EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario

v. José Lugo López
Recurrido Certiorari
2024 TSPR 8 3 214 DPR ___

Número del Caso: C C

- 2023

- 0 109

Fecha: 31 de julio de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel VII I

Oficina del Procurador General : Hon. Fernando Figueroa Santiago Procurador General Lcda. Mabel Sotomayor Hernández Subprocuradora General Lcdo. Omar Andino Figueroa Subprocurador General Lcdo. Emmanuel Torres Rosario Procurador General Auxiliar
Representante legal de la parte recurrida:
Lcda. Ana María Strubbe Ramírez

Materia: Procedimiento Criminal y Derecho Probatorio

– Los foros primarios, confrontados con una solicitud para q ue el testimonio de una persona sea prescindido y sustituido por motivo de enfermedad o impedimento físico o mental, deberá ponderar la prueba contemporánea a la condición del otrora testigo para determinar si existe una probabilidad de que esa persona pue da comparecer a testificar en un futuro previsible.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.EN EL TRIBUNAL S UPREMO DE PUERT O RICO

El Juez Asociado señor Rivera García emitió la Opinión del Tribunal

En San Juan, Pue rto Rico, a 31 de ju l io de 202 4
.
El recurso ante nos exige la m a y or sensibilidad
para su resolución pues requiere necesariamente sopesar do s intereses cardinales en la tramitación de los encausamientos criminales. A saber, el derecho de un ciudadano a confrontar a quienes le acusen de l a

com isión de un de lito y , por o tro lado , el importante interés de reivindicar la dignidad de las víctimas de los repugnante s delitos contra la indemnidad sexual. En este contexto, nos encontramos ante un proceso judicial donde la víctima es una m enor de ed ad, quien ha

e n contrado severa s dificultades a la hora de poder
declarar contra el acusado, su propio padre. As í las cosas, debemos balancear el petitorio del Ministerio Público , para que se le exima de tener que presentar a la menor L.M. L.A. com o testig o de cargo en e l juicio en
su fo ndo, con el derecho del acusado a poder
confrontar la , aunque fuere bajo el sistema de c ircuito
cerrado
. El Puebl o de Puerto Rico Peticionar i o
v. José Lug o López Recurrid o CC

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- 0 109 CertiorariCC

- 20 2 3

- 0 109 2 Tras ponde rar el derecho aplicable , y en e l deseo de pro veer un remedio práctico y justiciero , re vocamos el curs o de acc ió n a doptado p o r los foros infer iores y devolvemos el pleito al Tribunal de Primera Instancia
par a la celebración de una nueva vista de necesidad
. Allí , el Ministerio Públic o vendría llamado a prese ntar prueba pertinente sobre la condición al prese nte de
L .M .L. A . , con el f in de sustentar su solicitud. Consciente s de que en nuestra jurisdicción la interpretación de estas normas no había tenido el beneficio de un examen jurisprudencia l , procedemos a exponer las pautas prob at orias y adjudicativas que deben

se gu ir los tribun al es primarios al momento de ponderar una solicitud de declaración de no disponibilidad por motivos de enfermedad o impedi mento físico o mental , de conformidad con la Regla 8 06(A ) (4) de Evidencia, infra
. Consecuentemente, resolvemos que los fo ros primarios , confrontado s co n una solicitud para que el testimonio de cierta persona sea prescindido y sustituido por motivo d e enfermedad o impediment o físico o mental, deberá ponderar la prueba contemporánea a la condición del otrora t estigo y en vir tu d d e ella det er minar si e xiste una prob abilidad de que esa persona pueda comparecer a testificar en un futuro previsible
. Descarg ad o e ste e jercicio, el juzgado r de i nstancia, armado con el beneficio que indudablemente le
concede la apreciación d e la pru eb a d esfilada , y en el
sano d e u so discreción , deberá tomar las medidasCC

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- 0 109 3 necesarias para atender la situación , de haber sido probada , lo cual pu diese c onducir a una determinación de no disponibilidad o el ejercicio de otras medidas
cautelar es , como la pospo si c ió n del proces o judicial
. Ve amos a continuación los fundamentos que motivan
nuestra determinación
. I Este recurso tiene su origen en dos Denuncias
prese ntadas el 25 de enero de 2017 contra el Sr. José
L ug o López (señor Lugo López o recur rido)
. La pri me r a , por infracc ión al Art. 131 del Código Penal so bre Incesto, y la segunda, por infracción al Art. 133 (A) del Código Penal sobre Actos La sc ivos, en su mod alidad
donde la v í ctima es menor de dieciséis años. En apretada síntesis , los hechos que motivar on es te encausami ento involucran un al egado patrón d e actos sexuales por parte del señor L ugo López hacia su hija

menor de edad, L. M.L.A. S egún sur ge de l as D enuncias que obran en los autos, dichos actos fueron repetidos en varias ocasiones
.
A sí las cosa s, el Tribunal de Primera Instan cia
celeb ró la Vista P reliminar contra el r ecurrido los días 1 de febrero de 2018 y 14 de marzo de 2018. Consta de los autos q ue en dichas vistas la menor L.M.L.A. prestó su testimonio mediante el me canismo del circu itoCC

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cerr ad o . 1 Adem á s, deb emos destacar q u e de la regrabación de dicha s vista s surg e n múltiples ocasiones en las
cuales L .M.L.A. sufrió a ta ques de llanto y a

consecuen cia de ello s se det uvo momentáneamente su testi monio. 2

Celebrad as las vistas correspondie ntes, el f o ro primario de terminó causa p ara juicio p or ambos delitos imputados y se presentar o n las correspondientes Acusaciones
. Transcurridos varios años , el 29 de marzo de 2022 , dio comienzo el juicio en su fondo
. No obstante, iniciado el interrogatorio de
L.M. L. A . , esta irrump ió en llanto y se vio imposibili tad a de declarar . Posterio rme nte, fue acompañada al baño por la Técnica de Asistencia a Víctimas y Testigos y allí se desmayó , quedando inconsciente. Po r esto, fue trasladada al Hospital San Antonio en Mayag üe z y posterior me nte al Hospital Me tro Pavía de Cabo Rojo , en donde se le realizó una evaluación psiquiátric a . Ocurrido esto, el 31 de marzo de 20 2 2 , la Fisc alía
pr e sentó una Moción Informativa y en Soli citud de Sustitución de Testimonio que fue e l detona nt e p ara la

1 L a utilización del c ircuito cerrad o fue impugnad a sin éxito por la defensa del recu r r ido a nte el Tribunal d e A pelaciones. La d eterminación del foro interme dio co nstituye una fi nal , firm e y fuera d el alcance de este recurso. V éase , Pueblo v. Lugo López , KLCE

- 2017

- 00798, KLCE

- 2017

- 00831.

2 Dadas las múltiples o c asiones en las que esto ocur ri ó , remitimos al le ctor al expediente , donde obran l as regrabaciones co rresp ondientes. Véas e, Regrabación Vi sta de: 1 de febrero de 201 8 , A p éndice del Certiorari , pág. 48; Regrabación Vista de : 14 de marzo de 2018 , Apéndice de l Certior ari , pág. 49.CC

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contr oversia particu lar que hoy consid er amos. Tras consultar con el fa cultativo que atendió a la menor en el Hospital San A ntonio , este l e recomendó al Ministerio Público “ que no debe continuar d ecla rando, para salvaguardar su inte grida d emoci o na l y física”
. 3 E n ese momento, la solicitud est uvo acompañada de una carta

su scrita por la Sra. Marieli Dávila Pérez, Trabajadora Social del H ospital San Antonio y otra por e l Dr. Jaime Vique ira Mariani, pediatra que atendió a L .M.L.A.

Por estos motivos , l a F iscalía soli citó que se

sus tituyera su test imonio en el juicio con aquel vertido
el 1 de feb rero de 2018 en la vist a preliminar. Ampar ó

su solicitud expresamente en la Regla 80 6 de Evidencia, infra , en virtud de la cual adujo que el testimonio previo fu e s ujeto a cont rainterrogatori o de la defensa y expresó que este se encontraba g raba do y d isponible. 4
Transcurridos casi tres meses desd e el evento
tra umático , el 21 de junio de 2022 , el Tribunal de Primera Instancia atendió la solicitud de l Min i steri o Pú bli c o y celebr ó una vista de n ecesidad conform e a la Regla 109(A) de Evid encia, infra
. Allí , el Ministerio Público presentó el testimonio d e la Dra. Ste phanie Aguilar Zapata, psiquiatra del Hospital Metropolitano en Cabo Rojo quien evaluó a L.M.L .A. par a a dmi sión el 1 de

3 Moci ón Informativa y en Solicit ud de Sustitución de Testimonio , Apéndice del Cert iorari , pág. 57
.

4 Í d
. , pág. 58.CC

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- 0 109 6 abril de 2022. 5 Adem á s , se pre sentó el testimonio de l Dr. Luis Pérez Tijerina , m é d ico generalis ta quien declaró que atend ió a la menor e l 31 de marzo de 2022 y desconocía cu á nd o fue dada de alt a . 6 Por último, declaró

e l Dr. Al ex an der Jos e ph Ar ce González , psicólogo clín ico
que evaluó a la menor el 1 de abril de 202 2 y expres ó su opini ón sobre el estado de la menor a esa fech a . 7
Al conclui r la vista, el foro primario les concedió

a las partes un término para que fi jaran por escrito su
pos i ci ón sobre la pet ición del Minis terio Público
. E n apretada síntesis , el Ministerio Público solicitó la determinación de no disponibilidad , pero argumentó que
este es un caso distinguible de aquellos en los cuales un testigo resulta no disponible po r el he c ho de no haber co mparecido al tr ibunal en etapa de juicio. S egún adujo, e l Minist erio Público

r ealiz
ؚ ó todas las ge stiones afirmativas y de buena fe par a coordinar su viaje y comparecencia al Tribunal . La menor [L .M.L.A.] v í ctima de delito sexual , vive en los Estados Uni d os y [E]stado mediante el Programa de Asistencia a V í ctimas y [T ]estigos del Departa mento de Justic ia y en cumplimiento c on la [C ] arta d e [D ]erechos de las [ V] íctimas y [ T]estigos ha cumplido con su deber de ofrecer la asistencia que ella ha necesitado mi entras está en nuestra jurisd i cción
. 8 ( Negrillas suplidas )
. Por su parte la defensa adujo en su Moció n en Cumplimiento de Orden que

5 Resolución del 5 de a gosto d e 2022, Apéndice del Certiora ri , pág. 98.

6 Í d
. , pág. 100. 7 Í d
. 8 Moción en Cumplimie nto de Or den del Ministerio P úb l ico , Apéndice del Certio rari , pág. 78.CC

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el M inisterio Público no estableció que al presente la testigo L.[M. ]L.A. presenta un impedimento mental permanente que la convierta en u n a testigo incap az de declarar en el proceso judicial. Adem á s de no ha ber establecido l a imposibilidad menta l en estos mome ntos , el Ministerio Público tampoco ha demostrado que ha desplegado todos los esfuerzos razonable [s] para poder lograr que la testigo L.[M.]L.A. sea una testigo disponible conforme definen las Reglas de Evi dencia. 9 (Negrill as suplidas).
Así la s cosas, el Tri bunal de Primer a Instancia emitió una Resolución en la cual proveyó no ha lugar a la soli citud del Ministerio Públi co. D estacó , qu e conforme al derecho imperante debía resolver “ si el Estado logr ó pro bar c on evidencia su stancial que agotó lo s esfuerzos raz onables de buena fe para demostrar que la testigo al momento actual se encuentra no disponible para prestar testimo nio bajo circui to cerrado , o si lo estará en un futuro razonable ”
. 10 (Negrillas en el ori ginal ).

En es e senti do, concluy ó que cuan do L.M.L.A.
dec lar ó exitosamente en la Vista Preliminar había tenido preparación previa, la cual no surge que haya sido provist a previo al jui ci o. 11 Tampoco se probó su diagnóstico actual ni qu e esta hu biese recib ido tratamiento psiquiátrico y psi cológico a dicional. 12

Tra s no lograr que el Tribunal de Primera Ins tancia reconsiderara su determinación , el E stado, por conducto
de la O ficina del Proc urador General , recurrió en

9 Moción en Cumplimiento de Or den d e la Defensa , A péndice del Certi orari , pág s. 81

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.

10 Resolució n del 5 de agosto de 2022, Ap éndice del Certiorari , pág. 111.

11 Í d
. , pág. 112. 12 Í d
. , p ág. 113.CC

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C ertiorari ante el Tribunal de Apelaciones
. A tendidas las posturas de las pa rtes, el f oro intermed io expidió el auto y con firm ó la decisión recurrida.
A su entender, “ el Estado no aportó evidencia actualizada alg una que permiti era resolver que , al

m omento, o en un futuro razonable o pru dente, la indisp onibilidad aduc ida habría de impedir la participación efectiva de la menor [ L.M.L.A. ] como testigo de cargo ”
. 13 Pes ó sobre el tribunal a quo la ausencia de preparació n terapéutica a L.M.L.A . previo a

su testi monio en el juici o en su fondo , r azón por l a cual ordenó al Minist erio Público a ofrecerle tratamiento psicológico previo a reanudar el juicio en
su fondo. 14
Insatisfecho , el Estado solicitó reconsideración sin éxit o . A sí las cosa s, compareció ante nos mediante petición de Certiora r i y señ aló los si guientes errores:
PRIMER ERROR: Los foro s recurridos erraron al exigir el cumplimiento de requisitos que la Regla 806(A)(4) y (B) (1) de E videncia no establecen para que un a persona sea d eclarada como no disponible p or razón d e enfermedad o imp edi mento ment al. SEGUNDO ERROR : L os tribunales inferiores incidieron al no declarar a la meno r LMLA como testigo no disponible y admitir su testimonio anterior , de conformidad con las Reglas 806(A)(4 ) y (B)(1) de las Reglas de E videncia, aun cuando E l P ueb lo estableció satisfac toriamente que, a raíz del epi sodio traumático que sufrió el 29 de marzo de 2022,

13 Resolución del 12 de diciembre de 2022 , Apénd ice del Certiora ri , pág
. 189. D ado q ue la det ermin ación del Tribu nal de Apelac ione s confirmó en su s méritos un di c tamen del Tribunal de Primer a Instancia, esta , en realidad, es una Sentencia y no una Resolución
.

14 Í d
. , pág. 192.CC

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- 0 109 9 esta estaba imposibilitada de dec larar en el juicio por razón de enfermedad o i m pedimento menta l, según constatado por los f acultativo s médicos qu e l e b rin daron trat amiento.
Atendid o el recurso, el 30 d e junio de 2023 expedimos el auto en reconsideración . Contando con la comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

I I

A. Derecho constitucional a la confrontación
Una de la s garantía s fundamenta les qu e a segura

nue stro ordenamiento constitucional es el derecho de un
acusado de confro ntar o carearse con quienes le señalen como partícipe en la comisión de un acto delictivo. De
este mo do, nuestra Car ta Magna dispone que en todos los
proce so s criminal es el acu sado disfr utar á del derecho “ a carearse con los testigos de cargo ”
. 15 Ig ual disposición surge de la Constitución federal. 16 Las controversias que han surgido en los ámbitos
federales y estatales se circun s criben esencialmente a l o s t res matices que s urgen de esta gara ntía constitucional. A saber, (1) el derecho del acusado de
confronta r cara a cara los testigos adversos, (2) el derecho a contrainterrogarlos y, por último, (3) el
derech o a que se excl uya la prueba de referenc ia que el Ministerio Públ i co int ent e presenta r en su contra . 17

15 Const. P.R., Art. II, Se c. 11. 16 Const. E.U., Enmd. VI. 17 Pueblo v. Pére z Santos , 195 D PR 2 62 , 270 (2016 ) . Véase también , E. Chiesa Apo n te, Procedimiento criminal y la Constitución : Eta pa a djudicativa , 1 a ed., Sa n Juan, Ed. SITUM, 2 01 8 , pág s . 62

- 63
.CC

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- 0 109 10 Ahora bien, es norma reiterada que el derecho a la confrontación no es una garantía absoluta e insuperable. Así, hemos resuelto que “ en algunas instancias , el
derecho de l acusado a carearse y co ntrainterr ogar a los
test i gos de ca rgo habrá de ceder ante la admisibilidad de cierta prueba de referencia, sin que ello implique una violación constitucional ”
. 18 Esto requerirá , como hemos de explicar en el próximo a cápite , una

rec onciliación del derecho a la conf ro ntación con las dispos ici on es pa rti culares que rigen l os procedimientos judiciales de conformidad con las Reglas de Evidencia
. Ubicados de esta manera , debemos reconocer que la mayor parte de las controver sias que h an su rgido bajo el
derecho a l a confront ación provienen , por u n l ado, de la posibilidad que el testimoni o contra el acusado sea provisto por alguien que no se encuentra físicamente en la misma sala del tribunal
. Por ot ro lado, existe una retahíla de casos que a bordan el aspecto de la

a dmisibilid ad constitucion a l del tes timonio de una
persona que n i siquiera se encuentra presente e n un tribunal y sujeto a contrainterrogatori o . Veamos . En primer lugar , la validación de un testimonio que
se provea en un lugar disti nto a la sala donde se

en cuentra el acusado tiene a mplio apo yo en la c asuística federal y estatal. Nos referimos concretamente al uso de
los mecanismo s de l circuito cerrado y la vi deoconferencia para recibir el testi monio de una

18 Pu eblo v. Pérez San tos , su pra, pág. 270.CC

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persona que por motivo de d iversas circunstancias no puede dec larar cabal ment e estan do en el mism o recinto que el acusado. 19 Sabido es , que el uso del circuito cerrado ha sido reconocido en situaciones donde el testigo es un menor o

una víctima de agresión sexual , aun que suj eto al c risol de que se haya pro b ado la nec esidad de valer s e de e ste método al terno
. 20 A quí , la utilización del circuito
cerrado constituye una determinación final y firme que

no está en contro versia. Por otra parte, la doctrina recoge el escrutinio que ha de ser empleado cuando la contro versia com prende

una inte r rogant e s obre la ad misión de prueba de referencia contra un acusado. Necesariamente, esto nos dirige al caso normativ o, Crawf ord v. Washington , 541 US 36 (2004). Sin abundar más allá de lo necesario , sabe mos que la metodología al lí ad optad a por el Máximo Foro f ede ral y reit erad a en nuestra jurisdicción en Pueblo v. Guerrido López , 1 79 DPR 950 (2010) , reconoce que la admisión de declaraciones constitutivas de prueba de referencia queda reñida con el ordenam iento constituc ional cuan do lo enun ciado constituy e una

e xpr esión test imonial
.

19 V éanse, Maryland v. Craig , 4 97 U S 836 (1990); Pu eblo v. C ru z Rosa rio , 20 4 DPR 1040 (2020).

20 En nuestra jurisdicción el meca nismo del circuito cerrado fue reconoci do estatu tariamente en la Reg la 131.1 de Procedimie nto Criminal , 34 A LPR A A p. I .CC

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En lo pertinente, la normativa de Craw ford y su progeni e exige determinar , prim eramente , si estamos ante

una declaración testimonial
. L a naturaleza testi monial
de un a declaració n proviene de s i s u propó sito prima rio

“ era crear u n sust itu to extraju dicial para el testimonio
que se ofrec ería en corte ”
. 21 Cónsono con ello , si la declaración fue ra testi monial, procede examinar (1) si el testigo no est á disponible y (2) si hubo ocasión previa para someterlo a un contrai nterrogatorio
. 22 Satisf ech os estos p asos, procedería la admisión de prueba de referencia contra un
acusado sin que esto implique una violación constitucional y sujeto, únicamente , al cum plimiento con los requisitos que ema nan del ordenamiento prob atorio
est atal
. 23 Veamos a contin uac ión
. B. Prueb a de referencia y la Regla 806 de Evidencia Es harto conocido que la prueba de referencia constituye una “declaración que no sea la que la persona
d eclarante hace en el j uicio o vista, que se ofrece en evidenci a para pro bar la verdad d e lo as eve rado”. 24
Pr ecisamente por los peligros que entraña la admisión de una evidencia proveniente de un declarante a quien la parte contra qui en se ofrece la declarac ión no ha

21 Pueblo v . Pérez Santos , supra, pág. 2 71
. V éase también , M ichigan v. Bryant , 56 2 US 34 4 (2011).

22 Crawfor d v. W

ashin gton , supra, p ág. 68 ; Pueblo v. G uerrido López , supra , pá g. 967.

23 Pueblo v. Pérez Sa nt os , supra, pág. 271. 24 Regla 801 de E videnci a, 32 LPRA Ap. VI .CC

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confrontado ni contrainterr ogado, 25 la Regla 804 de
E videncia r econoce una pro h i bició n g eneral a l a prueba de referencia, 26 salvo unas exclusiones o excepciones particularmente definidas. 27 Ahora bien, la problemática relación de la prueba
de refere ncia con el derecho co nstitucional a la confrontación en los c asos crimi nales proviene
d i recta men te de la n aturaleza de un testimonio que contiene dentro de sí una declaración emitida por alguien que no está pre sente para ser confrontado y contrainterrogad o por el acusado o su defensa. Según examinamos previamente, e l crisol c onstitucional e x i ge
qu e c ualquier i ntento de admitir prueba de referencia contra un acusado, de naturaleza testimonial , precisa
dos determinaciones , (1) la no disponibilidad del testigo y (2) una oportunida d previa de hab erle contrain terrogad o .
Cónsono con es t o s exig entes requ isi t os, nuest ras Reglas de Evidenc ia instrumentan y delimitan las instancias en las cuales puede admitirse una declaración constitutiva de prueba de referencia por moti vo de la ausenci a o no disponib ilidad del testigo. 28 De este

mo do , la Regla 80 6 (A) , sup ra , de Eviden cia reconoce

25 E. Chiesa Aponte, Reglas de E videncia c oment adas , 1 a ed., San Juan, Ed. SITUM, 2016, pág. 28 2
.

26 Regla 804 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. (“Salvo que de otra man era se di sponga por ley, no s er á admisible prueba d e referencia, sin o de co nformidad con lo dispuesto en este capítulo.” )

27 V éanse, las Regl as 802

- 03, 80 5

- 06 de Evidencia , 4 LPRA Ap. VI. 28 Regla 806 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI.CC

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- 0 109 14 cuatro excepcio nes a la regla general que excluye a la prueba de referencia. D istinto a las excepciones que surgen de la Regla 805 de Evidencia, permi tidas
in distintamente d e si el declarante est á disponib le para testifi car o no, las excepcion es de la Regla 806 (A) de
Ev idencia requieren, como condición para su apli cabilidad, que el otrora testigo no se encuentre disponible para testificar. 29 i. La Regla 806 ( A ) (4) de Evidencia y su interpretación En lo aquí pertinente, la Regla 806 ( A) (4)

recono ce un fundament o de no disponi bilid ad cuando la
persona testigo “ al momento del juicio o vista , ha fallecido o está imposibilitada de c omparecer a testificar por razón de enfermedad o im pedimento mental o físico ”. 30 (Negrilla s y subrayad o supli d o s ).
Ahora bien, tenemos que reconocer que esta iteraci ón de la no disponibi lidad no ha sido objeto de

un examen det enido por parte de este Tri bunal
. Con el fin de elaborar el caudal jurídic o que m o tiva nuestra determinación , exponemos a continuación cie rto s
comentar ios do ctrinales que se han afirmado sobre la no disponibilidad por motivos de enfermedad o impedimento, bien sea físico o mental y , a su vez, recordar la normativa que ha r egido en los c asos clásicos de indisponibilidad por motivo de ausencia. V e amos.

29 Íd

. 30 Íd

.CC

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- 0 109 15 Segú n nos indica el profes or Ernesto Chie sa Aponte,

e sta instancia se manifiesta cuand o la salud del testigo “está tan deteriorada que no podrá comparece r en un futuro previsi ble”. 31 Adem á s, el tratadista nos advierte que si se trata de un te stimon io importante “el tribunal
no debe toma r livianam ente la dete rmi nación de que el
declarante no está disponible para testificar
. Podría
posponer la vista o dejar para el final su testim onio. Hay que t ener especial cautela cuando se trata de un testigo de ca rgo ”. 32 ( Negri llas suplidas). No obstant e, “si es manifiesta l a i mprobabilidad de que el testigo pueda comparecer en un futuro razonable, debe hacerse la determin ación de no disponibili dad ”. 33 (Negrill a s suplidas). Añadido a lo anterior, el pr ofesor Chie sa A pon te sugiere ciertos factores que podrían a uxiliar a l tribunal a la hora de considerar la determinación de no disponibilidad. Así, indica que se debe considerar “ la gravedad de la con dición del decl arante, la importancia de su testimonio y la probabilidad de que la co ndición del declarante mejo re en un futuro, que le permita entonces comparecer a testific ar ”
. 34 (Negrillas suplidas). Nuevamente, reitera la envergadura de estas decisiones cuando estamos a nte un testigo de cargo cuy as

31 E. Chiesa Aponte, R eglas de E videncia c om entadas , op. cit. , p ág. 325.

32 Íd

. 33 Íd

. 34 E. Chiesa Aponte, Compendio de e videncia (En el si stema adversari al) , 1 ed., Ciuda d de México , Ed
. Tirant Lo Blan c h, 202 1, pág. 380.CC

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- 0 109 16 declaraciones sean de car áct er testimo nial. 35 Huelga aclarar, que , si exist e un testimonio anterior sujeto a contrainterrogatorio , cualquier problema de confrontación se desvanece , aunque l a defen sa pudiese ins istir en una po sposic ión si estamos ante un escenario
donde la recuperac ión sea posib le
. 36 Por otro lado, el p rofesor Enrique Vélez Rodrígue z nos recuerda que las situaciones que pueden manifestarse bajo esta causal de la Regla 806 d e Evidencia son variada s y heterogénea s lo que aconseja “ una adjudicación con arreglo a los mér ito s de la si tuación particular , incluida la de ejercer aquellas opciones que permitan la prestación del testimonio en vivo ”
. 37 (Negrillas suplidas). En sintonía con lo aseverado por
el profesor Chies a Aponte, el profesor Vélez Rodríguez

a firma que deben co nsi derarse cr iterios como “ la condición , duración y la gravedad de la enfermedad ”
. 38 ( Énfasis en el original ). Ade mas, y en lo extremo pertinente, este resalta la particular dificultad que presentan l os casos donde el impedimento es mental, pues la ince rtid umb re es aún mayor y existe la posibilidad de que el acto de testificar sea noci vo para el declarante
. 39 (Ne grillas suplidas). No obstante, advierte que la temporalidad o permanencia d e l impedimento d ebe guiar al tribunal en su

35 Í d
. 36 Í d
. 37 E. Vélez Rodríg uez, La prueba de referencia y sus excepciones , Ed. R ev. , San Juan, Ed. Inter Juris, 2 01 8, pá g. 265.

38 Í d
. 39 Í d
.CC

- 20 2 3

- 0 109 17 determinación . Para ello, sug ier e que, si la enfermedad

o impedimento es temporal, la suspensión o transferencia de la vista pudiese ser aconsejable
. 40 En caso de que la indisponibilidad fuera mayor, pero no perman ente, han de

co nsiderar se factores como el tiempo de recuperación , la im por tancia del testimonio y el interés en la pronta disposición del caso. 41 Im portantemente, el profesor Vélez Rodríguez cita al tratadista Weinstein, quien afirma que este tipo de cuest iones deben ser objeto de examen en una vista con antelación al juicio,
pre feriblemen te antes de seleccionar el jurado. 42 E st o, como hemos de resaltar, res ulta cónsono con la práctica
asentada en nuestra jurisdicción de celebrar vista s de necesidad para dis poner de tales solicitud es. ii. Jurisprudencia sobre otros supuestos de no dis ponibilida d
Por otra parte, y como anticipamos, no p asamos por alto que la juri sprudencia de este Tri bunal s í ha
desarrol lado cabalmente los contornos de una determinación de no di sponibilidad cu ando el fundamento
p roviene de la ausencia del testigo. D e e ste modo, b i en
sea porqu e este se encuentra fuera de la jurisdicción , se ausente voluntariamente pese haber sido citado o sencillamente no puede ser encontrado, nuestra doctrina
ha reconocido un d eber de l Ministerio Público , o e l proponente de un testig o, de procura r l a asistenci a de
esa persona mediante gestiones de buena fe
.

40 Í d
. 41 Í d
. , pág. 266. 42 Í d
.CC

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- 0 109 18
Est o, con el fin de disuadir la práctica indeseable de que se procure adrede la ausencia de un testigo con el fin de evit a r el presunto revés que traería con sí un
t estimonio débi l
. Precisamen te p or ello, l a propia Regla 806(A) de Evidencia hace una aclaración general a los fines de que una persona no se entenderá no disponible

“ si ello ha sido motivado por la gestión o condu cta de quien propone la declaraci ón con el propósito de e vit ar que la persona declarant e comparez ca o testi fique ”
. 43
Confo rme a ello, existen múltiples casos en los cuales hemos reiterado que “ la determinación de indisp onibilida d está sujeta a demostrar que el proponente ha efectuado un esfuerzo razonable para lo gra r la prese ncia del testigo en el juic io ”
. 44 (Negrillas suplidas). Ell o implica probar que se desplegó la debi da diligencia para enco ntrar y citar al testi go mediante medios razonable s. 45 En el conte xto de un caso criminal, el requisito siempre ha sido que el Fiscal pr uebe “ las gestion es infruct uosas realizadas ” para localizar el testigo. 46
Merece apuntalar que lo anterior s urge de la doctrina constitucional esbozada por el Tribunal Sup remo federal en Barber v. Page , 390 US 719 (1968)
. All í, ese
T ribunal a f irm ó la norma siguiente: “ In s hort, a wi tness is not ‘unavaila ble’ for purposes of the foregoing exception to the confrontation requirement unless the

43 Regla 806 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. 44 Nieves López v. R exach Bonet , 124 DPR 427 , 434 (1989). 45 Íd

. 46 Pueblo v. Pellot Pérez , 121 DPR 791 , 797 (1988).CC

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- 0 109 19 prosecutorial authorities have ma de a good - faith effort to obtain his presence at trial ”
. 47 (Negrillas
sup lid as)
. Adem á s, en años recien te s el Máx imo Foro federal fue más allá y recab ó que la exigencia de gestiones de buena fe no exige agotar todas las avenidas posibles
. 48
C. V ista de necesida d conforme a la Regla 109 (A) de Evidencia Finalmente, reiteramos que l a v ista de ne cesidad es

un mec anismo que r econoce nu estro ordena m ie nto con el fin de que el tribunal pueda disponer de una

c ontr oversia sobre la admisibilidad de una prueba, la capacid ad de un testig o o la existencia de un privilegio evidenciari o . 49 Dicha v ist a facilita el qu e estos

asu ntos pueda n ser atendi do s sin obst rui r el flujo de un juicio en su fondo. Const ituye , además , una instancia del procedimiento criminal en las cuales el ju rado, de existi rlo, no interviene en la determinación a tomar. 50
Recae ex clu sivamente en el juez o juez a la ponde ra ción
de lo s elementos con duc entes a demostrar si cierta prueba pued e o no ser admitida como evidencia. 51
R ecord emos , que la vista de necesidad es precisamente el mecanismo que se ha validado en nuestro ordenamiento par a atender si tuaciones donde se preten de

47 Barber v. Page , 39 0 US 719 , 724

- 25 (1968 ). 48 H ardy v. Cro ss , 565 US 65, 71

- 72 (2011). 49 Reg la 109 (A ) de Ev idencia, 32 LPRA Ap. VI. 50 E. Chiesa Aponte, Re g las de Evidencia Comentadas , op. cit. , pág. 44.

51 Íd

.CC

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- 0 109 20 admitir c ontra un acu sad o e videncia de o tro modo constitutiva de prueba de referencia
. 52
I II
De entrada , el argumento central que nos trae el
Estado sugiere que, en este caso, donde los síntomas que impiden el tes tim onio efect i vo de la v í ctima son atrib uibles a un per cance emo cional, no es necesario presenta r p rueba conduc ente a demostrar la in disponibilidad de la testigo al momento de instar l a

s olicitud a e sos efectos . No estamos d e acuerdo. Ciertamente, la Regl a 8 06 (A) (4) de Evidencia,
sup ra , expresa con claridad que la no dis ponibil idad de un testigo deb e e s table cer se con relación a l momento del juicio o vista en el cual una part e de otro modo se hubies e valido de su testimonio
. Colegimos , que para que el for o s entenciado r pueda
lle gar a una conclusión de e sa naturaleza es imprescind ible que el Ministeri o Público

⎯ o el
p roponente del testigo en otro contexto

⎯ acredite mediante prueba feha cie nte los fund amentos por los cuales la persona no se encuentra disponi ble en ese

mo mento y no lo estaría e n el futuro cercano
.

52 Véase, E. Chiesa Aponte, P rocedimiento criminal y la Cons titu ción : Eta pa Adjud icativa , o p cit. , pág . 86. ( “ Para emplear estos proc edimi ento s espec iale s qu e li mitan el derecho a la confrontación es n e cesario que pre viamente el tribunal haga unas determinaciones específicas , caso a c aso, sobre la necesidad de apar tars e del modo usual de test i fi car frente al acusado
. ” ). (Negrillas supli d as).CC

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- 0 109 21
En un caso como el de au tos, donde se trata de un impedimento que surge del estado físico o anímico de la
persona testig o, nos parece altamen te probable que esto
vay a a requerir la presentación de p rue ba pericia l , aunque ci e rtamente esto no es óbice para que el foro primario pueda conocer de ot ra prueba que igualmente asista en resolver el asunto. En cualquier caso, e s pu es

a tra vés de es a prue ba que el tribunal advendría en conocimiento sobre la pos ibi lidad de q ue esa person a
pue da recuperarse para comp arecer a testificar. Desde luego, nos referimos a un proceso hecho a la medida toda vez que, por nec esidad , los elementos a

cons iderar en cada caso ser ían distintos y sujetos a la ponderación que harí a e l juzgado r primario. En tre los factores que el foro primario pudiese considerar a la hora de decidir si en efecto se acreditó la no disponibilidad estarían , en tre otros: (1) la grav edad de la cond ición , (2) la importanci a del testimonio , (3) la probabil ida d de recup eración , (4) el potencial de que e l acto de testificar agra ve la condición de la p ersona testigo y (5) el perjuicio que pueda ocasionar la dilación del proceso al acusado , por su derecho a un juicio rápido, o en cualquier otro caso a la parte afe ctada
. As í las cosas, una vez el tribunal se
encuentre en posición de resolver la interrogante so bre
la indisposición , le restaría esgrimir los pasos a seguir.CC

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En esta coyuntura , reiteramos que la naturaleza sui generis d e cada caso no admitiría una s ola solución
. Utilizando los contornos que aq uí pautam os, el foro primario tendrá que decidir entr e las alternativas que nuestro ordenamiento le reconoce para el manejo adecuado
del ca so.
Si estimar a que el impedimento se ría pasajero , es decir, que culmin arí a prontame nte , entendemos que el juzgador no tendrí a que acudir al remedio extremo de la no disponibilidad , máxime en un caso donde el testigo en cuestión es uno de ca rgo . Ahora bie n, ciertamente la situación resulta del to do distint a cuando la conclusi ón que se der iva de la prueba desfilada es que e l otro ra testigo no estaría disponible en un futuro razonable.

Es aquí dond e la doctrina nos conduce a reco nocer que el foro primario t endría qu e dete rminar si el mejor
desenlace ser í a la determ inación de no di sponibilid ad o , si cabe la posibilidad de una eve ntual recuperación , el uso de otras herramientas, como s er í a una posposición de
lo s procedimientos , sujeto a medidas caute lares para cerciorarse de la condición del testigo
. Ciertamente, en la coyuntura d e u n caso cri minal, nuestro ordenamiento
const itucion al nos convida a pesar fuertemente la garantía que tien e el acusado a un juicio rápido frente

a c uale squiera otra s pretensiones , si n restarle imp o rtancia a estas.CC

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- 0 109 23 Atendidos e stos planteamientos , y a mane ra de

resumen , reiteramos que la norma que aquí pautamos ser í a aplicable en aquellos supuestos de no disponi bilidad que

su rgen bajo la Regla 80 6(A)(4) de Evidencia, supra , en lo concer niente a los te stigo s no disponibles por razón de enfermedad o de impedi men to físico o mental
. 53

En consecuencia , r esolve mos que el deber del proponente , aquí el Ministerio Público , consiste en hacer una so l icitud de no dis pon ibilidad q ue venga acompañada con una prueba pericial o de otra naturaleza , que permit a al juzgador concl uir sobre la no disponibilidad en base a la condición en ese momento del testigo
. Atendido esto y r etornando al recurso que nos

ocu p a , c abe pregunt a r no s , ¿ t uvo ante sí el Tribunal d e Primera Insta ncia los elementos necesarios para hacer

una determinación b ien fund ad a sobre el estado de
L .M.L.A . como testigo de cargo ? En tendemos que no .
S í s abemos que al momento de testi ficar ya había

una d ete rminació n p re via de que el testimonio de
L.M.L.A . ser í a recibido mediante el mecanismo de l circui t o cerrado. Igualme nte , se de sprende del récord
que L.M.L.A. pudo testificar exitosamente en la vista

53 Nótese , que la doctrina que ha sido citada en contraposició n por el recurrido guarda una estrecha relación con aquellas instancias donde la no disponibilidad surge de la incomparecencia del testigo. No obstante, nos resulta forzoso diferenciar los supu estos de enferm edad o impediment o de una mera ausencia . Se trat a de unas circunstancias en las cuales el testigo no se encuentra disponible por no comparecer o incluso estar desaparecido , lo que no es el caso aquí
.CC

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- 0 109 24 preli minar, si bien con la asistencia y tratamie n to de profesiona les en la salud mental
. Sin emba rgo , p udimos ap reciar que el estado emocional que sobrev ino a la menor se m anifestó e n ocasió n de esta intentar testi fi car al inicio del juicio en su fondo contra el señor Lugo López , el 29 de marz o de 2022
. Aunqu e el Minis ter io P úbl ico presentó su solicit ud de sustituci ón de testimonio el 31 de m arzo de 2022 ( dos días después de l incident e ) no es meno s cierto que la vista de n ecesidad fue celebrada por el foro primario el 21 de junio de 2022, ca si tres mes e s después
. Así l as cosa s, el Ministerio Público c ompareció a la vista utilizando el testimonio per i cial d el personal
que ate ndió a L.M .L.A. el mismo día que esta sufrió el percance emocional
. De este modo, el foro primario quedó

e n la delicada pos ición de tener que dispon er de l a

s olicitud de no disponib ilidad sin pose er a su alcance
los elementos necesarios para ponderar el pe titorio de la Fiscalía
. C omo resultado , la determinación judicial
que inició este recurso fue el pro d ucto de u n ex pediente

en e l qu e estaba ausente la vali osa información sobre el

e stado físico y mental

⎯ actual

⎯ de la menor.
Recordemo s, que no estam os a nte un cas o donde la no dispo n ibilidad de la testigo tendría unas consecuencias leves sobre la persona objeto del testimoni o. En

re a lidad , n os encon tra mos inm ersos en un procedimien toCC

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- 0 109 25 criminal, do nde la consecuencia de una determinación errónea pudiese res ultar en l a convicción injustificada
d e una persona o, p or el contrario, e n la nefasta impunidad de un delito.
Situacion es com o es t as exigen un rig u ro so b ala nce
entre los intereses de l a v í ctima y los d el acusado. Lo anterior, si n falta r a los valores con stituciona les que rigen nuestro ordenamiento garante de los derechos de un acusado de delito.

Consecuentement e, en el ej ercicio de nuestra función rev isor a, colegimos que e l curso de acción adopt ado en este pleito debe ser corregido par a evitar
un fracas o a la just icia. Estamos con vencidos , de que el
desenlace actual fuerza al tribunal y a la s partes ha cia una disyun tiva inne cesariam e nte extrema
.
Po r u n la do, acceder al petitorio d el Estado, bajo los lineamientos que surgen de sus argum entos, propiciaría una res ba l osa tendencia a solicita r una determinación de no disponibilida d sin contar con la evidencia que demuest r e que el impedim e nto se encuentra la te nt e al momento de la vista o juicio en el c ual de otro modo hubiese testi ficado la p ersona.
Lo anterio r, en detr imento del derecho constitucional al careo que posee el acusado y que no puede ser soslayado livianament e en ause ncia de

c umplimiento con las g ar antías const itu cionales
. C iertamente, baj o el crisol de la doc trina de Cra wf ord ,CC

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d e acreditarse adecu adamente l a no disponibilidad, no habría violación constitucional toda vez que existió una oportunidad previa de c ontrainte rrogar a la testigo.

Por otr a pa rte , restringir a la Fisca lía sin darle
l a oportunidad de presentar su solicitud c on la evidencia cor recta pudi ese tener un efecto nocivo sobre
l a lucha contra el deli to. En una situación como esta,
poseemos a nues tro haber mejor es a lternativas jurí dic a s . Cónsono con lo resuelto an teriormente , di spone mos

como remedio que el Tribunal de Primera Instancia

c elebre nue vamente una vista de necesidad conforme a la Regla 109(A) de Evidencia, supra . 54 Al hacer es to, el Minist erio Público, si e n su discr eción des ea continua r con el pedido de no dispo nibilid ad, deberá a credita rle al foro primario l as razones por las cuales la testigo
L.M. L.A. no pue de testificar cabalmente en el juicio en
su fondo. Lo ant erior, valiéndose de la prueba pertinente a l estado físico y mental
⎯ ac tu al
⎯ de la
t estig o . Descargad a e sa gestión , restaría que el foro primario haga una determinación sobre la disponibilidad de la testigo y, de ser necesario, disponga l os pasos a seguir de conformidad con lo aquí pautado
.
I V

54 La orden emitida po r el Tribunal de A pe laciones , a los efectos d e reque rir qu e el Ministerio Pú blico b ri nde a L.M.L.A
. servi ci os psicológicos previo a reanudar el juicio , nos par ece contraria a l a discr e ción que debe caracterizar el manejo de su caso p o r parte del Ministerio Público . Por ello, pres cindimos de ordenar un trata miento particular , dejan d o en m ano s de la Fiscalía la d et erminación sob re cómo proceder bajo el marco aquí establecido.CC

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- 0 109 27
Por los fundamen tos consig nados en la Opinión que antecede , se r evoc a la Sentencia emi tida por el Tribuna l de Apelaciones y en consecu encia se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la celebración de una

nueva vista de necesidad. A llí , e l Ministerio Públic o , si en su discrec ión desea cont inuar con el pe dido de no disponibilidad d e la testigo L .M.L.A., deberá acreditar dic ha condición al foro primario mediante aquella prueba pertinente a l estado físico y men tal

⎯ actua l

⎯ de la
tes ti go. Recib ida la prueba, e l fo r o primario deberá
resolver en consonancia co n l a aquí pautado.
Se dic t ará Sentencia en conformidad.

Edgardo R i vera García Juez AsociadoEN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTEN CIA

En San Jua n, Pue rto Rico, a 31 de ju l io de 202 4
. Por los fundamentos consignados en la Opinión que antece de, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y en consecuencia se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la celebración de una nueva vista de necesidad. Allí, el Ministerio Público, si en su discreción desea continuar c on el pedido de no disponibilidad de la testigo L.M.L.A., deberá acreditar dicha condición al foro primario mediante a quella prueba pertinente al estado físico y mental

⎯ actual

⎯ de la testigo. Recibida la prueba, el foro primario deberá resolver en conson anc ia con la aquí pautado.
Lo a cordó el Tribunal y certifica el Se cretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodrígu ez emitió un a Op inión Disid ente a la que se une el Juez Asociado señor Colón Pérez . El Juez Asociado señor Martínez Torres dis iente y e nuncia la expresión siguiente:

“ Ante la ausencia de prejuicio, parcialidad, abuso de discreción o error manifiesto en la determinac ión emitida por el Tribunal de Apelaciones, considero innecesari o intervenir con su dictamen. Recordemos que debem os guardar gran deferencia a las facultades disc recionales de los foros primarios y solamente intervenir cuando ello sea necesario para evitar un fracaso de la justicia. Véase, Pueblo v. Casillas, Torres , 1 90 DPR 398, 417 (2014); Rivera y otros v. Bco. Pop ular , 152 DPR 140, 155 (2000); Pueblo v. Ortega Santiago , 125 DPR 203, 212 (1990). En el caso ante nos, la sentencia del Tribunal de Apelaci ones es cónsona con la prueba desfilada en la vista de necesidad celebrada ante el foro primario, pues no se probó la concurrencia de una enfermedad o impedimento mental en el presente o futuro razonable que impidiera la participación de la El Puebl o de Puerto Rico Peticionar i o
v. José Lug o López Recurrid o CC

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menor como test igo, según exig e la Regla 806(A)(4) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI . Tal y como se desprende del expediente, los test igos utilizados por el Ministerio Público para s ustentar la solicitud de que la menor fuera declarada testigo no disponible, a fin de poder ut ilizar el testi monio previamente vertido por esta en la vista pr eliminar, se centraron en el percance de salud ocu rrido en marzo de 2022. Estos no aportaron prueb a sobre la capacidad actual de L.M.L.A. para ser llamada como testigo de cargo de cara a la co ntinuación del juicio en junio de 2022. Por esta razón, consid ero que correspondía confirmar la determinación de l Tribunal de Primera Instancia. Igual que el fo ro primario, estimo que el Ministerio Público no cumplió con el peso de la prueba para estable cer que, por ra zón de impedimento mental o físico presentes al d ía de hoy, la menor no está disponible para partic ipar como testigo en el juicio que se ventila en contra del recurrido. De conformidad con la Ley para Establecer Carta de Derechos de las Víct imas y Testigos de Delitos, Ley Núm. 22 del 22 de abril de 1988, 25 LPRA sec. 973 et seq ., el Ministerio Público p odría asistir a L.M.L.A. a obtener el tratamient o psicológico que, de forma análoga a lo que ocurrió en la vista preliminar, le permita testif icar nuevamente sin que ello represente un percance a su salud. En fin, soy del criterio de que la orden trazada por el foro apelativo intermedio garantiza el de bido proceso de ley a cada parte involucrada. Es decir, salvaguarda el bienestar emocional de la menor, así c omo el derecho de todo acusado a confrontar a tes tigos adversos. Por eso, no me parece que este sea el caso idóneo para pautar los criterios que un a mayoría pretende adoptar por la fuerza. Opino que es inmeritorio inmiscuirnos en el curso de acción adoptad o, mucho menos para brindarle un segundo turno al bate al Ministerio Público para que rectifique su s acciones y produzca la evidencia que no fue ca paz de presentar en el pasado. Por los fundamentos expuestos, disiento respetuosamente. ”

J avier O
. Sepúlved a R odri guez S ecr e t ari o del T ribu nal Su premoEN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

La Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ emitió una Opinión disidente a la cual se un ió el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2024.
Hoy, e n un acto que describe como un balance de intereses adecuado, una mayoría de este Tribunal permite que la menor L.M.L.A. atraviese , nuevamente , los obstáculos incontables que ya ha enfrentado al
estar sujeta a un procedimiento judicial que ha
resultado ser en extremo revictimizante
. Esto, a pesar de que de la prueba vertida en la vista de necesi dad ya celebrada surge con meridiana claridad
que ella no está disponible para testificar al amparo de la Regla 806(A)(4) de las Reglas de Evidencia, infra
. Mis compañeros y compañera de estrado, bajo el pretexto de tratar esta controversia con la mayor El Pueblo de Puerto Rico Peticionario

v. José Lugo López

Recurrido CC

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sensibilidad para así armonizar los intereses envueltos, conceden un remedio que tiene el efecto contrario. En el contexto particular de este caso, es insensible e indigno continuar exponiendo a la menor L.M.L.A. a un procedimiento judicial que supone revivir uno de los traumas más terribles que un ser humano pu ede vivir. Para disponer de este asunto con sensibilidad genuina, era necesario comprender la naturaleza de los sucesos que atravesó la menor L.M.L.A., de modo que pudiéramos palpar el dolor que sin lugar a duda le incapacita de continuar su participación. Una aplicación concienzuda del derecho aplicable y de los criterios que se pautan en la opinión mayoritaria a la situación fáctica ante nos debió llevar a un resultado distinto. El verdadero balance de los intereses que están en controversia requería que se admitiera el testimonio anterior de la menor L.M.L.A., ante su no disponibilidad por razón de enfermedad o impedimento mental
. Por esta razón, disiento.
I El 5 de abril de 2018 el Ministerio Público presentó
dos denuncias contra el Sr. José Lugo López (señor Lugo López o recurrido) por infringir el Artículo 131 y el Artículo 133 (A) del Código Penal de 2012, sobre incesto, 33 LPRA sec. 5192, y sobre actos la scivos, cuando la víctima era menor de dieciséis años, 33 LPRA sec. 5194, respectivamente. Esto, por hechos presuntamente acaecidos entre el 2013 y el 2015C C

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contra su hija biológica, la menor L.M.L.A. 1 Tras la vista de necesidad correspondiente , se permitió que la menor testificara en la vista preliminar

⎯ que se celebró el 1 de febrero de 2018 y el 14 de marzo de 2018

⎯ mediante el sistema de circuito cerrado. 2 Para ese momento, la menor L.M.L.A. contaba con solo n ueve años de edad. A lo largo d e su testimonio, el tribunal tuvo que decretar varios recesos para permitirle a la menor L.M.L.A. recomponerse tras estallar en llanto al relatar sus vivencias. A pesar de la dificultad palpable que tuvo para expresarse, la menor
L.M.L.A. pudo completar su testimonio y la defensa del señor Lugo López tuvo la oportunidad de contrainterrogarla, lo cual hizo . Evaluada la prueba desfilada, el Tribunal de Primera Instancia, encontró causa para acusar al señor Lugo López por los delitos imputados
. El 29 de marzo de 2022 el foro de instancia dio inicio al juicio por jurado. Es decir, luego del transcurso de cuatro años desde que se celebró la vista preliminar
. Sin embargo, durante el interrogatorio directo , y a solo a poc os minutos de comenzar su relato sobre los hechos atinentes al delito de incesto, la menor L.M.L.A. rompió en llanto . Por esta razón, se decretó un receso. La Técnica de Asistencia

1 L os hechos atinentes a los delitos que se le imputan al Sr. José Lugo López son en extremo gráficos y no abonan a la controversia puntual que nos ocupa, a saber: la no disponibilidad de la menor como testigo de cargo. Por ello, se dejan fuera del relato de la situación fáctica del caso. 2 Esta decisión advino final y firme tras la determinación de confirmación del Tribunal de Apelaciones en el caso Pueblo v. Lugo López , KLCE201700798, KLCE201700831.C C

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- 0109 4 a Víctimas y Testigos la acompañó al baño, donde se desmayó y quedó inconsc iente . La menor L.M.L.A. fue transportada de emergencia al Hospital San Antonio en Mayagüez, y posteriormente fue trasladada al Hospital Metropolitano Psiquiátrico de Cabo Rojo (“ Hospital Metropolitano ”). A raíz de estos sucesos, el Ministerio Público presentó

una Moción informativa y en solicitud de sustitución de testimonio el 31 de marzo de 2022 . Allí solicitó que se
declarara a la menor L.M.L.A. como testigo no disponible al amparo de la Regla 806(A)(4) de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 806. Esto, pues , según arguyó, esta sufrió un evento traumático que le ocasionó el desmayo, justamente luego de iniciado el testimonio en contra del recurrido. Sustentó su solicitud con declaraciones juradas de la Sra. Marieli Dávila Pérez, trabajadora social, y del Dr. Jaime Viqueira Mariani, pediatra. Ambos profesionales atendieron
a la menor L.M.L.A. en el Hospital San Antonio en Mayagüez. Tras varios sucesos posteriores, el 21 de juni o de 2022 el Tribunal de Primera Instancia celebró una vista de necesidad al amparo de la Regla 109 (A) de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 109 , para dirimir la controversia que nos ocupa
. Es decir, si la menor L.M.L.A. podía ser declarada testi go no disponible. A estos efectos, el Ministerio Público presentó los testimonios de l a y los facultativos siguientes: la Dra. Stephanie Aguilar Zapata (psiquiatra Aguilar Zapata) ; el Dr. Luis A. Pérez Tijerina (doctor Pérez Tijerina) , y el Dr. Alexander J . Arce GonzálezC C

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- 0109 5 (psicólogo Arce González). El testimonio de la y los profesionales de la salud puede resumirse de la forma siguiente.

a. Psiquiatra Aguilar Zapata 3 Declaró que al atender a la menor L.M.L.A. , esta presentó síntomas de depresión y ansiedad severa y que manifestó episodios de disociación o psicosis
. 4 Además, la menor mostraba episodios de ansiedad, tristeza, llanto constante, cambios de apetito y desconexión de la realidad. 5 Luego de indagar sobre los estresores que le provocaron s u estado mental y físico, “ la menor le manifestó que el detonante de su ansiedad era el proceso legal del cual participó ”. 6 Específicamente, declaró que cuando se hablaba del tema del proceso judicial, los eventos disociativos se activaban , así como varios movimientos involuntarios. 7 Además, declaró que la menor le indicó que participaba “ de un proceso legal que le generaba ansiedad, cambios de sueño

3 La psiquiatra Aguilar Zapata testificó que se especializa e n el área de psiquiatría de niños y adolescentes en el Hospital Metropolitano Psiquiátrico de Cabo Rojo y que , como parte de sus responsabilidades, se encargaba de realizar las evaluaciones y diagnósti cos, de velar porque la o el menor cumpla con los crite rios de admisión, y de establecer un tratamiento para atender la sintomatología del o la paciente. 4 Véase Petición de certiorari , pág. 15. Véase, además, Apéndice del certiorari , pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 1:50:38

- 1:52:10 )
. 5 Véase Petición de certiorari , pág. 15. Véase, además, Apéndice del certiorari , pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 1:52:12

- 1:52:39). 6 Petición de certiorari , pág. 15. Véase, Apéndice del certiorari , pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 1:54:24

- 1:55:35). 7 Véase Petición de certiorari , pág. 15. Véase, además, Apéndice del certiorari , pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 1:55:53

- 1:56:57).C C

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y de apetito, que le comenzaron desde antes de llegar a Puerto Rico ”. 8 Según su criterio clínico, la psiquiatra Aguilar Zapata testificó que la menor L.M.L.A. no estaba lista para ser sometida nuevamente al proceso judicial del que formaba parte
. 9 Sobre las consecuencias posibles de exponer a la
menor a estos estresores , indicó que esto podría ocasionarle la exacerbación de los síntomas de depresión y ansiedad severa que ya experimentaba, de forma tal que su reincorporación a la realidad podría ser más lenta y con más dificultad
. 10 A preguntas d e la defensa del señor Lugo López durante el contrainterrogatorio, la psiquiatra Aguilar Zapata admitió que su intervención fue dirigida a establecer si la

menor L.M.L.A. cumplía con los criterios para ser hospitalizada, y no para conocer si podía testificar durante el ju icio. 11 A su vez, reconoció que existían peritos dirigidos a emitir una opinión sobre la capacidad de una o un testigo para testificar en corte. 12 También indicó que

8 Petición de certiorari , pág. 15. Véase, además, Apéndice del certiorari , pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 1:58:21

- 1:58:45). 9 Véase Petición de certiorari , pág. 16. Véase, además, Apéndice del certiorari , pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de juni o de 2022, 2:00:25

- 2:00:52).

10 Véase Petición de certiorari , pág. 1 6 . Véase, además, Apéndice del certiorari , pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 2:03:18

- 2:04:48). 11 Véase Petición de certiorari , pág. 1 6 . Véase, además, Apéndice del certiorari , pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 2:14:16

- 2:17:30). 12 Véase Petición de certiorari , pág. 1 6 . Véase, además, Apéndice del certiorari , pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 202 2, 2:19:41

- 2:21:09).C C

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solamente atendió a la menor mientras estuvo en el hospital. 13 En el contexto del tratamiento médico que se le brindó en el hospital, la psiquiatra Aguilar Zapata manifestó que no se le diagnosticó a la menor L.M.L.A. una condición permanente. 14 b. Doctor Pérez Tijer ina 15 Durante el interrogatorio directo, el doctor Pérez Tijerina testificó que trabaja en el área de emergencias y
de salud mental del Hospital Metropolitano
. 16 Expresó que la
menor L.M.L.A. no hablaba mucho y que luego de dialogar con
la psiquiatra, se hizo el procedimiento para que se admitiera en el hospital. 17 En el contrainterrogatorio, contestó que la menor fue admitida el 31 de marzo de 202 2 y que su labor se circunscribió a recibirla en el hospital para realizar una evaluación preliminar y que luego la refirió a la psiquiatra Aguilar Zapata
. 18

c. Psicólogo Arce González : 19

13 Véase Petición de certiorari , pág. 1 6 . Véase, además, Apéndice del certiorari , pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 2:19:41

- 2:19:51 )
. 14 Véase Petición de certiorari , pág. 1 6 . Véase, además, Apéndice del certiorari , pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 2:23:00

- 2:24:13). 15 Se estipuló que el doctor Pérez Tijerina es tá cualificado como médico generalista y fue quien atendió a la menor en la Sala de Emergencias del Hospital Metropolitano en Cabo Rojo. 16 Véase, Apéndice del certiorari , pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 2:42:00

- 2:42:31) 17 Véase Petición de certiorari , pág. 1 7 . Véase, además, Apéndice del certiorari , pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 2: 44 : 1 2:2

- 2:48:18). 18 Véase, Apéndice del certiorari , pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 2:4 8:50

- 2: 49 :10). 19 El psicólogo Arce González testificó que posee un doctorado en psicología clínica y que labora en el área de psiquiatría adolescente en el Hospital Metropolitano de Cabo Rojo desde que abrió la división,C C

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El psicólogo Arce González m anifestó que el 1 de abril de 2022 evaluó a la menor L.M.L.A. en su oficina, quien no podía verbalizar a qu é se debía su estado de ansiedad crítico. 20 Explicó que tan pronto comenzó a indagar sobre el incidente que desencadenó en su hospitalización, la men or L.M.L.A. se descompensó y tuvo un ataque psicogénico
. 21 Esto último, según su testimonio, se refiere a un evento a nivel psicológico que surge de una experiencia traumática cuando estas memorias se encapsulan en el cerebro de la persona y ,
una vez esta se expone a ciertos estresores que evocan estas memorias , desemboca en este ataque que se asemeja a una convulsión, pero que no es a nivel biológico o fisiológico
. 22 Con relación a la capacidad de la menor L.M.L.A. para testificar, el psicólogo Arce González indicó que era necesario que se le brindara tratamiento para examinar si podría testificar posteriormente, esto basado en un examen de vulnerabilidad y los factore s de riesgo que la menor presente. 23 “ Afirmó que, al momento de su evaluación, la

aproximadamente hace cuatro años, al momento de su testimonio. Como parte de sus funciones , conduce evaluaciones a las y los pacientes que llegan al hospital y provee un tratamiento particularizado a base de las necesidades de estas personas. 20 Véase Petición de certiorari , pág. 1 7 . Véase, además, Apéndice del certio rari , pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 2:56:02

- 2:57:49). 21 Véase, Apéndice del certiorari , pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022,2:57:09

- 2:57:31). 22 Describió que el evento psicogénico que presenció, la menor se tiró al suelo y los ojos comenzaron a movérsele en varias direcciones. Expresó que este evento duró aproximadamente veinte minutos. Véase, Apéndice del certiorari , pág. 65 (Regrabación de la Vi sta del 21 de junio de 2022, 2:57:3 1

- 3:00:05 ). 23 Véase Petición de certiorari , pág. 1 7 . Véase, además, Apéndice del certiorari , pág. 65 , (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 3:00:51

- 3:01:57).C C

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menor no estaba lista para enfrentar un proceso donde fueran a indagar sobre el evento que provocó esos síntomas ”. 24 En el contrainterrogatorio, a preguntas de la defensa
del señor Lugo López , el psicólogo Arce González aclaró que

su intervención no fue con el objetivo de identificar si la menor podría testificar en un proceso criminal, como tampoco está cualificado como psicólogo forense. 25 Sin embargo, expresó que “ todo lo relacionado [con el] evento puede ocasionar esa reacción traumática ”. 26 Aceptó que no ha examinado nuevamente a la menor L.M.L.A. , luego de que esta
fue dada de alta. 27 Concluida la Vista , el Tribunal le s concedió a las partes cinco días para que sometieran por escrito su s argumentos. En cumplimiento con lo anterior, el Ministerio Público presentó un escrito en el que enfatizó que solicitó la declaración de no disponibilidad de la testigo, la menor
L.M.L.A. , al amparo de la Regla 806(A)(4) , supra , a saber, por razón de enfermedad o impedimento físico . Esto, contrario a l criterio atinente a la Regla 806(A)(5), supra , sobre la no disponibilidad de testigos por no comparecer al

24 Petición de certiorari , pág s . 1 7

- 18 . Véase, además, Apéndice del certiorari , pág. 65 , (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 3:02:32

- 3:03

- 11). 25 Véase Petición de certiorari , pág. 1 8 . Véase, además, Apéndice del certiorari , pág. 65, (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 3:03:51

- 3:04:47). 26 Petición de certiorari , pág. 1 8
. (Negrillas suplidas). Véase, Apéndice del certiorari , pág. 65, (Regrabación de la Vi sta del 21 de junio de 2022,3: 05: 41

- 3:07:51). 27 Véase Petición de certiorari , pág. 1 8 . Véase, además, Apéndice del certiorari , pág. 65, (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 3:07:57

- 3:09:28).C C

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Tribunal a presentar su testimonio . A diferencia del primero, según planteó, la no disponibilidad por incomparecencia le exige al Estado demostrar que ha realizado todas las gestiones razonables y de buena fe para lograr que la persona testigo comparezca y preste su testimonio en el juicio. Argumentó que , a la luz del derecho aplicable, no es requerido que la persona testigo sufra un daño emocional p ermanente previo a determinar su no disponibilidad. Por su parte, el señor Lugo López presentó una Moción en cumplimiento de orden en la que esbozó que el Ministerio Público no cumplió con la carga probatoria pertinente para establecer que la menor L.M.L.A. podía ser declarada testigo no disponible. Arguyó que le correspondía al Estado desplegar todos los esfuerzos razonables y de buena fe para
obtener el testimonio de la testigo en el juicio. Por otro lado, insistió que era indispensable qu e el Ministerio Público presentara prueba sobre la probabilidad actual o en un futuro razonable para poder determinar la disponibilidad
de la menor L.M.L.A . El 5 de agosto de 2022 el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución en la que declaró no ha lugar el petitorio del Ministerio Público y ordenó la continuación de los procedimientos. Concluyó que, “ [s] egún establecido jurisprudencialmente [,] es deber del Ministerio Público realizar esfuerzos razonables para producir al testigo, aunque ésta sea una remota. En autos, con la pruebaC C

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desfilada, el Tribunal entiende que no cumplió con su obligación de demostrar que la menor estaba psicológicamente no disponible para testificar”. 28 Sostuvo que, de los testimonios ofrecidos en la Vista de la Regla 109, supra , se desprendía que no se logró determinar el diagnóstico de la

menor L.M.L.A. , así como tampoco que esta recibiese tratamiento adicional, psiquiátrico o psicológico, de manera tal que pudiera lograrse su comparecencia y se ofreciera su testimonio en corte.
I nco nforme, el Estado, por conducto de la Oficina del
Procurador General , presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Expedido el recurso, y al contar con la comparecencia de ambas partes, el foro apelativo intermedio confirmó la determinación del foro primario. El Tribunal de Apelaciones coincidió con la postura del señor Lugo López , y lo determinado por el foro primario , a los efectos de que el Estado incumplió con el estándar
pr obatorio aplicable a la Regla 804(A)(4) de Evidencia,
supra . Coligió que el Estado falló en establecer la concurrencia del impedimento mental que, al presente o en un futuro razonable, imposibilite la participación de la menor
L.M.L.A. como testigo en el juicio. S eñaló que los testimonios vertidos en la v ista de necesidad se circunscribieron a la condición de la menor al momento de su intervención con esta
. Por tanto, estableció que ninguno de

28 Apéndice del certiorari , pág. 112.C C

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estos profesionales pudo aportar informació n sobre la capacidad de la menor para testificar al momento de estos ofrecer sus testimonio s . A su vez, entendió que el Estado tenía la obligación y
el deber de pre parar a la menor L.M.L.A. a través de un tratamiento psicológico ‒como lo hizo en la etapa de la vista preliminar

‒ p revio a que esta testificara en el juicio. Expresó que “[e] sta omisión ciertament e le produjo un efecto que se manifestó al inicio del juicio, ello por ser abruptame nte sometida a una situación que, sin duda alguna, la afectó de manera considerable”. 29 P or tanto, ordenó que el Ministerio Público procurara ofrecer un tratamiento psicológico adecuado a la menor L.M.L.A. , antes a la continuación del juicio. En desacuerdo, el Estado compareció ante esta Curia y señaló, en síntesis, que los foros a quo erraron : (1) al exigir una serie de requisitos que no estaban contemplados para que una persona sea declarada testigo no disponible al amparo de la Regla 806(A)(4) , supra , y (2) al no declarar a
la menor L.M.L.A. como testigo no disponible a pesar de que se demostró que, luego del suceso traumático que esta sufrió al intentar testificar en el juicio el 29 de marzo de 2022 , estaba imposibilitada de continuar por razón de enfermedad o impedimento mental.

29 Íd. , pág. 191.C C

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El marco jurídico que gobierna esta controversia es el siguiente.

II
A. Derecho a la confrontación Nuestra Constitución y su contraparte federal protege n el derecho fundamental de las personas acusadas de delito,
a confrontar y carearse con aquellas personas que testifiquen en su contra. Art. II, Sec. 11 Const. ELA, LPRA,
T omo 1; Emda. VI, Const. EE. UU. , LPRA, Tomo 1. Como es bien sabido, la denominada cláusula de confrontación consiste en tres ramificaciones procesales : (a) el derecho a confrontar cara a cara a las y los testigos de cargo ; (b) el derecho a contrainterrogarlos , y finalmente, (c) el derecho a excluir la prueba de referencia que el Estado intente presentar en
su contra. Pueblo v. Pérez Santos , 195 DPR 262, 269

- 270 (2016); Pueblo v. Santos Santos , 185 DPR 709, 720 (2012). Véase, también, E.L. Ch iesa Aponte, Procedimiento criminal y la Constitución: Etapa adjudicativa , 1a ed., San Juan, Ed.
SITUM , 2018 , págs. 62

- 63. 30 En lo atinente a la controversia que nos ocupa, en Crawford v. Washington , 541 U.S. 36 (2004), la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que , en cuanto a la tercera vertiente de la cláusula de confrontación, esta se activa únicamente cuando se trata de declaraciones de carácter

30 Véase, también, M.R. Reyes Negrón, El derecho al careo de los acusados en tiempos de pandemia, 55 Rev. Jur. UIPR 371, 383

- 384 (2021).C C

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testimonial. 31 Véase Chiesa Aponte, op. cit. , pág. 90. De forma tal que, de tratarse de declaraciones no testimoniales, la admisión de la prueba se regirá únicamente por lo dispuesto en las Reglas de Evidencia. Íd. Según razonó la Corte Suprema federal :

“Testimony,” in turn, is typically “[a] solemn declaration or affirmation made for the purpose of establishing or proving some fact.” An accuser who makes a formal statement to government officers bears testimony in a sense that a person who makes a casual remark to an acquaintance does not. Pueblo v. Pérez Santos , supra, (citando a Crawford v. Washington , supra , pág. 51). El Máximo Foro federal sostuvo que, si la declaración que se pretende presentar en el juicio es de carácter testimonial, y la persona d eclarante no comparece en corte, el derecho a la confrontación exige que se determine la no disponibilidad de la persona testigo y que la persona acusada haya tenido oportunidad de contrainterrogar sobre la declaración testimonial, para que esta pueda ser admisible. Pueblo v. Pérez Santos , supra , págs. 270

- 271; Pueblo v.
Santos Santos , supra , pág. 721; Pueblo v. Guerrido López , 179 DPR 950, 967 (2010); Crawford v. Washington , supra , pág. 51. Véase, además, Chiesa Aponte, op. cit. , pág. 90. Superado el escollo constitucional, procede anali zar si la prueba de referencia ofrecida cumple con los criterios establecidos en nuestras Reglas de Evidencia.

31 Conforme a lo reconocido en Pueblo v. Guerrido López , 179 DPR 950, 962 (2010), “ Crawford v. Washington , supr a , y su progenie, constituyen jurisprudencia normativa para nuestra jurisdicción. Esto porque la Cláusula de Confrontación inmersa en la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos aplica a Puerto Rico”.C C

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B. Prueba de referencia La Regla 801(c) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 801, establece que es prueba de referencia toda declaración “que no sea la que la persona declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado”. Como norma g eneral, los tribunales no admitirán declaraciones contenidas dentro de esta definición, a no ser que se satisfagan los criterios enmarcados en las exclusiones permitidas por ley. Regla 804 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 804. Por su parte, la Regla 806 d e Evidencia, supra , reconoce ciertas excepciones a la norma general antes mencionada que , a su vez, están condicionadas a la determinación de no disponibilidad de la persona declarante. La Regla 806(A) , supra , define aquellas instancias en las que se enten derá que la persona testigo no está disponible, a saber: (1) está exenta de testificar luego de la determinación del T ribunal sobre el reconocimiento de un privilegio en estas Reglas en relación con el asunto u objeto de su declaración; (2) insiste en no t estificar en relación con el asunto u objeto de su declaración a pesar de que el Tribunal le ordenó que así lo h i ciera ; (3) testifica que no puede recordar sobre el asunto u objeto de su declaración; (4) al momento del juicio o vista, ha fallecido o está imposibilitada de comparecer a testificar por razón de enfermedad o impedimento mental o físico ; o (5) está ausente de la vista y quien propone la declaración ha desplegado diligencia para conseguir suC C

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comparecencia mediante citación del Tribunal. Mientras que el inciso (B) de la referida regla expone aquellas instancias en que, por excepción a la regla general, la prueba de referencia será admisible . En lo pertinente, cuando la persona declarante no está disponible y así lo determina el Tribunal , será admisible el testimonio anterior dado como testigo en otra vista en ese u otro procedimiento si la parte contra quien se of rece tuvo la oportunidad y motivo similar
para contrainterrogarlo
. 32 LPRA Ap. VI, R. 804.
C. La Regla 80 6 (A)(4): Testigo no disponible por causa de impedimento físico o mental Este Tribunal no ha tenido la oportunidad de interpretar esta excepción a la regla general de inadmisibilidad de prueba de referencia. Sin embargo, son varios los tratadistas que han formulado distintas tesis para interpretar el mandato de la referida Regl a.
N os comenta el tratadista, Prof. Ernesto L. Chiesa Aponte (profesor Chiesa Aponte) , que [e] l declarante que ha fallecido al momento de presentarse la declaración está, por supuesto, no disponible para testificar. Pero también lo está cuando su condición de salud, mental o física, está tan deteriorada que no podrá comparecer en un futuro predecib le . Si se trata de un testimonio importante, el tribunal no debe tomar livianamente la determinación de que el declarante no está disponible para testificar. Podría a posponerse la vista o dejar para el final su testimonio. Hay que tener especial cautela cuando se trata de un testigo de cargo. Pero si es manifiesta la improbabilidad de que el testigo pueda comparecer en un futuro razonable, debe hacerse la determinación de no disponibilidad
. (Negrillas y subrayado suplidos). E. L. Chiesa Aponte, Re glas de Evidencia comentadas , 1a ed., San Juan, Ed. SITUM, 2016, pág. 325 . En cuanto a la determinación de indisponibilidad al amparo de esta excepción, expresa que se refiere a “un gradoC C

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considerable de incapacidad física o mental”
. (Negrillas suplidas ) . E.L. Chiesa Aponte, Compendio de Evidencia (En el sistema adversarial) , 1a ed., Ciudad de México, Ed. Tirant Lo Blanch, 2021, pág. 378. Específicamente, detalla que
[l] a carga de establecer la no disponibilidad del declarante la tiene el proponent e que pretende la admisión de prueba de referencia. Si la condición incapacitante del declarante es seria y probablemente no mejorará, el tribunal debe declararlo “no disponible”. Pero si la condición no es tan seria y la recuperación es probable, el tribu nal puede decretar una posposición o alterar el orden de la prueba para posponer para otro día el testimonio del declarante, si el juicio se va a prolongar por mucho tiempo . (Negrillas suplidas). Íd. , págs. 378

- 379. Ulteriormente , el profesor Chiesa Apont e propone que los tribunales se aproximen a la controversia con un análisis multifactorial; es decir , que tomen en cuenta : “[la] gravedad de la condición, [la] importancia del testimonio y [la] probabilidad de recuperación del declarante”. Íd. , pág. 379. Además, como en el caso que nos ocupa, estamos llamados a considerar si las declaraciones testimoniales del declarante cumplen con los criterios establecidos en Crawford v. Washington , supra , y su progenie. En concordancia, si el testimonio que se pre tende presentar es uno anterior al amparo de la Regla 806(B)(1) , supra, el conflicto constitucional se desvanece. Íd. , pág. 378. Por su parte, el Prof. Enrique Vélez Rodríguez (profesor Vélez Rodríguez) nos indica que , al amparo de esta excepción a la regla general de exclusión , los criterios de “la condición, [la] duración y la gravedad de la enfermedad son factores cruciales en la determinación de indisponibilidad”. (Bastardillas en el original). E. VélezC C

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Rodríguez, L a prueba de referencia y sus excepciones , 1a ed., San Juan, Ed. InterJuris, 2018, pág. 247. Además, reconoce la diversidad que puede comprender esta causal, por lo que, según interpreta, “parece aconsejar una adjudicación con arreglo a los méritos de la si tuación particular , incluida la de ejercer aquellas opciones que permitan la prestación del testimonio en vivo”. (Negrillas suplidas). Íd.

D. Menores de edad como testigos: Particularidades en

caso s de delitos sexuales Como expresé anteriormente, para disponer de esta controversia adecuadamente, es imprescindible contextualizar la situación particular que se encuentra ante nuestra consideración
. T ratadistas como McCormick, Mueller y Kirkpatrick
abundan sobre el alcance de la contraparte federal de la regla en cuestión , a saber, la Regla 804(a)(4), de las Reglas de Evidencia federal. En particular, exploran la no disponibilidad de la persona declarante cuando esta es una menor de edad en el contexto de un caso abuso sexua l
. Por su parte, la obra de l tratadista Charles T. McCormick (McCormick) señala que , con frecuencia, la justificación de no disponibilidad de la o el menor de edad se cimienta en que el acto mismo de testificar le causará un trauma emocional, lo que imposibilita su comparecencia en el juicio. McCormic k , 2 Evidence § 253 (8a ed.) ( 2020) (c itasC C

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omitidas) . (“ Often, a finding of unavailability is justified based upon a determination that testifying will cause emotional trauma to the child and that the child is therefore unavailable ”).
L os tratadistas Mueller y Kirkpatrick examinan el supuesto de una indisponibilidad psicológica en el contexto de casos de abuso sexual contra menores de edad, de modo tal que se expondrían a la posibilidad de un trauma psicológico

severo . Sobre ello , destacan que :

In the modern setting of trials for abuse of children, both federal and state statutes provide that the victim is to be viewed as unavailable as a witness if testifying would likely result in severe trauma or if she simply cannot testify in the setting of the courtroom . Typically[,] such statutes app ly as well to other children who are eyewitnesses to child abuse, who may be victims in other ways, and for ease of discussion we refer to these children too as victims. In this setting of “psychological” unavailability or necessity, the statutes provide f or remote testimony by the victim using one

- way or two
- way video monitor systems to transmit her image and words to the courtroom, and for special videotaped depositions taken in advance for use at trial. In 1990, Congress followed the lead of the states a nd enacted a statute authorizing remote testimony and videotaped depositions in federal child abuse prosecutions if the victim is psychologically unavailable, but the statute is seldom invoked because child abuse is prosecuted in federal courts relatively rarely. The statute does not create a hearsay exception for statements by child abuse victims, but these sometimes fit the catchall or some categorical exceptions, and all states have special statutes creating an exception for statements by child victims.

. . . . . . . . When it is expected that a youthful victim would be seriously traumatized by testifying in court, usually showing psychological unavailability involves, and probably requires, expert testimony. Abuse victims often suffer what amounts to on going trauma typified by nightmares, mistrust of adults (or adult men), behavioral difficulties at home and school indicating some regression from prior development, and sometimes other problems (bedwetting and sleep disorders). These symptoms help experts conclude that compelling testimony from the child would be impossible or damaging

— that she simply could not testify or would suffer serious harm if she did
. (Negrillas suplidas). C.B. Mueller, Laird C. Kirkpatric, 5 Federal Evidence § 8:116 (4a ed. ) (Mar zo 2024) (c itas omitidas).C C

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Asimismo, se han explorado las consecuencias adversas de que un niño o una niña víctima de abuso sexual puede experimentar al testificar en corte. En ese contexto, se ha reconocido que la angustia emocional que acarrea est e acto puede acompañarlos hasta la adultez, lo que limita su desarrollo en comparación con sus pares. L. Christine Brannon, The Trauma of Testifying in Court for Child Victims of Sexual Assault v. The Accused's Right to Confrontation , 18 Law & Psychol. Rev. 439, 445

- 446 (1994) (citas omitidas).

“ Dicha angustia mental se refleja en la víctima en forma de depresión, ansiedad y algunos síntomas psicosomáticos. Debido a la interrupción del desarrollo infantil, las consecuencias negativas de la participación en el proceso legal pueden ser más trascendentales para un niño o una niña
que para una persona adulta”
. (Traducción suplida). Íd. Nótese que , lo que resalta de lo anterior es que las
persona s menor es de edad víctima s de abuso sexual se expone n a sufrir un nuevo trauma al ser compelida s a declarar sobre estas experiencias traumáticas . Esta consecuencia sustancial y perjudicial se cataloga como “ secondary victimization ” o revictimización
. Sobre este particular, se expre sa que :

Court testimony is an extremely stressful, frightening and formidable event, especially for a vulnerable young child. The child is placed in the unfamiliar and intimidating environment of a courtroom, and asked to participate in a process that is foreign and perplexing. [She or he] has to face the defendant, who the child often perceives as a threatening and dangerous figure. The child is required to answer difficult questions in public, and to go through harsh questioning by unsympathetic stranger s. The child’s truthfulness is repeatedly doubted and questioned throughout the process, and this is often perceived as a humiliating experience. Moreover, the child has to repeatedly re - live the traumatic event [she or he] witnessed through recurringC C

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inte rrogations by law enforcement and in court. When the defendant is known or related to the child witness, further difficulties, including intense guilt and loyalty conflicts, may arise. The multitude of stressors involved in this experience can trigger extr eme levels of anxiety and psychological strain, often referred to as “secondary victimization .” (Negrillas y subrayado suplidos)
. Michal Gilad, Falling Between the Cracks: Understanding Why States Fail in Protecting Our Children from Crime, U. ILL . L. REV. 907, 928 (2019) (citas omitidas). E. Casuística estatal persuasiva Por su carácter persuasivo , especialmente ante la falta de pronunciamientos de este Tribunal sobre la controversia de umbral, recurro a la casuística a nivel de los Estados Unidos al abordar este tema.
En People v. Gomez , 26 Cal.App.3d 225 (1972), la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito de California confirmó una sentencia en la que se declaró culpable al
acusado de tener relaciones sexuales ilegales con una mujer
menor de dieciocho años. E l peticionario solicitó la revocación de esta , tras argüir que el foro inferior erró al admitir prueba de referencia, luego de que se declarara a la testigo no disponible por incapacidad mental. Al igual que el caso de autos, el texto de la disposición que permitía la declaración de indisponibilidad de la testigo por razón de impedimento mental o f ísico, 32 no

32 Textualmente, las Reglas de Evidencia establecían como una de las definiciones del declarante no disponible, cuando este está “muerto o incapaz de asistir o testificar en la audiencia debido a una enfermedad o dolencia física o mental existente en ese mom ento”. (Traducción suplida) Véase, People v. Gomez , 26 Cal.App.3d 225, 227

- 228 (1972) (Here, in establishing unavailability, the People relied on Evidence Code section 240, subdivision (a)(3), reading in pertinent part: “(a) ... 'unavailable as a witness' means that the declarant is: ... (3) Dead or unable to attend or to testify at the hearing because of then existing physical or mental illness or infirmity .” ).C C

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requería que el Estado demostrara diligencias razonables para que la testigo se presentara en el juicio. Íd. , pág. 228. Sobre este particular , la Corte señaló que la jurisprudencia citada por las partes sobre l os requisitos demostrativos de una diligencia razonable era inadecuada
. Íd. A su vez, al examinar la determinación de indisponib ilidad de la testigo, la Corte expuso que : [The] evidence showed that the crime occurred on May 10, 1971. The complaining witness had become 15 years old just 8 days before, on May 2, 1971. On June 4, 1971 , she was admitted to Camarillo State Hospital. Two medical doctors, staff psychiatrists, testified at the court hearing which was held July 28, 1971 , to det ermine the girl's availability. Counsel stipulated to the doctors' qualifications. Dr. Martin was personally in charge of the girl's care and treatment. He testified that she was very vulnerable to stress; she had a tendency to psychomotor seizures which w ere difficult to diagnose and treat; she had shown significant improvement although such was rather “delicate and tedious”; in his opinion there was a “strong possibility” that it would be detrimental to her welfare to appear in court . While under his care at the hospital, she had “become rather hysterical with minimal provocation.” He concluded she could become “very vulnerable and regressing backwards and wipe out the improvement that she's shown ... and ... as her physician, I don't want to risk that hap pening.” Dr. Rieger testified that it is his job to decide whether a child should be admitted to the hospital . He reviews all girls' records as part of his procedure. Having reviewed this child's records, it was his opinion that coming to court and testifying “is a very traumatic experience to a child” such as this one. He concluded she would be “definitely affec ted” by it and he “would strongly recommend against it”; he was “greatly concerned that it would grossly affect the child's present and possibly future health, mental health ... I would be very concerned over the consequences which might ensue from her app earing here under such stress or conditions.” ( Negrillas suplidas). Íd. , págs. 228

- 229. De acuerdo con la decisión a la que arribó el foro de instancia, la Corte de Apelaciones concluyó que , aun cuando la persona testigo que n o esté disponible por razón de incapacidad pueda finalmente recuperarse, si talC C

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recuperación se espera en un futuro incierto o lejano, no existe una razón de peso para negar la admisión del testimonio brindado en la vista preliminar. Íd. , pág. 230.
Por otr a parte, y m ás recientemente, la Corte Suprema de Michigan en People v. Duncan , 835 N.W.2d 399 (2013), encontró no disponible a la testigo de cargo, una menor de
cuatro años , en un caso de delitos sexuales , al amparo de Regla 804(a)(4) de las Reglas de Evidencia de Michigan. Específicamente, se entiende que el testigo no está disponible bajo esta causal “ because of ... then existing physical or mental illness or infirmity [.]” Í d. , pág. 404. Al circunscribirse al asunto de enfermedad o dolencia mental, la Corte Suprema coligió que una de las causas que pueden redundar en la debilidad de la mente es la edad de la persona testigo. Íd. , pág. 406. Asimismo, reconoció que la citada regla no requería una determinación de incapacidad
pe rmanente o de la rga duración
. Sobre este asunto expresó :

The phrase “then existing” specifically limits the temporal scope within which a witness's availability under MRE 804(a)(4) may be assessed; the only relevant reference point is the point at which the witness takes the stand
. As a result, the declarant need not suffer from a permanent illness or infirmity . Thus, the fact that RS was competent and available to testify at two preliminary examinations does not affect the determination whether she was menta lly capable or infirm for purposes of MRE 804(a)(4) at the time her testimony was sought at trial. Rather, the only relevant inquiry is her condition at the time she was called to testify
. In holding that a child may be mentally infirm in the type of extr aordinarily stressful trial situation like the one that existed here, we recognize the obvious truth that children lack the same level of mental maturity as that exhibited by and expected of most adults. Legal and psychological research confirms this uncon troversial proposition. As a result of these limitations, young children are less mentally equipped to cope with severeC C

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emotional distress. Testifying in open court can be a harrowing experience for anyone, and young children are much more susceptible to e motional breakdowns than adults. Indeed, testifying in open court “can make some children tearful, ill, or inarticulate in the courtroom.... Under the stress of testifying, some children may regress to a more immature level of behavior.” When these emotion al terrors are severe and a child has not developed the mental capacity to overcome this distress, an emotional breakdown may eliminate any possibility of securing testimony from the young child
. (Negrillas suplidas). Íd., págs. 406

- 407. (Citas omitidas). Tras el análisis esbozado, la Corte Suprema coligió que no existía duda de que, al momento de testificar en el juicio , la menor estaba emocionalmente abrumada y se encontraba mentalmente incapaz de superar esta angustia y, por lo tanto, no podía afirmar que podía testificar con sinceridad. Íd. , pág. 408. Por ello, determinó que el foro de instancia había abusado de su discreción al encontrarla disponible para testificar en el juicio. Íd.
III La mayoría de este Tribunal sostiene que el Estado falló

en demostrar que la menor L.M.L.A. no estaba disponible para testificar en el juicio , debido a que no presentó prueba
sobre su estado mental al momento de la vista de necesidad
. Difiero, pues entiend o que lo anterior es innecesario e improcedente a la luz del caso ante nos
. Los tratadistas reseñados comentan que la parte que busca la admisión de prueba de referencia a través de una de las causales de la Regla 806, supra , —— especialmente cuando se pretende utilizar como prueba de cargo en contra de una persona acusada

—— está llamada a establecer de maneraC C

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satisfact oria que la persona testigo no estará disponible en un futuro predecible o razonable
. En esa coyuntura, coincido con la mayoría de este Tribunal en que debemos adoptar una serie de criterios que guíen a l as y los juzgadores de instancia para determinar si procede la determinación de no disponibilidad de la persona testigo. Estos criterios , claro está, debe n cumplir con el estándar de Crawford , supra , cuando estamos ante declaraciones testimo niales. Asimismo, es evidente que , bajo esta causal, el Estado no está llamado a realizar ejercicios
razonables o de buena fe en pro de superar la incapacidad físic a o mental que experimente la persona declarante. Finalmente , por la diversidad de situacion es que puede
abarcar esta causal , es menester embarcarnos en un análisis

caso a caso que considere la totalidad de las circunstancias
. Pese a lo anterior , mi compañera y mis compañeros fallan en aplica r adecuadamente los criterios que pautan a la controversia de autos. 33 Me explico.
N o albergo duda alguna de la importancia que tiene el testimonio de la menor L.M.L.A. en el juicio en contra del señor Lugo López
. Ahora bien, es necesario recalcar que l a menor L.M.L.A. ha tenido que relatar los hechos atinentes a su testimonio en múltiples ocasiones. A lo largo de su

33 Es decir, “ (1) la gravedad de la condición, (2) la importancia del testimonio, (3) la proba bilidad de recuperación, (4) el potencial de que el acto de testificar agrave la condición de la persona testigo y (5) el perjuicio que pueda ocasionar la dilación del proceso al acusado, por su derecho a un juicio rápido, o en cualquier otro caso a la par te afectada”.C C

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infancia , y ya entrada en la adolescencia , ha estado sujeta a un procedimiento judicial que parece no tener fin. En el punto culminante de su participación en este, llegado el día del juicio y al ser llamada a testificar , la menor L.M.L.A. , a los pocos minutos de comenzar su re cuento de los hechos pertinentes al delito de incesto , irrumpió en llanto y no pudo continuar
. La gravedad d e s u estado físico y mental significó una pausa en la celebración del juicio y su reclusión en una institución hospitalaria. Durante su tratamiento, los profesionales de la salud que la atendieron advirtieron que no recomendaban que continuara testificando, pues las consecuencias podían ser sustancialmente nefastas
. Sus síntomas , incluso, se fueron manifestando desde antes de que la menor L.M.L.A. testificara en el juicio cuando , previo a trasladarse a Puerto Rico, expresó que ya presentaba cambios en su apetito y sueño , así como la sensación de ansiedad. La idea de parti cipar nuevamente en el procedimiento judicial en contra de su padre biológico tuvo un impacto sustancial en su estado de ánimo. Como si lo anterior no fuera suficiente , sus ataques psicogénicos y de disociación se activaban con la sola mención del procedimiento judicial o de su testimonio en corte.
Su posible recuperación , según intimó el psicólogo Arce González, estaba atada al supuesto de que recibiera tratamiento médico , sin garantía alguna de que, en efecto, pudiese tes tificar . Peor aún, no existía certeza de que , siC C

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se le forza ba a continuar , su salud no se hubiera expuesto

a u n daño sustancial. Es decir, exist e el potencial real de
que su condición se agrave al ser obligada a testificar
nuevamente. Obsérvese que los hechos sobre los que la menor
L.M.L.A. está llamada a testificar ocurrieron presuntamente
entre los años 2013 y 2015 . Al día del evento psicogénico que sufrió la menor L.M.L.A. durante el juicio, al exigírsele

rev ivir su trauma, habían transcurrido casi diez años desde el primer evento que dio paso a las acusaciones del
M inisterio P úblico
. Por otro lado, considerando que el proceso penal inició en el 2018, es evidente que este ya ha sido dilatado lo suficiente
. E s palpable la improbabilidad de que la menor L.M.L.A. se recupere en un futuro predecible
o razonable , y no hay razón de peso para seguirla sometiendo

a una nueva evaluación para llegar a tal conclusión
. A l aplicar los criterios antes mencionados , y teniendo en cuenta las particularidades de un caso de delitos sexuales y una víctima menor de edad como testigo, es forzoso concluir que la menor L.M.L.A. no estaba disponible para testificar en el juicio y no lo estará en un futuro razonabl e o predecible. Tristemente, para una mayoría de esta Curia lo anterior es insuficiente
. Según la interpretación del derecho aplicable que surge de la opinión mayoritaria, es necesario presentar prueba
actual de la menor para satisfacer el criterio de la Regla 806(A)(4). Como ya expresé, esto no solamente es un ejercicio innecesario en el contexto particular que tenemos anteC C

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nuestra consideración , sino que deja desprovista de protección y expone peligrosamente a la menor L.M.L.A. a
otro trauma : la revictimización
. Está claro que la jurisprudencia y los estudios pertinentes a las personas menores de edad, víctimas de abuso sexual, demuestran las consecuencias terribles a las que se
exponen al testificar en un procedimiento judicial en contra
de su p resunto agresor o agresora. Estas c onsecuencias pueden perseguirl e s hasta la adultez , impidiéndole al o la menor que se desarrolle al mismo ritmo que sus pares . Esto, debido a que el trauma que experimentaron durante su niñez puede retrasar el desarrollo cognitivo y emocional ordinario
. Trauma que puede exacerbarse cuando es sometido o sometida , además, a un procedimiento judicial en donde están llamados a testificar sobre los relatos más crudos, desgarradores , vergonzosos y dolorosos. Relatos que van a la médula de su propia dignidad
. Es nuestro deber realizar un balance justo de intereses y derechos
. Reconozco la primacía que tiene el derecho a la confrontación en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo , también es inelud ible recordar que este derecho no es absoluto. Por tanto, como en la controversia de autos, es nuestra responsabilidad examinar todos los intereses que están en juego a la hora de deliberar sobre la admisión de prueba de referencia en contra del señor Lugo López en contravención al derecho de confrontación que le cobija.C C

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En este caso, la menor L.M.L.A. testificó ampliamente
durante la vista preliminar y el señor Lugo López

⎯ a travé s de su representación legal

⎯ tuvo la oportunidad de contrainterrogarla in extenso , y así lo hizo. Llegado el día del juicio, y tras iniciar su testimonio, la menor L.M.L.A. estuvo imposibilitada de continuar su exposición de los
hechos tras estallar en ll anto, desplomarse y ser trasladada al hospital, en donde continuó presentando síntomas ligados al procedimiento judicial del que participaba. Su temprana edad, los relatos sobre los cuales testifica, los síntomas y padecimientos que experimentó justo antes y luego de sentarse a testificar, y el tiempo sustancial que ha demorado el procedimiento penal, demuestran su patente indisponibilidad para ser llamada a testificar nuevamente
. Al tomar en cuenta esto , y al sopesar que el testimonio anterior de la menor L.M.L.A. cumple satisfactoriamente con el estándar establecido en Crawford , supra , y su progenie, es forzoso concluir que en este caso la balanza se inclina
a que se declare a la menor L.M.L.A. testigo no disponible y se admita en evidencia su testimonio anterior. Esto , pues el problema de confrontación queda completamente superado
. Según el curso de acción mayoritario , la menor L.M.L.A.

se rá sometida de manera innecesaria e injusta a otro procedimiento que l e obligará a relatar una vez más su trauma, ya sea ante profesionales de la salud o ante un juez en el Tribunal. Este proceder, no nos quepa duda,C C

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desencadenará en la activación de aquellos estresores que llevaron a su hospitalización en primer lugar y que impidieron que prestara su testimonio el día del juicio
. Reit er o , está en nuestras manos evitar que esto ocurra. De otra forma, estaríamos ignorando el texto claro de la regla en cuestión, lo reseñado por los tratadistas y la jurisprudencia persuasiva a estos efectos. No solamente eso, estaríamos fallándole a una niña que ha sido más que valiente
en un proceso que po r su naturaleza resulta angustiante y humillante
. Después de todo, s omos nosotros los llamados a evitar que una persona que ha tomado el paso de testificar sobre un crimen de esta índole resulte nuevamente una víctima, pero en esta ocasión, como resultado de un proceso criminal interminable
. IV No puedo comulgar con la decisión mayoritaria cuando su resultado se traducirá indudablemente en alargar innecesariamente el proceso criminal en curso, y en exponer fatalmente a la menor L.M.L.A. a un procedimiento que no alberga las salvaguardas necesarias para proteger su salud
mental e integridad emocional
. A u n cuando la menor se encontraba testificando a través de un circuito cerrado, fue
el procedimiento judicial como estresor de su trauma , el que desencadenó una serie de eventos psicogénicos y de disociación de la realidad que debieron ser suficientes para demostrar que no está disponible para propósitos de lo que
recoge la Regla 80 6 (A)(4), supra .C C

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Contrario a lo que pretendió la mayoría de este Tribunal, lo resuelto no provee un remedio práctico ni justiciero

— al menos no para L.M.L.A.

— , mucho menos salvaguarda su dignidad como víctima de un delito de índole sexual a manos de su propio padre. Tras e l curso de acción mayoritario, disiento.

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta