Número Identificador

SEN2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

CAPARRA 

CONSTRUCTION, CORP.

Parte Apelante

v.

DCK/BIRD GROUP, LLC; 

BIRD GROUP, LLC; 

DCK WORLDWIDE, LLC; 

TAUBMAN CENTERS, 

INC.; TAUBMAN

PUERTO RICO, LLC; 

PLAZA INTERNACIONAL 

PUERTO RICO, LLC; 

NEW CENTURY 

DEVELOPMENT, INC.; 

A; B; C; D; E; F; G; H

Parte Apelada

KLAN202301091

Apelación,

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de San 

Juan

Caso Núm.: 

SJ2019CV12278

Sala: 504

Sobre: 

INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO; COBRO 

DE DINERO; DAÑOS

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge 

Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de enero de 2024.

Compareció ante este Tribunal la parte apelante, Caparra

Construction, Corp. (en adelante, “Caparra” o el “Apelante”), mediante 

recurso de apelación presentado el 5 de diciembre de 2023. Nos solicitó la 

revocación de la Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante, el “TPI”), el 22 de 

septiembre de 2023, notificada y archivada en autos el 25 del mismo mes 

y año. Mediante el referido dictamen, el foro apelado declaró “Ha Lugar”

una solicitud de sentencia sumaria parcial presentada por la parte apelada, 

Bird Group, LLC. (en adelante, “Bird Group” o la “Apelada”), y desestimó la 

reclamación incoada por los Apelantes en contra de este último. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma

la Sentencia Parcial apelada.

I.

El caso de autos se originó con la presentación de una “Demanda”

por parte de Caparra por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios 

contractuales en contra de DCK/Bird Group, LLC. (en adelante, “DCK/

Bird”), Bird Group y DCK Worldwide LLC, (en adelante, “DCK Worldwide”),

entre otros codemandados. Alegó que en febrero de 2014 fue 

subcontratada por DCK/Bird, Bird Group y DCK Worldwide para trabajar en 

un proyecto de construcción en el centro comercial “The Mall of San Juan”. 

Arguyó que, tras la falta de pago de varios contratos anteriores, el 4 de 

agosto de 2015, se pactó un acuerdo de transacción en el cual le 

condonaría la cantidad de $1,867,790.01 a DCK/Bird, Bird Group y DCK 

Worldwide, condicionado a recibir el pago inmediato del balance total 

acordado por todos los trabajos realizados, según los contratos otorgados

para el proyecto de construcción. Sin embargo, sostuvo que a pesar de 

cumplir a cabalidad con los servicios para los cuales fue contratado, 

DCK/Group, Bird Group y DCK Worldwide incumplieron con su obligación 

de pagarle inmediatamente. Por esta razón, planteó que dejó sin efecto el 

acuerdo suscrito y sostuvo que los demandados le adeudaban la cantidad 

de $2,530,916.43.

A tenor con lo anterior, arguyó que llevó a cabo gestiones de cobro 

infructuosas a todos los codemandados en la presente acción, por lo que 

sufrió daños y se vio forzado a incurrir en gastos legales para exigir el saldo 

de la cantidad debida. Siendo así, solicitó que se condenara a las partes 

demandadas a pagar la suma adeudada por los trabajos realizados, 

$100,000.00 por los daños resultantes del presunto incumplimiento 

contractual y una suma ascendente a $20,000.00 por concepto de costas 

y honorarios de abogado. 

Luego de varios trámites procesales impertinentes a la controversia 

que nos ocupa, el 26 de enero de 2022, Bird Group presentó la 

“Contestación a la Demanda”. En síntesis, alegó que no suscribió contrato
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alguno con Caparra para el proyecto de construcción del centro comercial

“The Mall of San Juan”. Sostuvo que DCK/ Bird era una entidad jurídica 

distinta y separada de Bird Group, por lo cual solicitó la desestimación de 

la causa de acción que se presentó en su contra. 

Luego de concluido el descubrimiento de prueba, el 7 de marzo de 

2023, el Apelado presentó “Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial a 

favor de Bird Group, LLC.”. En ésta reiteró que procede la desestimación 

de la causa de acción incoada en su contra debido a que no existe una 

relación contractual entre ellos y Caparra. Ello porque DCK/Bird y Bird 

Group son entidades jurídicas diferentes e independientes la una de la otra 

y el contrato en controversia fue suscrito por Caparra y DCK/Bird. Adujo,

además, que conforme surgió de la prueba, su participación en el proyecto 

fue como representante autorizado de DCK/Bird y que el Apelante no 

presentó evidencia alguna de la existencia de un contrato con Bird Group. 

Agregó que, en la alternativa, tampoco procedía descorrer el velo 

corporativo para imponer responsabilidad, debido a que Bird Group no era

miembro de DCK/Bird desde el 2015 y no existía evidencia alguna que 

justificara hacerlo. 

A tenor con lo anterior, el 12 de abril de 2023, Caparra presentó 

“Moción en Oposición a Moción de Sentencia Sumaria”. Planteó que no 

procedía que se dispusiera sumariamente del pleito contra Bird Group, ya 

que existían controversias de hechos medulares que requerían la 

celebración de un juicio. Añadió que el descubrimiento de prueba no había 

culminado puesto a que Bird Group produjo sus escritos y contestaciones 

tardíamente. Adicionalmente, sostuvo que existía controversia en cuanto a

la autoridad que ostentaba Bird Group bajo el contrato suscrito por 

DCK/Bird, ya que éste no era un mero supervisor, sino que de facto

contrató y controló los servicios de construcción. Además, esgrimió que

Bird Group fue parte de las negociaciones para transigir las deudas 

pendientes con el Apelante, por lo que no dejó de ser parte de DCK/Bird en 

octubre de 2015 como alegaba. Por último, señaló que del “Operating 

Agreement” suscrito entre DCK Puerto Rico, Bird y DCK Worldwide, 
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DCK/Bird no operó como una corporación ni observó sus formalidades, sino 

que actuó en todo momento como una sociedad o empresa común en 

donde sus socios o miembros se dividían las responsabilidades o 

ganancias. 

El 4 de mayo de 2023, Bird Group presentó “Réplica a Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial”. En ésta aclaró que el 

descubrimiento de prueba había culminado debido a que luego de la 

producción de documentos y contestaciones a los interrogatorios, Caparra 

no informó la intención de realizar deposiciones y tampoco solicitó la 

extensión del término del descubrimiento de prueba. Además, reiteró que 

Caparra no presentó evidencia alguna que sostuviera las alegaciones en 

cuanto a la existencia de un contrato entre éste y Bird Group. Arguyó que 

en la “Oposición a Sentencia Sumaria” Caparra presentó nuevas 

alegaciones sobre que DCK/Bird y Bird Group actuaron como una empresa 

común o joint venture y no como una corporación y sobre que DCK/Bird 

operaba como un alter ego del Apelado. Siendo así, entendió que el TPI no 

debía permitir que se añadieran causas de acción no consignadas en la 

“Demanda” inicialmente presentada. Adicionalmente, expuso que en caso 

de que se hubieran incluido tales alegaciones en la “Demanda”, no se 

presentó prueba que justificara descorrer el velo corporativo. Además,

planteó que Caparra no rebatió con prueba admisible que Bird Group no es 

miembro de DCK/Bird. Finalmente, sostuvo que tampoco presentó 

evidencia de hechos que demostraran fraude, ilegalidad o circunstancias 

específicas sobre que DCK/Bird operaba como un alter ego de Bird Group. 

En atención a lo anterior, el 22 de septiembre de 2023, notificada el 

25 del mismo mes y año, el TPI emitió “Sentencia Parcial” en la que 

declaró “Ha Lugar” la solicitud de sentencia sumaria presentada por Bird 

Group, por entender que no existían hechos materiales en controversia que 

impidieran la disposición parcial del litigio. Resolvió que no tomaría en 

consideración las nuevas alegaciones presentadas por Caparra en su 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria parcial, ya que éstas no 

cumplían con lo establecido por la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 
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LPRA Ap. V, sobre enmiendas a las alegaciones. De igual manera, el foro 

apelado aclaró el récord sobre al tracto procesal del caso en cuanto al 

descubrimiento de prueba. Señaló que surgía del expediente que el 26 de 

agosto de 2022, las partes presentaron “Moción Conjunta en 

Cumplimiento de Orden” en la que informaron que el descubrimiento de 

prueba culminaría en febrero de 2023. Siendo así, el foro a quo tomó 

conocimiento de lo antes informado y notificó que las fechas no podrían ser 

modificadas sin previa autorización. Expuso que el 11 de octubre de 2022, 

Bird Group presentó un escrito al expediente judicial en el que informó que 

le remitió a Caparra un Primer Pliego de Interrogatorios y Producción de 

Documentos. No obstante, señaló que del expediente no surgía una

solicitud de algún cambio, ni la extensión de la fecha límite para el 

descubrimiento de prueba por parte de Caparra, por lo que este se dio por 

concluido. 

Añadió que Bird Group es una compañía de responsabilidad limitada 

debidamente registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico y,

por tanto, las deudas, obligaciones y responsabilidades que surgieran de 

contratos, daños u otras formas, sólo serían responsabilidad de DCK/Bird. 

En conclusión, al DCK/Bird ser una compañía de responsabilidad limitada 

distinta y separada de Bird Group, y ante la inexistencia de un contrato 

entre Bird Group y Caparra, el TPI resolvió que lo correspondiente era la 

desestimación de la reclamación en contra de Bird Group.

Insatisfecho con dicha determinación, el 10 de octubre de 2023, 

Caparra presentó “Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia 

Parcial”. Alegó que no solo existían hechos materiales en controversia, 

sino que además la disposición sumaria del presente caso era

improcedente en derecho, debido a que de los propios documentos 

presentados por el Apelado en su solicitud de sentencia sumaria parcial 

surgían hechos materiales controvertidos y que contradecían sus propias 

alegaciones. Evaluada dicha solicitud, el 6 de noviembre de 2023, el TPI 

declaró No Ha Lugar la reconsideración. 
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Aún inconforme, Caparra presentó ante nuestra consideración el 

recurso de apelación que nos ocupa. Mediante el mismo, le imputó al foro 

primario haber cometido el siguiente error: 

Erró el Honorable TPI al declarar Con Lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria de la parte apelada, conforme a los 

hechos ante sí y al derecho aplicable. 

El 22 de diciembre de 2023, Bird Group presentó su alegato en 

oposición al recurso ante nuestra consideración. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a resolver.

II.

A.

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerles a 

las partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica 

de todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1. Así, la Regla 36 del 

mencionado cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de 

sentencia sumaria. A la luz de sus disposiciones, si de “las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en 

unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia demuestran 

que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial 

y pertinente, y que como cuestión de derecho el tribunal debe dictar la 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente”. Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 36.3. 

En ese sentido, se considera un hecho material o esencial, “aquel 

que pueda afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable”. SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 

DPR 133, 167 (2011); Universal Insurance Company y otros v. ELA y otros, 

2023 TSPR 24, 211 DPR ___ (2023). Cabe señalar que el juzgador no está 

limitado a los hechos o documentos que se produzcan en la solicitud, sino 

que puede tomar en consideración todos los documentos que obren en el 

expediente del tribunal. 

Solamente se dictará sentencia sumaria en casos en los cuales el 

tribunal tenga ante su consideración todos los hechos necesarios y 
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pertinentes para resolver la controversia y surja claramente que la parte 

promovida por el recurso no prevalecerá. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

185 DPR 288, 299 (2012); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 

881, 911-912 (1994). Sin embargo, el tribunal no podrá dictar sentencia 

sumaria cuando: (1) existan hechos materiales y esenciales controvertidos; 

(2) haya alegaciones afirmativas en la Demanda que no han sido refutadas; 

(3) surja de los propios documentos que acompañan la moción una 

controversia real sobre algún hecho material; o (4) la moción no procede 

como cuestión de derecho. SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 

supra, pág. 168. Para prevalecer, el promovente de este recurso debe 

presentar una moción fundamentada en declaraciones juradas o en 

cualquier evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos materiales sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. Roldan Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018). 

Por su parte, la parte promovida por una moción de sentencia 

sumaria debe demostrar que existe controversia en cuanto a algún hecho 

material que sea constitutivo de la causa de acción del demandante. 

Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25-26 (2014). Así, la parte que 

se opone a que se dicte sentencia sumaria en su contra debe controvertir 

la prueba presentada y no cruzarse de brazos. ELA v. Cole, 164 DPR 608, 

626 (2005). No puede descansar en meras afirmaciones contenidas en sus 

alegaciones ni tomar una actitud pasiva, sino que está obligada a presentar 

contradeclaraciones juradas y/o contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente. Roldán Flores v. 

M. Cuebas et al., supra, pág. 677; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

214-215 (2010).

Adicionalmente, en León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 47 

(2020), el Tribunal Supremo resolvió que ninguna de las partes en un 

pleito puede enmendar sus alegaciones a través de la presentación de 

una solicitud de sentencia sumaria o su oposición. Así que, según lo 

expresa el propio tribunal, “la parte que se opone a una solicitud de 

sentencia sumaria no puede traer en su oposición, de manera 
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colateral, defensas o reclamaciones nuevas ajenas a los hechos 

consignados en sus alegaciones, según consten en el expediente del 

tribunal al momento en que se sometió la moción dispositiva en 

cuestión”. Íd., pág. 54 (énfasis suplido).

Según las directrices pautadas por nuestro más alto foro, una vez se 

presenta la solicitud de sentencia sumaria y su oposición, el tribunal 

deberá: (1) analizar todos los documentos incluidos en ambas mociones y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal; y (2) determinar si la parte 

opositora controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones en la 

demanda que no han sido refutadas en forma alguna por los documentos.

Abrams Rivera v. ELA, DTOP y otros, 178 DPR 914, 932 (2010). 

Al examinar la procedencia de una moción que solicita disponer de 

un caso sumariamente, el tribunal no tiene que sopesar la evidencia y 

determinar la veracidad de la materia, sino que su función estriba en 

determinar la existencia o no de una controversia genuina, la cual amerite 

ser dilucidada en un juicio plenario. JADM v. Centro Comercial Plaza 

Carolina, 132 DPR 785, 802-803 (1983). Además de que “[t]oda inferencia 

razonable que se realice a base de los hechos y documentos presentados, 

en apoyo y en oposición a la solicitud de que se dicte sentencia 

sumariamente, debe tomarse desde el punto de vista más favorable al que 

se opone a ésta”. ELA v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005) (énfasis suplido).

En el caso de revisar la determinación del TPI respecto a una 

sentencia sumaria, este foro apelativo se encuentra en la misma posición 

que el foro de instancia para evaluar su procedencia. Rivera Matos et al. v. 

Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1025 (2020); Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015). La revisión que realice el foro apelativo 

deberá ser de novo y estará limitada a solamente adjudicar los documentos 

presentados en el foro apelado. Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).

De modo que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar 

asuntos que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. Íd. En 

adición a esta limitación, se ha aclarado que al foro apelativo le está vedado 

adjudicar los hechos materiales esenciales en disputa, porque dicha tarea 
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le corresponde al foro de primera instancia. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 

334-335. 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, nuestro más Alto 

Foro delimitó los pasos del proceso a seguir para la revisión de la sentencia 

sumaria por parte de este foro revisor, el cual consiste de: (1) examinar de 

novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro primario; (2) revisar que 

tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la referida Regla 36, supra; (3) revisar si 

en realidad existen hechos materiales en controversia y, de haberlos, 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.4, de exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles son incontrovertibles; (4) y, de 

encontrar que los hechos materiales realmente son incontrovertidos, debe 

proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el derecho a la controversia. Íd., págs. 118-119. 

B.1

Nuestro ordenamiento jurídico establece que las obligaciones nacen 

de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones 

ilícitos en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Art. 1042 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. Las obligaciones que nacen de un 

contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben 

cumplirse a tenor de éstas. Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994; 

López Torres v. González Vázquez, 163 DPR 275, 281 (2004); Mercado 

Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 610, 627 (1997). 

En Álvarez de Chaudens y otros v. Rivera Vázquez y otros, 165 DPR 

1, 17 (2005), nuestro más alto foro reiteró que en Puerto Rico rige el 

principio de la libertad de contratación, según el cual las partes contratantes 

1Advertimos que somos conscientes de que el Código Civil de 1930 fue derogado 

mediante la aprobación de la Ley Núm. 55-2020, conocida como el “Código Civil de 2020”. 

No obstante, esta última pieza legislativa en su Artículo 1812 establece lo siguiente: “Los 

actos y contratos celebrados bajo el régimen de la legislación anterior y que son válidos 

con arreglo a ella, surten todos sus efectos según la misma, con las limitaciones 

establecidas en este Código”. 31 LPRA sec. 11717. Por tanto, para propósitos de la 

adjudicación del caso, se utilizarán las disposiciones del Código Civil derogado.
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pueden establecer los pactos, las cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al 

orden público. Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3372; S.L.G. Irizarry López v. S.L.G. García Cámara, 155 DPR 713, 724 

(2001); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001); Plaza del Rey, Inc. v. 

Registrador, 133 DPR 188, 192-193 (1993); Casiano, Jr. v. Borintex Mfg. 

Corp., 133 DPR 127, 138 (1993). Los contratos se perfeccionan por el mero 

consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo 

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según 

su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3375; Trinidad v. Chade, supra, 

pág. 289. 

El Artículo 1054 del Código Civil de 1930 dispone que quedan 

sujetos a indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el 

cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o 

morosidad, y los que de cualquier otro modo contravinieren a tenor de 

aquellas. 31 LPRA sec. 3018. Es importante destacar que la buena fe 

contractual no se manifiesta tan sólo al comienzo del contrato o en la fase 

de la negociación, sino que está presente mientras dure la relación 

contractual. En consecuencia, “cuando el incumplimiento de una obligación 

contractual produjere daños a una de las partes contratantes, procede una 

acción de daños y perjuicios por incumplimiento contractual”. Soc. de 

Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 DPR 508, 521 (1998). Por consiguiente, 

“[l]as acciones ex contractu solo pueden ser ejercidas por una parte 

contratante en contra de la otra”. Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 193 

DPR 38, 57 (2015). 

C.

La Núm. 64-2009, según enmendada, conocida como la “Ley 

General de Corporaciones”, 14 LPRA secs. 3501 et seq., es un titulado 

especial mediante el cual se regula todo lo relativo a la existencia de las 

entidades jurídicas. Así pues, “[l]a figura de la corporación nace para 

facilitar y promover las actividades comerciales”. Miramar Marine et al v. 
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Citi Walk et al., 198 DPR 684, 691 (2017). Cónsono con lo anterior, las 

corporaciones existen en virtud de una ficción jurídica instaurada a través 

de la Ley General de Corporaciones, la cual les faculta a “la realización o 

promoción de cualquier negocio o propósito lícito [...]”. 14 LPRA sec. 

3501(b). Por tanto, se les reconoce una serie de poderes y facultades con 

el objetivo de instaurar un mecanismo eficiente que les permita ejecutar y 

realizar transacciones comerciales y jurídicas. C.E. Díaz Olivo, 

Corporaciones: Tratado sobre Derecho Corporativo, Colombia, Nomos 

impresores, 2016, pág. 1. 

La existencia de una corporación como ente jurídico es 

independiente de sus accionistas, directores y oficiales. Peguero y otros v. 

Hernández Pellot, 139 DPR 487, 502 (1995); D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. 

Corp. y otro, 132 DPR 905, 924 (1993). Por esta razón, una de las 

características principales de la corporación es que cuenta con una 

personalidad jurídica distinta y separada a la de sus dueños. Multinational 

Ins. v. Benítez y otros, 193 DPR 67, 76 (2015); Santiago et al. v. Rodríguez 

et al., 181 DPR 204, 214 (2011). Puesto que, de no ser así, “se destruiría 

el principio de responsabilidad limitada que es consustancial con la ficción 

corporativa”. Fleming v. Toa Alta Develop. Corp., 96 DPR 240, 244 (1968). 

Por consiguiente, se entiende que “el deudor y único responsable de las 

deudas de la corporación, lo es la persona jurídica de la corporación y no 

el propietario o accionista en su carácter personal.” Díaz Olivo, op cit., pág. 

119.

A tono con ello, el Artículo 19.01(e) de la Ley Núm. 64-2009, supra,

nos define lo que constituyen las compañías de responsabilidad limitada

(CRL) de la siguiente manera: “Significa compañía de responsabilidad 

limitada creada por una (1) o más personas bajo las leyes de Puerto Rico, 

incluyendo sin limitaciones a una compañía de Responsabilidad Limitada 

con Fin Social. [..]”. 14 LPRA sec. 3951. En consonancia con lo anterior, la 

Ley General de Corporaciones dispone la manera en la que se regulan las 

compañías de responsabilidad limitada, estableciendo que una vez ésta

esté debidamente inscrita, posee una personalidad distinta y separada de 
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los miembros que la constituyen. Díaz Olivo, op cit., pág. 569. Tanto es así 

que el Artículo 19.19 dispone que:

Excepto que otra cosa se disponga en esta Ley, las deudas, 

obligaciones y responsabilidades de una CRL, que surjan de 

contrato, daños o de otra forma, serán deudas, obligaciones 

y responsabilidades exclusivas de la CRL, y ningún 

miembro o administrador de la CRL estará obligado 

personalmente por dichas deudas, obligaciones y 

responsabilidades de la CRL, por el mero hecho de ser 

un miembro o actuar como administrador de la CRL. 14 

LPRA sec. 3969 (A) (énfasis suplido).

Es decir, una vez este tipo de entidad jurídica cumple con lo 

establecido por ley con respecto a su inscripción, obtiene una personalidad 

jurídica totalmente aparte a la de sus miembros y estos últimos no tienen 

responsabilidad personas por las obligaciones de la empresa. Díaz Olivo, 

op. cit., pág. 60. “En esta entidad la relación entre los miembros y la 

gerencia está regulada primordialmente por el acuerdo entre ellos y en 

ausencia de acuerdo, por las disposiciones de la ley”. Íd.

III.

En el recurso ante nos, Caparra solicitó que ejerzamos nuestra 

facultad revisora en cuanto a la disposición sumaria del caso de autos.

Como parte de los argumentos planteados, el Apelante alegó que no es 

procedente en derecho la disposición sumaria parcial del pleito en contra 

de Bird Group, debido a que aún existen hechos materiales en controversia 

y que, además, no ha concluido el descubrimiento de prueba en el caso. 

Arguyó que el Apelado podría tratarse en realidad de un alter ego de 

DCK/Bird o incluso operar de forma conjunta como un joint venture, por lo 

que podría ser necesario descorrer el velo corporativo. No le asiste la 

razón. Nos explicamos. 

Es norma claramente establecida en nuestro ordenamiento jurídico 

que el foro de instancia no podrá dictar sentencia sumaria cuando existan 

hechos materiales en controversia, cuando alegaciones afirmativas de la 

demanda no hayan sido refutadas, cuando surja de la prueba documental 

una controversia real en cuanto a algún hecho material o si como cuestión 

de derecho, la misma no procede. Ahora bien, quien se oponga a una 

solicitud de sentencia sumaria no podrá descansar en meras 
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afirmaciones contenidas en sus alegaciones, sino que tendrá que 

presentar evidencia que demuestre que existen hechos materiales en 

controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 677; Ramos 

Pérez v. Univisión, supra.

Según hemos adelantado, al momento de revisar una determinación 

del foro de instancia respecto a una sentencia sumaria, estamos llamados 

a realizar una revisión de novo y limitados únicamente a adjudicar con los 

documentos presentados ante el foro de instancia. Realizado dicho 

análisis, concluimos que Caparra no logró controvertir los hechos 

materiales e incontrovertidos expuestos por el Apelado en su “Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial a favor de Bird Group, LLC.”, los cuales 

fueron sustentados por documentación acreditativa a esos efectos. En vista 

de ello, y para propósitos adjudicativos, acogemos como nuestros los 

hechos incontrovertidos, según fueron desglosados en la Sentencia Parcial 

apelada, por estar todos sustentados en la prueba documental que obra en 

los autos. Los mismos leen como sigue: 

1. Bird Group, LLC es una compañía de responsabilidad limitada, 

organizada bajo las leyes de Puerto Rico y debidamente inscrita 

en el Departamento de Estado bajo el número de registro 3537.

2. El 19 de abril de 2013, dck puerto rico, LLC se organizó bajo las 

leyes de Puerto Rico como una compañía de responsabilidad 

limitada, inscrita en el Departamento de Estado bajo el registro 

número 3994.

3. El 9 de mayo de 2013, Plaza Internacional contrató, mediante 

un contrato de construcción, a dck puerto rico, LLC para que esta 

fungiera como contratista en la Obra.

4. El 29 de mayo de 2013, dck puerto rico, LLC enmendó su nombre 

corporativo a dck/Bird Group, LLC.

5. La compañía dck puerto rico, LLC y dck/Bird Group, LLC (en 

adelante “dck/BG”) son la misma entidad jurídica.

6. La parte demandada dck/BG era una compañía de 

responsabilidad limitada, organizada bajo las leyes de Puerto 

Rico.

7. El 13 de febrero de 2022, dck/BG fue cancelada.

8. Bird Group y dck/BG son dos entidades con personalidades 

jurídicas diferentes, ambas debidamente inscritas en el 

Departamento de Estado, con números de registro de 3537 y 

3994 respectivamente.

9. El 12 de junio de 2013, dck/BG, dck international, LLC y Bird 

Group suscribieron el Operating Agreement con fecha de 

efectividad de 9 de mayo de 2013.

10. Por virtud de ese Operating Agreement, Bird Group advino 

miembro (“member”) de la compañía dck/BG, con una 

participación de un 20%.
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11. El Operating Agreement define miembro (“member”) como: 

“each of dck and Bird executing this Agreement and any Person 

who subsequently is admitted as a Member of the Company.”

12. Conforme el Operating Agreement, el manejo de dck/BG se 

llevaría a cabo por un Management Committee, el cual 

establecería las políticas y procedimientos de esta:

a. Management by Management Committee. The 

business, property and affairs of the [dck/BG] 

shall be managed by the Management 

Committee that shall establish policies and 

procedures for the [dck/BG]. Except for 

restrictions set forth in this Agreement 

(including authority granted hereby to the 

Manager), the Management Committee shall 

have full, complete and exclusive authority, 

power, and discretion to manage and control 

the business, property and affairs of the 

[dck/BG], to make all decisions regarding those 

matters and to perform any and all other acts or 

activities customary or incident to the 

management of the Company’s business, 

property and affairs, including the 

improvement, repair, encumbrance and 

disposition of all or any part of the property held 

by the Company. The Management 

Committee, at its discretion, shall appoint other 

necessary officers for the [dck/BG].

13.Según el Operating Agreement, el Management Committee 

consistiría en cuatro (4) miembros, titulados “Representatives”. 

Tres (3) de estos serían designados y representarían a dck, 

mientras que uno (1) sería designado y representaría a Bird 

Group.

14. Conforme el Operating Agreement, entre las funciones de Bird 

Group como miembro, se encontraba supervisar y dirigir los 

trabajos relacionados a la construcción y desarrollo del centro 

comercial “The Mall of San Juan” en representación de dck/BG.

15. Segúٍn la Sección 5.5.5 del Operating Agreement, los miembros 

no serán responsables frente a terceras personas por actos 

llevados a cabo por dck/BG u otros miembros.

16. El 27 de febrero de 2014, Caparra fue subcontratada por dck/BG 

para realizar trabajos relacionados a la construcción y desarrollo 

de la Obra.

17.El 27 de octubre de 2015, dck/BG, dck international, LLC y Bird 

Group suscribieron el Settlement Agreement.

18.El Settlement Agreement tuvo el fin de transigir cualquier balance 

pendiente que se le debía a Bird Group por el trabajo realizado o 

el que sería realizado en cuanto a la Obra, incluyendo cualquier 

reclamación, demanda o disputa por parte de Bird Group 

relacionado a la Obra:

WHEREAS, [dck/BG], dck [international, LLC], 

and Bird [Group] wish to compromise, settle, and 

satisfy any and all open and pending account 

balances due Bird in any manner for work performed 

or to be performed and related to the Project including 
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any claims, demands, and disputes by Bird with 

regard to any service provided or to be provided by 

arising from or related to the Project.

19.En consideración con el acuerdo llegado, Bird Group se 

comprometió a continuar con el cierre del proyecto “The Mall of 

San Juan” y cooperar en el cierre del proyecto y el del 

subcontrato de Lord Electric.

20.Conforme el Settlement Agreement, dck/BG se comprometió a 

pagar todas las deudas y obligaciones del proyecto, incluidas las 

de los subcontratistas y suplidores. Además, se comprometió a 

defender, indemnizar y dejar a salvo a Bird Group de cualquier 

reclamación por no pago por parte de dck/BG.

[dck/BG] hereby acknowledges that it has paid 

or will pay any and all of its debts and obligations 

arising out of the Project including, but not limited to, 

obligations to its subcontractors and suppliers. In 

addition, [dck/BG] shall defend, indemnify and hold 

harmless [dck international, LLC] and Bird [Group] 

from any claims of the foregoing parties for nonpayment by the [dck/BG].

21.Conforme el Settlement Agreement, Bird Group se comprometió 

a defender, indemnizar y dejar a salvo a dck/BG de cualquier 

reclamación de los empleados de Bird Group. No obstante,se 

estableció que dck/BG sería responsable de los subcontratistas 

y suplidores de primer nivel (“first tier”) del Proyecto (la Obra).

In consideration of the payments from 

[dck/BG] described above, Bird [Group] hereby 

releases, remises, relinquishes, acquits, waives and 

forever discharges all claims, causes of action, 

demands and costs against the Released Parties 

which Bird [Group] has or may have arising out of any 

work performed, to be performed, or equipment and 

materials supplied on this Project. Furthermore, Bird 

agrees to defend and indemnify the Released Parties 

against any and all claims or demands asserted by 

any employee on this Project or any subcontractor, 

supplier or lower tier payment obligation of Bird 

[Group] who claims that Bird [Group] has failed to fully 

and completely pay them any amounts owed. First tier 

subcontractors or suppliers for the Project will remain 

in the obligation of the [dck/BG]. This waiver and 

release from Bird [Group] is intended to be and shall 

be full and final on the Project except for any breach 

of the terms of this Agreement by [dck/BG].

22. Caparra es un subcontratista de primer nivel (“First Tier”) de 

dck/BG en proyecto.

23.El 22 de diciembre de 2015, Plaza Internacional y dck/BG 

suscribieron un Acuerdo de Transacción y Última Enmienda a 

Contrato de Construcción.

Un análisis de la Sentencia Parcial apelada, en unión con la 

documentación presentada por las partes en sus respectivas 

comparecencias, revela que Caparra no controvirtió con prueba

documental los hechos incontrovertidos que sustentó Bird Group para 
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solicitar la disposición sumaria del caso presentado en su contra. Ni de la 

oposición presentada por el Apelante, ni del expediente electrónico ante el 

TPI surge contrato alguno suscrito entre Caparra y Bird Group. El Apelante 

descansó en meras aseveraciones para justificar la alegada 

responsabilidad contractual que tenía Bird Group por el presunto 

incumplimiento de pago de este último y el restante de los codemandados 

que fueron acumulados en la “Demanda”. A esos efectos, sostuvo que el 

Apelado no era un mero supervisor y director bajo el control y directrices 

de DCK/Bird, sino que Bird Group era la entidad controladora y con 

injerencia directa en cuanto a la forma y manera en que Caparra y otros 

subcontratistas tenían que realizar sus respectivas funciones. Sin embargo, 

no unió evidencia documental suficiente que apoyara dichas expresiones y 

que tuvieran el consecutivo efecto de crear una controversia material y 

medular que obligara al TPI a denegar el petitorio de Bird Group.

Así pues, en ausencia de prueba que controvirtiera la inexistencia 

de una obligación contractual que vinculara a Caparra y a Bird Group bajo 

la cual la primera podía reclamar un alegado incumplimiento con el abono 

de los daños, concluimos que el foro apelado actuó correctamente al 

desestimar el litigio en contra del Apelado. Ello pues, DCK/Bird era una 

compañía de responsabilidad limitada debidamente registrada en el 

Departamento de Estado al momento en que se efectuó la contratación. 

Por tanto, las deudas, obligaciones y responsabilidades de esta última que 

pudiesen surgir del contrato suscrito con Caparra, así como los alegados 

daños son deudas, obligaciones y responsabilidades exclusivas de 

DCK/Bird, y ni Bird Group o ningún miembro o administrador está

obligado por dichas deudas, obligaciones y responsabilidades.

Véase, 14 LPRA sec. 3969 (A). Tampoco se desprende del Operating 

Agreement en controversia que el Apelado tenía responsabilidad alguna 

por las obligaciones contraídas por DCK/Bird relacionadas con las obras 

de construcción contratadas. De hecho, tal y como lo expresó la juzgadora 

de instancia, la Sección 5.5.5 de Operating Agreement dispone que los 
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miembros de DCK/Bird no serían responsables frente a terceras personas 

por actos llevados a cabo por DCK/Bird u otros miembros. 

En cuanto al argumento esgrimido por Caparra sobre la doctrina del 

alter ego y la procedencia de la causa de acción para descorrer el velo 

corporativo, sostenemos que tampoco le asiste la razón al Apelante. 

Como punto de partida, debemos hacer hincapié en lo resuelto por 

el Tribunal Supremo en León Torres v. Rivera Lebrón, supra, a los efectos 

de que los tribunales no podemos desprendernos e ignorar las 

reclamaciones traídas ante nuestra consideración en la demanda y actuar 

como si un demandante tuviese la potestad de enmendar o suplementar 

sus alegaciones a través de las aseveraciones y argumentos sometidos en 

una solicitud de sentencia sumaria, la oposición o en sus escritos 

apelativos, sin pasar por el rigor de solicitar enmienda conforme el estado 

de derecho procesal. Íd., pág. 49. “Así, el procedimiento adecuado en 

estas circunstancias es solicitar la anuencia del tribunal para 

enmendar las alegaciones”. Íd. (énfasis suplido). 

Así pues, coincidimos con el TPI a los efectos de que Caparra no 

podía presentar reclamaciones o teorías de responsabilidad nuevas en su

oposición a la solicitud de sentencia sumaria parcial. Por esta razón, no nos 

convence el argumento de que el mismo se efectuó en modo defensivo. Lo 

cierto es que la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra, provee el 

mecanismo correcto para que una parte demandante pueda incorporar 

causas de acción o alegaciones nuevas al pleito. Ninguno de los escenarios

dispuestos en la aludida Regla aplica al caso de autos, pues el propio 

Apelante incumplió con el rigor procesal requerido. Pretender utilizar la 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria parcial como un mecanismo 

para traer nuevas alegaciones y solicitar que se extienda el descubrimiento 

de prueba bajo la misma premisa atenta contra el propósito para el cual fue 

instituida en nuestro acervo jurídico la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

supra. 

Relacionado con lo anterior, Caparra arguyó que el descubrimiento 

de prueba no había concluido, pues bajo su teoría era imposible culminarlo 
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pues el pleito se estaba ventilando en rebeldía hasta el año 2022. Sin 

embargo, surge del expediente que el 26 de agosto de 2022, las partes 

presentaron “Moción Conjunta en Cumplimiento de Orden”

2 en la cual

informaron al TPI que el descubrimiento de prueba debía culminar para 

febrero de 2023. En consideración a lo allí expuesto, el foro a quo dictó 

Orden en igual fecha en la que tomó conocimiento de lo esbozado por las 

partes y advirtió que las fechas no podían ser modificadas sin previa 

autorización de dicho foro. Así el trámite, el 8 de septiembre de 2022, Bird 

Group presentó “Moción Solicitando Extensión de Término” en la que 

solicitó hasta el 3 de octubre de 2022 para notificar descubrimiento de 

prueba escrito. Como consecuencia, el 29 de septiembre de 2022, el foro 

primario emitió Orden mediante la cual concedió hasta el 11 de octubre de 

2022. El mismo 11 de octubre de 2022, Bird Group presentó escrito al 

expediente judicial en el que informó haber cursado un pliego de 

interrogatorios y requerimiento de producción de documentos. 

No obstante todos los trámites acaecidos sobre el descubrimiento 

de prueba, Caparra no compareció para solicitar extensión de dicho 

término. De hecho, nótese que del expediente sólo surge que Bird Group 

solicitó una extensión del término en cuanto al descubrimiento de prueba 

escrito. Así, el análisis de las incidencias procesales ocurridas en el caso,

conducen a la conclusión de que para el momento en que se presentó la 

moción de sentencia sumaria parcial el descubrimiento de prueba había 

culminado. Valga destacar que el caso no tuvo movimiento por espacio de 

aproximadamente cinco (5) meses hasta que el Apelado radicó la 

“Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial a favor de Bird Group, LLC.”, 

luego de que el plazo dispuesto por el TPI para culminar el descubrimiento 

de prueba había terminado.

Es, pues, evidente que el Apelante tuvo tiempo suficiente para 

solicitar al tribunal autorización para extender el descubrimiento de prueba 

y no lo hizo. No fue hasta la presentación de su oposición que planteó los 

2 Véase, Entrada Núm. 99 de del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos 

(SUMAC). 
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argumentos sobre la doctrina de alter ego, la presunta posibilidad de que 

existiera fraude de acreedores y alegó que el descubrimiento de prueba no 

había culminado, debido a que aún faltaba celebrar algunas deposiciones. 

Lo anterior, no es cónsono con lo acaecido ante el foro primario y las 

determinaciones sobre el manejo del caso consignadas por el TPI, por lo 

que concluimos que actuó correctamente el foro a quo al colegir que el 

descubrimiento de prueba había terminado. Nuestra conclusión tiene aún 

más relevancia cuando se ha reiterado que en nuestro ordenamiento el 

derecho es rogado y del expediente del TPI se desprende que Caparra 

nunca compareció en solicitud de extensión del mismo cuando existían 

determinaciones del foro que establecían una fecha de culminación de 

dicho proceso.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar 

parte integral del presente dictamen, confirmamos la Sentencia Parcial

apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones