Número Identificador

RES2023 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

JOSÉ MANUEL SOTO 

RAMOS

Demandante-Apelado

Vs.

JENNIFER I. BURGOS 

RODRÍGUEZ

Demandada-Apelante

KLAN202300568

APELACIÓN

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla

Caso Núm.

A CU2016-0171

Sobre: RELACIONES 

PATERNO FILIALES

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la

Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard.

Hernández Sánchez, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2023.

El 5 de julio de 2023, la Sra. Jennifer Ivette Burgos (señora 

Burgos o peticionaria) compareció ante nos mediante recurso de 

Apelación Civil1 y solicitó la revisión de una Resolución que se emitió 

el 12 de junio de 2023 y se notificó el 13 de junio de 2023 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI). 

Mediante el aludido dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la solicitud 

de desacato que presentó el Sr. José Manuel Soto Ramos (señor Soto 

o recurrido) en contra de la peticionaria. Consecuentemente, le 

ordenó a la señora Burgos a que reestableciera las relaciones 

paternofiliales según se establecieron anteriormente y le impuso 

una sanción de $1,000 por su injustificado incumplimiento con las 

órdenes del tribunal. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos el recurso de epígrafe. 

1 Acogemos la apelación de epígrafe como un certiorari, por ser el recurso 

adecuado para la revisión de la determinación recurrida. Sin embargo, para fines 

administrativos, mantenemos la codificación alfanumérica que la Secretaría de 

este foro le asignó al caso.
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I.

El 7 de febrero de 2022, las partes de epígrafe presentaron 

una Estipulación sobre Relaciones Paterno Filiales en la cual, en lo 

pertinente, acordaron que las relaciones paternofiliales se llevarían 

a cabo todos los fines de semana desde el viernes en el horario que 

las partes acordaran hasta Domingo a las 7:00pm.2 El TPI emitió 

una Orden validando dicho acuerdo. Sin embargo, el señor Soto 

presentó varias mociones informándole al TPI que la señora Burgos 

no estaba cumpliendo con la estipulación de relaciones 

paternofiliales por lo que le solicitó que le ordenara a esta última a 

cumplir con lo acordado.3 La peticionaria siguió incumpliendo con 

los acuerdos paternofiliales y el 19 de diciembre de 2022, el 

recurrido presentó una moción solicitándole al TPI a que encontrara 

incursa en desacato a la señora Burgos con las penalidades que 

dicha determinación implicara.4

El 10 de enero de 2023, se celebró una vista y en esta, las 

partes acordaron que estarían respetando la orden que emitió el TPI 

validando las relaciones paternofiliales. A pesar de ello, la 

peticionaria continuó incumpliendo con sus obligaciones y el 1 de 

febrero de 2023, el señor Soto presentó una segunda moción 

solicitándole al TPI a que encontrara a la señora Burgos incursa en 

desacato.5

El 13 de marzo de 2023 se celebró una vista de desacato. 

Posteriormente, el 20 de marzo de 2023, el TPI emitió una Resolución

que se notificó el 21 de marzo de 2023, en la cual expuso en resumen 

de los testimonios de ambas partes y resolvió que luego de 

evaluarlos, le adjudicó entera credibilidad al del señor Soto por tener 

mayores elementos de confiabilidad y consistencia en sus 

2 Véase, págs. 15-16 del apéndice del recurso. 

3 Véase, págs. 15-16 del apéndice del Alegato en Oposición. 

4 Íd., pág. 17. 

5 Íd., págs. 18-19. 
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argumentos.6 Así pues, declaró Con Lugar la moción de desacato 

que presentó el señor Soto y, por ende, encontró incursa en desacato 

a la peticionaria. Además, le fijó a esta una sanción de $1,000.00 

que debían ser consignadas en la Unidad de Cuentas del Tribunal. 

Aclaró que se mantendrían las sanciones consignadas y se 

mantendría en suspenso la Resolución hasta que el Tribunal 

atendiera la controversia sobre custodia y relaciones paternofiliales 

en su fondo. Por último, expresó que de cumplirse prospectivamente 

con la relación paternofiliales se le devolvería el dinero a la señora 

Burgos y se dejaría sin efecto el desacato. 

Ante un continuo patrón de incumplimiento, el 27 de abril de 

2023, el señor Soto se encontró forzado a presentar una tercera 

moción solicitándole al TPI a que encontrara la señora Burgos 

incursa en desacato.7 El 8 de junio de 2023, se celebró una vista 

sobre solicitud de desacato. Así pues, el 12 de junio de 2023, luego 

de evaluar los testimonios de ambas partes y conforme al derecho 

aplicable, el TPI emitió una Resolución que se notificó el 13 de junio 

de 2023, en la cual declaró Ha Lugar la solicitud de desacato que 

presentó el recurrido en contra de la peticionaria.8

Consecuentemente, le ordenó a la señora Burgos a que 

reestableciera las relaciones paternofiliales según se establecieron 

anteriormente y le impuso una sanción de $1,000 por su 

injustificado incumplimiento con las órdenes del tribunal. Indicó 

que de no satisfacer el pago de la sanción en el término de diez (10) 

días se puede ordenar su arresto hasta la consignación total de la 

sanción económica. 

6 Véase, pág. 19 del apéndice del recurso. 

7 Íd., pág. 20. 

8 Íd., págs. 22-26. 
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Inconforme, el 5 de julio de 2023, la señora Burgos presentó 

el recurso de epígrafe y formuló los siguientes señalamientos de 

error: 

Erró el Tribunal de Instancia al determinar que la 

compareciente había incurrido en desacato a la 

orden del Tribunal cuando la propia prueba del 

demandante-recurrido demostró que ella no incurrió 

en conducta alguna que violentara la orden del 

Tribunal ni impidiera las relaciones filiales. 

Erró el Tribunal de Instancia al imponer una sanción 

de $1,000.00 a la compareciente en contravención 

a la disposición constitucional que prohíbe los 

castigos crueles e inusitados siendo la 

compareciente una persona de escasos recursos 

económicos. 

Erró el Tribunal de hecho y derecho al no permitir 

que la parte compareciente realizara un 

ofrecimiento de prueba luego de declarar con lugar 

una objeción del demandante recurrente para 

excluir evidencia de incumplimiento de la 

obligación de alimentar a un menor de edad como 

prueba de impugnación. 

Atendido el recurso, el 14 de julio de 2023, emitimos una 

Resolución ordenándole a las partes un término de veinte (20) días 

para presentar una transcripción de la prueba oral estipulada de la 

vista que se celebró el 8 de junio de 2023 sobre la solicitud de 

desacato en contra de la señora Burgos. Además, le indicamos a la 

parte recurrida que una vez se presente la prueba oral estipulada, 

tendría veinte (20) días para presentar su alegato en oposición. En 

cumplimiento con la referida orden, la parte peticionaria presentó la 

transcripción de la prueba oral. Sin embargo, la parte recurrida no 

compareció para estipular dicha transcripción a pesar de que se le 

concedió hasta el 23 de agosto de 2023 para hacerlo. 

Consecuentemente, transcurrido el término antes expuesto, se 

acogió la transcripción que presentó la señora Burgos como la 

prueba oral del caso. 

Posteriormente, la parte recurrida compareció ante nos y 

presentó un Alegato en Oposición. En este negó que el TPI cometiera 
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los errores que la señora Burgos le imputo. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes procedemos a resolver. 

II.

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v. 

Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023). Los 

tribunales apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari

de manera discrecional. Íd. Esta discreción se define como “el poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág. 

335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo 

para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos 

autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al 

resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así, 

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios 

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) 

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; 
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y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

Por su parte, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B enmarca los criterios que debe evaluar este tribunal al 

expedir un auto de certiorari. La aludida regla establece lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la expedición de 

un auto de certiorari o de una orden de mostrar 

causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva. 

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los 

tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones 

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya 

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009).
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III.

Luego de evaluar la totalidad del expediente a la luz de los 

criterios de la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, no 

identificamos razón por la cual este Foro deba intervenir con el 

dictamen recurrido. Ello, ya que no se configura ninguna de las 

situaciones que allí se contemplan. Recordemos que nuestro 

ordenamiento jurídico nos brinda la discreción de intervenir en 

aquellos dictámenes interlocutorios en los que el TPI haya sido 

arbitrario, cometido un craso abuso de discreción o cuando, de la 

actuación del foro, surja un error en la interpretación o la aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Reiteramos 

que en el recurso que aquí atendemos no se nos ha demostrado que 

haya alguno de estos escenarios.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el recurso 

de certiorari.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones