EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Edwin Meléndez Monserrate

Peticionario

Certiorari

2024 TSPR 80

214 DPR ___

Número del Caso: CC-2021-0592

Fecha: 19 de julio de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel Especial 

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcdo. Jesús Miranda Díaz

Oficina del Procurador General:

Hon. Fernando Figueroa Santiago

Procurador General

Lcda. Mabel Sotomayor Hernández

Subprocuradora General Auxiliar

Lcda. Marie Díaz De León

Procuradora General Auxiliar

Materia: Derecho Probatorio – Insuficiencia de la presunción de 

falta de licencia para establecer más allá de duda razonable el 

delito de portación ilegal de un arma de fuego.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del 

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del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como 

un servicio público a la comunidad.
 

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

 

v. CC-2021-0592

Edwin Meléndez Monserrate

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor 

Kolthoff Caraballo

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de julio de 2024.

En esta ocasión tenemos la oportunidad de 

determinar si para lograr la convicción por violación 

al Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 

Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA ant. sec. 458c, (Ley de 

Armas de 2000), es suficiente que en la etapa de juicio

el Estado pruebe que la persona acusada portaba un 

arma y descanse en la presunción de falta de licencia o 

si, por el contrario, el Ministerio Público está 

obligado a presentar prueba más allá de duda razonable 

sobre el elemento de ausencia del permiso de 

portación.

Por entender que la interpretación que extendimos 

en Pueblo v. Pacheco, 78 DPR 24 (1955) sobre la forma

de aplicar la presunción del delito de portación ilegal
CC-2021-0592 2

en la etapa de juicio invierte el peso de la prueba y releva 

al Estado de la obligación de probar el elemento de ausencia 

de licencia, procede que revoquemos la referida 

jurisprudencia. 

Por lo tanto, para que el Estado alcance la 

culpabilidad de un acusado por posesión o portación ilegal 

más allá de duda razonable, el Ministerio Público no puede 

descansar únicamente en la presunción de ausencia de 

licencia, sino que está compelido a presentar prueba, directa 

o circunstancial, tanto de la portación del arma como de la 

falta de licencia para portarla, según disponía el Art. 5.04 

de la Ley de Armas de 2000, supra.1

I

Entre el 20 de diciembre de 2016 y el 3 de enero de 

2017 el Ministerio Público presentó varias denuncias contra 

el Sr. Edwin Meléndez Monserrate. En la primera fecha se le 

imputó haber irrumpido en la morada de su esposa, de quien 

estaba separado, con el objetivo de agredirle en la cabeza 

utilizando un arma de fuego. El Estado presentó dos 

acusaciones, a saber: un cargo por maltrato agravado, según 

dispone el Art. 3.2 (a) de la Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica, Ley 54 del 15 de 

agosto de 1989, según enmendada, 8 LPRA sec. 632, y, otro 

cargo, por portar un arma de fuego sin licencia tipificado en 

el artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra.

1 Los hechos del presente caso tuvieron lugar mientras estuvo vigente la 

Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA ant. sec. 458c, 

(Ley de Armas de 2000). La referida legislación quedó derogada con la 

aprobación de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 168-2019, 

25 LPRA 461 et seq.
CC-2021-0592 3

En cuanto al evento del 3 de enero de 2017, el 

Ministerio Público presentó tres denuncias adicionales en las

que le imputó haber violentado los artículos 5.04 y 5.15 de 

la Ley de Armas, supra, y dos cargos por tentativa de 

asesinato, Art. 93(a) del Código Penal de Puerto Rico, 33 

LPRA sec. 5142(a). Según denunció el Estado, el peticionario 

apuntó y disparó un arma de fuego en un lugar público con la 

intención de dar muerte a dos parientes cercanos de su 

esposa, cuando estos transitaban en su vehículo por la vía 

pública. Las acusaciones en cuanto a estos hechos se 

presentaron el 10 de mayo de 2017 y, a solicitud de la 

defensa, ambos casos se ventilaron de manera conjunta. 

Luego de celebrar el juicio por tribunal de derecho, el 

foro de instancia encontró culpable al peticionario de todos 

los cargos y, posteriormente, lo sentenció a una pena total 

de 185 años en prisión.

Al ejercer su derecho de apelar ante el Tribunal de 

Apelaciones, señaló que el foro primario erró al declararlo 

culpable porque no se probó su culpabilidad más allá de duda 

razonable. En específico, el peticionario argumentó que el 

Ministerio Público no presentó prueba que estableciera todos 

los elementos del delito que contempla el artículo 5.04 de la 

Ley de Armas de 2000, supra. Adujo que, conforme al 

precedente del caso Pueblo v. Nieves Cabán, 201 DPR 853 

(2019), esa presunción aplica en etapas anteriores al juicio. 

Por lo tanto, (1) es inoperante en la etapa del juicio porque

infringe el derecho constitucional a la presunción de 

inocencia y al derecho a un debido proceso de ley en la 
CC-2021-0592 4

medida que altera el peso de la prueba; y (2) el Ministerio 

no puede descansar en la presunción sobre la inexistencia de 

permiso o licencia de portación de un arma de fuego, sino que 

está obligado a probar todos los elementos del delito más

allá de duda razonable. 

El Procurador General ripostó con un Alegato 

Suplementario para argumentar que en Nieves Cabán, supra, no 

prohibimos categóricamente que --en el juicio-- el juzgador 

pudiera inferir razonablemente la ilegalidad de la portación 

del arma de fuego. A su vez, esbozó que el peticionario no 

presentó prueba para rebatir la presunción. Por lo anterior, 

adujo que la conclusión más razonable era que el peticionario

poseía y utilizó ilegalmente un arma de fuego en las dos 

instancias que provocaron su convicción.

El foro apelativo intermedio notificó una Sentencia en 

la que, luego de modificar la pena porque no se probaron los 

daños alegados, confirmó el dictamen apelado. En esencia, el 

Tribunal de Apelaciones consideró que tanto el delito de 

irrumpir en la morada de su esposa como la tentativa de 

asesinato contra familiares de esta son de carácter grave. A 

su vez, fundamentado en la norma de Pueblo v. Pacheco, supra,

y en la Regla 303 de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap.

VI, señaló que, 

en nuestro ordenamiento rige la presunción de 

portación o posesión ilegal de armas de fuego -

y es al acusado- a quien incumbe destruir tal 

presunción. Mediante esta presunción, en casos

de portación o posesión ilegal de armas de 

fuego, el Ministerio Público no está obligado a 

probar que el acusado no tenía licencia cuando 

alegó este hecho en la acusación y probó la 

portación o posesión del arma. Esta presunción 
CC-2021-0592 5

es válida en un proceso criminal debido a que 

es permisible. Esto es que no invierte la carga 

de la prueba, porque el juzgador no está 

obligado a inferir el hecho presumido.

A tenor con lo antes expresado, en este caso, 

la prueba demuestra la posesión del arma de 

fuego por el [peticionario]. Cónsono con la 

presunción permisible, se halló culpable al 

[peticionario] de posesión ilegal de un arma de 

fuego en los dos eventos del 7 de septiembre de 

2016 y el 30 de diciembre de 2016. Por tanto, 

el TPI no erró en ese proceder.2

El peticionario recurrió de esa determinación ante este 

Tribunal con, esencialmente, los señalamientos del uso errado 

de la presunción de portación de arma ilegal en el juicio. 

Específicamente, aludió que el Ministerio Público quedó

relevado de presentar prueba sobre uno de los elementos del 

delito y que, por ende, se incumplió con el estándar de 

prueba de más allá de duda razonable que se requiere en la

etapa del juicio.

Contamos con la comparecencia de ambas partes, por lo 

que nos encontramos listos para resolver.

II

A

Como antesala que incide en la controversia que nos 

corresponde resolver, el Tribunal Supremo Federal atendió una 

serie de casos sobre el derecho a poseer y portar armas que 

dispone la Segunda Enmienda de la Constitución Federal.3 La 

trilogía de casos comenzó con District of Columbia v. Heller, 

554 U.S. 570, 599 (2008). En esa oportunidad el Tribunal 

2 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, págs. 28-19. (Énfasis 

suplido). 

3 Emda. II, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2016.
CC-2021-0592 6

Supremo Federal declaró inválida una ley que establecía una 

prohibición absoluta a la posesión y portación de armas 

cortas en el hogar y determinó que la Segunda Enmienda 

garantiza el derecho individual de poseer y portar armas en 

el hogar para defensa propia.4 A su vez, aclaró que esta 

garantía no es absoluta ni ilimitada5 y, en ese contexto, 

estableció una lista no exhaustiva de las instancias en las 

cuales la regulación o restricción al derecho no viola la 

Segunda Enmienda de la Constitución Federal.6

La decisión de Heller, supra, resultó precursora de 

McDonald v. Chicago, 561 U.S. 742 (2010) en la cual, mediante 

la cláusula del debido proceso de ley que emana de la 

Decimocuarta Enmienda de la Constitución Federal,7 el Máximo 

Foro Federal reconoció el derecho fundamental de todos los 

ciudadanos americanos de los estados de poseer y portar armas 

para defensa propia en el hogar.8 Por tratarse de un derecho 

fundamental, aplica en Puerto Rico.

4 Pueblo v. Rodríguez López, 210 DPR 752 (2022); District of Columbia v.

Heller, 554 US 570 (2008).

5 Pueblo v. Rodríguez López, supra, págs. 767-768; District of Columbia v.

Heller, supra, pág. 626. (“Like most rights, the right secured by the 

Second Amendment is not unlimited.”).

6 District of Columbia v. Heller, supra, págs. 626-627. (“Although we do 

not undertake an exhaustive historical analysis today of the full scope of 

the Second Amendment, nothing in our opinion should be taken to cast doubt 

on longstanding prohibitions on the possession of firearms by felons and 

the mentally ill, or laws forbidding the carrying of firearms in sensitive 

places such as schools and government buildings, or laws imposing 

conditions and qualifications on the commercial sale of arms)”; Véase 

Pueblo v. Rodríguez López, supra, págs. 768-769.

7 Emda. XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2016.

8 Pueblo v. Colón González, 209 DPR 967, 981 (2022); Torres v. Com. of

Puerto Rico, 442 US 465, 471 (1979); Examining Bd. of Engineers,

Architects and Surveyours v. Flores de Otero, 426 US 572, 599–601 (1976); 

Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 US 663, 668 esc. 5 (1974).
CC-2021-0592 7

Recientemente, y a la luz de los casos aludidos, en New 

York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen, 142 

S.Ct. 2111, 2122 (2022), la Alta Curia Federal extendió el 

derecho fundamental de poseer y portar armas para defensa 

propia fuera del hogar. Igualmente, además de reiterar la 

norma de Heller, supra, en cuanto a que la Segunda Enmienda 

no pretende impedir que los estados regulen y reglamenten el 

consabido derecho, avaló las limitaciones, siempre y cuando 

se cumpla con el text-and-history test desarrollado en New

York State, supra.9

Inmediatamente, atendimos el caso de Pueblo v. 

Rodríguez López, 210 DPR 752 (2022) mediante el cual se 

impugnó la constitucionalidad del Art. 5.04 de la Ley de 

Armas de 2000, supra, que nos ocupa. En específico, se señaló 

que, al existir un derecho fundamental de poseer y portar 

armas, la exigencia de una licencia para esos fines era 

inconstitucional. Así, luego de estudiar varias 

jurisdicciones y de emplear el text-and-history test de New 

York State, supra, resolvimos que:

[e]l requerimiento de licencia para poseer y 

portar armas en Puerto Rico solo persigue la 

política pública de cero tolerancia contra el 

crimen, lograr que las agencias de orden público 

9 En Pueblo v. Rodríguez López, supra, pág. 775, citando New York State 

Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen, 142 S.Ct. 2111 (2022), pág. 

2126, reproducimos el análisis que los tribunales debemos emplear para 

evaluar un planteamiento de regulación o limitación del derecho 

fundamental de portar armas para defensa propia o en la eventualidad de 

una confrontación: “el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció, en

este contexto, que: (1) cuando la conducta de un individuo esté protegida

por el texto de la Segunda Enmienda, se presumirá que la Constitución

protege tal conducta y, solo entonces, (2) el gobierno o estado deberá

justificar la regulación o limitación del derecho consagrado en la

mencionada enmienda constitucional, tras demostrar que la referida

regulación o limitación es consistente con la tradición histórica de

regulación de armas de fuego en la Nación”. (Énfasis en el original).
CC-2021-0592 8

sean más efectivas en esa lucha y promover mayor 

seguridad y bienestar público para el Pueblo. 

Consecuentemente, el Art. 5.04 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico de 2000, supra, era constitucional al 

amparo de la Segunda Enmienda de la Constitución de 

Estados Unidos.10

Con esta decisión quedó meridanamente claro que, en 

Puerto Rico, poseer o portar un arma para defensa propia de 

manera pública es un derecho fundamental11 y, a pesar de que 

por su naturaleza es una garantía que opera ex proprio 

vigore, no es un derecho absoluto. En esa dirección, 

concluimos que la legislación estatal cumplió con el 

escrutinio judicial adoptado en New York State, supra, y, por 

ende, el requisito de licencia para poseer o portar armas es 

constitucionalmente válido.

B

La etapa de juicio es el momento realmente culminante 

y crítico en el proceso criminal, y al ser una vista 

constitucional, todas las garantías constitucionales operan 

con toda fuerza. Es la fase en la que se adjudica finalmente 

la culpabilidad o no de un acusado en la que, además, este 

podría quedar expuesto a una convicción.12

En atención a ello, nuestro ordenamiento 

constitucional y estatutario respalda que todo acusado tiene 

el derecho de descansar en la garantía de la presunción de 

10 Pueblo v. Rodríguez López, supra, pág. 782. 

11 New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen, supra, pág. 

2122; McDonald v. Chicago, 561 US 742 (2010); District of Columbia v.

Heller, supra.

12 Pueblo v. Nieves Cabán, 201 DPR 853, 866 (2019); Pueblo v. Pillot 

Rentas, 169 DPR 746, 751(2006); Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363, 

374 (1999); Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 DPR 656, 661 (1997); Pueblo v. 

Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 665 esc. 3(1985).
CC-2021-0592 9

inocencia.13 Por esto, un acusado no tiene la obligación de 

presentar prueba en su defensa o de que es inocente.14 Tanto

el derecho a no ser privado de la libertad sin un debido 

proceso de ley como la presunción de inocencia son axiomas 

constitucionales que exigen que la culpabilidad de un acusado 

se pruebe más allá de toda duda razonable.15 Para que el 

Estado logre encontrar culpable a un acusado está compelido a

controvertir esta presunción y ello se alcanza si el 

Ministerio Público presenta prueba suficiente y satisfactoria

sobre: (1) cada uno de los elementos del delito, (2) su 

conexión con el acusado; y (3) la intención o negligencia 

criminal de este.16 Recuérdese que “la prueba es suficiente

cuando versa en torno a todos los elementos del delito y su 

conexión con el acusado.”17 A su vez, “[l]a prueba es 

satisfactoria cuando produce certeza o convicción moral en 

una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido.”18 Por lo tanto, corresponde al juzgador de los 

13 El derecho constitucional a la presunción de inocencia está consagrado 

en el Art. II Sec. de nuestra Carta de Derechos y, en lo pertinente, 

dispone que “[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del 

derecho [...] a gozar de la presunción de inocencia”. Art. II, Sec. 11, 

Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Además, la Regla 110 de Procedimiento Criminal 

establece que “[e]n todo proceso criminal, se presumirá inocente al 

acusado mientras no se probare lo contrario, y en todo caso de existir 

duda razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá”. 34 LPRA Ap.II.

14 Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 787 (2002).

15 Pueblo v. Sánchez Molina, 134 DPR 577, 586 (1993); In re Winship, 397 

US 358, 364 (1970).

16 Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 142 (2009); Pueblo v. Sánchez 

Molina, supra, pág. 586; Francis v. Franklin, 471 US 307, 309 (1985).

Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49 (1991); Pueblo v. González

Beníquez, 111 DPR 167, 174 (1981). Véase, además, Pueblo v. Rivero, Lugo y

Almodóvar, 121 DPR 454, 472-474 (1988).

17 Pueblo v. Sánchez Molina, supra, pág. 589 esc. 6. (Énfasis suplido).

18 Ibid.
CC-2021-0592 10

hechos hacer esta apreciación a base de la prueba 

presentada.19

C

Por otro lado, en Puerto Rico, el requisito de licencia 

para portar armas data de inicios del siglo pasado.20 En 

cuanto al estatuto en controversia, el Art. 5.04 de la Ley de 

Armas de 2000, supra, reglamentaba todo lo concerniente a la 

portación y uso de arma sin licencia ni permiso y, en lo 

pertinente, el precitado apartado legal disponía:

Toda persona que transporte cualquier arma de 

fuego o parte de ésta, sin tener una licencia 

de armas, o porte cualquier arma de fuego sin 

tener su correspondiente permiso para portar 

armas, incurrirá en delito grave y convicta 

que fuere, será sancionada con pena de 

reclusión por un término fijo de diez (10) 

años, sin derecho a sentencia suspendida, a 

salir en libertad bajo palabra, o a disfrutar 

de los beneficios de algún programa de desvío, 

bonificaciones o alternativa a la reclusión 

reconocida en esta jurisdicción, debiendo 

cumplir en años naturales la totalidad de la 

pena impuesta. De mediar circunstancias 

agravantes, la pena fija establecida podrá ser 

aumentada hasta un máximo de veinte (20) años; 

de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 

reducida hasta un mínimo de cinco (5) años.

. . . . . . . .

19 Ib., pág. 589; Pueblo v. Narváez Narváez, 122 DPR 80 (1988); Pueblo v.

Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545, 552 (1974).

20 En Pueblo v. Rodríguez López, supra, pág. 781, repasamos la 

legislación que ha atendido la exigencia de la autorización para la 

portación de un arma. (“En nuestra jurisdicción, como sabemos, desde el 

Código Penal de 1902; la enmienda a la Ley Prohibiendo Portar Armas del 9 

de marzo de 1905, en 1924; la primera [Ley de Armas de Puerto Rico, Ley 

Núm. 17 de 19 de enero de 1951, 25 LPRA 411 et seq, (Ley de Armas de 

1951)]; la Ley de Armas [de 2000], supra, y la reciente Ley de Armas de 

Puerto Rico de 2020, [supra] se ha permitido la portación de armas a las 

personas que obtengan una licencia y un permiso. Véanse, también: 1902 

Leyes de Puerto Rico 657–658; 1924 Leyes de Puerto Rico 115; 1951 Leyes 

de Puerto Rico 427.”) El hecho de que, en Puerto Rico, históricamente se 

ha exigido la licencia de portación de armas resultó uno de los factores 

para determinar que la legislación cumplió con el escrutinio judicial de 

text-and-history test de New York State, supra. 
CC-2021-0592 11

Se considerará como “agravante” cualquier 

situación en la que el arma ilegal se utilice 

en la comisión de cualquier delito o su 

tentativa. [...]21

Según intimamos en Pueblo v. Negrón Nazario, 191 DPR 720, 

752 (2014), para que el Estado logre la convicción de un 

acusado por el delito de portación ilegal tiene que presentar 

prueba en el juicio sobre: (1) la portación del arma y (2) la 

ausencia de permiso a esos efectos.22 Allí expresamos que la 

falta del permiso de portación de arma es un elemento 

esencial e imprescindible.23

Al examinar el estatuto indicamos que, 

independientemente del uso que se le dé al arma de fuego, 

para fines exclusivos del Art. 5.04 de la Ley de Armas de 

2000, supra, el legislador lo que quiso codificar como delito 

era el mero ejercicio de portar un arma sin licencia o 

transportar un arma o parte de esta sin el debido permiso.24

La intención legislativa del articulado en cuestión resulta 

relevante cuando además dispone que constituye un 

“agravante” cualquier situación en la que se utilice el arma 

para la comisión de un delito o su tentativa. En otras 

21 25 LPRA ant. sec. 458(c). (Énfasis suplido).

22 Igualmente, en Pueblo v. Negrón Nazario, 191 DPR 720, 753 (2014) 

reconocimos que aun cuando la persona cuente con la licencia, se le puede 

imputar el delito de portación ilegal si en el juicio se presenta 

evidencia que no la portó según los términos autorizados que disponía la 

Ley de Armas de 2000, supra. Sin embargo, para llegar a esa conclusión, 

necesariamente el Estado tiene que probar la existencia de la licencia de 

portación de arma. Pueblo v. Colón González, supra, pág. 980.

23 Pueblo v. Colón González, supra, pág. 980; Pueblo v. Negrón Nazario, 

supra, pág. 752.

24 Pueblo v. Negrón Nazario, supra, pág. 753.
CC-2021-0592 12

palabras, independientemente del delito cometido con un

arma, portarla sin licencia de portación por sí solo es un 

delito.

A pesar de que es incuestionable que el Ministerio 

Público tiene que probar más allá de duda razonable los dos 

elementos constitutivos del delito de portación ilegal, desde 

Pueblo v. Segarra, 77 DPR 736 (1954), expresamos que del Art. 

7 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 19 de 

enero de 1951, 25 LPRA ant. secs. 411–454 (Ley de Armas de 

1951), germano al que se cuestiona, surgía una presunción de 

ausencia de licencia que se levanta una vez el Ministerio 

Fiscal alegaba y probaba la portación de un arma.25 Aun 

cuando esta inferencia nunca se ha codificado en el 

ordenamiento jurídico, concluimos que la ausencia de licencia 

era una presunción que el acusado tenía que controvertir con 

prueba.26 

25 Debemos señalar que la conclusión de Pueblo v. Segarra, 77 DPR 736, 738 

(1954), respecto a que, en el juicio, corresponde al acusado rebatir la 

presunción, la adoptamos de un principio que acogimos en Pueblo v. Negrón, 

76 DPR 346, 351 (1954), en cuanto a que “no incumbe al fiscal aducir 

prueba afirmativa para sostener una alegación negativa cuya veracidad 

queda razonablemente indicada por las circunstancias establecidas y que de 

ser incierta puede fácilmente ser contradicha mediante el ofrecimiento de 

prueba documental o de otra índole que probablemente está en poder del 

acusado o bajo su dominio.(Énfasis suplido). Sin embargo, en Pueblo v. 

Negrón, supra, ocurrió que se acusó al Sr. José Antonio Negrón Ramos de 

tener en su residencia dos alambiques sin que estuvieran inscritos en la 

oficina del Tesorero. El Art. 30 de la Ley de Espíritus y Bebidas 

Alcohólicas, Ley Núm. 6 de 30 de junio de 1936, 13 LPRA ant. sec. ___ 

expresamente prohibía que se utilizara una vivienda como destilería. A 

causa de esta prohibición en la ley, era imposible que el señor Negrón 

Ramos pudiera inscribir legalmente en la entidad gubernamental los 

alambiques ocupados en su residencia. Por ello, fundamentado en el 

principio descrito, resolvimos que el Fiscal no venía obligado a presentar 

prueba en el juicio respecto a la falta de inscripción, pues era 

suficiente probar que los alambiques estaban en la vivienda del señor 

Negrón Ramos. 

26 No podemos pasar por alto que al momento en que se resolvió Pueblo v. 

Segarra, supra, la Ley de Armas de 1951, supra, era la legislación vigente 

que, a modo de excepción y por el carácter privilegiado, limitaba el 

permiso de portación a ciertas personas. Así, resolvimos “[e]l Pueblo 
CC-2021-0592 13

Posteriormente, atendimos Pueblo v. Pacheco, 78 DPR 24 

(1955), en el que expresamente resolvimos que, en casos como 

el presente, si el Ministerio Público alega y prueba la 

posesión o portación de un arma, este no tiene la obligación 

de probar en el juicio que el acusado carece de licencia, 

sino que al acusado le corresponde destruir la presunción 

probando que tenía licencia para esos efectos.27

D

La Regla 301 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, dispone que 

una presunción es una deducción de un hecho que la ley 

autoriza a hacer o requiere que se haga de otro hecho o grupo 

de hechos previamente establecidos en la acción.28 Al hecho o 

grupo de hechos previamente establecidos se les denomina 

“hecho básico”,29 mientras que al hecho deducido mediante la 

presunción, se le denomina “hecho presumido”.30 El rol de las 

presunciones es permitirle al juzgador establecer inferencias 

con relación a determinados supuestos, estableciendo como un 

hecho algo para lo que no se presentó prueba directa o 

indirecta. 

imputó al acusado el portar un arma de fuego sin tener licencia para ello 

y probó que portaba un revólver en la fecha indicada en la acusación. Una 

presunción de portación ilegal surgió entonces, la cual el acusado estaba 

llamado a controvertir probando, si podía, que tenía licencia para 

portarla. En ausencia de tal prueba estableciendo la mencionada defensa y 

demostrando que el acusado caía dentro de la excepción en el estatuto para 

aquéllos que tienen licencias para portar un arma, el jurado estaba 

justificado en hallar al acusado culpable de lo que se le imputaba en la 

acusación.” Pueblo v. Segarra, supra, pág. 738, (1954) (énfasis suplido).

27 Pueblo v. Pacheco, 78 DPR 24, 30 (1955).

28 Regla 301 de Evidencia, 32 PARA Ap. VI.

29 Ib.

30 Ib.; Pueblo v. Colón González, supra, pág. 977.
CC-2021-0592 14

Ahora bien, en el ámbito penal, el efecto de una 

presunción depende de si esta perjudica o beneficia al 

acusado31 y, para que sean válidas, el debido proceso de ley

exige que las presunciones estén sujetas a los parámetros 

desarrollados por la doctrina constitucional federal.32

Existen dos criterios, independientes entre sí, que

requieren, a su vez, análisis distintos.33 Primero, la 

aplicación de la presunción no puede ser arbitraria ni 

irracional.34 Para ello, tiene que existir una relación o 

conexión racional entre el hecho básico y el presumido.35 A 

este criterio de validez se le conoce además como el criterio 

de probabilidad o more likely than not test.36 No tiene nada 

que ver per se con la naturaleza, procedencia o efecto de la 

presunción ni con la prueba del caso en cuestión, se refiere 

a si la sabiduría legislativa al crear la presunción cumple 

como regla para el procedimiento judicial.37

31Pueblo v. Colón González, supra, pág. 985; Pueblo v. Nieves Cabán, 

supra, pág. 873.

32 Pueblo v. Colón González, supra, pág. 984; Pueblo v. Nieves Cabán,

supra, pág. 878; Pueblo v. Sánchez Molina, supra, pág. 586; Francis v.

Franklin, supra, págs. 313–314; Yates v. Aiken, supra, pág. 214; Ulster 

County Court v. Allen, 442 US 140, 156 (1979); Mullaney v. Wilbur, 421 US 

684, 703–704 (1975).

33 R. Emmanuelli Jiménez, op. cit. págs. 159-160.

34 Pueblo v. Colón González, supra, pág. 984; Pueblo v. Nieves Cabán,

supra, págs. 874-875; Pueblo v. Sánchez Molina, supra, págs. 586-588 

(1993).

35 Ib.

36 Pueblo v. Sánchez Molina, supra, pág. 586; Barnes v. United States, 412 

US 837, 843 (1973); Turner v. United States, 396 US 398, 416 (1970); Leary 

v. United States, 395 US 6, 36 (1969). De acuerdo con Ulter County Court 

v. Allen, supra, pág. 167, el criterio de probabilidad consiste en que la 

ocurrencia del hecho presumido sea más probable que la no ocurrencia.

37 R. Emmanuelli Jiménez, supra; E.L. Chiesa, Sobre la validez

constitucional de las presunciones, XIV (Núm. 3) Rev. Jur. UIPR 727, 736-

737 y 752 (1980). United States v. Gainey, 380 US 63, 67 (1985); Tot v. 
CC-2021-0592 15

En segundo término, una presunción no puede infringir la 

presunción de inocencia.38 Esto ocurre cuando, al aplicar la 

presunción, el Estado queda relevado de su obligación de 

probar un elemento del delito más allá de duda razonable o se 

altera el peso de la prueba para que el acusado presente 

prueba en su defensa o este tenga la obligación de persuadir 

al juzgador.39

La Regla 303 de Evidencia, supra, establece lo siguiente:

Cuando en una acción criminal la presunción perjudica 

a la persona acusada, tiene el efecto de permitir a 

la juzgadora o al juzgador inferir el hecho presumido 

si no se presenta evidencia alguna para refutarlo. Si 

de la prueba presentada surge duda razonable sobre el 

hecho presumido, la presunción queda derrotada. La 

presunción no tendrá efecto alguno de variar el peso 

de la prueba sobre los elementos del delito o de 

refutar una defensa de la persona acusada.

(a) Cuando beneficia a la persona acusada, la presunción 

tendrá el mismo efecto que lo establecido en la Regla 

302 de este apéndice.

(b) Instruir al jurado sobre el efecto de una presunción 

contra la persona acusada, la jueza o el juez deberá 

hacer constar que:

US, 319 US 463, 467-468 (1943) (“[A] statutory presumption cannot be 

sustained if there be no rational connection between the fact proved and 

the ultimate fact presumed, if the inference of the one from proof of the 

other is arbitrary because of lack of connection between the two in common 

experience. This is not to say that a valid presumption may not be created 

upon a view of relation broader than that a jury might take in a specific 

case. But where the inference is so strained as not to have a reasonable 

relation to the circumstances of life as we know them it is not competent 

for the legislature to create it as a rule governing the procedure of 

courts.”). 

38 Pueblo v. Colón González, supra, pág. 986; Pueblo v. Sánchez Molina, 

supra; Yates v. Aiken, supra; Ulster County Court v. Allen,

supra; Mullaney v. Wilbur, supra; Pueblo v. De Jesús Cordero, 101 DPR 

492, 501 (1973).

39 Pueblo v. Colón González, supra, pág. 977; Pueblo v. Nieves Cabán,

supra, pág. 879.; R. Emmanuelli Jiménez, op.cit.; Véanse Pueblo v. 

Sánchez Molina, supra, pág. 587, Yates v. Aiken, supra, Ulster County

Court v. Allen, supra y Mullaney v. Wilbur, supra.
CC-2021-0592 16

(1) Basta que la persona acusada produzca duda razonable 

sobre el hecho presumido para derrotar la presunción, 

y

(2) el jurado no estará obligado a deducir el hecho 

presumido, aun cuando la persona acusada no produjera 

evidencia en contrario. Sin embargo, se instruirá al 

jurado en cuanto a que puede deducir o inferir el 

hecho presumido si considera establecido el hecho 

básico.

40

Por su parte, la Regla 301 de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, reconoce las presunciones incontrovertibles y 

controvertibles.41 Además, las presunciones pueden ser 

fuertes o débiles y esta categoría está ligada al quantum de 

prueba requerido de quién la ataca, a saber: débil si 

perjudica al acusado y fuerte si lo beneficia y viceversa con 

relación al Estado.42 Finalmente, existen las inferencias

mandatorias o permisibles y todas se entrelazan de la 

siguiente manera: (1) presunciones permisibles o no 

mandatorias; (2) presunciones mandatorias refutables o

controvertibles; y (3) presunciones mandatorias o 

incontrovertibles. 

En lo que nos atañe, las presunciones permisivas o no 

mandatorias “el juzgador puede —pero no tiene— que inferir el 

40 (Énfasis suplido). Regla 303 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI.

41 Regla 301(b)(c) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, establece lo siguiente:

“[...]

(b) La presunción es incontrovertible cuando la ley no permite presentar 

evidencia para destruirla o rebatirla. Es decir, para demostrar la 

inexistencia del hecho presumido. El resto de las presunciones se 

denominan controvertibles.

(c) Este capítulo se refiere sólo a presunciones controvertibles.”(Énfasis 

suplido).

42 Pueblo v. Colón González, supra, pág. 983; Pueblo v. Nieves Cabán, 

supra, pág. 872; R. Emmanuelli Jiménez, op. cit. pág. 151; Pueblo v. 

Sánchez Molina, supra, pág. 587.
CC-2021-0592 17

hecho presumido.”43 Constituye una inferencia permisible 

“cuando[,] a pesar de establecerse el hecho básico y no 

haberse presentado evidencia alguna para refutar el hecho 

presumido, la regla solo autoriza, pero no obliga al juzgador 

a inferir el hecho presumido.”44 En el ámbito criminal, el 

efecto de esta categoría de presunción estriba en que no se 

transfiere al acusado el peso de la prueba ni la obligación 

de persuadir al juzgador.45 Esto se ajusta perfectamente a lo 

que establece la Regla 303 de Evidencia, supra, en el sentido 

de que una presunción no puede tener el efecto de variar el 

peso de la prueba sobre los elementos del delito ni de 

refutar una defensa de la persona acusada. Así, una 

presunción permisible podrá ser aplicada, salvo que el 

acusado pueda demostrar que, a la luz de los hechos probados 

en su caso en particular, no había un nexo racional entre el 

hecho básico y el hecho presumido.46 No obstante, aun si este 

no estableciera la inexistencia de tal nexo causal, para que

esta presunción satisfaga el criterio de probabilidad y, por 

ende, sea permisible contra un acusado, es esencial que la 

inferencia no sea la única base en la cual descansa la 

determinación de culpabilidad.47

43 Pueblo v. Colón González, supra, pág. 984; Pueblo v. Nieves Cabán,

supra, pág. 874-875; Pueblo v. Sánchez Molina, supra, págs. 586-588.

44 Pueblo v. Colón González, supra; Pueblo v. Nieves Cabán, supra, pág. 

872.

45 Pueblo v. Colón González, supra, pág. 983; Pueblo v. Nieves Cabán, 

supra, pág. 875; Pueblo v. Sánchez Molina, supra, pág. 588.

46 Pueblo v. Colón González, supra; Pueblo v. Nieves Cabán, supra.

47 Pueblo v. Colón González, supra, pág. 984; County Court of Ulster

County, N.Y. v. Allen, supra, pág. 167; Véase Pueblo v. Nieves Cabán,

supra, págs. 874-875; Pueblo v. Sánchez Molina, supra; Barnes v. United
CC-2021-0592 18

E

Otro aspecto para considerar en este análisis de las 

repercusiones de una presunción es si el juicio es ante un 

Jurado o si, por el contrario, es por tribunal de derecho. En 

los casos ventilados por tribunal de derecho, los jueces 

conocemos el alcance que, con arreglo a su naturaleza y sus 

características, debe tener una presunción. Sin embargo, si 

el juicio es por Jurado, la validez de una presunción depende 

en gran medida del contenido de la instrucción y de la manera 

y el proceder del magistrado al momento de explicarle al 

Jurado sobre el efecto de una inferencia. 48 De manera que la 

autoridad de un juez y la forma en que este exponga la 

instrucción al Jurado puede fácilmente influenciar y provocar 

que una inferencia permisible se convierta en una presunción 

mandatoria cuyo resultado sea la invalidez de la 

instrucción.49

En ese contexto, recientemente atendimos Pueblo v. 

Colón González, 209 DPR 967, 977 (2022) y analizamos si, en 

la etapa de juicio, se sostenía la presunción en controversia 

ante una instrucción que el tribunal de instancia le impartió

al Jurado. Específicamente, evaluamos la instrucción 18.1(b)

del Proyecto de Libro de Instrucciones al Jurado de 

septiembre de 2008 concerniente al delito de portación ilegal 

States, supra; Turner v. United States, 396 US 398, 416 (1970); Leary v.

United States, supra.

48 Pueblo v. Sánchez Molina, supra, pág. 591.

49 Ib. 
CC-2021-0592 19

de armas.50 En esencia, esta establecía que, una vez el 

Fiscal probara más allá de duda razonable la portación de un 

arma, le correspondía al acusado probar como defensa 

afirmativa que sí estaba autorizado a portar un arma.51 

En esa oportunidad, al examinar el origen de la 

presunción y ponderar el derecho fundamental de portar un

arma que surgió a raíz del caso de McDonald, supra, 

observamos que el problema no se encontraba per se en la 

presunción de ausencia de licencia, sino en el efecto que 

provocó la instrucción 18.1(b) en el juicio. Esta instrucción

emanó del Libro de Instrucciones al Jurado de 1976 que, a su 

vez, dicho manual apuntaba a la Ley de Armas de 1951, supra,

y a la norma de Pacheco, supra, y casos subsiguientes.52

50 Véase, el Proyecto de Libro de Instrucciones al Jurado de septiembre de 

2008, https://www.poderjudicial.pr/Documentos/SecretariadoConf/ProyectoInstrucciones-Jurado-septiembre-2008.pdf (Última visita 15 de noviembre de 

2023).

51 Específicamente la instrucción 18.1(b) del Libro de Instrucciones al 

Jurado de 2008, pág. 221, establecía:

“En los casos en que se acusa a una persona de portar un arma sin tener la 

licencia de armas, el Ministerio Fiscal no está obligado a probar que el 

acusado [la acusada] no tiene licencia si se ha alegado tal hecho en la 

acusación. Cuando el Ministerio Fiscal ha probado más allá de duda 

razonable la portación del arma, le corresponde al acusado [a la acusada] 

probar como defensa afirmativa que sí estaba autorizado [autorizada] a 

portar un arma de fuego.”

52 Pueblo v. Colón González, supra, pág. 988; Instrucciones al Jurado para

el Tribunal Superior de Puerto Rico, supra, págs. 293–295.

Específicamente, la instrucción del Libro de Instrucciones al Jurado de 

1976, supra, concerniente al delito de portación ilegal de armas 

postulaba:

“Debo instruirles, Señores del Jurado, que en estos casos en que se acusa 

a una persona de portar un arma sin tener licencia expedida por el 

Superintendente de la Policía de Puerto Rico o por el Tribunal Superior 

del sitio del domicilio del acusado, el fiscal no está obligado a probar 

que el acusado no tiene licencia si se ha alegado tal hecho en la 

acusación y probado fuera de toda duda razonable tal portación, 

incumbiendo al acusado a establecer dicha alegación como una defensa 

afirmativa, es decir, corresponde al acusado probar que sí estaba 

autorizado a portar un arma”. ́(Énfasis suplido) Ib., pág. 294. Previo a la 

instrucción, el manual establecía que “la Ley de Armas de Puerto Rico 

dispone que el Tribunal Superior podrá conceder licencia para portar armas 

a una persona bajo ciertas circunstancias”.Ib.
CC-2021-0592 20

Así, concluimos que:

[e]sta instrucción indudablemente tuvo el 

efecto de alterar el peso de la prueba y hacer 

mandatoria la presunción en controversia. En 

otras palabras, la instrucción impartida por el 

juez relevó al ministerio fiscal de probar la 

ausencia de autorización para portar armas, uno 

de los elementos tipificados en el Art. 5.04 de 

la Ley de Armas, supra. Por lo tanto, le impuso 

al señor Colón González la obligación de 

‘producir prueba para persuadir al juzgador en 

torno a la no ocurrencia de ese elemento o 

hecho’.53

Por eso, en Colón González, supra, abundamos sobre el

nuevo Libro de Instrucciones al Jurado que, con relación al 

delito de portación de arma de fuego sin licencia, en la 

actualidad, el Tribunal de Primera Instancia deberá impartir 

al Jurado la instrucción siguiente:

. . . . . . . .

Si después de ustedes analizar cuidadosamente 

toda la prueba presentada y admitida, y en

conformidad con las instrucciones que les 

impartí, consideran que el Ministerio Público probó 

más allá de duda razonable cada uno de los elementos 

del delito y que la persona acusada cometió los 

hechos por los cuales se le acusa, deberán rendir un 

veredicto de culpable por este delito.

Si, por el contrario, después de ustedes analizar 

cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida, 

y en conformidad con las instrucciones que les 

impartí, consideran que el Ministerio Publico no 

probo más allá de duda razonable que la persona 

acusada cometió los hechos por los cuales se le 

acusa, o si tienen duda razonable en cuanto a su 

culpabilidad, deberán rendir un veredicto de no 

culpable por este delito. 54

53 Pueblo v. Colón González, supra, pág. 989; Pueblo v. Sánchez Molina, 

supra, pág. 587. Es meritorio aclarar que, en Colón González, supra, se 

sostuvo la convicción del acusado respecto al delito de portación ilegal 

porque este confesó que no tenía licencia de portación, el Estado 

corroboró dicho testimonio y en el juicio lo probó más allá de duda 

razonable.

54 Libro de Instrucciones al Jurado, febrero 2023, pág. 348. (Énfasis 

suplido).
CC-2021-0592 21

Contrario a las versiones anteriores, la pauta de 

Pacheco, supra, respecto a la forma de aplicar la presunción 

en el juicio no se incluyó en la redacción de la nueva 

instrucción. Nótese que la alegada contrariedad que 

ocasionaba la presunción quedó subsanada con la nueva 

instrucción. Asimismo, bajo el nuevo manual, el tribunal de 

instancia instruirá al Jurado que el Estado tiene que probar 

con evidencia suficiente y satisfactoria cada elemento del 

delito de portación ilegal. Por lo tanto, no existe razón por 

la cual deba ser distinto en los casos por tribunal de 

derecho.

III

Antes de disponer de la controversia, es necesario 

tener presente que la Ley de Armas de 1951, supra, era una 

legislación altamente restrictiva que, evidentemente, estaba 

dirigida al carácter privilegiado y excepcional de portar un 

arma. Precisamente, a raíz de la premisa de que esto era un 

privilegio limitado a ciertas personas, es que en Pacheco, 

supra, determinamos la forma en que se debía aplicar la 

presunción de ausencia de licencia de portación de arma en la 

etapa de juicio. 

Indudablemente, después de McDonald, supra, y de New 

York Rifle, supra, quedaron desplazadas tanto la visión de 

los padres fundadores de la Constitución de Puerto Rico de 

rechazar este derecho como de carácter fundamental, así como 
CC-2021-0592 22

el privilegio que constituía poseer o portar un arma según 

reconocimos en Pueblo v. Del Río, 113 DPR 684, 689 (1982).55

Por otro lado, si bien en la actualidad ya no es un 

privilegio, Puerto Rico tiene la facultad de condicionar el 

ejercicio garantizado por la Segunda Enmienda fundamentado en 

que el derecho constitucional de poseer o portar armas no es 

absoluto. Según Pueblo v. Rodríguez López, supra, nuestra Ley 

de Armas de 2000, supra, cumplió con el escrutinio judicial 

de New York Rifle, supra. De manera que, irrespectivamente 

del carácter fundamental del derecho o de que ya no es un 

privilegio, la presunción se mantiene como evidencia prima 

facie de portación ilegal en la medida en que el Estado tiene

la autoridad para exigirle una licencia de portación de un 

arma a todo ciudadano que desee ejercer ese derecho.

Ahora bien, el hecho de que se permita inferir la 

portación ilegal en etapas preliminares al juicio no puede 

interpretarse como que, en el juicio, el Estado pueda 

apoyarse únicamente en la aplicación sustantiva de la 

presunción de ausencia de licencia para afirmar que probó ese 

delito. De manera que, al evaluar la controversia central, 

esta no versa sobre la presunción en sí, sino que se delimita 

a determinar si, al presente, se sostiene la pauta de 

Pacheco, supra, en cuanto a si es suficiente utilizar, sin 

más, la inferencia como prueba sustantiva luego de haberse 

probado en el juicio la portación o posesión del arma. 

Como mencionamos, el peticionario nos planteó que el 

Ministerio Público no probó más allá de duda razonable el 

55 Pueblo v. Colón González, supra, págs. 980–981.
CC-2021-0592 23

delito de portación ilegal. Según expuso, el Estado se valió 

de la presunción para, de acuerdo con Pacheco, supra, no 

desfilar prueba sobre el elemento de ausencia de licencia. 

Afirmó que esto alteró el peso de la prueba y con ello se

violentó tanto su derecho constitucional a la presunción de 

inocencia como al de un debido proceso de ley. 

Por otro lado, el Estado nos expuso que, en el juicio, 

el Tribunal de Primera Instancia recibió, escuchó y aquilató 

la prueba y reclamó que el acusado impugnó la apreciación de 

la prueba sin haber planteado la insuficiencia de esta en el 

foro primario. Fundamentado en lo anterior, señaló que no 

debemos intervenir con la corrección de la determinación de 

culpabilidad que estrictamente se ajustó al estado de derecho 

vigente y a la jurisprudencia. Además, adujo que la 

conclusión del peticionario no era correcta toda vez que del 

expediente no surgía si, en efecto, el foro primario 

determinó la culpabilidad del acusado respecto al delito de 

portación ilegal fundamentado únicamente en la presunción de 

ausencia de licencia. Por lo tanto, afirmó que al 

cuestionarse la suficiencia de la prueba y el alegado error 

en su apreciación, el alcance de nuestra función revisora 

está limitado por consideraciones de extrema valía. 

Asimismo, el Pueblo afirmó en su Alegato que, mediante 

prueba directa y circunstancial, probó más allá de duda 

razonable cada elemento de los delitos graves que el 

peticionario cometió, a saber: maltrato agravado al golpear a 

su esposa con un arma y tentativa de asesinato cuando atentó 

contra la vida de su suegra y del esposo de esta. A su vez, 
CC-2021-0592 24

señaló que “[e]n ambas ocasiones, luego de cometer los 

delitos, [el peticionario] huyó del lugar de los hechos, lo 

que demuestra que la portaba ilegalmente”.56 Añadió que el 

peticionario no refutó el hecho de que huyó ni podía pasarse 

por alto que este solo impugnó el delito de portación ilegal 

y que las convicciones de los delitos graves que cometió 

advinieron finales, firmes e inapelables. Así, por la 

naturaleza de los actos cometidos y las circunstancias 

previas y posteriores a los eventos, el Pueblo reclamó que 

indudablemente probó de manera puntual la posesión ilegal del 

arma. Finalmente, si bien el Estado argumentó que el 

expediente no refleja que el foro primario descansó en la 

inferencia para determinar la culpabilidad, manifestó que por 

la normativa jurisprudencial de Pacheco, supra, el juzgador 

podía razonablemente inferir la ilegalidad de la portación 

del arma pues el peticionario no presentó prueba para rebatir 

la presunción. Con esto esbozó que la conclusión más 

razonable es que el peticionario poseyó y utilizó ilegalmente 

un arma de fuego en las dos instancias que ocasionaron el 

fallo de culpabilidad. 

De la narrativa procesal surge que el Tribunal de 

Apelaciones tuvo ante sí estos planteamientos y, al confirmar 

la Sentencia impugnada, resolvió que, conforme a Pacheco, 

supra, y a la Regla 303 de Evidencia, supra, en Puerto Rico 

rige la presunción de posesión o portación ilegal y es al 

acusado a quien le incumbe destruirla. 

56 Alegato del Pueblo, pág. 29.
CC-2021-0592 25

Recalcamos, la Regla 303 de Evidencia, supra, 

expresamente dispone que “la presunción no tendrá efecto 

alguno de variar el peso de la prueba sobre los elementos del 

delito o de refutar una defensa de la persona acusada.” Esto 

implica que la presunción de ausencia de licencia no puede 

ser la única base en la cual el Estado gravite para encontrar 

culpable a una persona acusada de portación ilegal. 

Recuérdese que la falta de licencia o del permiso de 

portación de arma es un elemento esencial e imprescindible y

es irrelevante para qué o cómo se utilizó el arma pues, el 

delito en cuestión se configura con la mera portación o 

posesión de un arma sin licencia o la transportación de un 

arma o parte de esta sin el debido permiso.57 Por lo tanto, 

es insuficiente presentar prueba directa o circunstancial de 

la portación o posesión del arma ni el uso o los delitos 

cometidos con esta para con ello probar, además, el elemento 

de ausencia de licencia. 

En otras palabras, para encontrar probado el delito en 

cuestión, en el juicio del caso de epígrafe tenía que ocurrir 

que, de acuerdo con los hechos que el Estado probó, el 

acusado no hubiese sembrado la duda razonable respecto a la 

inexistencia de una conexión racional entre el hecho de que 

portaba un arma con que no tenía licencia para ello. De esta 

forma se hubiese satisfecho el criterio de probabilidad. Sin 

embargo, para poder avalar la validez de la aplicación de la 

presunción de ausencia de licencia, era esencial que esta no 

57 Pueblo v. Negrón Nazario, supra, pág. 753.
CC-2021-0592 26

hubiese sido la única base en la cual el Estado descansara

para procurar que el juzgador encontrara culpable al 

peticionario. Veamos si los hechos que el foro primario 

encontró probados son suficientes para inferir que el 

peticionario no tenía licencia. 

Aquí no existe duda de que el Ministerio Público probó 

más allá de duda razonable que el acusado portaba o estaba en 

posesión de un arma cuando cometió los delitos de maltrato 

agravado y tentativa de asesinato. Sin embargo, no podemos 

concluir lo mismo del elemento de ausencia de licencia. El 

hecho de que el peticionario huyó luego de haber cometido 

ambos delitos y que omitió contestar si poseía licencia para 

portar armas, es prueba circunstancial insuficiente para 

concluir que no tenía licencia. Por lo tanto, el Pueblo 

procuró fortalecer su postura valiéndose exclusivamente de la 

presunción y de la norma de Pacheco, supra, respecto al deber 

del acusado de rebatirla, para justificar que el Ministerio 

Público probó en el juicio que el peticionario cometió el 

delito de portación ilegal por el cual los foros a quo lo 

declararon culpable. Ciertamente, nuestra función revisora en 

este caso está limitada por consideraciones de extrema valía, 

a saber: el derecho constitucional a la presunción de 

inocencia y al debido proceso de ley. 

Reiteramos que la prueba circunstancial que el Pueblo 

presentó solo conduce a que el peticionario poseyó un arma, 

pero nos impide deducir que no tenía licencia para portarla. 

La situación fáctica, el trámite procesal del caso y la 
CC-2021-0592 27

casuística discutida nos lleva a concluir que aplicar lo 

resuelto en Pacheco, supra, tiene el efecto de invertir el 

peso de la prueba para que el acusado demuestre que es 

inocente del delito de portación ilegal y exime al Estado 

de probar con prueba suficiente y satisfactoria el elemento

del delito de ausencia de licencia. Habida cuenta de que 

esta jurisprudencia atenta contra el derecho del

peticionario a la presunción de inocencia y al debido 

proceso de ley, procede que revoquemos la pauta de Pacheco, 

supra.

A raíz de nuestra determinación, y cónsono con lo 

que debe ocurrir en los casos por Jurado, resolvemos que, 

para alcanzar la culpabilidad de la persona acusada por 

posesión o portación ilegal de un arma más allá de duda 

razonable, el Ministerio Público está obligado a presentar

prueba -directa o circunstancial- suficiente y satisfactoria 

de la portación o posesión del arma y de la falta de licencia 

para portarla o poseerla. Esto es, si el Estado no cuenta

con la prueba directa, como la certificación que expide el 

Estado o la confesión corroborada del acusado, puede probar 

el elemento de ausencia de licencia con prueba indirecta o 

circunstancial. De este modo, si la prueba circunstancial 

desfilada cumple con lo dispuesto, los tribunales podrán 

avalar la aplicación de la presunción de ausencia de

licencia sin violar los derechos constitucionales del 

acusado, según lo exige el quantum probatorio de la etapa del 

juicio.
CC-2021-0592 28

IV

Por los fundamentos expuestos, resolvemos que el Estado 

no probó más allá de duda razonable el delito de portación 

ilegal, por lo que se revoca la Sentencia del Tribunal de 

Apelaciones. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que modifique la pena conforme a lo resuelto 

en esta Opinión.

Se dictará Sentencia de conformidad.

 Erick V. Kolthoff Caraballo

 Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

 

v. CC-2021-0592

Edwin Meléndez Monserrate

Peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de julio de 2024.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que 

antecede, resolvemos que el Estado no probó más allá 

de duda razonable el delito de portación ilegal, por 

lo que se revoca la Sentencia del Tribunal de 

Apelaciones. Se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para que modifique la pena conforme 

a lo resuelto en esta Opinión.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz 

Rodríguez emitió Opinión de conformidad en parte y 

disidente en parte, a la cual se une el Juez 

Asociado señor Colón Pérez. El Juez Asociado señor 

Estrella Martínez emitió una Opinión de conformidad 

en parte y disidente en parte. El Juez Asociado 

señor Feliberti Cintrón se inhibió.

 Javier O. Sepúlveda Rodríguez

 Secretario del Tribunal Supremo

eaj
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

CC-2021-0592 

 

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión de conformidad 

en parte y disidente en parte a la cual se unió el Juez Asociado señor 

Colón Pérez.

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de julio de 2024.

La controversia ante nuestra consideración era: 

si nuestra Constitución permite que el Ministerio 

Público utilice una presunción, que opera en contra 

de un acusado, para establecer un elemento esencial 

de un delito. Además, debíamos auscultar si la 

presunción particular de que una persona acusada no 

posee licencia para portar o poseer armas cumple con 

el estándar sobre la validez de las presunciones que 

la Corte Suprema Federal estableció y que este 

Tribunal incorporó a nuestra jurisdicción. 

Como veremos, la aplicación de cualquier 

presunción que opere en contra de un acusado, y que 

verse sobre un elemento esencial del delito, incide

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Edwin Meléndez Monserrate

Peticionario
CC-2021-0592 2

de manera impermisible sobre la presunción de inocencia y el 

debido proceso de ley, al eximir al Estado de su obligación 

de probar todos los elementos del delito más allá de duda 

razonable. 

Estoy conforme, en parte, con la Opinión que suscribe 

una mayoría de mis compañeros y compañera de estrado. 

Mediante esta se revoca lo pautado en Pueblo v. Pacheco, 

infra, en reconocimiento de que la norma que surge de dicha 

jurisprudencia tenía el efecto de invertir el peso de la 

prueba y eximir al Estado, en la etapa de juicio, de 

demostrar con prueba suficiente y satisfactoria un elemento 

esencial del delito. A saber, la ausencia de licencia para 

la portación de un arma de fuego. 

Desafortunadamente, a pesar de reconocer que se 

violenta la presunción de inocencia y el debido proceso de 

ley de un acusado al utilizar, en etapa de juicio, una 

presunción que opera en su contra, la Opinión que hoy emite 

este Tribunal continúa avalando el uso de esta presunción en 

etapas preliminares del proceso. Por entender que la 

presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso de 

ley cobijan a una persona acusada, no solo durante el juicio, 

sino durante todas las etapas del proceso penal, me veo 

obligada a disentir en parte.

A pesar de resaltar los cambios que han ocurrido en la 

normativa relacionada al derecho a portar armas, la Opinión 

Mayoritaria ignora el impacto que estos tienen sobre el 

análisis que estamos llamados a hacer al aplicar el estándar 
CC-2021-0592 3

de razonabilidad para evaluar la procedencia de la 

presunción en cuestión.

I

A. Presunción de inocencia

En nuestro ordenamiento jurídico la presunción de 

inocencia de toda persona acusada es de rango 

constitucional, pues surge expresamente de la Carta de 

Derechos de la Constitución de Puerto Rico: “[e]n todos los 

procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho [...] 

a gozar de la presunción de inocencia”. Art. II, Sec. 11, 

Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 354. El propósito de 

esta garantía constitucional es:

[E]stablecer claramente que corresponde a la fiscalía 

demostrar, con prueba admisible, la culpabilidad de la 

persona acusada más allá de toda duda razonable. En esa 

dirección, la inocencia de la persona acusada constituye el 

punto de partida en todo proceso criminal hasta que el Estado 

demuestre lo contrario, derrotando así la presunción. Como 

se expresó durante las deliberaciones de la Convención 

Constituyente: “La presunción más importante que nosotros

conocemos bajo el sistema judicial americano es la 

presunción de inocencia”. El objetivo de esta cláusula es 

descargar todo el peso probatorio, en cuanto a la 

culpabilidad de la persona acusada, en el ministerio público 

e invalidar cualquier norma legal que sea contraria a este 

importante principio. (Énfasis suplido). J. Farinacci 

Fernós, La Carta de Derechos, 1ra ed., San Juan, Ed. UIPR, 

2021, pág. 202).

Es por ello que reiteradamente hemos expresado que la 

presunción de inocencia “cobija al acusado en cuanto a todo 

elemento esencial del delito, el peso de la prueba permanece, 

durante todas las etapas del proceso a nivel de instancia, 

sobre el Estado”. (Énfasis suplido). Pueblo v. Irizarry, 156 

DPR 780, 787 (2002); Pueblo v. Túa, 84 DPR 39, 53 (1961). 

Consecuentemente, la persona acusada de un delito no está 
CC-2021-0592 4

obligada a presentar prueba alguna para defenderse, sino que 

puede descansar plenamente en la presunción de inocencia que 

le asiste. Pueblo v. Irizarry, supra; Pueblo v. Rosaly Soto, 

128 DPR 729, 739 (1991). Por otro lado, es sobre el Estado 

que recae la obligación de presentar evidencia suficiente 

sobre todos los elementos del delito y su conexión con el 

acusado a fin de establecer la culpabilidad de este más allá 

de duda razonable. Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 

414 (2014); Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 174 

(2011).

Sobre lo anterior, es harto conocido que el quantum de 

prueba que se exige al Estado para controvertir la presunción 

de inocencia durante la etapa de juicio es de más allá de 

duda razonable. Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 142 (2009). 

Este Tribunal ha explicado que, para cumplir con el referido 

quantum de prueba, la evidencia que se presente con el 

propósito de alcanzar una convicción penal debe producir 

certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido. Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 DPR 84, 100 (2000); Pueblo v. Rosario Rodríguez 

Román, 128 DPR 121, 131 (1991).

B. Presunciones probatorias

La Regla 301 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico 

define una presunción como “deducción de un hecho que la ley 

autoriza a hacer o requiere que se haga de otro hecho o grupo 

de hechos previamente establecidos en la acción”. 32 LPRA 

Ap. IV, R. 301. Entonces, a “ese hecho o grupo de hechos 
CC-2021-0592 5

previamente establecidos se les denomina hecho básico [y] al 

hecho deducido mediante la presunción, se le denomina hecho 

presumido.” Íd. En cuanto al efecto de una presunción en una 

acción criminal, la Regla 303 indica que “[c]uando en una 

acción criminal la presunción perjudica a la persona 

acusada, tiene el efecto de permitir a la juzgadora o al 

juzgador inferir el hecho presumido si no se presenta 

evidencia alguna para refutarlo”. 32 LPRA Ap. IV, R. 303. 

Además, la referida regla aclara que “[l]a presunción no 

tendrá efecto alguno de variar el peso de la prueba sobre 

los elementos del delito o de refutar una defensa de la 

persona acusada”. Íd.

Ahora bien, hasta ahora hemos descrito lo que 

constituye una presunción, sus efectos y sus límites. Falta, 

entonces, que reseñemos la jurisprudencia federal y local en 

la cual se ha expuesto el estándar que tiene que sobrepasar 

una presunción para que se utilice en un procedimiento 

criminal y que sea constitucionalmente permisible.

En primer lugar, la Corte Suprema Federal atendió este 

asunto en Leary v. U.S., 395 US 6 (1969). En este caso se 

planteó la controversia sobre la constitucionalidad de 

permitirle al juzgador presumir, luego de probar el hecho 

básico de que una persona estaba en posesión de marihuana, 

el hecho deducido de que esta conocía que la marihuana había 

sido importada ilegalmente. Para contestar esta 

interrogante, la Corte Suprema Federal utilizó el estándar 

de “more likely than not”. Explicó que este estándar requiere 
CC-2021-0592 6

que una presunción criminal se considere como irracional o 

arbitraria y, por lo tanto, inconstitucional, a menos que se 

pueda afirmar con seguridad sustancial que es más probable 

que el hecho presumido derive del hecho probado que lo 

contrario. Leary v. U.S., supra, pág. 36. Nótese que la Corte 

Suprema Federal no hizo este análisis en lo abstracto. Por 

el contrario, manifestó que, para determinar la 

constitucionalidad de la presunción, era necesario contar 

con datos directos o circunstanciales sobre las creencias de 

los usuarios de marihuana acerca de la fuente original de la 

sustancia que consumían. Leary v. U.S., supra, pág. 38. Es 

decir, cuando un tribunal lleva a cabo la tarea de determinar 

la probabilidad de que un hecho presumido surja del hecho 

probado de manera que sobrepase el estándar de “more likely 

than not”, tiene la obligación de considerar la 

razonabilidad de la presunción, no de manera teórica y 

descontextualizándola de la realidad, sino con consciencia 

de todo el contexto relevante dentro del cual se intenta 

aplicar la presunción.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico utilizó el estándar 

de Leary v U.S., supra, en Pueblo v. Segarra, 77 DPR 736 

(1954), al expresar que del Artículo 7 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, 25 LPRA 

ant. secs. 411–454 (Ley de Armas de 1951) surgía una 

presunción de ausencia de licencia, luego de haber 

establecido el hecho de que un acusado portaba un arma. 

Posteriormente, en Pueblo v. Pacheco, 78 DPR 24 (1955), el 
CC-2021-0592 7

Tribunal Supremo reiteró que, luego de que el Ministerio 

Público pruebe la posesión o portación de un arma, no tiene 

la obligación de probar en el juicio que el acusado carece

de licencia, sino que la obligación de destruir la presunción 

y presentar evidencia de que tenía licencia para portar armas 

recae sobre el acusado.

C. Derecho a portar armas

Tanto la jurisprudencia federal como estatal han 

evolucionado en las últimas décadas hacia una 

conceptualización más liberal, menos restrictiva, del 

derecho a portar armas.

En particular, la Corte Suprema Federal resolvió en 

District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 (2008) que la 

Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos 

protege el derecho individual de poseer un arma de fuego, 

sin conexión con el servicio en milicia, y utilizar esa arma 

para propósitos tradicionalmente legales, como lo es la 

defensa propia dentro del hogar. Posteriormente, en McDonald 

v. Chicago, 561 US 742 (2010), la Corte concluyó que el 

derecho a portar armas es un derecho fundamental, por lo 

cual la cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta 

Enmienda incorpora el derecho de la Segunda Enmienda, según 

reconocido en Heller, de manera que se aplica por igual al 

gobierno federal y a los estados. Finalmente, en New York 

State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen, 142 S.Ct. 

2111, 2122 (2022) el máximo foro federal explicó que las 

Enmiendas Segunda y Decimocuarta protegen el derecho de un 
CC-2021-0592 8

individuo de portar un arma para su defensa propia fuera del 

hogar también. 

Posteriormente, este Tribunal reconoció en Pueblo v. 

Rodríguez López, 210 DPR 752 (2022) que el derecho 

constitucional a poseer y portar armas, tanto dentro del 

hogar como en público, es un derecho fundamental que, en 

virtud de la cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta 

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, se extiende 

a Puerto Rico también.

Es crucial enfatizar que al momento en el que el 

Tribunal Supremo consideró el estándar de Leary v U.S., 

supra, en los dos casos mencionados, la ley vigente que 

regulaba la portación de armas era la Ley de Armas de 1951. 

Ese estatuto era sumamente restrictivo en cuanto a quién se 

autorizaba a obtener una licencia de portación de armas. 

Particularmente, el Artículo 20(a) limitaba la portación de 

armas a personas que cayeran dentro de cualquiera de cinco 

categorías: 1) miembros de las fuerzas armadas de los Estados 

Unidos y de Puerto Rico en el ejercicio de sus funciones 

como tales; 2) miembros de la Policía de Puerto Rico; 3) el 

Superintendente de Prisiones, jefes de penitenciarías 

insulares y alcaides de cárcel; 4) guardias de penales y 

custodios de presos; y, 5) funcionarios de aduanas e 

inmigración de los Estados Unidos. Ley de Armas de 1951, 

supra. Además, el Artículo 20(b) autorizaba la posesión de 

un revólver o una pistola a: 1) jueces y fiscales; 2) 

cualquier funcionario del Gobierno de Puerto Rico a juicio 
CC-2021-0592 9

del Jefe de la Policía; 3) conductores de correo; 4) marshals

y sub-marshals de cualquier tribunal o corte; 5) conductores 

de fondos públicos; 6) conductores de fondos privados y 

custodios de fondos privados en instituciones bancarias, 

luego de justificar la necesidad de tal licencia ante el 

Tribunal de Distrito; y, 7) los colectores y agentes de 

Rentas Internas, siempre que hubieren sido autorizados por 

el Jefe de la Policía a solicitud del Tesorero de Puerto 

Rico. Ley de Armas de 1951, supra.

Como se puede observar, la Ley de Armas de 1951 

solamente autorizaba la portación de armas de manera 

excepcional a miembros de ciertas profesiones particulares. 

Es dentro de ese contexto ―un momento histórico en el cual 

la gran mayoría de la población no estaba autorizada a 

solicitar una licencia para portar armas― que este Tribunal 

utilizó el estándar de “more likely than not” para considerar 

la validez de una presunción de ausencia de licencia. 

Ciertamente, en aquel momento el Tribunal Supremo razonó 

que, en consideración de que la Ley de Armas de 1951 no 

autorizaba al ciudadano común a obtener una licencia de 

portación de armas, la presunción de ausencia de licencia 

sobrepasaba el estándar de “more likely than not”.

Dicho eso, resulta imperativo reseñar que el estatuto 

que aplica a los hechos de este caso es la Ley de Armas del 

2000. Esta dispone, en el Artículo 2.02, que el 

Superintendente de la Policía expedirá una licencia de armas 
CC-2021-0592 10

a cualquier persona peticionaria que cumpla con los 

siguientes requisitos:

(1) Haber cumplido veintiún (21) años de edad. 

(2) Tener un certificado negativo de antecedentes penales,

y no encontrarse acusado y pendiente o en proceso de juicio 

por algunos de los delitos enumerados en el Artículo 2.11 

de esta Ley. 

(3) No ser ebrio habitual o adicto a sustancias controladas. 

(4) No estar declarado incapaz mental por un Tribunal. 

(5) No incurrir ni pertenecer a organizaciones que incurran 

en actos de violencia, o dirigidos al derrocamiento del 

Gobierno constituido. 

(6) No haber sido separado de las Fuerzas Armadas bajo 

condiciones deshonrosas, o destituido de alguna de las 

agencias del orden público del Gobierno de Puerto Rico.

(7) No estar bajo una orden del tribunal que le prohíba 

acosar, espiar, amenazar o acercarse a un compañero íntimo, 

alguno de los niños de ese compañero o a persona alguna, y 

no tener un historial de violencia. 

(8) Ser ciudadano de los Estados Unidos de América o 

residente legal de Puerto Rico. 

(9) No ser persona que, habiendo sido ciudadano de los 

Estados Unidos alguna vez, renunció a esa ciudadanía.

(10) Someter una declaración jurada atestiguando el 

cumplimiento con las leyes fiscales; estableciéndose que 

será razón para denegar la expedición de la licencia 

solicitada o para revocar ésta el que el peticionario haya 

incumplido las leyes fiscales del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

(11) Cancelar un sello de rentas internas de cien (100) 

dólares a favor de la Policía de Puerto Rico; disponiéndose 

que en los casos en que se deniegue la licencia, la cantidad 

pagada en sellos no será reembolsable. 

(12) Someter junto a su solicitud tres (3) declaraciones 

juradas de tres (3) personas que no tengan relación de 

consanguinidad o afinidad con el peticionario y que, so pena 

de perjurio, atestigüen que el peticionario goza de buena 

reputación en su comunidad, que no es propenso a cometer 

actos de violencia y que a su mejor saber éste se encuentra 

emocionalmente apto para poseer armas de fuego, por lo que 

no existe objeción a que tenga armas de fuego. 

(13) Someter su solicitud cumplimentada bajo juramento ante 

notario, acompañada de una muestra de sus huellas digitales, 

tomada por un técnico de la Policía de Puerto Rico o agencia 

gubernamental estatal o federal competente, y acompañada de 

dos (2) fotografías de dos (2) pulgadas por dos (2) pulgadas 

de tamaño, a colores, suficientemente reciente como para 

mostrar al peticionario en su apariencia real al momento de 

la solicitud. Ley de Armas de 2000, supra.

La Ley de Armas de 2000 es patentemente menos 

restrictiva que la Ley de Armas de 1951. Mientras que la Ley 

de Armas de 1951 autorizaba, a modo de excepción, que 

solamente personas que ejercieran ciertas profesiones 
CC-2021-0592 11

portaran armas, la Ley de Armas de 2000 tomaba como punto 

de partida que cualquier persona puede portar armas, y luego 

enumeraba ciertos criterios que excluirían a personas 

particulares de obtener la licencia.1

II

Una mayoría del Tribunal hoy reconoce, correctamente, 

que lo resuelto en Pueblo v. Pacheco, supra, tenía el efecto 

de invertir el peso de la prueba para que fuese la persona 

acusada quien tenía que demostrar su inocencia y eximir al 

Estado de su deber de probar todos los elementos del delito. 

Permitir que se utilice una presunción en contra de la 

persona acusada, según pronunciado en Pueblo v. Pacheco, 

supra, violenta tanto la presunción de inocencia como el 

derecho al debido proceso de ley, por lo que estoy de acuerdo 

con el revocar dicho precedente.

Sin embargo, a pesar de llevar a cabo el análisis de 

rigor, la Opinión mayoritaria prohibió inexplicablemente el 

uso de presunciones que operen en contra del acusado 

únicamente durante la etapa de juicio, mas avalaron el uso 

de estas mismas presunciones durante las etapas 

preliminares. Así, y sin explicación alguna, ignoran por 

completo nuestros pronunciamientos en cuanto a la 

1 Nótese que la referida legislación quedó derogada por la Ley de Armas 

de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 168-2019, 25 LPRA 461 et seq. Surge de 

la Exposición de Motivos de este estatuto que el mismo se aprobó en 

reacción a las decisiones del Tribunal Supremo Federal que reconocieron 

el derecho a portar y poseer armas como uno fundamental. 

Consecuentemente, la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 resulta aún más 

liberal que los estatutos que le preceden. 
CC-2021-0592 12

aplicabilidad de la presunción de inocencia y del debido 

proceso de ley durante todo el proceso penal. Veamos.

La presunción de inocencia es uno de los pilares sobre 

los cuales está edificado nuestro sistema penal. Es una 

protección de índole constitucional que le asegura a toda 

persona que al momento en que se comienza un procedimiento 

penal, la responsabilidad de probar su culpabilidad más allá 

de toda duda razonable recae sobre el Ministerio Público. 

Para lograr eso, el Estado tiene que probar todos y cada uno 

de los elementos esenciales del delito y la conexión de la 

persona acusada con ellos. No olvidemos, además, que la 

presunción de inocencia cobija al acusado durante todas las 

etapas del proceso.

Dicho esto, resulta meridianamente claro que una 

presunción que opera en contra de una persona acusada es 

incompatible con la presunción de inocencia que surge de 

nuestra Constitución. Como explica el Prof. Ernesto Chiesa:

[E]l análisis consiste en determinar si, de alguna manera, 

el ministerio público ha quedado relevado de establecer 

algún hecho esencial más allá de duda razonable o si se ha 

variado el peso de la prueba sobre tales hechos de modo que 

se imponga al acusado la obligación de persuadir, al menos 

por preponderancia de la evidencia; ambas son 

constitucionalmente inválidas. (Negrilla suplida). E. 

Chiesa. Sobre la validez constitucional de las presunciones, 

14 REV. JUR. UIA 727, 752 (1980).

Es que no hay otra conclusión razonable. Una presunción 

es una “deducción de un hecho que la ley autoriza a hacer o 

requiere que se haga de otro hecho o grupo de hechos 

previamente establecidos en la acción”. 32 LPRA Ap. IV, 

R. 301. Permitir una presunción que opere en contra de un 
CC-2021-0592 13

acusado releva al Ministerio Público de su obligación de 

presentar prueba sobre todos y cada uno de los elementos 

esenciales del delito. Más aún, se invierte el peso de la 

prueba y se responsabiliza a la persona acusada de presentar 

prueba que derrote la presunción.

Hemos expresado reiteradamente que la presunción de 

inocencia “cobija al acusado en cuanto a todo elemento 

esencial del delito, el peso de la prueba permanece, durante 

todas las etapas del proceso a nivel de instancia, sobre el 

Estado”. (Énfasis suplido). Pueblo v. Irizarry, supra. Por 

ello, reconocer que el uso de esta presunción tiene efectos 

adversos a estas garantías constitucionales fundamentales, 

obliga la prohibición de su uso en toda etapa del proceso 

penal y no circunscribirlo únicamente a la etapa del juicio.

Hoy, se corrige solamente un aspecto de una norma que 

evidentemente estamos llamados a dejar en el pasado por 

completo. A la luz de la presunción de inocencia que cobija 

a toda persona acusada, el curso de acción correspondiente

era establecer, sin ambages, que el Ministerio Público no 

puede descansar de manera alguna, ni en ninguna etapa del 

proceso, en una presunción que recaiga sobre un elemento 

del delito. Es por ello que reitero mi postura de que 

procedía decretar la prohibición absoluta de la presunción 

en controversia en todo procedimiento criminal por ser 

tajantemente inconstitucional.

Ahora bien, al presumir, en la alternativa, que nuestro 

ordenamiento jurídico sí permite que algunas presunciones 
CC-2021-0592 14

recaigan sobre elementos esenciales del delito, premisa que 

rechazo de manera vehemente, procedo a explicar cómo la 

presunción particular en controversia no pasa el estándar 

de “more likely than not”.

Como reseñé anteriormente, en Pueblo v. Segarra, supra, 

este Tribunal empleó el estándar de “more likely than not”

que surgía de Leary v U.S., supra. De manera específica, el 

Tribunal se preguntó si, dentro del contexto de la Ley de 

Armas de 1951, era razonable presumir que una persona que 

portaba un arma lo hacía sin licencia. En ese momento, el

Tribunal contestó en la afirmativa. Sin embargo, tal y como 

reconoce la Opinión mayoritaria, no podemos pasar por alto 

que el análisis que se hizo en Pueblo v. Segarra, supra, 

estuvo enmarcado en una legislación que limitaba el permiso 

de portación a ciertas personas, a modo de excepción y por 

carácter privilegiado. Es decir, en Pueblo v. Segarra, 

supra, la presunción en controversia cumplió con el estándar 

aplicable dado que era razonable presumir que un individuo 

en posesión de un arma no tendría licencia para portarla.

Esto así ya que la ley vigente no autorizaba a la persona 

común a portar armas, sino que le reservaba ese privilegio 

a miembros de unas profesiones particulares.

Resulta sorprendente, sin embargo, que la mayoría

reconozca los grandes cambios que se han suscitado en 

nuestra concepción del derecho a portar armas, pero al 

momento de implementar el estándar de “more likely than 
CC-2021-0592 15

not”, ignoren la relevancia de esos cambios sobre el 

análisis y se limiten a expresar que

irrespectivamente del carácter fundamental del derecho o de 

que ya no es un privilegio, la presunción se mantiene como 

evidencia prima facie de portación ilegal en la medida en 

que el Estado tiene la autoridad para exigirle una licencia 

de portación de un arma a todo ciudadano que desee ejercer 

su derecho. Opinión mayoritaria, pág. 20.

El hecho de que el Estado tiene autoridad para exigir 

una licencia de portación de armas es irrelevante al 

análisis, pues la médula del estándar de “more likely than 

not” no es si el Estado puede requerir la referida licencia. 

El estándar de “more likely than not” exige que el Tribunal 

se pregunte si es razonable presumir, en vista de la 

normativa vigente sobre el derecho a la portación de armas,

que una persona común que porta un arma lo hace sin poseer

la licencia correspondiente.

Reitero, en la actualidad, nuestra concepción del 

derecho a portar armas es muy distinta a cuando se resolvió 

Pueblo v. Segarra, supra. La controversia ante nos requería

que lleváramos a cabo el análisis de “more likely than not”

de novo y en consideración de la jurisprudencia federal y 

estatal más reciente sobre el derecho a portar armas y de 

la Ley de Armas de 2000. No correspondía que reiteráramos 

una presunción que se estableció jurisprudencialmente hace 

setenta años dentro de un contexto jurídico completamente 

distinto al actual.

Este Tribunal está llamado a hacerse la misma pregunta 

que se hizo en el 1954: ¿En vista de la normativa actual 

referente al derecho a portar armas, es razonable presumir 
CC-2021-0592 16

que una persona que porta un arma lo hace sin la licencia 

correspondiente? Ciertamente, la jurisprudencia reseñada 

reconoce el derecho a portar armas dentro y fuera del hogar 

como uno de carácter fundamental. Asimismo, la Ley de Armas

de 2000 es mucho más liberal en cuanto a los requisitos para 

obtener una licencia para portar armas que la Ley de Armas 

de 1951. Si bien la pregunta que estamos llamados a 

contestar no ha cambiado en los pasados setenta años, la 

normativa relevante sí. En consecuencia, nuestra respuesta 

debe cambiar. Dentro del contexto jurídico actual, es 

inconcebible que sea razonable presumir, en cualquier etapa 

del proceso penal, que toda persona que porta un arma lo 

hace sin la licencia correspondiente.

III

Por los fundamentos antes expuestos, expreso mi 

conformidad con la parte de la Opinión mayoritaria que 

revoca Pueblo v. Pacheco, supra. Sin embargo, disiento de 

una mayoría de mis compañeros y compañera de este Tribunal 

en cuanto a limitar el efecto de la norma que hoy pautan a 

únicamente a la etapa de juicio. Esto así, ya que estimo 

improcedente que el Estado utilice en etapas preliminares

presunciones que operan en contra de la persona acusada y 

que recaen sobre un elemento esencial del delito. Al sí 

proceder, este Tribunal continúa autorizando la violación 

de protecciones constitucionales tan fundamentales como lo 

son el debido proceso de ley y la presunción de inocencia, 
CC-2021-0592 17

por el mero hecho de que se trate de una etapa preliminar y 

no el juicio final.

Además, me resulta preocupante que el Tribunal haya 

reiterado los linderos del estándar de “more likely than 

not” que utilizamos para analizar la procedencia de 

presunciones, haya reseñado los cambios relevantes que 

ocurrieron con relación al derecho a portar armas en las 

pasadas décadas, y luego haya ignorado el llamado que 

teníamos para reevaluar la procedencia de una presunción 

que se estableció jurisprudencialmente hace setenta años 

dentro de una realidad jurídica y social muy distinta a la 

actual en lo concerniente al derecho a portar armas.

Por ello, me veo compelida a disentir en parte.

 Maite D. Oronoz Rodríguez

 Jueza Presidenta
 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Edwin Meléndez Monserrate

Peticionario

CC-2021-592 Certiorari

Opinión de conformidad en parte y disidente en parte emitida

por el Juez Asociado Señor ESTRELLA MARTÍNEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de julio de 2024.

En esta instancia, estoy de acuerdo con que el Estado 

no probó más allá de duda razonable que el Sr. Edwin 

Meléndez Monserrate (señor Meléndez Monserrate) cometió el 

delito de portación de un arma sin licencia. Ahora bien, 

haciendo eco de mi inconformidad en Pueblo v. Colón 

González, infra, mi oposición a la Opinión que hoy emite 

este Tribunal se fundamenta en que su análisis aparenta 

conducir a un contrasentido jurídico. Me explico.

De entrada, la Opinión anuncia la revocación del 

precedente establecido hace siete (7) décadas en Pueblo v. 

Pacheco, infra, entiéndase, el caso que dio génesis en 

nuestro ordenamiento jurídico a la presunción de posesión 

de arma sin licencia.1 Tal curso de acción se apoya, 

 

 1Véase, Pueblo v. Nieves Cabán, 201 DPR 853, 877 (2019) 

(“...el dictamen que emitimos en Pueblo v. Pacheco...lo 

ratificamos en varios casos posteriores. Sin embargo, en 
 CC-2021-592 2

principalmente, en la conclusión de que lo establecido en 

Pueblo v. Pacheco, infra, sobre “la presunción del delito 

de portación ilegal en la etapa de juicio invierte el peso 

de la prueba y releva al Estado de la obligación de probar 

el elemento de ausencia de licencia”.2

Similarmente, la Opinión expresamente reconoce en su 

análisis del derecho normativo aplicable a la controversia

que: (1) el Ministerio Público está compelido a 

controvertir la presunción de inocencia mediante prueba 

suficiente y satisfactoria de cada uno de los elementos del 

delito; (2) la persona acusada no tiene la obligación de 

presentar prueba en su defensa o de que es inocente; (3) 

en la etapa del juicio operan todas las garantías 

constitucionales por estar en juego la privación de la 

libertad; y (4) la ausencia de licencia de portación de 

arma es un elemento esencial e imprescindible para ser 

hallado convicto bajo el Art. 5.04 de la Ley de Armas de 

2000, infra.3

Con esa introducción y análisis normativo, la 

expectativa era que se rechazara el precedente de Pueblo 

v. Pacheco -y la presunción que creó- por no ser sostenible 

 

ese momento, ni en los subsiguientes, tuvimos que analizar 

la naturaleza de esta presunción”). Íd., pág. 877 (citas 

omitidas).

2Opinión mayoritaria, pág. 1.

3Véase, Pueblo v. Negrón Nazario, 191 DPR 720, 752 (2014).
 CC-2021-592 3

bajo la doctrina del stare decisis, por ser manifiestamente 

errónea y por su consecuencia nefasta de exonerar al Estado 

de su obligación de probar la culpabilidad de la persona 

acusada más allá de duda razonable con respecto a todos los 

elementos del delito.4 Todo ello indistintamente de la etapa 

procesal en que se pretendiera utilizar la presunción, 

pues, al anunciarse la revocación del precedente que la 

creó, el resultado lógico jurídico era declarar la 

inexistencia e inaplicabilidad de la mencionada presunción

en nuestro sistema jurídico.

Sin embargo, arraigado en un razonamiento ambiguo, la 

Opinión mayoritaria deja latente el uso de la presunción 

al expresar que el Estado meramente no puede apoyarse en 

 

 4La doctrina de stare decisis dispone que, como norma 

general, un tribunal debe acatar sus decisiones anteriores 

en los casos que resuelva posteriormente. Su objetivo es 

la necesidad de lograr estabilidad y certidumbre 

legal. Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 921 (2009). Se 

reconocen tres circunstancias excepcionales que justifican 

revocar un precedente: (1) si la decisión anterior es 

claramente errónea; (2) si sus efectos sobre el resto del 

ordenamiento son adversos, y (3) si la cantidad de personas 

que confiaron en esta es limitada. Pueblo v. Díaz De León, 

supra, pág. 922 (citando a Pueblo v. Camacho Delgado, 175 

DPR 1, 20 esc. 4 (2008)). Véanse, Pueblo v. Sánchez Valle

et al., 192 DPR 594, 645-646 (2015); González v. Merck, 166 

DPR 659, 690-691 (2006)(Op. de conformidad del Juez 

Presidente Hernández Denton).

 Por ello, hemos reconocido que, aunque el propósito 

de la doctrina de stare decisis es lograr la estabilidad y 

certidumbre, más nunca debe ser el perpetuar errores. Am. 

Railroad Co. v. Comisión Industrial, 61 DPR 314, 326 (1943) 

citado en Pueblo v. Díaz De León, supra, págs. 921-922. Es 

que la doctrina no llega al extremo de declarar que la 

opinión de un tribunal tenga el alcance de un dogma que 

debe seguirse ciegamente aun cuando el tribunal se convenza 

posteriormente de que su decisión anterior es errónea. Íd., 

pág. 921.
 CC-2021-592 4

esta exclusivamente o usarla como única base para avanzar 

su caso. Por ello, la controversia material respecto a la 

impugnación de la referida presunción de arma ilegal quedó 

diluida a un asunto de suficiencia de prueba. 

Paralelamente, y, a mi juicio, más preocupante aún, a pesar 

de que reconoce que la presunción invierte el peso de la 

prueba, la Opinión vuelve a imponer a la persona acusada 

el peso de demostrar la “inexistencia de una conexión 

racional entre el hecho de que portaba un arma con que no 

tenía licencia para ello”.5

Este panorama crea un precedente muy incierto, no tan 

solo para el Ministerio Público y los abogados de defensa, 

sino también para el juzgador de hechos y la Academia, pues 

no hay absoluta claridad respecto al uso o supervivencia

de la presunción y el quantum probatorio requerido. En 

consecuencia, sostengo que volvimos a desaprovechar la 

oportunidad para expulsar una presunción anacrónica e 

irrazonable.

Expuesta mi posición, veamos, entonces, los 

antecedentes fácticos que originaron la controversia ante 

nos. 

I

Los hechos materiales de este caso no están en 

controversia. En síntesis, el Sr. Edwin Meléndez Monserrate 

(Peticionario o señor Meléndez Monserrate) fue hallado

 

5 Opinión mayoritaria, pág. 24.
 CC-2021-592 5

culpable de varios delitos, entre ellos, la violación al 

Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-

2000, 25 LPRA ant. sec. 485c (Ley de armas de 2000) por 

portación y uso de un arma de fuego sin licencia. En 

revisión, tanto ante el foro intermedio como ante este 

Tribunal, el Peticionario señaló que el Ministerio Público

no presentó prueba en el juicio que estableciera más allá 

de duda razonable todos los elementos del delito, en

particular, la ausencia de permiso o licencia para la 

portación de arma. Al respecto, adujo que el Ministerio 

Público descansó en la presunción de arma ilegal y que esto 

tuvo el efecto de revertir el peso de la prueba y atentar 

contra su presunción de inocencia. 

En lo aquí pertinente, el Tribunal de Apelaciones 

resolvió “que en nuestro ordenamiento rige la presunción 

de portación o posesión ilegal de armas de fuego -y es el 

acusado- a quien incumbe destruir tal presunción”.6 El foro 

apelativo intermedio se fundamentó en lo resuelto por este 

Tribunal en Pueblo v. Pacheco, supra, en la pág 30. Además, 

dictaminó que, por tratarse de una presunción permisible, 

el Ministerio Público no estaba obligado a probar que el 

imputado no tenía licencia cuando se alegó tal hecho en la 

acusación y se probó la portación o posesión del arma.

 

6Véase, Apéndice, págs. 27-28.
 CC-2021-592 6

Insatisfecho, el Peticionario presentó el recurso de 

certiorari que hoy nos ocupa.

II

Como punto de partida, debemos puntualizar que “[u]na 

presunción es una deducción de un hecho que la ley autoriza 

a hacer o requiere que se haga de otro hecho o grupo de 

hechos previamente establecidos en la acción”. (Negrillas 

suplidas). Regla 301 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI(a).7 Como 

resultado, al hecho establecido se le denominará hecho 

básico y al hecho deducido mediante la presunción se le 

conoce como hecho presumido. Íd. De igual forma, una 

presunción será “incontrovertible cuando la ley no permite 

presentar evidencia para destruirla o rebatirla” es decir, 

para demostrar la inexistencia del hecho presumido.

(Negrillas suplidas). Íd., (b). A su vez, el resto de las 

presunciones se denominarán como controvertibles. Íd.

Esto es importante para nuestro análisis debido a que 

la referida presunción de arma ilegal que aquí se intentó 

impugnar no surgió de la Ley de Armas de 2000 o de algún 

otro estatuto, sino que fue creada jurisprudencialmente.8 

 

 7Para algunas de las presunciones reconocidas en 

nuestro derecho probatorio, véase la Regla 304 de 

Evidencia, supra. 

8Véase, Chiesa Aponte, E.L., Compendio de Evidencia 

(En el Sistema Adversarial), México, Ed. Tirant Lo Blanch, 

2021, págs. 95-100. (“Pero en la Opinión [Pueblo v. Nieves 

Cabán] nada se dice de la fuente de esa presunción; se da 

por sentada su existencia. La Ley de Armas no crea esa 

presunción. En la Opinión... a pesar de que se dedica muchas 
 CC-2021-592 7

En específico, en Pueblo v. Pacheco, 78 DPR 24 (1955) se 

resolvió que 

[e]n casos de portación o posesión ilegal 

de armas de fuego el fiscal no viene 

obligado a probar que el acusado no tenía 

licencia con tal fin, cuando se ha alegado 

tal hecho en la acusación y se ha probado 

la portación o posesión del arma, ya que en 

ellos surge la presunción de portación o 

posesión ilegal y es al acusado a quien 

incumbe destruir tal presunción. Pueblo v. 

Segarra, 77 D.P.R. 736; Pueblo v. Negrón, 

76 D.P.R. 346, en el cual dijimos a la pág. 

351 que “...Existe sin embargo otro 

principio aceptado generalmente por los 

tribunales americanos al efecto de que no 

incumbe al fiscal aducir prueba afirmativa

para sostener una alegación negativa cuya 

veracidad queda razonablemente indicada por 

las circunstancias establecidas y que de 

ser incierta pueda fácilmente ser 

contradicha mediante el ofrecimiento de 

prueba documental o de otra índole que 

probablemente está en poder del acusado o 

bajo su dominio.” Era por tanto innecesario 

considerar cualquier evidencia que el 

fiscal presentara para probar que el 

acusado no tenía licencias para portar o 

poseer armas de fuego, ya que al propio 

acusado era a quien correspondía probar que 

tenía tales licencias. Él no ofreció prueba 

 

páginas a exponer normas harto conocidas sobre la vista 

preliminar y la moción de desestimación bajo la regla 64

(p) de Procedimiento Criminal, nada se dice sobre el origen 

de la presunción que no sea invocar a Pueblo v. Pacheco 

Ruiz, y que Pacheco Ruiz se basó en Pueblo v. Segarra y en 

Pueblo v. Negrón Ramos”. Íd., pág. 96 (citas omitidas). 

Por otro lado, se clarifica que la mencionada 

presunción tampoco se codificó bajo el Art. 6.26 de la Ley 

de Armas de 2020, 25 LPRA sec. 466y. Similarmente, tampoco 

se debe confundir con la presunción que estableció el Art. 

14 de la derogada Ley de Armas de 1951 respecto a la 

presencia de armas en un vehículo como evidencia prima facie

de su posesión ilegal por todas las personas que se 

encontraran en tal vehículo al momento del registro. 

Entiéndase, se refiere a una presunción aplicable al 

momento del registro (validez) y no de una presunción 

aplicable en la etapa de juicio como el caso de autos. 
 CC-2021-592 8

alguna a ese efecto. (Negrillas suplidas) 

Íd., pág. 30.

En consecuencia, desde hace siete (7) décadas ha regido 

en nuestra jurisdicción la existencia de una presunción de 

portación o posesión ilegal creada por precedente judicial 

que, en esencia, releva al Ministerio Público de tener que

presentar prueba afirmativa para sustentar la alegación 

negativa de que la persona imputada portaba un arma sin 

tener licencia para ello. Véanse, Pueblo v. Negrón Ramos, 

76 DPR 346 (1954); Pueblo v. Segarra, 77 DPR 736 (1954); 

Pueblo v. Pacheco, supra; Pueblo v. Del Río, 113 DPR 684 

(1982); Pueblo v. Nieves Cabán, 201 DPR 853 (2019); Pueblo 

v. Colón González, 209 DPR 967 (2022), entre otros.

A causa de ello, una vez el Ministerio Público probaba 

que el imputado portaba un arma en la fecha indicada, 

automáticamente surgía la presunción de que portaba el arma 

sin licencia. Establecida la presunción, le correspondía 

al acusado presentar prueba de que sí contaba con licencia. 

Sin embargo, han sido múltiples las ocasiones en las

que se intentó impugnar una convicción en la que se utilizó 

la referida presunción.9 Así, por ejemplo, en Pueblo v. 

Nieves Cabán, supra, el imputado nos planteó que el 

Ministerio Público no pasó prueba sobre el elemento del 

 

9Véanse, Pueblo v. Del Río, supra, págs. 688-689; 

Pueblo v. Cortés del Castillo, 86 DPR 220, 235 (1962) (se 

catalogó de frívola la contención del acusado respecto a 

que el Estado tenía que establecer que no estaba autorizado 

a portar armas); Pueblo v. Oquendo, 79 DPR 542 (1956).
 CC-2021-592 9

delito de ausencia de licencia o permiso para portar un 

arma de fuego para que se le encontrara causa probable para 

juicio por violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas de 

2000.

En ese caso una mayoría de este Tribunal, a pesar de 

discutir la referida presunción bajo la normativa

constitucional y la Regla 303 de Evidencia, supra,

determinó, entre otras cosas, que se trataba de una 

inferencia permisible y no mandatoria compatible con el 

juicio de probabilidades de la etapa procesal de vista 

preliminar. Por ello, la allí mayoría distinguió que en el 

juicio el Estado debía probar más allá de duda razonable 

la comisión del delito de la forma como proceda en derecho

y que en ese momento es que corresponderá evaluar si es 

válido aplicar esta presunción, en el caso que el dictamen 

se sustente en ella. Íd., pág. 881.

Ahora bien, en aquel momento la disidencia expresó que 

el dictamen mayoritario tendría el efecto de permitir que 

el Ministerio Público someta a un ciudadano a un 

procedimiento penal sin que se presente un ápice de 

evidencia sobre un elemento “esencial e imprescindible” del 

delito que se le imputa.10 Pueblo v. Nieves Cabán, supra, 

págs. 895-896.

 

10Opinión disidente de la Jueza Asociada señora 

Rodríguez Rodríguez a la que se unieron la Jueza Presidenta 

Oronoz Rodríguez y los Jueces Asociados señor Estrella 

Martínez y señor Colón Pérez.
 CC-2021-592 10

Similarmente, alineados con nuestras expresiones 

previas en Pueblo v. Negrón Nazario, supra, reconocimos la 

obligación del Ministerio de presentar evidencia sobre la 

ausencia de licencia al momento de encausar a un ciudadano 

por el delito tipificado en el Art. 5.04 de la Ley de Armas

de 2000, y que el no hacerlo transgredía los principios más 

básicos del debido proceso de ley. En ese sentido, el bloque 

disidente enfatizó que bajo la tesis mayoritaria la 

ausencia de evidencia sobre la existencia de una licencia 

permitía a un juzgador de hechos concluir que la evidencia 

es inexistente. Pueblo v. Nieves Cabán, supra, pág. 895.

Por otro lado, enfatizamos que era necesario reevaluar 

la presunción de portación ilegal que surgió en un contexto 

histórico y jurídico muy particular en el que la posibilidad 

de que un ciudadano común pudiese obtener una licencia de 

poseer o portar arma era muy limitada. Íd., pág. 897. Como 

resultado, expresamos que el validar la mencionada 

presunción mantenía un status quo anacrónico e incongruente 

con los desarrollos legislativos y jurisprudenciales, así 

como los avances tecnológicos recientes.11

Cónsono con el bloque disidente en Nieves Cabán, la 

decisión mayoritaria fue criticada por la Academia al 

expresar que la exigencia de presentar prueba sobre todos 

 

 11Ahora bien, puntualizo que todos estos desarrollos y 

avances son materiales, pues abonan como criterios 

sustantivos a considerarse al momento de revocar un 

precedente judicial.
 CC-2021-592 11

los elementos del delito durante la vista preliminar no 

puede eliminarse con una presunción creada mediante 

jurisprudencia. Vivian I. Neptune Rivera, Aníbal Román 

Medina, Análisis de las opiniones del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en materia de Derecho Probatorio durante el 

término 2018-2019, 89 REV. JUR. UPR 535, 548 (2020).

De forma similar, el tratadista y profesor Ernesto L. 

Chiesa comentó que: 

A estas alturas del sigo 21, no me 

parece suficiente-ni mucho menos-sostener 

la validez de una presunción solo por razón 

de que el hecho presumido sea una “alegación 

negativa”, aunque se trate de un elemento 

esencial del delito imputado. Cuando se 

imputa el delito de poseer o portar un arma 

sin la correspondiente licencia expedida 

por el Estado, “no poseer la licencia” 

adviene un elemento esencial del delito, 

que debe ser probado por el ministerio 

fiscal más allá de duda razonable y sin que 

pueda exigírsele al acusado evidencia para 

negar ese elemento negativo del delito, so 

pena de que se estime probado más allá de 

duda razonable. Tampoco es suficiente para 

validar la presunción la dificultad de 

probar un “negativo” (la inexistencia de 

algún hecho) y que el acusado puede 

fácilmente presentar como prueba la 

correspondiente licencia. Más fácil es para 

fiscalía presentar una certificación de la 

Policía de que en los archivos no aparece 

registrada esa licencia, prueba de 

referencia admisible bajo la Regla 805 (J) 

de Evidencia. (Negrillas suplidas) Chiesa 

Aponte, E.L., op cit., págs. 97-98.12

 

12A su vez, el mencionado autor nos invita a distinguir 

las situaciones en que la persona imputada levanta una 

defensa afirmativa como causa de justificación o de 

exculpación. En nuestro ordenamiento se reconoce que no 

viola el debido proceso de ley el que el acusado tenga que 

presentar evidencia para persuadir al juzgador de que 
 CC-2021-592 12

Ahora bien, más recientemente, en Pueblo v. Colón 

González, 209 DPR 967 (2022), se impugnó nuevamente la 

validez de la presunción de portación de arma ilegal. En 

esa ocasión, y como se anticipó en Nieves Cabán, la 

controversia surgió en la etapa de juicio durante las 

instrucciones impartidas a un jurado y la figura del error 

no perjudicial (“harmless error”).13 En lo aquí pertinente,

el allí Peticionario argumentó que la instrucción impartida 

respecto a la presunción de arma ilegal violó su presunción 

de inocencia y relevó al Ministerio Público de probar más 

allá de duda razonable todos los elementos del delito.14

Una mayoría determinó que la instrucción que se le 

impartió no tenía espacio en la etapa de juicio por jurado,

por contravenir preceptos fundamentales constitucionales 

como la presunción de inocencia y la obligación del Estado 

 

actuó, por ejemplo, en legítima defensa, bajo coacción o 

mientras era inimputable. Íd., pág. 98 (citas omitidas).

13También la Opinión mayoritaria resolvió que el

Ministerio Público presentó prueba independiente (aliunde) 

circunstancial que corroboró la confesión o declaración 

auto incriminatoria del imputado respecto a que no poseía 

licencia de armas. Asunto del cual también disentí del curso 

mayoritario por no obrar en el expediente prueba 

independiente que estableciera el elemento del delito bajo 

el Art. 5.04 de la Ley de Armas de 2000.

 14La instrucción al Jurado: “cuando el Ministerio 

Fiscal ha probado más allá de duda razonable la portación 

de arma le corresponde al acusado probar como defensa 

afirmativa que sí estaba autorizado a portar un arma de 

fuego...”. Pueblo v. Colón González, supra, pág. 977. Véase, 

Libro de Instrucciones al Jurado del 1976 y del Proyecto 

de Instrucciones al Jurado del 2008.
 CC-2021-592 13

de probar todos los elementos del delito más allá de duda 

razonable.15 Añadió la Opinión del Tribunal que se trata de 

una presunción permisible que requiere que la instrucción

que se imparte al jurado explique que se permite, pero no 

se obliga a inferir el hecho presumido, entiéndase, la falta 

de licencia para para portar armas. Sin embargo, a pesar 

de haberse determinado que la instrucción fue errónea, se 

concluyó que se trató de un error no perjudicial, ya que 

bajo la doctrina del corpus delicti el Ministerio Público 

presentó otra prueba independiente a la confesión de 

ausencia de licencia que, según la Mayoría, tuvo el efecto 

de corroborar el elemento del delito. 

En aquella ocasión, nuevamente disentí del curso de 

acción mayoritario y expresé que, a mi juicio, se erró al 

no decretar la prohibición absoluta de esta presunción en 

todas las etapas del procedimiento judicial y con ello 

desterrarla de una vez de nuestro ordenamiento jurídico.16

Sobre este particular, señalé que, aunque la postura 

mayoritaria intentó impartirle un nuevo carácter a la 

 

 15La mayoritaria citó a Pueblo v. Sánchez Molina, 134 

DPR 577 (1993)). De igual forma expresó que en el 2022 se 

aprobó un nuevo Libro de Instrucciones al Jurado en el cual 

se corrigió el texto de la instrucción, ahora bajo la

13.9. Pueblo v. Colón González, supra, pág. 990-91 (citando 

a In re Aprobación del Libro de Instrucciones al Jurado y 

otros, 208 DPR 1042 (2022) (Resolución).

 16Pueblo v. Colón González, supra, pág. 995 (Opinión 

disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez a la 

cual se unió el Juez Asociado Señor Colón Pérez).
 CC-2021-592 14

presunción y difuminar su efecto su aplicación continuaba 

transgrediendo la obligación intransferible del Ministerio 

Público de probar todos los elementos del delito más allá 

de duda razonable. Por ello, reiteré los fundamentos 

esbozados en la disidencia de Nieves Cabán respecto a que 

la ausencia de licencia no puede ser un hecho presumido 

dado que constituye un elemento imprescindible del delito

que obliga al Ministerio Público a presentar prueba sobre 

su configuración.17

Como resultado, la decisión en Colón González volvió 

a ser objeto de crítica en la Academia. Al respecto, la 

Profesora Vivian I. Neptune Rivera expresó que:

[l]a opinión mayoritaria, a nuestro 

entender, desaprovechó la oportunidad de 

eliminar la presunción jurisprudencial de 

ausencia de autorización para portar armas, 

por violentar la presunción de inocencia y 

colocar a la parte acusada en la posición 

de tener que presentar prueba. El reiterar 

qué es una presunción permisible y no 

mandatoria, abre la puerta a lesionar el 

derecho constitucional de la parte 

 

 17Adviértase que, “en el nuevo Libro de Instrucciones 

al Jurado, aprobado de forma unánime por este Tribunal, se 

excluyó esta presunción de las instrucciones que deberán 

ser impartidas sobre el delito de portación, transportación 

y uso de un arma de fuego sin licencia vigente. En cambio, 

se enfatiza que el jurado solo deberá rendir un veredicto 

de culpabilidad si el Estado probó más allá de duda 

razonable cada uno de los elementos del 

delito. Evidentemente, ello denota lo anacrónico que es 

mantener vigente esta presunción bajo el alegado carácter 

permisivo que la Mayoría le otorga.” (Negrillas suplidas). 

Pueblo v. Colón González, supra, nota 13 (Opinión disidente 

del Juez Asociado Señor Estrella Martínez a la cual se unió 

el Juez Asociado Señor Colón Pérez). Véase In re 

Aprob. Libro Inst. Jurado, supra; Pueblo v. Edwin Meléndez 

Monserrate, Opinión mayoritaria en la pág. 19.
 CC-2021-592 15

acusada. De esta manera, coincidimos con 

las expresiones del juez asociado Estrella 

Martínez en su opinión disidente, a la que 

se unió el Juez Asociado Colón Pérez. Es 

importante recordar que fue en la opinión 

disidente en Pueblo v. Nieves Cabán, cuando 

por voz de la jueza asociada Anabelle 

Rodríguez se indicó: “[L]a postura que 

propone [la opinión mayoritaria del 

Tribunal], de que es posible deducir un 

hecho sin que se establezca el hecho base 

del que éste ha de derivar, contraviene la 

propia definición de lo que es una 

presunción en nuestro ordenamiento 

probatorio y transgrede los principios más 

básicos de la lógica formal”. (Negrillas 

suplidas y citas omitidas). V.I. Neptune 

Rivera; F. Rivera Fret, Derecho Probatorio, 

92 Rev. Jur. U.P.R. 331, 337 (2023).

Debemos tener presente que, desde nuestras expresiones 

en Pueblo v. Negrón Nazario, supra, pág. 752, se resolvió 

que el delito de portación ilegal de un arma de fuego bajo 

el Art. 5.04 de la Ley de Armas de 2000, supra, conlleva 

como elemento esencial imprescindible la ausencia de 

autorización para la portación. Como resultado, se ha 

reconocido que la ausencia de una autorización para la 

portación de arma es un requisito para la comisión del 

delito tipificado en el Art. 5.04 de la Ley de Armas de 

2000. Pueblo v. Colón González, supra, pág. 979. Es decir, 

para probar el delito tipificado en el Art. 5.04 de la Ley 

de Armas de 2000, se tienen que probar los dos elementos 

del delito: (1) la portación de arma y (2) la ausencia de 

autorización para portar el arma. Íd., pág. 980.

Por ello, sostengo que la mencionada presunción de

posesión de arma ilegal ya no tiene espacio en nuestra 
 CC-2021-592 16

jurisdicción. Reitero que una presunción no puede tener un 

efecto indebido en contra del acusado en violación a su 

presunción de inocencia y a su derecho a que el Ministerio 

Público establezca todos los elementos del delito más allá 

de duda razonable. Véase, Pueblo v. Sánchez Molina, 134 DPR 

577, 587 (1993), Yates v. Aiken, 484 U.S. 211, 214 (1988); 

Pueblo v. De Jesús Cordero, 101 DPR 492, 501 (1973); In re 

Winship, 397 U.S. 358, 363 (1970).18 De igual forma, “el 

debido proceso de ley no da cabida a que las presunciones 

sean utilizadas para probar un elemento del delito, ya que 

sería una violación que atenta contra el andamiaje 

constitucional”. V.I. Neptune Rivera et al., supra, pág. 

340.

Hoy, tuvimos nuevamente la oportunidad de desterrar 

de nuestro derecho probatorio penal esta desacertada

presunción y con ello ponerle punto final a todo este

desarrollo jurisprudencial innecesariamente confuso y 

ambiguo. A fin de cuentas, y como expresé en mi voto 

disidente en Colón González, al Ministerio Público no le 

sería oneroso establecer el elemento del delito de ausencia 

de licencia. Por el contrario, “[b]asta que presente una 

certificación negativa de permiso de licencia obtenida de 

las bases de datos que el propio Estado controla”. Pueblo 

 

18Véase además el Informe del Comité Asesor Permanente 

de las Reglas de Evidencia, Informe de las Reglas de Derecho 

Probatorio 96 (2007), nota 28.
 CC-2021-592 17

v. Colón González, supra, pág. 1007(Opinión disidente del 

Juez Asociado Señor Estrella Martínez a la cual se unió el 

Juez Asociado Señor Colón Pérez).19

Finalmente, ser consecuente no se presume, se 

demuestra con las acciones. Hoy, reitero que debimos

revocar el precedente de Pacheco Ruiz sin amagues e 

indistintamente de la etapa procesal en que nos 

encontremos. El mantener la presunción, aún bajo la diluida 

tesis de que el Ministerio Público no puede descansar 

únicamente en ella, y el estándar probatorio para 

derrotarla exclusivamente en la etapa de juicio constituye 

un error y por todo ello respetuosamente disiento en parte. 

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

 

19Cf., Ley Núm. 168-2019, conocida como la Ley de Armas 

de Puerto Rico de 2020 (La licencia de armas “significa 

aquella licencia concedida por la Oficina de Licencias de 

Armas que autorice a una persona a poseer y portar armas 

de fuego y sus municiones”). 25 LPRA sec. 461(a)(q); (La 

Oficina de Licencias de Armas es la “unidad del Negociado 

de la Policía de Puerto Rico, encargada de todo lo 

relacionado a la expedición de Licencias de Armas y el 

Registro Electrónico”. 25 LPRA sec. 461(a)(aa). Véanse, 

además, los Arts. 2.01-2.02 de la derogada Ley de Armas de 

2000, 25 LPRA sec. ant. 456. Ver, Pueblo v. Barahona Gaitán, 

201 DPR 567, 577 (2018).