Número Identificador

SEN 2024____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

MARGARITA VEGA 

VÉLEZ

Apelante 

v.

FOREST CC, CORP.; 

ET ALS

Apelados

KLAN202400425

Apelación

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Mayagüez

Caso Civil Núm.:

ISCI201500583

(Sala 206)

Sobre:

Incumplimiento de 

Contrato; Daños y 

Perjuicios

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez 

Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2024.

Comparece la Sra. Margarita Vega Vélez (en adelante, Sra. 

Vega Vélez) mediante un recurso de apelación y nos solicita que 

revisemos la Sentencia dictada el 26 de septiembre de 2023 y

notificada el 2 de abril de 20241 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Superior de Mayagüez (en adelante, TPI).

2

Mediante la referida sentencia, el TPI declaró Ha Lugar la Moción 

Solicitando Desestimación presentada el 10 de abril de 2023 por 

Forest CC, Corp. En consecuencia, se desestimó la demanda 

presentada por la Sra. Vega Vélez en contra de la parte apelada. 

Además, el TPI le impuso en su Sentencia a la Sra. Vega Vélez el 

pago de la suma de $3,000.00 por concepto de honorarios de 

abogado por temeridad.

3

1 Véase, Notificación Enmendada en Apéndice de la Apelación Civil, págs. 163-176.

2 Apéndice de la Apelación Civil, a las págs. 163-176. 

3 Íd.
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Por los fundamentos que expondremos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

I.

Según surge del expediente, el 7 de mayo de 2015, la Sra. Vega 

Vélez presentó una demanda sobre incumplimiento de contrato y 

daños y perjuicio en contra de la desarrolladora y vendedora Forest 

CC, Corp. (en adelante, Forest CC); Banco Popular de Puerto Rico; 

Popular Mortgage Inc.; Constructora Gregory Inc.; el Sr. Alberto C.

Gregory Morales, la Sra. Graciela Valentín y la Sociedad de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos; Fulana de Tal Insurance Corp.,

y Seguros Mengano, Inc.

4

Luego de varios trámites procesales,5 el 11 de septiembre de 

2017, se presentó una Demanda Enmendada para incluir como 

parte demandada al Sr. Herminio Bosques Medina, la Sra. Vanessa 

Casillas Agosto y la Sociedad de Bienes Gananciales; y al fideicomiso 

Cero Five Two Six Living and Grantor Trust.6 Luego, el 30 de abril 

4 Apéndice de la Apelación Civil, págs. 76-87.

5 Entre estas, surge del expediente que el Banco Popular de Puerto Rico presentó 

una moción de desestimación bajo la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 10.2(5), a la cual se opuso la Sra. Vega Vélez. En atención a esta 

moción, el 29 de diciembre de 2015, notificada el 7 de enero de 2016, el TPI, por 

voz del Hon. Miguel Trabal Cuevas, emitió una Resolución declarando No Ha Lugar 

la moción de desestimación por entender que la demanda si exponía una 

reclamación que justificara la concesión de un remedio contra el Banco Popular 

de Puerto Rico. Además, en lo pertinente a las controversias ante nuestra 

consideración, el TPI expresó lo siguiente: 

“En lo relativo a la prescripción de la casusa de acción, las 

alegaciones de la demanda van dirigidas al incumplimiento de 

contrato de compraventa y como consecuencia, se solicita la 

devolución de las prestaciones, de conformidad con el Artículo 

1054 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3018. Dicho 

artículo establece que quedan sujetos a la indemnización de los 

daños y perjuicios causados, los que, en el cumplimiento de sus 

obligaciones, incurrieron en dolo, negligencia o morosidad; y los 

que, de cualquier modo, contravinieren a tenor de aquellos. El 

término prescriptivo para la presentación de dicha acción es de 

quince años, desde la fecha de celebrado el contrato, según lo 

dispuesto en el Artículo 1864 del Código Civil[,] 31 LPRA sec. 

5294.” Apéndice de la Apelación Civil, págs. 158-162.

Además, el 14 de enero de 2016, notificada el 15 de enero de 2016, el TPI dictó 

Sentencia Parcial declarando Ha Lugar una solicitud de desistimiento presentada 

por la Sra. Vega Vélez en cuanto a Banco Popular de Puerto Rico, Popular 

Mortgage Inc., Constructora Gregory Inc., y el Sr. Alberto C. Gregory Morales, la 

Sra. Graciela Valentín y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ambos. 

En consecuencia, se decretó el archivo con perjuicio de las reclamaciones 

presentadas contra estos codemandados. Apéndice de la Apelación Civil, págs. 

177-180.

6 Apéndice de la Apelación Civil, págs. 92-100.
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de 2019, se presentó una Segunda Demanda Enmendada para

incluir como parte demandada a Oriental Bank y enmendar algunas 

de las alegaciones de la demanda relacionadas a la causa de acción.

7

En lo pertinente, la Sra. Vega Vélez alegó en su reclamación

que el 25 de junio de 2007 suscribió un contrato de compraventa 

con la compañía desarrolladora Forest CC respecto a un 

apartamento ubicado en el condominio Blue at Boquerón en el 

Municipio de Cabo Rojo por el precio de $247,000.00. Según la Sra. 

Vega Vélez, la compañía desarrolladora se comprometió en el 

contrato, entre otras cosas, a construir el edificio en conformidad 

con los planos aprobados por la Administración de Reglamentos y 

Permisos (“ARPe”).8

La Sra. Vega Vélez alegó que, al poco tiempo de tomar posesión 

del apartamento, comenzaron a ocurrir una serie de incidentes 

relacionados al mantenimiento de las áreas comunes y a defectos en

la construcción del edificio. Esta situación llevó a la Sra. Vega Vélez 

a presentar varias querellas ante el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (“DACo”). Durante el trámite procesal del caso 

administrativo, la Sra. Vega Vélez alegadamente advino en 

conocimiento de que “el edificio está afecto a varios vicios de 

construcción, debido a que no fue construido de conformidad con el 

Plano de Construcción aprobado por la Administración de 

Reglamentos y Permisos.”9

La Sra. Vega Vélez añadió que se sintió cansada por toda esta 

situación, por lo que acudió ante la oficina de mitigación de pérdidas

del Banco Popular de Puerto Rico para hacer una entrega voluntaria

del apartamento, lo cual no pudo llevar a cabo debido a que la 

propiedad aún no aparecía inscrita a su nombre en el Registro de la 

7 Apéndice de la Apelación Civil, págs. 118-127.

8 Hoy día la Oficina de Gerencia de Permisos.

9 Apéndice de la Apelación Civil, pág. 124.
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Propiedad, según le informaron en dicha oficina de la institución 

financiera. Alegadamente, ni la escritura matriz ni las demás 

escrituras relacionadas al inmueble habían logrado acceso aun al 

Registro de la Propiedad.

“[A]nte la situación de que [...] no podía refinanciar, vender, 

permutar y tampoco hacer con su propiedad negocio jurídico 

alguno, y la negativa del Banco Popular de Puerto Rico, en ofrecerle 

una alternativa a su situación”,

10 la Sra. Vega Vélez alegadamente 

vació el apartamento y dejó de pagar su préstamo hipotecario. Al 

poco tiempo, esta fue demandada por el Banco Popular de Puerto 

Rico en cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La Sra. Vega Vélez 

se allanó a que se dictara sentencia en su contra y el banco

finalmente ejecutó la hipoteca.

En la demanda, la Sra. Vega Vélez alegó que Forest CC 

incumplió con el contrato de compraventa entre las partes al no 

haber construido el edificio conforme a lo establecido en los planos 

aprobados. Como consecuencia del incumplimiento del contrato por 

parte de Forest CC, la Sra. Vega Vélez alegadamente sufrió daños y 

perjuicios al tener que entregar el apartamento debido a los vicios 

ocultos. Como remedio, solicitó en la demanda que se ordenara a 

Forest CC a devolverle el pronto de $5,000.00; y a Banco Popular de 

Puerto Rico y Popular Mortgage Inc. a devolverle la cantidad pagada 

de $154,010.07. Asimismo, solicitó una compensación por los daños 

y perjuicios sufridos, en la cuantía de $100,000.00 más $10,000.00 

por concepto de honorarios de abogado, además de cualquier otra 

reparación que el Tribunal considerara justa y adecuada. 

Finalmente, cabe mencionar que en la demanda la Sra. Vega 

Vélez expresó que las escrituras en cuestión finalmente tuvieron 

acceso al Registro de la Propiedad el 30 de octubre de 2015, luego 

10 Apéndice de la Apelación Civil, pág. 125.
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de que se corrigieran las faltas que impedían su inscripción 

notificada por el Registrador. Además, es preciso mencionar que, en 

la demanda, la Sra. Vega Vélez también expresó lo siguiente:

“

41. El dolo surge cuando “mediante palabras o 

maquinaciones insidiosas de parte de uno de los 

contratantes, el otro es inducido a celebrar un contrato 

que, sin ellas, no hubiera hecho” [...].

42. Forest tenía conocimiento de los vicios de 

construcción y le ocultaron en todo momento a la 

demandante que el edificio adolecía de los mismos. En 

el caso Márquez vs Torres Campos [...], el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, discute la figura del dolo en 

los contratos y concluye que la actuación dolosa es la 

ocultación por el demandado de una circunstancia que 

pudiese constituir un defecto oculto en el objeto vendido 

y entregado.”11

El 10 de abril de 2023, Forest CC presentó Contestación 

Enmendada a Segunda Demanda Enmendada con Fecha del 30 de 

abril de 2019,

12 en la cual negó las alegaciones en su contra y

levantó varias defensas afirmativas.

13 Entre sus defensas, Forest CC 

alegó prescripción; impedimento colateral; academicidad; dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, 

y actos propios.

El 12 de agosto y el 12 de diciembre de 2019, Oriental Bank14

y el Sr. Herminio Bosques Medina, la Sra. Vanessa Casillas Agosto 

y la Sociedad de Bienes Gananciales,15 respectivamente, 

presentaron sus contestaciones a la segunda demanda enmendada. 

En síntesis, estos negaron la mayoría de las alegaciones expuestas 

en la demanda y levantaron varias defensas afirmativas. 

Tras varios incidentes procesales, el 10 de abril de 2023, 

Forest CC presentó una Moción Solicitando Desestimación bajo la 

Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5).16

En esta, Forest CC alegó la causa de acción de nulidad de contrato 

11 Apéndice de la Apelación Civil, págs. 125-126.

12 Apéndice de la Apelación Civil, págs. 128-134.

13 Entre estas, prescripción de la causa de acción.

14 Apéndice de la Apelación Civil, págs. 146-153.

15 Apéndice de la Apelación Civil, págs. 135-145.

16 Apéndice de la Apelación Civil, págs. 14-26.
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por dolo estaba prescrita por haberse presentado transcurrido el 

término de cuatro (4) años establecido en el Artículo 1253 del Código 

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3512, desde la consumación del 

contrato. Además, levantó como defensa la doctrina de cosa juzgada 

en su modalidad de fraccionamiento de causa de acción alegando

que la causa de acción sobre vicios de construcción en su contra se 

había presentado en una reclamación anterior ante el DACo.

17

Forest CC añadió que de las alegaciones de la Sra. Vega Vélez 

se desprendía que la determinación de “dejar de pagar el 

apartamento, entregarlo al banco y allanarse al procedimiento de 

ejecución de hipoteca y cobro de dinero radicado por el Banco 

Popular de Puerto Rico fue una voluntaria”.18 Según su contención, 

esta determinación estuvo basada en su insatisfacción con la

disminución en el valor que sufrieron las unidades del condominio, 

conforme admitió en la deposición que le fue tomada y un narrativo 

que preparó sobre los hechos que motivaron la presentación de la 

demanda.

19 Añadió, además, que, la acción que tenía a su haber la 

Sra. Vega Vélez era una por vicios ocultos bajo el Artículo 1373 del 

Código Civil de 1930, 31 LPRA ante. sec. 3541, la cual caducó a los 

seis (6) meses. 

Finalmente, Forest CC le imputó a la Sra. Vega Vélez haber 

procedido con temeridad, por lo que solicitó que se le impusiera en 

17 Según el escrito de apelación, la parte apelante tuvo alegadamente que acudir 

al DACo mediante la Querella Número MA0002205 bajo la Ley Núm. 104 de 25 

de junio de 1958, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios”, 31 

LPRA ant. sec. 1291, por la falta de mantenimiento de las áreas comunes y del 

edificio y solicitar que se obligara a Forest CC a reparar los desperfectos en dichas 

áreas comunes y a culminar el mismo, según los planos aprobados por ARPe. 

Véase Apelación Civil, pág. 7. El 20 de marzo de 2014, notificada el 4 de abril de 

2024, el DACo emitió Resolución ordenándole a Forest a suministrar y/o cubrir 

los gastos referentes a materiales y labor necesaria para corregir las deficiencias 

mencionadas en las páginas 6 y 7 del dictamen en un término de veinte (20) días. 

En específico, las deficiencias de referencia eran las siguientes: desagüe del 

edificio, control portón acceso, pintura del edificio, puertas baño piscina, comején 

en el árbol del lateral derecho, circuitos eléctricos, desagües obstruidos, trinchera 

área del estacionamiento, limo alero segundo piso, copia de llaves, 

estacionamiento de impedido, y BBQ del área de la piscina.

18 Apéndice de la Apelación Civil, pág. 23.

19 Apéndice de la Apelación Civil, págs. 23-24.
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la sentencia el pago de una suma por concepto de honorarios de 

abogado.

El 20 de abril de 2023, el Sr. Herminio Bosques Medina, la 

Sra. Vanessa Casillas Agosto y la Sociedad de Bienes Gananciales 

presentaron una Moción para Unirnos a la “Moción Solicitando 

Desestimación”.

20 Por su parte, el 15 de mayo de 2023, Oriental 

Bank presentó una Moción Informativa y Uniéndose a Moción de 

Desestimación.

21

Luego de varias prórrogas, el 1 de septiembre de 2023, la Sra. 

Vega Vélez presentó su Moción en Oposición a Moción de 

Desestimación.

22 En síntesis, alegó que su acción era una por 

incumplimiento de contrato bajo el Artículo 1054 del Código Civil de 

1930, 31 LPRA ant. sec. 3018, por lo que le aplicaba el término 

prescriptivo general de quince (15) años del Artículo 1864 del Código 

Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5294. Además, la Sra. Vega Vélez 

alegó que no procedía la defensa de cosa juzgada en su modalidad 

de fraccionamiento de causa de acción debido a que la reclamación

de vicios de construcción y falta de mantenimiento que se presentó

ante el DACo era una distinta a la presente donde se estaba

alegando incumplimiento contractual y daños y perjuicios.

Finalmente, el 26 de septiembre de 2023, el TPI dictó y 

notificó23 la Sentencia24 apelada, mediante la cual declaró Ha Lugar 

la Moción Solicitando Desestimación presentada el 10 de abril de 

2023 por Forest CC y, en consecuencia, se desestimó la demanda 

presentada por la Sra. Vega Vélez. Además, el TPI le impuso en su 

sentencia a la Sra. Vega Vélez el pago de la suma de $3,000.00 por 

20 Apéndice de la Apelación Civil, págs. 27-28.

21 Apéndice de la Apelación Civil, págs. 33-39.

22 Apéndice de la Apelación Civil, págs. 29-32.

23 El 2 de abril de 2024, se notificó nuevamente la Sentencia, mediante Notificación 

Enmendada en atención al Mandato expedido por este Tribunal de Apelaciones en 

el caso KLAN202301053. Véase, Apéndice de la Apelación Civil, págs. 163-176.

24 Apéndice de la Apelación Civil, págs. 1-13.
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concepto de honorarios de abogado por temeridad.25 En el dictamen, 

el TPI concluyó y resolvió lo siguiente: 

“[...] Este Tribunal ha analizado las posiciones de 

todas las partes involucradas en el presente caso y 

concluye que la reclamación instada está prescrita 

por radicarse luego de los cuatro (4) años indicados 

en el Artículo 1253 del Código Civil del 1930 y, 

además, le aplica la doctrina de cosa juzgada.

[...].”26

El 11 de octubre de 2023, la Sra. Vega Vélez presentó una

Moción al Amparo de la Regla 42.2 y de Reconsideración a la 

Sentencia, en la cual solicitó la reconsideración del dictamen y que 

se realizaran determinación de hechos adicionales.27

El 23 de octubre de 2023, notificada al día siguiente, el TPI 

emitió una Resolución y/o Orden, en la cual, entre otros asuntos,

declaró No Ha Lugar la moción en solicitud de reconsideración y de 

determinaciones de hechos adicionales presentada por la Sra. Vega 

Vélez.

28

En desacuerdo con la determinación del TPI, la Sra. Vega 

Vélez acudió ante nos el 1 de mayo de 2022 mediante el presente 

recurso de Apelación Civil, en la cual señala los errores siguientes:

Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al aplicar el Artículo 1253 del Código Civil de 

Puerto Rico con relación a la prescripción por dolo, 

contrario a lo que ya había resuelto el propio Tribunal 

en su Resolución del 29 de diciembre de 2015 dentro 

del mismo caso. 

Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de Instancia 

al aplicar el caso Miranda v. López, 58 D.P.R. 234, 235 

(1941) como único fundamento para revocar la Ley del 

Caso emitida por el Honorable Miguel Trabal Cuevas en 

el mismo caso. 

Tercer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al aplicar la doctrina de cosa juzgada. 

Cuarto error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que la parte demandante fue 

temeraria y frívola por llevar su causa de acción de 

incumplimiento de contrato y por ello conceder 

25 Íd.

26 Apéndice de la Apelación Civil, págs. 1-13.

27 Apéndice de la Apelación Civil, págs. 40-73.

28 Apéndice de la Apelación Civil, págs. 74-75.
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honorarios de abogados de abogados a la parte 

demandada. 

El 7 de mayo de 2024, emitimos una Resolución concediendo 

a la parte apelada hasta el 28 de mayo de 2024 para expresarse con 

respecto al recurso. 

El 28 de mayo de 2024, la Forest CC y el Sr. Herminio Bosques 

Medina, la Sra. Vanessa Casillas Agosto y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos presentaron una 

Solicitud de Desestimación y Alegato en Oposición a Apelación Civil, 

a la cual se unió Oriental Bank mediante una Moción Uniéndonos a 

Solicitud de Desestimación y Alegato en Oposición a Apelación Civil y 

en Torno a Recurso de Apelación Presentado por la Parte Demandante

presentada en la misma fecha.

Así, contando con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, procedemos a resolver. 

II.

A.

En nuestro ordenamiento jurídico, la doctrina de cosa juzgada 

se encuentra tipificada en el Artículo 1204 del Código Civil de 1930, 

31 LPRA ant. sec. 3343.29 El referido Artículo dispone, en lo 

pertinente, lo siguiente:

“[...] Para que la presunción de cosa juzgada surta 

efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso 

resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea 

invocada, concurra la más perfecta identidad entre las 

cosas, las causas, las personas de los litigantes y la 

calidad con que lo fueron. [...]”

Esta doctrina ha sido definida como “lo ya resuelto por fallo 

firme de un Juez o Tribunal competente, y lleva en sí la firmeza de 

su irrevocabilidad”. Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 273 

(2012), citando a J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 

29 El “Código Civil de Puerto Rico”, Edición de 1930, fue derogado y sustituido por

la Ley Núm. 55-2020, según emendada, conocida como “Código Civil de Puerto

Rico” de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq. No obstante, los hechos que originan la

presente controversia tomaron lugar durante la vigencia del código anterior, por

lo cual esta es la ley que aplica al caso.
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6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, pág. 278. Por lo 

tanto y a tenor con lo anterior, la doctrina de cosa juzgada “persigue 

poner fin a los litigios luego de haber sido adjudicados de forma 

definitiva por los tribunales y, de este modo, garantizar la 

certidumbre y la seguridad de los derechos declarados mediante una 

resolución judicial para evitar gastos adicionales al Estado y a los 

litigantes”. Íd., págs. 273-274. 

Se ha señalado que, por un lado, la doctrina de cosa juzgada 

vela por el interés gubernamental de que se finalicen los pleitos y, 

por otro lado, se interesa en no someter a los ciudadanos a las 

molestias de tener que litigar dos veces una misma causa. Íd.;

Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281 (2012); P.R. Wire Prod. v. 

C. Crespo & Asoc., 175 DPR 139 (2008). Sin embargo, se ha 

señalado, además, que la aplicación de dicha doctrina no procede 

de forma inflexible y automática cuando hacerlo derrotaría los fines 

de la justicia o consideraciones de orden público. Íd. Conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 1204 del Código Civil de 1930, supra, la 

presunción de cosa juzgada sólo tendrá efecto si existe la más 

perfecta identidad de las cosas, las causas, las personas de los 

litigantes y la calidad con que lo fueron.

A los fines de aplicar la doctrina de cosa juzgada, el requisito 

de la identidad de cosas significa que el segundo pleito se refiere al 

mismo asunto que versó el primer pleito, aunque las cosas hayan 

sufrido disminución o alteración. Presidential v. Transcaribe, supra, 

pág. 275. La cosa es el objeto o materia sobre la cual se ejercita la 

acción. Íd. Un criterio certero para determinar si existe identidad del 

objeto es, si un juez está expuesto a contradecir una decisión 

anterior afirmando un derecho nacido o naciente. Íd. Quiere decir, 

que existe identidad de objeto cuando un juez al hacer una 

determinación se expone a contradecir el derecho afirmado en una 

decisión anterior. Se tiene que identificar cuál es el bien jurídico 
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cuya protección o concesión se solicita del juzgador. Íd. Hay que 

considerar no sólo la cosa sobre la cual se suscita la controversia, 

sino también el planteamiento jurídico que se genera en torno a ella.

Íd.

Por otra parte, la identidad de causa existe cuando los hechos 

y los fundamentos de las peticiones son idénticos en lo que afecta a 

la cuestión planteada. Íd. Al determinar si existe identidad de causas 

de acción debemos preguntarnos si ambas reclamaciones se basan 

en la misma transacción o núcleo de hechos. Íd.; Martínez Díaz v. 

E.L.A., 182 DPR 580 (2011).

Finalmente, en cuanto a la identidad de las personas de los 

litigantes y la calidad en que lo fueron, el propio Artículo 1204 del 

Código Civil, supra, dispone, en lo pertinente, que:

“Se entiende que hay identidad de personas siempre 

que los litigantes del segundo pleito sean 

causahabientes de los que contendieron en el pleito 

anterior, o estén unido a ellos por vínculos de 

solidaridad o por los que establece la indivisibilidad de 

las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas 

u obligación de satisfacerlas.” Íd., págs. 275-276.

El fraccionamiento de causa de acción e impedimento 

colateral por sentencia son dos modalidades de la doctrina de cosa 

juzgada. En cuanto a la modalidad de fraccionamiento de causa de 

acción en particular, el Tribunal Supremo ha expresado que esta 

aplica a toda reclamación posterior que se presente entre las 

mismas partes y sobre el mismo asunto. Íd., págs. 277-278; S.L.G. 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133 (2011); 

Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins. Co., 176 DPR 512 (2009). Si un 

demandante tiene varias reclamaciones, que surgen de un 

mismo evento, contra un mismo demandado y presenta una de esas 

reclamaciones, se aplicará esta modalidad si luego de terminado 

dicho pleito decide presentar otro pleito contra el mismo demandado 

por las otras reclamaciones. Íd., págs. 277-278.
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Ahora bien, se ha señalado que no procede extender esta 

doctrina a una parte que no fue incluida como demandada en el 

primer pleito. Íd. Además, su aplicación se limitará a reclamaciones 

que son recobrables en la primera acción incoada. Íd.

La modalidad de fraccionamiento de causa tiene como 

propósito promover la finalidad de las controversias judiciales y 

evitar las continuas molestias a una parte con la presentación 

sucesiva de varios pleitos relacionados con el mismo asunto. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra. Por lo tanto, esta 

modalidad procede cuando el demandante obtiene sentencia en un

primer pleito, y luego radica una segunda acción contra la misma 

parte por otra porción de esa misma reclamación. Presidential v. 

Transcaribe, supra, pág. 278.

B.

En nuestro ordenamiento jurídico, el poder que posee 

determinada agencia administrativa para actuar está delimitado por 

el estatuto orgánico o la ley habilitadora. Muñoz Barrientos v. ELA et 

al., 212 DPR 714, 723 (2023); Col. Médicos et als. v. Com. Seguros et 

al., 201 DPR 362, 372 (2018); Amieiro González v. Pinnacle Real 

Estate, 173 DPR 363, 371 (2008); Comisionado de Seguros v. PRIA, 

168 DPR 659, 666 (2006). Véase, también, J.A. Echevarría Vargas, 

Derecho Administrativo Puertorriqueño, 4ta ed. rev., San Juan, Ed. 

SITUM, 2017, pág. 44.

La ley habilitadora es el mecanismo legal que delega a las 

referidas agencias los poderes y las facultades necesarias para 

actuar en conformidad con el propósito legislativo. Muñoz Barrientos 

v. ELA et al., supra; Amieiro González v. Pinnacle Real Estate, 

supra; Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 DPR 203, 211 (2002).

Históricamente, la Asamblea Legislativa ha delegado a las 

agencias administrativas dos poderes esenciales: el poder de 

reglamentar, al ejercer funciones cuasi-legislativas y, el poder de 
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adjudicar controversias, al ejercer funciones cuasi-judiciales dentro 

de la pericia de la agencia. Muñoz Barrientos v. ELA et al., supra; 

Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., supra. Véase, además, Echevarría 

Vargas, op. cit., pág. 25.

Al amparo de las facultades cuasi-judiciales, se le ha 

reconocido también a las agencias la potestad para “resolver 

controversias y [...] para dictar todos aquellos remedios que resulten 

cónsonos y proporcionales con las alegadas desviaciones legales y 

reglamentarias” con el fin de hacer efectivo el proceso 

administrativo. Muñoz Barrientos v. ELA et al., supra, pág. 724,

citando a Echevarría Vargas, op. cit., pág. 272.

En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, el 

Tribunal Supremo ha resuelto que es válida la delegación a las 

agencias administrativas de la facultad para otorgar compensación 

por los daños y perjuicios sufridos por determinada persona. Íd., 

págs. 724-725; Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., supra; Acevedo v. 

Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788, 803 (2001); Quiñones v. San Rafael 

Estates, S.E., 143 DPR 756, 765-766 (1997). En particular, se ha 

resuelto que es válida tal delegación en dos instancias: 1) cuando la 

ley habilitadora de la agencia le concede expresamente esa facultad, 

y 2) cuando, al no estar facultada para imponer daños, dicho poder 

se encuentra implícito en la amplia facultad de la agencia para 

conceder un remedio que adelante los intereses de su ley orgánica y 

la política pública que la inspiró. Íd.

Por lo tanto, no todas las agencias administrativas poseen 

autoridad para otorgar indemnización en daños y perjuicios. Muñoz 

Barrientos v. ELA et al., supra, pág. 725, citando a Echevarría 

Vargas, op. cit., pág. 272.

“[E]n situaciones en las que el foro administrativo [...] 

no está facultado por ley para conceder indemnización 

por los daños y perjuicios sufridos [...]. En tales 

circunstancias, [la parte perjudicada] 'debe acudir 

directamente al foro judicial con su acción en reclamo 
KLAN202400425 14

de daños y perjuicios para que se entienda 

interrumpido el término prescriptivo'”. Íd., citando a 

Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 DPR 318, 332-333, 

(1998), citando a Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582, 595 

(1990). 

Es norma firmemente establecida que “la procedencia de una 

acción en daños, que la agencia no puede adjudicar ni conceder, no 

requiere de la intervención o pericia por parte de la agencia 

concernida”. Muñoz Barrientos v. ELA et al., supra, pág. 727;

Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 723-725 (2002). Por lo cual, 

en esas instancias la parte puede originar su causa de acción en 

daños ante los foros judiciales sin previo trámite administrativo, 

pues la agencia carece de jurisdicción para entender en el 

asunto. Íd.

C.

Desde la aprobación de la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 

1967, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina del 

Oficial de Construcción adscrita al Departamento de Asuntos del 

Consumidor”, 17 LPRA sec. 501 et seq., se ha conceptualizado el 

dejar de reparar defectos de construcción de una vivienda como una 

práctica indeseable por parte del constructor. Quiñones v. San 

Rafael Estates, S.E., supra, pág. 764. El DACo es la agencia 

encargada de poner en vigor esta legislación. Íd. Dicha agencia tiene 

la facultad expresa de tomar las medidas correctivas que procedan 

en derecho y de interponer cualquier remedio legal necesario para 

hacer efectivos los propósitos de la ley. Véase, Artículo 6 de la Ley 

Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 3 LPRA sec. 341 et seq..

En virtud de la autoridad conferida al Secretario de DACo por

la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, supra, y la Ley Núm. 5 de 

23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como “Ley 

Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, 3 LPRA sec. 

341 et seq., se aprobó el Reglamento para Regular las Distintas 

Actividades que se llevan a cabo en el Negocio de la Construcción de 
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Viviendas Privadas en Puerto Rico, Reglamento Núm. 2268, 

Departamento de Estado, 16 de septiembre de 1977. En la Sección 

2(8) se faculta al Secretario de DACo “a investigar y adjudicar las 

querellas radicadas sobre prácticas indeseables en el negocio de la 

construcción; concediendo los remedios pertinentes conforme a 

derecho.” (Énfasis suplido). A su vez, en la Sección 10 del se 

establecen las Prácticas Indeseables en el negocio de la construcción 

de vivienda incluyéndose en el inciso (J) cuando el constructor:

“J) Deje de corregir cualesquiera de los defectos de 

construcción que a continuación se enumeran o 

cualquier otra anormalidad que no se encuentre aquí 

enumerada, pero que el Secretario determine que es 

defecto de construcción [...] dentro de un período de 

tiempo razonable según lo determine el Secretario.”

(Énfasis suplido).

En Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., supra, pág. 772-773, 

el Tribunal Supremo resolvió que “las reclamaciones de daños que 

surgieran de querellas sobre incumplimiento de contrato o defectos 

de construcción, se ventilaran administrativamente en D.A.C.O. para 

así evitar ventilar el caso nuevamente en los tribunales.” Al respecto, 

dicho foro explicó y concluyó lo siguiente:

“Concluimos que de las leyes reseñadas surge con 

claridad la facultad de D.A.C.O. para imponer 

compensación por daños y perjuicios por la omisión de 

los constructores en reparar los defectos de 

construcción según definidos en, el Reglamento del 

Negocio de la Construcción. Esas reclamaciones tienen 

una relación directa y sustancial con el servicio público 

que D.A.C.O. está obligado por ley a ofrecer a los 

consumidores. Al esta agencia ejercer esta facultad, 

adelanta los intereses de su ley habilitadora que se 

sintetiza en el deseo de proteger a los consumidores de 

prácticas indeseables por parte de los constructores y 

de proveer un remedio rápido, efectivo y sencillo, sin 

tener que recurrir a los tribunales y sufragar los costos 

de un litigio contra una parte que, como regla general, 

tiene más recursos. Nada nos parece más justo y acorde 

con la intención legislativa tras la creación de D.A.C.O. 

con sus amplios poderes para proteger los derechos de 

los consumidores.” Íd.

D.

Sabido es que el régimen de propiedad horizontal cumple con 

una finalidad doble. A saber: (1) proveer a las personas la posibilidad 
KLAN202400425 16

de disfrutar el derecho a la propiedad plena e individual de un 

inmueble, y (2) maximizar el uso escaso de terreno disponible en el 

país. Con Tit. Centro Int’l Torre II v. PRCI, 210 DPR 403, 414-415 

(2022), citando a Park Tower, S.E. v. Registradora, 194 DPR 244, 

253 (2015). De esta forma, la propiedad plena e individual coexiste 

con otros dueños mientras comparten áreas comunes para el 

disfrute de todas y todos sus integrantes. Íd. 

La Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Condominios”,

30 31 LPRA ant. sec. 1291 

et seq., establece mecanismos para la tramitación de los inevitables 

conflictos dimanantes del modus vivendi de un condominio. Consejo 

de Titulares v. Gomez Estremera, et al., 184 DPR 407 (2012). 

Además, detalla el marco organizacional del gobierno interno, cuyo 

organismo rector y deliberativo lo es el Consejo de Titulares. Íd.

Véase, Artículo 1-A de la Núm. 104 de 25 de junio de 1958, supra.

Ahora bien, en cuanto a la administración interina, el Artículo 

36-A de la Núm. 104 de 25 de junio de 1958, supra, disponía en lo 

pertinente lo siguiente:

“El titular o los titulares que sometan el inmueble al 

régimen de propiedad horizontal, asumirán la 

administración inicial del inmueble, con todos los 

poderes y deberes que esta Ley confiere e impone, y los 

que el Reglamento confiera e imponga al Director o a la 

Junta de Directores, al Presidente y al Secretario.

(a) La administración interina comenzará tan pronto se 

venda el primer apartamiento. Desde este momento no 

podrán enmendarse ni la escritura matriz ni los planos 

del condominio sin el consentimiento de todos los 

titulares, excepto para conformar la escritura matriz 

con los planos inscritos. 

[...]

(b) El administrador interino tendrá las siguientes 

responsabilidades:

1. Atender todo lo relacionado con el buen gobierno, 

administración, vigilancia, conservación, cuidado, 

30 Esta Ley fue derogada y sustituida por la Ley Núm. 129-2020, según 

enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, 31 LPRA sec. 

1921 et seq.
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reparación y funcionamiento de las cosas y elementos 

de uso común y de los servicios generales y necesarios 

para cumplir con lo antedicho en este inciso.

2. Llevar un libro de propietarios con el nombre, la 

firma, el número de teléfono, la dirección postal y 

residencial de los titulares, anotando las sucesivas 

transferencias de idéntica manera y también los 

arrendamientos y conservando copia de las escrituras 

de venta que acreditan la titularidad de cada 

condómino. 

Cuando el desarrollador cobre a los titulares conforme 

a la opción 2) anterior, el administrador interino tendrá, 

además de las responsabilidades enumeradas en el 

párrafo anterior, las siguientes:

3. Dirigir los asuntos financieros del condominio y 

llevar un libro detallado de todas las partidas de 

ingresos y egresos que afecten al inmueble y a su 

administración, fijándose por orden de fecha y 

especificando los gastos de conservación y reparación 

de los elementos comunes. Cada egreso deberá

acreditarse con un comprobante, factura o recibo. El 

libro de los comprobantes, facturas y recibos deberá

estar disponibles para examen de los titulares en días y 

horas laborables. El Administrador Interino notificará a 

los titulares el lugar donde estarán disponibles.

4. Cobrar a los titulares las cantidades con que deben 

contribuir a los gastos comunes y realizar cualquier otro 

cobro a que la comunidad tenga derecho, velando 

particularmente porque el titular de los apartamientos 

no vendidos aún deposite en la cuenta de la comunidad 

de condóminos la parte proporcional correspondiente a 

dichos apartamientos, incluidas las aportaciones al 

fondo de reserva. El administrador interino le cobrará a 

los titulares al momento del cierre, en concepto de 

cuotas adelantadas de mantenimiento, una (1) 

mensualidad del presupuesto a que se refiere el número 

(6) subsiguiente y dos (2) mensualidades como 

aportación especial al fondo de reserva. El 

administrador interino no podrá cobrar ninguna otra 

suma adelantada.

5. Notificar a partir de la primera venta a todos los 

titulares el presupuesto anual a base de los gastos 

reales y razonables de mantenimiento que se proyectan 

incurrir durante el año siguiente a partir de la primera 

venta.

6. Formular el presupuesto velando porque el mismo 

responda razonablemente a las necesidades 

económicas del condominio, cuidándose de no incluir 

en el mismo los gastos para la conservación y 

mantenimiento de la propiedad antes de haberse 

vendido los apartamientos, ni gasto alguno relacionado 

con la terminación de las obras de construcción del 

inmueble o de los apartamientos o con la gestión de 

venta de los mismos. El presupuesto proyectado sólo 

podrá modificarse previa notificación a todos los 
KLAN202400425 18

titulares con treinta (30) días de antelación a la 

conclusión del año de operaciones presupuestario, para 

ser efectivo a partir del próximo año operacional.

7. Notificar mensualmente a los titulares los ingresos y 

egresos del condominio y el balance de la cuenta en el 

banco durante el mes que antecede a la notificación.

8. Llevar un libro de propietarios con el nombre, firma, 

número de teléfono, dirección postal y residencial de los 

titulares, anotando las sucesivas transferencias de 

idéntica manera y también los arrendamientos y 

conservando copia de las escrituras de venta que 

acreditan la titularidad de cada condómino. 

9. Tener a disposición de los titulares para examen, 

todos los contratos que otorgue relacionados con su 

gestión de Administrador Interino.” Véase, además, 

Sección 18 del Reglamento sobre Condominios,

Reglamento Núm. 6728, Departamento de Estado, 26 

de noviembre de 2003.

Por otra parte, el Artículo 42 de la Núm. 104 de 25 de junio 

de 1958, supra, establece el foro adecuado y con jurisdicción para 

presentar las distintas acciones de impugnación bajo el régimen de 

propiedad horizontal. Este Artículo dispone en lo pertinente lo 

siguiente:

“Los acuerdos del Consejo de Titulares y las 

determinaciones, omisiones o actuaciones del 

Director o de la Junta de Directores, del titular que 

somete el inmueble al régimen que establece esta 

Ley, durante el período de administración que 

contempla el Artículo 36-A, del Presidente y del 

Secretario, concernientes a la administración de 

inmuebles que no comprendan apartamientos 

destinados a vivienda o de titulares de apartamientos 

no residenciales en los condominios en donde exista por 

lo menos un apartamiento dedicado a vivienda, serán 

impugnables ante el Tribunal de primera instancia por 

cualquier titular que estimase que el acuerdo, 

determinación, omisión o actuación en cuestión es 

gravemente perjudicial para él o para la comunidad de 

titulares o es contrario a la ley, a la escritura de 

constitución o al Reglamento a que hace referencia el 

Artículo 36. Las impugnaciones por los titulares de 

apartamientos destinados a viviendas se 

presentarán ante el Departamento de Asuntos al 

Consumidor.” Artículo 42 de la Núm. 104 de 25 de 

junio de 1958, supra.

En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, tal y 

como se observa del Artículo antes citado, la Ley Núm. 104 de 25 de 

junio de 1958, supra, le confirió jurisdicción exclusiva al DACo para 
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entender en acciones de determinaciones, actuaciones u omisiones 

del administrador interino relacionadas con la administración de 

inmuebles que comprendan por lo menos un apartamento destinado 

a vivienda. Íd. Véase, además, Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 

169 DPR 643, 659 (2006).

En virtud del Artículo 48 de la Núm. 104 de 25 de junio de 

1958, supra, se creó en el DACo “una División Especial de 

Adjudicación de Querellas de Condominios, para atender todo lo 

relacionado a todo condominio en el que exista por lo menos un 

apartamiento dedicado a vivienda.” Se facultó además al Secretario 

del DACo “para adoptar un reglamento especial para la adjudicación 

de las querellas presentadas en el departamento conforme se 

dispone en este Artículo, a tenor con lo dispuesto en el Artículo 51 

de esta Ley.” Íd.

Acorde con los poderes conferidos por la referida Ley, el DACo

promulgó el Reglamento sobre Condominios, Reglamento Núm. 

6728, Departamento de Estado, 26 de noviembre de 2003, mediante 

el cual se establecieron procedimientos administrativos y requisitos 

en la venta de condominios bajo la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 

1958, supra.

31 En la Sección 26 del Reglamento Núm. 6728, supra, 

se dispuso lo siguiente en cuanto a la jurisdicción del DACo:

“El Departamento no tendrá jurisdicción para adjudicar 

querellas que surjan en condominios de uso 

exclusivamente comercial o profesional. Igualmente 

carecerá de jurisdicción en aquellos condominios donde 

exista por lo menos una unidad de vivienda, y la 

querella sea interpuesta por un titular o grupo de 

titulares de apartamentos no residenciales. En estos 

casos la jurisdicción corresponderá al Tribunal de 

Primera Instancia. El Departamento sólo atenderá 

reclamaciones del titular o grupo de titulares que sean 

propietarios de las unidades residenciales.

31 El Reglamento Núm. 6728 fue aprobado al amparo de la Ley Núm. 103-2003, 

mediante la cual se introdujeron una serie enmiendas a la Ley Núm. 104 de 25 

de junio de 1958, supra. Posteriormente, el Reglamento Núm. 6728 fue sustituido 

y, en consecuencia, derogado por el Reglamento de Condominios, Reglamento 

Núm. 9386, Departamento de Estado, 6 de junio de 2022, cuya vigencia comenzó 

el 6 de julio de 2022.
KLAN202400425 20

También quedará excluido de la jurisdicción del 

Departamento, toda reclamación que consista en 

cuestionar alguna cláusula contenida en la escritura 

matriz o el reglamento del condominio inscrito en el 

Registro de la Propiedad. Igualmente quedan excluidos 

[sic] las querellas entre titulares o cuando el Consejo de 

Titulares o el Director o la Junta de Directores entable 

reclamación contra uno o varios titulares o residentes 

del condominio. La jurisdicción para ventilar estas 

acciones corresponderá al Tribunal de Primera 

Instancia.” 

E.

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, 

faculta a los tribunales a imponer el pago de una cuantía por 

concepto de honorarios de abogado en casos donde cualesquiera de 

las partes o sus abogados hayan procedido con temeridad o

frivolidad. A falta de una definición de lo que constituye "temeridad", 

el Tribunal Supremo ha dispuesto que "[l]a temeridad es una actitud 

que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen 

funcionamiento y la administración de la justicia". Jarra Corp. v. 

Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001).

El propósito de este mecanismo es penalizar al que con su 

conducta ha obligado a la parte adversa en un litigio a incurrir en 

gastos. S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008). 

Los honorarios por temeridad se imponen como:

"[P]enalidad a un litigante perdidoso que[,] por su terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las 

molestias, gastos, trabajos e inconveniencias de un 

pleito." Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 

(2010).

La imposición de honorarios por temeridad descansa en la 

sana discreción de los tribunales. Torres Montalvo v. Gobernador 

ELA, 194 DPR 760, 790 (2016). Por tanto, una vez un tribunal de 

primera instancia determina que hubo temeridad, la imposición de 

honorarios es mandataria. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 
KLAN202400425 21

DPR 123, 211 (2013). De modo, que "[p]or ser la determinación de 

temeridad de índole discrecional, solo debemos de intervenir con ella 

cuando nos enfrentemos a un caso de abuso de 

discreción". Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra, pág. 546.

III

En el primer y segundo error de su recurso de apelación, la 

Sra. Vega Vélez señala que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

aplicar “el Artículo 1253 del Código Civil de Puerto Rico con relación 

a la prescripción por dolo, contrario a lo que ya había resuelto el 

propio Tribunal en su Resolución del 29 de diciembre de 2015 

dentro del mismo caso” y “el caso Miranda v. López, 58 D.P.R. 234, 

235 (1941)[,] como único fundamento para revocar la Ley del Caso 

emitida por el Honorable Miguel Trabal Cuevas en el mismo caso”.

Al respecto, la Sra. Vega Vélez argumenta en su recurso que 

su reclamación era una acción de incumplimiento de contrato bajo

el Artículo 1054 del Código Civil de 1930, supra, por lo que le 

aplicaba el término prescriptivo general de quince (15) años del 

Artículo 1864 del Código Civil de 1930, supra. Además, esta intenta 

sostener que este asunto de la prescripción había sido considerado 

y adjudicado previamente por el TPI mediante la Resolución de 29 

de abril de 2015,

32 la cual se emitió en atención a una moción de 

desestimación bajo la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, 

que presentó el Banco Popular de Puerto Rico, quien en aquel 

entonces era un codemandado. La Sra. Vega Vélez añade que la 

referida resolución emitida en el 2015 advino final y firme, por lo 

que debe aplicarse la doctrina de la ley del caso.

Por otra parte, en el tercer error de su recurso de apelación, 

la Sra. Vega Vélez señala que erró el Tribunal de Primera Instancia 

al aplicar la doctrina de cosa juzgada. En síntesis, argumenta que 

32 Véase la nota al calce núm. 5.
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en que la reclamación anterior que se presentó ante el DACo se 

alegaron vicios de construcción y falta de mantenimiento de las 

áreas comunes y del edificio, por lo que era una acción distinta a la 

presente ante el TPI donde se está alegando incumplimiento 

contractual y daños y perjuicios. 

Por su parte, los codemandados y aquí apelados Forest CC, 

Sr. Herminio Bosques Medina y Sra. Vanessa Casillas Agosto 

presentaron ante nos una moción solicitando la desestimación del 

recurso de apelación bajo el fundamento de que no se incluyó en el

apéndice copia de la moción de desestimación que presentó el Banco 

Popular de Puerto Rico en el 2015 y su oposición; y de que la defensa 

de la doctrina de la ley del caso no fue levantada ante el TPI, por lo 

que no puede levantarse ahora en apelación. 

De los señalamientos de error antes reseñados, procederemos 

a atender únicamente el tercero, por juzgar que el mismo dispone 

de este caso. 

Según reseñamos, en la Sentencia apelada se resolvió que la 

reclamación de la Sra. Vega Vélez estaba prescrita por haberse 

presentado transcurrido el término de cuatro (4) años establecido en 

el Artículo 1253 del Código Civil del 1930, supra; y que además 

aplicaba la doctrina de cosa juzgada. Al resolver así, podemos colegir 

que el foro recurrido entendió que la reclamación de la Sra. Vega 

Vélez era una acción de nulidad de contrato por dolo, que sólo 

duraba cuatro (4) años desde la consumación del contrato; y que, 

además, este asunto se había juzgado ante el DACo, por lo que no 

podía juzgarse de nuevo en un proceso distinto ante el tribunal.

Por entender que a la luz de la normativa ante expuesta el 

DACo tenía en este caso la facultad en ley para entender en la 

reclamación de la Sra. Vega Vélez y, de ser probados, otorgar 

indemnización por los alegados daños y perjuicios, confirmamos la 

sentencia apelada. En este caso, estaban presentes a nuestro juicio
KLAN202400425 23

todos los requisitos necesarios para que operara la defensa de cosa 

juzgada en su modalidad de fraccionamiento de causa, por lo que el 

TPI actuó correctamente al desestimar la demanda. 

El DACo asumió jurisdicción para entender en una acción 

sobre vicios de construcción y falta de mantenimiento presentada el 

6 de diciembre de 2013 por la Sra. Vega Vélez contra de la parte aquí 

apelada (Querella Núm. MA00002205) solicitando que se le 

ordenara cumplir con mantener las áreas comunes y culminar la 

construcción del condominio conforme a los planos aprobados por 

ARPe.

33 Como resultado de este proceso administrativo, el DACo 

emitió una Resolución el 20 de marzo de 2014, notificada a las partes 

el 4 de abril de 2014, resolviendo la reclamación a favor de la Sra. 

Vega Vélez, así como un dictamen posterior apercibiendo a las

partes querelladas de las consecuencias que acarreaban el 

incumplimiento con lo ordenado en el dictamen.

34

Según expusimos, conforme a la doctrina de cosa juzgada, 

una vez que se ha juzgado un asunto y deviene firme la resolución 

recaída en el proceso, dicho asunto no puede juzgarse de nuevo en 

un proceso distinto. La modalidad de fraccionamiento de causa de 

la defensa de cosa juzgada procede cuando el demandante obtiene 

sentencia en un primer pleito, y luego radica una segunda acción 

contra la misma parte por otra porción de esa misma reclamación.

Luego de examinar las alegaciones expuestas en la segunda 

demanda enmendada, entendemos que las causas de acción de 

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios de la reclamación 

del presente caso surgen por los mismos fundamentos que la 

reclamación ante el DACo, por lo que a nuestro juicio la Sr. Vega 

Vélez debió presentarlas dentro del mismo proceso de la primera 

acción incoada. Como vimos, el DACo tiene la facultad en ley para 

33 Véase, Apéndice de la Apelación Civil, págs. 60-73.

34 Íd.
KLAN202400425 24

otorgar una indemnización por los daños sufridos por los 

compradores ante la omisión de las constructoras de viviendas de 

reparar vicios ocultos, por lo que estas reclamaciones eran también

recobrables ante dicha agencia.

Finalmente, en el cuarto error de su recurso de apelación, la 

Sra. Vega Vélez señala que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

“determinar que la parte demandante fue temeraria y frívola por 

llevar su causa de acción de incumplimiento de contrato y por ello 

conceder honorarios de abogados a la parte demandada.” Según 

expusimos, la imposición de honorarios de abogado por temeridad 

es una decisión discrecional que recae en el tribunal. Esta decisión 

se toma cuando se considera que una de las partes ha actuado de 

manera injustificada, frívola o inapropiada durante el proceso legal, 

lo que puede llevar a que se le requiera pagar los honorarios legales 

de la otra parte. La discreción del tribunal significa que tiene libertad 

de tomar esta decisión basándose en su análisis de los hechos y 

circunstancias del caso. Intervenir en una decisión discrecional solo 

suele justificarse en casos excepcionales donde existen errores 

flagrantes o abuso de poder. No estando estos presentes ante el caso 

ante nos, procede que le otorguemos deferencia a la determinación 

del TPI, lo que significa no intervenir con su determinación respecto 

a la imposición del pago de honorarios de abogado por temeridad.

IV

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones