Número Identificador

RES2023_________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

ESTADO LIBRE ASOCIADO 

DE PUERTO RICO, POR SÍ 

Y EN REPRESENTACIÓN 

DEL DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN 

Peticionario

v.

MAPFRE PRAICO 

INSURANCE COMPANY

Recurrido

KLCE202301078

Certiorari

procedente del

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Bayamón

Caso Núm.:

BY2019CV05160

Sobre:

Incumplimiento de 

Contrato de 

SegurosIncumplimiento 

Aseguradoras 

Huracanes 

Irma/María

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro

Figueroa Cabán, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2023.

Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

por sí y en representación del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, en adelante el ELA o el 

peticionario, y solicita que revoquemos una 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón, en adelante TPI, mediante la cual se 

declaró No Ha Lugar una solicitud de aseguramiento de 

sentencia. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

Certiorari.

-IEn lo aquí pertinente, el peticionario presentó

una Demanda Enmendada contra su aseguradora MAPFRE 

PRAICO Insurance Company, en adelante MAPFRE o la
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recurrida, sobre el incumplimiento de la póliza de 

seguro y la reclamación de daños relacionados al paso 

del huracán María. En síntesis, incluyó las siguientes 

tres causas de acción: (1) sentencia declaratoria, (2) 

incumplimiento de contrato y (3) dolo en la ejecución 

del contrato.1

Oportunamente, en la Contestación a Demanda 

Enmendada y Reconvención, la recurrida negó el 

incumplimiento de sus deberes suscritos en el contrato 

de seguro y alegó falsas representaciones,

sobreestimaciones de daños, solicitudes de daños 

preexistentes o inexistentes y ocultaciones de 

información por parte del ELA.2

Luego de varios trámites procesales, el 

peticionario presentó una Moción Solicitando Medidas en 

Aseguramiento de Sentencia en la que pide el remedio 

provisional de embargo. Mediante la misma alude a la 

evaluación de la póliza y ajuste realizado por la 

Federal Emergency Management Agency, en adelante FEMA, 

sobre la partida de $103,974,426.20 a ser cubierta por 

MAPFRE.3

A su vez, el recurrido presentó su Oposición a 

Moción Solicitando Medidas en Aseguramiento de 

Sentencia4 en la que sostiene que el ELA incumplió con 

el estándar aplicable de la Regla 56.1 Procedimiento 

Civil5 e intenta probar la teoría de su caso fuera del 

juicio en su fondo. 

1 Apéndice del peticionario, Anejo II, págs. 20-41. 

2 Id., Anejo III, págs. 42-101. 

3 Id., Anejo X, págs. 205-229.

4 Id., Anejo XVI, págs. 1499-1518.

5 32 LPRA Ap. V (2010).
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Por otro lado, en la Réplica a Oposición a 

Solicitud de Medidas en Aseguramiento de Sentencia, el 

peticionario reitera sus argumentos. Además, fundamenta

la necesidad de obtener un aseguramiento de sentencia 

con una Certificación de la Oficina del Comisionado de 

Seguros que refleja que el total de capital y sobrante 

de MAPFRE asciende a $184,236,110.6

Finalmente, el foro recurrido emitió una 

Resolución denegando de plano la Moción Solicitando 

Medidas en Aseguramiento de Sentencia. En dicha ocasión 

hizo constar lo siguiente: “No Ha Lugar a la solicitud 

en aseguramiento de Sentencia de la parte demandante.” 7

Inconforme, el ELA presentó un escrito intitulado

Certiorari en el que invoca la comisión del siguiente 

error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar 

No Ha Lugar la solicitud sobre medidas en 

aseguramiento sin la previa celebración de una 

vista, en contravención a lo dispuesto en la Regla 

56.1 de las de Procedimiento Civil y su 

jurisprudencia. 

Luego de examinar los escritos de ambas partes y 

los documentos que los acompañan, estamos en posición 

de resolver.

-IIA.

Como cuestión de umbral, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil establece el alcance de la revisión 

discrecional de las resoluciones u órdenes 

interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia en los siguientes términos: 

6 Id., Anejo XVIII, págs. 1521-1531.

7 Id., Anejo XIX, págs. 1534.
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El recurso de Certiorari para revisar resoluciones 

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia, solamente será expedido por 

el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de 

una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de 

este apéndice o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por excepción 

a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en 

casos que revistan interés público o en cualquier 

otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.[...].8

B.

Rebasado el umbral establecido en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, corresponde a este tribunal 

intermedio determinar si procede revisar la 

determinación interlocutoria recurrida.

A esos efectos, el auto de Certiorari es el 

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un 

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior.9 Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de Certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra 

discreción debe ejercerse de manera razonable, 

procurando siempre lograr una solución justiciera.10

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de Certiorari. Sobre el particular dispone:

8 Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

9 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

10 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019); 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Negrón

v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).
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El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto 

de Certiorari o de una orden de mostrar causa:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, 

son contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la 

prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable 

en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.11

C. 

Nuestro ordenamiento jurídico faculta a un 

tribunal, a solicitud de parte, a emitir órdenes 

provisionales antes o después de dictar sentencia con 

el propósito de garantizar la efectividad de la misma.12

En múltiples situaciones, no utilizar este mecanismo 

llevaría al [demandante] a obtener una sentencia que no 

puede ejecutar o realizar.13 Para evitar este resultado, 

el demandante podrá solicitar el remedio provisional 

que entienda necesario para asegurar la ejecución de la 

sentencia.14 No obstante, el tribunal tiene amplia 

11 Municipio v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

12 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 487 (2019); Cacho 

Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 12-13 (2016); Nieves Díaz 

v. González Massas, 178 DPR 820, 839 (2010). Véase, además, J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed. Tomo V,

Publicaciones JTS, 2011, pág. 1576; R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 6ta ed., Lexis Nexis, 2017, pág. 186.

13 J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1576.

14 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra, pág. 488; Nieves Díaz v. 

González Massas, supra.
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discreción para conceder o denegar el remedio 

provisional solicitado.15

Específicamente, la Regla 56.1 de Procedimiento 

Civil dispone en lo pertinente que “[e]l tribunal podrá 

conceder [...] una orden para hacer o desistir de hacer 

cualesquiera actos específicos, o podrá ordenar 

cualquiera otra medida que estime apropiada según las 

circunstancias del caso”.16 Esta orden se dicta con el 

propósito de que la parte contra la cual se solicita el 

aseguramiento haga o desista de hacer cualesquier actos 

específicos que resulten necesarios requerir o prohibir 

para que la sentencia sea efectiva en su día y pueda 

hacerse justicia en el caso.17

Ahora bien, la concesión de estas medidas requiere 

que el foro sentenciador, en el ejercicio de su 

discreción, considere los siguientes factores, a saber:

si el remedio es provisional; si tiene el propósito de 

asegurar la efectividad de una sentencia; y si toma en 

cuenta los intereses de todas las partes, según lo 

requiere la justicia sustancial.18 Su determinación debe 

estar dirigida a conceder la opción que mejor asegure 

la reclamación del acreedor y la que menos 

inconvenientes ocasione al deudor.19

Para terminar, la Regla 56.2 de las de

Procedimiento Civil provee para que no se conceda un 

remedio provisional sin notificar a la parte adversa y 

sin celebrar vista.20 El propósito de la vista de 

remedio provisional es atender un incidente dentro de 

15 Id.

16 Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56.1.

17 R. Hernández Colón, op. cit., pág. 193.

18 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra; Cacho Pérez v. Hatton 

Gotay y otros, supra; Nieves Díaz v. González Massas, supra.

19 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra, pág. 489.

20 32 LPRA Ap. V, R. 56.2.
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un pleito, conforme a los intereses de las partes y a 

los hechos del caso. Al celebrar la vista, le 

corresponde al tribunal hacer un balance entre los 

intereses del peticionario y el daño que una orden de 

este tipo puede causarle a la parte que la sufre.21 

D. 

Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en adelante TSPR, ha enfatizado que, de 

ordinario, se respetan las medidas procesales que los 

jueces toman en el ejercicio prudente de su discreción 

para dirigir y conducir los procedimientos que ante 

ellos se siguen. Los jueces del Tribunal de Primera 

Instancia gozan de amplia discreción para gobernar esos 

procedimientos.22 Además, los Tribunales de Primera 

Instancia poseen amplia facultad para disponer de los 

procedimientos ante su consideración de forma que se 

pueda asegurar la más eficiente administración de la 

justicia, y están llamados a intervenir activamente 

para manejar los procesos y dirigirlos de forma tal que 

se logre una solución justa, rápida y económica de los 

casos.23 

Asimismo, el TSPR ha resuelto que “los Tribunales 

Apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir 

nuestro criterio por el ejercicio de discreción del 

Tribunal de Instancia, salvo cuando dicho foro haya 

incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 

21 Asoc. Vec. v. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 305, 313 

(2008).

22 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986); Fine Art 

Wallpaper v. Wolf, 102 DPR 451 (1974). 

23 Vives Vázquez v. ELA, 142 DPR 117 (1996); Vellón v. Squibb Mfg., 

Inc., 117 DPR 838 (1986).
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discreción.”24 Ello está predicado en la premisa de que 

el foro apelativo no puede pretender administrar ni 

manejar el trámite regular de los casos ante el TPI. No 

hay duda de que ese es el foro que mejor conoce las 

interioridades del caso y quien está en mejor posición

para tomar las medidas que permitan el adecuado curso 

del caso hacia su final disposición.

-IIIEn síntesis, el peticionario alega que tiene una 

reclamación válida contra MAPFRE con altas 

probabilidades de prevalecer bajo los siguientes 

supuestos: (1) la evaluación de la Póliza y el ajuste 

realizado por FEMA refleja un aporte $103,974,426.20 a 

ser cubiertos por MAPFRE para atender el impacto del 

huracán María en las distintas propiedades aseguradas; 

y (2) la Certificación de la Oficina del Comisionado de 

Seguros revela que el activo de MAPFRE es de 

$184,263,110, menor a la cantidad que entiende es 

acreedor. Por lo cual, sostiene que procede el remedio 

provisional de embargo por la evidente incapacidad 

económica de la recurrida para satisfacer su eventual 

acreencia. 

En cambio, la recurrida afirma que la solidez y 

capacidad de MAPFRE para cumplir con sus obligaciones 

no ha sido impugnada. Además, establece que el 

peticionario: (1) pretende adelantar su teoría del caso 

al solicitar el remedio provisional de embargo; y (2) 

no estableció qué circunstancias podrían menoscabar o 

arriesgar el cobro de la sentencia. Finalmente, alega 

que nuestro ordenamiento no requiere la celebración de 

24 Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000).
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una vista, salvo que sea con el fin de posiblemente 

conceder, modificar y/o anular un remedio provisional. 

Es decir, sostiene que, si se deniega de plano el 

remedio y no se afectan derechos del deudor, se hace 

innecesaria la vista.

Debido a que se recurre de una resolución que 

deniega una solicitud de remedio al amparo de la Regla 

56 de Procedimiento Civil, supra, tenemos facultad para 

atender el recurso discrecional ante nuestra 

consideración. 

Sin embargo, luego de revisar los escritos de las

partes y los documentos que obran en autos, resolvemos 

que ni el remedio ni la disposición recurrida son 

contrarios a derecho. Regla 40 (A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. Además, la etapa en la 

que se presenta el recurso no es la más propicia para 

su consideración. Regla 40 (E) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra.

Como si lo anterior fuera poco, no se configura 

ninguna de las circunstancias que justifican la 

expedición del auto bajo cualquier otro de los 

fundamentos de la Regla 40 de nuestro Reglamento.

Para terminar, debemos destacar que está ante 

nuestra consideración una determinación del TPI sobre 

el manejo del caso ante su atención, que a todas luces 

es razonable. A base de las normas previamente 

expuestas, la misma merece la deferencia de este foro 

apelativo.

-IVPor los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de Certiorari.
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones