Número Identificador

SEN2023_________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO

Recurrido

V.

NICKY HERNÁNDEZ GAYA

Peticionario

KLCE202300406

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Mayagüez

Casos Crim. 

Núm.:

I1VP202200699

Sobre:

Art. 246

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez 

Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera

Ronda Del Toro, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 31 de mayo de 2023.

El señor Nicky Hernández Gaya [peticionario o señor 

Hernández Gaya] nos solicita que revisemos la Resolución que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez. Mediante referido dictamen, el foro primario denegó 

una Moción de Desestimación instada por el peticionario al amparo 

de las Reglas 63, 64(a), 64(P) de Procedimiento Criminal de 

Puerto Rico, 34 LPRA Ap. II y Artículos 2 y 151 del Código Penal 

de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5002.

Examinado el recurso, procedemos a expedirlo y entonces 

confirmamos la Resolución contra la que aquí se recurre.

1 Artículo 2. — Principio de legalidad. (33 LPRA sec. 5002) No se instará acción 

penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido 

como delito en este Código o mediante ley especial, ni se impondrá pena o 

medida de seguridad que la ley no establezca con anterioridad a los hechos. 

No se podrán crear ni imponer por analogía delitos, penas ni medidas de 

seguridad.

Artículo 15. — Definición. (33 LPRA sec. 5021) Delito es un acto cometido u 

omitido en violación de alguna ley que lo prohíbe u ordena, que apareja, al ser 

probado, alguna pena o medida de seguridad.
KLCE202300406 2

I.

Por hechos del 12 de marzo de 2022, el Ministerio Público 

presentó cinco denuncias contra el señor Hernández Gaya en las 

que imputó infracción a los Artículos 404A y 412 de la Ley Núm. 

4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, Ley de Sustancias 

Controladas de Puerto Rico, 24 LPRA secs. 2404 y 2412; los 

Artículos 3.23 y 7.02 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, 

según enmendada, Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 

LPRA secs. 5073 y 5202; y el Artículo 246(a) del Código Penal de 

2012, supra.

El 2 de febrero de 2023 el señor Nicky Hernández Gaya instó 

una Moción al amparo de la Regla 63, 64(a), 64(p) y Artículos 2 y 

15 del Código Penal de Puerto Rico. Solicitó que se desestime la 

acusación porque en la denuncia no se le imputó delito. Mencionó 

que la denuncia está predicada en lo siguiente: 

El referido imputado Nicky Hernández Gaya, allá en o 

para el día 12 de marzo de 2022, en Mayagüez, Puerto 

Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal 

de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de 

Mayagüez, ilegal, voluntaria y criminalmente obstruyó 

el ejercicio de la autoridad pública, Pol. Carlos Ramos 

Cancel #5006 adscrito al Cuartel de Policía Municipal 

de Mayagüez, demorando y/o estorbando al Pol. 

Carlos Ramos Cancel #5006, funcionario en el 

cumplimiento y/o tratando de cumplir alguna de las 

obligaciones de su cargo. Consistente en que el 

imputado en varias ocasiones hizo caso omiso a la 

instrucción que le hizo el Pol. Ramos que se detuviera 

y por lo cual se inició un seguimiento por diferentes 

calles del pueblo de Mayagüez. 

Por estos hechos, se le imputó el delito menos grave del 

Artículo 246(a) del Código Penal que tipifica la resistencia u 

obstrucción a la autoridad pública. (33 LPRA sec. 5336). Adujo 

que el Artículo 10.22 de la Ley de Vehículos de Tránsito de Puerto 

Rico, Ley Núm. 7-2000, establece la obligación del conductor de 

detenerse una vez un agente del orden público se lo requiera. 

Mencionó, no obstante, que referido artículo no dispone de 
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sanción penal o administrativa alguna. Así pues, expuso que el 

legislador no tipificó como delito, el hecho de que un conductor de 

un vehículo no se detenga luego de que un agente del orden 

público así se lo requiera. Indicó, a su vez, que no se puede llevar, 

por analogía, lo contenido en el Artículo 10.22 de la Ley 22 al 

Artículo 246(a) del Código Penal.

Atendida la Moción, el 2 de febrero, notificada el 14 de 

marzo de 2023, el Tribunal la declaró “No Ha Lugar”. En 

descuerdo, el 13 de abril de 2023, el señor Hernández Gaya 

presentó el recurso que atendemos. En este alega que incidió el 

foro primario al:

Cometió grave error el Honorable Tribunal de 

Instancia al declarar No Ha Lugar una “Moción al 

amparo de la Regla 63, 64 (A) y 64 (P) y Artículo 2 y 

15 del Código Penal (33 LPRA sec. 5002) 

fundamentada en que la denuncia que se le radicara 

al imputado por el Artículo 246 del Código Penal y la 

cual da motivos a la radicación de las denuncias por 

alegada infracción a los artículos 404 y 412 de la Ley 

de Sustancias Controladas no imputaba delito alguno. 

No imputando delito alguno dicha denuncia por el 

Artículo 246 del Código Penal, el estado carece de 

motivos fundados para procesar por los artículos 404 

y 412 de la Ley Núm. 4 al imputado. 

Recibido el recurso, le concedimos término a la Oficina del 

Procurador General para expresarse sobre los méritos del recurso

y así lo hizo mediante Escrito en Cumplimiento de Orden. 

Con el beneficio de ambas comparecencias, disponemos.

II.

A.

El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario 

por el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía 

que revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. 

Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020). A diferencia del

recurso de apelación, el tribunal superior puede expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional. Pueblo v. Rivera Montalvo, 
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supra; Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917-918 (2009). Sin 

embargo, esa discreción no es irrestricta. Pueblo v. Rivera 

Montalvo, supra.

El Tribunal Supremo ha indicado que la discreción significa 

tener poder para decidir en una u otra forma, esto es, para 

escoger entre uno o varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 

(1990). El adecuado ejercicio de la discreción judicial está 

“inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”. Pueblo v. Ortega Santiago, supra, pág. 211. Así 

pues, un tribunal apelativo no intervendrá con las determinaciones 

discrecionales de un tribunal sentenciador, a no ser que las 

decisiones emitidas por este último sean arbitrarias o en abuso de 

su discreción. Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. 

Flores, Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008).

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari. La referida regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto 

de certiorari, o de una orden de mostrar causa: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida a diferencia de sus fundamentos son 

contrarios a derecho.

 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

 
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C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración.

 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

B.

En nuestro ordenamiento procesal penal el derecho de un 

acusado a la debida notificación de los cargos presentados en su 

contra es de rango constitucional. Ello se desprende de la 

Enmienda Sexta de la Constitución federal y de la Sec. 11 del 

Artículo II de nuestra Constitución que dispone, en lo pertinente, 

que "[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del 

derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la 

naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la 

misma...". Pueblo v. Vélez Rodríguez, 186 DPR 621, 627 (2012).

Ese mandato constitucional, se desprende a su vez, del debido 

proceso de ley consagrado en la Enmienda Quinta de la 

Constitución federal, así como en la Sec. 7 del Art. II de la nuestra,

y que exige que el acusado esté informado adecuadamente de la 

naturaleza y extensión del delito imputado. Pueblo v. Vélez 

Rodríguez, supra, pág. 628. El mecanismo que tiene el Ministerio 

Público para cumplir con esa obligación de notificación es el uso 

de la acusación o denuncia (pliego acusatorio) y que, a su vez, el 

Ministerio Público está obligado a entregar al acusado una copia. 

Íd.
KLCE202300406 6

En esa línea, la Regla 5 de las de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, define la denuncia como, “un escrito firmado y 

jurado que imputa la comisión de un delito a una o a varias 

personas.” Agrega la Regla 5 que, “el Ministerio Público y los 

miembros de la Policía Estatal, en todos los casos, y otros 

funcionarios y empleados públicos, en los casos relacionados con 

el desempeño de sus deberes y funciones, podrán, sin embargo, 

firmar y jurar denuncias cuando los hechos constitutivos del delito 

les consten por información y creencia.”

A su vez, la Regla 35 de dicho cuerpo procesal penal, 34 

LPRA Ap. II, establece todo lo relativo al contenido de la denuncia

o acusación, según sea el caso. En síntesis, el inciso “(c)” dispone 

que la acusación deberá contener una “exposición de los hechos 

esenciales constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo, 

claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier 

persona de inteligencia común.” Agrega que “dicha exposición no 

tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas en la ley, y 

podrá emplear otras que tuvieren el mismo significado.” Deberá, 

según el inciso “(d)”, contener, además, la cita de la ley, 

reglamento o disposición que se alegue han sido infringidos, pero 

la omisión de tal cita o una cita errónea se considerará como un 

defecto de forma. Véase, Regla 35(c) y (d), supra. 

Para que el Ministerio Público pueda cumplir con lo anterior, 

no se le exige ningún lenguaje estereotipado o técnico en su 

redacción ni el uso estricto de las palabras dispuestas en el 

estatuto, solo se le exige que el contenido exponga todos 

los hechos constitutivos del delito. Pueblo v. Vélez Rodríguez, 

supra, pág. 629. De esa forma, "la función de la acusación o 

denuncia es crucial para el acusado pues, por virtud de ella, el 

acusado conoce los hechos que se le imputan, de suerte que 
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pueda preparar su defensa conforme a ellos". Pueblo v. Vélez 

Rodríguez, supra.

Por otro lado, la Regla 64 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, contiene una serie de fundamentos que el imputado 

de delito puede invocar a los fines de solicitar la desestimación de 

una acusación o denuncia. Entre esos fundamentos, el inciso (a) 

de la Regla 64, supra, dispone que “la acusación o denuncia no 

imputa un delito” y el inciso (p) cuando no se determinó causa 

probable por un magistrado o no se ordenó la detención con 

arreglo a la ley y al derecho. (Énfasis nuestro).

C.

El Artículo 246 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5336, dispone 

que constituirá delito menos grave la resistencia u obstrucción al 

ejercicio de la autoridad a propósito o con conocimiento en 

cualquiera de las siguientes circunstancias: (a) Impedir a 

cualquier funcionario o empleado público en el cumplimiento o al 

tratar de cumplir alguna de las obligaciones de su cargo.

En cuanto a la modalidad establecida en el inciso (a) la Dra. 

Dora Nevares comenta que "[l]a conducta del sujeto consiste de 

impedir a propósito o con conocimiento que el funcionario o 

empleado cumpla con alguna de las obligaciones de [su] cargo. 

La conducta del funcionario o empleado público- la que el 

imputado impide ejercer-tiene que estar dentro del ámbito de las 

obligaciones del cargo. [...] Cualquier acto de oposición a la orden 

lícita que un funcionario o empleado público trata de hacer 

constituye una resistencia [...]." D. Nevares - Muñiz, Código Penal 

de Puerto Rico Comentado, San Juan, Instituto para el Desarrollo 

del Derecho, Inc., 2019, pág. 383. 
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D.

El Artículo 10.22 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 

Rico” Ley Núm. 22-2000, según enmendada, 9 LPRA sec. 5302, 

dispone que, “

Todo conductor deberá detenerse inmediatamente 

cuando un agente del orden público, entendiéndose 

Policía, Policía Municipal, Policía Portuaria, dentro de 

las facilidades portuarias, Inspectores de la Comisión 

de Servicio Público en el caso de vehículos o servicios 

bajo su jurisdicción, o el Cuerpo de Vigilantes del 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, 

se lo requiriere. Después que se le informe el motivo 

de la detención y las violaciones de la ley que 

aparentemente haya cometido, el conductor vendrá 

obligado igualmente a identificarse con dicho agente 

si así éste se lo solicitare, y también deberá mostrarle 

todos los documentos que de acuerdo con esta Ley y 

sus reglamentos debe llevar consigo o en el vehículo.

III.

El peticionario alega que la razón por la cual el agente de 

orden público le dio la instrucción de que “se detuviera” fue por

una supuesta infracción, (no especificada en la denuncia), a la Ley 

de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley 22-20002. Adujo que 

el no seguir la instrucción de detenerse, no es razón suficiente 

para que se configure un delito por el Artículo 246 del Código 

Penal. Mencionó que la denuncia tal y como está redactada no 

imputa delito alguno. Sostuvo que ni en virtud de la Ley 22 ni por 

el Código Penal, aparece tipificado de forma clara y precisa que el 

no detenerse, constituya un delito o falta.

Independientemente a las razones que tuvo el agente de 

orden público para ordenarle al señor Hernández Gaya que se 

detenga, la denuncia tal cual redactada establece que el policía 

Ramos le solicitó al señor Hernández Gaya que se detuviera y este 

hizo caso omiso a esa instrucción. Estos hechos no están en 

disputa. En la denuncia también se indica que ello conllevó que 

2 Recurso de certiorari, pág. 7 y nota al calce número 2.
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se iniciara un seguimiento por diferentes calles del pueblo de 

Mayagüez. 

De la denuncia claramente surge que un agente dio una 

orden, acto que está dentro de sus funciones, y el imputado no la 

acató, lo que conllevó un seguimiento. Por estos hechos, se le 

imputó al peticionario infringir el Artículo 246 del Código Penal, el 

cual declara que, “[c]onstituirá delito menos grave la resistencia 

u obstrucción al ejercicio de la autoridad a propósito o con 

conocimiento en cualquiera de las siguientes circunstancias: (a) 

Impedir a cualquier funcionario o empleado público en el 

cumplimiento o al tratar de cumplir alguna de las obligaciones de 

su cargo.” 

Obsérvese que la denuncia, según redactada, es adecuada 

para informarle a la persona de inteligencia común de la comisión 

de un delito. Este documento cumplió con el requisito de 

notificarle al peticionario de todos los hechos constitutivos del

delito imputado. 

Así pues, luego de analizar los planteamientos esbozados 

por las partes, a la luz del derecho vigente entendemos procede 

expedir el recurso de certiorari y al determinar que existen 

circunstancias que ameritan nuestra confirmación de la Resolución 

recurrida, así lo hacemos. Tampoco percibimos que haya mediado 

prejuicio o parcialidad en el dictamen recurrido, ni que éste sea 

contrario a Derecho. En consecuencia, procede la expedición del 

auto solicitado y expedido se confirma la Resolución ante nuestra 

consideración. 

IV.

Por los fundamentos expuestos, los que se hacen formar 

parte de esta Sentencia, expedimos el auto de certiorari solicitado 
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por el señor Hernández Gaya y procedemos a confirmar la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones