Número Identificador

SEN2024________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

RICHARD CHARLES 

BROWN WOOD Y

OTROS

Apelantes

v.

COSTA ISABELA 

PARTNERS, INC. Y

OTROS

Apelados

KLAN202300910

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Aguadilla

Sobre: 

Libelo, Calumnia o 

Difamación y Otros

Caso Número:

AG2021CV01546

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la 

Juez Rivera Marchand y la Juez Martínez Cordero

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 2024.

Los apelantes, el señor Richard C. Brown Wood y la señora 

Maricarmen Gianati Medina, comparecen ante nos para que 

dejemos sin efecto la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aguadilla, el 11 de septiembre de 2023, 

notificada el 12 de septiembre de 2023. Mediante la misma, el foro 

primario desestimó una demanda sobre difamación, libelo, 

calumnia, invasión a la privacidad e intimidad y daños y perjuicios 

incoada en contra de, entre otros codemandados, los aquí apelados, 

el Alcalde de Isabela Miguel E. Méndez Pérez, Juan E. Castillo 

Aldarondo, y Anthony J. Nieves Hernández. Lo anterior, bajo el 

fundamento de prescripción de la acción. 

Por los fundamentos que expenderemos a continuación, se 

confirma la Sentencia Parcial apelada. 

I

El 19 de diciembre de 2021, los apelantes presentaron la 

Demanda original del caso de epígrafe en contra de las siguientes 

personas jurídicas y naturales: Royal Isabela, Inc., Costa Isabela 
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Master Association, Inc., Costa Isabela Partners, Inc., el señor 

Miguel Machado, su señora esposa, Érika Román Soto, la Sociedad 

Legal de Gananciales entre ambos compuesta, las Compañías 

Desconocidas “A”, “B” y “C” y las Compañías de Seguro “1” “2” y “3”. 

En esencia, indicaron ser residentes dentro de las facilidades de 

Royal Isabela, ello tras adquirir de la codemandada Costa Isabela 

Partners, Inc. un lote de terreno en el cual construyeron su 

propiedad identificada como La Villa de Golf Núm. 3. Conforme 

alegaron, toda vez su lugar de residencia estaba confrontando 

ciertos problemas de seguridad, personalmente solicitaron a la 

Sargento Maribel Riollano, oficial adscrita a la Policía Municipal de 

Isabela, que gestionara el pase de rondas preventivas en el interior 

del complejo Royal Isabela. Según sostuvieron, tras acontecido un 

incidente con un parapente en las inmediaciones de su lugar de 

residencia, en el mes de marzo de 2021, solicitaron a la Sargento 

Riollano que investigara el hecho. Expusieron que, desde ese 

momento, la Agente acudió en múltiples ocasiones a Royal Isabela 

para dar vigilancia preventiva, no solo para dar seguimiento al 

incidente, sino, también, por sentirse inseguros en el lugar.

En su demanda, los apelantes indicaron que, a pesar de que 

las rondas preventivas que la sargento Riollano efectuó en Royal 

Isabela respondían a fines legítimos de su trabajo, el codemandado 

Miguel Machado, en calidad de Director de Seguridad de Royal 

Isabela, presentó una querella municipal en contra de la Agente, 

bajo la alegación de que esta, de manera frecuente, acudía y 

permanecía en dicho complejo sin que se hubiese reportado querella 

que ameritara su presencia. Los apelantes añadieron que, como 

resultado de lo anterior, el municipio de Isabela inició una 

investigación en contra de la sargento Riollano, para la cual el 

codemandado Machado proveyó a la Policía Municipal las bitácoras 

de entrada y salida de Royal Isabela, así como videos de seguridad. 
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Al abundar, indicaron que, tras ciertas gestiones, el 9 de septiembre 

de 2021, el codemandado Machado remitió una carta al investigador 

asignado por el Municipio, notificando su intención de desistir de la 

querella que presentó en contra de la sargento Riollano. No obstante, 

afirmaron que este, continuó gestionando la investigación, toda vez 

su condición de legislador municipal.

Los apelantes alegaron que, dado a lo anterior, fueron 

sometidos a múltiples entrevistas sobre el asunto en disputa, así 

como a indagaciones de su vida, ello en cuanto a la existencia de 

algún tipo de vínculo entre ellos y la sargento Riollano. Al proseguir, 

expusieron que, el 2 de diciembre de 2021, la Agente recibió una 

notificación suscrita por el aquí apelado Alcalde Méndez Pérez, en la 

que se le notificó la formulación de cargos y la intención de 

imponerle medidas disciplinarias que podían acarrear su despido 

por acudir al complejo Royal Isabela para fines personales en 

horario de trabajo. A tenor con ello, se reafirmaron en que las 

alegaciones en contra de la sargento Riollano eran falsas y 

difamatorias, particularmente con relación a ellos. De igual modo, 

sostuvieron que la actuación del codemandado Machado lesionó su 

derecho a la intimidad. De este modo, bajo la afirmación de que lo 

antes expuesto les causó severos daños y angustias mentales, 

solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que declarara con lugar 

su demanda y, en consecuencia, les concediera una partida de 

$500,000.00, respectivamente, por concepto de la referida partida.

Así las cosas, y tras acontecidas varias incidencias propias a 

la tramitación del caso, particularmente relacionadas al 

descubrimiento de prueba, el 11 de enero de 2023, los apelantes 

presentaron una Demanda Enmendada. En virtud de la misma, 

incluyeron, por primera vez, como demandados en el pleito al 

Municipio de Isabela, y a los aquí apelados, Alcalde Méndez Pérez, 

Juan E. Castillo Aldarondo, Capitán de la Policía, y Anthony J. 
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Nieves Hernández, Investigador de la Policía Municipal de Isabela. 

En esencia, alegaron que los apelados fueron negligentes en el 

descargo de sus respectivas funciones, ello con relación a la 

controversia objeto de litigio. En particular, en cuanto al Alcalde 

Méndez Pérez, alegaron que este no actuó con la diligencia debida 

ante la situación, toda vez que no tomó acción alguna sobre su 

reclamo por violación a sus derechos, así como, tampoco, supervisó 

adecuadamente a los miembros de la Policía Municipal involucrados 

en el asunto. Por su parte, en cuanto al apelado Castillo Aldarondo, 

adujeron que este incumplió con tomar la acción debida luego de 

que se le notificara el desistimiento de la querella en contra de la 

sargento Riollano, toda vez que, pese a ello, requirió las grabaciones 

y documentos que estaban bajo custodia del investigador asignado. 

Sobre el apelado Nieves Hernández, los apelantes afirmaron que sus 

gestiones constituyeron una violación a su derecho a la intimidad, 

una intromisión a su vida familiar y una actuación lesiva a su honra 

y reputación. Así, y tras sostenerse en sus alegaciones originales, se 

reiteraron en su súplica.

El 26 de febrero de 2023, el Municipio y el apelado Alcalde 

Méndez Pérez, ello en su carácter oficial, presentaron una Moción de 

Desestimación a Demanda Enmendada. En el pliego, expusieron la 

defensa de falta de notificación al Estado de su intención de 

demandar, todo dentro del término legal establecido por el estado de 

derecho. Por igual, levantaron la defensa de incuria y de 

prescripción extintiva, toda vez que los hechos que motivaron la 

reclamación en su contra ocurrieron en el año 2021 y la Demanda 

Enmendada se promovió en el año 2023. Así, solicitaron se 

proveyera para la desestimación correspondiente. Luego de ciertos 

trámites, mediante Resolución del 11 de abril de 2023, el Tribunal 

de Primera Instancia denegó la desestimación peticionada. 
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Por su parte, en lo aquí atinente, el 26 de mayo de 2023, los 

aquí apelados, en su capacidad personal, presentaron un escrito 

intitulado Comparecencia Especial en Solicitud de Desestimación. En 

esta ocasión, expusieron ante el foro primario que los últimos 

hechos alegados por los apelantes en su Demanda Enmendada

hacían referencia al 14 de diciembre de 2021, fecha en la que estos 

indicaron haber remitido una misiva al apelado Alcalde Méndez 

Pérez, expresando su inconformidad con la intervención de los 

oficiales designados al caso, así como con la continuación del curso 

de los trámites pese a haberse desistido la querella. A tenor con ello, 

expresaron que, siendo una reclamación sobre daños y perjuicios 

extracontractuales, y habiéndose radicado la Demanda Enmendada 

el 11 de enero de 2023, ello a más de un año de la antedicha fecha, 

resultaba forzoso concluir que operó la figura de la prescripción. Así, 

y tras levantar, por igual, la defensa de inmunidad condicionada, los 

apelados solicitaron la desestimación del pleito de autos, toda vez 

que, aun dando por correctos los hechos alegados, los apelantes no 

tenían derecho a reclamar en su contra. 

El 23 de junio de 2023, los apelantes presentaron su 

Oposición a Comparecencia Especial en Solicitud de Desestimación. 

Expusieron que, contrario a lo aducido por los apelantes, el término 

prescriptivo de la acción no había decursado, toda vez que, por la 

naturaleza del evento, sus daños eran continuados. Así, se 

reafirmaron en que, no habiendo ocurrido el último de los daños, y 

toda vez su carácter ininterrumpido, no había iniciado el plazo 

prescriptivo. 

El 12 de septiembre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia 

notificó la Sentencia Parcial aquí apelada. En virtud de la misma, 

acogió los planteamientos que sobre prescripción de la acción 

expusieron los apelados, y concluyó que, en efecto, los apelantes 

carecían de una causa de acción judicialmente reclamable. El 
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tribunal sentenciador aclaró que, contrario a lo aducido por los 

apelantes, los daños objeto de la Demanda Enmendada, no eran de 

carácter continuado. Sobre dicho particular, expresó que lo 

trascendental en la calificación de un daño como continuado o 

sucesivo, era el acto u omisión en sí y no, necesariamente, la lesión 

sufrida. A tenor con ello, dispuso que, según resuelto por la 

jurisprudencia vigente, los casos de difamación son clasificados 

como unos de daños sucesivos, por lo que, los mismos se producían 

en intervalos finitos de tiempo y no con efecto acumulativo como los 

continuados. De esta forma, el Tribunal de Primera Instancia, 

expresó que, por no operar la figura de los daños continuados, a la 

causa de acción de los apelantes le era de aplicación el término 

prescriptivo de un año desde que supieron, o debieron haber sabido 

del daño y de su causante. Así, dispuso que dado a que no los 

incluyó en la demanda original en el año 2021, el plazo pertinente 

nunca se interrumpió respecto a estos, por lo que, no pudiendo 

retrotraerse, a dicha fecha, la enmienda a la demanda del año 2023, 

la reclamación de epígrafe prescribió en cuanto a sus personas.

Inconformes, el 12 de octubre de 2013, los apelantes 

comparecieron ante nos mediante el presente recurso de apelación. 

En el mismo, formulan el siguiente señalamiento:

Erró manifiestamente el Tribunal de Primera Instancia 

al desestimar la demanda contra los codemandados 

Miguel Enrique Méndez Pérez, Juan Enrique Castillo 

Aldarondo, y Anthony Jerry Nieves Hernández.

Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, procedemos a 

resolver. 

II

A

La prescripción extintiva es un instituto propio de derecho 

civil en materia sustantiva, que está intrínsecamente atada al 
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ejercicio del derecho que se pretende vindicar. Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308, 321 (2004); Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 

137, 143 (2001). Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que su 

aplicación es cónsona al principio de celeridad, por lo que responde 

al ideal de un sistema de adjudicación expedito. Si bien la 

prescripción pretende estimular el pronto ejercicio de las acciones, 

evitando, de este modo, la incertidumbre en las relaciones jurídicas, 

lo cierto es que, de igual forma, sirve para castigar la desidia del 

titular de determinado derecho al no reclamar oportunamente su 

vindicación. SLG Haedo-López v. SLG Roldán-Rodríguez, 203 DPR 

324, 336 (2019); García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147 

(2008). A tenor con ello, el Artículo 1189 del Código Civil de 2020, 

31 LPRA sec. 9481, establece que “[l]a prescripción es una defensa 

que se opone a quien no ejercita un derecho o acción dentro del 

plazo de tiempo que la ley fija para invocarlo”. A su vez, el aludido 

artículo añade que “[l]as acciones prescriben por el mero lapso del 

tiempo fijado por ley”. Íd.

Distinto a la figura de la caducidad, la prescripción permite 

interrupción en su curso. A tales fines, se reconoce que existen tres 

(3) formas concretas de interrumpir la prescripción, a saber: (1) 

la presentación de la acción judicial correspondiente, (2) por una 

reclamación extrajudicial hecha por el acreedor, dirigida al 

deudor, o (3) el reconocimiento de la obligación por parte del 

deudor. Producida la interrupción, comienza nuevamente a 

transcurrir el cómputo del plazo. Art. 1197, Código Civil, 31 LPRA 

sec. 9489; Ross Valedón v. Hospital Dr. Susoni Health Community 

Services, Corp., y otros, 2024 TSPR 10, 213 DPR ___ (2024); Nevárez 

Agosto v. United Surety et al., 209 DPR 346, 356 (2022). En 

ausencia de un acto interruptor, el titular de una causa de acción 

pierde su derecho a instarla si no la ejerce en el plazo que establece 

la Ley. Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205 DPR 1043, 1067 
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(2020). A tenor con dicha premisa el estado de derecho reitera la 

finalidad jurídica de la figura de la prescripción como sigue:

Al fijar un plazo determinado en el cual se deberá instar 

una acción, se pone punto final a las situaciones de 

incertidumbre jurídica y se evita que las personas estén 

sujetas de forma indefinida a la contingencia de una 

reclamación. De lo contrario, un demandado podría 

encontrarse en una situación de indefensión como 

consecuencia del paso del tiempo y la desaparición de 

la prueba.

Íd., pág. 1068.

B

Por su parte, el Artículo 1204 (a) del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 9496(a), dispone que la reclamación para exigir 

responsabilidad extracontractual prescribe por el transcurso de un 

año desde que la persona agraviada conoce la existencia del daño y 

quién se lo causó. Ello, es reconocido en nuestro ordenamiento civil 

como la teoría cognitiva del daño. Mediante la misma, se precisa el 

momento desde el cual un perjudicado puede ejercitar su causa de 

acción. Mun. De San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 774 

(2003). Como corolario de lo anterior, nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce que se hace preciso contar con todos los elementos 

necesarios para presentar la correspondiente reclamación judicial, 

siempre que el interesado, de buena fe y no por falta de diligencia 

atribuible a su persona, desconozca que tiene derecho a hacerla 

valer. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 374 

(2012); COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 806 

(2010); Allende Pérez v. García, 150 DPR 892, 904 (2000); Vega v. J. 

Pérez & Cía., Inc., 135 DPR 746, 754 (1994). De este modo, quien 

afirme que la ocurrencia del daño data de una fecha distinta a 

aquella en la que se produjo el acto culposo o negligente que lo 

causó, está obligado a demostrar el momento en el que 

efectivamente advino a su conocimiento. Rivera Encarnación v. 

E.L.A., 113 DPR 383, 385 (1982).
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Ahora bien, la tarea de establecer el momento exacto desde el 

cual el término de un año antes aludido habrá de transcurrir, está 

necesariamente supeditada a la naturaleza del daño alegado. En lo 

aquí pertinente, el estado de derecho distingue el término 

prescriptivo de los daños continuados y los daños sucesivos. En 

particular, son daños continuados: 

[...] aquéllos producidos por uno o más actos culposos 

o negligentes imputables al actor, coetáneos o no, que 

resultan en consecuencias lesivas ininterrumpidas, 

sostenidas, duraderas sin interrupción, unidas entre 

sí, las cuales, al ser conocidas, hacen que también se 

conozca –por ser previsible- el carácter continuado e 

ininterrumpido de sus efectos, convirtiéndose en ese 

momento en un daño cierto compuesto por elementos 

de daño actual (aquél que ya ha actuado) y el daño 

futuro y previsible y por tanto cierto.

Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 

167 (2007), citando a Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 

138 DPR 560, 575 (1995). 

Al respecto, se reconoce que la esencia de la doctrina de los 

daños continuados radica en el carácter continuo o progresivo de su 

causa, es decir, del acto u omisión torticero que los origina. Rivera 

Ruiz et al. v. Mun. de Ponce, et al., 196 DPR 410, 418 (2016). A tenor 

con ello, la norma actual ha aclarado que el término prescriptivo 

aplicable para solicitar su debido resarcimiento comienza a 

transcurrir cuando “se verifiquen los últimos actos u omisiones o se 

produzca el resultado definitivo, lo que sea posterior”. Íd., pág. 426. 

Por otro lado, los daños sucesivos se definen como sigue:

[...] aquella secuencia de reconocimientos de 

consecuencias lesivas por parte del perjudicado, las que 

se producen y manifiestan periódicamente, o aun 

continuamente, pero que se van conociendo en 

momentos distintos entre los que medió un lapso de 

tiempo finito, sin que en momento alguno sean 

previsibles los daños subsiguientes, ni sea posible 

descubrirlos empleando diligencia razonable. [...].

Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra, pág. 168. 

En los daños sucesivos, cada lesión a causa de un acto u 

omisión culposa o negligente produce un daño distinto que, a su 

vez, genera una causa de acción independiente. Rivera Ruiz et al. v. 
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Mun. De Ponce, et al., supra, pág. 417. Por tanto, “el término 

prescriptivo para el ejercicio de cada una de ellas comienza a contar 

en el momento en que el daño se manifiesta y el perjudicado tiene 

conocimiento de él”. Íd. Así, si el perjudicado presenta su acción

transcurrido más de un año del acto dañoso original, la misma se 

limitará a los daños ocurridos durante el último año únicamente. 

Íd.

III

En la presente causa, los apelantes plantean que el Tribunal 

de Primera Instancia erró al desestimar su causa de acción bajo el 

fundamento de prescripción de la acción. En apoyo a su contención, 

se reafirman en que los daños alegados en su demanda son de 

carácter continuado, ello por derivarse de actuaciones lesivas a su 

dignidad cuyo efecto aún persiste. Habiendo examinado su 

planteamiento a la luz de los hechos establecidos y el derecho 

aplicable, resolvemos confirmar el dictamen apelado.

Un examen del expediente que nos ocupa mueve nuestro 

criterio a concluir que el ejercicio adjudicativo desplegado por el 

Tribunal de Primera Instancia es uno cónsono con el derecho y la 

prueba. Tal cual resuelto, los apelantes carecen de una causa de 

acción judicialmente reclamable en contra de los apelados, toda vez 

que su inclusión como demandados en el pleito, se produjo en 

exceso del término prescriptivo dispuesto para la causa de acción 

promovida. Surge de los documentos de autos que la demanda 

original de caso se presentó el 19 de diciembre de 2021. La misma 

se fundamentó en la reclamación de daños y perjuicios 

extracontractuales por alegados actos constitutivos de difamación y 

negligencia atribuidos a los apelados, causa de acción para cuya 

ejecución el estado de derecho establece un plazo prescriptivo de un 

año desde que se supo, o se debió conocer, del daño y de su 

causante. Sin embargo, pese a que, en la demanda original, los 
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apelantes aludieron a una investigación como la causa de los 

agravios aducidos, no fue sino hasta el 11 de enero de 2023 que 

incluyeron como demandados a las personas alegadamente 

involucradas en la ejecución de la misma. Ciertamente, esta 

actuación tardía suprimió su derecho a reclamar, toda vez que, 

conforme afirman los apelados, en la Demanda Enmendada

expresamente se indica que el último de los hechos por los cuales 

se originó la reclamación de epígrafe ocurrió el 14 de diciembre de 

2021. Siendo así, de interesar reclamar en contra de los apelados en 

su carácter personal, los apelantes estaban llamados a traerlos al 

pleito dentro del año siguiente a dicha fecha. Por tanto, habiendo 

actuado de conformidad a cerca de dos años desde la misma, forzoso 

es concluir que su causa de acción prescribió, teniendo ello el efecto 

de que su derecho, si alguno, se extinguiera.

En el ánimo de prevalecer, los apelantes afirman que la norma 

de la prescripción de la acción no es de aplicación al caso de marras, 

toda vez que catalogan los daños reclamados como continuados. Sin 

embargo, coincidimos con la sala sentenciadora en cuanto a que, en 

dicha calificación, la conducta lesiva, y no el efecto de la misma, es 

el criterio que permite calificar un daño como continuado. Siendo de 

este modo, corresponde sostener la conclusión en cuanto a que la 

reclamación de epígrafe está sujeta a lo expresamente dispuesto en 

el Artículo 1204 del Código Civil, supra. Por tanto, por haberse 

reclamado en contra de los apelados, en su carácter personal, en 

exceso del año dispuesto, ello mediante su inclusión tardía en el 

pleito mediante Demanda Enmendada del 11 de enero de 2023, su 

causa de acción prescribió. 

IV

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

Parcial apelada. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones