EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

El Pueblo de Puerto Rico 

Peticionario

v.

José Lugo López

Recurrido

Certiorari

2024 TSPR 83

214 DPR ___

Número del Caso: CC-2023-0109

Fecha: 31 de julio de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel VIII

Oficina del Procurador General:

Hon. Fernando Figueroa Santiago

Procurador General

Lcda. Mabel Sotomayor Hernández

Subprocuradora General

Lcdo. Omar Andino Figueroa

Subprocurador General

Lcdo. Emmanuel Torres Rosario

Procurador General Auxiliar

Representante legal de la parte recurrida:

Lcda. Ana María Strubbe Ramírez

Materia: Procedimiento Criminal y Derecho Probatorio – Los 

foros primarios, confrontados con una solicitud para que el 

testimonio de una persona sea prescindido y sustituido por 

motivo de enfermedad o impedimento físico o mental, deberá 

ponderar la prueba contemporánea a la condición del otrora 

testigo para determinar si existe una probabilidad de que esa 

persona pueda comparecer a testificar en un futuro previsible. 

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del 

proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones 

del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como 

un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Juez Asociado señor Rivera García emitió la Opinión

del Tribunal

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2024.

El recurso ante nos exige la mayor sensibilidad

para su resolución pues requiere necesariamente sopesar 

dos intereses cardinales en la tramitación de los 

encausamientos criminales. A saber, el derecho de un 

ciudadano a confrontar a quienes le acusen de la 

comisión de un delito y, por otro lado, el importante 

interés de reivindicar la dignidad de las víctimas de

los repugnantes delitos contra la indemnidad sexual. 

En este contexto, nos encontramos ante un proceso 

judicial donde la víctima es una menor de edad, quien ha

encontrado severas dificultades a la hora de poder 

declarar contra el acusado, su propio padre. Así las 

cosas, debemos balancear el petitorio del Ministerio

Público, para que se le exima de tener que presentar a

la menor L.M.L.A. como testigo de cargo en el juicio en 

su fondo, con el derecho del acusado a poder 

confrontarla, aunque fuere bajo el sistema de circuito 

cerrado.

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

José Lugo López

Recurrido

CC-2023-0109 Certiorari
CC-2023-0109 2

Tras ponderar el derecho aplicable, y en el deseo 

de proveer un remedio práctico y justiciero, revocamos 

el curso de acción adoptado por los foros inferiores y 

devolvemos el pleito al Tribunal de Primera Instancia 

para la celebración de una nueva vista de necesidad. 

Allí, el Ministerio Público vendría llamado a presentar 

prueba pertinente sobre la condición al presente de 

L.M.L.A., con el fin de sustentar su solicitud.

Conscientes de que en nuestra jurisdicción la 

interpretación de estas normas no había tenido el 

beneficio de un examen jurisprudencial, procedemos a 

exponer las pautas probatorias y adjudicativas que deben 

seguir los tribunales primarios al momento de ponderar 

una solicitud de declaración de no disponibilidad por 

motivos de enfermedad o impedimento físico o mental, de 

conformidad con la Regla 806(A)(4) de Evidencia, infra.

Consecuentemente, resolvemos que los foros

primarios, confrontados con una solicitud para que el 

testimonio de cierta persona sea prescindido y 

sustituido por motivo de enfermedad o impedimento físico

o mental, deberá ponderar la prueba contemporánea a la 

condición del otrora testigo y en virtud de ella 

determinar si existe una probabilidad de que esa persona 

pueda comparecer a testificar en un futuro previsible.

Descargado este ejercicio, el juzgador de 

instancia, armado con el beneficio que indudablemente le 

concede la apreciación de la prueba desfilada, y en el 

sano de uso discreción, deberá tomar las medidas 
CC-2023-0109 3

necesarias para atender la situación, de haber sido 

probada, lo cual pudiese conducir a una determinación de 

no disponibilidad o el ejercicio de otras medidas 

cautelares, como la posposición del proceso judicial. 

Veamos a continuación los fundamentos que motivan 

nuestra determinación.

I

Este recurso tiene su origen en dos Denuncias

presentadas el 25 de enero de 2017 contra el Sr. José 

Lugo López (señor Lugo López o recurrido). La primera,

por infracción al Art. 131 del Código Penal sobre 

Incesto, y la segunda, por infracción al Art. 133 (A)

del Código Penal sobre Actos Lascivos, en su modalidad 

donde la víctima es menor de dieciséis años. 

En apretada síntesis, los hechos que motivaron este 

encausamiento involucran un alegado patrón de actos 

sexuales por parte del señor Lugo López hacia su hija 

menor de edad, L.M.L.A. Según surge de las Denuncias que 

obran en los autos, dichos actos fueron repetidos en 

varias ocasiones. 

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia 

celebró la Vista Preliminar contra el recurrido los días

1 de febrero de 2018 y 14 de marzo de 2018. Consta de 

los autos que en dichas vistas la menor L.M.L.A. prestó 

su testimonio mediante el mecanismo del circuito 
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cerrado.1 Además, debemos destacar que de la regrabación

de dichas vistas surgen múltiples ocasiones en las 

cuales L.M.L.A. sufrió ataques de llanto y a 

consecuencia de ellos se detuvo momentáneamente su 

testimonio.2

Celebradas las vistas correspondientes, el foro

primario determinó causa para juicio por ambos delitos 

imputados y se presentaron las correspondientes 

Acusaciones. Transcurridos varios años, el 29 de marzo 

de 2022, dio comienzo el juicio en su fondo.

No obstante, iniciado el interrogatorio de 

L.M.L.A., esta irrumpió en llanto y se vio 

imposibilitada de declarar. Posteriormente, fue

acompañada al baño por la Técnica de Asistencia a 

Víctimas y Testigos y allí se desmayó, quedando 

inconsciente. Por esto, fue trasladada al Hospital San 

Antonio en Mayagüez y posteriormente al Hospital Metro 

Pavía de Cabo Rojo, en donde se le realizó una

evaluación psiquiátrica.

Ocurrido esto, el 31 de marzo de 2022, la Fiscalía

presentó una Moción Informativa y en Solicitud de 

Sustitución de Testimonio que fue el detonante para la 

1 La utilización del circuito cerrado fue impugnada sin éxito

por la defensa del recurrido ante el Tribunal de Apelaciones. La 

determinación del foro intermedio constituye una final, firme y 

fuera del alcance de este recurso. Véase, Pueblo v. Lugo López,

KLCE-2017-00798, KLCE-2017-00831. 

2 Dadas las múltiples ocasiones en las que esto ocurrió,

remitimos al lector al expediente, donde obran las regrabaciones 

correspondientes. Véase, Regrabación Vista de: 1 de febrero de 

2018, Apéndice del Certiorari, pág. 48; Regrabación Vista de: 14 de 

marzo de 2018, Apéndice del Certiorari, pág. 49.
CC-2023-0109 5

controversia particular que hoy consideramos. Tras 

consultar con el facultativo que atendió a la menor en 

el Hospital San Antonio, este le recomendó al Ministerio 

Público “que no debe continuar declarando, para 

salvaguardar su integridad emocional y física”.3 En ese 

momento, la solicitud estuvo acompañada de una carta 

suscrita por la Sra. Marieli Dávila Pérez, Trabajadora 

Social del Hospital San Antonio y otra por el Dr. Jaime 

Viqueira Mariani, pediatra que atendió a L.M.L.A.

Por estos motivos, la Fiscalía solicitó que se 

sustituyera su testimonio en el juicio con aquel vertido 

el 1 de febrero de 2018 en la vista preliminar. Amparó

su solicitud expresamente en la Regla 806 de Evidencia, 

infra, en virtud de la cual adujo que el testimonio

previo fue sujeto a contrainterrogatorio de la defensa y 

expresó que este se encontraba grabado y disponible.4

Transcurridos casi tres meses desde el evento 

traumático, el 21 de junio de 2022, el Tribunal de 

Primera Instancia atendió la solicitud del Ministerio

Público y celebró una vista de necesidad conforme a la 

Regla 109(A) de Evidencia, infra. Allí, el Ministerio 

Público presentó el testimonio de la Dra. Stephanie 

Aguilar Zapata, psiquiatra del Hospital Metropolitano en 

Cabo Rojo quien evaluó a L.M.L.A. para admisión el 1 de

3 Moción Informativa y en Solicitud de Sustitución de 

Testimonio, Apéndice del Certiorari, pág. 57.

4 Íd., pág. 58.
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abril de 2022.5 Además, se presentó el testimonio del 

Dr. Luis Pérez Tijerina, médico generalista quien 

declaró que atendió a la menor el 31 de marzo de 2022 y 

desconocía cuándo fue dada de alta.6 Por último, declaró 

el Dr. Alexander Joseph Arce González, psicólogo clínico

que evaluó a la menor el 1 de abril de 2022 y expresó su 

opinión sobre el estado de la menor a esa fecha.7

Al concluir la vista, el foro primario les concedió

a las partes un término para que fijaran por escrito su 

posición sobre la petición del Ministerio Público. En 

apretada síntesis, el Ministerio Público solicitó la 

determinación de no disponibilidad, pero argumentó que

este es un caso distinguible de aquellos en los cuales 

un testigo resulta no disponible por el hecho de no 

haber comparecido al tribunal en etapa de juicio. Según

adujo, el Ministerio Público

realizؚ ó todas las gestiones afirmativas y de buena 

fe para coordinar su viaje y comparecencia al 

Tribunal. La menor [L.M.L.A.] víctima de delito 

sexual, vive en los Estados Unidos y [E]stado 

mediante el Programa de Asistencia a Víctimas y 

[T]estigos del Departamento de Justicia y en 

cumplimiento con la [C]arta de [D]erechos de las 

[V]íctimas y [T]estigos ha cumplido con su deber de 

ofrecer la asistencia que ella ha necesitado 

mientras está en nuestra jurisdicción.

8 (Negrillas 

suplidas).

Por su parte la defensa adujo en su Moción en 

Cumplimiento de Orden que 

5 Resolución del 5 de agosto de 2022, Apéndice del 

Certiorari, pág. 98.

6 Íd., pág. 100.

7 Íd.

8 Moción en Cumplimiento de Orden del Ministerio Público, 

Apéndice del Certiorari, pág. 78.
CC-2023-0109 7

el Ministerio Público no estableció que al presente 

la testigo L.[M.]L.A. presenta un impedimento 

mental permanente que la convierta en una testigo 

incapaz de declarar en el proceso judicial. Además

de no haber establecido la imposibilidad mental en 

estos momentos, el Ministerio Público tampoco ha 

demostrado que ha desplegado todos los esfuerzos 

razonable[s] para poder lograr que la testigo

L.[M.]L.A. sea una testigo disponible conforme 

definen las Reglas de Evidencia.9 (Negrillas 

suplidas).

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Resolución en la cual proveyó no ha lugar a 

la solicitud del Ministerio Público. Destacó, que 

conforme al derecho imperante debía resolver “si el 

Estado logró probar con evidencia sustancial que agotó 

los esfuerzos razonables de buena fe para demostrar que

la testigo al momento actual se encuentra no disponible 

para prestar testimonio bajo circuito cerrado, o si lo 

estará en un futuro razonable”.10 (Negrillas en el 

original).

En ese sentido, concluyó que cuando L.M.L.A. 

declaró exitosamente en la Vista Preliminar había tenido 

preparación previa, la cual no surge que haya sido 

provista previo al juicio.11 Tampoco se probó su 

diagnóstico actual ni que esta hubiese recibido

tratamiento psiquiátrico y psicológico adicional.12

Tras no lograr que el Tribunal de Primera Instancia 

reconsiderara su determinación, el Estado, por conducto 

de la Oficina del Procurador General, recurrió en 

9 Moción en Cumplimiento de Orden de la Defensa, Apéndice del 

Certiorari, págs. 81-82.

10 Resolución del 5 de agosto de 2022, Apéndice del 

Certiorari, pág. 111.

11 Íd., pág. 112.

12 Íd., pág. 113.
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Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Atendidas 

las posturas de las partes, el foro intermedio expidió

el auto y confirmó la decisión recurrida.

A su entender, “el Estado no aportó evidencia 

actualizada alguna que permitiera resolver que, al 

momento, o en un futuro razonable o prudente, la 

indisponibilidad aducida habría de impedir la 

participación efectiva de la menor [L.M.L.A.] como 

testigo de cargo”.13 Pesó sobre el tribunal a quo la 

ausencia de preparación terapéutica a L.M.L.A. previo a 

su testimonio en el juicio en su fondo, razón por la 

cual ordenó al Ministerio Público a ofrecerle 

tratamiento psicológico previo a reanudar el juicio en 

su fondo.14

Insatisfecho, el Estado solicitó reconsideración

sin éxito. Así las cosas, compareció ante nos mediante 

petición de Certiorari y señaló los siguientes errores:

PRIMER ERROR: Los foros recurridos erraron al 

exigir el cumplimiento de requisitos que la 

Regla 806(A)(4) y (B)(1) de Evidencia no 

establecen para que una persona sea declarada 

como no disponible por razón de enfermedad o 

impedimento mental.

SEGUNDO ERROR: Los tribunales inferiores 

incidieron al no declarar a la menor LMLA como 

testigo no disponible y admitir su testimonio 

anterior, de conformidad con las Reglas 

806(A)(4) y (B)(1) de las Reglas de Evidencia, 

aun cuando El Pueblo estableció

satisfactoriamente que, a raíz del episodio 

traumático que sufrió el 29 de marzo de 2022, 

13 Resolución del 12 de diciembre de 2022, Apéndice del 

Certiorari, pág. 189. Dado que la determinación del Tribunal de 

Apelaciones confirmó en sus méritos un dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia, esta, en realidad, es una Sentencia y no una 

Resolución.

14 Íd., pág. 192.
CC-2023-0109 9

esta estaba imposibilitada de declarar en el 

juicio por razón de enfermedad o impedimento 

mental, según constatado por los facultativos 

médicos que le brindaron tratamiento.

Atendido el recurso, el 30 de junio de 2023 

expedimos el auto en reconsideración. Contando con la 

comparecencia de las partes, procedemos a resolver. 

II

A. Derecho constitucional a la confrontación

Una de las garantías fundamentales que asegura 

nuestro ordenamiento constitucional es el derecho de un 

acusado de confrontar o carearse con quienes le señalen 

como partícipe en la comisión de un acto delictivo. De

este modo, nuestra Carta Magna dispone que en todos los 

procesos criminales el acusado disfrutará del derecho “a 

carearse con los testigos de cargo”.15 Igual disposición

surge de la Constitución federal.16

Las controversias que han surgido en los ámbitos

federales y estatales se circunscriben esencialmente a

los tres matices que surgen de esta garantía

constitucional. A saber, (1) el derecho del acusado de 

confrontar cara a cara los testigos adversos, (2) el 

derecho a contrainterrogarlos y, por último, (3) el 

derecho a que se excluya la prueba de referencia que el 

Ministerio Público intente presentar en su contra.17

15 Const. P.R., Art. II, Sec. 11. 

16 Const. E.U., Enmd. VI.

17 Pueblo v. Pérez Santos, 195 DPR 262, 270 (2016). Véase 

también, E. Chiesa Aponte, Procedimiento criminal y la 

Constitución: Etapa adjudicativa, 1a ed., San Juan, Ed. SITUM, 

2018, págs. 62-63.
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Ahora bien, es norma reiterada que el derecho a la 

confrontación no es una garantía absoluta e insuperable. 

Así, hemos resuelto que “en algunas instancias, el 

derecho del acusado a carearse y contrainterrogar a los 

testigos de cargo habrá de ceder ante la admisibilidad 

de cierta prueba de referencia, sin que ello implique 

una violación constitucional”.18 Esto requerirá, como 

hemos de explicar en el próximo acápite, una 

reconciliación del derecho a la confrontación con las

disposiciones particulares que rigen los procedimientos 

judiciales de conformidad con las Reglas de Evidencia. 

Ubicados de esta manera, debemos reconocer que la 

mayor parte de las controversias que han surgido bajo el 

derecho a la confrontación provienen, por un lado, de la

posibilidad que el testimonio contra el acusado sea 

provisto por alguien que no se encuentra físicamente en 

la misma sala del tribunal. Por otro lado, existe una

retahíla de casos que abordan el aspecto de la 

admisibilidad constitucional del testimonio de una 

persona que ni siquiera se encuentra presente en un 

tribunal y sujeto a contrainterrogatorio. Veamos.

En primer lugar, la validación de un testimonio que 

se provea en un lugar distinto a la sala donde se 

encuentra el acusado tiene amplio apoyo en la casuística

federal y estatal. Nos referimos concretamente al uso de

los mecanismos del circuito cerrado y la 

videoconferencia para recibir el testimonio de una 

18 Pueblo v. Pérez Santos, supra, pág. 270.
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persona que por motivo de diversas circunstancias no

puede declarar cabalmente estando en el mismo recinto 

que el acusado.19

Sabido es, que el uso del circuito cerrado ha sido 

reconocido en situaciones donde el testigo es un menor o 

una víctima de agresión sexual, aunque sujeto al crisol 

de que se haya probado la necesidad de valerse de este

método alterno.20 Aquí, la utilización del circuito 

cerrado constituye una determinación final y firme que 

no está en controversia. 

Por otra parte, la doctrina recoge el escrutinio

que ha de ser empleado cuando la controversia comprende 

una interrogante sobre la admisión de prueba de

referencia contra un acusado. Necesariamente, esto nos 

dirige al caso normativo, Crawford v. Washington, 541 US 

36 (2004). 

Sin abundar más allá de lo necesario, sabemos que 

la metodología allí adoptada por el Máximo Foro federal 

y reiterada en nuestra jurisdicción en Pueblo v. 

Guerrido López, 179 DPR 950 (2010), reconoce que la 

admisión de declaraciones constitutivas de prueba de 

referencia queda reñida con el ordenamiento 

constitucional cuando lo enunciado constituye una 

expresión testimonial.

19 Véanse, Maryland v. Craig, 497 US 836 (1990); Pueblo v. 

Cruz Rosario, 204 DPR 1040 (2020).

20 En nuestra jurisdicción el mecanismo del circuito cerrado 

fue reconocido estatutariamente en la Regla 131.1 de Procedimiento 

Criminal, 34A LPRA Ap. I.
CC-2023-0109 12

En lo pertinente, la normativa de Crawford y su 

progenie exige determinar, primeramente, si estamos ante 

una declaración testimonial. La naturaleza testimonial 

de una declaración proviene de si su propósito primario 

“era crear un sustituto extrajudicial para el testimonio 

que se ofrecería en corte”.21

Cónsono con ello, si la declaración fuera 

testimonial, procede examinar (1) si el testigo no está 

disponible y (2) si hubo ocasión previa para someterlo a 

un contrainterrogatorio.22 Satisfechos estos pasos, 

procedería la admisión de prueba de referencia contra un 

acusado sin que esto implique una violación

constitucional y sujeto, únicamente, al cumplimiento con 

los requisitos que emanan del ordenamiento probatorio 

estatal.23 Veamos a continuación.

B. Prueba de referencia y la Regla 806 de 

Evidencia

Es harto conocido que la prueba de referencia 

constituye una “declaración que no sea la que la persona 

declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en 

evidencia para probar la verdad de lo aseverado”.24

Precisamente por los peligros que entraña la admisión de 

una evidencia proveniente de un declarante a quien la 

parte contra quien se ofrece la declaración no ha 

21 Pueblo v. Pérez Santos, supra, pág. 271. Véase también,

Michigan v. Bryant, 562 US 344 (2011).

22 Crawford v. Washington, supra, pág. 68; Pueblo v. Guerrido 

López, supra, pág. 967.

23 Pueblo v. Pérez Santos, supra, pág. 271.

24 Regla 801 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI.
CC-2023-0109 13

confrontado ni contrainterrogado,25 la Regla 804 de 

Evidencia reconoce una prohibición general a la prueba 

de referencia,26 salvo unas exclusiones o excepciones 

particularmente definidas.27

Ahora bien, la problemática relación de la prueba 

de referencia con el derecho constitucional a la 

confrontación en los casos criminales proviene 

directamente de la naturaleza de un testimonio que 

contiene dentro de sí una declaración emitida por 

alguien que no está presente para ser confrontado y 

contrainterrogado por el acusado o su defensa. Según 

examinamos previamente, el crisol constitucional exige 

que cualquier intento de admitir prueba de referencia 

contra un acusado, de naturaleza testimonial, precisa

dos determinaciones, (1) la no disponibilidad del 

testigo y (2) una oportunidad previa de haberle 

contrainterrogado.

Cónsono con estos exigentes requisitos, nuestras 

Reglas de Evidencia instrumentan y delimitan las 

instancias en las cuales puede admitirse una declaración 

constitutiva de prueba de referencia por motivo de la 

ausencia o no disponibilidad del testigo.28 De este 

modo, la Regla 806 (A), supra, de Evidencia reconoce 

25 E. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia comentadas, 1a ed.,

San Juan, Ed. SITUM, 2016, pág. 282.

26 Regla 804 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. (“Salvo que de otra 

manera se disponga por ley, no será admisible prueba de referencia, 

sino de conformidad con lo dispuesto en este capítulo.”)

27 Véanse, las Reglas 802-03, 805-06 de Evidencia, 4 LPRA Ap. 

VI.

28 Regla 806 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. 
CC-2023-0109 14

cuatro excepciones a la regla general que excluye a la 

prueba de referencia. Distinto a las excepciones que 

surgen de la Regla 805 de Evidencia, permitidas 

indistintamente de si el declarante está disponible para 

testificar o no, las excepciones de la Regla 806 (A) de 

Evidencia requieren, como condición para su 

aplicabilidad, que el otrora testigo no se encuentre 

disponible para testificar.29

i. La Regla 806(A)(4) de Evidencia y su 

interpretación

En lo aquí pertinente, la Regla 806 (A) (4)

reconoce un fundamento de no disponibilidad cuando la 

persona testigo “al momento del juicio o vista, ha 

fallecido o está imposibilitada de comparecer a 

testificar por razón de enfermedad o impedimento mental

o físico”.30 (Negrillas y subrayado suplidos). 

Ahora bien, tenemos que reconocer que esta 

iteración de la no disponibilidad no ha sido objeto de 

un examen detenido por parte de este Tribunal. Con el 

fin de elaborar el caudal jurídico que motiva nuestra 

determinación, exponemos a continuación ciertos 

comentarios doctrinales que se han afirmado sobre la no 

disponibilidad por motivos de enfermedad o impedimento,

bien sea físico o mental y, a su vez, recordar la 

normativa que ha regido en los casos clásicos de 

indisponibilidad por motivo de ausencia. Veamos.

29 Íd.

30 Íd. 
CC-2023-0109 15

Según nos indica el profesor Ernesto Chiesa Aponte, 

esta instancia se manifiesta cuando la salud del testigo 

“está tan deteriorada que no podrá comparecer en un 

futuro previsible”.31 Además, el tratadista nos advierte 

que si se trata de un testimonio importante “el tribunal 

no debe tomar livianamente la determinación de que el 

declarante no está disponible para testificar. Podría

posponer la vista o dejar para el final su testimonio. 

Hay que tener especial cautela cuando se trata de un 

testigo de cargo”.32 (Negrillas suplidas). No obstante, 

“si es manifiesta la improbabilidad de que el testigo

pueda comparecer en un futuro razonable, debe hacerse la 

determinación de no disponibilidad”.33 (Negrillas

suplidas).

Añadido a lo anterior, el profesor Chiesa Aponte 

sugiere ciertos factores que podrían auxiliar al 

tribunal a la hora de considerar la determinación de no 

disponibilidad. Así, indica que se debe considerar “la 

gravedad de la condición del declarante, la importancia 

de su testimonio y la probabilidad de que la condición

del declarante mejore en un futuro, que le permita 

entonces comparecer a testificar”.34 (Negrillas 

suplidas). Nuevamente, reitera la envergadura de estas 

decisiones cuando estamos ante un testigo de cargo cuyas 

31 E. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia comentadas, op. cit., 

pág. 325.

32 Íd.

33 Íd.

34 E. Chiesa Aponte, Compendio de evidencia (En el sistema 

adversarial), 1 ed., Ciudad de México, Ed. Tirant Lo Blanch, 2021, 

pág. 380.
CC-2023-0109 16

declaraciones sean de carácter testimonial.35 Huelga 

aclarar, que, si existe un testimonio anterior sujeto a

contrainterrogatorio, cualquier problema de 

confrontación se desvanece, aunque la defensa pudiese 

insistir en una posposición si estamos ante un escenario 

donde la recuperación sea posible.36

Por otro lado, el profesor Enrique Vélez Rodríguez 

nos recuerda que las situaciones que pueden manifestarse 

bajo esta causal de la Regla 806 de Evidencia son 

variadas y heterogéneas lo que aconseja “una 

adjudicación con arreglo a los méritos de la situación

particular, incluida la de ejercer aquellas opciones que 

permitan la prestación del testimonio en vivo”.37

(Negrillas suplidas). En sintonía con lo aseverado por 

el profesor Chiesa Aponte, el profesor Vélez Rodríguez 

afirma que deben considerarse criterios como “la 

condición, duración y la gravedad de la enfermedad”.38

(Énfasis en el original). Ademas, y en lo extremo 

pertinente, este resalta la particular dificultad que 

presentan los casos donde el impedimento es mental, pues 

la incertidumbre es aún mayor y existe la posibilidad de 

que el acto de testificar sea nocivo para el

declarante.39 (Negrillas suplidas).

No obstante, advierte que la temporalidad o 

permanencia del impedimento debe guiar al tribunal en su 

35 Íd.

36 Íd.

37 E. Vélez Rodríguez, La prueba de referencia y sus 

excepciones, Ed. Rev., San Juan, Ed. InterJuris, 2018, pág. 265.

38 Íd.

39 Íd.
CC-2023-0109 17

determinación. Para ello, sugiere que, si la enfermedad

o impedimento es temporal, la suspensión o transferencia 

de la vista pudiese ser aconsejable.40 En caso de que la 

indisponibilidad fuera mayor, pero no permanente, han de 

considerarse factores como el tiempo de recuperación, la 

importancia del testimonio y el interés en la pronta 

disposición del caso.41 Importantemente, el profesor 

Vélez Rodríguez cita al tratadista Weinstein, quien 

afirma que este tipo de cuestiones deben ser objeto de 

examen en una vista con antelación al juicio, 

preferiblemente antes de seleccionar el jurado.42 Esto, 

como hemos de resaltar, resulta cónsono con la práctica 

asentada en nuestra jurisdicción de celebrar vistas de 

necesidad para disponer de tales solicitudes.

ii. Jurisprudencia sobre otros supuestos de no 

disponibilidad

Por otra parte, y como anticipamos, no pasamos por 

alto que la jurisprudencia de este Tribunal sí ha 

desarrollado cabalmente los contornos de una 

determinación de no disponibilidad cuando el fundamento 

proviene de la ausencia del testigo. De este modo, bien

sea porque este se encuentra fuera de la jurisdicción, 

se ausente voluntariamente pese haber sido citado o 

sencillamente no puede ser encontrado, nuestra doctrina 

ha reconocido un deber del Ministerio Público, o el 

proponente de un testigo, de procurar la asistencia de 

esa persona mediante gestiones de buena fe.

40 Íd.

41 Íd., pág. 266.

42 Íd.
CC-2023-0109 18

Esto, con el fin de disuadir la práctica indeseable 

de que se procure adrede la ausencia de un testigo con 

el fin de evitar el presunto revés que traería con sí un 

testimonio débil. Precisamente por ello, la propia Regla 

806(A) de Evidencia hace una aclaración general a los 

fines de que una persona no se entenderá no disponible 

“si ello ha sido motivado por la gestión o conducta de 

quien propone la declaración con el propósito de evitar 

que la persona declarante comparezca o testifique”.43

Conforme a ello, existen múltiples casos en los 

cuales hemos reiterado que “la determinación de 

indisponibilidad está sujeta a demostrar que el 

proponente ha efectuado un esfuerzo razonable para 

lograr la presencia del testigo en el juicio”.44

(Negrillas suplidas). Ello implica probar que se 

desplegó la debida diligencia para encontrar y citar al 

testigo mediante medios razonables.45 En el contexto de 

un caso criminal, el requisito siempre ha sido que el

Fiscal pruebe “las gestiones infructuosas realizadas”

para localizar el testigo.46

Merece apuntalar que lo anterior surge de la 

doctrina constitucional esbozada por el Tribunal Supremo 

federal en Barber v. Page, 390 US 719 (1968). Allí, ese 

Tribunal afirmó la norma siguiente: “In short, a witness 

is not ‘unavailable’ for purposes of the foregoing

exception to the confrontation requirement unless the 

43 Regla 806 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI.

44 Nieves López v. Rexach Bonet, 124 DPR 427, 434 (1989). 

45 Íd.

46 Pueblo v. Pellot Pérez, 121 DPR 791, 797 (1988).
CC-2023-0109 19

prosecutorial authorities have made a good-faith effort 

to obtain his presence at trial”.47 (Negrillas 

suplidas). Además, en años recientes el Máximo Foro 

federal fue más allá y recabó que la exigencia de 

gestiones de buena fe no exige agotar todas las avenidas 

posibles.48

C. Vista de necesidad conforme a la Regla 109 (A)

de Evidencia

Finalmente, reiteramos que la vista de necesidad es 

un mecanismo que reconoce nuestro ordenamiento con el 

fin de que el tribunal pueda disponer de una 

controversia sobre la admisibilidad de una prueba, la 

capacidad de un testigo o la existencia de un privilegio 

evidenciario.49 Dicha vista facilita el que estos 

asuntos puedan ser atendidos sin obstruir el flujo de un 

juicio en su fondo. Constituye, además, una instancia 

del procedimiento criminal en las cuales el jurado, de 

existirlo, no interviene en la determinación a tomar.50

Recae exclusivamente en el juez o jueza la ponderación

de los elementos conducentes a demostrar si cierta 

prueba puede o no ser admitida como evidencia.51

Recordemos, que la vista de necesidad es

precisamente el mecanismo que se ha validado en nuestro

ordenamiento para atender situaciones donde se pretende

47 Barber v. Page, 390 US 719, 724-25 (1968).

48 Hardy v. Cross, 565 US 65, 71-72 (2011).

49 Regla 109(A) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. 

50 E. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, op. cit., 

pág. 44.

51 Íd.
CC-2023-0109 20

admitir contra un acusado evidencia de otro modo 

constitutiva de prueba de referencia.52

III

De entrada, el argumento central que nos trae el

Estado sugiere que, en este caso, donde los síntomas que 

impiden el testimonio efectivo de la víctima son 

atribuibles a un percance emocional, no es necesario 

presentar prueba conducente a demostrar la 

indisponibilidad de la testigo al momento de instar la 

solicitud a esos efectos. No estamos de acuerdo.

Ciertamente, la Regla 806 (A)(4) de Evidencia, 

supra, expresa con claridad que la no disponibilidad de 

un testigo debe establecerse con relación al momento del 

juicio o vista en el cual una parte de otro modo se 

hubiese valido de su testimonio. 

Colegimos, que para que el foro sentenciador pueda 

llegar a una conclusión de esa naturaleza es 

imprescindible que el Ministerio Público ⎯o el 

proponente del testigo en otro contexto⎯ acredite 

mediante prueba fehaciente los fundamentos por los 

cuales la persona no se encuentra disponible en ese 

momento y no lo estaría en el futuro cercano.

52 Véase, E. Chiesa Aponte, Procedimiento criminal y la 

Constitución: Etapa Adjudicativa, op cit., pág. 86. (“Para emplear 

estos procedimientos especiales que limitan el derecho a la 

confrontación es necesario que previamente el tribunal haga unas 

determinaciones específicas, caso a caso, sobre la necesidad de 

apartarse del modo usual de testificar frente al acusado.”). 

(Negrillas suplidas).
CC-2023-0109 21

En un caso como el de autos, donde se trata de un 

impedimento que surge del estado físico o anímico de la 

persona testigo, nos parece altamente probable que esto 

vaya a requerir la presentación de prueba pericial, 

aunque ciertamente esto no es óbice para que el foro 

primario pueda conocer de otra prueba que igualmente 

asista en resolver el asunto. En cualquier caso, es pues 

a través de esa prueba que el tribunal advendría en 

conocimiento sobre la posibilidad de que esa persona 

pueda recuperarse para comparecer a testificar.

Desde luego, nos referimos a un proceso hecho a la 

medida toda vez que, por necesidad, los elementos a 

considerar en cada caso serían distintos y sujetos a la 

ponderación que haría el juzgador primario. Entre los 

factores que el foro primario pudiese considerar a la 

hora de decidir si en efecto se acreditó la no 

disponibilidad estarían, entre otros: (1) la gravedad de 

la condición, (2) la importancia del testimonio, (3) la 

probabilidad de recuperación, (4) el potencial de que el 

acto de testificar agrave la condición de la persona 

testigo y (5) el perjuicio que pueda ocasionar la 

dilación del proceso al acusado, por su derecho a un 

juicio rápido, o en cualquier otro caso a la parte 

afectada. Así las cosas, una vez el tribunal se 

encuentre en posición de resolver la interrogante sobre 

la indisposición, le restaría esgrimir los pasos a 

seguir.
CC-2023-0109 22

En esta coyuntura, reiteramos que la naturaleza sui 

generis de cada caso no admitiría una sola solución.

Utilizando los contornos que aquí pautamos, el foro 

primario tendrá que decidir entre las alternativas que 

nuestro ordenamiento le reconoce para el manejo adecuado 

del caso.

Si estimara que el impedimento sería pasajero, es 

decir, que culminaría prontamente, entendemos que el 

juzgador no tendría que acudir al remedio extremo de la 

no disponibilidad, máxime en un caso donde el testigo en 

cuestión es uno de cargo. Ahora bien, ciertamente la 

situación resulta del todo distinta cuando la conclusión

que se deriva de la prueba desfilada es que el otrora 

testigo no estaría disponible en un futuro razonable.

Es aquí donde la doctrina nos conduce a reconocer 

que el foro primario tendría que determinar si el mejor 

desenlace sería la determinación de no disponibilidad o, 

si cabe la posibilidad de una eventual recuperación, el 

uso de otras herramientas, como sería una posposición de 

los procedimientos, sujeto a medidas cautelares para

cerciorarse de la condición del testigo. Ciertamente, en 

la coyuntura de un caso criminal, nuestro ordenamiento 

constitucional nos convida a pesar fuertemente la 

garantía que tiene el acusado a un juicio rápido frente 

a cualesquiera otras pretensiones, sin restarle 

importancia a estas.
CC-2023-0109 23

Atendidos estos planteamientos, y a manera de 

resumen, reiteramos que la norma que aquí pautamos sería 

aplicable en aquellos supuestos de no disponibilidad que 

surgen bajo la Regla 806(A)(4) de Evidencia, supra, en 

lo concerniente a los testigos no disponibles por razón

de enfermedad o de impedimento físico o mental.53

En consecuencia, resolvemos que el deber del 

proponente, aquí el Ministerio Público, consiste en 

hacer una solicitud de no disponibilidad que venga 

acompañada con una prueba pericial o de otra naturaleza,

que permita al juzgador concluir sobre la no 

disponibilidad en base a la condición en ese momento del 

testigo.

Atendido esto y retornando al recurso que nos 

ocupa, cabe preguntarnos, ¿tuvo ante sí el Tribunal de 

Primera Instancia los elementos necesarios para hacer 

una determinación bien fundada sobre el estado de 

L.M.L.A. como testigo de cargo? Entendemos que no. 

Sí sabemos que al momento de testificar ya había

una determinación previa de que el testimonio de 

L.M.L.A. sería recibido mediante el mecanismo del

circuito cerrado. Igualmente, se desprende del récord

que L.M.L.A. pudo testificar exitosamente en la vista 

53 Nótese, que la doctrina que ha sido citada en 

contraposición por el recurrido guarda una estrecha relación con 

aquellas instancias donde la no disponibilidad surge de la 

incomparecencia del testigo. No obstante, nos resulta forzoso 

diferenciar los supuestos de enfermedad o impedimento de una mera 

ausencia. Se trata de unas circunstancias en las cuales el testigo 

no se encuentra disponible por no comparecer o incluso estar 

desaparecido, lo que no es el caso aquí.
CC-2023-0109 24

preliminar, si bien con la asistencia y tratamiento de 

profesionales en la salud mental. 

Sin embargo, pudimos apreciar que el estado

emocional que sobrevino a la menor se manifestó en 

ocasión de esta intentar testificar al inicio del juicio 

en su fondo contra el señor Lugo López, el 29 de marzo

de 2022. Aunque el Ministerio Público presentó su 

solicitud de sustitución de testimonio el 31 de marzo de 

2022 (dos días después del incidente) no es menos cierto 

que la vista de necesidad fue celebrada por el foro 

primario el 21 de junio de 2022, casi tres meses

después. 

Así las cosas, el Ministerio Público compareció a 

la vista utilizando el testimonio pericial del personal 

que atendió a L.M.L.A. el mismo día que esta sufrió el 

percance emocional. De este modo, el foro primario quedó 

en la delicada posición de tener que disponer de la 

solicitud de no disponibilidad sin poseer a su alcance 

los elementos necesarios para ponderar el petitorio de

la Fiscalía. Como resultado, la determinación judicial 

que inició este recurso fue el producto de un expediente 

en el que estaba ausente la valiosa información sobre el 

estado físico y mental ⎯ actual⎯ de la menor. 

Recordemos, que no estamos ante un caso donde la no 

disponibilidad de la testigo tendría unas consecuencias 

leves sobre la persona objeto del testimonio. En 

realidad, nos encontramos inmersos en un procedimiento 
CC-2023-0109 25

criminal, donde la consecuencia de una determinación 

errónea pudiese resultar en la convicción injustificada 

de una persona o, por el contrario, en la nefasta

impunidad de un delito.

Situaciones como estas exigen un riguroso balance 

entre los intereses de la víctima y los del acusado. Lo 

anterior, sin faltar a los valores constitucionales que 

rigen nuestro ordenamiento garante de los derechos de un 

acusado de delito. 

Consecuentemente, en el ejercicio de nuestra 

función revisora, colegimos que el curso de acción

adoptado en este pleito debe ser corregido para evitar 

un fracaso a la justicia. Estamos convencidos, de que el 

desenlace actual fuerza al tribunal y a las partes hacia

una disyuntiva innecesariamente extrema. 

Por un lado, acceder al petitorio del Estado, bajo

los lineamientos que surgen de sus argumentos, 

propiciaría una resbalosa tendencia a solicitar una 

determinación de no disponibilidad sin contar con la 

evidencia que demuestre que el impedimento se encuentra

latente al momento de la vista o juicio en el cual de 

otro modo hubiese testificado la persona.

Lo anterior, en detrimento del derecho 

constitucional al careo que posee el acusado y que no 

puede ser soslayado livianamente en ausencia de 

cumplimiento con las garantías constitucionales.

Ciertamente, bajo el crisol de la doctrina de Crawford, 
CC-2023-0109 26

de acreditarse adecuadamente la no disponibilidad, no 

habría violación constitucional toda vez que existió una 

oportunidad previa de contrainterrogar a la testigo.

Por otra parte, restringir a la Fiscalía sin darle 

la oportunidad de presentar su solicitud con la 

evidencia correcta pudiese tener un efecto nocivo sobre 

la lucha contra el delito. En una situación como esta, 

poseemos a nuestro haber mejores alternativas jurídicas.

Cónsono con lo resuelto anteriormente, disponemos 

como remedio que el Tribunal de Primera Instancia 

celebre nuevamente una vista de necesidad conforme a la

Regla 109(A) de Evidencia, supra.54 Al hacer esto, el 

Ministerio Público, si en su discreción desea continuar 

con el pedido de no disponibilidad, deberá acreditarle 

al foro primario las razones por las cuales la testigo 

L.M.L.A. no puede testificar cabalmente en el juicio en 

su fondo. Lo anterior, valiéndose de la prueba 

pertinente al estado físico y mental ⎯ actual⎯ de la 

testigo. Descargada esa gestión, restaría que el foro 

primario haga una determinación sobre la disponibilidad 

de la testigo y, de ser necesario, disponga los pasos a 

seguir de conformidad con lo aquí pautado.

IV

54 La orden emitida por el Tribunal de Apelaciones, a los

efectos de requerir que el Ministerio Público brinde a L.M.L.A. 

servicios psicológicos previo a reanudar el juicio, nos parece 

contraria a la discreción que debe caracterizar el manejo de su

caso por parte del Ministerio Público. Por ello, prescindimos de

ordenar un tratamiento particular, dejando en manos de la Fiscalía

la determinación sobre cómo proceder bajo el marco aquí

establecido.
CC-2023-0109 27

Por los fundamentos consignados en la Opinión que

antecede, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal 

de Apelaciones y en consecuencia se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la celebración de una 

nueva vista de necesidad. Allí, el Ministerio Público, 

si en su discreción desea continuar con el pedido de no 

disponibilidad de la testigo L.M.L.A., deberá acreditar 

dicha condición al foro primario mediante aquella prueba 

pertinente al estado físico y mental ⎯actual⎯ de la 

testigo. Recibida la prueba, el foro primario deberá

resolver en consonancia con la aquí pautado.

Se dictará Sentencia en conformidad.

Edgardo Rivera García

Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2024.

Por los fundamentos consignados en la Opinión que 

antecede, se revoca la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Apelaciones y en consecuencia se devuelve 

el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

celebración de una nueva vista de necesidad. Allí, el 

Ministerio Público, si en su discreción desea continuar 

con el pedido de no disponibilidad de la testigo 

L.M.L.A., deberá acreditar dicha condición al foro 

primario mediante aquella prueba pertinente al estado 

físico y mental ⎯ actual⎯ de la testigo. Recibida la 

prueba, el foro primario deberá resolver en consonancia 

con la aquí pautado.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario 

del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz 

Rodríguez emitió una Opinión Disidente a la que se une

el Juez Asociado señor Colón Pérez. El Juez Asociado 

señor Martínez Torres disiente y enuncia la expresión 

siguiente:

“Ante la ausencia de prejuicio, 

parcialidad, abuso de discreción o error 

manifiesto en la determinación emitida por el 

Tribunal de Apelaciones, considero innecesario 

intervenir con su dictamen. Recordemos que 

debemos guardar gran deferencia a las 

facultades discrecionales de los foros 

primarios y solamente intervenir cuando ello 

sea necesario para evitar un fracaso de la 

justicia. Véase, Pueblo v. Casillas, Torres, 

190 DPR 398, 417 (2014); Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 212 (1990). 

En el caso ante nos, la sentencia del 

Tribunal de Apelaciones es cónsona con la 

prueba desfilada en la vista de necesidad

celebrada ante el foro primario, pues no se 

probó la concurrencia de una enfermedad o 

impedimento mental en el presente o futuro 

razonable que impidiera la participación de la 

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

José Lugo López

Recurrido

CC-2023-0109 Certiorari
CC-2023-0109 2

menor como testigo, según exige la Regla 

806(A)(4) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Tal y 

como se desprende del expediente, los testigos 

utilizados por el Ministerio Público para 

sustentar la solicitud de que la menor fuera 

declarada testigo no disponible, a fin de poder 

utilizar el testimonio previamente vertido por 

esta en la vista preliminar, se centraron en el 

percance de salud ocurrido en marzo de 2022. 

Estos no aportaron prueba sobre la capacidad 

actual de L.M.L.A. para ser llamada como 

testigo de cargo de cara a la continuación del 

juicio en junio de 2022. 

Por esta razón, considero que correspondía 

confirmar la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia. Igual que el foro primario, 

estimo que el Ministerio Público no cumplió con 

el peso de la prueba para establecer que, por 

razón de impedimento mental o físico presentes 

al día de hoy, la menor no está disponible para 

participar como testigo en el juicio que se 

ventila en contra del recurrido. De conformidad 

con la Ley para Establecer Carta de Derechos de 

las Víctimas y Testigos de Delitos, Ley Núm. 22 

del 22 de abril de 1988, 25 LPRA sec. 973 et 

seq., el Ministerio Público podría asistir a 

L.M.L.A. a obtener el tratamiento psicológico 

que, de forma análoga a lo que ocurrió en la 

vista preliminar, le permita testificar 

nuevamente sin que ello represente un percance 

a su salud.

En fin, soy del criterio de que la orden 

trazada por el foro apelativo intermedio 

garantiza el debido proceso de ley a cada parte 

involucrada. Es decir, salvaguarda el bienestar 

emocional de la menor, así como el derecho de 

todo acusado a confrontar a testigos adversos. 

Por eso, no me parece que este sea el caso 

idóneo para pautar los criterios que una 

mayoría pretende adoptar por la fuerza. Opino 

que es inmeritorio inmiscuirnos en el curso de

acción adoptado, mucho menos para brindarle un 

segundo turno al bate al Ministerio Público 

para que rectifique sus acciones y produzca la 

evidencia que no fue capaz de presentar en el 

pasado. Por los fundamentos expuestos, disiento 

respetuosamente.”

 Javier O. Sepúlveda Rodriguez 

 Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 

 

La Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ emitió una Opinión disidente a 

la cual se unió el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2024.

Hoy, en un acto que describe como un balance de 

intereses adecuado, una mayoría de este Tribunal 

permite que la menor L.M.L.A. atraviese, nuevamente,

los obstáculos incontables que ya ha enfrentado al 

estar sujeta a un procedimiento judicial que ha 

resultado ser en extremo revictimizante. Esto, a 

pesar de que de la prueba vertida en la vista de 

necesidad ya celebrada surge con meridiana claridad 

que ella no está disponible para testificar al amparo 

de la Regla 806(A)(4) de las Reglas de Evidencia, 

infra. 

Mis compañeros y compañera de estrado, bajo

el pretexto de tratar esta controversia con la mayor

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

José Lugo López

Recurrido

CC-2023-0109
CC-2023-0109 2

sensibilidad para así armonizar los intereses envueltos, 

conceden un remedio que tiene el efecto contrario. En el 

contexto particular de este caso, es insensible e indigno 

continuar exponiendo a la menor L.M.L.A. a un procedimiento 

judicial que supone revivir uno de los traumas más terribles 

que un ser humano puede vivir. Para disponer de este asunto 

con sensibilidad genuina, era necesario comprender la 

naturaleza de los sucesos que atravesó la menor L.M.L.A., de 

modo que pudiéramos palpar el dolor que sin lugar a duda le 

incapacita de continuar su participación.

Una aplicación concienzuda del derecho aplicable y de 

los criterios que se pautan en la opinión mayoritaria a la 

situación fáctica ante nos debió llevar a un resultado 

distinto. El verdadero balance de los intereses que están en 

controversia requería que se admitiera el testimonio 

anterior de la menor L.M.L.A., ante su no disponibilidad por 

razón de enfermedad o impedimento mental. Por esta razón, 

disiento.

I

El 5 de abril de 2018 el Ministerio Público presentó 

dos denuncias contra el Sr. José Lugo López (señor Lugo López 

o recurrido) por infringir el Artículo 131 y el Artículo 133 

(A) del Código Penal de 2012, sobre incesto, 33 LPRA sec. 

5192, y sobre actos lascivos, cuando la víctima era menor de 

dieciséis años, 33 LPRA sec. 5194, respectivamente. Esto, 

por hechos presuntamente acaecidos entre el 2013 y el 2015 
CC-2023-0109 3

contra su hija biológica, la menor L.M.L.A.1

Tras la vista de necesidad correspondiente, se permitió 

que la menor testificara en la vista preliminar ⎯que se 

celebró el 1 de febrero de 2018 y el 14 de marzo de 2018⎯

mediante el sistema de circuito cerrado.2 Para ese momento, 

la menor L.M.L.A. contaba con solo nueve años de edad. A lo 

largo de su testimonio, el tribunal tuvo que decretar varios 

recesos para permitirle a la menor L.M.L.A. recomponerse 

tras estallar en llanto al relatar sus vivencias. A pesar de 

la dificultad palpable que tuvo para expresarse, la menor 

L.M.L.A. pudo completar su testimonio y la defensa del señor 

Lugo López tuvo la oportunidad de contrainterrogarla, lo 

cual hizo. Evaluada la prueba desfilada, el Tribunal de 

Primera Instancia, encontró causa para acusar al señor Lugo 

López por los delitos imputados.

El 29 de marzo de 2022 el foro de instancia dio inicio 

al juicio por jurado. Es decir, luego del transcurso de 

cuatro años desde que se celebró la vista preliminar. Sin 

embargo, durante el interrogatorio directo, y a solo a pocos 

minutos de comenzar su relato sobre los hechos atinentes al 

delito de incesto, la menor L.M.L.A. rompió en llanto. Por 

esta razón, se decretó un receso. La Técnica de Asistencia 

1 Los hechos atinentes a los delitos que se le imputan al Sr. José Lugo 

López son en extremo gráficos y no abonan a la controversia puntual que 

nos ocupa, a saber: la no disponibilidad de la menor como testigo de 

cargo. Por ello, se dejan fuera del relato de la situación fáctica del 

caso.

2 Esta decisión advino final y firme tras la determinación de 

confirmación del Tribunal de Apelaciones en el caso Pueblo v. Lugo López, 

KLCE201700798, KLCE201700831.
CC-2023-0109 4

a Víctimas y Testigos la acompañó al baño, donde se desmayó 

y quedó inconsciente. La menor L.M.L.A. fue transportada de 

emergencia al Hospital San Antonio en Mayagüez, y 

posteriormente fue trasladada al Hospital Metropolitano 

Psiquiátrico de Cabo Rojo (“Hospital Metropolitano”).

A raíz de estos sucesos, el Ministerio Público presentó 

una Moción informativa y en solicitud de sustitución de 

testimonio el 31 de marzo de 2022. Allí solicitó que se 

declarara a la menor L.M.L.A. como testigo no disponible al 

amparo de la Regla 806(A)(4) de las Reglas de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, R. 806. Esto, pues, según arguyó, esta sufrió 

un evento traumático que le ocasionó el desmayo, justamente 

luego de iniciado el testimonio en contra del recurrido. 

Sustentó su solicitud con declaraciones juradas de la Sra. 

Marieli Dávila Pérez, trabajadora social, y del Dr. Jaime 

Viqueira Mariani, pediatra. Ambos profesionales atendieron 

a la menor L.M.L.A. en el Hospital San Antonio en Mayagüez.

Tras varios sucesos posteriores, el 21 de junio de 2022 

el Tribunal de Primera Instancia celebró una vista de 

necesidad al amparo de la Regla 109 (A) de las Reglas de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 109, para dirimir la 

controversia que nos ocupa. Es decir, si la menor L.M.L.A.

podía ser declarada testigo no disponible. A estos efectos, 

el Ministerio Público presentó los testimonios de la y los

facultativos siguientes: la Dra. Stephanie Aguilar Zapata 

(psiquiatra Aguilar Zapata); el Dr. Luis A. Pérez Tijerina 

(doctor Pérez Tijerina), y el Dr. Alexander J. Arce González 
CC-2023-0109 5

(psicólogo Arce González). El testimonio de la y los 

profesionales de la salud puede resumirse de la forma 

siguiente.

a. Psiquiatra Aguilar Zapata3

Declaró que al atender a la menor L.M.L.A., esta 

presentó síntomas de depresión y ansiedad severa y que 

manifestó episodios de disociación o psicosis.4 Además, la 

menor mostraba episodios de ansiedad, tristeza, llanto 

constante, cambios de apetito y desconexión de la realidad.5

Luego de indagar sobre los estresores que le provocaron su 

estado mental y físico, “la menor le manifestó que el 

detonante de su ansiedad era el proceso legal del cual 

participó”.6 Específicamente, declaró que cuando se hablaba 

del tema del proceso judicial, los eventos disociativos se 

activaban, así como varios movimientos involuntarios.7

Además, declaró que la menor le indicó que participaba “de 

un proceso legal que le generaba ansiedad, cambios de sueño 

3 La psiquiatra Aguilar Zapata testificó que se especializa en el área 

de psiquiatría de niños y adolescentes en el Hospital Metropolitano 

Psiquiátrico de Cabo Rojo y que, como parte de sus responsabilidades, 

se encargaba de realizar las evaluaciones y diagnósticos, de velar porque 

la o el menor cumpla con los criterios de admisión, y de establecer un 

tratamiento para atender la sintomatología del o la paciente. 

4 Véase Petición de certiorari, pág. 15. Véase, además, Apéndice del 

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 

1:50:38- 1:52:10).

5 Véase Petición de certiorari, pág. 15. Véase, además, Apéndice del 

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 

1:52:12- 1:52:39).

6 Petición de certiorari, pág. 15. Véase, Apéndice del certiorari, pág. 

65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 1:54:24-1:55:35). 

7 Véase Petición de certiorari, pág. 15. Véase, además, Apéndice del 

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 

1:55:53- 1:56:57).
CC-2023-0109 6

y de apetito, que le comenzaron desde antes de llegar a 

Puerto Rico”.8

Según su criterio clínico, la psiquiatra Aguilar Zapata 

testificó que la menor L.M.L.A. no estaba lista para ser 

sometida nuevamente al proceso judicial del que formaba 

parte.9 Sobre las consecuencias posibles de exponer a la 

menor a estos estresores, indicó que esto podría ocasionarle 

la exacerbación de los síntomas de depresión y ansiedad 

severa que ya experimentaba, de forma tal que su 

reincorporación a la realidad podría ser más lenta y con más 

dificultad.10 

A preguntas de la defensa del señor Lugo López durante 

el contrainterrogatorio, la psiquiatra Aguilar Zapata 

admitió que su intervención fue dirigida a establecer si la 

menor L.M.L.A. cumplía con los criterios para ser 

hospitalizada, y no para conocer si podía testificar durante 

el juicio.11 A su vez, reconoció que existían peritos 

dirigidos a emitir una opinión sobre la capacidad de una o 

un testigo para testificar en corte.12 También indicó que 

8 Petición de certiorari, pág. 15. Véase, además, Apéndice del 

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022,

1:58:21- 1:58:45).

9 Véase Petición de certiorari, pág. 16. Véase, además, Apéndice del 

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 

2:00:25- 2:00:52).

10 Véase Petición de certiorari, pág. 16. Véase, además, Apéndice del 

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 

2:03:18-2:04:48).

11 Véase Petición de certiorari, pág. 16. Véase, además, Apéndice del 

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 

2:14:16- 2:17:30). 

12 Véase Petición de certiorari, pág. 16. Véase, además, Apéndice del 

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 

2:19:41- 2:21:09).
CC-2023-0109 7

solamente atendió a la menor mientras estuvo en el 

hospital.13 En el contexto del tratamiento médico que se le 

brindó en el hospital, la psiquiatra Aguilar Zapata 

manifestó que no se le diagnosticó a la menor L.M.L.A. una 

condición permanente.14

b. Doctor Pérez Tijerina15

Durante el interrogatorio directo, el doctor Pérez 

Tijerina testificó que trabaja en el área de emergencias y 

de salud mental del Hospital Metropolitano.16 Expresó que la 

menor L.M.L.A. no hablaba mucho y que luego de dialogar con 

la psiquiatra, se hizo el procedimiento para que se admitiera 

en el hospital.17

En el contrainterrogatorio, contestó que la menor fue 

admitida el 31 de marzo de 2022 y que su labor se 

circunscribió a recibirla en el hospital para realizar una 

evaluación preliminar y que luego la refirió a la psiquiatra 

Aguilar Zapata.18

c. Psicólogo Arce González:19

13 Véase Petición de certiorari, pág. 16. Véase, además, Apéndice del 

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 

2:19:41- 2:19:51).

14 Véase Petición de certiorari, pág. 16. Véase, además, Apéndice del 

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 

2:23:00- 2:24:13).

15 Se estipuló que el doctor Pérez Tijerina está cualificado como médico 

generalista y fue quien atendió a la menor en la Sala de Emergencias del 

Hospital Metropolitano en Cabo Rojo. 

16 Véase, Apéndice del certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 

21 de junio de 2022, 2:42:00- 2:42:31)

17 Véase Petición de certiorari, pág. 17. Véase, además, Apéndice del 

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 

2:44:12:2- 2:48:18).

18 Véase, Apéndice del certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 

21 de junio de 2022, 2:48:50-2:49:10).

19 El psicólogo Arce González testificó que posee un doctorado en 

psicología clínica y que labora en el área de psiquiatría adolescente 

en el Hospital Metropolitano de Cabo Rojo desde que abrió la división, 
CC-2023-0109 8

El psicólogo Arce González manifestó que el 1 de abril 

de 2022 evaluó a la menor L.M.L.A. en su oficina, quien no 

podía verbalizar a qué se debía su estado de ansiedad 

crítico.20 Explicó que tan pronto comenzó a indagar sobre el 

incidente que desencadenó en su hospitalización, la menor 

L.M.L.A. se descompensó y tuvo un ataque psicogénico.21 Esto 

último, según su testimonio, se refiere a un evento a nivel 

psicológico que surge de una experiencia traumática cuando 

estas memorias se encapsulan en el cerebro de la persona y,

una vez esta se expone a ciertos estresores que evocan estas 

memorias, desemboca en este ataque que se asemeja a una 

convulsión, pero que no es a nivel biológico o fisiológico.22

Con relación a la capacidad de la menor L.M.L.A. para 

testificar, el psicólogo Arce González indicó que era 

necesario que se le brindara tratamiento para examinar si 

podría testificar posteriormente, esto basado en un examen 

de vulnerabilidad y los factores de riesgo que la menor 

presente.23 “Afirmó que, al momento de su evaluación, la 

aproximadamente hace cuatro años, al momento de su testimonio. Como 

parte de sus funciones, conduce evaluaciones a las y los pacientes que 

llegan al hospital y provee un tratamiento particularizado a base de las 

necesidades de estas personas. 

20 Véase Petición de certiorari, pág. 17. Véase, además, Apéndice del 

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 

2022,2:56:02-2:57:49).

21 Véase, Apéndice del certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 

21 de junio de 2022,2:57:09-2:57:31).

22 Describió que el evento psicogénico que presenció, la menor se tiró 

al suelo y los ojos comenzaron a movérsele en varias direcciones. Expresó 

que este evento duró aproximadamente veinte minutos. Véase, Apéndice del 

certiorari, pág. 65 (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 

2:57:31-3:00:05).

23 Véase Petición de certiorari, pág. 17. Véase, además, Apéndice del 

certiorari, pág. 65, (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 

3:00:51- 3:01:57).
CC-2023-0109 9

menor no estaba lista para enfrentar un proceso donde fueran 

a indagar sobre el evento que provocó esos síntomas”.24

En el contrainterrogatorio, a preguntas de la defensa 

del señor Lugo López, el psicólogo Arce González aclaró que 

su intervención no fue con el objetivo de identificar si la 

menor podría testificar en un proceso criminal, como tampoco 

está cualificado como psicólogo forense.25 Sin embargo, 

expresó que “todo lo relacionado [con el] evento puede 

ocasionar esa reacción traumática”.26 Aceptó que no ha 

examinado nuevamente a la menor L.M.L.A., luego de que esta 

fue dada de alta.27

Concluida la Vista, el Tribunal les concedió a las 

partes cinco días para que sometieran por escrito sus 

argumentos. 

En cumplimiento con lo anterior, el Ministerio Público 

presentó un escrito en el que enfatizó que solicitó la 

declaración de no disponibilidad de la testigo, la menor 

L.M.L.A., al amparo de la Regla 806(A)(4), supra, a saber, 

por razón de enfermedad o impedimento físico. Esto, 

contrario al criterio atinente a la Regla 806(A)(5), supra, 

sobre la no disponibilidad de testigos por no comparecer al 

24 Petición de certiorari, págs. 17-18. Véase, además, Apéndice del 

certiorari, pág. 65, (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 

3:02:32-3:03-11).

25 Véase Petición de certiorari, pág. 18. Véase, además, Apéndice del 

certiorari, pág. 65, (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 

2022,3:03:51-3:04:47).

26 Petición de certiorari, pág. 18. (Negrillas suplidas). Véase, Apéndice 

del certiorari, pág. 65, (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 

2022,3:05:41- 3:07:51).

27 Véase Petición de certiorari, pág. 18. Véase, además, Apéndice del 

certiorari, pág. 65, (Regrabación de la Vista del 21 de junio de 2022, 

3:07:57- 3:09:28).
CC-2023-0109 10

Tribunal a presentar su testimonio. A diferencia del 

primero, según planteó, la no disponibilidad por 

incomparecencia le exige al Estado demostrar que ha 

realizado todas las gestiones razonables y de buena fe para 

lograr que la persona testigo comparezca y preste su 

testimonio en el juicio. Argumentó que, a la luz del derecho 

aplicable, no es requerido que la persona testigo sufra un 

daño emocional permanente previo a determinar su no 

disponibilidad. 

Por su parte, el señor Lugo López presentó una Moción 

en cumplimiento de orden en la que esbozó que el Ministerio 

Público no cumplió con la carga probatoria pertinente para 

establecer que la menor L.M.L.A. podía ser declarada testigo 

no disponible. Arguyó que le correspondía al Estado 

desplegar todos los esfuerzos razonables y de buena fe para 

obtener el testimonio de la testigo en el juicio. Por otro 

lado, insistió que era indispensable que el Ministerio 

Público presentara prueba sobre la probabilidad actual o en

un futuro razonable para poder determinar la disponibilidad 

de la menor L.M.L.A.

El 5 de agosto de 2022 el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Resolución en la que declaró no ha lugar el 

petitorio del Ministerio Público y ordenó la continuación de 

los procedimientos. Concluyó que, “[s]egún establecido 

jurisprudencialmente[,] es deber del Ministerio Público 

realizar esfuerzos razonables para producir al testigo, 

aunque ésta sea una remota. En autos, con la prueba 
CC-2023-0109 11

desfilada, el Tribunal entiende que no cumplió con su 

obligación de demostrar que la menor estaba psicológicamente 

no disponible para testificar”.28 Sostuvo que, de los 

testimonios ofrecidos en la Vista de la Regla 109, supra, se 

desprendía que no se logró determinar el diagnóstico de la 

menor L.M.L.A., así como tampoco que esta recibiese 

tratamiento adicional, psiquiátrico o psicológico, de manera 

tal que pudiera lograrse su comparecencia y se ofreciera su 

testimonio en corte. 

Inconforme, el Estado, por conducto de la Oficina del 

Procurador General, presentó un recurso de certiorari ante 

el Tribunal de Apelaciones. Expedido el recurso, y al contar 

con la comparecencia de ambas partes, el foro apelativo 

intermedio confirmó la determinación del foro primario. 

El Tribunal de Apelaciones coincidió con la postura del

señor Lugo López, y lo determinado por el foro primario, a 

los efectos de que el Estado incumplió con el estándar 

probatorio aplicable a la Regla 804(A)(4) de Evidencia, 

supra. Coligió que el Estado falló en establecer la 

concurrencia del impedimento mental que, al presente o en un 

futuro razonable, imposibilite la participación de la menor 

L.M.L.A. como testigo en el juicio. Señaló que los 

testimonios vertidos en la vista de necesidad se 

circunscribieron a la condición de la menor al momento de su 

intervención con esta. Por tanto, estableció que ninguno de 

28 Apéndice del certiorari, pág. 112.
CC-2023-0109 12

estos profesionales pudo aportar información sobre la 

capacidad de la menor para testificar al momento de estos 

ofrecer sus testimonios.

A su vez, entendió que el Estado tenía la obligación y 

el deber de preparar a la menor L.M.L.A. a través de un 

tratamiento psicológico ‒como lo hizo en la etapa de la vista 

preliminar‒ previo a que esta testificara en el juicio. 

Expresó que “[e]sta omisión ciertamente le produjo un efecto 

que se manifestó al inicio del juicio, ello por ser 

abruptamente sometida a una situación que, sin duda alguna, 

la afectó de manera considerable”.29 Por tanto, ordenó que 

el Ministerio Público procurara ofrecer un tratamiento 

psicológico adecuado a la menor L.M.L.A., antes a la 

continuación del juicio. 

En desacuerdo, el Estado compareció ante esta Curia y 

señaló, en síntesis, que los foros a quo erraron: (1) al 

exigir una serie de requisitos que no estaban contemplados 

para que una persona sea declarada testigo no disponible al 

amparo de la Regla 806(A)(4), supra, y (2) al no declarar a 

la menor L.M.L.A. como testigo no disponible a pesar de que 

se demostró que, luego del suceso traumático que esta sufrió 

al intentar testificar en el juicio el 29 de marzo de 2022, 

estaba imposibilitada de continuar por razón de enfermedad 

o impedimento mental. 

29 Íd., pág. 191.
CC-2023-0109 13

El marco jurídico que gobierna esta controversia es el 

siguiente.

II

A. Derecho a la confrontación

Nuestra Constitución y su contraparte federal protegen

el derecho fundamental de las personas acusadas de delito,

a confrontar y carearse con aquellas personas que 

testifiquen en su contra. Art. II, Sec. 11 Const. ELA, LPRA, 

Tomo 1; Emda. VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. Como es bien 

sabido, la denominada cláusula de confrontación consiste en 

tres ramificaciones procesales: (a) el derecho a confrontar 

cara a cara a las y los testigos de cargo; (b) el derecho a 

contrainterrogarlos, y finalmente, (c) el derecho a excluir 

la prueba de referencia que el Estado intente presentar en 

su contra. Pueblo v. Pérez Santos, 195 DPR 262, 269-270 

(2016); Pueblo v. Santos Santos, 185 DPR 709, 720 (2012).

Véase, también, E.L. Chiesa Aponte, Procedimiento criminal 

y la Constitución: Etapa adjudicativa, 1a ed., San Juan, Ed. 

SITUM, 2018, págs. 62-63.30

En lo atinente a la controversia que nos ocupa, en 

Crawford v. Washington, 541 U.S. 36 (2004), la Corte Suprema

de los Estados Unidos resolvió que, en cuanto a la tercera 

vertiente de la cláusula de confrontación, esta se activa 

únicamente cuando se trata de declaraciones de carácter 

30 Véase, también, M.R. Reyes Negrón, El derecho al careo de los acusados 

en tiempos de pandemia, 55 Rev. Jur. UIPR 371, 383-384 (2021).
CC-2023-0109 14

testimonial.31 Véase Chiesa Aponte, op. cit., pág. 90. De 

forma tal que, de tratarse de declaraciones no 

testimoniales, la admisión de la prueba se regirá únicamente

por lo dispuesto en las Reglas de Evidencia. Íd. Según razonó

la Corte Suprema federal:

“Testimony,” in turn, is typically “[a] solemn 

declaration or affirmation made for the purpose of 

establishing or proving some fact.” An accuser who makes a 

formal statement to government officers bears testimony in 

a sense that a person who makes a casual remark to an 

acquaintance does not. Pueblo v. Pérez Santos, supra, 

(citando a Crawford v. Washington, supra, pág. 51).

El Máximo Foro federal sostuvo que, si la declaración 

que se pretende presentar en el juicio es de carácter 

testimonial, y la persona declarante no comparece en corte,

el derecho a la confrontación exige que se determine la no 

disponibilidad de la persona testigo y que la persona acusada 

haya tenido oportunidad de contrainterrogar sobre la 

declaración testimonial, para que esta pueda ser admisible. 

Pueblo v. Pérez Santos, supra, págs. 270-271; Pueblo v. 

Santos Santos, supra, pág. 721; Pueblo v. Guerrido López, 

179 DPR 950, 967 (2010); Crawford v. Washington, supra, pág. 

51. Véase, además, Chiesa Aponte, op. cit., pág. 90.

Superado el escollo constitucional, procede analizar si 

la prueba de referencia ofrecida cumple con los criterios 

establecidos en nuestras Reglas de Evidencia. 

31 Conforme a lo reconocido en Pueblo v. Guerrido López, 179 DPR 950, 

962 (2010), “Crawford v. Washington, supra, y su progenie, constituyen 

jurisprudencia normativa para nuestra jurisdicción. Esto porque la 

Cláusula de Confrontación inmersa en la Sexta Enmienda de la Constitución 

de Estados Unidos aplica a Puerto Rico”.
CC-2023-0109 15

B. Prueba de referencia

La Regla 801(c) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 801, 

establece que es prueba de referencia toda declaración “que 

no sea la que la persona declarante hace en el juicio o 

vista, que se ofrece en evidencia para probar la verdad de 

lo aseverado”. Como norma general, los tribunales no 

admitirán declaraciones contenidas dentro de esta 

definición, a no ser que se satisfagan los criterios 

enmarcados en las exclusiones permitidas por ley. Regla 

804 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 804. 

Por su parte, la Regla 806 de Evidencia, supra, reconoce 

ciertas excepciones a la norma general antes mencionada que, 

a su vez, están condicionadas a la determinación de no 

disponibilidad de la persona declarante. La Regla 806(A), 

supra, define aquellas instancias en las que se entenderá 

que la persona testigo no está disponible, a saber: (1) está 

exenta de testificar luego de la determinación del Tribunal

sobre el reconocimiento de un privilegio en estas Reglas en 

relación con el asunto u objeto de su declaración; (2) 

insiste en no testificar en relación con el asunto u objeto 

de su declaración a pesar de que el Tribunal le ordenó que 

así lo hiciera; (3) testifica que no puede recordar sobre el 

asunto u objeto de su declaración; (4) al momento del juicio 

o vista, ha fallecido o está imposibilitada de comparecer a 

testificar por razón de enfermedad o impedimento mental o 

físico; o (5) está ausente de la vista y quien propone la 

declaración ha desplegado diligencia para conseguir su 
CC-2023-0109 16

comparecencia mediante citación del Tribunal. Mientras que 

el inciso (B) de la referida regla expone aquellas instancias 

en que, por excepción a la regla general, la prueba de 

referencia será admisible. En lo pertinente, cuando la 

persona declarante no está disponible y así lo determina el 

Tribunal, será admisible el testimonio anterior dado como 

testigo en otra vista en ese u otro procedimiento si la parte 

contra quien se ofrece tuvo la oportunidad y motivo similar 

para contrainterrogarlo. 32 LPRA Ap. VI, R. 804. 

C. La Regla 806(A)(4): Testigo no disponible por causa 

de impedimento físico o mental

Este Tribunal no ha tenido la oportunidad de 

interpretar esta excepción a la regla general de 

inadmisibilidad de prueba de referencia. Sin embargo, son 

varios los tratadistas que han formulado distintas tesis

para interpretar el mandato de la referida Regla. 

Nos comenta el tratadista, Prof. Ernesto L. Chiesa 

Aponte (profesor Chiesa Aponte), que

[e]l declarante que ha fallecido al momento de presentarse 

la declaración está, por supuesto, no disponible para 

testificar. Pero también lo está cuando su condición de 

salud, mental o física, está tan deteriorada que no podrá 

comparecer en un futuro predecible. Si se trata de un 

testimonio importante, el tribunal no debe tomar 

livianamente la determinación de que el declarante no está 

disponible para testificar. Podría a posponerse la vista o 

dejar para el final su testimonio. Hay que tener especial 

cautela cuando se trata de un testigo de cargo. Pero si es 

manifiesta la improbabilidad de que el testigo pueda 

comparecer en un futuro razonable, debe hacerse la 

determinación de no disponibilidad. (Negrillas y subrayado 

suplidos). E. L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia 

comentadas, 1a ed., San Juan, Ed. SITUM, 2016, pág. 325. 

En cuanto a la determinación de indisponibilidad al 

amparo de esta excepción, expresa que se refiere a “un grado 
CC-2023-0109 17

considerable de incapacidad física o mental”. (Negrillas 

suplidas). E.L. Chiesa Aponte, Compendio de Evidencia (En el 

sistema adversarial), 1a ed., Ciudad de México, Ed. Tirant 

Lo Blanch, 2021, pág. 378. Específicamente, detalla que 

[l]a carga de establecer la no disponibilidad del declarante 

la tiene el proponente que pretende la admisión de prueba 

de referencia. Si la condición incapacitante del declarante 

es seria y probablemente no mejorará, el tribunal debe 

declararlo “no disponible”. Pero si la condición no es tan 

seria y la recuperación es probable, el tribunal puede 

decretar una posposición o alterar el orden de la prueba 

para posponer para otro día el testimonio del declarante, 

si el juicio se va a prolongar por mucho tiempo. (Negrillas 

suplidas). Íd., págs. 378-379.

Ulteriormente, el profesor Chiesa Aponte propone que 

los tribunales se aproximen a la controversia con un análisis 

multifactorial; es decir, que tomen en cuenta: “[la] 

gravedad de la condición, [la] importancia del testimonio y 

[la] probabilidad de recuperación del declarante”. Íd., pág. 

379. Además, como en el caso que nos ocupa, estamos llamados 

a considerar si las declaraciones testimoniales del 

declarante cumplen con los criterios establecidos en 

Crawford v. Washington, supra, y su progenie. En 

concordancia, si el testimonio que se pretende presentar es 

uno anterior al amparo de la Regla 806(B)(1), supra, el 

conflicto constitucional se desvanece. Íd., pág. 378.

Por su parte, el Prof. Enrique Vélez Rodríguez 

(profesor Vélez Rodríguez) nos indica que, al amparo de esta 

excepción a la regla general de exclusión, los criterios de 

“la condición, [la] duración y la gravedad de la enfermedad 

son factores cruciales en la determinación de 

indisponibilidad”. (Bastardillas en el original). E. Vélez 
CC-2023-0109 18

Rodríguez, La prueba de referencia y sus excepciones, 1a 

ed., San Juan, Ed. InterJuris, 2018, pág. 247. Además,

reconoce la diversidad que puede comprender esta causal, por 

lo que, según interpreta, “parece aconsejar una adjudicación 

con arreglo a los méritos de la situación particular, 

incluida la de ejercer aquellas opciones que permitan la 

prestación del testimonio en vivo”. (Negrillas suplidas). 

Íd.

D. Menores de edad como testigos: Particularidades en 

casos de delitos sexuales

Como expresé anteriormente, para disponer de esta

controversia adecuadamente, es imprescindible 

contextualizar la situación particular que se encuentra ante 

nuestra consideración. 

Tratadistas como McCormick, Mueller y Kirkpatrick 

abundan sobre el alcance de la contraparte federal de la 

regla en cuestión, a saber, la Regla 804(a)(4), de las Reglas 

de Evidencia federal. En particular, exploran la no 

disponibilidad de la persona declarante cuando esta es una 

menor de edad en el contexto de un caso abuso sexual. 

Por su parte, la obra del tratadista Charles T. 

McCormick (McCormick) señala que, con frecuencia, la 

justificación de no disponibilidad de la o el menor de edad 

se cimienta en que el acto mismo de testificar le causará un 

trauma emocional, lo que imposibilita su comparecencia en el 

juicio. McCormick, 2 Evidence § 253 (8a ed.) (2020) (citas 
CC-2023-0109 19

omitidas). (“Often, a finding of unavailability is justified 

based upon a determination that testifying will cause 

emotional trauma to the child and that the child is therefore 

unavailable”). 

Los tratadistas Mueller y Kirkpatrick examinan el 

supuesto de una indisponibilidad psicológica en el contexto 

de casos de abuso sexual contra menores de edad, de modo tal 

que se expondrían a la posibilidad de un trauma psicológico 

severo. Sobre ello, destacan que:

In the modern setting of trials for abuse of children, 

both federal and state statutes provide that the victim is 

to be viewed as unavailable as a witness if testifying would 

likely result in severe trauma or if she simply cannot 

testify in the setting of the courtroom. Typically[,] such 

statutes apply as well to other children who are eyewitnesses 

to child abuse, who may be victims in other ways, and for 

ease of discussion we refer to these children too as victims. 

In this setting of “psychological” unavailability or 

necessity, the statutes provide for remote testimony by the 

victim using one-way or two-way video monitor systems to 

transmit her image and words to the courtroom, and for 

special videotaped depositions taken in advance for use at 

trial. In 1990, Congress followed the lead of the states and 

enacted a statute authorizing remote testimony and 

videotaped depositions in federal child abuse prosecutions 

if the victim is psychologically unavailable, but the 

statute is seldom invoked because child abuse is prosecuted 

in federal courts relatively rarely. The statute does not 

create a hearsay exception for statements by child abuse 

victims, but these sometimes fit the catchall or some 

categorical exceptions, and all states have special statutes 

creating an exception for statements by child victims.

. . . . . . . .

When it is expected that a youthful victim would be 

seriously traumatized by testifying in court, usually 

showing psychological unavailability involves, and probably 

requires, expert testimony. Abuse victims often suffer what 

amounts to ongoing trauma typified by nightmares, mistrust 

of adults (or adult men), behavioral difficulties at home 

and school indicating some regression from prior 

development, and sometimes other problems (bedwetting and 

sleep disorders). These symptoms help experts conclude that 

compelling testimony from the child would be impossible or 

damaging—that she simply could not testify or would suffer 

serious harm if she did. (Negrillas suplidas). C.B. Mueller, 

Laird C. Kirkpatric, 5 Federal Evidence § 8:116 (4a ed.)

(Marzo 2024) (citas omitidas).
CC-2023-0109 20

Asimismo, se han explorado las consecuencias adversas 

de que un niño o una niña víctima de abuso sexual puede 

experimentar al testificar en corte. En ese contexto, se ha 

reconocido que la angustia emocional que acarrea este acto 

puede acompañarlos hasta la adultez, lo que limita su 

desarrollo en comparación con sus pares. L. Christine 

Brannon, The Trauma of Testifying in Court for Child Victims 

of Sexual Assault v. The Accused's Right to Confrontation, 

18 Law & Psychol. Rev. 439, 445-446 (1994) (citas omitidas). 

“Dicha angustia mental se refleja en la víctima en forma de 

depresión, ansiedad y algunos síntomas psicosomáticos. 

Debido a la interrupción del desarrollo infantil, las 

consecuencias negativas de la participación en el proceso 

legal pueden ser más trascendentales para un niño o una niña

que para una persona adulta”. (Traducción suplida). Íd.

Nótese que, lo que resalta de lo anterior es que las

personas menores de edad víctimas de abuso sexual se exponen

a sufrir un nuevo trauma al ser compelidas a declarar sobre 

estas experiencias traumáticas. Esta consecuencia sustancial 

y perjudicial se cataloga como “secondary victimization” o 

revictimización. Sobre este particular, se expresa que:

Court testimony is an extremely stressful, frightening 

and formidable event, especially for a vulnerable young 

child. The child is placed in the unfamiliar and intimidating 

environment of a courtroom, and asked to participate in a 

process that is foreign and perplexing. [She or he] has to 

face the defendant, who the child often perceives as a 

threatening and dangerous figure. The child is required to 

answer difficult questions in public, and to go through 

harsh questioning by unsympathetic strangers. The child’s 

truthfulness is repeatedly doubted and questioned throughout 

the process, and this is often perceived as a humiliating 

experience. Moreover, the child has to repeatedly re-live 

the traumatic event [she or he] witnessed through recurring 
CC-2023-0109 21

interrogations by law enforcement and in court. When the 

defendant is known or related to the child witness, further 

difficulties, including intense guilt and loyalty conflicts, 

may arise. The multitude of stressors involved in this 

experience can trigger extreme levels of anxiety and 

psychological strain, often referred to as “secondary 

victimization.” (Negrillas y subrayado suplidos). Michal 

Gilad, Falling Between the Cracks: Understanding Why States 

Fail in Protecting Our Children from Crime, U. ILL. L. REV.

907, 928 (2019) (citas omitidas).

E. Casuística estatal persuasiva

Por su carácter persuasivo, especialmente ante la falta

de pronunciamientos de este Tribunal sobre la controversia 

de umbral, recurro a la casuística a nivel de los Estados 

Unidos al abordar este tema. 

En People v. Gomez, 26 Cal.App.3d 225 (1972), la Corte 

de Apelaciones para el Segundo Circuito de California

confirmó una sentencia en la que se declaró culpable al 

acusado de tener relaciones sexuales ilegales con una mujer 

menor de dieciocho años. El peticionario solicitó la 

revocación de esta, tras argüir que el foro inferior erró al 

admitir prueba de referencia, luego de que se declarara a la 

testigo no disponible por incapacidad mental. 

Al igual que el caso de autos, el texto de la 

disposición que permitía la declaración de indisponibilidad 

de la testigo por razón de impedimento mental o físico,32 no 

32 Textualmente, las Reglas de Evidencia establecían como una de las 

definiciones del declarante no disponible, cuando este está “muerto o 

incapaz de asistir o testificar en la audiencia debido a una enfermedad 

o dolencia física o mental existente en ese momento”. (Traducción 

suplida) Véase, People v. Gomez, 26 Cal.App.3d 225, 227-228 (1972) (Here, 

in establishing unavailability, the People relied on Evidence Code 

section 240, subdivision (a)(3), reading in pertinent part: “(a) ... 

'unavailable as a witness' means that the declarant is: ... (3) Dead or 

unable to attend or to testify at the hearing because of then existing 

physical or mental illness or infirmity.”).
CC-2023-0109 22

requería que el Estado demostrara diligencias razonables 

para que la testigo se presentara en el juicio. Íd., pág. 

228. Sobre este particular, la Corte señaló que la 

jurisprudencia citada por las partes sobre los requisitos 

demostrativos de una diligencia razonable era inadecuada. 

Íd.

A su vez, al examinar la determinación de 

indisponibilidad de la testigo, la Corte expuso que:

[The] evidence showed that the crime occurred on May 10, 

1971. The complaining witness had become 15 years old just 

8 days before, on May 2, 1971. On June 4, 1971, she was 

admitted to Camarillo State Hospital. Two medical doctors, 

staff psychiatrists, testified at the court hearing which 

was held July 28, 1971, to determine the girl's availability. 

Counsel stipulated to the doctors' qualifications. Dr. 

Martin was personally in charge of the girl's care and 

treatment. He testified that she was very vulnerable to 

stress; she had a tendency to psychomotor seizures which 

were difficult to diagnose and treat; she had shown 

significant improvement although such was rather “delicate 

and tedious”; in his opinion there was a “strong possibility” 

that it would be detrimental to her welfare to appear in 

court. While under his care at the hospital, she had “become 

rather hysterical with minimal provocation.” He concluded 

she could become “very vulnerable and regressing backwards 

and wipe out the improvement that she's shown ... and ... 

as her physician, I don't want to risk that happening.”

Dr. Rieger testified that it is his job to decide 

whether a child should be admitted to the hospital. He 

reviews all girls' records as part of his procedure. Having 

reviewed this child's records, it was his opinion that coming 

to court and testifying “is a very traumatic experience to 

a child” such as this one. He concluded she would be 

“definitely affected” by it and he “would strongly recommend 

against it”; he was “greatly concerned that it would grossly 

affect the child's present and possibly future health, 

mental health ... I would be very concerned over the 

consequences which might ensue from her appearing here under 

such stress or conditions.” (Negrillas suplidas). Íd., págs. 

228-229.

De acuerdo con la decisión a la que arribó el foro de 

instancia, la Corte de Apelaciones concluyó que, aun cuando 

la persona testigo que no esté disponible por razón de 

incapacidad pueda finalmente recuperarse, si tal 
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recuperación se espera en un futuro incierto o lejano, no 

existe una razón de peso para negar la admisión del 

testimonio brindado en la vista preliminar. Íd., pág. 230.

Por otra parte, y más recientemente, la Corte Suprema 

de Michigan en People v. Duncan, 835 N.W.2d 399 (2013), 

encontró no disponible a la testigo de cargo, una menor de 

cuatro años, en un caso de delitos sexuales, al amparo de 

Regla 804(a)(4) de las Reglas de Evidencia de Michigan. 

Específicamente, se entiende que el testigo no está 

disponible bajo esta causal “because of ... then existing 

physical or mental illness or infirmity[.]” Íd., pág. 404.

Al circunscribirse al asunto de enfermedad o dolencia

mental, la Corte Suprema coligió que una de las causas que 

pueden redundar en la debilidad de la mente es la edad de la 

persona testigo. Íd., pág. 406. Asimismo, reconoció que la 

citada regla no requería una determinación de incapacidad

permanente o de larga duración. Sobre este asunto expresó:

The phrase “then existing” specifically limits the 

temporal scope within which a witness's availability 

under MRE 804(a)(4) may be assessed; the only relevant 

reference point is the point at which the witness takes the 

stand. As a result, the declarant need not suffer from a 

permanent illness or infirmity. Thus, the fact that RS was 

competent and available to testify at two preliminary 

examinations does not affect the determination whether she 

was mentally capable or infirm for purposes of MRE 

804(a)(4) at the time her testimony was sought at trial. 

Rather, the only relevant inquiry is her condition at the 

time she was called to testify.

In holding that a child may be mentally infirm in the 

type of extraordinarily stressful trial situation like the 

one that existed here, we recognize the obvious truth that 

children lack the same level of mental maturity as that 

exhibited by and expected of most adults. Legal and 

psychological research confirms this uncontroversial 

proposition. As a result of these limitations, young 

children are less mentally equipped to cope with severe 
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emotional distress. Testifying in open court can be a 

harrowing experience for anyone, and young children are much 

more susceptible to emotional breakdowns than adults. 

Indeed, testifying in open court “can make some children 

tearful, ill, or inarticulate in the courtroom.... Under the 

stress of testifying, some children may regress to a more 

immature level of behavior.” When these emotional terrors 

are severe and a child has not developed the mental capacity 

to overcome this distress, an emotional breakdown may 

eliminate any possibility of securing testimony from the 

young child. (Negrillas suplidas). Íd., págs. 406-407. 

(Citas omitidas).

Tras el análisis esbozado, la Corte Suprema coligió que

no existía duda de que, al momento de testificar en el 

juicio, la menor estaba emocionalmente abrumada y se 

encontraba mentalmente incapaz de superar esta angustia y, 

por lo tanto, no podía afirmar que podía testificar con 

sinceridad. Íd., pág. 408. Por ello, determinó que el foro 

de instancia había abusado de su discreción al encontrarla 

disponible para testificar en el juicio. Íd.

III

La mayoría de este Tribunal sostiene que el Estado falló 

en demostrar que la menor L.M.L.A. no estaba disponible para 

testificar en el juicio, debido a que no presentó prueba 

sobre su estado mental al momento de la vista de necesidad. 

Difiero, pues entiendo que lo anterior es innecesario e 

improcedente a la luz del caso ante nos. 

Los tratadistas reseñados comentan que la parte que 

busca la admisión de prueba de referencia a través de una de 

las causales de la Regla 806, supra, ——especialmente cuando 

se pretende utilizar como prueba de cargo en contra de una 

persona acusada—— está llamada a establecer de manera 
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satisfactoria que la persona testigo no estará disponible en 

un futuro predecible o razonable. 

En esa coyuntura, coincido con la mayoría de este 

Tribunal en que debemos adoptar una serie de criterios que 

guíen a las y los juzgadores de instancia para determinar si 

procede la determinación de no disponibilidad de la persona 

testigo. Estos criterios, claro está, deben cumplir con el 

estándar de Crawford, supra, cuando estamos ante 

declaraciones testimoniales. Asimismo, es evidente que, bajo 

esta causal, el Estado no está llamado a realizar ejercicios 

razonables o de buena fe en pro de superar la incapacidad 

física o mental que experimente la persona declarante. 

Finalmente, por la diversidad de situaciones que puede 

abarcar esta causal, es menester embarcarnos en un análisis 

caso a caso que considere la totalidad de las circunstancias. 

Pese a lo anterior, mi compañera y mis compañeros fallan en 

aplicar adecuadamente los criterios que pautan a la 

controversia de autos.33 Me explico.

No albergo duda alguna de la importancia que tiene el 

testimonio de la menor L.M.L.A. en el juicio en contra del 

señor Lugo López. Ahora bien, es necesario recalcar que la 

menor L.M.L.A. ha tenido que relatar los hechos atinentes a 

su testimonio en múltiples ocasiones. A lo largo de su 

33 Es decir, “(1) la gravedad de la condición, (2) la importancia del 

testimonio, (3) la probabilidad de recuperación, (4) el potencial de que 

el acto de testificar agrave la condición de la persona testigo y (5) 

el perjuicio que pueda ocasionar la dilación del proceso al acusado, por 

su derecho a un juicio rápido, o en cualquier otro caso a la parte 

afectada”.
CC-2023-0109 26

infancia, y ya entrada en la adolescencia, ha estado sujeta 

a un procedimiento judicial que parece no tener fin. En el 

punto culminante de su participación en este, llegado el día 

del juicio y al ser llamada a testificar, la menor L.M.L.A.,

a los pocos minutos de comenzar su recuento de los hechos 

pertinentes al delito de incesto, irrumpió en llanto y no 

pudo continuar. 

La gravedad de su estado físico y mental significó una 

pausa en la celebración del juicio y su reclusión en una 

institución hospitalaria. Durante su tratamiento, los 

profesionales de la salud que la atendieron advirtieron que 

no recomendaban que continuara testificando, pues las 

consecuencias podían ser sustancialmente nefastas. Sus 

síntomas, incluso, se fueron manifestando desde antes de que 

la menor L.M.L.A. testificara en el juicio cuando, previo a 

trasladarse a Puerto Rico, expresó que ya presentaba cambios 

en su apetito y sueño, así como la sensación de ansiedad. La 

idea de participar nuevamente en el procedimiento judicial 

en contra de su padre biológico tuvo un impacto sustancial 

en su estado de ánimo. Como si lo anterior no fuera 

suficiente, sus ataques psicogénicos y de disociación se 

activaban con la sola mención del procedimiento judicial o 

de su testimonio en corte. 

Su posible recuperación, según intimó el psicólogo Arce 

González, estaba atada al supuesto de que recibiera 

tratamiento médico, sin garantía alguna de que, en efecto, 

pudiese testificar. Peor aún, no existía certeza de que, si 
CC-2023-0109 27

se le forzaba a continuar, su salud no se hubiera expuesto

a un daño sustancial. Es decir, existe el potencial real de 

que su condición se agrave al ser obligada a testificar 

nuevamente. Obsérvese que los hechos sobre los que la menor 

L.M.L.A. está llamada a testificar ocurrieron presuntamente 

entre los años 2013 y 2015. Al día del evento psicogénico 

que sufrió la menor L.M.L.A. durante el juicio, al exigírsele 

revivir su trauma, habían transcurrido casi diez años desde 

el primer evento que dio paso a las acusaciones del 

Ministerio Público. Por otro lado, considerando que el

proceso penal inició en el 2018, es evidente que este ya ha 

sido dilatado lo suficiente. Es palpable la improbabilidad

de que la menor L.M.L.A. se recupere en un futuro predecible 

o razonable, y no hay razón de peso para seguirla sometiendo 

a una nueva evaluación para llegar a tal conclusión.

Al aplicar los criterios antes mencionados, y teniendo 

en cuenta las particularidades de un caso de delitos sexuales 

y una víctima menor de edad como testigo, es forzoso concluir 

que la menor L.M.L.A. no estaba disponible para testificar 

en el juicio y no lo estará en un futuro razonable o 

predecible. Tristemente, para una mayoría de esta Curia lo 

anterior es insuficiente. 

Según la interpretación del derecho aplicable que surge 

de la opinión mayoritaria, es necesario presentar prueba 

actual de la menor para satisfacer el criterio de la Regla 

806(A)(4). Como ya expresé, esto no solamente es un ejercicio 

innecesario en el contexto particular que tenemos ante 
CC-2023-0109 28

nuestra consideración, sino que deja desprovista de 

protección y expone peligrosamente a la menor L.M.L.A. a

otro trauma: la revictimización. 

Está claro que la jurisprudencia y los estudios 

pertinentes a las personas menores de edad, víctimas de abuso 

sexual, demuestran las consecuencias terribles a las que se 

exponen al testificar en un procedimiento judicial en contra 

de su presunto agresor o agresora. Estas consecuencias 

pueden perseguirles hasta la adultez, impidiéndole al o la 

menor que se desarrolle al mismo ritmo que sus pares. Esto, 

debido a que el trauma que experimentaron durante su niñez 

puede retrasar el desarrollo cognitivo y emocional 

ordinario. Trauma que puede exacerbarse cuando es sometido

o sometida, además, a un procedimiento judicial en donde 

están llamados a testificar sobre los relatos más crudos, 

desgarradores, vergonzosos y dolorosos. Relatos que van a la 

médula de su propia dignidad.

Es nuestro deber realizar un balance justo de intereses

y derechos. Reconozco la primacía que tiene el derecho a la 

confrontación en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, 

también es ineludible recordar que este derecho no es 

absoluto. Por tanto, como en la controversia de autos, es 

nuestra responsabilidad examinar todos los intereses que 

están en juego a la hora de deliberar sobre la admisión de 

prueba de referencia en contra del señor Lugo López en 

contravención al derecho de confrontación que le cobija. 
CC-2023-0109 29

En este caso, la menor L.M.L.A. testificó ampliamente 

durante la vista preliminar y el señor Lugo López ⎯a través 

de su representación legal⎯ tuvo la oportunidad de 

contrainterrogarla in extenso, y así lo hizo. Llegado el día 

del juicio, y tras iniciar su testimonio, la menor L.M.L.A. 

estuvo imposibilitada de continuar su exposición de los 

hechos tras estallar en llanto, desplomarse y ser trasladada 

al hospital, en donde continuó presentando síntomas ligados 

al procedimiento judicial del que participaba. Su temprana 

edad, los relatos sobre los cuales testifica, los síntomas 

y padecimientos que experimentó justo antes y luego de 

sentarse a testificar, y el tiempo sustancial que ha demorado 

el procedimiento penal, demuestran su patente 

indisponibilidad para ser llamada a testificar nuevamente.

Al tomar en cuenta esto, y al sopesar que el testimonio 

anterior de la menor L.M.L.A. cumple satisfactoriamente con 

el estándar establecido en Crawford, supra, y su progenie, 

es forzoso concluir que en este caso la balanza se inclina 

a que se declare a la menor L.M.L.A. testigo no disponible 

y se admita en evidencia su testimonio anterior. Esto, pues 

el problema de confrontación queda completamente superado. 

Según el curso de acción mayoritario, la menor L.M.L.A. 

será sometida de manera innecesaria e injusta a otro 

procedimiento que le obligará a relatar una vez más su 

trauma, ya sea ante profesionales de la salud o ante un juez 

en el Tribunal. Este proceder, no nos quepa duda, 
CC-2023-0109 30

desencadenará en la activación de aquellos estresores que 

llevaron a su hospitalización en primer lugar y que 

impidieron que prestara su testimonio el día del juicio. 

Reitero, está en nuestras manos evitar que esto ocurra.

De otra forma, estaríamos ignorando el texto claro de 

la regla en cuestión, lo reseñado por los tratadistas y la 

jurisprudencia persuasiva a estos efectos. No solamente eso, 

estaríamos fallándole a una niña que ha sido más que valiente 

en un proceso que por su naturaleza resulta angustiante y 

humillante. Después de todo, somos nosotros los llamados a 

evitar que una persona que ha tomado el paso de testificar 

sobre un crimen de esta índole resulte nuevamente una 

víctima, pero en esta ocasión, como resultado de un proceso 

criminal interminable.

IV

No puedo comulgar con la decisión mayoritaria cuando su 

resultado se traducirá indudablemente en alargar 

innecesariamente el proceso criminal en curso, y en exponer 

fatalmente a la menor L.M.L.A. a un procedimiento que no 

alberga las salvaguardas necesarias para proteger su salud 

mental e integridad emocional. Aun cuando la menor se 

encontraba testificando a través de un circuito cerrado, fue 

el procedimiento judicial como estresor de su trauma, el que 

desencadenó una serie de eventos psicogénicos y de 

disociación de la realidad que debieron ser suficientes para 

demostrar que no está disponible para propósitos de lo que 

recoge la Regla 806(A)(4), supra.
CC-2023-0109 31

Contrario a lo que pretendió la mayoría de este 

Tribunal, lo resuelto no provee un remedio práctico ni 

justiciero —al menos no para L.M.L.A.—, mucho menos 

salvaguarda su dignidad como víctima de un delito de índole 

sexual a manos de su propio padre. Tras el curso de acción 

mayoritario, disiento.

Maite D. Oronoz Rodríguez

 Jueza Presidenta