# Diario Oficial L 235/2010

| | ISSN 1725-2512
  doi:10.3000/17252512.L_2010.235.spa |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | L 235 |
| | |
| Edición en lengua española | Legislación | 53o año4 de septiembre de 2010 |

ISSN 1725-2512

doi:10.3000/17252512.L_2010.235.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 235

Edición en lengua española

Legislación

53o año4 de septiembre de 2010

---

| Sumario | | II   Actos no legislativos | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| | | DECISIONES |
| | | 2010/473/UE |
| | * | Decisión de la Comisión, de 15 de diciembre de 2009, relativa a las medidas de apoyo al sector agrícola aplicadas por España tras la subida del coste del combustible
  [notificada con el número C(2009) 9971] | 1 |
| | | 2010/474/UE |
| | * | Decisión de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, relativa a la ayuda estatal C 4/03 (ex NN 102/02) ejecutada por Italia en favor de WAM SpA
  [notificada con el número C(2010) 1711]

   (
  1
  ) | 26 |

Sumario

II   Actos no legislativos

Página

DECISIONES

2010/473/UE

*

Decisión de la Comisión, de 15 de diciembre de 2009, relativa a las medidas de apoyo al sector agrícola aplicadas por España tras la subida del coste del combustible
  [notificada con el número C(2009) 9971]

[notificada con el número C(2009) 9971]

1

2010/474/UE

*

Decisión de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, relativa a la ayuda estatal C 4/03 (ex NN 102/02) ejecutada por Italia en favor de WAM SpA
  [notificada con el número C(2010) 1711]

   (
  1
  )

[notificada con el número C(2010) 1711]

1

26

| | |
| --- | --- |
| | (1)   Texto pertinente a efectos del EEE |

---

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

1

| ES | Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.
  Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos. |
| --- | --- |

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

---

II Actos no legislativos

DECISIONES

| 4.9.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 235/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.9.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 235/1

---

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 15 de diciembre de 2009

relativa a las medidas de apoyo al sector agrícola aplicadas por España tras la subida del coste del combustible

[notificada con el número C(2009) 9971]

(El texto en lengua española es el único auténtico)

(2010/473/UE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE») (1) y, en particular, su artículo 108, apartado 2, párrafo primero,

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con el artículo 108, apartado 2, párrafo primero, del TFUE, y vistas dichas observaciones,

Considerando lo siguiente:

I.   PROCEDIMIENTO

| (1) | Por carta de 29 de septiembre de 2000, las autoridades españolas notificaron a la Comisión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, determinadas medidas de apoyo al sector agrícola aplicadas por España tras la subida del coste del combustible. Por fax de 20 de noviembre de 2000, la Comisión solicitó información adicional. Dicha información le fue enviada en sendas cartas de 9 de enero de 2001 y 13 de marzo de 2001. |
| --- | --- |

(1)

Por carta de 29 de septiembre de 2000, las autoridades españolas notificaron a la Comisión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, determinadas medidas de apoyo al sector agrícola aplicadas por España tras la subida del coste del combustible. Por fax de 20 de noviembre de 2000, la Comisión solicitó información adicional. Dicha información le fue enviada en sendas cartas de 9 de enero de 2001 y 13 de marzo de 2001.

| (2) | Una gran parte de las medidas incluidas en la notificación se transfirió al registro de las ayudas no notificadas (ayuda NN 19/2001). Otra parte se inscribió en el registro de las ayudas notificadas (N 681/A/2000). |
| --- | --- |

(2)

Una gran parte de las medidas incluidas en la notificación se transfirió al registro de las ayudas no notificadas (ayuda NN 19/2001). Otra parte se inscribió en el registro de las ayudas notificadas (N 681/A/2000).

| (3) | Por carta de 11 de abril de 2001, notificada el 25 de abril de 2001, la Comisión informó a España de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE con respecto a algunas de las medidas, y de considerar que algunas otras no cumplían los requisitos para entrar dentro del ámbito de aplicación del artículo 107 del TFUE. |
| --- | --- |

(3)

Por carta de 11 de abril de 2001, notificada el 25 de abril de 2001, la Comisión informó a España de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE con respecto a algunas de las medidas, y de considerar que algunas otras no cumplían los requisitos para entrar dentro del ámbito de aplicación del artículo 107 del TFUE.

| (4) | La Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (2). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre las medidas en cuestión. |
| --- | --- |

(4)

La Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (2). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre las medidas en cuestión.

| (5) | Mediante cartas de 6 de junio de 2001 y de 20 de diciembre de 2001, España transmitió una serie de observaciones. La Comisión también recibió observaciones de los interesados. Estas últimas se remitieron a España, que tuvo oportunidad de comentarlas. Sus comentarios llegaron a la Comisión mediante cartas de 1 y de 30 de octubre de 2001. |
| --- | --- |

(5)

Mediante cartas de 6 de junio de 2001 y de 20 de diciembre de 2001, España transmitió una serie de observaciones. La Comisión también recibió observaciones de los interesados. Estas últimas se remitieron a España, que tuvo oportunidad de comentarlas. Sus comentarios llegaron a la Comisión mediante cartas de 1 y de 30 de octubre de 2001.

| (6) | La Comisión concluyó el procedimiento adoptando el 11 de diciembre de 2002 la Decisión 2003/293/CE (3), de carácter parcialmente negativo. |
| --- | --- |

(6)

La Comisión concluyó el procedimiento adoptando el 11 de diciembre de 2002 la Decisión 2003/293/CE (3), de carácter parcialmente negativo.

| (7) | El 15 de abril de 2003, la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid y la Federación Catalana de Estaciones de Servicio interpusieron ante el Tribunal General un recurso contra la Comisión (4). Las demandantes pedían la anulación parcial de la Decisión 2003/293/CE. |
| --- | --- |

(7)

El 15 de abril de 2003, la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid y la Federación Catalana de Estaciones de Servicio interpusieron ante el Tribunal General un recurso contra la Comisión (4). Las demandantes pedían la anulación parcial de la Decisión 2003/293/CE.

| (8) | Mediante sentencia de 12 de diciembre de 2006 (5), el Tribunal General anuló el artículo 1 de la Decisión 2003/293/CE por estimar este que las medidas de ayuda a las cooperativas agrarias previstas por el Real Decreto-ley 10/2000, de 6 de octubre de 2000, de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte (6), no constituían una ayuda a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE. |
| --- | --- |

(8)

Mediante sentencia de 12 de diciembre de 2006 (5), el Tribunal General anuló el artículo 1 de la Decisión 2003/293/CE por estimar este que las medidas de ayuda a las cooperativas agrarias previstas por el Real Decreto-ley 10/2000, de 6 de octubre de 2000, de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte (6), no constituían una ayuda a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

| (9) | A raíz de la anulación parcial de la Decisión 2003/293/CE por el Tribunal General, en particular de su artículo 1, la Comisión debe adoptar la presente Decisión a fin de resolver la situación de determinadas medidas contempladas en dicho artículo. |
| --- | --- |

(9)

A raíz de la anulación parcial de la Decisión 2003/293/CE por el Tribunal General, en particular de su artículo 1, la Comisión debe adoptar la presente Decisión a fin de resolver la situación de determinadas medidas contempladas en dicho artículo.

| (10) | Las medidas contempladas en el artículo 1 de la Decisión 2003/209/CE que no han sido objeto de anulación por el Tribunal General (7) y que siguen estando, pues, plenamente en vigor, no se ven afectadas por la presente Decisión. Ninguna otra referencia se hará, pues, a estas medidas posteriormente. |
| --- | --- |

(10)

Las medidas contempladas en el artículo 1 de la Decisión 2003/209/CE que no han sido objeto de anulación por el Tribunal General (7) y que siguen estando, pues, plenamente en vigor, no se ven afectadas por la presente Decisión. Ninguna otra referencia se hará, pues, a estas medidas posteriormente.

| (11) | Las medidas contempladas en el artículo 2 de la Decisión 2003/293/CE (8), así como los artículos 3 y 4 siguientes, tampoco son objeto de la presente Decisión, por lo que estos artículos siguen estando plenamente en vigor. Ninguna otra referencia se hará, pues, a estas medidas posteriormente. |
| --- | --- |

(11)

Las medidas contempladas en el artículo 2 de la Decisión 2003/293/CE (8), así como los artículos 3 y 4 siguientes, tampoco son objeto de la presente Decisión, por lo que estos artículos siguen estando plenamente en vigor. Ninguna otra referencia se hará, pues, a estas medidas posteriormente.

II.   DESCRIPCIÓN

1.   Medidas de apoyo a las cooperativas agrarias

| (12) | Las medidas de apoyo a las cooperativas agrarias notificadas se establecen en el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000 de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte (9), el cual introduce algunas modificaciones en la Ley 27/1999, de 16 de julio de 1999, de cooperativas (10), así como en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre de 1990, sobre régimen fiscal de las cooperativas (11). |
| --- | --- |

(12)

Las medidas de apoyo a las cooperativas agrarias notificadas se establecen en el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000 de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte (9), el cual introduce algunas modificaciones en la Ley 27/1999, de 16 de julio de 1999, de cooperativas (10), así como en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre de 1990, sobre régimen fiscal de las cooperativas (11).

| (13) | Por una parte, el límite máximo del 50 % del volumen de negocios impuesto a las cooperativas para la realización de operaciones con terceros no socios sin pérdida del privilegio fiscal, establecido en la Ley 20/1990 (artículo 13, apartado 10), se suprime para las cooperativas agrarias cuando estas realicen operaciones de entrega de gasóleo B a terceros no socios. |
| --- | --- |

(13)

Por una parte, el límite máximo del 50 % del volumen de negocios impuesto a las cooperativas para la realización de operaciones con terceros no socios sin pérdida del privilegio fiscal, establecido en la Ley 20/1990 (artículo 13, apartado 10), se suprime para las cooperativas agrarias cuando estas realicen operaciones de entrega de gasóleo B a terceros no socios.

| (14) | Por otra parte, la Ley 34/1998, de 7 de octubre de 1998, del sector de hidrocarburos (12), se modifica suprimiendo, para las cooperativas agrarias, el requisito de constituir una entidad con personalidad jurídica propia, sometida al régimen fiscal general, cuando realizan operaciones de distribución de gasóleo B a terceros no socios. |
| --- | --- |

(14)

Por otra parte, la Ley 34/1998, de 7 de octubre de 1998, del sector de hidrocarburos (12), se modifica suprimiendo, para las cooperativas agrarias, el requisito de constituir una entidad con personalidad jurídica propia, sometida al régimen fiscal general, cuando realizan operaciones de distribución de gasóleo B a terceros no socios.

| (15) | El objetivo principal de estas medidas era, según las autoridades españolas, neutralizar el alza del coste del combustible que afectaba gravemente al sector agrícola en la época en que se adoptaron las medidas. Así pues, en la motivación del Real Decreto-ley 10/2000, se explica que «el gasóleo de uso agrícola, pesquero y del transporte, al igual que los carburantes para otros usos, viene sufriendo un alza de precio como consecuencia de la subida del petróleo y la importante apreciación del dólar frente al euro». El Gobierno español, «sensible a la realidad de esta crisis producida por factores externos, ha analizado con las organizaciones más representativas de los sectores afectados la magnitud del impacto económico en los ámbitos agrario y pesquero, logrando un amplio consenso sobre la adopción de un paquete de medidas tendentes a paliar la negativa incidencia del aumento del precio del crudo y a profundizar en la liberalización de los sectores». |
| --- | --- |

(15)

El objetivo principal de estas medidas era, según las autoridades españolas, neutralizar el alza del coste del combustible que afectaba gravemente al sector agrícola en la época en que se adoptaron las medidas. Así pues, en la motivación del Real Decreto-ley 10/2000, se explica que «el gasóleo de uso agrícola, pesquero y del transporte, al igual que los carburantes para otros usos, viene sufriendo un alza de precio como consecuencia de la subida del petróleo y la importante apreciación del dólar frente al euro». El Gobierno español, «sensible a la realidad de esta crisis producida por factores externos, ha analizado con las organizaciones más representativas de los sectores afectados la magnitud del impacto económico en los ámbitos agrario y pesquero, logrando un amplio consenso sobre la adopción de un paquete de medidas tendentes a paliar la negativa incidencia del aumento del precio del crudo y a profundizar en la liberalización de los sectores».

| (16) | Por lo que se refiere al alcance de las leyes modificadas por la medida notificada, es necesario hacer una descripción más detallada. |
| --- | --- |

(16)

Por lo que se refiere al alcance de las leyes modificadas por la medida notificada, es necesario hacer una descripción más detallada.

| (17) | La Ley 27/1999 de cooperativas es el instrumento que regula la actividad cooperativa en España. Define el concepto de sociedad cooperativa y sus clases y regula su constitución. Tiene también por objetivo la promoción y el desarrollo de las sociedades cooperativas y delimita sus formas de asociación, facilitando la creación de estas agrupaciones, con el fin de estimular el movimiento cooperativo. Su artículo 93 está dedicado a las cooperativas agrarias, en particular, su objeto y las actividades que pueden desarrollar. |
| --- | --- |

(17)

La Ley 27/1999 de cooperativas es el instrumento que regula la actividad cooperativa en España. Define el concepto de sociedad cooperativa y sus clases y regula su constitución. Tiene también por objetivo la promoción y el desarrollo de las sociedades cooperativas y delimita sus formas de asociación, facilitando la creación de estas agrupaciones, con el fin de estimular el movimiento cooperativo. Su artículo 93 está dedicado a las cooperativas agrarias, en particular, su objeto y las actividades que pueden desarrollar.

| (18) | El artículo 16, apartado 5, el artículo 18, apartado 2, y los artículos 33 y 34 de la Ley 20/1990 prevén, por su parte, normas relativas a la base imponible y el régimen fiscal de las cooperativas españolas, incluidas las agrarias. La Ley hace una distinción entre «cooperativas protegidas» y «cooperativas especialmente protegidas». Las «cooperativas protegidas» son las que cumplen los principios y disposiciones que se derivan de la Ley general de cooperativas o de las leyes de la Comunidad Autónoma. Las «cooperativas especialmente protegidas» son las cooperativas de trabajo asociado, las cooperativas agrarias, las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, las cooperativas del mar y las cooperativas de consumidores y usuarios. Según la Ley, el nivel de protección, más elevado en favor de estas últimas, se debe a la naturaleza de los sectores en cuestión, a la capacidad económica de sus socios y a su mayor aproximación al principio mutualista. |
| --- | --- |

(18)

El artículo 16, apartado 5, el artículo 18, apartado 2, y los artículos 33 y 34 de la Ley 20/1990 prevén, por su parte, normas relativas a la base imponible y el régimen fiscal de las cooperativas españolas, incluidas las agrarias. La Ley hace una distinción entre «cooperativas protegidas» y «cooperativas especialmente protegidas». Las «cooperativas protegidas» son las que cumplen los principios y disposiciones que se derivan de la Ley general de cooperativas o de las leyes de la Comunidad Autónoma. Las «cooperativas especialmente protegidas» son las cooperativas de trabajo asociado, las cooperativas agrarias, las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, las cooperativas del mar y las cooperativas de consumidores y usuarios. Según la Ley, el nivel de protección, más elevado en favor de estas últimas, se debe a la naturaleza de los sectores en cuestión, a la capacidad económica de sus socios y a su mayor aproximación al principio mutualista.

| (19) | Para la composición de la base imponible de las cooperativas, los resultados de las actuaciones cooperativas (realizadas con sus socios) y los de las acciones extracooperativas (realizadas con no socios) se consideran de manera separada. Ello tiene como consecuencia que solamente la renta derivada de las actuaciones cooperativas puede beneficiarse de algunas ventajas fiscales. Por tanto, la cooperativa debe llevar una contabilidad separada de los dos tipos de actuaciones. |
| --- | --- |

(19)

Para la composición de la base imponible de las cooperativas, los resultados de las actuaciones cooperativas (realizadas con sus socios) y los de las acciones extracooperativas (realizadas con no socios) se consideran de manera separada. Ello tiene como consecuencia que solamente la renta derivada de las actuaciones cooperativas puede beneficiarse de algunas ventajas fiscales. Por tanto, la cooperativa debe llevar una contabilidad separada de los dos tipos de actuaciones.

| (20) | El régimen fiscal de las cooperativas agrarias en su calidad de «cooperativas especialmente protegidas» es idéntico al de las cooperativas protegidas salvo en los casos siguientes:
  —   impuesto sobre sociedades: este impuesto grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas. A la base imponible correspondiente a los resultados cooperativos (operaciones con los socios) se le aplica un tipo reducido del 20 %, mientras que la base imponible correspondiente a los resultados extracooperativos (operaciones con no socios o terceros) está sometida al tipo general del 35 % (artículo 33, apartado 2). Además, existe una deducción del 50 % de las dotaciones destinadas al fondo de reserva obligatorio (artículo 16, apartado 5) (13) y una deducción del 100 % de los importes destinados al fondo de educación y promoción (artículo 18, apartado 2) (14). Por último, existe una bonificación del 50 % de la cuota íntegra (se trata de la suma de los importes resultantes de la aplicación de los tipos de imposición correspondientes a las dos bases imponibles, cooperativa y extracooperativa) (artículo 34, apartado 2). También se benefician de una libertad de amortización de los elementos del activo fijo nuevo amortizable adquirido en los tres primeros años a partir de la inscripción en el registro de cooperativas,
  —   impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados: este impuesto indirecto grava distintos actos jurídicos, como las transmisiones patrimoniales onerosas, los actos jurídicos documentados y algunas operaciones societarias (como los actos de financiación de la empresa: por ejemplo, la ampliación de capital de una sociedad mercantil). Están previstas una exención en caso de constitución, de aumento del capital, fusión y escisión; en caso de concesión y anulación de préstamos, incluso los representados por obligaciones; en caso de compra de bienes y derechos pagados al fondo para la educación y la promoción para el cumplimiento de sus fines; y una exención en favor de las operaciones de adquisición de los bienes y derechos destinados directamente a la realización de sus objetivos sociales y estatutarios (artículo 33, apartado 1, y artículo 34, apartado 1),
  —   impuesto sobre actividades económicas: este impuesto local grava de forma directa la realización de cualquier tipo de actividad económica, empresarial, profesional o artística por parte de personas físicas y jurídicas en el territorio español. Está prevista una bonificación del 95 % sobre este impuesto [(artículo 33, apartado 4, letra a)],
  —   impuesto sobre bienes inmuebles: este impuesto local pretende gravar el valor de la titularidad dominical y otros derechos reales que recaigan sobre un bien inmueble. Está prevista una bonificación del 95 % sobre este impuesto correspondiente a los bienes de naturaleza rústica de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra [artículo 33, apartado 4, letra b)]. |
| --- | --- |

(20)

El régimen fiscal de las cooperativas agrarias en su calidad de «cooperativas especialmente protegidas» es idéntico al de las cooperativas protegidas salvo en los casos siguientes:

—   impuesto sobre sociedades: este impuesto grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas. A la base imponible correspondiente a los resultados cooperativos (operaciones con los socios) se le aplica un tipo reducido del 20 %, mientras que la base imponible correspondiente a los resultados extracooperativos (operaciones con no socios o terceros) está sometida al tipo general del 35 % (artículo 33, apartado 2). Además, existe una deducción del 50 % de las dotaciones destinadas al fondo de reserva obligatorio (artículo 16, apartado 5) (13) y una deducción del 100 % de los importes destinados al fondo de educación y promoción (artículo 18, apartado 2) (14). Por último, existe una bonificación del 50 % de la cuota íntegra (se trata de la suma de los importes resultantes de la aplicación de los tipos de imposición correspondientes a las dos bases imponibles, cooperativa y extracooperativa) (artículo 34, apartado 2). También se benefician de una libertad de amortización de los elementos del activo fijo nuevo amortizable adquirido en los tres primeros años a partir de la inscripción en el registro de cooperativas,

—   impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados: este impuesto indirecto grava distintos actos jurídicos, como las transmisiones patrimoniales onerosas, los actos jurídicos documentados y algunas operaciones societarias (como los actos de financiación de la empresa: por ejemplo, la ampliación de capital de una sociedad mercantil). Están previstas una exención en caso de constitución, de aumento del capital, fusión y escisión; en caso de concesión y anulación de préstamos, incluso los representados por obligaciones; en caso de compra de bienes y derechos pagados al fondo para la educación y la promoción para el cumplimiento de sus fines; y una exención en favor de las operaciones de adquisición de los bienes y derechos destinados directamente a la realización de sus objetivos sociales y estatutarios (artículo 33, apartado 1, y artículo 34, apartado 1),

—   impuesto sobre actividades económicas: este impuesto local grava de forma directa la realización de cualquier tipo de actividad económica, empresarial, profesional o artística por parte de personas físicas y jurídicas en el territorio español. Está prevista una bonificación del 95 % sobre este impuesto [(artículo 33, apartado 4, letra a)],

—   impuesto sobre bienes inmuebles: este impuesto local pretende gravar el valor de la titularidad dominical y otros derechos reales que recaigan sobre un bien inmueble. Está prevista una bonificación del 95 % sobre este impuesto correspondiente a los bienes de naturaleza rústica de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra [artículo 33, apartado 4, letra b)].

| (21) | Por último, el artículo 13 de la Ley 20/1999 establece que ninguna cooperativa, cualquiera que sea su clase, podrá efectuar un volumen de operaciones con terceros no socios superior al 50 % del total de operaciones de la cooperativa sin perder la condición de cooperativa fiscalmente protegida. |
| --- | --- |

(21)

Por último, el artículo 13 de la Ley 20/1999 establece que ninguna cooperativa, cualquiera que sea su clase, podrá efectuar un volumen de operaciones con terceros no socios superior al 50 % del total de operaciones de la cooperativa sin perder la condición de cooperativa fiscalmente protegida.

| (22) | El presupuesto de las medidas en favor de las cooperativas agrarias es desconocido a causa de su naturaleza. Su duración es indeterminada. |
| --- | --- |

(22)

El presupuesto de las medidas en favor de las cooperativas agrarias es desconocido a causa de su naturaleza. Su duración es indeterminada.

2.   Argumentos aducidos por la Comisión con motivo de la incoación del procedimiento de examen

| (23) | La Comisión basó la incoación del procedimiento en los argumentos que se recogen en los considerandos 24 a 32. |
| --- | --- |

(23)

La Comisión basó la incoación del procedimiento en los argumentos que se recogen en los considerandos 24 a 32.

| (24) | La aprobación del Real Decreto-ley 10/2000 supuso, según la incoación del procedimiento, la concesión de ventajas fiscales a las cooperativas agrarias, de las cuales no gozaban antes de la aprobación del mismo. |
| --- | --- |

(24)

La aprobación del Real Decreto-ley 10/2000 supuso, según la incoación del procedimiento, la concesión de ventajas fiscales a las cooperativas agrarias, de las cuales no gozaban antes de la aprobación del mismo.

| (25) | La primera ventaja reside en la supresión del requisito de tener que constituir una entidad con personalidad jurídica propia a la que es aplicable el régimen fiscal general (es decir, un régimen tributario menos gravoso) para la distribución de gasóleo B a terceros no socios, gracias a la cual las cooperativas pagarían menos impuestos que antes por tal distribución. Es decir, antes de la modificación de la Ley 27/1999, para poder distribuir gasóleo B a los no socios, las cooperativas agrarias debían constituir una entidad con personalidad jurídica propia. Desde la modificación de la Ley 27/1999, ya no están obligadas a constituir tal entidad y esas operaciones estarían sujetas a una tributación ventajosa. |
| --- | --- |

(25)

La primera ventaja reside en la supresión del requisito de tener que constituir una entidad con personalidad jurídica propia a la que es aplicable el régimen fiscal general (es decir, un régimen tributario menos gravoso) para la distribución de gasóleo B a terceros no socios, gracias a la cual las cooperativas pagarían menos impuestos que antes por tal distribución. Es decir, antes de la modificación de la Ley 27/1999, para poder distribuir gasóleo B a los no socios, las cooperativas agrarias debían constituir una entidad con personalidad jurídica propia. Desde la modificación de la Ley 27/1999, ya no están obligadas a constituir tal entidad y esas operaciones estarían sujetas a una tributación ventajosa.

| (26) | La segunda ventaja reside en la supresión del límite máximo del 50 %, actualmente impuesto a las cooperativas agrarias para realizar operaciones de suministro de gasóleo B a terceros no socios sin perder la condición de cooperativa fiscalmente protegida. Es decir, antes de la modificación de la Ley 27/1999, las cooperativas agrarias tenían limitado al 50 % del volumen de negocios las operaciones de suministro a terceros no socios si no querían perder el privilegio fiscal. Desde de la modificación de la Ley, pueden sobrepasar ese límite sin perder la condición de cooperativa fiscalmente protegida. |
| --- | --- |

(26)

La segunda ventaja reside en la supresión del límite máximo del 50 %, actualmente impuesto a las cooperativas agrarias para realizar operaciones de suministro de gasóleo B a terceros no socios sin perder la condición de cooperativa fiscalmente protegida. Es decir, antes de la modificación de la Ley 27/1999, las cooperativas agrarias tenían limitado al 50 % del volumen de negocios las operaciones de suministro a terceros no socios si no querían perder el privilegio fiscal. Desde de la modificación de la Ley, pueden sobrepasar ese límite sin perder la condición de cooperativa fiscalmente protegida.

| (27) | Se trataría de una medida específica aplicable únicamente a las cooperativas agrarias, que va acompañada de una ventaja fiscal, concedida como consecuencia de la subida del coste del combustible, que consistiría en el pago de un impuesto reducido con relación al impuesto normal pagado antes de la modificación de la Ley 27/1999. |
| --- | --- |

(27)

Se trataría de una medida específica aplicable únicamente a las cooperativas agrarias, que va acompañada de una ventaja fiscal, concedida como consecuencia de la subida del coste del combustible, que consistiría en el pago de un impuesto reducido con relación al impuesto normal pagado antes de la modificación de la Ley 27/1999.

| (28) | Según la información disponible en su momento, la Comisión consideró que estas medidas parecían otorgar a las cooperativas agrarias una ventaja que reducía las cargas que gravaban su presupuesto. Una disminución de los ingresos fiscales equivale al consumo de fondos estatales en forma de gastos fiscales [punto 10 de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (15)]. Por lo tanto, esta medida debía considerarse una medida fiscal selectiva que afectaba a los recursos del Estado. |
| --- | --- |

(28)

Según la información disponible en su momento, la Comisión consideró que estas medidas parecían otorgar a las cooperativas agrarias una ventaja que reducía las cargas que gravaban su presupuesto. Una disminución de los ingresos fiscales equivale al consumo de fondos estatales en forma de gastos fiscales [punto 10 de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (15)]. Por lo tanto, esta medida debía considerarse una medida fiscal selectiva que afectaba a los recursos del Estado.

| (29) | La Comisión consideró en la fase de incoación del procedimiento, de conformidad con la información entonces disponible, que estas medidas debían considerarse medidas fiscales imputables al Estado que se referían a ingresos estatales, concedían una ventaja selectiva y no parecían estar justificadas por la naturaleza o la economía del sistema fiscal, es decir, debían considerarse ayudas selectivas concedidas por el Estado. |
| --- | --- |

(29)

La Comisión consideró en la fase de incoación del procedimiento, de conformidad con la información entonces disponible, que estas medidas debían considerarse medidas fiscales imputables al Estado que se referían a ingresos estatales, concedían una ventaja selectiva y no parecían estar justificadas por la naturaleza o la economía del sistema fiscal, es decir, debían considerarse ayudas selectivas concedidas por el Estado.

| (30) | La información facilitada por las autoridades españolas, según la cual entre 1999 y 2000 se produjo una subida del precio de los carburantes del 47 % que provocó alteraciones del orden público, huelgas y desabastecimiento de productos energéticos y de alimentos, no permitía considerar en esa fase del procedimiento que se tratase de un acontecimiento de carácter excepcional a tenor del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE. |
| --- | --- |

(30)

La información facilitada por las autoridades españolas, según la cual entre 1999 y 2000 se produjo una subida del precio de los carburantes del 47 % que provocó alteraciones del orden público, huelgas y desabastecimiento de productos energéticos y de alimentos, no permitía considerar en esa fase del procedimiento que se tratase de un acontecimiento de carácter excepcional a tenor del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE.

| (31) | Siempre según la información disponible, las medidas de apoyo a las cooperativas agrarias podían asimilarse a ayudas estatales destinadas a mejorar la situación financiera de los productores que no contribuyen de manera alguna al desarrollo del sector. Por consiguiente, estas ayudas debían considerarse ayudas de funcionamiento incompatibles con el mercado interior. |
| --- | --- |

(31)

Siempre según la información disponible, las medidas de apoyo a las cooperativas agrarias podían asimilarse a ayudas estatales destinadas a mejorar la situación financiera de los productores que no contribuyen de manera alguna al desarrollo del sector. Por consiguiente, estas ayudas debían considerarse ayudas de funcionamiento incompatibles con el mercado interior.

| (32) | Atendiendo a ello, la Comisión consideró que no parecía que las medidas en cuestión, en su condición de ayudas estatales, pudieran acogerse a ninguna de las excepciones previstas en el artículo 107, apartados 2 y 3, del TFUE y, por consiguiente, decidió incoar con respecto a ellas el procedimiento establecido en el artículo 108, apartado 2, párrafo primero, del TFUE. |
| --- | --- |

(32)

Atendiendo a ello, la Comisión consideró que no parecía que las medidas en cuestión, en su condición de ayudas estatales, pudieran acogerse a ninguna de las excepciones previstas en el artículo 107, apartados 2 y 3, del TFUE y, por consiguiente, decidió incoar con respecto a ellas el procedimiento establecido en el artículo 108, apartado 2, párrafo primero, del TFUE.

III.   OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TERCERAS PARTES INTERESADAS

1.   Observaciones de la Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio

| (33) | La Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio considera que el Real Decreto-ley 10/2000 supone la concesión de ventajas fiscales a las cooperativas agrarias. |
| --- | --- |

(33)

La Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio considera que el Real Decreto-ley 10/2000 supone la concesión de ventajas fiscales a las cooperativas agrarias.

| (34) | En primer lugar, la supresión del requisito de tener que constituir una entidad con personalidad jurídica propia a la que sea aplicable el régimen fiscal general para la distribución de gasóleo B a terceros no socios supone una ventaja fiscal gracias a la cual las cooperativas pagarán menos impuestos que antes por la distribución de gasóleo B a no socios al estar sujetas esas operaciones a una tributación ventajosa. |
| --- | --- |

(34)

En primer lugar, la supresión del requisito de tener que constituir una entidad con personalidad jurídica propia a la que sea aplicable el régimen fiscal general para la distribución de gasóleo B a terceros no socios supone una ventaja fiscal gracias a la cual las cooperativas pagarán menos impuestos que antes por la distribución de gasóleo B a no socios al estar sujetas esas operaciones a una tributación ventajosa.

| (35) | En segundo lugar, supone otra ventaja fiscal la supresión del limite máximo del 50 % actualmente impuesto a las cooperativas agrarias para realizar operaciones de suministro de gasóleo B a terceros no socios sin perder la condición de cooperativa fiscalmente protegida. |
| --- | --- |

(35)

En segundo lugar, supone otra ventaja fiscal la supresión del limite máximo del 50 % actualmente impuesto a las cooperativas agrarias para realizar operaciones de suministro de gasóleo B a terceros no socios sin perder la condición de cooperativa fiscalmente protegida.

| (36) | El Real Decreto-ley 10/2000 favorece, según dicha asociación, la creación de una red paralela, al margen del mercado, en favor de las cooperativas, que son entidades «ayudadas» por el sector público, el cual les exime, por añadidura, de respetar los requisitos legales impuestos a sus competidores. La finalidad de toda esta operación es conceder una reducción del precio resultante de los mecanismos normales del mercado sin prever la menor indemnización para los titulares de las instalaciones de venta al público (distribución al por menor), que quedarán excluidos del mercado en una proporción elevada. |
| --- | --- |

(36)

El Real Decreto-ley 10/2000 favorece, según dicha asociación, la creación de una red paralela, al margen del mercado, en favor de las cooperativas, que son entidades «ayudadas» por el sector público, el cual les exime, por añadidura, de respetar los requisitos legales impuestos a sus competidores. La finalidad de toda esta operación es conceder una reducción del precio resultante de los mecanismos normales del mercado sin prever la menor indemnización para los titulares de las instalaciones de venta al público (distribución al por menor), que quedarán excluidos del mercado en una proporción elevada.

2.   Observaciones de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid, de la Federación Catalana de Estaciones de Servicio y de la Confederación Española de Estaciones de Servicio

| (37) | La Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid, la Federación Catalana de Estaciones de Servicio y la Confederación Española de Estaciones de Servicio, que representan a la práctica totalidad del sector de estaciones de servicio en España, consideran que el Real Decreto-ley 10/2000 contiene medidas dirigidas a liberar a las cooperativas agrarias de diversas cargas fiscales en la distribución a terceros no socios de gasóleo B, sometiendo esta actividad a un régimen fiscal especialmente protegido cuando venden combustible a terceros. |
| --- | --- |

(37)

La Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid, la Federación Catalana de Estaciones de Servicio y la Confederación Española de Estaciones de Servicio, que representan a la práctica totalidad del sector de estaciones de servicio en España, consideran que el Real Decreto-ley 10/2000 contiene medidas dirigidas a liberar a las cooperativas agrarias de diversas cargas fiscales en la distribución a terceros no socios de gasóleo B, sometiendo esta actividad a un régimen fiscal especialmente protegido cuando venden combustible a terceros.

| (38) | Según estas asociaciones, las cooperativas agrarias, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2000, obtienen los beneficios fiscales que se mencionan en los considerandos 34 a 42 en la distribución de gasóleo B cuando venden combustible a terceros. |
| --- | --- |

(38)

Según estas asociaciones, las cooperativas agrarias, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2000, obtienen los beneficios fiscales que se mencionan en los considerandos 34 a 42 en la distribución de gasóleo B cuando venden combustible a terceros.

| (39) | Con relación al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, las cooperativas están exentas de su pago en caso de constitución, ampliación de capital, fusión y escisión, constitución y cancelación de préstamos, incluso los representados por obligaciones, adquisiciones de bienes y derechos que se integren en el fondo de educación y promoción para el cumplimiento de sus fines, y operaciones de adquisición de bienes y derechos destinados directamente al cumplimiento de sus fines sociales y estatutarios. |
| --- | --- |

(39)

Con relación al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, las cooperativas están exentas de su pago en caso de constitución, ampliación de capital, fusión y escisión, constitución y cancelación de préstamos, incluso los representados por obligaciones, adquisiciones de bienes y derechos que se integren en el fondo de educación y promoción para el cumplimiento de sus fines, y operaciones de adquisición de bienes y derechos destinados directamente al cumplimiento de sus fines sociales y estatutarios.

| (40) | En el impuesto sobre sociedades, habida cuenta de que el Real Decreto-ley 10/2000 considera la venta de gasóleo B a terceros no socios como resultado económico de la actividad cooperativa, dicha actividad tributará al tipo del 20 % y dispondrá, asimismo, de total libertad de amortización de los elementos del activo fijo nuevo amortizable, adquiridos en el plazo de tres años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Cooperativas; asimismo, las cooperativas gozarán de una bonificación del 50 % de la cuota íntegra del impuesto. |
| --- | --- |

(40)

En el impuesto sobre sociedades, habida cuenta de que el Real Decreto-ley 10/2000 considera la venta de gasóleo B a terceros no socios como resultado económico de la actividad cooperativa, dicha actividad tributará al tipo del 20 % y dispondrá, asimismo, de total libertad de amortización de los elementos del activo fijo nuevo amortizable, adquiridos en el plazo de tres años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Cooperativas; asimismo, las cooperativas gozarán de una bonificación del 50 % de la cuota íntegra del impuesto.

| (41) | En el impuesto de actividades económicas, se otorga a las cooperativas una bonificación del 95 % de la cuota. |
| --- | --- |

(41)

En el impuesto de actividades económicas, se otorga a las cooperativas una bonificación del 95 % de la cuota.

| (42) | En el impuesto sobre bienes inmuebles, se benefician de una bonificación del 95 % de la cuota. |
| --- | --- |

(42)

En el impuesto sobre bienes inmuebles, se benefician de una bonificación del 95 % de la cuota.

3.   Observaciones de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España

| (43) | La Confederación de Cooperativas Agrarias de España integra a la mayoría de las cooperativas agrarias de España. |
| --- | --- |

(43)

La Confederación de Cooperativas Agrarias de España integra a la mayoría de las cooperativas agrarias de España.

| (44) | Las cooperativas agrarias iniciaron su actividad en la distribución de productos petrolíferos a partir de la entrada en vigor de la Orden de 31 de julio de 1986 (16) del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se modificó el Reglamento de 5 de marzo de 1970 para el suministro y la venta de carburantes y combustibles líquidos, objeto del monopolio de petróleos (17). La Ley 34/1992, de 22 de diciembre de 1992, de ordenación del sector petrolero (18), instrumenta un nuevo sistema de distribución de productos petrolíferos. |
| --- | --- |

(44)

Las cooperativas agrarias iniciaron su actividad en la distribución de productos petrolíferos a partir de la entrada en vigor de la Orden de 31 de julio de 1986 (16) del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se modificó el Reglamento de 5 de marzo de 1970 para el suministro y la venta de carburantes y combustibles líquidos, objeto del monopolio de petróleos (17). La Ley 34/1992, de 22 de diciembre de 1992, de ordenación del sector petrolero (18), instrumenta un nuevo sistema de distribución de productos petrolíferos.

| (45) | La situación normativa anterior se interrumpió bruscamente para las cooperativas agrarias con la publicación de la Ley 34/1998 y, específicamente, con su disposición adicional decimoquinta, que prohíbe a las cooperativas la distribución de productos petrolíferos a terceros, tanto gasóleos como gasolina, salvo que se constituya al efecto una entidad con personalidad jurídica propia a la que sea aplicable el régimen fiscal general. |
| --- | --- |

(45)

La situación normativa anterior se interrumpió bruscamente para las cooperativas agrarias con la publicación de la Ley 34/1998 y, específicamente, con su disposición adicional decimoquinta, que prohíbe a las cooperativas la distribución de productos petrolíferos a terceros, tanto gasóleos como gasolina, salvo que se constituya al efecto una entidad con personalidad jurídica propia a la que sea aplicable el régimen fiscal general.

| (46) | El Real Decreto-ley 10/2000 no hizo sino solventar, según esta confederación, y solo de forma parcial, la restricción a la libre competencia que supuso la prohibición introducida en la Ley 34/1998 por su disposición adicional decimoquinta. |
| --- | --- |

(46)

El Real Decreto-ley 10/2000 no hizo sino solventar, según esta confederación, y solo de forma parcial, la restricción a la libre competencia que supuso la prohibición introducida en la Ley 34/1998 por su disposición adicional decimoquinta.

| (47) | Los beneficios fiscales de las sociedades cooperativas han de considerarse en conjunción con las normas de ajuste técnico y las obligaciones que estas últimas producen en la cooperativa. |
| --- | --- |

(47)

Los beneficios fiscales de las sociedades cooperativas han de considerarse en conjunción con las normas de ajuste técnico y las obligaciones que estas últimas producen en la cooperativa.

| (48) | Las cooperativas, para la determinación de la base imponible del impuesto sobre sociedades, deben diferenciar claramente los dos grupos de operaciones que realizan: las operaciones con socios, y las operaciones con no socios o terceros. La norma de ajuste técnico, recogida en el artículo 16 de la Ley 20/1990, consiste en que para la determinación de la base imponible se consideran separadamente los resultados cooperativos, derivados de las operaciones realizadas con los socios, y los extracooperativos, provenientes de las operaciones realizadas por la cooperativa con no socios o terceros. |
| --- | --- |

(48)

Las cooperativas, para la determinación de la base imponible del impuesto sobre sociedades, deben diferenciar claramente los dos grupos de operaciones que realizan: las operaciones con socios, y las operaciones con no socios o terceros. La norma de ajuste técnico, recogida en el artículo 16 de la Ley 20/1990, consiste en que para la determinación de la base imponible se consideran separadamente los resultados cooperativos, derivados de las operaciones realizadas con los socios, y los extracooperativos, provenientes de las operaciones realizadas por la cooperativa con no socios o terceros.

| (49) | El artículo 33 de la Ley 20/1990 especifica que en el impuesto sobre sociedades de las entidades cooperativas se diferencia el tipo de gravamen, de forma que se aplique el 20 % a la base imponible correspondiente a los resultados cooperativos, y el tipo general del impuesto, 35 %, a la base imponible correspondiente a los resultados extracooperativos, que son, entre otros, los obtenidos por las cooperativas agrarias en sus operaciones con terceros. Por tanto, en los rendimientos que obtenga una cooperativa agraria en sus operaciones con terceros no socios no se produce ninguna bonificación. |
| --- | --- |

(49)

El artículo 33 de la Ley 20/1990 especifica que en el impuesto sobre sociedades de las entidades cooperativas se diferencia el tipo de gravamen, de forma que se aplique el 20 % a la base imponible correspondiente a los resultados cooperativos, y el tipo general del impuesto, 35 %, a la base imponible correspondiente a los resultados extracooperativos, que son, entre otros, los obtenidos por las cooperativas agrarias en sus operaciones con terceros. Por tanto, en los rendimientos que obtenga una cooperativa agraria en sus operaciones con terceros no socios no se produce ninguna bonificación.

| (50) | Con respecto al impuesto sobre sociedades que es de aplicación a las cooperativas, el artículo 23 de la Ley 20/1990 define la cuota tributaria del impuesto como la suma algebraica de las cantidades resultantes de aplicar a las bases imponibles, positivas o negativas, los tipos de gravamen correspondientes, teniendo la consideración de cuota íntegra cuando resulte positiva. Aquí, la regla de beneficio consiste, según el artículo 34 de la Ley 20/1990 referido a las cooperativas especialmente protegidas, como es en principio el caso de las cooperativas agrarias, en el disfrute de una bonificación del 50 % de la cuota íntegra definida por el artículo 23. |
| --- | --- |

(50)

Con respecto al impuesto sobre sociedades que es de aplicación a las cooperativas, el artículo 23 de la Ley 20/1990 define la cuota tributaria del impuesto como la suma algebraica de las cantidades resultantes de aplicar a las bases imponibles, positivas o negativas, los tipos de gravamen correspondientes, teniendo la consideración de cuota íntegra cuando resulte positiva. Aquí, la regla de beneficio consiste, según el artículo 34 de la Ley 20/1990 referido a las cooperativas especialmente protegidas, como es en principio el caso de las cooperativas agrarias, en el disfrute de una bonificación del 50 % de la cuota íntegra definida por el artículo 23.

| (51) | Esta bonificación no puede apreciarse independientemente del tratamiento fiscal de los excedentes netos distribuidos a los asociados cooperativistas en virtud del impuesto sobre las personas físicas (en lo sucesivo, «el IRPF»). El beneficio empresarial de una cooperativa se reparte entre los socios en función de la actividad realizada en la cooperativa por los mismos durante el ejercicio, no en función del capital aportado; es lo que se denomina retorno cooperativo y tiene unas características completamente distintas al dividendo en una empresa de capitales. |
| --- | --- |

(51)

Esta bonificación no puede apreciarse independientemente del tratamiento fiscal de los excedentes netos distribuidos a los asociados cooperativistas en virtud del impuesto sobre las personas físicas (en lo sucesivo, «el IRPF»). El beneficio empresarial de una cooperativa se reparte entre los socios en función de la actividad realizada en la cooperativa por los mismos durante el ejercicio, no en función del capital aportado; es lo que se denomina retorno cooperativo y tiene unas características completamente distintas al dividendo en una empresa de capitales.

| (52) | Teniendo en cuenta estas especificidades, en relación con la regla de beneficio sobre la minoración de la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades en un 50 %, que se aplica a las cooperativas especialmente protegidas, hay que hacer mención a la doble imposición de los dividendos/retornos como consecuencia de gravar primero el beneficio por el impuesto sobre sociedades y, posteriormente, por el IRPF. La atenuación en la doble imposición efectuada en la relación sociedad de capitales-socio (dividendo empresarial) no tiene contrapartida en la relación sociedad cooperativa-socio cooperativista (retorno cooperativo), por lo cual el retorno tiene una mayor carga fiscal que el dividendo. |
| --- | --- |

(52)

Teniendo en cuenta estas especificidades, en relación con la regla de beneficio sobre la minoración de la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades en un 50 %, que se aplica a las cooperativas especialmente protegidas, hay que hacer mención a la doble imposición de los dividendos/retornos como consecuencia de gravar primero el beneficio por el impuesto sobre sociedades y, posteriormente, por el IRPF. La atenuación en la doble imposición efectuada en la relación sociedad de capitales-socio (dividendo empresarial) no tiene contrapartida en la relación sociedad cooperativa-socio cooperativista (retorno cooperativo), por lo cual el retorno tiene una mayor carga fiscal que el dividendo.

| (53) | Esta distinción se ve reflejada en el artículo 23 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre de 1998, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias (19), donde se ratifica el tratamiento desigual de los dividendos (propios de las empresas de capitales sujetas al régimen general fiscal) en relación con los retornos (propios, a su vez, de las entidades cooperativas de régimen fiscal especial). |
| --- | --- |

(53)

Esta distinción se ve reflejada en el artículo 23 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre de 1998, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias (19), donde se ratifica el tratamiento desigual de los dividendos (propios de las empresas de capitales sujetas al régimen general fiscal) en relación con los retornos (propios, a su vez, de las entidades cooperativas de régimen fiscal especial).

| (54) | Por otra parte, las deducciones de la cuota del IRPF, tal y como se recoge en el artículo 66 de la Ley 40/1998, también son distintas según sea el tipo de sociedad; en el caso de obtener dividendos, la deducción será del 40 % en la cuota, y en el caso de los retornos remite al artículo 32 de la Ley 20/1990, donde se recoge que la deducción por doble imposición será del 10 % o el 5 %, dependiendo de si proceden de una cooperativa protegida o especialmente protegida. |
| --- | --- |

(54)

Por otra parte, las deducciones de la cuota del IRPF, tal y como se recoge en el artículo 66 de la Ley 40/1998, también son distintas según sea el tipo de sociedad; en el caso de obtener dividendos, la deducción será del 40 % en la cuota, y en el caso de los retornos remite al artículo 32 de la Ley 20/1990, donde se recoge que la deducción por doble imposición será del 10 % o el 5 %, dependiendo de si proceden de una cooperativa protegida o especialmente protegida.

| (55) | Las cooperativas, además, están sujetas a unas obligaciones específicas, a las que no están sometidas las empresas sujetas al régimen fiscal general, consistentes en determinadas obligaciones financieras, promovidas por la Ley 27/1999, que inmovilizan recursos y los convierten en indivisibles, como es la constitución de fondos sociales obligatorios. |
| --- | --- |

(55)

Las cooperativas, además, están sujetas a unas obligaciones específicas, a las que no están sometidas las empresas sujetas al régimen fiscal general, consistentes en determinadas obligaciones financieras, promovidas por la Ley 27/1999, que inmovilizan recursos y los convierten en indivisibles, como es la constitución de fondos sociales obligatorios.

| (56) | En primer lugar, el fondo de reserva obligatorio, que está destinado específicamente a la consolidación, desarrollo y garantía de las cooperativas y no puede repartirse entre los socios, según se cita en el artículo 55 de la Ley 27/1999. Forma parte del patrimonio social indivisible y, en el caso de disolución de la cooperativa, pasaría a disposición del Tesoro Público con la finalidad de destinarlo a la constitución de un Fondo para la Promoción del Cooperativismo. Según la Ley 27/1999, se dota con un mínimo del 20 % de los resultados cooperativos, y con un mínimo del 50 % de los resultados extracooperativos (caso de los procedentes de las operaciones de la cooperativa con terceros), además de con las cuotas de ingreso de los socios o de las deducciones sobre las aportaciones obligatorias al capital social derivados de la baja de los socios. Esto significa que parte de lo que cada socio aporta a la empresa nunca lo va a recuperar, y que parte de los excedentes empresariales quedan inmovilizados. |
| --- | --- |

(56)

En primer lugar, el fondo de reserva obligatorio, que está destinado específicamente a la consolidación, desarrollo y garantía de las cooperativas y no puede repartirse entre los socios, según se cita en el artículo 55 de la Ley 27/1999. Forma parte del patrimonio social indivisible y, en el caso de disolución de la cooperativa, pasaría a disposición del Tesoro Público con la finalidad de destinarlo a la constitución de un Fondo para la Promoción del Cooperativismo. Según la Ley 27/1999, se dota con un mínimo del 20 % de los resultados cooperativos, y con un mínimo del 50 % de los resultados extracooperativos (caso de los procedentes de las operaciones de la cooperativa con terceros), además de con las cuotas de ingreso de los socios o de las deducciones sobre las aportaciones obligatorias al capital social derivados de la baja de los socios. Esto significa que parte de lo que cada socio aporta a la empresa nunca lo va a recuperar, y que parte de los excedentes empresariales quedan inmovilizados.

| (57) | En segundo lugar, el Fondo de Educación y Promoción, regulado en el artículo 56 de la Ley 27/1999, tiene como finalidad la formación y educación de los socios y trabajadores de la cooperativa, la difusión del cooperativismo y la promoción de las relaciones intercooperativas y la promoción cultural, profesional y asistencial del entorno local o de la comunidad en general. Siguiendo la Ley 27/1999, se dota con un mínimo del 5 % de los resultados cooperativos. Al igual que el fondo de reserva obligatorio, el de educación y promoción no puede repartirse entre los socios, incluso en el caso de liquidación de la cooperativa. |
| --- | --- |

(57)

En segundo lugar, el Fondo de Educación y Promoción, regulado en el artículo 56 de la Ley 27/1999, tiene como finalidad la formación y educación de los socios y trabajadores de la cooperativa, la difusión del cooperativismo y la promoción de las relaciones intercooperativas y la promoción cultural, profesional y asistencial del entorno local o de la comunidad en general. Siguiendo la Ley 27/1999, se dota con un mínimo del 5 % de los resultados cooperativos. Al igual que el fondo de reserva obligatorio, el de educación y promoción no puede repartirse entre los socios, incluso en el caso de liquidación de la cooperativa.

| (58) | Por consiguiente, el excedente máximo distribuible en las cooperativas es inferior al que se genera en otro tipo de sociedades de capitales, donde la disponibilidad de los beneficios por parte de los accionistas es mayor, al no tener la obligación de dotar estos fondos obligatorios con una parte del beneficio obtenido en el ejercicio. |
| --- | --- |

(58)

Por consiguiente, el excedente máximo distribuible en las cooperativas es inferior al que se genera en otro tipo de sociedades de capitales, donde la disponibilidad de los beneficios por parte de los accionistas es mayor, al no tener la obligación de dotar estos fondos obligatorios con una parte del beneficio obtenido en el ejercicio.

| (59) | El beneficio fiscal que pudiera obtener la cooperativa por la deducción en la cuota del impuesto sobre sociedades queda corregido por la doble imposición con respecto al IRPF que se aplica al socio de la cooperativa y su incremento de tributación por esta vía. |
| --- | --- |

(59)

El beneficio fiscal que pudiera obtener la cooperativa por la deducción en la cuota del impuesto sobre sociedades queda corregido por la doble imposición con respecto al IRPF que se aplica al socio de la cooperativa y su incremento de tributación por esta vía.

| (60) | El carácter global del régimen fiscal de las cooperativas, poniendo en conjunción los beneficios y las obligaciones, se explica de forma descriptiva con los supuestos prácticos contemplados en los considerandos 61 a 64. |
| --- | --- |

(60)

El carácter global del régimen fiscal de las cooperativas, poniendo en conjunción los beneficios y las obligaciones, se explica de forma descriptiva con los supuestos prácticos contemplados en los considerandos 61 a 64.

| (61) | En el primer supuesto, se analiza la disponibilidad neta de fondos que tiene el socio de la cooperativa con relación al accionista de una sociedad sujeta al régimen general fiscal en España, partiendo de unos mismos resultados iniciales; 150 unidades monetarias (en lo sucesivo, «u.m.»).

  Hipótesis: resultados cooperativos (50 %) y resultados extracooperativos (50 %), sobre la base de la ley 27/1999; pago íntegro del beneficio disponible al socio. Tipo marginal IRPF: 48 % | Sociedad cooperativa | Sociedad de capitales |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultados | Resultado cooperativo (RC): 75 (50 %)
  Resultado extracooperativo (RE): 75 (50 %)
  Total: 150 | 150 |
| Dotación de los fondos sociales | Fondo de educación y promoción: 5 % RC = 3,75
  Fondo de reserva obligatoria: 20 % RC = 15
  50 % RE = 37,5
  Total: 56,25 | 0 |
| Resultados después de la dotación de los fondos | RC: 56,25
  RE: 37,5
  Total: 93,75 | 150 |
| Impuesto sobre sociedades | RC: (75 – 11,25) × 20 % = 12,75
  RE: (75 – 18,75) × 35 % = 19,687
  Total: 32,437 | 150 × 35 % = 52,5 |
| Beneficio disponible | 93,75 – 32,437 = 61,313 | 150 – 52,5 = 97,5 |
| Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) | Base imponible (BI): 61,313 × 100 % = 61,313
  Importe que pagar (tipo pleno):
  61,313 × 48 % = 29,430
  Reducción: 61,313 × 10 % = 6,131
  Importe que debe pagarse después de la reducción:
  9,430 – 6,131 = 23,299 | BI = 97,5 × 140 % = 136,5
  Importe que pagar (tipo pleno): 136,5 × 48 % = 65,52
  Reducción: 97,5 × 40 % = 39
  Importe que debe pagarse después de la reducción: 65,52 – 39 = 26,52 |
| Renta neta percibida por el accionista | 61,313 – 23,299 = 38,014 | 97,5 – 26,52 = 70,98 |

(61)

En el primer supuesto, se analiza la disponibilidad neta de fondos que tiene el socio de la cooperativa con relación al accionista de una sociedad sujeta al régimen general fiscal en España, partiendo de unos mismos resultados iniciales; 150 unidades monetarias (en lo sucesivo, «u.m.»).

Hipótesis: resultados cooperativos (50 %) y resultados extracooperativos (50 %), sobre la base de la ley 27/1999; pago íntegro del beneficio disponible al socio. Tipo marginal IRPF: 48 %

Sociedad cooperativa

Sociedad de capitales

Resultados

Resultado cooperativo (RC): 75 (50 %)

Resultado extracooperativo (RE): 75 (50 %)

Total: 150

150

Dotación de los fondos sociales

Fondo de educación y promoción: 5 % RC = 3,75

Fondo de reserva obligatoria: 20 % RC = 15

50 % RE = 37,5

Total: 56,25

0

Resultados después de la dotación de los fondos

RC: 56,25

RE: 37,5

Total: 93,75

150

Impuesto sobre sociedades

RC: (75 – 11,25) × 20 % = 12,75

RE: (75 – 18,75) × 35 % = 19,687

Total: 32,437

150 × 35 % = 52,5

Beneficio disponible

93,75 – 32,437 = 61,313

150 – 52,5 = 97,5

Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

Base imponible (BI): 61,313 × 100 % = 61,313

Importe que pagar (tipo pleno):

61,313 × 48 % = 29,430

Reducción: 61,313 × 10 % = 6,131

Importe que debe pagarse después de la reducción:

9,430 – 6,131 = 23,299

BI = 97,5 × 140 % = 136,5

Importe que pagar (tipo pleno): 136,5 × 48 % = 65,52

Reducción: 97,5 × 40 % = 39

Importe que debe pagarse después de la reducción: 65,52 – 39 = 26,52

Renta neta percibida por el accionista

61,313 – 23,299 = 38,014

97,5 – 26,52 = 70,98

| (62) | Habida cuenta del tipo marginal de imposición previsto en el marco del IRPF, se puede afirmar que, para un mismo resultado inicial de 150 u.m., la renta neta percibida por un socio cooperativista sería de 38 u.m., mientras que la percibida por un accionista de una sociedad sometida al régimen fiscal general sería de 71 u.m. Además, tal y como se explica arriba, conviene recordar que la doble imposición que supone el impuesto de sociedades y el IRPF cancela el efecto inicial de la reducción concedida en virtud del impuesto sobre sociedades. |
| --- | --- |

(62)

Habida cuenta del tipo marginal de imposición previsto en el marco del IRPF, se puede afirmar que, para un mismo resultado inicial de 150 u.m., la renta neta percibida por un socio cooperativista sería de 38 u.m., mientras que la percibida por un accionista de una sociedad sometida al régimen fiscal general sería de 71 u.m. Además, tal y como se explica arriba, conviene recordar que la doble imposición que supone el impuesto de sociedades y el IRPF cancela el efecto inicial de la reducción concedida en virtud del impuesto sobre sociedades.

| (63) | En el segundo ejemplo, en el que las operaciones de las cooperativas con los socios y con los no socios, es decir, los resultados cooperativos y extracooperativos, están sometidas a tipos diferentes, se puede comprobar que, cuando el peso específico de los resultados extracooperativos aumentan con relación a los resultados cooperativos, los recursos que deben pagarse a los fondos obligatorios, así como el impuesto sobre la renta, aumentan proporcionalmente, mientras que el porcentaje del beneficio disponible disminuye; por tanto, la renta neta percibida por cada socio decae cuando los resultados extracooperativos son superiores.

  Análisis de distintas hipótesis de desglose entre resultados cooperativos y extracooperativos | Sociedad cooperativa protegida | Sociedad de capitales |
| --- | --- | --- | --- |
| Hipótesis | RC: 75 %
  RE: 25 % | RC: 66,66
  RE: 33,33 % | RC: 50 %
  RE: 50 % | RC: 25 %
  RE: 75 % | |
| Resultados | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Dotación de los fondos sociales | 46,875 | 50 | 56,25 | 65,625 | 0 |
| Resultados después de la dotación de los fondos | 103,125 | 100 | 93,75 | 84,375 | 150 |
| Impuesto sobre sociedades | 28,97 | 30,125 | 32,437 | 35,906 | 52,5 |
| Beneficio disponible | 74,155 | 69,875 | 61,313 | 48,469 | 97,5 |
| IRPF | 28,179 | 26,55 | 23,299 | 18,418 | 26,52 |
| Renta neta percibida | 45,976 | 43,325 | 38,014 | 30,051 | 70,98 |

(63)

En el segundo ejemplo, en el que las operaciones de las cooperativas con los socios y con los no socios, es decir, los resultados cooperativos y extracooperativos, están sometidas a tipos diferentes, se puede comprobar que, cuando el peso específico de los resultados extracooperativos aumentan con relación a los resultados cooperativos, los recursos que deben pagarse a los fondos obligatorios, así como el impuesto sobre la renta, aumentan proporcionalmente, mientras que el porcentaje del beneficio disponible disminuye; por tanto, la renta neta percibida por cada socio decae cuando los resultados extracooperativos son superiores.

Análisis de distintas hipótesis de desglose entre resultados cooperativos y extracooperativos

Sociedad cooperativa protegida

Sociedad de capitales

Hipótesis

RC: 75 %

RE: 25 %

RC: 66,66

RE: 33,33 %

RC: 50 %

RE: 50 %

RC: 25 %

RE: 75 %

Resultados

150

150

150

150

150

Dotación de los fondos sociales

46,875

50

56,25

65,625

0

Resultados después de la dotación de los fondos

103,125

100

93,75

84,375

150

Impuesto sobre sociedades

28,97

30,125

32,437

35,906

52,5

Beneficio disponible

74,155

69,875

61,313

48,469

97,5

IRPF

28,179

26,55

23,299

18,418

26,52

Renta neta percibida

45,976

43,325

38,014

30,051

70,98

| (64) | En conclusión, la Confederación de Cooperativas Agrarias de España considera que la legislación sobre la fiscalidad de las cooperativas agrarias en España debe analizarse en su conjunto. Dicha fiscalidad responde a elementos diferenciadores en cuanto a su estructura y contiene elementos beneficiosos, a la par que obligaciones específicas (dotaciones a fondos obligatorios, tratamiento del capital, doble imposición). |
| --- | --- |

(64)

En conclusión, la Confederación de Cooperativas Agrarias de España considera que la legislación sobre la fiscalidad de las cooperativas agrarias en España debe analizarse en su conjunto. Dicha fiscalidad responde a elementos diferenciadores en cuanto a su estructura y contiene elementos beneficiosos, a la par que obligaciones específicas (dotaciones a fondos obligatorios, tratamiento del capital, doble imposición).

IV.   OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ESPAÑA

| (65) | Por carta de 11 de junio de 2001, España arguyó los elementos contemplados en los considerandos 66 a 85. |
| --- | --- |

(65)

Por carta de 11 de junio de 2001, España arguyó los elementos contemplados en los considerandos 66 a 85.

| (66) | España sostiene que la consideración como ayuda estatal de las medidas de apoyo a las cooperativas agrarias, fundamentada en que las cooperativas pagarán menos impuestos que antes de la modificación introducida, no cabe por los motivos que se exponen a continuación. |
| --- | --- |

(66)

España sostiene que la consideración como ayuda estatal de las medidas de apoyo a las cooperativas agrarias, fundamentada en que las cooperativas pagarán menos impuestos que antes de la modificación introducida, no cabe por los motivos que se exponen a continuación.

| (67) | Las medidas introducidas por el Real Decreto-ley 10/2000 responden a medidas de carácter liberalizador del sector de suministro de gasóleo B, al levantar barreras que las cooperativas agrarias tenían para suministrar a terceros dicho combustible, sin que ello implique una ventaja fiscal para estas entidades que suponga un trato favorable para las mismas. |
| --- | --- |

(67)

Las medidas introducidas por el Real Decreto-ley 10/2000 responden a medidas de carácter liberalizador del sector de suministro de gasóleo B, al levantar barreras que las cooperativas agrarias tenían para suministrar a terceros dicho combustible, sin que ello implique una ventaja fiscal para estas entidades que suponga un trato favorable para las mismas.

| (68) | El régimen fiscal de las cooperativas agrarias establece una distinción entre las actividades realizadas con los socios en el marco de la cooperativa y las actividades realizadas con los no socios; estos últimos resultados se denominan extracooperativos. Por tanto, el régimen fiscal en materia de impuesto sobre sociedades aplicable a dichos resultados corresponde al régimen general al cual se somete cualquier otra entidad que se dedica a la misma actividad. |
| --- | --- |

(68)

El régimen fiscal de las cooperativas agrarias establece una distinción entre las actividades realizadas con los socios en el marco de la cooperativa y las actividades realizadas con los no socios; estos últimos resultados se denominan extracooperativos. Por tanto, el régimen fiscal en materia de impuesto sobre sociedades aplicable a dichos resultados corresponde al régimen general al cual se somete cualquier otra entidad que se dedica a la misma actividad.

| (69) | El régimen fiscal de las cooperativas se encuentra regulado en la Ley 20/1990, cuyo artículo 21 considera rendimientos extracooperativos los procedentes del ejercicio de la actividad cooperativizada con terceros no socios, de tal modo que tales resultados extracooperativos tributan al tipo general del impuesto sobre sociedades, según establece el artículo 26, apartado 3, de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre de 1995, del impuesto sobre sociedades (20). Por otra parte, la disposición adicional sexta de la Ley 27/1999 de cooperativas, de 16 de julio de 1999, obliga a estas entidades a llevar una contabilidad separada de las operaciones realizadas con terceros no socios. |
| --- | --- |

(69)

El régimen fiscal de las cooperativas se encuentra regulado en la Ley 20/1990, cuyo artículo 21 considera rendimientos extracooperativos los procedentes del ejercicio de la actividad cooperativizada con terceros no socios, de tal modo que tales resultados extracooperativos tributan al tipo general del impuesto sobre sociedades, según establece el artículo 26, apartado 3, de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre de 1995, del impuesto sobre sociedades (20). Por otra parte, la disposición adicional sexta de la Ley 27/1999 de cooperativas, de 16 de julio de 1999, obliga a estas entidades a llevar una contabilidad separada de las operaciones realizadas con terceros no socios.

| (70) | Las medidas incorporadas por el mencionado Real Decreto-ley 10/2000 tienen por objeto liberalizar el sector de suministro de gasóleo B, permitiendo a las cooperativas agrarias suministrar dicho combustible, sea cual sea la relación en que se encuentren estas operaciones respecto del total de las operaciones realizadas por la cooperativa, sin que ello suponga la pérdida de su régimen fiscal para las actividades cooperativizadas. Lo que se pretende es que la cooperativa pueda desarrollar esta actividad sin que sea necesario constituir otra entidad diferenciada, resultando la tributación por el impuesto sobre sociedades igual en las dos situaciones, por cuanto los resultados del suministro de gasóleo B a terceros están sometidos al régimen general del impuesto de sociedades. |
| --- | --- |

(70)

Las medidas incorporadas por el mencionado Real Decreto-ley 10/2000 tienen por objeto liberalizar el sector de suministro de gasóleo B, permitiendo a las cooperativas agrarias suministrar dicho combustible, sea cual sea la relación en que se encuentren estas operaciones respecto del total de las operaciones realizadas por la cooperativa, sin que ello suponga la pérdida de su régimen fiscal para las actividades cooperativizadas. Lo que se pretende es que la cooperativa pueda desarrollar esta actividad sin que sea necesario constituir otra entidad diferenciada, resultando la tributación por el impuesto sobre sociedades igual en las dos situaciones, por cuanto los resultados del suministro de gasóleo B a terceros están sometidos al régimen general del impuesto de sociedades.

| (71) | En conclusión, según España, las medidas introducidas por el Real Decreto-ley 10/2000 no suponen una ayuda estatal por cuanto no inciden ni afectan a la competencia en la actividad de distribución de gasóleo B, dado que todas las empresas que desarrollan esta actividad, incluidas las cooperativas agrarias, están sometidas a la misma tributación por el impuesto de sociedades. |
| --- | --- |

(71)

En conclusión, según España, las medidas introducidas por el Real Decreto-ley 10/2000 no suponen una ayuda estatal por cuanto no inciden ni afectan a la competencia en la actividad de distribución de gasóleo B, dado que todas las empresas que desarrollan esta actividad, incluidas las cooperativas agrarias, están sometidas a la misma tributación por el impuesto de sociedades.

| (72) | España completó sus comentarios enviados por carta de 6 de junio de 2001, respecto de esta medida, con sus comentarios a las observaciones de los interesados por cartas de 1 y 30 de octubre de 2001. En su carta de 1 de octubre de 2001, España añadió los comentarios que se recogen a continuación. |
| --- | --- |

(72)

España completó sus comentarios enviados por carta de 6 de junio de 2001, respecto de esta medida, con sus comentarios a las observaciones de los interesados por cartas de 1 y 30 de octubre de 2001. En su carta de 1 de octubre de 2001, España añadió los comentarios que se recogen a continuación.

| (73) | Tanto el incremento del precio del crudo como la depreciación del euro frente al dólar supusieron acontecimientos que modificaron de forma sustancial las condiciones normales en las que se desenvuelve la actividad agraria y provocaron en el sector una crisis que afectó a las explotaciones agrícolas, deteriorando sus resultados económicos y amenazando, de persistir la tendencia, la propia supervivencia de muchas explotaciones. |
| --- | --- |

(73)

Tanto el incremento del precio del crudo como la depreciación del euro frente al dólar supusieron acontecimientos que modificaron de forma sustancial las condiciones normales en las que se desenvuelve la actividad agraria y provocaron en el sector una crisis que afectó a las explotaciones agrícolas, deteriorando sus resultados económicos y amenazando, de persistir la tendencia, la propia supervivencia de muchas explotaciones.

| (74) | El Gobierno español, ante tal situación, decidió la puesta en marcha no solo de medidas coyunturales sino también de medidas estructurales, como la profundización en la liberalización de distribución de combustibles, que posibilitasen a las explotaciones agrícolas y ganaderas su sostenimiento futuro y el mantenimiento de la necesaria competitividad. |
| --- | --- |

(74)

El Gobierno español, ante tal situación, decidió la puesta en marcha no solo de medidas coyunturales sino también de medidas estructurales, como la profundización en la liberalización de distribución de combustibles, que posibilitasen a las explotaciones agrícolas y ganaderas su sostenimiento futuro y el mantenimiento de la necesaria competitividad.

| (75) | Las medidas de apoyo del Real Decreto-ley 10/2000 forman parte del objetivo de avanzar en la liberalización del sector de los combustibles. En concreto, suprimen ciertas restricciones que la legislación española contenía para las cooperativas agrarias, lo que supone, ciertamente, la apertura del mercado en la distribución del gasóleo B en España. |
| --- | --- |

(75)

Las medidas de apoyo del Real Decreto-ley 10/2000 forman parte del objetivo de avanzar en la liberalización del sector de los combustibles. En concreto, suprimen ciertas restricciones que la legislación española contenía para las cooperativas agrarias, lo que supone, ciertamente, la apertura del mercado en la distribución del gasóleo B en España.

| (76) | Así se explica la exención para las cooperativas de la obligatoriedad de limitar las operaciones de distribución de gasóleo B a terceros no socios a un 50 % de las realizadas con sus socios, y la supresión del requisito por el cual las cooperativas solamente podían realizar actividades de distribución al por menor de productos petrolíferos con terceros no socios si previamente constituían una entidad con personalidad jurídica propia, distinta de la cooperativa. Este requisito limitaba el campo de acción de las cooperativas agrarias y en cierto modo resultaba contradictorio con lo dispuesto en la Ley 27/1999, en la que se afirmaba que las sociedades creadas al amparo de ella podían organizar y desarrollar cualquier actividad económica. |
| --- | --- |

(76)

Así se explica la exención para las cooperativas de la obligatoriedad de limitar las operaciones de distribución de gasóleo B a terceros no socios a un 50 % de las realizadas con sus socios, y la supresión del requisito por el cual las cooperativas solamente podían realizar actividades de distribución al por menor de productos petrolíferos con terceros no socios si previamente constituían una entidad con personalidad jurídica propia, distinta de la cooperativa. Este requisito limitaba el campo de acción de las cooperativas agrarias y en cierto modo resultaba contradictorio con lo dispuesto en la Ley 27/1999, en la que se afirmaba que las sociedades creadas al amparo de ella podían organizar y desarrollar cualquier actividad económica.

| (77) | La modificación consistente en que las cooperativas no pierdan su condición de especialmente protegidas cuando distribuyan gasóleo B a terceros, no socios, se ha de interpretar como una medida despenalizadora que, empero, no comporta una fiscalidad especial y más ventajosa en la distribución de carburante agrícola a terceros. |
| --- | --- |

(77)

La modificación consistente en que las cooperativas no pierdan su condición de especialmente protegidas cuando distribuyan gasóleo B a terceros, no socios, se ha de interpretar como una medida despenalizadora que, empero, no comporta una fiscalidad especial y más ventajosa en la distribución de carburante agrícola a terceros.

| (78) | La aseveración recogida en las observaciones de las asociaciones de estaciones de servicio según la cual la liberalización de la distribución de gasóleo por parte de las cooperativas a terceros no socios supone que estas operaciones tributan al tipo del 20 % en el impuesto de sociedades es incorrecta según España. Todas las operaciones que las cooperativas realizan con terceros no socios tributan al tipo general del 35 %. |
| --- | --- |

(78)

La aseveración recogida en las observaciones de las asociaciones de estaciones de servicio según la cual la liberalización de la distribución de gasóleo por parte de las cooperativas a terceros no socios supone que estas operaciones tributan al tipo del 20 % en el impuesto de sociedades es incorrecta según España. Todas las operaciones que las cooperativas realizan con terceros no socios tributan al tipo general del 35 %.

| (79) | En su carta de 30 de octubre de 2001, que completa los comentarios de España transmitidos por carta de 1 de octubre de 2001 a las observaciones de las terceras partes interesadas, España añadió los comentarios contemplados en los considerandos 78 a 84 procedentes del Ministerio de Hacienda. |
| --- | --- |

(79)

En su carta de 30 de octubre de 2001, que completa los comentarios de España transmitidos por carta de 1 de octubre de 2001 a las observaciones de las terceras partes interesadas, España añadió los comentarios contemplados en los considerandos 78 a 84 procedentes del Ministerio de Hacienda.

| (80) | En las observaciones de las asociaciones de estaciones de servicio se hace una interpretación errónea de los efectos que el Real Decreto-ley 10/2000 tiene en el régimen fiscal de las cooperativas protegidas. Los resultados extracooperativos tributan al tipo general del 35 %, incluyendo entre estos los resultados obtenidos de la distribución de gasóleo B a terceros, no socios de la cooperativa. |
| --- | --- |

(80)

En las observaciones de las asociaciones de estaciones de servicio se hace una interpretación errónea de los efectos que el Real Decreto-ley 10/2000 tiene en el régimen fiscal de las cooperativas protegidas. Los resultados extracooperativos tributan al tipo general del 35 %, incluyendo entre estos los resultados obtenidos de la distribución de gasóleo B a terceros, no socios de la cooperativa.

| (81) | Las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 10/2000 pretenden únicamente liberalizar el sector de la distribución de gasóleo B, al permitir a las cooperativas agrarias suministrar dicho combustible sea cual sea la relación en que se encuentren estas operaciones respecto del total de las operaciones realizadas por la cooperativa, sin que ello suponga la pérdida de su régimen fiscal para las actividades cooperativizadas. |
| --- | --- |

(81)

Las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 10/2000 pretenden únicamente liberalizar el sector de la distribución de gasóleo B, al permitir a las cooperativas agrarias suministrar dicho combustible sea cual sea la relación en que se encuentren estas operaciones respecto del total de las operaciones realizadas por la cooperativa, sin que ello suponga la pérdida de su régimen fiscal para las actividades cooperativizadas.

| (82) | En cualquier caso, no se ha producido ninguna alteración en el régimen fiscal aplicable a las operaciones de suministro de gasóleo B por parte de las cooperativas, por lo que cabe concluir que no existe ninguna medida que pueda tener la consideración de ayuda estatal a efectos del artículo 107 del TFUE. |
| --- | --- |

(82)

En cualquier caso, no se ha producido ninguna alteración en el régimen fiscal aplicable a las operaciones de suministro de gasóleo B por parte de las cooperativas, por lo que cabe concluir que no existe ninguna medida que pueda tener la consideración de ayuda estatal a efectos del artículo 107 del TFUE.

| (83) | En cuanto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en las observaciones de las asociaciones de estaciones de servicio se señala que estos beneficios son anteriores al Real Decreto-ley 10/2000 y no puede decirse que las cooperativas gocen de ellos como consecuencia del mismo, sino que responden al objetivo de potenciar este tipo de sociedades y el movimiento cooperativista en España. |
| --- | --- |

(83)

En cuanto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en las observaciones de las asociaciones de estaciones de servicio se señala que estos beneficios son anteriores al Real Decreto-ley 10/2000 y no puede decirse que las cooperativas gocen de ellos como consecuencia del mismo, sino que responden al objetivo de potenciar este tipo de sociedades y el movimiento cooperativista en España.

| (84) | Por último, en relación con los tributos locales, las observaciones de las asociaciones de estaciones de servicio no se dirigen tanto contra los vigentes beneficios fiscales aplicables a las cooperativas especialmente protegidas, en sí mismos considerados, como contra la modificación llevada a cabo por el Real Decreto-ley 10/2000, consistente en variar las condiciones que deben cumplir las cooperativas agrarias para ser consideradas especialmente protegidas, en concreto, el hecho de permitir a tal efecto que dichas cooperativas puedan distribuir gasóleo B a terceros no socios, sin limitación. |
| --- | --- |

(84)

Por último, en relación con los tributos locales, las observaciones de las asociaciones de estaciones de servicio no se dirigen tanto contra los vigentes beneficios fiscales aplicables a las cooperativas especialmente protegidas, en sí mismos considerados, como contra la modificación llevada a cabo por el Real Decreto-ley 10/2000, consistente en variar las condiciones que deben cumplir las cooperativas agrarias para ser consideradas especialmente protegidas, en concreto, el hecho de permitir a tal efecto que dichas cooperativas puedan distribuir gasóleo B a terceros no socios, sin limitación.

| (85) | España considera que ninguna de las medidas adoptadas por el Gobierno español en apoyo al sector agrícola merece ser calificada como «ayuda estatal» por ser plenamente compatibles con lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE. |
| --- | --- |

(85)

España considera que ninguna de las medidas adoptadas por el Gobierno español en apoyo al sector agrícola merece ser calificada como «ayuda estatal» por ser plenamente compatibles con lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE.

V.   DECISIÓN 2003/293/CE

| (86) | En su Decisión 2003/293/CE, la Comisión llegó a las conclusiones que se exponen en los considerandos 86 a 95. |
| --- | --- |

(86)

En su Decisión 2003/293/CE, la Comisión llegó a las conclusiones que se exponen en los considerandos 86 a 95.

| (87) | Las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 10/2000, en la Ley 27/1999 y en la Ley 20/1999 solo restablecen la situación normativa existente para la distribución de productos petrolíferos por las cooperativas agrarias hasta la adopción de la Ley 34/1998. |
| --- | --- |

(87)

Las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 10/2000, en la Ley 27/1999 y en la Ley 20/1999 solo restablecen la situación normativa existente para la distribución de productos petrolíferos por las cooperativas agrarias hasta la adopción de la Ley 34/1998.

| (88) | España ha aclarado en sus comentarios que, de conformidad con la Ley 20/1990, las cooperativas agrarias tributan en los rendimientos que obtengan en sus operaciones con terceros no socios al tipo general del impuesto sobre sociedades, por lo que no se produce ningún tipo de bonificación en estas operaciones y las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 10/2000 no han causado ninguna alteración en el régimen fiscal aplicable a las operaciones de suministro de gasóleo B a terceros no socios por las cooperativas. |
| --- | --- |

(88)

España ha aclarado en sus comentarios que, de conformidad con la Ley 20/1990, las cooperativas agrarias tributan en los rendimientos que obtengan en sus operaciones con terceros no socios al tipo general del impuesto sobre sociedades, por lo que no se produce ningún tipo de bonificación en estas operaciones y las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 10/2000 no han causado ninguna alteración en el régimen fiscal aplicable a las operaciones de suministro de gasóleo B a terceros no socios por las cooperativas.

| (89) | Las cooperativas agrarias, gracias a las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 10/2000, pueden realizar esta actividad sin estar obligadas a constituir una nueva entidad jurídica para la distribución de gasóleo B a terceros no socios y pueden sobrepasar el límite del 50 % del volumen de negocios para las operaciones de suministro a terceros no socios sin perder la condición de fiscalmente protegidas. |
| --- | --- |

(89)

Las cooperativas agrarias, gracias a las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 10/2000, pueden realizar esta actividad sin estar obligadas a constituir una nueva entidad jurídica para la distribución de gasóleo B a terceros no socios y pueden sobrepasar el límite del 50 % del volumen de negocios para las operaciones de suministro a terceros no socios sin perder la condición de fiscalmente protegidas.

| (90) | Es cierto que las cooperativas agrarias tributan en los rendimientos que obtengan en sus operaciones con terceros no socios igual que el resto de las sociedades, al tipo general del impuesto sobre sociedades, pero también es cierto que las cooperativas, después de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 10/2000, pueden distribuir gasóleo B a terceros no socios sin ningún límite en el volumen de negocios y sin estar obligadas a constituir una nueva entidad jurídica, disfrutando al mismo tiempo del tratamiento fiscal diferenciado del que se benefician las cooperativas. |
| --- | --- |

(90)

Es cierto que las cooperativas agrarias tributan en los rendimientos que obtengan en sus operaciones con terceros no socios igual que el resto de las sociedades, al tipo general del impuesto sobre sociedades, pero también es cierto que las cooperativas, después de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 10/2000, pueden distribuir gasóleo B a terceros no socios sin ningún límite en el volumen de negocios y sin estar obligadas a constituir una nueva entidad jurídica, disfrutando al mismo tiempo del tratamiento fiscal diferenciado del que se benefician las cooperativas.

| (91) | Las cooperativas disfrutaban, con anterioridad al Real Decreto-ley 10/2000, de beneficios fiscales en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en el impuesto de actividades económicas, en el impuesto de bienes inmuebles y en el impuesto de sociedades. En este último impuesto, las operaciones con socios tributan a un tipo reducido y, además, las cooperativas especialmente protegidas, como es en principio el caso de las cooperativas agrarias, se benefician de una bonificación del 50 % de la cuota íntegra en el impuesto sobre sociedades. |
| --- | --- |

(91)

Las cooperativas disfrutaban, con anterioridad al Real Decreto-ley 10/2000, de beneficios fiscales en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en el impuesto de actividades económicas, en el impuesto de bienes inmuebles y en el impuesto de sociedades. En este último impuesto, las operaciones con socios tributan a un tipo reducido y, además, las cooperativas especialmente protegidas, como es en principio el caso de las cooperativas agrarias, se benefician de una bonificación del 50 % de la cuota íntegra en el impuesto sobre sociedades.

| (92) | No obstante, la Comisión consideró que procedía examinar los beneficios fiscales de los que disfrutan las sociedades cooperativas en conjunción con las obligaciones que las normas de ajuste técnico producen en las cooperativas. La Comisión afirma en su Decisión que, como señala la Confederación de Cooperativas Agrarias de España en sus observaciones, este beneficio fiscal no puede considerarse separadamente del coste fiscal de los retornos en la renta del socio cooperativista en el IRPF, que tiene unas características completamente distintas del dividendo en una empresa de capitales. La atenuación en la doble imposición efectuada en la relación sociedad de capitales-socio (dividendo empresarial) no tiene contrapartida en la relación sociedad cooperativa-socio cooperativista (retorno cooperativo), por lo cual el retorno tiene una mayor carga fiscal que el dividendo. El beneficio que pudiera obtener la cooperativa por la deducción en la cuota del impuesto sobre sociedades queda corregido por la doble imposición con respecto al IRPF que se aplica al socio de la cooperativa y su incremento de tributación por esta vía. |
| --- | --- |

(92)

No obstante, la Comisión consideró que procedía examinar los beneficios fiscales de los que disfrutan las sociedades cooperativas en conjunción con las obligaciones que las normas de ajuste técnico producen en las cooperativas. La Comisión afirma en su Decisión que, como señala la Confederación de Cooperativas Agrarias de España en sus observaciones, este beneficio fiscal no puede considerarse separadamente del coste fiscal de los retornos en la renta del socio cooperativista en el IRPF, que tiene unas características completamente distintas del dividendo en una empresa de capitales. La atenuación en la doble imposición efectuada en la relación sociedad de capitales-socio (dividendo empresarial) no tiene contrapartida en la relación sociedad cooperativa-socio cooperativista (retorno cooperativo), por lo cual el retorno tiene una mayor carga fiscal que el dividendo. El beneficio que pudiera obtener la cooperativa por la deducción en la cuota del impuesto sobre sociedades queda corregido por la doble imposición con respecto al IRPF que se aplica al socio de la cooperativa y su incremento de tributación por esta vía.

| (93) | La Comisión consideró en su Decisión que la fiscalidad de las cooperativas agrarias en España debía analizarse en su conjunto. Esta fiscalidad establece diferenciaciones en cuanto a su estructura y contiene elementos ventajosos, compensados por obligaciones específicas (dotaciones de fondos obligatorias, tratamiento del capital, doble imposición). |
| --- | --- |

(93)

La Comisión consideró en su Decisión que la fiscalidad de las cooperativas agrarias en España debía analizarse en su conjunto. Esta fiscalidad establece diferenciaciones en cuanto a su estructura y contiene elementos ventajosos, compensados por obligaciones específicas (dotaciones de fondos obligatorias, tratamiento del capital, doble imposición).

| (94) | Por consiguiente, a la vista de las informaciones que habían sido facilitadas por España y por la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, la Comisión consideró que las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 10/2000 en la legislación de las cooperativas agrarias no ofrecían a estas una ventaja que aligerase las cargas que gravan su presupuesto y no constituían una medida fiscal selectiva que afectase a los recursos del Estado. |
| --- | --- |

(94)

Por consiguiente, a la vista de las informaciones que habían sido facilitadas por España y por la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, la Comisión consideró que las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 10/2000 en la legislación de las cooperativas agrarias no ofrecían a estas una ventaja que aligerase las cargas que gravan su presupuesto y no constituían una medida fiscal selectiva que afectase a los recursos del Estado.

| (95) | La Comisión concluye en su Decisión que, sobre la base de la información proporcionada por España, las medidas de apoyo a las cooperativas agrarias deben considerarse como medidas fiscales justificadas por la naturaleza o la economía del sistema fiscal, y no entran, pues, en los criterios de aplicación del artículo 107, apartado 1, del TFUE, es decir, que las medidas no constituyen ayudas estatales. |
| --- | --- |

(95)

La Comisión concluye en su Decisión que, sobre la base de la información proporcionada por España, las medidas de apoyo a las cooperativas agrarias deben considerarse como medidas fiscales justificadas por la naturaleza o la economía del sistema fiscal, y no entran, pues, en los criterios de aplicación del artículo 107, apartado 1, del TFUE, es decir, que las medidas no constituyen ayudas estatales.

VI.   SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL EN EL ASUNTO T-146/03

| (96) | En el recurso interpuesto contra la Decisión 2003/293/CE, la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid y la Federación Catalana de Estaciones de Servicio sostuvieron, esencialmente, que la Comisión incumplió el artículo 107, apartado 1, del TFUE, ya que, en la Decisión impugnada, afirma que las medidas recurridas no constituyen una ayuda, ya que no conceden ventaja alguna a las cooperativas agrarias y se ajustan a la naturaleza y a la economía del sistema tributario aplicable a las cooperativas. |
| --- | --- |

(96)

En el recurso interpuesto contra la Decisión 2003/293/CE, la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid y la Federación Catalana de Estaciones de Servicio sostuvieron, esencialmente, que la Comisión incumplió el artículo 107, apartado 1, del TFUE, ya que, en la Decisión impugnada, afirma que las medidas recurridas no constituyen una ayuda, ya que no conceden ventaja alguna a las cooperativas agrarias y se ajustan a la naturaleza y a la economía del sistema tributario aplicable a las cooperativas.

| (97) | En su examen, el Tribunal General indica que, como primer submotivo, las demandantes sostienen que la Comisión llegó a la conclusión errónea de que no existía ninguna ventaja debido a una valoración equivocada del régimen fiscal español. Como segundo submotivo, las demandantes alegan que la Comisión concluyó incorrectamente que las medidas recurridas no tenían un carácter selectivo debido a una valoración errónea de la conformidad de las medidas recurridas con la naturaleza y la economía del sistema fiscal español. |
| --- | --- |

(97)

En su examen, el Tribunal General indica que, como primer submotivo, las demandantes sostienen que la Comisión llegó a la conclusión errónea de que no existía ninguna ventaja debido a una valoración equivocada del régimen fiscal español. Como segundo submotivo, las demandantes alegan que la Comisión concluyó incorrectamente que las medidas recurridas no tenían un carácter selectivo debido a una valoración errónea de la conformidad de las medidas recurridas con la naturaleza y la economía del sistema fiscal español.

1.   Primer submotivo: error de apreciación del régimen fiscal español que afecta a la consideración de que las medidas recurridas no confieren ventajas a las cooperativas agrarias

| (98) | Las demandantes alegan que la Comisión no tuvo en cuenta el estatuto fiscal ventajoso de las cooperativas agrarias en materia de impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, de impuesto de actividades económicas y de impuesto de bienes inmuebles. |
| --- | --- |

(98)

Las demandantes alegan que la Comisión no tuvo en cuenta el estatuto fiscal ventajoso de las cooperativas agrarias en materia de impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, de impuesto de actividades económicas y de impuesto de bienes inmuebles.

| (99) | El Tribunal General dice no estar en condiciones de ejercer su control sobre el fundamento de la Decisión impugnada en este punto. Según el Tribunal General, la Decisión impugnada no indica de manera clara e inequívoca las razones por las que el régimen fiscal aplicable a las cooperativas agrarias en lo que atañe al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, al impuesto de actividades económicas y al impuesto sobre bienes inmuebles no constituye una ventaja a tenor del artículo 107 apartado 1, del TFUE. Así, por un lado, el considerando 145 de la Decisión impugnada indica explícitamente que, además de en el impuesto sobre sociedades, las cooperativas disfrutan de beneficios fiscales en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en el impuesto de actividades económicas y en el impuesto sobre bienes inmuebles. Por otro lado, el considerando 148 de la Decisión impugnada indica que las medidas recurridas no constituyen una ventaja y, por tanto, no son una ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE. |
| --- | --- |

(99)

El Tribunal General dice no estar en condiciones de ejercer su control sobre el fundamento de la Decisión impugnada en este punto. Según el Tribunal General, la Decisión impugnada no indica de manera clara e inequívoca las razones por las que el régimen fiscal aplicable a las cooperativas agrarias en lo que atañe al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, al impuesto de actividades económicas y al impuesto sobre bienes inmuebles no constituye una ventaja a tenor del artículo 107 apartado 1, del TFUE. Así, por un lado, el considerando 145 de la Decisión impugnada indica explícitamente que, además de en el impuesto sobre sociedades, las cooperativas disfrutan de beneficios fiscales en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en el impuesto de actividades económicas y en el impuesto sobre bienes inmuebles. Por otro lado, el considerando 148 de la Decisión impugnada indica que las medidas recurridas no constituyen una ventaja y, por tanto, no son una ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

| (100) | Aunque en la vista la Comisión sostuvo que el razonamiento expuesto en los considerandos 146 y 147 de la Decisión impugnada se aplicaba no solo al impuesto sobre sociedades, sino también a los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, actividades económicas y bienes inmuebles, el Tribunal General considera que tal motivación resulta incomprensible. |
| --- | --- |

(100)

Aunque en la vista la Comisión sostuvo que el razonamiento expuesto en los considerandos 146 y 147 de la Decisión impugnada se aplicaba no solo al impuesto sobre sociedades, sino también a los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, actividades económicas y bienes inmuebles, el Tribunal General considera que tal motivación resulta incomprensible.

| (101) | En primer lugar, el Tribunal General afirma que el considerando 146 indica que el beneficio que pudiera obtener la cooperativa por la deducción del 50 % en la cuota del impuesto sobre sociedades queda corregido por la doble imposición con respecto al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Dado que la Comisión, siempre según el Tribunal General, no ofrece razón alguna por la cual los beneficios resultantes de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, actividades económicas y bienes inmuebles habrían de quedar corregidos igualmente por la doble imposición en cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas, el considerando 146 solo puede entenderse en el sentido de que se refiere a una corrección de la deducción del 50 % de la cuota del impuesto sobre sociedades. |
| --- | --- |

(101)

En primer lugar, el Tribunal General afirma que el considerando 146 indica que el beneficio que pudiera obtener la cooperativa por la deducción del 50 % en la cuota del impuesto sobre sociedades queda corregido por la doble imposición con respecto al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Dado que la Comisión, siempre según el Tribunal General, no ofrece razón alguna por la cual los beneficios resultantes de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, actividades económicas y bienes inmuebles habrían de quedar corregidos igualmente por la doble imposición en cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas, el considerando 146 solo puede entenderse en el sentido de que se refiere a una corrección de la deducción del 50 % de la cuota del impuesto sobre sociedades.

| (102) | En segundo lugar, prosigue el Tribunal General, el considerando 147 se limita a mencionar que la fiscalidad de las cooperativas agrarias, analizada en su conjunto, responde a elementos diferenciadores en cuanto a su estructura y contiene elementos beneficiosos compensados con obligaciones específicas (dotaciones a fondos obligatorios, tratamiento del capital, doble imposición). Este considerando nada dice en cuanto a las razones por las que las obligaciones específicas que menciona, además de la deducción del 50 % del impuesto sobre sociedades, compensan también las ventajas resultantes de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, actividades económicas y bienes inmuebles. Según el Tribunal General, la falta de estas razones es tanto más flagrante en el presente caso cuanto que las obligaciones específicas expresamente mencionadas deben considerarse, según resulta de la lectura de la Decisión impugnada, relativas al impuesto sobre sociedades. En efecto, además de su mención en el considerando 147, tales obligaciones específicas se evocan también en los considerandos 83 a 95 de la Decisión impugnada, que se refieren únicamente al impuesto sobre sociedades. |
| --- | --- |

(102)

En segundo lugar, prosigue el Tribunal General, el considerando 147 se limita a mencionar que la fiscalidad de las cooperativas agrarias, analizada en su conjunto, responde a elementos diferenciadores en cuanto a su estructura y contiene elementos beneficiosos compensados con obligaciones específicas (dotaciones a fondos obligatorios, tratamiento del capital, doble imposición). Este considerando nada dice en cuanto a las razones por las que las obligaciones específicas que menciona, además de la deducción del 50 % del impuesto sobre sociedades, compensan también las ventajas resultantes de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, actividades económicas y bienes inmuebles. Según el Tribunal General, la falta de estas razones es tanto más flagrante en el presente caso cuanto que las obligaciones específicas expresamente mencionadas deben considerarse, según resulta de la lectura de la Decisión impugnada, relativas al impuesto sobre sociedades. En efecto, además de su mención en el considerando 147, tales obligaciones específicas se evocan también en los considerandos 83 a 95 de la Decisión impugnada, que se refieren únicamente al impuesto sobre sociedades.

| (103) | Por lo que respecta, en primer lugar, a la alegación según la cual las medidas vinculadas al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, al impuesto de actividades económicas y al impuesto sobre bienes inmuebles no fueron modificadas por el Real Decreto-ley, por lo que, en principio, no son objeto de apreciación en la Decisión impugnada, el Tribunal General afirma que es preciso señalar que dicho argumento es inexacto, puesto que el considerando 145 pone de manifiesto que la Comisión tomó en consideración la existencia de beneficios fiscales a favor de las cooperativas derivados de dichos impuestos. |
| --- | --- |

(103)

Por lo que respecta, en primer lugar, a la alegación según la cual las medidas vinculadas al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, al impuesto de actividades económicas y al impuesto sobre bienes inmuebles no fueron modificadas por el Real Decreto-ley, por lo que, en principio, no son objeto de apreciación en la Decisión impugnada, el Tribunal General afirma que es preciso señalar que dicho argumento es inexacto, puesto que el considerando 145 pone de manifiesto que la Comisión tomó en consideración la existencia de beneficios fiscales a favor de las cooperativas derivados de dichos impuestos.

| (104) | Por otra parte, el Tribunal General opina que, contrariamente a lo que afirma la Comisión, la situación fiscal de las cooperativas a efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, actividades económicas y bienes inmuebles sí fue modificada por las medidas recurridas. En efecto, antes de la adopción de estas medidas, el régimen fiscal de las cooperativas no se aplicaba a la actividad de distribución de combustible, ya que esta actividad debía ser efectuada por una entidad jurídica distinta que no se beneficiaba de este régimen fiscal privilegiado. A partir de la entrada en vigor de las medidas recurridas, el ámbito de aplicación de este régimen fiscal privilegiado se extendió a las actividades de distribución de combustible. Por tanto, el Tribunal General considera que la situación fiscal de las cooperativas agrarias quedó modificada por las medidas recurridas. |
| --- | --- |

(104)

Por otra parte, el Tribunal General opina que, contrariamente a lo que afirma la Comisión, la situación fiscal de las cooperativas a efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, actividades económicas y bienes inmuebles sí fue modificada por las medidas recurridas. En efecto, antes de la adopción de estas medidas, el régimen fiscal de las cooperativas no se aplicaba a la actividad de distribución de combustible, ya que esta actividad debía ser efectuada por una entidad jurídica distinta que no se beneficiaba de este régimen fiscal privilegiado. A partir de la entrada en vigor de las medidas recurridas, el ámbito de aplicación de este régimen fiscal privilegiado se extendió a las actividades de distribución de combustible. Por tanto, el Tribunal General considera que la situación fiscal de las cooperativas agrarias quedó modificada por las medidas recurridas.

| (105) | Asimismo, por lo que respecta a la alegación según la cual el régimen fiscal a efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, actividades económicas y bienes inmuebles podría constituir una ayuda existente, en la medida en que dicho régimen no parece haber sido modificado desde la adhesión de España, el Tribunal General señala que no ofrece ninguna aclaración que permita comprender las razones por las que la Comisión llega a la conclusión de que no existe una ventaja en el considerando 148 de la Decisión impugnada. En efecto, en la medida en que la Comisión sostiene que el régimen fiscal privilegiado constituye una ayuda existente, admite necesariamente que dicho régimen fiscal constituye una ayuda y, por tanto, que confiere efectivamente una ventaja a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE. |
| --- | --- |

(105)

Asimismo, por lo que respecta a la alegación según la cual el régimen fiscal a efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, actividades económicas y bienes inmuebles podría constituir una ayuda existente, en la medida en que dicho régimen no parece haber sido modificado desde la adhesión de España, el Tribunal General señala que no ofrece ninguna aclaración que permita comprender las razones por las que la Comisión llega a la conclusión de que no existe una ventaja en el considerando 148 de la Decisión impugnada. En efecto, en la medida en que la Comisión sostiene que el régimen fiscal privilegiado constituye una ayuda existente, admite necesariamente que dicho régimen fiscal constituye una ayuda y, por tanto, que confiere efectivamente una ventaja a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

| (106) | Por último, en lo que atañe a la alegación según la cual la ventaja resultante de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, actividades económicas y bienes inmuebles es de escasa entidad en comparación con el impuesto sobre sociedades, el Tribunal General constata que tampoco permite dotar de sentido a la Decisión impugnada. En efecto, el Tribunal General afirma que admitir la escasa entidad de una ventaja supone necesariamente admitir su realidad. Por otra parte, el Tribunal General recuerda que la Comisión precisó en la vista que no era su intención afirmar, mediante esta alegación, que la ventaja derivada de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, actividades económicas y bienes inmuebles fuera inferior al umbral de la regla de minimis. En consecuencia, la alegación formulada no permite al Tribunal General comprender las razones por las que el régimen fiscal a efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, actividades económicas y bienes inmuebles no constituye una ventaja. |
| --- | --- |

(106)

Por último, en lo que atañe a la alegación según la cual la ventaja resultante de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, actividades económicas y bienes inmuebles es de escasa entidad en comparación con el impuesto sobre sociedades, el Tribunal General constata que tampoco permite dotar de sentido a la Decisión impugnada. En efecto, el Tribunal General afirma que admitir la escasa entidad de una ventaja supone necesariamente admitir su realidad. Por otra parte, el Tribunal General recuerda que la Comisión precisó en la vista que no era su intención afirmar, mediante esta alegación, que la ventaja derivada de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, actividades económicas y bienes inmuebles fuera inferior al umbral de la regla de minimis. En consecuencia, la alegación formulada no permite al Tribunal General comprender las razones por las que el régimen fiscal a efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, actividades económicas y bienes inmuebles no constituye una ventaja.

| (107) | El Tribunal General concluye de cuanto antecede que la Decisión impugnada adolece, efectivamente, de un defecto de motivación que le impide analizar el fundamento de la apreciación de la Comisión según la cual no se deriva ninguna ventaja del régimen aplicable a las cooperativas a efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, actividades económicas y bienes inmuebles. |
| --- | --- |

(107)

El Tribunal General concluye de cuanto antecede que la Decisión impugnada adolece, efectivamente, de un defecto de motivación que le impide analizar el fundamento de la apreciación de la Comisión según la cual no se deriva ninguna ventaja del régimen aplicable a las cooperativas a efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, actividades económicas y bienes inmuebles.

| (108) | No obstante, el Tribunal General recuerda que esta falta de motivación solo puede acarrear la anulación de la Decisión impugnada si esta carece de motivación suficiente en apoyo de su conclusión de que las medidas recurridas no constituyen una ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE. A este respecto, el Tribunal General señala que, en la Decisión impugnada, la Comisión afirma, por un lado, que las medidas recurridas no constituyen una ventaja y, por otro lado, que si dichas medidas constituyen una ventaja, esta no es selectiva, por ajustarse a la naturaleza y la economía del sistema. |
| --- | --- |

(108)

No obstante, el Tribunal General recuerda que esta falta de motivación solo puede acarrear la anulación de la Decisión impugnada si esta carece de motivación suficiente en apoyo de su conclusión de que las medidas recurridas no constituyen una ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE. A este respecto, el Tribunal General señala que, en la Decisión impugnada, la Comisión afirma, por un lado, que las medidas recurridas no constituyen una ventaja y, por otro lado, que si dichas medidas constituyen una ventaja, esta no es selectiva, por ajustarse a la naturaleza y la economía del sistema.

2.   Segundo submotivo: error de apreciación de la conformidad de las medidas recurridas con la naturaleza y la economía del sistema fiscal español que afecta a la consideración de que estas medidas no tienen carácter selectivo

| (109) | Según el Tribunal General, la Decisión impugnada no menciona ningún elemento que permita comprender el razonamiento seguido por la Comisión para llegar a la conclusión de que las medidas recurridas no son selectivas (considerando 148), por estar justificadas por la naturaleza y la economía del sistema (considerando 167). |
| --- | --- |

(109)

Según el Tribunal General, la Decisión impugnada no menciona ningún elemento que permita comprender el razonamiento seguido por la Comisión para llegar a la conclusión de que las medidas recurridas no son selectivas (considerando 148), por estar justificadas por la naturaleza y la economía del sistema (considerando 167).

| (110) | El Tribunal General afirma que, ciertamente, el considerando 148 de la Decisión impugnada indica que la Comisión considera que las medidas recurridas no son selectivas a la vista de la información facilitada por el Reino de España y por la Confederación de Cooperativas Agrarias de España. |
| --- | --- |

(110)

El Tribunal General afirma que, ciertamente, el considerando 148 de la Decisión impugnada indica que la Comisión considera que las medidas recurridas no son selectivas a la vista de la información facilitada por el Reino de España y por la Confederación de Cooperativas Agrarias de España.

| (111) | Ahora bien, el Tribunal General afirma que, por lo que respecta a la información comunicada por la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, tal como se recoge en la Decisión impugnada, es preciso señalar que se refieren a la inexistencia de ventajas y no a la inexistencia de carácter selectivo. Esta información no contiene, por tanto, elementos que apoyen un razonamiento en cuanto a la inexistencia de carácter selectivo de las ventajas derivadas de las medidas recurridas. Asimismo, en lo que atañe a la información comunicada por España, procede señalar que dicha información, según se refleja en los considerandos 103 a 120 de la Decisión impugnada, tiene por objeto esencialmente justificar las medidas recurridas en función de una política de liberalización del sector de la distribución de combustible. Pues bien, tal explicación no permite comprender las razones por las cuales las medidas recurridas están justificadas por la naturaleza o la economía del sistema fiscal. En efecto, el Tribunal General afirma que, salvo que se ofrezcan aclaraciones detalladas que no concurren en el presente caso, una consideración basada en la política de liberalización del mercado del combustible seguida por España no atañe necesariamente a la naturaleza o a la economía del sistema fiscal español. |
| --- | --- |

(111)

Ahora bien, el Tribunal General afirma que, por lo que respecta a la información comunicada por la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, tal como se recoge en la Decisión impugnada, es preciso señalar que se refieren a la inexistencia de ventajas y no a la inexistencia de carácter selectivo. Esta información no contiene, por tanto, elementos que apoyen un razonamiento en cuanto a la inexistencia de carácter selectivo de las ventajas derivadas de las medidas recurridas. Asimismo, en lo que atañe a la información comunicada por España, procede señalar que dicha información, según se refleja en los considerandos 103 a 120 de la Decisión impugnada, tiene por objeto esencialmente justificar las medidas recurridas en función de una política de liberalización del sector de la distribución de combustible. Pues bien, tal explicación no permite comprender las razones por las cuales las medidas recurridas están justificadas por la naturaleza o la economía del sistema fiscal. En efecto, el Tribunal General afirma que, salvo que se ofrezcan aclaraciones detalladas que no concurren en el presente caso, una consideración basada en la política de liberalización del mercado del combustible seguida por España no atañe necesariamente a la naturaleza o a la economía del sistema fiscal español.

| (112) | Por otra parte, el Tribunal General dice que la circunstancia señalada en el considerando 119 de la Decisión impugnada, según la cual los beneficios relacionados con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados son anteriores a las medidas recurridas y responden al objetivo de potenciar las sociedades cooperativas y el movimiento cooperativista en España, tampoco atañe necesariamente a la naturaleza y a la economía del sistema fiscal. |
| --- | --- |

(112)

Por otra parte, el Tribunal General dice que la circunstancia señalada en el considerando 119 de la Decisión impugnada, según la cual los beneficios relacionados con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados son anteriores a las medidas recurridas y responden al objetivo de potenciar las sociedades cooperativas y el movimiento cooperativista en España, tampoco atañe necesariamente a la naturaleza y a la economía del sistema fiscal.

| (113) | En cualquier caso, prosigue el Tribunal General, aun admitiendo, pese a la inexistencia absoluta de explicación detallada al respecto en la Decisión impugnada, que la Comisión considerase que la promoción del movimiento cooperativista formaba parte de la naturaleza y de la economía del sistema fiscal español, es preciso observar que el considerando 119 de la Decisión impugnada únicamente menciona esta justificación respecto a la ventaja derivada del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y nada dice sobre las ventajas derivadas del régimen de los impuestos sobre bienes inmuebles, por un lado, y de actividades económicas, por otro. |
| --- | --- |

(113)

En cualquier caso, prosigue el Tribunal General, aun admitiendo, pese a la inexistencia absoluta de explicación detallada al respecto en la Decisión impugnada, que la Comisión considerase que la promoción del movimiento cooperativista formaba parte de la naturaleza y de la economía del sistema fiscal español, es preciso observar que el considerando 119 de la Decisión impugnada únicamente menciona esta justificación respecto a la ventaja derivada del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y nada dice sobre las ventajas derivadas del régimen de los impuestos sobre bienes inmuebles, por un lado, y de actividades económicas, por otro.

| (114) | Por consiguiente, de lo anterior se desprende para el Tribunal General que la Decisión impugnada adolece de un defecto de motivación que le impide analizar el fundamento de la apreciación de la Comisión según la cual, aun suponiendo que las medidas recurridas constituyan una ventaja, dicha ventaja no es selectiva, por estar justificada por la naturaleza y la economía del sistema. |
| --- | --- |

(114)

Por consiguiente, de lo anterior se desprende para el Tribunal General que la Decisión impugnada adolece de un defecto de motivación que le impide analizar el fundamento de la apreciación de la Comisión según la cual, aun suponiendo que las medidas recurridas constituyan una ventaja, dicha ventaja no es selectiva, por estar justificada por la naturaleza y la economía del sistema.

| (115) | Por tanto, el Tribunal General señala que, de la constatación de la falta de motivación efectuada en el considerando 90 y de la expuesta en el apartado precedente se desprende que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada por lo que respecta a la apreciación según la cual las medidas recurridas no constituyen ayudas estatales a efectos del artículo 107, apartado 1, del TFUE. |
| --- | --- |

(115)

Por tanto, el Tribunal General señala que, de la constatación de la falta de motivación efectuada en el considerando 90 y de la expuesta en el apartado precedente se desprende que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada por lo que respecta a la apreciación según la cual las medidas recurridas no constituyen ayudas estatales a efectos del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

| (116) | El Tribunal General concluye que procede anular la Decisión impugnada por cuanto la Comisión incumplió la obligación de motivación que le impone el artículo 296 del TFUE. Así, el Tribunal General declara y sentencia que se anula el artículo 1 de la Decisión 2003/293/CE de la Comisión en la medida en que declara que las medidas de apoyo a las cooperativas agrarias que figuran en el Real Decreto-ley 10/2000 de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte, no constituyen una ayuda a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE. |
| --- | --- |

(116)

El Tribunal General concluye que procede anular la Decisión impugnada por cuanto la Comisión incumplió la obligación de motivación que le impone el artículo 296 del TFUE. Así, el Tribunal General declara y sentencia que se anula el artículo 1 de la Decisión 2003/293/CE de la Comisión en la medida en que declara que las medidas de apoyo a las cooperativas agrarias que figuran en el Real Decreto-ley 10/2000 de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte, no constituyen una ayuda a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

VII.   APRECIACIÓN

| (117) | Los artículos 107 y 108 del TFUE se aplican a todos los productos agrícolas del anexo I que están sujetos a una organización común de mercado (todos los productos agrícolas, salvo las patatas distintas de las patatas de fécula, la carne equina, la miel, el café, el alcohol de origen agrícola, el vinagre derivado de alcohol y el corcho), de conformidad con los distintos Reglamentos que regulan las correspondientes organizaciones comunes de mercado. |
| --- | --- |

(117)

Los artículos 107 y 108 del TFUE se aplican a todos los productos agrícolas del anexo I que están sujetos a una organización común de mercado (todos los productos agrícolas, salvo las patatas distintas de las patatas de fécula, la carne equina, la miel, el café, el alcohol de origen agrícola, el vinagre derivado de alcohol y el corcho), de conformidad con los distintos Reglamentos que regulan las correspondientes organizaciones comunes de mercado.

1.   Artículo 107, apartado 1, del TFUE

| (118) | Según lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, son incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. |
| --- | --- |

(118)

Según lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, son incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

| (119) | Las medidas que nos ocupan adoptan la forma de un tratamiento tributario diferenciado a favor de las cooperativas agrarias. |
| --- | --- |

(119)

Las medidas que nos ocupan adoptan la forma de un tratamiento tributario diferenciado a favor de las cooperativas agrarias.

| (120) | La Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (21) establece que son contrarias a las normas de la competencia y están sometidas a la aplicación del artículo 107 las ayudas estatales relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas, cuando:






  — | la ventaja la concede el Estado o se concede por medio de recursos del Estado, |
| --- | --- | --- |

(120)

La Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (21) establece que son contrarias a las normas de la competencia y están sometidas a la aplicación del artículo 107 las ayudas estatales relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas, cuando:

—

la ventaja la concede el Estado o se concede por medio de recursos del Estado,

| — | la medida afecta a la competencia y a los intercambios entre Estados miembros, |
| --- | --- |

—

la medida afecta a la competencia y a los intercambios entre Estados miembros,

| — | la medida es específica o selectiva en el sentido de que favorece a algunas empresas o a algunas producciones, es decir, falsea o amenaza con falsear la competencia, |
| --- | --- |

—

la medida es específica o selectiva en el sentido de que favorece a algunas empresas o a algunas producciones, es decir, falsea o amenaza con falsear la competencia,

| — | la medida concede a sus beneficiarios una ventaja que reduce las cargas que suelen gravar su presupuesto. |
| --- | --- |

—

la medida concede a sus beneficiarios una ventaja que reduce las cargas que suelen gravar su presupuesto.

| (121) | En primer lugar, es necesario tener en cuenta que, tal como se recuerda en el punto 3.2.7 de la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre fomento de las cooperativas en Europa (22), las cooperativas que ejercen una actividad económica, incluidas las cooperativas agrarias, se consideran «empresas» con arreglo al TFUE y, por tanto, están sujetas a la normativa europea sobre competencia y ayudas estatales y, también, a las diversas excepciones, límites y normas de minimis. |
| --- | --- |

(121)

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que, tal como se recuerda en el punto 3.2.7 de la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre fomento de las cooperativas en Europa (22), las cooperativas que ejercen una actividad económica, incluidas las cooperativas agrarias, se consideran «empresas» con arreglo al TFUE y, por tanto, están sujetas a la normativa europea sobre competencia y ayudas estatales y, también, a las diversas excepciones, límites y normas de minimis.

| (122) | El análisis que nos ocupa debe centrarse en las medidas concretas notificadas a favor de las cooperativas agrarias tomadas a raíz del alza del precio del combustible (artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000), teniendo en cuenta, primeramente, los cuatro criterios arriba mencionados. |
| --- | --- |

(122)

El análisis que nos ocupa debe centrarse en las medidas concretas notificadas a favor de las cooperativas agrarias tomadas a raíz del alza del precio del combustible (artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000), teniendo en cuenta, primeramente, los cuatro criterios arriba mencionados.

| (123) | Dado que las medidas notificadas permiten ampliar el ámbito de aplicación del régimen fiscal privilegiado de las cooperativas a su actividad de suministro de gasóleo B a terceros no socios, debe calificarse dicho régimen fiscal privilegiado según el artículo 107 del TFUE. |
| --- | --- |

(123)

Dado que las medidas notificadas permiten ampliar el ámbito de aplicación del régimen fiscal privilegiado de las cooperativas a su actividad de suministro de gasóleo B a terceros no socios, debe calificarse dicho régimen fiscal privilegiado según el artículo 107 del TFUE.

1.1.   El criterio de «recursos del Estado»

| (124) | De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que una ventaja pueda calificarse de ayuda estatal, es necesario, en primer lugar, que se conceda, directa o indirectamente, con recursos del Estado, y, en segundo lugar, que sea imputable al Estado (23). |
| --- | --- |

(124)

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que una ventaja pueda calificarse de ayuda estatal, es necesario, en primer lugar, que se conceda, directa o indirectamente, con recursos del Estado, y, en segundo lugar, que sea imputable al Estado (23).

| (125) | El punto 10 de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas explica que una pérdida de ingresos fiscales equivale al consumo de recursos del Estado en forma de gastos fiscales. Por otra parte, la intervención del Estado puede efectuarse tanto mediante disposiciones fiscales de naturaleza legal, reglamentaria o administrativa, como mediante prácticas de la administración fiscal. |
| --- | --- |

(125)

El punto 10 de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas explica que una pérdida de ingresos fiscales equivale al consumo de recursos del Estado en forma de gastos fiscales. Por otra parte, la intervención del Estado puede efectuarse tanto mediante disposiciones fiscales de naturaleza legal, reglamentaria o administrativa, como mediante prácticas de la administración fiscal.

| (126) | Mediante el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000, el Estado español introdujo modificaciones en la Ley 27/1999 de cooperativas, así como en la Ley 20/1990 sobre régimen fiscal de las cooperativas. Por un lado, en las operaciones de suministro de gasóleo B a terceros no socios, se suprime el límite máximo del 50 % del volumen de negocios de las operaciones realizadas por cooperativas agrarias con terceros no socios sin perder la condición de cooperativa fiscalmente protegida establecida en la Ley 20/1990. Por otro lado, la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos se modifica suprimiendo, para la distribución de gasóleo B a los no socios por parte de las cooperativas agrarias, la exigencia de constituir una entidad dotada de personalidad jurídica propia sometida al régimen fiscal general. |
| --- | --- |

(126)

Mediante el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000, el Estado español introdujo modificaciones en la Ley 27/1999 de cooperativas, así como en la Ley 20/1990 sobre régimen fiscal de las cooperativas. Por un lado, en las operaciones de suministro de gasóleo B a terceros no socios, se suprime el límite máximo del 50 % del volumen de negocios de las operaciones realizadas por cooperativas agrarias con terceros no socios sin perder la condición de cooperativa fiscalmente protegida establecida en la Ley 20/1990. Por otro lado, la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos se modifica suprimiendo, para la distribución de gasóleo B a los no socios por parte de las cooperativas agrarias, la exigencia de constituir una entidad dotada de personalidad jurídica propia sometida al régimen fiscal general.

| (127) | Debe recordarse que, como se ha descrito en el considerando 20 de la presente Decisión, se conceden varias ventajas a las cooperativas agrícolas en el marco de varios impuestos. El Estado español, al ampliar el volumen de operaciones de suministro de gasóleo B por parte de las cooperativas agrarias a terceros no socios más allá del 50 % permitido por la ley, sin pérdida del privilegio fiscal, está renunciando claramente a ingresos fiscales y, por lo tanto, consume recursos del Estado en forma de gastos fiscales. Además, al suprimir para la distribución de gasóleo B a los no socios la exigencia de que las cooperativas constituyan una entidad dotada de personalidad jurídica propia sometida al régimen fiscal general, el Estado español está renunciando a todo posible ingreso fiscal vinculado a dicho estatuto y, por lo tanto, consume recursos del Estado en forma de gastos fiscales. |
| --- | --- |

(127)

Debe recordarse que, como se ha descrito en el considerando 20 de la presente Decisión, se conceden varias ventajas a las cooperativas agrícolas en el marco de varios impuestos. El Estado español, al ampliar el volumen de operaciones de suministro de gasóleo B por parte de las cooperativas agrarias a terceros no socios más allá del 50 % permitido por la ley, sin pérdida del privilegio fiscal, está renunciando claramente a ingresos fiscales y, por lo tanto, consume recursos del Estado en forma de gastos fiscales. Además, al suprimir para la distribución de gasóleo B a los no socios la exigencia de que las cooperativas constituyan una entidad dotada de personalidad jurídica propia sometida al régimen fiscal general, el Estado español está renunciando a todo posible ingreso fiscal vinculado a dicho estatuto y, por lo tanto, consume recursos del Estado en forma de gastos fiscales.

| (128) | En su sentencia de 27 de enero de 1998, el Tribunal General reconoció que el criterio de utilización de recursos públicos puede interpretarse también en sentido negativo, cuando la intervención lleva consigo una pérdida de ingresos que habrían debido revertir en el presupuesto del Estado, bajo la forma, por ejemplo, de una exención fiscal, tal como sucede en el presente caso (24). |
| --- | --- |

(128)

En su sentencia de 27 de enero de 1998, el Tribunal General reconoció que el criterio de utilización de recursos públicos puede interpretarse también en sentido negativo, cuando la intervención lleva consigo una pérdida de ingresos que habrían debido revertir en el presupuesto del Estado, bajo la forma, por ejemplo, de una exención fiscal, tal como sucede en el presente caso (24).

| (129) | Por consiguiente, en el presente asunto nos encontramos ante ventajas imputables al Estado y concedidas directamente mediante recursos del Estado. |
| --- | --- |

(129)

Por consiguiente, en el presente asunto nos encontramos ante ventajas imputables al Estado y concedidas directamente mediante recursos del Estado.

1.2.   El criterio de «alteración de los intercambios»

| (130) | Para que entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, del TFUE, las ayudas deben afectar, además, a la competencia y a los intercambios entre Estados miembros. Este criterio implica que el beneficiario de la ayuda ejerce una actividad económica. |
| --- | --- |

(130)

Para que entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, del TFUE, las ayudas deben afectar, además, a la competencia y a los intercambios entre Estados miembros. Este criterio implica que el beneficiario de la ayuda ejerce una actividad económica.

| (131) | Según la jurisprudencia reiterada sobre dicha disposición, se considera que los intercambios comerciales se ven afectados cuando la empresa beneficiaria ejerce una actividad económica objeto de intercambios comerciales entre los Estados miembros. El Tribunal de Justicia ha comprobado que, cuando una ventaja concedida por un Estado miembro potencia la posición de una categoría de empresas con relación a otras empresas competidoras en los intercambios intracomunitarios, debe considerarse que tal ventaja influye en estos últimos (25). |
| --- | --- |

(131)

Según la jurisprudencia reiterada sobre dicha disposición, se considera que los intercambios comerciales se ven afectados cuando la empresa beneficiaria ejerce una actividad económica objeto de intercambios comerciales entre los Estados miembros. El Tribunal de Justicia ha comprobado que, cuando una ventaja concedida por un Estado miembro potencia la posición de una categoría de empresas con relación a otras empresas competidoras en los intercambios intracomunitarios, debe considerarse que tal ventaja influye en estos últimos (25).

| (132) | En el presente caso, las cooperativas agrarias ejercen una actividad económica que es objeto de intercambios comerciales entre los Estados miembros. Los intercambios comerciales de productos agrícolas entre la Unión Europea y España son, en efecto, muy importantes. Por ejemplo, en 1999 España exportó productos agrícolas con destino a la Comunidad Europea por valor de 11 329 millones EUR e importó productos de este tipo por valor de 7 382 millones EUR. En 2007, el importe de las exportaciones de productos agrícolas de España con destino a los países de la Unión Europea alcanzó 33 120 millones EUR y el de las importaciones, 27 140 millones EUR (26). |
| --- | --- |

(132)

En el presente caso, las cooperativas agrarias ejercen una actividad económica que es objeto de intercambios comerciales entre los Estados miembros. Los intercambios comerciales de productos agrícolas entre la Unión Europea y España son, en efecto, muy importantes. Por ejemplo, en 1999 España exportó productos agrícolas con destino a la Comunidad Europea por valor de 11 329 millones EUR e importó productos de este tipo por valor de 7 382 millones EUR. En 2007, el importe de las exportaciones de productos agrícolas de España con destino a los países de la Unión Europea alcanzó 33 120 millones EUR y el de las importaciones, 27 140 millones EUR (26).

| (133) | De forma particular en el presente asunto, las empresas beneficiarias operan en sectores expuestos a la competencia, como la distribución de carburante. Resulta obligado señalar que existe una competencia intensa entre los productores de los Estados miembros cuyos productos son objeto de intercambios intracomunitarios. Los productores españoles participan plenamente en esta competencia. Además, el número considerable de beneficiarios de estas medidas aumentará la incidencia de estas en los intercambios. |
| --- | --- |

(133)

De forma particular en el presente asunto, las empresas beneficiarias operan en sectores expuestos a la competencia, como la distribución de carburante. Resulta obligado señalar que existe una competencia intensa entre los productores de los Estados miembros cuyos productos son objeto de intercambios intracomunitarios. Los productores españoles participan plenamente en esta competencia. Además, el número considerable de beneficiarios de estas medidas aumentará la incidencia de estas en los intercambios.

| (134) | Todo indica que estas medidas podrían afectar a los intercambios de los productos en cuestión entre los Estados miembros, lo cual se produce cuando dichas medidas favorecen a operadores activos en un Estado miembro en detrimento de los otros Estados miembros. Las dos medidas en cuestión tienen una repercusión directa e inmediata en los costes de producción de los productos de que se trata en España. Por tanto, afectan a la competencia y a los intercambios entre Estados miembros. |
| --- | --- |

(134)

Todo indica que estas medidas podrían afectar a los intercambios de los productos en cuestión entre los Estados miembros, lo cual se produce cuando dichas medidas favorecen a operadores activos en un Estado miembro en detrimento de los otros Estados miembros. Las dos medidas en cuestión tienen una repercusión directa e inmediata en los costes de producción de los productos de que se trata en España. Por tanto, afectan a la competencia y a los intercambios entre Estados miembros.

1.3.   El criterio de «ventaja»

| (135) | Según una jurisprudencia reiterada, el concepto de ayuda es más general que el de subvención, dado que incluye no solo prestaciones positivas, como las propias subvenciones, sino también las intervenciones del Estado que, bajo distintas formas, reducen las cargas que suelen gravar el presupuesto de una empresa y que, sin ser subvenciones en el sentido estricto de la palabra, son de la misma naturaleza y tienen efectos idénticos (27). |
| --- | --- |

(135)

Según una jurisprudencia reiterada, el concepto de ayuda es más general que el de subvención, dado que incluye no solo prestaciones positivas, como las propias subvenciones, sino también las intervenciones del Estado que, bajo distintas formas, reducen las cargas que suelen gravar el presupuesto de una empresa y que, sin ser subvenciones en el sentido estricto de la palabra, son de la misma naturaleza y tienen efectos idénticos (27).

| (136) | Por lo tanto, según el Tribunal de Justicia, una medida por la cual las autoridades públicas conceden a algunas empresas una exención fiscal que, si bien no conlleva una transferencia de fondos estatales, coloca a los beneficiarios en una situación financiera más favorable que la de los demás contribuyentes, constituye una ayuda estatal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE. |
| --- | --- |

(136)

Por lo tanto, según el Tribunal de Justicia, una medida por la cual las autoridades públicas conceden a algunas empresas una exención fiscal que, si bien no conlleva una transferencia de fondos estatales, coloca a los beneficiarios en una situación financiera más favorable que la de los demás contribuyentes, constituye una ayuda estatal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE.

| (137) | A tenor de lo dispuesto en la Comunicación sobre la fiscalidad directa de las empresas, tal ventaja puede concederse mediante una reducción de la carga fiscal de la empresa de distintas formas, concretamente: mediante la reducción de la base imponible (deducciones especiales, amortización extraordinaria o acelerada, inscripción de reservas en el balance, etc.); mediante la reducción total o parcial de la cuantía del impuesto (exención, crédito fiscal, etc.), o mediante el aplazamiento, la anulación o, incluso, el reescalonamiento excepcional de la deuda fiscal. |
| --- | --- |

(137)

A tenor de lo dispuesto en la Comunicación sobre la fiscalidad directa de las empresas, tal ventaja puede concederse mediante una reducción de la carga fiscal de la empresa de distintas formas, concretamente: mediante la reducción de la base imponible (deducciones especiales, amortización extraordinaria o acelerada, inscripción de reservas en el balance, etc.); mediante la reducción total o parcial de la cuantía del impuesto (exención, crédito fiscal, etc.), o mediante el aplazamiento, la anulación o, incluso, el reescalonamiento excepcional de la deuda fiscal.

| (138) | El régimen fiscal de las sociedades cooperativas con relación a las sociedades no cooperativas que existe en España se describe en el considerando 20 de la presente Decisión. Se trata, de hecho, de las ventajas de las que gozan todas las cooperativas protegidas, entre las que se encuentran las cooperativas agrarias, y que normalmente no son aplicables a las sociedades no cooperativas. Asimismo, conviene precisar que no se incluye entre los privilegios fiscales de dichas cooperativas el tipo reducido de 20 % aplicado sobre la base imponible correspondiente a los resultados cooperativos (porque están relacionados con las actividades llevadas a cabo con sus miembros). |
| --- | --- |

(138)

El régimen fiscal de las sociedades cooperativas con relación a las sociedades no cooperativas que existe en España se describe en el considerando 20 de la presente Decisión. Se trata, de hecho, de las ventajas de las que gozan todas las cooperativas protegidas, entre las que se encuentran las cooperativas agrarias, y que normalmente no son aplicables a las sociedades no cooperativas. Asimismo, conviene precisar que no se incluye entre los privilegios fiscales de dichas cooperativas el tipo reducido de 20 % aplicado sobre la base imponible correspondiente a los resultados cooperativos (porque están relacionados con las actividades llevadas a cabo con sus miembros).

| (139) | Las modificaciones que aporta el Real Decreto ley 10/2000 pueden permitir a las cooperativas agrarias dedicar la mayor parte de su actividad, o incluso la totalidad de ella, a la distribución de gasóleo B, sin someterse pese a ello al mismo trato fiscal que las empresas no cooperativas. |
| --- | --- |

(139)

Las modificaciones que aporta el Real Decreto ley 10/2000 pueden permitir a las cooperativas agrarias dedicar la mayor parte de su actividad, o incluso la totalidad de ella, a la distribución de gasóleo B, sin someterse pese a ello al mismo trato fiscal que las empresas no cooperativas.

| (140) | Tal y como indica el Tribunal General en el asunto T-146/03 (28), antes de la aprobación de estas medidas, el estatuto fiscal de las cooperativas no se aplicaba a la actividad de distribución de combustible por cuanto esta actividad debía ser realizada por una entidad jurídica distinta que no se beneficiara de este régimen fiscal privilegiado. A partir de la entrada en vigor de las medidas recurridas, el ámbito de aplicación de este régimen fiscal privilegiado se extendió a las actividades de distribución de combustible. Por tanto, el Tribunal General considera que la situación fiscal de las cooperativas agrarias, en cuanto a la distribución de gasóleo B a terceros no miembros, se vio modificada por las medidas recurridas. |
| --- | --- |

(140)

Tal y como indica el Tribunal General en el asunto T-146/03 (28), antes de la aprobación de estas medidas, el estatuto fiscal de las cooperativas no se aplicaba a la actividad de distribución de combustible por cuanto esta actividad debía ser realizada por una entidad jurídica distinta que no se beneficiara de este régimen fiscal privilegiado. A partir de la entrada en vigor de las medidas recurridas, el ámbito de aplicación de este régimen fiscal privilegiado se extendió a las actividades de distribución de combustible. Por tanto, el Tribunal General considera que la situación fiscal de las cooperativas agrarias, en cuanto a la distribución de gasóleo B a terceros no miembros, se vio modificada por las medidas recurridas.

| (141) | La Comisión constata, en efecto, que, con estas medidas, las cooperativas agrarias, que pueden en adelante realizar intercambios con terceros no socios de manera ilimitada, conservando, al mismo tiempo, un régimen jurídico diferente al de las empresas no cooperativas, o incluso de cooperativas no agrarias, que distribuyen gasóleo B, se colocan, en cuanto a la distribución de gasóleo B a terceros no miembros, en una situación de ventaja con relación a las empresas no cooperativas, puesto que mantienen su tratamiento fiscal. |
| --- | --- |

(141)

La Comisión constata, en efecto, que, con estas medidas, las cooperativas agrarias, que pueden en adelante realizar intercambios con terceros no socios de manera ilimitada, conservando, al mismo tiempo, un régimen jurídico diferente al de las empresas no cooperativas, o incluso de cooperativas no agrarias, que distribuyen gasóleo B, se colocan, en cuanto a la distribución de gasóleo B a terceros no miembros, en una situación de ventaja con relación a las empresas no cooperativas, puesto que mantienen su tratamiento fiscal.

| (142) | En efecto, debe recordarse que, para establecer la base imponible de las cooperativas, los resultados de las acciones cooperativas (llevadas a cabo por sus miembros) y los de las acciones extracooperativas (llevadas a cabo por los no asociados) deben considerarse de modo separado y no pueden estar sujetas a la misma imposición. Sin embargo, pese a la separación de las contabilidades, dado que la cooperativa agrícola continúa siendo una única entidad, seguirá disfrutando de otras ventajas fiscales que no están directamente vinculadas a la imposición de los beneficios mediante un tipo reducido, como es el caso de otras ventajas relativas al impuesto de sociedades, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y otros actos jurídicos documentados, el impuesto sobre las actividades económicas (que es totalmente independiente de los resultados de la sociedad) y el impuesto sobre bienes inmuebles. Las cooperativas conservan entonces su régimen fiscal especial, aunque aumentan el volumen de las operaciones de entrega de gasóleo B a terceros no miembros por encima del 50 %, creando una excepción a la ley nacional sobre las cooperativas, sin tener que constituir une entidad distinta con personalidad jurídica propia sometida al régimen fiscal general. |
| --- | --- |

(142)

En efecto, debe recordarse que, para establecer la base imponible de las cooperativas, los resultados de las acciones cooperativas (llevadas a cabo por sus miembros) y los de las acciones extracooperativas (llevadas a cabo por los no asociados) deben considerarse de modo separado y no pueden estar sujetas a la misma imposición. Sin embargo, pese a la separación de las contabilidades, dado que la cooperativa agrícola continúa siendo una única entidad, seguirá disfrutando de otras ventajas fiscales que no están directamente vinculadas a la imposición de los beneficios mediante un tipo reducido, como es el caso de otras ventajas relativas al impuesto de sociedades, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y otros actos jurídicos documentados, el impuesto sobre las actividades económicas (que es totalmente independiente de los resultados de la sociedad) y el impuesto sobre bienes inmuebles. Las cooperativas conservan entonces su régimen fiscal especial, aunque aumentan el volumen de las operaciones de entrega de gasóleo B a terceros no miembros por encima del 50 %, creando una excepción a la ley nacional sobre las cooperativas, sin tener que constituir une entidad distinta con personalidad jurídica propia sometida al régimen fiscal general.

| (143) | Por tanto, las cooperativas agrarias se encuentran en una situación financiera más favorable que el resto (29) de los contribuyentes, puesto que mantienen las ventajas vinculadas, en particular, al impuesto de sociedades y todas las ventajas vinculadas a otros impuestos. |
| --- | --- |

(143)

Por tanto, las cooperativas agrarias se encuentran en una situación financiera más favorable que el resto (29) de los contribuyentes, puesto que mantienen las ventajas vinculadas, en particular, al impuesto de sociedades y todas las ventajas vinculadas a otros impuestos.

| (144) | En lo que atañe a los argumentos formulados por la Confederación de Cooperativas Agrarias de España en el caso concreto del impuesto de sociedades, la Comisión recuerda, tal como hizo en su Decisión 2003/293/CE, que las cooperativas especialmente protegidas, como es el caso de las cooperativas agrarias, se benefician de una bonificación del 50 % de la cuota íntegra en el impuesto de sociedades. Además, existe una deducción del 50 % de las dotaciones destinadas al fondo de reserva obligatorio y una deducción del 100 % de los importes destinados al fondo de educación y promoción. Por último, existe la libertad de amortización de los elementos del activo fijo nuevo amortizable adquirido en los tres primeros años a partir de la inscripción en el registro de cooperativas. |
| --- | --- |

(144)

En lo que atañe a los argumentos formulados por la Confederación de Cooperativas Agrarias de España en el caso concreto del impuesto de sociedades, la Comisión recuerda, tal como hizo en su Decisión 2003/293/CE, que las cooperativas especialmente protegidas, como es el caso de las cooperativas agrarias, se benefician de una bonificación del 50 % de la cuota íntegra en el impuesto de sociedades. Además, existe una deducción del 50 % de las dotaciones destinadas al fondo de reserva obligatorio y una deducción del 100 % de los importes destinados al fondo de educación y promoción. Por último, existe la libertad de amortización de los elementos del activo fijo nuevo amortizable adquirido en los tres primeros años a partir de la inscripción en el registro de cooperativas.

| (145) | La Comisión admite que procede examinar los beneficios fiscales de los que disfrutan las sociedades cooperativas teniendo en cuenta las obligaciones fiscales impuestas a estas en contraposición a las sociedades no cooperativas. |
| --- | --- |

(145)

La Comisión admite que procede examinar los beneficios fiscales de los que disfrutan las sociedades cooperativas teniendo en cuenta las obligaciones fiscales impuestas a estas en contraposición a las sociedades no cooperativas.

| (146) | Según las observaciones de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, este beneficio fiscal no puede considerarse de forma desconectada del coste fiscal de los retornos en la renta del socio cooperativista en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que tiene unas características completamente distintas del dividendo en una empresa de capitales. En su opinión, la atenuación en la doble imposición efectuada en la relación sociedad de capitales-socio (dividendo empresarial) no tiene contrapartida en la relación sociedad cooperativa-socio cooperativista (retorno cooperativo), por lo cual el retorno tendría una mayor carga fiscal que el dividendo. El beneficio que pudiera obtener la cooperativa por la ventaja fiscal en el impuesto de sociedades quedaría corregido por la doble imposición a que está sujeto el socio de la cooperativa en virtud del IRPF así como la cooperativa en virtud del impuesto de sociedades, y por tanto por el incremento de tributación por esta vía. |
| --- | --- |

(146)

Según las observaciones de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, este beneficio fiscal no puede considerarse de forma desconectada del coste fiscal de los retornos en la renta del socio cooperativista en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que tiene unas características completamente distintas del dividendo en una empresa de capitales. En su opinión, la atenuación en la doble imposición efectuada en la relación sociedad de capitales-socio (dividendo empresarial) no tiene contrapartida en la relación sociedad cooperativa-socio cooperativista (retorno cooperativo), por lo cual el retorno tendría una mayor carga fiscal que el dividendo. El beneficio que pudiera obtener la cooperativa por la ventaja fiscal en el impuesto de sociedades quedaría corregido por la doble imposición a que está sujeto el socio de la cooperativa en virtud del IRPF así como la cooperativa en virtud del impuesto de sociedades, y por tanto por el incremento de tributación por esta vía.

| (147) | Ahora bien, según destaca el Tribunal General en su sentencia, este argumento debe entenderse referido únicamente a una corrección de la disminución del 50 % en el impuesto de sociedades, es decir, a la bonificación del 50 % con cargo a este impuesto. De hecho, la Comisión confirma que el argumento formulado por la Confederación de Cooperativas Agrarias de España se centra en esta medida. |
| --- | --- |

(147)

Ahora bien, según destaca el Tribunal General en su sentencia, este argumento debe entenderse referido únicamente a una corrección de la disminución del 50 % en el impuesto de sociedades, es decir, a la bonificación del 50 % con cargo a este impuesto. De hecho, la Comisión confirma que el argumento formulado por la Confederación de Cooperativas Agrarias de España se centra en esta medida.

| (148) | La Comisión considera que la ventaja debe examinarse a nivel de la cooperativa y no de sus miembros, pues la cooperativa sigue siendo el sujeto relevante en este análisis. Por consiguiente, las cifras aportadas por la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, sobre el tipo de imposición con cargo al impuesto de sociedades, no son probatorias. Además, estas cifras se refieren únicamente a la disponibilidad neta de fondos en favor del socio cooperativista tras la aplicación del impuesto. Así, como ejemplo, la Comisión considera que la situación económica de la cooperativa no se ve necesariamente debilitada por el aporte de capital a los fondos obligatorios, ya que los conserva y utiliza en casos muy concretos. |
| --- | --- |

(148)

La Comisión considera que la ventaja debe examinarse a nivel de la cooperativa y no de sus miembros, pues la cooperativa sigue siendo el sujeto relevante en este análisis. Por consiguiente, las cifras aportadas por la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, sobre el tipo de imposición con cargo al impuesto de sociedades, no son probatorias. Además, estas cifras se refieren únicamente a la disponibilidad neta de fondos en favor del socio cooperativista tras la aplicación del impuesto. Así, como ejemplo, la Comisión considera que la situación económica de la cooperativa no se ve necesariamente debilitada por el aporte de capital a los fondos obligatorios, ya que los conserva y utiliza en casos muy concretos.

| (149) | La Comisión considera, a la vista de las explicaciones facilitadas, que la fiscalidad de las cooperativas agrarias en España con cargo al impuesto de sociedades sí contiene elementos ventajosos. Además, el diferente trato fiscal con respecto a dicho impuesto no debe encontrar su lógica en algunas dificultades consustanciales a la actividad cooperativa, en particular, la doble imposición. Asimismo, cuando una cooperativa lleva a cabo operaciones con non miembros, actúa en el mercado de la misma manera que cualquiera otra empresa y no existen justificaciones para tratarla de manera diferente en comparación con las demás empresas. Así, la renta de las cooperativas procedente de las operaciones con los non miembros se grava al nivel de la cooperativa como si la actividad estaba realizada por una sociedad de capitales y los importes distribuidos a los miembros se tienen que gravar de la misma manera que los dividendos recibidos por los accionistas de una sociedad de capitales. |
| --- | --- |

(149)

La Comisión considera, a la vista de las explicaciones facilitadas, que la fiscalidad de las cooperativas agrarias en España con cargo al impuesto de sociedades sí contiene elementos ventajosos. Además, el diferente trato fiscal con respecto a dicho impuesto no debe encontrar su lógica en algunas dificultades consustanciales a la actividad cooperativa, en particular, la doble imposición. Asimismo, cuando una cooperativa lleva a cabo operaciones con non miembros, actúa en el mercado de la misma manera que cualquiera otra empresa y no existen justificaciones para tratarla de manera diferente en comparación con las demás empresas. Así, la renta de las cooperativas procedente de las operaciones con los non miembros se grava al nivel de la cooperativa como si la actividad estaba realizada por una sociedad de capitales y los importes distribuidos a los miembros se tienen que gravar de la misma manera que los dividendos recibidos por los accionistas de una sociedad de capitales.

| (150) | La Comisión constata, por último, que no se ha aportado ningún argumento sobre la libertad de amortización de los elementos del activo fijo nuevo amortizable adquirido en los tres primeros años a partir de la inscripción en el registro de cooperativas, ni en cuanto a las otras ventajas vinculadas al impuesto de sociedades. |
| --- | --- |

(150)

La Comisión constata, por último, que no se ha aportado ningún argumento sobre la libertad de amortización de los elementos del activo fijo nuevo amortizable adquirido en los tres primeros años a partir de la inscripción en el registro de cooperativas, ni en cuanto a las otras ventajas vinculadas al impuesto de sociedades.

| (151) | Asimismo, la Comisión recuerda que la ventaja no resulta tan solo del impuesto de sociedades sino también de otros impuestos, tal como se describe en el apartado 20 de la presente Decisión (impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuesto sobre actividades económicas e impuesto sobre bienes inmuebles). En el caso de estos impuestos no cabe compensación alguna por doble imposición. |
| --- | --- |

(151)

Asimismo, la Comisión recuerda que la ventaja no resulta tan solo del impuesto de sociedades sino también de otros impuestos, tal como se describe en el apartado 20 de la presente Decisión (impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuesto sobre actividades económicas e impuesto sobre bienes inmuebles). En el caso de estos impuestos no cabe compensación alguna por doble imposición.

| (152) | Las cooperativas agrarias mantienen entonces sus privilegios fiscales incluso al aumentar el volumen de operaciones de suministro de gasóleo B a terceros no socios por encima del 50 %, que constituye una excepción a la Ley nacional de cooperativas, sin tener que constituir una entidad distinta con personal jurídica propia sujeta al régimen fiscal general. |
| --- | --- |

(152)

Las cooperativas agrarias mantienen entonces sus privilegios fiscales incluso al aumentar el volumen de operaciones de suministro de gasóleo B a terceros no socios por encima del 50 %, que constituye una excepción a la Ley nacional de cooperativas, sin tener que constituir una entidad distinta con personal jurídica propia sujeta al régimen fiscal general.

| (153) | Según España, las medidas introducidas por el Real Decreto-ley 10/2000 no suponen una ayuda estatal por cuanto no inciden en las empresas competidoras que desarrollan la misma actividad, ya que todas las empresas del sector, incluidas las cooperativas agrarias, están sometidas a la misma tributación por el impuesto de sociedades (35 %). No obstante, como ya se ha mencionado anteriormente, las modificaciones que aporta el Real Decreto-ley 10/2000 pueden permitir a las cooperativas agrarias dedicar la mayor parte de su actividad, o incluso la totalidad de ella, a la distribución de gasóleo B, sin someterse pese a ello al mismo trato fiscal que las empresas no cooperativas, y por tanto sin perder su tratamiento fiscal ventajoso resultante de otras ventajas en el marco del impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el impuesto sobre actividades económicas (gravamen totalmente independiente de los resultados de una sociedad) y del impuesto sobre bienes inmuebles. |
| --- | --- |

(153)

Según España, las medidas introducidas por el Real Decreto-ley 10/2000 no suponen una ayuda estatal por cuanto no inciden en las empresas competidoras que desarrollan la misma actividad, ya que todas las empresas del sector, incluidas las cooperativas agrarias, están sometidas a la misma tributación por el impuesto de sociedades (35 %). No obstante, como ya se ha mencionado anteriormente, las modificaciones que aporta el Real Decreto-ley 10/2000 pueden permitir a las cooperativas agrarias dedicar la mayor parte de su actividad, o incluso la totalidad de ella, a la distribución de gasóleo B, sin someterse pese a ello al mismo trato fiscal que las empresas no cooperativas, y por tanto sin perder su tratamiento fiscal ventajoso resultante de otras ventajas en el marco del impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el impuesto sobre actividades económicas (gravamen totalmente independiente de los resultados de una sociedad) y del impuesto sobre bienes inmuebles.

| (154) | Así pues, la Comisión considera que, por lo que se refiere a las medidas adoptadas mediante el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000, se cumple el criterio de «ventaja». |
| --- | --- |

(154)

Así pues, la Comisión considera que, por lo que se refiere a las medidas adoptadas mediante el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000, se cumple el criterio de «ventaja».

1.4.   El criterio de «selectividad»

| (155) | Para que una medida constituya una ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE, debe conferir una ventaja selectiva en beneficio exclusivo de determinadas empresas o determinados sectores de actividad. Este artículo contempla, en efecto, las ayudas que falsean o amenazan con falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones (30). |
| --- | --- |

(155)

Para que una medida constituya una ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE, debe conferir una ventaja selectiva en beneficio exclusivo de determinadas empresas o determinados sectores de actividad. Este artículo contempla, en efecto, las ayudas que falsean o amenazan con falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones (30).

| (156) | Al analizar el carácter selectivo de una medida, la Comisión debe examinar si la diferenciación entre empresas introducida por la medida en cuestión en lo que se refiere a ventajas o cargas es consecuencia de la naturaleza o la economía del sistema general aplicable. Según la jurisprudencia, a una medida fiscal específica que está justificada por la lógica interna del sistema tributario no debe aplicarse el artículo 107, apartado 1, del TFUE (31). Si esta diferenciación se basa en otras finalidades que las perseguidas por el sistema general, en principio se considera que la medida en cuestión cumple la condición de selectividad prevista en el artículo 107, apartado 1, del TFUE. |
| --- | --- |

(156)

Al analizar el carácter selectivo de una medida, la Comisión debe examinar si la diferenciación entre empresas introducida por la medida en cuestión en lo que se refiere a ventajas o cargas es consecuencia de la naturaleza o la economía del sistema general aplicable. Según la jurisprudencia, a una medida fiscal específica que está justificada por la lógica interna del sistema tributario no debe aplicarse el artículo 107, apartado 1, del TFUE (31). Si esta diferenciación se basa en otras finalidades que las perseguidas por el sistema general, en principio se considera que la medida en cuestión cumple la condición de selectividad prevista en el artículo 107, apartado 1, del TFUE.

| (157) | Por lo que se refiere a las medidas de fiscalidad diferenciada, el punto 20 de la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas relativas a las ayudas estatales a las medidas que dependen de los impuestos directos de las empresas recuerda que algunas ventajas fiscales se circunscriben, en ocasiones, a determinadas formas de empresa, determinadas funciones o determinados tipos de producción. Al favorecer a determinadas empresas o producciones, pueden ser constitutivas de ayudas estatales, en aplicación del artículo 107, apartado 1, del TFUE. |
| --- | --- |

(157)

Por lo que se refiere a las medidas de fiscalidad diferenciada, el punto 20 de la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas relativas a las ayudas estatales a las medidas que dependen de los impuestos directos de las empresas recuerda que algunas ventajas fiscales se circunscriben, en ocasiones, a determinadas formas de empresa, determinadas funciones o determinados tipos de producción. Al favorecer a determinadas empresas o producciones, pueden ser constitutivas de ayudas estatales, en aplicación del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

1.4.1.   ¿Favorecen las medidas a algunas empresas o producciones?

| (158) | Procede determinar si, en el marco del régimen jurídico español, la medida en cuestión puede favorecer a algunas empresas o producciones en relación con otras que puedan encontrarse, respecto al objetivo perseguido por dicho régimen, en una situación fáctica y jurídica comparable (32). |
| --- | --- |

(158)

Procede determinar si, en el marco del régimen jurídico español, la medida en cuestión puede favorecer a algunas empresas o producciones en relación con otras que puedan encontrarse, respecto al objetivo perseguido por dicho régimen, en una situación fáctica y jurídica comparable (32).

| (159) | La Comunicación de la Comisión sobre la promoción de las sociedades cooperativas en Europa reconoce que las cooperativas se gestionan en interés de sus socios, que son al mismo tiempo usuarios, y no en el de inversores externos. Los beneficios se distribuyen a los socios en proporción a sus operaciones con la cooperativa, mientras que las reservas y los activos de esta son comunes, no distribuibles y se dedican a los intereses comunes de sus socios. Dado que, en principio, los lazos personales entre los socios son fuertes, es necesario aprobar la entrada de nuevos socios, y los derechos de voto no son necesariamente proporcionales a su participación en la empresa. La renuncia de un socio le da derecho a un reembolso de participaciones e implica una reducción del capital. |
| --- | --- |

(159)

La Comunicación de la Comisión sobre la promoción de las sociedades cooperativas en Europa reconoce que las cooperativas se gestionan en interés de sus socios, que son al mismo tiempo usuarios, y no en el de inversores externos. Los beneficios se distribuyen a los socios en proporción a sus operaciones con la cooperativa, mientras que las reservas y los activos de esta son comunes, no distribuibles y se dedican a los intereses comunes de sus socios. Dado que, en principio, los lazos personales entre los socios son fuertes, es necesario aprobar la entrada de nuevos socios, y los derechos de voto no son necesariamente proporcionales a su participación en la empresa. La renuncia de un socio le da derecho a un reembolso de participaciones e implica una reducción del capital.

| (160) | Esta circunstancia lleva a definir el «modelo cooperativo mutualista puro», que puede utilizarse para evaluar si las cooperativas se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica que las sociedades de capitales en el caso del sistema fiscal español. |
| --- | --- |

(160)

Esta circunstancia lleva a definir el «modelo cooperativo mutualista puro», que puede utilizarse para evaluar si las cooperativas se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica que las sociedades de capitales en el caso del sistema fiscal español.

| (161) | En primer lugar, la cooperativa mutualista pura se caracteriza por una relación específica con sus miembros. Cada miembro es un socio con una voz en la administración de la cooperativa, en la que cada miembro dispone de un único voto, las decisiones se adoptan por mayoría y una dirección elegida es responsable ante sus miembros. Hay numerosas interacciones entre la cooperativa y sus miembros, que van más allá de simples relaciones comerciales. |
| --- | --- |

(161)

En primer lugar, la cooperativa mutualista pura se caracteriza por una relación específica con sus miembros. Cada miembro es un socio con una voz en la administración de la cooperativa, en la que cada miembro dispone de un único voto, las decisiones se adoptan por mayoría y una dirección elegida es responsable ante sus miembros. Hay numerosas interacciones entre la cooperativa y sus miembros, que van más allá de simples relaciones comerciales.

| (162) | Además, en la cooperativa mutualista pura se exige un reparto equitativo y justo de los resultados económicos, y cualquier excedente debe finalmente revertir en los miembros. Este hecho corresponde al principio de mutualidad, gracias al cual las cooperativas actúan en interés de sus miembros. Los miembros de una cooperativa de distribución o consumo reciben al final del ejercicio presupuestario beneficios económicos basados en el valor total de sus operaciones con la cooperativa (beneficios o bonificaciones personalizados). Pueden decidir, no obstante, que la cooperativa pueda retener una parte de estas bonificaciones o excedentes en favor de las distintas reservas. Por tanto, puede considerarse que las cooperativas mutualistas puras realizan intercambios comerciales exclusivamente con sus miembros, aunque eso no impida a los miembros de la cooperativa implicarse también en la producción. |
| --- | --- |

(162)

Además, en la cooperativa mutualista pura se exige un reparto equitativo y justo de los resultados económicos, y cualquier excedente debe finalmente revertir en los miembros. Este hecho corresponde al principio de mutualidad, gracias al cual las cooperativas actúan en interés de sus miembros. Los miembros de una cooperativa de distribución o consumo reciben al final del ejercicio presupuestario beneficios económicos basados en el valor total de sus operaciones con la cooperativa (beneficios o bonificaciones personalizados). Pueden decidir, no obstante, que la cooperativa pueda retener una parte de estas bonificaciones o excedentes en favor de las distintas reservas. Por tanto, puede considerarse que las cooperativas mutualistas puras realizan intercambios comerciales exclusivamente con sus miembros, aunque eso no impida a los miembros de la cooperativa implicarse también en la producción.

| (163) | Así es como, en lo que atañe, en particular, al impuesto de sociedades, en las cooperativas mutualistas puras, la cooperativa no obtiene beneficio, puesto que solo funciona en beneficio de sus miembros. Por esta razón, la Comisión considera que las cooperativas mutualistas puras y las sociedades lucrativas no se encuentran en una situación jurídica y fáctica comparable respecto a la tributación de los beneficios. En tal situación, la deducción del ingreso imponible a las cooperativas mutualistas puras no constituiría, pues, una ayuda estatal. |
| --- | --- |

(163)

Así es como, en lo que atañe, en particular, al impuesto de sociedades, en las cooperativas mutualistas puras, la cooperativa no obtiene beneficio, puesto que solo funciona en beneficio de sus miembros. Por esta razón, la Comisión considera que las cooperativas mutualistas puras y las sociedades lucrativas no se encuentran en una situación jurídica y fáctica comparable respecto a la tributación de los beneficios. En tal situación, la deducción del ingreso imponible a las cooperativas mutualistas puras no constituiría, pues, una ayuda estatal.

| (164) | No obstante, la Comisión también reconoce que el Real Decreto-ley 10/2000 suscita elementos que alteran el modelo cooperativo mutualista puro, en particular por la posible supresión del límite máximo del 50 % impuesto a las cooperativas agrarias para suministrar gasóleo B a terceros no socios sin perder la condición de cooperativa fiscalmente protegida, es decir, pone en cuestión el principio del exclusivismo en favor de las cooperativas agrarias. En efecto, el simple hecho de que las cooperativas puedan sobrepasar el límite de 50 % lacra el carácter «mutualista puro» de estas últimas puesto que una gran parte del volumen de negocios podrá generarse a través de no miembros de la cooperativa. La actividad de la cooperativa agrícola también podrá verse alterada profundamente y procede plantearse si los principios que caracterizan una cooperativa mutualista pura (como, por ejemplo, la participación activa de los miembros de la cooperativa en la gestión, en la toma de decisiones o incluso en su organización, o los principios de exclusivismo, altruismo, democracia) pueden mantenerse aun cuando los servicios de la cooperativa se abran ilimitadamente a los no miembros. Por lo demás, no puede ignorarse que la modificación de la naturaleza de los ingresos obtenidos por las operaciones realizadas con terceros no asociados se aleja de la naturaleza cooperativista. |
| --- | --- |

(164)

No obstante, la Comisión también reconoce que el Real Decreto-ley 10/2000 suscita elementos que alteran el modelo cooperativo mutualista puro, en particular por la posible supresión del límite máximo del 50 % impuesto a las cooperativas agrarias para suministrar gasóleo B a terceros no socios sin perder la condición de cooperativa fiscalmente protegida, es decir, pone en cuestión el principio del exclusivismo en favor de las cooperativas agrarias. En efecto, el simple hecho de que las cooperativas puedan sobrepasar el límite de 50 % lacra el carácter «mutualista puro» de estas últimas puesto que una gran parte del volumen de negocios podrá generarse a través de no miembros de la cooperativa. La actividad de la cooperativa agrícola también podrá verse alterada profundamente y procede plantearse si los principios que caracterizan una cooperativa mutualista pura (como, por ejemplo, la participación activa de los miembros de la cooperativa en la gestión, en la toma de decisiones o incluso en su organización, o los principios de exclusivismo, altruismo, democracia) pueden mantenerse aun cuando los servicios de la cooperativa se abran ilimitadamente a los no miembros. Por lo demás, no puede ignorarse que la modificación de la naturaleza de los ingresos obtenidos por las operaciones realizadas con terceros no asociados se aleja de la naturaleza cooperativista.

| (165) | Por consiguiente, en el caso que nos ocupa, todo indica que el carácter mutualista puro de las cooperativas del sector agrario afectadas por la medida es, ante todo, puesto en entredicho por el Real Decreto-ley 10/2000 y que este carácter resulta, en efecto, dudoso. Por estas razones, y de acuerdo con la normativa española vigente, la Comisión no está en condiciones de constatar, de forma innegable, el carácter mutualista puro de las cooperativas agrarias españolas en cuestión. Estas últimas deben someterse a comparación, por tanto, con las sociedades de capitales. |
| --- | --- |

(165)

Por consiguiente, en el caso que nos ocupa, todo indica que el carácter mutualista puro de las cooperativas del sector agrario afectadas por la medida es, ante todo, puesto en entredicho por el Real Decreto-ley 10/2000 y que este carácter resulta, en efecto, dudoso. Por estas razones, y de acuerdo con la normativa española vigente, la Comisión no está en condiciones de constatar, de forma innegable, el carácter mutualista puro de las cooperativas agrarias españolas en cuestión. Estas últimas deben someterse a comparación, por tanto, con las sociedades de capitales.

| (166) | Procede, no obstante, determinar el régimen jurídico en el cual las medidas deben evaluarse, es decir, el marco de referencia. A este respecto, cabe señalar que, en el caso de las ventajas fiscales concedidas a las cooperativas agrarias españolas, las medidas que nos ocupan constituyen excepciones particulares previstas por la Ley 20/1990 sobre régimen fiscal de las cooperativas. En sus artículos 16.5, 18.2, 33.1 a 33.4, y 34.1 a 34.2, la Ley contempla toda una serie de medidas favorables a las cooperativas especialmente protegidas, incluidas las cooperativas agrarias, en materia de impuesto de sociedades, de impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, de impuesto de actividades económicas y de impuesto de bienes inmuebles (los detalles de las ventajas se describen en el considerando 20). |
| --- | --- |

(166)

Procede, no obstante, determinar el régimen jurídico en el cual las medidas deben evaluarse, es decir, el marco de referencia. A este respecto, cabe señalar que, en el caso de las ventajas fiscales concedidas a las cooperativas agrarias españolas, las medidas que nos ocupan constituyen excepciones particulares previstas por la Ley 20/1990 sobre régimen fiscal de las cooperativas. En sus artículos 16.5, 18.2, 33.1 a 33.4, y 34.1 a 34.2, la Ley contempla toda una serie de medidas favorables a las cooperativas especialmente protegidas, incluidas las cooperativas agrarias, en materia de impuesto de sociedades, de impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, de impuesto de actividades económicas y de impuesto de bienes inmuebles (los detalles de las ventajas se describen en el considerando 20).

| (167) | Por tanto, procede determinar el objetivo perseguido por cada uno de estos cuatro impuestos. A este respecto cabe señalar que el objetivo del impuesto de sociedades es la fiscalidad sobre los beneficios de las empresas. El objetivo de cada uno de los demás impuestos es, respectivamente, la tributación por la transmisión patrimonial y la firma de un acto jurídico documentado, la tributación por el ejercicio de una actividad económica y la imposición sobre el derecho que se tenga sobre un bien inmueble. |
| --- | --- |

(167)

Por tanto, procede determinar el objetivo perseguido por cada uno de estos cuatro impuestos. A este respecto cabe señalar que el objetivo del impuesto de sociedades es la fiscalidad sobre los beneficios de las empresas. El objetivo de cada uno de los demás impuestos es, respectivamente, la tributación por la transmisión patrimonial y la firma de un acto jurídico documentado, la tributación por el ejercicio de una actividad económica y la imposición sobre el derecho que se tenga sobre un bien inmueble.

| (168) | Por último, y tal como ya se ha mencionado, es necesario determinar si las cooperativas y las sociedades de capitales se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable con respecto a estos objetivos y a estos cuatro impuestos. |
| --- | --- |

(168)

Por último, y tal como ya se ha mencionado, es necesario determinar si las cooperativas y las sociedades de capitales se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable con respecto a estos objetivos y a estos cuatro impuestos.

| (169) | En primer lugar, por lo que atañe al impuesto de sociedades, dado que la Comisión no puede confirmar el carácter mutualista puro de las cooperativas agrarias españolas en cuestión, las cuales, por definición, no obtendrían beneficios, no puede, pues, descartar tampoco que las cooperativas y las sociedades de capitales se encuentren, en lo que respecta a las ventajas vinculadas al impuesto, en una situación fáctica o jurídica comparable. |
| --- | --- |

(169)

En primer lugar, por lo que atañe al impuesto de sociedades, dado que la Comisión no puede confirmar el carácter mutualista puro de las cooperativas agrarias españolas en cuestión, las cuales, por definición, no obtendrían beneficios, no puede, pues, descartar tampoco que las cooperativas y las sociedades de capitales se encuentren, en lo que respecta a las ventajas vinculadas al impuesto, en una situación fáctica o jurídica comparable.

| (170) | Cuando una cooperativa lleva a cabo operaciones con no miembros, actúa en el mercado de la misma manera que cualquier otra empresa y se encuentra en una situación fáctica y jurídica comparable respecto al objetivo del impuesto de sociedades. Además, por lo que se refiere a las medidas fiscales destinadas a las reservas indivisibles de las cooperativas, la Comisión considera que, desde el punto de vista de la aplicación del impuesto de sociedades, tales reservas son comparables a las reservas de las sociedades de capitales. Desde el punto de vista de la cooperativa, la asignación de beneficios a las reservas indivisibles sería esencialmente comparable al caso de las sociedades de capitales que conservan sus beneficios, porque las reservas indivisibles se utilizan a lo largo de las actividades de la cooperativa de manera similar a los beneficios reservados por las sociedades de capitales. La comparación debe efectuarse desde el punto de vista de la empresa y no desde el punto de vista de los accionistas o miembros de la cooperativa. Ni siquiera el carácter obligatorio de las reservas indivisibles de las cooperativas podría modificar el carácter de ayuda de la medida, puesto que las sociedades de capitales tienen también reservas legales obligatorias que, sin embargo, se gravan. La Comisión opina, pues, que las reservas indivisibles serían económicamente comparables a cualquier otra reserva de cualquier otra empresa. |
| --- | --- |

(170)

Cuando una cooperativa lleva a cabo operaciones con no miembros, actúa en el mercado de la misma manera que cualquier otra empresa y se encuentra en una situación fáctica y jurídica comparable respecto al objetivo del impuesto de sociedades. Además, por lo que se refiere a las medidas fiscales destinadas a las reservas indivisibles de las cooperativas, la Comisión considera que, desde el punto de vista de la aplicación del impuesto de sociedades, tales reservas son comparables a las reservas de las sociedades de capitales. Desde el punto de vista de la cooperativa, la asignación de beneficios a las reservas indivisibles sería esencialmente comparable al caso de las sociedades de capitales que conservan sus beneficios, porque las reservas indivisibles se utilizan a lo largo de las actividades de la cooperativa de manera similar a los beneficios reservados por las sociedades de capitales. La comparación debe efectuarse desde el punto de vista de la empresa y no desde el punto de vista de los accionistas o miembros de la cooperativa. Ni siquiera el carácter obligatorio de las reservas indivisibles de las cooperativas podría modificar el carácter de ayuda de la medida, puesto que las sociedades de capitales tienen también reservas legales obligatorias que, sin embargo, se gravan. La Comisión opina, pues, que las reservas indivisibles serían económicamente comparables a cualquier otra reserva de cualquier otra empresa.

| (171) | Así pues, toda medida en materia de impuesto de sociedades que dé lugar a un tratamiento diferenciado y más ventajoso de los beneficios, en general, y de los beneficios destinados a las reservas indivisibles, en particular, puede proporcionar una ventaja económica en favor de estas últimas con respecto a las sociedades de capital, que no pueden beneficiarse de ello aunque se encontraran en una situación comparable. |
| --- | --- |

(171)

Así pues, toda medida en materia de impuesto de sociedades que dé lugar a un tratamiento diferenciado y más ventajoso de los beneficios, en general, y de los beneficios destinados a las reservas indivisibles, en particular, puede proporcionar una ventaja económica en favor de estas últimas con respecto a las sociedades de capital, que no pueden beneficiarse de ello aunque se encontraran en una situación comparable.

| (172) | La Comisión considera que de ello se desprende que, por lo que se refiere a las ventajas vinculadas al impuesto de sociedades, las sociedades de capitales están en la misma situación que las sociedades cooperativas y, por esta razón, se puede afirmar que las sociedades cooperativas disfrutan de una ventaja con respecto a las sociedades de capitales. |
| --- | --- |

(172)

La Comisión considera que de ello se desprende que, por lo que se refiere a las ventajas vinculadas al impuesto de sociedades, las sociedades de capitales están en la misma situación que las sociedades cooperativas y, por esta razón, se puede afirmar que las sociedades cooperativas disfrutan de una ventaja con respecto a las sociedades de capitales.

| (173) | Por lo que se refiere al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, debe recordarse que este impuesto indirecto grava distintos actos jurídicos, como las transmisiones patrimoniales onerosas, los actos jurídicos documentados y algunas operaciones societarias (como los actos de financiación de la empresa, por ejemplo, la ampliación de capital de una sociedad mercantil). Por tanto, una sociedad de capital se verá gravada al llevar a cabo estos diferentes actos. Por el contrario, como se expone en el considerando 20 de la presente Decisión, las sociedades cooperativas disfrutan de una exención sobre los mismos hechos imponibles [constitución, ampliación de capital, concesión y anulación de préstamos, etc. (33)]. Por tanto, las sociedades cooperativas disfrutan de una ventaja con respecto a las sociedades de capitales. |
| --- | --- |

(173)

Por lo que se refiere al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, debe recordarse que este impuesto indirecto grava distintos actos jurídicos, como las transmisiones patrimoniales onerosas, los actos jurídicos documentados y algunas operaciones societarias (como los actos de financiación de la empresa, por ejemplo, la ampliación de capital de una sociedad mercantil). Por tanto, una sociedad de capital se verá gravada al llevar a cabo estos diferentes actos. Por el contrario, como se expone en el considerando 20 de la presente Decisión, las sociedades cooperativas disfrutan de una exención sobre los mismos hechos imponibles [constitución, ampliación de capital, concesión y anulación de préstamos, etc. (33)]. Por tanto, las sociedades cooperativas disfrutan de una ventaja con respecto a las sociedades de capitales.

| (174) | Por su parte, el impuesto sobre actividades económicas persigue gravar de forma directa la realización de cualquier tipo de actividad económica, empresarial, profesional o artística por parte de personas físicas y jurídicas en el territorio español (34). Por tanto, una sociedad de capital con un importe neto del volumen de negocios superior a 1 millón EUR estará sujeta a este impuesto según la actividad económica que ejerza. Como se menciona en el considerando 20 de la presente Decisión, la sociedades cooperativas disfrutan de una bonificación del 95 % sobre este impuesto (35). Por tanto, las sociedades cooperativas contempladas disfrutan de una ventaja con respecto a dichas sociedades de capital, que están plenamente sujetas a este impuesto. |
| --- | --- |

(174)

Por su parte, el impuesto sobre actividades económicas persigue gravar de forma directa la realización de cualquier tipo de actividad económica, empresarial, profesional o artística por parte de personas físicas y jurídicas en el territorio español (34). Por tanto, una sociedad de capital con un importe neto del volumen de negocios superior a 1 millón EUR estará sujeta a este impuesto según la actividad económica que ejerza. Como se menciona en el considerando 20 de la presente Decisión, la sociedades cooperativas disfrutan de una bonificación del 95 % sobre este impuesto (35). Por tanto, las sociedades cooperativas contempladas disfrutan de una ventaja con respecto a dichas sociedades de capital, que están plenamente sujetas a este impuesto.

| (175) | Por último, por lo que respecta al impuesto sobre bienes inmuebles, debe recordarse que se trata de un impuesto local que pretende gravar el valor de la titularidad dominical y otros derechos reales que recaigan sobre un bien inmueble. Las sociedades de capital están plenamente sujetas a este impuesto, a diferencia de las sociedades cooperativas que, tal como se describe en el apartado 20 de la presente Decisión, disfrutan de una bonificación del 95 % sobre el impuesto correspondiente a los bienes de naturaleza rústica de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra (36). Por tanto, para las zonas no urbanas, las sociedades cooperativas disfrutan de una ventaja con respecto a las sociedades de capital, que están plenamente sujetas a este impuesto. |
| --- | --- |

(175)

Por último, por lo que respecta al impuesto sobre bienes inmuebles, debe recordarse que se trata de un impuesto local que pretende gravar el valor de la titularidad dominical y otros derechos reales que recaigan sobre un bien inmueble. Las sociedades de capital están plenamente sujetas a este impuesto, a diferencia de las sociedades cooperativas que, tal como se describe en el apartado 20 de la presente Decisión, disfrutan de una bonificación del 95 % sobre el impuesto correspondiente a los bienes de naturaleza rústica de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra (36). Por tanto, para las zonas no urbanas, las sociedades cooperativas disfrutan de una ventaja con respecto a las sociedades de capital, que están plenamente sujetas a este impuesto.

| (176) | La Comisión considera que las sociedades de capital se hallan en el mismo plano y están en la misma situación que las sociedades cooperativas, y sin embargo puede afirmar que quedan excluidas de dichas ventajas (37). Por consiguiente las ventajas sí son selectivas, dado que se otorgan únicamente a las sociedades cooperativas. |
| --- | --- |

(176)

La Comisión considera que las sociedades de capital se hallan en el mismo plano y están en la misma situación que las sociedades cooperativas, y sin embargo puede afirmar que quedan excluidas de dichas ventajas (37). Por consiguiente las ventajas sí son selectivas, dado que se otorgan únicamente a las sociedades cooperativas.

| (177) | Por tanto, la Comisión debe considerar que las medidas establecidas en el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000 conceden una ventaja (38) selectiva a las cooperativas agrarias. |
| --- | --- |

(177)

Por tanto, la Comisión debe considerar que las medidas establecidas en el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000 conceden una ventaja (38) selectiva a las cooperativas agrarias.

1.4.2.   ¿Están las medidas justificadas por la naturaleza o la economía del régimen?

| (178) | Conviene a continuación discernir si las medidas fiscales en cuestión pueden estar justificadas por la naturaleza o la economía del sistema fiscal, circunstancia que incumbe demostrar al Estado miembro en cuestión. Una medida que establece una excepción a la aplicación del régimen fiscal general puede estar justificada por la naturaleza y la economía general del sistema fiscal si dicho Estado miembro puede demostrar que esa medida se deriva directamente de los principios fundadores o directivos de su sistema fiscal (39). |
| --- | --- |

(178)

Conviene a continuación discernir si las medidas fiscales en cuestión pueden estar justificadas por la naturaleza o la economía del sistema fiscal, circunstancia que incumbe demostrar al Estado miembro en cuestión. Una medida que establece una excepción a la aplicación del régimen fiscal general puede estar justificada por la naturaleza y la economía general del sistema fiscal si dicho Estado miembro puede demostrar que esa medida se deriva directamente de los principios fundadores o directivos de su sistema fiscal (39).

| (179) | Una justificación extraída de la naturaleza o de la economía del sistema fiscal en cuestión constituye una excepción al principio de prohibición de las ayudas estatales y, por lo tanto, debe interpretarse de manera estricta (40). Corresponde al Estado miembro demostrar la diferenciación en cuestión está justificada por la naturaleza y la economía de su sistema fiscal y que no constituye, por tanto, una ayuda en el sentido del artículo 107 del TFUE. A este respecto, debe distinguirse entre los objetivos perseguidos por un régimen fiscal particular y que le son externos, por un lado, y los mecanismos inherentes al propio sistema fiscal, que son necesarios para la consecución de dichos objetivos, por otro (41). |
| --- | --- |

(179)

Una justificación extraída de la naturaleza o de la economía del sistema fiscal en cuestión constituye una excepción al principio de prohibición de las ayudas estatales y, por lo tanto, debe interpretarse de manera estricta (40). Corresponde al Estado miembro demostrar la diferenciación en cuestión está justificada por la naturaleza y la economía de su sistema fiscal y que no constituye, por tanto, una ayuda en el sentido del artículo 107 del TFUE. A este respecto, debe distinguirse entre los objetivos perseguidos por un régimen fiscal particular y que le son externos, por un lado, y los mecanismos inherentes al propio sistema fiscal, que son necesarios para la consecución de dichos objetivos, por otro (41).

| (180) | En este caso, la Confederación de Cooperativas Agrarias de España considera que la disminución del 50 % del impuesto de sociedades concedido a las cooperativas está destinada a compensar la doble imposición de los excedentes con cargo al impuesto de sociedades y al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Basándose en los argumentos formulados, la Comisión no está en condiciones de pronunciarse sobre la exactitud de esta afirmación. Constata, no obstante, que España no hace esta afirmación para demostrar que la medida se deriva directamente de los principios fundadores o directivos de su sistema fiscal. España considera que el objetivo perseguido es el de permitir que la cooperativa realice esta actividad, sin necesidad de constituir una entidad diferenciada, dado que la sujeción al impuesto sobre sociedades es la misma en ambos casos, de modo que los beneficios obtenidos mediante el suministro de gasóleo B a terceros están sujetos al régimen general del impuesto sobre sociedades. El objetivo de ambas medidas consiste en permitir a las explotaciones agrícolas y ganaderas su sostenimiento futuro y el mantenimiento de la necesaria competitividad para poder hacer frente a una situación de dificultad económica desproporcionada debido al incremento del precio del crudo y a la depreciación del euro frente al dólar (42). Por lo que respecta al resto de los impuestos, España considera que las ventajas fiscales son anteriores al Real Decreto Ley 10/2000, de modo que las cooperativas no se beneficiaron de ellas a partir de la entrada en vigor de dicho Decreto. |
| --- | --- |

(180)

En este caso, la Confederación de Cooperativas Agrarias de España considera que la disminución del 50 % del impuesto de sociedades concedido a las cooperativas está destinada a compensar la doble imposición de los excedentes con cargo al impuesto de sociedades y al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Basándose en los argumentos formulados, la Comisión no está en condiciones de pronunciarse sobre la exactitud de esta afirmación. Constata, no obstante, que España no hace esta afirmación para demostrar que la medida se deriva directamente de los principios fundadores o directivos de su sistema fiscal. España considera que el objetivo perseguido es el de permitir que la cooperativa realice esta actividad, sin necesidad de constituir una entidad diferenciada, dado que la sujeción al impuesto sobre sociedades es la misma en ambos casos, de modo que los beneficios obtenidos mediante el suministro de gasóleo B a terceros están sujetos al régimen general del impuesto sobre sociedades. El objetivo de ambas medidas consiste en permitir a las explotaciones agrícolas y ganaderas su sostenimiento futuro y el mantenimiento de la necesaria competitividad para poder hacer frente a una situación de dificultad económica desproporcionada debido al incremento del precio del crudo y a la depreciación del euro frente al dólar (42). Por lo que respecta al resto de los impuestos, España considera que las ventajas fiscales son anteriores al Real Decreto Ley 10/2000, de modo que las cooperativas no se beneficiaron de ellas a partir de la entrada en vigor de dicho Decreto.

| (181) | Sin embargo, la Comisión considera que el simple hecho de que las ventajas fiscales vinculadas a los distintos impuestos y generadas por las dos medidas en cuestión hayan sido creadas para garantizar la corrección de una situación de dificultad económica no permite concluir que todas las ventajas fiscales concedidas por las autoridades españolas de que se trata en la presente Decisión estén justificadas por la naturaleza y la economía del sistema fiscal nacional (43). |
| --- | --- |

(181)

Sin embargo, la Comisión considera que el simple hecho de que las ventajas fiscales vinculadas a los distintos impuestos y generadas por las dos medidas en cuestión hayan sido creadas para garantizar la corrección de una situación de dificultad económica no permite concluir que todas las ventajas fiscales concedidas por las autoridades españolas de que se trata en la presente Decisión estén justificadas por la naturaleza y la economía del sistema fiscal nacional (43).

| (182) | La Comisión debe considerar, por lo tanto, que, por lo que se refiere a las medidas adoptadas mediante el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000, se cumple el criterio de «selectividad». |
| --- | --- |

(182)

La Comisión debe considerar, por lo tanto, que, por lo que se refiere a las medidas adoptadas mediante el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000, se cumple el criterio de «selectividad».

1.5.   Conclusiones sobre el carácter de «ayuda», a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE

| (183) | A la vista de lo expuesto en los considerandos 117 a 182, la Comisión debe considerar que las medidas en favor de las cooperativas agrarias recogidas en el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000, adoptadas como consecuencia del alza del precio del combustible, suponen una ventaja que se concede a dichas cooperativas de la cual no pueden beneficiarse otros operadores, que falsea o que amenaza con falsear la competencia al favorecer a determinadas empresas y determinadas producciones, en cuanto que puede afectar al comercio entre Estados miembros. Por consiguiente, la Comisión debe concluir que dichas medidas entran en el ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, del TFUE. |
| --- | --- |

(183)

A la vista de lo expuesto en los considerandos 117 a 182, la Comisión debe considerar que las medidas en favor de las cooperativas agrarias recogidas en el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000, adoptadas como consecuencia del alza del precio del combustible, suponen una ventaja que se concede a dichas cooperativas de la cual no pueden beneficiarse otros operadores, que falsea o que amenaza con falsear la competencia al favorecer a determinadas empresas y determinadas producciones, en cuanto que puede afectar al comercio entre Estados miembros. Por consiguiente, la Comisión debe concluir que dichas medidas entran en el ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

| (184) | En lo que atañe a la naturaleza nueva o existente de las ayudas en cuestión, conviene recordar que estas medidas, adoptadas en 2000, remiten directamente a las ventajas concedidas por el régimen general fiscal de las cooperativas tal como prevé la Ley 20/1990. Ahora bien, esta ley prevé ventajas fiscales que deberían, en principio, considerarse nuevas ayudas, puesto que se adoptaron después de 1986, año de la adhesión de España a la CEE. |
| --- | --- |

(184)

En lo que atañe a la naturaleza nueva o existente de las ayudas en cuestión, conviene recordar que estas medidas, adoptadas en 2000, remiten directamente a las ventajas concedidas por el régimen general fiscal de las cooperativas tal como prevé la Ley 20/1990. Ahora bien, esta ley prevé ventajas fiscales que deberían, en principio, considerarse nuevas ayudas, puesto que se adoptaron después de 1986, año de la adhesión de España a la CEE.

| (185) | No obstante, la Comisión es consciente de que los regímenes de imposición de las cooperativas en Europa tienen generalmente raíces muy antiguas y que algunas disposiciones nuevas no hacen más que retomar las ventajas ya existentes antes de la adhesión de España a la CEE. |
| --- | --- |

(185)

No obstante, la Comisión es consciente de que los regímenes de imposición de las cooperativas en Europa tienen generalmente raíces muy antiguas y que algunas disposiciones nuevas no hacen más que retomar las ventajas ya existentes antes de la adhesión de España a la CEE.

| (186) | Ahora bien, en este caso, las autoridades españolas o terceras partes interesadas no enviaron información alguna a la Comisión que permitiera establecer, de manera incuestionable, que las medidas adoptadas por la Ley 20/1990, y recogidas posteriormente por el Decreto de 2000, son una continuación de otras medidas idénticas ya existentes antes de 1986. |
| --- | --- |

(186)

Ahora bien, en este caso, las autoridades españolas o terceras partes interesadas no enviaron información alguna a la Comisión que permitiera establecer, de manera incuestionable, que las medidas adoptadas por la Ley 20/1990, y recogidas posteriormente por el Decreto de 2000, son una continuación de otras medidas idénticas ya existentes antes de 1986.

| (187) | La Comisión debe, pues, concluir que las medidas que se destinan específicamente al sector de los combustibles son ayudas nuevas que deberían haber sido notificadas a la Comisión antes de su ejecución. |
| --- | --- |

(187)

La Comisión debe, pues, concluir que las medidas que se destinan específicamente al sector de los combustibles son ayudas nuevas que deberían haber sido notificadas a la Comisión antes de su ejecución.

2.   Ilegalidad de las ayudas

| (188) | La Comisión debe subrayar que las autoridades españolas concedieron las ayudas en cuestión infringiendo las disposiciones del artículo 108, apartado 3, del TFUE. El artículo 1, letra f), del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (44), define la ayuda ilegal como cualquier nueva ayuda que se lleve a efecto contraviniendo lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, del TFUE (artículo 93 del Tratado CE). Su concesión fue ilegal, puesto que se aplicó antes de que la Comisión se pronunciase sobre su compatibilidad con el mercado interior. |
| --- | --- |

(188)

La Comisión debe subrayar que las autoridades españolas concedieron las ayudas en cuestión infringiendo las disposiciones del artículo 108, apartado 3, del TFUE. El artículo 1, letra f), del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (44), define la ayuda ilegal como cualquier nueva ayuda que se lleve a efecto contraviniendo lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, del TFUE (artículo 93 del Tratado CE). Su concesión fue ilegal, puesto que se aplicó antes de que la Comisión se pronunciase sobre su compatibilidad con el mercado interior.

| (189) | Dado que las medidas aplicadas por España contienen elementos de ayuda estatal, se trata de ayudas ilegales a tenor del TFUE. |
| --- | --- |

(189)

Dado que las medidas aplicadas por España contienen elementos de ayuda estatal, se trata de ayudas ilegales a tenor del TFUE.

| (190) | Según la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (45), toda ayuda ilegal a tenor del artículo 1, letra f), del Reglamento (CE) no 659/1999 debe evaluarse de acuerdo con las normas y directrices en vigor en el momento en que se concede la ayuda. |
| --- | --- |

(190)

Según la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (45), toda ayuda ilegal a tenor del artículo 1, letra f), del Reglamento (CE) no 659/1999 debe evaluarse de acuerdo con las normas y directrices en vigor en el momento en que se concede la ayuda.

3.   Examen de la compatibilidad de las ayudas

| (191) | En el artículo 107 del TFUE se contemplan excepciones al principio general de la incompatibilidad de las ayudas estatales con el TFUE. |
| --- | --- |

(191)

En el artículo 107 del TFUE se contemplan excepciones al principio general de la incompatibilidad de las ayudas estatales con el TFUE.

| (192) | En el artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE se establece que son compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional. España ha justificado estas ayudas aduciendo que estaban destinadas a reparar los perjuicios causados por un acontecimiento de carácter excepcional. |
| --- | --- |

(192)

En el artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE se establece que son compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional. España ha justificado estas ayudas aduciendo que estaban destinadas a reparar los perjuicios causados por un acontecimiento de carácter excepcional.

| (193) | Según España, el alza desproporcionada del coste del gasóleo causó alteraciones del orden público, huelgas, desabastecimiento de productos energéticos y de alimentos y dificultades de libre tránsito de las mercancías por el territorio de la Comunidad, lo que debería considerarse un acontecimiento de carácter excepcional a efectos del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE. |
| --- | --- |

(193)

Según España, el alza desproporcionada del coste del gasóleo causó alteraciones del orden público, huelgas, desabastecimiento de productos energéticos y de alimentos y dificultades de libre tránsito de las mercancías por el territorio de la Comunidad, lo que debería considerarse un acontecimiento de carácter excepcional a efectos del artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE.

| (194) | En lo que atañe a las excepciones al principio general de incompatibilidad de las ayudas estatales con el mercado interior, establecido en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, la Comisión considera que debe hacerse una interpretación estricta del concepto de «acontecimiento de carácter excepcional» que contempla el artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE. Hasta ahora, la Comisión ha aceptado como acontecimientos de carácter excepcional las guerras, los desórdenes interiores o las huelgas y, con reservas y en función de su alcance, los accidentes nucleares o industriales graves o los incendios que hayan originado grandes pérdidas. Dadas las dificultades inherentes a las previsiones en la materia, la Comisión determina la compatibilidad de las ayudas procediendo a un análisis de cada caso, teniendo en cuenta su actuación previa en el ámbito en cuestión. Este razonamiento se recoge actualmente en los puntos 120 a 123 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 (46). |
| --- | --- |

(194)

En lo que atañe a las excepciones al principio general de incompatibilidad de las ayudas estatales con el mercado interior, establecido en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, la Comisión considera que debe hacerse una interpretación estricta del concepto de «acontecimiento de carácter excepcional» que contempla el artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE. Hasta ahora, la Comisión ha aceptado como acontecimientos de carácter excepcional las guerras, los desórdenes interiores o las huelgas y, con reservas y en función de su alcance, los accidentes nucleares o industriales graves o los incendios que hayan originado grandes pérdidas. Dadas las dificultades inherentes a las previsiones en la materia, la Comisión determina la compatibilidad de las ayudas procediendo a un análisis de cada caso, teniendo en cuenta su actuación previa en el ámbito en cuestión. Este razonamiento se recoge actualmente en los puntos 120 a 123 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 (46).

| (195) | En el presente caso, el motivo de la concesión de las ayudas es el alza del precio de los carburantes y no las alteraciones del orden público, las huelgas (47) ni el desabastecimiento de productos energéticos y de alimentos (48). Estas circunstancias no fueron la causa de la concesión de las ayudas, sino que se produjeron como consecuencia del incremento del precio de los carburantes. |
| --- | --- |

(195)

En el presente caso, el motivo de la concesión de las ayudas es el alza del precio de los carburantes y no las alteraciones del orden público, las huelgas (47) ni el desabastecimiento de productos energéticos y de alimentos (48). Estas circunstancias no fueron la causa de la concesión de las ayudas, sino que se produjeron como consecuencia del incremento del precio de los carburantes.

| (196) | La Comisión considera, en cualquier caso, que el aumento del precio de los combustibles no constituye un acontecimiento extraordinario, y que, por consiguiente, estas ayudas no pueden acogerse a la excepción prevista en el artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE en calidad de ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por un acontecimiento de carácter excepcional. Además, debe añadirse que en la Comunicación de 9 de marzo de 2006 (49) relativa al sector de la pesca, la Comisión consideró que no podría aceptar ayuda alguna que permita una intervención pública dirigida a compensar un aumento repentino de los precios del combustible, a fin de evitar falseamientos de la competencia. |
| --- | --- |

(196)

La Comisión considera, en cualquier caso, que el aumento del precio de los combustibles no constituye un acontecimiento extraordinario, y que, por consiguiente, estas ayudas no pueden acogerse a la excepción prevista en el artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE en calidad de ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por un acontecimiento de carácter excepcional. Además, debe añadirse que en la Comunicación de 9 de marzo de 2006 (49) relativa al sector de la pesca, la Comisión consideró que no podría aceptar ayuda alguna que permita una intervención pública dirigida a compensar un aumento repentino de los precios del combustible, a fin de evitar falseamientos de la competencia.

| (197) | Por lo demás, la Comisión considera que no se ha aportado una relación directa entre los daños causados y el acontecimiento de carácter excepcional, tal como exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (50). |
| --- | --- |

(197)

Por lo demás, la Comisión considera que no se ha aportado una relación directa entre los daños causados y el acontecimiento de carácter excepcional, tal como exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (50).

| (198) | Por su parte, las excepciones previstas en el artículo 107, apartado 3, del TFUE deben interpretarse estrictamente al examinar cualquier programa de ayuda con finalidad regional o sectorial, o cualquier caso individual de aplicación de regímenes de ayudas generales. Las excepciones solo pueden aprobarse, en concreto, cuando la Comisión compruebe que la ayuda es necesaria para la consecución de alguno de los objetivos indicados. Conceder el beneficio de las excepciones mencionadas a ayudas que no representen una contrapartida de esta naturaleza equivaldría a permitir alterar los intercambios comerciales entre Estados miembros y falsear la competencia sin justificación alguna desde el punto de vista del interés comunitario y, por ende, a permitir ventajas indebidas a los agentes económicos de determinados Estados miembros. |
| --- | --- |

(198)

Por su parte, las excepciones previstas en el artículo 107, apartado 3, del TFUE deben interpretarse estrictamente al examinar cualquier programa de ayuda con finalidad regional o sectorial, o cualquier caso individual de aplicación de regímenes de ayudas generales. Las excepciones solo pueden aprobarse, en concreto, cuando la Comisión compruebe que la ayuda es necesaria para la consecución de alguno de los objetivos indicados. Conceder el beneficio de las excepciones mencionadas a ayudas que no representen una contrapartida de esta naturaleza equivaldría a permitir alterar los intercambios comerciales entre Estados miembros y falsear la competencia sin justificación alguna desde el punto de vista del interés comunitario y, por ende, a permitir ventajas indebidas a los agentes económicos de determinados Estados miembros.

| (199) | La Comisión considera que las ayudas en cuestión no están destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo en la acepción del artículo 107, apartado 3, letra a). Tampoco están destinadas a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro a tenor del artículo 107, apartado 3, letra b). Las ayudas tampoco están destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio en la acepción del artículo 107, apartado 3, letra d). |
| --- | --- |

(199)

La Comisión considera que las ayudas en cuestión no están destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo en la acepción del artículo 107, apartado 3, letra a). Tampoco están destinadas a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro a tenor del artículo 107, apartado 3, letra b). Las ayudas tampoco están destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio en la acepción del artículo 107, apartado 3, letra d).

| (200) | El artículo 107, apartado 3, letra c), prevé, no obstante, que pueden considerarse compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios comerciales en forma contraria al interés común. Para que puedan ser objeto de la excepción contemplada en dicho artículo, las ayudas deben contribuir al desarrollo del sector en cuestión. |
| --- | --- |

(200)

El artículo 107, apartado 3, letra c), prevé, no obstante, que pueden considerarse compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios comerciales en forma contraria al interés común. Para que puedan ser objeto de la excepción contemplada en dicho artículo, las ayudas deben contribuir al desarrollo del sector en cuestión.

| (201) | Por lo que se refiere a las medidas contempladas en el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000, estas existen desde 2000. Nunca han existido a nivel comunitario directrices o normas concretas sobre la concesión de ayudas estatales a las cooperativas agrarias; en principio, estas sociedades reciben el mismo trato que cualquier otra empresa (51). |
| --- | --- |

(201)

Por lo que se refiere a las medidas contempladas en el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000, estas existen desde 2000. Nunca han existido a nivel comunitario directrices o normas concretas sobre la concesión de ayudas estatales a las cooperativas agrarias; en principio, estas sociedades reciben el mismo trato que cualquier otra empresa (51).

| (202) | Ahora bien, conviene subrayar la naturaleza jurídica y económica de las cooperativas agrarias y en paralelo el marco normativo europeo del sector agrícola. |
| --- | --- |

(202)

Ahora bien, conviene subrayar la naturaleza jurídica y económica de las cooperativas agrarias y en paralelo el marco normativo europeo del sector agrícola.

| (203) | Según la Alianza Cooperativa Internacional, una cooperativa es una asociación autónoma de personas agrupadas voluntariamente para responder a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa cuya propiedad es colectiva y el poder, democrático (52). Varios principios definen a una cooperativa, confiriéndole un «carácter mutualista o cooperativo» (53) como, por ejemplo, el principio de «una persona, un voto» o el principio de exclusividad. Asimismo, existen diferentes limitaciones que caracterizan a las cooperativas, en particular en materia de gestión financiera y remuneración de los socios. |
| --- | --- |

(203)

Según la Alianza Cooperativa Internacional, una cooperativa es una asociación autónoma de personas agrupadas voluntariamente para responder a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa cuya propiedad es colectiva y el poder, democrático (52). Varios principios definen a una cooperativa, confiriéndole un «carácter mutualista o cooperativo» (53) como, por ejemplo, el principio de «una persona, un voto» o el principio de exclusividad. Asimismo, existen diferentes limitaciones que caracterizan a las cooperativas, en particular en materia de gestión financiera y remuneración de los socios.

| (204) | El punto 3.2.6 de la Comunicación de la Comisión sobre la promoción de las sociedades cooperativas en Europa precisa que algunos Estados miembros consideran que las restricciones inherentes a la naturaleza específica del capital de la cooperativa pueden requerir un tratamiento fiscal específico. No obstante, hay que respetar el principio según el cual la protección o las ventajas concedidas a un tipo de entidad concreto deben ser proporcionales a las dificultades jurídicas, al valor añadido social o a las limitaciones inherentes a esta forma, y no deberían conducir a la competencia desleal. |
| --- | --- |

(204)

El punto 3.2.6 de la Comunicación de la Comisión sobre la promoción de las sociedades cooperativas en Europa precisa que algunos Estados miembros consideran que las restricciones inherentes a la naturaleza específica del capital de la cooperativa pueden requerir un tratamiento fiscal específico. No obstante, hay que respetar el principio según el cual la protección o las ventajas concedidas a un tipo de entidad concreto deben ser proporcionales a las dificultades jurídicas, al valor añadido social o a las limitaciones inherentes a esta forma, y no deberían conducir a la competencia desleal.

| (205) | Tal como ha destacado la Comisión anteriormente, el artículo 107, apartado 3, letra c), dispone que pueden considerarse compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. |
| --- | --- |

(205)

Tal como ha destacado la Comisión anteriormente, el artículo 107, apartado 3, letra c), dispone que pueden considerarse compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

| (206) | Asimismo, la Comisión observa que el análisis de la compatibilidad conforme al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE esta basado en una búsqueda del equilibrio entre los beneficios de la ayuda con el fin de alcanzar un objetivo de interés común frente a las distorsiones de la competencia y del comercio. La Comisión, por tanto, deber analizar en primer lugar si la ayuda tiende a contemplar situaciones donde el mercado no conduce a resultados económicos eficaces o a perseguir otros objetivos sociales o de equidad. A continuación, la Comisión debe determinar si la ayuda constituye una medida apropiada para remediar una carencia en el mercado. Finalmente, la Comisión debe establecer si la ayuda es proporcional respecto a la realización del objetivo propuesto. |
| --- | --- |

(206)

Asimismo, la Comisión observa que el análisis de la compatibilidad conforme al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE esta basado en una búsqueda del equilibrio entre los beneficios de la ayuda con el fin de alcanzar un objetivo de interés común frente a las distorsiones de la competencia y del comercio. La Comisión, por tanto, deber analizar en primer lugar si la ayuda tiende a contemplar situaciones donde el mercado no conduce a resultados económicos eficaces o a perseguir otros objetivos sociales o de equidad. A continuación, la Comisión debe determinar si la ayuda constituye una medida apropiada para remediar una carencia en el mercado. Finalmente, la Comisión debe establecer si la ayuda es proporcional respecto a la realización del objetivo propuesto.

| (207) | Por lo que se refiere al sector agrícola, el principio relativo al desarrollo económico se recoge en el artículo 42 del TFUE, el cual establece que las disposiciones del capítulo relativo a las normas sobre la competencia serán aplicables a la producción y al comercio de los productos agrícolas solo en la medida determinada por el Consejo, teniendo en cuenta los objetivos enunciados en el artículo 39 del TFUE. |
| --- | --- |

(207)

Por lo que se refiere al sector agrícola, el principio relativo al desarrollo económico se recoge en el artículo 42 del TFUE, el cual establece que las disposiciones del capítulo relativo a las normas sobre la competencia serán aplicables a la producción y al comercio de los productos agrícolas solo en la medida determinada por el Consejo, teniendo en cuenta los objetivos enunciados en el artículo 39 del TFUE.

| (208) | El artículo 39 del TFUE establece, por su parte, que la política agrícola común tiene por objetivo, entre otros, incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico y asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo de los factores de producción, y garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola. Además, precisa que en la elaboración de la política agrícola común se deben tener en cuenta las características especiales de la actividad agrícola que resultan de la estructura social de la agricultura y de las desigualdades estructurales y naturales entre las distintas regiones agrícolas, la necesidad de efectuar gradualmente las oportunas adaptaciones y el hecho de que, en los Estados miembros, la agricultura constituye un sector estrechamente vinculado al conjunto de la economía. |
| --- | --- |

(208)

El artículo 39 del TFUE establece, por su parte, que la política agrícola común tiene por objetivo, entre otros, incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico y asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo de los factores de producción, y garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola. Además, precisa que en la elaboración de la política agrícola común se deben tener en cuenta las características especiales de la actividad agrícola que resultan de la estructura social de la agricultura y de las desigualdades estructurales y naturales entre las distintas regiones agrícolas, la necesidad de efectuar gradualmente las oportunas adaptaciones y el hecho de que, en los Estados miembros, la agricultura constituye un sector estrechamente vinculado al conjunto de la economía.

| (209) | De los artículos contemplados puede afirmarse que la política de competencia debe tener en cuenta estos objetivos del TFUE. Estos objetivos, de carácter claramente social y económico, quedan garantizados, en buena medida, por las cooperativas agrarias, que desempeñan un papel clave en la economía, en general, y en el mundo rural, en particular, para la creación de empleo y el desarrollo del tejido económico de las regiones en las que se establecen (54). |
| --- | --- |

(209)

De los artículos contemplados puede afirmarse que la política de competencia debe tener en cuenta estos objetivos del TFUE. Estos objetivos, de carácter claramente social y económico, quedan garantizados, en buena medida, por las cooperativas agrarias, que desempeñan un papel clave en la economía, en general, y en el mundo rural, en particular, para la creación de empleo y el desarrollo del tejido económico de las regiones en las que se establecen (54).

| (210) | Por tanto, la Comisión admite que las cooperativas agrarias cumplen los objetivos contemplados en el artículo 39 del TFUE y que, por consiguiente, facilitan el desarrollo de la actividad agrícola. Además, dado que la agricultura constituye un sector estrechamente vinculado al conjunto de la economía, tal como se establece en el artículo 39, apartado 2, letra c), del TFUE, es necesario también concluir que las cooperativas agrarias facilitan el desarrollo de las regiones económicas donde se establecen y que sus actividades y su continuidad son, pues, de interés general. |
| --- | --- |

(210)

Por tanto, la Comisión admite que las cooperativas agrarias cumplen los objetivos contemplados en el artículo 39 del TFUE y que, por consiguiente, facilitan el desarrollo de la actividad agrícola. Además, dado que la agricultura constituye un sector estrechamente vinculado al conjunto de la economía, tal como se establece en el artículo 39, apartado 2, letra c), del TFUE, es necesario también concluir que las cooperativas agrarias facilitan el desarrollo de las regiones económicas donde se establecen y que sus actividades y su continuidad son, pues, de interés general.

| (211) | Ahora bien, para que las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o determinadas regiones económicas puedan considerarse compatibles con el mercado interior, no deben alterar las condiciones de los intercambios de forma contraria al interés común. |
| --- | --- |

(211)

Ahora bien, para que las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o determinadas regiones económicas puedan considerarse compatibles con el mercado interior, no deben alterar las condiciones de los intercambios de forma contraria al interés común.

| (212) | El interés común está directamente vinculado con la proporcionalidad de las medidas con relación al objetivo buscado, tal y como se indica en el punto 33 de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas. |
| --- | --- |

(212)

El interés común está directamente vinculado con la proporcionalidad de las medidas con relación al objetivo buscado, tal y como se indica en el punto 33 de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas.

| (213) | En el caso que nos ocupa, el elemento de proporcionalidad con relación al objetivo contemplado debe buscarse tanto en las características consustanciales a las cooperativas que definen su especificidad y conforman su naturaleza particular, es decir, en los principios mutualistas, como en la repercusión que pueden tener en la competencia, debido sobre todo al tamaño de las cooperativas. |
| --- | --- |

(213)

En el caso que nos ocupa, el elemento de proporcionalidad con relación al objetivo contemplado debe buscarse tanto en las características consustanciales a las cooperativas que definen su especificidad y conforman su naturaleza particular, es decir, en los principios mutualistas, como en la repercusión que pueden tener en la competencia, debido sobre todo al tamaño de las cooperativas.

| (214) | Así pues, toda posible excepción en materia de política de ayudas estatales destinada a las cooperativas agrarias debe favorecer las actuaciones y medidas directamente vinculadas a sus principios mutualistas. Además, debe circunscribirse a las actuaciones de la cooperativa con sus socios, es decir, allí donde los principios mutualistas cobran todo su sentido. En caso de que no se cumplan estas condiciones, tales medidas deber tener un efecto limitado sobre la competencia. |
| --- | --- |

(214)

Así pues, toda posible excepción en materia de política de ayudas estatales destinada a las cooperativas agrarias debe favorecer las actuaciones y medidas directamente vinculadas a sus principios mutualistas. Además, debe circunscribirse a las actuaciones de la cooperativa con sus socios, es decir, allí donde los principios mutualistas cobran todo su sentido. En caso de que no se cumplan estas condiciones, tales medidas deber tener un efecto limitado sobre la competencia.

| (215) | Las ayudas contempladas en el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000 prevén el mantenimiento excepcional del estatuto de cooperativa especialmente protegida en favor de las cooperativas agrarias incluso cuando aumenten el volumen de operaciones de suministro de gasóleo B a terceros no socios por encima del 50 %, así como la exención de constituir una entidad dotada de personalidad jurídica propia para la distribución de gasóleo B a los no socios, sometida al régimen fiscal general. Estas ayudas van contra las características de las cooperativas especialmente protegidas, tal como las definen las autoridades españolas. |
| --- | --- |

(215)

Las ayudas contempladas en el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000 prevén el mantenimiento excepcional del estatuto de cooperativa especialmente protegida en favor de las cooperativas agrarias incluso cuando aumenten el volumen de operaciones de suministro de gasóleo B a terceros no socios por encima del 50 %, así como la exención de constituir una entidad dotada de personalidad jurídica propia para la distribución de gasóleo B a los no socios, sometida al régimen fiscal general. Estas ayudas van contra las características de las cooperativas especialmente protegidas, tal como las definen las autoridades españolas.

| (216) | Se trata, pues, de medidas que se refieren únicamente a transacciones extracooperativas y están destinadas a actividades no directamente vinculadas con los principios mutualistas y no circunscritas a las actuaciones de la cooperativa con sus socios. A la luz de las consideraciones anteriores, la Comisión no puede concluir que la ayuda tiende a contemplar situaciones donde el mercado no conduce a resultados económicos eficaces o a contemplar otros objetivos sociales o de equidad. |
| --- | --- |

(216)

Se trata, pues, de medidas que se refieren únicamente a transacciones extracooperativas y están destinadas a actividades no directamente vinculadas con los principios mutualistas y no circunscritas a las actuaciones de la cooperativa con sus socios. A la luz de las consideraciones anteriores, la Comisión no puede concluir que la ayuda tiende a contemplar situaciones donde el mercado no conduce a resultados económicos eficaces o a contemplar otros objetivos sociales o de equidad.

| (217) | Al tratarse de medidas que se refieren únicamente a transacciones extracooperativas y están destinadas a actividades no directamente vinculadas con los principios mutualistas y no circunscritas a las actuaciones de la cooperativa con sus socios, la Comisión considera que las ayudas no responden a los criterios de compatibilidad expresados anteriormente. |
| --- | --- |

(217)

Al tratarse de medidas que se refieren únicamente a transacciones extracooperativas y están destinadas a actividades no directamente vinculadas con los principios mutualistas y no circunscritas a las actuaciones de la cooperativa con sus socios, la Comisión considera que las ayudas no responden a los criterios de compatibilidad expresados anteriormente.

| (218) | La presente Decisión afecta a los dos regímenes de ayudas a examen y debe ser ejecutada sin demora, especialmente por lo que se refiere a la recuperación de todas las ayudas individuales concedidas en virtud de los mismos. La Comisión recuerda, por otra parte, que una decisión relativa a los regímenes de ayuda no prejuzga la posibilidad de que las ayudas individuales sean consideradas, total o parcialmente, compatibles con el mercado común por razones inherentes al caso específico (por ejemplo, porque la concesión individual de ayuda entre en el ámbito de las normas de minimis, o en el contexto de una decisión futura de la Comisión o en virtud de un reglamento de exención). |
| --- | --- |

(218)

La presente Decisión afecta a los dos regímenes de ayudas a examen y debe ser ejecutada sin demora, especialmente por lo que se refiere a la recuperación de todas las ayudas individuales concedidas en virtud de los mismos. La Comisión recuerda, por otra parte, que una decisión relativa a los regímenes de ayuda no prejuzga la posibilidad de que las ayudas individuales sean consideradas, total o parcialmente, compatibles con el mercado común por razones inherentes al caso específico (por ejemplo, porque la concesión individual de ayuda entre en el ámbito de las normas de minimis, o en el contexto de una decisión futura de la Comisión o en virtud de un reglamento de exención).

4.   Conclusión según las disposiciones existentes

| (219) | Las ayudas estatales en favor de las cooperativas agrarias en forma de ventajas fiscales deben considerarse, en principio, ayudas de funcionamiento, prohibidas según lo dispuesto en el punto 32 de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas y prohibidas por las normas comunitarias. |
| --- | --- |

(219)

Las ayudas estatales en favor de las cooperativas agrarias en forma de ventajas fiscales deben considerarse, en principio, ayudas de funcionamiento, prohibidas según lo dispuesto en el punto 32 de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas y prohibidas por las normas comunitarias.

| (220) | El concepto de ayuda de funcionamiento ya se aplicaba en la práctica al sector agrícola de la Comisión antes del año 2000 y posteriormente se incorporó al punto 3.5 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (55) y, más tarde, en el punto 15 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013. Según estas normas, para ser consideradas compatibles con el mercado interior, las ayudas deben constituir un incentivo o exigir alguna contrapartida al beneficiario. |
| --- | --- |

(220)

El concepto de ayuda de funcionamiento ya se aplicaba en la práctica al sector agrícola de la Comisión antes del año 2000 y posteriormente se incorporó al punto 3.5 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (55) y, más tarde, en el punto 15 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013. Según estas normas, para ser consideradas compatibles con el mercado interior, las ayudas deben constituir un incentivo o exigir alguna contrapartida al beneficiario.

| (221) | Las ayudas que nos ocupan consisten en una reducción de las cargas, desprovista de elementos de incentivación y de contrapartidas por parte de los beneficiarios, cuya compatibilidad con las normas de competencia no ha quedado demostrada. Por tanto, la excepción al principio de prohibición de las ayudas contemplada en el artículo 107, apartado 3, letra c), no es de aplicación en este caso, de lo que debe concluirse que se trata de ayudas incompatibles con el TFUE. |
| --- | --- |

(221)

Las ayudas que nos ocupan consisten en una reducción de las cargas, desprovista de elementos de incentivación y de contrapartidas por parte de los beneficiarios, cuya compatibilidad con las normas de competencia no ha quedado demostrada. Por tanto, la excepción al principio de prohibición de las ayudas contemplada en el artículo 107, apartado 3, letra c), no es de aplicación en este caso, de lo que debe concluirse que se trata de ayudas incompatibles con el TFUE.

VIII.   RECUPERACIÓN

| (222) | Las ayudas estatales en favor de las cooperativas agrarias aplicadas por España mediante el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000 no pueden acogerse a la excepción al principio de prohibición de ayudas establecido en el artículo 107, apartado 3, letra c), y, por lo tanto, se trata de ayudas estatales incompatibles con el TFUE. |
| --- | --- |

(222)

Las ayudas estatales en favor de las cooperativas agrarias aplicadas por España mediante el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000 no pueden acogerse a la excepción al principio de prohibición de ayudas establecido en el artículo 107, apartado 3, letra c), y, por lo tanto, se trata de ayudas estatales incompatibles con el TFUE.

| (223) | En caso de incompatibilidad de las ayudas ilegales con el mercado interior, el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 establece que la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda. Dicho reembolso es necesario con el fin de restablecer la situación anterior mediante la supresión de todas las ventajas financieras de que haya gozado indebidamente el beneficiario de la ayuda concedida ilegalmente desde la fecha de concesión de dicha ayuda. |
| --- | --- |

(223)

En caso de incompatibilidad de las ayudas ilegales con el mercado interior, el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 establece que la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda. Dicho reembolso es necesario con el fin de restablecer la situación anterior mediante la supresión de todas las ventajas financieras de que haya gozado indebidamente el beneficiario de la ayuda concedida ilegalmente desde la fecha de concesión de dicha ayuda.

| (224) | Sin embargo, el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 establece que «la Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general de Derecho comunitario». Hay que examinar si, en este caso, un principio general de Derecho comunitario, como por ejemplo el principio de confianza legitima, podría ser de aplicación para excluir la recuperación de las ayudas ilegales e incompatibles del beneficiario. De conformidad con una jurisprudencia muy asentada, el principio de protección de la confianza legítima tiene como objetivo garantizar la previsibilidad de situaciones y relaciones jurídicas que dependen únicamente del Derecho comunitario. |
| --- | --- |

(224)

Sin embargo, el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 establece que «la Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general de Derecho comunitario». Hay que examinar si, en este caso, un principio general de Derecho comunitario, como por ejemplo el principio de confianza legitima, podría ser de aplicación para excluir la recuperación de las ayudas ilegales e incompatibles del beneficiario. De conformidad con una jurisprudencia muy asentada, el principio de protección de la confianza legítima tiene como objetivo garantizar la previsibilidad de situaciones y relaciones jurídicas que dependen únicamente del Derecho comunitario.

| (225) | Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, solo puede aducirse dicho principio contra una norma comunitaria el respeto de la confianza legítima si la propia Unión ha creado previamente una situación que pueda engendrar confianza legítima (56). El Tribunal de Justicia ha señalado reiteradamente que el derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima se extiende a todo justiciable al que una institución comunitaria haya hecho albergar esperanzas fundadas a partir de garantías precisas que le haya dado. Además, nadie puede invocar una violación de dicho principio sin tener la certeza precisa anticipada por la administración (57). |
| --- | --- |

(225)

Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, solo puede aducirse dicho principio contra una norma comunitaria el respeto de la confianza legítima si la propia Unión ha creado previamente una situación que pueda engendrar confianza legítima (56). El Tribunal de Justicia ha señalado reiteradamente que el derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima se extiende a todo justiciable al que una institución comunitaria haya hecho albergar esperanzas fundadas a partir de garantías precisas que le haya dado. Además, nadie puede invocar una violación de dicho principio sin tener la certeza precisa anticipada por la administración (57).

| (226) | En el presente caso, no hay ningún elemento que permita considerar que ha engendrado en los beneficiarios de las ayudas en conflicto la seguridad de que estas eran legales. En efecto, debe precisarse en primer lugar que las ayudas han sido aplicadas sin esperar la decisión final de la Comisión en cuestión a tenor del artículo 108, apartado 3, del TFUE. Además, el Tribunal de Justicia (58) ha señalado en distintas ocasiones que «habida cuenta del carácter imperativo del control de las ayudas estatales que efectúa la Comisión con arreglo al nuevo artículo 108 del TFUE, las empresas beneficiarias de una ayuda solo pueden, en principio, depositar una confianza legítima en la validez de la ayuda cuando esta se haya concedido observando el procedimiento que prevé dicho artículo» y, por otro lado, que «en circunstancias normales, todo agente económico diligente debe poder comprobar si ha sido observado dicho procedimiento». En este sentido, el Tribunal de Justicia también ha precisado que «aquel Estado miembro cuyas autoridades hayan concedido una ayuda infringiendo las normas de procedimiento previstas en el artículo 88 del Tratado CE [artículo 108 del TFUE] no podrá invocar la confianza legítima de los beneficiarios para eludir la obligación de adoptar las medidas necesarias con objeto de ejecutar la decisión de la Comisión por la que se le ordena recuperar la citada ayuda. Admitir semejante posibilidad equivaldría, en efecto, a privar de efecto útil a lo dispuesto en los artículos 87 y 88 del Tratado CE [artículos 107 y 108 del TFUE], en la medida en que, de ese modo, las autoridades nacionales podrían basarse en su propio comportamiento ilegal para desvirtuar la eficacia de las decisiones adoptadas por la Comisión con arreglo a las referidas disposiciones del Tratado» (59). |
| --- | --- |

(226)

En el presente caso, no hay ningún elemento que permita considerar que ha engendrado en los beneficiarios de las ayudas en conflicto la seguridad de que estas eran legales. En efecto, debe precisarse en primer lugar que las ayudas han sido aplicadas sin esperar la decisión final de la Comisión en cuestión a tenor del artículo 108, apartado 3, del TFUE. Además, el Tribunal de Justicia (58) ha señalado en distintas ocasiones que «habida cuenta del carácter imperativo del control de las ayudas estatales que efectúa la Comisión con arreglo al nuevo artículo 108 del TFUE, las empresas beneficiarias de una ayuda solo pueden, en principio, depositar una confianza legítima en la validez de la ayuda cuando esta se haya concedido observando el procedimiento que prevé dicho artículo» y, por otro lado, que «en circunstancias normales, todo agente económico diligente debe poder comprobar si ha sido observado dicho procedimiento». En este sentido, el Tribunal de Justicia también ha precisado que «aquel Estado miembro cuyas autoridades hayan concedido una ayuda infringiendo las normas de procedimiento previstas en el artículo 88 del Tratado CE [artículo 108 del TFUE] no podrá invocar la confianza legítima de los beneficiarios para eludir la obligación de adoptar las medidas necesarias con objeto de ejecutar la decisión de la Comisión por la que se le ordena recuperar la citada ayuda. Admitir semejante posibilidad equivaldría, en efecto, a privar de efecto útil a lo dispuesto en los artículos 87 y 88 del Tratado CE [artículos 107 y 108 del TFUE], en la medida en que, de ese modo, las autoridades nacionales podrían basarse en su propio comportamiento ilegal para desvirtuar la eficacia de las decisiones adoptadas por la Comisión con arreglo a las referidas disposiciones del Tratado» (59).

| (227) | Además, el hecho de que la Comisión haya adoptado una decisión precisando que las ayudas en conflicto no constituían ayudas estatales (60) susceptible de recurso y, por tanto, aún no definitivas, dado que cabe la anulación de dicha decisión por parte del Tribunal General, no puede generar confianza legítima en los beneficiarios. En efecto, conforme a una jurisprudencia constante, el Tribunal de Justicia ha declarado en varias sentencias que el hecho de que la Comisión decidiera inicialmente no plantear objeciones a ayudas objeto de recurso no puede considerarse que haya podido originar en la empresa beneficiaria una confianza legítima, ya que esta decisión se impugnó dentro de los plazos señalados para la interposición de un recurso contencioso y fue posteriormente anulada por el Tribunal de Justicia (61). Por consiguiente, «hasta que la Comisión adopte una decisión de aprobación, e incluso hasta que venza el plazo señalado para interponer un recurso contra dicha decisión, el beneficiario no tiene certeza alguna acerca de la legalidad de la ayuda prevista, que es la única que puede originar en él una confianza legítima» (62). En este caso, la Decisión 2003/293/CE de la Comisión, que considera que las medidas no constituyen ayudas estatales, ha sido objeto de un recurso en el plazo previsto y, según la jurisprudencia contemplada, no sería una decisión definitiva susceptible de crear una confianza legítima en el seno de los destinatarios de la presente Decisión. |
| --- | --- |

(227)

Además, el hecho de que la Comisión haya adoptado una decisión precisando que las ayudas en conflicto no constituían ayudas estatales (60) susceptible de recurso y, por tanto, aún no definitivas, dado que cabe la anulación de dicha decisión por parte del Tribunal General, no puede generar confianza legítima en los beneficiarios. En efecto, conforme a una jurisprudencia constante, el Tribunal de Justicia ha declarado en varias sentencias que el hecho de que la Comisión decidiera inicialmente no plantear objeciones a ayudas objeto de recurso no puede considerarse que haya podido originar en la empresa beneficiaria una confianza legítima, ya que esta decisión se impugnó dentro de los plazos señalados para la interposición de un recurso contencioso y fue posteriormente anulada por el Tribunal de Justicia (61). Por consiguiente, «hasta que la Comisión adopte una decisión de aprobación, e incluso hasta que venza el plazo señalado para interponer un recurso contra dicha decisión, el beneficiario no tiene certeza alguna acerca de la legalidad de la ayuda prevista, que es la única que puede originar en él una confianza legítima» (62). En este caso, la Decisión 2003/293/CE de la Comisión, que considera que las medidas no constituyen ayudas estatales, ha sido objeto de un recurso en el plazo previsto y, según la jurisprudencia contemplada, no sería una decisión definitiva susceptible de crear una confianza legítima en el seno de los destinatarios de la presente Decisión.

| (228) | Por consiguiente, a falta de circunstancias que puedan haber generado una confianza legítima, la Comisión solicita la recuperación de las ayudas de que se trata. |
| --- | --- |

(228)

Por consiguiente, a falta de circunstancias que puedan haber generado una confianza legítima, la Comisión solicita la recuperación de las ayudas de que se trata.

| (229) | La presente Decisión se refiere a las medidas de ayuda examinadas y estas deben ser aplicadas inmediatamente, en particular en lo que se refiere a la recuperación de todas las ayudas individuales concedidas a título de dichos regímenes, con la excepción de las otorgadas a proyectos específicos que, en el momento de la concesión de las ayudas, reunían todas las condiciones fijadas en el Reglamento de minimis
   (63) o de exención aplicable o en un régimen de ayuda aprobado por la Comisión. |
| --- | --- |

(229)

La presente Decisión se refiere a las medidas de ayuda examinadas y estas deben ser aplicadas inmediatamente, en particular en lo que se refiere a la recuperación de todas las ayudas individuales concedidas a título de dichos regímenes, con la excepción de las otorgadas a proyectos específicos que, en el momento de la concesión de las ayudas, reunían todas las condiciones fijadas en el Reglamento de minimis
   (63) o de exención aplicable o en un régimen de ayuda aprobado por la Comisión.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Las ayudas estatales en favor de las cooperativas agrarias aplicadas por España en virtud del artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2000, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, constituyen ayudas estatales incompatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE.

Artículo 2

Las medidas contempladas en el artículo 1 no se considerarán ayudas estatales si reúnen los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) no 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis.

Artículo 3

1.   España adoptará las medidas necesarias para recuperar de sus beneficiarios las ayudas incompatibles contempladas en el artículo 1, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.

2.   Las ayudas que deberán recuperarse incluyen los intereses devengados a partir de la fecha en que dichas ayudas se pusieron a disposición de los beneficiarios hasta la fecha de su recuperación.

3.   Los intereses se calcularán aplicando el tipo de interés para la recuperación de ayudas ilegales establecido en el Reglamento (CE) no 794/2004 (64).

4.   La recuperación se ejecutará sin plazos, de conformidad con los procedimientos del derecho nacional, siempre que estos permitan la ejecución inmediata y efectiva de la presente Decisión.

Artículo 4

1.   La recuperación de la ayuda contemplada en el artículo 1 será inmediata y efectiva.

2.   España velará por que la presente Decisión se aplique dentro de un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de su notificación.

Artículo 5

1.   Dentro de un plazo de dos meses a partir de la notificación de la presente Decisión, España comunicará a la Comisión las informaciones siguientes:

| a) | la lista de beneficiarios del régimen contemplado en el artículo 1 y el importe de la ayuda recibida por cada uno de ellos; |
| --- | --- |

a)

la lista de beneficiarios del régimen contemplado en el artículo 1 y el importe de la ayuda recibida por cada uno de ellos;

| b) | el importe total, principal de la deuda más los intereses de recuperación, que deberá recuperarse de los beneficiarios; |
| --- | --- |

b)

el importe total, principal de la deuda más los intereses de recuperación, que deberá recuperarse de los beneficiarios;

| c) | una descripción detallada de las medidas que se hayan adoptado o previsto para ajustarse a la presente Decisión; |
| --- | --- |

c)

una descripción detallada de las medidas que se hayan adoptado o previsto para ajustarse a la presente Decisión;

| d) | documentos en los que se demuestre que se ha ordenado a los beneficiarios la devolución de la ayuda. |
| --- | --- |

d)

documentos en los que se demuestre que se ha ordenado a los beneficiarios la devolución de la ayuda.

2.   España informará a la Comisión de los avances realizados tras la adopción de las medidas nacionales para la aplicación de la presente Decisión y de forma continuada hasta que la recuperación de la ayuda contemplada en el artículo 1 sea completa.

Una vez trascurrido el período de dos meses contemplado en el apartado 1, España someterá, cuando la Comisión se lo solicite, un informe sobre las medidas que se hayan adoptado o previsto para ajustarse a la presente Decisión. Dicho informe incluirá, asimismo, informaciones detalladas sobre los importes de las ayudas y de los intereses de recuperación que ya se hayan recuperado de los beneficiarios.

Artículo 6

El destinatario de la presente Decisión será el Reino de España.

Hecho en Bruselas, el 15 de diciembre de 2009.

Por la Comisión

Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión

---

(1)  A partir del 1 de diciembre de 2009, los artículos 87 y 88 del Tratado CE se sustituyen, respectivamente, por los artículos 107 y 108 del TFUE. Los artículos 87 y 88 del Tratado CE y los artículos 107 y 108 del TFUE son en esencia idénticos. A efectos de la presente Decisión las referencias hechas a los artículos 107 y 108 del TFUE se interpretarán como referencias a los artículos 87 y 88 del Tratado CE, cuando proceda.

1

(2)  DO C 172 de 16.6.2001, p. 2.

2

(3)  DO L 111 de 6.5.2003, p. 24.

3

(4)  DO C 171 de 19.7.2003, p. 34.

4

(5)  Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid y Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Comisión, asunto T-146/03 (Rec.2003, p. II-98).

5

(6)  Boletín Oficial del Estado (BOE) 241 de 7.10.2000, p. 34614.

6

Boletín Oficial del Estado

(7)  Se trata de las medidas relativas a la modificación de la Ley 37/1992 prevista por el Real Decreto-ley 10/2000, así como de las medidas fiscales establecidas mediante el Decreto de 29 de noviembre de 2000 del Ministerio de Hacienda acerca de la aplicación a algunas actividades ganaderas sujetas al régimen de estimación objetiva de un índice corrector para los alimentos para el ganado comprados a terceros. También se trata de la reducción del rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas para las actividades agrícolas y ganaderas; de la reducción del porcentaje que sirve para determinar los pagos trimestrales en el marco del régimen simplificado del impuesto sobre el valor añadido para determinadas actividades agrícolas, y de la medida fiscal que consiste en el aumento del porcentaje de los gastos difíciles de justificar en el marco del impuesto sobre la renta de las personas físicas. La Comisión había considerado en su Decisión que estas medidas no constituían ayudas estatales.

7

(8)  Se trata de ayudas estatales concedidas por España en favor de los titulares de explotaciones agrícolas en forma de bonificación de préstamos y garantías que figuran en una Resolución del Ministerio de Agricultura de 15 de noviembre de 2000, por la que se dispone la publicación de un Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de noviembre de 2000, y la medida de prórroga a los años 2000 y 2001 de los beneficios fiscales aplicables en el impuesto sobre la renta de las personas físicas a la transmisión de determinadas fincas rústicas y explotaciones que figura en la disposición transitoria séptima de la Ley 14/2000. En su Decisión, la Comisión había declarado que estas medidas eran incompatibles con el TFUE.

8

(9)  BOE 241 de 7.10.2000, p. 34614.

9

(10)  BOE 170 de 17.7.1999, p. 27027.

10

(11)  BOE 304 de 20.12.1990, p. 37970.

11

(12)  BOE 241 de 8.10.1998, p. 33517.

12

(13)  La obligación de que las cooperativas constituyan este fondo de reserva se recoge en el artículo 55 de la Ley 27/1999. El fondo está constituido, en primer lugar, por los excedentes cooperativos y beneficios extracooperativos. Una obligación similar existe para las sociedades de capitales, las cuales, con arreglo al artículo 214 de la Ley española de Sociedades Anónimas 1564/1989, deben destinar una cifra igual al 10 % del beneficio del ejercicio a una reserva legal hasta que esta alcance, al menos, un 20 % del capital social (BOE de 27.12.1989).

13

(14)  La obligación de que las cooperativas constituyan este fondo de reserva se recoge en el artículo 56 de la Ley 27/1999.

14

(15)  DO C 384 de 10.12.1998, p. 3.

15

(16)  BOE 188 de 7.8.1986, p. 27907.

16

(17)  BOE 58 de 9.3.1970, p. 3820.

17

(18)  BOE 308 de 24.12.1992, p. 43867.

18

(19)  BOE 295 de 10.12.1998, p. 40730.

19

(20)  BOE 310 de 28.12.1995, p. 37072.

20

(21)  DO C 384 de 10.12.1998, p. 3. Véase, asimismo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de julio de 2003 en el asunto C-280/00, Altmark (Rec. 2003, p. I-7747).

21

Altmark

(22)  COM(2004) 18 final, de 23.2.2004.

22

(23)  Sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1991 en el asunto C-303/88, Italia/Comisión, considerando 11 (Rec. 1991, p. I-1433); de 16 de mayo de 2002 en el asunto C-482/99, Francia/Comisión, considerando 24 (Rec. 2002, p. I-4397), y de 20 de noviembre de 2003 en el asunto C-126/01, GEMO, considerando 24 (Rec. 2003, p. I-13769).

23

GEMO,

(24)  Sentencia del Tribunal General de 27 de enero de 1998 en el asunto T-67/94, Ladbroke Racing/Comisión (Rec. 1998, p. II-1); véase, asimismo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004 en el asunto C-159/01, Países Bajos/Comisión, (Rec. 2004, p. I-4461).

24

(25)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 1980 en el asunto 730/79, considerando 11, Philip Morris Holland BV/Comisión (Rec. 1980, p. 2671).

25

(26)  Fuente: Eurostat.

26

Fuente:

(27)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 2006 en los asuntos acumulados C-393/04 y C-41/05, Air Liquide Industries Belgium (Rec. 2006, p. I-5293).

27

Air Liquide Industries Belgium

(28)  Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2006 en el asunto T-146/03, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid y Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Comisión (Rec. 2006, p. II-98) (publicación sumaria).

28

(29)  Debe tenerse en cuenta, no obstante, que las ventajas mencionadas en el considerando 20 de la presente Decisión, correspondientes al impuesto de sociedades, excepto el tipo reducido de 20 %, no se aplican a las operaciones con los miembros de la cooperativa y, en consecuencia, no forman parte del ámbito de aplicación de esta Decisión.

29

(30)  Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2006 en el asunto T-210/02, British Aggregates (Rec. 2006, p. II-2789).

30

British Aggregates

(31)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de enero de 2006 en el asunto C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze (Rec. 2006, p. I-289).

31

Cassa di Risparmio di Firenze

(32)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2006 en el asunto C-88/03, Portugal/Comisión, considerando 54 (Rec. 2006, p. I-7115), y sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004 en el asunto C-308/01, GIL Insurance e.a., considerando 68 (Rec. 2004, p. I-4777).

32

GIL Insurance e.a.,

(33)  Véase el considerando 20 de la presente Decisión, así como los artículos 33.1 y 34.1 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre de 1990, sobre el régimen fiscal de las cooperativas.

33

(34)  Véase el considerando 20 de la presente Decisión.

34

(35)  Artículo 33.4 a de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre de 1990, sobre el régimen fiscal de las cooperativas.

35

(36)  Artículo 33.4 b de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre de 1990, sobre el régimen fiscal de las cooperativas.

36

(37)  Véanse los considerandos 135 a 154 de la presente Decisión respecto a la concesión de las ventajas previstas.

37

(38)  Sobre el concepto de ventaja, véanse los considerandos 135 a 154 de la presente Decisión.

38

(39)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2006 en el asunto C-88/03, Portugal/Comisión, considerandos 80 y 81 (Rec. 2006, p. I-7115).

39

(40)  Sentencia del Tribunal General de 6 de marzo de 2002 en los asuntos acumulados T-127/99, T-129/99 y T-148/99, Diputación Foral de Álava y otros/Comisión, considerando 250 (Rec. 2002, p. II-1275).

40

(41)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2006 en el asunto C-88/03, Portugal/Comisión (Rec. 2006, p. I-7115).

41

(42)  Véanse los considerandos 65 a 85 de la presente Decisión.

42

(43)  Véase la nota 41.

43

(44)  La noción de «nueva ayuda» se aplica a todas las ayudas, es decir, a los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sean ayudas ya existentes, incluidas las modificaciones de ayudas existentes (DO L 83 de 27.3.1999).

44

(45)  DO C 119 de 22.5.2002, p. 22.

45

(46)  DO C 319 de 27.12.2006, p. 1.

46

(47)  Decisión de la Comisión 96/148/CE de 26 de julio de 1995 (DO L 34 de 13.2.1996, p. 38).

47

(48)  Decisión de la Comisión de 29 de julio de 1999 [SG(99) D/5879].

48

(49)  COM(2006) 103 final, de 9 de marzo de 2006, punto 3.1.2, y COM(2008) 384 final, de 13 de junio de 2008, punto 6.3.

49

(50)  Sentencia del Tribunal General de 25 de junio de 2008 en el asunto T-268/06, Olympiaki Ypriresies AE/Comisión, considerandos 51 y 52 (Rec. 2008, p. II-1091).

50

(51)  Salvo por lo que respecta a la referencia a la constitución de grupos de productores contenida en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 (DO C 319 de 27.12.2006) y en el artículo 9 del Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 70/2001 (DO L 358 de 16.12.2006), relativo asimismo a la constitución de grupos de productores.

51

o

o

(52)  Asociación independiente y no gubernamental que agrupa, representa y ayuda a las cooperativas del mundo entero. Fundada en Londres, en 1895, la ACI tiene 224 miembros en 87 países y en todos los sectores de la economía (http://www.ica.coop).

52

(53)  Las cooperativas en la Europa empresarial, documento de consulta de la Comisión de 7 de diciembre de 2001.

53

Las cooperativas en la Europa empresarial,

(54)  El principal papel de las cooperativas en el sector agrario es recordado en el punto 4 de la Comunicación de la Comisión sobre el fomento de las cooperativas en Europa [COM(2004) 18 final], según el cual «las numerosas ventajas de las cooperativas para la economía europea las convierten en un elemento imprescindible para alcanzar los objetivos de Lisboa. De hecho, las cooperativas constituyen un ejemplo excelente de un tipo de empresa que responde simultáneamente a objetivos empresariales y sociales, de forma que estos se refuercen mutuamente. Además de en el ámbito de la política de empresa, las cooperativas desempeñan una función importante en la economía agrícola, para el desarrollo de regiones con dificultades económicas, en las que la estructura cooperativa resulta ideal para fomentar el empleo y la cohesión social».

54

(55)  DO C 28 de 1.2.2000, p. 2.

55

(56)  Sentencia del Tribunal General de 12 de septiembre de 2007 en el asunto T-348/03, Koninklijke Friesland Foods NV (Rec. 2007, p. II-101).

56

Koninklijke Friesland Foods NV

(57)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de noviembre de 2005 en el asunto C-506/03, Alemania/Comisión, p. 58 (pendiente de publicación en la Recopilación), y de 22 de junio de 2006 en los asuntos acumulados C-182/03 y 217/03, Belgium and Forum 187 ASBL/Comisión (Rec. 2006, p. I-5479).

57

(58)  Sentencias del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 1990 en el asunto C-5/89, Comisión/Alemania (Rec. 1990, p. I-3437); de 14 de enero de 1997 en el asunto C-169/95, España/Comisión (Rec. 1997, p. I-135); de 20 de marzo de 1997 en el asunto C-24/95, Alcan Deutschland (Rec. 1997, p. I-1591), y de 11 de noviembre de 2004 en los asuntos acumulados C-183/02 y C-187/02, Daewoo Electronics Manufacturing España y Territorio Histórico de Álava, Diputación Foral de Álava/Comisión (Rec. 2004, p. I-10609).

58

Alcan Deutschland

(59)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de abril de 2004 en el asunto C-99/02, Comisión/Italia, considerando 21 (Rec. 2004, p. I-3353), haciendo referencia en particular a la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 1990, anteriormente citada.

59

(60)  Decisión 2003/293/CE de la Comisión, anteriormente citada.

60

(61)  Véase la nota 58.

61

(62)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004 en el asunto C-91/01, Comisión/Italia (Rec.2004, p. I-4355).

62

(63)  Reglamento (CE) no 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (DO L 379 de 28.12.2006, p. 5).

63

o

de minimis

(64)  Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 140 de 30.4.2004, p. 1).

64

o

o

---

| 4.9.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 235/26 |
| --- | --- | --- | --- |

4.9.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 235/26

---

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 24 de marzo de 2010

relativa a la ayuda estatal C 4/03 (ex NN 102/02) ejecutada por Italia en favor de WAM SpA

[notificada con el número C(2010) 1711]

(El texto en lengua italiana es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2010/474/UE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 108, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Vista la Decisión por la cual la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE (1) con respecto a la ayuda C 4/03 (ex NN 102/02) (2),

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con los citados artículos, y teniendo en cuenta dichas observaciones,

Considerando lo siguiente:

I.   PROCEDIMIENTO

| (1) | Por carta de 26 de julio de 1999, se transmitió a la Comisión una denuncia contra WAM Engineering Ltd según la cual esta empresa habría recibido una ayuda estatal ilegal por parte de Italia. |
| --- | --- |

(1)

Por carta de 26 de julio de 1999, se transmitió a la Comisión una denuncia contra WAM Engineering Ltd según la cual esta empresa habría recibido una ayuda estatal ilegal por parte de Italia.

| (2) | Se enviaron solicitudes de información a las autoridades italianas mediante cartas de 5 de agosto y 10 de septiembre de 1999. El demandante presentó información complementaria por carta de 2 de septiembre de 1999. Mediante carta de 13 de diciembre de 1999, la Comisión comunicó al demandante la respuesta de las autoridades italianas, recibida por carta de 11 de octubre de 1999, participándole su intención de incoar el procedimiento formal de investigación. |
| --- | --- |

(2)

Se enviaron solicitudes de información a las autoridades italianas mediante cartas de 5 de agosto y 10 de septiembre de 1999. El demandante presentó información complementaria por carta de 2 de septiembre de 1999. Mediante carta de 13 de diciembre de 1999, la Comisión comunicó al demandante la respuesta de las autoridades italianas, recibida por carta de 11 de octubre de 1999, participándole su intención de incoar el procedimiento formal de investigación.

| (3) | Al mismo tiempo, la Comisión realizaba una investigación relativa a los regímenes nacionales de apoyo a las inversiones directas en terceros países, que habría debido concluirse con una comunicación de la Comisión. |
| --- | --- |

(3)

Al mismo tiempo, la Comisión realizaba una investigación relativa a los regímenes nacionales de apoyo a las inversiones directas en terceros países, que habría debido concluirse con una comunicación de la Comisión.

| (4) | En una carta con fecha de 18 de diciembre de 2001, la Comisión pidió información complementaria a Italia, en respuesta a una nueva acción del demandante (que envió a la Comisión dos recordatorios por cartas de 31 de marzo y 11 de octubre de 2000) y teniendo en cuenta el aplazamiento de la investigación sobre las inversiones directas en el extranjero. |
| --- | --- |

(4)

En una carta con fecha de 18 de diciembre de 2001, la Comisión pidió información complementaria a Italia, en respuesta a una nueva acción del demandante (que envió a la Comisión dos recordatorios por cartas de 31 de marzo y 11 de octubre de 2000) y teniendo en cuenta el aplazamiento de la investigación sobre las inversiones directas en el extranjero.

| (5) | A la luz de la información contenida en las cartas de 20 de febrero y 27 de marzo de 2002, se dirigieron nuevas preguntas a las autoridades italianas por carta de 12 de abril de 2002. |
| --- | --- |

(5)

A la luz de la información contenida en las cartas de 20 de febrero y 27 de marzo de 2002, se dirigieron nuevas preguntas a las autoridades italianas por carta de 12 de abril de 2002.

| (6) | Las autoridades italianas respondieron mediante carta de 21 de mayo de 2002. Por carta de 5 de junio de 2002, la Comisión informó a las autoridades italianas de que juzgaba incompleta la información, invitándolas a proporcionarle la información pendiente y algunas aclaraciones dentro de los veinte días laborables siguientes a la recepción del citado correo. |
| --- | --- |

(6)

Las autoridades italianas respondieron mediante carta de 21 de mayo de 2002. Por carta de 5 de junio de 2002, la Comisión informó a las autoridades italianas de que juzgaba incompleta la información, invitándolas a proporcionarle la información pendiente y algunas aclaraciones dentro de los veinte días laborables siguientes a la recepción del citado correo.

| (7) | No habiendo recibido ninguna respuesta, y aunque las autoridades italianas habían pedido por carta de 25 de junio de 2002 que el plazo inicialmente previsto se prorrogara hasta el 31 de julio de 2002, el 26 de septiembre de 2002 la Comisión adoptó una decisión de requerimiento de información con arreglo al artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (3) [en lo sucesivo, «el Reglamento (CE) no 659/1999»]. Entretanto, el asunto se transfirió al registro de ayudas no notificadas (NN) con el número NN 102/02. |
| --- | --- |

(7)

No habiendo recibido ninguna respuesta, y aunque las autoridades italianas habían pedido por carta de 25 de junio de 2002 que el plazo inicialmente previsto se prorrogara hasta el 31 de julio de 2002, el 26 de septiembre de 2002 la Comisión adoptó una decisión de requerimiento de información con arreglo al artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (3) [en lo sucesivo, «el Reglamento (CE) no 659/1999»]. Entretanto, el asunto se transfirió al registro de ayudas no notificadas (NN) con el número NN 102/02.

| (8) | Mediante cartas de 26 de junio y 4 de octubre de 2002, el demandante fue puesto al corriente sobre la evolución del expediente. Por carta de 31 de octubre de 2002, el demandante pidió que se le informara sobre el resultado del citado requerimiento. |
| --- | --- |

(8)

Mediante cartas de 26 de junio y 4 de octubre de 2002, el demandante fue puesto al corriente sobre la evolución del expediente. Por carta de 31 de octubre de 2002, el demandante pidió que se le informara sobre el resultado del citado requerimiento.

| (9) | Las autoridades italianas proporcionaron la información solicitada mediante carta de 16 de octubre de 2002 y la completaron por carta de 24 de octubre de 2002. |
| --- | --- |

(9)

Las autoridades italianas proporcionaron la información solicitada mediante carta de 16 de octubre de 2002 y la completaron por carta de 24 de octubre de 2002.

| (10) | Mediante carta de 24 de enero de 2003, la Comisión informó a Italia de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, actualmente artículo 108, apartado 2, del TFUE, con relación a la ayuda en cuestión (4). |
| --- | --- |

(10)

Mediante carta de 24 de enero de 2003, la Comisión informó a Italia de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, actualmente artículo 108, apartado 2, del TFUE, con relación a la ayuda en cuestión (4).

| (11) | Se informó al demandante por carta de 29 de enero de 2003. |
| --- | --- |

(11)

Se informó al demandante por carta de 29 de enero de 2003.

| (12) | No habiendo recibido aún este correo, el demandante envió un recordatorio a la Comisión mediante carta de 10 de febrero de 2003. |
| --- | --- |

(12)

No habiendo recibido aún este correo, el demandante envió un recordatorio a la Comisión mediante carta de 10 de febrero de 2003.

| (13) | Tras la notificación de la incoación del procedimiento a las autoridades italianas, WAM SpA envió inmediatamente una carta a la Comisión (carta de 10 de febrero de 2003). |
| --- | --- |

(13)

Tras la notificación de la incoación del procedimiento a las autoridades italianas, WAM SpA envió inmediatamente una carta a la Comisión (carta de 10 de febrero de 2003).

| (14) | Mediante carta de 27 de febrero de 2003, Italia solicitó una prórroga, hasta el 7 de marzo de 2003, del plazo de quince días que se le otorgaba para transmitir sus observaciones en materia de confidencialidad, según lo previsto en la decisión de la Comisión. |
| --- | --- |

(14)

Mediante carta de 27 de febrero de 2003, Italia solicitó una prórroga, hasta el 7 de marzo de 2003, del plazo de quince días que se le otorgaba para transmitir sus observaciones en materia de confidencialidad, según lo previsto en la decisión de la Comisión.

| (15) | Mediante carta de 10 de marzo de 2003, Italia pidió a la Comisión que no publicara la decisión, dado que el beneficiario estaba dispuesto a reembolsar la ayuda, como confirmó la propia sociedad WAM SpA en su carta de 13 de marzo de 2003, enviada directamente a la Comisión. |
| --- | --- |

(15)

Mediante carta de 10 de marzo de 2003, Italia pidió a la Comisión que no publicara la decisión, dado que el beneficiario estaba dispuesto a reembolsar la ayuda, como confirmó la propia sociedad WAM SpA en su carta de 13 de marzo de 2003, enviada directamente a la Comisión.

| (16) | Mediante carta de 18 de marzo de 2003, la Comisión señaló que, para evitar la publicación, se precisaba una decisión definitiva de archivar el asunto, decisión supeditada a la prueba previa de que tanto los dos tramos de ayuda como los intereses, calculados según un método aprobado por la Comisión, habían sido efectivamente recuperados. |
| --- | --- |

(16)

Mediante carta de 18 de marzo de 2003, la Comisión señaló que, para evitar la publicación, se precisaba una decisión definitiva de archivar el asunto, decisión supeditada a la prueba previa de que tanto los dos tramos de ayuda como los intereses, calculados según un método aprobado por la Comisión, habían sido efectivamente recuperados.

| (17) | Dado que el importe propuesto por el Gobierno italiano en su carta de 13 de mayo de 2003 era considerablemente inferior a la primera estimación del equivalente de subvención de la ayuda calculado por la Comisión sobre la base de los elementos disponibles en el momento de incoar el procedimiento, la Comisión informó a Italia, mediante carta de 22 de mayo de 2003, de que el importe de reembolso propuesto no respondía a sus criterios y, por lo tanto, la publicación tendría lugar de forma inmediata. |
| --- | --- |

(17)

Dado que el importe propuesto por el Gobierno italiano en su carta de 13 de mayo de 2003 era considerablemente inferior a la primera estimación del equivalente de subvención de la ayuda calculado por la Comisión sobre la base de los elementos disponibles en el momento de incoar el procedimiento, la Comisión informó a Italia, mediante carta de 22 de mayo de 2003, de que el importe de reembolso propuesto no respondía a sus criterios y, por lo tanto, la publicación tendría lugar de forma inmediata.

| (18) | Mediante carta de 13 de junio de 2003, el demandante pidió información en cuanto a la publicación de la decisión. La Comisión le respondió por carta de 18 de junio de 2003. El mismo día, se envió al demandante por correo electrónico una comunicación complementaria para informarlo oportunamente de que la publicación acababa de producirse. |
| --- | --- |

(18)

Mediante carta de 13 de junio de 2003, el demandante pidió información en cuanto a la publicación de la decisión. La Comisión le respondió por carta de 18 de junio de 2003. El mismo día, se envió al demandante por correo electrónico una comunicación complementaria para informarlo oportunamente de que la publicación acababa de producirse.

| (19) | Por carta de 1 de julio de 2003, precedida de un fax (enviado en la misma fecha), WAM SpA presentó una solicitud de acceso al conjunto del expediente, petición que la Comisión rechazó por carta de 14 de julio de 2003. |
| --- | --- |

(19)

Por carta de 1 de julio de 2003, precedida de un fax (enviado en la misma fecha), WAM SpA presentó una solicitud de acceso al conjunto del expediente, petición que la Comisión rechazó por carta de 14 de julio de 2003.

| (20) | Mediante carta de 20 de junio de 2003, WAM SpA respondió directamente a la comunicación por la que la Comisión informaba a Italia de la publicación de la decisión. La Comisión respondió por carta de 11 de julio de 2003. |
| --- | --- |

(20)

Mediante carta de 20 de junio de 2003, WAM SpA respondió directamente a la comunicación por la que la Comisión informaba a Italia de la publicación de la decisión. La Comisión respondió por carta de 11 de julio de 2003.

| (21) | Mediante carta de 27 de junio de 2003, el demandante anunció su intención de pedir una compensación a WAM SpA por las pérdidas sufridas en el caso de que la decisión final de la Comisión resultara negativa, y solicitó información sobre el procedimiento a seguir. |
| --- | --- |

(21)

Mediante carta de 27 de junio de 2003, el demandante anunció su intención de pedir una compensación a WAM SpA por las pérdidas sufridas en el caso de que la decisión final de la Comisión resultara negativa, y solicitó información sobre el procedimiento a seguir.

| (22) | Mediante carta de 4 de julio de 2003, Morton Machine Company Limited hizo saber que había sido citada a comparecer ante un tribunal italiano por WAM SpA, que a su vez reclamaba una indemnización, y preguntó a la Comisión si podía obtener la retirada de la citación a esa vista. |
| --- | --- |

(22)

Mediante carta de 4 de julio de 2003, Morton Machine Company Limited hizo saber que había sido citada a comparecer ante un tribunal italiano por WAM SpA, que a su vez reclamaba una indemnización, y preguntó a la Comisión si podía obtener la retirada de la citación a esa vista.

| (23) | Por carta de 10 de julio de 2003, la Comisión respondió a las dos cartas de Morton Machine Company anteriormente mencionadas. |
| --- | --- |

(23)

Por carta de 10 de julio de 2003, la Comisión respondió a las dos cartas de Morton Machine Company anteriormente mencionadas.

| (24) | Mediante carta de 16 de julio de 2003, los terceros interesados comunicaron sus observaciones, para las que solicitaban un trato confidencial. |
| --- | --- |

(24)

Mediante carta de 16 de julio de 2003, los terceros interesados comunicaron sus observaciones, para las que solicitaban un trato confidencial.

| (25) | El 23 de julio de 2003, los servicios de la Comisión se reunieron con las autoridades italianas. Antes de esta reunión, las autoridades italianas habían proporcionado algunas informaciones por carta fechada el 22 de julio de 2003 y registrada el 25 de julio de 2003, fecha de su recepción. La Comisión recibió otras informaciones, por carta de 8 de agosto de 2003, directamente procedentes de la oficina del Presidente del Consejo (Departamento de coordinación de las políticas comunitarias). |
| --- | --- |

(25)

El 23 de julio de 2003, los servicios de la Comisión se reunieron con las autoridades italianas. Antes de esta reunión, las autoridades italianas habían proporcionado algunas informaciones por carta fechada el 22 de julio de 2003 y registrada el 25 de julio de 2003, fecha de su recepción. La Comisión recibió otras informaciones, por carta de 8 de agosto de 2003, directamente procedentes de la oficina del Presidente del Consejo (Departamento de coordinación de las políticas comunitarias).

| (26) | Mediante carta de 21 de agosto de 2003, Morton Machine Company Limited preguntó si ya se había adoptado una decisión final y declaró que deseaba que se la tuviera al corriente de la evolución de la situación. La Comisión le respondió por carta de 28 de agosto de 2003. |
| --- | --- |

(26)

Mediante carta de 21 de agosto de 2003, Morton Machine Company Limited preguntó si ya se había adoptado una decisión final y declaró que deseaba que se la tuviera al corriente de la evolución de la situación. La Comisión le respondió por carta de 28 de agosto de 2003.

| (27) | Mediante carta de 19 de septiembre de 2003, Italia transmitió a la Comisión sus observaciones sobre la decisión de incoar el procedimiento formal de investigación. |
| --- | --- |

(27)

Mediante carta de 19 de septiembre de 2003, Italia transmitió a la Comisión sus observaciones sobre la decisión de incoar el procedimiento formal de investigación.

| (28) | Por carta de 3 de noviembre de 2003, Italia transmitió sus observaciones sobre los comentarios de los terceros interesados. |
| --- | --- |

(28)

Por carta de 3 de noviembre de 2003, Italia transmitió sus observaciones sobre los comentarios de los terceros interesados.

| (29) | Tras la petición de indemnización de WAM SpA de 30 de julio de 2003, la Secretaría General confirmó la denegación de acceso al expediente mediante carta de 16 de septiembre de 2003. |
| --- | --- |

(29)

Tras la petición de indemnización de WAM SpA de 30 de julio de 2003, la Secretaría General confirmó la denegación de acceso al expediente mediante carta de 16 de septiembre de 2003.

| (30) | En su carta de 14 de enero de 2004, Italia envió los datos no incluidos en su respuesta de 19 de septiembre de 2003. |
| --- | --- |

(30)

En su carta de 14 de enero de 2004, Italia envió los datos no incluidos en su respuesta de 19 de septiembre de 2003.

| (31) | El 19 de mayo de 2004, la Comisión adoptó una Decisión en virtud del artículo 7, apartados 3 y 5, del Reglamento (CE) no 659/1999 (5). |
| --- | --- |

(31)

El 19 de mayo de 2004, la Comisión adoptó una Decisión en virtud del artículo 7, apartados 3 y 5, del Reglamento (CE) no 659/1999 (5).

| (32) | Tanto WAM SpA como Italia interpusieron un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia contra la Decisión de la Comisión de 19 de mayo de 2004. El 6 de septiembre de 2006, tras acumular los asuntos, dicho tribunal dictó una sentencia por la que anulaba la Decisión de la Comisión en razón de que esta no había ofrecido argumentos suficientes para demostrar que las ayudas concedidas en el caso que nos ocupa podían incidir en los intercambios comerciales y afectar a la competencia en el mercado de la UE (6). |
| --- | --- |

(32)

Tanto WAM SpA como Italia interpusieron un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia contra la Decisión de la Comisión de 19 de mayo de 2004. El 6 de septiembre de 2006, tras acumular los asuntos, dicho tribunal dictó una sentencia por la que anulaba la Decisión de la Comisión en razón de que esta no había ofrecido argumentos suficientes para demostrar que las ayudas concedidas en el caso que nos ocupa podían incidir en los intercambios comerciales y afectar a la competencia en el mercado de la UE (6).

| (33) | La Comisión presentó contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia un recurso que fue rechazado por el Tribunal de Justicia el 30 de abril de 2009 (7). |
| --- | --- |

(33)

La Comisión presentó contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia un recurso que fue rechazado por el Tribunal de Justicia el 30 de abril de 2009 (7).

II.   DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA

| (34) | WAM SpA es una sociedad de Derecho italiano con sede en Cavezzo, Italia. En el período en cuestión, a saber, de 1995 a 2000, producía y comercializaba transportadores de tornillo sinfín, tornillos sinfín, filtros desempolvadores y válvulas para uso industrial, sectores en los que la UE cuenta con numerosos productores. En el mercado de los filtros desempolvadores, sobre todo, WAM SpA debía enfrentarse a la competencia de una serie de productores europeos de mayores dimensiones y dotados con tecnologías avanzadas y una estructura comercial muy desarrollada (8). |
| --- | --- |

(34)

WAM SpA es una sociedad de Derecho italiano con sede en Cavezzo, Italia. En el período en cuestión, a saber, de 1995 a 2000, producía y comercializaba transportadores de tornillo sinfín, tornillos sinfín, filtros desempolvadores y válvulas para uso industrial, sectores en los que la UE cuenta con numerosos productores. En el mercado de los filtros desempolvadores, sobre todo, WAM SpA debía enfrentarse a la competencia de una serie de productores europeos de mayores dimensiones y dotados con tecnologías avanzadas y una estructura comercial muy desarrollada (8).

| (35) | Por lo que se refiere a la presencia de WAM SpA en el mercado italiano, la empresa tenía, en el sector de los transportadores de tornillo sinfín para cemento, una cuota de mercado del 60 % en 1991, del 50 % en 2000 y del 55 % en 2003. En cuanto a los filtros desempolvadores, su cuota de mercado era del 40 % en 1991, para seguidamente alcanzar el 50 % en 2000 y el 60 % en 2003 (9). |
| --- | --- |

(35)

Por lo que se refiere a la presencia de WAM SpA en el mercado italiano, la empresa tenía, en el sector de los transportadores de tornillo sinfín para cemento, una cuota de mercado del 60 % en 1991, del 50 % en 2000 y del 55 % en 2003. En cuanto a los filtros desempolvadores, su cuota de mercado era del 40 % en 1991, para seguidamente alcanzar el 50 % en 2000 y el 60 % en 2003 (9).

| (36) | A partir de 1997, WAM SpA extendió sus ventas a los mercados de otros Estados miembros de la Unión, y en particular a Alemania occidental y a Francia: en 2000, controlaba el 70 % de los mercados franceses y alemanes, así como el 60 % del mercado británico de los transportadores de tornillo sinfín para el cemento, mientras que en el mercado de los filtros desempolvadores tenía una cuota de mercado del 50 % en Francia, del 20 % en Alemania y del 10 % en el Reino Unido (10). |
| --- | --- |

(36)

A partir de 1997, WAM SpA extendió sus ventas a los mercados de otros Estados miembros de la Unión, y en particular a Alemania occidental y a Francia: en 2000, controlaba el 70 % de los mercados franceses y alemanes, así como el 60 % del mercado británico de los transportadores de tornillo sinfín para el cemento, mientras que en el mercado de los filtros desempolvadores tenía una cuota de mercado del 50 % en Francia, del 20 % en Alemania y del 10 % en el Reino Unido (10).

| (37) | En 1994, se constituyó una filial japonesa, la WAM Japan. Esta filial estaba especializada en la comercialización de dos productos fabricados en Italia cuyos costes de transporte eran relativamente bajos, a saber, los filtros desempolvadores y las válvulas. En 1995, se constituyó una filial china, gestionada en un primer momento como empresa en participación junto con un socio local y reconvertida en filial de pleno derecho de WAM SpA en 1998 (11). |
| --- | --- |

(37)

En 1994, se constituyó una filial japonesa, la WAM Japan. Esta filial estaba especializada en la comercialización de dos productos fabricados en Italia cuyos costes de transporte eran relativamente bajos, a saber, los filtros desempolvadores y las válvulas. En 1995, se constituyó una filial china, gestionada en un primer momento como empresa en participación junto con un socio local y reconvertida en filial de pleno derecho de WAM SpA en 1998 (11).

| (38) | Durante el período en cuestión, WAM SpA tenía una participación del 84 % en el capital de «WAM Engineering Ltd», sociedad de Derecho inglés con sede en Tewkesbury, Reino Unido. El segmento de mercado en el que operaba WAM Engineering Ltd era el de la concepción, producción y venta de mezcladores industriales utilizados principalmente en la industria alimentaria, química, farmacéutica y medioambiental. |
| --- | --- |

(38)

Durante el período en cuestión, WAM SpA tenía una participación del 84 % en el capital de «WAM Engineering Ltd», sociedad de Derecho inglés con sede en Tewkesbury, Reino Unido. El segmento de mercado en el que operaba WAM Engineering Ltd era el de la concepción, producción y venta de mezcladores industriales utilizados principalmente en la industria alimentaria, química, farmacéutica y medioambiental.

| (39) | Haciendo referencia a la política de precios practicada por WAM Engineering Ltd en el Reino Unido, el demandante afirmó que la empresa estaba en condiciones de ofrecer los mismos productos que él mismo fabricaba y comercializaba (mezcladores industriales) a casi un tercio de sus precios-importe que, en su opinión, apenas permitía comprar las materias primas necesarias para producirlos, gracias a los fondos que le habían sido concedidos por el Gobierno italiano en virtud, concretamente, de la ley no 394 de 29 de julio de 1981 (en lo sucesivo, «la ley 394/81»). |
| --- | --- |

(39)

Haciendo referencia a la política de precios practicada por WAM Engineering Ltd en el Reino Unido, el demandante afirmó que la empresa estaba en condiciones de ofrecer los mismos productos que él mismo fabricaba y comercializaba (mezcladores industriales) a casi un tercio de sus precios-importe que, en su opinión, apenas permitía comprar las materias primas necesarias para producirlos, gracias a los fondos que le habían sido concedidos por el Gobierno italiano en virtud, concretamente, de la ley no 394 de 29 de julio de 1981 (en lo sucesivo, «la ley 394/81»).

| (40) | Según el demandante, WAM Engineering Ltd había recibido, en el marco de la ley 394/81, un apoyo financiero para programas de penetración comercial en países no miembros de la UE. En principio, la ley 394/81 ayudaba, en particular, a las empresas italianas decididas a establecer una filial en el extranjero en forma de oficinas de representación, filiales de venta y almacenes. |
| --- | --- |

(40)

Según el demandante, WAM Engineering Ltd había recibido, en el marco de la ley 394/81, un apoyo financiero para programas de penetración comercial en países no miembros de la UE. En principio, la ley 394/81 ayudaba, en particular, a las empresas italianas decididas a establecer una filial en el extranjero en forma de oficinas de representación, filiales de venta y almacenes.

| (41) | Las autoridades italianas confirmaron que en 1995 habían concedido a WAM SpA ayudas en forma de préstamos bonificados por un importe de 2 281 450 000 de liras italianas (LIT) (aproximadamente 1,18 millones EUR) para la realización de proyectos en Japón, Corea del Sur y Taiwán. Según estas mismas autoridades, la empresa, en la práctica, había recibido un préstamo bonificado de 1 358 505 421 LIT (unos 0,7 millones EUR), dado que los proyectos previstos para Corea y Taiwán no pudieron llevarse a cabo debido a la crisis económica a que se enfrentaban dichos países. |
| --- | --- |

(41)

Las autoridades italianas confirmaron que en 1995 habían concedido a WAM SpA ayudas en forma de préstamos bonificados por un importe de 2 281 450 000 de liras italianas (LIT) (aproximadamente 1,18 millones EUR) para la realización de proyectos en Japón, Corea del Sur y Taiwán. Según estas mismas autoridades, la empresa, en la práctica, había recibido un préstamo bonificado de 1 358 505 421 LIT (unos 0,7 millones EUR), dado que los proyectos previstos para Corea y Taiwán no pudieron llevarse a cabo debido a la crisis económica a que se enfrentaban dichos países.

| (42) | El préstamo bonificado cubría el 85 % de los gastos admisibles y la bonificación de intereses podía alcanzar hasta un 60 % del tipo de referencia. El préstamo habría debido reembolsarse linealmente en cinco años, por tramos semestrales iguales, mientras que el pago de los intereses se haría sobre el saldo de la deuda pendiente. Se había previsto un período de gracia de dos años. |
| --- | --- |

(42)

El préstamo bonificado cubría el 85 % de los gastos admisibles y la bonificación de intereses podía alcanzar hasta un 60 % del tipo de referencia. El préstamo habría debido reembolsarse linealmente en cinco años, por tramos semestrales iguales, mientras que el pago de los intereses se haría sobre el saldo de la deuda pendiente. Se había previsto un período de gracia de dos años.

| (43) | El tipo de interés bonificado del préstamo específico, equivalente al 4,4 %, se calculó con relación a un tipo del mercado del 11 %. Habida cuenta de todo lo anterior y de la información disponible en el momento de incoar el procedimiento, la intensidad de la ayuda parecía alcanzar un 16,38 % de equivalente de subvención bruto (ESB), correspondiente a una ayuda de 222 523 millones LIT (unos 115 000 EUR). |
| --- | --- |

(43)

El tipo de interés bonificado del préstamo específico, equivalente al 4,4 %, se calculó con relación a un tipo del mercado del 11 %. Habida cuenta de todo lo anterior y de la información disponible en el momento de incoar el procedimiento, la intensidad de la ayuda parecía alcanzar un 16,38 % de equivalente de subvención bruto (ESB), correspondiente a una ayuda de 222 523 millones LIT (unos 115 000 EUR).

| (44) | Los costes admisibles de esta ayuda se distribuyeron en dos categorías: los costes generados por las estructuras permanentes en el extranjero y los gastos de promoción comercial. Los costes tomados en consideración, expresados en millones LIT, figuran en el siguiente cuadro:






  (en millones LIT) |
| --- | --- |
| COSTES ADMISIBLES | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS |
| ESTRUCTURAS PERMANENTES |
| Alquiler, seguros, infraestructuras | 122,56 |
| Gastos de funcionamiento (en particular, personal, mobiliario y equipamiento de las estructuras permanentes) | 556,94 |
| Modelos de exposición | 38,23 |
| Servicios de asesoría | 29,43 |
| Subtotal 1 | 747,18 |
| PROMOCIÓN COMERCIAL |
| Almacenamiento de las mercancías | 456,28 |
| Estudios de mercado | 40,95 |
| Ferias y exposiciones | 12,19 |
| Publicidad | 94,39 |
| Viajes de negocios | 7,52 |
| Subtotal 2 | 611,33 |
| Total general | 1 358,51 |

(44)

Los costes admisibles de esta ayuda se distribuyeron en dos categorías: los costes generados por las estructuras permanentes en el extranjero y los gastos de promoción comercial. Los costes tomados en consideración, expresados en millones LIT, figuran en el siguiente cuadro:

(en millones LIT)

COSTES ADMISIBLES

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

ESTRUCTURAS PERMANENTES

Alquiler, seguros, infraestructuras

122,56

Gastos de funcionamiento (en particular, personal, mobiliario y equipamiento de las estructuras permanentes)

556,94

Modelos de exposición

38,23

Servicios de asesoría

29,43

Subtotal 1

747,18

PROMOCIÓN COMERCIAL

Almacenamiento de las mercancías

456,28

Estudios de mercado

40,95

Ferias y exposiciones

12,19

Publicidad

94,39

Viajes de negocios

7,52

Subtotal 2

611,33

Total general

1 358,51

| (45) | Además, en respuesta a una solicitud de información de la Comisión, las autoridades italianas declararon, por carta de 21 de mayo de 2002, que el 9 de noviembre de 2000 se había concedido a WAM SpA otro préstamo bonificado por un importe de 1 940 579 808 LIT (alrededor de 1 millón EUR) en el marco del mismo régimen. |
| --- | --- |

(45)

Además, en respuesta a una solicitud de información de la Comisión, las autoridades italianas declararon, por carta de 21 de mayo de 2002, que el 9 de noviembre de 2000 se había concedido a WAM SpA otro préstamo bonificado por un importe de 1 940 579 808 LIT (alrededor de 1 millón EUR) en el marco del mismo régimen.

| (46) | En el momento de incoar el procedimiento, la Comisión no disponía de ninguna información precisa sobre esta ayuda suplementaria. |
| --- | --- |

(46)

En el momento de incoar el procedimiento, la Comisión no disponía de ninguna información precisa sobre esta ayuda suplementaria.

III.   MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| (47) | Las autoridades italianas sostuvieron, en su carta de 21 de mayo de 2002, que la ayuda concedida a WAM SpA en 1995 en virtud de la ley 394/81 era sensiblemente inferior al límite de minimis y que no se había concedido ninguna otra ayuda de minimis al mismo beneficiario durante el mismo período de tres años. Destacaron asimismo que la ayuda no podía de ningún modo considerarse directamente vinculada a las cantidades exportadas. |
| --- | --- |

(47)

Las autoridades italianas sostuvieron, en su carta de 21 de mayo de 2002, que la ayuda concedida a WAM SpA en 1995 en virtud de la ley 394/81 era sensiblemente inferior al límite de minimis y que no se había concedido ninguna otra ayuda de minimis al mismo beneficiario durante el mismo período de tres años. Destacaron asimismo que la ayuda no podía de ningún modo considerarse directamente vinculada a las cantidades exportadas.

| (48) | La Comisión observó que la mayor parte de los costes admisibles tomados en consideración para la ayuda específica concedida a WAM SpA en 1995 —como el alquiler, los seguros, las infraestructuras y los gastos de funcionamiento (personal, muebles y equipamiento, en particular)—, relativos al establecimiento de una sede comercial permanente en el extranjero, habrían podido considerarse ayudas a la constitución y gestión de una red de distribución. |
| --- | --- |

(48)

La Comisión observó que la mayor parte de los costes admisibles tomados en consideración para la ayuda específica concedida a WAM SpA en 1995 —como el alquiler, los seguros, las infraestructuras y los gastos de funcionamiento (personal, muebles y equipamiento, en particular)—, relativos al establecimiento de una sede comercial permanente en el extranjero, habrían podido considerarse ayudas a la constitución y gestión de una red de distribución.

| (49) | Del mismo modo, según la Comisión, los costes relativos a los servicios de asesoramiento para las estructuras permanentes en el extranjero, la publicidad y los viajes de negocios habrían debido considerarse gastos corrientes vinculados a la actividad de exportación. |
| --- | --- |

(49)

Del mismo modo, según la Comisión, los costes relativos a los servicios de asesoramiento para las estructuras permanentes en el extranjero, la publicidad y los viajes de negocios habrían debido considerarse gastos corrientes vinculados a la actividad de exportación.

| (50) | En su decisión de incoar el procedimiento formal de investigación, la Comisión estableció que, en virtud del último apartado de su Comunicación sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (12), si, en el momento de la Decisión, las Directrices han sido sustituidas por un Reglamento, las condiciones fijadas por el Reglamento deberán aplicarse cuando sean más ventajosas que las de las Directrices. Por lo tanto, en la decisión de incoar el procedimiento formal de investigación, la Comisión señaló que, por lo que se refiere a las ayudas de minimis, deben aplicarse, en principio, las disposiciones del Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis
   (13) [en lo sucesivo, «el Reglamento (CE) no 69/2001»]. |
| --- | --- |

(50)

En su decisión de incoar el procedimiento formal de investigación, la Comisión estableció que, en virtud del último apartado de su Comunicación sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (12), si, en el momento de la Decisión, las Directrices han sido sustituidas por un Reglamento, las condiciones fijadas por el Reglamento deberán aplicarse cuando sean más ventajosas que las de las Directrices. Por lo tanto, en la decisión de incoar el procedimiento formal de investigación, la Comisión señaló que, por lo que se refiere a las ayudas de minimis, deben aplicarse, en principio, las disposiciones del Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis
   (13) [en lo sucesivo, «el Reglamento (CE) no 69/2001»].

| (51) | No obstante, con arreglo a su artículo 1, letra a), el Reglamento (CE) no 69/2001 no se aplicaba a las ayudas en favor de actividades relacionadas con la exportación, es decir, a las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, así como a la constitución y gestión de una red de distribución u otros gastos corrientes vinculados a la actividad de exportación. |
| --- | --- |

(51)

No obstante, con arreglo a su artículo 1, letra a), el Reglamento (CE) no 69/2001 no se aplicaba a las ayudas en favor de actividades relacionadas con la exportación, es decir, a las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, así como a la constitución y gestión de una red de distribución u otros gastos corrientes vinculados a la actividad de exportación.

| (52) | En cuanto a la conformidad de la ayuda en cuestión con las disposiciones de minimis pertinentes, conviene observar que en la decisión de incoar el procedimiento formal de investigación la Comisión estableció que las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a las PYME de 1992 (14) (en lo sucesivo, «las Directrices sobre las PYME de 1992») no excluían explícitamente las ayudas a la exportación, pero fijaban un límite inferior para las ayudas de minimis, equivalente a 50 000 ECU. |
| --- | --- |

(52)

En cuanto a la conformidad de la ayuda en cuestión con las disposiciones de minimis pertinentes, conviene observar que en la decisión de incoar el procedimiento formal de investigación la Comisión estableció que las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a las PYME de 1992 (14) (en lo sucesivo, «las Directrices sobre las PYME de 1992») no excluían explícitamente las ayudas a la exportación, pero fijaban un límite inferior para las ayudas de minimis, equivalente a 50 000 ECU.

| (53) | Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en la decisión de incoar el procedimiento formal de investigación la Comisión expresó sus dudas sobre el hecho de que la ayuda concedida a WAM SpA en 1995 en virtud de la ley 394/81 pudiera considerarse conforme a alguna norma de minimis aplicable. |
| --- | --- |

(53)

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en la decisión de incoar el procedimiento formal de investigación la Comisión expresó sus dudas sobre el hecho de que la ayuda concedida a WAM SpA en 1995 en virtud de la ley 394/81 pudiera considerarse conforme a alguna norma de minimis aplicable.

| (54) | Además, basándose en un examen preliminar, la Comisión alimentaba serias dudas sobre la posibilidad de que en virtud de alguna disposición la ayuda concedida a WAM SpA pudiese considerarse compatible con el Tratado CE, en los sucesivo Tratado TFUE. |
| --- | --- |

(54)

Además, basándose en un examen preliminar, la Comisión alimentaba serias dudas sobre la posibilidad de que en virtud de alguna disposición la ayuda concedida a WAM SpA pudiese considerarse compatible con el Tratado CE, en los sucesivo Tratado TFUE.

| (55) | En el momento de incoar el procedimiento formal de investigación, la Comisión no tenía conocimiento de ningún detalle específico —como la intensidad de la ayuda y los gastos admisibles— de la ayuda «grupo WAM» (designada así por las autoridades italianas), concedida en 2000, siempre en forma de un préstamo bonificado, en virtud de la ley 394/81, ya que las autoridades italianas no habían comunicado ninguna información útil al respecto. |
| --- | --- |

(55)

En el momento de incoar el procedimiento formal de investigación, la Comisión no tenía conocimiento de ningún detalle específico —como la intensidad de la ayuda y los gastos admisibles— de la ayuda «grupo WAM» (designada así por las autoridades italianas), concedida en 2000, siempre en forma de un préstamo bonificado, en virtud de la ley 394/81, ya que las autoridades italianas no habían comunicado ninguna información útil al respecto.

| (56) | Por consiguiente, en esa fase del procedimiento, la Comisión no pudo evaluar con precisión la ayuda en cuestión. No obstante, expresó sus dudas en cuanto al hecho de que —teniendo el mismo objetivo y la misma base jurídica que la ayuda concedida en 1995— pudiese considerarse conforme a lo establecido en el Tratado CE, actualmente TFUE, en virtud de alguna disposición pertinente. |
| --- | --- |

(56)

Por consiguiente, en esa fase del procedimiento, la Comisión no pudo evaluar con precisión la ayuda en cuestión. No obstante, expresó sus dudas en cuanto al hecho de que —teniendo el mismo objetivo y la misma base jurídica que la ayuda concedida en 1995— pudiese considerarse conforme a lo establecido en el Tratado CE, actualmente TFUE, en virtud de alguna disposición pertinente.

| (57) | Las autoridades italianas subrayaron asimismo, en su carta de 24 de octubre de 2002, que nunca se había concedido directamente a «WAM Engineering Ltd» ninguna ayuda y que no existía ninguna empresa registrada bajo este nombre en el registro mercantil italiano. En cualquier caso, la Comisión había observado, en primer lugar, que «WAM SpA» tenía el 84 % del capital de «WAM Engineering Ltd», y, en segundo lugar, que ya en su carta de 11 de octubre de 1999, las autoridades italianas habían anunciado que «WAM SpA» había recibido un préstamo bonificado en virtud de la ley 394/81, añadiendo, por carta de 21 de mayo de 2002, que el «grupo WAM» había recibido otro préstamo bonificado el 9 de noviembre de 2000, en el marco del mismo régimen. |
| --- | --- |

(57)

Las autoridades italianas subrayaron asimismo, en su carta de 24 de octubre de 2002, que nunca se había concedido directamente a «WAM Engineering Ltd» ninguna ayuda y que no existía ninguna empresa registrada bajo este nombre en el registro mercantil italiano. En cualquier caso, la Comisión había observado, en primer lugar, que «WAM SpA» tenía el 84 % del capital de «WAM Engineering Ltd», y, en segundo lugar, que ya en su carta de 11 de octubre de 1999, las autoridades italianas habían anunciado que «WAM SpA» había recibido un préstamo bonificado en virtud de la ley 394/81, añadiendo, por carta de 21 de mayo de 2002, que el «grupo WAM» había recibido otro préstamo bonificado el 9 de noviembre de 2000, en el marco del mismo régimen.

IV.   OBSERVACIONES DE LAS PARTES INTERESADAS

| (58) | Un tercero interesado, que solicitó que no se revelara su identidad, formuló observaciones sobre la decisión de incoar el procedimiento formal de investigación. |
| --- | --- |

(58)

Un tercero interesado, que solicitó que no se revelara su identidad, formuló observaciones sobre la decisión de incoar el procedimiento formal de investigación.

| (59) | En sus observaciones, el tercero interesado valora los esfuerzos realizados por la Comisión para restablecer las condiciones de competencia normales en el sector en cuestión y lamenta la pérdida de competencias técnicas y de puestos de trabajo resultantes de la posición de WAM SpA en el mercado. |
| --- | --- |

(59)

En sus observaciones, el tercero interesado valora los esfuerzos realizados por la Comisión para restablecer las condiciones de competencia normales en el sector en cuestión y lamenta la pérdida de competencias técnicas y de puestos de trabajo resultantes de la posición de WAM SpA en el mercado.

| (60) | Italia, informada de estas observaciones por carta de la Comisión de 25 de septiembre de 2003, indicó que, en su opinión, tales observaciones no aportaban nada nuevo, puesto que se limitaban a confirmar algunas afirmaciones ya formuladas en el caso que nos ocupa, incluso por el propio demandante. Italia consideraba, en particular, que está lo suficientemente demostrada la ausencia de toda conexión entre los hechos expuestos en las citadas observaciones y la financiación de WAM SpA en virtud de la ley 349/81. |
| --- | --- |

(60)

Italia, informada de estas observaciones por carta de la Comisión de 25 de septiembre de 2003, indicó que, en su opinión, tales observaciones no aportaban nada nuevo, puesto que se limitaban a confirmar algunas afirmaciones ya formuladas en el caso que nos ocupa, incluso por el propio demandante. Italia consideraba, en particular, que está lo suficientemente demostrada la ausencia de toda conexión entre los hechos expuestos en las citadas observaciones y la financiación de WAM SpA en virtud de la ley 349/81.

V.   OBSERVACIONES DE ITALIA

| (61) | Por lo que se refiere al préstamo de 1995, las autoridades italianas facilitaron elementos de prueba que demuestran que, en el momento de la concesión de la primera ayuda y de la presentación de la correspondiente solicitud, WAM SpA respondía, sobre la base de su balance para 1994, a la definición de empresa mediana según lo establecido en el punto 2.2 de las Directrices comunitarias sobre las PYME de 1992, puesto que empleaba a 163 personas, tenía un volumen de negocios anual de 16,8 millones EUR y un balance patrimonial total de 20,1 millones EUR y, por último, era propiedad de dos empresas que respondían, ambas, a la definición de PYME. No obstante, las propias autoridades italianas han reconocido que a partir de 1998 WAM SpA ya no era una PYME y, por lo tanto, tampoco lo era en el momento de la concesión de la segunda ayuda (en 2000). |
| --- | --- |

(61)

Por lo que se refiere al préstamo de 1995, las autoridades italianas facilitaron elementos de prueba que demuestran que, en el momento de la concesión de la primera ayuda y de la presentación de la correspondiente solicitud, WAM SpA respondía, sobre la base de su balance para 1994, a la definición de empresa mediana según lo establecido en el punto 2.2 de las Directrices comunitarias sobre las PYME de 1992, puesto que empleaba a 163 personas, tenía un volumen de negocios anual de 16,8 millones EUR y un balance patrimonial total de 20,1 millones EUR y, por último, era propiedad de dos empresas que respondían, ambas, a la definición de PYME. No obstante, las propias autoridades italianas han reconocido que a partir de 1998 WAM SpA ya no era una PYME y, por lo tanto, tampoco lo era en el momento de la concesión de la segunda ayuda (en 2000).

| (62) | A la información que la Comisión poseía en el momento de incoar el procedimiento no se ha añadido ningún nuevo elemento sustancial con relación al primer préstamo, exceptuando el hecho de que el préstamo se había puesto a disposición del beneficiario en varios tramos respecto a los cuales el período de gracia podía variar de cero a dos años. Al parecer, el contrato original no contenía ninguna disposición relativa a la revisión del tipo de interés. El reembolso íntegro del préstamo estaba previsto para abril de 2004. |
| --- | --- |

(62)

A la información que la Comisión poseía en el momento de incoar el procedimiento no se ha añadido ningún nuevo elemento sustancial con relación al primer préstamo, exceptuando el hecho de que el préstamo se había puesto a disposición del beneficiario en varios tramos respecto a los cuales el período de gracia podía variar de cero a dos años. Al parecer, el contrato original no contenía ninguna disposición relativa a la revisión del tipo de interés. El reembolso íntegro del préstamo estaba previsto para abril de 2004.

| (63) | Por lo que se refiere al préstamo de 2000, las autoridades italianas precisaron, tras la incoación del procedimiento, mediante carta de 25 de julio de 2003, que su importe total efectivo era de 3 603 574 689 LIT (1 861 091,01 EUR) y no de 1 940 579 808 LIT (alrededor de 1 millón EUR), como ya habían declarado anteriormente en su carta de 21 de mayo de 2002 y como se indicaba en la decisión de incoar el procedimiento formal de investigación. En efecto, esta última cifra solo se refería a la parte del préstamo ya abonada en el momento de redactarse la carta, independientemente del importe total del préstamo concedido. |
| --- | --- |

(63)

Por lo que se refiere al préstamo de 2000, las autoridades italianas precisaron, tras la incoación del procedimiento, mediante carta de 25 de julio de 2003, que su importe total efectivo era de 3 603 574 689 LIT (1 861 091,01 EUR) y no de 1 940 579 808 LIT (alrededor de 1 millón EUR), como ya habían declarado anteriormente en su carta de 21 de mayo de 2002 y como se indicaba en la decisión de incoar el procedimiento formal de investigación. En efecto, esta última cifra solo se refería a la parte del préstamo ya abonada en el momento de redactarse la carta, independientemente del importe total del préstamo concedido.

| (64) | En realidad, se abonaron posteriormente otros dos tramos de la ayuda. En concreto el último tramo, equivalente a 248 091,01 EUR, se pagó el 22 de enero de 2003. Las condiciones de concesión de este segundo préstamo eran iguales a las del préstamo de 1995, dado que ambos se concedieron en virtud de la ley 394/81. La concesión del importe total del préstamo de 2000 se decidió el 9 de noviembre de 2000 y el contrato se firmó el 20 de diciembre de 2000. |
| --- | --- |

(64)

En realidad, se abonaron posteriormente otros dos tramos de la ayuda. En concreto el último tramo, equivalente a 248 091,01 EUR, se pagó el 22 de enero de 2003. Las condiciones de concesión de este segundo préstamo eran iguales a las del préstamo de 1995, dado que ambos se concedieron en virtud de la ley 394/81. La concesión del importe total del préstamo de 2000 se decidió el 9 de noviembre de 2000 y el contrato se firmó el 20 de diciembre de 2000.

| (65) | Recogemos a continuación un desglose de los costes admisibles tenidos en cuenta para la ayuda en cuestión transmitido por el Gobierno italiano en un cuadro anejo a su carta de 22 de julio de 2003:






  (en millones EUR) |
| --- | --- |
| COSTES ADMISIBLES | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS |
| ESTRUCTURAS PERMANENTES |
| Alquiler y mobiliario de los locales, vehículos | 331,27 |
| Gastos de funcionamiento (gestión, bienes, personal) | 973,50 |
| Modelos de exposición | 0,87 |
| Formación | 25,24 |
| Servicios de asesoría | 30,29 |
| Subtotal 1 | 1 361,17 |
| PROMOCIÓN COMERCIAL |
| Almacenamiento de las mercancías | 353,39 |
| Ferias y promociones | 6,37 |
| Publicidad | 42,74 |
| Viajes de negocios | 94,84 |
| Viajes de los clientes en Italia | 2,59 |
| Subtotal 2 | 499,92 |
| Total general | 1 861,09 |

(65)

Recogemos a continuación un desglose de los costes admisibles tenidos en cuenta para la ayuda en cuestión transmitido por el Gobierno italiano en un cuadro anejo a su carta de 22 de julio de 2003:

(en millones EUR)

COSTES ADMISIBLES

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

ESTRUCTURAS PERMANENTES

Alquiler y mobiliario de los locales, vehículos

331,27

Gastos de funcionamiento (gestión, bienes, personal)

973,50

Modelos de exposición

0,87

Formación

25,24

Servicios de asesoría

30,29

Subtotal 1

1 361,17

PROMOCIÓN COMERCIAL

Almacenamiento de las mercancías

353,39

Ferias y promociones

6,37

Publicidad

42,74

Viajes de negocios

94,84

Viajes de los clientes en Italia

2,59

Subtotal 2

499,92

Total general

1 861,09

| (66) | Por otra parte, de los documentos adjuntados a la carta de 14 de enero de 2004, se desprende que el programa en cuestión habría debido ser realizado en China conjuntamente por WAM SpA y «WAM Bulk Handling Machinery Shangai Co. Ltd», una empresa local controlada al 100 % por WAM SpA. |
| --- | --- |

(66)

Por otra parte, de los documentos adjuntados a la carta de 14 de enero de 2004, se desprende que el programa en cuestión habría debido ser realizado en China conjuntamente por WAM SpA y «WAM Bulk Handling Machinery Shangai Co. Ltd», una empresa local controlada al 100 % por WAM SpA.

| (67) | Se consideraron como costes admisibles los alquileres de locales para oficinas, almacenes, salas de exposición y asistencia técnica (para una superficie total de 7 500 m2), así como la compra, el alquiler o el arrendamiento financiero de tres vehículos y los gastos de personal de la sociedad matriz y en el extranjero (en particular, un director de ventas y seis técnicos). |
| --- | --- |

(67)

Se consideraron como costes admisibles los alquileres de locales para oficinas, almacenes, salas de exposición y asistencia técnica (para una superficie total de 7 500 m2), así como la compra, el alquiler o el arrendamiento financiero de tres vehículos y los gastos de personal de la sociedad matriz y en el extranjero (en particular, un director de ventas y seis técnicos).

| (68) | El tipo de interés aplicado al préstamo en cuestión fue del 2,32 %, lo que equivale al 40 % del tipo de referencia del 5,8 % vigente en el momento de la concesión de la ayuda. De nuevo, no hay constancia de que el contrato contemplase ninguna modificación del tipo de interés durante el período de vigencia del préstamo. Este se concedió al beneficiario en varios tramos, de modo que el período de gracia oscilara entre cero y dos años. |
| --- | --- |

(68)

El tipo de interés aplicado al préstamo en cuestión fue del 2,32 %, lo que equivale al 40 % del tipo de referencia del 5,8 % vigente en el momento de la concesión de la ayuda. De nuevo, no hay constancia de que el contrato contemplase ninguna modificación del tipo de interés durante el período de vigencia del préstamo. Este se concedió al beneficiario en varios tramos, de modo que el período de gracia oscilara entre cero y dos años.

| (69) | Por lo que se refiere al reembolso, de los datos proporcionados por Italia se desprende que el período de gracia de dos años finalizó el 20 de febrero de 2003 y que, durante ese período, solo se pagaron los intereses sobre los tramos ya abonados al beneficiario. El período de reembolso de cinco años comenzó el 20 de agosto de 2003. El préstamo debía reembolsarse linealmente, por cuotas semestrales iguales y pagando los intereses sobre el saldo de la deuda pendiente. Según el calendario previsto, el reembolso debía por lo tanto concluirse a más tardar el 20 de febrero de 2008. |
| --- | --- |

(69)

Por lo que se refiere al reembolso, de los datos proporcionados por Italia se desprende que el período de gracia de dos años finalizó el 20 de febrero de 2003 y que, durante ese período, solo se pagaron los intereses sobre los tramos ya abonados al beneficiario. El período de reembolso de cinco años comenzó el 20 de agosto de 2003. El préstamo debía reembolsarse linealmente, por cuotas semestrales iguales y pagando los intereses sobre el saldo de la deuda pendiente. Según el calendario previsto, el reembolso debía por lo tanto concluirse a más tardar el 20 de febrero de 2008.

| (70) | Por otra parte, por lo que se refiere a la modificación del tipo de interés durante el período de reembolso, las autoridades italianas sostuvieron que el marco jurídico italiano contenía efectivamente disposiciones generales que permitían esta disminución. |
| --- | --- |

(70)

Por otra parte, por lo que se refiere a la modificación del tipo de interés durante el período de reembolso, las autoridades italianas sostuvieron que el marco jurídico italiano contenía efectivamente disposiciones generales que permitían esta disminución.

| (71) | Además, por lo que respecta a ambos préstamos, las autoridades italianas sostuvieron que el coste de la garantía bancaria obligatoria, exigida antes de la concesión de los préstamos, debía deducirse del importe de las ayudas. |
| --- | --- |

(71)

Además, por lo que respecta a ambos préstamos, las autoridades italianas sostuvieron que el coste de la garantía bancaria obligatoria, exigida antes de la concesión de los préstamos, debía deducirse del importe de las ayudas.

| (72) | Con relación a las exportaciones de WAM SpA dentro y fuera de la UE, se comunicaron los siguientes datos:








  AÑO | EXPORTACIONES DENTRO DE LA UE | EXPORTACIONES FUERA DE LA UE | TOTAL EXPORTACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 10 237 196 | 4 477 951 | 14 715 147 |
| 1996 | 9 338 640 | 5 592 122 | 14 930 762 |
| 1997 | 9 974 814 | 5 813 442 | 15 788 256 |
| 1998 | 10 780 161 | 5 346 514 | 16 126 675 |
| 1999 | 11 885 473 | 5 276 525 | 17 161 998 |

(72)

Con relación a las exportaciones de WAM SpA dentro y fuera de la UE, se comunicaron los siguientes datos:

AÑO

EXPORTACIONES DENTRO DE LA UE

EXPORTACIONES FUERA DE LA UE

TOTAL EXPORTACIONES

1995

10 237 196

4 477 951

14 715 147

1996

9 338 640

5 592 122

14 930 762

1997

9 974 814

5 813 442

15 788 256

1998

10 780 161

5 346 514

16 126 675

1999

11 885 473

5 276 525

17 161 998

| (73) | Las autoridades italianas informaron a la Comisión de que las cifras relativas al total de las exportaciones consignadas en el cuadro anterior para los años 1995 y 1999 representaban respectivamente el 52 % y el 57,5 % del volumen de negocios total realizado por WAM SpA durante esos años. |
| --- | --- |

(73)

Las autoridades italianas informaron a la Comisión de que las cifras relativas al total de las exportaciones consignadas en el cuadro anterior para los años 1995 y 1999 representaban respectivamente el 52 % y el 57,5 % del volumen de negocios total realizado por WAM SpA durante esos años.

| (74) | Por último, las autoridades italianas reconocen que ninguno de los dos préstamos examinados se rigen por el Reglamento (CE) no 69/2001 o por el Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión (15); piensan, no obstante, que los incentivos en favor de las empresas europeas destinados a financiar programas realizados fuera de la UE no recaen en el ámbito de aplicación del entonces artículo 87 del Tratado CE, actualmente artículo 107, apartado 3, del TFUE. |
| --- | --- |

(74)

Por último, las autoridades italianas reconocen que ninguno de los dos préstamos examinados se rigen por el Reglamento (CE) no 69/2001 o por el Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión (15); piensan, no obstante, que los incentivos en favor de las empresas europeas destinados a financiar programas realizados fuera de la UE no recaen en el ámbito de aplicación del entonces artículo 87 del Tratado CE, actualmente artículo 107, apartado 3, del TFUE.

VI.   EVALUACIÓN DE LA AYUDA

| (75) | El artículo 107, apartado 1, del TFUE dispone que «son incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones». |
| --- | --- |

(75)

El artículo 107, apartado 1, del TFUE dispone que «son incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

| (76) | De las disposiciones del artículo 107, apartado 1, del TFUE, se desprende que, para considerase ayuda estatal, una medida debe cumplir cuatro condiciones específicas: en primer lugar, debe tratarse de una intervención del Estado mediante fondos estatales; en segundo lugar, esta intervención debe conferir una ventaja selectiva al beneficiario de la medida; en tercer lugar, la medida debe ser capaz de afectar a los intercambios entre los Estados miembros; en cuarto y último lugar, debe falsear o amenazar falsear la competencia. |
| --- | --- |

(76)

De las disposiciones del artículo 107, apartado 1, del TFUE, se desprende que, para considerase ayuda estatal, una medida debe cumplir cuatro condiciones específicas: en primer lugar, debe tratarse de una intervención del Estado mediante fondos estatales; en segundo lugar, esta intervención debe conferir una ventaja selectiva al beneficiario de la medida; en tercer lugar, la medida debe ser capaz de afectar a los intercambios entre los Estados miembros; en cuarto y último lugar, debe falsear o amenazar falsear la competencia.

| (77) | Se considera ayuda estatal cualquier ventaja directa o indirecta que esté financiada mediante recursos estatales y sea concedida por el propio Estado o por organismos intermedios que actúen en virtud de los poderes conferidos por el Estado. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha establecido muy claramente que no hay ninguna diferencia entre las ayudas concedidas directamente por el Estado y las ayudas concedidas por organismos públicos o privados instituidos por el Estado a tal efecto (16). |
| --- | --- |

(77)

Se considera ayuda estatal cualquier ventaja directa o indirecta que esté financiada mediante recursos estatales y sea concedida por el propio Estado o por organismos intermedios que actúen en virtud de los poderes conferidos por el Estado. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha establecido muy claramente que no hay ninguna diferencia entre las ayudas concedidas directamente por el Estado y las ayudas concedidas por organismos públicos o privados instituidos por el Estado a tal efecto (16).

| (78) | Las medidas de ayuda en cuestión fueron concedidas por el Comité contemplado en el artículo 2 de la ley 394/81 (17) (préstamo de 1995) y por el «Comitato Agevolazioni» (18) (préstamo de 2000). |
| --- | --- |

(78)

Las medidas de ayuda en cuestión fueron concedidas por el Comité contemplado en el artículo 2 de la ley 394/81 (17) (préstamo de 1995) y por el «Comitato Agevolazioni» (18) (préstamo de 2000).

| (79) | Mediocredito Central SpA (19) celebró con WAM SpA el contrato de financiación de 1995, que daba efecto a la decisión del Comité al que se refiere el artículo 2 de la ley 394/81. SIMESIT SpA (20) celebró con WAM SpA el contrato de financiación de 2000, que daba efecto a la decisión del «Comitato Agevolazoni». |
| --- | --- |

(79)

Mediocredito Central SpA (19) celebró con WAM SpA el contrato de financiación de 1995, que daba efecto a la decisión del Comité al que se refiere el artículo 2 de la ley 394/81. SIMESIT SpA (20) celebró con WAM SpA el contrato de financiación de 2000, que daba efecto a la decisión del «Comitato Agevolazoni».

| (80) | Así pues, en el caso que nos ocupa, la ayuda se concedió mediante fondos estatales por organismos que actuaron por cuenta del Estado italiano con el fin de promover las actividades económicas y basándose en directrices impartidas por el Estado, y es, por lo tanto, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, imputable al Estado (21). |
| --- | --- |

(80)

Así pues, en el caso que nos ocupa, la ayuda se concedió mediante fondos estatales por organismos que actuaron por cuenta del Estado italiano con el fin de promover las actividades económicas y basándose en directrices impartidas por el Estado, y es, por lo tanto, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, imputable al Estado (21).

| (81) | Los préstamos bonificados mejoran la situación financiera del beneficiario de la ayuda, liberándolo de costes que habría tenido que soportar para la ejecución de programas de penetración comercial de no haber contado con la ayuda financiera del Estado. Por lo tanto, las medidas de ayuda en cuestión confieren a WAM SpA una ventaja selectiva con relación a sus competidores de la UE. |
| --- | --- |

(81)

Los préstamos bonificados mejoran la situación financiera del beneficiario de la ayuda, liberándolo de costes que habría tenido que soportar para la ejecución de programas de penetración comercial de no haber contado con la ayuda financiera del Estado. Por lo tanto, las medidas de ayuda en cuestión confieren a WAM SpA una ventaja selectiva con relación a sus competidores de la UE.

| (82) | Operando en el mercado de la producción y distribución de transportadores de tornillos sinfín, tornillos sinfín, filtros desempolvadores y válvulas para uso industrial, no cabe duda de que WAM SpA ejerce una actividad económica en dicho mercado y entra, por ende, en la definición de empresa de acuerdo con la legislación de la UE (22). |
| --- | --- |

(82)

Operando en el mercado de la producción y distribución de transportadores de tornillos sinfín, tornillos sinfín, filtros desempolvadores y válvulas para uso industrial, no cabe duda de que WAM SpA ejerce una actividad económica en dicho mercado y entra, por ende, en la definición de empresa de acuerdo con la legislación de la UE (22).

| (83) | En conclusión, la ayuda concedida a WAM SpA confirió una ventaja selectiva a una empresa. |
| --- | --- |

(83)

En conclusión, la ayuda concedida a WAM SpA confirió una ventaja selectiva a una empresa.

| (84) | En la sentencia de 30 de abril de 2009, el Tribunal de Justicia destaca (23) que «incluso en los casos en que de las circunstancias en las que se haya concedido la ayuda se desprenda que puede afectar a los intercambios entre Estados miembros y falsear, o amenazar falsear, la competencia, la Comisión debe al menos mencionar dichas circunstancias en los motivos de su decisión». No obstante, siempre según el Tribunal, la Comisión no está obligada a demostrar que la ayuda tiene una incidencia real en los intercambios entre los Estados miembros, sino solo a «examinar si tal ayuda puede afectar a dichos intercambios y falsear la competencia» (24). Por otra parte, el Tribunal estableció que «la Comisión no estaba obligada a realizar un análisis económico de la situación real del mercado considerado o de las corrientes de intercambio afectadas entre los Estados miembros, ni a demostrar el efecto real de las ayudas controvertidas» para demostrar que se daban las condiciones relativas a los efectos en los intercambios comerciales y la competencia. |
| --- | --- |

(84)

En la sentencia de 30 de abril de 2009, el Tribunal de Justicia destaca (23) que «incluso en los casos en que de las circunstancias en las que se haya concedido la ayuda se desprenda que puede afectar a los intercambios entre Estados miembros y falsear, o amenazar falsear, la competencia, la Comisión debe al menos mencionar dichas circunstancias en los motivos de su decisión». No obstante, siempre según el Tribunal, la Comisión no está obligada a demostrar que la ayuda tiene una incidencia real en los intercambios entre los Estados miembros, sino solo a «examinar si tal ayuda puede afectar a dichos intercambios y falsear la competencia» (24). Por otra parte, el Tribunal estableció que «la Comisión no estaba obligada a realizar un análisis económico de la situación real del mercado considerado o de las corrientes de intercambio afectadas entre los Estados miembros, ni a demostrar el efecto real de las ayudas controvertidas» para demostrar que se daban las condiciones relativas a los efectos en los intercambios comerciales y la competencia.

| (85) | WAM SpA opera en la UE y en los mercados internacionales, posee filiales en numerosos Estados miembros y comercializa sus propios productos en toda la Unión Europea y fuera, también, de su territorio. Entre 1995 y 1999, dos tercios de su volumen de negocios, equivalente a 10 millones EUR en valor absoluto, procedían de sus ventas en la UE, frente a un tercio procedente de sus ventas en terceros países. En estos mercados, WAM SpA opera real o potencialmente en competencia con otras empresas de la UE, también presentes en el mercado internacional. Como ya se ha indicado (véase el considerando 34), había al menos otros tres importantes productores de filtros desempolvadores en varios Estados miembros que se hallaban presentes en el mercado internacional y competían, al menos potencialmente, con WAM SpA por lo que se refiere a la exportación de estos productos a Japón y China (25). Estas empresas eran competidores de WAM SpA siquiera en potencia dado que, si hubieran decidido exportar también ellas sus productos a Japón o China, se habrían encontrado en una posición inicial de desventaja con respecto a WAM SpA, la cual —para poder penetrar en este mercado— había recibido las oportunas ayudas. |
| --- | --- |

(85)

WAM SpA opera en la UE y en los mercados internacionales, posee filiales en numerosos Estados miembros y comercializa sus propios productos en toda la Unión Europea y fuera, también, de su territorio. Entre 1995 y 1999, dos tercios de su volumen de negocios, equivalente a 10 millones EUR en valor absoluto, procedían de sus ventas en la UE, frente a un tercio procedente de sus ventas en terceros países. En estos mercados, WAM SpA opera real o potencialmente en competencia con otras empresas de la UE, también presentes en el mercado internacional. Como ya se ha indicado (véase el considerando 34), había al menos otros tres importantes productores de filtros desempolvadores en varios Estados miembros que se hallaban presentes en el mercado internacional y competían, al menos potencialmente, con WAM SpA por lo que se refiere a la exportación de estos productos a Japón y China (25). Estas empresas eran competidores de WAM SpA siquiera en potencia dado que, si hubieran decidido exportar también ellas sus productos a Japón o China, se habrían encontrado en una posición inicial de desventaja con respecto a WAM SpA, la cual —para poder penetrar en este mercado— había recibido las oportunas ayudas.

| (86) | Por otra parte, como ya se explica en los considerandos 34 y 35, en el período en cuestión WAM SpA tenía una importante cuota de mercado tanto en el mercado nacional como en el mercado europeo. Tal y como se indica en el considerando 38, se hallaba asimismo comercialmente presente, a través de una filial, en otro Estado miembro. |
| --- | --- |

(86)

Por otra parte, como ya se explica en los considerandos 34 y 35, en el período en cuestión WAM SpA tenía una importante cuota de mercado tanto en el mercado nacional como en el mercado europeo. Tal y como se indica en el considerando 38, se hallaba asimismo comercialmente presente, a través de una filial, en otro Estado miembro.

| (87) | Gracias a las ayudas recibidas, WAM SpA reforzó, o estuvo en condiciones de reforzar, su posición global en el mercado con respecto a las empresas de otros Estados miembros que compiten con ella no solo de forma efectiva, sino también potencial. En efecto, según una jurisprudencia reiterada, «las ayudas encaminadas a liberar a una empresa de los costes que normalmente hubiera debido asumir en el marco de su gestión corriente o sus actividades normales, falsean, en principio, las condiciones de competencia» (26). |
| --- | --- |

(87)

Gracias a las ayudas recibidas, WAM SpA reforzó, o estuvo en condiciones de reforzar, su posición global en el mercado con respecto a las empresas de otros Estados miembros que compiten con ella no solo de forma efectiva, sino también potencial. En efecto, según una jurisprudencia reiterada, «las ayudas encaminadas a liberar a una empresa de los costes que normalmente hubiera debido asumir en el marco de su gestión corriente o sus actividades normales, falsean, en principio, las condiciones de competencia» (26).

| (88) | En el caso que nos ocupa, otros tres argumentos respaldan esta conclusión. |
| --- | --- |

(88)

En el caso que nos ocupa, otros tres argumentos respaldan esta conclusión.

| (89) | En primer lugar, era previsible que los préstamos a la exportación concedidos a WAM SpA falsearan las condiciones normales de competencia en el mercado, favoreciendo las exportaciones de WAM SpA a los mercados extranjeros frente a sus competidores europeos efectivos o potenciales por cuanto estos habrían tenido que financiar con su propios fondos los programas de penetración en tales mercados. |
| --- | --- |

(89)

En primer lugar, era previsible que los préstamos a la exportación concedidos a WAM SpA falsearan las condiciones normales de competencia en el mercado, favoreciendo las exportaciones de WAM SpA a los mercados extranjeros frente a sus competidores europeos efectivos o potenciales por cuanto estos habrían tenido que financiar con su propios fondos los programas de penetración en tales mercados.

| (90) | En segundo lugar, WAM SpA recibió una ayuda para realizar un programa de penetración, ayuda que le permitió, por lo tanto, ahorrar recursos. Dado que WAM SpA invirtió en la penetración en los mercados extranjeros con la intención de exportar a ellos su producción, estos ahorros podían permitirle exportar fuera de la UE productos fabricados en la UE a un precio inferior u obteniendo un margen superior. |
| --- | --- |

(90)

En segundo lugar, WAM SpA recibió una ayuda para realizar un programa de penetración, ayuda que le permitió, por lo tanto, ahorrar recursos. Dado que WAM SpA invirtió en la penetración en los mercados extranjeros con la intención de exportar a ellos su producción, estos ahorros podían permitirle exportar fuera de la UE productos fabricados en la UE a un precio inferior u obteniendo un margen superior.

| (91) | En tercer lugar, dado que el dinero es un bien fungible, los ingresos de esta actividad podían reinvertirse en la UE. Dicho de otro modo, la ayuda financiera recibida liberaba a WAM SpA de los gastos vinculados a la penetración en los mercados extranjeros, lo que le permitía utilizar los recursos ahorrados de este modo para consolidar su posición en el mercado de la UE con otras finalidades (27). Además, una vez exportados los productos a estos mercados, los beneficios resultantes de estas exportaciones podían reinvertirse en la UE. |
| --- | --- |

(91)

En tercer lugar, dado que el dinero es un bien fungible, los ingresos de esta actividad podían reinvertirse en la UE. Dicho de otro modo, la ayuda financiera recibida liberaba a WAM SpA de los gastos vinculados a la penetración en los mercados extranjeros, lo que le permitía utilizar los recursos ahorrados de este modo para consolidar su posición en el mercado de la UE con otras finalidades (27). Además, una vez exportados los productos a estos mercados, los beneficios resultantes de estas exportaciones podían reinvertirse en la UE.

| (92) | Así pues, en tal caso, la ayuda recibida por la empresa habría tenido repercusiones en el mercado de la UE y un efecto distorsionador con relación a los competidores de WAM SpA en la UE. |
| --- | --- |

(92)

Así pues, en tal caso, la ayuda recibida por la empresa habría tenido repercusiones en el mercado de la UE y un efecto distorsionador con relación a los competidores de WAM SpA en la UE.

| (93) | Según una jurisprudencia reiterada, «cuando una ayuda financiera otorgada por un Estado miembro sirve para reforzar la posición de una empresa frente a la de otras empresas que compiten con esta en los intercambios intracomunitarios, dichos intercambios deben considerarse afectados por la ayuda» (28). Dado que, como ya se ha dicho, la ayuda concedida por Italia a WAM SpA reforzó la posición de esta empresa con respecto a sus competidores tanto efectivos como potenciales, dicha ayuda influyó también en los intercambios en la UE. |
| --- | --- |

(93)

Según una jurisprudencia reiterada, «cuando una ayuda financiera otorgada por un Estado miembro sirve para reforzar la posición de una empresa frente a la de otras empresas que compiten con esta en los intercambios intracomunitarios, dichos intercambios deben considerarse afectados por la ayuda» (28). Dado que, como ya se ha dicho, la ayuda concedida por Italia a WAM SpA reforzó la posición de esta empresa con respecto a sus competidores tanto efectivos como potenciales, dicha ayuda influyó también en los intercambios en la UE.

| (94) | Por lo que se refiere a la ayuda, el Tribunal de Justicia estableció, en los asuntos Philip Morris/Comisión (29) y Francia/Comisión (30), que la importancia relativamente escasa de una ayuda o el tamaño relativamente modesto de la empresa beneficiaria no excluyen a priori la posibilidad de que los intercambios entre Estados miembros se vean afectados. En el asunto Het Vlaamse Gewest/Comisión (31), el Tribunal de Primera Instancia, basándose en el mismo razonamiento, declaró que «incluso una ayuda de cuantía relativamente reducida puede afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros cuando el sector en el que la empresa opera se caracteriza por una fuerte competencia». Es más, en el asunto Heiser (32), el Tribunal estableció que no existe un umbral o un porcentaje por debajo del cual se puede considerar que los intercambios comerciales entre los Estados miembros no resultan perjudicados. |
| --- | --- |

(94)

Por lo que se refiere a la ayuda, el Tribunal de Justicia estableció, en los asuntos Philip Morris/Comisión (29) y Francia/Comisión (30), que la importancia relativamente escasa de una ayuda o el tamaño relativamente modesto de la empresa beneficiaria no excluyen a priori la posibilidad de que los intercambios entre Estados miembros se vean afectados. En el asunto Het Vlaamse Gewest/Comisión (31), el Tribunal de Primera Instancia, basándose en el mismo razonamiento, declaró que «incluso una ayuda de cuantía relativamente reducida puede afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros cuando el sector en el que la empresa opera se caracteriza por una fuerte competencia». Es más, en el asunto Heiser (32), el Tribunal estableció que no existe un umbral o un porcentaje por debajo del cual se puede considerar que los intercambios comerciales entre los Estados miembros no resultan perjudicados.

| (95) | En el caso que nos ocupa, por lo tanto, la importancia relativamente escasa de las ayudas no invalida la conclusión de que estas ayudas pueden haber influido en los intercambios comerciales en la UE y la competencia. Aunque la ayuda sea de un importe más bien escaso, dada la intensa competencia, tanto efectiva como potencial, presente en el sector en el que WAM SpA opera, es al menos probable que pueda falsear la competencia y alterar los intercambios comerciales en la UE. |
| --- | --- |

(95)

En el caso que nos ocupa, por lo tanto, la importancia relativamente escasa de las ayudas no invalida la conclusión de que estas ayudas pueden haber influido en los intercambios comerciales en la UE y la competencia. Aunque la ayuda sea de un importe más bien escaso, dada la intensa competencia, tanto efectiva como potencial, presente en el sector en el que WAM SpA opera, es al menos probable que pueda falsear la competencia y alterar los intercambios comerciales en la UE.

| (96) | Sobre la base de las anteriores consideraciones, cabe concluir que es por lo menos probable que la ayuda concedida a WAM SpA por Italia afecta a los intercambios comerciales e implica un falseamiento de la competencia en el mercado interior. |
| --- | --- |

(96)

Sobre la base de las anteriores consideraciones, cabe concluir que es por lo menos probable que la ayuda concedida a WAM SpA por Italia afecta a los intercambios comerciales e implica un falseamiento de la competencia en el mercado interior.

| (97) | En conclusión, la ayuda pública concedida a WAM SpA constituye una ayuda estatal en el sentido definido en el artículo 107, apartado 1, del TFUE. |
| --- | --- |

(97)

En conclusión, la ayuda pública concedida a WAM SpA constituye una ayuda estatal en el sentido definido en el artículo 107, apartado 1, del TFUE.

| (98) | Salvo que se disponga lo contrario, y en virtud del principio tempus regit actum, conviene aplicar a las ayudas no notificadas las normas de procedimiento vigentes en el momento en que debe adoptarse la decisión (33). |
| --- | --- |

(98)

Salvo que se disponga lo contrario, y en virtud del principio tempus regit actum, conviene aplicar a las ayudas no notificadas las normas de procedimiento vigentes en el momento en que debe adoptarse la decisión (33).

| (99) | Las normas de exención (incluidas las normas de minimis), en la medida en que eximen a determinadas medidas de ayuda de la obligación de notificación, y además sustituyen el sistema centralizado de control de las ayudas estatales por un sistema de control descentralizado, deben considerarse, por su propia naturaleza, normas de procedimiento. |
| --- | --- |

(99)

Las normas de exención (incluidas las normas de minimis), en la medida en que eximen a determinadas medidas de ayuda de la obligación de notificación, y además sustituyen el sistema centralizado de control de las ayudas estatales por un sistema de control descentralizado, deben considerarse, por su propia naturaleza, normas de procedimiento.

| (100) | En el caso que nos ocupa, aunque, en la decisión de incoar el procedimiento formal de investigación, la Comisión expresara sus dudas en cuanto al hecho de que la ayuda pueda acogerse a alguna de las excepciones contempladas en los Reglamentos (CE) no 69/2001 y (CE) no 70/2001 de la Comisión, conviene aplicar las normas correspondientes vigentes en el momento de la adopción de la Decisión, a saber, el Reglamento (CE) no 1998/2006 de la Comisión (34). Del mismo modo, el Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, que establece la compatibilidad de algunas categorías de ayuda con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (35) (en lo sucesivo, «el Reglamento de exención por categorías de 2008»), se aplica a las ayudas concedidas antes de su entrada en vigor si la ayuda cumple todas las condiciones establecidas por el propio Reglamento, con excepción de su artículo 9. |
| --- | --- |

(100)

En el caso que nos ocupa, aunque, en la decisión de incoar el procedimiento formal de investigación, la Comisión expresara sus dudas en cuanto al hecho de que la ayuda pueda acogerse a alguna de las excepciones contempladas en los Reglamentos (CE) no 69/2001 y (CE) no 70/2001 de la Comisión, conviene aplicar las normas correspondientes vigentes en el momento de la adopción de la Decisión, a saber, el Reglamento (CE) no 1998/2006 de la Comisión (34). Del mismo modo, el Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, que establece la compatibilidad de algunas categorías de ayuda con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (35) (en lo sucesivo, «el Reglamento de exención por categorías de 2008»), se aplica a las ayudas concedidas antes de su entrada en vigor si la ayuda cumple todas las condiciones establecidas por el propio Reglamento, con excepción de su artículo 9.

| (101) | Las autoridades italianas declararon, en su carta de 11 de octubre de 1999, que la base jurídica de los préstamos concedidos a WAM SpA, a saber, la ley no 394 de 29 de junio de 1981, se había notificado a la Comisión y a la Organización Mundial del Comercio (OMC), de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (OMC-GATT 1994) (36). |
| --- | --- |

(101)

Las autoridades italianas declararon, en su carta de 11 de octubre de 1999, que la base jurídica de los préstamos concedidos a WAM SpA, a saber, la ley no 394 de 29 de junio de 1981, se había notificado a la Comisión y a la Organización Mundial del Comercio (OMC), de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (OMC-GATT 1994) (36).

| (102) | La Comisión observa que, con ello, las autoridades italianas entienden por notificación la comunicación de algunos datos sobre el régimen extremadamente sintéticos recogidos en un cuadro transmitido a la Comisión o destinados a ser transmitidos al Comité de Subvenciones de la OMC, o en el marco del informe anual sobre ayudas estatales en la Unión Europea, a partir, al menos, del sexto informe (1996). Este régimen de ayudas se puso también en conocimiento de la Comisión en el marco de su investigación sobre los regímenes nacionales de ayuda a las inversiones directas fuera de la Unión Europea vigentes en los Estados miembros. |
| --- | --- |

(102)

La Comisión observa que, con ello, las autoridades italianas entienden por notificación la comunicación de algunos datos sobre el régimen extremadamente sintéticos recogidos en un cuadro transmitido a la Comisión o destinados a ser transmitidos al Comité de Subvenciones de la OMC, o en el marco del informe anual sobre ayudas estatales en la Unión Europea, a partir, al menos, del sexto informe (1996). Este régimen de ayudas se puso también en conocimiento de la Comisión en el marco de su investigación sobre los regímenes nacionales de ayuda a las inversiones directas fuera de la Unión Europea vigentes en los Estados miembros.

| (103) | Sin embargo, estos tipos de comunicación no pueden considerarse conformes a lo establecido en el entonces artículo 88, apartado 3, del Tratado CE —actualmente, artículo 108, apartado 3, del TFUE—, que dispone que «la Comisión será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones». |
| --- | --- |

(103)

Sin embargo, estos tipos de comunicación no pueden considerarse conformes a lo establecido en el entonces artículo 88, apartado 3, del Tratado CE —actualmente, artículo 108, apartado 3, del TFUE—, que dispone que «la Comisión será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones».

| (104) | Dado que no fue notificado preventivamente a la Comisión para que esta pudiera evaluar su compatibilidad con las normas sobre ayudas estatales, el citado régimen de ayudas entró en vigor en contra de lo dispuesto en el entonces artículo 88, apartado 3, del Tratado CE —actualmente, artículo 108, apartado 3, del TFUE— y es, por lo tanto, ilegal. Dado que la ayuda concedida a WAM SpA se concedió en el marco de este régimen, exceptuando la ayuda eventualmente exenta sobre la base de una exención por categorías, debe asimismo considerarse ilegal. |
| --- | --- |

(104)

Dado que no fue notificado preventivamente a la Comisión para que esta pudiera evaluar su compatibilidad con las normas sobre ayudas estatales, el citado régimen de ayudas entró en vigor en contra de lo dispuesto en el entonces artículo 88, apartado 3, del Tratado CE —actualmente, artículo 108, apartado 3, del TFUE— y es, por lo tanto, ilegal. Dado que la ayuda concedida a WAM SpA se concedió en el marco de este régimen, exceptuando la ayuda eventualmente exenta sobre la base de una exención por categorías, debe asimismo considerarse ilegal.

| (105) | La Comisión debe comprobar si algunas de las ayudas concedidas a WAM SpA pueden quedar exentas en virtud de las normas de minimis. |
| --- | --- |

(105)

La Comisión debe comprobar si algunas de las ayudas concedidas a WAM SpA pueden quedar exentas en virtud de las normas de minimis.

| (106) | Del mismo modo, habiendo llegado a la conclusión de que las medidas en cuestión constituyen ayudas estatales según lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, debe evaluar la compatibilidad de las mismas a la luz de las normas aplicables en materia de ayudas estatales. |
| --- | --- |

(106)

Del mismo modo, habiendo llegado a la conclusión de que las medidas en cuestión constituyen ayudas estatales según lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, debe evaluar la compatibilidad de las mismas a la luz de las normas aplicables en materia de ayudas estatales.

| (107) | El Gobierno italiano presentó elementos de prueba que demostraban que en el momento de la concesión del primer préstamo (1995) WAM SpA cumplía los requisitos necesarios para ser considerada una PYME en el sentido definido en la Recomendación de la Comisión 96/280/CE, de 3 de abril de 1996, sobre la definición de pequeñas y medianas empresas (37). WAM SpA era, en concreto, una empresa de tamaño mediano, ya que empleaba a 163 personas, realizaba un volumen de negocios anual de 16,8 millones EUR y un balance patrimonial total de 20,1 millones EUR. Por último, estaba controlada por dos sociedades financieras que también respondían a la definición de PYME según lo dispuesto en la Recomendación. |
| --- | --- |

(107)

El Gobierno italiano presentó elementos de prueba que demostraban que en el momento de la concesión del primer préstamo (1995) WAM SpA cumplía los requisitos necesarios para ser considerada una PYME en el sentido definido en la Recomendación de la Comisión 96/280/CE, de 3 de abril de 1996, sobre la definición de pequeñas y medianas empresas (37). WAM SpA era, en concreto, una empresa de tamaño mediano, ya que empleaba a 163 personas, realizaba un volumen de negocios anual de 16,8 millones EUR y un balance patrimonial total de 20,1 millones EUR. Por último, estaba controlada por dos sociedades financieras que también respondían a la definición de PYME según lo dispuesto en la Recomendación.

| (108) | En el caso que nos ocupa, la Comisión basa su análisis en los gastos efectivos tomados en consideración para la concesión del préstamo (véase el cuadro del considerando 44). |
| --- | --- |

(108)

En el caso que nos ocupa, la Comisión basa su análisis en los gastos efectivos tomados en consideración para la concesión del préstamo (véase el cuadro del considerando 44).

| (109) | Si se tiene en cuenta que el objetivo del contrato de financiación mediante el préstamo era precisamente subvencionar un programa de penetración comercial y, en particular, subvencionar empresas exportadoras en la perspectiva de la puesta en marcha de programas de penetración comercial fuera de la Unión Europea, las ayudas en cuestión deben clasificarse como ayudas a la exportación, es decir, ayudas en favor de actividades vinculadas a la exportación, en el sentido de que están directamente vinculadas a la instauración y el funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos corrientes relacionados con la actividad de exportación. Del mismo modo, el objetivo último del programa de penetración del mercado era la venta de los productos de WAM SpA en el mercado japonés. Esta es también la razón por la cual estas ayudas no pueden considerarse ayudas vinculadas a inversiones directas en el extranjero. |
| --- | --- |

(109)

Si se tiene en cuenta que el objetivo del contrato de financiación mediante el préstamo era precisamente subvencionar un programa de penetración comercial y, en particular, subvencionar empresas exportadoras en la perspectiva de la puesta en marcha de programas de penetración comercial fuera de la Unión Europea, las ayudas en cuestión deben clasificarse como ayudas a la exportación, es decir, ayudas en favor de actividades vinculadas a la exportación, en el sentido de que están directamente vinculadas a la instauración y el funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos corrientes relacionados con la actividad de exportación. Del mismo modo, el objetivo último del programa de penetración del mercado era la venta de los productos de WAM SpA en el mercado japonés. Esta es también la razón por la cual estas ayudas no pueden considerarse ayudas vinculadas a inversiones directas en el extranjero.

| (110) | El Reglamento (CE) no 1998/2006 excluye de su propio ámbito de aplicación las ayudas a la exportación. En efecto, dispone en su artículo 1, letra d), que no se aplicará a las ayudas «a actividades relacionadas con la exportación a terceros países o Estados miembros, es decir la ayuda vinculada directamente a las cantidades exportadas, a la creación y funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos de explotación vinculados a la actividad de exportación». |
| --- | --- |

(110)

El Reglamento (CE) no 1998/2006 excluye de su propio ámbito de aplicación las ayudas a la exportación. En efecto, dispone en su artículo 1, letra d), que no se aplicará a las ayudas «a actividades relacionadas con la exportación a terceros países o Estados miembros, es decir la ayuda vinculada directamente a las cantidades exportadas, a la creación y funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos de explotación vinculados a la actividad de exportación».

| (111) | En cualquier caso, el artículo 5 de dicho reglamento precisa que las ayudas que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 1 serán evaluadas por la Comisión de acuerdo con los encuadramientos, directrices, comunicaciones y anuncios pertinentes. |
| --- | --- |

(111)

En cualquier caso, el artículo 5 de dicho reglamento precisa que las ayudas que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 1 serán evaluadas por la Comisión de acuerdo con los encuadramientos, directrices, comunicaciones y anuncios pertinentes.

| (112) | Dado que la ayuda se concedió en 1995, cuando estaban vigentes las Directrices sobre las PYME de 1992, son estas normas las que debían aplicarse (38). Las ayudas a la exportación no están explícitamente excluidas del ámbito de dichas Directrices. No obstante, puesto que en el caso que nos ocupa una parte de la ayuda supera el umbral de minimis admitido (50 000 EUR), la totalidad de la ayuda se considera excluida de la exención de minimis y, en consecuencia, como constitutiva de ayuda estatal (39). |
| --- | --- |

(112)

Dado que la ayuda se concedió en 1995, cuando estaban vigentes las Directrices sobre las PYME de 1992, son estas normas las que debían aplicarse (38). Las ayudas a la exportación no están explícitamente excluidas del ámbito de dichas Directrices. No obstante, puesto que en el caso que nos ocupa una parte de la ayuda supera el umbral de minimis admitido (50 000 EUR), la totalidad de la ayuda se considera excluida de la exención de minimis y, en consecuencia, como constitutiva de ayuda estatal (39).

| (113) | Una vez establecido que la medida constituye una ayuda estatal, es preciso evaluar si puede considerarse compatible con el mercado interior en virtud de las normas aplicables en materia de ayudas estatales. |
| --- | --- |

(113)

Una vez establecido que la medida constituye una ayuda estatal, es preciso evaluar si puede considerarse compatible con el mercado interior en virtud de las normas aplicables en materia de ayudas estatales.

| (114) | El artículo 44, apartado 2, del Reglamento de exención por categorías de 2008 establece que cualquier ayuda concedida antes de la entrada en vigor del Reglamento que no cumpla ni las condiciones del propio Reglamento, ni las contempladas en el Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión (40), el Reglamento (CE) no 70/2001, el Reglamento (CE) no 2204/2002 (41) o el Reglamento (CE) no 1628/2006 (42), debe ser evaluada por la Comisión sobre la base de los encuadramientos, directrices y comunicaciones vigentes en el momento de la concesión de la ayuda. |
| --- | --- |

(114)

El artículo 44, apartado 2, del Reglamento de exención por categorías de 2008 establece que cualquier ayuda concedida antes de la entrada en vigor del Reglamento que no cumpla ni las condiciones del propio Reglamento, ni las contempladas en el Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión (40), el Reglamento (CE) no 70/2001, el Reglamento (CE) no 2204/2002 (41) o el Reglamento (CE) no 1628/2006 (42), debe ser evaluada por la Comisión sobre la base de los encuadramientos, directrices y comunicaciones vigentes en el momento de la concesión de la ayuda.

| (115) | El Reglamento de exención por categorías de 2008 no se aplica en este caso en la medida en que introduce un nuevo elemento —a saber, la comprobación del efecto incentivo de un proyecto o de una actividad antes de su comienzo— que Italia no efectuó. Así pues, en aplicación del artículo 8, apartado 6, de dicho Reglamento, la medida de ayuda no está exenta, en su totalidad, en virtud del mismo. Es más, los gastos contemplados en el cuadro del considerando 44 y enumerados en el considerando 118 no pueden acogerse a las exenciones por categorías contempladas en los Reglamentos (CE) no 68/2001, (CE) no 70/2001, (CE) no 2204/2002 y (CE) no 1628/2006 en la medida en que no se cumplen las condiciones fijadas en dichos Reglamentos. |
| --- | --- |

(115)

El Reglamento de exención por categorías de 2008 no se aplica en este caso en la medida en que introduce un nuevo elemento —a saber, la comprobación del efecto incentivo de un proyecto o de una actividad antes de su comienzo— que Italia no efectuó. Así pues, en aplicación del artículo 8, apartado 6, de dicho Reglamento, la medida de ayuda no está exenta, en su totalidad, en virtud del mismo. Es más, los gastos contemplados en el cuadro del considerando 44 y enumerados en el considerando 118 no pueden acogerse a las exenciones por categorías contempladas en los Reglamentos (CE) no 68/2001, (CE) no 70/2001, (CE) no 2204/2002 y (CE) no 1628/2006 en la medida en que no se cumplen las condiciones fijadas en dichos Reglamentos.

| (116) | Dado que ninguno de estos instrumentos justifica la compatibilidad de la ayuda, esta debe evaluarse a la luz de las Directrices sobre las PYME de 1992, que contenían las normas sustantivas vigentes en 1995, en la fecha de concesión de la ayuda (43). |
| --- | --- |

(116)

Dado que ninguno de estos instrumentos justifica la compatibilidad de la ayuda, esta debe evaluarse a la luz de las Directrices sobre las PYME de 1992, que contenían las normas sustantivas vigentes en 1995, en la fecha de concesión de la ayuda (43).

| (117) | Según las citadas Directrices, algunas partes de la ayuda pueden considerarse compatibles con el mercado interior. En concreto, las ayudas para los servicios de asesoramiento (29,43 millones LIT) y estudios de mercado (40,95 millones LIT) pueden considerarse compatibles en la medida en que se atienen a lo dispuesto en el punto 4.3 de las Directrices («Ayudas para asesoramiento, formación y difusión de conocimientos»). Las ayudas para la participación en ferias y exposiciones (12,19 millones LIT) pueden considerarse compatibles con las disposiciones de las Directrices sobre las PYME de acuerdo, en particular, con el punto 4.5 («Ayudas para otros fines»), en la medida en que pueden considerarse ayudas para otras formas de promoción de las PYME, como las medidas de estímulo a la cooperación. Las restantes ayudas (véase el cuadro del considerando 44) no pueden considerarse compatibles al no tener por objeto apoyar inversiones productivas ni ningún otro objetivo admisible contemplado en las Directrices sobre las PYME de 1992; en efecto, no se trataba ni de ayudas a las inversiones en general fuera de las regiones asistidas cubiertas por los programas nacionales de finalidad regional, ni, dentro de tales regiones, de ayudas a las inversiones para la protección del medio ambiente o de ayudas a la investigación y el desarrollo. |
| --- | --- |

(117)

Según las citadas Directrices, algunas partes de la ayuda pueden considerarse compatibles con el mercado interior. En concreto, las ayudas para los servicios de asesoramiento (29,43 millones LIT) y estudios de mercado (40,95 millones LIT) pueden considerarse compatibles en la medida en que se atienen a lo dispuesto en el punto 4.3 de las Directrices («Ayudas para asesoramiento, formación y difusión de conocimientos»). Las ayudas para la participación en ferias y exposiciones (12,19 millones LIT) pueden considerarse compatibles con las disposiciones de las Directrices sobre las PYME de acuerdo, en particular, con el punto 4.5 («Ayudas para otros fines»), en la medida en que pueden considerarse ayudas para otras formas de promoción de las PYME, como las medidas de estímulo a la cooperación. Las restantes ayudas (véase el cuadro del considerando 44) no pueden considerarse compatibles al no tener por objeto apoyar inversiones productivas ni ningún otro objetivo admisible contemplado en las Directrices sobre las PYME de 1992; en efecto, no se trataba ni de ayudas a las inversiones en general fuera de las regiones asistidas cubiertas por los programas nacionales de finalidad regional, ni, dentro de tales regiones, de ayudas a las inversiones para la protección del medio ambiente o de ayudas a la investigación y el desarrollo.

| (118) | Por consiguiente, la Comisión considera que la mayor parte de los costes admisibles relativos al establecimiento de estructuras permanentes en el extranjero tomados en consideración por el Gobierno italiano para la concesión a WAM del primer préstamo bonificado en 1995 no pueden de ningún modo considerarse destinados a apoyar inversiones productivas. Opina, por el contrario, que las ayudas que subvencionan estos costes deben considerarse ayudas de funcionamiento. Estos costes admisibles —a saber, el alquiler de los locales, los seguros e infraestructuras varias (122,56 millones LIT), así como los otros gastos de funcionamiento relacionados con el personal, el mobiliario y el equipamiento de los locales (556,94 millones LIT)— son costes que la empresa habría debido asumir ella sola. Lo mismo sucede con los modelos de exposición y los recambios destinados al servicio postventa (38,23 millones LIT). Del mismo modo, por lo que se refiere a los costes admisibles relacionados con la promoción comercial, la Comisión considera que los gastos de almacenamiento de las mercancías (456,28 millones LIT) no se ajustan a las disposiciones de las Directrices sobre las PYME, ya que no constituyen una inversión inicial. Tampoco se atienen a las citadas Directrices los gastos de publicidad (94,39 millones LIT) y los viajes de negocios (7,52 millones LIT). |
| --- | --- |

(118)

Por consiguiente, la Comisión considera que la mayor parte de los costes admisibles relativos al establecimiento de estructuras permanentes en el extranjero tomados en consideración por el Gobierno italiano para la concesión a WAM del primer préstamo bonificado en 1995 no pueden de ningún modo considerarse destinados a apoyar inversiones productivas. Opina, por el contrario, que las ayudas que subvencionan estos costes deben considerarse ayudas de funcionamiento. Estos costes admisibles —a saber, el alquiler de los locales, los seguros e infraestructuras varias (122,56 millones LIT), así como los otros gastos de funcionamiento relacionados con el personal, el mobiliario y el equipamiento de los locales (556,94 millones LIT)— son costes que la empresa habría debido asumir ella sola. Lo mismo sucede con los modelos de exposición y los recambios destinados al servicio postventa (38,23 millones LIT). Del mismo modo, por lo que se refiere a los costes admisibles relacionados con la promoción comercial, la Comisión considera que los gastos de almacenamiento de las mercancías (456,28 millones LIT) no se ajustan a las disposiciones de las Directrices sobre las PYME, ya que no constituyen una inversión inicial. Tampoco se atienen a las citadas Directrices los gastos de publicidad (94,39 millones LIT) y los viajes de negocios (7,52 millones LIT).

| (119) | Sobre la base de esta valoración, la Comisión concluye que:






  a) | La parte de la ayuda correspondiente a las ayudas a los servicios de asesoramiento (29,43 millones LIT), las ayudas a los estudios de mercado (40,95 millones LIT) y las ayudas a la participación en ferias y exposiciones (12,19 millones LIT) constituyen una ayuda estatal compatible con el mercado interior en virtud de las Directrices sobre las PYME de 1992; la parte de la ayuda no contemplada en la letra a) (véase el considerando 118) constituye una ayuda estatal incompatible con el mercado interior. |
| --- | --- | --- |

(119)

Sobre la base de esta valoración, la Comisión concluye que:

a)

La parte de la ayuda correspondiente a las ayudas a los servicios de asesoramiento (29,43 millones LIT), las ayudas a los estudios de mercado (40,95 millones LIT) y las ayudas a la participación en ferias y exposiciones (12,19 millones LIT) constituyen una ayuda estatal compatible con el mercado interior en virtud de las Directrices sobre las PYME de 1992; la parte de la ayuda no contemplada en la letra a) (véase el considerando 118) constituye una ayuda estatal incompatible con el mercado interior.

| (120) | En el año 2000, en el momento de la concesión del segundo préstamo, WAM SpA era una empresa de gran dimensión, según las propias autoridades italianas. Estaba, además, ubicada en una zona no asistida. |
| --- | --- |

(120)

En el año 2000, en el momento de la concesión del segundo préstamo, WAM SpA era una empresa de gran dimensión, según las propias autoridades italianas. Estaba, además, ubicada en una zona no asistida.

| (121) | El préstamo concedido en 2000 puede también considerarse una ayuda a la exportación en favor de WAM SpA en la medida en que perseguía el mismo objetivo que el de 1995 y se efectuó, además, con el fin de penetrar en los mercados extranjeros y exportar a estos mercados (en concreto, al mercado chino). Está claro que las ayudas concedidas para financiar la asistencia técnica, los locales y el personal en el extranjero (un director de ventas, un director general, cuatro empleados y seis técnicos) pueden difícilmente considerarse destinadas a actividades distintas de las actividades comerciales. Por lo tanto, al préstamo de 2000 se le puede aplicar el mismo razonamiento aplicado al de 1995. |
| --- | --- |

(121)

El préstamo concedido en 2000 puede también considerarse una ayuda a la exportación en favor de WAM SpA en la medida en que perseguía el mismo objetivo que el de 1995 y se efectuó, además, con el fin de penetrar en los mercados extranjeros y exportar a estos mercados (en concreto, al mercado chino). Está claro que las ayudas concedidas para financiar la asistencia técnica, los locales y el personal en el extranjero (un director de ventas, un director general, cuatro empleados y seis técnicos) pueden difícilmente considerarse destinadas a actividades distintas de las actividades comerciales. Por lo tanto, al préstamo de 2000 se le puede aplicar el mismo razonamiento aplicado al de 1995.

| (122) | Vemos, además, que en el contrato de concesión de la ayuda en 2000 se volvía a utilizar la formulación utilizada para el primer préstamo concedido a WAM SpA, que calificaba la ayuda de incentivo al desarrollo de programas de penetración comercial. Es preciso observar asimismo que el programa específico habría debido ser realizado conjuntamente por WAM SpA y la empresa local Bulk Handling Machinery Shangai CO Ltd, propiedad de WAM SpA al 100 %, lo que demuestra la implantación efectiva de esta empresa en ese mercado específico. |
| --- | --- |

(122)

Vemos, además, que en el contrato de concesión de la ayuda en 2000 se volvía a utilizar la formulación utilizada para el primer préstamo concedido a WAM SpA, que calificaba la ayuda de incentivo al desarrollo de programas de penetración comercial. Es preciso observar asimismo que el programa específico habría debido ser realizado conjuntamente por WAM SpA y la empresa local Bulk Handling Machinery Shangai CO Ltd, propiedad de WAM SpA al 100 %, lo que demuestra la implantación efectiva de esta empresa en ese mercado específico.

| (123) | Dado que las ayudas en cuestión son ayudas a la exportación, como ya se ha dicho, el Reglamento (CE) no 1998/2006 no es de aplicación. |
| --- | --- |

(123)

Dado que las ayudas en cuestión son ayudas a la exportación, como ya se ha dicho, el Reglamento (CE) no 1998/2006 no es de aplicación.

| (124) | Es necesario, por lo tanto, evaluar la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior. La Comisión considera que las normas de procedimiento vigentes en la fecha de aprobación de la decisión, a saber, el Reglamento de exención por categorías de 2008, no pueden aplicarse en este caso. Dicho Reglamento introduce en efecto un nuevo elemento —a saber, la comprobación del efecto incentivo de un proyecto o de una actividad antes de su comienzo— que Italia no efectuó. Así pues, en aplicación del artículo 8, apartado 6, de dicho Reglamento, la totalidad de la medida de ayuda no está exenta en el sentido definido en el Reglamento de exención por categorías de 2008. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, apartado 2, del Reglamento de exención por categorías de 2008, la compatibilidad de la ayuda debe evaluarse a la luz de los Reglamentos (CE) no 68/2001, (CE) no 70/2001, (CE) no 2204/2002 y (CE) no 1628/2006. |
| --- | --- |

(124)

Es necesario, por lo tanto, evaluar la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior. La Comisión considera que las normas de procedimiento vigentes en la fecha de aprobación de la decisión, a saber, el Reglamento de exención por categorías de 2008, no pueden aplicarse en este caso. Dicho Reglamento introduce en efecto un nuevo elemento —a saber, la comprobación del efecto incentivo de un proyecto o de una actividad antes de su comienzo— que Italia no efectuó. Así pues, en aplicación del artículo 8, apartado 6, de dicho Reglamento, la totalidad de la medida de ayuda no está exenta en el sentido definido en el Reglamento de exención por categorías de 2008. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, apartado 2, del Reglamento de exención por categorías de 2008, la compatibilidad de la ayuda debe evaluarse a la luz de los Reglamentos (CE) no 68/2001, (CE) no 70/2001, (CE) no 2204/2002 y (CE) no 1628/2006.

| (125) | La Comisión considera que los gastos de formación detallados en la carta de 22 de julio de 2003 (25 240 EUR sobre los 1,8 millones EUR que constituyen el importe total del préstamo) (véase el cuadro del considerando 65) pueden quedar exentos, en aplicación del artículo 4 del Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, de la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación (44) [en lo sucesivo, «el Reglamento (CE) no 68/2001»] y son, por lo tanto, compatibles con el mercado interior según lo dispuesto en el entonces artículo 87, apartado 3, del Tratado CE, actualmente artículo 107, apartado 3, del TFUE, independientemente de que la evaluación se base en el artículo 4, apartado 2 (formación específica) o en el artículo 4, apartado 3 (formación general). |
| --- | --- |

(125)

La Comisión considera que los gastos de formación detallados en la carta de 22 de julio de 2003 (25 240 EUR sobre los 1,8 millones EUR que constituyen el importe total del préstamo) (véase el cuadro del considerando 65) pueden quedar exentos, en aplicación del artículo 4 del Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, de la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación (44) [en lo sucesivo, «el Reglamento (CE) no 68/2001»] y son, por lo tanto, compatibles con el mercado interior según lo dispuesto en el entonces artículo 87, apartado 3, del Tratado CE, actualmente artículo 107, apartado 3, del TFUE, independientemente de que la evaluación se base en el artículo 4, apartado 2 (formación específica) o en el artículo 4, apartado 3 (formación general).

| (126) | No obstante, los otros componentes de la ayuda en cuestión no pueden considerarse compatibles sobre la base de los Reglamentos (CE) no 70/2001, (CE) no 2204/2002 y (CE) no 1628/2006 o de cualquier otra base jurídica en la medida en que no promueven ningún otro objetivo horizontal de la Unión Europea según lo dispuesto en el artículo 107, apartado 3, del TFUE, como la investigación y desarrollo, el empleo, el medio ambiente o el salvamento y la reestructuración en aplicación de los encuadramientos, directrices y reglamentos pertinentes. |
| --- | --- |

(126)

No obstante, los otros componentes de la ayuda en cuestión no pueden considerarse compatibles sobre la base de los Reglamentos (CE) no 70/2001, (CE) no 2204/2002 y (CE) no 1628/2006 o de cualquier otra base jurídica en la medida en que no promueven ningún otro objetivo horizontal de la Unión Europea según lo dispuesto en el artículo 107, apartado 3, del TFUE, como la investigación y desarrollo, el empleo, el medio ambiente o el salvamento y la reestructuración en aplicación de los encuadramientos, directrices y reglamentos pertinentes.

| (127) | Debemos, por lo tanto, concluir que —puesto que las actividades vinculadas a la exportación no entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 1998/2006 y ninguna otra base jurídica permite decretar su compatibilidad según lo dispuesto en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE— las ayudas concedidas a través del segundo préstamo no son compatibles con el mercado interior, exceptuando las ayudas a la formación anteriormente mencionadas. |
| --- | --- |

(127)

Debemos, por lo tanto, concluir que —puesto que las actividades vinculadas a la exportación no entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 1998/2006 y ninguna otra base jurídica permite decretar su compatibilidad según lo dispuesto en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE— las ayudas concedidas a través del segundo préstamo no son compatibles con el mercado interior, exceptuando las ayudas a la formación anteriormente mencionadas.

| (128) | En cuanto a la modificación de los tipos de interés durante el período de reembolso de los préstamos, las autoridades italianas afirman que en el marco jurídico italiano existían efectivamente normas generales que permitían esa reducción. No obstante, el Decreto Ministerial de 31 de marzo de 2000, única base jurídica facilitada al efecto, solo se aplica a las iniciativas financiadas en virtud de las leyes 394/81 y 304/1990, y resulta, por lo tanto, muy restrictivo. Cabe asimismo destacar que no se ha facilitado ninguna otra prueba de que el tipo de interés se modificara para la ayuda en cuestión (45). |
| --- | --- |

(128)

En cuanto a la modificación de los tipos de interés durante el período de reembolso de los préstamos, las autoridades italianas afirman que en el marco jurídico italiano existían efectivamente normas generales que permitían esa reducción. No obstante, el Decreto Ministerial de 31 de marzo de 2000, única base jurídica facilitada al efecto, solo se aplica a las iniciativas financiadas en virtud de las leyes 394/81 y 304/1990, y resulta, por lo tanto, muy restrictivo. Cabe asimismo destacar que no se ha facilitado ninguna otra prueba de que el tipo de interés se modificara para la ayuda en cuestión (45).

| (129) | Por lo que respecta a los dos préstamos, las autoridades italianas sostienen asimismo que el coste de la garantía bancaria obligatoria, exigida antes de la concesión de los préstamos debe deducirse del importe de las ayudas. La Comisión observa, en primer lugar, que tal garantía, o su equivalente, habría sido exigida normalmente incluso por una entidad de crédito privada que concediera préstamos según el principio del inversor en una economía de mercado y, en segundo lugar, que de las especificaciones adjuntas al contrato se desprende que no se admite una ayuda coincidente en el mismo programa, con excepción de la ayuda relacionada con la garantía, que se considera por tanto que puede optar a la ayuda. |
| --- | --- |

(129)

Por lo que respecta a los dos préstamos, las autoridades italianas sostienen asimismo que el coste de la garantía bancaria obligatoria, exigida antes de la concesión de los préstamos debe deducirse del importe de las ayudas. La Comisión observa, en primer lugar, que tal garantía, o su equivalente, habría sido exigida normalmente incluso por una entidad de crédito privada que concediera préstamos según el principio del inversor en una economía de mercado y, en segundo lugar, que de las especificaciones adjuntas al contrato se desprende que no se admite una ayuda coincidente en el mismo programa, con excepción de la ayuda relacionada con la garantía, que se considera por tanto que puede optar a la ayuda.

VII.   OBSERVACIONES FINALES

| (130) | La Comisión observa que las exenciones previstas en el artículo 107, apartado 2, letras a) a c), del TFUE (46) no son aplicables a los préstamos en cuestión, ya que estos no persiguen ninguno de los objetivos enumerados en dicho artículo. Por otra parte, el Gobierno italiano nunca ha sostenido lo contrario. |
| --- | --- |

(130)

La Comisión observa que las exenciones previstas en el artículo 107, apartado 2, letras a) a c), del TFUE (46) no son aplicables a los préstamos en cuestión, ya que estos no persiguen ninguno de los objetivos enumerados en dicho artículo. Por otra parte, el Gobierno italiano nunca ha sostenido lo contrario.

| (131) | Los préstamos no estaban destinados ni a favorecer el desarrollo económico regional o promover la realización de un proyecto importante de interés común europeo, ni a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro, ni a promover la cultura y la conservación del patrimonio. Así pues, la Comisión considera que a los préstamos en cuestión no pueden aplicárseles ni la letra a) del apartado 3 del artículo 107 (47), ni la letra b) del apartado 3 del artículo 107 (48), ni la letra d) del apartado 3 del artículo 107 (49), del TFUE. |
| --- | --- |

(131)

Los préstamos no estaban destinados ni a favorecer el desarrollo económico regional o promover la realización de un proyecto importante de interés común europeo, ni a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro, ni a promover la cultura y la conservación del patrimonio. Así pues, la Comisión considera que a los préstamos en cuestión no pueden aplicárseles ni la letra a) del apartado 3 del artículo 107 (47), ni la letra b) del apartado 3 del artículo 107 (48), ni la letra d) del apartado 3 del artículo 107 (49), del TFUE.

VIII.   CONCLUSIONES

| (132) | Los dos préstamos se concedieron a WAM SpA sin haber sido previamente notificados a la Comisión. El préstamo de 1995 se concedió el 24 de noviembre 1995, y el de 2000, el 9 de noviembre de 2000. Por consiguiente, la Comisión concluye que, exceptuando la parte de la ayuda que puede acogerse a la exención por categorías, los préstamos se concedieron ilegalmente al beneficiario en la medida en que se ejecutaron en contra de lo dispuesto en el entonces artículo 88, apartado 3, del Tratado CE, actualmente artículo 108, apartado 3, del TFUE. |
| --- | --- |

(132)

Los dos préstamos se concedieron a WAM SpA sin haber sido previamente notificados a la Comisión. El préstamo de 1995 se concedió el 24 de noviembre 1995, y el de 2000, el 9 de noviembre de 2000. Por consiguiente, la Comisión concluye que, exceptuando la parte de la ayuda que puede acogerse a la exención por categorías, los préstamos se concedieron ilegalmente al beneficiario en la medida en que se ejecutaron en contra de lo dispuesto en el entonces artículo 88, apartado 3, del Tratado CE, actualmente artículo 108, apartado 3, del TFUE.

| (133) | La ayuda concedida por Italia a WAM SpA el 24 de noviembre de 1995 en forma de una bonificación de intereses constituye una ayuda estatal. La parte correspondiente a los costes admisibles relativos a servicios de asesoramiento, participación en ferias y exposiciones, y estudios de mercado constituye una ayuda estatal compatible con el mercado interior. |
| --- | --- |

(133)

La ayuda concedida por Italia a WAM SpA el 24 de noviembre de 1995 en forma de una bonificación de intereses constituye una ayuda estatal. La parte correspondiente a los costes admisibles relativos a servicios de asesoramiento, participación en ferias y exposiciones, y estudios de mercado constituye una ayuda estatal compatible con el mercado interior.

| (134) | Por lo que se refiere al equivalente de subvención global de la ayuda específica, se ha tenido en cuenta que el préstamo se puso a disposición del beneficiario en tres tramos (abonados el 24 de abril de 1996, el 23 de julio de 1997 y el 24 de abril de 1998) y que el período de gracia se oscilaba entre cero y dos años. Se ha tenido asimismo en cuenta el tipo de interés establecido en el contrato de préstamo (4,4 %) con respecto al tipo de referencia fijado periódicamente por la Comisión (50) y vigente en el momento de la concesión del préstamo (11,35 %). Así pues, el elemento de ayuda se calcula como la diferencia entre el tipo de interés establecido en el contrato y el tipo de referencia vigente en la fecha de concesión del préstamo. Sobre la base de este cálculo, el equivalente de subvención, actualizado a 24 de abril de 1996 (fecha del pago del primer tramo a WAM SpA), asciende a 108 165,10 EUR. |
| --- | --- |

(134)

Por lo que se refiere al equivalente de subvención global de la ayuda específica, se ha tenido en cuenta que el préstamo se puso a disposición del beneficiario en tres tramos (abonados el 24 de abril de 1996, el 23 de julio de 1997 y el 24 de abril de 1998) y que el período de gracia se oscilaba entre cero y dos años. Se ha tenido asimismo en cuenta el tipo de interés establecido en el contrato de préstamo (4,4 %) con respecto al tipo de referencia fijado periódicamente por la Comisión (50) y vigente en el momento de la concesión del préstamo (11,35 %). Así pues, el elemento de ayuda se calcula como la diferencia entre el tipo de interés establecido en el contrato y el tipo de referencia vigente en la fecha de concesión del préstamo. Sobre la base de este cálculo, el equivalente de subvención, actualizado a 24 de abril de 1996 (fecha del pago del primer tramo a WAM SpA), asciende a 108 165,10 EUR.

| (135) | No obstante, este importe de ayuda debe rectificarse para tener en cuenta los componentes que constituyen una ayuda estatal compatible. |
| --- | --- |

(135)

No obstante, este importe de ayuda debe rectificarse para tener en cuenta los componentes que constituyen una ayuda estatal compatible.

| (136) | Dado que una parte del préstamo en cuestión se ha considerado compatible, esta debe deducirse del elemento de ayuda estatal del préstamo de 1995, equivalente a 108 165,10 EUR. En vista de la imposibilidad de establecer un vínculo directo entre un determinado tramo del préstamo y determinados gastos específicos, se ha aplicado a dicho equivalente de subvención global el porcentaje representado por los elementos compatibles con relación al préstamo global (82,57 millones LIT sobre 1 358,51 millones LIT, a saber, el 6 %). Puesto que el 6 % de 108 165,10 EUR equivale a 6 489,906 EUR, se considera que este importe constituye la parte compatible de la ayuda. |
| --- | --- |

(136)

Dado que una parte del préstamo en cuestión se ha considerado compatible, esta debe deducirse del elemento de ayuda estatal del préstamo de 1995, equivalente a 108 165,10 EUR. En vista de la imposibilidad de establecer un vínculo directo entre un determinado tramo del préstamo y determinados gastos específicos, se ha aplicado a dicho equivalente de subvención global el porcentaje representado por los elementos compatibles con relación al préstamo global (82,57 millones LIT sobre 1 358,51 millones LIT, a saber, el 6 %). Puesto que el 6 % de 108 165,10 EUR equivale a 6 489,906 EUR, se considera que este importe constituye la parte compatible de la ayuda.

| (137) | Por consiguiente, el equivalente de subvención de la parte de la ayuda estatal que es incompatible con el mercado interior puede cifrarse en 101 675,194 EUR. |
| --- | --- |

(137)

Por consiguiente, el equivalente de subvención de la parte de la ayuda estatal que es incompatible con el mercado interior puede cifrarse en 101 675,194 EUR.

| (138) | Las ayudas concedidas a WAM SpA en 2000 son incompatibles con el mercado interior, exceptuando la parte compatible de ayuda a las actividades de formación, equivalente a 25 240 EUR. |
| --- | --- |

(138)

Las ayudas concedidas a WAM SpA en 2000 son incompatibles con el mercado interior, exceptuando la parte compatible de ayuda a las actividades de formación, equivalente a 25 240 EUR.

| (139) | En el caso que nos ocupa, el préstamo se puso a disposición de WAM SpA en cinco tramos (abonados el 12 de febrero de 2001, el 28 de septiembre de 2001, el 26 de abril de 2002, el 27 de septiembre de 2002 y el 22 de enero de 2003). Por consiguiente, como ya ocurre con la primera ayuda, el período de gracia oscila entre cero y dos años. Del mismo modo, para el cálculo del equivalente de subvención, la Comisión ha tomado en consideración el tipo de interés establecido en el contrato de préstamo (2,32 %) con relación al tipo de referencia que la Comisión fijan periódicamente y vigente en el momento de la concesión del préstamo (5,70 %). El reembolso total (principal e intereses) habría debido concluirse el 20 de febrero de 2008. Por lo tanto, el equivalente de subvención del elemento de ayuda del préstamo global actualizado a 12 de febrero de 2001 (fecha equivalente de subvención del elemento de ayuda en cuestión, actualizado a 24 de febrero de 2001 (fecha en la que se abonó a WAM SpA el primer tramo del préstamo en cuestión) es de de 182 550,80 EUR, siempre que los reembolsos se hayan efectuado según el calendario previsto. |
| --- | --- |

(139)

En el caso que nos ocupa, el préstamo se puso a disposición de WAM SpA en cinco tramos (abonados el 12 de febrero de 2001, el 28 de septiembre de 2001, el 26 de abril de 2002, el 27 de septiembre de 2002 y el 22 de enero de 2003). Por consiguiente, como ya ocurre con la primera ayuda, el período de gracia oscila entre cero y dos años. Del mismo modo, para el cálculo del equivalente de subvención, la Comisión ha tomado en consideración el tipo de interés establecido en el contrato de préstamo (2,32 %) con relación al tipo de referencia que la Comisión fijan periódicamente y vigente en el momento de la concesión del préstamo (5,70 %). El reembolso total (principal e intereses) habría debido concluirse el 20 de febrero de 2008. Por lo tanto, el equivalente de subvención del elemento de ayuda del préstamo global actualizado a 12 de febrero de 2001 (fecha equivalente de subvención del elemento de ayuda en cuestión, actualizado a 24 de febrero de 2001 (fecha en la que se abonó a WAM SpA el primer tramo del préstamo en cuestión) es de de 182 550,80 EUR, siempre que los reembolsos se hayan efectuado según el calendario previsto.

| (140) | Por lo que se refiere a la parte compatible del préstamo, en este caso procede deducir del equivalente de subvención de la ayuda el porcentaje correspondiente a la parte compatible del préstamo con relación al total, lo que equivale al 1,35 %. Si los reembolsos se efectuaron según el calendario previsto, el equivalente de subvención del segundo préstamo equivale, pues, a 180 086,36 EUR (182 550,80 EUR 2 464,44 EUR). |
| --- | --- |

(140)

Por lo que se refiere a la parte compatible del préstamo, en este caso procede deducir del equivalente de subvención de la ayuda el porcentaje correspondiente a la parte compatible del préstamo con relación al total, lo que equivale al 1,35 %. Si los reembolsos se efectuaron según el calendario previsto, el equivalente de subvención del segundo préstamo equivale, pues, a 180 086,36 EUR (182 550,80 EUR 2 464,44 EUR).

| (141) | La práctica reiterada de la Comisión, de conformidad con el artículo 107 del TFUE, es exigir del beneficiario la ayuda que, en virtud de ese mismo artículo, se ha concedido ilegalmente y es incompatible con el mercado interior, a condición de que la ayuda no esté cubierta por las normas de minimis. Esta práctica ha sido confirmada por el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo. |
| --- | --- |

(141)

La práctica reiterada de la Comisión, de conformidad con el artículo 107 del TFUE, es exigir del beneficiario la ayuda que, en virtud de ese mismo artículo, se ha concedido ilegalmente y es incompatible con el mercado interior, a condición de que la ayuda no esté cubierta por las normas de minimis. Esta práctica ha sido confirmada por el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo.

| (142) | De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 659/1999, la ayuda recuperable en virtud de una decisión de recuperación devengará intereses calculados a un tipo adecuado que fije la Comisión. Los intereses se devengarán desde la fecha en que la ayuda ilegal se puso a disposición del beneficiario hasta la fecha de su recuperación, es decir, con respecto al período durante el cual permaneció a disposición de la empresa. |
| --- | --- |

(142)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 659/1999, la ayuda recuperable en virtud de una decisión de recuperación devengará intereses calculados a un tipo adecuado que fije la Comisión. Los intereses se devengarán desde la fecha en que la ayuda ilegal se puso a disposición del beneficiario hasta la fecha de su recuperación, es decir, con respecto al período durante el cual permaneció a disposición de la empresa.

| (143) | Las disposiciones de aplicación del tipo de interés se ilustran en el capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (51) [en lo sucesivo, «el Reglamento (CE) no 794/2004»], y en el Reglamento (CE) no 271/2008 de la Comisión, de 30 de enero de 2008, que modifica el Reglamento (CE) no 794/2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (52) [en lo sucesivo, «el Reglamento (CE) no 271/2008»]. |
| --- | --- |

(143)

Las disposiciones de aplicación del tipo de interés se ilustran en el capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (51) [en lo sucesivo, «el Reglamento (CE) no 794/2004»], y en el Reglamento (CE) no 271/2008 de la Comisión, de 30 de enero de 2008, que modifica el Reglamento (CE) no 794/2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (52) [en lo sucesivo, «el Reglamento (CE) no 271/2008»].

| (144) | La Comisión precisa que la presente Decisión no prejuzga la compatibilidad del marco nacional constituido por la ley 394/81, que es la base jurídica de la ayuda estatal concedida a WAM SpA, con respecto a la cual la Comisión, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia (53), no ha estimado necesario, en el presente asunto, incoar un procedimiento. No excluye sin embargo la posibilidad de incoar un procedimiento en una fase posterior. |
| --- | --- |

(144)

La Comisión precisa que la presente Decisión no prejuzga la compatibilidad del marco nacional constituido por la ley 394/81, que es la base jurídica de la ayuda estatal concedida a WAM SpA, con respecto a la cual la Comisión, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia (53), no ha estimado necesario, en el presente asunto, incoar un procedimiento. No excluye sin embargo la posibilidad de incoar un procedimiento en una fase posterior.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Las ayudas concedidas a WAM SpA en virtud de la ley 394/81 entran en el ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

Dichas ayudas no se notificaron previamente a la Comisión, en contra de lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE, actualmente artículo 108, apartado 3, del TFUE, y constituyen, por lo tanto, ayudas ilegales, exceptuando la parte de la ayuda exenta sobre la base de una exención por categorías.

Artículo 2

1.   La ayuda por un importe equivalente a 108 165,10 EUR concedida por Italia a WAM SpA el 24 de noviembre de 1995 en forma de bonificación de intereses constituye una ayuda estatal. La parte de esta ayuda correspondiente a los costes admisibles relativos a servicios de asesoramiento, participación en ferias y exposiciones y estudios de mercado, que asciende a 6 489,906 EUR, constituye una ayuda estatal compatible con el mercado interior.

Italia adoptará todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario, WAM SpA, la devolución del importe de la ayuda incompatible, equivalente a 101 675,194 EUR.

2.   La ayuda por un importe equivalente a 182 550,80 EUR concedida por Italia a WAM SpA el 9 de noviembre de 2000 en forma de bonificación de intereses constituye una ayuda estatal. La parte de esta ayuda correspondiente a los costes admisibles relativos a medidas de formación, que asciende a 2 464,44 EUR, constituye una ayuda estatal compatible con el mercado interior.

Italia adoptará todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario, WAM SpA, la devolución del importe de la ayuda incompatible, equivalente a 180 086,36 EUR.

3.   Los intereses sobre los importes que deben recuperarse en aplicación de la presente Decisión se calcularán desde la fecha en la que las ayudas estatales incompatibles se pusieron a disposición el beneficiario, a saber, WAM SpA, hasta la de su recuperación efectiva.

4.   Los intereses se calcularán sobre una base compuesta, de conformidad con el capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 y el Reglamento (CE) no 271/2008, que modifica el Reglamento (CE) no 794/2004.

Artículo 3

1.   La recuperación de la ayuda mencionada en el artículo 2 será inmediata y efectiva.

2.   Italia ejecutará la presente Decisión dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de su notificación a las autoridades italianas.

Artículo 4

1.   En el plazo de dos meses a partir de la notificación de la presente Decisión, Italia transmitirá a la Comisión la siguiente información:

| a) | el importe total (principal e intereses) que debe recuperarse del beneficiario (WAM SpA); |
| --- | --- |

a)

el importe total (principal e intereses) que debe recuperarse del beneficiario (WAM SpA);

| b) | una descripción detallada de las medidas ya adoptadas y previstas para el cumplimiento de la presente Decisión; |
| --- | --- |

b)

una descripción detallada de las medidas ya adoptadas y previstas para el cumplimiento de la presente Decisión;

| c) | documentos que demuestren que se ha ordenado al beneficiario que reembolse la ayuda. |
| --- | --- |

c)

documentos que demuestren que se ha ordenado al beneficiario que reembolse la ayuda.

2.   Italia mantendrá informada a la Comisión del avance de las medidas nacionales adoptadas en aplicación de la presente Decisión hasta que se haya recuperado totalmente la ayuda mencionada en el artículo 2. Presentará inmediatamente, a petición de la Comisión, información sobre las medidas ya adoptadas o previstas para el cumplimiento de la presente Decisión. También proporcionará información detallada sobre los importes de la ayuda y los intereses ya recuperados del beneficiario.

Artículo 5

El destinatario de la presente Decisión será la República Italiana.

Hecho en Bruselas, el 24 de marzo de 2010.

Por la Comisión

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente

---

(1)  A partir del 1 de diciembre de 2009, los artículos 87 y 88 del Tratado CE se convirtieron en los artículos 107 y 108, respectivamente, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las dos series de disposiciones son sustancialmente idénticas. A efectos de la presente Decisión, las referencias a los artículos 107 y 108 del TFUE se entenderán, cuando proceda, como referencias a los artículos 87 y 88, respectivamente, del Tratado CE, mientras que las referencias al Tribunal de Primera Instancia se entenderán como referencias al Tribunal.

1

(2)  C(2003) 35 final (DO C 142 de 18.6.2003, p. 2).

2

(3)  DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

3

(4)  Véase la nota 2.

4

(5)  DO L 63 de 4.3.2006, p. 11.

5

(6)  Asuntos acumulados T-304/04 y T-316/04, República Italiana y Wam SpA/Comisión, Rec. 2006, p. II-64.

6

(7)  Sentencia de 30 de abril de 2009 en el asunto C-494/06 P, Comisión/República Italiana y Wam SpA, aún no publicada en la Recopilación.

7

(8)  Por ejemplo, Dce y R-Master (UK), Infa-Stauband Ats (Alemania) y Fda (Francia); véase The Rise of a District Lead Firm: The Case of Wam (1968-2003), febrero de 2009, Recent, Centre for Economic Research (Departamento de Economía Política de la Universidad de Módena y Reggio Emilia).

8

The Rise of a District Lead Firm: The Case of Wam (1968-2003),

(9)  The Rise of a District Lead Firm: The Case of Wam (1968-2003), febrero de 2009, Recent, Centre for Economic Research (Departamento de Economía Política de la Universidad de Módena y Reggio Emilia).

9

The Rise of a District Lead Firm: The Case of Wam (1968-2003),

(10)  Véase la nota 9.

10

(11)  Véase la nota 9.

11

(12)  DO C 119 de 22.5.2002, p. 22.

12

(13)  DO L 10 de 13.1.2001, p. 30.

13

(14)  DO C 213 de 19.8.1992, p. 2.

14

(15)  DO L 10 de 13.1.2001, p. 33.

15

(16)  Véanse el asunto 78/76, Steinike y Weinlig/República Federal de Alemania, Rec. 1977, p. 595, apartado 21; el asunto 290/83, Comisión de las Comunidades Europeas/República Francesa, Rec. 1985, p. 439, apartado 14; los asuntos acumulados 67/85, 68/85 y 70/85, Kwekerij Gebroeders Van der Kooy BV e.a./Comisión de las Comunidades Europeas, Rec. 1988, p. 209, apartado 35, y el asunto C-305/89, República italiana/Comisión de las Comunidades Europeas, Rec. 1991, p. I-1603, apartado 13.

16

(17)  En virtud del artículo 2 de la ley 394/81, se creó un fondo en el Mediocredito centrale para la concesión de financiaciones a un tipo reducido a las empresas exportadoras que quisieran poner en marcha programas de penetración comercial en el extranjero. Este fondo está gestionado por un Comité que decide sobre la concesión de las financiaciones de acuerdo con la ley. El Comité es nombrado por decreto por el Ministro de Comercio Exterior, en concertación con el Ministro del Tesoro y el Ministro de Industria, Comercio y Artesanía. El Comité, dependiente del Ministerio de Comercio Exterior, está compuesto por:

17

| a) | el Ministro de Comercio Exterior o, por delegación, el Subsecretario de Estado, que lo preside; |
| --- | --- |

a)

el Ministro de Comercio Exterior o, por delegación, el Subsecretario de Estado, que lo preside;

| b) | un dirigente del Ministerio del Tesoro, del Ministerio de Industria, Comercio y Artesanía, del Ministerio de Comercio Exterior y por otros tantos suplentes de rango comparable designados por los ministros respectivos; |
| --- | --- |

b)

un dirigente del Ministerio del Tesoro, del Ministerio de Industria, Comercio y Artesanía, del Ministerio de Comercio Exterior y por otros tantos suplentes de rango comparable designados por los ministros respectivos;

| c) | el Director General de Mediocredito centrale o, en caso de ausencia o impedimento, por su representante; |
| --- | --- |

c)

el Director General de Mediocredito centrale o, en caso de ausencia o impedimento, por su representante;

| d) | el Director General del Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) o, en caso de ausencia o impedimento, por su representante. |
| --- | --- |

d)

el Director General del Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) o, en caso de ausencia o impedimento, por su representante.

(18)  El artículo 1 del Decreto Ministerial de 19 de enero de 1999 dispone que el Comité contemplado en el Decreto Legislativo no 143, de 31 de marzo de 1998, y, en particular, en su artículo 25, apartado 1, estará constituido por dos dirigentes del Ministerio de Comercio Exterior, un dirigente del Ministerio de Tesoro, Presupuesto y Programación Económica, un dirigente del Ministerio de Asuntos Exteriores, un dirigente del Ministerio de Industria, Comercio y Artesanía, un representante designado por la Conferencia de Presidentes de las Regiones y Provincias Autónomas y un representante designado por la Asociación Bancaria Italiana.

18

o

(19)  En aquel momento, se creó en Mediocredito Centrale un fondo abastecido por recursos estatales y administrado por el Comité contemplado en el artículo 2 de la ley 394/81. Mediante carta de 27 de diciembre de 1995, el Ministerio de Asuntos Exteriores pidió a Mediocredito Centrale que en el plazo de tres meses firmase un contrato con WAM SpA para dar efecto a la decisión del Comité contemplado en el artículo 2 de la ley 394/81, adoptada en su sesión de 24 de noviembre de 1995.

19

(20)  En virtud del Decreto Legislativo no 143, de 31 de marzo de 1998, y, en particular, de su artículo 25, apartado 1, a partir del 1 de enero de 1999, el Gobierno italiano encomendaba a SIMESIT SpA, organismo público instituido en 1990 (ley no 100, de 24 de abril de 1990), la gestión de las medidas de apoyo financiero a la internacionalización del sistema productivo contempladas en la ley 394/81 para ayudar a las empresas italianas en los terceros países. Este organismo está controlado por el Gobierno italiano, que posee el 76 % de sus participaciones y fija los criterios de selección de las inversiones que reciben el apoyo de SIMESIT SpA. El consejo de administración de dicho organismo cuenta con nueve miembros, cinco del cuales son nombrados por el Gobierno italiano.

20

o

o

(21)  Véase el asunto C-482/99, República Francesa/Comisión de las Comunidades Europeas (Stardust), Rec. 2002, p. I-4397, apartados 55 y 56.

21

(22)  Véase el asunto C-41/90, Höfner y Elser, Rec. 1991, p. I-1979, apartado 21.

22

(23)  Véase el asunto C-494/06 P, Comisión de las Comunidades Europeas/República italiana y Wam SpA, aún no publicado, apartados 49 y siguientes.

23

(24)  Véanse también los asuntos C-372/97 Italia/Comisión, Rec. 2004, p. I-3679, apartado 52, y C-66/2002, Italia/Comisión, Rec. 2005, p. I-10901.

24

(25)  The Rise of a District Lead Firm: The Case of Wam (1968-2003), febrero de 2009, Recent, Centre for Economic Research (Departamento de Economía Política de la Universidad de Módena y Reggio Emilia).

25

The Rise of a District Lead Firm: The Case of Wam (1968-2003),

(26)  Véanse los asuntos T-459/93, Siemens/Comisión, Rec. 1995, p. II-1675, apartados 48 y 77, T-214/95, Het Vlaamse Gewest/Comisión, Rec. 1998, p. II-717, apartado 43, y T-217/02, Ter Lembeek/Comisión, Rec. 2006, p. II-4483, apartado 177.

26

(27)  En la sentencia dictada en el asunto T-369/06, Holland Malta/Comisión, aún no publicada en la Recopilación, el Tribunal de Primera Instancia declaró en el apartado 55 que de la jurisprudencia se desprende, pues, con claridad que no solo la reducción, mediante fondos estatales, de los costes vinculados a la gestión corriente o a las actividades normales de una empresa es ipso facto capaz de falsear la competencia, sino también la subvención que libera al beneficiario, total o parcialmente, de los costes de una inversión.

27

(28)  Véanse los asuntos 730/79, Philip Morris Holland/Comisión, Rec. 1980, p. 2671, apartado 11; C-53/00, Ferring, Rec. 2001, p. I-9067, apartado 21, y C-372/97, Italia/Comisión, Rec. 2004, p. I-3679, apartado 52.

28

(29)  Véase el asunto 730/79, Philip Morris/Comisión, Rec. 1980, p. 2671.

29

(30)  Véase el asunto 259/85, Francia/Comisión, Rec. 1978, p. 4393.

30

(31)  Véase el asunto T-214/95, Het Vlaamse Gewest/Comisión, Rec. 1998, p. II-717, apartado 49.

31

(32)  Véase el asunto C-172/03, Heiser/Finanzamt Innsbruck, Rec. 1998, p. I-1627, apartado 32.

32

(33)  Véanse los asuntos acumulados de 212/82 a 217/80, Meridionale Industria Salumi e.a., Rec. 1981, p. 2735, los asuntos acumulados CT Control Rotterdam y JCT Benelux/Comisión, Rec. 1981, p. I-3873, y el asunto C-61/98, De Haan Beheer, Rec. 2000, p. I-5003.

33

(34)  DO L 379 de 28.12.2006, p. 11.

34

(35)  DO L 214 de 9.8.2008, p. 3.

35

(36)  Negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) — Anexo 1 — Anexo 1A — Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (OMC-GATT 1994) (DO L 336 de 23.12.1994, p. 156).

36

(37)  DO L 107 de 30.4.1996, p. 4.

37

(38)  DO C 119 de 22.5.2002, p. 22.

38

(39)  De acuerdo con la práctica consolidada de la Comisión. Véase, por ejemplo, la Decisión de la Comisión, de 13 de mayo de 2003, relativa a la ayuda estatal concedida por Alemania a las empresas Kahla Porzellan GmbH y Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (DO L 227 de 11.9.2003, p. 12).

39

(40)  DO L 10 de 13.1.2001, p. 20.

40

(41)  DO L 337 de 13.12.2002, p. 3.

41

(42)  DO L 302 de 1.11.2006, p. 29.

42

(43)  DO C 119 de 22.5.2002, p. 22.

43

(44)  DO L 13 de 13.1.2001, p. 20.

44

(45)  En cualquier caso, esta modificación solo habría podido aplicarse al primer préstamo bonificado concedido a WAM SpA puesto que se aplicaba a las financiaciones existentes en el momento de su entrada en vigor y el segundo préstamo aún no se había concedido a la empresa.

45

(46)  El apartado 2 del artículo 107 establece que son compatibles con el mercado común: a) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos; b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional; c) las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania [...].

46

(47)  «Las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, así como el de las regiones contempladas en el artículo 349, habida cuenta de su situación estructural, económica y social».

47

(48)  «Las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro».

48

(49)  «Las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Unión en contra del interés común».

49

(50)  Publicado periódicamente en el Diario Oficial.

50

(51)  DO L 140 de 30.4.2004, p. 1.

51

(52)  DO L 82 de 25.3.2008, p. 1.

52

(53)  Véanse los asuntos T-92/00 y T-103/00, Diputación Foral de Álava/Comisión (Ramondín), Rec. 2002, p. II-1385.

53

---