Número Identificador

RES2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL 

PEDRO JOSÉ DE PEDRO 

MARTÍNEZ 

Peticionario

v.

JOSÉ RAÚL DE PEDRO 

MARTÍNEZ Y OTROS 

Recurrido 

KLCE202400174

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Bayamón 

Caso Núm.:

BY2018CV02909 

(Salón 501) 

Sobre:

Acción de Nulidad 

de Contrato 

Panel especial integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez

Brignoni Mártir y el Juez Candelaria Rosa.

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2024. 

Comparecen el señor Pedro De Pedro Martínez y la señora 

Rebecca De Pedro González (conjuntamente “peticionarios”) vía 

certiorari y nos solicita revocar la Resolución del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón, emitida el 15 de noviembre de

2023. Mediante dicho dictamen, el foro recurrido ordenó a un

administrador judicial pagar los honorarios de la representación legal 

con el dinero de dos sucesiones distintas. Por los fundamentos que 

expresamos a continuación, denegamos la expedición del auto de 

certiorari. 

En síntesis, el caso de epígrafe trata de una demanda de nulidad 

de contrato, daños y perjuicios y caducidad de albaceazgo, entre otros, 

instado por los peticionarios contra el señor José Raúl De Pedro 

Martínez (señor De Pedro Martínez o recurrido) y otros. Según el 
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expediente, el foro primario resolvió que el albaceazgo del recurrido en 

dos sucesiones distintas había caducado. Posteriormente, dicho 

Tribunal determinó que el nuevo administrador judicial de ambas 

sucesiones, el señor Pedro De Pedro Martínez, debe pagar la factura 

pendiente de honorarios a la representación legal que defendió al 

recurrido por actos de administración y el proceso de transición del 

previo albacea al nuevo administrador. Tal decisión se hizo sin todavía 

haberse emitido un dictamen final sobre las varias controversias 

pendientes en el caso, cuales incluyen (1) la adjudicación de unas 

acciones corporativas al nieto de los causantes, en contravención de lo 

dispuesto en uno de los testamentos; (2) la falta de cumplimiento del 

recurrido de sus responsabilidades como albacea; y (3) si el recurrido 

se apropió ilegalmente de las rentas de un apartamento perteneciente a 

las sucesiones. 

Oportunamente, los peticionarios recurrieron ante este Tribunal, 

para alegar que el Tribunal de Primera Instancia erró al conceder los 

honorarios de abogado por los servicios provistos al albacea en actos 

de administración, sin considerar que el albaceazgo ya había caducado 

y los servicios de la representación legal no fueron a favor de las 

sucesiones. En su oposición a la expedición del certiorari, el recurrido 

argumenta que: (1) el foro apelativo carece de jurisdicción para atender 

el recurso y (2) los albaceas y administradores judiciales tienen derecho 

a que se le reembolsen los gastos razonables en los que incurran al hacer 

valer la voluntad de los causantes aun en contra de los herederos. 

Vale recordar que el auto de certiorari es el vehículo procesal, 

discrecional y extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor 

jerarquía puede rectificar errores jurídicos. Regla 52.1 de 
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Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V); Regla 40 del Tribunal 

de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B). Véase, también, Caribbean 

Orthopedics Products of PR, LLC v. Medshape, Inc. et al., 207 DPR 

994 (2021) (citando Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 

1933 (32 LPRA sec. 3491); Municipio Autónomo de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 710 (2019)). Conforme a la referida Regla 

52.1, los criterios que permiten la expedición de un certiorari consisten 

en revisar una orden o resolución que denegué una moción de carácter 

dispositivo y si es sobre la admisibilidad de testigos o peritos, 

anotaciones de rebeldía, casos que revistan interés público, o cualquier 

otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia, entre otros. Reglas 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra. Además, la Regla 52.1—en concordancia con las Reglas 

56 y 57—permite la revisión de órdenes de embargo o prohibiciones de 

enajenar, para hacer o desistir de hacer actos específicos, o de 

injunctions, entre otros. Reglas 52.1, 56.1 y 57.1 de Procedimiento 

Civil, supra.

De acuerdo con el Tribunal Supremo, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil tiene como propósito evitar la revisión judicial de

aquellas órdenes o resoluciones que dilatarían innecesariamente el 

proceso y cuales pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de 

apelación. Scotiabank v. ZAF Corporation, 202 DPR 478 (2019); IG 

Builders Corp. v. Headquarters Corp., 185 DPR 307 (2012). Incluso, 

nuestro ordenamiento jurídico desfavorece que las partes recurran al 

foro apelativo por determinaciones interlocutorias. Véase Medina

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2017) (citando a R. 

Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal
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Civil, 5.aed., Pubs. LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 427). 

De denegar expedir un recurso de certiorari, el foro apelativo no tendrá 

la obligación de exponer las razones de su determinación. IG Builders 

Corp. v. Headquarters Corp., supra (citando a Rivera Figueroa v. Joe's

European Shop, 183 DPR 580 (2011)).

A esos efectos, la función del Tribunal Apelativo frente a la 

revisión de controversias a través del certiorari requiere valorar la 

actuación del foro primario y predicar su intervención en si la misma 

constituyó un abuso de discreción; en ausencia de evidencia suficiente 

de tal abuso o de acción prejuiciada, error o parcialidad, no corresponde 

intervenir con las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. 

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. Véase, también, 

Fernández Martínez et al. v. RAD-MAN San Juan III-D, LLC et al., 208 

DPR 310 (2021) (citando a SGL Torres Matundan v. Centro Patología, 

193 DPR 920, 933 (2015); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750 (2013); Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 DPR 112, 121 (2006); 

Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); Rivera et al. v. Banco 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); Meléndez Vega v. Caribbean 

International News, 151 DPR 649, 664 (2000)); Job Connection 

Center, Inc. v. Supermercados Econo, Inc., 185 DPR 585 (2012) 

(citando a Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170 

(1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986)). 

En el presente caso, el recurso de certiorari presentado no 

cumple con los criterios de las Reglas de Procedimiento Civil, es decir, 

no consiste en revisar una resolución que esté enmarcada en lo 

dispuesto por la Regla 52.1, incluyendo que sea un asunto que revista 

de interés público o que esperar a la apelación sería un fracaso 
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irremediable de la justicia. De hecho, las controversias sobre la nulidad 

de un contrato, el incumplimiento de las labores de albaceazgo y la 

alegada apropiación ilegal de rentas de un apartamento perteneciente a 

las sucesiones no han sido resueltas por el Tribunal de Primera Instancia

Asimismo, la caducidad del albaceazgo del recurrido resulta

insuficiente para disponer de la controversia oportunamente, sino que

es necesario conocer la adjudicación del foro recurrido en las 

controversias pendientes para valorar oportunamente su actuación.

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones