Número Identificador

RES20 2 4

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL ESPECIAL

PEDRO JOSÉ DE PEDRO MARTÍNEZ

P eticionario

v.

JOSÉ RAÚL DE PEDRO MARTÍNEZ Y OTROS

Recurrido KL CE202 400174 Certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón

Caso N úm.: BY2018CV02909 (Salón 501)

Sobre: Acción de Nulidad de Contrato

Panel especial integrado por su president a , la Juez Ortiz Flores , la Juez Brignoni Mártir y el Juez Candelaria Rosa

. Candelaria Rosa, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 20 2 4

. Comparecen el señor Pedro De Pedro Martínez y la señora Rebecca De Pedro González (conjuntamente “peticionarios”) vía

certiorari y nos solicita revocar la Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, emitida el 1 5 de noviembre de

2023. Mediante dicho dictamen , el foro recurrido ordenó a un administrador judicial pagar los honorarios de la representación legal

con el dinero de dos sucesiones distintas . Por los fundamentos que expresamos a continuación, denegamos la expedición del a uto de

certiorari

. En síntesis, el caso de epígrafe trata de una demanda de nulidad de contrato, daños y perjuicios y caducidad de albaceazgo, entre otros, instado por los peticionarios contra el señor José Raúl De Pedro Martínez ( señor De Pedro Martínez o recurrido) y otros. Según elKL CE202 4 00 174 2

expediente, el foro primario resolvió que el albaceazgo del recurrido en dos sucesiones distintas había caducado. Posteriormente, dicho

Tribunal determinó que el nuevo administrador judicial de ambas sucesiones, el señor Ped ro De Pedro Martínez, debe pagar la factura pendiente de honorarios a la representación legal que defendió al recurrido por actos de administración y el proceso de transición d el previo albacea a l nuevo administrador. Tal decisión se hizo sin todavía

haber se emitido un dictamen final sobre las varias controversias pendientes en el caso, cuales incluyen (1) la adjudicación de unas

acciones corporativas a l nieto de los causantes , en contravención de lo dispuesto en uno de los testamentos; (2) la falta de cump limiento del recurrido de sus responsabilidades como albacea; y (3) si el recurrido se apropió ilegalmente de las rentas de un apartamento perteneciente a

las sucesiones. Oportunamente , los peticionarios recurrieron ante este Tribunal, para alegar que el Tribunal de Primera Instancia erró al conceder los honorarios de abogado por los servicios provistos al albacea en actos de administración, sin considerar que el albaceazgo ya había caducado y los servicios de la representación legal no fueron a fa vor de las sucesiones. En su oposición a la expedición del certiorari , el recurrido argumenta que: (1) el foro apelativo carece de jurisdicción para atender el recurso y (2) los albaceas y administradores judiciales tienen derecho a que se le reembolsen lo s gastos razonables en los que incurran al hacer

valer la voluntad de los causantes aun en contra de los herederos. Vale recordar que el auto de certiorari es el vehículo procesal, discrecional y extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarq uía puede rectificar errores jurídicos. Regla 52.1 deKL CE202 4 00 174 3

Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V); Regla 40 del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII

- B). Véase, también, Caribbean Orthopedics Products of PR, LLC v. Medshape, Inc. et al. , 207 DPR 994 (20 21) (citando Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933 (32 LPRA sec. 3491); Municipio Autónomo de Caguas v. JRO

Construction , 201 DPR 703, 710 (2019)). Conforme a la referida Regla 52.1, los criterios que permiten la expedición de un certiorari c onsisten en revisar una orden o resolución que denegué una moción de carácter dispositivo y si es sobre la admisibilidad de testigos o peritos, anotaciones de rebeldía, casos que revistan interés público, o cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia, entre otros. Reglas 52.1 de Procedimiento Civil, supra . Además, la Regla 52.1

— en concordancia con las Reglas 56 y 57

— permite la revisión de órdenes de embargo o prohibiciones de enajenar, para hacer o desistir de hacer actos específicos, o de injunctions , entre otros. Reglas 52.1, 56.1 y 57.1 de Procedimiento Civil, supra . De acuerdo con el Tribunal Supremo, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil tiene como propósito evitar la revisión judicial de aquellas órdenes o resoluciones que dilatarían innecesariamente el proceso y cuales pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corporation , 202 DPR 478 (2019); IG Builders Corp. v. Headquarters Corp. , 185 DPR 307 (2012). Incluso, nuestro ordenamiento jurídico desfavorece que las partes recurran al foro apelativo por determinaciones interlocutorias. Véase Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2017) (citando a R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico, Derecho ProcesalKL CE202 4 00 174 4

Civil , 5. a ed., Pubs. LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 427). De denegar expedir un recurso de certiorari , el foro apelativo no tendrá la obligación de exponer las razones de su determinación. IG Builders Corp. v. Headquarters Corp. , supra (citando a Rivera Figueroa v. Joe's European Shop , 183 DPR 580 (2011)). A esos efectos, la función del Tribunal Apelativo frente a la

revisión de controversias a través del certiorari requiere valorar la actuación del foro primari o y predicar su intervención en si la misma constituyó un abuso de discreción; en ausencia de evidencia suficiente de tal abuso o de acción prejuiciada, error o parcialidad, no corresponde

intervenir con las determinaciones del Tribunal de Primera Instanci a. Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra . Véase, también, Fernández Martínez et al. v. RAD

- MAN San Juan III

- D, LLC et al. , 208 DPR 310 (2021) (citando a SGL Torres Matundan v. Centro Patología , 193 DPR 920, 933 (2015); Dávila Nieves v. Meléndez Marín , 187 DPR 750 (2013); Ramos Milano v. Wal

- Mart , 168 DPR 112, 121 (2006);

Trinidad v. Chade , 153 DPR 280, 291 (2001); Rivera et al. v. Banco Popular , 152 DPR 140, 155 (2000); Meléndez Vega v. Caribbean

International News , 151 DPR 649, 664 (2000)); Job Conne ction Center, Inc. v. Supermercados Econo, Inc. , 185 DPR 585 (2012) (citando a Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co. , 132 DPR 170 (1992); Lluch v. España Service Sta ., 117 DPR 729 (1986)).

En el presente caso, el recurso de certiorari presentado no

cu mple con los criterios de las Reglas de Procedimiento Civil , es decir, no consiste en revisar una resolución que esté enmarcada en lo dispuesto por la Regla 52.1, incluyendo que sea un asunto que revista de interés público o que esperar a la apelación serí a un fracasoKL CE202 4 00 174 5

irremediable de la justicia. De hecho , las controversias sobre la nulidad de un contrato, el incumplimiento de las labores de albaceazgo y la alegada apropiación ilegal de rentas de un apartamento perteneciente a

las sucesiones no han sido res ueltas por el Tribunal de Primera Instancia Asimismo, l a caducidad del albaceazgo del recurrido resulta

in suficiente para disponer de la controversia oportunamente , sino que

es necesario conocer la adjudicación del foro recurrido en las controversias pendientes para valorar oportunamente su actuación. Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del

auto de certiorari

. Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

L c da

. Lilia M. Oquendo Sol í s Secreta ria del Tribunal de Apelaciones