Número Identificador

SEN2024 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

REGIÓN JUDICIAL DE UTUADO

PANEL X

ELVIS ANTONIO OTERO 

CONCEPCIÓN

EX PARTE

Peticionario

KLAN202301082

Apelación acogida 

como Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Utuado

Caso Núm.:

UT2023CV00412

Sobre:

Petición de Orden –

Eliminación de 

Antecedentes 

Penales, Petición de 

Orden – Eliminación 

de Registros de 

Ofensores Sexuales

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez 

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2024.

El 1 de diciembre de 2023, compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones el señor Elvis Alberto Otero Concepción (en adelante, 

parte peticionaria o señor Otero Concepción), por medio de recurso 

de Apelación, el cual se acoge como un recurso de Certiorari por ser 

lo procedente en derecho1. Mediante este, nos solicita que revisemos 

la Resolución emitida el 15 de octubre de 2023 y notificada el 16 de 

octubre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Utuado. En virtud del aludido dictamen, el foro a quo declaró No 

Ha Lugar la petición presentada por la parte peticionaria para que 

se eliminara su nombre del Registro de Ofensores Sexuales y Abuso 

Contra Menores de Puerto Rico. 

1 No obstante, mantenemos inalterada su identificación alfanumérica por motivos 

de economía procesal.
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

expide el recurso de certiorari y se confirma la Resolución recurrida.

I

De acuerdo surge del expediente ante nuestra consideración, 

el señor Otero Concepción fue sentenciado el 15 de agosto de 2003,

a dieciocho (18) años de reclusión en una institución carcelaria, por 

haber cometido los delitos de violación y de tentativa de incesto (dos 

casos) del Código Penal de Puerto Rico de 1974, por actos cometidos 

en contra de una persona menor de edad. Posteriormente, le 

concedieron a la parte peticionaria la Libertad Bajo Palabra y fue 

inscrito en el Registro de Ofensores Sexuales y Abuso Contra 

Menores de Puerto Rico (en adelante, Registro de Ofensores 

Sexuales), conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 266-2004, 

infra. Para el 13 de julio de 2012, el señor Otero Concepción 

completó la totalidad de su sentencia. 

Para el 12 de septiembre de 2023, la parte apelante presentó 

una Petición. Por medio de esta, le solicitó al foro de primera 

instancia que se eliminara su nombre del Registro de Ofensores 

Sexuales y Abuso contra Menores de Puerto Rico. Alegó que, habían 

transcurrido diez (10) años desde la fecha en que cumplió la 

Sentencia, que no había sido convicto de ningún otro delito y que 

gozaba de buena reputación en su comunidad de residencia. 

Asimismo, solicitó que se eliminara de su récord de antecedentes 

penales los delitos por los cuales fue sentenciado. 

Subsiguientemente, el 13 de septiembre de 2023, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió una Orden, donde le concedió veinte (20) 

días al Ministerio Público para exponer su posición respecto a la 

Petición. De igual manera, dispuso lo siguiente: 

Ahora bien, de la petición surge que la parte 

peticionaria está solicitando, además de la eliminación 

del récord de antecedentes penales, que se le excluya 

del Registro de Ofensores Sexuales. En ese sentido, 

muestre causa la parte peticionaria por lo cual el 
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Tribunal no deba denegar dicha petición tomando en 

consideración que bajo la Ley 226-2004, según 

enmendada por la Ley 243-2011 y subsiguientes, los 

delitos de incesto y violación (incluyendo ambos delitos 

en modo de tentativa) deben permanecer de por vida en 

el Registro de Ofensores Sexuales por ser considerada 

la persona convicta como un Ofensor Sexual Tipo III. 

Véase el Art. 2 inciso (10) de la Ley 266-2004, según 

enmendada por la Ley 243-2011, 4 LPRA sec. 536, y el 

Art. 5 de la Ley 266-2004, según enmendada, 4 LPRA 

sec. 536c. Ello sin perderse de vista que conforme al 

caso de Pueblo v. Ferrer Maldonado, 201 DPR 974 (2019) 

se determinó que las disposiciones contenidas en las 

enmiendas introducidas por la Ley Núm. 243-2011 a la 

Ley 266-2004, aplican retroactivamente y entre esas 

enmiendas se encuentra el haber cambiado el término 

de 10 años requerido previamente a las personas 

convictas para que permanecieran en el Registro de 

Ofensores Sexuales. Se le concede el mismo término 

de 20 días a la parte peticionaria para que presente 

la mostración de causa. 

Así las cosas, el 25 de septiembre de 2023, el Pueblo de Puerto 

Rico, representado por el Ministerio Público (en adelante, parte 

recurrida o Ministerio Público) presentó la Moción en Oposición a 

Solicitud de Orden de Eliminación Registro Ofensores y Eliminación 

de Antecedentes Penales. Mediante la aludida moción, el Ministerio 

Público acotó que, respeto a la solicitud de la eliminación del 

Registro de Ofensores Sexuales, entendía que no cumplía con lo 

establecido en la Ley Núm. 266-2004, según enmendada por la Ley 

Núm. 243-2011. Lo anterior, debido a que, el Art. 2 inciso 10 de la 

Ley Núm. 266-2004, según enmendada, define a un Ofensor Sexual 

Tipo III como aquellas “personas que resulten convictas por los 

siguientes delitos o su tentativa: (i) Violación; seducción; sodomía; 

actos lascivos cuando la víctima no ha cumplido los dieciséis (16) 

años; incesto; secuestro cuando la víctima fuere menor de dieciocho 

(18) años y no fuere su hijo, robo de menores comprendidos en los 

Artículos 99, 101, 103, 105, 122, 137-A(a) y 160, respectivamente, 

de la Ley Núm. 155 de 22 de julio de 1974, según enmendada; y 

agresión sexual conyugal, según tipificada en el Artículo 3.5 de la 

Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada”. Indicó 

además, que, el Art. 5 de la precitada ley, disponía que el ofensor 
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sexual deberá mantenerse inscrito en el Registro de Ofensores 

Sexuales y cumplir con los requisitos establecidos en la misma de 

por vida, si el convicto es un Ofensor Sexual Tipo III. Por otro lado,

adujo que, respecto a la solicitud de eliminación de récord, bajo su 

criterio, el señor Otero Concepción no cumplía con los requisitos 

establecidos en el Art. 4 de la Ley Núm. 314-2004, según 

enmendada, conocida como la “Ley de Certificados de Antecedentes 

Penales”. A estos efectos, le solicitó al foro de primera instancia que 

denegara la Petición presentada por la parte peticionaria. 

Posteriormente, la parte peticionaria presentó la Moción 

Informativa al Expediente del Tribunal en Cumplimiento de Orden. 

Por medio de esta, argumentó que, el Ministerio Público debió 

exponer por qué en el caso particular del señor Otero Concepción se 

debía denegar su petición y no limitar su razonamiento a que es un 

Ofensor Sexual Tipo III. Arguyó que, no existía razón que justificara 

la denegatoria de la petición de la parte peticionaria. Finalmente 

solicitó al Tribunal de Primera Instancia que declarara Ha Lugar su 

Petición. 

La primera instancia judicial emitió la Resolución cuya 

revisión nos atiene, el 15 de octubre de 2023, mediante la cual 

declaró No Ha Lugar la Petición presentada por la parte peticionaria. 

El foro a quo razonó que, el estado de derecho actual le imponía 

aplicar retroactivamente las enmiendas incorporadas a la Ley Núm. 

266-2004, infra, mediante la Ley Núm. 243-2011, infra. 

Consecuentemente, determinó que, debido a que el señor Otero 

Concepción era considerado como un Ofensor Sexual Tipo III debía 

permanecer de por vida inscrito en el Registro de Ofensores 

Sexuales. 

Inconforme con tal determinación, el 30 de octubre de 2023, 

el señor Otero Concepción presentó la Moción Solicitando 

Reconsideración al Amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil, la 
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cual fue declarada No Ha Lugar por el Tribunal de Primera Instancia

mediante Resolución emitida el 1 de noviembre de 2023.

Aun insatisfecha, la parte peticionaria acudió ante este foro 

revisor mediante recurso de Apelación y realizó los siguientes 

señalamientos de error: 

• Primer Error:

Erró manifiestamente el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Utuado, al declarar No 

Ha Lugar la petición presentada por el peticionario 

apelante a nivel de instancia sin haber celebrado 

vista y negando al peticionario su día en corte.

• Segundo Error:

Erró manifiestamente el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Utuado, al declarar No Ha Lugar 

la petición presentada por el peticionario a nivel de 

instancia violentando las protecciones 

constitucionales federales contra las protecciones 

contra castigos ex post facto, castigos crueles e 

inusitados, y la violación a la intimidad del 

peticionario apelante de epígrafe

• Tercer Error:

Erró manifiestamente el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Utuado, al declarar No Ha Lugar 

la petición presentada por el peticionario a nivel de 

instancia haciendo caso omiso a su deber ministerial 

que [h]a sido impuesto a nuestros tribunales de 

proteger sus derechos, el debido proceso de Ley que 

les cobija y los derechos constitucionales que les 

resguardan unas garantías que deben ser 

inviolables, sin importar el delito cometido.

• Cuarto Error:

Erró manifiestamente el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Utuado, al declarar No Ha Lugar 

la petición presentada por el peticionario a nivel de 

instancia determinando que la aplicación retroactiva 

de las disposiciones de la Ley 243-2011 son 

compulsorias cuando del mismo cuerpo de la Ley 

243 de 2011 se desprende que el legislador concedió 

la discreción para la aplicación retroactivamente de 

las disposiciones de la Ley Número 243-2011.

• Quinto Error:

Erró manifiestamente el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Utuado, al declarar No Ha Lugar 

la petición presentada por el peticionario a nivel de 

instancia al no tomar en consideración en su 

determinación que precisamente el fin de la Ley 243-

2011 es el evitar la reincidencia.

• Sexto Error:

Erró manifiestamente el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Utuado, al declarar No Ha Lugar 

la petición presentada por el peticionario a nivel de 
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instancia al determinar contrario a la intención 

legislativa de que la implementación de dicha Ley no 

es uno de carácter punitivo imponiendo o un castigo 

adicional para una clase particular de ofensor.

• Séptimo Error:

Erró manifiestamente el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Utuado, al declarar No Ha Lugar 

la petición presentada por el peticionario a nivel de 

instancia al implementar una Ley de manera 

contraria a la intención que tuvo el Legislador 

cuando expresó que dicha Ley no era una de carácter 

punitivo, convirtiéndola precisamente en eso al no 

hacer uso de la discreción que le fuera concedida por 

el Legislador a nuestros jueces.

• Octavo Error:

Erró manifiestamente el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Utuado, al declarar No Ha Lugar 

la petición presentada por el peticionario a nivel de 

instancia violentando el mandato constitucional de 

la rehabilitación de la persona que ha cometido un 

delito.

Por su parte, el 2 de enero de 2024, compareció ante este foro 

revisor, la parte recurrida mediante Escrito en Cumplimiento de 

Orden.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos 

en posición de resolver el recurso ante nuestra consideración. 

II

A. El Certiorari

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una 

decisión de un tribunal inferior. Caribbean Orthopedics v. Medshape 

et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 

DPR 352, 372 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723, 728-729 (2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009). Ahora bien, tal “discreción no opera en lo abstracto. A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios que dicho foro deberá 

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su 

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”. 
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Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Pueblo 

v. Rivera Montalvo, supra, pág. 372. La precitada Regla dispone lo 

siguiente:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa de los procedimientos en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXIIB, R. 40.

No obstante, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327 

(2005). Por lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro 

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.
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B. Ley Núm. 266 de 9 de septiembre de 2004

Conforme a la política pública y el deber del Estado de 

proteger a la ciudadanía y a las víctimas de delitos sexuales, la 

Asamblea Legislativa creó un Sistema de Registro de Personas 

Convictas por Delitos Sexuales y de Abuso Contra Menores en virtud 

de la derogada Ley Núm. 28-1997. El referido estatuto fue aprobado 

con el fin de cumplir con la ley federal Jacob Watterling Crimes 

Against Children and Sexually Violent Offender Registration Program, 

42 USC secs. 14071 et seq., que requería a los estados y a Puerto 

Rico, adoptar legislación dirigida a que las personas convictas por 

ciertos delitos de naturaleza sexual y abuso contra menores de edad, 

tuvieran que inscribirse en un registro público por un término de 

por lo menos diez (10) años. Exposición de Motivos, Ley Núm. 28-

1997; Pueblo v. Ferrer Maldonado, 201 DPR 974, 981-982 (2019). El 

propósito del Registro, de acuerdo a la ley federal y estatal, no era 

punitivo, sino, un medio para garantizar la seguridad, protección y 

bienestar general. De esta manera, el registro procuraba mantener 

informadas a las autoridades gubernamentales y a la ciudadanía 

sobre el paradero de las personas convictas de delitos sexuales 

violentos o abuso contra menores, luego de que estas se reintegraran 

a la comunidad. Exposición de Motivos, Ley Núm. 28-1997; Art. 1 de 

la Ley Núm. 28-1997; Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, pág. 982.

Subsiguientemente, la Ley Núm. 28-1997, fue derogada al 

aprobarse la Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos 

Sexuales y Abuso Contra Menores, Ley Núm. 266 de 9 de septiembre 

de 2004, según enmendada. Esta Ley, mantiene el enfoque respecto 

a que su propósito no es punitivo, sino, un medio por el cual el 

Estado puede velar por la seguridad, protección y bienestar general 

de aquellos sectores más vulnerables y merecedores de protección 

de nuestra ciudadanía. Art. 1 de la Ley Núm. 266-2004. Previo a 

las enmiendas incorporadas por la Ley Núm. 243-2011, el Art. 5 de 
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la Ley Núm. 266-2004, supra, disponía que la información de la 

persona convicta por la comisión de los delitos enumerados en el 

Artículo 3(a) de dicha ley2, se mantendría en el Registro por un 

período mínimo de diez (10) años desde que cumplió la sentencia 

impuesta. Art. 3 de la Ley Núm. 266-2004, supra; Pueblo v. Ferrer 

Maldonado, supra, pág. 983.

Posteriormente, con el propósito de atemperar la Ley Núm. 

266-2004, supra, a la ley federal Adam Walsh Child Protection and 

Safety Act of 2006, también conocida como Sex Offender Registration 

and Notification Act (SORNA), 42 USC secs. 16901 et seq., la 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 243 de 14 de diciembre de 

2011. Entre las enmiendas incorporadas se encuentra la creación 

de tres (3) clasificaciones para los ofensores sexuales de acuerdo con 

el delito sexual cometido, a saber: Ofensor Sexual Tipo I, Ofensor 

Sexual Tipo II y Ofensor Sexual Tipo III. Pueblo v. Ferrer Maldonado, 

supra, pág. 984. Estas clasificaciones conllevan diferentes términos 

específicos para que el ofensor sexual permanezca en el Registro, 

según la gravedad de los delitos. El tiempo en que un ofensor sexual 

deberá permanecer en el Registro es el siguiente: Ofensor Sexual 

Tipo I, 15 años; Ofensor Sexual Tipo II, 25 años; y Ofensor Sexual 

Tipo III, de por vida. Art. 5 de la Ley Núm. 266-2004, supra; Pueblo 

v. Ferrer Maldonado, supra, pág. 984-985.

2 El Art. 3 de la Ley Núm. 243-2011, supra, disponía que serán registradas en el 

Registro: (a) las personas que resulten convictas por alguno de los siguientes 

delitos o su tentativa: violación, seducción, sodomía, actos lascivos o impúdicos; 

proxenetismo, rufianismo o comercio de personas cuando la víctima fuere menor 

de dieciocho (18) años y el delito agravado; delito contra la protección a menores, 

incesto, restricción de libertad cuando la víctima fuere menor de dieciséis (16) 

años y no fuere su hijo, secuestro cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) 

años y no fuere su hijo, robo de menores, perversión de menores cuando se 

admitiere o retuviere a un menor de dieciocho (18) años en una casa de 

prostitución o sodomía; maltrato agravado de un menor y agresión sexual 

conyugal, comprendidos en los Artículos 99, 101, 103, 105, 110(a) y (c) y 111, 

115, 122, 13l(e), 137A(a), 160 y 163(e) de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, 

según enmendada, y en los Artículos 3.2(g) y 3.5 de la Ley Núm. 54 de 15 de 

agosto de 1989, y el delito de maltrato a menores establecido en los Artículos 52 

y 53 de la Ley Número 177 de 1 de agosto de 2003, respectivamente.
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Respecto a la retroactividad de las enmiendas incorporadas, 

la propia ley dispone que, salvo los incisos (f) y (g) del Art. 4, todas 

las otras disposiciones podrán tener efecto retroactivo. Art. 15 de la 

Ley Núm. 243-2011; Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, pág. 985. 

Por otro lado, en Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, nuestra Máxima 

Curia determinó que, por disposición expresa de la Asamblea 

Legislativa, la Ley Núm. 266-2004, es una ley civil, no penal y de 

carácter no punitivo. Conforme a ello, la aludida ley no cualifica 

bajo ninguno de los cuatro (4) tipos de estatutos que se consideran 

contrarios a nuestra cláusula constitucional ex post facto.

3 Para 

sustentar dicho planteamiento, en el precitado caso, el Tribunal 

Supremo decidió aplicar el análisis propuesto por el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos en Smith v. Doe, 538 US 84 (2003) como 

sigue: 

Primeramente, en nuestra jurisdicción, el requisito de 

inscribirse en el Registro, desde la primera ley 

aprobada, no se ha considerado como una actuación de 

índole punitiva por parte del Estado. Aunque aparenta 

tener un propósito disuasivo, su finalidad siempre ha 

sido, al igual que en otras jurisdicciones 

estadounidenses y a nivel federal, informar al público y 

servir como un medio por el cual el Estado pueda velar 

por la seguridad, protección y bienestar general.

Tampoco estamos ante una “medida de seguridad”, 

según los parámetros del Art. 91 del Código Penal; así 

lo aclaramos en Pueblo v. Hernández García.

En segundo lugar, nuestro ordenamiento no impone 

una incapacidad o restricción afirmativa alguna más 

allá de la obligación de inscribirse en el Registro y los 

trámites que conlleva actualizar la información allí 

contenida. La necesidad de proveer la dirección 

residencial de la persona obligada a inscribirse en el 

Registro no tiene efectos semejantes, ni tan siquiera 

cercanos, a la pena de encarcelamiento o alguno de los 

mecanismos de sentencia diferida.17

En tercer lugar, esta ley aplica a una conducta ya 

considerada como un delito de abuso sexual; es decir, 

no penaliza una nueva conducta criminal. Al contrario, 

solo reconoce aquellas conductas ya estatuidas que la 

sociedad puertorriqueña, a través de la Asamblea 

Legislativa, considera reprochables y merecedoras de 

una difusión pública para quien así desee conocerla.

3 Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, pág. 995.
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Por último, el Registro tiene el importante propósito de 

divulgar cierta información al público y, a su vez, 

promover la seguridad de la ciudadanía. Una persona 

podría utilizar la información contenida en el Registro a 

la hora de considerar, por ejemplo, los asuntos de su 

vida siguientes: dónde debe comprar o alquilar una 

residencia, o a cuáles parques recreacionales o escuelas 

debe llevar a sus hijos e hijas, entre varias otras. Esto, 

claro está, con la salvaguarda de que la ley protege a los 

ofensores sexuales obligados a registrarse contra 

cualquier ciudadano que intente herir, acosar o cometer 

algún delito contra ellos. Véase 4 LPRA sec. 536f. Una 

de las justificaciones de política pública para propagar 

la información contenida en el Registro, según nuestra 

Asamblea Legislativa, es que existe una probabilidad de 

reincidencia para personas convictas por delitos 

sexuales.18

La Ley Núm. 266-2004, según enmendada, no resulta 

excesiva puesto que la obligación de registrarse es 

proporcional al interés legítimo gubernamental de 

seguridad ciudadana. El interés del Estado, en 

garantizar la protección de los sectores más vulnerables 

ante la reinserción en la sociedad de las personas 

convictas por delitos de abuso sexual, tiene que 

prevalecer frente a cualquier incomodidad o estigma 

social que un ofensor sexual pueda sufrir. Esto, en 

atención a que el legislador tiene un interés particular 

en proteger a las víctimas de abuso sexual, en 

particular, los menores de edad. En la Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 243-2011, la Asamblea 

Legislativa hizo hincapié en que estas enmiendas 

buscaban, “brindar mayor protección y seguridad a los 

menores de edad en cuanto a la explotación sexual y 

crímenes violentos se refiere; promover la seguridad de 

los jóvenes; atacar y prevenir el abuso infantil y la 

pornografía infantil, entre otros asuntos [...]”. 

Exposición de Motivos, Ley Núm. 243-2011 (2011 [Parte 

3] Leyes de Puerto Rico 2788).4

Finalmente, el más Alto Foro resolvió que, la aplicación 

retroactiva de las enmiendas incorporadas en virtud de la Ley Núm. 

243-2011 a la Ley Núm. 266-2004, no violan la prohibición 

constitucional en contra de la aplicación de leyes ex post facto. 

(Énfasis suplido). Añadió, además, que, “[e]sta ley, y sus más 

recientes enmiendas, es de carácter civil, no penal ni punitiva, y 

cumple cabalmente con la metodología adjudicativa adoptada en 

Smith v. Doe”. Íd. pág. 999. El Tribunal Supremo, de igual manera 

concluyó que, “[t]odas las disposiciones contenidas en las 

4 Íd. pág. 997-998.
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enmiendas introducidas por la Ley Núm. 243-2011 aplican de 

forma retroactiva, independientemente de si la persona que 

impugna su anotación en el Registro arguye que, en su situación 

particular corresponde emplear el principio de favorabilidad, 

conforme a lo resuelto en Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656 

(2012)”. (Énfasis suplido). Íd. 

C. Leyes ex post facto

Según es sabido, el Art. II, sec. 12 de nuestra Constitución 

contiene una prohibición expresa sobre la aprobación de leyes ex 

post facto. Const. PR, LPRA, Tomo 1; González v. ELA, 167 DPR 400, 

408 (2006). El Máximo Foro ha sido enfático en la existencia de 

cuatro (4) tipos de estatutos que consideran ex post facto, estos son 

las leyes que: “(1) criminalizan y castigan un acto que al ser realizado 

no era delito; (2) agravan un delito o lo hacen mayor de lo que era al 

momento de ser cometido; (3) alteran el castigo imponiendo una 

pena mayor que la fijada para el delito al momento de ser cometido, 

y (4) alteran las reglas de evidencia exigiendo menos prueba que la 

requerida por ley al momento de la comisión del delito para castigar 

al acusado o reduciendo el quantum de evidencia necesario para 

encontrarlo culpable.” Íd.; Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, pág. 

990. Véase, además Pueblo en interés menor FRF, 133 DPR 172 

(1993). Esta cláusula constitucional, garantiza que los estatutos 

provean al ciudadano una notificación adecuada de aquella 

conducta prohibida y sobre las consecuencias penales que conlleva 

realizar tal conducta. González v. ELA, supra, pág. 408. 

De igual manera, tiene como propósito [p]rohibir la aplicación 

retroactiva de una ley que agrave para el acusado su relación con el 

delito, la oportunidad de defenderse y la forma de cumplir con una 

sentencia o su extensión”. Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, pág.

991, citando a E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto 

Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1992, págs. 545–549. 
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Véase, además, L.E. Chiesa Aponte, Derecho penal sustantivo, 2da 

ed., San Juan, Pubs. JTS, 2013, págs. 16–17. Por ende, la 

protección constitucional contra leyes ex post facto únicamente se 

activa cuando se pretende aplicar una ley penal de manera 

retroactiva. Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, pág. 991; González 

v. ELA, supra, págs. 409-410. Es por lo que, como regla general, la 

Asamblea Legislativa no se encuentra impedida de aplicar 

retroactivamente leyes de carácter civil. Pueblo v. Ferrer Maldonado, 

supra, pág. 991; González v. ELA, supra, págs. 410.

Luego de esbozar las normas jurídicas que enmarcan la

controversia de autos, dispongamos de ésta según corresponde.

III

En su primer señalamiento de error, la parte peticionaria 

sostiene que, el foro a quo incidió al declarar No Ha Lugar la petición 

presentada sin haber celebrado vista y al haberle negado su día en 

corte. Adelantamos que, no le asiste la razón. Veamos. 

Luego de examinar el expediente ante nuestra consideración, 

colegimos que, el debido proceso de ley de la parte peticionaria no 

fue vulnerado, pues esta tuvo oportunidad razonable y suficiente de 

exponer sus planteamientos mediante las mociones presentadas a 

lo largo del caso. Por otro lado, la parte peticionaria no logró 

demostrar que, se le violentó el debido proceso de ley, pues conforme 

surge del expediente, fue notificada adecuadamente del proceso ante 

un juzgador imparcial, tuvo la oportunidad de exponer sus 

planteamientos mediante comparecencia escrita, tuvo asistencia de 

su representante legal y la decisión del foro primario se basó en el 

récord del caso5.

5 Véase: Pueblo v. Pagán Rojas et al., 187 DPR 465 (2012); Domínguez Castro v. 

ELA, 178 DPR 1 (2010); López Santos v. Asociación de Taxis de Cayey, 142 DPR 

109, 113-114 (1996); Feliciano Figueroa v. Toste Piñero, 134 DPR 909, 914-915 

(1993).
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Por encontrarse intrínsecamente relacionados, procedemos a 

discutir los señalamientos de error dos (2) al ocho (8) de forma 

conjunta.

En su segundo señalamiento de error, la parte peticionaria 

arguye que, el Tribunal de Primera Instancia incidió al declarar No 

Ha Lugar la petición presentada por el señor Otero Concepción y así, 

violentar las protecciones constitucionales federales contra castigos 

crueles e inusitados, y la violación a su intimidad. 

Como tercer señalamiento de error, el señor Otero Concepción 

sostiene que, el foro de primera instancia erró al declarar No Ha 

Lugar su petición, y al hacer caso omiso a su deber ministerial sobre 

la protección de sus derechos, el debido proceso de ley que le cobija 

y los derechos constitucionales. 

Mientras que, en el cuarto señalamiento de error, la parte 

peticionaria aduce que, la primera instancia judicial desacertó al 

determinar que la aplicación retroactiva de las disposiciones de la 

Ley Núm. 243-2011 es compulsoria, cuando, a su juicio, de esta se 

desprende que es discrecional. 

En el quinto señalamiento de error, la parte peticionaria aduce 

que, el foro a quo se equivocó al denegar la Petición, sin tomar en 

consideración que el fin de la Ley Núm. 243-2011, supra, es el evitar 

la reincidencia.

Por otro lado, como sexto y séptimo señalamientos de error, el 

señor Otero Concepción sostiene que, el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al declarar No Ha Lugar la Petición, y al determinar 

contrario a la intención legislativa de que la implementación de la 

Ley Núm. 243-2011, supra, no es una de carácter punitivo, de 

manera en que no ejerció la discreción concedida bajo el aludido 

estatuto sobre su aplicación retroactiva. 

Finalmente, en su octavo y último señalamiento de error, la 

parte peticionaria sostiene que, el Tribunal de Primera Instancia 
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violentó el mandato constitucional de rehabilitación de las personas 

que han cometido un delito al declarar No Ha Lugar la Petición. 

Adelantamos que, los errores antes señalados son 

inmeritorios. Veamos. 

Según reseñáramos, el señor Otero Concepción fue 

sentenciado a cumplir dieciocho (18) años en una institución 

carcelaria, por haber cometido los delitos de tentativa de incesto, y 

violación en contra de una persona menor de edad. Posteriormente, 

comenzó a gozar del beneficio de libertad bajo palabra e 

inmediatamente fue inscrito en el Registro de Ofensores Sexuales 

conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 266-2004, supra. Cabe 

destacar que, el señor Otero Concepción fue registrado como 

Ofensor Sexual Tipo III. 

Más adelante, la parte peticionaria completó la totalidad de su 

condena y presentó la Petición, donde solicitó al foro de primera 

instancia que eliminara su nombre del Registro de Ofensores 

Sexuales y que se eliminara de su récord de antecedentes penales 

los delitos por los cuales había sido sentenciado. El Ministerio 

Público se opuso a tal petición ya que entendía que el señor Otero 

Concepción no cumplía con lo dispuesto por la Ley Núm. 266-2004, 

supra. Ello, debido a que el aludido estatuto establecía que, si la 

persona convicta era un Ofensor Sexual Tipo III debía permanecer 

de por vida inscrita en el Registro de Ofensores Sexuales. 

Luego de varias incidencias procesales innecesarias 

pormenorizar, la primera instancia judicial emitió la Resolución cuya 

revisión nos ocupa. En virtud de esta declaró No Ha Lugar la 

Petición presentada por la parte peticionaria debido a que, el estado 

de derecho actual le imponía aplicar retroactivamente las 

enmiendas incorporadas a la Ley Núm. 266-2004, supra, mediante 

la Ley Núm. 243-2011, supra. 
KLAN202301082 16

Conforme al derecho expuesto, en el caso de Pueblo v. Ferrer 

Maldonado, supra, el Tribunal Supremo tuvo que determinar si 

procedía la aplicación retroactiva de las enmiendas incorporadas a 

la Ley Núm. 266-2004 supra, mediante la Ley Núm. 243-2011, 

supra. 

En el precitado caso, el Máximo Foro resolvió que, por 

disposición expresa de la Asamblea Legislativa, la Ley Núm. 266-

2004, supra, es una ley civil, no penal y de carácter no punitivo. 

Consecuentemente, la aludida ley no cualifica bajo ninguno de los 

cuatro (4) tipos de estatutos que se consideran contrarios a nuestra 

cláusula constitucional ex post facto.

6 El más Alto Foro aplicó el 

análisis esbozado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 

Smith v. Doe, supra. Razonó lo siguiente: en primer lugar, en 

nuestra jurisdicción el requisito de inscripción en el Registro de 

Ofensores Sexuales no ha sido considerada como una actuación de 

índole punitiva, puesto que su intención tanto a nivel estatal como 

federal es “informar al público y servir como un medio por el cual el 

Estado pueda velar por la seguridad, protección y bienestar 

general”.7 De igual manera, tampoco es una “medida de seguridad” 

conforme a los parámetros del Art. 91 del Código Penal. En segundo 

lugar, dispuso que, “nuestro ordenamiento no impone una 

incapacidad o restricción afirmativa alguna más allá de la obligación 

de inscribirse en el Registro y los trámites que conlleva actualizar la 

información allí contenida”. Asimismo, que la exigencia de proveer 

la dirección residencial del ofensor, no ostenta efectos semejantes ni 

cercanos a la pena de encarcelamiento o alguno de los mecanismos 

de sentencia diferida.8 En tercer lugar, según expresó el Tribunal 

Supremo, la Ley Núm. 266-2004, supra, aplica a una conducta ya 

6 Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, pág. 995.

7 Íd. págs. 996-997.

8 Íd.
KLAN202301082 17

considerada como un delito de abuso sexual; esto es, no penaliza 

una nueva conducta criminal. En cambio, reconoce únicamente 

aquellas conductas ya estatuidas.9 Por último, indicó que, el 

Registro de Ofensores Sexuales tiene el importante propósito de 

“divulgar cierta información al público y, a su vez, promover la 

seguridad de la ciudadanía”.10

Concluido el análisis, nuestra más Alta Curia estableció que, 

la Ley Núm. 266-2004, supra, no resulta excesiva en la manera en 

que, la obligación de registrarse es “proporcional al interés legítimo 

gubernamental de seguridad ciudadana”.11 Es por lo que, el 

Tribunal Supremo resolvió que, la aplicación retroactiva de las 

enmiendas incorporadas en virtud de la Ley Núm. 243-2011 a la Ley 

Núm. 266-2004, supra, no violan la prohibición constitucional 

en contra de la aplicación de leyes ex post facto. (Énfasis 

suplido). El más Alto Foro, de igual manera concluyó que, “[t]odas 

las disposiciones contenidas en las enmiendas introducidas por 

la Ley Núm. 243-2011 aplican de forma retroactiva, 

independientemente de si la persona que impugna su anotación en 

el Registro arguye que, en su situación particular corresponde 

emplear el principio de favorabilidad, conforme a lo resuelto en 

Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656 (2012)”.12 (Énfasis 

suplido).

Queda meridianamente claro que, los planteamientos 

esbozados por la parte peticionaria son inmeritorios, dado que, 

nuestro Tribunal Supremo resolvió que todas las disposiciones 

contenidas en las enmiendas introducidas por la Ley Núm. 243-

2011, supra, aplican de forma retroactiva, así como que, ello no 

violenta la prohibición constitucional contra leyes ex post facto. En 

9 Íd. 

10 Íd.

11 Íd. 

12 Íd.
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el caso de epígrafe, el foro a quo no incidió al denegar la Petición 

presentada por la parte peticionaria. Puesto que, el señor Otero 

Concepción fue clasificado como un Ofensor Sexual Tipo III, y 

conforme a las disposiciones de Ley Núm. 266-2004, según 

enmendada por la Ley Núm. 243-2011, supra, deberá permanecer 

inscrito de por vida en el Registro de Ofensores Sexuales13. Cabe 

destacar que, al momento de incorporarse las enmiendas bajo la Ley 

Núm. 243-2011, supra, la parte peticionaria se encontraba en 

libertad bajo palabra, por tanto, indudablemente, le aplican tales 

enmiendas. 

VI

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el recurso de 

certiorari y se confirma la Resolución recurrida. 

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

13 Art. 5 de la Ley Núm. 266-2004, supra; Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, pág. 

984-985.