Número Identificador

SEN(RES)2024____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

SUNNOVA ENERGY 

CORPORATION

Apelado

v.

LINDA BÁEZ FERNÁNDEZ

Apelante

KLAN202400618

APELACIÓN

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Ponce

Caso Núm.:

PO2023CV03295

(606)

Sobre: Cobro de 

Dinero

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Álvarez Esnard, jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2024.

Comparece ante nos Linda Báez Fernández (“señora Báez” o 

“Apelante”) mediante una Apelación presentada el 24 de junio de 

2024. Nos solicita que revoquemos la Sentencia dictada el 17 de 

mayo de 2024 y notificada el 23 de mayo del mismo año por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (“foro 

primario” o “foro a quo”). Por virtud de esta, el foro primario declaró 

Ha Lugar la Demanda sobre cobro de dinero incoada por Sunnova 

Energy Corporation (“Sunnova” o “Apelada”). En consecuencia, el 

foro a quo condenó a la Apelante al pago de una deuda ascendiente 

a $2,983.07, por haber dejado de pagar unas mensualidades 

conforme a un contrato suscrito entre las partes de epígrafe.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada. 
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I.

La génesis de este caso se remonta al 3 de noviembre de 2023

cuando Sunnova presentó una Demanda en Cobro de Dinero al 

Amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil contra la señora Báez.1

Mediante esta, alegó que el 13 de mayo de 2019, la Apelante

suscribió un contrato de venta a plazos con la Apelada para la 

compra de un sistema fotovoltaico y un sistema de almacenamiento

de energía. Esbozó que, conforme al referido contrato, la señora Báez 

tenía la obligación de emitir pagos mensuales. No obstante, indicó 

que la Apelante dejó de pagar dichas mensualidades, por lo cual, se 

generó una deuda de $2,983.07. Arguyó que, en varias instancias, 

intentó cobrar lo adeudado pero dichas gestiones fueron 

infructuosas. Por ello, sostuvo que la deuda era líquida vencida y 

exigible, por ello, solicitó que se dictara sentencia a su favor y 

ordenara a la señora Baez a pagar la suma adeudada. 

En respuesta, el 7 de diciembre de 2023, la Apelante presentó 

su Contestación a Demanda.

2 Mediante esta, negó algunas 

alegaciones y levantó varias defensas afirmativas, entre las cuales

incluyó como defensa que en el caso de marras no hubo contrato 

entre las partes. Posteriormente, el 12 de diciembre de 2023, la 

Apelante presentó una Urgente solicitud de Conversión de Trámite 

Procesal de uno Sumario a uno Ordinario & Solicitud para la 

Imposición de una Fianza de no residente.

3 En esencia, enfatizó que 

en este caso nunca se firmó un contrato, sino que más bien hubo

vicio en el consentimiento, ya que aparentemente alguien firmó por 

la señora Báez. Puntualizó que, por este motivo, se requería activar

mecanismos de descubrimiento de prueba. De otro lado, expresó

1 Véase el Apéndice de la Apelante, pág.1-2.

2 Íd., págs. 7-9.

3 Íd., págs. 10-11.
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que Sunnova debía pagar fianza de no residente conforme lo exige 

nuestro ordenamiento jurídico.

Examinado este escrito el 12 de diciembre de 2023, el foro 

primario le concedió diez (10) días a Sunnova para que presentara

su postura.4 Así pues, el 17 de enero de 2024, la Apelada presentó 

Moción en Cumplimiento de Orden.

5 En lo pertinente, reiteró que las 

partes habían suscrito un contrato mediante el cual la señora Báez 

se comprometió a instalar un equipo valorado en $28,512.50. A su 

vez, se comprometió a realizar un pago inicial de $1,000.00, además 

de cumplir con una mensualidad de $177.10 por un término de 25 

años. En virtud de ello, resaltó que la Apelante no había presentado 

argumentos sustanciales que justificaran la conversión del presente 

pleito a uno ordinario. Cónsono con lo antes expuesto, ese mismo 

día, el foro primario declaró No Ha Lugar la conversión del proceso.6

Surge del expediente que, subsiguientemente, el 11 y 25 de 

abril de 2024 se celebró la vista en su fondo. Culminado el juicio, el 

foro primario emitió Sentencia el 17 de mayo de 2024, la cual fue 

notificada el 23 de mayo del mismo año.

7 De esta se desprende que 

las partes presentaron la siguiente prueba:

Prueba de la Parte Demandante: [Sunnova]

Exhibit 1 -Carta de Cobro

Exhibit 2 -Contrato

Exhibit 3 -Certificado de Firma y Envío

Exhibit 4 -Desglose de la Deuda

Prueba de la Parte Demandada: [señora Baez]

Exhibit A -Notificación de Contrato

Exhibit B -Cadena de Correos Electrónicos (6 págs.)

Exhibit C -Requerimientos de Admisiones

Exhibit D -Contestación a Requerimientos de Admisiones

Exhibit E -Detalle sobre la ubicación del IP Address 

66.87.196.156.

Exhibit F -Detalle sobre la ubicación del IP Address 

184.212.210.122.

8

4 Íd., pág. 12.

5 Íd., págs. 13-15.

6 Íd., pág. 18.

7 Íd., págs. 249-266.

8 Íd., pág. 252.
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Asimismo, mediante este dictamen, el foro primario formuló 

unas determinaciones de hechos, las cuales se transcriben a 

continuación:

1. La Sra. María Mota Salcedo es la Gerente de Cobros de 

Sunnova Energy. La Sra. Mota tiene entre sus funciones 

entrenar a los agentes a entender el sistema de softwares, 

ayudar a los clientes con sus problemas, abrir casos, que 

se refiere a si hay algún problema con otro departamento, 

se debe abrir un caso, documentar que sucedió y como se 

solucionó o no el problema. La Sra. Mota Salcedo es la 

custodia de los récords de cobro de Sunnova. 

2. La parte demandante Sunnova cuenta con una 

plataforma llamada Salesforce donde se almacena 

información sobre las transacciones con los clientes. La 

Sra. Mota Salcedo explicó que en dicha plataforma se 

mantiene la llamada de validación que se hace con el 

cliente, donde se confirma con el cliente la información 

básica, como el nombre, dirección, correo electrónico, si 

vive en el hogar, si entiende lo que ha firmado, se le 

explica lo que firma y sus pagos mensuales. Todos los 

agentes de Sunnova tienen acceso a esa plataforma vía 

una contraseña y el correo electrónico de la compañía. La 

Sra. Mota Salcedo trabaja todos los días con esa 

plataforma y afirma que es información confiable. En esa 

plataforma también se mantienen las llamadas de 

confirmación, las llamadas hechas y recibidas del cliente, 

correos electrónicos enviados y recibidos del cliente, 

métodos de pago que brinda el cliente o que obtienen del 

cliente, pagos realizados y los casos que generan. 

3. La parte demandante Sunnova utiliza la plataforma 

Docusign para que los clientes puedan firmar su 

contrato. El cliente accede a su correo electrónico para 

abrir el correo electrónico que le envía Docusign para que 

pueda firmar el contrato. La firma es un método 

electrónico donde el cliente puede seleccionar la manera 

en la que va a firmar, puede ser con el dedo o escogiendo 

la firma, tras seleccionar el tipo de letra (font), el sistema 

usa ese tipo de letra y el nombre del cliente para auto 

programar una firma del cliente. Si el cliente escoge no 

usar ese método, lo hace con el teléfono o una tableta 

pueden firmar con su dedo. Esa plataforma Docusign se 

utiliza a diario en Sunnova. La parte demandante no 

utiliza otro método de firma para sus contratos, no se 

firma ningún contrato a mano. 

4. La Sra. Mota Salcedo conoce a la demandada porque fue 

una cliente que tuvieron que llamar para intentar cobrar 

el balance adeudado. 

5. El contrato con la demandada, el sistema se puso 

oficialmente en servicio desde el mes de junio de 2019, 

pero las gestiones fueron antes de esa fecha. 

6. La Sra. Mota Salcedo explicó que en Puerto Rico Sunnova 

tiene distintos tipos de contratos de compra de 

producción que se conocen como “PPA”, “PPA’s easy”, 

“loans storages” y “lease storages”. El “loan storage” es un 

almacenamiento de préstamos, el “easy” es que el 

producto tendría un rédito fijo y el PPA es la venta de 

producción que tiene sus pagos variados. En este caso se 

usó el almacenamiento de préstamo “loan storage” donde 

se está comprando el sistema que incluye una batería y 

se financia el sistema para pagarlo. 
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7. El contrato de la demandada Linda Báez Fernández es un 

SunSafe EasyOwn. La Sra. Mota Salcedo aclaró que el 

término “loan storage” es el que usan internamente para 

referirse a ese tipo de contrato de financiamiento del 

sistema con la batería. En este caso, los contratantes son 

la demandada y los instaladores que en este caso fue 

Integrated Solar Operation (ISO). El documento fue 

firmado a través de la plataforma Docusign el 13 de mayo 

de 2019.

8. El contrato objeto del presente caso fue otorgado el 13 de 

mayo de 2019 y las partes contratantes lo firmaron a 

través de la plataforma de Docusign. El contrato se le 

hizo llegar a la parte demandada por un correo 

electrónico generado por la plataforma Docusign a la 

dirección renetorresponce@hotmail.com, la cual 

pertenece al esposo de la demandada, el señor René 

Torres Maldonado, y según fue solicitado por la parte 

demandada. 

9. De acuerdo con la confirmación generada por la 

plataforma de Docusign, el contrato fue enviado por 

correo electrónico a la demandada el 13 de mayo de 2019 

a las 4:09:58 pm, fue visto por ésta a las 4:11:23 pm y 

firmado a las 4:21:08 pm. El representante de ISO, el 

señor Ralph Díaz, recibió el Contrato ya firmado por la 

demandada el mismo 13 de mayo de 2019 a las 4:21:10 

pm, lo vio a las 4:37:02 pm y lo firmó a las 4:37:24 pm. A 

las 4:37:24 pm se completó todo el proceso de firmar el 

contrato.

10. La compañía que realizó el diseño e instalación del 

sistema de la demandada fue Integrated Solar Operation 

o ISO Group. La parte demandante no participó del 

proceso de venta de este servicio, sino que actuó como el 

ente que financió la compra. 

11. En el contrato, la parte demandante se obligó a mantener 

el sistema después de la instalación y a empezar a cobrar 

y obtener pagos. En este caso, los pagos acordados fueron 

por la suma de $177.10 mensuales por 25 años. El costo 

total financiado del contrato fue de $57,128.58. 

12. La parte demandada realizó un total de siete (7) pagos por 

la cantidad de $176.63, comenzando con un primer pago 

en agosto de 2019 y el último pago realizado fue en 

febrero de 2020. 

13. La Sra. Mota Salcedo declaró que obtuvo la información 

para el desglose de los pagos y la deuda de la plataforma 

Salesforce. Después de febrero de 2020 la demandada no 

realizó pagos adicionales. 

14. La Sra. Mota Salcedo declaró se hicieron llamadas a la 

demandada para entender el motivo por el cual no quería 

hacer los pagos y trata de llegar a un acuerdo para que 

continuara con el contrato. Estas gestiones comenzaron 

desde el mes de abril de 2020. La Sra. Mota Salcedo 

explicó que intentaron obtener un pago en abril de 2020, 

le dieron una oportunidad para que contestaran las 

llamadas y hacer un pago, tuvo un periodo de tiempo 

para desconectarse del sistema, por lo que continuaron 

facturándole, luego se hizo un write-off, lo cual explicó 

que se refiere a dejar de cobrar, pausando el contrato. 

15. La deuda acumulada por la parte demandada reclamada 

en la Demanda asciende a la cantidad de $2,983.07, que 

comprende el periodo de marzo de 2020 hasta mayo 

2021.
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16. La Sra. Mota Salcedo declaró que lo último que supieron 

fue que la demandada quería remover el sistema que fue 

instalado en su residencia, pero desconoce si lo 

removieron o no. Actualmente, el sistema no está 

funcionando porque se desconectó debido a que la 

demandada no realizó los pagos a la cuenta. 

17. El 1 de septiembre de 2020 Sunnova le envió una carta 

de cobro a la demandada, informando el balance 

adeudado a esa fecha por la cantidad de $1,379.39.

18. La Sra. Mota Salcedo declaró que la parte demandante 

envió dos (2) cartas; primero una carta de desconexión 

“disconnect letter” notificando que si no paga el monto 

adeudado se le va a desconectar el sistema; y luego una 

segunda, una carta sobre incumplimiento “default letter” 

donde se le informa que para poder continuar con el 

contrato tiene que hacer un arreglo de pago o pagar el 

contrato en su totalidad. Al momento de hacer la 

reclamación, revisaron si se habían enviado estas dos (2) 

cartas a la parte demandada para que tuviera notificación 

de que no estaba haciendo sus pagos, el balance 

pendiente; y confirmar que hicieron todo lo necesario 

para intentar hablar y llegar a un entendimiento o 

resolución a los problemas, obtener un pago y no tener 

que presentar la Demanda. 

19. La Sra. Mota Salcedo reconoció que Sunnova preparó el 

contrato y que la participación de la parte demandada en 

el mismo se limitó a su firma. 

20. A la fecha en que se firmó el contrato en este caso, 13 de 

mayo de 2019, no había ningún sistema instalado en la 

residencia de la demandada; la instalación fue posterior 

a la firma y la parte demandante comenzó a cobrar una 

vez está instalado el sistema.

21. El contrato contiene una cláusula que permite al cliente 

su cancelación siete (7) días después de su firma, sin que 

se le realice cobro alguno. En este caso, la instalación del 

sistema ocurrió mucho después de los siete (7) días de 

haberse suscrito el contrato. La Sra. Mota Salcedo 

respondió que el cliente puede cancelar el sistema 

después de esos siete (7) días hasta la fecha en que el 

sistema se instale, pero debe pagar unos costos por las 

gestiones que se hacen a la fecha en que se instaló el 

sistema. 

22. En este caso, la Sra. Mota Salcedo reconoció que la 

demandada hizo la gestión para cancelar el contrato 

después del periodo de siete (7) días. No se estableció la 

fecha, ni la forma específica en que se hizo tal gestión. 

23. El contrato tiene la siguiente advertencia: 

“USTED TIENE DERECHO A UNA COPIA DEBIDAMENTE 

CUMPLIMENTADA DE ESTE ACUERDO, FIRMADO 

TANTO POR USTED COMO POR EL CONTRATISTA, 

ANTES DE COMENZAR CUALQUIER TRABAJO”. 

24. La Sra. Mota Salcedo declaró que el contratista no es 

quien le da el contrato a la parte demandada, esta lo 

recibe de la plataforma de Docusign. El contratista no 

tiene acceso para enviar el contrato.

25. En la página 13 del contrato se incluyó el Anejo 1 el cual 

establece:

“AVISO DE CANCELACION LA LEY REQUIERE QUE, 

ANTES DE QUE UN CONTRATISTA FIRME UN 

ACUERDO CON USTED SOBRE UNA OBRA DE 

MEJORA EN SU PROPIEDAD, EL CONTRATISTA LE 
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DEBERÁ OFRECER UNA COPIA DE ESTE AVISO DE 

CANCELACIÓN CON RESPECTO A SU DERECHO A 

CANCELAR ESTE ACUERDO DE MEJORAS PARA EL 

HOGAR. Este Aviso de Cancelación se adjunta al 

presente Acuerdo de Mejoras para el Hogar y se hace 

formar parte del mismo”.

26. El Anejo 1 es el propio Aviso de Cancelación y se hace 

formar parte del contrato y se le notificó a la demandada 

junto con el mismo. 

27. El contratista, es quien instala el sistema fotovoltaico y la 

batería. En el contrato el contratista está representado 

por el Sr. Ralph Díaz Ramos. La Sra. Mota Salcedo 

declaró que al Sr. Ralph Díaz se le envió el contrato 

después de que la demandada lo firmó, por tanto, él lo 

firmó después de la demandada. 

28. La certificación que genera Docusign tiene el IP Address 

de dónde estaba la demandada al momento en que lo 

firma. 

29. La Sra. Mota Salcedo afirmó que después de que el Sr. 

Ralph Díaz firmó el contrato se le envió copia a la 

demandada y que en la certificación13 que genera 

Docusign donde dice signing complete corresponde a la 

fecha y hora en que se envió el Contrato firmado por todas 

las partes y que ambos debieron recibir el Contrato con 

las firmas. 

30. El último párrafo del inciso 5 de los términos y 

condiciones de la venta en el contrato, establece: 

“Si usted o el Contratista terminan o cancelan este 

Acuerdo de Mejoras para el Hogar antes de la Fecha 

de Interconexión o 30 días después de que la 

instalación del Sistema sea completada, si ésta fecha 

es anterior a la Fecha de Interconexión, el Contrato de 

Venta al Por Menor a Plazos, así como el Contrato de 

Garantía se darán por terminado. Si usted o el 

Acreedor o el Contratista terminan el Contrato de 

Venta al Por Menor a Plazos o el Contrato de Garantía, 

respectivamente, antes de la Fecha de Interconexión, 

este Acuerdo de Mejoras para el Hogar también se 

dará por terminado”.

31. La demandada se comunicó en enero de 2020 para 

cancelar el contrato. La Sra. Mota Salcedo no tiene el día 

específico, ya que no lo verificó en la plataforma de 

Salesforce previo a declarar en el Juicio. 

32. La demandada envió varias comunicaciones a Sunnova 

solicitando le enviaran el contrato. 

33. En la certificación generada por Docusign surge que el IP 

Address de la demandada fue el 184.212.210.122. La 

residencia donde se instaló el sistema ubica en Ponce, 

Puerto Rico. 

34. La Sra. Mota Salcedo respondió al requerimiento que le 

cursó la parte demandada, en lo pertinente, que “los 

términos son los recogidos en el contrato, no tienen 

conocimiento de lo acordado o discutido entre la 

demandada con ISO”. 

35. La Sra. Mota Salcedo declaró que los funcionarios de ISO 

son los responsables de explicar a los clientes sobre cómo 

el sistema funciona y qué es lo que le pueden brindar 

como un sistema para su hogar.

36. La Sra. Mota Salcedo indició que el contrato le incluye la 

información de cuantos kilovatios va a poder brindarle el 

sistema, el tamaño del sistema y cuánto va a costar el 
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sistema, así como los pagos mensuales. Pero caso a caso, 

no tiene conocimiento específico de lo que ese funcionario 

de ISO habla con el cliente. 

37. La parte demandante no instaló el equipo; solo cobra lo 

que se acordó en el contrato sobre los pagos mensuales 

del sistema que se le instaló a la demandada. 

38. La Sra. Mota Salcedo declaró que luego de la firma del 

contrato a través de Docusign, se hace una llamada de 

validación por un funcionario de la parte demandante. En 

este caso se hizo una llamada a la demandada el 13 de 

mayo de 2019 para confirmar los detalles y explicarle los 

detalles de lo que acaba de firmar. La Sra. Mota Salcedo 

tiene acceso a esa información a través de la plataforma 

Salesforce. 

39. Una vez se completa la instalación y la interconexión, 

Sunnova comienza a facturar al cliente. En este caso, la 

fecha de interconexión fue el 25 de junio de 2019. 

40. La Sra. Linda Báez Fernández, aquí demandada, 

declaró que el 13 de mayo de 2019 el Sr. Miró de ISO les 

presentó, a ella y su esposo, un equipo en el que estaban 

interesados. La Sra. Báez expresó que el Sr. Miró fue con 

una tableta y que ella firmó en la tableta para verificar su 

crédito. Esta afirmó que no recibió ningún contrato de 

Sunnova el 13 de mayo de 2019, ya que sólo firmó en la 

tableta del Sr. Miró para verificar el crédito. La 

demandada reconoció que el servicio fue instalado en su 

residencia después de mayo de 2019, aunque no 

recuerda la fecha exacta. 

41. La demandada declaró que hizo varias llamadas a ISO y 

a Sunnova porque, según su entender, lo que instalaron 

no fue lo que acordaron. La demandada sostiene que las 

gestiones para cancelar el contrato las realizó 

inmediatamente después de que le instalaron, aunque no 

indicó fecha específica o aproximada de tales gestiones. 

Esta manifestó que fue antes de que le facturaran por el 

servicio. La demandada declaró que hizo llamadas a ISO 

y a Sunnova porque ISO le dijo que llamara al número 

que estaba en el contrato. 

42. Al ser confrontada con la firma electrónica en el contrato, 

la demandada manifestó que no sabe cómo llegó su 

nombre al mismo y que esa no es su firma. La demandada 

abundó que no autorizó a ningún representante de ISO o 

Sunnova para usar su firma o rasgos de su firma.

43. El 5 de agosto de 2019 la demandada le cursó un correo 

electrónico a la dirección de servicio al cliente de Sunnova 

desde su correo electrónico lindadoc0530@yahoo.com. La 

demandada anejó al correo electrónico a Sunnova 

capturas de pantallas “screenshots” que afirma 

corresponden a la producción de los paneles solares en la 

aplicación de Tesla. El texto del mensaje fue el siguiente: 

I have requested and I’m requesting again, my contract via 

mail: PO Box 10201 Ponce, PR 00732 44.

44. La demandada testificó que envió ese mensaje porque 

desde mayo de 2019 no había recibido el contrato, ni por 

correo electrónico, ni por correo postal. 

45. El 6 de agosto de 2019 el Departamento de Servicio al 

Cliente de Sunnova le contestó el correo electrónico 

dándole las gracias por contactarlos y acompañó el 

contrato en formato PDF. 

46. Además, Sunnova le envió el contrato por correo postal 

con fecha del 8 de agosto de 2019.
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47. La demandada declaró que realizó unos pagos porque era 

su deber, se lo estaban sacando de la cuenta. 

48. La demandada entiende que con las gestiones que hizo 

para cancelar no le debe nada a Sunnova.

49. En cuanto a las direcciones de IP que se consignan en la 

certificación de Docusign, la demandada sostiene que 

esos IP Address no son de su casa en Ponce y que sabe 

esa información verificando el IP Address en la 

computadora laptop en su casa. No obstante, esta 

información no nos merece suficientes garantías de 

confiabilidad, por lo que no le adjudicamos valor 

probatorio. 

50. En el turno de preguntas en contrainterrogatorio, la 

demandada reconoció que en la cadena de correos 

electrónicos que presentó en evidencia, no escribió para 

cancelar el servicio, ni escribió quejas sobre el servicio 

que le estaban dando. 

51. Asimismo, la demandada respondió que se le verificó el 

crédito para financiar el equipo de placas solares que iban 

a instalar en su casa, que ese equipo se instaló en su 

casa, que se pusieron las placas y se pusieron a 

funcionar, que pagó en los meses de agosto, septiembre, 

octubre, noviembre, diciembre de 2019 y en enero y 

febrero de 2020. De ahí en adelante interrumpió los pagos 

y no hizo ningún otro pago. Hoy en día no ha realizado 

más ningún pago, el equipo continúa en su residencia. 

52. La demandada reconoció en el contrainterrogatorio que 

consintió a un contrato para que se instalaran unas 

placas solares en su casa y se comprometió a hacer unos 

pagos mensuales a cambio de esa instalación que se iba 

a hacer en su casa.

53. Con el correo electrónico del Sr. René Torres, esposo de 

la demandada, se hizo el intercambio de los documentos 

entre Sunnova y la demandada. 

54. El número de teléfono (787) 235–0943 era del Sr. René 

Torres. La información para proveer el número de cuenta, 

número de ruta, autorización de cobro directo se hizo a 

través de una llamada telefónica que hizo el Sr. Miró, 

representante de Sunnova en Texas. La demandada 

declaró que en esa llamada no le explicaron los detalles 

del contrato, ni lo que estaba firmando. La demandada 

declaró que no recordaba si le habían explicado los 

detalles de la cancelación, y si admitió que le explicaron 

sobre la mensualidad que se comprometió a pagar. La 

demandada negó que en esa llamada le hayan dicho que 

le iban a enviar el contrato y negó que se le haya afirmado 

que, si lo había recibido, le podían enviar otra copia.

55. Luego de ser confrontada con la grabación de la llamada

para fines de impugnación, la demandada reconoció que 

sí hubo una llamada para explicar los detalles del 

contrato, que le dieron detalles sobre lo que se iba a 

instalar, que se le dijo en la llamada los términos de la 

cancelación en los siete (7) días y que le acababan de 

enviar el contrato por correo electrónico y que si quería 

que se le enviara otro a lo que la demandada respondió 

que sí que estaba bien. 

56. La demandada se reiteró en que no firmó un contrato con 

Sunnova. 

57. En el turno de preguntas en redirecto, la demandada 

respondió que en la llamada de validación no se habló del 

proceso de cancelación de treinta (30) días, que el 

representante que atendió la llamada le dijo que le iba a 
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enviar el contrato, pero lo vino a recibir el 5 de agosto 

después de las gestiones que ella realizó. 

58. El Sr. René Torres Maldonado es el esposo de la 

demandada. Su dirección de correo electrónico es: 

renetorresponce@hotmail.com. El Sr. Torres declaró que 

el 13 de mayo de 2019 no recibió el contrato por correo 

electrónico, ni posterior a esa fecha. Ese día 13 de mayo 

de 2019 estaba en su casa y fue una persona a hacerle 

una explicación sobre las placas solares “el aquel para las 

placas solares” y estuvieron de acuerdo en hablar con él 

y llegar a unos acuerdos. Lo que se firmó fue para 

autorizar para verificar el crédito y que no se firmó ningún 

contrato, ni se le entregó nada.9

A base de estas determinaciones de hechos, el foro primario 

concluyó que las partes suscribieron un contrato denominado 

SunSafe Essy Own mediante el cual la señora Báez se obligó a 

financiar un sistema solar fotovoltaico. Detalló que, que la Apelante 

emitió siete (7) pagos mensuales y a partir de marzo de 2020, dejó 

de pagarle mensualmente a Sunnova, lo cual hasta mayo de 2021,

generó una deuda de $2,983.07. Además el foro primario determinó

que fue en esa fecha, entiéndase, en mayo de 2021, que la Apelada 

efectuó la cancelación del contrato por lo cual dejó de cobrar las 

mensualidades. Además, determinó que, conforme a la prueba 

presentada en el juicio, se realizaron distintas gestiones para 

recobrar la acreencia que la señora Báez le debía a Sunnova, pero 

estas gestiones fueron infructuosas. Finalmente, el foro primario 

dictaminó que el contrato suscrito entre las partes era uno válido y 

que la señora Báez no logró demostrar que dicho negocio jurídico

fue cancelado por su parte. Por tales circunstancias, el foro primario

la condenó al pago de $2,983.07 por concepto de deuda, más 

$500.00 en honorarios de abogados.

Inconforme con este dictamen, el 24 de junio de 2024, la 

señora Báez compareció ante esta Curia y le imputó al TPI la 

comisión de los siguientes errores:

Erró el Foro de Instancia como cuestión de hecho y de 

derecho al dictar sentencia declarando Ha Lugar la 

Demanda.

9 Íd., págs. 252-260.
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Erró el foro de Instancia como cuestión de hecho y de 

derecho, al denegar la solicitud presentada para la 

conversión del trámite sumario a uno ordinario.

Conjuntamente con su recurso, la señora Baez presentó la 

Transcripción Certificada del Juicio.10 Consecuentemente, mediante 

una Resolución que emitimos el 1 de julio de 2024, le concedimos 

diez (10) días a Sunnova para que presentara sus objeciones a la 

misma. En cumplimiento con nuestra orden, el 18 de julio de 2024, 

la Apelada presentó una Moción en Cumplimiento de Resolución [...] 

mediante la cual nos informó que no tenía objeciones a la 

transcripción presentada por la Apelante. El 24 de julio de 2024, 

Sunnova compareció con su Alegato de la Parte Apelada, mediante 

la cual, en esencia, negó que se hayan cometido los errores 

esgrimidos por la Apelante.

Con la comparecencia de ambas partes y tras un detenido 

estudio del expediente y la transcripción de la prueba oral vertida 

durante el juicio, procedemos a resolver.

II.

A. Los Contratos

El Art. 1042 del Código Civil enumera las fuentes de las 

obligaciones reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico. Así, el 

referido artículo dispone que “[l]as obligaciones nacen de la ley, de 

los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o 

en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia”.11 En 

particular, sobre las obligaciones de naturaleza contractual, el Art. 

1206 establece que un “contrato existe desde que una o varias 

personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar 

alguna cosa, o prestar algún servicio”. 31 LPRA sec. 3371. Ahora 

10 Íd., págs. 110-414.

11 Art. 1042 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, 31 LPRA 

sec. 2992, (en adelante, “Código Civil”). El referido Código Civil de Puerto Rico de 

1930, según enmendado, fue derogado por el Código Civil de Puerto Rico de 2020 

aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020. Para fines de la 

presente, se hace referencia únicamente al Código Civil derogado por ser la ley 

vigente y aplicable a la controversia ante nuestra consideración.
KLAN202400618 12

bien, para que un contrato sea fuente de obligaciones es necesario 

que concurran los siguientes requisitos: (1) consentimiento [válido] 

de los contratantes; (2) objeto cierto que sea materia del contrato, y 

(3) causa de la obligación que se establezca. Arts. 1213 y 1230 del 

Código Civil, 31 LPRA secs. 3451 y 3391; Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 

153 DPR 675, 690-691 (2001). Habida cuenta de lo anterior, al 

concurrir los referidos elementos nace una obligación contractual 

válida, es decir, lo suscrito cobra vida jurídica.

Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico impera el 

principio de la autonomía de la voluntad, en virtud del cual las 

partes contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 

contrarias a las leyes, a la moral, ni al orden público. Art. 1207 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Véase, Álvarez v. Rivera, 165 DPR 

1 (2005). Además, otro axioma que rige en nuestra jurisdicción es la 

libertad de contratación. Éste, entre otras cosas, permite que “[l]os 

contratos [sean] obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se 

hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones 

esenciales para su validez”. Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3451. En otras palabras, como regla general, una obligación 

contractual cobra vida jurídica independientemente de la forma 

mediante la cual las partes finalmente concreten dicha obligación, 

salvo que por ley se exija – como requisito ad solemnitatem – una 

forma específica de otorgamiento para su validez.

De la misma forma, es un principio prevaleciente en nuestro 

sistema de derecho que las relaciones contractuales se rigen por el 

principio de pacta sunt servanda. El referido principio, estatuido en 

el Art. 1044 del Código Civil, establece que “[l]as obligaciones que 

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”. 31 LPRA 

sec. 2994; PRFS v. Promoexport, 187 DPR 42, 52 (2012). Como 
KLAN202400618 13

corolario, luego de perfeccionado el contrato, las partes quedan 

obligadas no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 

también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Art 1210 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3375.De manera que, los tribunales no pueden relevar 

a una parte de cumplir con lo que se obligó a hacer mediante 

contrato cuando este es legal y válido y no contiene vicio alguno. De 

Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999).

B. La apreciación de la prueba

La Regla 43.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 43.2 

establece en lo pertinente que “[l]as determinaciones de hecho 

basadas en el testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que 

sean claramente erróneas, y se dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de los testigos.”

Por lo que como norma general no hemos de intervenir, ni 

alterar, innecesariamente, las determinaciones de hecho formuladas 

por el foro primario “[l]uego de admitir y aquilatar la prueba 

presentada durante el juicio". Suárez Cáceres v. Com. Estatal 

Elecciones, 176 DPR 31, 65 (2009). No podemos “[d]escartar y 

sustituir las determinaciones tajantes y ponderadas del foro de 

instancia”. Íd., en las págs. 65-66. Nuestro esquema probatorio 

otorga deferencia a las determinaciones de hecho, la apreciación de 

la prueba testifical y las adjudicaciones de credibilidad que realiza 

el juzgador del foro primario. Como norma general, los tribunales 

apelativos no intervenimos con la apreciación de la prueba, la 

adjudicación de credibilidad y las determinaciones de hechos que 

realiza ese foro. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 844, 

917 (2016). Sin embargo, esa deferencia descansa en un marco de 

discreción y razonabilidad. Citibank NA v. Cordero Badillo, 200 DPR 
KLAN202400618 14

724, 735 (2018). La discreción es “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 

729. Así que, ese juicio discrecional “no es en función al antojo o 

voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”. Santa Aponte v. Srio. 

Hacienda, 105 DPR 750, 770 (1977). Los tribunales revisores 

podremos sustituir el criterio que utilizó el foro primario por el 

nuestro únicamente cuando existen circunstancias 

extraordinarias en las que se pruebe que el foro primario actuó 

con pasión, prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de 

discreción o en un error manifiesto o de derecho. Citibank NA v. 

Cordero Badillo, supra, pág. 736.

El juzgador incurre en pasión, prejuicio o parcialidad si actúa 

“movido por inclinaciones personales de tal intensidad que adopta 

posiciones, preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus 

causas que o admiten cuestionamiento sin importar la prueba 

recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba 

alguna”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 782. Por otro 

lado, un tribunal puede incurrir en abuso de discreción cuando el 

juez: (1) ignora sin fundamento algún hecho material importante 

que no podía pasar por alto, (2) concede demasiado peso a un hecho 

inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho 

irrelevante, (3) a pesar de examinar todos los hechos del caso, hace 

un análisis liviano y la determinación resulta irrazonable. Pueblo v. 

Sanders Cordero, 199 DPR 827, 841 (2018); Pueblo v. Custodio 

Colón, 192 DPR 567, 588-589 (2015). Por último, un juzgador 

incurre en error manifiesto que justifica la intervención del tribunal 

apelativo cuando “la apreciación de esa prueba se distancia de la 

realidad fáctica o es inherentemente imposible o increíble”. Pueblo 

v. Irizarry, 156 DPR 780, 816 (2002).
KLAN202400618 15

Ante la prueba pericial y documental, el tribunal revisor se 

encuentra en igual posición que el foro recurrido y, por tanto, está 

facultado para apreciar la prueba apoyándose en su propio 

criterio. Dye-Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 150 DPR 658, 662 

(2000).

C. La Regla 60 de Procedimiento Civil

La Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, establece un 

proceso sumario de cobro de dinero, en el cual las demás reglas de 

procedimiento civil para trámites ordinarios aplican de manera 

supletoria, siempre que no menoscaben la disposición sumaria del 

asunto. RMCA v. Mayol Bianchi, 208 DPR 100, 107-108 (2021). El 

mecanismo provisto por la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra,

es uno de carácter sumario, cuya principal finalidad es imprimir 

celeridad al curso del procedimiento que al amparo de sus 

disposiciones atiende. La Regla 60, supra, provee un método 

especial para dirimir reclamaciones de cobro de dinero de cuantías 

que no excedan quince mil dólares ($15,000), provee de este modo, 

una pronta y ágil adjudicación en cuanto a este tipo de controversias 

y facilita, a su vez, el acceso a la maquinaria judicial. Precisamente, 

dado que la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, busca 

simplificar la adjudicación de la causa que atiende, el rigor de los 

preceptos ordinarios incluidos en las Reglas de Procedimiento Civil, 

le son aplicables de manera supletoria. Así pues, el foro primario 

está facultado para atender el día de la vista todas las cuestiones 

litigiosas y dictar sentencia. Véase, Asoc. Res. Colinas Metro v. 

S.L.G., 156 DPR 88 (2002). En conformidad con lo anterior la Regla 

60, supra dispone lo siguiente: 

La notificación-citación indicará la fecha señalada para la 

vista en su fondo, que se celebrará no más tarde de los tres 

(3) meses a partir de la presentación de la demanda, pero, 

nunca antes de quince (15) días de la notificación a la parte 

demandada. En la notificación se advertirá a la parte 

demandada que en la vista deberá exponer su posición 
KLAN202400618 16

respecto a la reclamación, y que si no comparece podrá 

dictarse sentencia en rebeldía en su contra. 

La parte demandante podrá comparecer a la vista por sí o 

mediante representación legal. El Tribunal entenderá en 

todas las cuestiones litigiosas en el acto de la vista y 

dictará sentencia inmediatamente. Como anejo a la 

demanda, el demandante podrá acompañar una 

declaración jurada sosteniendo los hechos contenidos en 

la demanda o copia de cualquier otro documento que 

evidencie las reclamaciones de la demanda. 

Para la tramitación de un pleito conforme al procedimiento 

establecido en esta Regla, la parte demandante debe conocer 

y proveer el nombre y la última dirección conocida de la parte 

demandada al momento de la presentación de la acción 

judicial. De lo contrario, el pleito se tramitará bajo el 

procedimiento ordinario.

“[E]n el procedimiento sumario de la referida Regla 60 se 

prescinde de la contestación a demanda y del descubrimiento de 

prueba. Además, éste no considera la presentación de alegaciones 

tales como la reconvención y demanda contra terceros, entre otras”. 

RMCA v. Mayol Bianchi supra, pág. 109; Asoc. Res. Colinas Metro v. 

S.L.G., supra, págs. 99-100. En lo pertinente a las defensas 

afirmativas, estas comprenden materia de naturaleza sustantiva y/o 

materia constitutiva de excusa, por la cual la parte demandada debe 

responder a las reclamaciones en su contra. RMCA v. Mayol Bianchi

supra, pág. 110; Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263,280 

(2012). “Las defensas afirmativas solo tienen un propósito defensivo, 

entiéndase, impedir que el reclamo [en contra de la parte 

demandada] prospere”. RMCA v. Mayol Bianchi supra, pág 110 

citando a Bacardí Corp. Torres Arroyo, 202 DPR 1014,1023 (2019)

Indistintamente de lo anterior, procede evaluar si los trámites 

procesales ante el TPI reflejan o no sin lugar a dudas, que luego de 

la notificación-citación, el tribunal ha continuado tramitando el 

caso, bajo el procedimiento ordinario de las Reglas de Procedimiento 

Civil. Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra, pág. 104.

Según surge de la precitada Regla 60, existen varias 

instancias en las cuales es viable convertir una causa de acción 

incoada bajo esta regla en un procedimiento ordinario, a saber: (1) 
KLAN202400618 17

si la parte demandada demuestra que tiene una reclamación 

sustancial; (2) si, en el interés de la justicia, las partes solicitan que 

el pleito continúe bajo el trámite civil ordinario; y (3) si, partiendo de 

ese mismo interés, el tribunal motu proprio lo ordena. RMCA v. Mayol 

Bianchi, supra, pág. 108, citando a Cooperativa v. Hernández 

Hernández, 205 DPR 624, 637-638 (2020). Si bien ambas partes 

tienen derecho a solicitar la conversión del procedimiento, ello no 

implica que automáticamente la conversión deba ser concedida, sino 

que el foro de origen debe sopesar los méritos de la solicitud.

Cooperativa v. Hernández Hernández, supra, pág. 637.

En una acción de cobro de dinero, la parte demandante tiene 

que probar ser la acreedora de una deuda vencida, líquida y exigible.

RMCA v. Mayol Bianchi, supra, pág. 108; Ramos y otros v. Colón y 

otros, 153 DPR 534, 546 (2001). Sobre ese particular, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico definió que es líquida aquella deuda cierta 

y determinada, mientras que se considera exigible porque puede 

demandarse su cumplimiento. Íd. Es decir que, “al alegarse que la 

cuenta es ‘líquida y exigible’ se están exponiendo hechos, a saber: 

que el residuo de la cuantía ha sido aceptado como correcto por el 

deudor y que está vencido”. Íd., citando a Guadalupe v. Rodríguez, 

70 DPR 958, 966 (1950). (Énfasis omitido).

El hecho de que la deuda sea líquida y exigible en una 

demanda sobre cobro de dinero al amparo de la Regla 60 de 

Procedimiento Civil, supra, es un elemento que, además de la 

notificación-citación, debe ser superada por la parte promovente 

para que el tribunal pueda atender todas las cuestiones litigiosas y 

dictar sentencia inmediatamente. RMCA v. Mayol Bianchi, supra, 

pág. 109; Cooperativa v. Hernández Hernández, supra, pág. 636, 

citando a Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra, pág. 100. 
KLAN202400618 18

III.

Expuesto el marco jurídico, y tras un estudio detenido tanto

del expediente ante nos, así como de la transcripción de la prueba 

oral, procedemos a resolver. En síntesis, la Apelante alega como

primer señalamiento de error, que el foro primario erró al declarar 

Ha Lugar la Demanda sobre cobro de dinero instada por Sunnova.

Asimismo, en su segundo señalamiento de error, plantea que el foro 

a quo incidió al no convertir el procedimiento de cobro de dinero 

sumario en uno ordinario. No le asiste la razón. Veamos. 

En su recurso, la señora Báez argumenta que en la presente 

controversia no existía un contrato válido que vinculara a las partes,

pues hubo vicio en el consentimiento. De igual manera, aduce que, 

aun considerándose valido el contrato en cuestión, la Apelante 

solicitó su cancelación oportunamente, por lo cual Sunnova estaba 

impedida de cobrar su acreencia. De entrada, es preciso resaltar 

que, en el caso de marras, el foro primario aquilató tanto la prueba 

documental como testifical que se presentó en la vista en su fondo

y a base de esto, formuló cincuenta y ocho (58) determinaciones de 

hechos, las cuales merecen deferencia.

Según se desprende del expediente y de la transcripción de la 

prueba oral, la señora Báez y Sunnova suscribieron un contrato 

intitulado SunSave Easy Own.

12 Dicho contrato, el cual fue 

presentado como prueba por la Apelada, establecía que la señora 

Báez debía pagar unas mensualidades de $177.10 por un periodo 

de 25 años.13 Consono con lo anterior, el aludido contrato fue 

firmado por la señora Báez el 13 de mayo de 2019.14 Esto último 

fue corroborado por el testimonio de la señora María Mota Salcedo

(“señora Mota”), representante de Sunnova, quien atestó que la 

12 Dicho documento se admitió en evidencia como el Exhibit 2 de la parte 

demandante Véase la Transcripción de la Prueba Oral (“TPO”), pág, 327 del 

apéndice.

13 Véase el Apéndice de la Apelante, págs. 21-60. 

14 Íd., pág. 310, líneas 5-20.
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firma de los contratos en Sunnova se hacían únicamente de manera 

virtual, por medio de una plataforma conocida como Docusing.

15 La 

señora Mota también detalló que para corroborar que, en efecto, la 

persona firmante lo haya hecho correctamente, Sunnova llevaba a 

cabo llamadas de validación en la cual se comunicaban con el cliente 

y se le realizan varia preguntas, entre estas, si firmó el contrato o 

no.16

Así pues, surge de la transcripción del juicio que, el 13 de 

mayo de 2019, el mismo día en que se registró la firma de la señora 

Báez, Sunnova realizó una llamada de validación.17 Pese a que, en 

su testimonio, la Apelante negó haber firmado el contrato, en el 

juicio se logró presentar una grabación autorizada de la llamada de 

validación y se constató lo siguiente: 

Segunda Persona: “Okay". Y ha tenido tiempo para revisar y 

firmar su acuerdo, incluyendo las páginas de puntos 

importantes y entender todos los condiciones [sic] y los 

procedimientos de la instalación. 

Sra. Báez: "Yes".18

A lo largo de esta grabación se expuso que, en efecto, la señora 

Báez había firmado un acuerdo con Sunnova y además, estaba 

consciente de que se le iba a cobrar un monto mensualmente por el 

servicio. En ese sentido, el foro primario le dio credibilidad a esta 

prueba y de esta forma concluyó correctamente, que en el caso de 

autos existía un contrato válido que vinculaba a las partes de 

epígrafe. Ahora bien, en cuanto al planteamiento de la Apelante

referente a la cancelación del aludido contrato, esta hace alusión a 

la siguiente clausula: 

Si usted o el Contratista terminan o cancelan este Acuerdo 

de Mejoras para el Hogar antes de la Fecha de Interconexión 

o 30 días después de que la instalación del Sistema sea 

completada si ésta fecha es anterior a la Fecha de 

Interconexión, el Contrato de Venta al Por Menor a Plazos,

así como el Contrato de Garantía se darán por terminado. Si 

usted o el Acreedor o el Contratista terminan el Contrato de 

15 Íd., pág. 300, líneas 8-12.

16 Íd., pág. 293 línea 23 a la pág. 294, líneas 1-12.

17 Íd., pág. 161 líneas 1-8; pág. 293 líneas 19-23 a la pág. 294, líneas 1-9.

18 Íd., pág. 225 línea 23 a la pág. 226, líneas 1-8.
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Venta al Por Menor a Plazos o el Contrato de Garantía, 

respectivamente, antes de la Fecha de Interconexión, este 

Acuerdo de Mejoras para el Hogar también se dará por 

terminado.

19

No obstante, se desprende de la prueba presentada en el juicio 

que la fecha de interconexión fue el 25 de junio de 2019.

20 A partir 

de dicha fecha, Sunnova comenzó a cobrar la mensualidad pactada 

y de la misma forma la señora Baez efectuó los correspondientes 

pagos hasta febrero de 2020.

21 Conforme a la prueba desfilada y 

creída por el foro primario, fue hasta enero de 2020 que se registró 

alguna gestión para cancelar el contrario.

22 Nótese que esta fecha es 

posterior a la requerida por la cláusula previamente citada, por lo 

cual colegimos que el contrato nunca se canceló antes del impago 

de la señora Báez.

Toda vez que no encontramos las circunstancias 

extraordinarias para sustituir el criterio del foro primario y en vista 

de que no hallamos presentes los elementos de pasión, prejuicio o

parcialidad en el actuar del foro apelado, corresponde darle entera 

deferencia a su dictamen. Por consiguiente, el foro a quo no incidió 

al declarar Ha Lugar la demanda sobre cobro de dinero instada por 

Sunnova y por consiguiente el primer señalamiento de error no se 

cometió.

Resuelto lo anterior, corresponde atender el segundo 

señalamiento de error. La Apelante sostiene que el foro primario 

debió haber convertido el pleito a uno de cobro de dinero ordinario. 

La razón de ello obedece a que requería de mayor tiempo para poder 

presentar adecuadamente sus defensas sobre incumplimiento de 

contrato por parte de la Apelada y así poder presentar una 

reconvención. No obstante, tras evaluar los méritos del caso, no 

19 Íd., pág. 29.

20 Íd., pág. 165 líneas 5-11. 

21 Íd., pág. 201 líneas 1-18.

22 Íd., pág. 132 líneas 18- 23 a la pág. 133, líneas 1-3.
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encontramos indicios de la existencia de por parte de la Apelante a 

una reclamación sustancial. Por ello, el foro primario no incidió al 

mantener el presente pleito en uno sumario, por lo cual el segundo 

señalamiento de error no se cometió. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones