBAM Libia.

Artículo 4

Cadena de mando

1.   El personal suizo que participe en la EUBAM Libia seguirá estando enteramente a las órdenes de sus autoridades nacionales.

2.   Las autoridades nacionales traspasarán el control operativo de su personal al comandante de la operación civil de la Unión.

3.   El comandante de la operación civil asumirá la responsabilidad y ejercerá el mando y el control de la EUBAM Libia a nivel estratégico.

4.   El Jefe de Misión asumirá la responsabilidad y ejercerá el mando y el control de la EUBAM Libia.

5.   El Jefe de Misión dirigirá la EUBAM Libia y se encargará de su gestión diaria.

6.   La Confederación Suiza tendrá los mismos derechos y obligaciones en la gestión diaria de la operación que los Estados miembros de la UE que participen en ella.

7.   El Jefe de Misión será responsable del control disciplinario del personal de la EUBAM Libia. En caso necesario, las autoridades nacionales suizas impondrán medidas disciplinarias.

8.   La Confederación Suiza designará un punto de contacto del contingente nacional que represente a su contingente nacional en la EUBAM Libia. El punto de contacto del contingente nacional informará al Jefe de Misión sobre los asuntos nacionales y será el responsable de la disciplina diaria del contingente.

9.   La decisión de poner fin a la misión será adoptada por la Unión, previa consulta a la Confederación Suiza en caso de que esta continúe contribuyendo a la EUBAM Libia en la fecha de terminación de la misión.

Artículo 5

Financiación

1.   La Confederación Suiza asumirá todos los costes ligados a su participación en la EUBAM Libia, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3.

2.   En caso de muertes, lesiones, daños o perjuicios a personas físicas o jurídicas del o de los Estados en que se desarrolle la misión y siempre que su responsabilidad haya quedado demostrada, la Confederación Suiza pagará las indemnizaciones en las condiciones estipuladas en las disposiciones sobre el estatuto de las fuerzas a que se refiere el artículo 2, apartado 1, si las hubiera.

3.   La Unión eximirá a la Confederación Suiza de cualquier contribución financiera a los costes comunes de la EUBAM Libia.

Artículo 6

Disposiciones para la aplicación del Acuerdo

Toda disposición técnica y administrativa necesaria para la aplicación del presente Acuerdo deberá ser acordada entre las correspondientes autoridades de la Unión Europea y de la Confederación Suiza.

Artículo 7

Incumplimiento

Si una de las Partes incumpliera las obligaciones contraídas en virtud del presente Acuerdo, la otra Parte tendrá derecho a poner fin al presente Acuerdo, notificándolo con un mes de antelación.

Artículo 8

Solución de controversias

Las controversias relativas a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo serán resueltas por canales diplomáticos entre las Partes.

Artículo 9

Entrada en vigor y denuncia

1.   El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del primer mes siguiente a la fecha en que las Partes se hayan notificado la conclusión de los procedimientos internos necesarios a este efecto.

2.   El presente Acuerdo se aplicará provisionalmente a partir de la fecha de la firma.

3.   El presente Acuerdo permanecerá en vigor mientras dure la contribución de la Confederación Suiza a la misión.

4.   Cada Parte podrá denunciar este Acuerdo mediante notificación escrita a la otra Parte. La denuncia será efectiva tres meses después de la fecha de dicha notificación.

Hecho en Bruselas, el día cuatro de julio del año dos mil catorce, en dos ejemplares en lengua inglesa.

Por la Unión Europea

Por la Confederación Suiza

---

(1)  DO L 138 de 24.5.2013, p. 15.

1

(2)  DO L 14 de 18.1.2014, p. 15.

2

(3)  DO L 14 de 18.1.2014, p. 13.

3

(4)  DO L 181 de 10.7.2008, p. 58.

4

---

Declaración de los Estados miembros de la UE

«Los Estados miembros, al aplicar la Decisión 2013/233/PESC del Consejo, de 22 de mayo de 2013, sobre la Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM Libia), procurarán, en la medida en que lo permitan sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, renunciar en lo posible a las reclamaciones contra la Confederación Suiza por lesiones o muerte de su personal, o por daños o pérdidas de bienes de su pertenencia y utilizados en la EUBAM Libia, siempre que dichas lesiones, muertes, daños o pérdidas:

| — | hayan sido causados por personal de la Confederación Suiza en el ejercicio de sus funciones en relación con la EUBAM Libia, salvo en caso de negligencia grave o de conducta dolosa, o |
| --- | --- |

—

hayan sido causados por personal de la Confederación Suiza en el ejercicio de sus funciones en relación con la EUBAM Libia, salvo en caso de negligencia grave o de conducta dolosa, o

| — | resulten de la utilización de cualquier bien perteneciente a la Confederación Suiza, siempre que se haya utilizado en relación con la misión y salvo en caso de negligencia grave o de conducta dolosa del personal de la misión de la UE que lo haya utilizado.». |
| --- | --- |

—

resulten de la utilización de cualquier bien perteneciente a la Confederación Suiza, siempre que se haya utilizado en relación con la misión y salvo en caso de negligencia grave o de conducta dolosa del personal de la misión de la UE que lo haya utilizado.».

---

Declaración de la Confederación Suiza

«La Confederación Suiza, al aplicar la Decisión 2013/233/PESC del Consejo, de 22 de mayo de 2013, sobre la Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM Libia), procurará, en la medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, renunciar en lo posible a las reclamaciones contra cualquier otro Estado que participe en la EUBAM Libia por lesiones o muerte de su personal, o por daños o pérdidas de bienes de su pertenencia y utilizados en la EUBAM Libia, siempre que dichas lesiones, muertes, daños o pérdidas:

| — | hayan sido causados por personal en el ejercicio de sus funciones en relación con la EUBAM Libia, salvo en caso de negligencia grave o de conducta dolosa, o |
| --- | --- |

—

hayan sido causados por personal en el ejercicio de sus funciones en relación con la EUBAM Libia, salvo en caso de negligencia grave o de conducta dolosa, o

| — | resulten de la utilización de cualquier bien perteneciente a Estados participantes en la misión de la UE, siempre que se haya utilizado en relación con la misión y salvo en caso de negligencia grave o de conducta dolosa del personal de la misión de la UE que lo haya utilizado.». |
| --- | --- |

—

resulten de la utilización de cualquier bien perteneciente a Estados participantes en la misión de la UE, siempre que se haya utilizado en relación con la misión y salvo en caso de negligencia grave o de conducta dolosa del personal de la misión de la UE que lo haya utilizado.».

---

REGLAMENTOS

| 12.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 205/7 |
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12.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 205/7

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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 753/2014 DEL CONSEJO

de 11 de julio de 2014

por el que se aplica el Reglamento (UE) no 269/2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) no 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (1), y, en particular, su artículo 14, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El 17 de marzo de 2014, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) no 269/2014. |
| --- | --- |

(1)

El 17 de marzo de 2014, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) no 269/2014.

| (2) | Teniendo en cuenta la gravedad de la situación en Ucrania, el Consejo considera que deben añadirse más personas a la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo I del Reglamento (UE) no 269/2014. |
| --- | --- |

(2)

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación en Ucrania, el Consejo considera que deben añadirse más personas a la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo I del Reglamento (UE) no 269/2014.

| (3) | Por consiguiente, el anexo I del Reglamento (UE) no 269/2014 debe modificarse en consecuencia. |
| --- | --- |

(3)

Por consiguiente, el anexo I del Reglamento (UE) no 269/2014 debe modificarse en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Las personas que figuran en el anexo del presente Reglamento deberán ser añadidas a la lista que figura en el anexo I del Reglamento (UE) no 269/2014.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor en día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 2014.

Por el Consejo

El Presidente

S. GOZI

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(1)  DO L 78 de 17.3.2014, p. 6.

1

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ANEXO

LISTA DE PERSONAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1

| | Nombre | Información de identificación | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай) | Fecha de nacimiento: 25 de julio de 1972 en Moscú | Llamado «Primer Ministro de la República Popular de Donetsk».
  Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del llamado «gobierno de la República Popular de Donetsk» (por ejemplo, el 8 de julio declaró lo siguiente: «nuestras fuerzas militares están llevando a cabo una operación especial contra los» fascistas «ucranianos), signatario del Memorando de Acuerdo sobre la» Unión de Novorossiya«. | 12.7.2014 |
| 2. | Alexander KHODAKOVSKY (Александр Сергеевич Ходаковский) | | Llamado» Ministro de Seguridad de la República Popular de Donetsk«.
  Responsable de las actividades de seguridad separatistas del llamado» gobierno de la República Popular de Donetsk«. | 12.7.2014 |
| 3. | Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский) | | Llamado» Viceprimer Ministro de Asuntos Sociales de facto de la República Popular de Donetsk«.
  Responsable de las actividades» gubernamentales «separatistas del llamado» gobierno de la República Popular de Donetsk«. | 12.7.2014 |
| 4. | Alexander KHRYAKOV | | Llamado» Ministro de Información y Comunicaciones de Masas de la República Popular de Donetsk«.
  Responsable de las actividades de propaganda proseparatista del llamado» gobierno de la República Popular de Donetsk«. | 12.7.2014 |
| 5. | Marat BASHIROV | | Llamado» Primer Ministro del Consejo de Ministros de la República Popular de Luhansk, confirmado el 8 de julio.
  Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del llamado «gobierno de la República Popular de Luhansk». | 12.7.2014 |
| 6. | Vasyl NIKITIN | | Llamado «Viceprimer Ministro del Consejo de Ministros de la República Popular de Luhansk» (antes era el llamado «Primer Ministro de la República Popular de Luhansk», y exportavoz del «Ejército del Sudeste»).
  Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del llamado «gobierno de la República Popular de Luhansk».
  Responsable de la declaración del Ejército del Sudeste según la cual las elecciones presidenciales ucranianas en la «República Popular de Luhansk» no pueden celebrarse debido al «nuevo» estatuto de la región. | 12.7.2014 |
| 7. | Aleksey KARYAKIN (Алексей Карякин) | 1979 | Llamado «Presidente del Consejo Supremo de la República Popular de Luhansk».
  Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del «Consejo Supremo», responsable de pedir a la Federación de Rusia que reconozca la independencia de la «República Popular de Luhansk».
  Signatario del Memorando de Acuerdo sobre la «Unión de Novorossiya». | 12.7.2014 |
| 8. | Yurij IVAKIN (Юрий Ивакин) | | Llamado «Ministro del Interior de la República Popular de Luhansk».
  Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del llamado «gobierno de la República Popular de Luhansk». | 12.7.2014 |
| 9. | Igor PLOTNITSKY | | Llamado «Ministro de Defensa de la República Popular de Luhansk».
  Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del llamado «gobierno de la República Popular de Luhansk». | 12.7.2014 |
| 10. | Nikolay KOZITSYN | 20 de junio de 1956 en la región de Donetsk | Comandante de las fuerzas cosacas.
  Responsable de ejercer el mando de separatistas en los combates librados en el Este de Ucrania contra las fuerzas gubernamentales de Ucrania. | 12.7.2014 |
| 11. | Oleksiy MOZGOVY (Олексій Мозговий) | | Uno de los dirigentes de grupos armados en el Este de Ucrania.
  Responsable de entrenar a separatistas para combatir contra las fuerzas gubernamentales ucranianas. | 12.7.2014 |

Nombre

Información de identificación

Motivos

Fecha de inclusión en la lista

1.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Fecha de nacimiento: 25 de julio de 1972 en Moscú

Llamado «Primer Ministro de la República Popular de Donetsk».

Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del llamado «gobierno de la República Popular de Donetsk» (por ejemplo, el 8 de julio declaró lo siguiente: «nuestras fuerzas militares están llevando a cabo una operación especial contra los» fascistas «ucranianos), signatario del Memorando de Acuerdo sobre la» Unión de Novorossiya«.

12.7.2014

2.

Alexander KHODAKOVSKY (Александр Сергеевич Ходаковский)

Llamado» Ministro de Seguridad de la República Popular de Donetsk«.

Responsable de las actividades de seguridad separatistas del llamado» gobierno de la República Popular de Donetsk«.

12.7.2014

3.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)

Llamado» Viceprimer Ministro de Asuntos Sociales de facto de la República Popular de Donetsk«.

Responsable de las actividades» gubernamentales «separatistas del llamado» gobierno de la República Popular de Donetsk«.

12.7.2014

4.

Alexander KHRYAKOV

Llamado» Ministro de Información y Comunicaciones de Masas de la República Popular de Donetsk«.

Responsable de las actividades de propaganda proseparatista del llamado» gobierno de la República Popular de Donetsk«.

12.7.2014

5.

Marat BASHIROV

Llamado» Primer Ministro del Consejo de Ministros de la República Popular de Luhansk, confirmado el 8 de julio.

Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del llamado «gobierno de la República Popular de Luhansk».

12.7.2014

6.

Vasyl NIKITIN

Llamado «Viceprimer Ministro del Consejo de Ministros de la República Popular de Luhansk» (antes era el llamado «Primer Ministro de la República Popular de Luhansk», y exportavoz del «Ejército del Sudeste»).

Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del llamado «gobierno de la República Popular de Luhansk».

Responsable de la declaración del Ejército del Sudeste según la cual las elecciones presidenciales ucranianas en la «República Popular de Luhansk» no pueden celebrarse debido al «nuevo» estatuto de la región.

12.7.2014

7.

Aleksey KARYAKIN (Алексей Карякин)

1979

Llamado «Presidente del Consejo Supremo de la República Popular de Luhansk».

Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del «Consejo Supremo», responsable de pedir a la Federación de Rusia que reconozca la independencia de la «República Popular de Luhansk».

Signatario del Memorando de Acuerdo sobre la «Unión de Novorossiya».

12.7.2014

8.

Yurij IVAKIN (Юрий Ивакин)

Llamado «Ministro del Interior de la República Popular de Luhansk».

Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del llamado «gobierno de la República Popular de Luhansk».

12.7.2014

9.

Igor PLOTNITSKY

Llamado «Ministro de Defensa de la República Popular de Luhansk».

Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del llamado «gobierno de la República Popular de Luhansk».

12.7.2014

10.

Nikolay KOZITSYN

20 de junio de 1956 en la región de Donetsk

Comandante de las fuerzas cosacas.

Responsable de ejercer el mando de separatistas en los combates librados en el Este de Ucrania contra las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

12.7.2014

11.

Oleksiy MOZGOVY (Олексій Мозговий)

Uno de los dirigentes de grupos armados en el Este de Ucrania.

Responsable de entrenar a separatistas para combatir contra las fuerzas gubernamentales ucranianas.

12.7.2014

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| 12.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 205/10 |
| --- | --- | --- | --- |

12.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 205/10

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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 754/2014 DE LA COMISIÓN

de 11 de julio de 2014

por el que se deniega la autorización de Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) y Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) como aditivos para piensos

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre los aditivos en la alimentación animal (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El Reglamento (CE) no 1831/2003 regula la autorización de aditivos en la alimentación animal y establece los motivos y procedimientos para conceder o denegar dicha autorización. El artículo 10, apartado 7, del Reglamento (CE) no 1831/2003, leído en relación con su artículo 10, apartados 1 a 4, establece disposiciones específicas para la evaluación de los productos utilizados en la Unión como aditivos para ensilado en la fecha de entrada en vigor del Reglamento. |
| --- | --- |

(1)

El Reglamento (CE) no 1831/2003 regula la autorización de aditivos en la alimentación animal y establece los motivos y procedimientos para conceder o denegar dicha autorización. El artículo 10, apartado 7, del Reglamento (CE) no 1831/2003, leído en relación con su artículo 10, apartados 1 a 4, establece disposiciones específicas para la evaluación de los productos utilizados en la Unión como aditivos para ensilado en la fecha de entrada en vigor del Reglamento.

| (2) | De conformidad con el artículo 10, apartado 7, del Reglamento (CE) no 1831/2003, Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) y Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044), anteriormente Lactococcus lactis (NCIMB 30044), se incluyeron en el registro de aditivos para piensos como aditivos para ensilado para todas las especies animales. |
| --- | --- |

(2)

De conformidad con el artículo 10, apartado 7, del Reglamento (CE) no 1831/2003, Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) y Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044), anteriormente Lactococcus lactis (NCIMB 30044), se incluyeron en el registro de aditivos para piensos como aditivos para ensilado para todas las especies animales.

| (3) | De conformidad con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1831/2003, leído en relación con su artículo 7, se presentaron solicitudes de autorización de Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) y Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) como aditivos para piensos para todas las especies animales, en las que se pedía que se clasificaran en la categoría «aditivos tecnológicos» y en el grupo funcional «aditivos para ensilado». Dichas solicitudes iban acompañadas de la información y la documentación exigidas con arreglo al artículo 7, apartado 3, del citado Reglamento. |
| --- | --- |

(3)

De conformidad con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1831/2003, leído en relación con su artículo 7, se presentaron solicitudes de autorización de Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) y Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) como aditivos para piensos para todas las especies animales, en las que se pedía que se clasificaran en la categoría «aditivos tecnológicos» y en el grupo funcional «aditivos para ensilado». Dichas solicitudes iban acompañadas de la información y la documentación exigidas con arreglo al artículo 7, apartado 3, del citado Reglamento.

| (4) | La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») concluyó en sus dictámenes de 6 de marzo de 2014 (2) que Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) y Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) son resistentes a la tetraciclina, un antibiótico utilizado en medicina humana y veterinaria. |
| --- | --- |

(4)

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») concluyó en sus dictámenes de 6 de marzo de 2014 (2) que Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) y Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) son resistentes a la tetraciclina, un antibiótico utilizado en medicina humana y veterinaria.

| (5) | La información de que se dispone no permite descartar el riesgo de que Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) y Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) puedan transmitir a otros microorganismos su resistencia a este antibiótico. Por consiguiente, no se ha determinado que, utilizados como aditivos para piensos en las condiciones propuestas, Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) y Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) no tengan efectos adversos para la salud animal, la salud humana o el medio ambiente. |
| --- | --- |

(5)

La información de que se dispone no permite descartar el riesgo de que Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) y Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) puedan transmitir a otros microorganismos su resistencia a este antibiótico. Por consiguiente, no se ha determinado que, utilizados como aditivos para piensos en las condiciones propuestas, Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) y Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) no tengan efectos adversos para la salud animal, la salud humana o el medio ambiente.

| (6) | Por tanto, no se cumplen las condiciones de autorización establecidas en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1831/2003. En consecuencia, debe denegarse la autorización de Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) y Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) como aditivos para piensos. |
| --- | --- |

(6)

Por tanto, no se cumplen las condiciones de autorización establecidas en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1831/2003. En consecuencia, debe denegarse la autorización de Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) y Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) como aditivos para piensos.

| (7) | Dado que seguir usando Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) y Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) como aditivos para piensos puede constituir un riesgo para la salud humana y animal, dichos aditivos deben retirarse del mercado lo antes posible. Por razones prácticas, es necesario, sin embargo, que las partes interesadas dispongan de un período de tiempo durante el cual puedan utilizarse las actuales existencias de ensilado producido con dichos aditivos para piensos. |
| --- | --- |

(7)

Dado que seguir usando Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) y Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) como aditivos para piensos puede constituir un riesgo para la salud humana y animal, dichos aditivos deben retirarse del mercado lo antes posible. Por razones prácticas, es necesario, sin embargo, que las partes interesadas dispongan de un período de tiempo durante el cual puedan utilizarse las actuales existencias de ensilado producido con dichos aditivos para piensos.

| (8) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal. |
| --- | --- |

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Denegación de la autorización

Debe denegarse la autorización de Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) y Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) como aditivos para piensos.

Artículo 2

Medidas transitorias

1.   Las actuales existencias de Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) y Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) y de premezclas que los contengan serán retiradas del mercado lo antes posible y, a más tardar, el 30 de septiembre de 2014.

2.   El ensilado producido con Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) y Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) o con premezclas que los contengan antes del 1 de agosto de 2014. podrá utilizarse hasta que se agoten las existencias.

Artículo 3

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 2014.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel BARROSO

---

(1)  DO L 268 de 18.10.2003, p. 29.

1

(2)  EFSA Journal 2014; 12(3):3609 y EFSA Journal 2014; 12(3):3610.

2

EFSA Journal

EFSA Journa

---

| 12.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 205/12 |
| --- | --- | --- | --- |

12.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 205/12

---

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 755/2014 DE LA COMISIÓN

de 11 de julio de 2014

por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (1),

Visto el Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas (2), y, en particular, su artículo 136, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento. |
| --- | --- |

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

| (2) | De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
| --- | --- |

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En el anexo del presente Reglamento quedan fijados los valores de importación a tanto alzado a que se refiere el artículo 136 del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 2014.

Por la Comisión,

en nombre del Presidente

Jerzy PLEWA

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural

---

(1)  DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.

1

(2)  DO L 157 de 15.6.2011, p. 1.

2

---

ANEXO

Valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

| (EUR/100 kg) |
| --- |
| Código NC | Código tercer país (1) | Valor de importación a tanto alzado |
| 0702 00 00 | AL | 53,5 |
| MK | 97,3 |
| TR | 53,3 |
| XS | 47,9 |
| ZZ | 63,0 |
| 0707 00 05 | AL | 74,4 |
| MK | 27,7 |
| TR | 76,0 |
| ZZ | 59,4 |
| 0709 93 10 | TR | 97,2 |
| ZZ | 97,2 |
| 0805 50 10 | AR | 92,8 |
| TR | 148,4 |
| UY | 122,9 |
| ZA | 112,0 |
| ZZ | 119,0 |
| 0808 10 80 | AR | 106,9 |
| BR | 111,7 |
| CL | 103,6 |
| NZ | 132,2 |
| ZA | 120,0 |
| ZZ | 114,9 |
| 0808 30 90 | AR | 76,3 |
| CL | 99,3 |
| NZ | 184,8 |
| ZA | 98,2 |
| ZZ | 114,7 |
| 0809 10 00 | BA | 82,8 |
| MK | 85,8 |
| TR | 242,4 |
| XS | 59,5 |
| ZZ | 117,6 |
| 0809 29 00 | TR | 236,1 |
| ZZ | 236,1 |
| 0809 30 | MK | 60,6 |
| TR | 138,6 |
| ZZ | 99,6 |
| 0809 40 05 | BA | 70,3 |
| ZZ | 70,3 |

(EUR/100 kg)

Código NC

Código tercer país (1)

Valor de importación a tanto alzado

0702 00 00

AL

53,5

MK

97,3

TR

53,3

XS

47,9

ZZ

63,0

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

76,0

ZZ

59,4

0709 93 10

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

92,8

TR

148,4

UY

122,9

ZA

112,0

ZZ

119,0

0808 10 80

AR

106,9

BR

111,7

CL

103,6

NZ

132,2

ZA

120,0

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

76,3

CL

99,3

NZ

184,8

ZA

98,2

ZZ

114,7

0809 10 00

BA

82,8

MK

85,8

TR

242,4

XS

59,5

ZZ

117,6

0809 29 00

TR

236,1

ZZ

236,1

0809 30

MK

60,6

TR

138,6

ZZ

99,6

0809 40 05

BA

70,3

ZZ

70,3

---

(1)  Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 1833/2006 de la Comisión (DO L 354 de 14.12.2006, p. 19). El código «ZZ» significa «otros orígenes».

---

| 12.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 205/14 |
| --- | --- | --- | --- |

12.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 205/14

---

REGLAMENTO (UE) No 756/2014 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

de 8 de julio de 2014

por el que se modifica el Reglamento (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) sobre las estadísticas de los tipos de interés que aplican las instituciones financieras monetarias

(BCE/2014/30)

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular el artículo 5,

Visto el Reglamento (CE) no 2533/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, sobre la obtención de información estadística por el Banco Central Europeo (1), en particular, el artículo 5, apartado 1, y el artículo 6, apartado 4,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El Reglamento (UE) no 1072/2013 del Banco Central Europeo (BCE/2013/34) (2) entró en vigor el 27 de noviembre de 2013 y será de aplicación a la presentación de información sobre los tipos de interés de las instituciones financieras monetarias (IFM) desde el 1 de enero de 2015. |
| --- | --- |

(1)

El Reglamento (UE) no 1072/2013 del Banco Central Europeo (BCE/2013/34) (2) entró en vigor el 27 de noviembre de 2013 y será de aplicación a la presentación de información sobre los tipos de interés de las instituciones financieras monetarias (IFM) desde el 1 de enero de 2015.

| (2) | El Reglamento (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) exige la presentación de información separada sobre el volumen de operaciones nuevas de préstamos renegociados, y, al mismo tiempo, el apartado 4 de la parte 13 del anexo II de la Orientación BCE/2014/15 (3) exige además la presentación de información sobre los tipos de interés aplicables a los préstamos renegociados. |
| --- | --- |

(2)

El Reglamento (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) exige la presentación de información separada sobre el volumen de operaciones nuevas de préstamos renegociados, y, al mismo tiempo, el apartado 4 de la parte 13 del anexo II de la Orientación BCE/2014/15 (3) exige además la presentación de información sobre los tipos de interés aplicables a los préstamos renegociados.

| (3) | Es preciso armonizar el alcance de los préstamos renegociados en el Reglamento (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) con la Orientación BCE/2014/15 y asegurar así el registro apropiado de las renegociaciones de préstamos que tengan lugar en el período de referencia en el que se hayan concedido los préstamos, así como una información exacta del volumen de operaciones nuevas de préstamos renegociados en el caso de los préstamos de los que aún no se haya dispuesto íntegramente, es decir, los préstamos retirados por tramos. |
| --- | --- |

(3)

Es preciso armonizar el alcance de los préstamos renegociados en el Reglamento (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) con la Orientación BCE/2014/15 y asegurar así el registro apropiado de las renegociaciones de préstamos que tengan lugar en el período de referencia en el que se hayan concedido los préstamos, así como una información exacta del volumen de operaciones nuevas de préstamos renegociados en el caso de los préstamos de los que aún no se haya dispuesto íntegramente, es decir, los préstamos retirados por tramos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Modificación

En la sección VI de la segunda parte del anexo I del Reglamento (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34), el punto 22 se sustituirá por el siguiente:

| «22. | Para la presentación de información separada sobre el volumen de operaciones nuevas de préstamos renegociados a hogares y sociedades no financieras en las estadísticas de los tipos de interés de las IFM, los préstamos renegociados comprenden todas las nuevas operaciones de préstamos, salvo préstamos renovables y descubiertos y saldos de tarjetas de crédito, que hayan sido concedidos pero aún no devueltos en el momento de la renegociación.» |
| --- | --- |

«22.

Para la presentación de información separada sobre el volumen de operaciones nuevas de préstamos renegociados a hogares y sociedades no financieras en las estadísticas de los tipos de interés de las IFM, los préstamos renegociados comprenden todas las nuevas operaciones de préstamos, salvo préstamos renovables y descubiertos y saldos de tarjetas de crédito, que hayan sido concedidos pero aún no devueltos en el momento de la renegociación.»

Artículo 2

Disposiciones finales

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 8 de julio de 2014.

Por el Consejo de Gobierno del BCE

El Presidente del BCE

Mario DRAGHI

---

(1)  DO L 318 de 27.11.1998, p. 8.

1

(2)  Reglamento (UE) no 1072/2013 del Banco Central Europeo, de 24 de septiembre de 2013, sobre las estadísticas de los tipos de interés que aplican las instituciones financieras monetarias (BCE/2013/34) (DO L 297 de 7.11.2013, p. 51).

2

o

(3)  Orientación BCE/2014/15, de 4 de abril de 2014, sobre estadísticas monetarias y financieras (adoptada el 4 de abril de 2014 y disponible en la dirección del BCE en internet: www.ecb.europa.eu). Aún no publicada en el Diario Oficial.

3

---

DECISIONES

| 12.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 205/15 |
| --- | --- | --- | --- |

12.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 205/15

---

DECISIÓN DEL CONSEJO

de 8 de julio de 2014

relativa a la posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades

(2014/452/UE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particula,r su artículo 19, apartado 2, su artículo 21, apartado 2, su artículo 114, su artículo 168, su artículo 169 y su artículo 197, en relación con su artículo 218, apartado 9,

Visto el Reglamento (CE) no 2894/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, relativo a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (1), y, en particular, su artículo 1, apartado 3,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (2) (en lo sucesivo, «el Acuerdo EEE») entró en vigor el 1 de enero de 1994. |
| --- | --- |

(1)

El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (2) (en lo sucesivo, «el Acuerdo EEE») entró en vigor el 1 de enero de 1994.

| (2) | En virtud del artículo 98 del Acuerdo EEE, el Comité Mixto del EEE puede decidir la modificación, entre otros, del Protocolo 31 del Acuerdo EEE. |
| --- | --- |

(2)

En virtud del artículo 98 del Acuerdo EEE, el Comité Mixto del EEE puede decidir la modificación, entre otros, del Protocolo 31 del Acuerdo EEE.

| (3) | El Protocolo 31 del Acuerdo EEE contiene disposiciones y medidas sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades. |
| --- | --- |

(3)

El Protocolo 31 del Acuerdo EEE contiene disposiciones y medidas sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades.

| (4) | Es conveniente ampliar la cooperación de las Partes Contratantes del Acuerdo EEE a fin de incluir el Reglamento (UE) no 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). |
| --- | --- |

(4)

Es conveniente ampliar la cooperación de las Partes Contratantes del Acuerdo EEE a fin de incluir el Reglamento (UE) no 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

| (5) | Para hacer posible esta cooperación ampliada a partir desde el 1 de enero de 2014, es preciso modificar en consecuencia el Protocolo 31 del Acuerdo EEE. |
| --- | --- |

(5)

Para hacer posible esta cooperación ampliada a partir desde el 1 de enero de 2014, es preciso modificar en consecuencia el Protocolo 31 del Acuerdo EEE.

| (6) | La posición de la Unión en el seno del Comité Mixto del EEE debe basarse, por lo tanto, en el proyecto de Decisión adjunto. |
| --- | --- |

(6)

La posición de la Unión en el seno del Comité Mixto del EEE debe basarse, por lo tanto, en el proyecto de Decisión adjunto.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a la propuesta de modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades, se basará en el proyecto de Decisión del Comité Mixto del EEE adjunto a la presente Decisión.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 8 de julio de 2014.

Por el Consejo

El Presidente

P. C. PADOAN

---

(1)  DO L 305 de 30.11.1994, p. 6.

1

(2)  DO L 1 de 3.1.1994, p. 3.

2

(3)  Reglamento (UE) no 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establece el programa «Derechos, igualdad y ciudadanía» para el período de 2014 a 2020 (DO L 354 de 28.12.2013, p. 62).

3

o

---

PROYECTO

DECISIÓN No .../2014 DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE

de

por la que se modifica el Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades

EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo («el Acuerdo EEE»), y en particular su artículos 86 y 98,

Considerando lo siguiente:

| (1) | Conviene ampliar la cooperación entre las Partes contratantes del Acuerdo EEE a fin de incluir el Reglamento (UE) no 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establece el programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» para el período de 2014 a 2020 (1). |
| --- | --- |

(1)

Conviene ampliar la cooperación entre las Partes contratantes del Acuerdo EEE a fin de incluir el Reglamento (UE) no 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establece el programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» para el período de 2014 a 2020 (1).

| (2) | Procede, por lo tanto, modificar el Protocolo 31 del Acuerdo EEE a fin de que la cooperación ampliada pueda tener lugar desde el 1 de enero de 2014. |
| --- | --- |

(2)

Procede, por lo tanto, modificar el Protocolo 31 del Acuerdo EEE a fin de que la cooperación ampliada pueda tener lugar desde el 1 de enero de 2014.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El artículo 5 del Protocolo 31 queda modificado como sigue:

| 1. | En el apartado 5, los términos «en el programa mencionado en el decimocuarto guion a partir del 1 de enero de 2014» se insertan después de los términos «en el programa mencionado en el decimotercer guion a partir del 1 de enero de 2012.». |
| --- | --- |

1.

En el apartado 5, los términos «en el programa mencionado en el decimocuarto guion a partir del 1 de enero de 2014» se insertan después de los términos «en el programa mencionado en el decimotercer guion a partir del 1 de enero de 2012.».

| 2. | En el apartado 8 se añade el guion siguiente:






  «— | 32013 R 1381: Reglamento (UE) no 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establece el programa “Derechos, igualdad y ciudadanía” para el período de 2014 a 2020 (DO L 354 de 28.12.2013, p. 62).
  Liechtenstein solo participará en actividades que puedan derivarse de las líneas presupuestarias 33 01 04 01 (Gastos de apoyo a “Derechos y ciudadanía”) y 33 02 02 (Promoción de la lucha contra la discriminación y la igualdad).
  Noruega estará exenta de la participación en dicho programa, así como de la contribución financiera al mismo.». |
| --- | --- | --- |

2.

En el apartado 8 se añade el guion siguiente:

«—

32013 R 1381: Reglamento (UE) no 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establece el programa “Derechos, igualdad y ciudadanía” para el período de 2014 a 2020 (DO L 354 de 28.12.2013, p. 62).

Liechtenstein solo participará en actividades que puedan derivarse de las líneas presupuestarias 33 01 04 01 (Gastos de apoyo a “Derechos y ciudadanía”) y 33 02 02 (Promoción de la lucha contra la discriminación y la igualdad).

Noruega estará exenta de la participación en dicho programa, así como de la contribución financiera al mismo.».

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de la última notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (2).

Será aplicable a partir del 1 de enero de 2014.

Artículo 3

La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el

Por el Comité Mixto del EEE

El Presidente

Los Secretarios

del Comité Mixto del EEE

---

(1)  DO L 354 de 28.12.2013, p. 62.

1

(2)  [No se han indicado preceptos constitucionales.] [Se han indicado preceptos constitucionales.]

2

---

| 12.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 205/18 |
| --- | --- | --- | --- |

12.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 205/18

---

DECISIÓN DEL CONSEJO

de 8 de julio de 2014

relativa a la posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades

(2014/453/UE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 172, en relación con su artículo 218, apartado 9,

Visto el Reglamento (CE) no 2894/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, relativo a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (1), y, en particular, su artículo 1, apartado 3,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (2) (en lo sucesivo, «el Acuerdo EEE») entró en vigor el 1 de enero de 1994. |
| --- | --- |

(1)

El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (2) (en lo sucesivo, «el Acuerdo EEE») entró en vigor el 1 de enero de 1994.

| (2) | En virtud del artículo 98 del Acuerdo EEE, el Comité Mixto del EEE puede decidir la modificación, entre otros, del Protocolo 31 del Acuerdo EEE («el Protocolo 31»). |
| --- | --- |

(2)

En virtud del artículo 98 del Acuerdo EEE, el Comité Mixto del EEE puede decidir la modificación, entre otros, del Protocolo 31 del Acuerdo EEE («el Protocolo 31»).

| (3) | El Protocolo 31 contiene disposiciones y medidas sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades. |
| --- | --- |

(3)

El Protocolo 31 contiene disposiciones y medidas sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades.

| (4) | Es conveniente ampliar la cooperación de las Partes contratantes del Acuerdo EEE a fin de incluir el Reglamento (UE) no 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). |
| --- | --- |

(4)

Es conveniente ampliar la cooperación de las Partes contratantes del Acuerdo EEE a fin de incluir el Reglamento (UE) no 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

| (5) | Para hacer posible esta cooperación ampliada desde el 1 de enero de 2014, es preciso modificar en consecuencia el Protocolo 31 del Acuerdo EEE. |
| --- | --- |

(5)

Para hacer posible esta cooperación ampliada desde el 1 de enero de 2014, es preciso modificar en consecuencia el Protocolo 31 del Acuerdo EEE.

| (6) | La posición de la Unión en el seno del Comité Mixto del EEE debe basarse, por lo tanto, en el proyecto de Decisión adjunto. |
| --- | --- |

(6)

La posición de la Unión en el seno del Comité Mixto del EEE debe basarse, por lo tanto, en el proyecto de Decisión adjunto.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a la propuesta de modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades, se basará en el proyecto de Decisión del Comité Mixto del EEE adjunto a la presente Decisión.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 8 de julio de 2014.

Por el Consejo

El Presidente

P.C. PADOAN

---

(1)  DO L 305 de 30.11.1994, p. 6.

1

(2)  DO L 1 de 3.1.1994, p. 3.

2

(3)  Reglamento (UE) no 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) no 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 680/2007 y (CE) no 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129).

3

o

o

o

o

---

PROYECTO

DECISIÓN No .../2014 DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE

de

por la que se modifica el Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades

EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo («el Acuerdo EEE»), y en particular sus artículos 86 y 98,

Considerando lo siguiente:

| (1) | Conviene ampliar la cooperación de las Partes contratantes del Acuerdo EEE a fin de incluir el Reglamento (UE) no 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) no 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 680/2007 y (CE) no 67/2010 (1). |
| --- | --- |

(1)

Conviene ampliar la cooperación de las Partes contratantes del Acuerdo EEE a fin de incluir el Reglamento (UE) no 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) no 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 680/2007 y (CE) no 67/2010 (1).

| (2) | Procede, por lo tanto, modificar el Protocolo 31 del Acuerdo EEE a fin de que la cooperación ampliada pueda tener lugar desde el 1 de enero de 2014. |
| --- | --- |

(2)

Procede, por lo tanto, modificar el Protocolo 31 del Acuerdo EEE a fin de que la cooperación ampliada pueda tener lugar desde el 1 de enero de 2014.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Se añade el texto siguiente en el artículo 2, apartado 5, del Protocolo 31 del Acuerdo EEE:

| «— | 32013 R 1316: Reglamento (UE) no 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo “Conectar Europa”, por el que se modifica el Reglamento (UE) no 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 680/2007 y (CE) no 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129).
  Los Estados de la AELC solo participarán en el sector de las telecomunicaciones del Mecanismo “Conectar Europa”.
  Liechtenstein estará exento de la participación en dicho programa, así como de la contribución financiera al mismo.». |
| --- | --- |

«—

32013 R 1316: Reglamento (UE) no 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo “Conectar Europa”, por el que se modifica el Reglamento (UE) no 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 680/2007 y (CE) no 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129).

Los Estados de la AELC solo participarán en el sector de las telecomunicaciones del Mecanismo “Conectar Europa”.

Liechtenstein estará exento de la participación en dicho programa, así como de la contribución financiera al mismo.».

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de la última notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (2).

2

Será aplicable a partir del 1 de enero de 2014.

Artículo 3

La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el

Por el Comité Mixto del EEE

El Presidente

Los Secretarios

del Comité Mixto del EEE

---

(1)  DO L 348 de 20.12.2013, p. 129.

1

(2)  [No se han indicado preceptos constitucionales.] [Se han indicado preceptos constitucionales.]

2

---

| 12.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 205/20 |
| --- | --- | --- | --- |

12.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 205/20

---

DECISIÓN DEL CONSEJO

de 8 de julio de 2014

relativa a la posición que se ha de adoptar, en nombre la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una modificación del anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE

(2014/454/UE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 175, apartado 1, en relación con su artículo 218, apartado 9,

Visto el Reglamento (CE) no 2894/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, relativo a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (1), y, en particular, su artículo 1, apartado 3,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (2) (en lo sucesivo, «el Acuerdo EEE») entró en vigor el 1 de enero de 1994. |
| --- | --- |

(1)

El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (2) (en lo sucesivo, «el Acuerdo EEE») entró en vigor el 1 de enero de 1994.

| (2) | En virtud del artículo 98 del Acuerdo EEE, el Comité Mixto del EEE puede decidir la modificación, entre otras cosas, del anexo XX (Medio ambiente) de dicho Acuerdo. |
| --- | --- |

(2)

En virtud del artículo 98 del Acuerdo EEE, el Comité Mixto del EEE puede decidir la modificación, entre otras cosas, del anexo XX (Medio ambiente) de dicho Acuerdo.

| (3) | La Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) debe incorporarse al Acuerdo EEE. |
| --- | --- |

(3)

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) debe incorporarse al Acuerdo EEE.

| (4) | El anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE debe modificarse en consecuencia. |
| --- | --- |

(4)

El anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE debe modificarse en consecuencia.

| (5) | La posición de la Unión en el seno del Comité Mixto del EEE debe basarse, por lo tanto, en el proyecto de Decisión adjunto. |
| --- | --- |

(5)

La posición de la Unión en el seno del Comité Mixto del EEE debe basarse, por lo tanto, en el proyecto de Decisión adjunto.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a la modificación del anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE se basará en el proyecto de Decisión del Comité Mixto del EEE adjunto a la presente Decisión.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 8 de julio de 2014.

Por el Consejo

El Presidente

P.C. PADOAN

---

(1)  DO L 305 de 30.11.1994, p. 6.

1

(2)  DO L 1 de 3.1.1994, p. 3.

2

(3)  Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas (DO L 309 de 24.11.2009, p. 71).

3

---

PROYECTO

DECISIÓN No .../2014 DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE

de

por la que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE

EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo («el Acuerdo EEE»), y en particular su artículo 98,

Considerando lo siguiente:

| (1) | La Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas (1), corregida por el DO L 161 de 29 de junio de 2010, p. 11, debe incorporarse al Acuerdo EEE. |
| --- | --- |

(1)

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas (1), corregida por el DO L 161 de 29 de junio de 2010, p. 11, debe incorporarse al Acuerdo EEE.

| (2) | Procede modificar en consecuencia el anexo XX del Acuerdo EEE. |
| --- | --- |

(2)

Procede modificar en consecuencia el anexo XX del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Después del punto 1k (Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) del anexo XX del Acuerdo EEE, se inserta el texto siguiente:

| «1l. | 32009 L 0128: Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas (DO L 309 de 24.11.2009, p. 71), corregida por el DO L 161 de 29.6.2010, p. 11.
  A efectos del presente Acuerdo EEE, las disposiciones de la presente Directiva se leerán con la siguiente adaptación:
  En lo que respecta a Noruega, la fecha de “26 de noviembre de 2012” que figura en el artículo 4, apartado 2, se sustituye por la fecha de “1 de enero de 2016”.». |
| --- | --- |

«1l.

32009 L 0128: Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas (DO L 309 de 24.11.2009, p. 71), corregida por el DO L 161 de 29.6.2010, p. 11.

A efectos del presente Acuerdo EEE, las disposiciones de la presente Directiva se leerán con la siguiente adaptación:

En lo que respecta a Noruega, la fecha de “26 de noviembre de 2012” que figura en el artículo 4, apartado 2, se sustituye por la fecha de “1 de enero de 2016”.».

Artículo 2

Los textos de la Directiva 2009/128/CE, corregida por el DO L 161 de 29.6.2010, p. 11, en las lenguas islandesa y noruega, que se publicarán en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, serán auténticos.

Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor el [...], siempre que se hayan efectuado todas las notificaciones previstas en el artículo 103, apartado 1, del Acuerdo (2), o en la fecha de la entrada en vigor de la Decisión no .../... del Comité Mixto del EEE, de ... (3), [por la que se incorpora el Reglamento (CE) no 1107/2009], optándose por la fecha que sea posterior.

Artículo 4

La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el

Por el Comité Mixto del EEE

El Presidente

Los Secretarios

del Comité Mixto del EEE

---

(1)  DO L 309 de 24.11.2009, p. 71.

1

(2)  [No se han indicado preceptos constitucionales.] [Se han indicado preceptos constitucionales.]

2

(3)  DO L ...

3

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| 12.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 205/22 |
| --- | --- | --- | --- |

12.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 205/22

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DECISIÓN 2014/455/PESC DEL CONSEJO

de 11 de julio de 2014

por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 29,

Vista la Decisión 2014/145/PESC del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (1), y, en particular, su artículo 3, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El 17 de marzo de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/145/PESC. |
| --- | --- |

(1)

El 17 de marzo de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/145/PESC.

| (2) | Teniendo en cuenta la gravedad de la situación en Ucrania, el Consejo considera que deben añadirse más personas a la lista de personas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo de la Decisión 2014/145/PESC. |
| --- | --- |

(2)

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación en Ucrania, el Consejo considera que deben añadirse más personas a la lista de personas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo de la Decisión 2014/145/PESC.

| (3) | Por consiguiente, el anexo de la Decisión 2014/145/PESC debe modificarse en consecuencia. |
| --- | --- |

(3)

Por consiguiente, el anexo de la Decisión 2014/145/PESC debe modificarse en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Las personas que figuran en el anexo de la presente Decisión deberán ser añadidas a la lista que figura en el anexo de la Decisión 2014/145/PESC.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 2014.

Por el Consejo

El Presidente

S. GOZI

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(1)  DO L 78 de 17.3.2014, p. 16.

1

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ANEXO

LISTA DE PERSONAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1

| | Nombre | Información de identificación | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай) | Fecha de nacimiento: 25 de julio de 1972 en Moscú | Llamado «Primer Ministro de la República Popular de Donetsk».
  Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del llamado «gobierno de la República Popular de Donetsk» (por ejemplo, el 8 de julio declaró lo siguiente: «nuestras fuerzas militares están llevando a cabo una operación especial contra los» fascistas «ucranianos), signatario del Memorando de Acuerdo sobre la» Unión de Novorossiya«. | 12.7.2014 |
| 2. | Alexander KHODAKOVSKY (Александр Сергеевич Ходаковский) | | Llamado» Ministro de Seguridad de la República Popular de Donetsk«
  Responsable de las actividades de seguridad separatistas del llamado» gobierno de la República Popular de Donetsk«. | 12.7.2014 |
| 3. | Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский) | | Llamado» Viceprimer Ministro de Asuntos Sociales de facto de la República Popular de Donetsk«.
  Responsable de las actividades» gubernamentales «separatistas del llamado» gobierno de la República Popular de Donetsk«. | 12.7.2014 |
| 4. | Alexander KHRYAKOV | | Llamado» Ministro de Información y Comunicaciones de Masas de la República Popular de Donetsk«.
  Responsable de las actividades de propaganda proseparatista del llamado» gobierno de la República Popular de Donetsk«. | 12.7.2014 |
| 5. | Marat BASHIROV | | Llamado» Primer Ministro del Consejo de Ministros de la República Popular de Luhansk, confirmado el 8 de julio.
  Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del llamado «gobierno de la República Popular de Luhansk». | 12.7.2014 |
| 6. | Vasyl NIKITIN | | Llamado «Viceprimer Ministro del Consejo de Ministros de la República Popular de Luhansk» (antes era el llamado «Primer Ministro de la República Popular de Luhansk», y exportavoz del «Ejército del Sudeste»).
  Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del llamado «gobierno de la República Popular de Luhansk».
  Responsable de la declaración del Ejército del Sudeste según la cual las elecciones presidenciales ucranianas en la «República Popular de Luhansk» no pueden celebrarse debido al «nuevo» estatuto de la región. | 12.7.2014 |
| 7. | Aleksey KARYAKIN (Алексей Карякин) | 1979 | Llamado «Presidente del Consejo Supremo de la República Popular de Luhansk».
  Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del «Consejo Supremo», responsable de pedir a la Federación de Rusia que reconozca la independencia de la «República Popular de Luhansk».
  Signatario del Memorando de Acuerdo sobre la «Unión de Novorossiya». | 12.7.2014 |
| 8. | Yurij IVAKIN (Юрий Ивакин) | | Llamado «Ministro del Interior de la República Popular de Luhansk».
  Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del llamado «gobierno de la República Popular de Luhansk». | 12.7.2014 |
| 9. | Igor PLOTNITSKY | | Llamado «Ministro de Defensa de la República Popular de Luhansk».
  Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del llamado «gobierno de la República Popular de Luhansk». | 12.7.2014 |
| 10. | Nikolay KOZITSYN | 20 de junio de 1956 en la región de Donetsk | Comandante de las fuerzas cosacas.
  Responsable de ejercer el mando de separatistas en los combates librados en el Este de Ucrania contra las fuerzas gubernamentales de Ucrania. | 12.7.2014 |
| 11. | Oleksiy MOZGOVY (Олексій Мозговий) | | Uno de los dirigentes de grupos armados en el Este de Ucrania.
  Responsable de entrenar a separatistas para combatir contra las fuerzas gubernamentales ucranianas. | 12.7.2014 |

Nombre

Información de identificación

Motivos

Fecha de inclusión en la lista

1.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Fecha de nacimiento: 25 de julio de 1972 en Moscú

Llamado «Primer Ministro de la República Popular de Donetsk».

Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del llamado «gobierno de la República Popular de Donetsk» (por ejemplo, el 8 de julio declaró lo siguiente: «nuestras fuerzas militares están llevando a cabo una operación especial contra los» fascistas «ucranianos), signatario del Memorando de Acuerdo sobre la» Unión de Novorossiya«.

12.7.2014

2.

Alexander KHODAKOVSKY (Александр Сергеевич Ходаковский)

Llamado» Ministro de Seguridad de la República Popular de Donetsk«

Responsable de las actividades de seguridad separatistas del llamado» gobierno de la República Popular de Donetsk«.

12.7.2014

3.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)

Llamado» Viceprimer Ministro de Asuntos Sociales de facto de la República Popular de Donetsk«.

Responsable de las actividades» gubernamentales «separatistas del llamado» gobierno de la República Popular de Donetsk«.

12.7.2014

4.

Alexander KHRYAKOV

Llamado» Ministro de Información y Comunicaciones de Masas de la República Popular de Donetsk«.

Responsable de las actividades de propaganda proseparatista del llamado» gobierno de la República Popular de Donetsk«.

12.7.2014

5.

Marat BASHIROV

Llamado» Primer Ministro del Consejo de Ministros de la República Popular de Luhansk, confirmado el 8 de julio.

Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del llamado «gobierno de la República Popular de Luhansk».

12.7.2014

6.

Vasyl NIKITIN

Llamado «Viceprimer Ministro del Consejo de Ministros de la República Popular de Luhansk» (antes era el llamado «Primer Ministro de la República Popular de Luhansk», y exportavoz del «Ejército del Sudeste»).

Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del llamado «gobierno de la República Popular de Luhansk».

Responsable de la declaración del Ejército del Sudeste según la cual las elecciones presidenciales ucranianas en la «República Popular de Luhansk» no pueden celebrarse debido al «nuevo» estatuto de la región.

12.7.2014

7.

Aleksey KARYAKIN (Алексей Карякин)

1979

Llamado «Presidente del Consejo Supremo de la República Popular de Luhansk».

Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del «Consejo Supremo», responsable de pedir a la Federación de Rusia que reconozca la independencia de la «República Popular de Luhansk».

Signatario del Memorando de Acuerdo sobre la «Unión de Novorossiya».

12.7.2014

8.

Yurij IVAKIN (Юрий Ивакин)

Llamado «Ministro del Interior de la República Popular de Luhansk».

Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del llamado «gobierno de la República Popular de Luhansk».

12.7.2014

9.

Igor PLOTNITSKY

Llamado «Ministro de Defensa de la República Popular de Luhansk».

Responsable de las actividades «gubernamentales» separatistas del llamado «gobierno de la República Popular de Luhansk».

12.7.2014

10.

Nikolay KOZITSYN

20 de junio de 1956 en la región de Donetsk

Comandante de las fuerzas cosacas.

Responsable de ejercer el mando de separatistas en los combates librados en el Este de Ucrania contra las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

12.7.2014

11.

Oleksiy MOZGOVY (Олексій Мозговий)

Uno de los dirigentes de grupos armados en el Este de Ucrania.

Responsable de entrenar a separatistas para combatir contra las fuerzas gubernamentales ucranianas.

12.7.2014

---

| 12.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 205/25 |
| --- | --- | --- | --- |

12.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 205/25

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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 4 de febrero de 2014

relativa a la medida SA.21817 (C 3/07) (ex NN 66/06) de Tarifas eléctricas españolas: consumidores aplicada por España

[notificada con el número C(2013) 7741]

(El texto en lengua española es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2014/456/UE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 108, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con las disposiciones anteriormente citadas (1) y vistas sus observaciones,

Considerando lo siguiente:

1.   PROCEDIMIENTO

| (1) | Mediante carta de 27 de abril de 2006, las empresas Céntrica plc y Céntrica Energía S.L.U. (denominadas colectivamente en lo sucesivo «Céntrica») presentaron una denuncia ante la Comisión sobre el sistema de tarifas eléctricas reguladas aplicado en España en 2005. |
| --- | --- |

(1)

Mediante carta de 27 de abril de 2006, las empresas Céntrica plc y Céntrica Energía S.L.U. (denominadas colectivamente en lo sucesivo «Céntrica») presentaron una denuncia ante la Comisión sobre el sistema de tarifas eléctricas reguladas aplicado en España en 2005.

| (2) | Mediante carta de 27 de julio de 2006, la Comisión pidió a las autoridades españolas que facilitaran información sobre la medida antes mencionada. La Comisión recibió dicha información mediante carta de 22 de agosto de 2006. |
| --- | --- |

(2)

Mediante carta de 27 de julio de 2006, la Comisión pidió a las autoridades españolas que facilitaran información sobre la medida antes mencionada. La Comisión recibió dicha información mediante carta de 22 de agosto de 2006.

| (3) | El 12 de octubre de 2006, el asunto se registró como ayuda no notificada (asunto NN 66/06). |
| --- | --- |

(3)

El 12 de octubre de 2006, el asunto se registró como ayuda no notificada (asunto NN 66/06).

| (4) | Mediante carta de 9 de noviembre de 2006, la Comisión pidió a las autoridades españolas aclaraciones adicionales sobre esta medida. Las autoridades españolas respondieron mediante carta de 12 de diciembre de 2006. |
| --- | --- |

(4)

Mediante carta de 9 de noviembre de 2006, la Comisión pidió a las autoridades españolas aclaraciones adicionales sobre esta medida. Las autoridades españolas respondieron mediante carta de 12 de diciembre de 2006.

| (5) | Mediante carta de 24 de enero de 2007, la Comisión comunicó a las autoridades españolas que había decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con la medida. |
| --- | --- |

(5)

Mediante carta de 24 de enero de 2007, la Comisión comunicó a las autoridades españolas que había decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con la medida.

| (6) | La Decisión de la Comisión se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (2). La Comisión invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre la medida. |
| --- | --- |

(6)

La Decisión de la Comisión se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (2). La Comisión invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre la medida.

| (7) | Las autoridades españolas presentaron sus observaciones mediante carta de 26 de febrero de 2007. |
| --- | --- |

(7)

Las autoridades españolas presentaron sus observaciones mediante carta de 26 de febrero de 2007.

| (8) | La Comisión recibió observaciones de las siguientes partes interesadas: Xunta de Galicia (carta de 23 de marzo de 2007), Céntrica (cartas de 26 de marzo de 2007 y 3 de julio de 2007), ACIE — Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (carta de 26 de marzo de 2007), Gobierno de Asturias (carta de 27 de marzo de 2007), AEGE — Asociación de empresas con gran consumo de energía (carta de 2 de abril de 2007, complementada el 21 de noviembre de 2011), Asturiana de Zinc — AZSA (carta de 3 de abril de 2007), Ferroatlántica — productor de metales (carta de 3 de abril de 2007), Alcoa (carta de 3 de abril de 2007), UNESA — Asociación Española de la Industria Eléctrica (carta de 25 de abril de 2007), ENEL Viesgo (carta de 26 de abril de 2007), Iberdrola (carta de 26 de abril de 2007), Unión Fenosa Distribución (carta de 27 de abril de 2007), Hidrocantábrico Distribución Eléctrica (carta de 27 de abril de 2007), Endesa Distribución Eléctrica (carta de 27 de abril de 2007). |
| --- | --- |

(8)

La Comisión recibió observaciones de las siguientes partes interesadas: Xunta de Galicia (carta de 23 de marzo de 2007), Céntrica (cartas de 26 de marzo de 2007 y 3 de julio de 2007), ACIE — Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (carta de 26 de marzo de 2007), Gobierno de Asturias (carta de 27 de marzo de 2007), AEGE — Asociación de empresas con gran consumo de energía (carta de 2 de abril de 2007, complementada el 21 de noviembre de 2011), Asturiana de Zinc — AZSA (carta de 3 de abril de 2007), Ferroatlántica — productor de metales (carta de 3 de abril de 2007), Alcoa (carta de 3 de abril de 2007), UNESA — Asociación Española de la Industria Eléctrica (carta de 25 de abril de 2007), ENEL Viesgo (carta de 26 de abril de 2007), Iberdrola (carta de 26 de abril de 2007), Unión Fenosa Distribución (carta de 27 de abril de 2007), Hidrocantábrico Distribución Eléctrica (carta de 27 de abril de 2007), Endesa Distribución Eléctrica (carta de 27 de abril de 2007).

| (9) | Mediante cartas de 15 de mayo y 6 de julio de 2007, la Comisión transmitió las observaciones de las partes interesadas a las autoridades españolas, a las que se dio la oportunidad de presentar a su vez comentarios, los cuales se recibieron mediante carta de 2 de agosto de 2007. |
| --- | --- |

(9)

Mediante cartas de 15 de mayo y 6 de julio de 2007, la Comisión transmitió las observaciones de las partes interesadas a las autoridades españolas, a las que se dio la oportunidad de presentar a su vez comentarios, los cuales se recibieron mediante carta de 2 de agosto de 2007.

| (10) | Céntrica presentó información complementaria mediante sus cartas de 1 de junio de 2007, 28 de agosto de 2007, 4 de febrero de 2008 y 1 de marzo de 2008; la AEGE hizo otro tanto mediante carta de 21 de noviembre de 2011 y Ferroatlántica, mediante carta de 5 de diciembre de 2011. |
| --- | --- |

(10)

Céntrica presentó información complementaria mediante sus cartas de 1 de junio de 2007, 28 de agosto de 2007, 4 de febrero de 2008 y 1 de marzo de 2008; la AEGE hizo otro tanto mediante carta de 21 de noviembre de 2011 y Ferroatlántica, mediante carta de 5 de diciembre de 2011.

| (11) | Mediante cartas de 30 de julio de 2009, 19 de marzo de 2010 y 6 de octubre de 2011, 12 de abril de 2012, 31 de agosto de 2012, 4 de febrero de 2013 y 17 de julio de 2013, la Comisión solicitó nuevas aclaraciones sobre la medida a las autoridades españolas. Estas respondieron mediante cartas de 5 de octubre de 2009, 26 de abril de 2010, 7 de diciembre de 2011, 12 de junio de 2012, 18 de octubre de 2012, 11 de febrero de 2013 y 4 de octubre de 2013, respectivamente. |
| --- | --- |

(11)

Mediante cartas de 30 de julio de 2009, 19 de marzo de 2010 y 6 de octubre de 2011, 12 de abril de 2012, 31 de agosto de 2012, 4 de febrero de 2013 y 17 de julio de 2013, la Comisión solicitó nuevas aclaraciones sobre la medida a las autoridades españolas. Estas respondieron mediante cartas de 5 de octubre de 2009, 26 de abril de 2010, 7 de diciembre de 2011, 12 de junio de 2012, 18 de octubre de 2012, 11 de febrero de 2013 y 4 de octubre de 2013, respectivamente.

| (12) | El 19 de abril de 2013, el expediente se dividió en dos partes: el presente asunto SA.21817 (C 3/07 ex NN 66/06), que se refiere a las ayudas a los usuarios finales de electricidad, y el asunto SA.36559 (C 3a/07 ex NN 66/06), que se refiere a las ayudas a los distribuidores de electricidad. La presente Decisión se refiere únicamente a las posibles ayudas a los usuarios finales de electricidad incluidos en el ámbito del procedimiento, es decir, con exclusión de los hogares y pequeñas empresas. |
| --- | --- |

(12)

El 19 de abril de 2013, el expediente se dividió en dos partes: el presente asunto SA.21817 (C 3/07 ex NN 66/06), que se refiere a las ayudas a los usuarios finales de electricidad, y el asunto SA.36559 (C 3a/07 ex NN 66/06), que se refiere a las ayudas a los distribuidores de electricidad. La presente Decisión se refiere únicamente a las posibles ayudas a los usuarios finales de electricidad incluidos en el ámbito del procedimiento, es decir, con exclusión de los hogares y pequeñas empresas.

2.   DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA MEDIDA

EL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL EN 2005

| (13) | En el marco legislativo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del sector eléctrico (en adelante, «LSE»), aplicable en 2005, el suministro de electricidad a los usuarios finales a tarifas reguladas se calificaba de actividad regulada. La Ley asignaba esta tarea a los distribuidores. |
| --- | --- |

(13)

En el marco legislativo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del sector eléctrico (en adelante, «LSE»), aplicable en 2005, el suministro de electricidad a los usuarios finales a tarifas reguladas se calificaba de actividad regulada. La Ley asignaba esta tarea a los distribuidores.

| (14) | En 2005, todos los usuarios finales de electricidad del mercado español podían elegir entre negociar contratos de suministro con proveedores independientes o recibir su suministro a las tarifas reguladas establecidas por el Estado. En el mercado regulado, todos los usuarios finales que lo solicitaran tenían derecho a recibir suministro de su distribuidor local a la tarifa regulada integral (precio «todo incluido») aplicable en función de su perfil y volumen de consumo. En el mercado libre, los clientes pagaban un peaje por acceso a la red, que también estaba regulado, y tenían que hacer frente, además, a los costes del suministro de energía. Una vez completada la reforma del sector eléctrico en 2009, los distribuidores ya no suministran electricidad a tarifas reguladas integrales. |
| --- | --- |

(14)

En 2005, todos los usuarios finales de electricidad del mercado español podían elegir entre negociar contratos de suministro con proveedores independientes o recibir su suministro a las tarifas reguladas establecidas por el Estado. En el mercado regulado, todos los usuarios finales que lo solicitaran tenían derecho a recibir suministro de su distribuidor local a la tarifa regulada integral (precio «todo incluido») aplicable en función de su perfil y volumen de consumo. En el mercado libre, los clientes pagaban un peaje por acceso a la red, que también estaba regulado, y tenían que hacer frente, además, a los costes del suministro de energía. Una vez completada la reforma del sector eléctrico en 2009, los distribuidores ya no suministran electricidad a tarifas reguladas integrales.

| (15) | Las tarifas reguladas integradas y los peajes regulados de acceso a la red se decidían previamente para todo el año, normalmente antes de finales del año N – 1, pero podían ajustarse a lo largo del año (3). Sin embargo, el aumento anual de las tarifas estaba sujeto a un límite máximo (4). En principio, las tarifas y peajes se establecían, sobre la base de previsiones, para garantizar que los ingresos regulados procedentes de su aplicación fueran suficientes para sufragar todos los costes regulados del sistema de electricidad. Estos costes regulados del sistema incluían en 2005 los costes del suministro de energía a tarifas integrales, los costes de la compra de energía de regímenes especiales (fuentes renovables, cogeneración, etc.), los costes de transporte y distribución, las medidas de gestión de la demanda, los costes adicionales de generación de electricidad en las islas españolas, las ayudas al carbón, los déficits de años anteriores, etc. No existían normas que asignaran una categoría determinada de ingresos o una parte de ellos a una categoría determinada de costes o una parte de estos. Debido a ello, los ingresos, por ejemplo, del peaje de acceso a la red no se destinaban total ni parcialmente a financiar, por ejemplo, las subvenciones a favor de la electricidad procedente de fuentes renovables o a los de generación en los territorios insulares españoles. |
| --- | --- |

(15)

Las tarifas reguladas integradas y los peajes regulados de acceso a la red se decidían previamente para todo el año, normalmente antes de finales del año N – 1, pero podían ajustarse a lo largo del año (3). Sin embargo, el aumento anual de las tarifas estaba sujeto a un límite máximo (4). En principio, las tarifas y peajes se establecían, sobre la base de previsiones, para garantizar que los ingresos regulados procedentes de su aplicación fueran suficientes para sufragar todos los costes regulados del sistema de electricidad. Estos costes regulados del sistema incluían en 2005 los costes del suministro de energía a tarifas integrales, los costes de la compra de energía de regímenes especiales (fuentes renovables, cogeneración, etc.), los costes de transporte y distribución, las medidas de gestión de la demanda, los costes adicionales de generación de electricidad en las islas españolas, las ayudas al carbón, los déficits de años anteriores, etc. No existían normas que asignaran una categoría determinada de ingresos o una parte de ellos a una categoría determinada de costes o una parte de estos. Debido a ello, los ingresos, por ejemplo, del peaje de acceso a la red no se destinaban total ni parcialmente a financiar, por ejemplo, las subvenciones a favor de la electricidad procedente de fuentes renovables o a los de generación en los territorios insulares españoles.

| (16) | En 2005 había no menos de 25 tarifas reguladas para usuarios finales en función del nivel, perfil o destino de consumo y la tensión de la conexión a la red. A la vez, otros nueve peajes regulados de acceso a la red se aplicaban a los usuarios finales del mercado libre, basados igualmente en la tensión de conexión y otras características. |
| --- | --- |

(16)

En 2005 había no menos de 25 tarifas reguladas para usuarios finales en función del nivel, perfil o destino de consumo y la tensión de la conexión a la red. A la vez, otros nueve peajes regulados de acceso a la red se aplicaban a los usuarios finales del mercado libre, basados igualmente en la tensión de conexión y otras características.

| (17) | El 30 de diciembre de 2004, las autoridades españolas establecieron las tarifas eléctricas aplicables en 2005 (5), correspondientes a las siguientes categorías de usuarios:
  TARIFAS INTEGRALES

  Baja tensión









  1.0. | Potencia hasta 770 kW |
| --- | --- | --- |

(17)

El 30 de diciembre de 2004, las autoridades españolas establecieron las tarifas eléctricas aplicables en 2005 (5), correspondientes a las siguientes categorías de usuarios:

TARIFAS INTEGRALES

Baja tensión

1.0.

| 2.0. | General, potencia no superior a 15 kW |
| --- | --- |

2.0.

| 3.0. | General |
| --- | --- |

3.0.

| 4.0. | General, larga utilización |
| --- | --- |

4.0.

| B.0 | Alumbrado público |
| --- | --- |

B.0

| R.0 | De riegos agrícolas |
| --- | --- |

R.0

Alta tensión

Tarifas generales

Corta utilización

| 1.1. | General no superior a 36 kV |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | General mayor de 36 kV y no superior a 72,5 kV |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | General mayor de 72,5 kV y no superior a 145 kV |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | General, mayor de 145 kV |
| --- | --- |

1.4.

Media utilización

| 2.1. | No superior a 36 kV |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Mayor de 36 kV y no superior a 72,5 kV |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Mayor de 72,5 kV y no superior a 145 kV |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Mayor de 145 kV |
| --- | --- |

2.4.

Larga utilización

| 3.1. | No superior a 36 kV |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Mayor de 36 kV y no superior a 72,5 kV |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Mayor de 72,5 kV y no superior a 145 kV |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Mayor de 145 kV |
| --- | --- |

3.4.

Tarifas de tracción

| T.1 | No superior a 36 kV |
| --- | --- |

T.1

| T.2 | Mayor de 36 kV y no superior a 72,5 kV |
| --- | --- |

T.2

| T.3 | Mayor de 72,5 kV y 145 Kv |
| --- | --- |

T.3

Tarifas de riegos agrícolas

| R.1 | No superior a 36 kV |
| --- | --- |

R.1

| R.2 | Mayor de 36 kV y no superior a 72,5 kV |
| --- | --- |

R.2

| R.3 | Mayor de 72,5 kV y no superior a 145 Kv |
| --- | --- |

R.3

G.   Tarifa de grandes consumidores (G4)

Tarifas para venta a distribuidores

| D.1 | No superior a 36 kV |
| --- | --- |

D.1

| D.2 | Mayor de 36 kV y no superior a 72,5 kV |
| --- | --- |

D.2

| D.3 | Mayor de 72,5 kV y no superior a 145 Kv |
| --- | --- |

D.3

| D.4 | Mayor de 145 kV |
| --- | --- |

D.4

TARIFAS DE ACCESO

Baja tensión

| 2,0 A | Tarifa ordinaria de acceso de baja tensión |
| --- | --- |

2,0 A

| 2,0 NA | Tarifas ordinarias de acceso de baja tensión con discriminación entre día y noche |
| --- | --- |

2,0 NA

| 3,0 A | Tarifa general de acceso de baja tensión |
| --- | --- |

3,0 A

Alta tensión

| 3.1.A | Tarifa de acceso para tensiones no superiores a 36 kV (potencia no superior a 450 kW) |
| --- | --- |

3.1.A

| 6.1 | Tarifa de acceso para tensiones no superiores a 36 kV (potencia superior a 450 kW) |
| --- | --- |

6.1

| 6.2 | Tarifa de acceso para tensiones mayores de 36 kV y no superiores a 72,5 kV (potencia superior a 450 kW) |
| --- | --- |

6.2

| 6.3 | Tarifa de acceso para tensiones mayores de 72,5 y no superiores a 145 kV (potencia superior a 450 kW) |
| --- | --- |

6.3

| 6.4 | Tarifa de acceso para tensiones superiores a 145 kV (potencia superior a 450 kW) |
| --- | --- |

6.4

| 6.5 | Tarifa de acceso para intercambios internacionales |
| --- | --- |

6.5

| (18) | Las tarifas reguladas integrales se podían dividir en un componente destinado a cubrir los costes de transporte, distribución y de carácter general del sistema (peaje de acceso a la red) y un componente que reflejaba el coste de comprar electricidad en el mercado mayorista (componente de energía). Por otra parte, se aplicaba un sistema de descuentos en tarifas integrales a los servicios de gestión de la demanda (por ejemplo, interrupciones aceptadas del suministro eléctrico previa notificación o consumo concentrado en las horas valle). Desde 2005, España ha introducido cambios en el sistema de tarifas reguladas. El último cambio es de 2013, cuando España adopto un nuevo marco legislativo para el sector eléctrico (ley 24/13) que incluye, entre otras medidas, la reforma de la regulación de los precios de mercado al detalle. España anuncio que esta nueva ley y sus normas de aplicación será desarrollada durante 2014. A continuación se presentan algunas tarifas básicas integrales del nivel más bajo de las categorías antes mencionadas (es decir, no superior a 145 kV) aplicables a partir del 1 de enero de 2005:

  Cuadro 1


  Importe de base de las tarifas integrales reguladas 2005 | A/Componente de potencia | B/Componente de energía | Tarifa integral del componente potencia-energía | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | EUR/kW mes | EUR/kWh | EUR/MWh | | | |
| Baja tensión | | | | | | |
| 1.0 | Potencia < 770 W |

(18)

Las tarifas reguladas integrales se podían dividir en un componente destinado a cubrir los costes de transporte, distribución y de carácter general del sistema (peaje de acceso a la red) y un componente que reflejaba el coste de comprar electricidad en el mercado mayorista (componente de energía). Por otra parte, se aplicaba un sistema de descuentos en tarifas integrales a los servicios de gestión de la demanda (por ejemplo, interrupciones aceptadas del suministro eléctrico previa notificación o consumo concentrado en las horas valle). Desde 2005, España ha introducido cambios en el sistema de tarifas reguladas. El último cambio es de 2013, cuando España adopto un nuevo marco legislativo para el sector eléctrico (ley 24/13) que incluye, entre otras medidas, la reforma de la regulación de los precios de mercado al detalle. España anuncio que esta nueva ley y sus normas de aplicación será desarrollada durante 2014. A continuación se presentan algunas tarifas básicas integrales del nivel más bajo de las categorías antes mencionadas (es decir, no superior a 145 kV) aplicables a partir del 1 de enero de 2005:

Cuadro 1

Importe de base de las tarifas integrales reguladas 2005

A/Componente de potencia

B/Componente de energía

Tarifa integral del componente potencia-energía

EUR/kW mes

EUR/kWh

EUR/MWh

Baja tensión

1.0

Potencia < 770 W

0,277110

0,062287

62,67

| 3.0 | General |
| --- | --- |

3.0

General

1,430269

0,083728

85,71

| 4.0 | General, larga utilización |
| --- | --- |

4.0

General, larga utilización

2,284634

0,076513

79,69

Alta tensión

| 1.4 | Corta utilización, general > 145 kV |
| --- | --- |

1.4

Corta utilización, general > 145 kV

1,759358

0,058412

60,86

| 2.4 | Media utilización, general > 145 kV |
| --- | --- |

2.4

Media utilización, general > 145 kV

3,632629

0,053224

58,27

| 3.4 | Larga utilización, general > 145 kV |
| --- | --- |

3.4

Larga utilización, general > 145 kV

9,511921

0,042908

56,12

| G. | Grandes consumidores G4 |
| --- | --- |

G.

Grandes consumidores G4

10,208070

0,011265

25,44

Fuente: Anexo I del Real Decreto 2392/2004, cálculos de la Comisión.

| (19) | La Comisión Nacional de Energía («CNE»), el regulador español, señaló que, en promedio, las tarifas integrales de 2005 no reflejaban todos los costes de suministro y, en particular, el coste de la compra de electricidad en el mercado mayorista. En particular, como se muestra en el gráfico que aparece a continuación, tan solo en los cinco meses comprendidos entre enero y febrero de 2005 y entre abril y junio de 2005, los precios implícitos en las tarifas reguladas integrales medias eran inferiores a los precios medios del mercado mayorista de electricidad. En cambio, entre octubre de 2006 y diciembre de 2007 ocurrió lo contrario, pues durante estos catorce meses, los precios medios mayoristas descendieron abruptamente por debajo de los precios de la energía implícitos en las tarifas reguladas integrales medias, muy por encima de la diferencia observada en los siete meses de 2005 en los que los precios mayoristas fueron superiores a los implícitos en las tarifas integrales.

  Gráfico 1


  Precio mayorista medio ponderado y precio de la energía implícito en la tarifa integral



  Fuente: CNE-Informe sobre la evolución de la competencia en los mercados de gas y electricidad. Período 2005-2007, página 84. |
| --- | --- |

(19)

La Comisión Nacional de Energía («CNE»), el regulador español, señaló que, en promedio, las tarifas integrales de 2005 no reflejaban todos los costes de suministro y, en particular, el coste de la compra de electricidad en el mercado mayorista. En particular, como se muestra en el gráfico que aparece a continuación, tan solo en los cinco meses comprendidos entre enero y febrero de 2005 y entre abril y junio de 2005, los precios implícitos en las tarifas reguladas integrales medias eran inferiores a los precios medios del mercado mayorista de electricidad. En cambio, entre octubre de 2006 y diciembre de 2007 ocurrió lo contrario, pues durante estos catorce meses, los precios medios mayoristas descendieron abruptamente por debajo de los precios de la energía implícitos en las tarifas reguladas integrales medias, muy por encima de la diferencia observada en los siete meses de 2005 en los que los precios mayoristas fueron superiores a los implícitos en las tarifas integrales.

Gráfico 1

Precio mayorista medio ponderado y precio de la energía implícito en la tarifa integral

Fuente: CNE-Informe sobre la evolución de la competencia en los mercados de gas y electricidad. Período 2005-2007, página 84.

EL DÉFICIT TARIFARIO DE 2005

| (20) | Las cuentas del sistema de electricidad, basadas en los ingresos y costes regulados reales, se liquidaban una vez al año. En 2005, el nivel al que se establecieron las tarifas reguladas y los peajes de acceso a la red no generaron ingresos suficientes para que el sistema recuperase todos los costes regulados, documentados posteriormente, correspondientes a todo el año. El proceso final de liquidación de 2005, realizado por la CNE al final del año, arrojó un déficit de 3 811 millones EUR. Esta no fue la primera vez que el proceso de liquidación registraba un déficit, aunque el de 2005 alcanzaba una magnitud sin precedentes. En 2000, 2001 y 2002 se registraron déficits más reducidos. |
| --- | --- |

(20)

Las cuentas del sistema de electricidad, basadas en los ingresos y costes regulados reales, se liquidaban una vez al año. En 2005, el nivel al que se establecieron las tarifas reguladas y los peajes de acceso a la red no generaron ingresos suficientes para que el sistema recuperase todos los costes regulados, documentados posteriormente, correspondientes a todo el año. El proceso final de liquidación de 2005, realizado por la CNE al final del año, arrojó un déficit de 3 811 millones EUR. Esta no fue la primera vez que el proceso de liquidación registraba un déficit, aunque el de 2005 alcanzaba una magnitud sin precedentes. En 2000, 2001 y 2002 se registraron déficits más reducidos.

| (21) | El Gobierno subestimó, en particular, los costes reales de la compra de electricidad. En efecto, mientras que el consumo de electricidad de los usuarios finales del mercado regulado y el mercado libre se desarrolló en 2005 aproximadamente como se había predicho en diciembre de 2004, una serie de aumentos de precios imprevistos durante el año estableció los precios mayoristas en 62,4 EUR/MWh en 2005, cuando habían sido de 35,61 EUR/MWh en 2004, de modo que el precio mayorista medio en 2005 fue de 59,47 EUR/MWh. Entre las causas de este aumento se encuentran un año extremadamente seco (que redujo la producción de hidroelectricidad en un 55 %), la subida de los precios del petróleo, la repercusión del precio de mercado de los derechos de emisión de CO2 recibidos gratuitamente del Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión y un aumento de la demanda de energía superior al crecimiento del PIB. |
| --- | --- |

(21)

El Gobierno subestimó, en particular, los costes reales de la compra de electricidad. En efecto, mientras que el consumo de electricidad de los usuarios finales del mercado regulado y el mercado libre se desarrolló en 2005 aproximadamente como se había predicho en diciembre de 2004, una serie de aumentos de precios imprevistos durante el año estableció los precios mayoristas en 62,4 EUR/MWh en 2005, cuando habían sido de 35,61 EUR/MWh en 2004, de modo que el precio mayorista medio en 2005 fue de 59,47 EUR/MWh. Entre las causas de este aumento se encuentran un año extremadamente seco (que redujo la producción de hidroelectricidad en un 55 %), la subida de los precios del petróleo, la repercusión del precio de mercado de los derechos de emisión de CO2 recibidos gratuitamente del Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión y un aumento de la demanda de energía superior al crecimiento del PIB.

| (22) | Otro factor importante que contribuyó a aumentar los costes generales del sistema fue el alto nivel de las ayudas para la generación de energías renovables. En particular, los productores de energías renovables podían optar por participar directamente en el mercado mayorista de la electricidad o «pool». En 2005, esta opción resultaba especialmente atractiva, de modo que un número de productores de energías renovables superior al esperado participó en el pool, lo que incrementó los costes del sistema. Además, las ayudas directas a los costes de energía de la electricidad del régimen especial (energías renovables, cogeneración), que se anotaron como un coste regulado en las cuentas, se elevaron a 2 701 millones EUR en 2005. A modo de ilustración, los costes de transporte y distribución del sistema ascendieron a 4 410 millones EUR en 2005. |
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(22)

Otro factor importante que contribuyó a aumentar los costes generales del sistema fue el alto nivel de las ayudas para la generación de energías renovables. En particular, los productores de energías renovables podían optar por participar directamente en el mercado mayorista de la electricidad o «pool». En 2005, esta opción resultaba especialmente atractiva, de modo que un número de productores de energías renovables superior al esperado participó en el pool, lo que incrementó los costes del sistema. Además, las ayudas directas a los costes de energía de la electricidad del régimen especial (energías renovables, cogeneración), que se anotaron como un coste regulado en las cuentas, se elevaron a 2 701 millones EUR en 2005. A modo de ilustración, los costes de transporte y distribución del sistema ascendieron a 4 410 millones EUR en 2005.

Mecanismo adoptado para prefinanciar el déficit

| (23) | La generación del déficit no pasó desapercibida. Ya en marzo de 2005, cuando quedó de manifiesto que se estaba generando un déficit tarifario, las autoridades españolas dispusieron, por medio del artículo 24 del Real Decreto-Ley 5/2005 (6), que los fondos necesarios para colmar la diferencia entre costes e ingresos del sistema de electricidad los facilitaran las cinco mayores «empresas eléctricas con derechos de cobro», que eran las que tenían derecho a recibir una compensación de los costes de transición a la competencia (7), de acuerdo con los siguientes porcentajes:






  — | Iberdrola, SA: 35,01 %, |
| --- | --- | --- |

(23)

La generación del déficit no pasó desapercibida. Ya en marzo de 2005, cuando quedó de manifiesto que se estaba generando un déficit tarifario, las autoridades españolas dispusieron, por medio del artículo 24 del Real Decreto-Ley 5/2005 (6), que los fondos necesarios para colmar la diferencia entre costes e ingresos del sistema de electricidad los facilitaran las cinco mayores «empresas eléctricas con derechos de cobro», que eran las que tenían derecho a recibir una compensación de los costes de transición a la competencia (7), de acuerdo con los siguientes porcentajes:

—

Iberdrola, SA: 35,01 %,

| — | Unión Eléctrica Fenosa, SA: 12,84 %, |
| --- | --- |

—

Unión Eléctrica Fenosa, SA: 12,84 %,

| — | Hidroeléctrica del Cantábrico; S.A: 6,08 %, |
| --- | --- |

—

Hidroeléctrica del Cantábrico; S.A: 6,08 %,

| — | Endesa, SA: 44,16 %, |
| --- | --- |

—

Endesa, SA: 44,16 %,

| — | Elcogas, SA: 1,91 %. |
| --- | --- |

—

Elcogas, SA: 1,91 %.

| (24) | El Decreto-Ley 5/2005 disponía que el déficit futuro se imputase a las cinco empresas antes mencionadas como saldo negativo en una cuenta de depósito ya existente que la CNE utilizaba para pagar los costes de transición a la competencia a dichas empresas. Esto significaba, de hecho, que las empresas proveedoras debían aportar los fondos por adelantado. El saldo negativo en la cuenta de costes de transición a la competencia daría lugar a derechos de cobro, que consistían en el derecho de las empresas proveedoras a cobrar ingresos a los consumidores de electricidad en el futuro. Las empresas proveedoras podían titulizar estos derechos y venderlos en el mercado. Los derechos de cobro asignados a dichas empresas proveedoras devengaban un tipo de interés mínimo (Euríbor a tres meses, calculado sobre la base de los tipos medios del Euríbor correspondientes al mes de noviembre del año precedente sin diferencial alguno). |
| --- | --- |

(24)

El Decreto-Ley 5/2005 disponía que el déficit futuro se imputase a las cinco empresas antes mencionadas como saldo negativo en una cuenta de depósito ya existente que la CNE utilizaba para pagar los costes de transición a la competencia a dichas empresas. Esto significaba, de hecho, que las empresas proveedoras debían aportar los fondos por adelantado. El saldo negativo en la cuenta de costes de transición a la competencia daría lugar a derechos de cobro, que consistían en el derecho de las empresas proveedoras a cobrar ingresos a los consumidores de electricidad en el futuro. Las empresas proveedoras podían titulizar estos derechos y venderlos en el mercado. Los derechos de cobro asignados a dichas empresas proveedoras devengaban un tipo de interés mínimo (Euríbor a tres meses, calculado sobre la base de los tipos medios del Euríbor correspondientes al mes de noviembre del año precedente sin diferencial alguno).

Mecanismo adoptado para recuperar el déficit a través de los usuarios finales

| (25) | En junio de 2006, las autoridades españolas tomaron una decisión respecto a las modalidades para recuperar el déficit de 2005 a través de los consumidores de electricidad por medio de las tarifas reguladas. Mediante el Real Decreto 809/2006 (8), las autoridades españolas dispusieron que los consumidores pagasen el déficit de 2007 (o, para ser más precisos, los derechos de cobro concedidos a las empresas proveedoras) a lo largo de catorce años y medio a través de un recargo especial aplicado tanto a las tarifas integrales como a las tarifas de acceso. El recargo, calculado como la cantidad anual necesaria para recuperar de forma lineal el valor actual neto del déficit de 2005 a lo largo de 14,5 años, se estableció en un 1,378 % de la tarifa integral y en un 3,975 % de la tarifa de acceso para 2006. El tipo de interés aplicable era el Euríbor a tres meses. |
| --- | --- |

(25)

En junio de 2006, las autoridades españolas tomaron una decisión respecto a las modalidades para recuperar el déficit de 2005 a través de los consumidores de electricidad por medio de las tarifas reguladas. Mediante el Real Decreto 809/2006 (8), las autoridades españolas dispusieron que los consumidores pagasen el déficit de 2007 (o, para ser más precisos, los derechos de cobro concedidos a las empresas proveedoras) a lo largo de catorce años y medio a través de un recargo especial aplicado tanto a las tarifas integrales como a las tarifas de acceso. El recargo, calculado como la cantidad anual necesaria para recuperar de forma lineal el valor actual neto del déficit de 2005 a lo largo de 14,5 años, se estableció en un 1,378 % de la tarifa integral y en un 3,975 % de la tarifa de acceso para 2006. El tipo de interés aplicable era el Euríbor a tres meses.

| (26) | Este recargo se asimiló a una «cuota con destino específico». Las autoridades españolas dispusieron que los ingresos de la contribución para financiar el déficit de 2005 se acumularan en la cuenta de depósito gestionada por la CNE. A continuación, la CNE transferiría los fondos a los titulares de los derechos de cobro, es decir, las empresas generadoras que financiaron el déficit o las entidades que les ulteriormente les hubiesen comprado los derechos de cobro, de acuerdo con la parte del déficit financiada por cada una de ellas. |
| --- | --- |

(26)

Este recargo se asimiló a una «cuota con destino específico». Las autoridades españolas dispusieron que los ingresos de la contribución para financiar el déficit de 2005 se acumularan en la cuenta de depósito gestionada por la CNE. A continuación, la CNE transferiría los fondos a los titulares de los derechos de cobro, es decir, las empresas generadoras que financiaron el déficit o las entidades que les ulteriormente les hubiesen comprado los derechos de cobro, de acuerdo con la parte del déficit financiada por cada una de ellas.

Efectos del déficit tarifario en el mercado español

| (27) | En 2005, el mercado libre satisfacía un 37,49 % de la demanda de electricidad de España. Esta cantidad corresponde a un número relativamente reducido de consumidores, ya que únicamente un 8,5 % de los consumidores compraba energía en el mercado libre, mientras que el 91,5 % seguía teniendo las tarifas reguladas (proporción inferior al 97 % de 2004). Los clientes de alta tensión (sobre todo los clientes industriales) eran el grupo principal presente en el mercado libre, pues un 38,9 % de ellos había ejercido su opción y sus compras representaban un 29 % del consumo total de electricidad en la España peninsular en 2005. La gran mayoría de los hogares y consumidores de baja tensión, que podían optar por el mercado libre a partir de 2003 (9), conservaron las tarifas reguladas; sin embargo, una parte importante de ellos también optó por el mercado libre en 2005. El 31 de diciembre de 2005, el mercado libre contaba con más de dos millones de consumidores (eran de 1,3 millones en 2004). |
| --- | --- |

(27)

En 2005, el mercado libre satisfacía un 37,49 % de la demanda de electricidad de España. Esta cantidad corresponde a un número relativamente reducido de consumidores, ya que únicamente un 8,5 % de los consumidores compraba energía en el mercado libre, mientras que el 91,5 % seguía teniendo las tarifas reguladas (proporción inferior al 97 % de 2004). Los clientes de alta tensión (sobre todo los clientes industriales) eran el grupo principal presente en el mercado libre, pues un 38,9 % de ellos había ejercido su opción y sus compras representaban un 29 % del consumo total de electricidad en la España peninsular en 2005. La gran mayoría de los hogares y consumidores de baja tensión, que podían optar por el mercado libre a partir de 2003 (9), conservaron las tarifas reguladas; sin embargo, una parte importante de ellos también optó por el mercado libre en 2005. El 31 de diciembre de 2005, el mercado libre contaba con más de dos millones de consumidores (eran de 1,3 millones en 2004).

| (28) | Sin embargo, la ventaja media de precio que ofrecían las tarifas reguladas en 2005 se ha de poner en paralelo con el retorno de los consumidores al mercado regulado, aunque con cierto retraso. Como se muestra en el cuadro 2 que figura a continuación, el número de consumidores abastecidos por el mercado libre aumentó durante todo 2005 pero descendió en 2006, llegando al porcentaje (8,15 %) ya alcanzado en el primer semestre de 2005. De forma similar, la reducción de la cantidad de energía suministrada por el mercado libre a los usuarios finales observada en diciembre de 2004 continuó en el primer trimestre de 2005 y, aunque se detuvo de forma significativa entre junio y septiembre de 2005, continuó en diciembre de 2004 y durante todo 2006.

  Cuadro 2


  Cuota de centros de suministro y energía en el mercado libre (expresada en porcentaje del mercado total) 2004-2006.


















  Electricidad | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Mar. | Jun. | Sep. | Dic. | Mar. | Jun. | Sep. | Dic. | Mar. | Jun. | Sep. | Dic. |
| en porcentaje de centros de suministro | 1,53 | 2,82 | 4,21 | 5,73 | 7,42 | 9,42 | 10,37 | 10,66 | 10,20 | 9,28 | 8,86 | 8,15 |
| en porcentaje de energía | 29,30 | 33,60 | 36,19 | 33,57 | 33,15 | 35,34 | 41,39 | 37,41 | 29,38 | 27,10 | 25,74 | 24,87 |
| Fuente:Informe de la CNE, «Nota Informativa sobre los suministros de electricidad y gas natural en los mercados liberalizados, actualización 31 de diciembre de 2006». |

(28)

Sin embargo, la ventaja media de precio que ofrecían las tarifas reguladas en 2005 se ha de poner en paralelo con el retorno de los consumidores al mercado regulado, aunque con cierto retraso. Como se muestra en el cuadro 2 que figura a continuación, el número de consumidores abastecidos por el mercado libre aumentó durante todo 2005 pero descendió en 2006, llegando al porcentaje (8,15 %) ya alcanzado en el primer semestre de 2005. De forma similar, la reducción de la cantidad de energía suministrada por el mercado libre a los usuarios finales observada en diciembre de 2004 continuó en el primer trimestre de 2005 y, aunque se detuvo de forma significativa entre junio y septiembre de 2005, continuó en diciembre de 2004 y durante todo 2006.

Cuadro 2

Cuota de centros de suministro y energía en el mercado libre (expresada en porcentaje del mercado total) 2004-2006.

Electricidad

2004

2005

2006

Mar.

Jun.

Sep.

Dic.

Mar.

Jun.

Sep.

Dic.

Mar.

Jun.

Sep.

Dic.

en porcentaje de centros de suministro

1,53

2,82

4,21

5,73

7,42

9,42

10,37

10,66

10,20

9,28

8,86

8,15

en porcentaje de energía

29,30

33,60

36,19

33,57

33,15

35,34

41,39

37,41

29,38

27,10

25,74

24,87

Fuente:Informe de la CNE, «Nota Informativa sobre los suministros de electricidad y gas natural en los mercados liberalizados, actualización 31 de diciembre de 2006».

| (29) | Aunque las repercusiones de las pérdidas sufridas por los proveedores comenzaron a materializarse a mediados de 2005, cuando los precios mayoristas comenzaron a aumentar de forma considerable, los contratos de suministro no podían rescindirse de inmediato. Debido a ello, los proveedores del mercado libre, en particular los que carecían de capacidad de generación pero tenían que comprar electricidad en el mercado mayorista, se vieron obligados a hacer ofertas en condiciones de mercado libre equivalentes a la tarifa regulada pese a la posibilidad de poder sufrir pérdidas, o bien a cobrar precios superiores que reflejaran los costes reales de adquisición, perdiendo así cuota de mercado. |
| --- | --- |

(29)

Aunque las repercusiones de las pérdidas sufridas por los proveedores comenzaron a materializarse a mediados de 2005, cuando los precios mayoristas comenzaron a aumentar de forma considerable, los contratos de suministro no podían rescindirse de inmediato. Debido a ello, los proveedores del mercado libre, en particular los que carecían de capacidad de generación pero tenían que comprar electricidad en el mercado mayorista, se vieron obligados a hacer ofertas en condiciones de mercado libre equivalentes a la tarifa regulada pese a la posibilidad de poder sufrir pérdidas, o bien a cobrar precios superiores que reflejaran los costes reales de adquisición, perdiendo así cuota de mercado.

3.   DECISIÓN DE INCOAR EL PROCEDIMIENTO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 108, APARTADO 2, DEL TFUE

| (30) | La Decisión de la Comisión de iniciar la investigación formal comparó las tarifas reguladas que pagaban las distintas categorías de usuarios finales con los precios estimados que habrían tenido que pagar en el mercado libre en ausencia de dichas tarifas. Las estimaciones del precio de mercado se calcularon sobre la base del precio de la electricidad en el mercado mayorista, los costes correspondientes al acceso a la red y un margen medio de comercialización estimado en 10 EUR/MWh, presentado por Céntrica.

  Cuadro 3


  Comparación de precios por categorías de consumidores









  Categoría de consumidores | Tarifa regulada
  (EUR/MWh) | Precio de mercado estimado (solo precio mayorista, más tarifa de acceso)
  (EUR/MWh) | Precio de mercado estimado (más 10 EUR de margen de comercialización) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grandes consumidores industriales conectados a la red de alta tensión (tarifa G4) |

(30)

La Decisión de la Comisión de iniciar la investigación formal comparó las tarifas reguladas que pagaban las distintas categorías de usuarios finales con los precios estimados que habrían tenido que pagar en el mercado libre en ausencia de dichas tarifas. Las estimaciones del precio de mercado se calcularon sobre la base del precio de la electricidad en el mercado mayorista, los costes correspondientes al acceso a la red y un margen medio de comercialización estimado en 10 EUR/MWh, presentado por Céntrica.

Cuadro 3

Comparación de precios por categorías de consumidores

Categoría de consumidores

Tarifa regulada

(EUR/MWh)

Precio de mercado estimado (solo precio mayorista, más tarifa de acceso)

(EUR/MWh)

Precio de mercado estimado (más 10 EUR de margen de comercialización)

1.

Grandes consumidores industriales conectados a la red de alta tensión (tarifa G4)

23,9

61,17

71,17

| 2. | Grandes consumidores industriales a los que se puede interrumpir el suministro |
| --- | --- |

2.

Grandes consumidores industriales a los que se puede interrumpir el suministro

27,0

73,87-76,47

83,87-86,47

| 3. | Consumidores conectados a la red de alta tensión |
| --- | --- |

3.

Consumidores conectados a la red de alta tensión

76,2

81,57

91,57

| 4. | Hogares |
| --- | --- |

4.

Hogares

101,2

107,75

117,75

| 5. | Pequeños consumidores industriales o empresas de servicios conectados a la red de baja tensión |
| --- | --- |

5.

Pequeños consumidores industriales o empresas de servicios conectados a la red de baja tensión

103,9

101,07

111,07

Fuente: Céntrica.

| (31) | Este cuadro muestra una ventaja considerable para las dos primeras categorías, en las que se encontraban los grandes usuarios industriales. Para las otras categorías de usuarios finales, la comparación resulta menos concluyente pero sigue observándose una pequeña ventaja. |
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(31)

Este cuadro muestra una ventaja considerable para las dos primeras categorías, en las que se encontraban los grandes usuarios industriales. Para las otras categorías de usuarios finales, la comparación resulta menos concluyente pero sigue observándose una pequeña ventaja.

| (32) | En la Decisión se consideraba que esta ventaja se había concedido de forma selectiva, ya que los precios artificialmente bajos de la tarifa regulada favorecían a las empresas que utilizaban la electricidad como fuente de energía y no, por ejemplo, el gas. Asimismo se observó selectividad de facto y de iure por el hecho de que la desventaja era desproporcionadamente mayor para los grandes usuarios finales industriales, que en determinados casos gozaban de precios globales por menos de la mitad del componente de energía de los precios estimados del mercado libre. |
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(32)

En la Decisión se consideraba que esta ventaja se había concedido de forma selectiva, ya que los precios artificialmente bajos de la tarifa regulada favorecían a las empresas que utilizaban la electricidad como fuente de energía y no, por ejemplo, el gas. Asimismo se observó selectividad de facto y de iure por el hecho de que la desventaja era desproporcionadamente mayor para los grandes usuarios finales industriales, que en determinados casos gozaban de precios globales por menos de la mitad del componente de energía de los precios estimados del mercado libre.

| (33) | En la Decisión de incoación se indicaba que, al alentar a los usuarios finales a regresar al mercado regulado, el sistema también podría haber beneficiado a los distribuidores, quienes al parecer gozaban de un margen de beneficio garantizado sobre sus actividades reguladas. |
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(33)

En la Decisión de incoación se indicaba que, al alentar a los usuarios finales a regresar al mercado regulado, el sistema también podría haber beneficiado a los distribuidores, quienes al parecer gozaban de un margen de beneficio garantizado sobre sus actividades reguladas.

| (34) | Asimismo, en la Decisión se consideraba que el sistema implicaba una transferencia de recursos estatales, ya que el recargo sobre el precio utilizado para rembolsar el déficit constituye un gravamen parafiscal, cuyos ingresos transitan a través del regulador español CNE (un organismo público) antes de ser canalizados a los beneficiarios finales. La Decisión concluyó que, en vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre este punto, estos fondos deben considerarse recursos estatales. |
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(34)

Asimismo, en la Decisión se consideraba que el sistema implicaba una transferencia de recursos estatales, ya que el recargo sobre el precio utilizado para rembolsar el déficit constituye un gravamen parafiscal, cuyos ingresos transitan a través del regulador español CNE (un organismo público) antes de ser canalizados a los beneficiarios finales. La Decisión concluyó que, en vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre este punto, estos fondos deben considerarse recursos estatales.

| (35) | Considerando que los usuarios finales operan en mercados que generalmente están abiertos a la competencia y al comercio en el interior de la Unión, en la Decisión de incoación la Comisión llegó a la conclusión de que se cumplían todos los criterios contemplados en el artículo 107, apartado 1, y que la medida constituía ayuda estatal a favor de los usuarios finales. |
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(35)

Considerando que los usuarios finales operan en mercados que generalmente están abiertos a la competencia y al comercio en el interior de la Unión, en la Decisión de incoación la Comisión llegó a la conclusión de que se cumplían todos los criterios contemplados en el artículo 107, apartado 1, y que la medida constituía ayuda estatal a favor de los usuarios finales.

| (36) | Tras señalar que no parecía aplicable ninguna de las excepciones previstas en el artículo 107 del TFUE, la Decisión de incoación examinaba si el suministro de electricidad a tarifas reguladas podía considerarse un Servicio de Interés Económico General (SIEG) y, como tal, beneficiarse de la excepción contemplada en el artículo 106, apartado 2, del TFUE. La Decisión establecía que el margen de discreción de los Estados miembros para establecer obligaciones de servicio público en el sector eléctrico está limitado por la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (10) (en adelante, «la Directiva sobre electricidad»). Esta Directiva dispone que los Estados miembros deben establecer una obligación de servicio universal (incluyendo, en particular, el derecho a recibir suministro a precios razonables) únicamente para los hogares y pequeñas empresas (11). La Decisión concluía que, a la vista de la Directiva sobre electricidad, el suministro de electricidad a tarifas reguladas a medianas y grandes empresas no podía considerarse un SIEG propiamente dicho. |
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(36)

Tras señalar que no parecía aplicable ninguna de las excepciones previstas en el artículo 107 del TFUE, la Decisión de incoación examinaba si el suministro de electricidad a tarifas reguladas podía considerarse un Servicio de Interés Económico General (SIEG) y, como tal, beneficiarse de la excepción contemplada en el artículo 106, apartado 2, del TFUE. La Decisión establecía que el margen de discreción de los Estados miembros para establecer obligaciones de servicio público en el sector eléctrico está limitado por la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (10) (en adelante, «la Directiva sobre electricidad»). Esta Directiva dispone que los Estados miembros deben establecer una obligación de servicio universal (incluyendo, en particular, el derecho a recibir suministro a precios razonables) únicamente para los hogares y pequeñas empresas (11). La Decisión concluía que, a la vista de la Directiva sobre electricidad, el suministro de electricidad a tarifas reguladas a medianas y grandes empresas no podía considerarse un SIEG propiamente dicho.

| (37) | Así pues, la Comisión expresó serias dudas de que los elementos de ayuda incluidos en las tarifas reguladas aplicadas a las empresas distintas de las de tamaño pequeño pudieran considerarse compatibles con el mercado interior. |
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(37)

Así pues, la Comisión expresó serias dudas de que los elementos de ayuda incluidos en las tarifas reguladas aplicadas a las empresas distintas de las de tamaño pequeño pudieran considerarse compatibles con el mercado interior.

| (38) | En la Decisión de incoación se observaba igualmente que es posible que los distribuidores de electricidad hayan recibido ayudas estatales. Esta parte del caso es objeto de otra Decisión (asunto C 3a/07). |
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(38)

En la Decisión de incoación se observaba igualmente que es posible que los distribuidores de electricidad hayan recibido ayudas estatales. Esta parte del caso es objeto de otra Decisión (asunto C 3a/07).

4.   OBSERVACIONES DE LAS PARTES INTERESADAS

| (39) | A la invitación de la Comisión a presentar observaciones sobre la Decisión de iniciar la investigación en profundidad respondieron numerosos grandes consumidores industriales, distribuidores, proveedores independientes y gobiernos de las Comunidades Autónomas españolas. Aquí se resumirán únicamente las observaciones que atañen a la supuesta ayuda estatal a favor de los usuarios finales de electricidad. |
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(39)

A la invitación de la Comisión a presentar observaciones sobre la Decisión de iniciar la investigación en profundidad respondieron numerosos grandes consumidores industriales, distribuidores, proveedores independientes y gobiernos de las Comunidades Autónomas españolas. Aquí se resumirán únicamente las observaciones que atañen a la supuesta ayuda estatal a favor de los usuarios finales de electricidad.

OBSERVACIONES DE PROVEEDORES INDEPENDIENTES

| (40) | Se recibieron observaciones de Céntrica y la ACIE, Asociación de Comercializadores Independientes de Energía. Sus alegaciones y conclusiones son en gran parte equivalentes. |
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(40)

Se recibieron observaciones de Céntrica y la ACIE, Asociación de Comercializadores Independientes de Energía. Sus alegaciones y conclusiones son en gran parte equivalentes.

Observaciones de Céntrica y la ACIE

| (41) | El principal aspecto de las observaciones de Céntrica es la supuesta ventaja otorgada a los distribuidores de electricidad. Sin embargo, las cifras y alegaciones presentadas por esta sociedad también indican la existencia de ayudas estatales para los usuarios finales de electricidad. |
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(41)

El principal aspecto de las observaciones de Céntrica es la supuesta ventaja otorgada a los distribuidores de electricidad. Sin embargo, las cifras y alegaciones presentadas por esta sociedad también indican la existencia de ayudas estatales para los usuarios finales de electricidad.

| (42) | Según Céntrica, la coexistencia del mercado libre y el mercado regulado y, en particular, la posibilidad de que los usuarios finales cambien libremente de uno al otro, implicaba que las tarifas reguladas actuaban como una referencia de precio, o una limitación de facto de los precios del mercado libre. Los proveedores no podían cobrar precios superiores a los de la tarifa regulada, pues de lo contrario no captarían nuevos clientes y perderían a los que ya tenían. |
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(42)

Según Céntrica, la coexistencia del mercado libre y el mercado regulado y, en particular, la posibilidad de que los usuarios finales cambien libremente de uno al otro, implicaba que las tarifas reguladas actuaban como una referencia de precio, o una limitación de facto de los precios del mercado libre. Los proveedores no podían cobrar precios superiores a los de la tarifa regulada, pues de lo contrario no captarían nuevos clientes y perderían a los que ya tenían.

| (43) | Normalmente, en un mercado libre, el precio que los usuarios finales pagan por la electricidad está formado por dos componentes: el peaje de acceso a la red y un «componente de suministro» resultante de los mecanismos de mercado y que se repercute al proveedor minorista. En el suministro minorista, la rentabilidad depende de si el «componente de suministro» que pagan los clientes cubre los costes del proveedor (es decir, los costes de compra de la energía en el mercado mayorista o sus propios costes de generación en el caso de una empresa de integración vertical) y un «margen de comercialización» que incluye otros costes de suministro (costes de comercialización, sistemas informáticos, facturación, etc.) y una remuneración para el capital invertido. Por ese motivo, un proveedor del mercado libre únicamente podía operar de forma rentable en un determinado segmento del mercado si existía un «margen de comercialización positivo», es decir, una diferencia entre los costes generales en los que incurría el proveedor para prestar servicio a sus clientes y la tarifa regulada. |
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(43)

Normalmente, en un mercado libre, el precio que los usuarios finales pagan por la electricidad está formado por dos componentes: el peaje de acceso a la red y un «componente de suministro» resultante de los mecanismos de mercado y que se repercute al proveedor minorista. En el suministro minorista, la rentabilidad depende de si el «componente de suministro» que pagan los clientes cubre los costes del proveedor (es decir, los costes de compra de la energía en el mercado mayorista o sus propios costes de generación en el caso de una empresa de integración vertical) y un «margen de comercialización» que incluye otros costes de suministro (costes de comercialización, sistemas informáticos, facturación, etc.) y una remuneración para el capital invertido. Por ese motivo, un proveedor del mercado libre únicamente podía operar de forma rentable en un determinado segmento del mercado si existía un «margen de comercialización positivo», es decir, una diferencia entre los costes generales en los que incurría el proveedor para prestar servicio a sus clientes y la tarifa regulada.

| (44) | Céntrica demostró la existencia de una desventaja competitiva para los proveedores del mercado libre mediante cálculos que demuestran que no había márgenes de comercialización en 2005 para ninguna categoría de consumidores (12) (o que los márgenes que había a principios de año habían desaparecido durante este). Esto implicaba que las tarifas reguladas eran excesivamente bajas para que los proveedores independientes pudieran competir de forma rentable. En opinión de Céntrica, no se podía competir por determinadas categorías de usuarios finales (en particular, los usuarios de grandes cantidades de energía de la tarifa G4 y otros grandes usuarios industriales), incluso antes de la aparición del déficit tarifario, ya que las tarifas integrales nunca dejaron margen para ello. La desventaja competitiva alegada por Céntrica tuvo lugar sobre todo en la categoría de usuarios que comprende las empresas de servicios y las pequeñas industrias conectadas a la red de baja tensión y en el segmento doméstico. |
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(44)

Céntrica demostró la existencia de una desventaja competitiva para los proveedores del mercado libre mediante cálculos que demuestran que no había márgenes de comercialización en 2005 para ninguna categoría de consumidores (12) (o que los márgenes que había a principios de año habían desaparecido durante este). Esto implicaba que las tarifas reguladas eran excesivamente bajas para que los proveedores independientes pudieran competir de forma rentable. En opinión de Céntrica, no se podía competir por determinadas categorías de usuarios finales (en particular, los usuarios de grandes cantidades de energía de la tarifa G4 y otros grandes usuarios industriales), incluso antes de la aparición del déficit tarifario, ya que las tarifas integrales nunca dejaron margen para ello. La desventaja competitiva alegada por Céntrica tuvo lugar sobre todo en la categoría de usuarios que comprende las empresas de servicios y las pequeñas industrias conectadas a la red de baja tensión y en el segmento doméstico.

| (45) | La Decisión de incoación de la Comisión utiliza las cifras presentadas por Céntrica, especialmente la comparación entre las tarifas reguladas y las estimaciones de los precios de mercado (véanse el considerando 30 y el cuadro 3). |
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(45)

La Decisión de incoación de la Comisión utiliza las cifras presentadas por Céntrica, especialmente la comparación entre las tarifas reguladas y las estimaciones de los precios de mercado (véanse el considerando 30 y el cuadro 3).

| (46) | En opinión de Céntrica, el sistema infringió la Directiva sobre electricidad, no solo por el carácter discriminatorio del régimen de déficit (que compensaba las pérdidas de los distribuidores pero no las de los proveedores), sino también porque se privó a los consumidores del derecho a contar con precios y tarifas transparentes (13). Puesto que una parte del precio que había que pagar por la electricidad en 2005 se pospuso a años futuros, los precios finales cobrados resultaban opacos para los consumidores. |
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(46)

En opinión de Céntrica, el sistema infringió la Directiva sobre electricidad, no solo por el carácter discriminatorio del régimen de déficit (que compensaba las pérdidas de los distribuidores pero no las de los proveedores), sino también porque se privó a los consumidores del derecho a contar con precios y tarifas transparentes (13). Puesto que una parte del precio que había que pagar por la electricidad en 2005 se pospuso a años futuros, los precios finales cobrados resultaban opacos para los consumidores.

| (47) | Además, Céntrica alegaba que el mecanismo de reembolso del déficit no era equilibrado por dos razones principales: en primer lugar, el déficit sería rembolsado ante todo por los usuarios finales de baja tensión, cuando los usuarios que más contribuyeron a crearlo fueron los grandes usuarios finales de alta tensión. En segundo lugar, se exigió a los usuarios finales del mercado libre que pagaran un déficit a cuya creación no habían contribuido. |
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(47)

Además, Céntrica alegaba que el mecanismo de reembolso del déficit no era equilibrado por dos razones principales: en primer lugar, el déficit sería rembolsado ante todo por los usuarios finales de baja tensión, cuando los usuarios que más contribuyeron a crearlo fueron los grandes usuarios finales de alta tensión. En segundo lugar, se exigió a los usuarios finales del mercado libre que pagaran un déficit a cuya creación no habían contribuido.

| (48) | Céntrica respaldó la opinión preliminar de la Comisión, según la cual el régimen de déficit español implicaba una transferencia de recursos del Estado. Céntrica sostenía igualmente que la decisión del Gobierno español de permitir que los generadores titulizaran sus derechos de cobro implicaba tales recursos. |
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(48)

Céntrica respaldó la opinión preliminar de la Comisión, según la cual el régimen de déficit español implicaba una transferencia de recursos del Estado. Céntrica sostenía igualmente que la decisión del Gobierno español de permitir que los generadores titulizaran sus derechos de cobro implicaba tales recursos.

| (49) | La Asociación de comercializadores independientes de energía (ACIE) calcula que el coste estimado de compra de energía tomado como base para las tarifas reguladas en 2005 se situó un 68 % por debajo del coste real pagado por los proveedores al comprar energía en el mercado mayorista. La ACIE subrayó las graves repercusiones que el déficit tarifario de 2005 tenía en los proveedores independientes. Según la asociación, los proveedores del mercado libre tenían costes de compra similares a los de los distribuidores. Además, estaban obligados de hecho a ajustarse al nivel de la tarifa integral establecido por el Gobierno para cada categoría de clientes, pues de lo contrario no habrían podido atraer nuevos clientes o conservar los que ya tenían. En particular, la ACIE señala que, a principios de 2005, sus miembros celebraron contratos basados en las previsiones gubernamentales de los precios al por mayor y que más tarde tuvieron que respetarlos, a pesar de no resultar rentables. Como consecuencia de ello, los proveedores independientes sufrieron pérdidas. Céntrica estima que en 2005 sufrió pérdidas de 10 millones EUR. Según la ACIE, varios proveedores, entre ellos Saltea Comercial, Electranorte, CYD Energía y RWE, se vieron obligados a abandonar el mercado. |
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(49)

La Asociación de comercializadores independientes de energía (ACIE) calcula que el coste estimado de compra de energía tomado como base para las tarifas reguladas en 2005 se situó un 68 % por debajo del coste real pagado por los proveedores al comprar energía en el mercado mayorista. La ACIE subrayó las graves repercusiones que el déficit tarifario de 2005 tenía en los proveedores independientes. Según la asociación, los proveedores del mercado libre tenían costes de compra similares a los de los distribuidores. Además, estaban obligados de hecho a ajustarse al nivel de la tarifa integral establecido por el Gobierno para cada categoría de clientes, pues de lo contrario no habrían podido atraer nuevos clientes o conservar los que ya tenían. En particular, la ACIE señala que, a principios de 2005, sus miembros celebraron contratos basados en las previsiones gubernamentales de los precios al por mayor y que más tarde tuvieron que respetarlos, a pesar de no resultar rentables. Como consecuencia de ello, los proveedores independientes sufrieron pérdidas. Céntrica estima que en 2005 sufrió pérdidas de 10 millones EUR. Según la ACIE, varios proveedores, entre ellos Saltea Comercial, Electranorte, CYD Energía y RWE, se vieron obligados a abandonar el mercado.

OBSERVACIONES DE LOS USUARIOS CON GRAN CONSUMO DE ENERGÍA

| (50) | Los usuarios con un gran consumo de energía intervinieron en el procedimiento a través de su asociación AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía). Algunos de ellos (Asturiana de Zinc, Ferroatlántica y Alcoa) intervinieron igualmente a título individual. Alcoa es un productor de aluminio que explota tres plantas de producción en España, situadas en San Ciprián, La Coruña y Avilés, que se beneficiaron de la tarifa integral G4 (la tarifa reservada para usuarios con gran consumo de energía con posibilidad de interrupción del suministro) en 2005. Ferroatlántica es un productor de aleaciones de aluminio y hierro que se benefició de la tarifa interrumpible 3.4. Asturiana de Zinc es un productor de zinc que se benefició de la tarifa G4 en su planta de San Juan de Nieva. |
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(50)

Los usuarios con un gran consumo de energía intervinieron en el procedimiento a través de su asociación AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía). Algunos de ellos (Asturiana de Zinc, Ferroatlántica y Alcoa) intervinieron igualmente a título individual. Alcoa es un productor de aluminio que explota tres plantas de producción en España, situadas en San Ciprián, La Coruña y Avilés, que se beneficiaron de la tarifa integral G4 (la tarifa reservada para usuarios con gran consumo de energía con posibilidad de interrupción del suministro) en 2005. Ferroatlántica es un productor de aleaciones de aluminio y hierro que se benefició de la tarifa interrumpible 3.4. Asturiana de Zinc es un productor de zinc que se benefició de la tarifa G4 en su planta de San Juan de Nieva.

| (51) | En sus observaciones, los usuarios con un gran consumo de energía cuestionan la conclusión de la Comisión según la cual las tarifas industriales (G4 y otras tarifas interrumpibles) constituían ayuda estatal, y alegan que dichas tarifas no otorgaban una ventaja económica, no implicaban recursos estatales y no afectaban a la competencia ni al comercio entre los Estados miembros. |
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(51)

En sus observaciones, los usuarios con un gran consumo de energía cuestionan la conclusión de la Comisión según la cual las tarifas industriales (G4 y otras tarifas interrumpibles) constituían ayuda estatal, y alegan que dichas tarifas no otorgaban una ventaja económica, no implicaban recursos estatales y no afectaban a la competencia ni al comercio entre los Estados miembros.

Inexistencia de ventajas económicas

| (52) | En opinión de los usuarios con gran consumo de energía, el valor de referencia utilizado en la Decisión de incoación para determinar la existencia de una ventaja no es correcto. La Comisión comparó las tarifas industriales con el precio medio en el mercado mayorista (el precio del «pool»), que consideró representativo del coste que estas empresas habrían pagado en el mercado en condiciones normales. Puesto que las tarifas industriales se consideraron inferiores al precio del «pool», la Decisión de incoación concluyó que las tarifas concedían una ventaja económica a sus beneficiarios. |
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(52)

En opinión de los usuarios con gran consumo de energía, el valor de referencia utilizado en la Decisión de incoación para determinar la existencia de una ventaja no es correcto. La Comisión comparó las tarifas industriales con el precio medio en el mercado mayorista (el precio del «pool»), que consideró representativo del coste que estas empresas habrían pagado en el mercado en condiciones normales. Puesto que las tarifas industriales se consideraron inferiores al precio del «pool», la Decisión de incoación concluyó que las tarifas concedían una ventaja económica a sus beneficiarios.

| (53) | Los usuarios con un gran consumo de energía alegan que el «pool» es un mercado al contado en el que la electricidad cada hora para el día siguiente. En opinión de los usuarios con un gran consumo de energía, el «pool» presenta ciertas deficiencias que afectan negativamente a su eficiencia y competitividad, de modo que sus precios no reflejan correctamente los costes marginales de generación y, por consiguiente, no reflejan una situación de competencia perfecta. Los grandes usuarios finales, que consumen grandes volúmenes de electricidad y presentan perfiles de consumo constante, no adquieren electricidad al «pool» sino que suelen celebrar contratos bilaterales con proveedores de electricidad. Así lo confirma el informe de 2005 de OMEL, que muestra que tan solo siete de los usuarios que reunían los requisitos y representaban un 5 % de la electricidad negociada, adquirieron electricidad directamente en el «pool». |
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(53)

Los usuarios con un gran consumo de energía alegan que el «pool» es un mercado al contado en el que la electricidad cada hora para el día siguiente. En opinión de los usuarios con un gran consumo de energía, el «pool» presenta ciertas deficiencias que afectan negativamente a su eficiencia y competitividad, de modo que sus precios no reflejan correctamente los costes marginales de generación y, por consiguiente, no reflejan una situación de competencia perfecta. Los grandes usuarios finales, que consumen grandes volúmenes de electricidad y presentan perfiles de consumo constante, no adquieren electricidad al «pool» sino que suelen celebrar contratos bilaterales con proveedores de electricidad. Así lo confirma el informe de 2005 de OMEL, que muestra que tan solo siete de los usuarios que reunían los requisitos y representaban un 5 % de la electricidad negociada, adquirieron electricidad directamente en el «pool».

| (54) | En todo caso, aun suponiendo que los precios registrados en el «pool» pudieran considerarse un valor de referencia válido, no sería correcto utilizar (como hizo la Comisión) el precio medio mayorista en 2005 ya que este precio medio refleja la demanda de electricidad de proveedores que prestaban servicio a una variada cartera de usuarios finales, que incluía hogares y pequeñas empresas. De acuerdo con la AEGE, Ferroatlántica y Asturiana de Zinc, un valor de referencia adecuado sería el precio mínimo registrado en el «pool» en 2005, es decir, 18,36 EUR/MWh, pues este precio reflejaría las condiciones de mercado más competitivas del «pool» (en el que los generadores ofrecen electricidad a un precio equivalente a sus costes marginales). Los grandes consumidores industriales no se encuentran en una situación comparable a la del resto de los usuarios finales y, en particular, de los hogares. Por ello, el precio medio del «pool» no constituiría un valor de referencia adecuado. Según Alcoa, la Comisión debe comparar más bien las tarifas impugnadas con los precios de los contratos bilaterales celebrados por los grandes usuarios finales. |
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(54)

En todo caso, aun suponiendo que los precios registrados en el «pool» pudieran considerarse un valor de referencia válido, no sería correcto utilizar (como hizo la Comisión) el precio medio mayorista en 2005 ya que este precio medio refleja la demanda de electricidad de proveedores que prestaban servicio a una variada cartera de usuarios finales, que incluía hogares y pequeñas empresas. De acuerdo con la AEGE, Ferroatlántica y Asturiana de Zinc, un valor de referencia adecuado sería el precio mínimo registrado en el «pool» en 2005, es decir, 18,36 EUR/MWh, pues este precio reflejaría las condiciones de mercado más competitivas del «pool» (en el que los generadores ofrecen electricidad a un precio equivalente a sus costes marginales). Los grandes consumidores industriales no se encuentran en una situación comparable a la del resto de los usuarios finales y, en particular, de los hogares. Por ello, el precio medio del «pool» no constituiría un valor de referencia adecuado. Según Alcoa, la Comisión debe comparar más bien las tarifas impugnadas con los precios de los contratos bilaterales celebrados por los grandes usuarios finales.

| (55) | Alcoa presentó un ejemplo de precio bilateral de mercado e indicó que sus tres plantas de aluminio siempre se habían beneficiado de la tarifa G4. Sin embargo, Alcoa posee otra planta de alúmina (Alúmina Española) para la que celebró un contrato bilateral con un proveedor a finales de 2004. Dicho contrato tenía una vigencia de dos años, con posibilidad de prórroga de un año adicional. Las tres plantas de aluminio tienen el mismo perfil de consumo constante que las plantas de alúmina. No obstante, estas últimas consumen volúmenes muy inferiores de electricidad (0,35 TWh en comparación con 1,3 TWh en las plantas de Avilés y La Coruña, y 3,4 TWh en la planta de San Ciprián). El precio medio acordado en ese contrato fue de 34,45 EUR/MWh (que incluía el coste de la moratoria nuclear, los costes de acceso a la red y otros gastos accesorios). Este precio se obtuvo mediante una licitación y las diferencias entre las ofertas de los proveedores eran inferiores a 5 EUR. |
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(55)

Alcoa presentó un ejemplo de precio bilateral de mercado e indicó que sus tres plantas de aluminio siempre se habían beneficiado de la tarifa G4. Sin embargo, Alcoa posee otra planta de alúmina (Alúmina Española) para la que celebró un contrato bilateral con un proveedor a finales de 2004. Dicho contrato tenía una vigencia de dos años, con posibilidad de prórroga de un año adicional. Las tres plantas de aluminio tienen el mismo perfil de consumo constante que las plantas de alúmina. No obstante, estas últimas consumen volúmenes muy inferiores de electricidad (0,35 TWh en comparación con 1,3 TWh en las plantas de Avilés y La Coruña, y 3,4 TWh en la planta de San Ciprián). El precio medio acordado en ese contrato fue de 34,45 EUR/MWh (que incluía el coste de la moratoria nuclear, los costes de acceso a la red y otros gastos accesorios). Este precio se obtuvo mediante una licitación y las diferencias entre las ofertas de los proveedores eran inferiores a 5 EUR.

| (56) | Según Alcoa, la diferencia entre este precio bilateral (34,45 EUR/MWh) y la tarifa G4 (23,90 EUR/MWh) puede explicarse mediante factores objetivos. En particular, los usuarios de la tarifa G4 están sujetos a restricciones reglamentarias que no se aplican a los contratos bilaterales, como la obligación de utilizar la totalidad de la electricidad contratada con la tarifa G4 (con la imposición de penalizaciones en caso contrario), la obligación de poseer equipo de control de la tensión y el pago en un plazo de veinte días (mientras que los contratos bilaterales tienen condiciones de pago más ventajosas). |
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(56)

Según Alcoa, la diferencia entre este precio bilateral (34,45 EUR/MWh) y la tarifa G4 (23,90 EUR/MWh) puede explicarse mediante factores objetivos. En particular, los usuarios de la tarifa G4 están sujetos a restricciones reglamentarias que no se aplican a los contratos bilaterales, como la obligación de utilizar la totalidad de la electricidad contratada con la tarifa G4 (con la imposición de penalizaciones en caso contrario), la obligación de poseer equipo de control de la tensión y el pago en un plazo de veinte días (mientras que los contratos bilaterales tienen condiciones de pago más ventajosas).

| (57) | De este modo, Alcoa concluye que un precio de mercado hipotético aplicable a sus tres plantas de aluminio sería muy inferior a 34,45 EUR/MWh, debido al mayor consumo de estas plantas. Por otra parte, si se considerara un margen de comercialización medio de 10 EUR/MWh, el coste neto del suministro de la planta de alúmina sería de 24,25 EUR/MWh, valor muy próximo a la tarifa integral G4. |
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(57)

De este modo, Alcoa concluye que un precio de mercado hipotético aplicable a sus tres plantas de aluminio sería muy inferior a 34,45 EUR/MWh, debido al mayor consumo de estas plantas. Por otra parte, si se considerara un margen de comercialización medio de 10 EUR/MWh, el coste neto del suministro de la planta de alúmina sería de 24,25 EUR/MWh, valor muy próximo a la tarifa integral G4.

| (58) | Ferroatlántica señaló que la Decisión de incoación interpretaba incorrectamente la tarifa regulada 3.4 que utilizaba en 2005 al incluir erróneamente los descuentos en la tarifa básica y compararla con un peaje de acceso diez veces superior al aplicable en su caso (y el de los consumidores muy grandes). Ferroatlántica presentó igualmente pruebas de que, si bien el precio medio mensual de mercado en 2004 para contratos futuros de suministro de electricidad en 2005 era de 31,68 EUR/MWh, este precio era de 31,05 EUR/MWh en diciembre de 2004. De ello se desprende que una empresa habría obtenido su suministro de base de electricidad en 2005 a ese precio en el momento en que se establecieron las tarifas reguladas. Tras añadir los «servicios adicionales» (3,92 EUR/MWh) y la tarifa de acceso correspondiente (1,70 EUR/MWh), un usuario industrial habría obtenido un precio de mercado de 36,67 EUR/MWh, que es inferior a los 56,11 EUR/MWh de la tarifa 3.4 aplicable a los usuarios con un gran consumo de energía. |
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(58)

Ferroatlántica señaló que la Decisión de incoación interpretaba incorrectamente la tarifa regulada 3.4 que utilizaba en 2005 al incluir erróneamente los descuentos en la tarifa básica y compararla con un peaje de acceso diez veces superior al aplicable en su caso (y el de los consumidores muy grandes). Ferroatlántica presentó igualmente pruebas de que, si bien el precio medio mensual de mercado en 2004 para contratos futuros de suministro de electricidad en 2005 era de 31,68 EUR/MWh, este precio era de 31,05 EUR/MWh en diciembre de 2004. De ello se desprende que una empresa habría obtenido su suministro de base de electricidad en 2005 a ese precio en el momento en que se establecieron las tarifas reguladas. Tras añadir los «servicios adicionales» (3,92 EUR/MWh) y la tarifa de acceso correspondiente (1,70 EUR/MWh), un usuario industrial habría obtenido un precio de mercado de 36,67 EUR/MWh, que es inferior a los 56,11 EUR/MWh de la tarifa 3.4 aplicable a los usuarios con un gran consumo de energía.

| (59) | De hecho, otros descuentos sobre esa tarifa premiaban la capacidad para prestar servicios de gestión de la demanda y su aceptación en beneficio del sistema. A este respecto, Ferroatlántica añade que el descuento respecto a la tarifa reflejaba diversos servicios prestados, a saber, la discriminación horaria (con consumo nocturno y en fines de semana), la interrumpibilidad (la aceptación de suministro a petición del operador de la red), la estacionalidad (con la concentración del suministro en los meses de baja demanda) y la gestión de la energía reactiva. Únicamente estos descuentos, que eran variables y se establecían mediante reglamento desde 1995, y no el nivel de la tarifa regulada, explican y, en opinión de Ferroatlántica, justifican que en 2005 se pagase un precio medio más bajo por la electricidad. |
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(59)

De hecho, otros descuentos sobre esa tarifa premiaban la capacidad para prestar servicios de gestión de la demanda y su aceptación en beneficio del sistema. A este respecto, Ferroatlántica añade que el descuento respecto a la tarifa reflejaba diversos servicios prestados, a saber, la discriminación horaria (con consumo nocturno y en fines de semana), la interrumpibilidad (la aceptación de suministro a petición del operador de la red), la estacionalidad (con la concentración del suministro en los meses de baja demanda) y la gestión de la energía reactiva. Únicamente estos descuentos, que eran variables y se establecían mediante reglamento desde 1995, y no el nivel de la tarifa regulada, explican y, en opinión de Ferroatlántica, justifican que en 2005 se pagase un precio medio más bajo por la electricidad.

| (60) | Los usuarios con gran consumo de energía cuestionan la aseveración realizada en la Decisión de incoación según la cual la ventaja no era proporcional a los volúmenes consumidos y tendía a aumentar en el caso de los grandes consumidores. A este respecto, dichos usuarios afirman, por ejemplo, que la propia CNE confirmó que el nivel de la tarifa G4 debería haber sido aún más bajo. Los usuarios con un gran consumo de energía señalan que los grandes consumidores de las tarifas G4 o 3.4 consumieron miles de veces más electricidad que los consumidores medios de alta tensión y pagaron tan solo tres veces menos que ellos. |
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(60)

Los usuarios con gran consumo de energía cuestionan la aseveración realizada en la Decisión de incoación según la cual la ventaja no era proporcional a los volúmenes consumidos y tendía a aumentar en el caso de los grandes consumidores. A este respecto, dichos usuarios afirman, por ejemplo, que la propia CNE confirmó que el nivel de la tarifa G4 debería haber sido aún más bajo. Los usuarios con un gran consumo de energía señalan que los grandes consumidores de las tarifas G4 o 3.4 consumieron miles de veces más electricidad que los consumidores medios de alta tensión y pagaron tan solo tres veces menos que ellos.

| (61) | Asimismo, lo normal sería que los grandes consumidores obtuvieran un mayor descuento unitario en el precio. En vista de ello, según los usuarios con un gran consumo de energía, la conclusión de que las tarifas industriales implicaban una ventaja resulta muy discutible. Recuerdan que, en todo caso, corresponde a la Comisión presentar pruebas concluyentes de la existencia de dicha ventaja. |
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(61)

Asimismo, lo normal sería que los grandes consumidores obtuvieran un mayor descuento unitario en el precio. En vista de ello, según los usuarios con un gran consumo de energía, la conclusión de que las tarifas industriales implicaban una ventaja resulta muy discutible. Recuerdan que, en todo caso, corresponde a la Comisión presentar pruebas concluyentes de la existencia de dicha ventaja.

| (62) | Alcoa también indicó que el precio que pagaba en España era casi idéntico al precio medio ponderado que pagan las plantas de aluminio en la Unión y que era incluso superior al precio medio ponderado pagado en el EEE. |
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(62)

Alcoa también indicó que el precio que pagaba en España era casi idéntico al precio medio ponderado que pagan las plantas de aluminio en la Unión y que era incluso superior al precio medio ponderado pagado en el EEE.

Ausencia de implicación de recursos del Estado

| (63) | Los usuarios con un gran consumo de energía alegan que fueron ellos quienes pagaron directamente las tarifas industriales a los distribuidores, sin que los fondos quedaran bajo el control del Estado y, por consiguiente, de conformidad con la jurisprudencia en el asunto PreussenElektra, dicho régimen no implicó recursos estatales. |
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(63)

Los usuarios con un gran consumo de energía alegan que fueron ellos quienes pagaron directamente las tarifas industriales a los distribuidores, sin que los fondos quedaran bajo el control del Estado y, por consiguiente, de conformidad con la jurisprudencia en el asunto PreussenElektra, dicho régimen no implicó recursos estatales.

| (64) | Los usuarios con un gran consumo de energía exponen que hubo un lapso temporal entre el establecimiento de las tarifas, que tuvo lugar a finales de 2004, y la adopción del mecanismo para recuperar el déficit a través de los consumidores, que no tuvo lugar hasta junio de 2006. En la Decisión de incoación, la Comisión alegó que se habían utilizado recursos estatales debido a la introducción del recargo en las facturas de los usuarios, lo cual se calificó de carga parafiscal. Los usuarios con un gran consumo de energía sostienen que, de aceptarse esta hipótesis, una medida que no constituía ayuda en 2005 se convertiría en ayuda (ex post) en 2006, lo que sería contrario a los principios fundamentales del Derecho de la Unión, como la seguridad jurídica y la confianza legítima. Estos usuarios señalan que el carácter de ayuda de una medida depende únicamente de las circunstancias existentes en la fecha de su adopción y no puede depender de acontecimientos futuros, sobre todo cuando estos no pueden preverse de modo razonable. Citan al Abogado General Jacobs en el asunto Van Calster (14): «la situación debe apreciarse en la fecha del establecimiento inicial de las exacciones y no puede alterarse retroactivamente». |
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(64)

Los usuarios con un gran consumo de energía exponen que hubo un lapso temporal entre el establecimiento de las tarifas, que tuvo lugar a finales de 2004, y la adopción del mecanismo para recuperar el déficit a través de los consumidores, que no tuvo lugar hasta junio de 2006. En la Decisión de incoación, la Comisión alegó que se habían utilizado recursos estatales debido a la introducción del recargo en las facturas de los usuarios, lo cual se calificó de carga parafiscal. Los usuarios con un gran consumo de energía sostienen que, de aceptarse esta hipótesis, una medida que no constituía ayuda en 2005 se convertiría en ayuda (ex post) en 2006, lo que sería contrario a los principios fundamentales del Derecho de la Unión, como la seguridad jurídica y la confianza legítima. Estos usuarios señalan que el carácter de ayuda de una medida depende únicamente de las circunstancias existentes en la fecha de su adopción y no puede depender de acontecimientos futuros, sobre todo cuando estos no pueden preverse de modo razonable. Citan al Abogado General Jacobs en el asunto Van Calster (14): «la situación debe apreciarse en la fecha del establecimiento inicial de las exacciones y no puede alterarse retroactivamente».

| (65) | Los usuarios con un gran consumo de energía alegan que las tarifas reguladas de 2005 no constituían una ayuda estatal en dicho año. Estas empresas señalan que, en estas circunstancias, resulta irrelevante el análisis del mecanismo de financiación, ya que este último no se introdujo hasta 2006. El examen del modo de financiación solo sería pertinente si la medida fuera una ayuda estatal desde el principio. Puesto que las tarifas no incluían ayudas, en opinión de los usuarios con un gran consumo de energía, la Comisión no puede basarse en el recargo para llegar a la conclusión contraria. |
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(65)

Los usuarios con un gran consumo de energía alegan que las tarifas reguladas de 2005 no constituían una ayuda estatal en dicho año. Estas empresas señalan que, en estas circunstancias, resulta irrelevante el análisis del mecanismo de financiación, ya que este último no se introdujo hasta 2006. El examen del modo de financiación solo sería pertinente si la medida fuera una ayuda estatal desde el principio. Puesto que las tarifas no incluían ayudas, en opinión de los usuarios con un gran consumo de energía, la Comisión no puede basarse en el recargo para llegar a la conclusión contraria.

| (66) | Los usuarios con un gran consumo de energía afirman que, en el caso de los impuestos parafiscales, el modo de financiación de una medida solo es relevante en todo caso para evaluar la ayuda estatal cuando el tributo esté «obligatoriamente vinculado a la ayuda», es decir, cuando exista un vínculo directo e inmediato entre la medida y su financiación (15). Los usuarios con un gran consumo de energía niegan la existencia de dicho vínculo, ya que el recargo estaba destinado a cubrir un déficit derivado de la liquidación de actividades reguladas, que se referían no solo al suministro de electricidad a tarifas reguladas, sino también a otros costes del sistema. Por ello, el recargo no se asignó específicamente a cubrir las pérdidas derivadas del suministro a tarifas reguladas. En segundo lugar, no había un vínculo directo ni indirecto entre el nivel de las tarifas y el recargo aplicado, ya que la tarifa fijada en 2004 era incondicional (no estaba sujeta a nuevos ajustes en años posteriores). |
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(66)

Los usuarios con un gran consumo de energía afirman que, en el caso de los impuestos parafiscales, el modo de financiación de una medida solo es relevante en todo caso para evaluar la ayuda estatal cuando el tributo esté «obligatoriamente vinculado a la ayuda», es decir, cuando exista un vínculo directo e inmediato entre la medida y su financiación (15). Los usuarios con un gran consumo de energía niegan la existencia de dicho vínculo, ya que el recargo estaba destinado a cubrir un déficit derivado de la liquidación de actividades reguladas, que se referían no solo al suministro de electricidad a tarifas reguladas, sino también a otros costes del sistema. Por ello, el recargo no se asignó específicamente a cubrir las pérdidas derivadas del suministro a tarifas reguladas. En segundo lugar, no había un vínculo directo ni indirecto entre el nivel de las tarifas y el recargo aplicado, ya que la tarifa fijada en 2004 era incondicional (no estaba sujeta a nuevos ajustes en años posteriores).

| (67) | Los usuarios con un gran consumo de energía alegan igualmente que el recargo no constituía una carga o gravamen parafiscal, puesto que no era una medida de carácter fiscal con arreglo al Derecho español. Las medidas fiscales se utilizan para financiar el gasto público, mientras que, en este caso, el recargo tenía por objetivo recuperar un déficit en el que habían incurrido operadores privados (distribuidores), que llevaban a cabo actividades reguladas dentro del sistema de electricidad. De conformidad con la Constitución española, una nueva medida fiscal solo puede introducirse mediante una ley (y no a través de un Real Decreto). Por otra parte, el Estado nunca es propietario ni puede disponer de los ingresos del recargo, puesto que estos fondos se transfieren a una cuenta de depósito gestionada por la CNE y el Estado no puede apropiarse de ellos. El proceso de liquidación es totalmente automático y la CNE no tiene margen discrecional, autonomía ni control sobre el destino o la cuantía de los fondos que deben liquidarse a los distintos agentes. |
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(67)

Los usuarios con un gran consumo de energía alegan igualmente que el recargo no constituía una carga o gravamen parafiscal, puesto que no era una medida de carácter fiscal con arreglo al Derecho español. Las medidas fiscales se utilizan para financiar el gasto público, mientras que, en este caso, el recargo tenía por objetivo recuperar un déficit en el que habían incurrido operadores privados (distribuidores), que llevaban a cabo actividades reguladas dentro del sistema de electricidad. De conformidad con la Constitución española, una nueva medida fiscal solo puede introducirse mediante una ley (y no a través de un Real Decreto). Por otra parte, el Estado nunca es propietario ni puede disponer de los ingresos del recargo, puesto que estos fondos se transfieren a una cuenta de depósito gestionada por la CNE y el Estado no puede apropiarse de ellos. El proceso de liquidación es totalmente automático y la CNE no tiene margen discrecional, autonomía ni control sobre el destino o la cuantía de los fondos que deben liquidarse a los distintos agentes.

| (68) | Según los usuarios con un gran consumo de energía, la Comisión reconoce este extremo en su Decisión sobre los costes de transición a la competencia de España (16), en la que declara que «el tránsito de las cantidades a través de la CNE es esencialmente de naturaleza contable» y no concluye que la medida implicara recursos del Estado. |
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(68)

Según los usuarios con un gran consumo de energía, la Comisión reconoce este extremo en su Decisión sobre los costes de transición a la competencia de España (16), en la que declara que «el tránsito de las cantidades a través de la CNE es esencialmente de naturaleza contable» y no concluye que la medida implicara recursos del Estado.

| (69) | Estos usuarios alegan que esta situación es idéntica a la del supuesto de los «costes de transición a la competencia», pues, en ambos casos, el Gobierno introdujo un recargo destinado a compensar un coste permanente del sistema. Esta línea de argumentación parecía también confirmarse en un caso que afectaba al Reino Unido (17). |
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(69)

Estos usuarios alegan que esta situación es idéntica a la del supuesto de los «costes de transición a la competencia», pues, en ambos casos, el Gobierno introdujo un recargo destinado a compensar un coste permanente del sistema. Esta línea de argumentación parecía también confirmarse en un caso que afectaba al Reino Unido (17).

Ausencia de repercusiones en la competencia y el comercio

| (70) | Asturiana de Zinc y Alcoa sostienen que, debido a las características específicas de los mercados del aluminio y el zinc, una medida relativa al precio de la electricidad utilizada para producir estos metales no afecta al comercio de la Unión, ya que los metales son productos básicos y sus precios se establecen a escala mundial en la Bolsa de Metales de Londres. En tales circunstancias, las variaciones de los costes locales de producción no se traducen en diferencias en los precios mundiales. |
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(70)

Asturiana de Zinc y Alcoa sostienen que, debido a las características específicas de los mercados del aluminio y el zinc, una medida relativa al precio de la electricidad utilizada para producir estos metales no afecta al comercio de la Unión, ya que los metales son productos básicos y sus precios se establecen a escala mundial en la Bolsa de Metales de Londres. En tales circunstancias, las variaciones de los costes locales de producción no se traducen en diferencias en los precios mundiales.

| (71) | Las dos empresas afirman que se da un creciente déficit de producción de aluminio y zinc en la Unión, al tiempo que la demanda se satisface cada vez más por medio de exportaciones de terceros países. |
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(71)

Las dos empresas afirman que se da un creciente déficit de producción de aluminio y zinc en la Unión, al tiempo que la demanda se satisface cada vez más por medio de exportaciones de terceros países.

| (72) | Si los sectores del aluminio y el zinc desaparecieran en España, ningún nuevo operador de la Unión ocuparía su lugar, ya que las plantas (de aluminio) de la Unión ya trabajan a plena capacidad y ningún productor nuevo o ya establecido tendría incentivos para aumentar su capacidad, en vista de que las perspectivas de disponer de energía a precios asequibles a largo plazo son inciertas. Por consiguiente, el déficit se cubriría exclusivamente con importaciones. |
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(72)

Si los sectores del aluminio y el zinc desaparecieran en España, ningún nuevo operador de la Unión ocuparía su lugar, ya que las plantas (de aluminio) de la Unión ya trabajan a plena capacidad y ningún productor nuevo o ya establecido tendría incentivos para aumentar su capacidad, en vista de que las perspectivas de disponer de energía a precios asequibles a largo plazo son inciertas. Por consiguiente, el déficit se cubriría exclusivamente con importaciones.

| (73) | Alcoa afirma, asimismo, que las tarifas no amenazan los intereses de otros productores europeos, ya que estas ofrecen electricidad a un precio idéntico al precio medio que pagan otros productores de aluminio en la EU-25. |
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(73)

Alcoa afirma, asimismo, que las tarifas no amenazan los intereses de otros productores europeos, ya que estas ofrecen electricidad a un precio idéntico al precio medio que pagan otros productores de aluminio en la EU-25.

Aun en el caso de que las tarifas industriales interrumpibles constituyeran ayuda, serían «ayuda ya existente»

| (74) | Los usuarios con un gran consumo de energía sostienen que las tarifas impugnadas ya existían antes de la adhesión de España a la Unión. |
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(74)

Los usuarios con un gran consumo de energía sostienen que las tarifas impugnadas ya existían antes de la adhesión de España a la Unión.

| (75) | Aunque la denominación «tarifa G4» se introdujo formalmente mediante la Orden Ministerial de 6 de marzo de 1986, ya existía de hecho desde antes del 1 de enero de 1986, fecha de adhesión de España a la Unión, porque corresponde a la anterior «Tarifa I industrial de larga utilización» establecida mediante la Orden Ministerial de 14 de octubre de 1983, es decir, antes de la adhesión de España. Todos los usuarios finales de electricidad que se beneficiaban de la Tarifa industrial I pasaron automáticamente a la tarifa G4, que de hecho era la misma tarifa con otro nombre. |
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(75)

Aunque la denominación «tarifa G4» se introdujo formalmente mediante la Orden Ministerial de 6 de marzo de 1986, ya existía de hecho desde antes del 1 de enero de 1986, fecha de adhesión de España a la Unión, porque corresponde a la anterior «Tarifa I industrial de larga utilización» establecida mediante la Orden Ministerial de 14 de octubre de 1983, es decir, antes de la adhesión de España. Todos los usuarios finales de electricidad que se beneficiaban de la Tarifa industrial I pasaron automáticamente a la tarifa G4, que de hecho era la misma tarifa con otro nombre.

| (76) | Las demás tarifas interrumpibles también estaban previstas expresamente en la Orden Ministerial de 1983. |
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(76)

Las demás tarifas interrumpibles también estaban previstas expresamente en la Orden Ministerial de 1983.

| (77) | Por otra parte, de acuerdo con los usuarios con un gran consumo de energía, la medida constituiría ayuda existente en virtud del artículo 15 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (18), debido a la expiración del plazo de prescripción de diez años. |
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(77)

Por otra parte, de acuerdo con los usuarios con un gran consumo de energía, la medida constituiría ayuda existente en virtud del artículo 15 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (18), debido a la expiración del plazo de prescripción de diez años.

La confianza legítima impediría la recuperación de las ayudas

| (78) | Los usuarios con un gran consumo de energía alegan que, aun suponiendo que las tarifas no pudieran considerarse ayuda ya existente, el principio de confianza legítima impediría su recuperación. Durante todo el año 2005, las tarifas fueron un pago directo entre operadores privados. Los usuarios no podían haber previsto que las tarifas establecidas en diciembre en 2004 se fueran a convertir en ayuda en virtud de una medida gubernamental adoptada en junio de 2006. Ningún operador económico, por prudente que fuera, podría haber previsto este cambio en su situación jurídica. Por ese motivo, los usuarios tenían una confianza legítima en que sus tarifas no implicaban ayuda estatal. |
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(78)

Los usuarios con un gran consumo de energía alegan que, aun suponiendo que las tarifas no pudieran considerarse ayuda ya existente, el principio de confianza legítima impediría su recuperación. Durante todo el año 2005, las tarifas fueron un pago directo entre operadores privados. Los usuarios no podían haber previsto que las tarifas establecidas en diciembre en 2004 se fueran a convertir en ayuda en virtud de una medida gubernamental adoptada en junio de 2006. Ningún operador económico, por prudente que fuera, podría haber previsto este cambio en su situación jurídica. Por ese motivo, los usuarios tenían una confianza legítima en que sus tarifas no implicaban ayuda estatal.

COMENTARIOS DE LA XUNTA DE GALICIA Y EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

| (79) | En relación con la posible ayuda a los usuarios con un gran consumo de energía, la Xunta de Galicia alega que la Comisión se equivocó al utilizar el precio del «pool» como sucedáneo del precio de mercado, ya que estos usuarios suelen suscribir contratos a largo plazo en condiciones mucho más favorables. |
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(79)

En relación con la posible ayuda a los usuarios con un gran consumo de energía, la Xunta de Galicia alega que la Comisión se equivocó al utilizar el precio del «pool» como sucedáneo del precio de mercado, ya que estos usuarios suelen suscribir contratos a largo plazo en condiciones mucho más favorables.

| (80) | Habida cuenta de que la liberalización del mercado español aún no ha concluido y, en particular, de la inexistencia de contratos bilaterales entre productores y grandes consumidores, la Xunta de Galicia considera que sería conveniente utilizar como valor de referencia los costes reales pagados por los productores para suministrar electricidad a estos clientes. Otra alternativa sería obtener un precio de referencia basado en la bibliografía técnica [Wilson, 1993 (19) y Castro-Rodríguez (20), 1999] tomando en consideración bien el coste de la tecnología más eficiente para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios con un gran consumo de energía, bien el coste medio de la electricidad durante las distintas horas del día. La diferencia entre un precio de referencia obtenido de esta forma y la tarifa regulada pagada en 2005 sería mucho más baja. La Xunta de Galicia alega asimismo que, en cualquier caso, todos los usuarios españoles, incluidos aquellos con un gran consumo, rembolsarán en su momento el déficit provocado por las bajas tarifas aplicadas en 2005. |
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(80)

Habida cuenta de que la liberalización del mercado español aún no ha concluido y, en particular, de la inexistencia de contratos bilaterales entre productores y grandes consumidores, la Xunta de Galicia considera que sería conveniente utilizar como valor de referencia los costes reales pagados por los productores para suministrar electricidad a estos clientes. Otra alternativa sería obtener un precio de referencia basado en la bibliografía técnica [Wilson, 1993 (19) y Castro-Rodríguez (20), 1999] tomando en consideración bien el coste de la tecnología más eficiente para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios con un gran consumo de energía, bien el coste medio de la electricidad durante las distintas horas del día. La diferencia entre un precio de referencia obtenido de esta forma y la tarifa regulada pagada en 2005 sería mucho más baja. La Xunta de Galicia alega asimismo que, en cualquier caso, todos los usuarios españoles, incluidos aquellos con un gran consumo, rembolsarán en su momento el déficit provocado por las bajas tarifas aplicadas en 2005.

| (81) | Aparte de esto, según la Xunta de Galicia, el sistema tarifario existente en 2005 no era legalmente selectivo, pues el Estado no tenía la intención de otorgar una ventaja a los usuarios finales, sino que simplemente cometió errores en sus previsiones de las tendencias y precios del mercado al fijar sus tarifas en 2004. La Xunta de Galicia también refuta la conclusión según la cual el sistema tuvo repercusiones en el comercio interior de la Unión. |
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(81)

Aparte de esto, según la Xunta de Galicia, el sistema tarifario existente en 2005 no era legalmente selectivo, pues el Estado no tenía la intención de otorgar una ventaja a los usuarios finales, sino que simplemente cometió errores en sus previsiones de las tendencias y precios del mercado al fijar sus tarifas en 2004. La Xunta de Galicia también refuta la conclusión según la cual el sistema tuvo repercusiones en el comercio interior de la Unión.

| (82) | Las observaciones del Principado de Asturias son similares a las presentadas por el Gobierno español, a las que hacen referencia. |
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(82)

Las observaciones del Principado de Asturias son similares a las presentadas por el Gobierno español, a las que hacen referencia.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE ESPAÑA

| (83) | España sostiene que el sistema de tarifas reguladas de 2005 no implicaba ayudas ni para los usuarios finales ni para los distribuidores. |
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(83)

España sostiene que el sistema de tarifas reguladas de 2005 no implicaba ayudas ni para los usuarios finales ni para los distribuidores.

No existe ningún vínculo causal entre las medidas estatales y el déficit y este no puede imputarse al Estado

| (84) | España sostiene que el déficit no es imputable al Estado porque fue provocado por circunstancias externas imprevisibles y no por la intención deliberada del Estado de subvencionar determinadas actividades. |
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(84)

España sostiene que el déficit no es imputable al Estado porque fue provocado por circunstancias externas imprevisibles y no por la intención deliberada del Estado de subvencionar determinadas actividades.

| (85) | España alega que la legislación de la Unión vigente en 2005 no impedía el suministro de electricidad a tarifas reguladas establecidas por el Estado. Por consiguiente, la intervención reguladora del Estado era válida legalmente al ser una expresión de la soberanía nacional. Una de estas prerrogativas soberanas consiste en fijar las tarifas de tal modo que los costes previstos satisfagan la demanda prevista. |
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(85)

España alega que la legislación de la Unión vigente en 2005 no impedía el suministro de electricidad a tarifas reguladas establecidas por el Estado. Por consiguiente, la intervención reguladora del Estado era válida legalmente al ser una expresión de la soberanía nacional. Una de estas prerrogativas soberanas consiste en fijar las tarifas de tal modo que los costes previstos satisfagan la demanda prevista.

| (86) | España aduce que el déficit de 2005 fue provocado por una diferencia entre las previsiones gubernamentales de los precios mayoristas de la electricidad y los precios reales registrados en el «pool». Los precios de 2005 fueron excepcionalmente altos al ser impulsados por causas imprevisibles que equivalen a fuerza mayor. |
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(86)

España aduce que el déficit de 2005 fue provocado por una diferencia entre las previsiones gubernamentales de los precios mayoristas de la electricidad y los precios reales registrados en el «pool». Los precios de 2005 fueron excepcionalmente altos al ser impulsados por causas imprevisibles que equivalen a fuerza mayor.

| (87) | Como el acontecimiento que provocó la supuesta ayuda sería una evolución de los precios mayoristas por encima de las previsiones, la supuesta ventaja no podría imputarse a un instrumento jurídico. Incluso suponiendo que esta ventaja hubiera existido (quod non), habría sido generada por circunstancias no relacionadas con las intenciones del Estado. La existencia de un caso de fuerza mayor, según España, rompe el vínculo causal entre la decisión administrativa por la que se fijaban las tarifas y la ventaja competitiva que habría dado lugar a una ayuda estatal. Incluso suponiendo (quod non) que se cumplía la condición objetiva del vínculo causal, no existiría la condición subjetiva de intencionalidad (imputabilidad) por parte del Estado. |
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(87)

Como el acontecimiento que provocó la supuesta ayuda sería una evolución de los precios mayoristas por encima de las previsiones, la supuesta ventaja no podría imputarse a un instrumento jurídico. Incluso suponiendo que esta ventaja hubiera existido (quod non), habría sido generada por circunstancias no relacionadas con las intenciones del Estado. La existencia de un caso de fuerza mayor, según España, rompe el vínculo causal entre la decisión administrativa por la que se fijaban las tarifas y la ventaja competitiva que habría dado lugar a una ayuda estatal. Incluso suponiendo (quod non) que se cumplía la condición objetiva del vínculo causal, no existiría la condición subjetiva de intencionalidad (imputabilidad) por parte del Estado.

Ausencia de implicación de recursos del Estado

| (88) | España alega que las tarifas no implicaban fondos públicos. En primer lugar, España afirma a este respecto que el recargo no es un «gravamen» en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión en materia de cargas parafiscales, porque no es recaudado por el Estado ni corresponde a una exacción. Según España, el recargo forma parte íntegra de la tarifa y tiene el mismo carácter. Así pues, la tarifa es un precio privado. |
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(88)

España alega que las tarifas no implicaban fondos públicos. En primer lugar, España afirma a este respecto que el recargo no es un «gravamen» en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión en materia de cargas parafiscales, porque no es recaudado por el Estado ni corresponde a una exacción. Según España, el recargo forma parte íntegra de la tarifa y tiene el mismo carácter. Así pues, la tarifa es un precio privado.

| (89) | En segundo lugar, los fondos no son recaudados por el Estado ni se destinan a un fondo designado por este último. Las tarifas las cobran los distribuidores y no el Estado y, por consiguiente, son precios privados que garantizan la remuneración equitativa de los actores (contemplada en la LSE). No son impuestos ni precios públicos. El Estado no remunera nada, pues es el sistema el que ofrecía una remuneración en virtud de las fuerzas del mercado para actividades no reguladas y de tarifas de acceso establecidas por el Estado para actividades reguladas. Puesto que en este sistema no se da carga para el Estado, no implicaría recursos estatales, de acuerdo con la jurisprudencia del asunto Sloman Neptune (21). Además, estos fondos nunca fluyen a las arcas del Estado, no se mencionan en las leyes presupuestarias, el Tribunal de Cuentas no los verifica y no pueden ser recuperados de los deudores por medios administrativos. A las deudas contraídas con el sistema de electricidad no se les aplica el tipo de interés aplicable a las deudas con el Estado. |
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(89)

En segundo lugar, los fondos no son recaudados por el Estado ni se destinan a un fondo designado por este último. Las tarifas las cobran los distribuidores y no el Estado y, por consiguiente, son precios privados que garantizan la remuneración equitativa de los actores (contemplada en la LSE). No son impuestos ni precios públicos. El Estado no remunera nada, pues es el sistema el que ofrecía una remuneración en virtud de las fuerzas del mercado para actividades no reguladas y de tarifas de acceso establecidas por el Estado para actividades reguladas. Puesto que en este sistema no se da carga para el Estado, no implicaría recursos estatales, de acuerdo con la jurisprudencia del asunto Sloman Neptune (21). Además, estos fondos nunca fluyen a las arcas del Estado, no se mencionan en las leyes presupuestarias, el Tribunal de Cuentas no los verifica y no pueden ser recuperados de los deudores por medios administrativos. A las deudas contraídas con el sistema de electricidad no se les aplica el tipo de interés aplicable a las deudas con el Estado.

| (90) | España reitera que estos fondos son gestionados por el regulador español, la CNE, que actúa simplemente como intermediario contable. Según España, en su Decisión sobre los costes españoles de transición a la competencia de 2011 (S.A. NN 49/99), la Comisión ya había establecido que «el tránsito de fondos a través de la CNE tiene un carácter esencialmente contable. Los fondos transferidos a la cuenta a nombre de la CNE nunca fueron propiedad de este organismo y se liquidaron de inmediato a los beneficiarios de acuerdo con un importe determinado de antemano que la CNE no puede modificar en absoluto». Sobre la base de esta consideración, la Comisión llegó a la conclusión de que «no estaba en condiciones de determinar si los ingresos del gravamen establecido en el marco del régimen de costes de transición a la competencia constituyen recursos estatales». |
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(90)

España reitera que estos fondos son gestionados por el regulador español, la CNE, que actúa simplemente como intermediario contable. Según España, en su Decisión sobre los costes españoles de transición a la competencia de 2011 (S.A. NN 49/99), la Comisión ya había establecido que «el tránsito de fondos a través de la CNE tiene un carácter esencialmente contable. Los fondos transferidos a la cuenta a nombre de la CNE nunca fueron propiedad de este organismo y se liquidaron de inmediato a los beneficiarios de acuerdo con un importe determinado de antemano que la CNE no puede modificar en absoluto». Sobre la base de esta consideración, la Comisión llegó a la conclusión de que «no estaba en condiciones de determinar si los ingresos del gravamen establecido en el marco del régimen de costes de transición a la competencia constituyen recursos estatales».

Ausencia de ventajas

| (91) | España no comparte la opinión de la Comisión según la cual las tarifas otorgan una ventaja económica a los usuarios finales (o distribuidores). |
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(91)

España no comparte la opinión de la Comisión según la cual las tarifas otorgan una ventaja económica a los usuarios finales (o distribuidores).

| (92) | En cuanto a los usuarios finales, tras reiterar que el déficit es resultado de un acto de fuerza mayor, España sostiene que este no benefició a los grandes consumidores, pues se repercutió con intereses en las tarifas de los años siguientes. Por ello, la supuesta ventaja económica derivada de un precio de la electricidad más bajo tan solo es aparente, ya que los consumidores rembolsan con intereses la diferencia respecto a los precios del mercado libre. |
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(92)

En cuanto a los usuarios finales, tras reiterar que el déficit es resultado de un acto de fuerza mayor, España sostiene que este no benefició a los grandes consumidores, pues se repercutió con intereses en las tarifas de los años siguientes. Por ello, la supuesta ventaja económica derivada de un precio de la electricidad más bajo tan solo es aparente, ya que los consumidores rembolsan con intereses la diferencia respecto a los precios del mercado libre.

El suministro a tarifas reguladas es un servicio de interés económico general

| (93) | España afirma que, en 2005, la existencia de tarifas reguladas no era contraria a la legislación de la Unión, puesto que el plazo para la liberalización del mercado para todos los consumidores, incluidos los hogares, finalizaba el 1 de julio de 2007. |
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(93)

España afirma que, en 2005, la existencia de tarifas reguladas no era contraria a la legislación de la Unión, puesto que el plazo para la liberalización del mercado para todos los consumidores, incluidos los hogares, finalizaba el 1 de julio de 2007.

| (94) | En particular, según las autoridades españolas, el suministro de electricidad es un servicio de interés general y el Estado debe intervenir para evitar que se abuse de las posiciones dominantes derivadas de la existencia de una red única (monopolio natural). |
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(94)

En particular, según las autoridades españolas, el suministro de electricidad es un servicio de interés general y el Estado debe intervenir para evitar que se abuse de las posiciones dominantes derivadas de la existencia de una red única (monopolio natural).

| (95) | Los parámetros para fijar las tarifas se establecieron de una forma objetiva y transparente. El complejo marco reglamentario que fija las tarifas y el procedimiento de liquidación demuestran, según las autoridades españolas, que el sistema tarifario se basaba en un análisis exhaustivo de los costes e ingresos del sistema, así como en un análisis de la demanda de electricidad. |
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(95)

Los parámetros para fijar las tarifas se establecieron de una forma objetiva y transparente. El complejo marco reglamentario que fija las tarifas y el procedimiento de liquidación demuestran, según las autoridades españolas, que el sistema tarifario se basaba en un análisis exhaustivo de los costes e ingresos del sistema, así como en un análisis de la demanda de electricidad.

Compromiso de España

| (96) | Como se señala en los considerandos 25 y 26, el déficit generado en 2005 se reembolsa en plazos anuales, que devengan un tipo de interés equivalente al Euríbor sin diferencial. Sin perjuicio de sus observaciones, España se ha comprometido a aumentar retrospectivamente el tipo de interés que se cobra a las empresas usuarias con conexiones de más de 1 kV. Este aumento se determinará proporcionalmente a la contribución al déficit de 2005 de las empresas usuarias que son objeto del procedimiento en curso y que recibían suministro a tarifas integrales. Será equivalente a aplicar un diferencial de 65 puntos básicos por encima del Euríbor de referencia, alineándolo así en líneas generales con el tipo aplicado al déficit en los años siguientes. |
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(96)

Como se señala en los considerandos 25 y 26, el déficit generado en 2005 se reembolsa en plazos anuales, que devengan un tipo de interés equivalente al Euríbor sin diferencial. Sin perjuicio de sus observaciones, España se ha comprometido a aumentar retrospectivamente el tipo de interés que se cobra a las empresas usuarias con conexiones de más de 1 kV. Este aumento se determinará proporcionalmente a la contribución al déficit de 2005 de las empresas usuarias que son objeto del procedimiento en curso y que recibían suministro a tarifas integrales. Será equivalente a aplicar un diferencial de 65 puntos básicos por encima del Euríbor de referencia, alineándolo así en líneas generales con el tipo aplicado al déficit en los años siguientes.

| (97) | El importe correspondiente se cobrará a las empresas usuarias de la siguiente manera: en lo que se refiere a los pagos anuales de la parte del déficit de 2005 que ya se ha reembolsado, se aplicará un aumento único de las tarifas de acceso; en lo que se refiere a los importes aún por reembolsar, se aplicará directamente un tipo de interés más alto a cada anualidad, una vez más en forma de un aumento de las tarifas de acceso. |
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(97)

El importe correspondiente se cobrará a las empresas usuarias de la siguiente manera: en lo que se refiere a los pagos anuales de la parte del déficit de 2005 que ya se ha reembolsado, se aplicará un aumento único de las tarifas de acceso; en lo que se refiere a los importes aún por reembolsar, se aplicará directamente un tipo de interés más alto a cada anualidad, una vez más en forma de un aumento de las tarifas de acceso.

5.   EVALUACIÓN DE LA MEDIDA

EXISTENCIA DE AYUDA ESTATAL CON ARREGLO AL ARTÍCULO 107, APARTADO 1, DEL TFUE

| (98) | Una medida constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE si se cumplen las siguientes condiciones: a) que la medida otorgue una ventaja económica al beneficiario, b) que la conceda el Estado o sea concedida a través de recursos públicos, c) que sea selectiva, d) que repercuta en el comercio en el interior de la Unión y pueda distorsionar la competencia en el interior de la Unión. Puesto que todas estas condiciones deben cumplirse, la Comisión limitará su evaluación a la existencia de una ventaja económica concedida a los beneficiarios. |
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(98)

Una medida constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE si se cumplen las siguientes condiciones: a) que la medida otorgue una ventaja económica al beneficiario, b) que la conceda el Estado o sea concedida a través de recursos públicos, c) que sea selectiva, d) que repercuta en el comercio en el interior de la Unión y pueda distorsionar la competencia en el interior de la Unión. Puesto que todas estas condiciones deben cumplirse, la Comisión limitará su evaluación a la existencia de una ventaja económica concedida a los beneficiarios.

Existencia de una ventaja económica

| (99) | Las empresas resultan favorecidas a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE si obtienen una ventaja económica que no podrían obtener de otra forma en condiciones de mercado. En el presente caso, el examen debe determinar, teniendo también en cuenta el reembolso del déficit del sistema eléctrico de 2005, si había una diferencia positiva entre las tarifas reguladas establecidas en 2005 y los precios de mercado que deberían haber pagado los beneficiarios potenciales por la electricidad comprada y los servicios prestados en el marco de su régimen tarifario. Cualquier ventaja en cuanto a las condiciones de mercado ha de acreditarse en relación con las referencias reales de los precios de mercado. Esos aspectos, a saber, la existencia de diferencias positivas, o su ausencia, entre los precios del pool de la electricidad, los precios de mercado y las tarifas reguladas y el reembolso del déficit, se examinan sucesivamente a continuación. |
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(99)

Las empresas resultan favorecidas a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE si obtienen una ventaja económica que no podrían obtener de otra forma en condiciones de mercado. En el presente caso, el examen debe determinar, teniendo también en cuenta el reembolso del déficit del sistema eléctrico de 2005, si había una diferencia positiva entre las tarifas reguladas establecidas en 2005 y los precios de mercado que deberían haber pagado los beneficiarios potenciales por la electricidad comprada y los servicios prestados en el marco de su régimen tarifario. Cualquier ventaja en cuanto a las condiciones de mercado ha de acreditarse en relación con las referencias reales de los precios de mercado. Esos aspectos, a saber, la existencia de diferencias positivas, o su ausencia, entre los precios del pool de la electricidad, los precios de mercado y las tarifas reguladas y el reembolso del déficit, se examinan sucesivamente a continuación.

Comparación con los precios medios del «pool» de la electricidad

| (100) | Los precios medios del «pool» de electricidad ofrecen un indicio del nivel general de los precios del mercado mayorista. Este precio medio de referencia fue de 59,47 EUR/MWh en 2005, durante todo el año. Como se indica e ilustra en el considerando 19 (gráfico 1), en siete meses no consecutivos de 2005, los precios medios mayoristas estuvieron por encima de los precios implícitos de la electricidad de las tarifas reguladas integrales aplicadas a todos los usuarios finales. Por consiguiente, la tarifa media establecida por el Decreto 2392/2004 parece haber supuesto una diferencia positiva a favor de todos los usuarios finales que optaron por las tarifas reguladas, al menos durante la mayoría de los meses de 2005. |
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(100)

Los precios medios del «pool» de electricidad ofrecen un indicio del nivel general de los precios del mercado mayorista. Este precio medio de referencia fue de 59,47 EUR/MWh en 2005, durante todo el año. Como se indica e ilustra en el considerando 19 (gráfico 1), en siete meses no consecutivos de 2005, los precios medios mayoristas estuvieron por encima de los precios implícitos de la electricidad de las tarifas reguladas integrales aplicadas a todos los usuarios finales. Por consiguiente, la tarifa media establecida por el Decreto 2392/2004 parece haber supuesto una diferencia positiva a favor de todos los usuarios finales que optaron por las tarifas reguladas, al menos durante la mayoría de los meses de 2005.

| (101) | Sin embargo, en períodos mensuales inferiores a un año, dicha diferencia no se dio durante en los cinco meses transcurridos entre enero y mayo de 2005, por lo que no se ofreció una ventaja a todo el sistema de tarifas reguladas. Además, si se hace la comparación entre períodos superiores a un año, por ejemplo, hasta el 30 de diciembre de 2007, la posible ventaja acumulada desde junio de 2005 queda más que anulada por el descenso de los precios medios del «pool», que cayeron abruptamente hasta alcanzar 37 EUR/MWh en marzo de 2007, mientras que los precios implícitos de las tarifas reguladas se situaban en torno a 68 EUR/MWh en ese mismo período. En efecto, a partir de octubre de 2006, los precios de la electricidad implícitos en las tarifas integrales fueron muy superiores a los precios mayoristas de suministro (véase el gráfico 1). En consecuencia, los beneficios y las ventajas económicas de los consumidores que recibían suministro a tarifas reguladas cuando los precios del «pool» son más altos que el coste implícito de la electricidad en las tarifas reguladas se pueden anular cuando los precios del «pool» son más bajos que el coste implícito de la electricidad. |
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(101)

Sin embargo, en períodos mensuales inferiores a un año, dicha diferencia no se dio durante en los cinco meses transcurridos entre enero y mayo de 2005, por lo que no se ofreció una ventaja a todo el sistema de tarifas reguladas. Además, si se hace la comparación entre períodos superiores a un año, por ejemplo, hasta el 30 de diciembre de 2007, la posible ventaja acumulada desde junio de 2005 queda más que anulada por el descenso de los precios medios del «pool», que cayeron abruptamente hasta alcanzar 37 EUR/MWh en marzo de 2007, mientras que los precios implícitos de las tarifas reguladas se situaban en torno a 68 EUR/MWh en ese mismo período. En efecto, a partir de octubre de 2006, los precios de la electricidad implícitos en las tarifas integrales fueron muy superiores a los precios mayoristas de suministro (véase el gráfico 1). En consecuencia, los beneficios y las ventajas económicas de los consumidores que recibían suministro a tarifas reguladas cuando los precios del «pool» son más altos que el coste implícito de la electricidad en las tarifas reguladas se pueden anular cuando los precios del «pool» son más bajos que el coste implícito de la electricidad.

| (102) | De ello se desprende que, tanto en períodos mensuales inferiores a un año en 2005, como en períodos de dos años que comprenden parte de 2005, los precios de la energía implícitos en las tarifas reguladas aplicables en 2005 no parecen haber ofrecido una ventaja al grupo de consumidores que recibían suministro a tarifas reguladas en comparación con los precios mayoristas del «pool» de electricidad. Sin embargo, el hecho es que los ingresos de acceso y las tarifas reguladas pagados por todo el sistema eléctrico no fueron suficientes para cubrir los costes regulados del sistema en 2005. Por tanto, procede examinar si se pone en marcha un mecanismo adecuado para garantizar que el déficit se reembolse. |
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(102)

De ello se desprende que, tanto en períodos mensuales inferiores a un año en 2005, como en períodos de dos años que comprenden parte de 2005, los precios de la energía implícitos en las tarifas reguladas aplicables en 2005 no parecen haber ofrecido una ventaja al grupo de consumidores que recibían suministro a tarifas reguladas en comparación con los precios mayoristas del «pool» de electricidad. Sin embargo, el hecho es que los ingresos de acceso y las tarifas reguladas pagados por todo el sistema eléctrico no fueron suficientes para cubrir los costes regulados del sistema en 2005. Por tanto, procede examinar si se pone en marcha un mecanismo adecuado para garantizar que el déficit se reembolse.

Reembolso del déficit del sistema de electricidad de 2005

| (103) | Como se expone en los considerandos 15 y 20 a 22, las cuentas del sistema de electricidad en 2005 incluían todos los costes e ingresos regulados del sistema sin asignar determinados ingresos a costes específicos. Por ejemplo, los costes de transporte y distribución (4 410 millones EUR) o el coste de las ayudas a la cogeneración y a las fuentes renovables de electricidad (2 701 millones EUR) ni se dividían entre, respectivamente, los ingresos regulados de las tarifas integrales del mercado regulado y/o los ingresos de los peajes regulados de acceso del mercado libre ni se financiaban diferenciando estos dos tipos de ingresos. De hecho, todos los usuarios del sistema reciben un beneficio y se puede esperar que contribuyan a cubrir costes de las ayudas a formas eficientes de cogeneración y fuentes renovables, o de servicios de transporte y distribución. En dicho sistema de costes no acumulativos para cada tarifa, resulta imposible asignar objetivamente a posterior la distribución de los costes a los usuarios del mercado libre y a los usuarios de las tarifas reguladas y, dentro de esta última categoría, a los 25 escalones tarifarios aplicables en 2005. De ello se infiere que conviene analizar las posibles ventajas, o ausencia de las mismas, del déficit de 2005 para el sistema eléctrico en su conjunto. |
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(103)

Como se expone en los considerandos 15 y 20 a 22, las cuentas del sistema de electricidad en 2005 incluían todos los costes e ingresos regulados del sistema sin asignar determinados ingresos a costes específicos. Por ejemplo, los costes de transporte y distribución (4 410 millones EUR) o el coste de las ayudas a la cogeneración y a las fuentes renovables de electricidad (2 701 millones EUR) ni se dividían entre, respectivamente, los ingresos regulados de las tarifas integrales del mercado regulado y/o los ingresos de los peajes regulados de acceso del mercado libre ni se financiaban diferenciando estos dos tipos de ingresos. De hecho, todos los usuarios del sistema reciben un beneficio y se puede esperar que contribuyan a cubrir costes de las ayudas a formas eficientes de cogeneración y fuentes renovables, o de servicios de transporte y distribución. En dicho sistema de costes no acumulativos para cada tarifa, resulta imposible asignar objetivamente a posterior la distribución de los costes a los usuarios del mercado libre y a los usuarios de las tarifas reguladas y, dentro de esta última categoría, a los 25 escalones tarifarios aplicables en 2005. De ello se infiere que conviene analizar las posibles ventajas, o ausencia de las mismas, del déficit de 2005 para el sistema eléctrico en su conjunto.

| (104) | En ese sentido, España ha creado un mecanismo para recuperar en su totalidad el déficit de 2005 que es compatible con esta universalidad de las cuentas del sistema aplicado en aquella época. El déficit de ingresos regulados del sistema de electricidad para sufragar los costes del sistema se resolvió mediante la inyección de recursos recaudados mediante una «cuota con destino específico» establecida en el Real Decreto 809/2006. Desde mediados de 2006, la recuperación comenzó a través de la aplicación de un recargo sobre el valor del 1,378 % en las tarifas reguladas integrales y del 3.975 % sobre los peajes de acceso y, a partir de entonces, los recargos necesarios para garantizar la recuperación de los 3,8 billones EUR más intereses a lo largo de un período de 14,5 años que finaliza en 2020 (véanse los considerandos 25 y 26). |
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(104)

En ese sentido, España ha creado un mecanismo para recuperar en su totalidad el déficit de 2005 que es compatible con esta universalidad de las cuentas del sistema aplicado en aquella época. El déficit de ingresos regulados del sistema de electricidad para sufragar los costes del sistema se resolvió mediante la inyección de recursos recaudados mediante una «cuota con destino específico» establecida en el Real Decreto 809/2006. Desde mediados de 2006, la recuperación comenzó a través de la aplicación de un recargo sobre el valor del 1,378 % en las tarifas reguladas integrales y del 3.975 % sobre los peajes de acceso y, a partir de entonces, los recargos necesarios para garantizar la recuperación de los 3,8 billones EUR más intereses a lo largo de un período de 14,5 años que finaliza en 2020 (véanse los considerandos 25 y 26).

| (105) | De ello se desprende que los ingresos de la contribución especial destinados a financiar el déficit de 2005 permiten el pago de las facturas de electricidad de los usuarios del sistema, con el aumento necesario para equilibrar ex post las cuentas del sistema de 2005, con un retraso considerable. |
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(105)

De ello se desprende que los ingresos de la contribución especial destinados a financiar el déficit de 2005 permiten el pago de las facturas de electricidad de los usuarios del sistema, con el aumento necesario para equilibrar ex post las cuentas del sistema de 2005, con un retraso considerable.

| (106) | En estas condiciones, la única característica discutible del método elegido en 2006 para el reembolso del déficit del sistema de electricidad de 2005 y el equilibrio de las cuentas sería el bajo tipo de interés aplicado inicialmente a los pagos anuales de reembolso, que era el tipo de referencia Euríbor sin diferencial. Como se describe con más detalle en los considerandos 96 y 97, España se ha comprometido a aumentar el tipo de interés aplicable a las empresas usuarias que son objeto del presente procedimiento. España se compromete a aplicar un diferencial de 65 puntos básicos por encima del tipo de interés de referencia. |
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(106)

En estas condiciones, la única característica discutible del método elegido en 2006 para el reembolso del déficit del sistema de electricidad de 2005 y el equilibrio de las cuentas sería el bajo tipo de interés aplicado inicialmente a los pagos anuales de reembolso, que era el tipo de referencia Euríbor sin diferencial. Como se describe con más detalle en los considerandos 96 y 97, España se ha comprometido a aumentar el tipo de interés aplicable a las empresas usuarias que son objeto del presente procedimiento. España se compromete a aplicar un diferencial de 65 puntos básicos por encima del tipo de interés de referencia.

| (107) | Al aplicar esta modificación de la medida inicialmente aplicada para reembolsar el déficit de 2005, que excluye a los hogares y las pequeñas empresas que hayan abonado las tarifas reguladas más elevadas del mecanismo de corrección, se anula cualquier ventaja hipotética que las empresas hayan podido obtener del aplazamiento de los pagos a partir de 2006. Asimismo, la aplicación de un recargo sobre el valor en la tarifa tiene por efecto que la cantidad absoluta recuperada sea, para cada empresa, directamente proporcional a su consumo de electricidad. Cuanta más electricidad se consuma, mayor será el recargo. |
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(107)

Al aplicar esta modificación de la medida inicialmente aplicada para reembolsar el déficit de 2005, que excluye a los hogares y las pequeñas empresas que hayan abonado las tarifas reguladas más elevadas del mecanismo de corrección, se anula cualquier ventaja hipotética que las empresas hayan podido obtener del aplazamiento de los pagos a partir de 2006. Asimismo, la aplicación de un recargo sobre el valor en la tarifa tiene por efecto que la cantidad absoluta recuperada sea, para cada empresa, directamente proporcional a su consumo de electricidad. Cuanta más electricidad se consuma, mayor será el recargo.

Comparación con los precios de mercado de la electricidad

| (108) | En segundo lugar, como señalan algunas partes interesadas, los precios registrados en el «pool» de electricidad no constituyen una referencia adecuada para comparar los precios de la electricidad pagados por los grandes consumidores en el marco de las tarifas reguladas con los precios de mercado. De hecho, en vista de las pruebas del informe de 2005 del operador del mercado de la electricidad OMEL, tan solo siete usuarios finales representaban un 5 % de la demanda de electricidad procedente directamente del «pool» frente a cientos de usuarios industriales y grandes empresas. Los consumidores industriales y otros grandes consumidores, en particular aquellos con un gran consumo de energía para los cuales la energía representa una parte considerable de los costes de producción (normalmente, un 30- 40 % en el caso de la producción de aluminio), requieren y obtienen condiciones previsibles de precio y suministro. Estas condiciones figuran en contratos con plazos superiores a un día vista. Los precios que se cotizan cada hora en el mercado a un día vista, como el «pool» de electricidad, ilustran los precios medios de mercado para los proveedores que prestan servicio a una variada cartera de clientes, incluidos los hogares. Sin embargo, no constituyen una referencia adecuada para determinar los precios que deberían pagar los usuarios con un gran consumo de energía en el mercado libre, con plazos contractuales superiores a un día vista. En contra de la opinión sostenida en la decisión de incoación, la investigación ha demostrado que las tarifas reguladas inferiores a los precios medios del «pool» no implican necesariamente una ventaja respecto a las condiciones de mercado para los usuarios industriales ya que los precios del «pool» no son los precios de mercado para la gran mayoría de estos usuarios, con lo que se disipan las dudas planteadas al respecto. |
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(108)

En segundo lugar, como señalan algunas partes interesadas, los precios registrados en el «pool» de electricidad no constituyen una referencia adecuada para comparar los precios de la electricidad pagados por los grandes consumidores en el marco de las tarifas reguladas con los precios de mercado. De hecho, en vista de las pruebas del informe de 2005 del operador del mercado de la electricidad OMEL, tan solo siete usuarios finales representaban un 5 % de la demanda de electricidad procedente directamente del «pool» frente a cientos de usuarios industriales y grandes empresas. Los consumidores industriales y otros grandes consumidores, en particular aquellos con un gran consumo de energía para los cuales la energía representa una parte considerable de los costes de producción (normalmente, un 30- 40 % en el caso de la producción de aluminio), requieren y obtienen condiciones previsibles de precio y suministro. Estas condiciones figuran en contratos con plazos superiores a un día vista. Los precios que se cotizan cada hora en el mercado a un día vista, como el «pool» de electricidad, ilustran los precios medios de mercado para los proveedores que prestan servicio a una variada cartera de clientes, incluidos los hogares. Sin embargo, no constituyen una referencia adecuada para determinar los precios que deberían pagar los usuarios con un gran consumo de energía en el mercado libre, con plazos contractuales superiores a un día vista. En contra de la opinión sostenida en la decisión de incoación, la investigación ha demostrado que las tarifas reguladas inferiores a los precios medios del «pool» no implican necesariamente una ventaja respecto a las condiciones de mercado para los usuarios industriales ya que los precios del «pool» no son los precios de mercado para la gran mayoría de estos usuarios, con lo que se disipan las dudas planteadas al respecto.

| (109) | Además, la opción a favor del mercado libre no era irreversible en España en 2005. Los consumidores podían elegir constantemente entre las ofertas más atractivas del mercado regulado y del mercado libre, lo que daba lugar a cierta convergencia de precios. La posibilidad de revertir las opciones de suministro tiende necesariamente a reducir los precios del mercado minorista durante los picos de los precios mayoristas, como los registrados en España a partir de abril de 2005, mientras que el incentivo opuesto para aumentar los precios del mercado libre a fin de aproximarlos a los niveles más altos de la tarifa regulada aparece cuando se invierte esta situación. |
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(109)

Además, la opción a favor del mercado libre no era irreversible en España en 2005. Los consumidores podían elegir constantemente entre las ofertas más atractivas del mercado regulado y del mercado libre, lo que daba lugar a cierta convergencia de precios. La posibilidad de revertir las opciones de suministro tiende necesariamente a reducir los precios del mercado minorista durante los picos de los precios mayoristas, como los registrados en España a partir de abril de 2005, mientras que el incentivo opuesto para aumentar los precios del mercado libre a fin de aproximarlos a los niveles más altos de la tarifa regulada aparece cuando se invierte esta situación.

| (110) | Como confirman la asociación de proveedores independientes (considerandos 42 a 49), los proveedores del mercado libre tuvieron que cumplir durante 2005 sus contratos o terminar dichos contratos unilateralmente, si era posible, o renegociar y ajustar al alza sus precios y asumir el riesgo de que los clientes optaran por el mercado regulado. Las pérdidas que los proveedores del mercado libre afirman haber sufrido indican que los precios en el mercado libre en 2005, en particular los de los contratos a un año que se cumplieron, se mantuvieron cerca de los niveles de las tarifas reguladas respectivas y, por ende, que las tarifas no concedieron de hecho una ventaja económica respecto a los precios reales del mercado libre. |
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(110)

Como confirman la asociación de proveedores independientes (considerandos 42 a 49), los proveedores del mercado libre tuvieron que cumplir durante 2005 sus contratos o terminar dichos contratos unilateralmente, si era posible, o renegociar y ajustar al alza sus precios y asumir el riesgo de que los clientes optaran por el mercado regulado. Las pérdidas que los proveedores del mercado libre afirman haber sufrido indican que los precios en el mercado libre en 2005, en particular los de los contratos a un año que se cumplieron, se mantuvieron cerca de los niveles de las tarifas reguladas respectivas y, por ende, que las tarifas no concedieron de hecho una ventaja económica respecto a los precios reales del mercado libre.

| (111) | Ello implica, por tanto, que dos hipotéticos usuarios industriales que compitieran entre sí, el primero operando con un contrato de suministro de electricidad a un año a precios del mercado libre de enero a diciembre de 2005 y el segundo suministrando a tarifas reguladas en el mismo período, habían de soportar, si todos los demás factores eran idénticos, costes de electricidad similares. En efecto, la única influencia que el nivel de las tarifas reguladas tenía sobre los precios del mercado libre en 2005 era en realidad la de ofrecer a los usuarios en el mercado libre el beneficio indirecto de limitar el incremento de precios, aun suponiendo que dichos incrementos fueron contractualmente posibles durante el año o, a más largo plazo, abarcando todo el año 2005. De hecho, la competencia real o potencial entre usuarios industriales que obtenían electricidad en el mercado libre o en el mercado regulado, respectivamente, no pudieron distorsionarla las tarifas reguladas. |
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(111)

Ello implica, por tanto, que dos hipotéticos usuarios industriales que compitieran entre sí, el primero operando con un contrato de suministro de electricidad a un año a precios del mercado libre de enero a diciembre de 2005 y el segundo suministrando a tarifas reguladas en el mismo período, habían de soportar, si todos los demás factores eran idénticos, costes de electricidad similares. En efecto, la única influencia que el nivel de las tarifas reguladas tenía sobre los precios del mercado libre en 2005 era en realidad la de ofrecer a los usuarios en el mercado libre el beneficio indirecto de limitar el incremento de precios, aun suponiendo que dichos incrementos fueron contractualmente posibles durante el año o, a más largo plazo, abarcando todo el año 2005. De hecho, la competencia real o potencial entre usuarios industriales que obtenían electricidad en el mercado libre o en el mercado regulado, respectivamente, no pudieron distorsionarla las tarifas reguladas.

| (112) | En tercer lugar, en su Decisión de incoación, la Comisión hizo especial referencia a los bajos niveles de la tarifa regulada de 23,9 EUR/MWh y 27,0 EUR/MWh, aplicados en 2005 a los grandes consumidores industriales (tarifa G4) y a los grandes consumidores industriales con suministro interrumpible (por ejemplo, tarifa 3.4), respectivamente, como se ilustra en el cuadro 3 del considerando 30. Como señalan algunos terceros, los niveles de las tarifas reguladas que se impugnan en la Decisión de incoación, no son tarifas sino precios medios tras descuentos. Sin descuentos, los niveles de la tarifa básica establecidos en el Decreto 2392/2004, indicados en el cuadro 1, fueron, respectivamente, de 56,12 EUR/MWh (tarifa 3.4) y 25,44 EUR/MWh (tarifa G.4). |
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(112)

En tercer lugar, en su Decisión de incoación, la Comisión hizo especial referencia a los bajos niveles de la tarifa regulada de 23,9 EUR/MWh y 27,0 EUR/MWh, aplicados en 2005 a los grandes consumidores industriales (tarifa G4) y a los grandes consumidores industriales con suministro interrumpible (por ejemplo, tarifa 3.4), respectivamente, como se ilustra en el cuadro 3 del considerando 30. Como señalan algunos terceros, los niveles de las tarifas reguladas que se impugnan en la Decisión de incoación, no son tarifas sino precios medios tras descuentos. Sin descuentos, los niveles de la tarifa básica establecidos en el Decreto 2392/2004, indicados en el cuadro 1, fueron, respectivamente, de 56,12 EUR/MWh (tarifa 3.4) y 25,44 EUR/MWh (tarifa G.4).

| (113) | A este respecto, la investigación formal ha aportado pruebas de que las tarifas reguladas aplicables a los usuarios industriales mencionadas en la Decisión de incoación estaban al nivel de los precios de mercado aplicables para todo el período entre enero y diciembre de 2005, como se expone a continuación: |
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(113)

A este respecto, la investigación formal ha aportado pruebas de que las tarifas reguladas aplicables a los usuarios industriales mencionadas en la Decisión de incoación estaban al nivel de los precios de mercado aplicables para todo el período entre enero y diciembre de 2005, como se expone a continuación:

| (114) | En primer lugar, se han aportado pruebas de que existían precios bilaterales de mercado de 34,45 EUR/MWh que se aplicaban a los usuarios con un gran consumo de energía en el mercado libre en 2005 (considerandos 55 a 57). Con un margen de comercialización inferior al margen medio de 10 EUR añadido en la Decisión de incoación de la investigación formal, este precio de mercado muestra un coste de suministro cercano a 25,44 EUR/MWh de la tarifa regulada más baja (G4) (23,9 EUR/MWh de precio medio ex post). Si se tienen en cuenta las diferencias objetivas relativas al suministro en el marco de la tarifa regulada, como volúmenes de suministro 9,7 veces superiores, la inversión en equipos de control y los plazos de pago, el hecho de que la tarifa regulada fuese inferior no parece haber concedido una ventaja económica indebida a los beneficiarios. |
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(114)

En primer lugar, se han aportado pruebas de que existían precios bilaterales de mercado de 34,45 EUR/MWh que se aplicaban a los usuarios con un gran consumo de energía en el mercado libre en 2005 (considerandos 55 a 57). Con un margen de comercialización inferior al margen medio de 10 EUR añadido en la Decisión de incoación de la investigación formal, este precio de mercado muestra un coste de suministro cercano a 25,44 EUR/MWh de la tarifa regulada más baja (G4) (23,9 EUR/MWh de precio medio ex post). Si se tienen en cuenta las diferencias objetivas relativas al suministro en el marco de la tarifa regulada, como volúmenes de suministro 9,7 veces superiores, la inversión en equipos de control y los plazos de pago, el hecho de que la tarifa regulada fuese inferior no parece haber concedido una ventaja económica indebida a los beneficiarios.

| (115) | En segundo lugar, las pruebas disponibles muestran que en diciembre de 2004 podían celebrarse contratos a un año de suministro de carga básica, basados en precios de mercado a plazo de 31,05 EUR/MWh, para entrega entre enero y diciembre de 2005. Había un precio final de mercado (con servicios adicionales y tarifa de acceso) de 36,67 EUR/MWh, que es inferior a la tarifa básica correspondiente (tarifa 3.4) para los usuarios industriales interrumpibles con una fuerte modulación de carga (véanse los considerandos 16, 18 y 58). |
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(115)

En segundo lugar, las pruebas disponibles muestran que en diciembre de 2004 podían celebrarse contratos a un año de suministro de carga básica, basados en precios de mercado a plazo de 31,05 EUR/MWh, para entrega entre enero y diciembre de 2005. Había un precio final de mercado (con servicios adicionales y tarifa de acceso) de 36,67 EUR/MWh, que es inferior a la tarifa básica correspondiente (tarifa 3.4) para los usuarios industriales interrumpibles con una fuerte modulación de carga (véanse los considerandos 16, 18 y 58).

| (116) | Descuentos adicionales en el marco de las tarifas reguladas para la gestión de la demanda (por ejemplo, modulación de carga, interrumpibilidad) permitían obtener precios medios más bajos en el mercado regulado para los usuarios que prestaban dichos servicios (22). Estos descuentos, que no fueron abordados específicamente en la decisión de incoación, remuneraban valiosos servicios para la red orientados a la demanda, que requerían ajustes, inversiones o restricciones impuestas en procesos comerciales o industriales. La modulación de carga requiere que los procesos industriales o comerciales con alto consumo de energía eléctrica sean ejecutados en el valle y no en horas pico, reduciendo de esta forma el consumo y la tensión en la red eléctrica. Del mismo modo, los servicios de interrumpibilidad suministrados a la red son económicamente útiles ya que consisten, para el usuario industrial en cuestión, en la aceptación de que el operador del sistema interrumpa el suministro avisando con poca anticipación (desde unos pocos segundos a dos horas) y durante mucho tiempo (de una a doce horas), como fue el caso con las tarifas reguladas pertinentes en España. |
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(116)

Descuentos adicionales en el marco de las tarifas reguladas para la gestión de la demanda (por ejemplo, modulación de carga, interrumpibilidad) permitían obtener precios medios más bajos en el mercado regulado para los usuarios que prestaban dichos servicios (22). Estos descuentos, que no fueron abordados específicamente en la decisión de incoación, remuneraban valiosos servicios para la red orientados a la demanda, que requerían ajustes, inversiones o restricciones impuestas en procesos comerciales o industriales. La modulación de carga requiere que los procesos industriales o comerciales con alto consumo de energía eléctrica sean ejecutados en el valle y no en horas pico, reduciendo de esta forma el consumo y la tensión en la red eléctrica. Del mismo modo, los servicios de interrumpibilidad suministrados a la red son económicamente útiles ya que consisten, para el usuario industrial en cuestión, en la aceptación de que el operador del sistema interrumpa el suministro avisando con poca anticipación (desde unos pocos segundos a dos horas) y durante mucho tiempo (de una a doce horas), como fue el caso con las tarifas reguladas pertinentes en España.

| (117) | Los beneficios de estos servicios a efectos de garantizar la continuidad del suministro de electricidad son reconocidos en la legislación comunitaria. La Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, sobre las medidas de salvaguardia de la seguridad del abastecimiento de electricidad y la inversión en infraestructura requiere que los Estados miembros tengan en cuenta las tecnologías de gestión de la demanda y tomen medidas para reducir las barreras que impiden el uso de contratos interrumpibles a fin de mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda (23). Estos servicios complementan e incluso pueden sustituir otros medios de regulación utilizados por el operador de la red para garantizar la adecuación de la oferta y la demanda de electricidad a la red, evitando así las interrupciones y apagones, que son social y económicamente costosos y pueden desencadenar la imposición de sanciones o responsabilidades. |
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(117)

Los beneficios de estos servicios a efectos de garantizar la continuidad del suministro de electricidad son reconocidos en la legislación comunitaria. La Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, sobre las medidas de salvaguardia de la seguridad del abastecimiento de electricidad y la inversión en infraestructura requiere que los Estados miembros tengan en cuenta las tecnologías de gestión de la demanda y tomen medidas para reducir las barreras que impiden el uso de contratos interrumpibles a fin de mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda (23). Estos servicios complementan e incluso pueden sustituir otros medios de regulación utilizados por el operador de la red para garantizar la adecuación de la oferta y la demanda de electricidad a la red, evitando así las interrupciones y apagones, que son social y económicamente costosos y pueden desencadenar la imposición de sanciones o responsabilidades.

| (118) | Concretamente en el caso de España, la ausencia de una capacidad importante de interconexión con otros Estados miembros y la significativa penetración de intermitente suministro eléctrico procedente de fuentes renovables de energía en 2005 hacen estos servicios especialmente valiosos. El orden de magnitud de su valor económico y de los posibles costes que se pueden evitar en el sistema eléctrico puede ilustrarse atendiendo a los costes soportados por el operador español de la red Red Eléctrica de España en la compra de servicios de balance. En 2005, Red Eléctrica de España pagó un promedio de 65 EUR/MWh para servicios de regulación secundaria de subida de energía (añadiendo energía adicional en línea entre 15 segundos y 15 minutos para equilibrar la red); para regulación terciaria de subida (añadiendo energía adicional en línea entre 15 minutos y 2 horas para reponer la reserva de energía de regulación secundaria), el precio medio en 2005 fue de 78 EUR/MWh, con aumentos hasta 600 EUR/MWh (24). Al alisar la demanda y alejarla de las horas pico (modulación de carga) o al ofrecer la capacidad de reducirla en situaciones críticas (servicios interrumpibles), los descuentos en las tarifas reguladas pertinentes (por ejemplo, alrededor de 32 EUR/MWh en la tarifa 3.4), parecen estar económicamente justificados. |
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(118)

Concretamente en el caso de España, la ausencia de una capacidad importante de interconexión con otros Estados miembros y la significativa penetración de intermitente suministro eléctrico procedente de fuentes renovables de energía en 2005 hacen estos servicios especialmente valiosos. El orden de magnitud de su valor económico y de los posibles costes que se pueden evitar en el sistema eléctrico puede ilustrarse atendiendo a los costes soportados por el operador español de la red Red Eléctrica de España en la compra de servicios de balance. En 2005, Red Eléctrica de España pagó un promedio de 65 EUR/MWh para servicios de regulación secundaria de subida de energía (añadiendo energía adicional en línea entre 15 segundos y 15 minutos para equilibrar la red); para regulación terciaria de subida (añadiendo energía adicional en línea entre 15 minutos y 2 horas para reponer la reserva de energía de regulación secundaria), el precio medio en 2005 fue de 78 EUR/MWh, con aumentos hasta 600 EUR/MWh (24). Al alisar la demanda y alejarla de las horas pico (modulación de carga) o al ofrecer la capacidad de reducirla en situaciones críticas (servicios interrumpibles), los descuentos en las tarifas reguladas pertinentes (por ejemplo, alrededor de 32 EUR/MWh en la tarifa 3.4), parecen estar económicamente justificados.

| (119) | En ausencia de estos descuentos para medidas de gestión de demanda, las tarifas reguladas para los usuarios conectados a la red de alta tensión (tarifas 1.4 y 2.4) se situaban a un nivel muy superior, entre 58 y 61 EUR/MWh para la tarifa básica y 76,2 EUR/MWh para el precio medio real. Cuando se comparan con losprecios de mercado a plazo de 31,05 EUR/MWh para el período de enero a diciembre de 2005, no puede estimarse que los precios de mercado sean superiores a las tarifas reguladas aplicables a la inmensa mayoría de usuarios industriales y comerciales de elevado consumo. |
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(119)

En ausencia de estos descuentos para medidas de gestión de demanda, las tarifas reguladas para los usuarios conectados a la red de alta tensión (tarifas 1.4 y 2.4) se situaban a un nivel muy superior, entre 58 y 61 EUR/MWh para la tarifa básica y 76,2 EUR/MWh para el precio medio real. Cuando se comparan con losprecios de mercado a plazo de 31,05 EUR/MWh para el período de enero a diciembre de 2005, no puede estimarse que los precios de mercado sean superiores a las tarifas reguladas aplicables a la inmensa mayoría de usuarios industriales y comerciales de elevado consumo.

| (120) | De ello se desprende que, aunque los precios registrados en el «pool» de electricidad no constituyen una referencia adecuada para la comparación de los precios de la electricidad que pagan los grandes usuarios industriales y comerciales, los precios reales de mercado aplicables a los suministros de electricidad para usuarios finales que recibían suministro a tarifas reguladas en 2005 se alineaban con los niveles respectivos de las tarifas reguladas. |
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(120)

De ello se desprende que, aunque los precios registrados en el «pool» de electricidad no constituyen una referencia adecuada para la comparación de los precios de la electricidad que pagan los grandes usuarios industriales y comerciales, los precios reales de mercado aplicables a los suministros de electricidad para usuarios finales que recibían suministro a tarifas reguladas en 2005 se alineaban con los niveles respectivos de las tarifas reguladas.

6.   CONCLUSIONES SOBRE LA MEDIDA

| (121) | En vista de las consideraciones precedentes, la Comisión considera probado que en primer lugar, las empresas a las que se les suministró electricidad a tarifas reguladas integrales no obtuvieron beneficios del nivel de dichas tarifas y en segundo lugar, teniendo en cuenta el compromiso de modificar la medida asumido por España, que el retraso de dichas empresas en el pago de parte de sus facturas de electricidad de 2005 devengará un tipo de interés adecuado. |
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(121)

En vista de las consideraciones precedentes, la Comisión considera probado que en primer lugar, las empresas a las que se les suministró electricidad a tarifas reguladas integrales no obtuvieron beneficios del nivel de dichas tarifas y en segundo lugar, teniendo en cuenta el compromiso de modificar la medida asumido por España, que el retraso de dichas empresas en el pago de parte de sus facturas de electricidad de 2005 devengará un tipo de interés adecuado.

| (122) | Por consiguiente, esta medida no implica una ventaja económica a favor de las empresas usuarias. Puesto que los criterios contemplados en el artículo 107, apartado 1, del TFUE son acumulativos, no es necesario examinar si se cumplen los demás criterios. |
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(122)

Por consiguiente, esta medida no implica una ventaja económica a favor de las empresas usuarias. Puesto que los criterios contemplados en el artículo 107, apartado 1, del TFUE son acumulativos, no es necesario examinar si se cumplen los demás criterios.

| (123) | Así pues, la Comisión concluye que, en vista del régimen adoptado por España para recuperar la deuda de los usuarios finales para con el sistema de electricidad, el sistema de tarifas reguladas aplicado en 2005 no dio lugar a una ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE. Esta conclusión se refiere a la situación y período de tiempo cubiertos por la denuncia, sin perjuicio de la posible evaluación por parte de la Comisión de medidas tomadas por España después de 2005. |
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(123)

Así pues, la Comisión concluye que, en vista del régimen adoptado por España para recuperar la deuda de los usuarios finales para con el sistema de electricidad, el sistema de tarifas reguladas aplicado en 2005 no dio lugar a una ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE. Esta conclusión se refiere a la situación y período de tiempo cubiertos por la denuncia, sin perjuicio de la posible evaluación por parte de la Comisión de medidas tomadas por España después de 2005.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El sistema de tarifas reguladas aplicado por el Reino de España en 2005 no constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Artículo 2

El destinatario de la presente Decisión será el Reino de España.

Hecho en Bruselas, el 4 de febrero de 2014.

Por la Comisión

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente

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(1)  DO C 43 de 27.2.2007, p. 9.

1

(2)  Véase la nota 1.

2

(3)  El artículo 12, apartado 2, de la LSE disponía que las tarifas eléctricas se establecieran en principio una vez al año, pero se podían ajustar durante este.

3

(4)  Con arreglo al artículo 8 del Real Decreto 1432/2002, la tarifa media no podía aumentar más del 1,40 % (de un año para otro), mientras que las distintas tarifas individuales solo podían aumentar en un porcentaje equivalente al incremento de la tarifa media: + 0,60 % (2 % en total).

4

(5)  Real Decreto 2392/2004, de 30 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para 2005, BOE no 315, p. 42766.

5

o

(6)  Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, BOE 62 de 14.3.2005, p. 8832.

6

(7)  Los costes de transición a la competencia son las pérdidas sufridas por los proveedores históricos de electricidad como consecuencia de las inversiones no recuperables llevadas a cabo antes de la liberalización. La Comisión autorizó que se concediera ayuda compensatoria para cubrir dichas pérdidas con arreglo a los criterios establecidos en la metodología relativa a los costes de transición a la competencia (Comunicación de la Comisión relativa a la metodología de análisis de las ayudas estatales vinculadas a costes de transición a la competencia) mediante carta SG (2001) D/290869 de 6.8.2001. Mediante Decisión SG (2001) D/290553 de 25.7.2001 en el asunto NN 49/99, la Comisión autorizó a España a conceder hasta 2008 compensación por los costes de transición a la competencia a las mismas empresas a las que se solicitó que pre financiaran el déficit de 2005.

7

(8)  Disposición adicional primera del Real Decreto 809/2006, de 30 de junio de 2006, por el que se revisa la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 2006, BOE 156 de 1.7.2006.

8

(9)  España liberalizó el mercado minorista de la electricidad antes de lo previsto en las Directivas sobre la electricidad de 1996 y 2003, que establecían un calendario de liberalización entre 1999 y 2004 para los usuarios finales comerciales (comenzando por los de mayor tamaño) y solo hacía obligatoria la liberalización del segmento doméstico a partir del 1 de julio de 2007.

9

(10)  DO L 176 de 15.7.2003, p. 37.

10

(11)  El artículo 3, apartado 3, de la Directiva sobre electricidad dispone que: «Los Estados miembros deberán garantizar que todos los clientes domésticos y, cuando los Estados miembros lo consideren adecuado, las pequeñas empresas, es decir, las empresas que empleen a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios o balance general anual no exceda de 10 millones EUR, disfruten en su territorio del derecho a un servicio universal, es decir, del derecho al suministro de electricidad de una calidad determinada, y a unos precios razonables, fácil y claramente comparables y transparentes. Para garantizar la prestación del servicio universal, los Estados miembros podrán designar un suministrador de último recurso».

11

(12)  La propia Céntrica dividió a los consumidores en cinco grupos. Esta división no corresponde a la estructura de las tarifas reguladas publicada en el Decreto anual de tarifas, como se indica en el considerando 17.

12

(13)  Véase el anexo A, letras b) y c), de la Directiva sobre electricidad.

13

(14)  Conclusiones del Abogado General en los asuntos acumulados C-261/01 y C-262/01, Van Calster, apartado 41.

14

(15)  Sentencia del Tribunal en los asuntos acumulados C-261/01, Van Calster, ibídem, apartados 49 y 50.

15

ibídem,

(16)  Decisión de la Comisión de 25 de julio de 2001, Ayuda estatal NN 49/99 — España. Régimen transitorio del mercado de la electricidad.

16

(17)  Carta de la Comisión al Reino Unido de 27 de febrero de 2002 (Ayuda estatal N 661/99).

17

(18)  DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

18

(19)  Wilson, R. (1993) Nonlinear Pricing, Oxford University Press.

19

Nonlinear Pricing,

(20)  Castro Rodríguez, F. (1999), Wright tariffs in the Spanish electricity industry, The case of residential consumption, Utilities Policy, pp. 17-31.

20

Wright tariffs in the Spanish electricity industry, The case of residential consumption,

(21)  Sentencia del TJE de 17 de marzo de 1993 en los asuntos acumulados C-72/91 y C-73/91, apartado 21; «El régimen de que se trata no tiende, ni por su finalidad, ni por su sistema general, a crear un beneficio que constituya una carga suplementaria para el Estado».

21

(22)  La principal fuente de la que se derivan las cifras de la decisión de aperture es el informe de la CNE: «EL Consumo Eléctrico en el Mercado Peninsular en el Año 2005», de fecha 25.7.2006, Sección 2. Para los grandes consumidores industriales (interrumpible y con Tarifa Horaria de Potencia «THP»), el informe indica que la fuerte modulación de carga con suministro en períodos valle, que requiere ajustes en los procesos de producción, permite importantes descuentos en la tarifa del titular.

22

(23)  DO L 33 de 4.2.2006, p. 22; véanse el artículo 3, apartado 3, letra c), y el artículo 5, apartado 2, letra b).

23

(24)  «El Sistema Eléctrico Español 2005», pp. 54 y 55, Red Eléctrica de España.

24

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| 12.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 205/45 |
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12.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 205/45

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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 4 de febrero de 2014

relativa a la medida de tarifas eléctricas españolas: distribuidores [SA.36559 (C3/07) (ex NN 66/06)], aplicada por España

[notificada con el número C(2013) 7743]

(El texto en lengua española es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2014/457/UE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 108, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con las disposiciones anteriormente citadas (1) y vistas sus observaciones,

Considerando lo siguiente:

PROCEDIMIENTO

| (1) | Mediante carta de 27 de abril de 2006, las sociedades Céntrica plc y Céntrica Energía SLU (denominadas colectivamente en lo sucesivo «Céntrica») presentaron una denuncia ante la Comisión sobre el sistema de tarifas eléctricas reguladas aplicado en España en 2005. |
| --- | --- |

(1)

Mediante carta de 27 de abril de 2006, las sociedades Céntrica plc y Céntrica Energía SLU (denominadas colectivamente en lo sucesivo «Céntrica») presentaron una denuncia ante la Comisión sobre el sistema de tarifas eléctricas reguladas aplicado en España en 2005.

| (2) | Mediante carta de 27 de julio de 2006, la Comisión pidió a las autoridades españolas que facilitaran información sobre la medida antes mencionada. La Comisión recibió dicha información mediante carta de 22 de agosto de 2006. |
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(2)

Mediante carta de 27 de julio de 2006, la Comisión pidió a las autoridades españolas que facilitaran información sobre la medida antes mencionada. La Comisión recibió dicha información mediante carta de 22 de agosto de 2006.

| (3) | El 12 de octubre de 2006, el asunto se registró como ayuda no notificada (asunto NN 66/2006). |
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(3)

El 12 de octubre de 2006, el asunto se registró como ayuda no notificada (asunto NN 66/2006).

| (4) | Mediante carta de 9 de noviembre de 2006, la Comisión pidió a las autoridades españolas aclaraciones adicionales sobre esta medida. Las autoridades españolas respondieron mediante carta de 12 de diciembre de 2006. |
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(4)

Mediante carta de 9 de noviembre de 2006, la Comisión pidió a las autoridades españolas aclaraciones adicionales sobre esta medida. Las autoridades españolas respondieron mediante carta de 12 de diciembre de 2006.

| (5) | Mediante carta de 24 de enero de 2007, la Comisión comunicó a las autoridades españolas que había decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en relación con la medida. |
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(5)

Mediante carta de 24 de enero de 2007, la Comisión comunicó a las autoridades españolas que había decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en relación con la medida.

| (6) | La Decisión de la Comisión se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (2). La Comisión invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre la medida. |
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(6)

La Decisión de la Comisión se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (2). La Comisión invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre la medida.

| (7) | Las autoridades españolas presentaron sus observaciones mediante carta de 26 de febrero de 2007. |
| --- | --- |

(7)

Las autoridades españolas presentaron sus observaciones mediante carta de 26 de febrero de 2007.

| (8) | La Comisión recibió observaciones de las siguientes partes interesadas: Xunta de Galicia (carta de 23 de marzo de 2007), Céntrica (cartas de 26 de marzo de 2007 y 3 de julio de 2007), ACIE — Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (carta de 26 de marzo de 2007), Gobierno de Asturias (carta de 27 de marzo de 2007), AEGE — Asociación de empresas con gran consumo de energía (carta de 2 de abril de 2007), Asturiana de Zinc — AZSA (carta de 3 de abril de 2007), Ferroatlántica — productor de metales (carta de 3 de abril de 2007), Alcoa (carta de 3 de abril de 2007), UNESA — Asociación Española de la Industria Eléctrica (carta de 25 de abril de 2007), ENEL Viesgo (carta de 26 de abril de 2007), Iberdrola (carta de 26 de abril de 2007), Unión Fenosa Distribución (carta de 27 de abril de 2007), Hidrocantábrico Distribución Eléctrica (carta de 27 de abril de 2007), Endesa Distribución Eléctrica (carta de 27 de abril de 2007). |
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(8)

La Comisión recibió observaciones de las siguientes partes interesadas: Xunta de Galicia (carta de 23 de marzo de 2007), Céntrica (cartas de 26 de marzo de 2007 y 3 de julio de 2007), ACIE — Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (carta de 26 de marzo de 2007), Gobierno de Asturias (carta de 27 de marzo de 2007), AEGE — Asociación de empresas con gran consumo de energía (carta de 2 de abril de 2007), Asturiana de Zinc — AZSA (carta de 3 de abril de 2007), Ferroatlántica — productor de metales (carta de 3 de abril de 2007), Alcoa (carta de 3 de abril de 2007), UNESA — Asociación Española de la Industria Eléctrica (carta de 25 de abril de 2007), ENEL Viesgo (carta de 26 de abril de 2007), Iberdrola (carta de 26 de abril de 2007), Unión Fenosa Distribución (carta de 27 de abril de 2007), Hidrocantábrico Distribución Eléctrica (carta de 27 de abril de 2007), Endesa Distribución Eléctrica (carta de 27 de abril de 2007).

| (9) | Mediante cartas de 15 de mayo y 6 de julio de 2007, la Comisión transmitió las observaciones de las partes interesadas a las autoridades españolas, a las que se dio la oportunidad de presentar a su vez comentarios, las cuales se recibieron mediante carta de 2 de agosto de 2007. |
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(9)

Mediante cartas de 15 de mayo y 6 de julio de 2007, la Comisión transmitió las observaciones de las partes interesadas a las autoridades españolas, a las que se dio la oportunidad de presentar a su vez comentarios, las cuales se recibieron mediante carta de 2 de agosto de 2007.

| (10) | Céntrica presentó información complementaria mediante cartas de 1 de junio de 2007, 28 de agosto de 2007, 4 de febrero de 2008 y 1 de marzo de 2008. |
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(10)

Céntrica presentó información complementaria mediante cartas de 1 de junio de 2007, 28 de agosto de 2007, 4 de febrero de 2008 y 1 de marzo de 2008.

| (11) | Mediante sus cartas de 30 de julio de 2009, 19 de marzo de 2010 y 6 de octubre de 2011, 12 de abril de 2012, 31 de agosto de 2012, 4 de febrero de 2013 y 17 de julio de 2013, la Comisión solicitó nuevas aclaraciones a las autoridades españolas sobre la medida. Estas respondieron mediante cartas de 5 de octubre de 2009, 26 de abril de 2010, 7 de diciembre de 2011, 12 de junio de 2012, 18 de octubre de 2012, 11 de febrero de 2013 y 4 de octubre de 2013, respectivamente. |
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(11)

Mediante sus cartas de 30 de julio de 2009, 19 de marzo de 2010 y 6 de octubre de 2011, 12 de abril de 2012, 31 de agosto de 2012, 4 de febrero de 2013 y 17 de julio de 2013, la Comisión solicitó nuevas aclaraciones a las autoridades españolas sobre la medida. Estas respondieron mediante cartas de 5 de octubre de 2009, 26 de abril de 2010, 7 de diciembre de 2011, 12 de junio de 2012, 18 de octubre de 2012, 11 de febrero de 2013 y 4 de octubre de 2013, respectivamente.

| (12) | El 19 de abril de 2013, el expediente se dividió en dos partes: el asunto SA.21817 (C3/07 ex NN 66/06), que se refiere a las ayudas a los usuarios finales de electricidad, y el asunto SA.36559 (C3/07 ex NN 66/06), que se refiere a las ayudas a los distribuidores de electricidad. La presente Decisión se ocupa exclusivamente de las ayudas a los distribuidores de electricidad. |
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(12)

El 19 de abril de 2013, el expediente se dividió en dos partes: el asunto SA.21817 (C3/07 ex NN 66/06), que se refiere a las ayudas a los usuarios finales de electricidad, y el asunto SA.36559 (C3/07 ex NN 66/06), que se refiere a las ayudas a los distribuidores de electricidad. La presente Decisión se ocupa exclusivamente de las ayudas a los distribuidores de electricidad.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA MEDIDA

EL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL EN 2005

Distinción entre actividades reguladas y no reguladas

| (13) | En el marco legislativo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del sector eléctrico (en adelante, «LSE»), que constituye la piedra angular del sistema eléctrico español, se hace una distinción fundamental entre actividades reguladas y actividades liberalizadas. |
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(13)

En el marco legislativo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del sector eléctrico (en adelante, «LSE»), que constituye la piedra angular del sistema eléctrico español, se hace una distinción fundamental entre actividades reguladas y actividades liberalizadas.

| (14) | La generación, importación, exportación y suministro al por menor de electricidad son actividades liberalizadas, es decir, actividades que los operadores económicos pueden ejercer libremente en condiciones de mercado y sobre las que el Estado no ejerce un control de regulación estricto a través, por ejemplo, del control de los precios y las condiciones de suministro. |
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(14)

La generación, importación, exportación y suministro al por menor de electricidad son actividades liberalizadas, es decir, actividades que los operadores económicos pueden ejercer libremente en condiciones de mercado y sobre las que el Estado no ejerce un control de regulación estricto a través, por ejemplo, del control de los precios y las condiciones de suministro.

| (15) | En cambio, la distribución, el transporte y las actividades realizadas por el operador del mercado (3) y por el operador del sistema (4) están plenamente reguladas por el Estado. Normalmente, el Estado regula estas actividades en cualquier sistema de electricidad, dado que los operadores que las desarrollan disfrutan de monopolios de hecho o de derecho y, de lo contrario, los operadores no tendrían impedimento alguno para infringir las reglas de competencia y podrían aplicar precios monopolísticos, superiores al precio normal de mercado. |
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(15)

En cambio, la distribución, el transporte y las actividades realizadas por el operador del mercado (3) y por el operador del sistema (4) están plenamente reguladas por el Estado. Normalmente, el Estado regula estas actividades en cualquier sistema de electricidad, dado que los operadores que las desarrollan disfrutan de monopolios de hecho o de derecho y, de lo contrario, los operadores no tendrían impedimento alguno para infringir las reglas de competencia y podrían aplicar precios monopolísticos, superiores al precio normal de mercado.

Mera distribución y suministro a tarifas reguladas

| (16) | En 2005, la distribución incluía tres tipos de actividades reguladas en el sistema eléctrico español. La primera era la mera distribución. Este tipo de distribución consiste en transmitir electricidad a los puntos de consumo a través de las redes de distribución, y es un monopolio, al no existir redes alternativas. El segundo tipo incluye determinadas actividades de gestión comercial estrechamente relacionadas con la distribución, como la lectura de contadores, la celebración de contratos, la facturación, la prestación de servicios a los clientes, etc. En 2005, la tercera actividad regulada era el suministro a tarifa regulada y la ley la asignaba a los distribuidores añadiéndola a su principal misión legal (gestionar y brindar acceso a las redes de distribución de electricidad) (5). Tras la reforma finalizada en 2009, los distribuidores ya no suministran electricidad a tarifas reguladas. |
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(16)

En 2005, la distribución incluía tres tipos de actividades reguladas en el sistema eléctrico español. La primera era la mera distribución. Este tipo de distribución consiste en transmitir electricidad a los puntos de consumo a través de las redes de distribución, y es un monopolio, al no existir redes alternativas. El segundo tipo incluye determinadas actividades de gestión comercial estrechamente relacionadas con la distribución, como la lectura de contadores, la celebración de contratos, la facturación, la prestación de servicios a los clientes, etc. En 2005, la tercera actividad regulada era el suministro a tarifa regulada y la ley la asignaba a los distribuidores añadiéndola a su principal misión legal (gestionar y brindar acceso a las redes de distribución de electricidad) (5). Tras la reforma finalizada en 2009, los distribuidores ya no suministran electricidad a tarifas reguladas.

| (17) | Por ley, los distribuidores debían adquirir la electricidad necesaria para abastecer a los clientes regulados en el mercado mayorista organizado («el pool») al precio del día (precio marginal del sistema o «precio del pool») o directamente a los productores de energías renovables (6), y revender luego la electricidad a los consumidores finales a la tarifa regulada aplicable. |
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(17)

Por ley, los distribuidores debían adquirir la electricidad necesaria para abastecer a los clientes regulados en el mercado mayorista organizado («el pool») al precio del día (precio marginal del sistema o «precio del pool») o directamente a los productores de energías renovables (6), y revender luego la electricidad a los consumidores finales a la tarifa regulada aplicable.

Papel de los distribuidores como intermediarios financieros del sistema

| (18) | En 2005, había no menos de veinticinco tarifas reguladas distintas para los usuarios finales en función del nivel, el perfil y/o el uso de consumo y la tensión de conexión a la red. Entretanto, a los usuarios finales se les aplicaban otros nueve peajes regulados de acceso a la red en el mercado libre, también sobre la base de la tensión de conexión y otras características (7). En el mercado libre, los usuarios finales pagaban los peajes de acceso a la red a los proveedores, que a su vez los repercutían en los distribuidores. En el mercado regulado, los peajes de acceso a la red estaban integrados en una tarifa regulada global que los usuarios finales pagaban a los distribuidores (estaban implícitos). Desde 2005, España ha introducido cambios en el sistema de tarifas reguladas. El último cambio es de 2013, cuando España adoptó un nuevo marco legislativo para el sector eléctrico (Ley 24/13) que incluye, entre otras medidas, la reforma de la regulación de los precios de mercado al detalle. España anunció que esta nueva ley y sus normas de aplicación será desarrollada durante 2014. |
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(18)

En 2005, había no menos de veinticinco tarifas reguladas distintas para los usuarios finales en función del nivel, el perfil y/o el uso de consumo y la tensión de conexión a la red. Entretanto, a los usuarios finales se les aplicaban otros nueve peajes regulados de acceso a la red en el mercado libre, también sobre la base de la tensión de conexión y otras características (7). En el mercado libre, los usuarios finales pagaban los peajes de acceso a la red a los proveedores, que a su vez los repercutían en los distribuidores. En el mercado regulado, los peajes de acceso a la red estaban integrados en una tarifa regulada global que los usuarios finales pagaban a los distribuidores (estaban implícitos). Desde 2005, España ha introducido cambios en el sistema de tarifas reguladas. El último cambio es de 2013, cuando España adoptó un nuevo marco legislativo para el sector eléctrico (Ley 24/13) que incluye, entre otras medidas, la reforma de la regulación de los precios de mercado al detalle. España anunció que esta nueva ley y sus normas de aplicación será desarrollada durante 2014.

| (19) | Los niveles de las tarifas integrales reguladas y de los peajes regulados de acceso a la red se decidían previamente una vez para todo el año, por lo general antes del final del año N–1, aunque podían ajustarse a lo largo del año (8). No obstante, los incrementos anuales de las tarifas no podían superar un límite máximo (9). En principio, todos los niveles de las tarifas y peajes se fijaban, sobre la base de previsiones, con el fin de garantizar que los ingresos regulados obtenidos de su aplicación bastasen para cubrir la totalidad de los costes regulados del sistema eléctrico. En estos costes regulados del sistema se incluían en 2005 los costes del suministro de energía para las tarifas integrales, los costes de la adquisición de energía de regímenes especiales de apoyo (fuentes renovables, cogeneración, etc.), los costes de transporte y distribución, las medidas de gestión de la demanda, los costes adicionales de generación eléctrica en la España insular, el apoyo al carbón autóctono, los déficits de años anteriores, etc. |
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(19)

Los niveles de las tarifas integrales reguladas y de los peajes regulados de acceso a la red se decidían previamente una vez para todo el año, por lo general antes del final del año N–1, aunque podían ajustarse a lo largo del año (8). No obstante, los incrementos anuales de las tarifas no podían superar un límite máximo (9). En principio, todos los niveles de las tarifas y peajes se fijaban, sobre la base de previsiones, con el fin de garantizar que los ingresos regulados obtenidos de su aplicación bastasen para cubrir la totalidad de los costes regulados del sistema eléctrico. En estos costes regulados del sistema se incluían en 2005 los costes del suministro de energía para las tarifas integrales, los costes de la adquisición de energía de regímenes especiales de apoyo (fuentes renovables, cogeneración, etc.), los costes de transporte y distribución, las medidas de gestión de la demanda, los costes adicionales de generación eléctrica en la España insular, el apoyo al carbón autóctono, los déficits de años anteriores, etc.

| (20) | En el régimen de regulación de España, los distribuidores eran, y siguen siendo, los principales intermediarios financieros del sistema. Gestionaban todos los ingresos del sistema de tarifas reguladas, es decir, los peajes de acceso a la red y los ingresos de las tarifas integrales. Estos ingresos, denominados colectivamente ingresos liquidables, se utilizaban para sufragar todos los costes regulados del sistema. No existían normas que destinasen una categoría determinada de ingresos, o una parte de los mismos, a una categoría específica de costes, o a una parte de ellos. Como resultado, los ingresos procedentes de los peajes de acceso a la red no se destinaban total ni parcialmente a financiar los costes más elevados de apoyo a la electricidad generada a partir de fuentes renovables o los costes de generación en la España insular. |
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(20)

En el régimen de regulación de España, los distribuidores eran, y siguen siendo, los principales intermediarios financieros del sistema. Gestionaban todos los ingresos del sistema de tarifas reguladas, es decir, los peajes de acceso a la red y los ingresos de las tarifas integrales. Estos ingresos, denominados colectivamente ingresos liquidables, se utilizaban para sufragar todos los costes regulados del sistema. No existían normas que destinasen una categoría determinada de ingresos, o una parte de los mismos, a una categoría específica de costes, o a una parte de ellos. Como resultado, los ingresos procedentes de los peajes de acceso a la red no se destinaban total ni parcialmente a financiar los costes más elevados de apoyo a la electricidad generada a partir de fuentes renovables o los costes de generación en la España insular.

| (21) | La compensación de cuentas tenía lugar en un proceso de liquidación realizado bajo el control directo del regulador español, la Comisión Nacional de Energía (CNE). La retribución de los distribuidores (por las actividades relacionadas con la distribución en sí misma) procedía igualmente de los ingresos liquidables, una vez deducidos todos los demás costes. |
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(21)

La compensación de cuentas tenía lugar en un proceso de liquidación realizado bajo el control directo del regulador español, la Comisión Nacional de Energía (CNE). La retribución de los distribuidores (por las actividades relacionadas con la distribución en sí misma) procedía igualmente de los ingresos liquidables, una vez deducidos todos los demás costes.

Distribuidores frente a proveedores y precios respectivos

| (22) | Por consiguiente, en el mercado minorista de la electricidad de España actuaban en 2005 dos categorías de operadores: los distribuidores, que estaban obligados a vender a tarifas reguladas, y los proveedores, que vendían en condiciones negociadas libremente. Por razones históricas, en España los distribuidores forman parte de grupos integrados verticalmente que son los operadores históricos y que tradicionalmente han explotado las redes de distribución en determinadas zonas geográficas, que solo han sufrido cambios a raíz de fusiones y consolidaciones. En el mercado regulado, los distribuidores aplicaban tarifas integrales, que no distinguían entre los costes de la compra de energía y los costes de acceso a la red. |
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(22)

Por consiguiente, en el mercado minorista de la electricidad de España actuaban en 2005 dos categorías de operadores: los distribuidores, que estaban obligados a vender a tarifas reguladas, y los proveedores, que vendían en condiciones negociadas libremente. Por razones históricas, en España los distribuidores forman parte de grupos integrados verticalmente que son los operadores históricos y que tradicionalmente han explotado las redes de distribución en determinadas zonas geográficas, que solo han sufrido cambios a raíz de fusiones y consolidaciones. En el mercado regulado, los distribuidores aplicaban tarifas integrales, que no distinguían entre los costes de la compra de energía y los costes de acceso a la red.

| (23) | Los proveedores pueden pertenecer a grupos integrados verticalmente (que normalmente poseen distintas divisiones de generación, distribución y suministro) o bien ser nuevos operadores del mercado. A menudo, los nuevos operadores carecen de capacidad de generación y operan únicamente en el mercado minorista. Céntrica es uno de estos nuevos operadores. En el mercado libre, los proveedores cobraban precios que tenían que cubrir el peaje de acceso a la red (que debían pagar a los distribuidores), los costes de adquisición de la energía (costes de adquisición en el mercado mayorista o los costes de propia generación, en el caso de empresas integradas verticalmente) y un «margen de comercialización», que cubría otros costes (costes de comercialización, sistemas informáticos, facturación, etc.), así como una retribución sobre el capital invertido. |
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(23)

Los proveedores pueden pertenecer a grupos integrados verticalmente (que normalmente poseen distintas divisiones de generación, distribución y suministro) o bien ser nuevos operadores del mercado. A menudo, los nuevos operadores carecen de capacidad de generación y operan únicamente en el mercado minorista. Céntrica es uno de estos nuevos operadores. En el mercado libre, los proveedores cobraban precios que tenían que cubrir el peaje de acceso a la red (que debían pagar a los distribuidores), los costes de adquisición de la energía (costes de adquisición en el mercado mayorista o los costes de propia generación, en el caso de empresas integradas verticalmente) y un «margen de comercialización», que cubría otros costes (costes de comercialización, sistemas informáticos, facturación, etc.), así como una retribución sobre el capital invertido.

| (24) | En 2005, la coexistencia del mercado libre y el mercado regulado y, en particular, la posibilidad de que los usuarios finales pudieran migrar libremente de uno al otro, implicaba que las tarifas reguladas actuaban como una referencia de precio (o limitación de hecho) de los precios del mercado libre. Por ello, un proveedor solo podía operar de forma rentable en un determinado segmento del mercado si existía un margen de comercialización positivo, es decir, una cierta diferencia entre el precio al por menor —en este caso, la tarifa regulada, a la que tenía derecho el cliente — y los costes generales soportados para prestar servicio a los clientes. |
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(24)

En 2005, la coexistencia del mercado libre y el mercado regulado y, en particular, la posibilidad de que los usuarios finales pudieran migrar libremente de uno al otro, implicaba que las tarifas reguladas actuaban como una referencia de precio (o limitación de hecho) de los precios del mercado libre. Por ello, un proveedor solo podía operar de forma rentable en un determinado segmento del mercado si existía un margen de comercialización positivo, es decir, una cierta diferencia entre el precio al por menor —en este caso, la tarifa regulada, a la que tenía derecho el cliente — y los costes generales soportados para prestar servicio a los clientes.

El déficit tarifario de 2005

| (25) | En 2005, el nivel al que se fijaron las tarifas reguladas y los peajes de acceso a la red no generaba los ingresos suficientes para que el sistema pudiera recuperar todos los costes documentados posteriormente para todo el año. El proceso de liquidación definitivo para 2005, que fue llevado a cabo por la CNE al final del año, determinó un déficit de 3 811 millones EUR. No era la primera vez que el proceso de liquidación arrojaba un déficit, si bien el de 2005 era de una magnitud sin precedentes. En 2000, 2001 y 2002 ya se habían registrado déficits más bajos. |
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(25)

En 2005, el nivel al que se fijaron las tarifas reguladas y los peajes de acceso a la red no generaba los ingresos suficientes para que el sistema pudiera recuperar todos los costes documentados posteriormente para todo el año. El proceso de liquidación definitivo para 2005, que fue llevado a cabo por la CNE al final del año, determinó un déficit de 3 811 millones EUR. No era la primera vez que el proceso de liquidación arrojaba un déficit, si bien el de 2005 era de una magnitud sin precedentes. En 2000, 2001 y 2002 ya se habían registrado déficits más bajos.

| (26) | Entre otras cosas, el Gobierno subestimó los costes reales de adquisición de electricidad. Así, mientras que, en términos generales, el consumo de electricidad de los usuarios finales, tanto en el mercado regulado como en el mercado libre, evolucionó en 2005 como se había previsto en diciembre de 2004, los incrementos imprevistos de precios que tuvieron lugar durante el año elevaron los precios mayoristas hasta los 62,4 EUR/MWh en 2005, cuando eran de 35,61 EUR/MWh en 2004, de forma que el precio mayorista medio en 2005 fue de 59,47 EUR/MWh. Entre las causas de este aumento se encuentran un año extremadamente seco, que redujo la producción de hidroelectricidad en un 55 %, la subida de los precios del petróleo, la repercusión del precio de mercado de los derechos de emisión de CO2 recibidos gratuitamente del Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión y un aumento de la demanda de energía superior al crecimiento del PIB. |
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(26)

Entre otras cosas, el Gobierno subestimó los costes reales de adquisición de electricidad. Así, mientras que, en términos generales, el consumo de electricidad de los usuarios finales, tanto en el mercado regulado como en el mercado libre, evolucionó en 2005 como se había previsto en diciembre de 2004, los incrementos imprevistos de precios que tuvieron lugar durante el año elevaron los precios mayoristas hasta los 62,4 EUR/MWh en 2005, cuando eran de 35,61 EUR/MWh en 2004, de forma que el precio mayorista medio en 2005 fue de 59,47 EUR/MWh. Entre las causas de este aumento se encuentran un año extremadamente seco, que redujo la producción de hidroelectricidad en un 55 %, la subida de los precios del petróleo, la repercusión del precio de mercado de los derechos de emisión de CO2 recibidos gratuitamente del Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión y un aumento de la demanda de energía superior al crecimiento del PIB.

| (27) | La Comisión Nacional de Energía, el regulador español, señaló que en 2005, por término medio, las tarifas integrales no reflejaban todos los costes de suministro y, en particular, el coste de adquisición de la energía en el mercado mayorista. En particular, como se muestra en el gráfico que figura a continuación, solo en cinco meses, entre enero y febrero de 2005 y posteriormente de nuevo entre abril y junio de 2005, se situaron los precios de la energía implícitos en las tarifas reguladas integrales medias por debajo de los precios del mercado mayorista de la electricidad. Sin embargo, entre octubre de 2006 y diciembre de 2007 sucedió lo contrario: durante este período de catorce meses los precios mayoristas medios descendieron bruscamente por debajo de los precios de la energía implícitos en las tarifas reguladas integrales medias, netamente por encima de la diferencia observada en los siete meses de 2005 en los que los precios mayoristas se situaron por encima de los implícitos en las tarifas integrales.

  Gráfico 1


  Precio medio ponderado del mercado mayorista frente al precio de la energía implícito en la tarifa integral



  Fuente: CNE — Informe sobre la evolución de la competencia en los mercados de gas y electricidad. Período 2005/2007, página 84. |
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(27)

La Comisión Nacional de Energía, el regulador español, señaló que en 2005, por término medio, las tarifas integrales no reflejaban todos los costes de suministro y, en particular, el coste de adquisición de la energía en el mercado mayorista. En particular, como se muestra en el gráfico que figura a continuación, solo en cinco meses, entre enero y febrero de 2005 y posteriormente de nuevo entre abril y junio de 2005, se situaron los precios de la energía implícitos en las tarifas reguladas integrales medias por debajo de los precios del mercado mayorista de la electricidad. Sin embargo, entre octubre de 2006 y diciembre de 2007 sucedió lo contrario: durante este período de catorce meses los precios mayoristas medios descendieron bruscamente por debajo de los precios de la energía implícitos en las tarifas reguladas integrales medias, netamente por encima de la diferencia observada en los siete meses de 2005 en los que los precios mayoristas se situaron por encima de los implícitos en las tarifas integrales.

Gráfico 1

Precio medio ponderado del mercado mayorista frente al precio de la energía implícito en la tarifa integral

Fuente: CNE — Informe sobre la evolución de la competencia en los mercados de gas y electricidad. Período 2005/2007, página 84.

| (28) | Un factor importante que también contribuyó a incrementar los costes generales del sistema fue el alto nivel de subvenciones a la producción de energías renovables. En particular, los productores de energías renovables podían optar por participar directamente en el pool. En 2005, esta opción resultó especialmente atractiva, de modo que participó en el pool un mayor número de productores de energías renovables del inicialmente previsto, lo que condujo a costes más elevados para el sistema. Además, el apoyo directo a los costes de la electricidad no vendida al pool procedente del régimen especial (renovables, cogeneración), que se inscribieron como coste regulado en la contabilidad, ascendió a 2 701 millones EUR en 2005, lo que supuso un incremento del 5,75 % en relación con 2004. A título ilustrativo, los costes de transporte y distribución del sistema ascendieron a 4 142 millones EUR en 2004, 4 410 millones EUR en 2005 y 4 567 millones EUR en 2006. |
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(28)

Un factor importante que también contribuyó a incrementar los costes generales del sistema fue el alto nivel de subvenciones a la producción de energías renovables. En particular, los productores de energías renovables podían optar por participar directamente en el pool. En 2005, esta opción resultó especialmente atractiva, de modo que participó en el pool un mayor número de productores de energías renovables del inicialmente previsto, lo que condujo a costes más elevados para el sistema. Además, el apoyo directo a los costes de la electricidad no vendida al pool procedente del régimen especial (renovables, cogeneración), que se inscribieron como coste regulado en la contabilidad, ascendió a 2 701 millones EUR en 2005, lo que supuso un incremento del 5,75 % en relación con 2004. A título ilustrativo, los costes de transporte y distribución del sistema ascendieron a 4 142 millones EUR en 2004, 4 410 millones EUR en 2005 y 4 567 millones EUR en 2006.

Mecanismo adoptado para prefinanciar y reembolsar el déficit

| (29) | La generación del déficit no pasó desapercibida. Ya en marzo de 2005, cuando se puso de manifiesto que se estaba creando un déficit tarifario, las autoridades españolas establecieron, por medio del artículo 24 del Real Decreto-Ley 5/2005 (10), que los fondos necesarios para colmar la diferencia los facilitaran las cinco mayores «eléctricas con derechos de cobro», que eran aquellas empresas con derecho a recibir compensaciones por los costes de transición a la competencia (11), de acuerdo con los siguientes porcentajes:






  — | Iberdrola SA: 35,01 %, |
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(29)

La generación del déficit no pasó desapercibida. Ya en marzo de 2005, cuando se puso de manifiesto que se estaba creando un déficit tarifario, las autoridades españolas establecieron, por medio del artículo 24 del Real Decreto-Ley 5/2005 (10), que los fondos necesarios para colmar la diferencia los facilitaran las cinco mayores «eléctricas con derechos de cobro», que eran aquellas empresas con derecho a recibir compensaciones por los costes de transición a la competencia (11), de acuerdo con los siguientes porcentajes:

—

Iberdrola SA: 35,01 %,

| — | Unión Eléctrica Fenosa SA: 12,84 %, |
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—

Unión Eléctrica Fenosa SA: 12,84 %,

| — | Hidroeléctrica del Cantábrico SA: 6,08 %, |
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—

Hidroeléctrica del Cantábrico SA: 6,08 %,

| — | Endesa SA: 44,16 %, |
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—

Endesa SA: 44,16 %,

| — | Elcogás SA: 1,91 %. |
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—

Elcogás SA: 1,91 %.

| (30) | El saldo negativo en la cuenta de los costes de transición a la competencia daría lugar a derechos de cobro consistentes en el derecho de las empresas a recibir ingresos de los consumidores de electricidad en el futuro. Las empresas proveedoras podían titulizar estos derechos y venderlos en el mercado. Estas empresas, excepto Elcogás SA, son empresas matrices de entidades integradas verticalmente que normalmente operan en la generación de electricidad, así como en el sector de la distribución mediante ramas de distribución. Como establece el artículo 24 del Real Decreto-Ley 5/2005, los motivos y criterios que rigen la designación de estas cinco empresas a efectos de la prefinanciación del déficit tarifario de 2005 —y no de otras empresas que operan en el mercado eléctrico español— parece ser su derecho a recibir compensaciones por los costes de transición a la competencia y no, por ejemplo, su actividad en el sector de la distribución. De hecho, Elcogás SA ha sido y sigue siendo una empresa únicamente activa en la generación de electricidad (12). Asimismo, a efectos de prefinanciar el déficit del sistema eléctrico en años posteriores, España ha designado alternativamente a la empresa matriz de la entidad (por ejemplo, Endesa SA, Iberdrola SA) o a su rama de generación (Endesa Generación SA, Iberdrola Generación SA) en el Real Decreto-Ley 6/2009, pero nunca a la rama de distribución (es decir, Endesa Distribución Eléctrica SL, filial de plena propiedad encargada de la distribución de electricidad bajo el sistema de tarifas reguladas en 2005). |
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(30)

El saldo negativo en la cuenta de los costes de transición a la competencia daría lugar a derechos de cobro consistentes en el derecho de las empresas a recibir ingresos de los consumidores de electricidad en el futuro. Las empresas proveedoras podían titulizar estos derechos y venderlos en el mercado. Estas empresas, excepto Elcogás SA, son empresas matrices de entidades integradas verticalmente que normalmente operan en la generación de electricidad, así como en el sector de la distribución mediante ramas de distribución. Como establece el artículo 24 del Real Decreto-Ley 5/2005, los motivos y criterios que rigen la designación de estas cinco empresas a efectos de la prefinanciación del déficit tarifario de 2005 —y no de otras empresas que operan en el mercado eléctrico español— parece ser su derecho a recibir compensaciones por los costes de transición a la competencia y no, por ejemplo, su actividad en el sector de la distribución. De hecho, Elcogás SA ha sido y sigue siendo una empresa únicamente activa en la generación de electricidad (12). Asimismo, a efectos de prefinanciar el déficit del sistema eléctrico en años posteriores, España ha designado alternativamente a la empresa matriz de la entidad (por ejemplo, Endesa SA, Iberdrola SA) o a su rama de generación (Endesa Generación SA, Iberdrola Generación SA) en el Real Decreto-Ley 6/2009, pero nunca a la rama de distribución (es decir, Endesa Distribución Eléctrica SL, filial de plena propiedad encargada de la distribución de electricidad bajo el sistema de tarifas reguladas en 2005).

| (31) | En junio de 2006, las autoridades españolas adoptaron una decisión relativa a las modalidades de recuperación del déficit de 2005 de los consumidores de electricidad a través de las tarifas reguladas. Mediante el Real Decreto 809/2006 (13), las autoridades españolas dispusieron que los consumidores pagasen el déficit de 2005 o, para ser más precisos, los derechos de cobro concedidos a las cinco empresas proveedoras elegidas, a lo largo de catorce años y mediante un recargo especial aplicado tanto a las tarifas integrales como a las tarifas de acceso. Este recargo, calculado como la cantidad anual necesaria para recuperar de forma lineal el valor actual neto del déficit de 2005 a lo largo de catorce años y medio, se estableció en un 1,378 % de la tarifa integral y en un 3,975 % de la tarifa de acceso para 2006. El tipo de interés aplicable era el Euribor a tres meses. |
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(31)

En junio de 2006, las autoridades españolas adoptaron una decisión relativa a las modalidades de recuperación del déficit de 2005 de los consumidores de electricidad a través de las tarifas reguladas. Mediante el Real Decreto 809/2006 (13), las autoridades españolas dispusieron que los consumidores pagasen el déficit de 2005 o, para ser más precisos, los derechos de cobro concedidos a las cinco empresas proveedoras elegidas, a lo largo de catorce años y mediante un recargo especial aplicado tanto a las tarifas integrales como a las tarifas de acceso. Este recargo, calculado como la cantidad anual necesaria para recuperar de forma lineal el valor actual neto del déficit de 2005 a lo largo de catorce años y medio, se estableció en un 1,378 % de la tarifa integral y en un 3,975 % de la tarifa de acceso para 2006. El tipo de interés aplicable era el Euribor a tres meses.

| (32) | El recargo se asimiló a una «cuota con destino específico». Las autoridades españolas dispusieron que los ingresos procedentes de la contribución destinada a financiar el déficit de 2005 se acumularan en la cuenta de depósito gestionada por la CNE. La CNE transferiría posteriormente los fondos a los titulares de los derechos de cobro, es decir, las eléctricas que financiaban el déficit, o las entidades que posteriormente les hubiesen comprado los derechos de cobro, de acuerdo con la parte del déficit financiada por cada una de ellas. |
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(32)

El recargo se asimiló a una «cuota con destino específico». Las autoridades españolas dispusieron que los ingresos procedentes de la contribución destinada a financiar el déficit de 2005 se acumularan en la cuenta de depósito gestionada por la CNE. La CNE transferiría posteriormente los fondos a los titulares de los derechos de cobro, es decir, las eléctricas que financiaban el déficit, o las entidades que posteriormente les hubiesen comprado los derechos de cobro, de acuerdo con la parte del déficit financiada por cada una de ellas.

Efectos de los niveles tarifarios en el mercado español

| (33) | En 2005, el 37,49 % de la demanda de electricidad en España se adquiría en el mercado libre. Esta cantidad corresponde a un número relativamente reducido de consumidores: solo el 8,5 % de los consumidores acudía al mercado libre, mientras que el 91,5 % seguía teniendo las tarifas reguladas (lo que suponía un descenso en relación con el 97 % de 2004). Los clientes de alta tensión (fundamentalmente, los clientes industriales) constituían el grupo más importante presente en el mercado libre: el 38,9 % de ellos había ejercido su elegibilidad y sus compras suponían el 29 % del consumo total de electricidad en la España peninsular en 2005. La inmensa mayoría de los hogares y los pequeños consumidores de baja tensión, que pasaron a ser elegibles en 2003 (14), seguían con tarifas reguladas, a pesar de lo cual, en 2005 también se pasaron en gran número al mercado libre. A 31 de diciembre de 2005, más de dos millones de consumidores se encontraban en el mercado libre (una cifra que era de 1,3 millones en 2004). |
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(33)

En 2005, el 37,49 % de la demanda de electricidad en España se adquiría en el mercado libre. Esta cantidad corresponde a un número relativamente reducido de consumidores: solo el 8,5 % de los consumidores acudía al mercado libre, mientras que el 91,5 % seguía teniendo las tarifas reguladas (lo que suponía un descenso en relación con el 97 % de 2004). Los clientes de alta tensión (fundamentalmente, los clientes industriales) constituían el grupo más importante presente en el mercado libre: el 38,9 % de ellos había ejercido su elegibilidad y sus compras suponían el 29 % del consumo total de electricidad en la España peninsular en 2005. La inmensa mayoría de los hogares y los pequeños consumidores de baja tensión, que pasaron a ser elegibles en 2003 (14), seguían con tarifas reguladas, a pesar de lo cual, en 2005 también se pasaron en gran número al mercado libre. A 31 de diciembre de 2005, más de dos millones de consumidores se encontraban en el mercado libre (una cifra que era de 1,3 millones en 2004).

| (34) | No obstante, la ventaja de precios ofrecida por término medio por las tarifas reguladas en 2005 debe ponerse en paralelo con un retorno, un tanto tardío, de los consumidores al mercado regulado. Como se muestra en el cuadro 2, el número de consumidores que se abastecía en el mercado libre aumentó a lo largo de 2005 pero disminuyó en 2006, hasta situarse en el porcentaje (8,15 %) alcanzado en el primer semestre de 2005. De modo análogo, el descenso de la cantidad de energía suministrada a los usuarios finales en el mercado libre que se observó en diciembre de 2004 continuó en el primer semestre de 2005. Aunque se detuvo claramente entre junio y septiembre de 2005, continuó en diciembre de ese mismo año y a lo largo de 2006.

  Cuadro 2


  Cuota de centros de suministro y energía del mercado libre (expresada en porcentaje del mercado total), 2004-2006


















  Electricidad | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Mar. | Jun. | Sep. | Dic. | Mar. | Jun. | Sep. | Dic. | Mar. | Jun. | Sep. | Dic. |
| en porcentaje de centros de suministro | 1,53 | 2,82 | 4,21 | 5,73 | 7,42 | 9,42 | 10,37 | 10,66 | 10,20 | 9,28 | 8,86 | 8,15 |
| en porcentaje de la energía | 29,30 | 33,60 | 36,19 | 33,57 | 33,15 | 35,34 | 41,39 | 37,41 | 29,38 | 27,10 | 25,74 | 24,87 |
| Fuente: Informe de la CNE, «Nota Informativa sobre los suministros de electricidad y gas natural en los mercados liberalizados, actualización 31 de diciembre de 2006». |

(34)

No obstante, la ventaja de precios ofrecida por término medio por las tarifas reguladas en 2005 debe ponerse en paralelo con un retorno, un tanto tardío, de los consumidores al mercado regulado. Como se muestra en el cuadro 2, el número de consumidores que se abastecía en el mercado libre aumentó a lo largo de 2005 pero disminuyó en 2006, hasta situarse en el porcentaje (8,15 %) alcanzado en el primer semestre de 2005. De modo análogo, el descenso de la cantidad de energía suministrada a los usuarios finales en el mercado libre que se observó en diciembre de 2004 continuó en el primer semestre de 2005. Aunque se detuvo claramente entre junio y septiembre de 2005, continuó en diciembre de ese mismo año y a lo largo de 2006.

Cuadro 2

Cuota de centros de suministro y energía del mercado libre (expresada en porcentaje del mercado total), 2004-2006

Electricidad

2004

2005

2006

Mar.

Jun.

Sep.

Dic.

Mar.

Jun.

Sep.

Dic.

Mar.

Jun.

Sep.

Dic.

en porcentaje de centros de suministro

1,53

2,82

4,21

5,73

7,42

9,42

10,37

10,66

10,20

9,28

8,86

8,15

en porcentaje de la energía

29,30

33,60

36,19

33,57

33,15

35,34

41,39

37,41

29,38

27,10

25,74

24,87

Fuente: Informe de la CNE, «Nota Informativa sobre los suministros de electricidad y gas natural en los mercados liberalizados, actualización 31 de diciembre de 2006».

| (35) | Aunque el impacto de las pérdidas soportadas por los proveedores comenzó a materializarse a mediados de 2005, cuando los precios mayoristas empezaron a incrementarse considerablemente, los contratos de suministro no podían rescindirse con efecto inmediato. Como consecuencia de ello, los proveedores en el mercado libre, especialmente aquellos que no disponían de capacidad de generación sino que tenían que adquirir electricidad en el mercado mayorista, se vieron obligados a optar entre hacer ofertas en el mercado libre que equivaliesen a la tarifa regulada, a pesar de las posibles pérdidas operativas, o aplicar precios más elevados que reflejasen los costes reales de adquisición, con lo que perdían cuota de mercado. |
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(35)

Aunque el impacto de las pérdidas soportadas por los proveedores comenzó a materializarse a mediados de 2005, cuando los precios mayoristas empezaron a incrementarse considerablemente, los contratos de suministro no podían rescindirse con efecto inmediato. Como consecuencia de ello, los proveedores en el mercado libre, especialmente aquellos que no disponían de capacidad de generación sino que tenían que adquirir electricidad en el mercado mayorista, se vieron obligados a optar entre hacer ofertas en el mercado libre que equivaliesen a la tarifa regulada, a pesar de las posibles pérdidas operativas, o aplicar precios más elevados que reflejasen los costes reales de adquisición, con lo que perdían cuota de mercado.

DECISIÓN DE INCOAR EL PROCEDIMIENTO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 108, APARTADO 2, DEL TFUE

| (36) | La Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal se basó en diversos motivos que se especifican a continuación. |
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(36)

La Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal se basó en diversos motivos que se especifican a continuación.

| (37) | La Decisión comparó las tarifas reguladas que pagaban las distintas categorías de usuarios finales con los precios estimados que habrían tenido que pagar en el mercado libre en ausencia de dichas tarifas y descubrió que parecía existir una ventaja a favor de la mayoría de las categorías de usuarios. La presunta ayuda a favor de los usuarios finales es objeto de una decisión independiente en el asunto SA.21817 — Tarifas eléctricas reguladas: consumidores. |
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(37)

La Decisión comparó las tarifas reguladas que pagaban las distintas categorías de usuarios finales con los precios estimados que habrían tenido que pagar en el mercado libre en ausencia de dichas tarifas y descubrió que parecía existir una ventaja a favor de la mayoría de las categorías de usuarios. La presunta ayuda a favor de los usuarios finales es objeto de una decisión independiente en el asunto SA.21817 — Tarifas eléctricas reguladas: consumidores.

| (38) | En cuanto a los distribuidores, la Decisión de incoación indicó que, al alentar a los usuarios finales a regresar al mercado regulado, el sistema podría haber beneficiado a los distribuidores, quienes parecían haberse favorecido con un margen de beneficio garantizado sobre sus actividades reguladas. Esta ventaja parecía haber sido concedida de forma selectiva a los distribuidores, pues eran los únicos operadores del mercado a los que se permitía vender electricidad a tarifas reguladas. |
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(38)

En cuanto a los distribuidores, la Decisión de incoación indicó que, al alentar a los usuarios finales a regresar al mercado regulado, el sistema podría haber beneficiado a los distribuidores, quienes parecían haberse favorecido con un margen de beneficio garantizado sobre sus actividades reguladas. Esta ventaja parecía haber sido concedida de forma selectiva a los distribuidores, pues eran los únicos operadores del mercado a los que se permitía vender electricidad a tarifas reguladas.

| (39) | Asimismo, la Decisión concluyó que el sistema implicaba una transferencia de recursos estatales, ya que el recargo sobre el precio utilizado para rembolsar el déficit constituye un gravamen parafiscal cuyos ingresos transitan a través del regulador español CNE (un organismo público) antes de ser canalizados a los beneficiarios finales. La Decisión concluyó que, a la luz de la jurisprudencia correspondiente del Tribunal, estos fondos deben considerarse recursos estatales. |
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(39)

Asimismo, la Decisión concluyó que el sistema implicaba una transferencia de recursos estatales, ya que el recargo sobre el precio utilizado para rembolsar el déficit constituye un gravamen parafiscal cuyos ingresos transitan a través del regulador español CNE (un organismo público) antes de ser canalizados a los beneficiarios finales. La Decisión concluyó que, a la luz de la jurisprudencia correspondiente del Tribunal, estos fondos deben considerarse recursos estatales.

| (40) | Considerando que tanto los grandes usuarios finales como los distribuidores operan en mercados que suelen estar abiertos a la competencia y al comercio en el interior de la Unión, en la Decisión de incoación la Comisión concluyó que se cumplían todos los criterios contemplados en el artículo 107, apartado 1, del TFUE y que la medida constituía ayuda estatal a favor de los usuarios finales y los distribuidores. |
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(40)

Considerando que tanto los grandes usuarios finales como los distribuidores operan en mercados que suelen estar abiertos a la competencia y al comercio en el interior de la Unión, en la Decisión de incoación la Comisión concluyó que se cumplían todos los criterios contemplados en el artículo 107, apartado 1, del TFUE y que la medida constituía ayuda estatal a favor de los usuarios finales y los distribuidores.

| (41) | Tras señalar que ninguna de las excepciones previstas en el artículo 107 del TFUE parecía aplicable, la Decisión de incoación examinó si el suministro de electricidad a tarifas reguladas podía considerarse un Servicio de Interés Económico General (SIEG) y, como tal, beneficiarse de la excepción contemplada en el artículo 106, apartado 2, del TFUE. La Decisión de incoación recordaba que el margen de discreción de los Estados miembros para establecer obligaciones de servicio público en el sector eléctrico está limitado por la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (15) (en adelante, «la Directiva sobre electricidad»). La Directiva sobre electricidad obliga a los Estados miembros a establecer un servicio universal obligatorio (que incluye en particular el derecho a recibir suministro a precios razonables) limitado únicamente a los consumidores particulares y a las pequeñas empresas (16). La Decisión concluyó que, a la luz a de esta Directiva, el suministro de electricidad a tarifas reguladas a empresas medianas y grandes, en contraposición a los hogares y las pequeñas empresas, no podía considerarse un auténtico SIEG. |
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(41)

Tras señalar que ninguna de las excepciones previstas en el artículo 107 del TFUE parecía aplicable, la Decisión de incoación examinó si el suministro de electricidad a tarifas reguladas podía considerarse un Servicio de Interés Económico General (SIEG) y, como tal, beneficiarse de la excepción contemplada en el artículo 106, apartado 2, del TFUE. La Decisión de incoación recordaba que el margen de discreción de los Estados miembros para establecer obligaciones de servicio público en el sector eléctrico está limitado por la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (15) (en adelante, «la Directiva sobre electricidad»). La Directiva sobre electricidad obliga a los Estados miembros a establecer un servicio universal obligatorio (que incluye en particular el derecho a recibir suministro a precios razonables) limitado únicamente a los consumidores particulares y a las pequeñas empresas (16). La Decisión concluyó que, a la luz a de esta Directiva, el suministro de electricidad a tarifas reguladas a empresas medianas y grandes, en contraposición a los hogares y las pequeñas empresas, no podía considerarse un auténtico SIEG.

| (42) | Así pues, la Comisión expresó serias dudas acerca de si los elementos de ayuda incluidos en las tarifas reguladas aplicadas a las empresas distintas de las de pequeño tamaño y a los distribuidores podían considerarse compatibles con el mercado común. |
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(42)

Así pues, la Comisión expresó serias dudas acerca de si los elementos de ayuda incluidos en las tarifas reguladas aplicadas a las empresas distintas de las de pequeño tamaño y a los distribuidores podían considerarse compatibles con el mercado común.

OBSERVACIONES DE LAS PARTES INTERESADAS

| (43) | A la invitación de la Comisión a presentar observaciones sobre la Decisión de incoar la investigación pormenorizada respondieron numerosos grandes consumidores industriales, distribuidores, proveedores independientes y gobiernos de las Comunidades Autónomas españolas. Aquí se examinan únicamente las observaciones correspondientes a la posición de los distribuidores. |
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(43)

A la invitación de la Comisión a presentar observaciones sobre la Decisión de incoar la investigación pormenorizada respondieron numerosos grandes consumidores industriales, distribuidores, proveedores independientes y gobiernos de las Comunidades Autónomas españolas. Aquí se examinan únicamente las observaciones correspondientes a la posición de los distribuidores.

OBSERVACIONES DE LOS PROVEEDORES INDEPENDIENTES

| (44) | Se recibieron observaciones de Céntrica y la ACIE, Asociación de Comercializadores Independientes de Energía. Sus alegaciones y conclusiones son en gran parte equivalentes y se exponen conjuntamente. |
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(44)

Se recibieron observaciones de Céntrica y la ACIE, Asociación de Comercializadores Independientes de Energía. Sus alegaciones y conclusiones son en gran parte equivalentes y se exponen conjuntamente.

| (45) | El elemento más destacado de las observaciones de Céntrica es la supuesta ayuda estatal concedida a los distribuidores de electricidad. Céntrica señala que el coste medio de adquisición de electricidad en el mercado al por mayor en 2005 era casi un 70 % superior al de la previsión del coste medio de compra incorporado en las tarifas integrales establecidas por el Gobierno mediante el Real Decreto 2329/2004. |
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(45)

El elemento más destacado de las observaciones de Céntrica es la supuesta ayuda estatal concedida a los distribuidores de electricidad. Céntrica señala que el coste medio de adquisición de electricidad en el mercado al por mayor en 2005 era casi un 70 % superior al de la previsión del coste medio de compra incorporado en las tarifas integrales establecidas por el Gobierno mediante el Real Decreto 2329/2004.

| (46) | Como resultado de esta divergencia entre estas previsiones y los costes reales, los ingresos del sistema no fueron suficientes para sufragar los costes, sobre todo porque el precio que pagaban los distribuidores para comprar electricidad era superior al precio regulado al que tenían que venderla. De este modo, los distribuidores registraron un déficit en sus cuentas. Sin embargo, como resultado del mecanismo adoptado por las autoridades españolas para colmar el déficit de ingresos (que consistía en exigir a los generadores que reunían los requisitos que prefinanciaran el déficit a cambio de un derecho de reembolso posterior), las cuentas de los distribuidores se mantuvieron en equilibrio, y sus pérdidas fueron compensadas de hecho por el Estado. |
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(46)

Como resultado de esta divergencia entre estas previsiones y los costes reales, los ingresos del sistema no fueron suficientes para sufragar los costes, sobre todo porque el precio que pagaban los distribuidores para comprar electricidad era superior al precio regulado al que tenían que venderla. De este modo, los distribuidores registraron un déficit en sus cuentas. Sin embargo, como resultado del mecanismo adoptado por las autoridades españolas para colmar el déficit de ingresos (que consistía en exigir a los generadores que reunían los requisitos que prefinanciaran el déficit a cambio de un derecho de reembolso posterior), las cuentas de los distribuidores se mantuvieron en equilibrio, y sus pérdidas fueron compensadas de hecho por el Estado.

| (47) | Los proveedores del mercado libre recibieron un trato diferente, a pesar de haber sufrido pérdidas similares. Según Céntrica y la ACIE, los proveedores del mercado libre tenían costes de compra similares a los de los distribuidores (17). Además, estaban obligados de hecho a ajustarse al nivel de la tarifa integral establecido por el Gobierno para cada categoría de clientes, pues de lo contrario no habrían podido atraer nuevos clientes o conservar los que ya tenían. En particular, la ACIE señala que, a principios de 2005, sus miembros celebraron contratos basados en las previsiones gubernamentales de los precios al por mayor y que más tarde tuvieron que respetarlos, a pesar de no resultar rentables. Como consecuencia de ello, los proveedores independientes sufrieron pérdidas. Sin embargo, a diferencia de las de los distribuidores, el Estado no las compensó. Céntrica calcula que en 2005 sufrió pérdidas por valor de diez millones EUR. Según la ACIE, varios proveedores —entre ellos, Saltea Comercial, Electranorte, CYD Energía y RWE— se vieron obligados a abandonar el mercado. |
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(47)

Los proveedores del mercado libre recibieron un trato diferente, a pesar de haber sufrido pérdidas similares. Según Céntrica y la ACIE, los proveedores del mercado libre tenían costes de compra similares a los de los distribuidores (17). Además, estaban obligados de hecho a ajustarse al nivel de la tarifa integral establecido por el Gobierno para cada categoría de clientes, pues de lo contrario no habrían podido atraer nuevos clientes o conservar los que ya tenían. En particular, la ACIE señala que, a principios de 2005, sus miembros celebraron contratos basados en las previsiones gubernamentales de los precios al por mayor y que más tarde tuvieron que respetarlos, a pesar de no resultar rentables. Como consecuencia de ello, los proveedores independientes sufrieron pérdidas. Sin embargo, a diferencia de las de los distribuidores, el Estado no las compensó. Céntrica calcula que en 2005 sufrió pérdidas por valor de diez millones EUR. Según la ACIE, varios proveedores —entre ellos, Saltea Comercial, Electranorte, CYD Energía y RWE— se vieron obligados a abandonar el mercado.

| (48) | Según la ACIE y Céntrica, la compensación de las pérdidas de los distribuidores falseó la competencia, generó discriminación respecto a los proveedores independientes y debe ser considerada ayuda estatal. Aparte de afirmar que la compensación de pérdidas constituye una ventaja en sí misma, Céntrica alegó que los operadores históricos del mercado (empresas integradas verticalmente) podían conservar su cuota de mercado y evitar pérdidas al alentar a los clientes a operar no de sus divisiones de suministro, que registraban pérdidas, sino de sus divisiones de distribución, que, en su caso, recibirían una compensación. |
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(48)

Según la ACIE y Céntrica, la compensación de las pérdidas de los distribuidores falseó la competencia, generó discriminación respecto a los proveedores independientes y debe ser considerada ayuda estatal. Aparte de afirmar que la compensación de pérdidas constituye una ventaja en sí misma, Céntrica alegó que los operadores históricos del mercado (empresas integradas verticalmente) podían conservar su cuota de mercado y evitar pérdidas al alentar a los clientes a operar no de sus divisiones de suministro, que registraban pérdidas, sino de sus divisiones de distribución, que, en su caso, recibirían una compensación.

| (49) | Según la ACIE y Céntrica, la ventaja para las empresas ya establecidas era «específica», es decir, selectiva, pues el mecanismo de financiación y compensación beneficiaba concretamente a los distribuidores al concederles una ventaja financiera y competitiva sobre los proveedores del mercado libre. Céntrica aducía que la distinción entre distribuidores y proveedores del mercado libre era exclusivamente formal, ya que ambas categorías competían en el mismo mercado (la venta de electricidad al por menor), ambas se veían afectados por las tarifas integrales (ya sea porque se les habían impuesto legalmente o bien porque estas actuaban de hecho como limitación de los precios de mercado), ambas adquirían electricidad al mismo precio y sufrían las mismas pérdidas. |
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(49)

Según la ACIE y Céntrica, la ventaja para las empresas ya establecidas era «específica», es decir, selectiva, pues el mecanismo de financiación y compensación beneficiaba concretamente a los distribuidores al concederles una ventaja financiera y competitiva sobre los proveedores del mercado libre. Céntrica aducía que la distinción entre distribuidores y proveedores del mercado libre era exclusivamente formal, ya que ambas categorías competían en el mismo mercado (la venta de electricidad al por menor), ambas se veían afectados por las tarifas integrales (ya sea porque se les habían impuesto legalmente o bien porque estas actuaban de hecho como limitación de los precios de mercado), ambas adquirían electricidad al mismo precio y sufrían las mismas pérdidas.

| (50) | En opinión de Céntrica, el trato preferente recibido por los distribuidores no estaba justificado por ningún motivo relacionado con la lógica y el régimen del sistema de electricidad ni se podría considerar una compensación por un servicio de interés económico general. Céntrica sostiene que el sistema infringió la Directiva sobre electricidad, no solo por el carácter discriminatorio de las disposiciones sobre el déficit, sino también porque se privó a los consumidores del derecho a contar con precios y tarifas transparentes (18). Puesto que una parte del precio que había que pagar por la electricidad en 2005 se pospuso a años futuros, los precios finales cobrados resultaban opacos para los consumidores. |
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(50)

En opinión de Céntrica, el trato preferente recibido por los distribuidores no estaba justificado por ningún motivo relacionado con la lógica y el régimen del sistema de electricidad ni se podría considerar una compensación por un servicio de interés económico general. Céntrica sostiene que el sistema infringió la Directiva sobre electricidad, no solo por el carácter discriminatorio de las disposiciones sobre el déficit, sino también porque se privó a los consumidores del derecho a contar con precios y tarifas transparentes (18). Puesto que una parte del precio que había que pagar por la electricidad en 2005 se pospuso a años futuros, los precios finales cobrados resultaban opacos para los consumidores.

| (51) | Céntrica considera que la ventaja selectiva concedida por las disposiciones sobre el déficit beneficiaba no solo a los distribuidores sino también a las empresas de integración vertical a las que pertenecían estos últimos. Según Céntrica, un grupo integrado verticalmente debe considerarse como una sola empresa a efectos de la aplicación de las normas relativas a las ayudas estatales. Céntrica alega que el sistema español permitía a las empresas generadoras aumentar los precios en el mercado mayorista y seguir obteniendo beneficios. En estas circunstancias, a los grupos les interesaba mantener la cuota de mercado con la que contaban sus divisiones de distribución. Por lo tanto, los grupos integrados verticalmente también debían considerarse beneficiarios de ayuda estatal. |
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(51)

Céntrica considera que la ventaja selectiva concedida por las disposiciones sobre el déficit beneficiaba no solo a los distribuidores sino también a las empresas de integración vertical a las que pertenecían estos últimos. Según Céntrica, un grupo integrado verticalmente debe considerarse como una sola empresa a efectos de la aplicación de las normas relativas a las ayudas estatales. Céntrica alega que el sistema español permitía a las empresas generadoras aumentar los precios en el mercado mayorista y seguir obteniendo beneficios. En estas circunstancias, a los grupos les interesaba mantener la cuota de mercado con la que contaban sus divisiones de distribución. Por lo tanto, los grupos integrados verticalmente también debían considerarse beneficiarios de ayuda estatal.

OBSERVACIONES DE LOS DISTRIBUIDORES

| (52) | Se recibieron observaciones de UNESA (asociación que representa a los distribuidores), Iberdrola Distribución, Unión Fenosa Distribución, Enel Viesgo Distribución y Endesa Distribución. Sus observaciones coinciden en gran parte y se exponen conjuntamente. |
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(52)

Se recibieron observaciones de UNESA (asociación que representa a los distribuidores), Iberdrola Distribución, Unión Fenosa Distribución, Enel Viesgo Distribución y Endesa Distribución. Sus observaciones coinciden en gran parte y se exponen conjuntamente.

| (53) | Los distribuidores (representados por UNESA) distinguen, por una parte, entre la mera distribución y las actividades de gestión comercial, que consideran un SIEG, y, por otra, el suministro a tarifas reguladas, que según ellos no implica ayuda estatal al no presentar ventaja financiera. |
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(53)

Los distribuidores (representados por UNESA) distinguen, por una parte, entre la mera distribución y las actividades de gestión comercial, que consideran un SIEG, y, por otra, el suministro a tarifas reguladas, que según ellos no implica ayuda estatal al no presentar ventaja financiera.

| (54) | Los distribuidores recuerdan que el contexto legal en el que proveedores y distribuidores ejercían sus actividades era muy diferente, pues los segundos estaban obligados a comprar electricidad para el suministro a tarifas reguladas de formas concretas (ya fuera en el pool o a los productores de «régimen especial»), mientras que los primeros podían negociar libremente sus precios. Los distribuidores no podían negarse a suministrar a los clientes regulados ni captar otros clientes aparte de aquellos que optaban por las tarifas reguladas. Los distribuidores tampoco podían ofrecer servicios auxiliares, en tanto que los proveedores estaban facultados para fijar sus condiciones de suministro. |
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(54)

Los distribuidores recuerdan que el contexto legal en el que proveedores y distribuidores ejercían sus actividades era muy diferente, pues los segundos estaban obligados a comprar electricidad para el suministro a tarifas reguladas de formas concretas (ya fuera en el pool o a los productores de «régimen especial»), mientras que los primeros podían negociar libremente sus precios. Los distribuidores no podían negarse a suministrar a los clientes regulados ni captar otros clientes aparte de aquellos que optaban por las tarifas reguladas. Los distribuidores tampoco podían ofrecer servicios auxiliares, en tanto que los proveedores estaban facultados para fijar sus condiciones de suministro.

| (55) | En el siguiente cuadro se resumen las diferencias entre los proveedores del mercado libre y los distribuidores en lo referente a la venta de electricidad al por menor (19). | Obligación de suministro | Mercado potencial | Adquisiciones de energía |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proveedores | No | Todos los usuarios españoles | Cualquier mecanismo |
| Distribuidores | Sí | Únicamente usuarios conectados a sus redes | A través del pool o de generadores de régimen especial |
| | Precio de compra al por mayor | Precio de venta | Margen de beneficio |
| Proveedores | Libre | Libre | Margen sobre las ventas |
| Distribuidores | Precio del pool o del «régimen especial» regulado | Tarifas reguladas | Sin margen de beneficio |

(55)

En el siguiente cuadro se resumen las diferencias entre los proveedores del mercado libre y los distribuidores en lo referente a la venta de electricidad al por menor (19).

Obligación de suministro

Mercado potencial

Adquisiciones de energía

Proveedores

No

Todos los usuarios españoles

Cualquier mecanismo

Distribuidores

Sí

Únicamente usuarios conectados a sus redes

A través del pool o de generadores de régimen especial

Precio de compra al por mayor

Precio de venta

Margen de beneficio

Proveedores

Libre

Libre

Margen sobre las ventas

Distribuidores

Precio del pool o del «régimen especial» regulado

Tarifas reguladas

Sin margen de beneficio

| (56) | De este modo, los distribuidores concluyen que, en vista del diferente contexto legal y factual, los proveedores del mercado libre no competían con los distribuidores, sino con las tarifas reguladas, que actuaban como precio de referencia en el mercado. |
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(56)

De este modo, los distribuidores concluyen que, en vista del diferente contexto legal y factual, los proveedores del mercado libre no competían con los distribuidores, sino con las tarifas reguladas, que actuaban como precio de referencia en el mercado.

| (57) | Los distribuidores alegan que la actividad de suministrar electricidad a tarifa no les generaba beneficios ni ventajas de ningún tipo. Mientras que la remuneración de los distribuidores procedente de la mera distribución y la gestión comercial incluía un margen de beneficio para retribuir el capital invertido, los distribuidores solo obtenían un reembolso de sus costes por suministrar electricidad a tarifas reguladas, sin margen de beneficio alguno. En particular, los costes «reconocidos» a un distribuidor se basaban en el precio medio ponderado abonado por la electricidad durante el período de referencia. En determinadas circunstancias, estos costes reconocidos podían ser inferiores a los costes reales totales soportados por un distribuidor. Cuando la actividad de ventas reguladas generaba un excedente, estos fondos no iban a parar a los distribuidores sino que, durante el proceso de liquidación, se asignaban a la financiación de otros costes generales del sistema. La cantidad que reconocía el Estado era igual a la diferencia entre el precio medio ponderado de las adquisiciones de electricidad, multiplicada por la cantidad de energía transferida por cada distribuidor, previa corrección de las pérdidas ordinarias. |
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(57)

Los distribuidores alegan que la actividad de suministrar electricidad a tarifa no les generaba beneficios ni ventajas de ningún tipo. Mientras que la remuneración de los distribuidores procedente de la mera distribución y la gestión comercial incluía un margen de beneficio para retribuir el capital invertido, los distribuidores solo obtenían un reembolso de sus costes por suministrar electricidad a tarifas reguladas, sin margen de beneficio alguno. En particular, los costes «reconocidos» a un distribuidor se basaban en el precio medio ponderado abonado por la electricidad durante el período de referencia. En determinadas circunstancias, estos costes reconocidos podían ser inferiores a los costes reales totales soportados por un distribuidor. Cuando la actividad de ventas reguladas generaba un excedente, estos fondos no iban a parar a los distribuidores sino que, durante el proceso de liquidación, se asignaban a la financiación de otros costes generales del sistema. La cantidad que reconocía el Estado era igual a la diferencia entre el precio medio ponderado de las adquisiciones de electricidad, multiplicada por la cantidad de energía transferida por cada distribuidor, previa corrección de las pérdidas ordinarias.

| (58) | Los distribuidores alegan igualmente que no obtuvieron ningún beneficio financiero, directo ni indirecto, del retorno a las tarifas reguladas por parte de los clientes que habían optado por el mercado libre, ya que su remuneración por la mera distribución y gestión comercial era totalmente independiente del número de clientes que pagaban tarifas reguladas o de la cantidad de electricidad vendida a dichas tarifas.






  — | En primer lugar, como ya se ha indicado, la remuneración por el suministro a tarifas reguladas era únicamente un reembolso de costes. |
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(58)

Los distribuidores alegan igualmente que no obtuvieron ningún beneficio financiero, directo ni indirecto, del retorno a las tarifas reguladas por parte de los clientes que habían optado por el mercado libre, ya que su remuneración por la mera distribución y gestión comercial era totalmente independiente del número de clientes que pagaban tarifas reguladas o de la cantidad de electricidad vendida a dichas tarifas.

—

En primer lugar, como ya se ha indicado, la remuneración por el suministro a tarifas reguladas era únicamente un reembolso de costes.

| — | En segundo lugar, la remuneración por la mera distribución también era independiente del número de clientes que pagaban tarifas reguladas, ya que se basaba en el volumen de «energía transferida», que incluía toda la electricidad transferida por los distribuidores en la red, independientemente de si dicha energía se vendía a tarifas reguladas o a precios del mercado libre. |
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—

En segundo lugar, la remuneración por la mera distribución también era independiente del número de clientes que pagaban tarifas reguladas, ya que se basaba en el volumen de «energía transferida», que incluía toda la electricidad transferida por los distribuidores en la red, independientemente de si dicha energía se vendía a tarifas reguladas o a precios del mercado libre.

| — | En tercer lugar, la remuneración por actividades de gestión comercial también era independiente del número de clientes que pagaban tarifas reguladas, pues la ley preveía pagos basados en el número de contratos celebrados (tanto para las tarifas de acceso como para las tarifas reguladas) y, por ende, no estaba relacionada con el número de clientes que pagaban tarifas reguladas. En cualquier caso, los distribuidores debían gestionar las solicitudes de todos los clientes, como cambios en el tipo de conexión, contratos, facturación de tarifas de acceso, lectura de contadores, etc., sin importar el tipo de suministro. |
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—

En tercer lugar, la remuneración por actividades de gestión comercial también era independiente del número de clientes que pagaban tarifas reguladas, pues la ley preveía pagos basados en el número de contratos celebrados (tanto para las tarifas de acceso como para las tarifas reguladas) y, por ende, no estaba relacionada con el número de clientes que pagaban tarifas reguladas. En cualquier caso, los distribuidores debían gestionar las solicitudes de todos los clientes, como cambios en el tipo de conexión, contratos, facturación de tarifas de acceso, lectura de contadores, etc., sin importar el tipo de suministro.

| (59) | Los distribuidores concluyen, por tanto, que la «compensación» que recibieron por el suministro a tarifas reguladas debe considerarse más bien como el reembolso de las cantidades que debían pagar por anticipado en aplicación de la ley, o como una indemnización por daños y perjuicios. |
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(59)

Los distribuidores concluyen, por tanto, que la «compensación» que recibieron por el suministro a tarifas reguladas debe considerarse más bien como el reembolso de las cantidades que debían pagar por anticipado en aplicación de la ley, o como una indemnización por daños y perjuicios.

| (60) | En concreto, Iberdrola sostiene que no sería correcto desde un punto de vista jurídico ni económico imputar el déficit a los distribuidores. Los costes incurridos en la compra de electricidad para el mercado regulado eran imputables al sistema de electricidad, no a los distribuidores, que actuaban como simples ejecutores. Los ingresos procedentes de las ventas a precios regulados nunca fueron propiedad de los distribuidores, sino que pertenecían al sistema de electricidad en su conjunto y, por lo tanto, el sistema debe considerarse el «vendedor» de electricidad a precios regulados. En un sistema tan regulado como el español sería poco razonable, en opinión de Iberdrola, imputar a los distribuidores los desequilibrios financieros provocados por la estructura de regulación o por los errores en las estimaciones de los futuros costes de la energía. |
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(60)

En concreto, Iberdrola sostiene que no sería correcto desde un punto de vista jurídico ni económico imputar el déficit a los distribuidores. Los costes incurridos en la compra de electricidad para el mercado regulado eran imputables al sistema de electricidad, no a los distribuidores, que actuaban como simples ejecutores. Los ingresos procedentes de las ventas a precios regulados nunca fueron propiedad de los distribuidores, sino que pertenecían al sistema de electricidad en su conjunto y, por lo tanto, el sistema debe considerarse el «vendedor» de electricidad a precios regulados. En un sistema tan regulado como el español sería poco razonable, en opinión de Iberdrola, imputar a los distribuidores los desequilibrios financieros provocados por la estructura de regulación o por los errores en las estimaciones de los futuros costes de la energía.

| (61) | Iberdrola señala igualmente que los distribuidores no conservaron los ingresos del recargo, que, en su calidad de cuota con destino específico, se transfirieron inmediatamente a la cuenta de depósito abierta por la CNE y se transmitieron a los generadores que prefinanciaron el déficit. |
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(61)

Iberdrola señala igualmente que los distribuidores no conservaron los ingresos del recargo, que, en su calidad de cuota con destino específico, se transfirieron inmediatamente a la cuenta de depósito abierta por la CNE y se transmitieron a los generadores que prefinanciaron el déficit.

OBSERVACIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

| (62) | Las observaciones del Principado de Asturias son las mismas que las presentadas a continuación por el Gobierno español, por lo cual cabe referirse a estas últimas. |
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(62)

Las observaciones del Principado de Asturias son las mismas que las presentadas a continuación por el Gobierno español, por lo cual cabe referirse a estas últimas.

OBSERVACIONES DE ESPAÑA

| (63) | España sostiene que el sistema de tarifas reguladas de 2005 no implicaba ayudas ni para los usuarios finales ni para los distribuidores. En particular, en lo que respecta a los distribuidores, España considera que la compensación que recibieron se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto Altmark y, por ende, no es constitutiva de ayuda estatal. |
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(63)

España sostiene que el sistema de tarifas reguladas de 2005 no implicaba ayudas ni para los usuarios finales ni para los distribuidores. En particular, en lo que respecta a los distribuidores, España considera que la compensación que recibieron se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto Altmark y, por ende, no es constitutiva de ayuda estatal.

EXISTENCIA DE AYUDA

NO EXISTE NINGÚN VÍNCULO CAUSAL ENTRE LAS MEDIDAS ESTATALES Y EL DÉFICIT Y ESTE NO PUEDE IMPUTARSE AL ESTADO

| (64) | España sostiene que el déficit no era imputable al Estado, ya que fue provocado por circunstancias externas imprevisibles y no por la intención deliberada del Estado de subvencionar determinadas actividades. |
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(64)

España sostiene que el déficit no era imputable al Estado, ya que fue provocado por circunstancias externas imprevisibles y no por la intención deliberada del Estado de subvencionar determinadas actividades.

| (65) | España alega que la legislación de la Unión vigente en 2005 no impedía el suministro de electricidad a tarifas reguladas establecidas por el Estado. Por consiguiente, la intervención reguladora del Estado era válida legalmente, al ser una expresión de la soberanía nacional. Una de estas prerrogativas soberanas consiste en fijar las tarifas de tal modo que los costes previstos se ajusten a la demanda prevista. |
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(65)

España alega que la legislación de la Unión vigente en 2005 no impedía el suministro de electricidad a tarifas reguladas establecidas por el Estado. Por consiguiente, la intervención reguladora del Estado era válida legalmente, al ser una expresión de la soberanía nacional. Una de estas prerrogativas soberanas consiste en fijar las tarifas de tal modo que los costes previstos se ajusten a la demanda prevista.

| (66) | Los distribuidores cobraban fondos a través de las tarifas integrales y de acceso y a continuación transferían a cuentas especiales una parte de estos ingresos (de acuerdo con los porcentajes establecidos en el decreto anual sobre tarifas). Posteriormente, deducían las adquisiciones de electricidad efectuadas al pool y a los generadores de «régimen especial». Si los ingresos de las tarifas integrales y de acceso no cubrían el coste de las actividades reguladas, se generaba un déficit tarifario. |
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(66)

Los distribuidores cobraban fondos a través de las tarifas integrales y de acceso y a continuación transferían a cuentas especiales una parte de estos ingresos (de acuerdo con los porcentajes establecidos en el decreto anual sobre tarifas). Posteriormente, deducían las adquisiciones de electricidad efectuadas al pool y a los generadores de «régimen especial». Si los ingresos de las tarifas integrales y de acceso no cubrían el coste de las actividades reguladas, se generaba un déficit tarifario.

| (67) | España aduce que el déficit de 2005 fue provocado por una diferencia entre las previsiones gubernamentales de los precios mayoristas de la electricidad y los precios reales registrados en el pool. Los precios excepcionalmente altos de 2005 fueron motivados por causas imprevisibles que suponen fuerza mayor (véase el considerando 26). |
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(67)

España aduce que el déficit de 2005 fue provocado por una diferencia entre las previsiones gubernamentales de los precios mayoristas de la electricidad y los precios reales registrados en el pool. Los precios excepcionalmente altos de 2005 fueron motivados por causas imprevisibles que suponen fuerza mayor (véase el considerando 26).

| (68) | Como el acontecimiento que provocó la presunta ayuda sería una evolución de los precios mayoristas por encima de las previsiones, la presunta ventaja no podría imputarse a un acto jurídico. Incluso suponiendo que esta ventaja hubiera existido, habría sido generada por circunstancias ajenas a las intenciones del Estado. La existencia de fuerza mayor, según España, rompe el vínculo causal entre la decisión administrativa por la que se fijaban las tarifas y la ventaja competitiva que habría dado lugar a una ayuda estatal. Incluso suponiendo que se cumpla la condición objetiva del vínculo causal, no existiría la condición subjetiva de intencionalidad (imputabilidad) por parte del Estado. |
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(68)

Como el acontecimiento que provocó la presunta ayuda sería una evolución de los precios mayoristas por encima de las previsiones, la presunta ventaja no podría imputarse a un acto jurídico. Incluso suponiendo que esta ventaja hubiera existido, habría sido generada por circunstancias ajenas a las intenciones del Estado. La existencia de fuerza mayor, según España, rompe el vínculo causal entre la decisión administrativa por la que se fijaban las tarifas y la ventaja competitiva que habría dado lugar a una ayuda estatal. Incluso suponiendo que se cumpla la condición objetiva del vínculo causal, no existiría la condición subjetiva de intencionalidad (imputabilidad) por parte del Estado.

AUSENCIA DE FONDOS ESTATALES

| (69) | España alega que las tarifas no implicaban fondos públicos. En primer lugar, España afirma a este respecto que el recargo no es un «gravamen» como se entiende en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión en materia de cargas parafiscales, porque no es recaudado por el Estado ni corresponde a una exacción. Según España, el recargo forma parte íntegra de la tarifa y tiene el mismo carácter. Así pues, la tarifa es un precio privado. |
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(69)

España alega que las tarifas no implicaban fondos públicos. En primer lugar, España afirma a este respecto que el recargo no es un «gravamen» como se entiende en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión en materia de cargas parafiscales, porque no es recaudado por el Estado ni corresponde a una exacción. Según España, el recargo forma parte íntegra de la tarifa y tiene el mismo carácter. Así pues, la tarifa es un precio privado.

| (70) | En segundo lugar, los fondos no eran recaudados por el Estado ni se destinaban a un fondo designado por este último. Las tarifas las cobraban los distribuidores y no el Estado y, por consiguiente, eran precios privados que garantizaban la retribución equitativa de los actores (contemplada en la LSE). No eran impuestos ni precios públicos. El Estado no retribuía nada, pues era el sistema el que ofrecía una retribución en virtud de las fuerzas del mercado para actividades no reguladas y de las tarifas de acceso establecidas por el Estado para actividades reguladas. Puesto que en este sistema no existe una carga para el Estado, no habría recursos estatales, de acuerdo con la jurisprudencia del asunto Sloman Neptune (20). Además, estos fondos nunca fluyeron a las arcas del Estado, no se mencionaban en las leyes presupuestarias, el Tribunal de Cuentas no los verificaba y no podían recuperarse de los deudores por medios administrativos. A las deudas contraídas con el sistema de electricidad no se les aplicaba el tipo de interés aplicable a las deudas con el Estado. |
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(70)

En segundo lugar, los fondos no eran recaudados por el Estado ni se destinaban a un fondo designado por este último. Las tarifas las cobraban los distribuidores y no el Estado y, por consiguiente, eran precios privados que garantizaban la retribución equitativa de los actores (contemplada en la LSE). No eran impuestos ni precios públicos. El Estado no retribuía nada, pues era el sistema el que ofrecía una retribución en virtud de las fuerzas del mercado para actividades no reguladas y de las tarifas de acceso establecidas por el Estado para actividades reguladas. Puesto que en este sistema no existe una carga para el Estado, no habría recursos estatales, de acuerdo con la jurisprudencia del asunto Sloman Neptune (20). Además, estos fondos nunca fluyeron a las arcas del Estado, no se mencionaban en las leyes presupuestarias, el Tribunal de Cuentas no los verificaba y no podían recuperarse de los deudores por medios administrativos. A las deudas contraídas con el sistema de electricidad no se les aplicaba el tipo de interés aplicable a las deudas con el Estado.

| (71) | España insiste en que estos fondos eran gestionados por el regulador español, la CNE, que actuaba simplemente como intermediario contable. Según las autoridades españolas, en su decisión de 2001 sobre los costes de transición a la competencia de España (SA NN 49/99), la Comisión ya dispuso que «el tránsito de fondos a través de la CNE tiene un carácter esencialmente contable. Los fondos transferidos a la cuenta a nombre de la CNE nunca fueron propiedad de este organismo y se liquidaron de inmediato a los beneficiarios de acuerdo con un importe determinado de antemano, que la CNE no puede modificar en absoluto». Sobre la base de esta consideración, la Comisión llegó a la conclusión de que «no estaba en condiciones de determinar si los ingresos del gravamen establecido en el marco del régimen de costes de transición a la competencia constituyen recursos estatales». |
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(71)

España insiste en que estos fondos eran gestionados por el regulador español, la CNE, que actuaba simplemente como intermediario contable. Según las autoridades españolas, en su decisión de 2001 sobre los costes de transición a la competencia de España (SA NN 49/99), la Comisión ya dispuso que «el tránsito de fondos a través de la CNE tiene un carácter esencialmente contable. Los fondos transferidos a la cuenta a nombre de la CNE nunca fueron propiedad de este organismo y se liquidaron de inmediato a los beneficiarios de acuerdo con un importe determinado de antemano, que la CNE no puede modificar en absoluto». Sobre la base de esta consideración, la Comisión llegó a la conclusión de que «no estaba en condiciones de determinar si los ingresos del gravamen establecido en el marco del régimen de costes de transición a la competencia constituyen recursos estatales».

| (72) | En tercer lugar, España refuta la conclusión de la Comisión según la cual las ventas reguladas de los distribuidores se financiaban por medio de un «impuesto especial» que debían pagar todos los usuarios finales de electricidad españoles. Según España, los distribuidores no eran «financiados por el Estado», sino que recibían una remuneración razonable y equitativa por la realización de una tarea que les imponía la ley y estaban obligados a desempeñar. |
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(72)

En tercer lugar, España refuta la conclusión de la Comisión según la cual las ventas reguladas de los distribuidores se financiaban por medio de un «impuesto especial» que debían pagar todos los usuarios finales de electricidad españoles. Según España, los distribuidores no eran «financiados por el Estado», sino que recibían una remuneración razonable y equitativa por la realización de una tarea que les imponía la ley y estaban obligados a desempeñar.

| (73) | Aparte de ello, al vender electricidad a tarifas reguladas y comprarla en el pool a los generadores, los distribuidores generaban un déficit (que era cubierto por el mecanismo de prefinanciación establecido por el Real Decreto Ley 5/2005), pero fueron los generadores y no los distribuidores los que recibirían los ingresos procedentes del recargo añadido a la tarifa. |
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(73)

Aparte de ello, al vender electricidad a tarifas reguladas y comprarla en el pool a los generadores, los distribuidores generaban un déficit (que era cubierto por el mecanismo de prefinanciación establecido por el Real Decreto Ley 5/2005), pero fueron los generadores y no los distribuidores los que recibirían los ingresos procedentes del recargo añadido a la tarifa.

AUSENCIA DE VENTAJAS

| (74) | España no está de acuerdo con la conclusión preliminar de la Comisión, según la cual las tarifas reguladas concedían una ventaja económica a los distribuidores. |
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(74)

España no está de acuerdo con la conclusión preliminar de la Comisión, según la cual las tarifas reguladas concedían una ventaja económica a los distribuidores.

| (75) | En lo que respecta a los distribuidores, España refuta la conclusión de la Comisión según la cual los sistemas de tarifas garantizaban un margen de beneficio mínimo a los distribuidores. España alega que el suministro a tarifas reguladas por parte de los distribuidores se justificaba por la necesidad de garantizar un servicio de interés general y que la remuneración por actividades reguladas estaba destinada exclusivamente a sufragar los costes soportados al cumplir las obligaciones relacionadas con estas actividades. |
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(75)

En lo que respecta a los distribuidores, España refuta la conclusión de la Comisión según la cual los sistemas de tarifas garantizaban un margen de beneficio mínimo a los distribuidores. España alega que el suministro a tarifas reguladas por parte de los distribuidores se justificaba por la necesidad de garantizar un servicio de interés general y que la remuneración por actividades reguladas estaba destinada exclusivamente a sufragar los costes soportados al cumplir las obligaciones relacionadas con estas actividades.

AUSENCIA DE REPERCUSIONES EN LA COMPETENCIA Y EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS

| (76) | Según las autoridades españolas, las disposiciones reglamentarias aplicables al suministro a tarifas reguladas no restringía la libertad de establecimiento de los proveedores de electricidad y no existía un trato preferente a los proveedores españoles respecto a los de otros Estados miembros. |
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(76)

Según las autoridades españolas, las disposiciones reglamentarias aplicables al suministro a tarifas reguladas no restringía la libertad de establecimiento de los proveedores de electricidad y no existía un trato preferente a los proveedores españoles respecto a los de otros Estados miembros.

| (77) | En 2005 la Península Ibérica tenía una capacidad de interconexión tan baja que no existía un verdadero mercado interior de la energía. A juicio de las autoridades españolas, dada esta situación de aislamiento, resultaría desproporcionado concluir, como lo hace la Comisión, que la tarifa afectaba a la competencia y al comercio entre los Estados miembros. |
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(77)

En 2005 la Península Ibérica tenía una capacidad de interconexión tan baja que no existía un verdadero mercado interior de la energía. A juicio de las autoridades españolas, dada esta situación de aislamiento, resultaría desproporcionado concluir, como lo hace la Comisión, que la tarifa afectaba a la competencia y al comercio entre los Estados miembros.

| (78) | Las autoridades españolas alegan que la electricidad no se exportaba al exterior de España y los distribuidores que operaban en el país no podían vender energía española fuera del territorio nacional. Por otra parte, cualquier empresa que reuniera los requisitos podía participar en las actividades de distribución en las mismas condiciones que las empresas españolas y disfrutar del mismo trato jurídico y económico. |
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(78)

Las autoridades españolas alegan que la electricidad no se exportaba al exterior de España y los distribuidores que operaban en el país no podían vender energía española fuera del territorio nacional. Por otra parte, cualquier empresa que reuniera los requisitos podía participar en las actividades de distribución en las mismas condiciones que las empresas españolas y disfrutar del mismo trato jurídico y económico.

| (79) | Los proveedores, en cambio, ejercían, según España, una actividad libre y no regulada. Se enfrentaban a los riesgos y ventajas correspondientes. Asumir estos riesgos implicaba aceptar que, en determinadas condiciones imprevisibles, su actividad minorista podía no ser rentable. No obstante, la rentabilidad se restablecería tan pronto como lo permitieran las tarifas o desaparecieran dichas circunstancias excepcionales. |
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(79)

Los proveedores, en cambio, ejercían, según España, una actividad libre y no regulada. Se enfrentaban a los riesgos y ventajas correspondientes. Asumir estos riesgos implicaba aceptar que, en determinadas condiciones imprevisibles, su actividad minorista podía no ser rentable. No obstante, la rentabilidad se restablecería tan pronto como lo permitieran las tarifas o desaparecieran dichas circunstancias excepcionales.

ANÁLISIS A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA EN EL ASUNTO ALTMARK

| (80) | España afirma que, en 2005, la existencia de tarifas reguladas no era contraria a la legislación de la Unión, puesto que el plazo para la liberalización del mercado para todos los consumidores, incluidos los hogares, finalizaba el 1 de julio de 2007. |
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(80)

España afirma que, en 2005, la existencia de tarifas reguladas no era contraria a la legislación de la Unión, puesto que el plazo para la liberalización del mercado para todos los consumidores, incluidos los hogares, finalizaba el 1 de julio de 2007.

| (81) | Según España, la cobertura de los costes incurridos por los distribuidores al suministrar electricidad a tarifas reguladas cumplía los cuatro criterios de la jurisprudencia en el asunto Altmark y, por consiguiente, esta intervención no se encuadra en el concepto de ayuda estatal. |
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(81)

Según España, la cobertura de los costes incurridos por los distribuidores al suministrar electricidad a tarifas reguladas cumplía los cuatro criterios de la jurisprudencia en el asunto Altmark y, por consiguiente, esta intervención no se encuadra en el concepto de ayuda estatal.

| (82) | En primer lugar, el suministro de electricidad es un servicio de interés general y el Estado debe intervenir para evitar que se abuse de las posiciones dominantes derivadas de la existencia de una única red (monopolio natural). Por lo tanto, las empresas que realizan actividades reguladas cumplen obligaciones de servicio público. |
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(82)

En primer lugar, el suministro de electricidad es un servicio de interés general y el Estado debe intervenir para evitar que se abuse de las posiciones dominantes derivadas de la existencia de una única red (monopolio natural). Por lo tanto, las empresas que realizan actividades reguladas cumplen obligaciones de servicio público.

| (83) | En segundo lugar, los parámetros para fijar las tarifas se establecieron de una forma objetiva y transparente. La remuneración de las actividades reguladas era objetiva y transparente. Otras empresas de la Unión también podían incorporarse al mercado de la distribución. |
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(83)

En segundo lugar, los parámetros para fijar las tarifas se establecieron de una forma objetiva y transparente. La remuneración de las actividades reguladas era objetiva y transparente. Otras empresas de la Unión también podían incorporarse al mercado de la distribución.

| (84) | En tercer lugar, los pagos por actividades reguladas cubrían únicamente los costes soportados al cumplir con la obligación de servicio público. Los distribuidores solo podían obtener el reembolso de los costes relacionados con las actividades reguladas. |
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(84)

En tercer lugar, los pagos por actividades reguladas cubrían únicamente los costes soportados al cumplir con la obligación de servicio público. Los distribuidores solo podían obtener el reembolso de los costes relacionados con las actividades reguladas.

| (85) | En cuarto lugar, el complejo marco reglamentario que fija las tarifas y el procedimiento de liquidación demuestran que el sistema tarifario se basaba en un análisis exhaustivo de los costes e ingresos del sistema, así como en un análisis de la demanda de electricidad. |
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(85)

En cuarto lugar, el complejo marco reglamentario que fija las tarifas y el procedimiento de liquidación demuestran que el sistema tarifario se basaba en un análisis exhaustivo de los costes e ingresos del sistema, así como en un análisis de la demanda de electricidad.

| (86) | Por todo ello, España concluye que el sistema tarifario no constituía ayuda estatal, ya que se ajustaba a la jurisprudencia fijada por el asunto Altmark. |
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(86)

Por todo ello, España concluye que el sistema tarifario no constituía ayuda estatal, ya que se ajustaba a la jurisprudencia fijada por el asunto Altmark.

EVALUACIÓN DE LA MEDIDA

| (87) | El ámbito de aplicación de la presente Decisión se limita al suministro de electricidad a grandes y medianas empresas por parte de distribuidores a tarifas reguladas y no abarca el resto de actividades realizadas por los distribuidores y correspondientes a la mera distribución. Estas últimas son totalmente independientes desde un punto de vista tanto jurídico como financiero de la actividad de venta a tarifas reguladas y, en cualquier caso, no forman parte del ámbito de aplicación de la Decisión de incoación, que solo planteaba dudas a propósito de la compatibilidad con el mercado interior de la supuesta ventaja concedida a los distribuidores como consecuencia del bajo nivel de las tarifas reguladas y de las medidas aplicadas para compensar y reembolsar el déficit de 2005. |
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(87)

El ámbito de aplicación de la presente Decisión se limita al suministro de electricidad a grandes y medianas empresas por parte de distribuidores a tarifas reguladas y no abarca el resto de actividades realizadas por los distribuidores y correspondientes a la mera distribución. Estas últimas son totalmente independientes desde un punto de vista tanto jurídico como financiero de la actividad de venta a tarifas reguladas y, en cualquier caso, no forman parte del ámbito de aplicación de la Decisión de incoación, que solo planteaba dudas a propósito de la compatibilidad con el mercado interior de la supuesta ventaja concedida a los distribuidores como consecuencia del bajo nivel de las tarifas reguladas y de las medidas aplicadas para compensar y reembolsar el déficit de 2005.

EXISTENCIA DE AYUDA ESTATAL CON ARREGLO AL ARTÍCULO 107, APARTADO 1, DEL TFUE

| (88) | Una medida constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE si se cumplen todas las siguientes condiciones: a) que la medida otorgue una ventaja económica al beneficiario; b) que la conceda el Estado o sea concedida a través de recursos estatales; c) que sea selectiva; d) que repercuta en el comercio intracomunitario y pueda distorsionar la competencia en el interior de la Unión. Habida cuenta de que estas condiciones han de ser acumulativas, la Comisión circunscribirá su evaluación a la existencia de una ventaja económica conferida a los beneficiarios. |
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(88)

Una medida constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE si se cumplen todas las siguientes condiciones: a) que la medida otorgue una ventaja económica al beneficiario; b) que la conceda el Estado o sea concedida a través de recursos estatales; c) que sea selectiva; d) que repercuta en el comercio intracomunitario y pueda distorsionar la competencia en el interior de la Unión. Habida cuenta de que estas condiciones han de ser acumulativas, la Comisión circunscribirá su evaluación a la existencia de una ventaja económica conferida a los beneficiarios.

Existencia de ventaja económica

| (89) | A tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE, las empresas resultan favorecidas si obtienen una ventaja económica de la que no se beneficiarían en condiciones de mercado. A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que, en determinados casos, las asignaciones concedidas por servicios prestados a cambio de obligaciones impuestas por los Estados miembros que no excedan de los costes anuales no cubiertos y que se destinen a garantizar que las empresas afectadas no arrojen pérdidas, no constituyen ayuda a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE, sino la contrapartida por los servicios prestados por las empresas en cuestión (21). |
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(89)

A tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE, las empresas resultan favorecidas si obtienen una ventaja económica de la que no se beneficiarían en condiciones de mercado. A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que, en determinados casos, las asignaciones concedidas por servicios prestados a cambio de obligaciones impuestas por los Estados miembros que no excedan de los costes anuales no cubiertos y que se destinen a garantizar que las empresas afectadas no arrojen pérdidas, no constituyen ayuda a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE, sino la contrapartida por los servicios prestados por las empresas en cuestión (21).

| (90) | Más concretamente en el sector de la electricidad, en su abundante práctica decisoria en aplicación del artículo 107, apartados 1 y 3, letra c), del TFUE en relación con las obligaciones impuestas a los distribuidores de adquirir electricidad de determinadas fuentes energéticas a un precio superior al de mercado, la Comisión tampoco ha considerado que las compensaciones que cubrían la diferencia entre los costes de compra y los precios de mercado supusieran una ventaja económica en beneficio de los distribuidores. En esos casos, los operadores en cuestión actuaban con arreglo a obligaciones reglamentarias como meros intermediarios en el sistema de electricidad y se les compensaba por sus costes, sin que se considerase que esta compensación implicaba una ventaja económica, mientras que cabe afirmar que la normativa podría haber impuesto una mera obligación de compra sin compensación de costes. |
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(90)

Más concretamente en el sector de la electricidad, en su abundante práctica decisoria en aplicación del artículo 107, apartados 1 y 3, letra c), del TFUE en relación con las obligaciones impuestas a los distribuidores de adquirir electricidad de determinadas fuentes energéticas a un precio superior al de mercado, la Comisión tampoco ha considerado que las compensaciones que cubrían la diferencia entre los costes de compra y los precios de mercado supusieran una ventaja económica en beneficio de los distribuidores. En esos casos, los operadores en cuestión actuaban con arreglo a obligaciones reglamentarias como meros intermediarios en el sistema de electricidad y se les compensaba por sus costes, sin que se considerase que esta compensación implicaba una ventaja económica, mientras que cabe afirmar que la normativa podría haber impuesto una mera obligación de compra sin compensación de costes.

| (91) | Otro tanto sucede, más concretamente en el ámbito del suministro de electricidad a tarifas reguladas, por lo que respecta a las compensaciones destinadas a financiar las divergencias entre los ingresos y los costes de adquisición de electricidad en el mercado mayorista a tarifas reguladas solicitadas por los consumidores que reúnan los requisitos (22). De ello se deduce que una compensación de los costes de adquisición de electricidad de los distribuidores en el sector eléctrico no tiene por qué implicar necesariamente una ventaja económica a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE. La presunta compensación a los distribuidores españoles por los costes de suministro a tarifas reguladas se ha de examinar teniendo presentes tales precedentes. |
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(91)

Otro tanto sucede, más concretamente en el ámbito del suministro de electricidad a tarifas reguladas, por lo que respecta a las compensaciones destinadas a financiar las divergencias entre los ingresos y los costes de adquisición de electricidad en el mercado mayorista a tarifas reguladas solicitadas por los consumidores que reúnan los requisitos (22). De ello se deduce que una compensación de los costes de adquisición de electricidad de los distribuidores en el sector eléctrico no tiene por qué implicar necesariamente una ventaja económica a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE. La presunta compensación a los distribuidores españoles por los costes de suministro a tarifas reguladas se ha de examinar teniendo presentes tales precedentes.

| (92) | La Decisión de la Comisión por la que se incoa el procedimiento de investigación formal concluyó con carácter preliminar que existía una ventaja económica en relación con las condiciones de mercado para los distribuidores españoles sobre la base de dos argumentos. En primer lugar, los distribuidores obtuvieron supuestamente un margen de beneficio garantizado por la actividad de suministro a tarifa regulada. En segundo lugar, al alentar a los usuarios a optar por el mercado regulado en el que operaban los distribuidores, las tarifas aumentaron supuestamente los ingresos de estos últimos. Estos dos argumentos pueden fundirse en una única proposición: el beneficio de los distribuidores se incrementó en proporción a sus suministros de electricidad a tarifas reguladas en 2005. |
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(92)

La Decisión de la Comisión por la que se incoa el procedimiento de investigación formal concluyó con carácter preliminar que existía una ventaja económica en relación con las condiciones de mercado para los distribuidores españoles sobre la base de dos argumentos. En primer lugar, los distribuidores obtuvieron supuestamente un margen de beneficio garantizado por la actividad de suministro a tarifa regulada. En segundo lugar, al alentar a los usuarios a optar por el mercado regulado en el que operaban los distribuidores, las tarifas aumentaron supuestamente los ingresos de estos últimos. Estos dos argumentos pueden fundirse en una única proposición: el beneficio de los distribuidores se incrementó en proporción a sus suministros de electricidad a tarifas reguladas en 2005.

| (93) | La descripción disponible del sistema de electricidad español y la información facilitada en el curso del procedimiento, que se refleja en los considerandos 16, 19, 20, 57 y 58, no respalda esta proposición. Mientras que, por la mera distribución, la remuneración percibida por los distribuidores en 2005 incluía un margen de beneficio, los distribuidores solo recibían un reembolso («reconocimiento») de los costes sin margen de beneficio alguno por el suministro a tarifa regulada. De modo análogo, la remuneración de los distribuidores por sus actividades de distribución propiamente dichas era independiente del número de clientes que pagaban tarifas reguladas o la cantidad de electricidad vendida a dichas tarifas y, por tanto, sus ingresos no hubieran aumentado si hubieran prestado servicio a un mayor número de clientes con tarifas reguladas. |
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(93)

La descripción disponible del sistema de electricidad español y la información facilitada en el curso del procedimiento, que se refleja en los considerandos 16, 19, 20, 57 y 58, no respalda esta proposición. Mientras que, por la mera distribución, la remuneración percibida por los distribuidores en 2005 incluía un margen de beneficio, los distribuidores solo recibían un reembolso («reconocimiento») de los costes sin margen de beneficio alguno por el suministro a tarifa regulada. De modo análogo, la remuneración de los distribuidores por sus actividades de distribución propiamente dichas era independiente del número de clientes que pagaban tarifas reguladas o la cantidad de electricidad vendida a dichas tarifas y, por tanto, sus ingresos no hubieran aumentado si hubieran prestado servicio a un mayor número de clientes con tarifas reguladas.

| (94) | De ello se deduce que la información recopilada en el procedimiento no sostiene la aseveración de que las ventas de electricidad a tarifas reguladas aumentaron los beneficios de los distribuidores españoles en 2005 por gozar de un margen de beneficio garantizado. |
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(94)

De ello se deduce que la información recopilada en el procedimiento no sostiene la aseveración de que las ventas de electricidad a tarifas reguladas aumentaron los beneficios de los distribuidores españoles en 2005 por gozar de un margen de beneficio garantizado.

| (95) | Por lo que se refiere a la cuestión de si el reconocimiento de los costes de suministro y su compensación concedió a los distribuidores una ventaja económica de la que, de otro modo, en condiciones de mercado no habrían disfrutado, hay que subrayar que el reconocimiento de los costes soportados en forma de derechos de cobroconcedidos a las cinco empresas designadas por el artículo 24 del Real Decreto-Ley 5/2005, a saber Iberdrola SA, Unión Eléctrica Fenosa SA, Hidroeléctrica del Cantábrico SA, Endesa SA y Elcogás SA, no era una retribución por su actividad de distribución. En efecto, como ya se ha explicado en los considerandos 29 y 30, mientras Elcogás SA, que no tenía ninguna filial, no operaba en el sector de la distribución en 2005 (ni en años posteriores), las empresas en cuestión fueron designadas en virtud de su derecho previo a recibir costes de transición a la competencia, posiblemente teniendo en cuenta su actividad de generación de electricidad, pero no la actividad de distribución a tarifas reguladas. |
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(95)

Por lo que se refiere a la cuestión de si el reconocimiento de los costes de suministro y su compensación concedió a los distribuidores una ventaja económica de la que, de otro modo, en condiciones de mercado no habrían disfrutado, hay que subrayar que el reconocimiento de los costes soportados en forma de derechos de cobroconcedidos a las cinco empresas designadas por el artículo 24 del Real Decreto-Ley 5/2005, a saber Iberdrola SA, Unión Eléctrica Fenosa SA, Hidroeléctrica del Cantábrico SA, Endesa SA y Elcogás SA, no era una retribución por su actividad de distribución. En efecto, como ya se ha explicado en los considerandos 29 y 30, mientras Elcogás SA, que no tenía ninguna filial, no operaba en el sector de la distribución en 2005 (ni en años posteriores), las empresas en cuestión fueron designadas en virtud de su derecho previo a recibir costes de transición a la competencia, posiblemente teniendo en cuenta su actividad de generación de electricidad, pero no la actividad de distribución a tarifas reguladas.

| (96) | En segundo lugar, aun suponiendo que los derechos de cobro que reflejan la obligación para las cinco empresas anteriormente mencionadas de prefinanciar el déficit del sistema eléctrico de 2005 podría interpretarse como una compensación por los costes de distribución para las cuatro empresas que operaban en el sector de la distribución a tarifas reguladas, se deben tener en cuenta las condiciones reales en las que los distribuidores se vieron obligados a ejercer esta actividad totalmente regulada. Como ya se ha descrito en los considerandos 54 y 55, los distribuidores ni podían obtener beneficios ni arrojar pérdidas ni elegir cómo adquirir electricidad ni elegir a sus clientes ni fijar el precio de venta ni ofrecer ningún servicio adicional que proporcionara un margen de beneficio. Ni los propios distribuidores ni tampoco los grupos integrados verticalmente a los que pertenecían, tenían interés económico, directo o indirecto, alguno en participar en el suministro de electricidad a tarifa. A un grupo integrado verticalmente le hubiera resultado más interesante abastecer a los usuarios finales en condiciones de mercado libre, ya que su rama de suministro hubiera obtenido beneficios de tales ventas, lo que no sucedería si el distribuidor del grupo abasteciera a los usuarios a tarifas reguladas. |
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En segundo lugar, aun suponiendo que los derechos de cobro que reflejan la obligación para las cinco empresas anteriormente mencionadas de prefinanciar el déficit del sistema eléctrico de 2005 podría interpretarse como una compensación por los costes de distribución para las cuatro empresas que operaban en el sector de la distribución a tarifas reguladas, se deben tener en cuenta las condiciones reales en las que los distribuidores se vieron obligados a ejercer esta actividad totalmente regulada. Como ya se ha descrito en los considerandos 54 y 55, los distribuidores ni podían obtener beneficios ni arrojar pérdidas ni elegir cómo adquirir electricidad ni elegir a sus clientes ni fijar el precio de venta ni ofrecer ningún servicio adicional que proporcionara un margen de beneficio. Ni los propios distribuidores ni tampoco los grupos integrados verticalmente a los que pertenecían, tenían interés económico, directo o indirecto, alguno en participar en el suministro de electricidad a tarifa. A un grupo integrado verticalmente le hubiera resultado más interesante abastecer a los usuarios finales en condiciones de mercado libre, ya que su rama de suministro hubiera obtenido beneficios de tales ventas, lo que no sucedería si el distribuidor del grupo abasteciera a los usuarios a tarifas reguladas.

| (97) | En consecuencia una comparación con los términos de suministro en condiciones de mercado ignora las diferencias legales y factuales que existen entre los proveedores en el mercado libre y los distribuidores que abastecen a tarifa regulada. Si bien el Estado puede imponer, en principio, precios de compra y de venta y otras condiciones comerciales a los distribuidores en un sistema de electricidad, ello no significa que la compensación de los costes soportados por estos últimos les confiera una ventaja económica de la que, de otro modo, no gozarían en condiciones de mercado. En efecto, la reglamentación de tarifas respaldada además con una obligación de suministro no deja margen para decidir sobre los componentes más esenciales de la oferta, como son los precios y la producción. No solo en condiciones hipotéticas de mercado, es decir, sin obstáculos normativos que se apliquen a tales parámetros fundamentales, los distribuidores estarían en condiciones de aplicar a los consumidores finales una tarifa más elevada que cubriese todos los costes. Además, con más importancia aún, en el sistema eléctrico español en 2005, como en todo sistema eléctrico, el distribuidor —o el operador de la red de alta tensión para los grandes consumidores energéticos— es un mero intermediario que conecta físicamente el usuario a la red, como condición requerida para el aprovisionamiento en electricidad. Dada la ausencia de una teórica red de distribución alternativa en España en 2005, los distribuidores en cuestión fueron designados y suministraban por cuenta tanto del mercado libre como por cuenta del mercado regulado. Los distribuidores juegan un papel indispensable, ya que hacen posible el suministro de electricidad, sin que entren en cuenta ni los regímenes regulatorios o la política determinados ni el hecho de que las condiciones de competencia que rigen el aprovisionamiento estén basadas ya sea en mecanismos de mercado o ya sea de regulación. |
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En consecuencia una comparación con los términos de suministro en condiciones de mercado ignora las diferencias legales y factuales que existen entre los proveedores en el mercado libre y los distribuidores que abastecen a tarifa regulada. Si bien el Estado puede imponer, en principio, precios de compra y de venta y otras condiciones comerciales a los distribuidores en un sistema de electricidad, ello no significa que la compensación de los costes soportados por estos últimos les confiera una ventaja económica de la que, de otro modo, no gozarían en condiciones de mercado. En efecto, la reglamentación de tarifas respaldada además con una obligación de suministro no deja margen para decidir sobre los componentes más esenciales de la oferta, como son los precios y la producción. No solo en condiciones hipotéticas de mercado, es decir, sin obstáculos normativos que se apliquen a tales parámetros fundamentales, los distribuidores estarían en condiciones de aplicar a los consumidores finales una tarifa más elevada que cubriese todos los costes. Además, con más importancia aún, en el sistema eléctrico español en 2005, como en todo sistema eléctrico, el distribuidor —o el operador de la red de alta tensión para los grandes consumidores energéticos— es un mero intermediario que conecta físicamente el usuario a la red, como condición requerida para el aprovisionamiento en electricidad. Dada la ausencia de una teórica red de distribución alternativa en España en 2005, los distribuidores en cuestión fueron designados y suministraban por cuenta tanto del mercado libre como por cuenta del mercado regulado. Los distribuidores juegan un papel indispensable, ya que hacen posible el suministro de electricidad, sin que entren en cuenta ni los regímenes regulatorios o la política determinados ni el hecho de que las condiciones de competencia que rigen el aprovisionamiento estén basadas ya sea en mecanismos de mercado o ya sea de regulación.

| (98) | En un sistema de tarifas reguladas como era el español en 2005, en el curso ordinario de la actividad empresarial, todo déficit de recursos registrado un año en la contabilidad general del sistema se recuperaría, por lo general, al año siguiente mediante el incremento de tarifas y/o peajes de acceso a los usuarios finales, mientras que los descensos de costes podrían conducir a un superávit que permitiera aplicar tarifas o peajes más bajos posteriormente. No obstante, sin asignar previamente determinadas categorías de ingresos a los costes, el incremento (o el descenso) de los ingresos y/o los costes puede no originar un déficit o superávit correspondiente que beneficie a los distribuidores. Por ejemplo, como se describe en el considerando 27, gráfico 1, mientras los precios de la energía implícitos en las tarifas reguladas eran por lo general inferiores a los precios del mercado mayorista la mayoría de los meses de 2005, en el período de noviembre de 2006 a diciembre de 2007 sucedió lo contrario, sin que ello se tradujera en mayores beneficios para la actividad de suministro a tarifas reguladas de los distribuidores. Ello es coherente con la estructura normativa del sistema, según la cual los distribuidores no soportarían los costes de desequilibrios en la totalidad o parte de los costes e ingresos del sistema, al igual que nunca obtendrían un beneficio con esta actividad y cualquier excedente derivado de la venta de electricidad a tarifa se utilizaría para sufragar otros costes del sistema. |
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(98)

En un sistema de tarifas reguladas como era el español en 2005, en el curso ordinario de la actividad empresarial, todo déficit de recursos registrado un año en la contabilidad general del sistema se recuperaría, por lo general, al año siguiente mediante el incremento de tarifas y/o peajes de acceso a los usuarios finales, mientras que los descensos de costes podrían conducir a un superávit que permitiera aplicar tarifas o peajes más bajos posteriormente. No obstante, sin asignar previamente determinadas categorías de ingresos a los costes, el incremento (o el descenso) de los ingresos y/o los costes puede no originar un déficit o superávit correspondiente que beneficie a los distribuidores. Por ejemplo, como se describe en el considerando 27, gráfico 1, mientras los precios de la energía implícitos en las tarifas reguladas eran por lo general inferiores a los precios del mercado mayorista la mayoría de los meses de 2005, en el período de noviembre de 2006 a diciembre de 2007 sucedió lo contrario, sin que ello se tradujera en mayores beneficios para la actividad de suministro a tarifas reguladas de los distribuidores. Ello es coherente con la estructura normativa del sistema, según la cual los distribuidores no soportarían los costes de desequilibrios en la totalidad o parte de los costes e ingresos del sistema, al igual que nunca obtendrían un beneficio con esta actividad y cualquier excedente derivado de la venta de electricidad a tarifa se utilizaría para sufragar otros costes del sistema.

| (99) | Los distribuidores actuaron como intermediarios financieros del sistema de electricidad al haber centralizado todos los flujos financieros, tanto los de entrada (ingresos regulados procedentes de tarifas y peajes de acceso) como los de salida (todos los costes generales del sistema). En los ingresos y costes regulados del sistema de electricidad en 2005, como se describe en los considerandos 19, 20 y 28, se incluye una gran variedad de costes regulados generados por el mercado o la estrategia adoptada, tales como los de compras de electricidad, incluso de fuentes renovables, los costes adicionales de generación de electricidad en la España insular y los costes de transporte y distribución, etc., sin preasignación de ingresos específicos a determinados costes. Los ingresos regulados nunca pasaron a ser propiedad de los distribuidores, con excepción de la remuneración por la mera distribución, que fue retenida por ellos tras deducir todos los demás costes del sistema. |
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(99)

Los distribuidores actuaron como intermediarios financieros del sistema de electricidad al haber centralizado todos los flujos financieros, tanto los de entrada (ingresos regulados procedentes de tarifas y peajes de acceso) como los de salida (todos los costes generales del sistema). En los ingresos y costes regulados del sistema de electricidad en 2005, como se describe en los considerandos 19, 20 y 28, se incluye una gran variedad de costes regulados generados por el mercado o la estrategia adoptada, tales como los de compras de electricidad, incluso de fuentes renovables, los costes adicionales de generación de electricidad en la España insular y los costes de transporte y distribución, etc., sin preasignación de ingresos específicos a determinados costes. Los ingresos regulados nunca pasaron a ser propiedad de los distribuidores, con excepción de la remuneración por la mera distribución, que fue retenida por ellos tras deducir todos los demás costes del sistema.

| (100) | Por tanto, todo déficit contable, como el que se registró en 2005, sean cuales fueran sus causas, aparecería en la contabilidad de los distribuidores, sin que haya margen de maniobra para adoptar decisiones ni sobre el nivel de los ingresos y costes regulados ni sobre la financiación de costes específicos con ingresos específicos. Y de hecho, como se desprende de las cifras que figuran en el considerando 28, los costes de transporte y distribución del sistema eléctrico ascendieron en 2005 a 4 410 millones EUR, en consonancia con las mismas categorías de costes en 2004 y 2006, respectivamente. Por tanto, el importe de costes de los distribuidores no tiene relación con el importe del déficit de 2005. |
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(100)

Por tanto, todo déficit contable, como el que se registró en 2005, sean cuales fueran sus causas, aparecería en la contabilidad de los distribuidores, sin que haya margen de maniobra para adoptar decisiones ni sobre el nivel de los ingresos y costes regulados ni sobre la financiación de costes específicos con ingresos específicos. Y de hecho, como se desprende de las cifras que figuran en el considerando 28, los costes de transporte y distribución del sistema eléctrico ascendieron en 2005 a 4 410 millones EUR, en consonancia con las mismas categorías de costes en 2004 y 2006, respectivamente. Por tanto, el importe de costes de los distribuidores no tiene relación con el importe del déficit de 2005.

| (101) | Por consiguiente, no parece que esté justificada la calificación del déficit de 2005 como «pérdidas de los distribuidores», ya que el déficit no es imputable a ellos sino más bien a las disposiciones normativas que establecen el derecho de los usuarios finales a que se les abastezca a tarifas reguladas y, en cierta medida, a las opciones normativas y estratégicas tomadas con el fin de promover la producción de electricidad a partir de fuentes renovables y la cogeneración, por ejemplo. De ello se deduce que la financiación del déficit de la contabilidad del sistema de electricidad mediante los mecanismos descritos en los considerandos 29 a 32 no es una forma de enjugar las pérdidas específicas de los distribuidores sino las pérdidas generales del sistema. Efectivamente, sin el reconocimiento del déficit de 3 811 millones EUR en 2005 y su prefinanciación por las cinco grandes eléctricas, no se habrían podido pagar los costes de transporte y distribución del sistema en que se incurrió en beneficio de todos los usuarios, tanto en el mercado regulado como en el mercado libre. |
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(101)

Por consiguiente, no parece que esté justificada la calificación del déficit de 2005 como «pérdidas de los distribuidores», ya que el déficit no es imputable a ellos sino más bien a las disposiciones normativas que establecen el derecho de los usuarios finales a que se les abastezca a tarifas reguladas y, en cierta medida, a las opciones normativas y estratégicas tomadas con el fin de promover la producción de electricidad a partir de fuentes renovables y la cogeneración, por ejemplo. De ello se deduce que la financiación del déficit de la contabilidad del sistema de electricidad mediante los mecanismos descritos en los considerandos 29 a 32 no es una forma de enjugar las pérdidas específicas de los distribuidores sino las pérdidas generales del sistema. Efectivamente, sin el reconocimiento del déficit de 3 811 millones EUR en 2005 y su prefinanciación por las cinco grandes eléctricas, no se habrían podido pagar los costes de transporte y distribución del sistema en que se incurrió en beneficio de todos los usuarios, tanto en el mercado regulado como en el mercado libre.

| (102) | La investigación formal no acredita la existencia de ningún otro elemento de ventaja a favor de los distribuidores. Estos últimos repercutían la totalidad del beneficio de las bajas tarifas reguladas en los usuarios finales, no obtenían ganancias con las ventas y no disfrutaban de ventaja alguna si los usuarios regresaban al mercado regulado. De ello se deduce que, desde el punto de vista financiero, la posición de los distribuidores en España era totalmente comparable a la de un intermediario del sistema. A este respecto, el reconocimiento de los costes de suministro a tarifa regulada con arreglo al sistema eléctrico español de 2005 no difiere, en su principio, de la compensación de los costes de compra de electricidad que la Comisión no ha considerado ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE, ni lo que se refiere a la electricidad procedente de determinadas fuentes (considerando 90) ni en la electricidad mayorista para el suministro a tarifa regulada (considerando 91). |
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(102)

La investigación formal no acredita la existencia de ningún otro elemento de ventaja a favor de los distribuidores. Estos últimos repercutían la totalidad del beneficio de las bajas tarifas reguladas en los usuarios finales, no obtenían ganancias con las ventas y no disfrutaban de ventaja alguna si los usuarios regresaban al mercado regulado. De ello se deduce que, desde el punto de vista financiero, la posición de los distribuidores en España era totalmente comparable a la de un intermediario del sistema. A este respecto, el reconocimiento de los costes de suministro a tarifa regulada con arreglo al sistema eléctrico español de 2005 no difiere, en su principio, de la compensación de los costes de compra de electricidad que la Comisión no ha considerado ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE, ni lo que se refiere a la electricidad procedente de determinadas fuentes (considerando 90) ni en la electricidad mayorista para el suministro a tarifa regulada (considerando 91).

| (103) | Aunque la Decisión de incoación no va dirigida a las entidades integradas verticalmente a las que pertenecen los distribuidores, con desagregación contable y jurídica parcial, a fin de tener en cuenta las alegaciones de Céntrica, la Comisión también ha examinado si dichas entidades pudieron haber obtenido ventajas indirectas que puedan constituir ayuda estatal. Céntrica alegaba, en particular, que las entidades integradas que operan en el mercado libre minorista de electricidad (a través de una rama de distribución) pudieron evitar pérdidas al alentar a los usuarios a optar por su propia rama de distribución. Asimismo, sostenía que los generadores que pertenecían a una entidad integrada tenían un incentivo para mantener los precios mayoristas a un nivel elevado, habida cuenta de que la rama de distribución de la entidad integrada (que vendía a tarifa regulada) se mantendría al resguardo de las pérdidas. |
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(103)

Aunque la Decisión de incoación no va dirigida a las entidades integradas verticalmente a las que pertenecen los distribuidores, con desagregación contable y jurídica parcial, a fin de tener en cuenta las alegaciones de Céntrica, la Comisión también ha examinado si dichas entidades pudieron haber obtenido ventajas indirectas que puedan constituir ayuda estatal. Céntrica alegaba, en particular, que las entidades integradas que operan en el mercado libre minorista de electricidad (a través de una rama de distribución) pudieron evitar pérdidas al alentar a los usuarios a optar por su propia rama de distribución. Asimismo, sostenía que los generadores que pertenecían a una entidad integrada tenían un incentivo para mantener los precios mayoristas a un nivel elevado, habida cuenta de que la rama de distribución de la entidad integrada (que vendía a tarifa regulada) se mantendría al resguardo de las pérdidas.

| (104) | La Comisión no ha podido determinar la existencia de una ventaja económica derivada de que los usuarios de electricidad optaran por los distribuidores en detrimento de los proveedores. Desde un punto de vista económico, esta opción no generó beneficios sino simplemente evitó pérdidas para las divisiones de suministro de los cuatro grupos integrados verticalmente, Iberdrola SA, Unión Eléctrica Fenosa SA, Hidroeléctrica del Cantábrico SA y Endesa SA; por su parte, Elcogás solo operaba en el sector de la generación de electricidad. Sin embargo, no puede considerarse una ventaja para las otras cuatro empresas en cuestión, ya que las divisiones de suministro podrían haber evitado estas pérdidas de todos modos rescindiendo los contratos de suministro. Por lo tanto, el sistema no implicaba una ventaja sino una penalización para las divisiones de suministro: la pérdida de clientes. Para los distribuidores (por las razones antes expuestas), el sistema también era financieramente. Los empresas generadoras, por su parte, habrían vendido de todas maneras su electricidad en el mercado al por mayor. |
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(104)

La Comisión no ha podido determinar la existencia de una ventaja económica derivada de que los usuarios de electricidad optaran por los distribuidores en detrimento de los proveedores. Desde un punto de vista económico, esta opción no generó beneficios sino simplemente evitó pérdidas para las divisiones de suministro de los cuatro grupos integrados verticalmente, Iberdrola SA, Unión Eléctrica Fenosa SA, Hidroeléctrica del Cantábrico SA y Endesa SA; por su parte, Elcogás solo operaba en el sector de la generación de electricidad. Sin embargo, no puede considerarse una ventaja para las otras cuatro empresas en cuestión, ya que las divisiones de suministro podrían haber evitado estas pérdidas de todos modos rescindiendo los contratos de suministro. Por lo tanto, el sistema no implicaba una ventaja sino una penalización para las divisiones de suministro: la pérdida de clientes. Para los distribuidores (por las razones antes expuestas), el sistema también era financieramente. Los empresas generadoras, por su parte, habrían vendido de todas maneras su electricidad en el mercado al por mayor.

| (105) | En cuanto al incentivo que habría supuesto para los generadores mantener los precios mayoristas a un nivel elevado, cabe señalar que, si bien el entorno de mercado creado por las autoridades españolas podría haber creado un incentivo para que los generadores subieran los precios, las tarifas en sí mismas no dieron lugar a una subida de los precios mayoristas. Una subida efectiva de precios habría requerido estrategias complejas y un comportamiento contrario a la competencia por parte de los generadores. No se ha acreditado un vínculo causal directo entre las tarifas y un posible aumento artificial de los precios al por mayor, que sigue constituyendo una hipótesis teórica no demostrada. |
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(105)

En cuanto al incentivo que habría supuesto para los generadores mantener los precios mayoristas a un nivel elevado, cabe señalar que, si bien el entorno de mercado creado por las autoridades españolas podría haber creado un incentivo para que los generadores subieran los precios, las tarifas en sí mismas no dieron lugar a una subida de los precios mayoristas. Una subida efectiva de precios habría requerido estrategias complejas y un comportamiento contrario a la competencia por parte de los generadores. No se ha acreditado un vínculo causal directo entre las tarifas y un posible aumento artificial de los precios al por mayor, que sigue constituyendo una hipótesis teórica no demostrada.

| (106) | La Comisión ha ponderado igualmente la eventualidad de que el sistema, al expulsar del mercado de electricidad a los competidores que operaban libremente, hubiera otorgado una ventaja a los grupos ya establecidos al aumentar y «remodelar» la cuota de mercado de estos, de forma que tendiera a coincidir, a grandes rasgos, con el tamaño de la red de distribución de cada grupo, ello para los cuatro grupos de integración vertical. Esta ventaja hipotética tampoco se ha demostrado, y ello por las razones siguientes:






  — | En primer lugar, no siempre es posible «desplazar» clientes dentro del mismo grupo. Un cliente de la rama de suministro de Endesa en una zona en que el distribuidor local fuera Iberdrola no podía optar por la rama de distribución de Endesa, sino únicamente por la de Iberdrola. Por otra parte, optar por el mercado regulado implicaba un coste neto para las entidades integradas ya que aumentaba el déficit que estas entidades debían financiar en condiciones desfavorables. |
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(106)

La Comisión ha ponderado igualmente la eventualidad de que el sistema, al expulsar del mercado de electricidad a los competidores que operaban libremente, hubiera otorgado una ventaja a los grupos ya establecidos al aumentar y «remodelar» la cuota de mercado de estos, de forma que tendiera a coincidir, a grandes rasgos, con el tamaño de la red de distribución de cada grupo, ello para los cuatro grupos de integración vertical. Esta ventaja hipotética tampoco se ha demostrado, y ello por las razones siguientes:

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En primer lugar, no siempre es posible «desplazar» clientes dentro del mismo grupo. Un cliente de la rama de suministro de Endesa en una zona en que el distribuidor local fuera Iberdrola no podía optar por la rama de distribución de Endesa, sino únicamente por la de Iberdrola. Por otra parte, optar por el mercado regulado implicaba un coste neto para las entidades integradas ya que aumentaba el déficit que estas entidades debían financiar en condiciones desfavorables.

| — | En segundo lugar, los grupos no obtenían beneficio alguno con las ventas realizadas por los distribuidores. Por ello, la ventaja potencial derivada de un aumento de la cuota de mercado no podía traducirse en beneficios en 2005 (año objeto de la investigación), sino únicamente en años posteriores, cuando el mercado libre volviera a ser viable. Para que se concretara esta ventaja, los usuarios a los que prestaba servicio el distribuidor de un grupo hubieran tenido que volver a optar por la rama de suministro de dicho grupo. Sin embargo, para entonces, un cliente que considerara volver a cambiar de proveedor hubiera tenido libertad para elegir entre todos los proveedores que operaban en el mercado español. Por tanto, la Comisión no ha podido determinar la existencia de una ventaja concreta relacionada con el mero hecho de que los grupos poseyeran una mayor cuota de mercado en el período objeto de la investigación. |
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—

En segundo lugar, los grupos no obtenían beneficio alguno con las ventas realizadas por los distribuidores. Por ello, la ventaja potencial derivada de un aumento de la cuota de mercado no podía traducirse en beneficios en 2005 (año objeto de la investigación), sino únicamente en años posteriores, cuando el mercado libre volviera a ser viable. Para que se concretara esta ventaja, los usuarios a los que prestaba servicio el distribuidor de un grupo hubieran tenido que volver a optar por la rama de suministro de dicho grupo. Sin embargo, para entonces, un cliente que considerara volver a cambiar de proveedor hubiera tenido libertad para elegir entre todos los proveedores que operaban en el mercado español. Por tanto, la Comisión no ha podido determinar la existencia de una ventaja concreta relacionada con el mero hecho de que los grupos poseyeran una mayor cuota de mercado en el período objeto de la investigación.

| — | Por el contrario, los grupos integrados sufrieron una penalización objetiva: la obligación de financiar el déficit en condiciones no rentables, dado que el tipo de interés devengado por los derechos de cobro era inferior a un tipo de mercado adecuado y, por lo tanto, la titulización de los derechos de cobro se llevó a cabo con una retribución posiblemente inferior a la que se hubiera obtenido aplicando un tipo de mercado. |
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—

Por el contrario, los grupos integrados sufrieron una penalización objetiva: la obligación de financiar el déficit en condiciones no rentables, dado que el tipo de interés devengado por los derechos de cobro era inferior a un tipo de mercado adecuado y, por lo tanto, la titulización de los derechos de cobro se llevó a cabo con una retribución posiblemente inferior a la que se hubiera obtenido aplicando un tipo de mercado.

| (107) | En vista de lo anterior, la Comisión ha concluido que, en lo que se refiere al suministro a empresas, el sistema de regulación establecido en España en 2005 no otorgaba una ventaja económica directa ni indirecta a los distribuidores ni a los grupos integrados a los que pertenecían estos. |
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(107)

En vista de lo anterior, la Comisión ha concluido que, en lo que se refiere al suministro a empresas, el sistema de regulación establecido en España en 2005 no otorgaba una ventaja económica directa ni indirecta a los distribuidores ni a los grupos integrados a los que pertenecían estos.

| (108) | Por último, en cuanto a la alegación de Céntrica según la cual el sistema discriminaba entre distribuidores y proveedores del mercado libre, la Comisión recuerda que puede existir discriminación cuando se trata de forma diferente a personas que se encuentran en la misma situación legal o factual, o viceversa, cuando se da el mismo trato a personas que se encuentran en condiciones legales o factuales distintas. |
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(108)

Por último, en cuanto a la alegación de Céntrica según la cual el sistema discriminaba entre distribuidores y proveedores del mercado libre, la Comisión recuerda que puede existir discriminación cuando se trata de forma diferente a personas que se encuentran en la misma situación legal o factual, o viceversa, cuando se da el mismo trato a personas que se encuentran en condiciones legales o factuales distintas.

| (109) | En primer lugar, la alegación es manifiestamente infundada en el caso de Elcogás SA, a la que se le concedió derechos de cobro sin operar en el sector de la distribución. En segundo lugar, no se ha demostrado que las otras cuatro empresas designadas, Iberdrola SA, Unión Eléctrica Fenosa SA, Hidroeléctrica del Cantábrico SA y Endesa SA, fueran compensadas en razón de su actividad como distribuidores que suministraban electricidad a tarifas reguladas, como ya se ha indicado en el considerando 30. En tercer lugar, y en cualquier caso, en el sistema de electricidad español, los distribuidores y los proveedores de libre mercado no se encontraban en las mismas condiciones legales y factuales. La obligación de suministrar electricidad a tarifas reguladas se llevaba a cabo con restricciones reglamentarias que hacían que los distribuidores actuaran como simples intermediarios financieros e intermediarios de suministro que ejecutaban disposiciones legales, mientras que el suministro en condiciones de libre mercado era una actividad totalmente liberalizada. Por consiguiente, la diferencia de trato a la que se opone Céntrica no puede considerarse una discriminación, a pesar de que el nivel de tarifas reguladas puede haber sido pernicioso para el proceso de liberalización. Sin embargo, ello no fue consecuencia de una ayuda estatal ilegal concedida a los distribuidores. |
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(109)

En primer lugar, la alegación es manifiestamente infundada en el caso de Elcogás SA, a la que se le concedió derechos de cobro sin operar en el sector de la distribución. En segundo lugar, no se ha demostrado que las otras cuatro empresas designadas, Iberdrola SA, Unión Eléctrica Fenosa SA, Hidroeléctrica del Cantábrico SA y Endesa SA, fueran compensadas en razón de su actividad como distribuidores que suministraban electricidad a tarifas reguladas, como ya se ha indicado en el considerando 30. En tercer lugar, y en cualquier caso, en el sistema de electricidad español, los distribuidores y los proveedores de libre mercado no se encontraban en las mismas condiciones legales y factuales. La obligación de suministrar electricidad a tarifas reguladas se llevaba a cabo con restricciones reglamentarias que hacían que los distribuidores actuaran como simples intermediarios financieros e intermediarios de suministro que ejecutaban disposiciones legales, mientras que el suministro en condiciones de libre mercado era una actividad totalmente liberalizada. Por consiguiente, la diferencia de trato a la que se opone Céntrica no puede considerarse una discriminación, a pesar de que el nivel de tarifas reguladas puede haber sido pernicioso para el proceso de liberalización. Sin embargo, ello no fue consecuencia de una ayuda estatal ilegal concedida a los distribuidores.

CONCLUSIÓN

| (110) | En el transcurso de la investigación formal se disiparon las dudas expresadas por la Comisión en su Decisión de incoación. La Comisión está convencida de que el reconocimiento por parte de España de los costes soportados por los distribuidores de electricidad al desempeñar su actividad de suministro de electricidad a tarifas reguladas a medianas y grandes empresas no otorgó una ventaja económica a los distribuidores a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE. |
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(110)

En el transcurso de la investigación formal se disiparon las dudas expresadas por la Comisión en su Decisión de incoación. La Comisión está convencida de que el reconocimiento por parte de España de los costes soportados por los distribuidores de electricidad al desempeñar su actividad de suministro de electricidad a tarifas reguladas a medianas y grandes empresas no otorgó una ventaja económica a los distribuidores a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE.

| (111) | Puesto que los criterios contemplados en el artículo 107, apartado 1, del TFUE son acumulativos, no es necesario examinar si se cumplen los demás criterios. Así pues, la Comisión concluye que la medida no constituye ayuda estatal a favor de los distribuidores de electricidad. Esta conclusión se refiere a la situación y período de tiempo cubiertos por la denuncia, sin perjuicio de la posible evaluación por parte de la Comisión de medidas tomadas por España después de 2005. |
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(111)

Puesto que los criterios contemplados en el artículo 107, apartado 1, del TFUE son acumulativos, no es necesario examinar si se cumplen los demás criterios. Así pues, la Comisión concluye que la medida no constituye ayuda estatal a favor de los distribuidores de electricidad. Esta conclusión se refiere a la situación y período de tiempo cubiertos por la denuncia, sin perjuicio de la posible evaluación por parte de la Comisión de medidas tomadas por España después de 2005.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El reconocimiento por parte del Reino de España de los costes soportados por los distribuidores al suministrar electricidad a medianas y grandes empresas a tarifas reguladas durante el año 2005 en forma de derechos de cobro de Iberdrola SA, Unión Eléctrica Fenosa SA, Hidroeléctrica del Cantábrico SA, Endesa SA y Elcogás SA establecidos en el Real Decreto-Ley 5/2005 no constituye ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Artículo 2

El destinatario de la presente Decisión será el Reino de España.

Hecho en Bruselas, el 4 de febrero de 2014.

Por la Comisión

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente

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(1)  DO C 43 de 27.2.2007, p. 9.

1

(2)  Véase la nota 1.

2

(3)  El operador del mercado (OMEL) gestiona las adquisiciones y ventas de electricidad en el mercado mayorista.

3

(4)  El operador de la red (Red Eléctrica de España) es responsable de garantizar la seguridad del suministro eléctrico y la coordinación del sistema de producción y transporte.

4

(5)  El artículo 11 del Real Decreto 281/1998 define distribución como «aquella [actividad] que tiene por objeto principal la transmisión de energía eléctrica desde la red de transporte hasta los puntos de consumo en las adecuadas condiciones de calidad, así como la venta de energía eléctrica a los consumidores o distribuidores que la adquieran a tarifa».

5

(6)  Los denominados generadores de «régimen especial». El «régimen especial» es un sistema de tarifas para la alimentación de energía en la red: los distribuidores (y el operador del sistema de transmisión) están obligados a comprar la producción total de las instalaciones de cogeneración y basadas en energías renovables elegibles situadas en su zona de competencia a un precio de cobertura de costes establecido por el Estado.

6

(7)  Real Decreto 2392/2004, de 30 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para 2005; BOE 315, p. 42766, anexo I.

7

(8)  El artículo 12.2 de la LSE disponía que, aunque las tarifas eléctricas se establecían, en principio, una vez al año, podían ajustarse a lo largo de dicho año.

8

(9)  De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto 1432/2002, la tarifa media no podía incrementarse más de un 1,40 % (de año a año), mientras que las tarifas individuales solo podían incrementarse en un porcentaje calculado como el aumento de la tarifa media + 0,60 % (2 % en total).

9

(10)  Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. BOE 62 de 14.3.2005, p. 8832.

10

(11)  Los costes de transición a la competencia son las pérdidas sufridas por los proveedores históricos de electricidad como consecuencia de las inversiones no recuperables llevadas a cabo antes de la liberalización. La Comisión autorizó que se concediera ayuda compensatoria para cubrir dichas pérdidas con arreglo a los criterios establecidos en la metodología relativa a los costes de transición a la competencia (Comunicación de la Comisión relativa a la metodología de análisis de las ayudas estatales vinculadas a costes de transición a la competencia) mediante carta SG (2001) D/290869 de 6 de agosto de 2001. Mediante Decisión SG (2001) D/290553 de 25 de julio de 2001 en el asunto NN 49/99, la Comisión autorizó a España a conceder hasta 2008 compensación por los costes de transición a la competencia a las mismas empresas a las que se solicitó que prefinanciaran el déficit de 2005.

11

(12)  Informe Anual 2005, Elcogás SA, disponible en http://www.elcogas.es/images/stories/3-principales-indicadores/1-datos-economico-financieros/esp2005.pdf

12

(13)  Disposición adicional primera del Real Decreto 809/2006, de 30 de junio, por el que se revisa la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 2006. BOE 156 de 1.7.2006.

13

(14)  España liberalizó el mercado minorista de la electricidad antes de lo previsto en las Directivas sobre la electricidad de 1996 y 2003, que establecían un calendario de liberalización entre 1999 y 2004 para los usuarios finales comerciales (comenzando por los de mayor tamaño) y solo hacía obligatoria la liberalización del segmento doméstico a partir del 1 de julio de 2007.

14

(15)  DO L 176 de 15.7.2003, p. 37.

15

(16)  El artículo 3, apartado 3, de la Directiva sobre electricidad de 2003 dispone que: «Los Estados miembros deberán garantizar que todos los hogares y, cuando los Estados miembros lo consideren adecuado, las pequeñas empresas, es decir, las empresas que empleen a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios o balance general anual no exceda de 10 millones de euros, disfruten en su territorio del derecho a un servicio universal, es decir, del derecho al suministro de electricidad de una calidad determinada, y a unos precios razonables, fácil y claramente comparables y transparentes. Para garantizar la prestación del servicio universal, los Estados miembros podrán designar un suministrador de último recurso».

16

(17)  Los proveedores también compraban electricidad en el mercado mayorista (el pool) y, aunque teóricamente habrían podido celebrar contratos bilaterales con los generadores, en realidad no existía ningún incentivo para que dichos generadores (en su mayoría, grupos integrados verticalmente) lo hicieran.

17

pool

(18)  Véase el anexo I, letras b) y c), de la Directiva 2003/54/CE.

18

(19)  Fuente: Observaciones de Iberdrola de 26 de abril de 2007.

19

Fuente:

(20)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 1993 en los asuntos acumulados C-72/91 y C-73/91, apartado 21: «El régimen de que se trata no tiende, ni por su finalidad, ni por su sistema general, a crear un beneficio que constituya una carga suplementaria para el Estado».

20

(21)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 1985 en el asunto 240/83, Procureur de la République/Association de défense des brûleurs d'huiles usagées (ADBHU) (Rec. 1985, p. 531, especialmente pp. 543-544 y apartado 18).

21

(22)  Decisión de la Comisión de 12 de junio de 2012 relativa a la ayuda estatal SA.21918 (C 17/07) (ex NN 17/07) concedida por Francia — Tarifas reguladas de electricidad en Francia (DO C 398 de 22.12.2012, p. 10, especialmente los apartados 30 a 37 y 134 a 137).

22

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| 12.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 205/62 |
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12.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 205/62

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DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN

de 9 de julio de 2014

por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)

[notificada con el número C(2014) 4479]

(Los textos en lenguas alemana, checa, danesa, eslovena, española, finesa, francesa, húngara, inglesa, italiana, letona, neerlandesa, polaca, portuguesa y sueca son los únicos auténticos)

(2014/458/UE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la financiación de la política agrícola común (1), y, en particular, su artículo 7, apartado 4,

Visto el Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (2), y, en particular, su artículo 31,

Previa consulta al Comité de los Fondos Agrícolas,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El artículo 7, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1258/1999 y el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1290/2005 disponen que la Comisión debe realizar las comprobaciones necesarias, comunicar a los Estados miembros los resultados de sus comprobaciones, tomar nota de las observaciones de los Estados miembros, convocar reuniones bilaterales para llegar a un acuerdo con los Estados miembros afectados y comunicarles oficialmente sus conclusiones. |
| --- | --- |

(1)

El artículo 7, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1258/1999 y el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1290/2005 disponen que la Comisión debe realizar las comprobaciones necesarias, comunicar a los Estados miembros los resultados de sus comprobaciones, tomar nota de las observaciones de los Estados miembros, convocar reuniones bilaterales para llegar a un acuerdo con los Estados miembros afectados y comunicarles oficialmente sus conclusiones.

| (2) | Los Estados miembros han tenido la posibilidad de solicitar la apertura de un procedimiento de conciliación. Se ha hecho uso de dicha posibilidad en algunos casos y la Comisión ha examinado los informes elaborados al término del procedimiento. |
| --- | --- |

(2)

Los Estados miembros han tenido la posibilidad de solicitar la apertura de un procedimiento de conciliación. Se ha hecho uso de dicha posibilidad en algunos casos y la Comisión ha examinado los informes elaborados al término del procedimiento.

| (3) | En virtud del Reglamento (CE) no 1258/1999 y del Reglamento (CE) no 1290/2005, únicamente puede financiarse el gasto agrícola que haya sido efectuado sin infringir las normas de la Unión Europea. |
| --- | --- |

(3)

En virtud del Reglamento (CE) no 1258/1999 y del Reglamento (CE) no 1290/2005, únicamente puede financiarse el gasto agrícola que haya sido efectuado sin infringir las normas de la Unión Europea.

| (4) | De las comprobaciones efectuadas, de los resultados de las reuniones bilaterales y de los procedimientos de conciliación se desprende que una parte de los gastos declarados por los Estados miembros no cumple esa condición y, por consiguiente, no puede ser financiada ni por la Sección de Garantía del FEOGA, ni por el FEAGA ni por el Feader. |
| --- | --- |

(4)

De las comprobaciones efectuadas, de los resultados de las reuniones bilaterales y de los procedimientos de conciliación se desprende que una parte de los gastos declarados por los Estados miembros no cumple esa condición y, por consiguiente, no puede ser financiada ni por la Sección de Garantía del FEOGA, ni por el FEAGA ni por el Feader.

| (5) | Conviene indicar los importes que no pueden imputarse a la Sección de Garantía del FEOGA, al FEAGA ni al Feader. Dichos importes no corresponden a gastos efectuados antes de los veinticuatro meses anteriores a la comunicación escrita de los resultados de las comprobaciones que la Comisión envió a los Estados miembros. |
| --- | --- |

(5)

Conviene indicar los importes que no pueden imputarse a la Sección de Garantía del FEOGA, al FEAGA ni al Feader. Dichos importes no corresponden a gastos efectuados antes de los veinticuatro meses anteriores a la comunicación escrita de los resultados de las comprobaciones que la Comisión envió a los Estados miembros.

| (6) | En los casos contemplados en la presente Decisión, el cálculo de los importes rechazados por no ajustarse a las normas de la Unión Europea ha sido comunicado por la Comisión a los Estados miembros en un informe de síntesis. |
| --- | --- |

(6)

En los casos contemplados en la presente Decisión, el cálculo de los importes rechazados por no ajustarse a las normas de la Unión Europea ha sido comunicado por la Comisión a los Estados miembros en un informe de síntesis.

| (7) | La presente Decisión se entiende sin perjuicio de las consecuencias financieras que, a juicio de la Comisión, se deriven de las sentencias del Tribunal de Justicia en asuntos que se encontrasen pendientes en la fecha de 15 de marzo de 2014 y que se refieran a aspectos contemplados en la misma. |
| --- | --- |

(7)

La presente Decisión se entiende sin perjuicio de las consecuencias financieras que, a juicio de la Comisión, se deriven de las sentencias del Tribunal de Justicia en asuntos que se encontrasen pendientes en la fecha de 15 de marzo de 2014 y que se refieran a aspectos contemplados en la misma.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Los gastos declarados con cargo a la Sección de Garantía del FEOGA, al FEAGA o al Feader que se indican en el anexo, efectuados por organismos pagadores autorizados de los Estados miembros, quedan excluidos de la financiación de la Unión Europea por no ajustarse a las normas de esta.

Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán el Reino de Bélgica, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Letonia, Hungría, la República de Polonia, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2014.

Por la Comisión

Dacian CIOLOȘ

Miembro de la Comisión

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(1)  DO L 160 de 26.6.1999, p. 103.

1

(2)  DO L 209 de 11.8.2005, p. 1.

2

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ANEXO

| EM | Medida | Ejercicio financiero | Motivo | Tipo | % | Moneda | Importe | Deducciones | Repercusión financiera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA: 6701 |
| BE | Otras ayudas directas — Vacuno | 2010 | Pagos por animales no subvencionables y aplicación incorrecta de sanciones | PUNTUAL | | EUR | – 133 335,00 | 0,00 | – 133 335,00 |
| BE | Otras ayudas directas — Vacuno | 2011 | Pagos por animales no subvencionables y aplicación incorrecta de sanciones | PUNTUAL | | EUR | – 62 275,00 | 0,00 | – 62 275,00 |
| BE | Otras ayudas directas — Vacuno | 2012 | Pagos por animales no subvencionables y aplicación incorrecta de sanciones | PUNTUAL | | EUR | – 110 550,00 | 0,00 | – 110 550,00 |
| TOTAL BE | EUR | – 306 160,00 | 0,00 | – 306 160,00 |
| CZ | Otras ayudas directas — Artículos 68-72 del Reglamento (CE) no 73/2009 | 2011 | Pagos indebidos y no aplicación de reducciones/exclusiones de animales con irregularidades | PUNTUAL | | EUR | – 4 195,16 | 0,00 | – 4 195,16 |
| CZ | Otras ayudas directas — Artículos 68-72 del Reglamento (CE) no 73/2009 | 2012 | Pagos indebidos y no aplicación de reducciones/exclusiones de animales con irregularidades | PUNTUAL | | EUR | – 68,74 | 0,00 | – 68,74 |
| TOTAL CZ | EUR | – 4 263,90 | 0,00 | – 4 263,90 |
| DE | Ayudas directas disociadas | 2008 | Falta de extrapolación en caso de declaración excesiva por debajo del 3 % | PUNTUAL | | EUR | – 106 694,14 | 0,00 | – 106 694,14 |
| DE | Ayudas directas disociadas | 2009 | Falta de extrapolación en caso de declaración excesiva por debajo del 3 % | PUNTUAL | | EUR | – 104 776,14 | 0,00 | – 104 776,14 |
| DE | Ayudas directas disociadas | 2009 | Deficiencias en la tolerancia de la medición | PUNTUAL | | EUR | – 56 327,48 | 0,00 | – 56 327,48 |
| DE | Ayudas directas disociadas | 2010 | Falta de extrapolación en caso de declaración excesiva por debajo del 3 % | PUNTUAL | | EUR | – 72 254,33 | 0,00 | – 72 254,33 |
| DE | Ayudas directas disociadas | 2010 | Deficiencias en la tolerancia de la medición | PUNTUAL | | EUR | – 56 781,05 | 0,00 | – 56 781,05 |
| TOTAL DE | EUR | – 396 833,14 | 0,00 | – 396 833,14 |
| DK | Ayudas directas disociadas | 2011 | Deficiente control sobre el terreno | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 1 529 693,10 | 0,00 | – 1 529 693,10 |
| DK | Ayudas directas disociadas | 2011 | Recuperaciones retroactivas y tratamiento incorrecto de los derechos de pago | PUNTUAL | | EUR | – 69 494,00 | 0,00 | – 69 494,00 |
| DK | Ayudas directas disociadas | 2012 | Deficiente control sobre el terreno | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 1 489 167,20 | 0,00 | – 1 489 167,20 |
| DK | Ayudas directas disociadas | 2012 | Recuperaciones retroactivas y tratamiento incorrecto de los derechos de pago | PUNTUAL | | EUR | – 3 654,00 | 0,00 | – 3 654,00 |
| TOTAL DK | EUR | – 3 092 008,30 | 0,00 | – 3 092 008,30 |
| ES | Medidas en el ámbito de la pesca | 2004 | Controles administrativos no concluyentes, deficiencias en los controles sobre el terreno y en la auditoría externa | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 185 468,74 | 0,00 | – 185 468,74 |
| ES | Medidas en el ámbito de la pesca | 2005 | Controles administrativos no concluyentes. deficiencias en los controles sobre el terreno y en la auditoría externa | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 253 547,34 | 0,00 | – 253 547,34 |
| ES | Medidas en el ámbito de la pesca | 2006 | Controles administrativos no concluyentes, deficiencias en los controles sobre el terreno y en la auditoría externa | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 117 708,85 | 0,00 | – 117 708,85 |
| ES | Ayudas directas disociadas | 2010 | Deficiencias en los controles administrativos, controles sobre el terreno y recuperaciones | PUNTUAL | | EUR | – 53 541,40 | 0,00 | – 53 541,40 |
| ES | Ayudas directas disociadas | 2011 | Deficiencias en los controles administrativos, controles sobre el terreno y recuperaciones | PUNTUAL | | EUR | – 368,20 | 0,00 | – 368,20 |
| ES | Condicionalidad | 2009 | Sistema de sanciones indulgente, campaña de solicitud 2008 | PUNTUAL | | EUR | – 191 873,53 | – 383,75 | – 191 489,78 |
| ES | Condicionalidad | 2009 | Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2008 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 790 454,36 | – 218,52 | – 790 235,84 |
| ES | Condicionalidad | 2009 | Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2010 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 24 049,41 | 0,00 | – 24 049,41 |
| ES | Condicionalidad | 2010 | Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2008 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 638,55 | 0,00 | – 638,55 |
| ES | Condicionalidad | 2010 | Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2009 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 781 951,76 | – 1 002,96 | – 780 948,80 |
| ES | Condicionalidad | 2010 | Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2010 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 30,92 | 0,00 | – 30,92 |
| ES | Condicionalidad | 2011 | Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2008 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 117,27 | 0,00 | – 117,27 |
| ES | Condicionalidad | 2011 | Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2009 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 570,44 | 0,00 | – 570,44 |
| ES | Condicionalidad | 2011 | Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2010 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 824 194,02 | 0,00 | – 824 194,02 |
| TOTAL ES | EUR | – 3 224 514,79 | – 1 605,23 | – 3 222 909,56 |
| FI | Ayudas directas disociadas | 2010 | Deficiencias del SIP, de los controles sobre el terreno y del cálculo de las reducciones | PUNTUAL | | EUR | – 289 992,10 | 0,00 | – 289 992,10 |
| FI | Ayudas directas disociadas | 2011 | Deficiencias del SIP, de los controles sobre el terreno y del cálculo de las reducciones | PUNTUAL | | EUR | – 961 208,71 | 0,00 | – 961 208,71 |
| FI | Ayudas directas disociadas | 2012 | Deficiencias del SIP, de los controles sobre el terreno y del cálculo de las reducciones | PUNTUAL | | EUR | – 1 384 610,18 | 0,00 | – 1 384 610,18 |
| TOTAL FI | EUR | – 2 635 810,99 | 0,00 | – 2 635 810,99 |
| FR | Leche — Leche en las escuelas | 2009 | Control sobre el terreno tardío en el caso del programa «Leche para los escolares» (curso escolar 2008-09) | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 290 282,58 | 0,00 | – 290 282,58 |
| FR | Leche — Leche en las escuelas | 2010 | Control sobre el terreno tardío en el caso del programa «Leche para los escolares» (curso escolar 2008-09) | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 351 047,94 | 0,00 | – 351 047,94 |
| FR | Leche — Leche en las escuelas | 2011 | Control sobre el terreno tardío en el caso del programa «Leche para los escolares» (curso escolar 2008-09) | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 1 610,58 | 0,00 | – 1 610,58 |
| FR | Leche — Leche en las escuelas | 2012 | Control sobre el terreno tardío en el caso del programa «Leche para los escolares» (curso escolar 2008-09) | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 474,30 | 0,00 | – 474,30 |
| FR | Derechos | 2010 | Asignaciones irregulares de la reserva nacional y consolidación de las superficies forrajeras | A TANTO ALZADO | 10,00 % | EUR | – 5 938 076,49 | 0,00 | – 5 938 076,49 |
| FR | Derechos | 2010 | Asignaciones irregulares de la reserva nacional y consolidación de las superficies forrajeras | PUNTUAL | | EUR | – 2 584 040,40 | 0,00 | – 2 584 040,40 |
| FR | Derechos | 2011 | Asignaciones irregulares de la reserva nacional y consolidación de las superficies forrajeras | A TANTO ALZADO | 10,00 % | EUR | – 3 176 345,75 | 0,00 | – 3 176 345,75 |
| FR | Derechos | 2011 | Asignaciones irregulares de la reserva nacional y consolidación de las superficies forrajeras | PUNTUAL | | EUR | – 2 584 032,47 | 0,00 | – 2 584 032,47 |
| FR | Derechos | 2012 | Asignaciones irregulares de la reserva nacional y consolidación de las superficies forrajeras | A TANTO ALZADO | 10,00 % | EUR | – 3 176 345,75 | 0,00 | – 3 176 345,75 |
| FR | Derechos | 2012 | Asignaciones irregulares de la reserva nacional y consolidación de las superficies forrajeras | PUNTUAL | | EUR | – 2 584 031,62 | 0,00 | – 2 584 031,62 |
| TOTAL FR | EUR | – 20 686 287,88 | 0,00 | – 20 686 287,88 |
| GB | Ayudas directas disociadas | 2011 | Deficiencias del SIP y de los controles sobre el terreno | PUNTUAL | | EUR | – 2 563 473,00 | 0,00 | – 2 563 473,00 |
| TOTAL GB | EUR | – 2 563 473,00 | 0,00 | – 2 563 473,00 |
| IT | Frutas y hortalizas — Transformación de tomates | 2008 | Deficiencias en los controles administrativos y contables; ausencia de conciliación de los registros mantenidos por las organizaciones de productores y los transformadores con la contabilidad impuesta por la normativa nacional | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 2 332 156,30 | – 932 862,52 | – 1 399 293,78 |
| IT | Frutas y hortalizas — Transformación de tomates | 2010 | Deficiencias en los controles administrativos y contables; ausencia de conciliación de los registros mantenidos por las organizaciones de productores y los transformadores con la contabilidad impuesta por la normativa nacional | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | 720,02 | 0,00 | 720,02 |
| IT | Irregularidades | 2012 | Falta de información sobre las acciones de recuperación emprendidas | PUNTUAL | | EUR | – 2 362 005,73 | 0,00 | – 2 362 005,73 |
| IT | Irregularidades | 2012 | Negligencia en el procedimiento de recuperación | PUNTUAL | | EUR | – 1 283 164,95 | 0,00 | – 1 283 164,95 |
| IT | Irregularidades | 2012 | No consignadas en el anexo III | PUNTUAL | | EUR | – 1 460 976,88 | 0,00 | – 1 460 976,88 |
| TOTAL IT | EUR | – 7 437 583,84 | – 932 862,52 | – 6 504 721,32 |
| LV | Ayudas directas disociadas | 2011 | Deficiencias derivadas de los errores obvios y en los controles sobre el terreno con errores por debajo del 3 % | PUNTUAL | | EUR | – 15 324,30 | 0,00 | – 15 324,30 |
| LV | Ayudas directas disociadas | 2012 | Deficiencias derivadas de los errores obvios y en los controles sobre el terreno con errores por debajo del 3 % | PUNTUAL | | EUR | – 3 399,21 | 0,00 | – 3 399,21 |
| LV | Condicionalidad | 2009 | 4 BCAM sin definir, cálculo incorrecto de la sanción, campaña de solicitud 2008 | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 254 163,51 | 0,00 | – 254 163,51 |
| LV | Condicionalidad | 2010 | 2 BCAM sin definir, deficiencias en los controles del RLG 4 y tolerancia aplicada en el RLG 7, campaña de solicitud 2009 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 181 777,79 | 0,00 | – 181 777,79 |
| LV | Condicionalidad | 2010 | 4 BCAM sin definir, cálculo incorrecto de la sanción, campaña de solicitud 2008 | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 179,81 | 0,00 | – 179,81 |
| LV | Condicionalidad | 2011 | 2 BCAM sin definir, deficiencias en los controles del RLG 4 y tolerancia aplicada en el RLG 7, campaña de solicitud 2009 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 100,05 | 0,00 | – 100,05 |
| LV | Condicionalidad | 2011 | 4 BCAM sin definir, cálculo incorrecto de la sanción, campaña de solicitud 2008 | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | 14,86 | 0,00 | 14,86 |
| LV | Condicionalidad | 2011 | Deficiencias en los controles del RLG 4 y tolerancia aplicada en el RLG 7, campaña de solicitud 2010 | PUNTUAL | | EUR | – 2 230,28 | 0,00 | – 2 230,28 |
| LV | Condicionalidad | 2012 | 2 BCAM sin definir, deficiencias en los controles del RLG 4 y tolerancia aplicada en el RLG 7, campaña de solicitud 2009 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 0,19 | 0,00 | – 0,19 |
| TOTAL LV | EUR | – 457 160,28 | 0,00 | – 457 160,28 |
| SE | Ayudas directas disociadas | 2010 | Deficiencias en el SIP, campaña de solicitud 2009 | PUNTUAL | | EUR | – 1 117 986,60 | 0,00 | – 1 117 986,60 |
| SE | Ayudas directas disociadas | 2011 | Deficiencias en el SIP, campaña de solicitud 2010 | PUNTUAL | | EUR | – 15 591,00 | 0,00 | – 15 591,00 |
| Total SE | EUR | – 1 133 577,60 | 0,00 | – 1 133 577,60 |
| SI | Ayudas directas disociadas | 2010 | Deficiencias en la verificación de pequeñas parcelas para respetar la definición de parcelas agrícolas | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 85 780,08 | – 2 203,29 | – 83 576,79 |
| SI | Ayudas directas disociadas | 2010 | Ausencia de extrapolación del resultado del control en caso de diferencia inferior al 3 % | PUNTUAL | | EUR | – 1 771,90 | – 10,97 | – 1 760,93 |
| SI | Ayudas directas disociadas | 2011 | Deficiencias en la verificación de pequeñas parcelas para respetar la definición de parcelas agrícolas | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 115 956,46 | 0,00 | – 115 956,46 |
| SI | Ayudas directas disociadas | 2011 | Ausencia de extrapolación del resultado del control en caso de diferencia inferior al 3 % | PUNTUAL | | EUR | – 6 376,67 | – 7,62 | – 6 369,05 |
| SI | Ayudas directas disociadas | 2012 | Deficiencias en la verificación de pequeñas parcelas para respetar la definición de parcelas agrícolas | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 131 269,23 | 0,00 | – 131 269,23 |
| SI | Ayudas directas disociadas | 2012 | Ausencia de extrapolación del resultado del control en caso de diferencia inferior al 3 % | PUNTUAL | | EUR | – 6 506,76 | – 7,78 | – 6 498,98 |
| TOTAL SI | EUR | – 347 661,10 | – 2 229,66 | – 345 431,44 |
| TOTAL 6701 | EUR | – 42 285 334,82 | – 936 697,41 | – 41 348 637,41 |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA: 6711 |
| DK | Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2011 | Deficiente control sobre el terreno | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 138 216,28 | 0,00 | – 138 216,28 |
| DK | Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2012 | Deficiente control sobre el terreno | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 114 814,02 | 0,00 | – 114 814,02 |
| TOTAL DK | EUR | – 253 030,30 | 0,00 | – 253 030,30 |
| ES | Condicionalidad | 2009 | Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2008 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 25 382,59 | 0,00 | – 25 382,59 |
| ES | Condicionalidad | 2009 | Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2009 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 1 341,72 | 0,00 | – 1 341,72 |
| ES | Condicionalidad | 2010 | Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2008 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | 18,14 | 0,00 | 18,14 |
| ES | Condicionalidad | 2010 | Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2009 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 34 511,04 | 0,00 | – 34 511,04 |
| ES | Condicionalidad | 2010 | Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2010 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 317,20 | 0,00 | – 317,20 |
| ES | Condicionalidad | 2011 | Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2008 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 36,65 | 0,00 | – 36,65 |
| ES | Condicionalidad | 2011 | Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2009 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 69,84 | 0,00 | – 69,84 |
| ES | Condicionalidad | 2011 | Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2010 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 39 292,14 | 0,00 | – 39 292,14 |
| TOTAL ES | EUR | – 100 933,04 | 0,00 | – 100 933,04 |
| FI | Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2010 | Deficiencias del SIP, de los controles sobre el terreno y del cálculo de las reducciones | PUNTUAL | | EUR | – 132 350,41 | 0,00 | – 132 350,41 |
| FI | Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2011 | Deficiencias del SIP, de los controles sobre el terreno y del cálculo de las reducciones | PUNTUAL | | EUR | – 449 325,95 | 0,00 | – 449 325,95 |
| FI | Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2012 | Deficiencias del SIP, de los controles sobre el terreno y del cálculo de las reducciones | PUNTUAL | | EUR | – 558 189,31 | 0,00 | – 558 189,31 |
| TOTAL FI | EUR | – 1 139 865,67 | 0,00 | – 1 139 865,67 |
| GB | Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2011 | Deficiencias del SIP y de los controles sobre el terreno | PUNTUAL | | EUR | – 614 769,00 | 0,00 | – 614 769,00 |
| TOTAL GB | EUR | – 614 769,00 | 0,00 | – 614 769,00 |
| HU | Desarrollo rural Feader Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013) | 2009 | Control fundamental inadecuado — ayuda pagada a beneficiarios sin derecho a la misma (no asistencia a formación obligatoria) | A TANTO ALZADO | 10,00 % | EUR | – 131 333,83 | 0,00 | – 131 333,83 |
| HU | Desarrollo rural Feader Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013) | 2010 | Control fundamental inadecuado — ayuda pagada a beneficiarios sin derecho a la misma (no asistencia a formación obligatoria) | A TANTO ALZADO | 10,00 % | EUR | – 149 391,75 | 0,00 | – 149 391,75 |
| HU | Desarrollo rural Feader Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013) | 2011 | Control fundamental inadecuado — ayuda pagada a beneficiarios sin derecho a la misma (no asistencia a formación obligatoria) | A TANTO ALZADO | 10,00 % | EUR | – 42 101,65 | 0,00 | – 42 101,65 |
| HU | Desarrollo rural Feader Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013) | 2012 | Control fundamental inadecuado — ayuda pagada a beneficiarios sin derecho a la misma (no asistencia a formación obligatoria) | A TANTO ALZADO | 10,00 % | EUR | – 60 885,25 | 0,00 | – 60 885,25 |
| TOTAL HU | EUR | – 383 712,48 | 0,00 | – 383 712,48 |
| LV | Condicionalidad | 2009 | 4 BCAM sin definir, cálculo incorrecto de la sanción, campaña de solicitud 2008 | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 212 566,45 | 0,00 | – 212 566,45 |
| LV | Condicionalidad | 2010 | 2 BCAM sin definir, deficiencias en los controles del RLG 4 y tolerancia aplicada en el RLG 7, campaña de solicitud 2009 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 92 731,87 | 0,00 | – 92 731,87 |
| LV | Condicionalidad | 2010 | 4 BCAM sin definir, cálculo incorrecto de la sanción, campaña de solicitud 2008 | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | 1 146,35 | 0,00 | 1 146,35 |
| LV | Condicionalidad | 2011 | 2 BCAM sin definir, deficiencias en los controles del RLG 4 y tolerancia aplicada en el RLG 7, campaña de solicitud 2009 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | 249,48 | 0,00 | 249,48 |
| LV | Condicionalidad | 2011 | 4 BCAM sin definir, cálculo incorrecto de la sanción, campaña de solicitud 2008 | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | 425,78 | 0,00 | 425,78 |
| LV | Condicionalidad | 2012 | 2 BCAM sin definir, deficiencias en los controles del RLG 4 y tolerancia aplicada en el RLG 7, campaña de solicitud 2009 | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | 106,22 | 0,00 | 106,22 |
| LV | Condicionalidad | 2012 | 4 BCAM sin definir, cálculo incorrecto de la sanción, campaña de solicitud 2008 | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | 183,03 | 0,00 | 183,03 |
| TOTAL LV | EUR | – 303 187,46 | 0,00 | – 303 187,46 |
| PL | Desarrollo rural Feader Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013) | 2009 | Falta de criterios de selección | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 16 237,92 | 0,00 | – 16 237,92 |
| PL | Desarrollo rural Feader Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013) | 2010 | Falta de criterios de selección | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 2 189 601,12 | 0,00 | – 2 189 601,12 |
| PL | Desarrollo rural Feader Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013) | 2011 | Falta de criterios de selección | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 2 290 180,19 | 0,00 | – 2 290 180,19 |
| PL | Desarrollo rural Feader Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013) | 2012 | Falta de criterios de selección | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 1 175 231,69 | 0,00 | – 1 175 231,69 |
| PL | Desarrollo rural Feader Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013) | 2013 | Falta de criterios de selección | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 172 311,40 | 0,00 | – 172 311,40 |
| TOTAL PL | EUR | – 5 843 562,32 | 0,00 | – 5 843 562,32 |
| PT | Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2008 | Controles sobre el terreno tardíos. | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 81 992,88 | – 81 992,88 | 0,00 |
| PT | Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2009 | Controles sobre el terreno tardíos. | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 3 374 908,49 | – 2 911 944,67 | – 462 963,82 |
| PT | Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2009 | Controles sobre el terreno tardíos. | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 353 974,42 | 0,00 | – 353 974,42 |
| PT | Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2010 | Controles sobre el terreno tardíos. | A TANTO ALZADO | 2,00 % | EUR | – 213 427,37 | 0,00 | – 213 427,37 |
| PT | Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2010 | Controles sobre el terreno tardíos. | A TANTO ALZADO | 5,00 % | EUR | – 1 682 133,84 | – 1 446 076,06 | – 236 057,78 |
| Total PT | EUR | – 5 706 437,00 | – 4 440 013,61 | – 1 266 423,39 |
| SE | Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2010 | Deficiencias en el SIP, campaña de solicitud 2009 | PUNTUAL | | EUR | – 190 380,00 | 0,00 | – 190 380,00 |
| SE | Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie) | 2011 | Deficiencias en el SIP, campaña de solicitud 2010 | PUNTUAL | | EUR | – 143 719,00 | 0,00 | – 143 719,00 |
| Total SE | EUR | – 334 099,00 | 0,00 | – 334 099,00 |
| TOTAL 6711 | EUR | – 14 679 596,27 | – 4 440 013,61 | – 10 239 582,66 |

EM

Medida

Ejercicio financiero

Motivo

Tipo

%

Moneda

Importe

Deducciones

Repercusión financiera

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 6701

BE

Otras ayudas directas — Vacuno

2010

Pagos por animales no subvencionables y aplicación incorrecta de sanciones

PUNTUAL

EUR

– 133 335,00

0,00

– 133 335,00

BE

Otras ayudas directas — Vacuno

2011

Pagos por animales no subvencionables y aplicación incorrecta de sanciones

PUNTUAL

EUR

– 62 275,00

0,00

– 62 275,00

BE

Otras ayudas directas — Vacuno

2012

Pagos por animales no subvencionables y aplicación incorrecta de sanciones

PUNTUAL

EUR

– 110 550,00

0,00

– 110 550,00

TOTAL BE

EUR

– 306 160,00

0,00

– 306 160,00

CZ

Otras ayudas directas — Artículos 68-72 del Reglamento (CE) no 73/2009

2011

Pagos indebidos y no aplicación de reducciones/exclusiones de animales con irregularidades

PUNTUAL

EUR

– 4 195,16

0,00

– 4 195,16

CZ

Otras ayudas directas — Artículos 68-72 del Reglamento (CE) no 73/2009

2012

Pagos indebidos y no aplicación de reducciones/exclusiones de animales con irregularidades

PUNTUAL

EUR

– 68,74

0,00

– 68,74

TOTAL CZ

EUR

– 4 263,90

0,00

– 4 263,90

DE

Ayudas directas disociadas

2008

Falta de extrapolación en caso de declaración excesiva por debajo del 3 %

PUNTUAL

EUR

– 106 694,14

0,00

– 106 694,14

DE

Ayudas directas disociadas

2009

Falta de extrapolación en caso de declaración excesiva por debajo del 3 %

PUNTUAL

EUR

– 104 776,14

0,00

– 104 776,14

DE

Ayudas directas disociadas

2009

Deficiencias en la tolerancia de la medición

PUNTUAL

EUR

– 56 327,48

0,00

– 56 327,48

DE

Ayudas directas disociadas

2010

Falta de extrapolación en caso de declaración excesiva por debajo del 3 %

PUNTUAL

EUR

– 72 254,33

0,00

– 72 254,33

DE

Ayudas directas disociadas

2010

Deficiencias en la tolerancia de la medición

PUNTUAL

EUR

– 56 781,05

0,00

– 56 781,05

TOTAL DE

EUR

– 396 833,14

0,00

– 396 833,14

DK

Ayudas directas disociadas

2011

Deficiente control sobre el terreno

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 1 529 693,10

0,00

– 1 529 693,10

DK

Ayudas directas disociadas

2011

Recuperaciones retroactivas y tratamiento incorrecto de los derechos de pago

PUNTUAL

EUR

– 69 494,00

0,00

– 69 494,00

DK

Ayudas directas disociadas

2012

Deficiente control sobre el terreno

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 1 489 167,20

0,00

– 1 489 167,20

DK

Ayudas directas disociadas

2012

Recuperaciones retroactivas y tratamiento incorrecto de los derechos de pago

PUNTUAL

EUR

– 3 654,00

0,00

– 3 654,00

TOTAL DK

EUR

– 3 092 008,30

0,00

– 3 092 008,30

ES

Medidas en el ámbito de la pesca

2004

Controles administrativos no concluyentes, deficiencias en los controles sobre el terreno y en la auditoría externa

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 185 468,74

0,00

– 185 468,74

ES

Medidas en el ámbito de la pesca

2005

Controles administrativos no concluyentes. deficiencias en los controles sobre el terreno y en la auditoría externa

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 253 547,34

0,00

– 253 547,34

ES

Medidas en el ámbito de la pesca

2006

Controles administrativos no concluyentes, deficiencias en los controles sobre el terreno y en la auditoría externa

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 117 708,85

0,00

– 117 708,85

ES

Ayudas directas disociadas

2010

Deficiencias en los controles administrativos, controles sobre el terreno y recuperaciones

PUNTUAL

EUR

– 53 541,40

0,00

– 53 541,40

ES

Ayudas directas disociadas

2011

Deficiencias en los controles administrativos, controles sobre el terreno y recuperaciones

PUNTUAL

EUR

– 368,20

0,00

– 368,20

ES

Condicionalidad

2009

Sistema de sanciones indulgente, campaña de solicitud 2008

PUNTUAL

EUR

– 191 873,53

– 383,75

– 191 489,78

ES

Condicionalidad

2009

Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2008

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 790 454,36

– 218,52

– 790 235,84

ES

Condicionalidad

2009

Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2010

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 24 049,41

0,00

– 24 049,41

ES

Condicionalidad

2010

Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2008

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 638,55

0,00

– 638,55

ES

Condicionalidad

2010

Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2009

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 781 951,76

– 1 002,96

– 780 948,80

ES

Condicionalidad

2010

Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2010

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 30,92

0,00

– 30,92

ES

Condicionalidad

2011

Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2008

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 117,27

0,00

– 117,27

ES

Condicionalidad

2011

Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2009

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 570,44

0,00

– 570,44

ES

Condicionalidad

2011

Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2010

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 824 194,02

0,00

– 824 194,02

TOTAL ES

EUR

– 3 224 514,79

– 1 605,23

– 3 222 909,56

FI

Ayudas directas disociadas

2010

Deficiencias del SIP, de los controles sobre el terreno y del cálculo de las reducciones

PUNTUAL

EUR

– 289 992,10

0,00

– 289 992,10

FI

Ayudas directas disociadas

2011

Deficiencias del SIP, de los controles sobre el terreno y del cálculo de las reducciones

PUNTUAL

EUR

– 961 208,71

0,00

– 961 208,71

FI

Ayudas directas disociadas

2012

Deficiencias del SIP, de los controles sobre el terreno y del cálculo de las reducciones

PUNTUAL

EUR

– 1 384 610,18

0,00

– 1 384 610,18

TOTAL FI

EUR

– 2 635 810,99

0,00

– 2 635 810,99

FR

Leche — Leche en las escuelas

2009

Control sobre el terreno tardío en el caso del programa «Leche para los escolares» (curso escolar 2008-09)

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 290 282,58

0,00

– 290 282,58

FR

Leche — Leche en las escuelas

2010

Control sobre el terreno tardío en el caso del programa «Leche para los escolares» (curso escolar 2008-09)

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 351 047,94

0,00

– 351 047,94

FR

Leche — Leche en las escuelas

2011

Control sobre el terreno tardío en el caso del programa «Leche para los escolares» (curso escolar 2008-09)

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 1 610,58

0,00

– 1 610,58

FR

Leche — Leche en las escuelas

2012

Control sobre el terreno tardío en el caso del programa «Leche para los escolares» (curso escolar 2008-09)

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 474,30

0,00

– 474,30

FR

Derechos

2010

Asignaciones irregulares de la reserva nacional y consolidación de las superficies forrajeras

A TANTO ALZADO

10,00 %

EUR

– 5 938 076,49

0,00

– 5 938 076,49

FR

Derechos

2010

Asignaciones irregulares de la reserva nacional y consolidación de las superficies forrajeras

PUNTUAL

EUR

– 2 584 040,40

0,00

– 2 584 040,40

FR

Derechos

2011

Asignaciones irregulares de la reserva nacional y consolidación de las superficies forrajeras

A TANTO ALZADO

10,00 %

EUR

– 3 176 345,75

0,00

– 3 176 345,75

FR

Derechos

2011

Asignaciones irregulares de la reserva nacional y consolidación de las superficies forrajeras

PUNTUAL

EUR

– 2 584 032,47

0,00

– 2 584 032,47

FR

Derechos

2012

Asignaciones irregulares de la reserva nacional y consolidación de las superficies forrajeras

A TANTO ALZADO

10,00 %

EUR

– 3 176 345,75

0,00

– 3 176 345,75

FR

Derechos

2012

Asignaciones irregulares de la reserva nacional y consolidación de las superficies forrajeras

PUNTUAL

EUR

– 2 584 031,62

0,00

– 2 584 031,62

TOTAL FR

EUR

– 20 686 287,88

0,00

– 20 686 287,88

GB

Ayudas directas disociadas

2011

Deficiencias del SIP y de los controles sobre el terreno

PUNTUAL

EUR

– 2 563 473,00

0,00

– 2 563 473,00

TOTAL GB

EUR

– 2 563 473,00

0,00

– 2 563 473,00

IT

Frutas y hortalizas — Transformación de tomates

2008

Deficiencias en los controles administrativos y contables; ausencia de conciliación de los registros mantenidos por las organizaciones de productores y los transformadores con la contabilidad impuesta por la normativa nacional

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 2 332 156,30

– 932 862,52

– 1 399 293,78

IT

Frutas y hortalizas — Transformación de tomates

2010

Deficiencias en los controles administrativos y contables; ausencia de conciliación de los registros mantenidos por las organizaciones de productores y los transformadores con la contabilidad impuesta por la normativa nacional

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

720,02

0,00

720,02

IT

Irregularidades

2012

Falta de información sobre las acciones de recuperación emprendidas

PUNTUAL

EUR

– 2 362 005,73

0,00

– 2 362 005,73

IT

Irregularidades

2012

Negligencia en el procedimiento de recuperación

PUNTUAL

EUR

– 1 283 164,95

0,00

– 1 283 164,95

IT

Irregularidades

2012

No consignadas en el anexo III

PUNTUAL

EUR

– 1 460 976,88

0,00

– 1 460 976,88

TOTAL IT

EUR

– 7 437 583,84

– 932 862,52

– 6 504 721,32

LV

Ayudas directas disociadas

2011

Deficiencias derivadas de los errores obvios y en los controles sobre el terreno con errores por debajo del 3 %

PUNTUAL

EUR

– 15 324,30

0,00

– 15 324,30

LV

Ayudas directas disociadas

2012

Deficiencias derivadas de los errores obvios y en los controles sobre el terreno con errores por debajo del 3 %

PUNTUAL

EUR

– 3 399,21

0,00

– 3 399,21

LV

Condicionalidad

2009

4 BCAM sin definir, cálculo incorrecto de la sanción, campaña de solicitud 2008

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 254 163,51

0,00

– 254 163,51

LV

Condicionalidad

2010

2 BCAM sin definir, deficiencias en los controles del RLG 4 y tolerancia aplicada en el RLG 7, campaña de solicitud 2009

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 181 777,79

0,00

– 181 777,79

LV

Condicionalidad

2010

4 BCAM sin definir, cálculo incorrecto de la sanción, campaña de solicitud 2008

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 179,81

0,00

– 179,81

LV

Condicionalidad

2011

2 BCAM sin definir, deficiencias en los controles del RLG 4 y tolerancia aplicada en el RLG 7, campaña de solicitud 2009

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 100,05

0,00

– 100,05

LV

Condicionalidad

2011

4 BCAM sin definir, cálculo incorrecto de la sanción, campaña de solicitud 2008

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

14,86

0,00

14,86

LV

Condicionalidad

2011

Deficiencias en los controles del RLG 4 y tolerancia aplicada en el RLG 7, campaña de solicitud 2010

PUNTUAL

EUR

– 2 230,28

0,00

– 2 230,28

LV

Condicionalidad

2012

2 BCAM sin definir, deficiencias en los controles del RLG 4 y tolerancia aplicada en el RLG 7, campaña de solicitud 2009

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 0,19

0,00

– 0,19

TOTAL LV

EUR

– 457 160,28

0,00

– 457 160,28

SE

Ayudas directas disociadas

2010

Deficiencias en el SIP, campaña de solicitud 2009

PUNTUAL

EUR

– 1 117 986,60

0,00

– 1 117 986,60

SE

Ayudas directas disociadas

2011

Deficiencias en el SIP, campaña de solicitud 2010

PUNTUAL

EUR

– 15 591,00

0,00

– 15 591,00

Total SE

EUR

– 1 133 577,60

0,00

– 1 133 577,60

SI

Ayudas directas disociadas

2010

Deficiencias en la verificación de pequeñas parcelas para respetar la definición de parcelas agrícolas

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 85 780,08

– 2 203,29

– 83 576,79

SI

Ayudas directas disociadas

2010

Ausencia de extrapolación del resultado del control en caso de diferencia inferior al 3 %

PUNTUAL

EUR

– 1 771,90

– 10,97

– 1 760,93

SI

Ayudas directas disociadas

2011

Deficiencias en la verificación de pequeñas parcelas para respetar la definición de parcelas agrícolas

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 115 956,46

0,00

– 115 956,46

SI

Ayudas directas disociadas

2011

Ausencia de extrapolación del resultado del control en caso de diferencia inferior al 3 %

PUNTUAL

EUR

– 6 376,67

– 7,62

– 6 369,05

SI

Ayudas directas disociadas

2012

Deficiencias en la verificación de pequeñas parcelas para respetar la definición de parcelas agrícolas

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 131 269,23

0,00

– 131 269,23

SI

Ayudas directas disociadas

2012

Ausencia de extrapolación del resultado del control en caso de diferencia inferior al 3 %

PUNTUAL

EUR

– 6 506,76

– 7,78

– 6 498,98

TOTAL SI

EUR

– 347 661,10

– 2 229,66

– 345 431,44

TOTAL 6701

EUR

– 42 285 334,82

– 936 697,41

– 41 348 637,41

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 6711

DK

Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie)

2011

Deficiente control sobre el terreno

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 138 216,28

0,00

– 138 216,28

DK

Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie)

2012

Deficiente control sobre el terreno

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 114 814,02

0,00

– 114 814,02

TOTAL DK

EUR

– 253 030,30

0,00

– 253 030,30

ES

Condicionalidad

2009

Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2008

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 25 382,59

0,00

– 25 382,59

ES

Condicionalidad

2009

Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2009

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 1 341,72

0,00

– 1 341,72

ES

Condicionalidad

2010

Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2008

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

18,14

0,00

18,14

ES

Condicionalidad

2010

Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2009

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 34 511,04

0,00

– 34 511,04

ES

Condicionalidad

2010

Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2010

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 317,20

0,00

– 317,20

ES

Condicionalidad

2011

Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2008

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 36,65

0,00

– 36,65

ES

Condicionalidad

2011

Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2009

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 69,84

0,00

– 69,84

ES

Condicionalidad

2011

Control parcial e ineficaz de muchos RLG, campaña de solicitud 2010

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 39 292,14

0,00

– 39 292,14

TOTAL ES

EUR

– 100 933,04

0,00

– 100 933,04

FI

Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie)

2010

Deficiencias del SIP, de los controles sobre el terreno y del cálculo de las reducciones

PUNTUAL

EUR

– 132 350,41

0,00

– 132 350,41

FI

Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie)

2011

Deficiencias del SIP, de los controles sobre el terreno y del cálculo de las reducciones

PUNTUAL

EUR

– 449 325,95

0,00

– 449 325,95

FI

Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie)

2012

Deficiencias del SIP, de los controles sobre el terreno y del cálculo de las reducciones

PUNTUAL

EUR

– 558 189,31

0,00

– 558 189,31

TOTAL FI

EUR

– 1 139 865,67

0,00

– 1 139 865,67

GB

Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie)

2011

Deficiencias del SIP y de los controles sobre el terreno

PUNTUAL

EUR

– 614 769,00

0,00

– 614 769,00

TOTAL GB

EUR

– 614 769,00

0,00

– 614 769,00

HU

Desarrollo rural Feader Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013)

2009

Control fundamental inadecuado — ayuda pagada a beneficiarios sin derecho a la misma (no asistencia a formación obligatoria)

A TANTO ALZADO

10,00 %

EUR

– 131 333,83

0,00

– 131 333,83

HU

Desarrollo rural Feader Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013)

2010

Control fundamental inadecuado — ayuda pagada a beneficiarios sin derecho a la misma (no asistencia a formación obligatoria)

A TANTO ALZADO

10,00 %

EUR

– 149 391,75

0,00

– 149 391,75

HU

Desarrollo rural Feader Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013)

2011

Control fundamental inadecuado — ayuda pagada a beneficiarios sin derecho a la misma (no asistencia a formación obligatoria)

A TANTO ALZADO

10,00 %

EUR

– 42 101,65

0,00

– 42 101,65

HU

Desarrollo rural Feader Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013)

2012

Control fundamental inadecuado — ayuda pagada a beneficiarios sin derecho a la misma (no asistencia a formación obligatoria)

A TANTO ALZADO

10,00 %

EUR

– 60 885,25

0,00

– 60 885,25

TOTAL HU

EUR

– 383 712,48

0,00

– 383 712,48

LV

Condicionalidad

2009

4 BCAM sin definir, cálculo incorrecto de la sanción, campaña de solicitud 2008

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 212 566,45

0,00

– 212 566,45

LV

Condicionalidad

2010

2 BCAM sin definir, deficiencias en los controles del RLG 4 y tolerancia aplicada en el RLG 7, campaña de solicitud 2009

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 92 731,87

0,00

– 92 731,87

LV

Condicionalidad

2010

4 BCAM sin definir, cálculo incorrecto de la sanción, campaña de solicitud 2008

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

1 146,35

0,00

1 146,35

LV

Condicionalidad

2011

2 BCAM sin definir, deficiencias en los controles del RLG 4 y tolerancia aplicada en el RLG 7, campaña de solicitud 2009

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

249,48

0,00

249,48

LV

Condicionalidad

2011

4 BCAM sin definir, cálculo incorrecto de la sanción, campaña de solicitud 2008

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

425,78

0,00

425,78

LV

Condicionalidad

2012

2 BCAM sin definir, deficiencias en los controles del RLG 4 y tolerancia aplicada en el RLG 7, campaña de solicitud 2009

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

106,22

0,00

106,22

LV

Condicionalidad

2012

4 BCAM sin definir, cálculo incorrecto de la sanción, campaña de solicitud 2008

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

183,03

0,00

183,03

TOTAL LV

EUR

– 303 187,46

0,00

– 303 187,46

PL

Desarrollo rural Feader Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013)

2009

Falta de criterios de selección

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 16 237,92

0,00

– 16 237,92

PL

Desarrollo rural Feader Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013)

2010

Falta de criterios de selección

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 2 189 601,12

0,00

– 2 189 601,12

PL

Desarrollo rural Feader Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013)

2011

Falta de criterios de selección

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 2 290 180,19

0,00

– 2 290 180,19

PL

Desarrollo rural Feader Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013)

2012

Falta de criterios de selección

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 1 175 231,69

0,00

– 1 175 231,69

PL

Desarrollo rural Feader Ejes 1+3 — Medidas orientadas a la inversión (2007-2013)

2013

Falta de criterios de selección

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 172 311,40

0,00

– 172 311,40

TOTAL PL

EUR

– 5 843 562,32

0,00

– 5 843 562,32

PT

Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie)

2008

Controles sobre el terreno tardíos.

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 81 992,88

– 81 992,88

0,00

PT

Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie)

2009

Controles sobre el terreno tardíos.

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 3 374 908,49

– 2 911 944,67

– 462 963,82

PT

Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie)

2009

Controles sobre el terreno tardíos.

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 353 974,42

0,00

– 353 974,42

PT

Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie)

2010

Controles sobre el terreno tardíos.

A TANTO ALZADO

2,00 %

EUR

– 213 427,37

0,00

– 213 427,37

PT

Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie)

2010

Controles sobre el terreno tardíos.

A TANTO ALZADO

5,00 %

EUR

– 1 682 133,84

– 1 446 076,06

– 236 057,78

Total PT

EUR

– 5 706 437,00

– 4 440 013,61

– 1 266 423,39

SE

Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie)

2010

Deficiencias en el SIP, campaña de solicitud 2009

PUNTUAL

EUR

– 190 380,00

0,00

– 190 380,00

SE

Desarrollo rural Feader Eje 2 (2007-2013, medidas relacionadas con la superficie)

2011

Deficiencias en el SIP, campaña de solicitud 2010

PUNTUAL

EUR

– 143 719,00

0,00

– 143 719,00

Total SE

EUR

– 334 099,00

0,00

– 334 099,00

TOTAL 6711

EUR

– 14 679 596,27

– 4 440 013,61

– 10 239 582,66

---

| 12.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 205/76 |
| --- | --- | --- | --- |

12.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 205/76

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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 10 de julio de 2014

relativa a la comercialización para usos esenciales de biocidas que contengan cobre

[notificada con el número C(2014) 4611]

(Los textos en lenguas croata, española, griega e inglesa son los únicos auténticos)

(2014/459/UE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1451/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, relativo a la segunda fase del programa de trabajo de diez años contemplado en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la comercialización de biocidas (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 3,

Considerando lo siguiente:

| (1) | De conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1896/2000 de la Comisión (2), se notificó la utilización del cobre en el tipo de producto 11, definido en el anexo V de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3). |
| --- | --- |

(1)

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1896/2000 de la Comisión (2), se notificó la utilización del cobre en el tipo de producto 11, definido en el anexo V de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

| (2) | No se presentó ningún expediente completo que respaldara la inclusión del cobre en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE en los plazos pertinentes. De conformidad con la Decisión 2012/78/UE de la Comisión (4), leída en relación con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1451/2007, desde el 1 de febrero de 2013 el cobre no puede comercializarse en el mercado para su uso en el tipo de producto 11. |
| --- | --- |

(2)

No se presentó ningún expediente completo que respaldara la inclusión del cobre en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE en los plazos pertinentes. De conformidad con la Decisión 2012/78/UE de la Comisión (4), leída en relación con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1451/2007, desde el 1 de febrero de 2013 el cobre no puede comercializarse en el mercado para su uso en el tipo de producto 11.

| (3) | Con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) no 1451/2007, Croacia, España, Grecia e Irlanda presentaron a la Comisión sendas solicitudes de autorización a fin de poder comercializar biocidas que contuvieran cobre para una serie de usos. |
| --- | --- |

(3)

Con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) no 1451/2007, Croacia, España, Grecia e Irlanda presentaron a la Comisión sendas solicitudes de autorización a fin de poder comercializar biocidas que contuvieran cobre para una serie de usos.

| (4) | La Comisión publicó las solicitudes por vía electrónica. |
| --- | --- |

(4)

La Comisión publicó las solicitudes por vía electrónica.

| (5) | De algunas de las solicitudes se desprende que los biocidas que contienen cobre se utilizan para impedir la bioincrustación en la entrada de agua principal de las plataformas de petróleo y gas en alta mar, así como de otras instalaciones marinas y costeras, cuando dicho uso es esencial para evitar el bloqueo de la entrada de agua destinada, entre otras cosas, al tratamiento, a la producción de agua potable y de aguas de baño y a la lucha contra incendios, ya que el bloqueo de dicha entrada podría ser mortal para la salud y la seguridad del personal de la instalación. |
| --- | --- |

(5)

De algunas de las solicitudes se desprende que los biocidas que contienen cobre se utilizan para impedir la bioincrustación en la entrada de agua principal de las plataformas de petróleo y gas en alta mar, así como de otras instalaciones marinas y costeras, cuando dicho uso es esencial para evitar el bloqueo de la entrada de agua destinada, entre otras cosas, al tratamiento, a la producción de agua potable y de aguas de baño y a la lucha contra incendios, ya que el bloqueo de dicha entrada podría ser mortal para la salud y la seguridad del personal de la instalación.

| (6) | También se desprende de algunas de las solicitudes que los biocidas que contienen cobre se utilizan para impedir la bioincrustación en la entrada de agua principal de los buques, cuando dicho uso es esencial para evitar el bloqueo de la entrada de agua utilizada a lo largo de todo el sistema de tuberías y cañerías de un buque. Esto incluye los componentes internos de todas las tuberías, como el sistema de extinción de incendios, vital para la seguridad de la navegación del buque. |
| --- | --- |

(6)

También se desprende de algunas de las solicitudes que los biocidas que contienen cobre se utilizan para impedir la bioincrustación en la entrada de agua principal de los buques, cuando dicho uso es esencial para evitar el bloqueo de la entrada de agua utilizada a lo largo de todo el sistema de tuberías y cañerías de un buque. Esto incluye los componentes internos de todas las tuberías, como el sistema de extinción de incendios, vital para la seguridad de la navegación del buque.

| (7) | No se formuló ninguna observación durante la consulta pública sobre esas solicitudes. Los Estados miembros que han presentado las solicitudes sostienen que, en sus territorios, es necesario disponer de una gama adecuada de alternativas técnica y económicamente viables para impedir la bioincrustación con objeto de reducir el riesgo de bloqueo de la entrada de agua principal de las instalaciones en alta mar, otras instalaciones marinas y costeras o los buques. |
| --- | --- |

(7)

No se formuló ninguna observación durante la consulta pública sobre esas solicitudes. Los Estados miembros que han presentado las solicitudes sostienen que, en sus territorios, es necesario disponer de una gama adecuada de alternativas técnica y económicamente viables para impedir la bioincrustación con objeto de reducir el riesgo de bloqueo de la entrada de agua principal de las instalaciones en alta mar, otras instalaciones marinas y costeras o los buques.

| (8) | Parece probable, por tanto, que el hecho de no autorizar el uso del cobre para impedir la bioincrustación en la entrada de agua de las plataformas de petróleo y gas en alta mar, otras instalaciones marinas y costeras o buques supondría en la actualidad un riesgo grave para la salud pública en esos Estados miembros. Además, por razones de coste, logística y viabilidad práctica, en muchos casos puede resultar prohibitivo desactivar o sustituir los sistemas de cobre utilizados actualmente en los buques. Si es factible, la sustitución puede requerir cierto tiempo. Así pues, las excepciones solicitadas para el uso esencial considerado son hoy por hoy necesarias. |
| --- | --- |

(8)

Parece probable, por tanto, que el hecho de no autorizar el uso del cobre para impedir la bioincrustación en la entrada de agua de las plataformas de petróleo y gas en alta mar, otras instalaciones marinas y costeras o buques supondría en la actualidad un riesgo grave para la salud pública en esos Estados miembros. Además, por razones de coste, logística y viabilidad práctica, en muchos casos puede resultar prohibitivo desactivar o sustituir los sistemas de cobre utilizados actualmente en los buques. Si es factible, la sustitución puede requerir cierto tiempo. Así pues, las excepciones solicitadas para el uso esencial considerado son hoy por hoy necesarias.

| (9) | No obstante, a menos que se presente sin demora indebida una solicitud completa de aprobación del cobre para su uso en el tipo de producto 11, los usuarios de biocidas que contengan cobre deben aplicar métodos alternativos para impedir la bioincrustación. Procede, por tanto, exigir que, en tal caso, los usuarios de esos Estados miembros estén debidamente informados con la suficiente antelación para que puedan asegurarse de la efectividad de esos métodos alternativos antes de que los biocidas que contengan cobre deban retirarse del mercado. |
| --- | --- |

(9)

No obstante, a menos que se presente sin demora indebida una solicitud completa de aprobación del cobre para su uso en el tipo de producto 11, los usuarios de biocidas que contengan cobre deben aplicar métodos alternativos para impedir la bioincrustación. Procede, por tanto, exigir que, en tal caso, los usuarios de esos Estados miembros estén debidamente informados con la suficiente antelación para que puedan asegurarse de la efectividad de esos métodos alternativos antes de que los biocidas que contengan cobre deban retirarse del mercado.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1.   Con sujeción a las condiciones establecidas en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1451/2007, Croacia, España, Grecia e Irlanda podrán autorizar la comercialización de biocidas que contengan cobre (no CE 231-159-6; no CAS 7440-50-8) para los usos indicados en el anexo de la presente Decisión.

2.   Si los expedientes de autorización del cobre respecto al tipo de producto 11 pertinentes para dichos usos se presentan y son validados como completos por el Estado miembro evaluador a más tardar el 31 de diciembre de 2014, Croacia, España, Grecia e Irlanda podrán seguir autorizando dicha comercialización hasta que concluyan los plazos previstos en el artículo 89 del Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) en los casos en que una sustancia haya sido, o no, autorizada.

3.   En casos distintos de los previstos en el apartado 2, Croacia, España, Grecia e Irlanda podrán seguir autorizando esa comercialización hasta el 31 de diciembre de 2017, siempre que garanticen que, a partir del 1 de enero de 2015, los usuarios estarán debidamente informados de la necesidad inmediata de aplicar efectivamente métodos alternativos a los efectos oportunos.

Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán Irlanda, la República Helénica, el Reino de España y la República de Croacia.

Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 2014.

Por la Comisión

Janez POTOČNIK

Miembro de la Comisión

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(1)  DO L 325 de 11.12.2007, p. 3.

1

(2)  Reglamento (CE) no 1896/2000 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2000, relativo a la primera fase del programa contemplado en el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre biocidas (DO L 228 de 8.9.2000, p. 6).

2

o

(3)  Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas (DO L 123 de 24.4.1998, p. 1).

3

(4)  Decisión 2012/78/UE de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, relativa a la no inclusión de determinadas sustancias en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la comercialización de biocidas (DO L 38 de 11.2.2012, p. 48).

4

(5)  Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (DO L 167 de 27.6.2012, p. 1).

5

o

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ANEXO

USOS QUE PODRÁN AUTORIZAR LOS ESTADOS MIEMBROS INDICADOS A CONTINUACIÓN, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 1

| No | Estado miembro | Tipo de producto 11 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Croacia | Para la prevención de la bioincrustación de las bombas/entrada de agua y a lo largo de todo el sistema de tuberías y cañerías de un buque. |
| 2 | España | Para la prevención de la bioincrustación de las bombas/entrada de agua y a lo largo de todo el sistema de tuberías y cañerías de plataformas de petróleo y gas en alta mar y otras instalaciones marinas y costeras.
  Para la prevención de la bioincrustación de las bombas/entrada de agua y a lo largo de todo el sistema de tuberías y cañerías de un buque. |
| 3 | Irlanda | Para la prevención de la bioincrustación de las bombas/entrada de agua y a lo largo de todo el sistema de tuberías y cañerías de plataformas de petróleo y gas en alta mar y otras instalaciones marinas y costeras.
  Para la prevención de la bioincrustación de las bombas/entrada de agua y a lo largo de todo el sistema de tuberías y cañerías de un buque. |
| 4 | Grecia | Para la prevención de la bioincrustación de las bombas/entrada de agua y a lo largo de todo el sistema de tuberías y cañerías de un buque. |

No

Estado miembro

Tipo de producto 11

1

Croacia

Para la prevención de la bioincrustación de las bombas/entrada de agua y a lo largo de todo el sistema de tuberías y cañerías de un buque.

2

España

Para la prevención de la bioincrustación de las bombas/entrada de agua y a lo largo de todo el sistema de tuberías y cañerías de plataformas de petróleo y gas en alta mar y otras instalaciones marinas y costeras.

Para la prevención de la bioincrustación de las bombas/entrada de agua y a lo largo de todo el sistema de tuberías y cañerías de un buque.

3

Irlanda

Para la prevención de la bioincrustación de las bombas/entrada de agua y a lo largo de todo el sistema de tuberías y cañerías de plataformas de petróleo y gas en alta mar y otras instalaciones marinas y costeras.

Para la prevención de la bioincrustación de las bombas/entrada de agua y a lo largo de todo el sistema de tuberías y cañerías de un buque.

4

Grecia

Para la prevención de la bioincrustación de las bombas/entrada de agua y a lo largo de todo el sistema de tuberías y cañerías de un buque.

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Corrección de errores

| 12.7.2014 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 205/79 |
| --- | --- | --- | --- |

12.7.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 205/79

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Corrección de errores del Reglamento (UE) no 375/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, por el que se crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria («iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE»)

(
  Diario Oficial de la Unión Europea L 122 de 24 de abril de 2014
  )

En la página 16, en el artículo 28, en el párrafo primero:

donde dice:

«El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.»,

debe decir:

«El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.»

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