El Sistema Federal Judicial en los Estados Unidos

Presentación para Jueces y Personal Administrativo 

del Ramo Judicial en Países Extranjeros

2000

División de los Jueces del Título III

Oficina de Programas para Jueces

Oficina Administrativa de los Tribunales de los Estados Unidos

Thurgood Marshall Federal Judiciary Building

Washington, D.C. 20544

 

Este folleto fue elaborado por la Oficina Administrativa de los Tribunales de los Estados Unidos para brindar una

explicación introductoria del sistema judicial federal, su organización y administración, su relación con los poderes

ejecutivo y legislativo del gobierno federal y su relación con los sistemas judiciales estatales. La Oficina

Administrativa es la agencia del poder judicial que presta una amplia gama de servicios administrativos, legales,

técnicos, de comunicación y otros para facilitar la administración los tribunales federales.
PREFACIO

Este folleto está diseñado para dar una explicación introductoria a jueces y al personal

administrativo en el ramo judicial de países extranjeros sobre el sistema judicial federal de los Estados

Unidos, su organización y administración, su relación con los poderes ejecutivo y legislativo del

gobierno federal así como con los sistemas judiciales estatales. Fue elaborado por la Oficina de

Programas para Jueces de la Oficina Administrativa de los Tribunales Federales de los Estados Unidos

a solicitud del Comité de Relaciones Judiciales Internacionales de la Comisión Judicial. 

La Comisión Judicial de los Estados Unidos es el organismo a cargo de dictar las políticas de

los tribunales federales. Autorizada por ley, es gobernada por el Presidente de la Corte Suprema y

está constituida por 26 jueces adicionales –el Presidente de cada uno de los 13 Tribunales de

Apelación federales, un juez federal (de los tribunales de primera instancia) elegido de cada uno de los

12 circuitos geográficos y el Presidente del Tribunal de Comercio Internacional.

En el desempeño de sus labores, la Comisión Judicial cuenta con la asistencia de más de 20

comités, cuyos miembros son nombrados por el Presidente de la Corte Suprema. El Comité de

Relaciones Judiciales Internacionales lo integran varios jueces federales y un miembro de enlace del

Departamento de Estado. La misión del comité, entre otras cosas, incluye las siguientes funciones:

! La coordinación de las relaciones del sistema judicial federal con sistemas judiciales

extranjeros y otras organizaciones interesadas en las relaciones judiciales

internacionales y el establecimiento y la expansión del mandato de la ley. 

! El servir como conducto de comunicación para los asuntos de mutuo interés entre el

Presidente de la Corte Suprema, la Comisión Judicial, el sistema judicial federal y los

tribunales extranjeros y las organizaciones judiciales internacionales.
CONTENIDO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos y el Gobierno Federal .................

El Poder Legislativo .................................................... 

El Poder Ejecutivo ..................................................... 

El Poder Judicial ...................................................... 

2. El Papel de los Tribunales Federales en el Gobierno de los Estados Unidos .............

Los Tribunales Federales y el Congreso .................................... 

Los Tribunales Federales y el Poder Ejecutivo ............................... 

Los Tribunales Federales y el Público en General .............................. 

3. La Estructura de los Tribunales Federales ........................................

Tribunales de Primera Instancia .......................................... 

Tribunales de Apelación ................................................. 

Corte Suprema de los Estados Unidos ...................................... 

4. La Competencia de los Tribunales Federales .....................................

Relación entre los Tribunales Estatales y los Tribunales Federales ............... 

Tipos de Causas que Pueden Interponerse en los Tribunales Federales y Estatales ... 

5. Los Jueces Federales de los Estados Unidos ......................................

Nombramiento de los Jueces ............................................. 

Ética Judicial Federal .................................................. 

Remuneración de los Jueces .............................................. 

Jueces Semi-Pensionados y Pensionados .................................... 

Capacitación Judicial ................................................... 

Personal de los Jueces .................................................. 

6. Características Distintivas del Sistema Judicial de los Estados Unidos

El Sistema Contradictorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El Sistema Consuetudinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Costas y Honorarios de Litigio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ejecución de las Sentencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Normas Procesales de Litigio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Actas de Actuaciones Judiciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Publicación de Dictámenes Judiciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Resumen del Proceso Judicial Federal ...........................................

Causas en Materia Civil ................................................. 

Causas en Materia Penal ................................................ 

Prestar Servicio en un Jurado ............................................ 

Causas en Materia de Quiebra ............................................ 

El Proceso de Apelación ................................................ 

8. Administración [del Sistema] Judicial Federal .....................................

Tribunales Individuales ................................................. 

Personal de los Tribunales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los Consejos de los Circuitos Judiciales ................................... 

La Comisión Judicial Federal ........................................... 

La Oficina Administrativa de los Tribunales Federales. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

El Centro Judicial Federal . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Comisión Federal de Sentencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El Presupuesto del Poder Judicial ......................................... 

Espacio, Instalaciones y Protección en los Edificios de los Tribunales ............. 

Informática en el Poder Judicial .......................................... 

Planeamiento Estratégico y Administración Eficaz en los Tribunales Federales ..... 

9. Rendición de Cuentas (Transparencia) ...........................................

Mecanismos Disciplinarios ............................................... 

Otros Mecanismos Oficiales .............................................. 

Mecanismos Extraoficiales .............................................. 

10. Preguntas que se Hacen Generalmente sobre el Proceso Judicial Federal .............

Terminología Jurídica General ....................................................

Sobre la Oficina Administrativa de los Tribunales de los Estados Unidos .................

Fuentes Adicionales de Información ...............................................
LISTA DE SECCIONES ESPECIALES 

Título III de la Constitución Política de los EE. UU.

Los Tribunales Federales de los Estados Unidos

Límites Geográficos de los Tribunales de Apelación y de Primera Instancia Federales

Ejemplos de la Competencia de los Tribunales Federales y Estatales

Normas de Conducta para los Jueces Federales 

Cualificaciones y Exenciones de los Jurados

Plazos para Prestar Servicio como Jurados

Clases de Procedimientos de Quiebra

Características de la Administración Judicial Federal

La Comisión Judicial Federal

Los Comités de la Comisión Judicial Federal 

El Objetivo de la Oficina Administrativa 
1

1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS EE.UU. Y EL GOBIERNO FEDERAL

La Constitución Política de los

Estados Unidos, aprobada en 1789 y

enmendada muy pocas veces desde

entonces, es la ley suprema de los

Estados Unidos. Estableció una

república bajo la cual los estados

individuales retienen soberanía y

autoridad considerables. Cada estado,

por ejemplo, tiene su propio Ejecutivo

electo (el Gobernador), asamblea

legislativa y sistema judicial. El gobierno federal, o nacional, tiene autoridad decisiva, pero limitada y

sólo puede ejercer aquella autoridad especifica conforme a la Constitución Política; el resto se reserva

para los estados y el pueblo. Este sistema de autoridad dividida entre el gobierno nacional y los

gobiernos estatales se conoce como “federalismo.”

La Declaración de Derechos (Bill of Rights) quedó enunciada como las primeras diez

enmiendas a la Constitución Política. Garantiza los derechos fundamentales del pueblo y los protege

contra acciones inapropiadas del gobierno. Los derechos protegidos incluyen cosas tales como la

libertad de expresión, la libertad de reunirse pacíficamente, la libertad para pedir al gobierno

reparación de agravios, el derecho de hallarse a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, el

debido proceso legal, protección contra la autoincriminación obligada, protección contra la

confiscación de bienes sin justa reparación, el derecho a que se celebre un juicio oral y público sin

demora en causas penales, un juicio oral y público ante un jurado en causas tanto de materia penal

como civil y el derecho de contar con la ayuda de un abogado en causas de materia en lo penal.

La Constitución Política estableció tres supremos poderes del gobierno — Legislativo (Título

I), Ejecutivo (Título II), y Judicial (Título III). Los tres poderes del gobierno federal funcionan según un

sistema constitucional conocido como "mecanismo de equilibrio de poderes"(pesos y contrapesos). 

Cada poder está separado oficialmente de los otros dos y cada uno tiene cierta autoridad

constitucional para supervisar y regular las acciones de los otros.

La Constitución Política requiere la colaboración entre los poderes en ciertos aspectos clave.

Una ley federal, por ejemplo, puede entrar en vigencia únicamente si la promulga el Congreso (Senado

y Cámara de Diputados) y la rubrica el presidente. Por su parte, el Poder Judicial tiene la autoridad

para interpretar y decidir la constitucionalidad de las leyes federales y resolver otras disputas sobre

leyes federales.

El Poder Legislativo

Dos de las características principales del gobierno

establecido conforme a la Constitución Política de los

Estados Unidos son:

! El federalismo, y

! El mecanismo de equilibrio de poderes entre los

tres ramos individuales del gobierno.
2

El Congreso, el órgano legislativo de los Estados Unidos, lo componen dos cámaras— el

Senado y la Cámara de Diputados. Cada estado tiene dos senadores quienes son elegidos por

períodos de seis años. Una tercera parte del Senado es elegida cada dos años. Los miembros de la

Cámara de Diputados son elegidos de los distritos locales de cada estado. A cada estado se le asigna

un número de diputados en proporción a la población. La Cámara de Diputados se elige en su

totalidad cada dos años.

Ambas cámaras deben aprobar un proyecto para que éste se convierta en ley, pero el

Presidente puede vetarlo o negarse a firmarlo. En ese caso, el Congreso reconsidera el proyecto de

ley. Si dos terceras partes de los miembros de ambas cámaras lo aprueban, el proyecto se convierte en

ley, aun sin la firma del Presidente.

La Constitución Política no estableció un sistema parlamentario o de Consejo de Gobierno

como en el Reino Unido y muchas otras democracias alrededor del mundo. De conformidad con la

Constitución Política de los Estados Unidos, el Presidente ejerce tanto la Jefatura del Estado como la

del Gobierno. El Presidente nombra a su gabinete –– formado por los ministros y los presidentes de las

dependencias principales del ejecutivo— pero ni él ni ninguno de los miembros del gabinete podrán

formar parte del Congreso. El partido político oficialista no necesita tener la mayoría de los escaños en

el Congreso para permanecer en ejercicio de sus funciones. De hecho, no es fuera de lo común que

una o ambas cámaras del Congreso estén bajo el control del partido de oposición. 

Los miembros de las dos cámaras del Congreso están agrupados en comités (comisiones)

organizados por materia. Éstos se encargan de redactar anteproyectos de ley, supervisar dependencias

e iniciativas gubernamentales, promulgar proyectos de ley de asignación presupuestaria para financiar

las obras del gobierno y regular el funcionamiento de las iniciativas federales. Por ejemplo, los

Tribunales Federales se mantienen en comunicación asidua con los Comités Judiciales y los Comités de

Asignaciones Presupuestarias del Senado y de la Cámara de Diputados.

El Poder Ejecutivo

El Presidente es elegido cada cuatro años y de conformidad con la Constitución Política podrá 

ejercer su mandato por sólo dos períodos consecutivos. Una vez elegido, el Presidente selecciona un

gabinete; cada miembro deberá ser ratificado por el voto mayoritario en el Senado. Cada miembro del

gabinete es el jefe de uno de los departamentos o dependencias del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el

gabinete incluye, entre otros, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, el secretario del Tesoro

y el Procurador General de la nación.

El Presidente, su gabinete y otros miembros de la administración presidencial son los

encargados del funcionamiento del poder ejecutivo del gobierno federal y de ejecutar y velar por el

cumplimiento de las leyes. El Procurador General, quien es el Jefe del Departamento de Justicia está a

cargo de todas las persecuciones en materia penal, de representar los intereses jurídicos del gobierno
3

en materia civil y de administrar la Dirección de Penitenciarías (BOP), la Oficina Federal de

Investigaciones (FBI), el Servicio de Alguaciles Federales de los Estados Unidos (USMS), el Servicio

de Inmigración y Naturalización (INS) y otros organismos públicos encargados de velar por el

cumplimiento de las leyes. A nivel local, el procurador en jefe de cada uno de los 94 distritos judiciales

federales es el procurador de los Estados Unidos, nombrado por el Presidente y bajo las órdenes del

Procurador General. El Presidente de los EE.UU. nombra un procurador federal para cada uno de los

94 distritos judiciales federales para que desempeñen sus funciones bajo la supervisión del Procurador

General.

El Departamento de Justicia no desempeña ningún papel en la administración o asignación

presupuestaria de los tribunales. El Poder Judicial se comunica individual y directamente con el

Congreso sobre asuntos legislativos y presupuestarios.
4

El Poder Judicial

El poder judical es un ramo del gobierno

totalmente separado y autónomo. Los tribunales

federales a menudo son llamados los guardianes

de la Constitución Política porque sus decisiones

protegen los derechos y libertades garantizados

por la Constitución Política. Mediante fallos

justos e imparciales, determinan los hechos e

interpretan la ley para resolver disputas legales.

Los tribunales no promulgan las leyes. Eso le

corresponde al Congreso. Los tribunales

tampoco tienen autoridad para hacer cumplir las

leyes. Esto le corresponde al Presidente y a los

numerosos departamentos y agencias del poder

ejecutivo.

Los forjadores de la Constitución Política consideraron que un poder judicial independiente era

esencial para asegurar imparcialidad y justicia para todos los ciudadanos de los Estados Unidos. La

Constitución Política que ellos redactaron fomenta la indepencia judicial en dos maneras principales.

Primero, los jueces federales nombrados bajo el amparo del Título III de la Constitución Política

ejercen sus funciones de carácter vitalicio y sólo podrán ser destituidos mediante la impugnación y fallo

condenatorio del Congreso por traición, cohecho u otros delitos y faltas graves. Segundo, la

Constitución Política dispone que la remuneración de los jueces federales nombrados bajo el amparo

del Título III "no será disminuida durante el tiempo de su nombramiento”, lo que significa que ni el

Presidente ni el Congreso pueden rebajar los salarios de la mayoría de los jueces federales. Estas dos

garantías ayudan para que el poder judicial sea independiente y resuelva las causas libre de fervores

populares e influencias políticas. 

Constitución Política de los EE.UU.,

Título III

Se depositará el poder judicial de los Estados

Unidos en una Corte Suprema y en los

tribunales inferiores que el Congreso instituya

y establezca en lo sucesivo. Los jueces, tanto de

la Corte Suprema como de los tribunales

inferiores, continuarán en el ejercicio de sus

funciones mientras observen buena conducta y

recibirán en periodos fijos una remuneración

por sus servicios que no será disminuida

durante el tiempo de su nombramiento.
5

 2. EL PAPEL DE LOS TRIBUNALES FEDERALES EN EL GOBIERNO DE LOS EE.UU.

Los Tribunales Federales y el Congreso

El Congreso tiene tres deberes básicos de conformidad con la Constitución Política que

determinan cómo funcionarán los tribunales federales. 

Primero, autoriza la creación de los tribunales federales inferiores a la Corte Suprema,

define la competencia y el número de jueces de cada tribunal.

Segundo, mediante el proceso de confirmación de nombramientos, el Senado 

determina cuáles de los candidatos propuestos por el Presidente serán confirmados

como jueces federales.

Tercero, el Congreso aprueba el presupuesto y asigna fondos para que el Poder

Judicial funcione. El presupuesto del Poder Judicial es una parte muy pequeña — 0,2

por ciento — del monto total del presupuesto federal.

Los Tribunales Federales y el Poder Ejecutivo

De conformidad con la Constitución Política, el Presidente nombra a los jueces constitucionales

bajo el amparo del Título III de por vida, sujetos a la aprobación mediante voto mayoritario del

Senado. Por lo general, el Presidente consulta a senadores u otros funcionarios públicos en lo que

respecta a posibles candidatos para las vacantes en los tribunales federales..

La autoridad del Presidente para nombrar nuevos jueces no es la única interacción entre el

poder judicial y el ejecutivo. El Departamento de Justicia, que es el encargado de todos los

encausamientos federales en materia penal y de representar los intereses jurídicos del gobierno en

materia civil, es el litigante más frecuente en el sistema judicial federal. Varias de las dependencias del

Poder Ejecutivo participan en el funcionamiento de los tribunales. Por ejemplo, el Servicio de

Alguaciles Federales de los Estados Unidos está a cargo de la protección de los edificios de los

tribunales y los jueces federales y la Agencia de Servicios Generales (GSA) construye y da

mantenimiento a los edificios de los tribunales federales.

En el Poder Ejecutivo hay tribunales militares y otros tribunales especializados según la materia

a tratar y dependencias administrativas de primera instancia que resuelven disputas referentes a las

leyes federales y programas sociales específicos tales como las leyes de tributación, de patentes y

derechos de autor, laborales, leyes y normas del régimen de seguridad social, la aprobación de los

permisos de transmisión para estaciones de radio y televisión y asuntos similares. Aunque estas

entidades del Poder Ejecutivo no son parte del Poder Judicial establecido de conformidad con el Título

III de la Constitución Política, las apelaciones de las decisiones finales de estas instituciones
6

normalmente pueden ser interpuestas ante los tribunales establecidos bajo el amparo del Título III.
7

Los Tribunales Federales y el Público en General

Con ciertas excepciones muy escasas, todas las etapas del proceso judicial federal son

públicas. Los tribunales federales están diseñados para inspirar en el público respeto a la tradición y

los objetivos del proceso judicial estadounidenses. Muchos de los edificios de los tribunales federales

son históricos.

Un ciudadano que desee observar la sesión en la sala de un tribunal podría ir a un edificio de

los tribunales federales, revisar la lista de causas (que se pone en el pizarrón o televisor de anuncios) y

ver cualquier actuación. Cualquier persona puede examinar o copiar el expediente y documentos de

una causa presentando una solicitud ante la Secretaría del Tribunal. Cada día es más común que los

horarios, listas de causas, fallos, resoluciones y escritos estén disponibles para el público en formato

electrónico por medio de la Internet. A diferencia de la mayoría de los tribunales estatales, los

tribunales federales no permiten la cobertura de estaciones de radio o televisión durante las diligencias

de los tribunales de primera instancia.

El derecho de acceso del público en general durante las diligencias de los tribunales se deriva

en parte de la Constitución Política y en parte de la tradición de los tribunales y el derecho

Consuetudinario (Common law) anglosajón-americano. Al llevar a cabo sus labores judiciales en

público, los jueces aumentan la confianza del público en general en los tribunales y permiten que los

ciudadanos se enteren por su propia cuenta cómo funciona nuestro sistema judicial.

En ciertas situaciones, el público en general no podrá tener acceso a los expedientes y

diligencias del tribunal. En un juicio oral y público prominente, por ejemplo, podría no haber cupo en la

sala para acomodar todas las personas que quisieran observar. El acceso a la sala podría restringirse

por razones de seguridad o privacidad como en el caso de la protección de un menor de edad o de un

informante confidencial. Finalmente, ciertos documentos podrían ser cerrados por el juez, lo que

significa que no estarán disponibles para el público. Algunos ejemplos de documentos cerrados

incluyen ciertos tipos de documentos confidenciales de una empresa, ciertos informes de agencias del

orden público, expedientes de menores de edad y causas relacionadas con la seguridad nacional. 
8

3. LA ESTRUCTURA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES

Con ciertas notables excepciones, los tribunales federales son tribunales de competencia

general. Los mismos jueces federales conocen causas en materia civil y penal, disputas de derecho

privado y de derecho público, causas relacionadas con sociedades mercantiles y entidades

gubernamentales, apelaciones de decisiones de las agencias administrativas y asuntos de Derecho y de

equidad. No existen los tribunales constitucionales porque todos los tribunales y jueces federales

pueden resolver asuntos en lo referente a la constitucionalidad de las leyes federales y otras acciones

gubernamentales que surjan de las causas que conocen.

Tribunales de Primera Instancia

Los tribunales federales de los Estados Unidos son los tribunales de primera instancia de

competencia general en el sistema judicial federal. Los tribunales federales tienen aptitud para conocer

toda clase de causas federales. Hay 94 distritos judiciales federales, que incluyen uno o más en cada

estado, el Distrito de Columbia (Washinton, D.C), Puerto Rico y los territorios de ultramar. 

Cada distrito judicial federal incluye un Tribunal de Quiebra que funciona como una entidad

autónoma del tribunal federal. El Tribunal de Quiebra tiene competencia a nivel nacional sobre casi

todos los asuntos que tengan que ver con causas de quiebra excepto los relacionados con materia

penal. Dado el caso que se interponga una causa en el tribunal de Quiebra, todas las causas

relacionadas que estén pendientes en otros tribunales federales y estatales pueden ser trasladadas a ese

tribunal. La administración de dichos tribunales de Quiebra le corresponde a los jueces de Quiebra.

Dentro del Poder Judicial, dos tribunales especiales tienen competencia a nivel nacional sobre

cierto tipo de causas. El Tribunal de Comercio Internacional resuelve las causas en lo referente al

comercio internacional y asuntos aduanales. El Tribunal de Reclamos Federales de los Estados Unidos

tiene competencia sobre disputas referentes a contratos federales, el decomiso de la propiedad privada

efectuado por el gobierno federal y una variedad de reclamos monetarios contra los Estados Unidos.

Las actuaciones ante los tribunales de primera instancia las atiende un juez por sí solo

(unipersonal) o con un jurado de ciudadanos encargados de la determinación de los hechos. La

Constitución Política establece el derecho de someterse a juicio oral y público ante jurado en muchas

categorías de causas, incluyendo: (1) todo encausamiento [con consecuencias] grave[s] en materia

penal,(2) todas aquellas causas en lo civil donde corresponda el derecho a juicio oral y público ante

jurado de conformidad con la ley inglesa vigente cuando ocurrió la independencia de los Estados

Unidos, y (3) las causas en las que el Congreso de los Estados Unidos expresamente dispuso el

derecho de someterse a juicio oral y público ante jurado. 

Tribunales de Apelación
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Los 94 distritos judiciales están organizados en 12 circuitos regionales, cada uno de los cuales

tiene un Tribunal de Apelación de los Estados Unidos. Un Tribunal de Apelación conoce apelaciones

de los tribunales federales ubicados dentro de su distrito, así como también apelaciones de agencias

administrativas federales. Además, el Tribunal de Apelación del Circuito Federal tiene competencia

nacional para conocer apelaciones en causas especializadas, tales como las referentes a leyes de

patentes y las causas resueltas por el Tribunal de Comercio Internacional y el Tribunal de Reclamos

Federales.

Existe el derecho de apelar toda causa federal en la cual un juez federal haya pronunciado su

fallo final. Normalmente, el Tribunal de Apelación es presidido por un tribunal colegiado de tres jueces.

No son tribunales de casación y los jueces pueden revisar la causa únicamente si una o más de las

partes interesadas apela oportunamente la decisión de uno de los tribunales inferiores o de la

dependencia administrativa. Cuando se interpone una apelación, un Tribunal de Apelación revisa la

apelación y las actas de las diligencias ante el tribunal inferior o la dependencia administrativa. El

Tribunal de Apelación no valora pruebas adicionales y, por lo general, debe aceptar la determinación

de los hechos asentada por el juez de primera instancia. Si fuese necesario determinar hechos

adicionales, el Tribunal de Apelación podría remitir la causa al tribunal de primera instancia o la

dependencia administrativa original. Sin embargo, en la mayor parte de las causas, la remisión no es

necesaria y el Tribunal de Apelación confirma o anula la decisión del tribunal inferior o de la

dependencia mediante una orden o resolución por escrito.

En causas de importancia fuera de lo común, un Tribunal de Apelación puede presidir en banc

— es decir, con todos los jueces de apelación presentes — para revisar las decisiones del tribunal

colegiado de tres jueces. El tribunal en pleno podría afirmar o anular la decisión del tribunal colegiado. 

Corte Suprema de los Estados Unidos

La Corte Suprema de los Estados Unidos es el tribunal de mayor instancia en el sistema judicial

federal. Lo componen el Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos y ocho magistrados

asociados. El tribunal siempre preside en banc –en pleno (colegiado)–, con los nueve magistrados

conociendo y decidiendo las causas juntos. La competencia de la Corte Suprema es casi

completamente discrecional y para ser ejercida en el conocimiento de una causa se requiere el acuerdo

de por lo menos cuatro de los magistrados. (En un número pequeño de causas especiales, tales como

disputas sobre los linderos de los estados, la Corte Suprema actúa o como el tribunal de primera

instancia o conoce la revisión obligatoria de la apelación). Como regla general, la Corte Suprema

accede a decidir causas cuando existe una división de opiniones entre los tribunales de apelación o

cuando surge una pregunta constitucional importante o asunto sobre una ley federal que necesita ser

aclarada.
10

Corte Suprema

de los EE.UU.

Tribunales de Apelación

12 tribunales de apelación

regionales y el Tribunal de

Tribunales Federales de los EE. EU.

 94 distritos judiciales

 Tribunales de Quiebra de los Estados Unidos

Tribunal de Comercio Internacional

Tribunal de Reclamos Federales 

Tribunales Militares (primera instancia y de apelación)

Tribunal de Apelación de Veteranos de los EE.UU.

Tribunal de Tributación de los Estados Unidos

Oficinas y juntas directivas de dependencias

administativas 

Los Tribunales Federales de los Estados Unidos

 Corte Suprema

 Tribunales de apelación

 Tribunales de

Primera Instancia 

Otros tribunales federales

que no son parte del Poder

Judicial 
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4. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES

La Relación entre los Tribunales Estatales y los Federales

Aunque hay tribunales federales en cada estado, no son los únicos fueros disponibles para los

litigantes. De hecho, la gran mayoría de las disputas legales en los tribunales estadounidenses se

conocen en los sistemas judiciales estatales establecidos en cada uno de los 50 estados. La mayor

parte de los sistemas judiciales estatales, al igual que el sistema judicial federal, tienen tribunales de la

primera instancia de competencia general, tribunales de apelación interlocutorios y una Corte Suprema 

estatal. También podrían tener tribunales inferiores especializados, tribunales del condado, municipales,

de reclamos de menor cuantía o juzgados de paz que se encargan de asuntos menores.

Los tribunales estatales tienen competencia sobre una variedad más amplia de disputas en

comparación con los tribunales federales. A los tribunales estatales, por ejemplo, les incumben

prácticamente todos los asuntos de divorcio y tutela de menores, testamentarios y de herencia,

cuestiones de bienes raíces y asuntos de menores de edad, así como también la mayor parte de las

causas de materia penal, disputas por contratos, infracciones de tránsito y causas de daños personales.

En general, los tribunales federales determinan las causas relacionadas con el gobierno de los

Estados Unidos o sus funcionarios, la Constitución Política de los Estados Unidos o leyes federales, o

controversias entre estados o entre los Estados Unidos y gobiernos extranjeros. Una causa puede

interponerse ante el tribunal federal — aún si no surge ninguna cuestión relacionada con las leyes

federales — si los litigantes son ciudadanos de distintos estados o la disputa surge entre ciudadanos de

los Estados Unidos y ciudadanos de otro país. 

En las etapas iniciales de cualquier demanda, el demandante debe afirmar la base legal de la

competencia del tribunal para conocer la causa y el tribunal tomará una decisión autónoma sobre si

tiene o no competencia para conocer la causa. Si la causa se interpone inicialmente ante los tribunales

federales, pero el tribunal decide que no tiene la competencia para dictar una resolución, la causa

deberá ser desestimada. Bajo ciertas circunstancias, una causa que se radicó incorrectamente ante los

tribunales federales podría ser "remitida" al tribunal estatal idóneo. En caso contrario, una causa

interpuesta en un tribunal estatal podría ser "trasladada", si se reúne ciertos requisitos, a un tribunal

federal. 

Los tribunales federales y estatales tienen la obligación de conceder "entera fé y crédito" a los

respectivos autos dictados por cada uno de ellos. Sin embargo, de conformidad con la claúsula de

supremacía de la Constitución Política, una ley federal prevalecerá sobre cualquier ley estatal que sea

contraria a aquella.
12

Tipos de Causas que pueden ser Interpuestas ante los Tribunales Federales y Estatales

La tabla siguiente da algunos ejemplos de las causas que pueden ser conocidas exclusivamente

en los tribunales estatales o federales, así como también da ejemplos de competencia coexistente (las

causas que pueden ser conocidas tanto en los tribunales estatales como los federales).
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Ejemplos de la Competencia de los Tribunales Federales y Estatales

Tribunales Estatales

delitos según las leyes estatales 

asuntos constitucionales estatales y

causas relacionadas con leyes y

normas estatales 

asuntos de derecho de familia

asuntos de bienes inmuebles 

disputas entre arrendatarios e

inquilinos

la mayoría de las disputas de

contratos privados (excepto las

resueltas según leyes de Quiebra)

la mayoría de los asuntos

relacionados con la regulación de las

profesiones y oficios

asuntos de negligencia profesional 

la mayoría de los asuntos

relacionados con la administración 

interna de asociaciones mercantiles

como sociedades anónimas y

empresas

la mayoría de demandas por daños

personales

la mayoría de reclamos por

accidentes laborales

asuntos testamentarios y de herencia

la mayoría de las infracciones de

tránsito y el registro de vehículos 

Tribunales Federales

delitos según las leyes

promulgadas por el Congreso 

mayoría de causas relacionadas

con leyes y normas federales (por

ejemplo: tributación, Seguridad

Social, radiodifusión, derechos

civiles)

asuntos de comercio interestatal e

internacional, incluyendo normas

para compañías aéreas y

ferroviarias

causas relacionadas con las

normas de la bolsa de valores,

incluyendo la adquisición de

entidades de derecho público 

causas de derecho marítimo

asuntos de comercio internacional

asuntos de patentes, derechos de

autor y otros de propiedad

intelectual

causas relacionadas con tratados,

otros países y con extranjeros

disputas sobre leyes estatales

entre ciudadanos de distintos

estados 

asuntos de quiebra

disputas entre estados

diligencias de hábeas corpus

Tribunales Estatales o

Federales

delitos punibles tanto por

leyes federales como

estatales

asuntos constitucionales

federales

ciertos reclamos de

derechos civiles

demandas colectivas

normas ambientales

ciertas disputas

relacionadas con leyes

federales
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5. LOS JUECES FEDERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Nombramiento de los Jueces

Jueces nombrados bajo el amparo del Título III

Los Magistrados de la Corte Suprema, los jueces federales de primera instancia, de los

Tribunales de Apelación y los jueces del Tribunal de Comercio Internacional son nombrados según

dispone el Título III de la Constitución Política. Ellos son designados y nombrados por el Presidente

de los Estados Unidos y [la nominación] debe ser ratificada por un voto mayoritario del Senado. Los

magistrados y jueces nombrados bajo el amparo del Título III ejercen sus funciones de carácter

vitalicio y sólo pueden ser destituidos por el Congreso mediante el proceso de impugnación que

dispone la Constitución Política. El Poder Judicial no toma parte en el proceso de nominación o

ratificación. 

El criterio principal para ser nombrado como juez federal son los éxitos académicos y

profesionales. A los candidatos a la judicatura no se les administran pruebas. Más bien, quien aspira a

una judicatura debe completar un formulario muy extenso que establece detalladamene las

cualificaciones y éxitos profesionales, incluyendo aspectos tales como el trasfondo académico, la 

experiencia laboral, artículos publicados, actividades intelectuales, causas legales que haya gestionado,

y actividades extracurriculares. Los candidatos serán objeto de entrevistas, investigaciones y preguntas

complementarias minuciosas.

La política es un factor importante en el nombramiento de los jueces del Título III.

Normalmente, el Presidente selecciona a los candidatos de la lista provista por los Senadores u otros

funcionarios públicos del partido oficialista del estado donde se llevará a cabo el nombramiento.

Además, el candidato nombrado por el Presidente deberá presentarse a una audiencia ante el

Comisión Judicial del Senado, y el Senado votará para ratificar a cada juez. Normalmente, el

Presidente designa a los jueces del Título III del conjunto de abogados en ejercicio de su profesión,

jueces de tribunales inferiores, jueces de tribunales estatales o profesores de derecho destacados que

residan en el distrito o circuito donde está la sede del tribunal.

Cada juez federal es nombrado para ejercer sus funciones en una sede específica y dispuesta

por ley en un distrito o circuito específico. Los jueces no tienen autoridad para conocer de causas en

otros tribunales a menos que se les conceda autorización oficial. Debido al volumen tan grande de

causas en ciertos distritos, a los jueces de otros tribunales a menudo se les solicita que tramiten causas

en esos distritos. 

Otros Jueces Federales

Los jueces de Quiebra y los jueces de instrucción son funcionarios judiciales de los tribunales
15

federales, pero no son jueces nombrados bajo el amparo del Título III ni de conformidad con un

proceso político y el Presidente y el Senado no desempeñan ningún papel en su selección. Son

designados por mérito por los tribunales de apelación y los federales, respectivamente, con la asistencia

de paneles de selección compuestos por abogados de la región y otros ciudadanos.

Los jueces de Quiebra son designados por los jueces de los Tribunales de Apelación por

periodos de 14 años. Los jueces de instrucción son nominados por los jueces federales de primera

instancia por periodos de ocho años. Antes de renovar el nombramiento de alguno de ellos por un

periodo adicional, el tribunal que los nombró deberá publicar un aviso solicitando comentarios sobre la

labor del juez y convocar un panel [de selección] por mérito para que éste presente una

recomendación para decidir si se renueva o no el nombramiento del juez.

Los jueces de los Tribunales de Reclamos Federales son nombrados por el Presidente por

periodos de 15 años, sujetos a la ratificación de la mayoría del Senado. 

Jueces Estatales

Los jueces estatales se encargan de la

mayoría de las causas en los Estados Unidos,

pero no son parte del sistema judicial federal.

Más bien, ejercen sus funciones en los tribunales

estatales establecidos por los gobiernos

estatales. Al igual que los jueces federales, los

jueces estatales tienen la obligación de velar por

el cumplimiento de la Constitución Política

federal y pueden invalidar las leyes estatales que

ellos consideren que van en contra de la

Constitución Política. Los jueces estatales son

seleccionados de diferentes maneras, de

acuerdo con las Constituciones Políticas y leyes

estatales. La mayoría de los jueces es elegida

por voto popular en elecciones generales o son

nombrados por el gobernador del estado por un

periodo inicial y mantienen sus cargos mediante

el voto popular en elecciones generales. 

Ética Judicial Federal

Por ley, los jueces federales no pueden

conocer de causas de las cuales tengan

conocimiento personal de los hechos en disputa,

Normas de Conducta Profesional de los

Jueces Federales de los Estados Unidos

1. Deberán apoyar la integridad e

independencia del Poder Judicial.

2. Deberán evitar la apariencia de y la falta

de decoro en toda actividad.

3. Deberán desempeñar sus funciones

imparcial y diligentemente.

4. Podrán participar en actividades

extrajudiciales para mejorar las leyes, el

sistema legal y la aplicación de la justicia.

5. Deberán organizar sus actividades

extrajudiciales para minimizar la

posibilidad de conflictos con sus deberes

judiciales.

6. Deberán presentar informes con

regularidad de remuneración por sus

actividades extrajudiciales y las

relacionadas con el derecho.

7. Deberán abstenerse de participar en

actividades políticas
16

un prejuicio en contra de una de las partes, participación anterior en el encausamiento como abogado o

interés económico en una de las partes o asunto relacionado con la causa. Los jueces federales

deberán cumplir con las Normas de Conducta Profesional que les corresponde, las cuales son un

conjunto de principios y pautas acogidos por la Comisión Judicial Federal. Las Normas de Conducta

Profesional — y las resoluciones que las interpretan — proporcionan asesoramiento para los jueces en

asuntos de integridad e independencia judicial, diligencia e imparcialidad judicial, actividades

extrajudiciales lícitas y el evitar la falta de decoro o aún la apariencia de la misma.

Los jueces pueden recibir asesoramiento en asuntos de ética con la ayuda del Comité de

Normas de Conducta Profesional de la Comisión Judicial. Ese comité de jueces está autorizado tanto

para redactar las normas de conducta como para presentar resoluciones escritas de asesoramiento

para los jueces y empleados del ramo judicial. El comité también publica ciertas resoluciones de

asesoramiento con base en los hechos relacionados con una solicitud específica. Las resoluciones

publicadas no identifican al juez o jueces que solicitan la opinión de asesoramiento y están a disposición

de la judicatura por escrito en formato electrónico o tradicional.

Para evitar conflictos de intereses económicos, la ley federal exige que todos los jueces — así

como también otros altos funcionarios del gobierno — presenten informes anuales de declaraciones

financieras que enumeren sus activos, pasivos, puestos, regalos y reembolsos (y los de sus cónyuges e

hijos menores de edad). Los informes financieros de los jueces federales y de ciertos funcionarios del

ramo judicial los guarda la Oficina Administrativa de los Tribunales Federales de los Estados Unidos y

están disponibles para el público a petición de los interesados.

Los jueces no podrán participar en actividades políticas, el ejercicio del derecho o en los

negocios (salvo inversiones). Pero pueden dedicar tiempo al servicio público y a actividades

educativas. En efecto, los jueces federales tienen la distinguida reputación de prestar servicios a la

abogacía mediante sus escritos, oratoria y enseñanza. Este importante papel se reconoce en las normas

de conducta profesional que anima a los jueces a que participen en actividades para mejorar las leyes,

el ordenamiento jurídico y la aplicación de la justicia. El ingreso recibido por actividades extrajudiciales,

tales como la enseñanza, se limita al 15 por ciento del salario del juez. 

Remuneración de los Jueces

Los jueces federales perciben salarios y prestaciones laborales fijados por el Congreso, los

cuales son comparables con los recibidos por los miembros del Congreso y otros funcionarios

gubernamentales de antigüedad. La Constitución Política dispone que la remuneración de los jueces

del Título III no podrá ser reducida durante el tiempo de su nombramiento.

Jueces Semi-pensionados y Pensionados 

Los jueces de los Tribunales de Apelación, de primera instancia federales y del Tribunal de
17

Comercio Internacional tiene nombramientos vitalicios, según dispone la Constitución Política. Por lo

tanto, a ellos no se les exige pensionarse a ninguna edad, pero ellos pueden elegir pensionarse

voluntariamente del servicio activo con el pago del salario completo si tienen por lo menos 65 años de

edad y reúnen ciertos requisitos de años de servicio. La mayoría de los jueces del Título III que se

pensionan continuan conociendo causas a tiempo completo o a medio tiempo como "jueces semipensionados" sin remuneración adicional. Los jueces de Quiebra, de instrucción y del tribunal de

reclamos federales que se hayan pensionados podrían ser llamados a prestar servicios de nuevo. Sin

los servicios de los jueces semi-pensionados y pensionados, el Poder Judicial necesitaría muchos más

jueces para atender las causas. Por ejemplo, los jueces semi-pensionados, normalmente tramitan entre

el 15 y el 20 por ciento del total de causas de los tribunales de apelación y de primera instancia 

federales.

Capacitación Judicial

Los jueces federales de los Estados Unidos normalmente aportan una vasta experiencia a la

judicatura. Los programas de capacitación y adiestramiento del Poder Judicial están diseñados para

aprovechar esa pericia mediante instrucción impartida que se conforma precisamente a la situación. Los

tres recursos principales de los programas de capacitación judicial son el Centro Judicial Federal, la

Oficina Administrativa y los tribunales individuales. Además, la Comisión de Sentencias de los EE. UU.

brinda capacitación enfocada en asuntos de las pautas de la sentencia.

El Centro Judicial Federal, una organización del Poder Judicial, es el recurso principal de

investigación y capacitación para los jueces federales. El Centro ofrece una variedad de programas

educativos para jueces y otros empleados del ramo judicial sobre temas legales sustanciales, el arte de

juzgar y la administración de las causas. Además de participar en un programa de orientación poco

tiempo después de ser nombrados, los jueces del Título III son invitados por el Centro para que

participen en un Congreso de tres días de duración enfatizando las nuevas leyes, el desarrollo del

derecho jurisprudencial y aptitudes judiciales específicas. El Centro ofrece programas para jueces de

instrucción y de Quiebra sobre temas y aptitudes directamente relacionados con su labor. El Centro

también ha elaborado, a menudo conjuntamente con Facultades de Derecho, varios programas

especiales enfocados en áreas específicas de la ley (i.e. la propiedad intelectual o el uso de pruebas

científicas). Además de seminarios y talleres en vivo, el Centro produce videocintas, grabaciones,

manuales y otras publicaciones para asistir a los jueces en el ejercicio de sus funciones.

La Oficina Administrativa ofrece programas de capacitación, para los jueces sobre informática

y otros asuntos administrativos. Los jueces que son nombrados a la judicatura son invitados a participar

en una sesión de orientación de un día para informarles sobre asuntos como el salario y las prestaciones

laborales, la contratación de personal, la organización y adminstración del Poder Judicial, ética judicial

y la seguridad personal. La Oficina Administrativa ofrece programas de adiestramiento especiales para

los nuevos presidentes de los tribunales federales, de apelación y de Quiebra. Además, la Oficina

Administrativa le ofrece a todos los jueces capacitación sobre el uso y aplicación de las computadoras
18

y otros recursos de la informática. 

El Centro Judicial Federal, la Oficina Administrativa y la Comisión de Sentencias de los

Estados Unidos administran un sistema de televisión de circuito cerrado que transmite diariamente

programas educativos e informativos para los jueces y personal del ramo judicial. Finalmente, los

tribunales individuales también pueden llevar a cabo programas de orientación internos para los jueces

nuevos así como también mesas redondas y otros programas esenciales para todos los jueces. 

Personal del Juez

Además del personal del ramo judicial nombrado por el tribunal en general, a cada juez se le

permite contratar su propio personal conocidos como "personal del despacho del juez". Los jueces

pueden contratar una secretaria para que les ayude con los asuntos administrativos e investigadores

legales (law clerks) para que le ayuden en la indagación de asuntos de derecho y en la redacción de

documentos. El personal del despacho está sujeto a las restricciones éticas contenidas en las Normas

de Conducta de los Empleados del Ramo Judicial.

Los deberes del personal del despacho varían sujetos a las preferencias laborales y

administrativas de cada juez o tribunal. Los jueces supervisan atentamente y revisan el trabajo del

personal del despacho. Mediante el uso de sus empleados para llevar a cabo investigaciones y otras

labores no relacionadas con el ejercicio de las facultades inherentes a un juez, cada uno de ellos puede

desempeñar sus obligaciones más eficazmente. 
19

6. CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL SISTEMA JUDICIAL DE LOS EE.UU.

El Sistema Contradictorio

Al sistema de litigio de los tribunales federales de los Estados Unidos se le llama sistema

contradictorio porque depende de los litigantes para que presenten su disputa ante un determinador de

hechos neutral. De acuerdo con la tradición de derecho estadounidense, heredada del derecho

consuetudinario (common law) británico, se cree que es muy probable que el encuentro entre los

adversarios ante el juez permita que un jurado popular o el juez pueda determinar la verdad y resolver

la disputa. En otros sistemas de derecho, los jueces o los jueces de instrucción llevan a cabo

investigaciones para obtener pruebas de importancia o testimonio de testigos. Sin embargo, en los

Estados Unidos la labor de recabar y preparar las pruebas para presentarlas le corresponde a los

litigantes y sus abogados, normalmente sin la ayuda del juez. El papel principal del juez es estructurar y

regular el desarrollo de los puntos en controversia entre los adversarios y asegurarse que éstos se

apeguen a las leyes y se llegue a una resolución equitativa. 

El Sistema Consuetudinario (Common Law)

El proceso judicial de los Estados Unidos se basa en gran medida en el sistema jurídico

británico del derecho consuetudinario (common law). El common law es el derecho elaborado e

interpretado por los jueces en vez de un conjunto de normas jurídicas tales como los códigos de los

sistemas de derecho continental o romano-germánico. Una característica fundamental del common

law es la doctrina del “precedente,” de conformidad con la cual los jueces emplean los principios de

derecho establecidos en causas anteriores para decidir causas nuevas con hechos similares y que

presentan cuestiones de derecho similares. Los jueces de tribunales inferiores tienen la obligación de

acatar las resoluciones de los otros tribunales superiores dentro de su jurisdicción.

En la mayoría de los ámbitos de leyes federales, en este siglo, el Congreso ha promulgado

legislación cuidadosamente pormenorizada, algunas veces llamada "compilaciones" que establecen los

principios fundamentales de derecho en las diferentes aspectos de la ley. Por ejemplo, estas 

compilaciones de leyes (aprobadas por la legislatura) incluyen las leyes de Quiebra, de Tributación, de

Seguridad Social, la ley de creación y la de regulación de la Bolsa de Valores. Además, los estados

individuales han aprobado varias compilaciones extensas, tales como la de Uniformidad Comercial.

Estos preceptos a menudo son ampliadas e interpretadas por normas aprobadas por las agencias

administrativas federales y estatales. 

A pesar del aumento de las leyes aprobadas por la legislación en el siglo pasado, las leyes y

normas , aun cuando se les llama "compilaciones" continúan siendo interpretadas al estilo del common

law o de "precedentes." Así que, por ejemplo, al aplicar la Compilación de leyes Concursales, un

tribunal de Quiebra consultará la jurisprudencia correspondiente para determinar si existen resoluciones

de la Corte Suprema o fallos del tribunal de apelación que aplican un capítulo en particular de la
20

compilación en situaciones con características fácticas similares. Los abogados que debaten el asunto

ante el juez no sólo disputan si la situación debe ser gobernada por un capítulo en particular de la ley,

pero también si deberá ser regida por un fallo anterior en una causa supuestamente similar.

Todos los jueces de los Estados Unidos, sin tener en cuenta el nivel del tribunal en el cual se

desenvuelven, ejercen la facultad de revisión judicial. Se les exige acatar la jerarquía de leyes que

colocan la Constitución Política de los Estados Unidos por encima de todas las demás leyes. Por lo

tanto, los jueces no sólo acatarán los precedentes al interpretar las leyes, normas y actuaciones de los

funcionarios del Poder Ejecutivo, pero procurarán interpretarlas de acuerdo con la Constitución

Política. Aunque normalmente suponen que los precentos y actuaciones que revisan son válidas, los

jueces anularán las leyes, normas o actuaciones del poder ejecutivo que ellos determinen que son

incompatibles con la Constitución Política.

Costas y Honorarios de Litigio

Otra característica del sistema judicial estadounidense es que los litigantes normalmente pagan

sus propias costas de litigio ya sea que ganen o pierdan. Los tribunales federales cobran costas

módicas, la mayoría de las cuales son fijadas por el Congreso. Otros gastos del litigio, como los

honorarios de los abogados y de los peritos, son más sustanciales. Los demandantes en materia civil

que no puedan pagar las costas pueden solicitar autorización para seguir los trámites sin tener que

pagar. En algunas clases de causas en lo civil, incluyendo ciertas vulneraciones a los derechos civiles, al

demandado podría ordenársele que pague los honorarios del abogado del demandante. En causas en

materia penal, el gobierno paga las costas de la investigación y encausamiento. También cubre los

honorarios de un abogado, dado el caso de que el acusado no pueda pagarlos.

Ejecución de Sentencias

La ejecución y el cumplimiento de sentencias es la responsabilidad de los litigantes, no de los

tribunales. En causas de materia penal, el Alguacil Federal de los Estados Unidos (un empleado del

Departamento de Justicia) se encarga de mantener a los presos bajo custodia. Si el tribunal ordenó el

pago de multas, le corresponde a la Secretaría del Tribunal recibir el dinero y distribuirlo según las

órdenes del juez. Sin embargo, el Departamento de Justicia está a cargo de hacer cumplir los

mandatos judiciales y de cobrar el dinero e incautar los bienes si el acusado no paga las multas.

En causas de materia civil, las partes mismas son las encargadas de la ejecución de las órdenes

judiciales, aunque los tribunales mantienen la constancia de todas las sentencias para inspección

pública. Muchas de las sentencias de indemnización monetaria están cubiertas por varios tipos de

pólizas de seguros y en esos casos las compañías de seguros deciden cómo se cumplirá con la orden

judicial civil. La parte ganadora podría obtener la asistencia del tribunal para examinar al deudor y

emprender ciertas acciones judiciales para proteger los bienes en del patrimonio del deudor. La parte

ganadora también podría solicitar la asistencia de los tribunales estatales para hacer cumplir una
21

sentencia federal de indemnización monetaria mediante las soluciones jurídicas estatales como el

embargo salarial o la incautación de bienes de la parte perdedora. Por lo general, una sentencia en lo

civil se torna en un embargo preventivo de los bienes de la parte perdedora y el monto de la sentencia

acumula intereses a una tasa de rendimiento específica hasta que el monto de la indemnización se halla

recaudado en su totalidad.

Normas Procesales de Litigación 

De conformidad con la Ley de Autorización de Normas de 1934, el Poder Judicial está a

cargo de dictar los reglamentos procesales y de la prueba que gobiernan todas las actuaciones ante los

tribunales federales. De conformidad con esta facultad, el poder judicial ha establecido normas

federales de la prueba y de procedimiento civil, penal, de Quiebra y de apelación, las cuales fueron

diseñadas para fomentar la sencillez, la equidad, la justa determinación de un litigio y para eliminar los

gastos y retrasos injustificables. Son redactadas por comités de jueces, abogados y profesores

nombrados por el Presidente de la Corte Suprema. La Oficina Administrativa publica las normas

extensamente para obtener comentarios del público, la Comisión Judicial de los Estados Unidos las

aprueba, y la Corte Suprema las promulga y se convierten en ley a menos que el Congreso vote para

rechazarlas o modificarlas.

Actas de Actuaciones Judiciales 

Todos los juicios orales y públicos y las actuaciones previas al juicio celebrados en sesión

pública son anotados por el taquígrafo oficial o grabados por equipo de sonido. El taquígrafo oficial es

una persona con capacitación especial para anotar todas las declaraciones y presentar un informe literal

(copia oficial) llamado transcripción. Una transcripción escrita y literal podría prepararse de ser

necesario para una apelación o a solicitud de uno de los litigantes o de terceros.

Publicación de Resoluciones Judiciales

Debido a que los tribunales del common law se basan en precedentes judiciales al interpretar y

aplicar las leyes, es esencial que las resoluciones judiciales de asuntos de derecho de actualidad estén

disponibles en seguida para los tribunales y abogados que tramitan asuntos similares. Con el avance de

la tecnología en los tribunales federales, la mayoría de los fallos y resoluciones judiciales se preparan en

computadoras personales usando programas estándar de procesamiento de palabras. Prácticamente

todas las resoluciones y órdenes judiciales están en el archivo público y disponibles para ser revisadas

o copiadas en el edificio del tribunal y algunos de ellos se publican oficialmente generalmente por medio

de empresas privadas. Además, casas editoriales de textos de derecho y compañías de servicios

computadorizados de investigación legal, tales como Westlaw y Lexis/Nexis, ponen a la venta las

resoluciones judiciales, compilaciones de leyes y otros materiales legales para la Confederación de los

Colegios de Abogados y el público en general.

La mayoría de los tribunales tienen su propio sitio web y sus resoluciones judiciales están
22

disponibles electrónicamente en la Internet. Además, algunas facultades de Derecho han empezado a

recopilar resoluciones judiciales, principalmente de los tribunales de Apelación, y a ponerlas a la

disposición del público en general. Algunos ejemplos de recopilaciones de las resoluciones de la Corte

Suprema y del Tribunal de Apelación incluyen los siguientes sitios:

http://vls.law.vill.edu/Locator/fedcourt.html

http://www.law.emory.edu/FEDCTS

http://www.law.cornell.edu 
23

7. RESUMEN DEL PROCESO JUDICIAL FEDERAL

Causas en Materia Civil

Una causa federal en materia civil implica una disputa legal entre dos o más partes. Para

interponer una demanda civil en el tribunal federal, el demandante presenta un escrito de demanda ante

un tribunal federal y notifica al demandado enviándole una copia de la misma. El escrito de demanda es

una declaración breve que describe el daño o pretensión del demandante, explica cómo el demandado

causó el daño y solicita que el juez ordene el desagravio (satisfacción). Un demandante podría solicitar

compensación económica por el daño o pedirle al juez que ordene que el demandado desista de la

conducta que causa el daño. El juez podría asentar otras clases de desagravio, tales como la

declaración de los derechos del demandante en una situación en particular. 

Durante la fase preparatoria del juicio oral y público, los litigantes pueden llevar a cabo la

exhibición cuando los litigantes tienen que dar a conocer a la parte contraria los puntos litigiosos y las

armas procesales, como por ejemplo la identidad de los testigos y el testimonio que se espera que

presenten y copias de los documentos relacionados con la causa. El propósito de la exhibición es

prepararse para el juicio oral y público y evitar la sorpresa procesal durante éste al exigir que los

litigantes reúnan los medio de prueba y se preparen para emplazar a los testigos antes del inicio del

juicio oral y público. El ámbito de aplicación de la exhibición es amplio y ésta es dirigida por las partes

de conformidad con las normas procesales de los tribunales. Los jueces únicamente participan hasta el

punto que sea necesario para supervisar el proceso y resolver disputas que los litigantes hagan de su

conocimiento.

Un método común de exhibición es la "deposición" o declaración jurada. Durante una

deposición, se le exige al testigo contestar bajo juramento las preguntas que le hacen los abogados

relacionadas con la causa en presencia de un taquígrafo oficial. Un segundo método de exhibición es la

"absolución de posiciones," o cuando una de las partes presenta una pregunta por escrito a la otra y la

pregunta debe contestarse bajo juramento. Un tercer método permite que una de las partes le exija a la

otra que presente documentos y otros datos bajo su custodia o dominio y ingrese en la propiedad de la

otra para realizar una inspección o para otro propósito relacionado con el litigio.

Cada parte puede presentar ante el tribunal solicitudes o "peticiones" sobre asuntos de

aplicación de las leyes para que el juez las resuelva. Algunas peticiones son para que se dicte una

resolución que determine si la causa procede a Derecho. Por ejemplo, una "petición de sobreseimiento"

podría argumentar que el demandado no ha presentado una pretensión que pueda ser resuelta por el

desagravio dispuesto por ley, o que el tribunal no tiene competencia sobre las partes o la pretensión en

cuestión y, por lo tanto, no tiene la facultad de adjudicar. Una "petición de fallo sumario" alega que no

hay asuntos de hecho en disputa para ser resueltos por un jurado popular e insta al juez a resolver la

causa con base únicamente en la aplicación de las leyes. Otras peticiones se centran en el proceso de

exhibición, específicamente en las disputas sobre qué información está sujeta a las normas de

exhibición, la protección de la privacidad o confidencialidad de cierta información, o en instancias para
24

que el juez a salvaguarde medios de prueba para usar durante el juicio oral y público. Otras peticiones

se dirigen a asuntos procesales tales como la determinación de la jurisdicción correspondiente para la

causa, del calendario de actuaciones para la exhibición o el juicio oral y público o los procedimientos

conducentes durante el juicio. 

Para evitar las costas y la demora de celebrar un juicio oral y público, los jueces instan a los

litigantes a que busquen una solución extrajudicial. La mayoría de los jueces dirigen conferencias

resolutarias con las partes y podrían referir un caso a un mediador capacitado o árbitro para facilitar

una solución. Es por esto que los litigantes a menudo resuelven las demandas mediante "acuerdos

extrajudiciales". La mayoría de las causas civiles se terminan por acuerdo o sobreseimiento sin llegar a

juicio oral y público.

Si no se llega a un acuerdo, el tribunal proseguirá con el proceso hasta llegar al juicio oral y

público. En una amplia variedad de causas en lo civil, cualquiera de las partes, de conformidad con la

Constitución Política, tiene derecho de solicitar un juicio oral y público ante un jurado popular. Si las

partes renuncian al derecho de [celebrar el juicio con] jurado, la causa será conocida por un juez (sin

jurado).

Si se celebra un juicio oral y público, los testigos dan testimonio bajo juramento y responden a

las preguntas de los abogados. La presentación del testimonio se realiza bajo la supervisión del juez y

debe cumplir con las normas solemnes de la prueba diseñadas para asegurarse de la equidad,

veracidad y exactitud del testimonio y los documentos. Al finalizar la presentación de la prueba, cada

parte ofrece un discurso de clausura. En los juicios orales y públicos con jurado, el juez le da al jurado

las instrucciones sobre la doctrina jurídica y les hace saber cuáles son los hechos y cuestiones [de

Derecho] que deben decidir. Si el juicio oral y público fue sin jurado, el juez resuelve tanto los hechos

como los asuntos de Derecho. En causas de lo civil, la carga de la prueba de los puntos en litigio recae

en el demandante que debe convencer al jurado (o al juez si no hay jurado) por la "preponderancia de

la prueba" i.e., que es más probable, que el demandado es responsable de acuerdo con la ley por los

daños y perjuicios sufridos por el demandante. 

Causas en Materia Penal

El procedimiento que se sigue en causas penales se diferencia del de las causas civiles en varios

aspectos importantes. Las partes de la causa penal son el Procurador de los Estados Unidos (el

procurador o fiscal que representa el Departmento de Justicia) y el acusado o acusados. Las

investigaciones criminales las realiza el Departamento de Justicia y otras dependencias que velan por el

cumplimiento de las leyes; todas son parte del poder ejecutivo. El tribunal no desempeña ningún papel

en las investigaciones criminales; su papel en el proceso jurídico penal consiste en la aplicación de las

leyes y pronunciar resoluciones de hecho y de Derecho.

El Congreso ha dividido los delitos federales en tres clasificaciones principales. Los delitos
25

mayores son los delitos más graves y pueden ser penados con más de un año de prisión. Los delitos

menores son menos graves y pueden ser penados hasta con un año de prisión. Los delitos de menor

gravedad, llamados contravenciones o faltas, pueden ser penados con hasta seis meses de reclusión. 

La mayoría de las contravenciones o faltas se penan con multas en vez de pena de prisión. 

Inmediatamente después de la detención, un agente pre-procesal entrevista al acusado y lleva a

cabo una investigación de su historial. La información obtenida por el agente pre-procesal o de

libertad condicional la utiliza el juez para decidir si va a conceder libertad provisional al acusado y bajo

qué condiciones.

En la audiencia inicial, un juez (por lo general un juez de instrucción) le notifica al acusado de

las acusaciones radicadas en su contra, decide si el acusado debe quedarse en detención preventiva

pendiente al juicio oral y público y decide si existe "motivo fundado" para suponer que se ha cometido

un delito y que el acusado fue quien lo cometió. Se le notifica de su derecho a que el juez nombre a un

abogado para su defensa si no pueden contratarlo. La ley dispone que cada tribunal de distrito debe 

tener implementado un plan para proporcionar abogados capacitados para la defensa de los acusados

que no pueden pagar abogados particulares. El juez podría nombrar a un abogado defensor federal

público (funcionario federal empleado a tiempo completo nombrado por el Tribunal de Apelación), a

un abogado defensor comunitario (miembro de una organización de ayuda legal en la comunidad

subsidiado por el poder judicial) o un abogado particular a quien el tribunal contrata para este tipo de

causas. En todas estas clases de nombramientos, el tribunal, mediante asignación presupuestaria del

Congreso, cubre los honorarios del abogado defensor. Los acusados que salen en libertad provisional

pendiente el juicio oral y público probablemente tendrán que obedecer ciertas restricciones, por

ejemplo arresto domiciliario, análisis de uso de drogas y presentarse periódicamente ante un agente

pre-procesal para garantizar su comparecencia al juicio oral y público.

De conformidad con la Constitución Política, una causa por delito mayor puede proseguir

después de las etapas iniciales sólo si al indiciado es acusado formalmente por medio de un documento

acusatorio de un jurado indagatorio. El jurado indagatorio estudia las pruebas presentadas por el

procurador federal para decidir si existen suficientes justificaciones para enjuiciar al acusado. 

En la audiencia llamada la lectura de cargos el acusado contesta en acta a las acusaciones

radicadas por el procurador federal. La mayoría de los acusados — más del 90 por ciento — se

declara culpable en vez de somseterse a juicio oral y público. Se lleva a cabo un "convenio

declaratorio" cuando el acusado se declara culpable a cambio de que la procuraduría retire ciertas

acusaciones o recomiende una pena menos severa. El juez puede imponer la condena cuando se

formaliza el convenio, pero por lo general se fija la fecha para la imposición de la pena más adelante. 

Si el acusado no se declara culpable el juez procede a fijar la fecha del juicio.

 Tanto las causas penales como las civiles cuentan con un plazo limitado para celebrar

diligencias preliminares para la revelación de la prueba y con restricciones necesarias para proteger la

identidad de los informantes del gobierno y evitar la intimidación de testigos. Los abogados también
26

pueden presentar pedimentos para que el juez haga las determinaciones debidas antes del juicio oral y

público. Por ejemplo, la defensa podría presentar pedimentos para que el juez no permita que se

presenten en el juicio ciertas pruebas que el acusado crea fueron obtenidas indebidamente por el

gobierno y en perjuicio de sus derechos constitucionales. 

En un juicio penal, la procuraduría tiene la responsabilidad de la prueba. La defensa no tiene

que demostrar la inocencia del acusado, al contrario, la procuraduría tiene que presentar las pruebas y

convencer al jurado que el acusado es culpable. Los requisitos de prueba son mucho más estrictos en

un juicio penal en comparación a una demanda civil. Tiene que ser "más allá de una duda razonable", o

sea, las pruebas tienen que ser tan decisivas que no quepa duda razonable que el acusado cometió el

delito. El juez instruye al jurado sobre la ley que es procedente a las decisiones que ellos deben tomar.

Dado el caso que el acusado sea absuelto, la procuraduría no puede apelar ni puede enjuiciarlo

nuevamente por el mismo ilícito. La Constitución Política prohíbe el “procesamiento doble", o sea, que

no se puede ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible.

El juez debe acatar las pautas de penas federales expedidas por la Comisión Federal de

Sentencias, una organización del poder judicial cuyas metas son:

• integrar los objetivos de la imposición de sentencias (i.e., castigo justo, impedir la

perpetración de delitos, eliminar la posibilidad de delinquir y facilitar la rehabilitación);

• imponer sentencias bien definidas y justas para evitar diferencias sin justificación entre

delincuentes que compartan características similares por la misma conducta ilícita y a la

vez que permita cierta flexibilidad judicial para tomar en cuenta algunos agravantes y

atenuantes pertinentes;

• reflejar, en lo posible, los adelantos en el campo del comportamiento humano según

sean procedentes dentro del proceso jurídico penal.

Las pautas proporcionan a los jueces federales marcos penales en conformidad con la

conducta ilícita y los antecedentes penales del acusado. Según las pautas, a cada delito se le asigna en

conformidad a la gravedad del mismo un nivel que varía del uno al 43. A cada acusado se le coloca

dentro de una de seis clasificaciones de antecedentes penales con base en cuán extensos y recientes

sean sus antecedentes. El punto de intersección entre el nivel del delito y la clasificación por

antecedentes los determina el marco penal. Para que el juez cuente con flexibilidad, el punto máximo de

cada marco penal excede el mínimo por seis meses 0 el 25 por ciento (la cantidad más alta).

Por lo general, el juez tiene que dictar su fallo de acuerdo con la tabla de penas a menos que

identifique un factor no tomado en cuenta por la Comisión de Sentencias que justifique una pena

diferente, y siempre tiene que fundamentar sus razones para la imposición de dicha pena. Todas las

sentencias pueden ser revisadas por los tribunales de apelación en casos de aplicación indebida de las

pautas y las leyes las rigen. Las sentencias diferentes a la escala de pautas están subordinadas al criterio
27

de los tribunales de apelación en caso de un abuso de la autoridad, y toda sentencia puede ser revisada

por si hubiese una aplicación incorrecta de las pautas pertinentes o de la ley.

En la mayoría de las causas penales, el juez espera que se prepare un informe investigativo

precondenatorio antes de imponer la pena, el cual es elaborado por el departamento de libertad

condicional. Dicho informe le proporciona al juez un resumen de la información de trasfondo del

acusado, datos detallados de la perpetración del delito y los antecedentes penales del acusado, lo cual

es necesario para imponer una pena adecuada.

La pena podría incluir condena de prisión, multas a pagar al gobierno, servicio comunitario e

indemnización por daños a los perjudicados. Si el acusado es excarcelado, estará bajo la supervisión

de los agentes de libertad condicional quienen se asegurarán que se cumplan las condiciones impuestas

por el juez. La supervisión también podría incluir análisis y tratamiento de drogadicción y alcoholismo,

capacitación vocacional y programas alternativos de detención

Prestar Servicio en un Jurado

Una de las maneras más importantes en que un ciudadano puede participar en el proceso

judicial federal es prestar servicio como miembro de un jurado. Hay dos tipos de jurados que cumplen

funciones distintivas en los tribunales federales de primera instancia: los jurados en un juicio oral y

público (también denominados petit juries) y los jurados de acusación o indagatorios (grand jury). 

Normalmente el jurado de un juicio en materia civil consiste de seis a 12 personas. En una

causa civil, el jurado escucha las pruebas presentadas durante el proceso y decide si el demandado

causó daños al demandante, o si hubo incumplimiente del desagravio ordenado judicialmente y

determinar cuál debe ser la compensación o sanción. El jurado de una causa penal consiste de 12

miembros y decide si el acusado cometió el delito que se le imputa. Tanto en las causas penales como

las civiles los veredictos deben ser unánimes, aunque las partes de una causa civil podrían aceptar un

veredicto sin unanimidad. Las deliberaciones de los miembros del jurado se llevan a cabo en privado,

fuera de la vista y oídos de personas ajenas al jurado. 

Al jurado de acusación o indagatorio, que normalmente consiste de 16 a 23 miembros, le

corresponde una labor especializada. El Procurador Federal presenta pruebas ante el jurado de

acusación o indagatorio para que ellos determinen si existen "motivo fundado" de que un individuo ha

cometido un crimen y deberá ser procesado. Si el jurado acusatorio decide que hay suficientes indicios,

expedirá una acusación formal contra el acusado. Las actuaciones del jurado acusatorio no son del

dominio público.

Los candidatos a jurados son seleccionados al azar de las listas de nombres de electores

inscritos y de quienes tengan licencia de conducir dentro del distrito judicial. Los candidatos a jurados

llenan cuestionarios para determinar si son idóneos para prestar servicio en un jurado. Después de
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revisar los cuestionarios, el tribunal escoge al azar a individuos que serán citados para que prestar

servicio. Estos métodos de selección ayudan a que se asegure que los candidatos sean una muestra

representativa de la comunidad, haciendo caso omiso de raza, género, origen étnico, edad o afiliación

política. El tribunal remunera módicamente a los miembros de un jurado por su servicio y costas.

El ser citado para prestar servicio no garantiza que un individuo llegue a ser insaculado. Para el

juicio, un grupo de candidatos acude a la sala se celebrará el juicio. El juez y los abogados le hacen

preguntas para determinar su idoneidad para fungir como jurados; este proceso se conoce como

"examen preliminar de un jurado" (voir dire). El objetivo del voir dire es excluir a quienes sean

incapaces de decidir imparcialmente sobre la causa. El juez eximirá de prestar servicio a los miembros

del panel que conozcan a alguna de las partes involucradas en el proceso, que tengan información

sobre la causa o expresen fuertes prejuicios contra las personas o cuestiones relacionadas con la causa. 

Los abogados también podrán recusar a cierto número de jurados sin causa.
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Cualificaciones y Exenciones

Cualificaciones para ser jurado:

- ciudadano de los Estados Unidos;

- de por lo menos 18 años de edad;

- residente del distrito,un año mínimo;

- dominio adecuado del inglés;

- no tener estado mental o físico que

presente impedimento;

- libre de cargos por delito mayor;

- jamás haber sido condenado por delito

(salvo que los derechos civiles estén

restaurados).

Exenciones del Servicio:

- miembros en servicio activo de las

fuerzas armadas

- miembros de la policía o bomberos

- ciertos funcionarios públicos

- otras basadas en pautas de tribunales

individuales (tales como miembros de

organizaciones voluntarias de servicios de

emrgencias, y quienes recientemente han

servido en un jurado).

Aplazamiento temporal de servicio:

- son otorgadas por el juez a su discreción

con base en "dificultad indebida o

molestia extrema".

Condiciones del Servicio 

Plazo del servicio:

- varía según el tribunal

- algunos exigen un día o la duración de

un juicio; otros exigen plazo fijo de hasta

un mes o más (si el juicio es más largo).

- el jurado acusatorio puede durar hasta

18 meses.

 

Pago:

$40 por día; en algunos casos podrían

recibir viáticos (alimentos y transporte).

Protección laboral:

Por ley, los patronos tienen que dar

permiso (con o sin goce de sueldo) a los

empleados para que presten servicio. La

ley prohibe que los patronos despidan,

intimiden o coaccionen a empleados con

plaza fija debeido a su servicio como

jurado.

Causas en Materia de Quiebra (Derecho Concursal)

Los tribunales federales tiene la competencia exclusiva de las causas de quiebra. Esto significa

que este tipo de causas no puede interponerse ante los tribunales estatales. Los tribunales de Quiebra

fueron fundados por el Cogreso para que funcionen dentro del sistema federal y sean dirigidos por

jueces de quiebra.

Los objetivos principales del Derecho de Quiebra son: (1) permitir a un deudor hacer "borrón

y cuenta nueva" en su vida al liberarlo de la mayoría de sus obligaciones, (2) reembolsar a los

acreedores en forma justa y organizada hasta donde lo permitan los activos disponibles del deudor

para liquidar, (3) reorganizar una empresa insolvente mediante la reestructuración de las obligaciones o

la empresa misma o, en su lugar, proveer pautas para la liquidación organizada de la empresa
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insolvente, y (4) disuadir y rectificar acciones deshonestas de deudores o acreedores que podrían

debilitar los objetivos del derecho concursal. 

El derecho concursal fomenta la habilidad de pronosticar y la armonía en el mercado al proveer

parámetros de riesgo para los acreedores cuando dan crédito a los deudores. Además, los tribunales

de Quiebra proveen opciones de resolución de disputas mercantiles entre deudores y acreedores toda

vez que surjan problemas en la relación, brindando estabilidad al mercado. Finalmente, el derecho

concursal fomenta la iniciativa empresarial ya que permite que quienes fundan empresas que se vuelven

insolventes por razones fuera de su control hagan "borrón y cuenta nueva".

En los Estados Unidos, a diferencia de muchos otros países, la quiebra es voluntaria. En otras

palabras, es el deudor quien inicia el proceso en busca de protección contra los acreedores, en vez de

ser los acreedores quienes tratan de facilitar el cobro de las obligaciones contraídas por un deudor en

común. Una causa de quiebra voluntaria normalmente se inicia cuando el deudor introduce la solicitud

ante el tribunal de Quiebra. La solicitud puede ser presentada por un particular, por el esposo y la

esposa juntos, o por una sociedad anónima, una sociedad colectiva o alguna otra entidad empresarial. 

Los acreedores pueden presentar la solicitud de quiebra necesaria contra los deudores que no

pueden hacer frente a las deudas contraídas. Las

solicitudes de quiebra necesaria son

relativamente poco comunes en los Estados

Unidos, donde más del 99 por ciento de las

causas de quiebra son voluntarias. Un deudor

que protesta la solicitud de los acreedores no

podrá ser declarado deudor quebrado a menos

que los acreedores puedan demostrar que se ha

cumplido con ciertos requisitos de ley,

incluyendo la fundamentación de los acreedores

para presentar la solicitud y que el deudor no

esté pagando las deudas a su vencimiento.

Un deudor quebrado, ya sea por la vía

voluntaria o la necesaria, tiene la obligación de

presentar listas de sus activos, ingresos, pasivos

y los nombres y direcciones de los acreedores y

los montos que les debe. La presentación de la

solicitud ante el tribunal automáticamente impide

o "suspende" prácticamente todos los cobros e

incautaciones al deudor y sus bienes y haberes

(con unas notables excepciones especificadas en

la compilación de legislación concursal tales

Las Leyes de Quiebras disponen tres clases de

procedimientos concursales:

1. Liquidación de los bienes del deudo 

(excepto ciertos bienes exentos) y

repartición de ganancias, si las hay, a los

acreedores. (Capítulo 7)

2. Ajuste de deudas del individuo o de

esposos que permite que reembolsen a

sus acreedores total o parcialmente

durante un plazo de hasta cinco años de

conformidad con un plan pormenorizado

aprobado por el juez. (Capítulo 13)

3. Reorganización de los asuntos

financieros de un deudor, normalmente

una empresa, mediante un plan

propuesto para la aprobación de tanto

los acreedores como del juez. (Capítulo

11)
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como una causa en lo penal contra el deudor). Mientras la suspensión continúe en vigor, los

acreedores no pueden presentar solicitudes o continuar con el trámite de las ya presentadas, ni

embargar el salario o incautar bienes hipotecados o dados en garantía, ni exigir pagos sin que el tribunal

de quiebras lo autorice. La Secretaría del Tribunal avisa a los acreedores que el deudor ha presentado

una petición para que se le declare en quiebra; los acreedores tienen la obligación de presentar

comprobantes de sus reclamos para recibir su parte durante la distribución del patrimonio del deudor.

Más del 70 por ciento de las causas de quiebra se presentan de conformidad con el Capítulo 7

de la Compilación de leyes Concursales (Bankruptcy Code), que se refiere a la liquidación del

patrimonio del deudor. En estas causas, un Curador o Síndico Concursal y Procesal Federal,

funcionario del Departamento de Justicia nombrado para hacerse cargo de la administración del

proceso concursal en la mayoría de los distritos de los tribunales federales, nombra un curador o

síndico concursal quien toma el control de prácticamente todos los bienes y haberes del deudor, con la

excepción de ciertas categorías [de bienes] exentas de la incautación. El curador o síndico liquida los

bienes y los reparte entre los acreedores según el orden de preferencia prescrito por ley. También le

corresponde al curador o síndico protestar los reclamos injustificados, investigar la posible conducta

fraudulenta del deudor antes y durante el proceso concursal, y recuperar los reclamos que el

patrimonio en cuestión pudiera tener contra terceros, incluyendo partes que hayan recibido

transferencias fraudulentas o pagos preferenciales del deudor durante el periodo previo a la quiebra. Al

final del proceso de liquidación, los deudores normalmente reciben una "exoneración" de todos los

reclamos previos a la quiebra, excepto de ciertas categorías de reclamos, tales como de manutención

de familiares a su cargo o de tributación, que no pueden ser exonerados.

Cualquiera de las partes interesadas, incluyendo los acreedores y el curador o síndico

concursal, pueden objetar a la exoneración de un reclamo en particular o la exoneración del deudor en

general en virtud de fraude cometido por el deudor. Si se presenta la objeción a tiempo, el tribunal de

quiebras celebrará una audiencia y determinará si la exoneración de un reclamo protestado o la

exoneración general de las deudas es permitida conforme a derecho. Durante una causa concursal se

podría litigar sobre asuntos tales como quién es el dueño de cierto bien, cómo deberá utilizarse, en

cuánto está valorado el bien, cuánto se debe de una deuda, o cuánto dinero se debe pagar a los

abogados, contadores, subastadores y demás profesionales. En el tribunal de quiebras, la litigación 

sigue un procedimiento similar al de los procesos civiles federales: la exhibición [de los medios de

prueba y armas procesales], consultas procesales previas al juicio oral y público, conferencias

resolutorias y el juicio.

En la mayor parte de los casos de liquidación de deudores que son consumidores, los bienes

del patrimonio para pagar a los acreedores son pocos o inexistentes. En estos casos, el deudor

normalmente recibe una exoneración sin mucho litigio. 

Las solicitudes de declaración de quiebra también pueden ser presentadas para permitir que el

deudor se reorganice y establezca un plan para pagar reembolsar a los acreedores. De conformidad
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con el Capítulo 11 de la Compilación de Leyes Concursales (Bankruptcy Code), las empresas que

atraviesan problemas financieros podrían obtener la aprobación judicial de un plan de reorganización

para reembolsar a los acreedores sin tener que liquidar sus bienes y haberes inmediatamente. A

diferencia de las "resoluciones judiciales" [entre el quebrado y sus acreedores] u otras clases de

convenios de acreedores sin liquidación en otros países, el Capítulo 11 es parte de las leyes

concursales de los Estados Unidos y se lleva a cabo bajo la supervisión del tribunal de quiebras. De

conformidad con el procedimiento del Capítulo 11, no se nombra un curador o síndico concursal, sino

que el deudor continúa administrando su empresa sujeto a la supervisión del tribunal. 

El objetivo final del Capítulo 11 es confirmar el plan de reorganización del deudor. El Curador

o Síndico Concursal y Procesal federal nombra por lo menos un comité de acreedores para que

inspeccionen [las actividades de] el deudor y gestionen un plan de reorganización Todos los planes

deben ser presentados ante el tribunal de quiebras junto con el escrito de declaración que explica qué

derechos tendrán las partes interesadas de conformidad con cada plan. Si el tribunal aprueba el plan de

reorganización, el Capítulo 11 permite que las obligaciones establecidas en el plan tomen el lugar de las

obligaciones previas a la declaración de quiebra. Si no se confirma el plan o si una de las partes

convence al juez de que la reorganización no resultaría factible, el juez podría rechazar la solicitud de

reorganización o transformarla en una liquidación de conformidad con el Capítulo 7.

El Capítulo 13 de la Compilación de Leyes Concursales (Bankruptcy Code) establece una

clase de reorganización más sencilla para individuos que continúen percibiendo ingresos, pero con

ciertos límites relativos al monto máximo de la deuda contraída. De conformidad con el Capítulo 13, el

deudor propone un plan de reembolso con base en sus ingresos futuros en vez de mediante la

liquidación de su patrimonio. Los planes de esta clase normalmente contemplan que, durante un

periodo de tres a cinco años, el ingreso disponible del deudor se asigne al reembolso de acreedores. Si

el tribunal resuelve que el plan fue propuesto de buena fé, podría aprobarlo a pesar de las objeciones

de los acreedores. Se nombra un curador o síndico concursal para que supervise el cumplimiento del

plan y para que reciba los pagos que, conforme el plan, deberá hacer el deudor. El curador o síndico

concursal también se encargará de pagar a los acreedores los montos requeridos por el plan. Si el

deudor cumple satisfactoriamente con los requisitos del plan, él o ella recibirá una exoneración de las

deudas, salvo las exentas de exoneración conforme a la compilación de leyes [concursales]. 

A menudo se implementa el inciso 304 de la Compilación de Leyes Concursales (Bankruptcy

Code). Dado el caso que un deudor sometido a un procedimiento concursal en el extranjero tenga

bienes y haberes en los Estados Unidos, a un representante del tribunal extranjero se le permite

presentar una solicitud de declaración de quiebra subsidiaria ante el tribunal de Quiebra de los Estados

Unidos de conformidad con el inciso 304. El Tribunal de Quiebra tiene la facultad de ordenar

desagravios adecuados bajo las circunstancias, tales como órdenes de interdicción para impedir que se

presenten o continuén tramitando procedimientos concursales contra el deudor extranjero o sus bienes

y haberes ante otros tribunales de los Estados Unidos. El tribunal tiene la facultad de ordenar, si

corresponde, que se le entreguen los bienes y haberes el deudor extranjero al representante [del
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tribunal extranjero].

El Proceso de Apelación

La parte perdedora de la resolución de un tribunal federal tiene el derecho por ley de apelar la

resolución ante un Tribunal de Apelación federal. De la misma manera, un litigante que no quedare

satisfecho con la decisión tomada por una dependencia federal administrativa del poder ejecutivo

podría presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelación. La revisión judicial en causas

relacionadas con ciertas agencias o programas federales — por ejemplo, las disputas sobre las

prestaciones del régimen de seguridad social — podría obtenerse inicialmente ante el tribunal federal de

primera instancia en vez de directamente ante el Tribunal de Apelación. 

En una causa en materia civil cualquiera de las partes puede apelar el veredicto. En una causa

en materia penal, el acusado podría apelar el veredicto de culpabilidad, pero la procuraduría no podría

apelar si se absuelve al acusado. En una causa penal, después de dictado el veredicto de culpabilidad,

ambas partes podrían apelar la pena impuesta por un juez. 

En la mayoría de los tribunales de quiebras, la apelación del fallo de un juez de quiebras puede

interponerse ante el tribunal federal de primera instancia. Varios tribunales de Apelación fundaron el

Panel de Apelación de Quiebras que consta de tres jueces para que resulevan las apelaciones

[enviadas] directamente de los tribunales de quiebras. Por lo tanto, la parte perdedora de la apelación

de quiebra inicial podría entonces apelar de nuevo ante el Tribunal de Apelación. La mayoría de las

apelaciones de los fallos de jueces de instrucción las atiende un juez federal, pero cuando un juez de

instrucción ha presidido un juicio oral y público con el consentimiento de las partes, la apelación podría

interponerse directamente ante el Tribunal de Apelación.

El litigante que interpone una apelación, llamado el "apelante", tiene la obligación de demostrar

que el tribunal de primera instancia o la dependencia administrativa cometió un error de derecho que

afectó la resolución de la causa. Con base en el acta del proceso constatada por el tribunal de primera

instancia o la dependencia (administrativa), el Tribunal de Apelación formula su resolución. También

podría revisar los fallos sobre cuestiones de hecho de las entidades mencionadas. Normalmente, el

Tribunal de Apelación sólo podrá revocar una resolución por razones de hecho si el fallo es

"claramente erróneo". El Tribunal de Apelación no valora pruebas nuevas, pero podría "disponer el

reenvío" del proceso ante el tribunal de origen con ese propósito. 

Las apelaciones las resuelve un tribunal colegiado de tres jueces laborando en conjunto. El

apelante presenta los alegatos de derecho al tribunal colegiado por escrito mediante un documento

llamado "escrito de alegación". En este escrito, el apelante trata de convencer a los jueces de que el

tribunal de primera instancia cometió un error y que su resolución debe ser revocada. Por otro lado, la

parte que presenta la defensa ante la apelación, llamada "apelado", intenta demostrar en su escrito de

alegación porqué la resolución del tribunal de primera instancia estuvo correcta o porqué el error
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cometido por el tribunal de primera instancia no es lo suficientemente importante como para afectar el

resultado de la causa. 

Aunque algunas apelaciones las resuelve el juez mediante resoluciones escritas con base en los

escritos de alegación de los litigantes, muchas de las apelaciones son seleccionadas para que se

presenten mediante el "debate oral" ante el tribunal. El debate oral en el Tribunal de Apelación es una

discusión estructurada y centrada en los principios de derecho en disputa entre los abogados de la

parte apelante y la apelada y el tribunal colegiado. A cada parte se le concede un plazo corto –

normalmente alrededor de 15 minutos – para presentar sus alegatos ante el tribunal. 

Normalmente, el tribunal asentará la fundamentación de su resolución por escrito. Si uno de los

jueces del tribunal colegiado no está de acuerdo con la opinión de la mayoría, podría escribir su

opinión en disidencia, o aparte. La opinión en disidencia podría ayudar al análisis de las cuestiones [en

disputa] si se revisa la apelación en una instancia superior.

La resolución de un Tribunal de Apelación normalmente es el auto definitivo de la causa, a

menos que reenvíe el proceso al tribunal original para actuaciones adicionales o que las partes soliciten

a la Corte Suprema de los Estados Unidos que revise el proceso. Algunas veces, la resolución del

tribunal colegiado de tres jueces podría ser revisada por un tribunal en pleno (colegiado) o sea, por un

grupo más grande de jueces (normalmente) del Tribunal de Apelación del circuito.

Un litigante que pierde [la apelación] ante el Tribunal de Apelación federal, o en el tribunal de

mayor instancia en el sistema judicial estatal, podría solicitar que la Corte Suprema de los Estados

Unidos revise el proceso. La Corte Suprema, sin embargo, no tiene la obligación de revisar las causas,

excepto en un pequeño número de casos regidos por leyes extraordinarias. Normalmente, cada año la

Corte Suprema recibe aproximadamente 8 mil solicitudes para [que expida] autos de avocación

(certiorari), y sólo aceptará conocer de aproximadamente 100 causas.

La Corte Suprema normalmente acepta conocer de una causa únicamente cuando ésta tiene

que ver con un principio de derecho excepcionalmente importante o cuando dos o más de los

tribunales de apelación federales han interpretado la [misma] ley de una manera diferente. La Corte

Suprema tiene la obligación por ley de conocer de una causa o de aceptar una apelación directamente

del tribunal federal de primera instancia en un pequeño número de circunstancias extraordinarias.

Cuando la Corte Suprema conoce de una causa, las partes tiene la obligación de presentar escritos de

alegación y la Corte podría presidir sobre debates orales. Además, terceros con interés significativo en

las cuestiones de derecho que emergen de la causa podrían solicitar permiso para presentar escritos

como amigos del tribunal (amicus curiae). El Poder Ejecutivo, representado por el Asesor Jurídico

General, a menudo presenta tales escritos que podrían ayudar a definir las cuestiones [de derecho] e

influenciar el resultado de la causa.

Al igual que los tribunales inferiores, la Corte Suprema normalmente explica la lógica de su
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decisión en una causa por medio de una resolución escrita. Las resoluciones de la Corte Suprema

establecen precedentes para todos los demás tribunales de los Estados Unidos. De manera similar a

los Tribunales de Apelación, los jueces que no estén de acuerdo con la opinión de la mayoría, podrían

escribir resoluciones disidentes. En algunos causas, los jueces que están de acuerdo con la mayoría en

cuanto al resultado, pero no a la lógica del mismo, presentan resoluciones coincidentes.
36

8. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA FEDERAL JUDICIAL

Tribunales Individuales

Cada tribunal individual es responsable, en gran parte, por su propia administración judicial 

cotidiana y, de conformidad con la ley y las prácticas administrativas, nombran su personal y gobiernan

sus asuntos. Además, bajo el programa judicial de decentralización del presupuesto, se ha delegado a

cada tribunal responsabilidades sustanciales tanto fiscales como también la autoridad para desempeñar

sus obligaciones.

Cada tribunal dentro del sistema federal tiene un presidente quien, aparte de conocer de

causas, tiene obligaciones administrativas relacionadas con el funcionamiento del tribunal. El juez que

preside generalmente es el que tiene más antiguedad y todos aquellos de tribunales de primera

instancia, de apelación y del Tribunal de Comercio Internacional tienen que tener menos de 65 años

para ser elegidos para este cargo. Pueden desempeñar este puesto por un máximo de siete años y no

pueden ejercer este puesto una vez que cumplen 70 años.

El juez que preside en cada tribunal desempeña un papel importante al dirigir la supervisión del

tribunal, fomentar su eficiencia y asegurarse que se está cumpliendo con su cometido ante el público. 

El tribunal funciona como una entidad colegiada y todas las decisiones importantes deben ser hechas

por todos los jueces en conjunto bajo directiva del juez que preside.

Personal Judicial

El personal judicial no es parte del ramo ejecutivo y, por consiguiente, no es parte del sistema

Tres características esenciales de la administración del sistema federal judicial son:

• El sistema judicial federal es un ramo autónomo del gobierno al cual se le ha conferido

autoridad legal para administrar sus propios asuntos,

contratar y pagar su personal y mantener un presupuesto separado.

• La administración del sistema federal judicial se encuentra decentralizada por la

mayor parte. La Comisión Judicial Federal determina políticas

nacionales y aprueba el presupuesto, pero cada tribunal tiene autonomía local

sustancial.

• Los jueces están a cargo del sistema judicial en todos sus niveles y determinan las

políticas que gobernarán los tribunales. Los jueces también contratan a los 

administradores quienes les rinden cuentas a ellos.
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civil de servicio federal. En su lugar, la Comisión Judicial

y el Director de la Oficina Administrativa de los Tribunales

Federales han establecido una estructura separada; la

misma incluye una tabla flexible de sueldos, la

capacitación necesaria para ciertos puestos y un

procedimiento para resolver disputas laborales. Los

tribunales individuales tienen amplio criterio, dentro de las

normas nacionales, para contratar y pagar a sus propios

empleados. El personal judicial está bajo la supervisión de

los jueces de su tribunal y responde ante ellos y no ante la

Oficina Administrativa de los Tribunales Federales. 

Secretario del Tribunal 

Aparte del personal asignado a los jueces en sus

propios despachos, ellos dependen en el resto de los

empleados del tribunal para ayudar a desempeñar las

obligaciones judiciales. 

El funcionario administrativo principal en cada

tribunal es el secretario, quien es responsable de la

ejecución de todas las funciones no jurídicas de acuerdo a

las normas establecidas. El secretario rinde cuentas

directamente al juez presidente. Las diferentes

obligaciones que desempeña el secretario incluyen lo siguiente:

! Mantener los expedientes y archivos del tribunal

! Operación de los sistemas computarizados

! Estar al tanto del presupuesto y gastos

! Mantener expedientes del personal y de los bienes y haberes del tribunal

! Pagar todas las tarifas, multas, costas y otro dinero cobrado al Departamento del

Tesoro 

! Administrar el sistema de jurados

! Proporcionar intérpretes y taquígrafos oficiales

! Enviar notificaciones judiciales oficiales y emplazamientos

! Proporcionar servicios en las salas de justicia

! Contestar indagaciones de parte de abogados y el público

Personal Judicial Adicional

Aparte del personal asigando a los

jueces en sus propios despachos, ellos

dependen en el resto de los empleados

del tribunal para ayudar a desempeñar

sus obligaciones judiciales. 

Dicho personal incluye:

Secretario

Ejecutivo del Circuito

Taquígrafo 

Bibliotecario

Abogados de planta e investigadores

legales pro se

Oficiales de Servicios Preprocesales y de Libertad

Condicional
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Personal Administrativo Adicional

Los agentes del departamento de servicios pre-procesales y de libertad condicional 

probatoria entrevistan a acusados durante la etapa inicial del proceso, investigan sus

antecedentes y presentan informes detallados para ayudar a los jueces a decidir si se van a fijar

condiciones de excarcelación o si se va ordenar la detención preventiva de los acusados. 

También incluyen recomendaciones para imposición de penas, y supervisan a los que están

bajo libertad provisional o supervisada.

Los abogados de planta y los investigadores legales pro se ayudan a los jueces en la

investigación y preparación inicial de resoluciones.

Los taquígrafos oficiales toman un acta textual de las actuaciones judiciales y preparan 

una transcripción.

Los bibliotecarios mantienen las bibliotecas judiciales y ayudan a los jueces y abogados 

cuando necesitan información. 

Los Consejos Judiciales de Circuito

Existe un consejo judicial en cada circuito geográfico que supervisa la administración de los

tribunales ubicados dentro de dicho circuito, y está integrado por el juez que preside, quien actúa como

director, y un número igual de jueces de otro circuito (tribunal de apelación) y jueces de primera

instancia. Cada consejo judicial nombra un ejecutivo, quien trabaja en unión con el juez que preside

para coordinar una serie amplia de asuntos administrativos dentro del circuito.

El consejo judicial asegura transparencia a los ciudadanos mediante su amplia autoridad para

supervisar varios aspectos de las operaciones de los tribunales de apelación y de primera instancia y

está facultado por ley para expedir órdenes tanto a los jueces individualmente como al personal

judicial. Como parte de sus responsabilidades para asegurar que los tribunales locales estén

funcionando eficazmente, los consejos judiciales revisan sus políticas y actuaciones en asuntos tales

como disputas laborales, selección de jurados, defensa de acusados indigentes, retrasos en la

tramitación del trabajo y las normas procesales de litigio. Además, el consejo tiene la autoridad de

aprobar excepciones a las pautas nacionales de límites de personal, recursos y gastos e intercede para

resolver problemas que el presidente del tribunal y el tribunal local no puedan resolver.
39

La Comisión Judicial Federal

La Comisión Judicial Federal, constituída

por ley en 1922, es la entidad que dicta las

normas para los tribunales federales a nivel

nacional y es portavoz de todo el ramo judicial. 

El Presidente de la Corte Suprema de los

Estados Unidos preside sobre la Comisión, la

cual consiste de otros 26 jueces, incluyendo el

juez que preside en cada uno de los tribunales de

apelación, un juez de primera instancia de cada

circuito regional, y el juez que preside el Tribunal

de Comercio Internacional.

La Comisión desempeña sus funciones

por medio de 24 comités, los cuales abarcan

diferentes temas, y hacen recomendaciones

respecto a la política y la legislación en todos los

aspectos de la administración judicial federal. 

Todos los comités son nombrados por el Juez

Presidente y, por la mayor parte, están

integrados por jueces, y consultan sobre asuntos

como presupuesto, reglas y procedimientos para

ejercer el derecho, administración de los

tribunales y tramitación de causas, ley penal,

quiebra, recursos judiciales (nombramiento de

jueces y cuestiones de personal), automatización

y tecnología y reglamentos de conducta. Las

responsabilidades principales de la Comisión Judicial son las siguientes:

• aprobar la solicitud anual presupuestaria (preparada por la Oficina

Administrativa y el Comité de Presupuesto de la Comisión Judicial)

• proponer, revisar y hacer comentarios sobre legislación que pueda afectar el

volumen de trabajo y las actuaciones en los tribunales

• implementar legislación promulgando reglamentos nacionales, pautas y políticas

• supervisar y dirigir la Oficina Administrativa en asuntos tales como recursos

humanos, contabilidad y finanzas, automatización y tecnología, estadísticas y

servicios administrativos

• esbozar y enmendar las normas generales de la gestión procesal para litigio en

los tribunales federales, sujetos a la aprobación formal de la Corte Suprema y

Comités Actuales de la Comisión Judicial

• (supervisión de) Oficina Administrativa

• Automatización y Tecnología

• Quiebra

• Presupuesto

• Normas de Conduta

• Ley Penal

• Administración de los tribunales y

Tramitación de Causas

• Servicios de Defensores

• Competencia Federal-Estatal

• Divulgación Financiera

• Asignación (de jueces) entre circuitos

• Relaciones Judiciales Internacionales

• Poder Judicial (sueldos y prestaciones

de los jueces)

• Recursos Judiciales (judicatura según

Título III, solicitudes de personal,

asuntos laborales)

• Jueces de Instrucción

• Revisión de Conducta del Consejo y

Determinaciones de Invalidez

• Normas de derecho y gestión procesal

• Seguridad e instalaciones
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el Congreso 

• fomentar uniformidad en los procedimientos jurídicos y la tramitación expeditiva

de las responsabilidades del tribunal

• ejercer autoridad sobre las normas de conducta, ética y disciplina judicial

• hacer recomendaciones al Congreso para nombrar jueces adicionales

• revisar las necesidades de espacio e instalaciones

La Oficina Administrativa de los Tribunales Federales

La Oficina Administrativa proporciona una gama extensa de servicios a los tribunales federales

en lo relacionado a legislación, finanzas, automatización, dirección, administración y programas de

apoyo. Esta agencia, dentro del ramo judicial, fue creada por ley en 1939, y es supervisada y

gobernada por la Comisión Judicial, y tiene la responsabilidad de ejecutar las políticas de la Comisión. 

El Director de la Oficina Administrativa, quien es nombrado por el Juez en Jefe, previa consulta con la

Comisión Judicial, es el principal funcionario administrativo de los tribunales federales y el Congreso le

ha conferido varias obligaciones de conformidad con la ley.

Algunas de las funciones de la Oficina Administrativa son:

• proporcionar personal de apoyo y asesoría a la Comisión Judicial y sus comités

• proporcionar asesoría y asistencia administrativa a los tribunales 

• preparar y administrar el presupuesto judicial

• asignar partidas a cada tribunal

• verificar los documentos financieros de los tribunales

• administrar la nómina judicial y los programas de recursos humanos

• proporcionar servicios legales al sistema judicial

• compilar y analizar estadísticas para presentar informes sobre la operación de

los tribunales

• administrar los programas judiciales de automatización y de información

tecnológica

• efectuar estudios y revisiones de programas y operaciones

• establecer nuevos sistemas de operación en los tribunales

• producir manuales, guías y otras publicaciones

• coordinar la comunicación con los poderes legislativo y ejecutivo

• proporcionar información al público sobre las labores del ramo judicial

Reconociendo que los tribunales frecuentemente pueden tomar mejores decisiones con

referencia a su propio funcionamiento, basándose en las necesidades locales, el Director, durante los

años recientes, ha delegado muchos asuntos administrativos a los tribunales individuales. Dicho

concepto, conocido como "decentralización", permite que cada tribunal opere con considerable

autonomía y bajo principios de administración bien concebidos, de acuerdo con las políticas y pautas
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establecidas a nivel regional y nacional. Este proceso relativamente reciente de decentralización ha

demostrado ser de beneficio tanto para los tribunales como para los contribuyentes de impuestos

porque fomenta la innovación y economía. Al mismo tiempo que se han delegado responsabilidades

administrativas a los tribunales, la Oficina Administrativa les proporciona asesoría constante,

capacitación, asistencia y orientación técnica, y continúa la preparación de auditorías y revisiones. 

El Centro Judicial Federal

El Centro Judicial Federal, establecido en 1967, es la agencia de investigación y capacitación

dentro del sistema judicial federal. Las obligaciones legales del Centro conciernen tres amplias

clasificaciones:

• conducir y fomentar la orientación, preparación continua y capacitación de jueces

federales, empleados del tribunal y otros;

• redactar recomendaciones sobre la operación y estudio de los tribunales federales;

• dirigir y fomentar investigación sobre los procedimientos en los tribunales federales, el

funcionamiento de los tribunales y sus anales.

El Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos es el presidente de la junta directiva

del Centro, la cual también incluye el Director de la Oficina Administrativa y siete jueces elegidos por la

Comisión Judicial. Esta junta directiva nombra al Director y Sub-Director del Centro.

Algunas de las responsabilidades del Centro son:

• preparar publicaciones en una gran variedad de temas para el sistema federal

judicial

• facilitar intercambio con otros sistemas judiciales

• mantener una biblioteca sobre administración judicial

• preparar programas de preparación y capacitación para otros empleados

como los que trabajan en las oficinas de los secretarios, los agentes preprocesales y de libertad condicional

• organizar programas de capacitación administrativa para jueces y directores de

tribunales

• conducir investigación empírica y exploratoria sobre los procesos judiciales

• preparar programas relacionados con los anales del poder judicial y ayudar a

los tribunales con sus propios programas similares

La Comisión Federal de Sentencias
42

La Comisión Federal de Sentencias establece las pautas para la imposición de penas en el

sistema judicial federal penal y supervisa el desempeño de los agentes de libertad condicional con

respecto a las recomendaciones que ellos hacen en este respecto. También ha establecido un

programa investigativo que incluye un centro de intercambio de información sobre las prácticas de

penas federales. Esta Comisión consiste de un presidente y seis miembros adicionales, con derecho a

voto, y son nombrados por períodos de seis años por el Presidente de los Estados Unidos, sujetos a

confirmación por el Senado.

El Presupuesto Judicial

Reconociendo la separación de facultades, de conformidad con la Constitución Política, entre

los tres poderes del gobierno federal, el Congreso le ha conferido al poder judicial autoridad para

preparar y administrar su propio presupuesto. La Oficina Administrativa, después de consultar con los

tribunales y los diferentes comités de la Comisión Judicial, prepara una propuesta de presupuesto para

el sistema judicial para cada año fiscal, basándose en gran parte en las fórmulas de cálculo de personal

y recursos que se determine sean necesarios. La propuesta de presupuesto incorpora partidas

específicas tanto para personal como para los servicios administrativos en cada tribunal e incluye las

solicitudes de los diferentes comités judiciales para proveer fondos para programas nuevos o

ampliados.

El comité de presupuesto de la Comisión Judicial revisa la propuesta inicial y, una vez que ha

sido aprobada por la Comisión, se envía directamente al Congreso con documentación de apoyo. De

conformidad con la ley, el Presidente debe incluir, dentro de su presupuesto, la propuesta judicial sin

cambiarla.

Los comités de asignaciones presupuestarias del Congreso celebra audiencias con relación al

presupuesto que ha sido propuesto durante las cuales el Director de la Oficina Administrativa justifica

los gastos proyectados. Una vez que el Congreso autoriza el presupuesto judicial, el comité ejecutivo

de la Comisión Judicial aprueba los gastos y la Oficina Administrativa distribuye los fondos

directamente a cada tribunal, sección de operaciones y programa judicial.

El director de la Oficina Administrativa ha delegado a los tribunales individuales varias de las 

prerrogativas administrativas que se le han concedido de conformidad con la ley y, por este motivo, los

tribunales tienen considerable autoridad y flexibilidad para desempeñar sus obligaciones, determinar

prioridades presupuestarias, tomar decisiones atinadas en sus operaciones, contratar personal y

adquirir lo que sea necesario, de acuerdo con las normas y los límites que se han fijado para gastos. El

presupuesto judicial incluye los salarios tanto para jueces como para el resto de los empleados, lo cual

por lo general representa más de 60 por ciento del total; 20 por ciento se utiliza para pagar al ramo

ejecutivo por el alquiler de edificios e instalaciones y el 20 por ciento restante se designa para costo de

computadoras, viajes, artículos de oficina, protección para los jueces, compensación de abogados

defensores y honorarios de jurados.
43

Edificios, instalaciones y protección de los tribunales

Los tribunales federales se encuentran ubicados en más de 750 edificios diferentes a lo largo y

ancho de los Estados Unidos, algunos de los cuales son propiedad del gobierno y otros que han sido

alquilados. Al igual que la mayoría de las entidades federales, el sistema judicial no tiene autoridad

directa para adquirir establecimientos para su propio uso. De conformidad con la ley, esa

responsabilidad pertenece exclusivamente a la Agencia de Servicios Generales (GSA), una entidad del

poder ejecutivo. Como arrendatario del sistema judicial (y de casi todos los otros recintos que son

propiedad del gobierno), GSA tiene la responsabilidad de proporcionar inmuebles, ya sean propios o

alquilados, así como cierto nivel de servicios en dichos lugares. La Oficina Administrativa colabora con

GSA para conseguir lugares, incluyendo despachos para los jueces y salas de justicia para los

tribunales. 

En 1984 la Comisión Judicial aprobó el Manual de Diseño para los Tribunales Federales

y otros documentos para darle a GSA y a arquitectos pautas y normas para construir y amueblar

tribunales federales, las mismas que fueron adoptadas por GSA y ésta mantiene una colaboración

estrecha con la Oficina Administrativa en este aspecto.

El Servicio de Alguaciles Federales, una agencia del Departamento de Justicia, tiene la

responsabilidad de proporcionar protección a los jueces, donde quiera que se encuentren. En caso de

alguna amenaza contra un juez o su familia, el Alguacil tomará las medidas necesarias para

salvaguardarlos hasta que haya pasado el peligro. El Servicio de Alguaciles también está a cargo de la

seguridad de los tribunales y las salas de justicia y desempeña dichas obligaciones de dos maneras: 

Primero, el alguacil federal y sus agentes delegados en cada distrito judicial trabajan junto con el

personal del tribunal, así como con la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) y las agencias locales

de orden público, para garantizar el resguardo de los jueces y las instalaciones judiciales. Segundo, el

Servicio de Alguaciles, utilizando fondos asignados por el sistema judicial, emplea a contratistas

independientes como oficiales de seguridad que ayudan en el desempeño de las funciones rutinarias de

protección. 

Informática en el Poder Judicial

Desde 1975, fecha en que se instaló la primera computadora en los tribunales federales, el uso

de la tecnología ha avanzado rápidamente. En la actualidad la tarea de expedir resoluciones y girar

órdenes se hace casi exclusivamente por medio del sistema de procesamiento de texto. Los tribunales

han suplementado su investigación legal con servicios en línea. Todos los registros de sumarios de

causas se han automatizado, y los informes pre-condenatorios en los casos penales se preparan usando

programas de computación diseñados especialmente para este propósito. La aplicación, a nivel

nacional, de software facilita la recopilación de estadísticas judiciales. Los sistemas automatizados

ayudan a los tribunales a administrar sus recursos, tales como personal, fondos, tomos legales, en una
44

forma eficaz y eficiente. Los tribunales están inter-conectados por la instalación nacional de una Red

de Comunicación de Información (Data Communications Network). Tanto la Oficina Administrativa

como el Centro Federal Judicial proporcionan información al público electrónicamente por medio del

Internet, y la Oficina Administrativa también ha creado un web site interno (o "intranet") para

diseminar publicaciones, guías, comunicaciones, boletines y otros documentos a los jueces y empleados

del poder judicial.

El programa de información tecnológica (IT) de los tribunales federales está basado en el Plan

de Información Tecnológica a Largo Plazo en el Sistema Judicial Federal (Long Range Plan for

Information Technology in the Federal Judiciary). El Plan es actualizado anualmente con

información proporcionada por los tribunales y es aprobado por la Comisión Judicial previo visto

bueno del comité de automatización y tecnología. Además los requisitos de información tecnológica en

general y los proyectos específicos son preparados por las personas que los utilizan en los tribunales

para asegurar que este programa va a llenar los requisitos esenciales de los tribunales federales en el

futuro.

Programación estratégica y eficiencia administrativa en los tribunales federales

Durante los últimos años la programación estratégica y la eficiencia administrativa han sido

sumamente importantes en preservar la autonomía del ramo judicial. A pesar de que los tribunales

federales no pueden ejercer mucho control ni sobre el volumen del trabajo que reciben ni sobre los

recursos disponibles para procesarlo, el sistema judicial, por medio de una planificación prudente ha

afrontado las dificultades del incremento en las causas y recortes de presupuestos.

En 1995 la Comisión Judicial aprobó el primer Plan Extensivo a Largo Plazo para los

Tribunales Federales, el cual tiene un alcance amplio con relación a todas las actividades judiciales e

incluye recomendaciones detalladas sobre jurisdicción, estructura, procedimientos y administración de

los tribunales federales. La responsabilidad continua tanto por la programación estratégica como la

implementación de las recomendaciones contenidas en el Plan le corresponden a los comités de la

Comisión Judicial responsable por cada uno de los temas respectivos. El poder judicial persiste en su

labor de identificar maneras de rendir más trabajo, limitar los gastos y mejorar los servicios.
45

9. RENDICIÓN DE CUENTAS (TRANSPARENCIA)

Los jueces federales gozan del ejercicio de sus puestos en carácter vitalicio y una completa

independencia de para tomar sus decisiones. Sin embargo, tanto ellos como el personal del tribunal,

tienen la responsabilidad, ante el público, de demostrar que están desempañando su cargo de manera

ética y haciendo el uso apropiado y legal de los dineros y bienes proporcionados por los

contribuyentes de impuestos. La mayoría de los asuntos referentes a la conducta o cumplimiento de

funciones de un juez o de algún miembro de su personal son resueltos extraoficialmente por el

presidente del Tribunal o en colegiado. También existen otros mecanismos más que se utilizan para

asegurar la transparencia de los jueces y del personal del tribunal.

Mecanismos Disciplinarios

Cualquier persona que considere que algún juez se ha comportado de manera que entorpezca

la celeridad y eficacia de la administración del funcionamiento de los tribunales, o que el juez no sea

capaz de desempeñar los deberes y obligaciones de su puesto, debido a incapacidad física o mental,

puede presentar una denuncia ante el Secretario del Tribunal de Apelación dentro del circuito de

competencia del juez.

El juez que preside el Tribunal de Apelación está facultado para desestimar la denuncia si ésta

no alega conducta que corresponda a la definición legal de mala conducta o incapacitación, o si la

denuncia se relaciona a los méritos de una resolución judicial o si carece de fundamento. El juez que

preside también puede desestimar una denuncia si ya se han tomado medidas de reparación o si las

circunstancias posteriores no lo requieren. La gran mayoría de denuncias, de hecho, son desestimadas.

Si el juez que preside no desestima la denuncia, deberá nombrar un comité investigador

especial compuesto de jueces para que examinen las alegaciones y preparen un informe por escrito y

con recomendaciones al Consejo Judicial del circuito. Después de considerar el informe del comité

especial, el consejo está facultado para investigar las alegaciones más a fondo, o tomar medidas

apropiadas que pueden incluir:

! pedir al juez su jubilación voluntaria,

! certificar la incapacidad del juez ( por lo tanto, crear un puesto vacante en el tribunal),

! dar orden de que no se le asignen nuevas causas al juez por un período provisional,

! emitir una reprimenda privada o pública al juez, o

! tomar cualquier otra medida apropiada.

Si el Consejo Judicial determina que un juez del Título III se ha inmiscuido en conducta ilícita o

que la denuncia no se presta a resolución por parte del consejo, deberá entonces remitir el asunto a la

Comisión Judicial Federal. La Comisión Judicial puede someter a votación si el asunto se deberá

referir al Congreso para posible proceso de impugnación y destitución. En la práctica, la impugnación
46

y destitución del cargo es algo fuera de lo común, y, por lo general, se reserva para situaciones en las

cuales algún juez ya haya sido condenado por un delito penal grave.

El personal del tribunal no forma parte del sistema de servicio civil gubernamental y puede ser

disciplinado o cesado sin apego a los reglamentos del servicio civil del gobierno en general. Sin

embargo, cada tribunal cuenta con un plan para la resolución de disputas laborales para proteger a los

empleados contra acción arbitraria y extenderles el debido proceso legal y compensación por sus 

agravios. El juez que preside cada tribunal tiene la última palabra sobre asuntos de personal, pero los

empleados, por lo general, pueden interponer una apelación contra la decisión final de su propio

tribunal sobre la disputa laboral ante el Consejo Judicial del circuito.

Si pareciera que se ha cometido una posible contravención de derecho penal, ya sea por parte

de un juez o de algún miembro de su personal, la cuestión es enviada rápidamente al Departamento de

Justicia para posible procesamiento penal.

Otros Mecanismos Oficiales

La Comisión Judicial Federal aprueba el presupuesto del Poder Judicial y establece el monto

de lo que puede gastar un tribunal en la adquisición de bienes y programas. A cada tribunal se le ha

concedido autoridad presupuestaria, pero debe mantenerse dentro de las pautas y guías aprobadas por

la Comision Judicial y acatar ciertas leyes y reglamentos pertinentes que gobiernan el uso del dinero y

la compra y mantenimiento de los bienes públicos. 

En materia administrativa, el juez que preside en cada tribunal - actuando en nombre de todos

los jueces - es responsable de la supervisión de todas las operaciones del tribunal y del personal.

También debe asegurarse que los fondos sean desembolsados en forma legal, inteligente y eficaz. 

Asímismo, el juez deberá afrontar y resolver problemas administrativos y puede pedir la ayuda de

otros jueces cuando lo considere necesario.

El Director de la Oficina Administrativa, actuando bajo la supervisión de la Comisión Judicial,

puede retirar una partida presupuestaria o de autoridad administrativa a un tribunal si él determina que

las pautas nacionales de erogaciones establecidas por la Comisión han sido excedidas o si se han

contravenido los procedimientos de ley o reglamentarios.

El Director también puede remitir asuntos preocupantes al Consejo Judicial del Circuito para

que se tomen las medidas apropiadas. El Consejo Judicial tiene facultades legales para ejercer

superintendencia general sobre asuntos administrativos dentro del circuito y puede ordenar a un tribunal

o a cualquier juez o empleado que tome las medidas administrativas apropiadas.

La Oficina Administrativa lleva a cabo auditorías periódicas de todos los tribunales y sus

programas. También proporciona asesoramientoadministrativos y a solicitud de los respectivos
47

tribunales realiza inspecciones del funcionamiento judicial. La Oficina General de Auditoría, una rama

de contabilidad del Congreso, también puede revisar las operaciones del tribunal. El Congreso, en

circunstancias apropiadas, puede celebrar audiencias o solicitar información detallada sobre los

trámites judiciales para cumplir con su responsabilidad de determinar las necesidades de partidas

presupuestarias y la necesidad de efectuar cambios sustanciales en la ley. 

Mecanismos Extraoficiales

Los jueces federales y el personal judicial sienten enorme satisfacción de ser parte del poder

judicial y de su propio tribunal, ya que los tribunales federales gozan de una buena reputación nacional

por su excelencia y eficacia y los jueces y su personal se esmeran en mantener esta fama.

La opinión de los colegas es muy importante y sirve como un gran incentivo para que los jueces

no se atrasen en la tramitación de sus causas. Por ley, los jueces de cada tribunal tienen autorización

para dividir las causas entre ellos, determinar la jurisdicción de cada juez, así como los procecimientos

locales de operación. Las estadísticas de las causas judiciales son compartidas entre los jueces de

manera periódica y la Oficina Administrativa tiene la obligación legal de publicar información pertinente

a la acumulación de causas de los jueces.

Además, prácticamente toda resolución judicial puede ser apelada y las resoluciones de los

jueces federales son distribuyen extensamente a la Federación de Colegios de Abogados y al público

en general a través de los medios de comunicación, casas editoriales de publicaciones de derecho e

Internet. Sus resoluciones son analizadas dentro del ámbito legal y el académico y los jueces a

menudo son "evaluados" extraoficalmente por encuestas del Colegio de Abogados y por publicaciones

legales.

Por último, no se puede hacer caso omiso del papel desempeñado por los medios de

comunicación en una democracia, especialmente en la actualidad donde prevalece el periodismo

"investigativo." Es por esto que todo las actuaciones del tribunal, de los jueces o de los empleados

judiciales se exponen al escrutinio y crítica de la prensa.
48

10. PREGUNTAS QUE SE HACEN CON FRECUENCIA 

ACERCA DEL PROCESO JUDICIAL FEDERAL

¿Cómo se interpone una causa civil? ¿Hay algún costo?

Un encausamiento civil se inicia con la interposición de una demanda. Las partes que inician

una causa civil en un tribunal federal tendrán que pagar una tarifa impuesta por ley. Un demandante

que no pueda pagar la tarifa puede pedir una solicitud para proceder "con privilegio de pobreza." Si la

petición es concedida por el juez, la tarifa se condonará.

¿Cómo se radica una causa penal?

Un ciudadano no puede presentar cargos penales en los tribunales federales. Un

procedimiento penal solamente puede ser iniciado por el gobierno, por lo general, a través de la

Procuraduría Federal en coordinación con una agencia de orden público. Un juez de instrucción u otro

juez puede ordenar el arresto de una persona acusada al presentar una denuncia con declaraciones

juramentadas por el Procurador Federal u oficiales del orden público que enumeren suficientes hechos

para establecer "razones fundadas" que un delito federal ha sido cometido y de que el acusado lo ha

cometido. Una causa de delito grave, sin embargo, no puede proceder más allá de las etapas iniciales

a no ser que un jurado acusatorio o indagatorio federal presente una acusación formal contra el

acusado.

¿Cómo se solicita la protección de una quiebra? ¿Hay algúna tarifa?

Una causa de quiebra se inicia al presentar una solicitud de declaración de quiebra ante el

tribunal competente en la materia. Hay una diversidad de tarifas de conformidad con el capítulo de la

Compilación de Leyes de Quiebra al que se acogan para presentar la petición de declaración de

quiebra. La declaración de quiebra de conformidad con el Capítulo 7, la más comúnmente solicitada

por los deudores particulares, involucra la liquidación casi completa de los bienes y haberes del

deudor, al igual que la exoneración de la mayoría de las deudas.

¿Cómo se selecciona un abogado?

Los Colegios de Abogados locales, por lo general, ofrecen servicios de referencias que a

menudo son gratuitos. La Secretaría del Tribunal de cada distrito puede ayudar a encontrar un servicio

de referencias. Sin embargo, se le prohibe al personal de dicha oficina, así como a los demás

empleados del tribunal, prestar asesoría legal a los litigantes.

Un acusado en un procedimiento penal tiene el derecho constitucional de contar con los
49

servicios de un abogado y tiene derecho a que se le nombre un abogado defensor a costas del

gobierno si es que no tiene los medios económicos para contratar un abogado particular. La Ley de

Justicia Penal (CJA) requiere que un juez determine que una persona cumpla con los requisitos para

que el tribunal le nombre un abogado.

En causas civiles las partes normalmente tienen el derecho a tener un abogado de su elección,

pero no a recibir asistencia legal gratuita. Algunos litigantes obtienen representación gratis o a bajo

costo por medio de recomendaciones del Colegio de Abogados local. Algunos abogados,

reconociendo la necesidad existente, brindan sus servicios pro bono publico o a través de

organizaciones de servicios legales. Un litigante en una causa civil también puede proceder pro se, es

decir, que se representa a sí mismo sin la asistencia de un abogado.

Un litigante que no hable inglés, ¿tiene derecho a un intérprete nombrado por el tribunal? 

El gobierno designa y paga a intérpretes certificados en causas penales cuando el acusado

necesita dichos servicios y para un demandado en una causa civil si el gobierno es el demandante..

¿Cómo se asignan las causas a los jueces?

La metodología de seleción de jueces varía, pero casi todos los tribunales utilizan la selección al

azar, mediante la cual cada juez recibe un número casi igual de causas a resolver.

¿Qué es un juez de instrucción?

Los jueces de instrucción son funcionarios judiciales nombrados por los jueces federales para

ejercer por un período de ocho años. Sus deberes abarcan cuatro categorías generales: (1) llevar a

cabo la mayoría de los procedimientos iniciales en las causas penales (incluyendo órdenes de cateo,

audiencias de determinación de detención, audiencias de razones fundadas y nombramiento de

abogados); (2) juicios de la mayoría de las causas de delitos menores; (3) llevar a cabo una gran

diversidad de actuaciones que les asignan los jueces federales (incluyendo la resolución de pedimentos,

revisión de peticiones enviadas por reos y la ventilación de conferencias preprocesales y resolutorias),

y (4) juicios de causas civiles, si las partes dan su consentimiento.

¿Cómo puede uno revisar la etapa de una causa?

La Oficina del Secretario del Tribunalresponde gratuitamente a la mayoría de indagatorias

sobre la etapa procesal de una causa. Sin embargo, se puede cobrar para hacer ciertas búsquedas,

obtener la información solicitada y sacar fotocopias de documentos. La mayoría de los tribunales

federales cuentan con sistemas automatizados que permiten la búsqueda y extracción de información de

las causas del dominio público y electrónicamente desde otros sitios. En muchos tribunales de quiebra

y de apelación hay sistemas telefónicos que permiten obtener información al marcar claves numéricas. 
50

Se puede también obtener calendarios de causas y resoluciones por el internet. La página de inicio

del Poder Judicial Federal del internet, www.uscourts.gov, incluye enlaces a sitios web individuales al

igual que un directorio de servicios electrónicos con acceso público.

¿Qué tan rápido se logra una resolución en una causa en particular?

Todos los casos se tramitan con la mayor celeridad posible. La Ley de Enjuiciamiento sin

Demora de 1974 establece requisitos especiales en cuanto al tiempo para el procesamiento y la

resolución de las causas penales en los tribunales federales. Por consiguiente, los tribunales deben dar

mayor prioridad a las causas penales. La ley normalmente prescribe 70 días desde el arresto del

acusado hasta el principio del proceso de juicio.

No existe ley similar que gobierne la programación de un juicio civil, pero por lo general los

tribunales tienen la capacidad de resolver la mayoría de causas civiles en menos de un año. De

acuerdo con las estadísticas el promedio de tiempo a nivel nacional que toma desde que se entabla una

causa hasta que se resuelva. Si una causa es compleja, necesita más tiempo para tramitarse y hay

numerosas razones que puedan demorar el proceso, muchas de la cuales están fuera del control del

tribunal. Se puede demorar una causa si se están llevando a cabo negociaciones resolutorias o si hay

carencia de jueces o de salas de justicia.

¿Cómo se contrata al personal de los tribunales federales?

La Comisión Judicial en conjunto con la Oficina Administrativa establece requisitos y listas de

remuneración generales para los empleados de los tribunales. La contratación de personal del sistema

jurídico es desentralizada y cada tribunal toma sus propias decisiones en cuanto al anuncio de vacantes

y a quién se le ofrecen los puestos. Los jueces seleccionan el personal de sus despachos. El Secretario

del Tribunal y otros funcionariosl son contratados directamente por los jueces. Al resto de los

empleados los contrata el Secretario bajo la supervisión de los jueces. Ciertas plazas se publican en la

página inicial del Internet, www.uscourts.gov, pero frecuentemente la Secretaría o sitios web de un

tribunal en particular son la mejor manera de obtener una lista completas y detallada. El sistema judicial

federal cumple con el mandato nacional de garantizar iguales oportunidades laborales a todas las

personas. 
51

Terminología Jurídica General 

acta: conjunto de documentos que contienen todo lo

expuesto en las diligencias de la causa; incluye todos

los escritos, probanzas y artículos de prueba

presentados durante la causa.

acuerdo extrajudicial: acuerdo entre las partes de una

demanda para resolver la disputa sin celebrar el juicio

oral y público. Por lo general estos acuerdos

consisten de la compensación parcial de una parte

con respecto al reclamo(s) de la otra sin reconocer

responsabilidad.

acusación formal: acusación formal emitida por un

jurado indagatorio, este indica que existen suficientes

pruebas en contra del acusado para justificar su

procesamiento, por lo general en casos de delitos. 

Véase "documento acusatorio".

affidávit: declaración de los hechos, por escrito,

confirmada bajo juramento del autor ante un

escribano o funcionario quien tiene la autoridad de

juramentar.

agente de libertad condicional: agentes del

departamento de libertad condicional. Sus deberes

incluyen llevar a cabo investigaciones precondenatorias, preparar informes pre-condenatorios

para aquellos acusados que han sido condenados y

supervisarlos en la comunidad.

agravio civil: un acto ilícito civil extracontractual o

incumplimiento de un deber a la otra parte(s) El

"perjudicado" del agravio podría tener el derecho a

entablar demanda por daños y perjuicios. Las

víctimas de delito también pueden demandar en lo

civil por los agravios sufridos. La mayor parte de los

casos de agravio se atienden en tribunales estatales,

excepto cuando el agravio ocurre en terrenos

federales (por ejemplo, en bases militares), cuando

demandan al gobierno o cuando hay diversidad de

ciudadanía entre las partes interesadas

alegatos: escritos presentados al juez donde se

explica las aseveraciones fácticas o de derecho con

respecto a la causa.

alguacil federal de los EEUU: un agente nombrado

por cada presidente del tribunal de distrito para que

preste servicios de protección a los jueces,

procuradores y otros funcionarios del sistema

judicial. Los alguaciles también tienen la

responsabilidad de proveer transporte a los presos y

otros deberes de notificación formal y cumplimiento

de ciertas órdenes judiciales. 

apelación: petición acerca de uno o más puntos,

presentada después de un juicio oral y público por el

perdedor, para que así el juez de segunda instancia

(juez de apelación) revise si fue correcta la resolución

del juez que presidió el juicio inicial. El presentar esta

petición es "apelar" o "presentar una apelación". El

que presenta la apelación es el "apelante"; el otro es

el "apelado".

asunto: punto debatido entre las partes opuestas en

una demanda.

asunto de competencia federal: competencia de los

juzgados federales en causas donde se aplica y se

interpreta la Constitución de los EEUU, leyes del

Congreso y tratados.

auto: orden formal escrita y expedida por un juez

donde se exige el cumplimiento de alguna acción

específica.

auto de avocación (certiorari): una orden expedida

por el Tribunal Supremo de los EEUU con la cual

ejerce su criterio para repasar el fallo de un tribunal

federal inferior o un tribunal supremo a nivel estatal.

auto de hábeas corpus: una orden judicial que, por lo

general, se usa para traer al reo ante el juez para que

se decida la legalidad de su encarcelamiento. Un

individuo preso por una causa estatal puede entablar

una petición ante un juez federal para que se expida

un 'auto de habeas corpus' para que así se decida en

el juzgado federal si el estado ha vulnerado sus

derechos constitucionales. Reos en instalaciones

federales también pueden presentar estas peticiones.

Un auto de hábeas corpus también puede ser

utilizado para llevar un preso ante un juez a prestar

testimonio o ser enjuiciado.

causa subsidiaria a diligencias en un país

extranjero: una causa entablada por el representante

de un tribunal extranjero conforme a la Compilación

de Leyes de Quiebra, inciso 304, para así proteger los
52

bienes en los EEUU de un deudor tramitando

diligencias por insolvencia en un país extranjero.

citatorio: orden a un testigo para que comparezca a

prestar testimonio o presentar documentos. Esta

orden se expide con la autoridad de un juez o alguna

otra agencia del gobierno.

competencia: autoridad, del juez, conforme a derecho

para atender y decidir una causa

condena: el castigo impuesto por el juez al acusado

que sea condenado por un delito. 

consulta pre-procesal: consulta entre el juez y los

abogados para programar las diligencias del juicio

oral y público, decidir qué asuntos presentarle al

jurado, repasar las pruebas y testigos que serán

presentados y fijar el calendario del juicio. También el

juez y las partes interesadas hablan acerca de la

posibilidad de resolver la causa sin celebrar un juicio. 

contestación: un escrito formal del demandado como

respuesta a la demanda en lo civil el cual establece su

defensa.

contrato: acuerdo entre dos o más individuos con el

cual se fija una obligación de hacer o no hacer algo

en particular.

curador o síndico: la persona nombrada en causas de

quiebra para representar los intereses del patrimonio

del quebrado y los acreedores no privilegiados. Entre

sus responsabilidades; liquidar los bienes del

patrimonio, administrar el patrimonio o empresa(s) del

deudor, repartir bienes entre los acreedores y

demandar a los acreedores o al deudor para recuperar

bienes del patrimonio en cuestión.

Curador o Síndico Concursal y Procesal Federal:

funcionario del Depto. de Justicia nombrado en la

mayoría de los distritos judiciales para supervisar los

trámites de quiebra. Tiene la responsabilidad de

nombrar curadores o síndicos en la causas de quiebra

y asegurarse de que no abusen del procedimiento

concursal

debate oral: oportunidad para que los abogados

expliquen oralmente sus puntos de vista ante el juez y

para contestar cualquier pregunta del juez.

declaración: la contestación del acusado con

respecto a su contestación de "culpable" o "no

culpable" a la acusación en un asunto penal. Véase

"nolo contendere".

deposición: una declaración oral prestada frente a un

funcionario quien tiene la autoridad, por ley, de

juramentar. Generalmente estas declaraciones se

llevan a cabo para interrogar posibles testigos, para

brindar la revelación de pruebas, o para usarse más

adelante en el proceso judicial. Véase revelación de

pruebas.

Defensor Federal Público: abogado empleado a

tiempo completo por el juzgado federal para proveer

la defensa de acusados indigentes. El ramo judicial

administra el programa del defensor federal conforme

las normas de enjuiciamiento de lo penal.

delito mayor: ilícito grave que conlleva pena de más

de un año de prisión. Véase "delito menor".

delito menor: ilícito punible con un año de reclusión

o menos. Véase "delito mayor".

demanda: acción legal entablada por el demandante

en contra del demandado con base en una queja de

que el demandado no cumplió una obligación legal y

como resultado el demandante sufrió perjuicios.

demandado: la persona u organización a quien se le

entabla demanda en lo civil. En una causa penal es al

que se le acusa de cometer un ilícito.

demandante: quien entable la demanda en una causa

civil.

Derecho Consuetudinario (common law): sistema

jurídico que se originó en Inglaterra y sigue en uso en

los Estados Unidos, basado en la interpretación de

conceptos jurídicos en sucesión histórica de fallos

judiciales. Los conceptos del derecho jurisprudencial

anglo-norteamericano pueden ser modificados por la

legislatura, pero depende de la interpretación de la

metodología del common law. Varios aspectos en

derecho, como el derecho concursal (de quiebra) han

sido codificados con leyes muy bien definidas, pero

estas leyes se aplican conforme a las sucesivas

interpretaciones anteriores dictadas por los jueces.

despacho del juez: por lo general esto incluye el área

de trabajo del investigador legal (law clerk) del juez

al igual que su secretario(a).
53

deudor: el sujeto de un caso de quiebra.

emitir: expedir de manera formal, como cuando el juez

emite una orden

en pleno (colegiado): se refiere a sesiones judiciales

en las que se encuentran presente todos los jueces

que pertenecen a ese tribunal. En los EEUU los

tribunales de apelación de circuito celebran

audiencias en grupos de tres jueces, pero a veces

todos los jueces deciden asuntos en conjunto, o sea,

en pleno.

enjuiciamiento: acusar a alguien de un delito; un

procurador presenta la causa penal en pro del estado.

equitativo: referente a demandas en lo civil de

"equidad" en vez de "derecho". Históricamente en

Inglaterra los juzgados en "derecho" solamente

podían ordenar indemnización. Léase "daños". Los 

juzgados de "equidad" por separado podían ordenar

que alguien hiciera o no hiciera algo.Léase

"interdicción". En la jurisprudencia americana los

tribunales federales tienen autoridad en "derecho" y

en "equidad", esta es una distinción importante en

ciertos aspectos. Por ejemplo, un juicio oral y público

por jurado se aplica por lo general en causas de

"derecho" pero no en causas de "equidad".

escrito de alegación: un escrito presentado por una

de las partes en el que se presenta lógica en hecho y

en derecho por la que el juez debería otorgar ciertos

puntos o debería fallar en favor del autor del escrito.

escrito de demanda: escrito preparado por el

demandante para iniciar la causa en lo civil, en este se

plantea la competencia del juez que deba de atender

el asunto, los perjuicios que supuestamente cometió

el demandado y el remedio que se exige.

entablar: el presentar un documento para que pase a

la custodia formal de la secretaría del tribunal y que

se incluya como parte del expediente de la causa. 

expediente: los documentos oficiales de una causa.

falta: una contravención a nivel federal punible con

un máximo de hasta seis meses de reclusión.

impugnación: (1) proceso mediante el cual se pone en

duda la declaración de un testigo. Por ejemplo, dícese

que el testigo fue impugnado si se pudiera demostrar

que elaboró falsedades en su testimonio. 

(2) proceso constitucional en el que la Cámara de

Representantes puede "impugnar" (acusar de

conducta ilícita) a oficiales federales de alto rango

quienes podrían ser enjuiciados por el Senado. 

in forma pauperis: poder litigar sin gastos. Permiso

del juez para que se entable la demanda sin tener que

pagar los gastos administrativos porque la persona

es indigente.

informe pre-condenatorio: informe que prepara el

agente de libertad condicional del juzgado después

de que se falla culpable al acusado, en éste se da un

resumen de la información general necesaria para

determinar la pena adecuada.

instrucciones al jurado: instrucciones del juez para el

jurado que se leen antes de que el jurado delibere

respecto a los puntos fácticos a decidirse y las leyes

que deben aplicarse.

interdicto: orden judicial que le obliga a o le prohíbe

al acusado hacer algo en particular.

interrogatorios: durante la revelación de la prueba

de un asunto en lo civil, preguntas presentadas por

escrito que se le envían a la parte contraria, quien a

su vez, debe contestarlas por escrito y bajo

juramento.

juez: funcionario quien tiene potestad, por ley, para 

resolver disputas conforme a derecho. La palabra juez

comúnmente se refiere a todos los funcionarios

judiciales, incluso los magistrados del Tribunal

Supremo, jueces a nivel estatal y federal, jueces

militares y otros nombrados por el poder ejecutivo

quienes atienden tribunales y otras agencias que

resuelven disputas legales.

juez de derecho administrativo: un funcionario de

una agencia regulatoria o de servicio público, como la

Administración del Seguro Social o la Comisión

Regulatoria de la Bolsa de Valores, quien resuelve

disputas conforme los reglamentos y pautas tratados

en su agencia y dada una apelación ésta deberá

conocerse ante un juez nombrado según el Artículo

III de la Constitución.

juez de instrucción: funcionario judicial del tribunal
54

federal quien celebra las diligencias iniciales en una

causa penal, resuelve causas de contravenciones,

celebra procedimientos preparatorios en causas

civiles y penales en nombre de jueces federales y,

con el consentimiento de las partes interesadas,

resuelve causas de lo civil.

presidente del tribunal: juez cuya responsabilidad

principal es el administrar un tribunal. A estos jueces

se les selecciona en virtud de su antigu:edad.

juicio oral y público sin jurados: juicio ante el juez

sin panel de jurado. El juez decide quién es la parte

vencedora.

jurado (petit jury): grupo de ciudadanos a nivel local

seleccionados por el juez para atender las pruebas en

los juicios y dar su veredicto respecto a los hechos.

Véase "jurado indagatorio".

jurado indagatorio (grand jury): panel en una causa

penal de entre 16 a 23 ciudadanos quienes atienden

las pruebas presentadas por el Ministerio Público

para decidir si existen suficientes pruebas para

expedir un auto acusatorio en un juicio penal. Véase

"auto acusatorio" y "Procurador Federal".

jurisdicción: zona geográfica que le corresponde a

un tribunal específico para decidir la causa.

jurisprudencia: Derecho conforme los fallos escritos

por los jueces.

tribunal: órgano del Gobierno dirigido por jueces

autorizado por ley para resolver disputas a nivel

jurídico. A veces los jueces se refieren a sí mismos

como "el tribunal" en la tercera persona. Por ejemplo;

"el tribunal ha repasado los escritos".

juzgamiento: decisión formal del juez que resuelve

definitivamente la disputa entre las partes

interesadas.

juzgamiento sumario: resolución del juez basada en

las declaraciones y pruebas presentadas en actas sin

llevar a cabo un juicio. Esto ocurre en causas donde

no es necesario resolver disputas de índole fáctica. El

juzgamiento sumario se otorga a la parte que - con los

hechos innegables presentados en actas - se merezca

ganar en virtud de derecho.

lectura de cargos: diligencia ante el juez en la cual se

le notifica al acusado del delito(s) en su contra y se le

pregunta si contesta culpable, no culpable o nolo

contendere (no reconozco ni niego).

leyes: conjunto de normas promulgadas por el

Congreso o por una de las legislaturas de la nación.

libertad condicional: 1. Alternativa a la pena de

reclusión en la cual el procesado puede salir con la

supervisión de un agente de probatoria, quien se

asegura de que el procesado obedezca ciertas reglas

(conseguir empleo, participar en terapia contra

drogas, servicio comunitario, por ejemplo); 2.

Departamento del tribunal que prepara informes

precondenatorios.

lista de causas: el registro que contiene el historial

completo de cada causa con breves apuntes

cronológicos donde se resumen todas las diligencias

procesales. Todas las listas de casos a nivel federal

se mantienen electrónicamente y están al alcance del

público por computadora.

litigio: una causa, controversia judicial, o demanda.

Las partes interesadas (demandantes y demandados)

son los litigantes.

normas procesales: las normas de prueba a nivel

federal, y las de lo civil, penal, quiebra y las normas

de apelación que los jueces y abogados tienen que

obedecer en los tribunales federales Algunos

juzgados establecen normas adicionales como

suplemento a las federales.

notificación formal: la entrega formal de documentos

o citatorios de una causa a la parte indicada.

resolución: justificación escrita de la decisión del

juez. En causas de apelación las resoluciones pueden

ser escritas de distintas maneras porque a veces más

de tres jueces las atienden. Si todos los jueces están

de acuerdo con la decisión, uno de los jueces prepara

la resolución en nombre de los demás. Si no es así, la

decisión se basa en el punto de vista de la mayoría y

uno de la mayoría prepara la resolución. Los jueces

que no están de acuerdo con ésta pueden preparar

por separado resoluciones en disidencia o

concurrencia para presentar sus puntos de vista. Una

opinión disidente rechaza la de la mayoría ya sea por

la lógica o por los principios de derecho utilizados
55

para decidir la apelación. Una opinión concurrente

apoya la decisión de la mayoría pero presenta más

comentarios o aclaraciones, o aún podría presentar

razones completamente distintas para llegar a la

misma decisión. Solamente la opinión de la mayoría

puede considerarse como un precedente vinculante

en causas venideras. Véase "precedente".

tribunal colegiado: (1) el grupo de jueces (por lo

general tres) asignados a decidir casos de apelación.

(2) el grupo de candidatos al jurado en un juicio oral.

(3) grupo de abogados aptos y disponibles para ser

nombrados como defensores de acusados indigentes.

partes: los litigantes en una causa. Normalmente en

un juicio se dice de la parte demandante y la 

demandada. En apelación se les conoce como el

apelante y el apelado. En algunos casos

administrativos son el peticionario y el demandado.

pautas de las sentencias: el conjunto de normas y

principios establecidos por la Comisión Federal de

Sentencias que usan los jueces para imponer la

sentencia a los acusados.

 

pedimento: petición de un litigante presentada al juez

para que éste decida algún asunto referente a la

causa.

"petit jury" (jurado): grupo de ciudadanos quienes

atienden las pruebas presentadas por ambas partes

durante el juicio y deciden cuáles son los hechos

comprobados en el pleito. Jurados en asuntos

penales a nivel federal están compuestos de 12

personas, en lo civil por lo menos seis. Véase

"jurado" y "jurado indagatorio".

precedente: resolución judicial en una causa anterior

con características fácticas y de derecho similares a

otra pendiente ante un juez. Conforme al régimen

jurídico Anglo-norteamericano (Common Law) los

jueces, por lo general, "acogen" el precedente. Los

conceptos establecidos en la causa anterior son

utilizados para decidir nuevas causas que comparten

hechos similares y traen a colación puntos similares

de derecho. Un juez puede hacer caso omiso del

precedente si una de las partes le puede convencer

que el caso fue decidido incorrectamente o que es

considerablemente distinto a la nueva causa. Los

juzgados inferiores tienen que acoger las decisiones

de los superiores.

pro se: frase del latín que significa "en pro de sí

mismo"; en el ámbito judicial se refiere a los que

interponen sus causas sin abogado.

procedimiento: las normas para entablar una

demanda. Hay normas de procedimiento de lo civil, de

lo penal, de prueba, de quiebra y de apelación.

Procurador Federal: un abogado nombrado por el

presidente del tribunal en cada distrito judicial para

que radique acusaciones en lo penal y defienda las

causas del gobierno federal. Este emplea un grupo de

delegados a la Procuraduría quienes comparecen

como representantes del gobierno federal en distintas

causas.

 

pruebas: información presentada por medio de

testimonio o documentos para persuadir al que

determine los hechos (el panel de jurado o juez) en

favor de la parte interesada.

quiebra: proceso judicial -al cual le compete

exclusivamente al fuero federal - donde los individuos

o empresas insolventes pueden solicitar ayuda del

tribunal para liquidar, reorganizar deudas y activos.

Con la protección de un juez de quiebra, los deudores

pueden eliminar sus deudas. Los jueces de quiebra

presiden en este tipo de diligencias.

remitir: medio por el cual el tribunal de apelaciones

envía nuevamente una causa al tribunal inferior para

llevar a cabo diligencias adicionales.

reorganización: proceso por el cual una empresa con

problemas económicos pueden modificar sus

obligaciones a los acreedores conforme al Capítulo 11

de la Compilación de leyes Concursales. La empresa

que solicite protección del Capítulo 11 continúa

funcionando bajo la supervisión del tribunal de

quiebras mientras se prepara el plan de

reorganización. Si el tribunal confirma el plan las

deudas anteriores a la quiebra son reemplazadas por

las nuevas obligaciones conforme al plan del deudor.

resolución alternativa de disputas: distintos métodos

para resolver pleitos jurídicos sin llevar a cabo un

juicio, como la mediación y el arbitraje extrajudicial.

revelación de pruebas: proceso de preparación para el

juicio en el cual los abogados se enteran del caso
56

que presentará el oponente. Generalmente la

revelación de pruebas pueden ser declaraciones

juradas, interrogatorios y peticiones para que se

acepten pruebas y para que se presenten

documentos. 

Todo esto ayuda a que los abogados se enteren de

los puntos importantes, a obtener y examinar

cualquier otro artículo.

revocación: cuando el tribunal de apelaciones deja sin

efecto el fallo del tribunal de primera instancia. Por lo

general esto conlleva remitir la causa al tribunal

inferior para celebrar audiencias adicionales.

secretario(a): funcionario administrativo nombrado

por los jueces del tribunal para ayudar a distribuir los

causas en el sistema, actualizar los expedientes, tratar

asuntos económicos y complementar el aspecto

administrativo de los tribunales.

 sentencia absolutoria: sentencia en lo penal en la

que no se comprobó la culpabilidad del acusado más

allá de una duda razonable. En otras palabras, un

veredicto de "no culpable". Conforme al concepto

constitucional contra el doble enjuiciamiento, al

acusado nunca más se le podrá enjuiciar en lo penal

por ese mismo ilícito.

sentencia condenatoria: fallo de culpabilidad contra

el acusado.

Servicios Pre-procesales: departamento del tribunal

de distrito que lleva a cabo investigaciones del

historial del acusado en una causa penal para asistir

al juez a decidir respecto a la libertad provisional

antes del juicio. Los agentes de este departamento

también pueden supervisar los acusados en libertad

provisional pendiente el juicio.

taquígrafo(a): el que prepara en actas todo lo que se

diga durante las actuaciones, palabra por palabra. Por

lo general se usa una máquina estenógrafa,

taquigrafía, o grabación magnetofónica. La

transcripción de la diligencia se puede preparar a

petición de la parte interesada.

testigo: persona citada por una de las partes para que

preste testimonio ante el juez o el jurado.

testimonio: prueba presentada oralmente por parte de

testigos durante juicios o ante paneles de jurados

indagatorios.

transcripción: constancia, por escrito, de todo lo

dicho, palabra por palabra, en las audiencias de

juicios u otras conversaciones formales, como en las

deposiciones.

Tribunal de Comercio Internacional: tribunal del

Artículo III establecido por el Congreso para atender

asuntos referentes al derecho del comercio exterior en

los EEUU. como litigios de tarifas, "dumping",

impuestos compensatorios y disputas del derecho de

autor a nivel internacional.

veredicto: la decisión del jurado o del juez respecto a

la culpabilidad o inocencia del acusado en una causa

penal o el resultado definitivo de una causa en lo

civil. 

versión de terceros: declaración de un testigo quien

no vió ni presenció el asunto en cuestión y se enteró

por medio de otra persona. Generalmete la versión de

terceros es inadmisible como prueba en un juicio

porque no es tan confiable como la información de

primera mano, pero hay varias excepciones a esta

regla.

voir dire: proceso de selección mediante el cual los

jueces y los abogados deciden quién participará en el 

jurado al hacérle preguntas a los candidatos idóneos

para así cerciorarse de su aptitud para decidir el juicio

equitativamente. "Voir dire" significa "decir la

verdad". 
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Otras Fuentes de Información

The Federal Courts and What They Do

(Federal Judicial Center, 1997) 

Getting Started as a Federal Judge

(Administrative Office, 1997)

Long Range Plan for the Federal Courts

(Judicial Conference of the U.S., 1995)

Direcciones de sitios web:

Corte Suprema de los Estados Unidos:

www.supremecourtus.gov 

Oficina Administrativa de los Tribunales

Federales de los Estados Unidos

www.uscourts.gov

Centro Judicial Federal:

www.fjc.gov

SOBRE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES

Esta edición fue elaborada por la

Oficina de Programas para Jueces de la Oficina

Administrativa de los Tribunales Federales.

Fundada de conformidad con la ley promulgada

por el Congreso en 1939, la Oficina

Administrativa respalda la labor del poder

Judicial del gobierno federal. Su director, quien

es el principal funcionario administrativo de los

tribunales federales, es nombrado por el

Presidente de la Corte Suprema de los Estados

Unidos, previa consulta con la Comisión

Judicial.

La Oficina Administrativa proporciona

personal de apoyo y asesoría a la Comisión

Judicial (encargada de dictar las normas para

los tribunales federales) y sus comités. También

revisa y evalúa el funcionamiento y los asuntos

que surjan en el poder judicial, presenta

recomendaciones para la creación de nuevas

políticas y programas, e implementa y fomenta

las políticas de la Comisión Judicial. 

La Oficina Administrativa elabora

programas, sistemas y métodos para respaldar

y mejorar la administración de los tribunales. Asímismo proporciona una gama extensa de servicios

legales, de administración, técnicos, de comunicación y otros de apoyo para el funcionamiento de los

tribunales de apelación, de primera instancia federal y de quiebras, de los servicios para la defensa

[penal] y de las agencias de servicios pre-procesales y de libertad condicional. Algunas de las

funciones de la Oficina Administrativa son preparar y administrar el presupusto judicial, verificar los

documentos financieros de los tribunales, administra la nómina judicial y los programas de recursos

humanos, compilar y analizar estadísticas para presentar informes sobre la operación de los tribunales,

dirigir los programas de automatización y tecnología en los tribunales, efectuar estudios y revisiones de

programas y operaciones, establecer nuevos sistemas de operación de los tribunales, producir

manuales, guías y otras publicaciones, fomentar y coordinar la comunicación con los poderes ejecutivo

y legislativo, y proporcionar información al público sobre las labores del poder judicial. 

El Director de la Oficina Administrativa ha delegado a los tribunales individuales muchas de sus

facultades administrativas. Como resultado de esto, cada tribunal puede planificar, organizar y
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administrar sus actividades y gastos administrativos, con sujeción a las políticas y límites de gastos, para

satisfacer sus necesidades. Esta "decentralización" de las facultades administrativas ha demostrado ser

de beneficio tanto para los tribunales como para los contribuyentes de impuestos porque reduce la

burocracia y fomenta la innovación y la economía. 

Para obtener copias adicionales, por favor comuníquese con:

Article III Judges Division

Administrative Office of the United States Courts

Thurgood Marshall Federal Judiciary Building

One Columbus Circle, N.E.

Washington, D.C. 20544

202-502-1860

202-502-1888 (fax)
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